La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense ha abierto una causa contra tres hombres como presuntos autores de la violación grupal a una joven de 19 años perpetrada en un prostíbulo de la ciudad. Los tres fueron arrestados por la Policía Nacional y dos de ellos permanecen desde entonces en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El tercero está acusado de cooperación necesaria por no hacer nada para impedir la agresión. Los agentes buscan todavía a un cuarto implicado

Los hechos, adelantados por el diario La Región, tuvieron lugar el pasado 23 de mayo. Según el auto de la Audiencia Provincial, que desestima la petición de libertad provisional para uno de los encarcelados, la víctima estuvo con uno de los detenidos –el que no está en prisión–en un after del casco antiguo de Ourense, donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas. Después, se desplazó con él al prostíbulo.

Allí, siempre según el auto, el hombre la invitó a una bebida. Luego, “por indicación de éste”, la dejó en la barra para salir a fumar un cigarro y fue al regresar cuando bebió del vaso. Sólo cinco minutos después, empezó a sentirse mal. Desde ese momento, sus recuerdos están fragmentados.

La víctima asegura que tuvo un “breve intervalo de lucidez” en el que vio cómo uno de los hombres la penetraba vaginalmente por detrás, agarrándola por la cintura, y otro la penetraba por la boca mientras la sujetaba por la cabeza. Al mismo tiempo, un tercer individuo, que es al que ahora busca la policía –“un señor mayor al que no había visto en su vida”– intententaba sumarse a esa práctica. Todo sucedía en una de las habitaciones del prostíbulo. Al mirar hacia la puerta, la joven vio a su acompañante inicial irse del lugar.

El auto indica que la chica trató de defenderse, haciéndose daño en los nudillos. “Sintió cómo la estaban mordiendo en la espalda y agarrando por el cuello para que estuviese quieta”. Según la Audiencia, su declaración –“muy detallada, sólida, creíble” y “sin contradicciones”– se ve corroborada por el informe médico emitido horas después de lo sucedido, en el que se recogen “heridas genitales y en distintas zonas del cuerpo, algunas compatibles con defensa, incluyendo mordedura en zona escapular izquierda”.

Los dos hombres fueron detenidos en el mismo mes de mayo en Monforte de Lemos (Lugo), donde comparten piso. Se enfrentan a una pena de entre doce y quince años de cárcel. Aunque carece de antecedentes penales, a uno de ellos ya le consta otra detención por agresión sexual en junio de 2025 y una más en octubre por quebrantamiento de condena.

El influencer británico de ultraderecha Milo Yiannopoulos, defensor de las campañas de deportación masiva y exsimpatizante del presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido deportado a Reino Unido, según ha informado a la cadena CNN un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dos días después de que fuera detenido por las autoridades migratorias en Nueva Orleans.

Yiannopoulos, que se hizo popular hace una década cuando comenzó a escribir para la web estadounidense ultraconservadora Breitbart News, fue detenido en un aeropuerto de dicha ciudad por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y puesto bajo arresto en unas instalaciones en Alexandria, en el sureño estado de Luisiana.

El activista británico se encontraba en Nueva Orleans aparentemente para asistir al concierto de Ye, el rapero antes conocido como Kanye West, en esa ciudad. Yiannopoulos, de 41 años, trabajaba actualmente como portavoz del rapero.

El arresto con fines de deportación en Nueva Orleans del influencer lo reportaron los medios TMZ y Telegraph, que apuntó que “el estatus de su visa ha despertado la atención después de que cayó en desgracia ante altos funcionarios por sus crecientes declaraciones hostiles” hacia la Administración de Trump.

Tras escribir para Breitbart entre 2014 y 2017, el británico ha sido asesor de la excongresista republicana por el estado de Georgia Marjorie Taylor Greene o del supremacista blanco Nick Fuentes, además de haber trabajado también en la breve campaña para las presidenciales de 2024 del rapero Ye.

Tras labrarse una carrera salpicada de polémicos comentarios, en 2025 Yiannopoulos mostró su apoyo en las redes sociales a Trump y su agenda migratoria al pedir “total inmunidad para los agentes de ICE mientras están en funciones”, además de insistir en que el Gobierno debía deportar “a millones y millones de personas”. Sin embargo, este año Yiannopoulos acusó a Trump de corrupción y de estar influenciado por Israel, y lo criticó también por su manejo de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

En este contexto, el hombre empezó a recibir críticas de personas cercanas al presidente, como la 'influencer' de ultraderecha Laura Loomer, quien celebró este viernes la noticia al afirmar que ella lo reportó al ICE y al FBI el año pasado por pedir que la asesinaran y por “apoyar a Hamás y el Ayatolá” de Irán. “El extranjero indocumentado Milo Yiannopoulos ha sido detenido por ICE. Fui la primera persona en informar sobre el hecho de que Milo estaba ilegalmente en los EEUU, donde incitó a la violencia contra el presidente Trump”, publicó en X.

Las autoridades migratorias de EEUU han detenido al padre de un marinero desplegado en un portaviones en Oriente Medio por la guerra de Irán, según reveló el propio militar en un mensaje en Facebook y confirmó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional citado por Reuters. El arrestado, de origen nicaragüense, fue detenido en Key West, en el estado de Florida. “No sé cómo puedo trabajar más de 12 horas al día sabiendo que posiblemente estén tratando a mi padre como a un delincuente”, ha protestado el militar.

“Llevo desplegado más de nueve meses en el mar en Oriente Medio a bordo del Abraham Lincoln, luchando por un país que me lo ha dado todo. Me acaban de llamar para decirme que ICE [el servicio de control migratorio] se ha llevado a mi padre”, indica el marinero, Joshua Avilés, en el mensaje.

“Hemos hecho todo a través de [la administración de] inmigración para que aprueben su permiso de residencia permanente, y estamos solo a la espera. Esto me parte el corazón. No sé cómo puedo, mentalmente, seguir trabajando más de 12 horas al día sabiendo que mi padre está en algún lugar donde posiblemente lo estén tratando como a un delincuente”, añade.

El Departamento de Seguridad Nacional defiende que Avilés Roa entró en el país ilegalmente y que seguirá detenido bajo custodia del servicio de control de la inmigración (ICE) mientras no se resuelva el procedimiento de expulsión. “Tener un familiar militar no es un salvoconducto para infringir las leyes de nuestra nación”, dice el departamento.

El detenido llevaba más de 20 años viviendo en EEUU, según declaró la hermana del soldado desplegado en alta mar a CBS News. La familia asegura, y las autoridades no niegan, que no tenía antecedentes penales, detalla la cadena.

El portaviones Abraham Lincoln abandonó la zona el sábado tras más de 200 días sin ir a puerto y después de que familiares de los tripulantes se quejasen del deterioro de las condiciones a bordo e incluso alertasen de intentos de suicidio.

Las actuaciones desproporcionadas de las autoridades migratorias desde el regreso de Donald Trump al poder en EEUU han incluido redadas masivas e incluso homicidios a tiros de personas que protestaban contra los excesos de los operativos.

Las incautaciones de cocaína se dispararon un 386% en Galicia en 2025, hasta alcanzar las 9,3 toneladas. Lo que supone casi cinco veces más que el año anterior, cuando se habían intervenido 1.922 kilos.

La comunidad gallega concentró en 2025 el 12,13% del total nacional de cocaína incautada, según la Estadística Anual sobre Drogas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), recogida por Europa Press.

La provincia de A Coruña concentró la mayoría de las decomisos de cocaína del pasado año, al registrar 6,4 toneladas del total. Por su parte, la de Pontevedra superó las 2,8 toneladas; en la de Lugo se intervinieron más de 10 kilos y en la de Ourense casi cinco kilos.

Junto a la cocaína, Galicia registró en 2025 un total de 181 kilos de hachís, un 29,52% más que en 2024, cuando se habían incautado 140 kilos. En el caso de la marihuana, las cantidades pasaron de 119 kilos a 142 kilos, un incremento del 19,37%.

El informe, hecho público este miércoles por el Ministerio del Interior, también refleja un aumento de forma destacada de la incautación de plantas de cannabis, que alcanzó las 5.723 unidades, un 186,29% más que en 2024.

Asimismo, las intervenciones de MDMA-éxtasis ascendieron a 2.133 unidades, un 660,83% más. Otro de los incrementos más destacados corresponde a la metanfetaminas, con 2.069 unidades incautadas, un 20.590% más que el año anterior.

En sentido contrario, las incautaciones de heroína descendieron un 52,95%, hasta 13.340 gramos, mientras que las de poppers se redujeron un 58,93%, hasta 520 cc. También se redujeron las intervenciones de anfetamina un 45,83% y las de MDA bajaron un 94,53%

713 detenciones

En cuanto a la actividad policial, Galicia contabilizó 713 detenciones relacionadas con drogas en 2025, un 7,54% más que en 2024, mientras que el número de denunciados descendió un 11,85%, hasta 9.307.

La mayor parte de las detenciones se produjo en la provincia de Pontevedra (297), seguida de la de A Coruña (279), Ourense (67) y Lugo (65).

La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe a las bandas organizadas dedicadas al robo de metales en La Rioja. La operación “Orosque” se ha saldado con la detención y el inmediato ingreso en prisión de tres varones, de 37, 45 y 55 años, integrantes de un clan familiar itinerante asentado en Bizkaia. Los detenidos, con un amplio historial delictivo y numerosas detenciones anteriores, son considerados presuntos autores de cuatro delitos de robo con fuerza, un delito de pertenencia a grupo criminal y otro de usurpación de identidad.

La investigación se inició después de que dos empresas del polígono industrial de El Sequero, en Agoncillo, denunciaran varios robos con fuerza ocurridos durante el mes de junio. Una de las compañías sufrió un solo asalto, mientras que la otra fue víctima de tres robos en un breve periodo de tiempo.

Como consecuencia de estas acciones delictivas, los autores sustrajeron 5.000 metros de cable de cobre, doce bobinas de cobre y cuatro palés con aproximadamente 800 metros de cableado, ocasionando un perjuicio económico superior a los 58.000 euros.

Las primeras actuaciones desarrolladas por agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Logroño permitieron determinar que los integrantes del grupo se desplazaban expresamente desde Bizkaia hasta La Rioja para cometer los robos y regresar pocas horas después a su lugar de residencia con el material sustraído.

Con el fin de dificultar su detección, evitaban las rutas más habituales y utilizaban itinerarios alternativos por autopistas y carreteras secundarias. Una vez en el polígono industrial de El Sequero, estacionaban la furgoneta en un lugar discreto para no levantar sospechas y se dirigían a pie hasta las empresas seleccionadas como objetivo.

La ejecución de los robos respondía a un reparto de funciones perfectamente definido. Mientras uno de los integrantes permanecía en labores de vigilancia, los otros accedían al interior de las instalaciones para extraer el cobre y acumularlo en un punto estratégico. Posteriormente, uno de ellos abandonaba el recinto para recoger la furgoneta, cargar rápidamente el material sustraído y emprender la huida.

De regreso a Bizkaia, los detenidos trasladaban el cobre a un centro de reciclaje con el propósito de darle salida antes de que pudiera ser localizado por la Guardia Civil. Para ocultar su identidad y dificultar la acción policial, las ventas se registraban utilizando de forma fraudulenta la identidad de un ciudadano ajeno a los hechos.

Mediante este procedimiento lograron vender más de dos toneladas de cobre, obteniendo un beneficio de 9.423 euros. Las operaciones de venta se realizaron en fechas coincidentes con la comisión de los robos, lo que evidencia la rapidez con la que trataban de deshacerse del material sustraído para evitar su recuperación.

Una vez reunidos los indicios incriminatorios suficientes, la Guardia Civil procedió a la detención de los tres integrantes del grupo criminal. Tras la instrucción de las correspondientes diligencias y su puesta a disposición de la autoridad judicial, se decretó el ingreso en prisión de los tres implicados.

El que va començar amb unes pintades, diversos danys materials i panys inutilitzats en cinc immobiliàries de Santa Maria del Camí (Mallorca) en protesta per la turistificació i l'encariment de l'habitatge a les Balears ha acabat convertint-se en una investigació per presumpta pertinença a grup criminal. L'operació policial, saldada amb la detenció de dues joves presumptament vinculades als fets, ha desencadenat un intens debat polític i social sobre la resposta de les forces de seguretat i els límits de la protesta: mentre els investigadors consideren que va existir una actuació “coordinada i premeditada”, col·lectius com 'Menys Turisme, Més Vida', 'Alerta Solidària' o el Sindicat de Llogateres denuncien una “criminalització” de l'activisme pel dret a l'habitatge.

Els investigadors situen els fets la nit del 31 de maig. No obstant això, no va ser fins al passat dimecres quan els agents van arrestar les dues joves. Una circumstància que ha generat un profund malestar entre els col·lectius que integren el moviment contra la turistificació, que consideren significatiu que els arrestos es produïssin tot just una setmana després que 'Menys Turisme, Més Vida' difongués un manual d'acció contra la turistificació. El document, que va despertar les crítiques immediates per part del sector polític i empresarial, proposa actuacions com la realització de pintades, el bloqueig de panys dels habitatges de lloguer turístic o el llançament de pintura contra determinats objectius relacionats amb el negoci turístic, pràctiques que els seus promotors emmarquen en l' acció directa no violenta i en la desobediència civil com a eines històriques dels moviments socials i de defensa del territori.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb la Guàrdia Civil per conèixer la seva valoració sobre les crítiques suscitades per la investigació i per l'actuació desenvolupada durant l'operatiu. No obstant això, fonts de l'Institut Armat han declinat fer declaracions al respecte i s'han limitat a assenyalar que els fets s'han tractat “com una denúncia més”.

Per la seva banda, el portaveu de 'Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol', assenyala, en declaracions a aquest mitjà, que l'operació policial no pot entendre's al marge del clima polític i mediàtic generat en les setmanes prèvies arran de la difusió del seu manual d'acció. Al seu entendre, la campanya de crítiques impulsada, segons afirma, per determinats partits polítics, mitjans i denunciants particulars ha facilitat a la Guàrdia Civil dur a terme una operació policial de tal envergadura. “Primer hi ha una criminalització pública i, després, això dona peu a una ofensiva que, des del meu punt de vista, es pot considerar repressió”, incideix.

Les detencions s'han produït, a més, en un dels moments de tensió més alta entre els qui denuncien els efectes de la turistificació i les administracions públiques. No en va, el pròxim 26 de juliol una manifestació a Palma sota el lema “No tenim por” (“No tenim por”), que pretén denunciar l'impacte del model turístic sobre l'accés a l'habitatge, la precarització laboral, la pressió sobre els recursos naturals i la pèrdua de qualitat de vida de la població resident.

L'atestat de la Guàrdia Civil, al qual ha tingut accés aquest diari, sosté al llarg de les seves 116 pàgines que els atacs contra les cinc immobiliàries no van ser fets aïllats ni espontanis, sinó una actuació “coordinada i premeditada”. Sobre aquesta base, els investigadors atribueixen a les dues detingudes i a un tercer investigat no només un delicte continuat de danys i danys contra el patrimoni històric -una de les empreses està integrada en, sinó també pertinença a grup criminal, una qualificació que eleva considerablement la gravetat de la causa.

Una pancarta privada com a indici

L'informe policial es basa principalment en l'anàlisi de càmeres de videovigilància públiques i privades, un fet que ha generat la crítica de les entitats socials davant els dubtes sobre si diverses d'elles, instal·lades a la façana d'una de les immobiliàries, gravava més espai públic del permès per la normativa de protecció de dades. A partir de l'anàlisi de les gravacions, la Benemèrita reconstrueix els desplaçaments de les persones investigades, identifica vehicles, roba i motxilles i, posteriorment, recorre a perfils públics a xarxes socials per intentar confirmar les seves identitats i les relacions existents entre elles.

Els agents també incorporen referències a la vida privada de les investigades, com el fet que en l'habitatge d'una d'elles pengés una pancarta amb el lema “SOS Residents, Stop Overtourisme”. A partir d'aquest element, l'atestat arriba a afirmar que aquest fet “confirmaria sense cap mena de dubtes l'activitat delictiva d'aquesta persona”.

L'Institut Armat dedica a més part del seu informe al manual d'acció directa difós per 'Menys Turisme, Més Vida'. Malgrat que el document va ser difós públicament més d'un mes després dels atacs, els agents consideren “com a mínim cridaner” que les recomanacions que conté -com ocultar el rostre, emprar pintura o inutilitzar panys amb silicona- coincideixin amb el modus operandi observat durant la investigació dels fets. Per a la Guàrdia Civil, aquesta similitud constitueix un indici rellevant dins la investigació.

'Menys Turisme, Més Vida': “Volen criminalitzar el moviment”

L'operació ha generat una intensa reacció entre organitzacions socials i col·lectius pel dret a l'habitatge. El portaveu de 'Menys Turisme, Més Vida' Pujol qüestiona la utilització de les imatges de videovigilància incorporades a la investigació i assenyala que, d'acord amb la informació jurídica de què disposa la plataforma, un particular només pot gravar la via pública en supòsits molt excepcionals. Si finalment s'acredités que alguna de les càmeres no complia la normativa, considera que resultaria “molt fort” que aquestes imatges haguessin servit com a prova. A parer seu, la difusió pública dels vídeos de les detencions perseguia “criminalitzar i posar la gent en contra” del moviment i constitueix un exemple del que qualifica d'una operació “política”.

Respecte al manual d'acció contra la turistificació difós per la plataforma, nega que aquest suposi una incitació a cometre actes vandàlics. Defensa que el document recull formes de protesta que “ja s'estan duent a terme” tant a Mallorca com en altres territoris i sosté que el moviment pretén legitimar una forma d'acció directa no violenta que, assevera, ha format part històricament de les lluites ecologistes i socials. “No ens hem inventat res ni estem agitant la societat per fer bogeries, sinó recollint accions que ja es fan”, argumenta.

Per la seva banda, Alerta Solidària i el Sindicat de Llogateres de Mallorca denuncien que les detencions busquen “desmobilitzar” el moviment i sostenen que s'utilitza el dret penal per reprimir la protesta contra la turistificació. L'entitat sindical acusa a més els “poders fàctics del capital”, en referència al sector immobiliari i turístic, d'actuar al costat dels aparells coercitius de l'Estat per mirar de diluir les protestes. El col·lectiu sosté que la resposta policial pretén generar por entre els qui denuncien la crisi d'accés a l'habitatge i assegura que continuarà donant suport a les mobilitzacions convocades contra la turistificació, l'encari ment de l'habitatge, l'expansió del lloguer vacacional i l'augment de la pressió turística, que han situat l'accés a un habitatge assequible en el centre del debat polític i social.

Mentrestant, la plataforma SOS Residents ha impulsat una campanya per distribuir i penjar a balcons i finestres pancartes amb el lema “SOS Residents, Stop Overtourism!” arran de la seva inclusió en l'atestat com un dels indicis contra una de les detingudes. El col·lectiu anima la ciutadania a “omplir balcons, finestres i carrers de pancartes per demostrar que defensar el dret a l'habitatge i denunciar les polítiques del Govern no és cap delicte”.

Compareixença de Grande-Marlaska

A les crítiques també s'ha sumat Més per Mallorca, que ha qüestionat l'operatiu policial i ha advertit del risc de convertir la protesta social en un problema d'ordre públic. La formació ecosobiranista considera que la resposta institucional està desplaçant el focus del debat sobre l'emergència habitacional i la massificació turística cap a la persecució de qui denuncia les seves conseqüències. El diputat de Sumar-Més al Congrés Vicenç Vidal ha reclamat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i de la secretària d'Estat de Turisme i candidata del PSIB a la presidència del Govern, Rosario Sánchez, perquè donin explicacions sobre l'actuació de la Guàrdia Civil. En un missatge publicat a X, Vidal es pregunta: “Per què defensen les empreses que destrossen la vida dels nostres ciutadans?”.

La formació ecosobiranista vol conèixer què va motivar l'operatiu policial, quins protocols es van seguir i si es van respectar els drets de les detingudes. A més, sosté que el debat transcendeix l'actuació policial i es qüestiona “per què l'Estat acaba protegint els interessos del capital especulatiu que alimenta la turistificació i destrossa la vida de la gent, mentre posa el focus sobre les persones que denuncien aquesta situació”.

El Govern balear, mentrestant, ha evitat aquest divendres pronunciar-se sobre l'actuació de la Guàrdia Civil i la detenció de les dues activistes al·legant que desconeix els detalls de la investigació, encara que ha expressat el seu “màxim respecte” per la tasca dels agents. La vicepresidenta segona de l'Executiu, Antònia Maria Estarellas (PP), sí que ha condemnat la “vandalització” de comerços i ha reclamat que la manifestació convocada per al pròxim 26 de juliol es desenvolupi de forma “pacífica”, alhora que ha advertit que “no es poden normalitzar accions contra comerços que estan duent a terme activitats lícites, reglades i normalitzades”.

El xoc amb el negoci immobiliari

Es dona la circumstància que una de les immobiliàries que va denunciar la vandalització de la seva façana es Engel & Völkers, una firma que, recentment, va presentar un informe en què defineix les Balears com un dels principals “refugis” immobiliaris d'Europa. “Les Illes Balears continuen consolidant-se com una de les destinacions més segures i atractives d'Europa tant per viure-hi com per invertir-hi”, sosté la companyia en aquest document, en què destaca l'atractiu de l'arxipèlag per a la inversió internacional. Un discurs que xoca frontalment amb el dels col·lectius contra la turistificació, que consideren precisament la creixent pressió del mercat immobiliari un dels principals factors que alimenten la crisi d'accés a l'habitatge.

La publicació de l'informe va arribar fins i tot a un dels plens del Parlament. Interpel·lada per l'oposició sobre si compartia el diagnòstic d'Engel & Völkers -empresa participada majoritàriament pel fons de capital de risc britànic Permira- com a “refugi” per a la inversió immobiliària, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), va evitar pronunciar-s'hi i va centrar la seva resposta en la defensa de la propietat privada. “La majoria dels propietaris no són senyors amb corbata, bancs i fons voltor, sinó petits propietaris, famílies, pensionistes i persones normals que són conscients de la situació”, va afirmar, alhora que va tornar a carregar contra l'ocupació il·legal i a reivindicar la necessitat de protegir els propietaris.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb Engel & Völkers per recollir la seva versió sobre les crítiques formulades pels col·lectius que qüestionen la legalitat de les càmeres de videovigilància instal·lades a la façana de la seva oficina de Santa Maria, la seva utilització en la investigació dels actes vandàlics, si aquests dispositius disposen de la corresponent autorització municipal i si compleixen la normativa de protecció de dades i de videovigilància. Tanmateix, no havia obtingut cap resposta en el moment de la publicació d'aquest article.

Lo que comenzó con unas pintadas, diversos daños materiales y cerraduras inutilizadas en cinco inmobiliarias de Santa María del Camí (Mallorca) en protesta por la turistificación y el encarecimiento de la vivienda en Balears ha acabado convirtiéndose en una investigación por presunta pertenencia a grupo criminal. La operación policial, saldada con la detención de dos jóvenes presuntamente vinculadas a los hechos, ha desatado un intenso debate político y social sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad y los límites de la protesta: mientras los investigadores consideran que existió una actuación “coordinada y premeditada”, colectivos como 'Menys Turisme, Més Vida', 'Alerta Solidària' o el Sindicat de Llogateres denuncian una “criminalización” del activismo por el derecho a la vivienda.

Los investigadores sitúan los hechos en la noche del 31 de mayo. Sin embargo, no fue hasta el pasado miércoles cuando los agentes arrestaron a las dos jóvenes. Una circunstancia que ha generado un profundo malestar entre los colectivos que integran el movimiento contra la turistificación, que consideran significativo que los arrestos se produjesen apenas una semana después de que 'Menys Turisme, Més Vida' difundiese un manual de acción contra la turistificación. El documento, que despertó las críticas inmediatas por parte del sector político y empresarial, propone actuaciones como la realización de pintadas, el bloqueo de cerraduras de viviendas de alquiler turístico o el lanzamiento de pintura contra determinados objetivos relacionados con el negocio turístico, prácticas que sus promotores enmarcan en la acción directa no violenta y en la desobediencia civil como herramientas históricas de los movimientos sociales y de defensa del territorio.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Guardia Civil para conocer su valoración sobre las críticas suscitadas por la investigación y por la actuación desarrollada durante el operativo. Sin embargo, fuentes del Instituto Armado han declinado hacer declaraciones al respecto y se han limitado a señalar que los hechos se han tratado “como una denuncia más”.

Por su parte, el portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol', señala, en declaraciones a este medio, que la operación policial no puede entenderse al margen del clima político y mediático generado en las semanas previas a raíz de la difusión de su manual de acción. En su opinión, la campaña de críticas impulsada, según afirma, por determinados partidos políticos, medios y denunciantes particulares ha facilitado a la Guardia Civil llevar a cabo una operación policial de tal envergatura. “Primero hay una criminalización pública y, después, eso da pie a una ofensiva que, desde mi punto de vista, se puede considerar represión”, incide.

Las detenciones se han producido, además, en uno de los momentos de mayor tensión entre quienes denuncian los efectos de la turistificación y las administraciones públicas. No en vano, el próximo 26 de julio una manifestación en Palma bajo el lema “No tenim por” (“No tenemos miedo”), que pretende denunciar el impacto del modelo turístico sobre el acceso a la vivienda, la precarización laboral, la presión sobre los recursos naturales y la pérdida de calidad de vida de la población residente.

El atestado de la Guardia Civil, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, sostiene a lo largo de sus 116 páginas que los ataques contra las cinco inmobiliarias no fueron hechos aislados ni espontáneos, sino una actuación “coordinada y premeditada”. Sobre esa base, los investigadores atribuyen a las dos detenidas y a un tercer investigado no solo un delito continuado de daños y daños contra el patrimonio histórico -una de las empresas está integrada en , sino también pertenencia a grupo criminal, una calificación que eleva considerablemente la gravedad de la causa.

Una pancarta privada como indicio

El informe policial se apoya principalmente en el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, un hecho que ha generado la crítica de las entidades sociales ante las dudas sobre si varias de ellas, instaladas en la fachada de una de las inmobiliarias, grababa más espacio público del permitido por la normativa de protección de datos. A partir del análisis de las grabaciones, la Benemérita reconstruye los desplazamientos de las personas investigadas, identifica vehículos, ropa y mochilas y, posteriormente, recurre a perfiles públicos en redes sociales para tratar de confirmar sus identidades y las relaciones existentes entre ellas.

Los agentes también incorporan referencias a la vida privada de las investigadas, como el hecho de que en la vivienda de una de ellas colgase una pancarta con el lema “SOS Residents, Stop Overtourisme”. A partir de este elemento, el atestado llega a afirmar que este hecho “confirmaría sin lugar a género de dudas la actividad delictiva de esta persona”.

El Instituto Armado dedica además parte de su informe al manual de acción directa difundido por 'Menys Turisme, Més Vida'. A pesar de que el documento fue difundido públicamente más de un mes después de los ataques, los agentes consideran “cuanto menos llamativo” que las recomendaciones que contiene -como ocultar el rostro, emplear pintura o inutilizar cerraduras con silicona- coincidan con el modus operandi observado durante la investigación de los hechos. Para la Guardia Civil, esa similitud constituye un indicio relevante dentro de la investigación.

'Menys Turisme, Més Vida': “Quieren criminalizar el movimiento”

La operación ha generado una intensa reacción entre organizaciones sociales y colectivos por el derecho a la vivienda. El portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida' Pujol cuestiona la utilización de las imágenes de videovigilancia incorporadas a la investigación y señala que, de acuerdo a la información jurídica de la que dispone la plataforma, un particular solo puede grabar la vía pública en supuestos muy excepcionales. Si finalmente se acreditara que alguna de las cámaras no cumplía la normativa, considera que resultaría “muy fuerte” que esas imágenes hubieran servido como prueba. En su opinión, la difusión pública de los vídeos de las detenciones perseguía “criminalizar y poner a la gente en contra” del movimiento y constituye un ejemplo de lo que califica como una operación “política”.

Respecto al manual de acción contra la turistificación difundido por la plataforma, niega que éste suponga una incitación a cometer actos vandálicos. Defiende que el documento recoge formas de protesta que “ya se están llevando a cabo” tanto en Mallorca como en otros territorios y sostiene que el movimiento pretende legitimar una forma de acción directa no violenta que, asevera, ha formado parte históricamente de las luchas ecologistas y sociales. “No nos hemos inventado nada ni estamos agitando a la sociedad para hacer locuras, sino recogiendo acciones que ya se hacen”, argumenta.

Por su parte, Alerta Solidària y el Sindicat de Llogateres de Mallorca denuncian que las detenciones buscan “desmovilizar” al movimiento y sostienen que se está utilizando el derecho penal para reprimir la protesta contra la turistificación. La entidad sindical acusa además a los “poderes fácticos del capital”, en referencia al sector inmobiliario y turístico, de actuar junto a los aparatos coercitivos del Estado para tratar de diluir las protestas. El colectivo sostiene que la respuesta policial pretende generar miedo entre quienes denuncian la crisis de acceso a la vivienda y asegura que continuará apoyando las movilizaciones convocadas contra la turistificación, el encarecimiento de la vivienda, la expansión del alquiler vacacional y el aumento de la presión turística, que han situado el acceso a una vivienda asequible en el centro del debate político y social.

Mientras tanto, la plataforma SOS Residents ha impulsado una campaña para distribuir y colgar en balcones y ventanas pancartas con el lema “SOS Residents, Stop Overtourism!” a raíz de su inclusión en el atestado como uno de los indicios contra una de las detenidas. El colectivo anima a la ciudadanía a “llenar balcones, ventanas y calles de pancartas para demostrar que defender el derecho a la vivienda y denunciar las políticas del Govern no es ningún delito”.

Comparecencia de Grande-Marlaska

A las críticas también se ha sumado Més per Mallorca, que ha cuestionado el operativo policial y ha advertido del riesgo de convertir la protesta social en un problema de orden público. La formación ecosoberanista considera que la respuesta institucional está desplazando el foco del debate sobre la emergencia habitacional y la masificación turística hacia la persecución de quienes denuncian sus consecuencias. El diputado de Sumar-Més en el Congreso Vicenç Vidal ha reclamado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, para que den explicaciones sobre la actuación de la Guardia Civil. En un mensaje publicado en X, Vidal se pregunta: “¿Por qué defienden a las empresas que destrozan la vida de nuestros ciudadanos?”.

La formación ecosoberanista quiere conocer qué motivó el operativo policial, qué protocolos se siguieron y si se respetaron los derechos de las detenidas. Además, sostiene que el debate trasciende la actuación policial y se cuestiona “por qué el Estado acaba protegiendo los intereses del capital especulativo que alimenta la turistificación y destroza la vida de la gente, mientras pone el foco sobre las personas que denuncian esta situación”.

El Govern balear, mientras tanto, ha evitado este viernes pronunciarse sobre la actuación de la Guardia Civil y la detención de las dos activistas al alegar que desconoce los detalles de la investigación, aunque ha expresado su “máximo respeto” por la labor de los agentes. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Antònia Maria Estarellas (PP), sí ha condenado la “vandalización” de comercios y ha reclamado que la manifestación convocada para el próximo 26 de julio se desarrolle de forma “pacífica”, al tiempo que ha advertido de que “no se pueden normalizar acciones contra comercios que están llevando a cabo actividades lícitas, regladas y normalizadas”.

El choque con el negocio inmobiliario

Se da la circunstancia de que una de las inmobiliarias que denunció la vandalización de su fachada fue Engel & Völkers, una firma que, apenas unas semanas antes de los hechos, había presentado un informe en el que definía a Baleares como uno de los principales “refugios” inmobiliarios de Europa. “Las Islas Baleares siguen afianzándose como uno de los destinos más seguros y atractivos de Europa tanto para vivir como para invertir”, sostiene la compañía en ese documento, en el que destaca el atractivo del archipiélago para la inversión internacional. Un discurso que choca frontalmente con el de los colectivos antituristificación, que consideran precisamente la creciente presión del mercado inmobiliario uno de los principales factores que alimentan la crisis de acceso a la vivienda.

La publicación del informe llegó incluso a uno de los plenos del Parlament. Interpelada por la oposición sobre si compartía el diagnóstico de Engel & Völkers -empresa participada mayoritariamente por el fondo de capital de riesgo británico Permira- como un “refugio” para la inversión inmobiliaria, la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), evitó pronunciarse al respecto y centró su respuesta en la defensa de la propiedad privada. “La mayoría de los propietarios no son señores encorbatados, bancos y fondos buitre, sino pequeños propietarios, familias, pensionistas y personas normales que son conscientes de la situación”, afirmó, al tiempo que volvió a cargar contra la ocupación ilegal y a reivindicar la necesidad de proteger a los propietarios.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Engel & Völkers para recabar su versión sobre las críticas formuladas por los colectivos que cuestionan la legalidad de las cámaras de videovigilancia instaladas en la fachada de su oficina de Santa Maria, su utilización en la investigación de los actos vandálicos, si los dispositivos cuentan con la correspondiente autorización municipal y si cumplen con la normativa de protección de datos y videovigilancia, pero no ha obtenido respuesta hasta la publicación de este artículo.

La Policia Nacional ha detingut tres homes per suposadament agredir sexualment i físicament una dona que va rebutjar els seus intents de lligar amb ella a la Platja de Palma.

Els fets, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia de les Balears, van succeir a primera hora del matí del passat dimarts 30 de juny.

Els tres sospitosos van abordar la víctima, que es trobava sola, i van intentar lligar amb ella, però aquesta va mostrar desinterès. De forma sobtada, la van agafar pel coll i la van arrossegar fins a la platja, on la van agredir sexualment.

En oposar resistència, li van propinar una successió de puntades de peu i cops de puny a la cara. En cessar l'agressió, van marxar del lloc. La víctima va interposar una denúncia aquell mateix dia.

El passat dimarts, la víctima es va trobar els tres homes que suposadament li havien agredit. Un familiar seu, que l'acompanyava en aquell moment, els va retenir fins a l'arribada dels agents.

Els tres sospitosos van ser arrestats com a suposats autors d'un delicte de lesions i un altre d'agressió sexual.

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por supuestamente agredir sexual y físicamente a una mujer que rechazó sus intentos de ligar con ella en la Playa de Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Balears, sucedieron a primera hora de la mañana del pasado martes 30 de junio.

Los tres sospechosos abordaron a la víctima, que se encontraba sola, e intentaron ligar con ella, pero esta mostró desinterés. De forma repentina, la cogieron por el cuello y la arrastraron hasta la playa, donde la agredieron sexualmente.

Al oponer resistencia, le propinaron una sucesión de patadas y puñetazos en el rostro. Al cesar la agresión, se marcharon del lugar. La víctima interpuso una denuncia ese mismo día.

El pasado martes, la víctima se encontró a los tres hombres que supuestamente le habían agredido. Un familiar suyo, que le acompañaba en ese momento, les retuvo hasta la llegada de los agentes.

Los tres sospechosos fueron arrestados como supuestos autores de un delito de lesiones y otro de agresión sexual.

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta, ha culminado el desmantelamiento de una banda de atracadores a quienes se vincula con robos en sucursales del sur de la provincia de Pontevedra –O Porriño, Vigo y Mondariz–, con la detención el pasado 7 de julio del último integrante de este grupo criminal.

Según han informado fuentes policiales y de la Comandancia de Pontevedra –y recoge Europa Press–, el último detenido es un vecino de Arbo que, al menos, participó en dos de los atracos (en O Porriño y Mondariz) y al que se le atribuyen los delitos de robo con violencia, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal.

En el registro practicado tras la detención, se localizaron una escopeta recortada, un rifle, armas cortas, abundante munición, gran cantidad de dinero en efectivo, prendas utilizadas presuntamente en los atracos, un inhibidor de frecuencia y proyectiles compatibles con armas de guerra prohibidas en España para particulares.

Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional. La investigación ha sido dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Nº1 de O Porriño y la Fiscalía de Área de Vigo.

La Policía Nacional y la Guardia Civil no descartan que este hombre pueda estar detrás de otros atracos ocurridos en la provincia, por lo que la investigación continúa abierta.

Operación Pampa-Tracker

La Operación Pampa-Tracker se inició en octubre del año pasado, tras un violento atraco cometido en una sucursal bancaria de O Porriño. Dos individuos, armados y ocultando su identidad con máscaras y disfraces, entraron en la oficina pocos minutos antes del cierre.

Tras inmovilizar con bridas a empleados y clientes y amenazarlos con armas de fuego, lograron acceder a la caja fuerte y a los cajeros automáticos, apoderándose de unos 138.000 euros.

Los investigadores comprobaron que uno de los autores asumía el liderazgo del asalto y utilizaba una máscara de látex con apariencia de una persona de avanzada edad, gafas y otros elementos de caracterización. Armado con una escopeta recortada dirigía la acción delictiva y daba instrucciones tanto a los trabajadores de la entidad como al resto de integrantes del grupo, demostrando un elevado grado de planificación y un profundo conocimiento de los sistemas de seguridad bancaria.

Las primeras pesquisas permitieron relacionar a los sospechosos con dos intentos de atraco previos cometidos en una sucursal de Vigo, hechos que ya investigaba la Policía Nacional. La coincidencia del modus operandi llevó a la creación de una línea conjunta de investigación entre ambos cuerpos.

Primeras detenciones

Durante meses se estableció un intenso dispositivo de vigilancia sobre los investigados, que cambiaban frecuentemente de domicilio y extremaban las medidas de seguridad para evitar su detección.

El pasado 1 de abril se desarrolló la primera fase de la operación, cuando tres de los implicados fueron detenidos 'in fraganti', cuando se disponían a atracar una sucursal en Vigo. En ese momento portaban un arma de fuego, navajas, bridas, guantes y otros efectos destinados a la comisión del robo.

Los detenidos (uno de ellos el histórico atracador vigués Tielas) ingresaron en prisión por orden del juzgado, y se arrestó a otros dos individuos por darles apoyo logístico, pero el cabecilla del grupo no participó en ese asalto.

Paralelamente, también se investigaba un atraco cometido en febrero en una sucursal de Mondariz, donde una persona disfrazada con una máscara entró poco antes del cierre y, con el mismo modus operandi, usando un arma de fuego, se llevó un botín de unos 115.000 euros.

Las pesquisas permitieron identificar a ese atracador, el mismo que se había disfrazado de anciano en el atraco de O Porriño, y se procedió a su detención el pasado 7 de julio.

La Policía Nacional ha confirmado una segunda detención por el atraco de una joyería en el Centro Comercial El Mirador, en Gran Canaria. Fuentes de la Policía han confirmado a este periódico que se trata de un hombre de unos 30 años.

Este segundo arresto se ha producido en la noche de este jueves, 9 de julio, tras las gestiones de investigación realizadas por los agentes.

El atraco se produjo el pasado martes 7 de julio por cuatro encapuchados que irrumpieron en el establecimiento y, utilizando un extintor y objetos contundentes, fracturaron varias vitrinas para llevarse diversas joyas. Durante el asalto, las empleadas del establecimiento lograron abandonar la joyería, sin que consten lesiones personales.

Los atracadores consiguieron huir en un vehículo robado en Ojos de Garza que posteriormente fue localizado por los policías participantes en el dispositivo desplegado tras recibir el aviso.

En el interior de dicho vehículo se encontraron efectos relacionados con el robo, entre ellos etiquetas de joyas, un expositor, un extintor y otros objetos que, asegura la Policía, son de interés para la investigación.

Las gestiones practicadas por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Sur han permitido identificar y detener a uno de los presuntos implicados como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

La Policía Municipal de Madrid ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al almacenamiento y distribución de prendas falsificadas, la mayoría camisetas de selecciones participantes en la Copa Mundial de Fútbol de 2026. La investigación comenzó a raíz de varios avisos por el uso de trasteros en el distrito de Arganzuela como centro logístico para almacenar mercancía, pensada para venderse. Durante varias semanas, los agentes realizaron vigilancias y seguimientos que permitieron comprobar un constante trasiego de personas que accedían a los almacenes y salían con bolsas y mochilas cargadas de prendas.

Finalmente, la denominada Operación Naranjito –como el nombre de la mascota oficial del Mundial de 1982, celebrado en España– se ha saldado con dos personas detenidas, otras trece investigadas y la intervención de cerca de 6.700 prendas, por un valor en el mercado legal de unos cien euros cada una: en total, alredededor de 670.000 euros.

El primer día del mes, la Policía desplegó un operativo que culminó en el registro de 13 trasteros que habían sido señalados por una presunta actividad delictiva. Una vez dentro, localizaron miles de prendas falsificadas, principalmente camisetas de selecciones que disputan el Mundial de 2026. La intervención se ha producido en pleno torneo, cuando suele aumentar la demanda de equipaciones oficiales y, con ella, también el mercado ilegal de falsificaciones, según han recordado los agentes en un comunicado.

Las camisetas oficiales pueden rozar los 200 euros

Las camisetas oficiales para aficionados se comercializan habitualmente por entre 70 y 100 euros, mientras que las versiones idénticas a las que utilizan los jugadores pueden superar los 130 euros y alcanzar los 180, una diferencia de precio que alimenta la proliferación de copias ilegales.

En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han intensificado las actuaciones contra este tipo de redes ante el incremento de la venta de camisetas falsas vinculadas al Mundial. Según ha informado la Policía Municipal, las diligencias por esta operación continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con la investigación.

El director del centro de desintoxicación Zeus, en Tarragona, y otras dos personas vinculadas a la investigación policial sobre la clínica fueron detenidos el pasado 30 de junio por la mañana, según informan fuentes judiciales a elDiario.es. Las denuncias recogidas por la Policía Nacional de expacientes y un extrabajador a las que ha tenido acceso este periódico apuntan a la atribución de presuntos hechos delictivos vinculados a delitos contra las personas: desde insultos constantes a los usuarios por parte del personal del centro y aplicación de castigos, hasta la manipulación y aislamiento de las familias de los ingresados. También se indica posible publicidad engañosa, mediante el uso de fotografías que no corresponden a las instalaciones reales de sus centros.

Los detenidos quedaron en libertad sin que pasaran a disposición judicial y el juez los citará para declarar próximamente.

Además, se señalan presuntos delitos relacionados con la prolongación indebida de los ingresos con un único interés económico y sin criterio médico: el centro cobra entre 4.800 y 11.000 euros por mes de estancia, dependiendo de la habitación. Los relatos de los nueve expacientes y dos extrabajadores que recoge elDiario.es revelan prácticas presuntamente abusivas y humillantes: “Me quitaron toda la ropa y me dejaron una sola muda, me pusieron piedras en los pies, me pusieron a recoger mierda de caballo, me pusieron fuera en una silla ocho horas sin hacer nada, sin poder moverme y acabé quemándome la cara, me tuve que poner crema antiquemaduras”, relata un expaciente, Iván Izard.

Las fuentes consultadas indican que no acceder a castigos como estos podía acarrear que el personal del centro contactara con los familiares del paciente para comunicar que habían tenido una “recaída de conducta” y conseguir alargar su tratamiento.

Estos procedimientos por parte del personal de la clínica venían directamente de las órdenes de uno de los psicólogos del centro, que a su vez recibía las direcciones de Luis Pérez, el director del centro, según lo que cuenta Sergi de Mingo, extrabajador: “Hoy revienta a este, para que saque el bicho”, “hay que desmontarlos”, “derrumbarlos”, eran algunas de las instrucciones que afirma que recibía. Otro de los presuntos hechos atribuídos a los detenidos es la sobremedicación de los pacientes sin supervisión médica. Según De Mingo, el director indicaba al personal: “Tienen que estar con la baba colgando”.

David Alonso, otro expaciente, recuerda cómo el personal terapéutico trataba de socavar su autoestima y transmitirle una sensación de aislamiento respecto a sus seres queridos: “Desde el segundo o tercer día en terapia recibía insultos de ‘yonqui’, ‘tu familia no te va a abrir la puerta’, ‘nadie te va a creer’... Te anulaban como persona”. En su caso, Alonso cuenta que este maltrato le llevó a pensar en quitarse la vida.

Las víctimas se preparan para personarse en la acusación

Después de meses de investigaciones de oficio llevadas a cabo por iniciativa propia de la Policía Nacional, las víctimas ya se preparan para personarse próximamente como acusación en el caso. La Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de la Debilidad (RedUNE), ha acompañado a los expacientes durante meses desde su experiencia denunciando a grupos que ejercen la persuasión coercitiva en personas vulnerables. Ahora, su presidente, Juantxo Domínguez, asegura que la asociación se personará en la causa.

Además de defender los intereses de los expacientes, desde RedUNE denunciarán que “personas cercanas o pagadas por Zeus” torpedearon la publicación de testimonios de usuarios en su página web. “Nos parece muy importante que a nivel judicial se vaya trabajando la materia de los centros de adicciones”, reivindica Domínguez. “Hay un problema muy grave, que es que no hay ninguna regulación ni inspección de las autoridades sanitarias de cada autonomía”, añade.

Berberena Abogados representará la acusación particular de uno de los expacientes y ven imputables delitos de “vejaciones, maltrato físico y psicológico además de restricción de derechos fundamentales de las personas” como la libertad de movimiento y comunicaciones. Además, ven un posible delito de estafa y una posible organización criminal por la colaboración del personal del centro en este tipo de prácticas. Su objetivo en el proceso será “cerrar Zeus para que los responsables paguen por sus acciones”. También subrayan la necesaria “regulación del sector”.

Luis Pérez, el director del centro, negó ante preguntas de este periódico hace una semana haber sido detenido. La clínica se limita ahora a remitir un comunicado en el que aseguran que Zeus “defenderá la legalidad de su proceder y, sobre todo, el fin, el método, con el objetivo de que [sus] pacientes se rehabiliten y eviten recaídas que provoquen la vuelta al mundo, no querido, de las adicciones”. Según ha expresado Pérez, el centro sigue abierto y continúan tratando a usuarios.

Algunos de los pacientes entran a Zeus atraídos precisamente por el relato de Luis Pérez. Muchos le conocieron a través de entrevistas que ha concedido en grandes medios de comunicación, contando su historia de superación como exadicto. Además, cuenta con más de 159.000 seguidores en TikTok y más de 37.000 suscriptores en su canal de YouTube, ‘Adicciones al Descubierto’, donde se presenta como “exadicto recuperado y terapeuta especialista en Adicciones y Neurociencias”.

En su página web, destacan dos premios otorgados a Zeus: el Galardón internacional como Centro de Referencia Europeo en el Tratamiento de las Adicciones de los European Awards of Medicine, que ha ganado en dos ocasiones consecutivas, y el Galardón al Centro Referente Nacional en Tratamiento y Recuperación de Adicciones en España de los Premios Bienestar y Calidad de Vida de La Razón. Algunos expacientes destacan el papel de estos reconocimientos como uno de los factores que les hicieron confiar en el centro. Sin embargo, ambos están lejos de tener el mismo nivel de validez científica que un premio otorgado por una sociedad médica o institución de investigación.

La Policía Local de Calahorra ha realizado durante el último mes de junio numerosas detenciones, muchas de ellas relacionadas con casos de violencia de género. Así, un varón fue detenido por quebrantamiento de orden de alejamiento de su esposa en presencia de sus hijos. Otro hombre fue detenido por los agentes tras agredir a su pareja y fracturarle dos dientes. La mujer presentaba también arañazos y un moratón. Esta también fue detenida porque el varón también presentaba signos de agresión.

En el informe policial también se incluye la detención de un hombre tras haber amenazado a su madre con un cuchillo en presencia de sus hermanos menores de edad. Tal y como relatan los agentes, en el momento de la detención se resistió y se mostró agresivo con los policías. Hasta tal punto que rompió el cristal mampara del vehículo policial mientras estaba siendo trasladado.

Asimismo, durante el último mes, la Policía Local de Calahorra ha detenido a un hombre que tras llegar a su casa ebrio, golpeó y zarandeó del pelo a su mujer y agredió a uno de sus hijos (menor de edad) que se interpuso entre sus progenitores para evitar una nueva agresión de su padre a su madre. Otro detenido, en este caso, tras la llamada de una mujer que informó haber sido agredida por su marido en un hotel de Calahorra. La mujer se encontraba con el hijo menor de ambos.

El informe de la Policía Local de Calahorra del pasado mes de junio incluye también algunas intervenciones relevantes. Entre ellas, el caso de una familia que se puso en contacto con la Policía Local por estar recibiendo coacciones por parte de una empresa de desocupación. La Policía Local medió entre ambas partes e informó a los moradores de sus derechos.

Otra de las intervenciones finalizó con una denuncia por conducción temeraria. Agentes de patrulla observaron un vehículo salir en dirección contraria del estacionamiento de Cuatro Esquinas hacia la calle Santiago y le indicaron que lo detuviera. El conductor no hizo caso a los agentes. Llegó a la calle Eras, giró bruscamente hacia la calle Carreteros y se dio a la fuga a gran velocidad por Cuatro Esquinas hasta que se detuvo en la calle Sol. Los agentes le realizaron la prueba de alcohol y drogas y dio positivo en cannabis, metanfetamina y anfetamina. El conductor fue denunciado y el vehículo inmovilizado. Además, también fue denunciado por conducción temeraria.

En otra intervención, agentes de la Policía Local de Calahorra dieron el alto a un vehículo a cuyo titular y conductor le constan anotaciones por tenencia de drogas y varios robos. Se le realiza prueba de tóxicos con un resultado positivo en anfetamina/metanfetamina. Se le denuncia e inmoviliza el vehículo. Y además, también se le denuncia por conducir sin autorización administrativa. En el maletero del coche, los agentes encuentran una bolsa de viaje con unos diez kilos de cobre del que no puede confirmar la procedencia y una mucha con varias herramientas por lo que se informa también a la Guardia Civil.

La Globa Sumud Flotilla ha confirmado en un comunicado la liberación de los 10 activistas de la organización que llevaban desde el 24 de mayo retenidos en Libia por las fuerzas de seguridad afiliadas al Ejército Nacional Libio, cuyo líder, el general Jalifa Hafter, controla buena parte del país.

Entre ellos está la española Alicia Armesto, que vuela ya a Madrid desde Estambul, donde había hecho escala tras su liberación en Libia, según fuentes de Exteriores, que añaden: “El Ministerio de Exteriores celebra la vuelta a casa de esta ciudadana española y reitera su agradecimiento a los servicios centrales del Ministerio y a las legaciones diplomáticas de España en Libia y en Turquía, donde Alicia Armesto fue atendida por el Consulado General a su llegada”.

El convoy terrestre trataba de llegar a Gaza desde Túnez a través de Libia y Egipto, como complemento a la ruta marítima, desbaratada por Israel con la colaboración de Grecia en una actuación contraria al derecho internacional que provocó la condena oficial de España y de otros países que contaban con ciudadanos entre las tripulaciones de los barcos que atravesaban el Mediterráneo rumbo a la Franja.

La organización recuerda que la expedición, en la que participaban médicos, educadores y periodistas, trataban de negociar el paso franco por el país cerca de la ciudad de Sirte cuando fueron obligados a subir a furgonetas sin distintivos y desaparecieron durante días. “En una cínica escalada de engaño estatal, posteriormente fueron obligados a abordar un avión con el falso pretexto de ser deportados, para ser trasladados a un lugar secreto y aislado”, denuncian.

Presiones de Egipto

Las familias de Armesto y de los demás desaparecidos se movilizaron entonces para localizarlos y lograr su liberación, que solo se ha confirmado un mes después.

La Global Sumud Flotilla sospecha de que el responsable en este caso es Egipto. La organización alega que “recibió informaciones creíbles según las cuales las autoridades egipcias presionaron políticamente de forma directa a las libias para evitar el paso del convoy, extendiendo así el bloqueo de Gaza a los países vecinos”. El paso a Egipto desde Rafah, en el extremo occidental de Gaza, ha estado bloqueado casi ininterrumpidamente desde el comienzo de la ofenisraelíraeli en la Franja en octubre de 2023.

La Guardia Civil en La Rioja, en el marco de los servicios orientados a la prevención y persecución del tráfico de sustancias estupefacientes, ha desmantelado un cultivo “indoor” de marihuana y un punto habitual de venta de droga ubicado en una vivienda de la localidad de Cenicero.

Como resultado de la actuación, han sido detenidos un varón y una mujer, de 37 y 41 años, respectivamente, ambos de nacionalidad española y residentes en La Rioja, como presuntos autores -en distintos grados de participación- de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y sustracción de menores. Al varón le constan antecedentes por delitos contra la salud pública.

La investigación se inició cuando agentes del Puesto de Cenicero y de su Grupo de Investigación tuvieron conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de droga en el interior de una vivienda de la localidad. Esta actividad ilícita estaba generando una creciente preocupación y malestar entre los vecinos de la zona.

A partir de esta información, se desarrollaron diferentes actuaciones que permitieron recopilar indicios suficientes para determinar que el inmueble funcionaba como un punto establecido y habitual de distribución de diversas sustancias estupefacientes. Asimismo, los investigadores constataron que la vivienda estaba conectada de forma ilegal a la red pública de suministro eléctrico.

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, agentes de la USECIC llevaron a cabo una entrada y registro en el inmueble, donde fueron localizados y detenidos los presuntos responsables.

Sustracción de menores

Durante la intervención, en una de las estancias fue localizada una menor que permanecía fugada desde el año 2023 de un centro tutelado. Las investigaciones permitieron determinar que se trataba de la hija de la mujer detenida, quien había perdido con anterioridad la patria potestad sobre la menor.

Tras asegurar la vivienda, los agentes localizaron distintas sustancias estupefacientes distribuidas por varias dependencias: 1,5 kilogramos de cogollos de marihuana, 23 gramos de cocaína, 72 gramos de speed y 90 gramos de hachís.

Cultivo indoor de marihuana

En una de las habitaciones se descubrió un cultivo “indoor” compuesto por 60 plantas de Cannabis sativa, equipado con todos los elementos necesarios para mantener una producción continuada y obtener varias cosechas anuales. Entre el material intervenido figuraban sistemas de iluminación y calefacción, extractores, ventiladores, filtros, humidificadores, sistemas de riego, termómetros, productos específicos para el cultivo y anotaciones relacionadas con el control y seguimiento de los parámetros de producción.

Asimismo, se intervinieron básculas de precisión, máquinas de envasado al vacío, 420 euros en billetes fraccionados, seis teléfonos móviles, dos bicicletas y tres patinetes eléctricos.

También se localizaron diversas armas simuladas distribuidas por el interior de la vivienda, cuya apariencia podía inducir a error sobre su autenticidad y generar un evidente efecto intimidatorio. Entre ellas figuraban una pistola tipo Glock situada en el recibidor, una escopeta de corredera localizada bajo una cama y un rifle de asalto hallado en el pasillo.

El valor estimado de las sustancias estupefacientes intervenidas asciende a 13.900 euros. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Menores.

La jueza del Tribunal de Instancia número 3 de Pontevedra ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre que agredió a su expareja y secuestró a su bebé, al que abandonó posteriormente en las inmediaciones de la casa rectoral y del cementerio de Ponte Caldelas. La Guardia Civil lo detuvo a primera hora de la mañana de este jueves.

La magistrada tuvo en cuenta las dos requisitorias de ingreso en prisión que tenía por dos condenas antiguas –11 meses por un delito de lesiones en el ámbito familiar y 6 meses por otro delito no especificado– además de haber sido condenado este mismo jueves en un juicio rápido a 4 meses más por conducir sin carné, en lo que es reincidente. Además, le ha impuesto la prohibición de aproximarse y de comunicarse con su pareja y su hijo mientras dure la tramitación de la causa.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita, fue sobre las 08.10 horas de este jueves cuando se procedió al arresto del varón, localizándolo finalmente en la finca de la vivienda de su expareja.

Las mismas fuentes han explicado que fue detenido por la requisitoria que tenía en vigor, ya que sobre él había una orden de detención e ingreso en prisión.

A partir de ahora, se realizarán las diligencias sobre los hechos sucedidos este martes, cuando agredió a su expareja y huyó con su hijo.

En el operativo de búsqueda participaron este jueves cuatro patrullas, dos agentes de paisano y el equipo Pegaso especializado en drones. El martes, incluso un helicóptero buscó al varón, lo que permitió el hallazgo del bebé sano y salvo.

Fue precisamente el pasado martes sobre las 16.30 horas cuando el hombre habría agredido a su expareja, huyendo al monte con el niño. Por ello, se puso en marcha un enorme operativo de búsqueda, ya que “estaba en juego la vida de un bebé”. En él estuvieron presentes un helicóptero, drones, perros de detección de personas, “incontables” patrullas e incluso Seprona.

Horas después, el bebé fue localizado con vida al lado de la casa rectoral, donde lo había dejado el varón.

Sin embargo, este miércoles continuó la búsqueda del presunto agresor, al cual ya le constaba una orden de búsqueda y detención por un caso previo. No fue hasta esta mañana cuando fue localizado.

Vecinos de la zona mostraron su preocupación ante la situación que vivían en las últimas horas. Según indicaron a Europa Press, en varias ocasiones previas oyeron gritar a la mujer pidiendo ayuda. No obstante, una vez acudían a su auxilio les decía que no pasaba nada.

Asustados, decidieron no salir de casa en las últimas horas hasta que se diese con el paradero del varón, indicaron.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que la operación policial desarrollada en la comarca de Pamplona la semana pasada y que se saldó con 28 detenciones por los disturbios que se registraron el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra tras la convocatoria fallida del agitador de extrema derecha Vito Quiles fue “adecuada y proporcional a las circunstancias”.

“Si alguien duda de esa actuación ejemplar y adecuada a las circunstancias del caso, siempre tiene en un Estado de Derecho los cauces procesales para poder ejercitar sus derechos en cualquier sentido y proceder a la evaluación de una conducta”, ha subrayado.

En respuesta a una pregunta formulada por el senador de EH Bildu Josu Estarrona en la Cámara Alta este martes, Marlaska ha señalado que el 30 de octubre “ocurrieron unos hechos violentos graves, independientemente de cuál fuera el origen o la causa”, que “generaron una violencia grave, donde se quemaron contenedores, se lesionó a cuatro agentes -a cuatro policías nacionales-, donde también resultó gravemente herido un joven que no tenía nada que ver con los hechos, también un periodista”.

“Es decir, una situación de violencia que evidentemente no queda amparada bajo el ejercicio de ningún legítimo derecho como el de oponerse, si se quiere, a un acto que siempre se puede desarrollar en un Estado democrático en parámetros pacíficos, razonables y lógicos”, ha apuntado.

En cuanto al tiempo transcurrido entre los hechos y las detenciones, Marlaska ha explicado que “en ese marco de unos hechos donde participa un conjunto muy relevante y muy importante de personas, primero hay que identificar, identificar con seguridad”. “Y eso lleva un trabajo serio de tiempo y bajo la dirección de la autoridad judicial”, ha apuntado, tras incidir en que esa investigación “ha sido tutelada por una autoridad judicial”.

“Cuando se entendió que se tenían los datos necesarios y precisos de aquellos que habían participado en unos desórdenes públicos, en un atentado a agentes de la autoridad, se procedió a las detenciones indicadas de aquellos que se entendía que habían participado”, ha afirmado.

Algunas de las personas detenidas “quedaron en libertad en la propia comisaría”, y el resto, puestos a disposición judicial, 12, quedaron finalmente en libertad provisional, pero con cargos, imputándoseles delitos de desórdenes públicos y de atentado a agentes de la autoridad, entre otros“. ”Dejemos que el proceso se desarrolle por los trámites oportunos y precisos conforme a la legislación procesal y sustantiva“, ha reivindicado.

Antes de responder a Estarrona, Marlaska ha tenido unas palabras en recuerdo de los cinco policías forales fallecidos en un accidente de tráfico en Guipúzcoa la semana pasada. El ministro ha querido transmitir su “cariño” y “solidaridad” a las familias de los cinco agentes de Policía Foral, “que desarrollan un trabajo ejemplar junto con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Por su parte, Estarrona ha considerado que la operación policial con 28 detenidos fue, “a todas luces, desproporcionada e injustificada”. “Porque, entre otras cuestiones, no existía riesgo de fuga alguno para llevar a cabo una operación de esa magnitud”, ha subrayado. A su juicio, “hemos asistido a un nuevo operativo policial que se suma al llevado a cabo el pasado 28 de abril, tras otros altercados ocurridos en febrero de este mismo año en el entorno del estadio El Sadar”. El senador ha planteado si “se pretende dar una elección ejemplarizante que busca, de alguna manera, disuadir la protesta y generar miedo entre la juventud vasca organizada”.

Según ha subrayado, “no es nueva esta forma de actuar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “Pero a día de hoy, en el escenario político actual, estas no tienen ningún tipo de cabida, si es que alguna vez la tuvieron”, ha dicho, tras considerar que “estamos ante un intento de volver a tiempos de régimen, a tiempos de confrontación, de erosionar la convivencia en la sociedad navarra”.

Los altercados se produjeron en las inmediaciones de la Universidad de Navarra, privada y del Opus Dei, el 30 de octubre de 2025. Ese día Vito Quiles había anunciado un acto en el campus de este centro para el que no tenía autorización y que canceló unas horas antes de su inicio ante la convocatoria de movilizaciones por parte de grupos antifascistas. Pese a ello, un grupo de manifestantes abertzales encapuchados y vestidos de negro llegaron al campus de la Universidad de Navarra para protestar y comenzaron a corear consignas. Pasados unos minutos se desplazaron hacia el bario aledaño de Iturrama, donde tumbaron y quemaron contenedores y arrojaron botellas y objetos a los agentes de la Policía Nacional. Cuatro agentes resultaron heridos, uno de ellos por impacto de una piedra en la cabeza y dos más por artefactos incendiarios. En los días posteriores se detuvo a cuatro personas por estos sucesos y la semana pasada a otras 28.

La Policía Nacional ha detenido este lunes al expresidente del CD Tudelano Ramón Lázaro y a otras seis personas en un operativo que está desarrollando en Navarra por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude en subvenciones, alzamiento de bienes, falsedad documental, estafa y delitos contra la Hacienda Pública.

Agentes de la Policía Nacional están desarrollando la operación con el apoyo de Europol e Interpol, y han llevado a cabo tres registros y un requerimiento a un asesor financiero. Además, según ha informado el propio Cuerpo Nacional de Policía, se han bloqueado inmuebles, vehículos y diferentes productos bancarios, y se ha intervenido dinero en efectivo.

Entre los registros realizados está el de las oficinas del domicilio fiscal de Ramón Lázaro, el único nombre que ha trascendido de las siete personas detenidas en la operación policial. Lázaro anunció hace unos días que dejaba la presidencia del club de fútbol Tudelano.

Hace unos meses la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) abrió una investigación al Ayuntamiento de Tudela, de UPN, por las subvenciones que durante los años 2022 y 2023 el Consistorio dirigido por el vicepresidente del partido regionalista, Alejandro Toquero, concedió al equipo de fútbol CD Tudelano pese a que el club no podía concurrir a la convocatoria por arrastrar una deuda de casi 75.000 euros con el Ayuntamiento. Intervención lo advirtió con un informe de reparo, pero la junta de Gobierno local lo levantó y concedió las subvenciones. La OANA detectó “indicios razonables” de que el Ayuntamiento pudo haber concedido esas ayudas de manera irregular y abrió una investigación.

EH Bildu ha criticado este lunes las 28 detenciones que llevó a cabo la semana pasada la Policía Nacional por los altercados que se produjeron en los alrededores de la Universidad de Navarra el 30 de octubre de 2025 tras la convocatoria fallida del agitador de extrema derecha Vito Quiles. La coalición abertzale ve “desproporcionadas” estas detenciones e interpelará el martes en el pleno que se celebrará en el Senado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

“Al fascismo hay que hacerle frente también aquí, en las instituciones, pero también, cómo no, en las calles; y no se puede criminalizar”, ha aseverado la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal, que ha explicado que el operativo policial llevó a cabo las detenciones en domicilios y en centros estudiantiles con “presencia masiva” policial y acusaciones “totalmente desproporcionadas”. “Posteriormente, además, todas las personas detenidas fueron puestas en libertad”, ha añadido.

Los altercados se produjeron en las inmediaciones de la Universidad de Navarra, privada y del Opus Dei, el 30 de octubre de 2025. Ese día Vito Quiles había anunciado un acto en el campus de este centro para el que no tenía autorización y que canceló unas horas antes de su inicio ante la convocatoria de movilizaciones por parte de grupos antifascistas. Pese a ello, un grupo de manifestantes abertzales encapuchados y vestidos de negro llegaron al campus de la Universidad de Navarra para protestar y comenzaron a corear consignas. Pasados unos minutos se desplazaron hacia el bario aledaño de Iturrama, donde tumbaron y quemaron contenedores y arrojaron botellas y objetos a los agentes de la Policía Nacional. Cuatro agentes resultaron heridos, uno de ellos por impacto de una piedra en la cabeza y dos más por artefactos incendiarios. En los días posteriores se detuvo a cuatro personas por estos sucesos y la semana pasada a otras 28.

La coalición abertzale ve en esta actuación un caso similar al de las cargas de la Policía Nacional en el estadio de El Sadar de Pamplona tras el partido que enfrentó a Osasuna y al Real Madrid esta temporada y ha alertado de que se están “repitiendo con frecuencia” este tipo de actuaciones policiales. “Pensamos que los movimientos y respuestas antifascistas no se pueden criminalizar ni judicializar, como está haciendo la policía española”, ha apostillado.

Así, ha recordado que quién empezó “incumpliendo”, “provocando” y “quebrantando” fue el agitador ultra Vito Quiles, que pretendía llevar a cabo un acto “sin el permiso correspondiente”. “Hay veces que se nos olvida eso. El detonante fue la provocación por parte de un ultraderechista”, ha indicado, para anunciar que el martes interpelarán al ministro Marlaska. “Desde Euskal Herria Bildu queremos denunciar la criminalización del antifascismo y de la protesta social y reivindicamos el derecho a la movilización”, ha continuado, para reclamar que “cesen las actuaciones contra las personas investigadas”. “Trasladamos nuestra solidaridad a las personas afectadas”, ha apuntado.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha respondido a estas declaraciones diciendo que “el único partido que no puede hablar de fascismo es Euskal Herria Bildu porque ”sigue defendiendo a terroristas, sigue haciendo los homenajes, los sigue integrando en sus listas electorales, sigue participando de ellos y sigue sintiéndose orgulloso de todo lo que ha significado 50 años de terrorismo en España“.

“¿Hay mayor fascismo que asesinar a quien no piensa como tú? Escuchar a la portavoz de EH Bildu hablar de fascismo resulta hiriente”, ha continuado Esparza, para criticar que la presidenta de Navarra, María Chivite, haya dicho que EH Bildu “ha dado pasos”. “Que María Chivite escuche la intervención de la portavoz de EH Bildu y nos diga si han dado pasos o no”, ha apuntado para asegurar que “EH Bildu sigue donde estaba”.