El magistrado del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha imputado a otro de los agentes de la Policía Municipal de Madrid que formó parte de los operativos ‘antidroga’ en tiendas que venden productos de CBD (cáñamo industrial, un cannabinoide sin efectos psicoactivos). Durante algunos de estos despliegues policiales se detuvo e ingresó en los calabozos a empresarios que ejercen su actividad de forma legal. Al menos esta es la interpretación que hacen los juzgados, que archivaron las causas abiertas contra Ramón Merino y Pablo Gutiérrez por supuestos delitos de tráfico de drogas y contra la salud pública, como informó elDiario.es. Ambos tienen tiendas de CBD y son, a su vez, socios a través de una empresa de la cual Merino es administrador único.

Después de que se produjera el sobreseimiento provisional de la causa, Merino y Gutiérrez presentaron una querella contra R.F., otro de los agentes de la Policía Municipal de Madrid presuntamente al cargo de estas operaciones, por supuestos delitos de detención ilegal, contra la integridad moral y coacciones, como consta en la documentación consultada por este diario. Los dos empresarios solicitaron el inicio de diligencias previas para investigar al oficial de la Policía Municipal, a los responsables de ordenar y supervisar dichas intervenciones, así como a “cualquier otra persona que haya podido colaborar en la comisión de los presuntos delitos”.

En el marco de esta causa, el juez llamó a declarar como testigos a diferentes agentes de la Policía Municipal. Durante su testificación, uno de ellos reconoció que había ordenado junto a su compañero investigado, R.F., al menos una de estas operaciones, por lo que pasó de testigo a imputado, como señalan fuentes jurídicas a este diario. El agente deberá declarar ante el juzgado a las 12.00 horas del 13 de noviembre de 2026 por un presunto delito de detención ilegal, como figura en el auto al que ha accedido este periódico.

elDiario.es se ha puesto en contacto con los policías investigados a través del letrado que les defiende en la causa, que por el momento no ha respondido al cuestionario remitido. La Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid ha pedido por su parte a este diario dirigirse a la Policía Municipal. Y este organismo ha respondido que, tras consultar la cuestión con la Jefatura del Cuerpo, al tratarse de un tema judicializado, “hasta que no se resuelva el mismo, y por el principio de presunción de inocencia, no se van a realizar declaraciones al respecto”. “Como es habitual, la vía administrativa disciplinaria se paraliza hasta que se resuelva el procedimiento judicial”, señalan estas fuentes.

Asuntos Internos pide “sinceras disculpas”

Gutiérrez se puso en contacto con Asuntos Internos el 21 de febrero de 2025 mediante un correo electrónico. En su escrito, presentó una queja en relación a las operaciones policiales llevadas a cabo por los agentes de la Policía Municipal en las que se produjeron las detenciones de los empresarios por presuntos delitos de tráfico de drogas y contra la salud pública.

En su respuesta, el jefe de Asuntos Internos informó a Gutiérrez de que, después de haber tenido conocimiento de la apertura de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, se había remitido al órgano competente “la pertinente propuesta de incoación de expediente disciplinario para depurar la responsabilidad” a la que haya lugar, si los dos agentes investigados llegan a ser condenados en sentencia firme, como figura en un documento de Asuntos Internos consultado por este diario. En el escrito, el jefe de la unidad explica que si se llega a ese extremo se hará conforme establece el artículo 18.2 de la Ley Orgánica 4/2010, que regula el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, aplicable también a la Policía Local.

“No quisiera terminar sin antes presentarle, en nombre del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, las más sinceras disculpas por la sensación que haya podido Vd. percibir con motivo de la atención dispensada por dichos agentes”, concluye el jefe de Asuntos Internos en su respuesta dirigida a Gutiérrez. Además, añade que los agentes están para trabajar a diario con el fin de “satisfacer las expectativas de calidad en el servicio a las que legítimamente aspira la ciudadanía”.

Antes de que Gutiérrez se pusiera en contacto con la unidad, Merino escribió un correo electrónico a Asuntos Internos el 10 de febrero de 2025. El empresario puso en conocimiento los hechos que afirmaba estar sufriendo y que, según su versión, podrían constituir “abusos de autoridad” e “irregularidades” en el ejercicio de sus funciones, como informó este diario. Sin embargo, Asuntos Internos no pudo constatar la “responsabilidad disciplinaria” del agente denunciado, R.F., según un documento de la unidad.

En él, el jefe de la unidad explicaba que habían solicitado informes de las actuaciones del agente y si dicho procedimiento se había ajustado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la Ley 17/1967, por la que se actualizan las normas vigentes sobre estupefacientes y la II guía práctica de actuación sobre aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas.

Asuntos Internos concluyó que tras revisar toda la información y las pruebas reunidas durante la investigación no se habían encontrado evidencias suficientes para sancionar al agente denunciado. El informe aclaraba que no se dudaba de la versión de quien presentó la denuncia, pero que no había pruebas que permitieran romper la presunción de inocencia del policía. Tampoco se había podido acreditar, señalaba el jefe de la unidad, “ninguna actuación que pudiera incurrir en infracción disciplinaria”. Por tanto, Asuntos Internos procedió al archivo del procedimiento.

Ausencia de sanciones contra los empresarios

A pesar de las numerosas intervenciones de los agentes de la Policía Municipal de Moncloa-Aravaca en tiendas de CBD de diferentes distritos de Madrid, no se han abierto expedientes sancionadores contra sus dueños. Los afectados se pusieron en contacto con el Defensor del Pueblo, que tras haber sido notificado sobre las actuaciones, se puso en contacto con el Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de esclarecer los hechos. En su respuesta, afirma que no existe ningún expediente sancionador abierto por el departamento de Salud Pública del distrito, según figura en la documentación consultada por este diario.

La única referencia que consta en dicho departamento, en relación con los hechos objeto de conflicto, es un correo electrónico de la Subdirección General de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid en el que se informaba de unos productos que habían sido intervenidos en tres establecimientos del distrito de Moncloa-Aravaca. Según dicha comunicación, la Policía Municipal había intervenido “productos que contenían estupefacientes (cannabis y otras sustancias), así como productos alimenticios con cannabidiol (CBD) y otros cannabinoides”.

Finalmente, la información relativa a los productos intervenidos fue trasladada a la Subdirección General de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental de la Comunidad de Madrid, por encontrarse en el marco de la Estrategia para el control oficial de productos alimenticios que contienen cannabidiol (CBD) y otros cannabinoides y por si procediera su notificación a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en base a lo establecido en los procedimientos de actuación, sin que consten más actuaciones en este sentido.

Qué dice la justicia europea

La ofensiva contra el CBD en Madrid —y otros lugares del Estado— nace de un conflicto sobre las interpretaciones legales. Por un lado, la Policía Municipal y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se aferran a normativas de 1961 y 1967 para tratar cualquier flor de cáñamo como “droga”, sin importar los índices de psicoactividad que tenga la planta. Bajo esta lectura literal, cualquier producto que sea un cogollo se considera automáticamente un narcótico y su venta se persigue como contrabando, apoyándose en una sentencia del Tribunal Supremo que ignora el porcentaje de THC —la sustancia psicoactiva del cannabis—.

Sin embargo, la justicia europea dice lo contrario, como ya informó este diario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en 2020 que el CBD no es un estupefaciente porque la ciencia demuestra que no tiene efectos psicotrópicos ni es nocivo para la salud. El fallo europeo aclara que, aunque una lectura estricta de la Convención Única de Naciones Unidas de 1961 podría clasificar al CBD como droga, el “espíritu” de la norma es proteger la salud pública. Por tanto, si el tratado tiene como meta proteger la salud, deben excluirse de la definición de cannabis aquellas flores con una presencia “insignificante” de componentes psicoactivos.

Esta es la misma interpretación que hace la magistrada del Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona, que acordó en un auto dictado el 12 de diciembre de 2025 el sobreseimiento provisional de la causa contra Carlos Ramírez, dueño de la tienda Naturwest, como informó este diario. En su decisión, la jueza esgrimió un informe del Instituto de Toxicología, que detectó únicamente cannabidol, “sustancia propia de la cannabis sativa que tiene efectos terapéuticos” y sin rastro alguno de THC, la “sustancia tóxica”.

Mientras que algunas autoridades españolas, en ocasiones, todavía persiguen el CBD de forma desproporcionada, la justicia europea blinda la libre circulación de este producto entre los países miembros. En los autos de archivo de los casos de Gutiérrez y Merino se recoge que las sustancias intervenidas estaban por debajo del 0,2% de índice de THC. También señalaba que los empresarios “han declarado y explicado convenientemente cómo desempeñan su actividad empresarial cumpliendo escrupulosamente los trámites legales oportunos”.

La situación de los activistas de la Flotilla retenidos en Libia se recrudece. Global Sumud Flotilla ha informado este jueves de que los diez de los 11 activistas retenidos en Libia por las autoridades del país llevan cuatro días de huelga “seca” en un centro de detención “clandestino” y que su salud se está “deteriorando rápidamente”. Según fuentes de la organización, la activista española Alicia Armesto Núñez está en huelga de hambre, pero aún bebe agua.

Según relatan en un comunicado, los integrantes de la Flotilla llevan cuatro jornadas consecutivas negándose a comer y a beber “para protestar contra su encarcelamiento ilegal, la denegación de acceso a la justicia, la prolongación de su detención y los malos tratos”.

Como consecuencia de esta “brutal huelga seca” este miércoles se produjeron varios casos de desmayo, los cuales afectaron especialmente a las mujeres. Pese a esa situación, la Flotilla denuncia que las autoridades libias han negado a los activistas cualquier tipo de asistencia médica externa, no permitiendo que equipos sanitarios “oficiales” entren a visitarles. Esta situación ha hecho que sean los propios médicos que integraban la delegación los que hayan tenido que vigilar y examinar a sus compañeros pese a que “ellos mismos gravemente agotados”

A todo ello se suma el trato que, según denuncian, las autoridades libias están dando a los activistas. La Flotilla afirma que estos están siendo “privados de sus derechos humanos básicos”, retenidos en un complejo penitenciario aislado para civiles y gestionado por las autoridades. Una cárcel que localmente es conocida como “black site” o “centro de detención clandestino”.

“Campaña calculada de acoso psicológico”

Global Sumud Flotilla afirma que los activistas se enfrentan a una “campaña calculada de acoso psicológico e interrogatorios intensivos”, en palabras de la organización citando informes del centro. Todos ellos permanecen “completamente aislados” del mundo exterior, sin ningún tipo de contacto ni con sus familias ni con una representación legal independiente.

Además, acusan a las autoridades de dar a los activistas “deliberadamente” información contradictoria sobre su detención y puesta en libertad. Cada dos días se les promete que serán liberados, algo que “quiebra sistemáticamente su resiliencia psicológica”. En este sentido, la Flotilla afirma que los captores han informado a los detenidos que comparecerán ante un tribunal el próximo martes, algo de lo que los voluntarios desconfían debido al “patrón de engaños administrativos” reiterados. De hecho, creen que otra “táctica cruel diseñada para jugar con sus nervios y prolongar su confinamiento ilegal”.

Por todo ello, la Flotilla exige la entrada inmediata de observadores médicos independientes, el acceso para los cónsules internacionales y la liberación inmediata e incondicional de los 11 voluntarios. Con respecto a la huelga “seca”, advierten a las autoridades libias y al Ministerio del Interior que son “plenamente responsables, tanto legal como moralmente, de la vida y la integridad física” de los activistas. “Una huelga de hambre seca puede ser mortal rápidamente; sin una intervención inmediata, esta crisis humanitaria se convertirá en una tragedia”, zanjan.

La activista española Alicia Armesto, que está en huelga de hambre pero sigue bebiendo, fue visitada el martes por el cónsul de España en Trípoli. Según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el diplomático trasladó que el Gobierno está ejerciendo “toda la protección diplomática y consular” para que pueda volver cuanto antes a España. El representante español también se reunió con el fiscal general y otras autoridades para lograr su liberación “lo antes posible”. Igualmente, el cónsul comprobó que Armesto había recibido la ropa y los libros que se le había hecho llegar.

Detenidos cuando iban a negociar el paso del convoy humanitario

La crisis comenzó el pasado 24 de mayo, cuando diez activistas fueron detenidos por las autoridades libias. Formaban parte de un convoy de más de 200 personas procedentes de más de 20 países que pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza, pasando por la frontera de Egipto, pero se quedaron atrapados en el país vecino.

Su intención era negociar con las autoridades libias el paso seguro del convoy. Sin embargo, los diez activistas fueron capturados y obligados a subir a furgonetas sin distintivos por parte de las fuerzas de seguridad afiliadas al Ejército Nacional Libio, del general Jalifa Hafter, y que estaban en manos del Gobierno del este de Libia –que le disputa el poder al Ejecutivo de Trípoli, reconocido por la ONU. Tras la detención, desaparecieron, al igual que Mehdi Bouzguenda, otro voluntario técnico tunecino de 24 años arrestado el 19 de mayo cuando regresaba a su país.

Tras la captura, la detención de los activistas se amplió el 2 de junio diez días más con el pretexto que habían incurrido en infracciones migratorias. En cambio, la Flotilla defiende que todos ellos contaban con visados válidos y habían entrado legalmente al país.

Les forces i cossos de seguretat de l'Estat han detingut a Julián C.V., expolicia local de Son Servera (Mallorca) condemnat en 2024 a set anys i mig de presó per intentar matar a la seva dona amb un fulard. L'home va aconseguir llevar-se la polsera de control telemàtic que estava obligat a portar per a verificar el compliment de la prohibició d'aproximar-se a la víctima i va fugir, eludint el seu ingrés a la presó.

Tant la Fiscalia com l'acusació particular van reclamar la seva cerca, captura i posterior ingrés a la presó. La setmana passada, agents de la Policia Nacional de l'aeroport de Madrid van interceptar a l'home recentment aterrat de Tailàndia, on havia romàs ocult des de la condemna, segons ha publicat 'Diario de Mallorca' i han confirmat a elDiario.es fonts de la recerca. L'home es va lliurar i va ingressar immediatament a la presó.

Durant una vista celebrada al gener de 2025, tres mesos després de ser condemnat, les acusacions van al·legar que l'home podria donar-se a la fugida per a eludir el seu ingrés en la presó. Enfront d'això, el lletrat de l'acusat va adduir la inexistència de risc que el seu patrocinat pugui fugir, màximament quan, va asseverar, no havia incorregut en cap trencament de condemna en tot aquest temps com tampoc havia incomplert l'ordre d'allunyament que li va ser imposada. El processat, no obstant això, va escapar finalment al país asiàtic.

A més de la pena de presó per homicidi en grau de temptativa, l'Audiència Provincial de Balears va fixar una ordre d'allunyament respecte a la víctima durant deu anys així com el pagament de 6.600 euros en concepte de lesions i danys morals.

Els fets van tenir lloc al març de 2018, quan la parella va començar una discussió en el seu domicili després que la dona manifestés la seva intenció de sortir amb unes amigues, al que el condemnat es va negar. Tal com considera provat la sentència, en aquest moment l'ex agent va començar a mostrar-se agressiu, insultant a la víctima, agarrant-la per les espatlles i arrossegant-la per la força fins al bany, on va intentar asfixiar-la estrenyent amb força un fulard al voltant del seu coll. La dona, no obstant això, va aconseguir fugir després de propinar diverses puntades i manotades al seu agressor, primer refugiant-se en el bany i després escapant a casa d'una amiga.

En la seva resolució, els magistrats posen de manifest que l'acusat “va practicar tots els actes objectivament necessaris per a llevar la vida” a la dona, i que el resultat fatal no es va produir únicament a causa de la resistència activa de la víctima, que va aconseguir escapar del seu agressor. “En concret, amb puntades, manotades, intents d'esquivar les agressions i de fugida”, assenyala la sentència.

La Fiscalia sol·licitava inicialment una pena de deu anys de presó, però el tribunal va rebaixar la condemna a set anys i mig en aplicar l'atenuant de dilacions indegudes en el procés. A més, tampoc va apreciar delictes de maltractaments i amenaces que esgrimia l'acusació particular, argumentant que les agressions estaven compreses en la conducta homicida.

Durant la seva declaració en el judici, la dona va explicar que no havia denunciat anteriorment al seu marit, encara que sí havia sofert algunes agressions, principalment empentes, però no un episodi de tanta gravetat com el que va ser jutjat. Segons va assegurar, després d'un menjar amb amics en la qual tots dos van ingerir alcohol -ell més que ella, segons va referir-, van tornar al seu domicili, on es va iniciar una discussió quan ella va voler sortir amb unes amigues.

La dona va relatar que va ser en aquest moment quan va començar l'agressió, que va consistir primer en l'escanyament amb el fulard que ella portava i un intent d'apunyalament amb una navalla que l'home sempre portava damunt. La víctima va sofrir corts a la mà quan va repel·lir l'intent d'agressió amb un ganivet en el coll, a més de rebre cops i manotades. La víctima va manifestar que, al marge dels talls, va sofrir dolors per tot el cos a causa dels cops i els blaus.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido a Julián C.V., expolicía local de Son Servera (Mallorca) condenado en 2024 a siete años y medio de cárcel por intentar matar a su mujer estrangulándola con un fular. El hombre logró quitarse la pulsera de control telemático que estaba obligado a llevar para verificar el cumplimiento de la prohibición de aproximarse a la víctima y huyó, eludiendo su ingreso en prisión.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular reclamaron su busca, captura y posterior ingreso en prisión. La semana pasada, agentes de la Policía Nacional del aeropuerto de Madrid interceptaron al varón recién aterrizado de Tailandia, donde había permanecido oculto desde la condena, según ha publicado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a elDiario.es fuentes de la investigación. El hombre se entregó e ingresó inmediatamente en prisión.

Durante una vista celebrada en enero de 2025, tres meses después de ser condenado, las acusaciones alegaron que el hombre podría darse a la fuga para eludir su ingreso en la cárcel. Frente a ello, el letrado del acusado adujo la inexistencia de riesgo de que su patrocinado pueda huir, máxime cuando, aseveró, no había incurrido en ningún quebrantamiento de condena en todo ese tiempo como tampoco había incumplido la orden de alejamiento que le fue impuesta. El procesado, sin embargo, escapó finalmente al país asiático.

Además de la pena de prisión por homicidio en grado de tentativa, la Audiencia Provincial de Balears fijó una orden de alejamiento respecto a la víctima durante diez años así como el pago de 6.600 euros en concepto de lesiones y daños morales.

Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2018, cuando la pareja comenzó una discusión en su domicilio después de que la mujer manifestara su intención de salir con unas amigas, a lo que el condenado se negó. Tal como considera probado la sentencia, en ese momento el ex agente comezó a mostrarse agresivo, insultando a la víctima, agarrándola por los hombros y arrastrándola por la fuerza hasta el baño, donde intentó asfixiarla apretando con fuerza un fular alrededor de su cuello. La mujer, sin embargo, logró zafarse tras propinar varias patadas y manotazos a su agresor, primero refugiándose en el baño y luego escapando a casa de una amiga.

En su resolución, los magistrados ponen de manifiesto que el acusado “practicó todos los actos objetivamente necesarios para quitar la vida” a la mujer, y que el resultado fatal no se produjo únicamente debido a la resistencia activa de la víctima, que logró escapar de su agresor. “En concreto, con patadas, manotazos, intentos de esquivar las agresiones y de huida”, señala la sentencia.

La Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de diez años de prisión, pero el tribunal rebajó la condena a siete años y medio al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso. Además, tampoco apreció delitos de malos tratos y amenazas que esgrimía la acusación particular, argumentando que las agresiones estaban comprendidas en la conducta homicida.

Durante su declaración en el juicio, la mujer explicó que no había denunciado anteriormente a su marido, aunque sí había sufrido algunas agresiones, principalmente empujones, pero no un episodio de tanta gravedad como el que fue juzgado. Según aseguró, tras una comida con amigos en la que ambos ingirieron alcohol -él más que ella, según refirió-, regresaron a su domicilio, donde se inició una discusión cuando ella quiso salir con unas amigas.

La mujer relató que fue en ese momento cuando comenzó la agresión, que consistió primero en el estrangulamiento con el fular que ella llevaba y un intento de apuñalamiento con una navaja que el hombre siempre portaba encima. La víctima sufrió cortes en la mano cuando repelió el intento de navajazo en el cuello, además de recibir golpes y manotazos. La víctima manifestó que, al margen de los cortes, sufrió dolores por todo el cuerpo a causa de los golpes y los moratones.

“La última vez que mi madre habló conmigo me dijo: 'Vamos a acercarnos al checkpoint un equipo negociador'. Entonces me mandó un audio: 'Nos acercamos, dejo móvil. Será ir y volver en un par de horas'”. Pasadas esas dos horas, no recibió noticias de su madre ni del resto de negociadores, cuenta Bruno Rodríguez Armesto a elDiario.es. “Perdimos la comunicación cuando ellos se acercaron al checkpoint a negociar. Lo que entendemos es que las autoridades les detuvieron en el checkpoint y, en algún momento, se los llevaron de Sirte a Bengasi. Sabemos que no volvieron”, explica.

Llevan cinco días en paradero desconocido, retenidos por las autoridades rebeldes del este de Libia. Además de la madre de Bruno, Alicia Armesto Núñez, española, hay otros nueve activistas detenidos de varias nacionalidades. Formaban parte de un convoy de más de 200 personas procedentes de más de 20 países que pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza, pasando por la frontera de Egipto, pero se quedaron atrapados en el país vecino. Hasta ahora, las familias no saben cuándo ni cómo van a poder regresar a casa.

El convoy terrestre pasaba por Libia en su viaje por el norte de África, en coordinación con la misión marítima de la Flotilla Global Sumud –que fue brutalmente detenida por Israel hace unos diez días–. Los organizadores lanzaron la voz de alarma el 24 de mayo, cuando diez integrantes desaparecieron en un puesto de control de las fuerzas libias en la localidad de Sirte, situada en la línea que separa los dos territorios enfrentados del oeste y el este de Libia. El grupo de diez personas, que ahora permanece en paradero desconocido, era un equipo encargado de negociar con las autoridades el pasaje seguro del cargamento humanitario, que incluía suministros básicos, ambulancias y casas móviles.

La detención de civiles desarmados, en el marco de un proceso previamente acordado, tras repetidos intentos de obtener permisos y facilitar su paso, constituye una violación del derecho internacional humanitario

Flotilla Global Sumud

El 25 de mayo, la Flotilla Global Sumud denunció la detención el día anterior de los diez activistas por parte de las fuerzas de seguridad afiliadas al Ejército Nacional Libio, del general Jalifa Hafter, y que estaban en manos del Gobierno del este de Libia –que le disputa el poder al Ejecutivo de Trípoli, reconocido por la ONU–. El Ministerio de Exteriores afiliado al Gobierno oriental afirmó en un comunicado que los activistas “no habían obtenido las autorizaciones necesarias” para entrar en su territorio, pero que estaban recibiendo un tratamiento “dentro del marco de la responsabilidad legal y humanitaria” correspondiente, según recogió la agencia EFE.

Pero lo organizadores del convoy han asegurado que sí habían hecho todos los trámites burocráticos y que estaban dispuestos, tal y como les exigían las autoridades locales, a transferir la ayuda humanitaria que transportaban a la Media Luna Roja Libia, que se encargaría de llevarla hasta Egipto y, posteriormente, a la Franja. “La detención de civiles desarmados por intentar comunicarse con las autoridades locales y una organización humanitaria, en el marco de un proceso previamente acordado, tras repetidos intentos de obtener permisos y facilitar su paso, constituye una violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, ha afirmado la Flotilla Global Sumud en un comunicado.

Entre los diez detenidos también se encuentra la ciudadana polaca Laura Kwoczała-Alsubaih, de 24 años y activista por los derechos humanos y de los migrantes, que estudia Ciencias Políticas en la Universidad de Varsovia. “Solía escribirme todos los días. El último mensaje fue el 24 de mayo, pocos minutos antes de las 09.00 de la mañana, y me dijo que estaban yendo a negociar”, cuenta a elDiario.es su madre, Sylwia Kwoczała.

“Me di cuenta de que Laura podría haber sido detenida cuando la ubicación de su teléfono dejó de actualizarse. Era un domingo, después de las 15.00 horas. Esa noche, me puse en contacto con Alina de la Flotilla Global Sumud en Polonia, quien me confirmó que existía esa posibilidad”, recuerda la madre. “Laura no estaba asustada, era algo que podía ocurrir y estaba preparada” para ello, agrega.

La organización también ha denunciado que los otros participantes, que habían acampado a unos 10 kilómetros de Sirte tras la desaparición de sus compañeros fueron “obligados a evacuar y algunos hombres y mujeres fueron agredidos físicamente”. Por ello, los organizadores han dado por concluida la misión humanitaria terrestre y los activistas empezaron esta semana a regresar a sus países.

“Mi madre está desaparecida”

Las autoridades italianas han confirmado que los dos detenidos de este país, Domenico Centrone (33 años) y Dina Alberizia (67 años), están en un cuartel de la Policía del este de Libia en Bengasi, sede del Gobierno oriental. El cónsul italiano en esa ciudad los pudo visitar el miércoles y pidió una “mejora en las condiciones de detención” no sólo de los dos compatriotas, sino de todo el grupo. Según la agencia ANSA, se abrió así la posibilidad de que los diez puedan ducharse o cambiarse de ropa y ser alojados en un lugar mejor.

El hijo de la española detenida dice a elDiario.es que tiene muy poca información de su madre: “Ahora mismo mi madre está desaparecida”. Relata cómo han sido estos días de gran incertidumbre, sin saber dónde se encuentra retenida la veterana activista ni en qué circunstancias. Bruno Rodríguez Armesto dice que su madre “estaría en algún tipo de instalación en Bengasi”, pero no sabe si es una cárcel. Los detenidos no han podido ponerse en contacto con sus familias y no todos han recibido asistencia consular, ya que no todos los países tienen representación en el este de Libia.

Creemos que la mayor baza que tenemos es la movilización social para ejercer un poco de presión, tanto sobre el Gobierno de España como el de Libia

Hijo de la activista española detenida

El hijo de Alicia dice que está en contacto con el vicecónsul de España en Trípoli y pide que el Gobierno español haga todo lo que esté en su mano y que la ciudadanía también se movilice: “Creemos que la mayor baza que tenemos es la movilización social” para que haya “un poco de presión, tanto sobre el Gobierno de España como el de Libia”.

Alicia Armesto Núñez, quien trabaja de secretaria en Madrid, viajó a Libia a principios de mes para participar en el convoy humanitario, cuenta su hijo. Había participado en la Flotilla marítima a Gaza en otoño de 2025 y también fue detenida en esa ocasión, por Israel, junto a activistas más conocidas como Greta Thunberg. “La causa palestina es muy cercana a ella, estaba muy motivada para ir” a Libia, donde “quería compartir su conocimiento logístico y su experiencia” con el grupo que viajaba por tierra. “En ningún momento me comentó que tuviera miedo”, afirma Rodríguez Armesto.

Mi madre formaba parte de un grupo de diez personas que fueron físicamente al checkpoint de Sirte a negociar. Perdimos la comunicación cuando se acercaron al checkpoint, entendemos que las autoridades les detuvieron

Hijo de la activista española detenida

“Hasta el martes por la mañana, lo único que supimos eran rumores”. Finalmente, las autoridades consulares españolas le confirmaron “por canal no oficial” la detención de Alicia. Su hijo explica que esta semana es la importante fiesta musulmana del Eid al Adha, por lo que está todo suspendido, incluidos los trámites burocráticos para poner en libertad a los activistas, pero añade con inquietud: “No sabemos si es simplemente un fallo administrativo o si hay algo más”.

Según Italia, los diez activistas deberían ser expulsados del país, después de haber sido acusados de “entrada ilegal” a la zona este de Libia, pero su deportación puede haberse visto retrasada por la festividad de varios días. 

Ahora, Sylwia Kwoczała explica que está en contacto con los organizadores del convoy y comparten información varias veces al día. También está en contacto con el cónsul polaco en Túnez, porque Polonia no tiene representación diplomática en Libia (muchos países movieron sus legaciones al país vecino tras el estallido de la revuelta y la consiguiente guerra en 2011 y algunos no han regresado por la inestabilidad política y la violencia). “Sin una embajada en Libia, no hay mucho más que hacer”, lamenta.

Sylwia Kwoczała asegura que su hija estaba “muy involucrada en el convoy” y que trabajaba mucho. “Recientemente, fue mi cumpleaños. Laura me llamó y me dijo: 'Feliz cumpleaños, mamá. Me tengo que ir, el mundo tiene que ser salvado!'”.

Cuatro personas pertenecientes a una red criminal han sido detenidas en Seseña (Toledo) por captar ciudadanos extranjeros en situación irregular y facilitarles, a cambio de una contraprestación económica, la documentación necesaria para regulaizar su situación administrativa en España.

Los agentes de la Guardia Civil detectaron un incremento “desproporcionado e inusual de solicitudes de empadronamiento” en la localidad. En algunos domicilios figuraban empadronadas numerosas personas, llegando a registrarse hasta 91 empadronamientos en una misma vivienda.

Tras realizar un análisis pormenorizado de los expedientes de empadronamiento tramitados, la Guardia Civil comprobó que numerosas solicitudes habían sido efectuadas de forma reiterativa por las mismas personas o mediante contratos de arrendamiento en los que existían evidentes indicios de falsedad documental.

La investigación pudo determinar la existencia de una estructura organizada dedicada a captar ciudadanos extranjeros en situación irregular de diferentes nacionalidades, principalmente Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto. Cobraban entre 300 y 400 euros a cada persona por regularizar su situación administrativa en España.

Los principales métodos utilizados consistían en la falsificación de documentos y en la presentación de autorizaciones supuestamente firmadas por propietarios de viviendas, con el objetivo de obtener empadronamientos irregulares.

Los investigadores han podido recopilar múltiples denuncias y manifestaciones de víctimas, llegando a afectar a 400 personas.

El delegado del Gobierno en la región pide no vincularlo con la regularización

De su lado, a preguntas de los medios, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha precisado que esta operación “no es contra el proceso de regularización”, sino que va en la línea de “esclarecer empadronamientos ilegales en Seseña”.

“La regularización en ningún caso contempla empadronamientos ilegales ni la regularización va a permitir que a través de ella se pueda haber cometido ningún tipo de delito”, ha recalcado.

A preguntas de los medios tras participar en el minuto de silencio por las víctimas de violencia machista, Sabrido ha señalado, sobre los empadronamientos, que “muchos de ellos, probablemente más del 50 por ciento, corresponden a antes del 31 de diciembre de 2025 o antes del 1 de enero de 2026”.

Se está investigando, por tanto, tal y como ha afirmado, si en torno a 200 empadronados son legales antes del 1 de enero de 2026, al tiempo que ha dejado claro que el empadronamiento “es una competencia exclusivamente municipal”.

Seseña “deberá comprobar o haber comprobado si estos empadronamientos responden a la realidad o no”, ha afirmado el delegado, añadiendo que las comprobaciones se tendrán que realizar también “respecto a los ciento y pico que hay después del 1 de enero”.

“La Guardia Civil, en este caso, lo que está vigilando es que se cumpla la ley y que se cumpla la ley es bueno para todos, para los empadronados y para los no empadronados, y por supuesto para la regularización”, ha destacado.

La Guardia Civil ha detenido a una persona de 32 años de edad y vecino de Calahorra como presunto autor de un delito de robo con violencia y dos delitos de hurto cometidos contra mujeres de avanzada edad.

La investigación se inició tras el robo cometido por esta persona a una mujer de 77 años que iba caminado, cuando el autor la abordó por la espalda y, de un fuerte tirón, le arrebató los pendientes que portaba antes de emprender la huida. Al día siguiente, los agentes tuvieron conocimiento de que otra mujer, de 80 años, fue sorprendida por detrás, momento en el que el agresor la sujetó por los hombros y le sustrajo los pendientes, causándole lesiones durante el forcejeo antes de darse a la fuga. El tercer y último asalto se produjo varios días después, cuando una mujer de 83 años accedía al portal de una vivienda y fue abordada por la espalda y el agresor le arrancó, de un fuerte tirón, la cadena de oro que llevaba al cuello.

Fruto de las investigaciones, los agentes identificaron a una persona que cometía robos siempre con el mismo patrón. Seleccionaba a víctimas de edad avanzada y las seguía discretamente hasta detectar el momento más propicio para cometer los robos, generalmente cuando transitaba poca gente por la vía pública o cuando se disponían a acceder al portal de su vivienda. Posteriormente, las abordaba por la espalda, aprovechando su limitada capacidad de reacción y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban para robarles las pertenencias de valor. 

Gracias a las diversas actuaciones llevadas a cabo -entre ellas la recopilación de información, la toma de declaraciones, el análisis de patrones delictivos y el estudio de imágenes- permitieron la identificación y detención del presunto autor. El detenido, conocido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, presenta un carácter violento y conflictivo. Acumula una treintena de antecedentes policiales y trece infracciones a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Calahorra (La Rioja).

La Ertzaintza ha detenido este viernes al presidente del club de rugby Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de Igorre, Unai Zuluaga, de 53 años, acusado de un presunto delito de estafa y administración desleal, como resultado de una investigación abierta en la comisaría de Durango (Bizkaia), tras la interposición de un total de 132 denuncias por el impago de la Lotería de Navidad.

El detenido admitió que vendió “por error” 225 participaciones de más del número 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad, y que no tiene fondos para hacer frente al pago de 2,1 millones que le demandan cerca de 80 personas, que no pueden cobrar lo que les corresponde.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la investigación desarrollada por la Ertzaintza en torno al suceso ha motivado la detención a primera de la hora de la tarde de este viernes del responsable del club, de 53 años, como presunto autor de un delito de estafa y administración desleal. El implicado había sido requerido previamente por la Ertzaintza para personarse en dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias pertinentes, el arrestado será puesto a disposición judicial.

De los 15 millones de euros que tocaron en la Lotería de Navidad, la mayoría de los afortunados han cobrado ya, pero 2,1 millones aún están pendientes de cobro. Según reconocieron desde el club la semana pasada se enteraron del problema cuando quedaban en la cuenta 5.000 euros y aún faltaba un centenar de personas por cobrar. En aquel momento explicaron que vendieron 1.425 participaciones cuando deberían haber sido 1.200. Se trata de boletos de 5 euros en las que se jugaban 4 y 1 euro era de donativo.

La tensión y la indignación entre los vecinos de Igorre no tardó en desatarse. De manera que han creado una plataforma y el pasado 7 de mayo realizaron la primera reunión para saber qué pasos seguir hasta poder cobrar su premio. Por el momento han sumado 132 denuncias debido a que ven “inviable” que como en Villamanín el problema se solucione con una quita, porque gran parte de los premiados en Igorre ya han cobrado. “A una persona que ha recibido el dinero y se ha comprado un coche, por ejemplo, ¿qué le vas a decir, que devuelva su dinero?”, lamentaron tras esa primera reunión.

A través de su cuenta de Instagram, el club informó el pasado 23 de enero que se encontraban “trabajando para el reparto del premio de la Lotería de Navidad”. “Se trata de un proceso complejo que requiere tiempo”, señalaban en una publicación en la que aseguraban que “próximamente” compartirían los detalles de cuándo y cómo se ejecutaría el proceso y la documentación necesaria para el mismo.

El 6 de febrero informaron, también a través de Instagram, del proceso que iban a seguir para entregar el premio. Se trataba de dos fases, la primera la recogida de datos y participaciones a través de una cita previa y la segunda el pago de las papeletas verificadas con fecha límite para realizar las transferencias del 17 de abril. “A partir de esa fecha caducará el derecho de cobro”, alertaban. “En el momento de recogida de datos y participaciones, la asociación entregará a cada premiado un justificante de recogida de participaciones y compromiso de pago por parte del club Arratiko Zekorrak RT. Los pagos se realizarán tras la verificación”, aseguraron. Sin embargo, para algunos de los premiados, ese dinero jamás llegó.

Tras la primera reunión, los afectados, que se comunican a través de un canal de Telegram y de correos electrónicos, quedaron en volver a reunirse para futuros pasos. En principio, ya cuentan con apoyo legal y piensan interponer todas las denuncias posibles ante la Ertzaintza, pese a que continúan a la espera de una respuesta por parte del club que les satisfaga y les haga obtener su dinero. “No vamos a parar hasta que se nos dé nuestro dinero. Sabemos que el proceso puede ser largo, pero nos parece injusto que unos cobren y otros no. Si sabían el error, deberían haber paralizado el pago. No nos creemos que se hayan dado cuenta esta semana, porque llevan retrasando los pagos meses”, aseveraron.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho en el Congreso que la decisión de Israel de prolongar durante seis días la detención de Saif Abukeshek, el español de origen palestino que viajaba en la Global Sumud Flotilla y detenido ilegalmente frente a la costa de Creta (Grecia) es “inadmisible e inasumible”, y que volvió a convocar ayer a la encargada de negocios de la embajada israelí para convocarle este extremo.

Albares ha dicho en su intervención en el Congreso para explicar la actuación del Gobierno ante el suceso que Israel no tenía “ninguna jurisdicción” para aprehender los barcos cuando estaban al oeste de la isla griega de Creta, “a 600 millas náuticas” de la costa israelí y que desde que tuvo conocimiento de lo sucedido se envió por canales diplomáticos la “protesta rotunda por el abordaje ilegal e inadmisible”, dejando claro que los en torno a 50 ciudadanos españoles estaban bajo protección diplomática y consular del país.

Albares ha señalado que ha hablado en varias ocasiones desde el comienzo de la crisis con su homólogo israelí, Gideon Sa'ar, y que se ha reunido con la esposa de Abukeshek, y ha insistido en que es inaceptable que “se aborden embarcaciones, se retenga a los tripulantes y las embarcaciones se inutilicen sin respetar las normas más básicas”.

En el relato de hecho de Albares queda patente la aquiescencia griega a la actuación israelí, pues los tripulantes de la flotilla desembarcaron en Creta y los dos que no fueron liberados —el propio Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila— fueron trasladados en avión desde la isla a Israel.

Albares ha señalado que el cónsul en Tel Aviv ha visto en repetidas ocasiones al arrestado y que hoy mismo tratará de volver a hacerlo. “España reaccionó sin dudarlo, con toda claridad y firmeza ante la vulneración del derecho internacional”, ha afirmado.

Agentes de la Policía Nacional junto con agentes de la Policía Local de Logroño, durante la noche del pasado domingo, alrededor de las 23:30 horas, han llevado a cabo la detención de seis jóvenes, cinco de ellos menores de edad, por perseguir a otro grupo de jóvenes, presuntamente, para agredirles portando objetos peligrosos. La rápida intervención de los agentes de Policía Nacional y Local impidió que se produjera cualquier tipo de agresión.  

Unos transeúntes procedieron a llamar al teléfono de Emergencias 112 alertando de que un grupo de jóvenes estaba persiguiendo a otro grupo con objetos peligrosos. La rápida respuesta de ambos cuerpos para la búsqueda y localización de este grupo de jóvenes, por diferentes zonas de la ciudad. 

Tanto agentes de Policía Nacional como Policía Local, localizaron a diferentes transeúntes y testigos que les fueron facilitando información para a su localización.  Finalmente, ambos cuerpos procedieron a la detención del grupo de jóvenes perseguidor, que ya estaban alcanzando al grupo al que pretendían agredir. Por lo que procedieron a su completa identificación y detención, tras una persecución a pie. 

Los jóvenes que huían al percatarse de la presencia policial, fueron tirando algunos objetos contundentes y armas blancas debajo de algunos vehículos estacionados en la calle. Posteriormente los agentes actuantes realizaron una requisa por la zona, y procedieron a la localización e incautación de estos objetos peligrosos, entre ellos, un machete de doble de filo de 45 cm de hoja, una cadena de eslabones de hierro, una barra metálica, una barra de amortiguación, un martillo y dos destornilladores. 

Las diligencias están siendo tramitadas por el grupo de investigación de Policía Nacional para el total y completo esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la noche del domingo y de los motivos por los cuales querían llevar a cabo esta agresión, por lo que no se descarta que se lleven a cabo detenciones de otros implicados. 

La Policía Foral ha detenido a un hombre de 43 años por dejar el 1 de abril “una maleta sospechosa” en uno de los muros perimetrales del Palacio de Justicia de Navarra. Durante la detención “reconoció los hechos”, por los que se le acusa de un delito de desórdenes públicos al provocar “un fuerte despliegue policial”, y afirmó “no ser consciente de la movilización que causaron los mismos”.

Según han informado desde la Policía Foral, el 1 de abril agentes de Policía Foral encargados de la seguridad del Palacio de Justicia de Navarra comunicaron al Centro de Mando y Coordinación la presencia de una maleta sospechosa en las inmediaciones del edificio.

Tras comprobar las imágenes de las cámaras de seguridad, se movilizaron los Grupos Operativos de Intervención (GOI) de Policía Foral y patrullas de Seguridad Ciudadana de Policía Foral y Policía Municipal, entre otros cuerpos, para acordonar la zona.

Una vez se realizó la inspección de la zona con el equipo de Guías Caninos de Policía Foral, el cuerpo de TEDAX-NRBQ de Policía Nacional realizó una explosión controlada de la maleta.

La movilización de los cuerpos policiales y la necesidad de acordonar la zona provocó diversas incidencias en el tráfico peatonal y de vehículos, ya que la calle permaneció cortada durante hora y media.

Tras el análisis del recorrido del autor momentos antes de abandonar el objeto en la Audiencia Provincial, los investigadores concluyeron que se trataba de una persona ya identificada en otras ocasiones. Por lo que de agentes de Policía Foral, adscritos a la División de Prevención y Atención Ciudadana procedieron a su detención por un delito de desórdenes públicos.

El cantante D4vd será acusado este lunes de asesinato y otros cargos en relación con la muerte de una adolescente de origen hispano, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado el año pasado en el maletero de un vehículo Tesla registrado a nombre del artista.

D4vd, de 21 años, enfrenta cargos con agravantes por el homicidio de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y cuyo cuerpo fue hallado el 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, detalló en una conferencia que los cargos contra el artista incluyen “las imputaciones más graves que se pueda presentar” en este tipo de casos, es decir, asesinato en primer grado con circunstancias especiales.

“Dichas circunstancias especiales son: actuar con alevosía (acecho), cometer el crimen con fines de lucro o asesinar a un testigo en el marco de una investigación”, detalló el fiscal.

El artista, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante un juez este lunes.

D4vd fue detenido por la policía de Los Ángeles el pasado jueves en su domicilio ubicado en West Hollywood.

El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.

El cantante ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.

La Policía de Los Ángeles arrestó este jueves al rapero D4vd como sospechoso de la muerte de una joven de origen hispano, cuyo cadáver apareció hace unos meses en el maletero de un vehículo Tesla registrado a su nombre. El cuerpo estaba en estado avanzado de descomposición.

El artista, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza. Su caso, según un comunicado policial, será presentado ante la fiscalía el próximo lunes. Por el momento no han precisado cuáles han sido las pruebas que motivaron la detención.

Los restos humanos fueron encontrados en el coche vinculado al rapero el pasado mes de septiembre. Este había permanecido en la vía pública durante semanas antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles. Nadie lo había reportado como robado.

Las autoridades identificaron a la víctima como Celeste Rivas Hernández, que tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California). Su cuerpo fue hallado el 8 de septiembre de 2025, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.

El rapero D4vd, por su parte, ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage; y varias de sus canciones han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.

Todo empezó moviendo un frigorífico. Detrás del electrodoméstico insonorizado, en una nave industrial del Tarajal, la Policía Nacional encontró la puerta de entrada a una de las infraestructuras más sofisticadas de la historia del narcotráfico en Ceuta: un narcotúnel con raíles, poleas y varios niveles diseñado para introducir toneladas de hachís en España sin contacto visual entre los implicados. El hallazgo forma parte de una operación que ha culminado con 27 detenidos —15 de ellos en prisión—, más de 17 toneladas de droga intervenida y la desarticulación de una organización con ramificaciones en Andalucía, Galicia y Marruecos.

La escena, descrita por los propios investigadores, tiene algo de arqueología criminal. Una nave aparentemente anodina, una cámara insonorizada y un frigorífico de grandes dimensiones que, tras ser desplazado “después de mucho esfuerzo”, dejaba al descubierto un acceso oculto. Lo que había debajo, a juicio de los investigadores, no era improvisación, sino ingeniería aplicada al narcotráfico.

Según la Policía, se trataba de una estructura “muy profesional, muy preparada, muy acondicionada”, en palabras de Antonio Martínez, jefe de la UDYCO central. Tenía tres niveles claramente definidos: un pozo de descenso, una cámara intermedia —la llamada “narcodespensa”— y una salida hacia Marruecos.

En ese espacio subterráneo, los fardos de hachís se movían mediante raíles, vagones, poleas y grúas. Un sistema diseñado para transportar grandes cargas sin necesidad de contacto directo entre quienes participaban en el alijo. La organización había instalado incluso bombas de achique para combatir el agua freática y sistemas de insonorización que permitían operar sin levantar sospechas en el exterior.

Las primeras mediciones apuntan a un descenso de unos 19 metros hasta la base del túnel, con una galería de aproximadamente 1,20 metros de alto por 80 centímetros de ancho. La longitud total sigue sin determinarse debido a la acumulación de agua, que ha obligado a emplear tecnología específica, incluido un dron submarino.

El “narcoarquitecto” y la doble dirección de la red que fue mutando

Detrás del conducto había una estructura de mando clara. Dos personas lideraban la organización: una desde Marruecos, considerada por los investigadores el “narcoarquitecto” y “patrón de los túneles” y otra en Ceuta, encargada de negociar los envíos y gestionar la distribución.

El primero, detenido el pasado 26 de marzo, ya estaba vinculado al túnel descubierto el año anterior. Su perfil sintetiza el salto cualitativo del narcotráfico en la zona: no solo coordinaba, sino que diseñaba y perfeccionaba las rutas.

“El principal investigado era el responsable del otro túnel intervenido el año pasado”, explicó Martínez, quien subrayó que la organización “introducía miles de kilos de hachís en Europa” y que su base operativa se apoyaba en este tipo de infraestructuras.

A esta conclusión llegaron tras más de un año de pesquisas. La investigación arrancó en febrero de 2025 y permitió detectar una organización con capacidad para mover grandes cantidades de droga hacia la península y otros puntos de Europa. En ese tiempo, el grupo criminal no se mantuvo estático, “mutó”.

Cuando las primeras incautaciones comenzaron a golpear su operativa, la red cambió de estrategia. “La organización entiende que tiene que cambiar de sistemas, deja el narcotúnel apartado durante un tiempo y empieza a colaborar con otras organizaciones”, señaló Martínez

Ese giro llevó a establecer conexiones con redes del Campo de Gibraltar —especializadas en el uso de embarcaciones de alta velocidad— y con grupos gallegos que utilizaban pesqueros para introducir la droga. El objetivo era mantener el flujo de estupefacientes pese a la presión policial.

La desarticulación acabó produciéndose por acumulación de golpes. Durante meses, los investigadores acumularon interceptaciones de cargamentos que permitieron poner en evidencia la red. Uno de los episodios fundamentales se produjo tras un incendio en una vivienda de la barriada ceutí del Príncipe, que permitió intervenir 510 kilos de hachís y vincular el inmueble con la organización. Posteriormente, el cuerpo incautó otros 432 kilos en la ciudad autónoma, en esa ocasión, en la zona de Cabrerizas Altas y un alijo de 15.000 kilos en Almería, transportado en un tráiler procedente de Nador.

A estos golpes se sumaron otras intervenciones, como 480 kilos en Málaga o los decomisos realizados en los registros finales, que incluyeron también cocaína. En total, más de 17 toneladas de droga han sido retiradas del circuito.

Un operativo técnico y a gran escala

El hallazgo del túnel requirió un despliegue técnico poco habitual. Según explicó Pedro Ferrer, jefe regional de operaciones en Ceuta, la investigación contó con “medios técnicos y tecnológicos de alta tecnología” y con el apoyo de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional. La complejidad del terreno obligó a emplear herramientas específicas para analizar la estructura. “Se ha usado igualmente un dron de última generación submarino, puesto que el túnel estaba lleno de agua freática”, detalló el mando policial. Además, en la fase final participaron los Bomberos de Ceuta y el Regimiento de Ingenieros número 7 de la Comandancia General.

La explotación de la operación implicó a más de 250 agentes y se extendió por varias provincias: Ceuta, Cádiz, Málaga, Huelva y Pontevedra. En total, se realizaron 29 registros domiciliarios. El balance es significativo: 27 detenidos —15 de ellos en prisión—, 1,43 millones de euros en efectivo, 66 equipos de comunicación y 15 vehículos de lujo intervenidos.

La operación habla del papel de Ceuta como punto estratégico en las rutas del hachís hacia Europa. Su proximidad a Marruecos y su posición geográfica la convierten en un enclave logístico de primer orden a ojos de los investigadores. La existencia de infraestructuras como los túneles hallados recientemente, sumada a las conexiones con otras regiones, dibuja un mapa en el que, para Policía Nacional y Guardia Civil, la ciudad es un nodo dentro de una red más amplia.

La Policía Nacional ha conseguido dar con uno de los asaltantes que el pasado 11 de noviembre terminaron con la vida de Carmen Hidalgo, una anciana de 89 años residente en la pedanía murciana de Puente Tocinos. La mujer fue víctima de un robo con violencia cuando intentaron sustraerle la cadena de oro que llevaba en el cuello de un tirón. La brigada de la Policía Judicial de la Región ha detenido a un varón de nacionalidad española y 20 años de edad como principal sospechoso del robo y del homicidio involuntario.

Carmen Higaldo, conocida como Carmelina entre sus familiares y amigos, falleció cuatro días después del ataque, que sufrió cuando se dirigía de su vivienda al centro de mayores de la pedanía y que le provocó fracturas en la cadera y las costillas.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas ha informado de que la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Murcia ha detenido a una segunda persona. Se trata de una mujer que está imputada por delito de encubrimiento.

Según fuentes policiales, al detenido se le atribuyen al menos otros cinco robos con violencia en la ciudad de Murcia y detenciones por participartodo tipo de hechos delictivos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en A Coruña a un hombre como presunto autor de un delito de falsedad documental, por emplear a ciudadanos extranjeros utilizando, supuestamente, la identidad de terceras personas, antiguas trabajadoras de la empresa.

La investigación, bautizada como Operación Marka, fue llevada a cabo por el grupo 2 de la UCRIF, y se inició tras la denuncia de un ciudadano extranjero que, al consultar su vida laboral, comprobó que había sido dado de alta en la Seguridad Social por una empresa en fechas en las que se encontraba trabajando en otra compañía distinta, fuera de España.

La empresa, dedicada a labores de limpieza y mantenimiento, empleaba a ciudadanos de origen extranjero utilizando documentos de identidad de antiguos trabajadores.

Según ha explicado la Policía –y recoge Europa Press–, el empresario actuaba así con la intención de ahorrarse la cuantía de los cursos de preparación necesarios para el desarrollo de la actividad laboral, obligatorios para los nuevos empleados; así como el coste de darlos de alta en la Seguridad Social el tiempo de realización de los mismos. De este modo, daba de alta nuevamente a antiguos empleados que ya habían realizado estos cursos.

Con ello perjudicaba, por un lado, a los trabajadores, que eran contratados en la creencia de que el empresario realizaba todos los trámites para darlos de alta en la Seguridad Social y, posteriormente, descubrían que habían desarrollado un trabajo por el que no generaban los correspondientes días de cotización, ya que éstos derivaban en los auténticos titulares de las altas.

Por el otro, perjudicaba a las empresas para las que realizaba los mantenimientos, ya que eludía los sistemas de control de éstas al estar desarrollando su actividad con personal no cualificado en los cursos en seguridad laboral previamente exigidos, con el consiguiente riesgo a su vez para la salud de los empleados.

Además, varios de los trabajadores fueron despedidos cuando detectaron que en su contrato figuraba el nombre de un tercero y el empresario se negó a subsanarlo.

Agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por su presunta participación en los altercados registrados en el estadio de El Sadar el pasado 21 de febrero después del partido de que enfrentó a Osasuna contra el Real Madrid.

A los cuatro detenidos se les imputa su presunta participación en delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la Autoridad. La investigación sobre los incidentes todavía sigue abierta. Pasarán a disposición del juzgado de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza 5.

Los incidentes tuvieron lugar tras la finalización del partido, después de que la seguridad privada de Osasuna que presta servicio en los partidos de liga, requiriera apoyo de la Policía Nacional cuando trataba de identificar a un espectador que había lanzado una botella al campo “poniendo en riesgo el normal desarrollo del partido que se estaba disputando”.

En el transcurso de su identificación se produjeron cargas por parte de la Policía Nacional contra aficionados que abandonaban el recinto. Varios testigos denunciaron a través de las redes sociales la “desproporcionalidad” de las cargas, que terminaron con varios aficionados heridos y dos detenidos.

Las cargas de la Policía Nacional en los vomitorios del estadio durante aquel partido fueron objeto de críticas por parte de aficionados y grupos políticos, que llevaron al Parlamento de Navarra el debate sobre si la Policía Foral debe sustituir a la Nacional como cuerpo antidisturbios durante los partidos que se disputen en El Sadar.

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a dos personas como presuntos responsables de una red dedicada a la falsificación de recetas para el tráfico de estupefacientes.

Se trata de un entramado criminal dedicado al tráfico de drogas y la adquisición ilegal de medicamentos para su uso como sustancias de corte con las que preparaban la droga antes de su distribución, logrando así maximizar el beneficio que obtenían con la venta del estupefaciente.

La ingente cantidad de medicamentos adquiridos ilegalmente por la red puso en alerta a los investigadores de la Policía Nacional. Los agentes cuantificaron la falsificación y utilización de numerosas recetas para la adquisición de fármacos como psicotrópicos, benzodiacepinas e hipnóticos, todos ellos retirados en farmacias de las localidades de Miguelturra y Ciudad Real.

Las prescripciones médicas estaban cuidadosamente falsificadas con datos de facultativos colegiados de Ciudad Real y Granada. En su elaboración resultó clave la participación de uno de los detenidos, quien pudo haber tenido acceso a la documentación digital de los médicos debido a que era programador informático y había realizado trabajos para ellos con anterioridad.

Más de 600 falsificaciones

La colaboración con el Área de Inspección de la Delegación provincial de Sanidad en Ciudad Real y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, resultó vital para localizar y cuantificar el alcance y número de falsificaciones utilizadas por la trama, que superan las 600 desde el año 2024.

El excesivo volumen de medicamentos adquiridos no estaba destinado a un tratamiento médico, si no que eran utilizados para reventa o sumisión química, aunque en gran parte se empleaban como sustancias de corte para mezclarlos con sustancias estupefacientes, amplificando así los efectos de la droga y aumentando los beneficios económicos que obtenía la trama.

En el registro realizado en Ciudad Real se localizaron 18 gramos de cocaína, “papelinas” de droga ya preparadas para la venta, 33 gramos de sustancias de corte y 15 cajas de medicamentos adquiridos fraudulentamente, así como utensilios empleados para la manipulación y confección de las dosis individuales.

Igualmente, se intervinieron documentos digitales relacionados con los hechos investigados, entre ellos archivos con recetas médicas de los facultativos cuyos datos aparecían en las recetas falsificadas.

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento comercial de la localidad toledana de Fuensalida.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de febrero, cuando un individuo encapuchado y armado con un cuchillo de “grandes dimensiones” accedió al interior de un comercio del municipio, amenazando tanto a la dependienta como a una clienta que se encontraban en el local, según ha informado el instituto armado.

Tras exigir la entrega de la recaudación de la caja registradora, el autor agredió a la dependienta utilizando un spray de defensa personal, huyendo posteriormente del lugar.

El Equipo Territorial de Policía Judicial, junto con el Equipo ROCA de la quinta Compañía de Torrijos y en colaboración con Policía Local de Fuensalida, llevaron a cabo las gestiones de investigación, que permitieron identificar y detener al presunto autor de los hechos.

Se trata de un conocido delincuente de la zona, con numerosos antecedentes por delitos violentos, según explican desde el instituto armado.

La operación contó con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil para llevar a cabo la entrada y registro en el domicilio del detenido, donde fueron intervenidos el cuchillo y el spray presuntamente utilizados en el atraco.

La investigación se inició después de que una trabajadora denunciara ante la Guardia Civil de Zafra que sospechaba que estaba siendo grabada en el interior del cuarto de baño unisex existente en la empresa donde presta servicio.

Tras la inspección del establecimiento, los agentes localizaron un dispositivo de grabación audiovisual oculto de forma estratégica en la mampara de la ducha. Según han detallado fuentes de la Benemérita, la cámara se activaba mediante un sensor de movimiento, lo que permitía captar imágenes en el interior del aseo durante las veinticuatro horas del día mientras las personas hacían uso de las instalaciones.

Las pesquisas permitieron determinar que el presunto responsable sería el titular de la empresa, quien habría instalado el dispositivo y recibido las grabaciones en tiempo real en su teléfono móvil. Además, según la investigación, habría difundido al menos parte del material a uno de sus contactos a través de WhatsApp.

El análisis del contenido almacenado en la tarjeta de memoria del dispositivo ha permitido constatar la existencia de más víctimas. Hasta el momento, otras dos mujeres han presentado denuncia.

La investigación continúa abierta para determinar desde cuándo habría estado instalada la cámara, identificar a posibles nuevas víctimas y esclarecer con qué personas pudo haberse compartido el material íntimo y el detenido ha sido puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra, que se hará cargo del procedimiento judicial.