A finales de abril de este año entró en vigor el Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que aseguraba que colegios e institutos públicos y concertados dejaran de ofrecer bebidas azucaradas y bollería en las máquinas expendedoras de los centros, además de asegurar menús saludables y limitar los ultraprocesados en la dieta de los alumnos.

El Ministerio de Consumo ha informado este lunes que estas pautas y obligaciones de los centros se extenderán también a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, promoviendo las dietas saludables y la seguridad alimentaria de niños y niñas. La norma asegurará el consumo de fruta y verdura fresca a diario, más pescado y legumbres, agua y leche como únicas bebidas y las limitaciones de las frituras y precocinados.

Las medidas adaptan aquellas del Real Decreto, que ya se han puesto en marcha en colegios e institutos, a las necesidades de los más pequeños en el primer ciclo de educación infantil. 

En concreto, se garantizará el consumo diario de fruta y verdura fresca (al menos un 45% de temporada), junto con una frecuencia mínima de pescado y legumbres. Estos alimentos básicos de la dieta mediterránea se servían de forma “muy desigual” en muchos centros, según el Ministerio, afectando a la calidad de las dietas de niños y niñas. También se priorizarán los cereales integrales frente a las versiones refinadas, excepto en el caso del arroz. 

Respecto a las bebidas, se limitarán únicamente al agua y la leche, eliminando refrescos, bebidas azucaradas y edulcoradas. Al mismo tiempo, se limitará la presencia de alimentos precocinados como pizzas o croquetas a máximo una vez al mes; y las frituras solo se podrán servir una vez por semana como máximo, priorizando técnicas de cocción más saludables como al horno o al vapor. 

Los menús ofertados contarán con la supervisión de profesionales en nutrición humana y dietética, que a su vez proporcionarán información mensual y detallada a las familias para adecuar las dietas a las necesidades de cada alumno. Se prestará especial atención a la sostenibilidad, con un mínimo del 5% de alimentos ecológicos o dos platos principales ecológicos al mes, fomentando canales cortos de distribución.

Al mismo tiempo, el Ministerio establece que los centros deberán facilitar espacios y condiciones para la lactancia presencial y diferida, debido a su importancia durante los primeros años del desarrollo de los niños y niñas. La regulación incorpora también pautas de seguridad alimentaria específicas de los primeros años de vida, por la vulnerabilidad durante estas edades. Así, no se ofrecerán alimentos no introducidos previamente en el entorno familiar, y el arroz presente en las dietas será blanco hasta los tres años. 

Los alimentos con riesgo de atragantamiento como frutos secos o uvas se ofrecerán ya molidos o partidos de forma segura, y se reducirá la cantidad de sal yodada de los platos, sin sal añadida para menores de un año. 

En una clase de 25 alumnos en la Comunidad de Madrid hay, de media, siete alumnas cuyas familias están en situación de pobreza. De estas siete, tres de ellas tendrían derecho a beca de comedor mientras que las otras cuatro quedarían fuera del sistema. Así se resume la situación que vive la región en cuanto a uno de los derechos más importantes dentro del sistema educativo: el acceso a ayudas para que todos los menores que lo necesiten puedan comer en el cole.

La Plataforma Comedor Universal por Derecho publica este jueves un informe sobre la situación del sistema que reparte las becas para comedores escolares en la Comunidad. Analizando el reparto de las cuantías, los datos son claros: solo cuatro de cada diez menores en situación de pobreza tienen reconocida la ayuda. Una situación que no solo afecta a lo más obvio, a la comida, sino también a la posibilidad de los más pequeños de establecer vínculos con sus compañeros como iguales: “Se compromete tanto su derecho a la educación como su derecho a socializar en igualdad con el resto de sus compañeros”. En el conjunto de menores en etapa escolar, al menos dos de cada diez de estos niños y adolescentes no tienen garantizado este derecho.

Pero si hablamos de infancias migrantes que viven en la región, los datos empeoran todavía más, especialmente si nos fijamos en las familias en situación irregular. “La Comunidad dice que sus ingresos están pendientes de acreditar. Si no tienes permiso de trabajo tus ingresos son cero. Esto lleva a que más del 60% de las denegaciones de motivos económicos son para familias migrantes. Nos encontramos con un sistema aporofóbico y racista”, denuncia Roberto Borda, portavoz de la organización. En total este curso se acaba con más de 92.000 becas denegadas, casi un 40% de las solicitudes.

Críticas al presupuesto

Desde la Plataforma critican como otro de los puntos clave el presupuesto que se concede a estos subsidios. “Este año se ha adjudicado cerca del 98% del presupuesto previsto. Al no aumentar ni un euro el presupuesto de esta partida, no existe posibilidad de mayor crecimiento”, recogen. Sin embargo, en el curso 2025 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinó casi un 20% más de dinero público a la contratación de la empresa privada que gestiona las solicitudes para las becas.

Según los datos recabados, la Comunidad destina al comedor escolar 35 céntimos diarios por cada estudiante. “Dicen que para el año que viene va a asignar el mismo presupuesto. Es un sistema que hasta aquí ha llegado”, critica Roberto Borda en declaraciones a elDiario.es. La organización propone un cambio: “La mejora que más va a asegurar los derechos de las infancias es que este sistema se derogue y se sustituya por un comedor universal”.

Entre las medidas que aconseja la asociación destacan: conceder una beca directa a cualquier menor en riesgo de pobreza, conceder la ayuda a familias cuyos ingresos dependen de prestaciones de garantía de ingresos o similar, como el Ingreso Mínimo Vital, incluir a las familias monomarentales entre los tipos de familias beneficiarias de beca sin criterio de renta, y aceptar la declaración responsable de ingresos como medio de acreditación de los mismos cunado en el año de referencia se carecía del permiso de residencia y trabajo. También devolver la gestión de las becas a los Centros Escolares, como ocurría hasta el año 2022.

Las familias riojanas afrontan uno de los servicios de comedor más caros del país con unos umbrales de renta congelados que excluyen a la clase media trabajadora. La Federación de familias de la educación pública (FAPARioja) denuncia el control de un solo grupo empresarial sobre cuatro de los cinco lotes del servicio y la urgente necesidad de regresar a las cocinas in situ. El comedor escolar ha dejado de ser una simple herramienta de conciliación para convertirse en un pilar de resistencia social. Para muchos niños en La Rioja, la comida que reciben en el colegio es la mejor, y a veces la única, completa del día. Sin embargo, acceder a este servicio básico se ha transformado en una carrera de obstáculos económicos y burocráticos para muchos hogares riojanos.

A pesar de las “cantidades astronómicas” que el Gobierno regional anuncia para las partidas de becas, la realidad que aterriza en los hogares en este 2026 dibuja un panorama muy distinto: presupuestos congelados, umbrales de renta restrictivos y un servicio monopolizado por la gran industria del catering.

El último Consejo de Gobierno autorizó destinar 3,1 millones de euros a la convocatoria de ayudas de comedor escolar del próximo curso 2026-2027 para el alumnado que no tenga la consideración de transportado, escolarizado en Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. La cuantía final que recibirá cada familia se establece en función de los ingresos. Así se ha tipificado la ayuda tipo 1 con una cuantía máxima de 985 euros para familias con renta per cápita inferior o igual a 6.200 euros. La ayuda tipo 2, establece una cuantía máxima de 380 euros, para familias con renta per cápita superior a 6.200 euros y hasta 8.300 euros. Y la ayuda tipo 3, establece una cuantía máxima de 190 euros, para familias con renta per cápita superiores a 8.300 euros y hasta 9.000 euros.

El principal problema no es la cuantía de la ayuda máxima (Tipo 1), fijada en 985 euros por familia, sino el restrictivo filtro para acceder a ella: una renta per cápita inferior o igual a 6.200 euros. Ricardo Zaldívar es miembro de la junta directiva de FAPA Rioja y de la comisión de comedores y advierte de que “es muy difícil llegar a esa renta porque para entrar en esos baremos, prácticamente solo tiene que trabajar un solo miembro de la familia y a jornada parcial. En cuanto los dos progenitores trabajan, se quedan fuera”. Durante este curso 2025-2026 se benefician de este tipo de ayudas un total de 3.662 alumnos. En concreto, las ayudas tipo 1 llegan a 2.542 escolares; las tipo 2, a 876; y las tipo 3, a 244 estudiantes. 

El problema, explica Zaldívar, es que “a pesar del aumento del presupuesto general de La Rioja y de la recaudación, la partida destinada a estas ayudas se mantiene igual que el curso anterior y no se tiene en cuenta el aumento del coste de la vida de forma que la clase media baja queda completamente desprotegida”. El presupuesto de La Rioja para este año 2026 es de 2.118,60 millones de euros, lo que supone casi 35 millones más que en 2025 y la partida destinada a estas ayudas, permanece estancada en los 3,1 millones de euros, tal y como denuncian desde FAPA Rioja.

Y además, añade Zaldívar, “las resoluciones de las becas suelen publicarse en noviembre de forma que, durante los meses de septiembre y octubre, las familias deben abonar el precio íntegro del servicio, obligando a los equipos directivos de los colegios a hacer encajes de bolillos y retrasar los cobros para evitar que los menores se queden sin comer”.

El abismo de quedarse fuera

¿Qué pasa con las familias que no logran una beca y quedan fuera de estas ayudas? La respuesta es la renuncia. “Ante la imposibilidad de pagar, el peso de la conciliación vuelve a recaer en la red familiar, en los abuelos o, de forma mayoritaria, en las mujeres que son quienes se ven obligadas a reducir sus jornadas laborales, sus ingresos bajan y se cronifica la brecha de género”.

Y es que según los baremos establecidos una familia normal, de clase trabajadora no recibe esos 985 euros de beca. Por ejemplo, “si los dos progenitores trabajan, uno gana 14.000 euros al año y el otro 15.000 (sueldos netos que rondan los 1.000 o 1.100 euros al mes. En total, los ingresos de la casa son 29.000 euros anuales por lo que superan la renta per cápita exigida para recibir las ayudas tipo 1”. Esta familia recibiría las ayuda tipo 2, los 380 euros para todo el año.

La de Noelia es una de esas familias que se quedó fuera. Vivía en Santo Domingo de la Calzada y cuando se separó decidió trasladarse a Logroño con sus tres hijas. “En esos momentos, tenía casi asegurada plaza en un colegio público de Logroño, pero no tenía dónde vivir”. Cuando por fin encontró casa, el plazo para solicitar las ayudas había terminado. Por el servicio de comedor de las tres hijas, Noelia pagaba al mes cerca de mil euros. “Cuando llegué a Logroño tuve que montar mi propio negocio, una barbería en la calle República Argentina. Soy autónoma porque poder conciliar la vida laboral y familiar, sola y con tres hijas es bastante complicado así que trabajo cuando puedo”. Ahora, la situación es distinta porque Noelia ya está dentro de la red de las becas comedor. “Por el servicio de comedor de las tres pago unos 120 euros al mes”. Noelia comprende que tiene haber unos plazos de inscripción y unos tiempos, pero no entiende cómo personas que necesitan este tipo de ayudas se queden fuera como le ocurrió a ella, más aún cuando los de La Rioja están entre los comedores más caros de España.

Entre los más caros de España

La Rioja arrastra la fama de tener uno de los comedores escolares más caros de España. Actualmente, el precio del menú diario se sitúa en 7,17 euros en la tarifa mayoritaria, un coste que para una familia con dos hijos se traduce en un desembolso de unos 300 euros al mes. De hecho, solo Navarra, Cataluña y Baleares tienen un meno cuyo precio es igual o superior a los siete euros.

Y al elevado coste, desde FAPA Rioja denuncian también lo que califican de “anomalía administrativa en la licitación del servicio”. El concurso público de la región se dividió en cinco lotes para, “teóricamente, fomentar la competencia”, explica Zaldívar, pero “las exigencias técnicas, como acreditar contratos previos de más de un millón de euros, expulsaron a las pequeñas empresas locales”. El resultado de adjudicación, asevera, “un monopolio encubierto porque cuatro de los cinco lotes están en manos de un gigante empresarial, Mediterránea de Catering que concurrió utilizando dos empresas distintas, pero con una misma dirección, mismos proveedores... y esto no puede ser”. El quinto lote recayó sobre la empresa Seral.

Asimismo, el portavoz de FAPA Rioja denuncia otra trampa para la conciliación: un recargo en el precio para el alumnado esporádico. Y es que según una orden de 2006 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, “el centro podrá establecer previo acuerdo del Consejo Escolar, el precio diario del menú para los comensales esporádicos, que no podrá exceder en un 30 por ciento el precio diario establecido para los comensales habituales. A estos efectos se considerará como carácter esporádico la no utilización del servicio todos los días”. Una penalización económica que desde FAPA Rioja tachan de “sinsentido”.

Otro de los “necesita mejorar” para esta Federación de familias son las cocinas centrales. Abogan por el regreso a lo cocinado in situ frente al sistema de cocinas centrales. “En coles de Logroño como el Obispo Blanco Nájera, el Bretón de los Herreros o el María Matute hay cocinas integradas y el servicio de comedor funciona mejor porque se garantiza el uso de verdura fresca y se elimina la dependencia de la gran industria alimentaria”. Zaldívar reconoce la dificultad de implantar cocinas en todos los centros escolares, pero no entiende “cómo se construyen colegios nuevos en La Rioja, como el de Rincón de Soto, sin cocina”. Y mientras el Gobierno de La Rioja construye nuevos colegios sin cocina, Zaldívar mira con envidia al Gobierno vasco que acaba de anunciar treinta cocinas propias y diez cocinas zonales en plena polémica por el modelo de comedores escolares de colegios públicos. Este anuncio, cuenta el portavoz de FAPA Rioja, llega en plena polémica por el modelo de comedores escolares en Euskadi, con especial presión en Vitoria-Gasteiz y Álava donde varias AMPA y plataformas han reclamado menos dependencia del catering centralizado.

En La Rioja, solo quince colegios públicos cuentan con cocina en el centro.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes 3,1 millones de euros a la convocatoria de ayudas de comedor escolar del próximo curso 2026-2027 para el alumnado que no tenga la consideración de transportado, escolarizado en Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El importe de las ayudas al comedor escolar para alumnos no transportados se establecerá, según los intervalos de renta per cápita en los siguientes tipos:

El plazo para la presentación de solicitudes será del 4 al 18 de junio de 2026, ambos incluidos, para el alumnado que en dicho periodo tenga asignada una plaza para el próximo curso escolar. Excepcionalmente, se abrirá un periodo extraordinario de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la formalización de la matrícula para los estudiantes que se matriculen en La Rioja una vez iniciado el curso, procedentes de otras comunidades autónomas o países, y que no participaron en el periodo ordinario de escolarización. 

Durante este curso 2025-2026 se benefician de este tipo de ayudas un total de 3.662 alumnos. En concreto, las ayudas tipo 1 llegan a 2.542 escolares; las tipo 2, a 876; y las tipo 3, a 244 estudiantes. 

Desde este jueves 16 de abril, colegios e institutos públicos y concertados tendrán que dejar de ofrecer bebidas azucaradas y bollería en las máquinas expendedoras de los centros, además de asegurar menús saludables y limitar los ultraprocesados en la dieta de los alumnos. Hoy entra en vigor el Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al finalizar el plazo de un año que se dio a los centros para adecuarse a su puesta en marcha. 

Existe un plazo adicional de otro año para implementar las medidas del decreto en los centros que enfrentan mayores desafíos en su cumplimiento, conforme a criterios preestablecidos. Esto permitirá la adaptación de los contratos de suministro de alimentos a las nuevas regulaciones.

Este nuevo decreto trae consigo la reforma del modelo de alimentación de muchos colegios e institutos, que ahora tendrán que incluir alimentos más saludables en los menús escolares, limitando el consumo de productos precocinados como pizzas y croquetas. También se priorizará el agua como única bebida. 

Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), España enfrenta altos índices de obesidad infantil, sobre todo en familias con menores ingresos, y un bajo consumo de frutas y verduras entre los alumnos. El entorno escolar es clave para educar en hábitos saludables a largo plazo y garantizar el acceso a una alimentación equilibrada, cubriendo entre el 30% y 35% de la energía diaria.

Aquí los detalles de los cambios en institutos y colegios que trae el Real Decreto:

Menús escolares

Los menús escolares deberán priorizar alimentos y productos frescos, saludables y de proximidad. Al mismo tiempo, se limitarán las frituras a una ración como máximo por semana, y el consumo de platos precocinados como pizzas o croquetas, a una vez al mes. 

Así, se servirán como primer plato hortalizas y legumbres (de una a dos raciones por semana), y pasta y arroz (una vez por semana). Como segundo plato, deberá servirse pescado de una a tres veces por semana, los huevos de una a dos veces, y la carne tres veces por semana. Respecto a la carne roja, se limita a una vez al mes, y la carne procesada a dos raciones al mes. 

Los alumnos también comerán proteína de origen vegetal de una a cinco raciones por semana. Y en los centros que tengan menú vegetariano, los cinco segundos platos se basarán en alimentos que aporten exclusivamente proteína vegetal. 

Como guarnición de los platos, se servirán ensaladas tres o cuatro veces por semana, y patatas fritas, hortalizas y legumbres una o dos veces. De postre se servirá fruta entre cuatro o cinco veces a la semana, y otras opciones como yogur, cuajada sin azúcar añadido o queso fresco como máximo una vez. 

La comida se acompañará de pan integral dos veces por semana, y cuatro veces al mes por arroz o pasta integral. 

Además de todo esto, los centros tienen la obligación de garantizar menús adaptados a necesidades sanitarias (alergias e intolerancias como la celiaquía), éticas (vegetariano y vegano) o religiosas (halal).

Máquinas expendedoras

Las máquinas expendedoras tendrán que ofrecer alimentos y bebidas cuyo contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares no supere las 200 kilocalorías. Y solo el 10% de estas podrá proceder de grasas saturadas o azúcares añadidos. 

Además, deberán localizarse en zonas en las que no puedan acceder los alumnos de infantil y primaria, y no podrán poner ningún tipo de publicidad de alimentos o bebidas.

Cafeterías 

Respecto a las cafeterías, estas deben dar prioridad a alimentos más saludables, como legumbres, frutas, cereales (preferiblemente integrales), y productos vegetales típicos de la dieta mediterránea. 

Además, deben tener en cuenta el consumo moderado de proteínas de origen animal como pescados, huevos, lácteos y carne (preferiblemente ave y conejo). También se dejarán de vender productos envasados con un contenido de cafeína mayor a los 15mg/100ml.

Bebidas

Se priorizará el consumo de agua, y se facilitará el acceso a esta a través de la instalación de fuentes en espacios comunes y de recreo, para que niños y niñas puedan mantenerse hidratados durante toda la jornada escolar y extraescolar. 

En los comedores escolares, habrá jarras de aguas en todas las mesas de los centros. Será la única bebida disponible en los menús de las comidas. 

“Comedores sobresalientes”

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la AESAN han reunido en su guía “Comedores sobresalientes” diferentes iniciativas en centros educativos españoles que mejoran ya la calidad de la alimentación de sus alumnos. 

Por ejemplo, en el Colegio Público de Hurchillo “Manuel Riquelme” (Alicante) sirven alimentos frescos a diario, con una cocina casera y dieta mediterránea, y elaboran sus propias tortillas, varitas de merluza, nuggets… O el Institut Escola Marta Mata de Torelló (Barcelona), que tiene un comedor con cocina propia para elaborar recetas sanas y equilibradas con productos frescos y de calidad.

También existen cafeterías que han introducido alimentos y productos saludables y sostenibles, como la del IES Enric Valor (Valencia). Y en el IES Valle de Camargo (Cantabria), han impulsado el uso de su huerto ecológico, que fomenta una alimentación equilibrada y saludable, y donde los alumnos adquieren conocimientos de respeto por el medioambiente.

Desde el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y Mundubat (ONGD centrada en la justicia social), advierten de que el Real Decreto es insuficiente para transformar el modelo actual en sostenibilidad y calidad alimentaria escolar. Afirman que este modelo favorece a las grandes cadenas y no a productores locales y ecológicos.

Sarai Fariñas, responsable de compra pública del CERAI, asegura que “con el Nuevo Decreto, nos damos cuenta de que hay mucho dinero invertido en compra pública alimentaria, y en este caso comedores escolares, pero no llega a transformar la realidad agraria de nuestro país”. 

Ambas entidades ponen el foco en que el decreto excluye los comedores de 0 a 3 años, y en la posibilidad de aumentar ciertos mínimos como el 45% de frutas y hortalizas de temporada. “Y además, las comunidades autónomas no tienen, en la gran mayoría, unos calendarios de temporada, con lo cual ese porcentaje se rige por un calendario estatal del Ministerio de Agricultura, donde entran los productos de los invernaderos de Almería, por ejemplo”, afirma Fariñas.

Los comedores escolares son esenciales para el desarrollo de los niños y niñas, donde no solo aprenden hábitos alimentarios, sino también mejoran la socialización e integración con sus compañeros. También facilitan la conciliación de las familias y la capacidad de compaginar una jornada laboral con los horarios escolares de los niños y niñas, siendo un recurso fundamental. Aun así, solo el 44,8% de los alumnos asiste al comedor escolar, dejando a más de la mitad de niños y niñas fuera de la ecuación. El sistema de comedores escolares sigue teniendo muchas carencias en nuestro país: desde becas que no financian el 100% de los gastos a familias vulnerables, hasta el exceso de platos precocinados en los menús. 

La realidad es que España está todavía lejos de cumplir los objetivos de la Garantía Infantil Europea (GIE) aprobada en 2021 por el Consejo de Europa, que busca combatir la pobreza infantil y se compromete a garantizar el acceso a comedor escolar gratuito a todos los niños y niñas en situación de pobreza. En nuestro país, el 27,8% de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en riesgo de pobreza, pero solo el 11% accede a las becas comedor, según Educo, ONG que trabaja en más de 18 países y desde hace más de 30 años por el bienestar y los derechos de la infancia. Esto se traduce en aproximadamente un millón de niños y niñas vulnerables que no reciben becas y ayudas y por lo tanto, no van al comedor.  

La Plataforma Comedor Universal Por Derecho está impulsando una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para hacer la primera ley de comedor universal para la escuela pública de la Comunidad de Madrid. Insisten en que acceder a una buena alimentación es un derecho fundamental para los niños y niñas, especialmente aquellos en riesgo de vulnerabilidad. La propuesta tiene cinco fases que finalizarán el próximo diciembre con la entrega en la Asamblea de Madrid de las más de 50.000 firmas que quieren conseguir, y pone sobre la mesa la ineficacia del sistema de becas y ayudas actual.

La plataforma está haciendo un llamamiento a la comunidad educativa de Madrid a participar en una lluvia de ideas para ayudar en la elaboración de la ILP y “escribir juntas la futura ley de comedor universal en la escuela pública”. La siguiente etapa será iniciar la campaña Becas Comedor y registrar la iniciativa en la Asamblea de Madrid.

El comedor en determinadas zonas es un vehículo de conciliación, porque la jornada laboral es más extensa que la jornada lectiva. Además, se puede meter en ese espacio que llamamos aulas matinales… Ambos tiempos son básicamente fórmulas de conciliación laboral

María Sánchez — Directora de CEAPA

Esta no es la única iniciativa que busca mejorar la situación de los comedores escolares en la capital. A comienzos de diciembre del año pasado, Más Madrid registró en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley para establecer su gratuidad. La medida, dirigida a niños y niñas de 0 a 16 años que acuden a centros públicos, presta especial atención a las dificultades económicas que enfrentan las familias, sobre todo en Madrid. Su implantación sería progresiva durante los próximos cuatro años y el coste estimado de la medida asciende a 837 millones de euros al año.

Todas estas iniciativas comparten la misma denuncia: en España no existe un comedor escolar gratuito y universal. A pesar del sistema de becas dirigidas a familias vulnerables, la gratuidad total no existe, y en la mayoría de los casos solo reciben cierto porcentaje de esa ayuda. En Baleares, Cantabria, la Comunidad de Madrid, La Rioja y Navarra no se contempla nunca dar el 100% de la beca, ya que cada territorio se rige por sus propios barómetros para determinar si la familia es suficientemente pobre para recibir esta ayuda. Y en Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana, la beca del 100% está condicionada a diversos requisitos.

En todas las comunidades autónomas hay una brecha significativa entre el porcentaje de niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión, y el porcentaje de niños y niñas que tienen becas comedor

Pilar Orenes — Directora de Educo

Desde Educo, insisten en que los baremos económicos de las becas deben estar construidos en base a los umbrales de pobreza del INE. “Desgraciadamente, cuando tú no das una beca completa, también es un desincentivo. Muchas veces para pedirla o cuando te la dan no haces uso de ella porque tampoco puedes cubrirla. Es necesario que los sistemas y la burocracia sean ágiles, que todas las personas puedan acceder a ellos”, explica Pilar Orenes, directora de Educo. “En todas las comunidades autónomas hay una brecha significativa entre el porcentaje de niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión, y el porcentaje de niños y niñas que tienen becas comedor”.

Las familias que se encuentran bajo el umbral de pobreza reciben diferentes ayudas dependiendo de la comunidad en la que vivan, e incluso dentro de la misma comunidad, puede variar. Este sistema, irregular e ineficaz, dificulta la conciliación familiar con la educación y bienestar de los niños y niñas. Educo insiste en que todos los niños, niñas y adolescentes de familias que viven bajo el umbral de la pobreza reciban el 100% de la beca y, por lo tanto, quede totalmente cubierta su asistencia al comedor sin tener que hacer ninguna aportación económica.

María Sánchez, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA), explica que “el comedor en determinadas zonas es un vehículo de conciliación, porque la jornada laboral es más extensa que la jornada lectiva. Además, se puede meter en ese espacio que llamamos aulas matinales, gracias al que niños y niñas pueden acceder al centro para desayunar a partir de las 7:00, 7:30 de la mañana, hasta la hora de entrar al cole, que son las 9. Ambos tiempos son básicamente fórmulas de conciliación laboral”. Sánchez asegura que el comedor escolar “tiene ese componente de servicio de conciliación, pero también nos preocupa mucho y algo en lo que trabajamos en CEAPA desde hace años, es el componente de alimentación”. 

El año pasado se conoció que un tercio de los centros con comedores escolares ofrece más frituras y menos verduras de las recomendadas, lo que cuestiona si los niños y niñas están recibiendo una alimentación adecuada y de calidad. “Casi todas las comunidades autónomas decidieron ceder los contratos de comedores a macroempresas de catering… La mayoría de ellas lo que hacen es establecer unas cocinas centrales y cocinar en esas cocinas la comida de X centros, y cada día transportar la comida a los centros que atienden”, asegura Sánchez. “Creemos que eso es una merma importante en la calidad, a pesar de que las empresas sostienen que el proceso de congelación en ningún caso afecta a la comida, pero no es lo mismo comer todos los días congelado”.

Los niños se quedan en el comedor y cuando llegan a casa piden comer otra vez, porque se quedan con hambre

María Sánchez — Directora de CEAPA

Desde CEAPA, Sánchez también se preocupa sobre la reducción de las porciones que sirven en los comedores, y cómo “los niños se quedan en el comedor y cuando llegan a casa piden comer otra vez. Porque se quedan con hambre”. Asegura que a pesar de la subida de los precios en los últimos cuatro años, “hemos notado que hay comunidades en las que desde hace 8 o 10 años no aumentan el precio del comedor”. Lo que resulta en comidas, en muchos casos, insuficientes para los niños y niñas. 

Otra guerra prácticamente perdida es la de los comedores en institutos. Más de un 15% de colegios públicos de primaria no tienen comedor escolar, mientras que solo el 16,7% de los centros educativos de ESO cuentan con este recurso, según la Plataforma de Infancia de España. El 87% de los institutos carecen de comedor escolar, por lo que solo el 2,9% del alumnado de ESO en centros públicos accede a este, según CEAPA. “En todas las edades es clave esa garantía de comida y ese entorno seguro que da el comedor escolar”, afirma Orenes.

“En la adolescencia también, porque es cuando muchas veces se producen esos retos en torno al bienestar, en torno a los trastornos alimenticios. No tener ese espacio del mediodía también te resta de un espacio de socialización, hace que incremente la posibilidad de abandono escolar.” Cuando pasan al instituto, muchos alumnos dejan de asistir a los comedores, en la mayoría de casos porque su centro no dispone de uno. Esto dificulta, de nuevo, la conciliación familiar y el desarrollo de los adolescentes.

No tener ese espacio del mediodía también te resta de un espacio de socialización, hace que incremente la posibilidad de abandono escolar

Pilar Orenes — Directora de Educo

El año pasado se publicó el Real Decreto 315/2025, que estableció las normas para fomentar una alimentación saludable y sostenible en los centros educativos españoles. Como principal objetivo, establece una oferta alimentaria de calidad nutricional y sostenible, basándose en la dieta mediterránea. Sin embargo, no hace apenas mención a la gratuidad o universalidad de los comedores escolares, a pesar de afirmar que “el comedor escolar es una pieza clave para reducir la pobreza infantil”.

Desde Educo, Orenes asegura que “a nivel de esfuerzos, hay que tocar muchas teclas para que el comedor universal esté garantizado. El Real Decreto habla de los comedores escolares y de la alimentación que se tiene que asegurar en ellos, la calidad de la alimentación. Pero hay que vincularlo con la situación de pobreza y con los niños y niñas que se quedan fuera de ese comedor, porque si no, esa garantía de alimentación no va a llegar a todos”. 

El comedor universal y gratuito en España es todavía una realidad lejos de alcanzar. Además de alcanzar unos estándares de calidad y cantidad, y asegurar su presencia en institutos. Sin embargo, cada vez más plataformas, asociaciones y organizaciones unen sus esfuerzos para intentar establecerlo en nuestro país, siempre velando por el bienestar de los niños y de sus familias. 

Un grupo de entidades andaluzas –encabezado por CODAPA, USTEA y Justicia Alimentaria– se ha organizado para conformar la Alianza por la Alimentación Escolar en Andalucía. Esta alianza nace del interés compartido por “impulsar un cambio profundo en el sistema de comedores escolares andaluces, defendiendo un modelo público, saludable, sostenible y de gestión directa, frente a un sistema privatizado que ha generado numerosas quejas y preocupación en la comunidad educativa”.

La Alianza Andaluza por la Alimentación Escolar se ha presentado públicamente este jueves, en un acto celebrado delante de la fachada principal del Parlamento de Andalucía, con el objetivo de visibilizar la necesidad de transformar el actual modelo de comedores escolares y situar este debate en el centro de la agenda política y social de la comunidad.

Las 12 organizaciones –de ámbitos diversos como el educativo, de salud, académico, productivo, ecologista y social– ya venían denunciando que el comedor escolar no puede entenderse como un servicio accesorio, sino como “un servicio educativo esencial que debe garantizar una alimentación saludable, segura y equilibrada para todo el alumnado, en condiciones de igualdad, con criterios pedagógicos y de justicia social”, como explican desde la alianza.

Un modelo basado en la gestión pública directa

Así pues, el modelo que defiende esta alianza es uno basado en la gestión pública directa de los comedores escolares, la apuesta por la economía circular y los productos frescos y de cercanía, así como la elaboración in situ en los centros educativos, mediante cocinas propias que permitan “mejorar la calidad nutricional y sanitaria de los menús, reforzar el control de los procesos y atender de manera adecuada las necesidades derivadas de alergias, intolerancias u otras particularidades alimentarias del alumnado”

Asimismo, la Alianza reclama a la administración andaluza un plan de transición hacia la gestión pública directa, inversión suficiente para la implantación de cocinas en los centros, criterios de contratación que prioricen productos frescos, equilibrados y de proximidad, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas sobre contratos, controles de calidad e inspecciones.

Situar los comedores escolares en la agenda

Tras esta presentación pública, la Alianza Andaluza por la Alimentación Escolar iniciará ahora una ronda de contactos con los distintos partidos políticos con representación institucional, con el fin de trasladarles de manera directa las reivindicaciones de la plataforma, exponer la situación actual de los comedores escolares andaluces y recabar apoyos para promover un cambio real en este servicio fundamental para la comunidad educativa.

Con este nuevo paso, la Alianza pretende abrir un proceso de interlocución política y social que permita avanzar hacia un modelo de comedor escolar que “priorice la salud del alumnado, la equidad, la sostenibilidad y el interés público, frente a lógicas de externalización y beneficio económico”.

Entre las entidades que conforman esta unión, figuran la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de la Escuela Pública (CODAPA), el sindicato USTEA, Justicia Alimentaria, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG Andalucía), la Federación Andaluza de Consumo y Producción Ecológica (FACPE), Ecologistas en Acción y SASPAS (Sociedad Andaluza de Salud Pública y Administración Sanitaria).

El sindicato LAB, con un 54,01% de representación en la mesa negociadora, así como CCOO y UGT, han alcanzado un preacuerdo en la negociación del convenio colectivo de los comedores escolares de gestión directa de Euskadi con mejoras en ratios y avances salariales, y han decidido desconvocar las dos jornadas de huelga previstas para este miércoles y jueves. Según ha manifestado LAB en un comunicado, tras meses de negociación y movilización por parte de las trabajadoras del sector, el acuerdo recoge “importantes mejoras laborales, salariales y sociales”, como la modificación de los ratios en el aula de 3 años y en educación primaria. Ha añadido que esta mejora ha sido posible tras las conversaciones mantenidas por el sindicato con el Departamento de Educación y supone “un avance importante para mejorar la atención al alumnado y las condiciones de trabajo del personal”.

En el caso de las aulas de tres años, se establece una monitora cuando se superen los 20 alumnos, mientras que en educación primaria, el ratio se reducirá de 37 a 30 alumnos para el curso 2027-2028. Hasta entonces, en los cursos de 1º a 3º se incorporará una monitora más cuando se superen los 30 alumnos. Asimismo, se recoge la equiparación salarial con el personal de cocina del Gobierno vasco, lo que supondrá una subida del 6,5% al inicio de los contratos de las nuevas licitaciones, que se aplicará como máximo en enero de 2027. Además, el preacuerdo mantiene el calendario de subidas salariales para el personal laboral entre 2024 y 2028, con un incremento del 0,5% en 2024, del 2,5% en 2025, del 1,5% con posibilidad de añadir un 0,5% adicional en 2027, del 4,5%, incluyendo la equiparación salarial en 2027, y del 2% en 2028, informa Europa Press.

El preacuerdo también incorpora otras mejoras laborales y sociales, como la regulación de la limpieza de vestuarios en función de la antigüedad del centro, la inclusión en el convenio de un protocolo sobre antigüedad, la posibilidad de prórrogas en las excedencias y reincorporación anticipada y el anticipo de salarios. Asimismo, incluye el desarrollo de un plan de igualdad y protocolos frente al acoso y la violencia hacia personas LGTBI+, la mejora en la ropa de trabajo, con la incorporación de dos polares y un chubasquero, la modificación de los 10 días de permiso de excedencia a permiso no retribuido, la licencia de entre 3 y 5 días para acompañar a familiares en procesos de aplicación del derecho a la eutanasia, con posibilidad de disfrutarse hasta una semana antes, y la actualización de diversas licencias recogidas en el convenio. El nuevo convenio tendrá una vigencia de 2024 a 2030, “garantizando estabilidad para el sector durante ese periodo”, según ha remarcado el sindicato.

Desconvocatoria de la huelga

Tras la firma de este preacuerdo, los firmantes han decidido desconvocar las jornadas de huelga previstas para este miércoles y jueves, -este martes se ha desarrollado jornada de paro- reconociendo que “la lucha y la movilización de las trabajadoras han permitido alcanzar avances reales y significativos”. LAB ha asegurado que trasladará ahora el contenido del preacuerdo a su afiliación, que tendrá la última palabra para su ratificación. Desde LAB se subraya que estos avances “no habrían sido posibles sin la organización, la unidad y la lucha constante de las trabajadoras del sector, que han demostrado que la movilización y la acción sindical son herramientas eficaces para mejorar las condiciones laborales”.

Por su parte, ELA ha anunciado que no firma el convenio de comedores de Gestión Directa de Euskadi al considerar que el acuerdo alcanzado por LAB, CCOO y UGT no cumple los “mínimos exigidos” por las plantillas del sector. Según el sindicato, el texto no garantiza la equiparación salarial con los sectores de cocinas y limpieza en 2026, establece límites a las subidas salariales y no incluye ninguna referencia al IPC, lo que deja a las trabajadoras “sin garantías para mantener su poder adquisitivo”. En un comunicado, ELA también ha criticado que el convenio no recoge una jornada mínima en el sector, una medida que el sindicato considera “clave” para combatir la precariedad laboral.

Por otro lado, ha denunciado que el Gobierno vasco ha modificado la tabla de ratios únicamente para el personal de infantil y primaria, dejando fuera al personal de secundaria y al personal de office.

En su opinión, esta modificación parcial “no es suficiente” y sostiene que el acuerdo firmado “no responde a los mínimos fijados por las delegadas y delegados en las asambleas del sector, ni a las reivindicaciones defendidas durante los días de huelga”. Por último, ha reprochado que los sindicatos firmantes hayan optado por cerrar el acuerdo “pese al contexto de movilización”.

Esperanza Fernández tiene dos mellizos. La niña se llama como ella. El niño se llama Francisco. Los dos nacieron con una discapacidad y son atendidos cada día en el centro de educación especial Infanta Doña Cristina, perteneciente a la asociación UPACE de San Fernando. De 13:30 a 15:00 almuerzan dentro de estas instalaciones. No es solo una comida. Forma parte del aprendizaje de ambos. La Junta ha mantenido este año la misma subvención a comedores escolares, pero, al presentarse más centros, ha excluido a este y otros centros similares de Andalucía. El criterio técnico barema el número de estudiantes, pero no atiende sus necesidades especiales. Es lo que ha llevado a Esperanza, a todas las familias del colegio de sus hijos y a otros centros de la provincia a elevar su voz indignada contra la Junta de Andalucía.

“Sin comedor no hay inclusión”, comenzó a leer Esperanza. Ella ha sido la encargada de poner voz a la concentración con la que las familias se han manifestado ante la puerta de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz. Asistían familias, asociaciones y profesionales del ámbito de la discapacidad para denunciar la falta de financiación para los comedores en centros de educación especial tras la última resolución de ayudas de la Junta de Andalucía. Para Esperanza Fernández, el problema no es abstracto ni administrativo: tiene nombres propios y forma parte de la rutina diaria de sus hijos.

En centros como UPACE San Fernando, el comedor no es un simple lugar donde los alumnos almuerzan antes de volver a casa. Forma parte de la atención especializada y del aprendizaje diario de niños con grandes necesidades de apoyo. Algunos requieren ayuda para mantener la postura al comer, supervisión para masticar o tragar, o asistencia completa en la alimentación, que en determinados casos se realiza mediante sonda y personal cualificado. La ausencia de financiación convierte un servicio educativo en un obstáculo diario.

“La dotación tiene que crecer”

El problema se refleja en una cifra que las familias repiten con indignación: de los 19 centros de educación especial que solicitaron la subvención en Andalucía, solo seis han recibido ayuda. 11 quedaron en lista de espera y dos fueron excluidos por completo. Para muchos, la sensación es que el sistema les está dando la espalda. “El presupuesto lleva años prácticamente congelado, mientras que el número de centros y de alumnado ha aumentado”, explica Ana Lorenzo, gerente de UPACE San Fernando. “Si cada vez hay más centros y más niños que necesitan estos servicios, la dotación tiene que crecer. Si no, inevitablemente muchos se quedan fuera”. En este caso, es la primera vez que UPACE San Fernando queda sin apoyo económico para el comedor, un golpe que las familias sienten con fuerza. Si no hay remedio, calculan que tendrán pagar más de mil euros. Son familias que ya tienen que abonar a diario las costosas terapias que reciben sus hijos.

En los centros de educación especial, el comedor no puede ser un servicio opcional o complementario: forma parte del proyecto educativo y del horario lectivo. Los alumnos necesitan apoyo profesional para adquirir y mantener habilidades básicas relacionadas con la alimentación, como controlar la postura, masticar o tragar, o seguir rutinas que fomenten su autonomía. Por eso, el manifiesto insistía en que el comedor debe considerarse un derecho educativo y no una actividad suplementaria. Las familias también denuncian que los criterios de las convocatorias no contemplan las necesidades específicas de este alumnado, que en muchos casos tiene grados de discapacidad superiores al 50%.

La situación no es nueva, según Antonio Fernández, presidente de Plena Inclusión Andalucía, quien recuerda que la falta de financiación para los comedores escolares en centros de educación especial lleva repitiéndose en los últimos diez años. Parte del problema reside en la falta de coordinación entre las ayudas del Ministerio y las de la administración autonómica. “Hay becas que son compatibles, pero los datos no se cruzan. Al final, incluso hay centros que deben devolver dinero cuando se detecta duplicidad”, explica Fernández. La burocracia, advierte, termina penalizando a quienes más dependen de la administración para garantizar servicios esenciales.

Mayor competencia

La Junta de Andalucía, que ya se ha reunido con la Federación Feproami, que representa a las organizaciones de personas con discapacidad intelectual, autismo y parálisis cerebral de Cádiz, ha defendido que las ayudas para comedores en centros privados que atienden a alumnado con necesidades educativas especiales o que se encuentran en zonas de transformación social no habían tenido problema hasta este curso. Según ha explicado, la convocatoria ha dispuesto de dos millones de euros y ha funcionado mediante concurrencia competitiva, con un baremo público para determinar qué centros han recibido la subvención.

Educación ha señalado que este año se han presentado más centros que cumplen los requisitos, y que el listado provisional, publicado en noviembre, ha dejado al centro UPACE San Fernando entre los suplentes, con la misma puntuación que el año pasado. La diferencia, ha indicado, es que el último centro que ha entrado en la subvención este año ha obtenido 13 puntos, mientras que UPACE ha tenido 12. La resolución definitiva se ha publicado en diciembre y ha sido incluida en el BOJA en enero.

La consejera, Carmen Castillo, ha anunciado mejoras para el curso que viene. Entre las medidas que ha contemplado están aumentar ligeramente el presupuesto, para atender la creciente demanda, y revisar el baremo, que no ha cambiado en los últimos años, para garantizar que los criterios se han actualizado. Castillo ha reconocido que, aunque UPACE había recibido la subvención con la misma puntuación en cursos anteriores, este año no ha podido ser incluido por las limitaciones presupuestarias y la mayor competencia.

Luchar por la ayuda

Pero estas explicaciones no atienden lo que piden las familias. Creen que sus centros no deberían ser sometidos a una baremación ni tener que luchar entre ellos para obtener una ayuda. Porque, como han insistido en sus cánticos, sin comedor no es posible la inclusión plena. Muchas de las entidades que gestionan estos centros nacieron de la iniciativa de padres y madres. “No somos empresas privadas; los dueños somos los padres”, recuerda Javier Díaz, presidente de AFANAS Cádiz. Mantener estos centros implica un esfuerzo económico constante: pagar trabajadores, mantener instalaciones y cubrir servicios que en ocasiones no reciben financiación oficial.

La demanda de las familias es clara: ampliar la partida presupuestaria o cambiar el sistema de financiación para que el comedor deje de depender de convocatorias competitivas. Y, sobre todo, una solución urgente para este mismo año. Mientras tanto, la protesta dejó un mensaje contundente: para niños como Esperanza y Francisco, y para muchos otros, comer también forma parte de aprender.

UGT Servicios Públicos denuncia los “continuos problemas” que se producen en el ámbito educativo para cubrir las ausencias del personal no docente, especialmente entre el personal operario de limpieza y cocina. “Las bajas laborales, los permisos por hospitalización o las medidas de conciliación familiar dejan con frecuencia puestos sin cubrir durante días, semanas e incluso meses”.

Según señala el sindicato, “la Administración no sustituye estas ausencias porque considera que son de corta duración”. En otros, “los trámites para la contratación se alargan tanto que la incorporación del relevo se produce cuando el problema ya se ha agravado”, han dicho.

Esta diferencia de trato provoca, según denuncia UGT, “una sobrecarga de trabajo para el resto de la plantilla”. “Los trabajadores asumen tareas adicionales que resultan inasumibles si se quiere mantener una mínima calidad en el servicio y esta presión incrementa el riesgo para la seguridad y la salud de los propios empleados”, explicar al recalcar que estos profesionales desempeñan “funciones esenciales” en los centros educativos. “Son quienes preparan y sirven la comida a los alumnos cada día, con rigor y profesionalidad. Son también quienes, cuando termina la jornada escolar, se encargan de limpiar y acondicionar las instalaciones para que el centro esté en perfectas condiciones al día siguiente”.

UGT asegura llevar años trasladando esta situación a los responsables de Educación y reclamando “mayor diligencia y sensibilidad ”hacia este colectivo. El sindicato denuncia que, hasta ahora, “las respuestas han sido excusas y retrasos que nunca se producen cuando se trata de sustituir a personal docente”.

Como posible solución, proponen la creación de la figura del “puesto volante” y consideran que esta medida “permitiría cubrir las ausencias de forma ágil y con un coste razonable”. Por ello, UGT Servicios Públicos ha solicitado que, en la próxima negociación de la Oferta de Empleo Público, se acuerde la creación de plazas volantes para las siguientes categorías: Operario, Ayudante de Cocina, Cocinero y Subalterno.

Trabajadoras de comedores escolares públicos de gestión directa de Euskadi han secundado este jueves la tercera de las jornadas de huelga convocadas por LAB, ELA, CCOO y UGT y que han tenido un “seguimiento masivo”, según ha destacado LAB, que no descarta nuevas movilizaciones si no hay “avances reales” en la negociación. El sindicato ha valorado que, a lo largo de las tres jornadas, la participación en la huelga “ha sido mayoritaria en la gran mayoría de los centros”, lo que refleja “el amplio respaldo del colectivo a las reivindicaciones planteadas”, pese a que los servicios mínimos establecidos han sido “claramente abusivos” y han intentado “vaciar de contenido el derecho fundamental a la huelga, han denunciado. A su entender, ”no respondían a criterios de proporcionalidad, sino a una estrategia orientada a reducir el impacto de la movilización y limitar su visibilidad“.

Pese a estas condiciones, ha remarcado, “las trabajadoras han respondido con determinación, responsabilidad y una participación muy amplia” y la huelga ha servido “no solo para visibilizar el conflicto laboral existente, sino también para reforzar la unidad de unas trabajadoras que desempeñan un papel esencial dentro del sistema educativo público vasco”. Según ha explicado LAB, “el conflicto tiene su origen en el incumplimiento del convenio colectivo, en el bloqueo de la negociación del nuevo convenio y en la sobrecarga de trabajo que sufren las trabajadoras debido a los ratios actuales, insuficientes para garantizar un servicio de calidad”.

El sindicato ha criticado que, “en la última mesa paritaria, la patronal planteó limitar la subida salarial al 0,5% y rechazó aplicar el 2,5% correspondiente desde enero de 2025”, lo que, ha advertido, “vulnera claramente el acuerdo de equiparación salarial recogido en el convenio respecto al personal del Gobierno vasco”. Así, ha demandado que la equiparación debe aplicarse “en los mismos términos y condiciones, sin interpretaciones restrictivas ni recortes encubiertos”. Entre las principales reivindicaciones del colectivo se encuentran, además del “respeto íntegro” a la equiparación salarial con el personal del Gobierno Vasco, el “pago inmediato” de las subidas salariales recogidas en el convenio vigente y una “negociación real, con contenidos concretos y voluntad efectiva de acuerdo”. También piden a Educación la apertura de “un proceso real” de modificación de la normativa de comedores escolares que aborde ratios, funciones y jornadas con la participación directa de las trabajadoras.

LAB ha insistido en que el comedor escolar “no es un mero servicio complementario, sino un espacio educativo, de socialización, igualdad y conciliación”. “Es un servicio público esencial cuya calidad depende directamente de las condiciones laborales de quienes lo sostienen diariamente. La precarización del personal implica, inevitablemente, una precarización del servicio”, ha advertido. Finalmente, ha subrayado que, aunque “esta fase de huelga concluye, el conflicto continúa abierto” y, si no se producen “avances reales” en la negociación y no se garantiza “el cumplimiento íntegro” del convenio, no descarta nuevas movilizaciones en las próximas semanas.

El sindicato LAB ha llamado a la huelga en los comedores de las escuelas públicas de Euskadi los días 24, 25 y 26 de febrero para exigir a las empresas que retomen la negociación del convenio y denunciar la “no aplicación de las subidas salariales ya pactadas”. En un comunicado, el sindicato ha señalado que inician movilizaciones ante una situación que, a su juicio, se ha vuelto “insostenible” y que “se prolonga en el tiempo sin respuestas ni soluciones”.

LAB ha denunciado el “bloqueo” del convenio colectivo, la no aplicación de las subidas salariales ya pactadas y “la falta total” de avances en cuestiones fundamentales como los ratios, las funciones y las jornadas laborales, aspectos que “afectan directamente al día a día de los trabajadoras y al funcionamiento de los comedores escolares”, según recoge Europa Press. La central sindical ha afirmado que la situación no es nueva, pero sí se ha agravado por “la falta de voluntad negociadora”, tanto por parte de las empresas como por parte del Departamento de Educación del Gobierno vasco que tienen competencias directas en esta materia.

Por un lado, LAB ha exigido a la patronal que se siente a negociar “de manera inmediata” y que paguen a los trabajadores las subidas salariales pendientes, “un derecho recogido en el propio convenio y que se está incumpliendo de forma sistemática”. Por otra parte, ha reclamado al Departamento de Educación del Gobierno vasco que asuma “de una vez su responsabilidad y se siente a negociar para modificar la normativa que regula los ratios, las funciones y las jornadas laborales” porque la actual “no responde ni a la realidad actual de los centros educativos ni a las necesidades reales del personal que sostiene este servicio público”.

Ante esta situación, LAB ha defendido “con firmeza” la necesidad de “salir a la calle” y ha indicado que ello responde a lo que “las propias trabajadoras han trasladado de forma clara y reiterada, tanto en las asambleas como en las visitas realizadas a los centros de trabajo en los distintos territorios”. “Los trabajadores están cansados de promesas incumplidas, de retrasos constantes y de ver cómo sus condiciones laborales empeoran mientras el servicio sigue funcionando gracias a su esfuerzo y compromiso diario”, ha asegurado.

Por todo ello, LAB ha convocado huelga para los días 24, 25 y 26 de febrero y ha hecho un llamamiento a toda la comunidad educativa para que se sume a esta reivindicación y exija al Gobierno vasco “un cambio de normativa”. “Defender unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras de los comedores escolares es también defender un servicio público de calidad, seguro y adecuado para el alumnado”, ha manifestado LAB, que ha añadido que, como sindicato mayoritario en este convenio, seguirá trabajando para que el resto de sindicatos se sumen a estas movilizaciones y se recupere la unidad sindical, porque “solo desde la unidad y la acción colectiva se podrán defender con fuerza los derechos laborales de los trabajadores de los comedores escolares públicos de Euskadi y garantizar un futuro digno para este sector”.

Unos macarrones con tomate y verduras. Hoy, los niños y niñas de Peñaflor, barrio rural de Zaragoza, han dejado el tuper en casa y los padres y madres se han metido a la cocina para reivindicar que se licite el servicio de comedor en el centro. Según denuncian, es el único colegio público de Zaragoza que no tiene este servicio: a pesar de que la cocina está construida y es funcional, todavía no se ha licitado, por lo que una veintena de menores acuden cada día con su fiambrera al centro para comer. Fuentes del Departamento de Educación aseguran que la cocina entrará en servicio el próximo mes de septiembre y han calificado como “muy grave” la acción de las familias.

Hoy han sido más en el comedor, en torno a un centenear de personas han secundado la protesta de las familias, que llevan tiempo reivindicando la licitación de esta instalación: “Estamos hartos de esperar a que esté el edificio”. Mediante una serie de vídeos en instagram, llevan semanas denunciando la situación, en uno de los vídeos aparecen tres niños reclamando “dejar de comer en tuper y comer en bandeja” y exponiendo que “es un rollo tener que esperar tanto para calentar la comida”, ya que solo cuentan con tres microondas. Según las familias, la ausencia de comedor escolar “genera un grave perjuicio para las familias, dificultando la conciliación laboral y familiar, y supone un agravio comparativo evidente respecto al resto de centros públicos, vulnerando el principio de igualdad en el acceso a los servicios educativos”.

Según explican, lo que falta es que se licite, pero “la cocina está preparada”. En cuanto al menú de hoy: macarrones con tomate y verdura y mandarinas de postre. Desde el AFA del CEIP Florencio Jardiel de Peñaflor de Gállego (Zaragoza) bromean con que lo de hoy era una toma de contacto con la cocina: “Si tenemos que repetirlo subiremos de nivel”.

Las familias y la comunidad educativa han emitido un comunicado al Departamento de Educación para manifestar su “protesta y reivindicación por la situación prolongada e inacepable de no apertura del comedor escolar del centro”. Explican que, desde hace más de una década, este centro “carece de un comedor escolar público, siendo una excepción injustificada dentro del municipio de Zaragoza. Durante todos estos años, las familias se han visto obligadas a autoorganizar y autofinanciar soluciones provisionales, asumiendo responsabilidades que corresponden claramente a la Administración educativa”, exponen.

Aseguran que han realizando “múltiples reclamaciones realizadas por las familias, el AFA, la dirección del centro y la Alcaldía del barrio, así como de las promesas reiteradas por parte del Departamento de Educación, la realidad es que el comedor sigue sin estar operativo. En enero de 2026 se aseguró que el servicio estaría en funcionamiento, compromiso que no se ha cumplido, sin que hasta la fecha se haya ofrecido una explicación clara, pública y documentada”. Explican que desde el Departamento se ha trasladado que la apertura está “pendiente de inspecciones técnicas, sin que exista un calendario definido ni una fecha concreta de puesta en marcha. Consideramos que esta justificación, tras tantos años de retrasos, resulta insuficiente e inadmisible, ya que los trámites técnicos son previsibles y deben ser planificados con antelación”.

Desde el Departamento de Educación aseguran que “gracias al Ayuntamiento de Zaragoza, que les ha facilitado el espacio, y a este Departamento, que les ha equipado la cocina con una inversión cercana a 60.000 euros, el curso que viene van a tener el servicio”. Aseguran que las instalaciones han pasado las inspecciones y que “tanto la alcaldesa como el centro educativo son conocedores de que se va a licitar la gestión para su entrada en servicio en septiembre”. Por otro lado, califican como “muy grave” y se plantearan alternativas hasta que en septiembre entre en servicio la cocina in situ.

Según denuncian las familias, se han encargado de “contratar monitorias, pagar su seguridad social, hacerse cargo de los seguros y crear un menú común”: “Preparando cada día la comida para que los niños lo lleven en un taper en la mochila, esto lleva ocurriendo en Peñaflor desde hace más de diez años”. Critican la “incertidumbre” de cada mes de septiembre al no saber si “habrá o no comedor”.

“El edificio lleva años construido. La cocina se instaló este verano y es el primer año que por fin contamos con ella. En septiembre se suponía que ya estaría en marcha. Luego nos dijeron que en enero. Y ahora, que nos olvidemos hasta el siguiente curso escolar”: “Nuestros hijos e hijas merecen un comedor escolar ya”.

En los vídeos, critican que tener que llevar la comida desde casa “cuesta más dinero que cualquier colegio público de Zaragoza” y relatan situaciones como las de un niño neurodivergente: “La espera a veces se me hace muy larga. En clase tengo una persona que me acompaña y me cuida, aquí no es posible porque los monitores están para todos los públicos. No pedimos privilegios, pedimos un servicio de comedor escolar como el de todos los colegios públicos de Zaragoza”.

Aseguran también que el origen de esta movilización es la ausencia de la licitación en los pliegos que se publicaron en diciembre: “Por esto estas movilizaciones para que podamos tener un comedor donde nuestros hijos coman como el resto de la ciudad de Zaragoza. Llevamos años de de promesas, de burocracia y de trámites interminables”.

Educación considera que el hecho de que aparezcan insectos de forma puntual en la comida de un comedor escolar no está vinculada con la mala calidad del producto, sino con el “uso de materias primas frescas y naturales”. En respuesta a una pregunta parlamentaria en relación con la aparición de gusanos en los menús del comedor del colegio Basozelai-Gaztelu de Basauri, en Bizkaia, la consejera Begoña Pedrosa responde así: “De acuerdo con el criterio técnico, la presencia puntual de un insecto en un plato no es, por sí misma, indicativa de una falta de calidad en la comida, sino que puede estar relacionada con la proximidad del origen del producto y con la utilización de materias primas frescas y naturales”.

La pregunta la plantea el parlamentario de EH Bildu, Ikoitz Arrese, a raíz de que el pasado mes de noviembre se detectara un gusano en un plato de alubias servido el menú de comedor escolar de este colegio de Basauri, un servicio que está cargo de la empresa de catering Eurest, subcontratada por el Gobierno vasco. Arrese cuestiona al departamento si considera que los menús de este colegio son de una calidad adecuada y, entre otras cuestiones, pregunta a la consejera cómo va a afectar al contrato con la empresa de 'catering'. Pedrosa responde que se ha seguido el procedimiento establecido en los pliegos de contratación, “realizando el correspondiente requerimiento a la empresa adjudicataria para que aporte los análisis y comprobaciones pertinentes, reservándose la Administración la aplicación de las medidas adicionales en el marco del contrato establecido en el caso de que fueran necesarias”, y que no especifica.

De entrada, señala la consejera que “la calidad del servicio de los comedores escolares está garantizada de forma integral y continua a lo largo de todo el proceso: desde los requisitos establecidos en los pliegos técnicos y la adjudicación del servicio, pasando por la supervisión de las instalaciones, el equipamiento y los utensilios, hasta la selección de materias primas y la elaboración de los menús”. Asegura que todo el sistema se rige por “controles y requisitos técnicos estrictos que aseguran el cumplimiento de la normativa vigente y se desarrolla bajo la supervisión de profesionales cualificados, garantizando que el servicio ofrecido cumple con los estándares de calidad y seguridad alimentaria”. “Para garantizar todo este proceso, la Administración educativa cuenta además con servicios de asistencia técnica contratados que realizan auditorías periódicas en todos los centros educativos, así como análisis continuos de muestras de los alimentos servidos”, abunda.

Sin embargo da a la aparición de un insecto de “forma puntual” una importancia relativa y lo relaciona con productos de cercanía de calidad. “El trabajo con productos de cercanía y cultivados sin el uso de pesticidas implica una menor intervención química, lo que, en casos excepcionales, puede dar lugar a este tipo de incidencias, sin que ello suponga un incumplimiento de los estándares de calidad o seguridad alimentaria establecidos”, afirma. No obstante hay que recordar que el gusano apareció en un plato de alubias, es decir, se entiende que un plato cocinado, no en una lechuga, que puede estar cultivada de forma natural, pero mal lavada y llevar algún gusano.

Recientemente en una entrevista publicada en elDiario.es/Euskadi la consejera señalaba que se estaban “haciendo muchos cambios” en los comedores escolares , aunque señalaba que el sistema “goza de muy buena salud.” “Estamos yendo a modelo de cocinas ‘in situ’ que hemos puesto en marcha este mismo curso. Y creo que está dando sus resultados”, afirmaba. El año 2024 el departamento vasco de Educación, entonces con Jokin Bildarratz de consejero, rescindió el contrato con la empresa Serunion, que sirvió comida en los comedores de varios colegios públicos con larvas de insectos, al igual que ocurrió en La Rioja.

Los alumnos de Mariebergsskolan, una escuela secundaria de Karlstad, Suecia, se dirigen al comedor para tomar un zumo. Las opciones de esta mañana incluyen jengibre y limón, manzana, leche dorada, limón y menta, o fresa y naranja. También se puede elegir entre avena hidratada durante la noche con leche caramelizada. Son poco más de las nueve de la mañana y el espacio suele estar vacío, pero gracias a un proyecto puesto en marcha en 2018 por Vinnova, la agencia nacional de innovación de Suecia, los alumnos comienzan el día con un impulso de energía. Todos los ingredientes son donados por supermercados locales que regalan el excedente de fruta y verdura para minimizar el desperdicio de alimentos.

Mariebergsskolan fue una de las pocas escuelas que participaron en el proyecto. Además de esta especie de estación energética, el comedor también se ha transformado con las aportaciones de los estudiantes en talleres. Ahora se asemeja a un restaurante acogedor, con cortinas que ayudan a absorber el sonido, paredes de color crema y una variedad de opciones de asientos.

“Una de las cosas que pidieron los alumnos fue poder elegir el asiento en función de su estado de ánimo”, explica Linnea Olsson Lee, estratega alimentaria con sede en Karlstad. “A veces quieres sentarte solo sin sentirte observado, para eso hemos añadido taburetes de bar frente a la ventana. Otras veces quieres sentarte en un grupo grande en la mesa común, o en grupos más pequeños e íntimos. Hemos intentado crear diferentes zonas. Ahora los estudiantes están realmente orgullosos del restaurante de su escuela”.

El proyecto piloto, puesto en marcha en colaboración con siete organismos gubernamentales –entre ellos la Agencia Sueca de Alimentación (Livsmedelsverket)– ha conseguido que los alumnos se sientan más animados a quedarse en la escuela en lugar de ir la tienda más cercana a comprar dulces.

Los profesores también han observado que los alumnos parecen más motivados. Olsson Lee recuerda que un alumno dijo en un taller: “Si hay una alternativa gratuita en la escuela, entonces quizá me plantee comer algo saludable”. El objetivo, explica, ha sido desafiar sutilmente a los alumnos con nuevos sabores y texturas, y está funcionando.

Otro beneficio de este trabajo ha sido una iniciativa financiada por la Agencia Sueca de Protección Ambiental (Naturvårdsverket), que facilita a los cocineros del sector público que pidan productos cultivados localmente.

El programa universal de comidas escolares de Suecia sirve alrededor de dos millones de comidas al día (con un coste anual de 7.700 coronas suecas, unos 712 euros por alumno) y tiene sus raíces en el modelo de estado del bienestar conocido como 'folkhem', puesto en marcha en la década de 1930. Las comidas escolares gratuitas se introdujeron en 1946 y, desde 2011, es obligatorio por ley que sean nutritivas.

Sin embargo, en 2018, la Agencia Sueca de Alimentación señaló que las comidas escolares por sí solas no contribuían a solucionar los crecientes problemas relacionados con la alimentación saludable y la sostenibilidad. En respuesta a ello, Vinnova creó un programa alimentario conjunto con el objetivo de que todos los alumnos comieran alimentos sostenibles. Detrás de ello se escondía una idea más amplia: el progreso en la sostenibilidad de las comidas escolares serviría de palanca para transformar el sistema alimentario sueco en general.

Se organizaron talleres para estudiantes, productores locales de alimentos y ayuntamientos, y la Agencia Sueca de Alimentación propuso ideas para el cambio basadas en un sistema que denominan “método bola de nieve”: comenzar con actividades pequeñas, locales, y luego ir aumentando la escala. El programa piloto se ha utilizado como base para la estrategia alimentaria nacional 2.0 de Suecia y las directrices para la alimentación escolar de 2025.

A Alexander Alvsilver, responsable del área de sociedad preparada para el futuro en Vinnova, le preocupa quién tomará el relevo cuando Vinnova se retire de la iniciativa. La crisis climática, la necesidad de sistemas alimentarios locales resilientes y el aumento de los niveles de obesidad infantil demuestran que el reto no lo resolverá un solo actor o un solo proyecto, afirma. “Los actores clave deben intervenir o dar un paso al frente. Juntos”, afirma Alvsilver.

“Eso es lo que ha puesto de manifiesto el trabajo de ampliación de los prototipos”, añade. “Tienen el potencial de cambiar la toma de decisiones basada en suposiciones por otra basada en datos preliminares. Sin embargo, la creación de prototipos se basa en el pensamiento de diseño, un método que aún no forma parte de las habilidades estándar de la mayoría de los organismos gubernamentales”.

El trabajo de seguimiento continúa en Karlstad y en otros lugares. Una iniciativa reciente ha prometido un millón de coronas suecas (unos 90.000 euros) a una actividad compartida entre estudiantes con la condición de que ayuden a reducir el desperdicio de alimentos. Por cada kilogramo de comida desperdiciada, la suma prometida se reduce, lo que se supervisa mediante un contador digital en los comedores escolares y se puede consultar en línea. En la actualidad, asciende a 96.790 coronas suecas, como resultado de una reducción de 1,7 toneladas en el desperdicio de alimentos en comparación con el año anterior.

En Mariebergsskolan, cada vez más alumnos se acercan a la zona en la que se sirven los zumos energéticos, deseosos de probar las diferentes combinaciones. Un grupo de chicos charla animadamente en una de las mesas comunes mientras se comen sus copos de avena.

Sin embargo, a pesar del éxito, Olsson Lee también reconoce algunos de los retos pendientes. “En Suecia, a veces damos por sentadas las comidas escolares gratuitas”, afirma. “Gastamos mucho dinero en ellas, por lo que debemos utilizarlas como un recurso óptimo. Sigue siendo un reto conseguir financiación para las reformas, para realizar cambios, o incluso encontrar el tiempo necesario”.

“Afortunadamente, el trabajo que hemos realizado nos ha dado credibilidad a la hora de hablar con los políticos. Para algunos estudiantes, esta puede ser la única comida cocinada que ingieren en todo el día. También es una forma de ayudar a reducir las desigualdades socioeconómicas. Al final, hay que verlo como algo que hay que hacer paso a paso”.

La alimentación infantil no es una cuestión secundaria ni un asunto privado. Es una línea roja democrática: cuando un niño no accede a una alimentación saludable, falla el sistema. Es, hoy más que nunca, un derecho fundamental y un indicador de justicia social. Así se puso de manifiesto el pasado 18 de diciembre durante la XVI Convención NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), un espacio de reflexión y compromiso institucional que tuve el honor de compartir.

La inauguración del acto por Su Majestad la reina Doña Letizia no fue meramente protocolaria. Sus palabras, claras y valientes, interpelaron a toda la sociedad: la obesidad infantil no es solo un problema de salud pública, es una consecuencia directa de la desigualdad social. Una afirmación tan contundente como necesaria. El cierre, a cargo del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, reforzó esa visión política y ética que merece un reconocimiento sincero.

Agradezco la invitación a formar parte de este espacio de reflexión y acción, y valoro el trabajo realizado por el Ministerio para avanzar en la Agenda 2030 y en la protección de los más vulnerables.

Como profesora, investigadora y defensora de los derechos humanos -especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad-, hablar de obesidad infantil no es para mí solo un ejercicio académico. Es una responsabilidad y un compromiso moral. En efecto, nos enfrentamos a una epidemia silenciosa que condiciona la salud, el bienestar y las oportunidades vitales de miles de niños y niñas, castigando con especial crudeza a quienes nacen en contextos socioeconómicos desfavorables.

Los datos son incuestionables. El Estudio ALADINO 2023 revela que más de un tercio de la población infantil española de entre 6 y 9 años presenta exceso de peso, y que la obesidad supera el 15 %. Aunque se observa una ligera mejora respecto a años anteriores, las cifras siguen siendo alarmantes. Lo más doloroso es la brecha social: en hogares con menores ingresos, donde llegar a fin de mes es una lucha diaria o donde los progenitores enfrentan el desempleo, las prevalencias son significativamente más altas.

No se trata de elecciones individuales, sino de desigualdad estructural en el acceso a una alimentación saludable

Como alertó la reina, la obesidad infantil se duplica en familias con rentas bajas. Esto no es casualidad: es el resultado de un sistema que no garantiza equidad en el acceso a alimentos saludables. La escuela juega aquí un papel crucial e irremplazable. Aceptar esta situación sin actuar equivale a normalizar la desigualdad desde la infancia.  Porque no se trata de elecciones individuales, sino de desigualdad estructural en el acceso a una alimentación saludable.

En este contexto, la escuela se erige como un espacio clave, insustituible. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo señala de forma reiterada: el entorno escolar es uno de los escenarios más eficaces para promover hábitos saludables y sostenibles educando en salud desde la infancia, una etapa decisiva en la construcción de comportamientos que perduran toda la vida. Educar no es solo transmitir conocimientos; es también crear oportunidades reales de bienestar.

El comedor escolar, especialmente para las familias más vulnerables, representa mucho más que una comida diaria. Es una garantía de dignidad, un espacio de equidad y, en muchos casos, la única oportunidad de acceder a una alimentación equilibrada y nutritiva. Por ello, la aprobación del Real Decreto 315/2025, de 15 de abril, supone un avance que debe ser reconocido y defendido. Esta normativa, alineada con el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil y la Garantía Infantil Europea, establece criterios claros para asegurar menús variados, saludables y sostenibles en los centros educativos.

El decreto impulsa el consumo de frutas, verduras, legumbres, pescado y cereales integrales, limita los ultraprocesados y promueve modelos de producción responsables, priorizando productos de temporada y canales cortos de distribución. De este modo, protege la salud infantil y, al mismo tiempo, apoya al sector primario y al medio rural.  En consecuencia, los comedores escolares se consolidan como herramientas de transformación social, donde se educa en salud, sostenibilidad y justicia.

No basta con avances normativos si no van acompañados de voluntad política, recursos suficientes y seguimiento riguroso. No podemos conformarnos con mejoras tímidas. Es imprescindible reforzar la educación nutricional, regular con mayor firmeza la publicidad de alimentos ultraprocesados dirigida a la infancia y desarrollar políticas públicas que reduzcan de forma efectiva la desigualdad social que está en la raíz del problema.

La alimentación saludable no puede ser un privilegio, debe ser un derecho garantizado. Invertir en ella es invertir en salud, en igualdad y en futuro. Es una obligación ética de cualquier sociedad que aspire a ser justa.

La comida que se reparte a los niños y niñas en los comedores escolares tiene más grasa, proteínas y sodio de lo recomendado mientras que su contenido en hidratos de carbono y fibra es inferior al aconsejado, según un estudio del grupo de Neuropsicofarmacología del Clúster Microfluidics & BIOMICS y Biobizkaia. Investigadoras de la Universidad del País Vasco (EHU) han analizado mil menús repartidos entre escolares de 11 a 12 años en diez centros escolares de Bizkaia. Como parte de la investigación, se han fotografiado los platos antes y después de que los niños comieran. De este modo, se ha podido analizar qué comida se ha servido, consumido y tirado.

La investigadora Naiara Martínez ha explicado que “tan importante como conocer lo que se les ofrece es ver lo que ingieren y lo que dejan”. “De hecho, incluso si el menú es adecuado, si no lo comen todo, según los alimentos que dejen en el plato, los valores nutricionales pueden verse afectados y también la sostenibilidad de los menús”, ha añadido, según recoge Europa Press.

En cuanto a la composición de los menús repartidos, el estudio de la EHU ha detectado, por un lado, que su contenido en proteínas, grasas y sodio es superior al recomendado, mientras que su contenido en hidratos de carbono y fibra es inferior al aconsejado. “No ha sido una sorpresa. Esperábamos estos resultados, porque nos estamos alejando de la dieta mediterránea tradicional. Lo que hemos visto en los comedores es un reflejo de la alimentación de nuestra sociedad. Los menús contienen demasiada proteína, sobre todo porque llevan mucha carne; las grasas son el resultado de los alimentos fritos; y es bien sabido que consumimos mucha sal”, ha apuntado la investigadora.

Por otra parte, el estudio ha puesto de manifiesto que la comida que se sirve al alumnado supera la cantidad de calorías recomendada. “En realidad, la comida debería aportar el 30% de la energía de todo el día. Los platos analizados, en cambio, aportan un 40%. Si los niños y niñas de nuestros centros escolares fueran atletas, quizás serían adecuados, pero la realidad es que la mayoría tiene un nivel de actividad medio o bajo”, ha matizado Martínez.

Sin embargo, este exceso de energía se compensa con lo que dejan en el plato, ya que se ha observado que los escolares no comen todo lo que se les sirve y que, teniendo en cuenta lo que no ingieren, la cantidad de calorías “no es tan grande”. “En el 12,2% de los menús analizados, más de la cuarta parte del plato se quedó sin comer, y en el caso de las hortalizas y legumbres, más de la mitad de los comensales dejan el 25% en el plato. En consecuencia, los valores nutricionales de lo que realmente comen no alcanzan los niveles deseados, ya que comen menos vitaminas, fibra, hierro”, ha detallado.

El grupo investigador de la EHU ha detectado que los niños y niñas prefieren las verduras en puré ya que “cuando se les ofrecen enteras o como guarnición, acompañando el segundo plato no las comen tanto”. “Hay que fijarse en este tipo de cosas y tener en cuenta las características de los niños y niñas, porque con pequeños cambios se podrían mejorar los resultados”, ha opinado.

Sostenibilidad de los menús

Además, el estudio subraya que reducir la cantidad de comida que dejan los niños y niñas tendría un doble objetivo: alimentarlos mejor e incrementar la sostenibilidad. De hecho, también se han fijado en el impacto ambiental de los menús escolares. Además de los alimentos que acaban en la basura como residuos, también se han medido las emisiones de CO2.

“Uno de los alimentos que más CO2 genera es la carne. Es también una de las principales fuentes de proteína que se ofrece a los niños. En vista de que, en términos de valores nutricionales, los menús de los comedores contienen demasiada proteína, podrían reducirse directamente las cantidades ofrecidas en los platos. Se podrían utilizar proteínas más sostenibles, de origen vegetal (legumbres) o aquellas de origen animal que son bien toleradas por los niños y niñas, como los huevos”, ha afirmado.

De los centros escolares que han visitado, cinco eran públicos y otros cinco concertados. “En ambos casos hemos encontrado modelos adecuados que cumplen las recomendaciones, pero hemos visto que, en general, los comedores escolares públicos ajustan más los menús a los consejos nutricionales. En cambio, la cantidad de comida que deja el alumnado en el plato es menor en los centros concertados”, ha precisado.

El grupo de la EHU ha visto que la comida que se les ofrece contiene poca fibra y apuesta por “ofrecer cereales integrales en lugar de blancos”. “Uno de los principales retos de los menús escolares es ser a la vez saludables, apetecibles y sostenibles”, ha señalado Martínez, quien ha hecho un llamamiento a “cambiar las cosas”. “Es necesario actualizar los menús de los comedores teniendo en cuenta los gustos y las necesidades nutricionales de los niños y niñas, y buscar medidas que realmente fomenten hábitos alimenticios saludables”, ha concluido.

El gasto de las familias en educación se ha más que duplicado en apenas 12 años. Padres y madres destinaron un total de 27.806 millones de euros a bienes y servicios educativos durante el curso 2023-24, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), montante que en el 2011-12 era de 13.217 millones de euros.

Solo en la parte de la educación reglada (oficial) que corresponde a Primaria y la ESO, las etapas obligatorias y por tanto teóricamente gratuitas, los hogares gastaron 6.115 millones de euros aquel curso 23-24, últimos datos disponibles. Es una media de 1.261 y 1.104 euros por estudiante y año en cada etapa, respectivamente. Si se añaden el 2º ciclo de infantil (3-6 años) y el Bachillerato o su equivalente de FP, el grado medio (16-18) –etapas no obligatorias pero que cursa la inmensa mayoría del estudiantado– el gasto de las familias por la educación de sus hijos e hijas entre los tres y los 18 años sube hasta los 9.000 millones de euros.

Excluyendo la universidad, que con las matrículas dispara el gasto hasta los 3.149 euros anuales, las edades más caras para las familias son las que están entre los 5 y los 9 años, con un gasto medio de 1.964 euros anuales por estudiante, y entre los 15 y los 19, cuando sube hasta los 2.414 euros por curso. Ambas franjas incluyen algún año de educación no obligatoria, pero que está universalizada y cubierta por la red pública, por lo que en teoría no hay gasto en matriculación.

Las familias destacan además que el desembolso depende mucho de la comunidad autónoma. “Un año más nos encontramos reivindicando más equiparación entre territorios, porque la igualdad de oportunidades no puede depender del código postal”, lamentó al principio de curso María Sánchez, presidenta de la asociación de AMPAs de la escuela pública Ceapa.

Sucede, por ejemplo, con el precio del comedor escolar: en La Rioja alcanza los 7,95 euros diarios por estudiante mientras en la Comunitat Valenciana está en 4,35 euros. En términos anuales, es una diferencia (3,6 euros al día) que alcanza los 600 euros anuales. También es un ejemplo este gasto de una partida que se podrían ahorrar las familias si el Estado decidiese hacerse cargo: la ONG Educo calcula que el coste de un comedor universal y gratuito sería de 6.196 millones de euros.

En muchos hogares humildes, y con una política de becas de comedor que deja fuera a más de un millón de niños en situación de pobreza, supone un esfuerzo notable pero a la vez inevitable, explica la ONG Educo: hay niños y niñas que la única comida caliente del día la realizan en el colegio.

Se dispara la educación no reglada

El gasto educativo, explica el INE a través de su encuesta sobre el gasto de los hogares en Educación, se divide entre el reglado y el no reglado. El primero corresponde a los estudios oficiales y comprende aspectos como las actividades extraescolares en los centros, sean de apoyo a la enseñanza o de ocio, los llamados servicios complementarios (comedores, residencias y transporte), bienes y servicios (libros de texto, uniformes) y actividades extraescolares de apoyo fuera del centro. Fuera de las etapas obligatorias (Primaria y Secundaria), también incluye las matrículas, gasto especialmente elevado en la universidad. Es un dinero que es difícil no gastar porque la mayor parte está asociado a los estudios.

Esta partida es la mayoría dentro del total del gasto en Educación. El montante total ha subido desde 2011 un 42%, pasando de 13.141.855 millones de euros a 18.628.310, con un gasto medio de 1.668 euros anuales por estudiante, con diferencias entre etapas: cuesta 1.390 euros en Infantil, baja ligeramente cuando desaparece el coste de matriculación (la oferta pública y gratuita entre los cero y seis años es limitada) en Primaria (1.261 euros al año) y Secundaria incluyendo Bachillerato (1.120) y se dispara en la educación superior, que con un gasto medio de 2.935 euros acapara casi la mitad de lo que gastan las familias en este apartado.

Pero la subida más fuerte está en la educación no reglada, que es básicamente la que incluye academias, profesores particulares y cursos diversos. Esta partida, con la que las familias buscan destacar (formativamente) sobre el resto o no quedarse atrás en función de dónde esté cada una, se ha disparado desde que el INE la registra. En curso 2011-12 el gasto total era de 375 millones, menos de 500 euros de media por estudiante. En el 2023-24 alcanza los 4.052 millones de euros, una subida del 980%. En este apartado aparecen las diferencias entre familias, según han detectado análisis específicos, en función de la renta: los ricos invierten fuera del circuito para diferenciarse, los humildes para no quedar muy atrás.

Gastar para diferenciarse... o para evitarlo

Las cifras son medias que ocultan las diferencias de gasto entre familias, pero no el hecho de que la educación, gratuita en sus etapas obligatorias (6-16 años) según el artículo 27 de la Constitución, cuesta dinero. Tampoco dice el INE para qué se usa ese dinero, más allá de las generalidades: material escolar, comedor, transporte, extraescolares o academias es lo más habitual. El estudio Educación en la sombra en España, elaborado por EsadeEcPol - Center for Economic Policy, abordó el asunto hace dos años y reveló que la presión por el rendimiento académico –para acceder a una plaza en la universidad o la FP, que cada vez están más caras– es transversal, aunque con matices entre clases.

De media el 47% de las familias con hijos en edad escolar recurre a las clases particulares, pero las más acomodadas lo hacen el doble (un 60%) que las más humildes (30%). El sector que se está convirtiendo en un bien de primera necesidad porque, refleja el informe, es un gasto que no baja ni siquiera cuando las cosas vienen mal dadas. Mientras en los últimos 16 años el gasto en restauración y comedores o vestido y calzado ha caído o se ha mantenido relativamente estable (en comida sí ha subido un 50%), el de clases particulares se ha multiplicado por 3,5 desde 2016.

En el “para qué” se utiliza ese dinero es donde aparecen las diferencias. De cada tres euros que se invierten en las clases particulares, dos se destinan a “ampliar y perfeccionar” y el otro a “reforzar y recuperar”. Las familias más pudientes, dice la estadística, tienden a dedicar estas clases a la enseñanza de idiomas o de disciplinas relacionadas con las artes; las menos favorecidas lo hacen para reforzar los contenidos curriculares que se dan en los centros educativos. A evitar repetir como fin último. Unos a distinguirse por arriba, otros a no hacerlo por abajo.

Uno de los autores, Juan Manuel Moreno, catedrático de Didáctica y Organización Escolar (UNED) y Senior Policy Fellow de Educación en EsadeEcPol, sostiene que “sin duda” las clases particulares son un factor de desigualdad. “Distinguen a los más ricos, la novedad es que las clases medias se están incorporando”, reflexiona.

Esta afirmación quizá coge forma en otro gasto sobrevenido en los últimos años: el pago de matrículas en la universidad privada ante el estancamiento de la oferta pública. Para mucha gente este gasto –que puede subir hasta los 20.000 euros anuales en el caso de los grados más demandados y experimentales, como los relacionados con las Ciencias de la Salud (Medicina es la reina en esta categoría)– excede sus posibilidades, de manera que tienen que recurrir al crédito. Desde 2020 los préstamos de bancos para gastos en Educación han subido un 60%, según Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) y uno de cada siete créditos que se piden es para este fin.

Las familias humildes gastan más

El sistema de ayudas al estudio tampoco consigue evitar el gasto a las familias, según diversos informes, lo que provoca que, en términos relativos, los hogares más humildes gasten más del doble los más beneficiados económicamente. En cifras, los primeros destinan el 3% de su presupuesto anual a la educación de sus hijos o hijas, los segundos un 1%, según otro informe de EsadeEcPol. Como sucede con otras ayudas, explica este informe, las ayudas no llegan siempre a los hogares más desfavorecidos: “El sistema no cubre los gastos básicos de los hogares más vulnerables en las etapas de educación obligatoria y Bachillerato. (...) Solo cuatro de cada diez hogares con menor poder adquisitivo reciben alguna beca”, se lee en el texto.

La Xunta de Galicia pondrá en marcha una nueva línea de ayudas dirigida a las familias con hijos matriculados en Infantil y Primaria que utilicen comedores gestionados por asociaciones de padres y madres, ayuntamientos o centros concertados. El presidente autonómico, Alfonso Rueda, anunció que el plan contará con una dotación inicial de tres millones de euros y se incluirá en los Presupuestos gallegos de 2026, con el objetivo de aliviar los gastos familiares en el ámbito educativo.

Así es el plan

La ayuda se articulará en dos tramos en función del nivel de renta. Las familias con rentas per cápita anuales iguales o inferiores a 6.000 euros recibirán 150 euros por hijo, mientras que las que cuenten con rentas de entre 6.000 y 10.000 euros percibirán 100 euros. La previsión del Ejecutivo autonómico es que esta medida beneficie a cerca de 20.000 hogares gallegos. Según destacó Rueda durante la presentación, el propósito es “que las familias tengan menos gastos en los comedores y puedan compatibilizar mejor su vida laboral y personal”.

El plan entrará en vigor de forma progresiva. La primera fase se aplicará ya en el curso 2025-2026, centrada en los hogares con menos recursos, mientras que la segunda fase, que ampliará el umbral de renta hasta los 10.000 euros, se pondrá en marcha a partir del curso 2026-2027. El Gobierno gallego confía en que la medida tenga continuidad en los siguientes ejercicios presupuestarios.

A quiénes están dirigidas

Estas subvenciones se dirigirán específicamente a las familias cuyos hijos comen en comedores escolares no gestionados directamente por la Xunta, es decir, aquellos administrados por ANPAS, entidades municipales o centros concertados. El Ejecutivo recuerda que los comedores de titularidad autonómica mantienen desde hace años los precios congelados y cuentan con un sistema de exenciones y bonificaciones según la renta. Con esta nueva ayuda, la Xunta pretende “cubrir un vacío” y extender el apoyo económico a todos los modelos de gestión.

Durante su intervención en el Parlamento gallego, Alfonso Rueda enmarcó esta iniciativa dentro de un paquete más amplio de medidas sociales destinadas a “seguir ayudando a las familias gallegas en un momento de incremento generalizado de los precios”. El presidente subrayó que el Ejecutivo autonómico “ha priorizado el gasto social en los Presupuestos de 2026” y recordó que la inversión total en el ámbito educativo superará los 3.000 millones de euros, con especial atención a las etapas de educación temprana.

Otras actuaciones en marcha

El impacto de la medida será especialmente visible en las zonas rurales y en municipios pequeños, donde las ANPAS gestionan la mayoría de los comedores escolares y los costes por plaza son más elevados. Según fuentes del sector educativo, estas ayudas permitirán equilibrar las diferencias entre el precio público de los comedores autonómicos y el coste real que afrontan los usuarios de otros modelos. Las familias beneficiarias podrán solicitar la ayuda una vez se publique la convocatoria correspondiente, en la que se especificarán los criterios de renta y la documentación necesaria.

Con esta medida, el Gobierno gallego busca reforzar su política de apoyo a los hogares con hijos en edad escolar y dar respuesta a una de las principales demandas de las asociaciones de madres y padres. La ayuda al comedor se suma a otras actuaciones en vigor, como la gratuidad educativa en la etapa de 0 a 3 años, la deducción del 15% en el IRPF por la compra de material escolar (hasta 105 euros por hijo) o el incremento de 90 millones de euros en el presupuesto destinado a la dependencia. El Ejecutivo defiende que estas políticas conforman una “red de apoyo integral” para aliviar la carga económica de las familias y favorecer la conciliación.

Las ausencias por asuntos propios o vistas médicas que implican un desplazamiento no se van a cubrir en los comedores escolares de la provincia de Huesca. Así lo denuncia José Luis Cabrero Laliena, Oficial 1ª de cocina del CEIP Asunción Pañart de Aínsa, que asegura que es practicamente “imposible” sacar adelante el servicio del día si falta personal. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón explica que las ausencias puntuales “se cubren recurriendo a servicios prestados por terceros colaboradores de la administración” aunque reconce que en ocasiones no se encuentran sustitutos y “ante la posibilidad de sanciones por parte de Inspección de Trabajo, no vemos viable poder gestionar las ausencias sobrevenidas de carácter puntual del personal de cocina y comedor”.

Cabrero denuncia que “siguen los recortes en educación como en todos los servicios públicos. Es una puntilla más. Llevo 14 años trabajando en Aínsa y siempre se habían cubierto los días de ausencia, pero este año han decidido que no”. El Servicio Provincial de Educación de Huesca ha emitido un comunicado de aclaración en el que se expone que en ocasiones hay que recurrir a empresas externas y que hay que comunicarlo con más de 48 horas para no incurrir en sanciones por parte de Inspección de trabajo, por ello exponen no ver “viable” poder gestionar estas ausencias. Sin embargo, el cocinero explica que este tipo de falta al puesto de trabajo se comunican con la suficiente antelación porque no son imprevistos.

En el centro en el que trabaja hay implementado un proyecto de comedor sostenible con alimentos ecológicos y locales: “Si falta personal, no podemos limpiar la verdura que compramos al hortelano de Boltaña y debemos recurrir a congelados y precocinados para garantizar el servicio. En otros centros, con menos plantilla, hablan de vajilla desechable, de hacer un solo plato o de reducir la cantidad de comida”, alerta Cabrero. Según un comunicado difundido por el propio trabajador, la falta de sustituciones afectará también a centros como el CEIP Aragón de Monzón, con 160 comensales, donde solo habrá una persona para preparar la comida y limpiar el material. En Aínsa, con 220 comensales y 20 dietas especiales, los responsables tendrán que recurrir a alimentos congelados los días en que falte personal: “Lo que quieren es implantar líneas frías, como pasa en casi todos los centros de Aragón”, denuncia Cabrero.

El Departamento de Educación recomienda que, ante la ausencia de personal, los centros pueden preparar un menú alternativo de fácil ejecución o contratar un cáterin de uno o dos platos. Cabrero critica esta medida: “El salario de una sustituta por seis horas es de 31,24 euros, coste que asume el propio centro con las cuotas del comedor. Imaginen lo que costaría un cáterin para 220 comensales. Parece que lo que buscan es externalizar el trabajo en lugar de garantizar los derechos del personal y la calidad del menú”.

El trabajador recuerda que hace 14 años vivió una situación similar y que, tras pelear con el Servicio Provincial, logró que se respetaran los derechos del personal y se mantuviera la capacidad que marca el convenio: “Ahora nos dicen que, si tenemos un día de asuntos propios, preparemos la comida el día anterior como si tuviéramos tiempo de sobra. Esto es inviable y no garantiza la seguridad ni la calidad alimentaria”.

Cabrero subraya que los comedores escolares no cumplen únicamente la función de dar de comer a los niños: “Podrían ser una herramienta de concienciación sobre alimentación saludable y sostenible. Con estas medidas se está desperdiciando un recurso educativo valioso”.

Desde el Departamento de Educación defienden que buscan “ayudar a los centros a gestionar de manera eficiente el comedor, conscientes de que los equipos directivos conocen mejor sus circunstancias y posibilidades”. Aseguran que siempre se sustituyen las ausencias con las bolsas de trabajo, pero que hay ocasiones en las que “no hay candidatos que opten a determinados puestos, y a fin de evitar demoras que impacten en el servicio, las ausencias puntuales se cubren recurriendo a servicios prestados por terceros colaboradores de la administración. Es reseñable que, hoy en día, existen difcultades para incorporar personas por falta de disponibilidad inmediata, incluso por las entidades colaboradoras”. Por ello, recomiendan a los centros “tener preparado un menú alternativo de fácil preparación para poder afrontar el servicio con la menor sobrecarga posible del personal, así como la posibilidad de contratar uno o dos platos en un servicio de cáterin”.