Las redes sociales eran la fuente de captación de clientes de una red dedicada a estafar a extranjeros a través de los anuncios que publicaban con ofertas de empleo de empresas que resultaron ser ficticias. Su principal cabecilla es un hombre que tenía fijada su residencia temporal en Oviedo y su detencion por agentes de la Policía Nacional ha sido posible gracias a las gestiones de intercambio de información entre unidades policiales de Asturias y Galicia y en las que ha participado Interpol.

La investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por las Brigadas de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Vigo‑Redondela y de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

La mujer ignoraba que era una víctima

La investigación se inició en Vigo cuando una mujer acudió a comisaría para realizar un trámite administrativo y los agentes detectaron durante la revisión de la documentación que los contratos y papeles que presentaba no se correspondían con un empresa real.

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado que la mujer ignoraba que había sido captada por una red y estaba siendo víctima de un entramado delictivo.

Varias empresas ficticias

Según el relato de la víctima, se había trasladado a España engañada por los responsables de esta red con el fin de utilizarla para captar nuevas víctimas, sin que ella fuera consciente de ello.

Tras tomarle declaración, los investigadores descubrieron que había varias empresas ficticias, todas vinculadas a una misma persona, que se empleaban como “carta de presentación” para atraer a interesados a través de redes sociales.

El 'pack' de falso asesoramiento

El entramado publicaba anuncios en redes sociales ofreciendo la posibilidad de trabajar en España, especialmente en el sector del transporte, aprovechando la demanda de personal cualificado. A cambio de dinero, la supuesta empresa ofrecía un “pack completo” de asesoramiento.

Entre otras actuaciones, ofrecían realizar las primeras gestiones y trámites documentales que precisaran, les prometían su asesoramiento para citas -que eran inexistentes- para exámenes de capacitación profesional como transportista en España y además les convencían de que gracias a ellos podrían acceder a una bolsa de empleo en empresas españolas solicitantes de esos profesionales.

Colaboradores en el extranjero

La estafa se completaba cuando las víctimas iniciaban los pagos desde sus países de origen con la esperanza de obtener un puesto de trabajo que nunca llegaba a materializarse.

La Policía Nacional ha identificado a tres personas relacionadas con la trama. El principal responsable residía en Oviedo y contaba con dos colaboradores en el extranjero encargados de recibir parte de los pagos efectuados por las víctimas.

Localizado y detenido

Una vez que el cabecilla fue localizado, los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Asturias organizaron un operativo para proceder a su detención.

El arresto se produjo en el domicilio de Oviedo donde el presunto responsable de la organización se encontraba residiendo de forma temporal.

Dos incendios forestales activos desde este lunes en Galicia, cuando se superaron los treinta grados de temperatura en lugares como A Coruña u Ourense, han arrasado 900 hectáreas de superficie: uno en el monte Galleiro —visible desde Vigo y próximo al aeropuerto de Peinador—, ya extingido tras quemar 750 hectáreas, y otro en Carballo, controlado y que ha afectado a 150 hectáreas. En el primero de ellos se activó la alerta avanzada la tarde del lunes por la proximidad de las llamas a la aldea de Galleiro, perteneciente a Pazos de Borbén.

El fuego de monte Galleiro se inició a las 14:47 en la parroquia de Ribadetea, en Ponteareas. Según la Consellería de Medio Rural, allí trabajron tres aviones, dos helicópteros, 15 brigadas, siete motobombas, diez agentes, una pala y un técnico. En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, explicó que los medios “están intentando controlar” el fuego, pero la situación está “complicada” por el viento. Indica que el fuego se ha ocasionado por el incendio de un tractor que se ha propagado por las fuertes rachas. Según contó, fue necesario desalojar por precaución a un hombre con movilidad reducida en el lugar de Mouro.

En Carballo (A Coruña), en la parroquia de Noicela, el incendio forestal comenzó a las 14,20 horas. En su extinción participan cuatro aviones, un helicóptero, cuatro agentes, una brigada, una motobomba, dos técnicos y tres unidades técnicas de apoyo. Muy cerca, en Caión, concello de Laracha, de declaró otro fuego a las 13,21 horas que acabó fusionándose con el de Noicela. De este, según informa Europa Press, no hay todavía estimación de superficie afectada. Desde las 15:39 está controlado un conato Lavadores (Vigo) que afectó a 0,2 hectáreas de monte raso.

La banda británica de hard rock Deep Purple va a dar un concierto en Vigo el próximo 2 de julio. El anuncio lo ha hecho el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que ha colgado un vídeo en redes sociales para adelantar la que es la quinta confirmación para los conciertos de Castrelos de este año, después de las de Chayanne, The Corrs, Viva Suecia e Iván Ferreiro.

En el grupo están en la actualidad Ian Gillan como vocalista, Ian Paice como batería, Roger Glover como bajista, Don Airey como teclista y el guitarrista Simon McBride. La banda sigue girando y tiene previstas decenas de fechas este año: en abril estarán en Asia y desde junio visitarán diferentes países europeos. En julio, además de su parada en Vigo, tienen previsto actuar en Hoyos del Espino (Ávila), Pamplona, Málaga y Cádiz.

Caballero destaca la larga trayectoria de la mítica banda, fundada a finales de los años 60 y conocida por temas como Smoke on the Water, Child in Time o Highway Star. “Todo el mundo el 2 de julio a Castrelos. Deep Purple will be there”, anima el alcalde vigués.

El 29 de julio de 1990 Galicia se partió en dos como pocas veces ha sucedido. Aquella noche actuaban, al mismo tiempo, Prince en el recinto de Santa María del Mar, en A Coruña, y Madonna en Vigo, en el Estadio de Balaídos, en uno de los últimos conciertos de su gira Blond Ambition. La cita dejó una imagen que sigue siendo icónica casi cuatro décadas despues: la de la reina del pop vistiendo la camiseta celeste con el número 5 a la espalda, el que portaba el fallecido José Manuel Espinosa. Una camiseta que forma parte de la historia del Celta y que, desde entonces, permanece en “paradero desconocido”. El club vigués ha puesto en marcha una campaña para recuperarla en la quieren involucrar, incluso, a la propia cantante.

Cinco años antes de aquel concierto, en su primer gran momento de fama, Madonna había coprotagonizado Buscando a Susan desesperadamente, y así parece estar siendo también el rastreo de la prenda, que el club llevó a cabo en silencio durante años antes de hacerlo público. Tanto que –tras habilitar un enlace donde recoger cualquier información relacionada con la camiseta– y con el objetivo de “agotar todas las vías de investigación”, la presidenta del Celta ha enviado una carta abierta a la artista que suena casi como una plegaria (Like a prayer, vamos):

“Benquerida Madonna”, comienza una misiva escrita en gallego en la que Marián Mouriño le pide ayuda. “Tu imagen con nuestra camiseta se convirtió en un mito y forma parte de esa historia del Celta que también se escribe fuera del terreno de juego”. Para Mouriño no fue una simple anécdota, sino una estampa que “comenzó a brillar de otra manera con el paso de los años”.

“Entendemos mejor lo que defendías entonces: cuestionar lo establecido y hacer frente a quien pretende decirte lo que puedes o no puedes hacer. En el club que preside nos reconocemos en esa manera de estar en el mundo” y por eso tienen la “ilusión” de encontrar la camiseta. “Esta búsqueda no es un capricho; es un acto de memoria, es patrimonio emocional de nuestro club”.

La presidenta del Celta le adelanta además el “gesto” que le dedicarán desde Balaídos este viernes 6 de marzo, en uno de esos momentos que se están volviendo mágicos en Balaídos: la previa de cada partido, donde uno puede encontrarse la actuación de artistas como Mondra o Fillas de Cassandra o una exaltación del entroido (carnaval) gallego.

Esta vez, no espera un rival cualquiera, sino todo un Real Madrid. Justo antes de ese choque, a Madonna le preguntarán “con cariño” desde el estadio: “Tela ti?” (“¿La tienes tú?”). Antes de despedirse “con admiración”, Mouriño lanza una última petición en su carta abierta: “Si sabes dónde puede estar o quieres ayudarnos, por favor, contacta por mensaje privado”. ¿Habrá respuesta? Sólo quedan dos días para el acontecimiento pero, ya se sabe: Time goes by so slowly...

La Fiscalía pide penas que suman 33 años de cárcel para José Manuel D.G., alias O Chioleiro, por el asesinato de la que era su pareja, María del Carmen B.D., cuyo cadáver fue encontrado en el interior de una maleta, en una finca en la zona de Balaídos, en Vigo. El hallazgo del cuerpo se produjo el 22 de febrero de 2024 cuando un repartidor pasó por la zona, en el entorno de la calle Espedrigada, y observó una maleta envuelta en plástico de embalar en una zona de vegetación, que desprendía un fuerte olor. Al abrirla, los investigadores se encontraron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición.

Días después, la Policía llevó a cabo un registro en la vivienda de Vigo donde el sospechoso había estado residiendo, en una habitación alquilada, con su pareja (cuyas características coincidían con las del cadáver encontrado). Se trata de un inmueble situado cerca del lugar donde apareció la maleta. Poco después, el 29 de febrero de 2024 fue detenido José Manuel D.G., viejo conocido de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y que fue condenado en dos ocasiones por hechos violentos: en 1988 por matar a su abuela y en 2004 por el asesinato de una vecina de A Lama.

Asesinato con agravantes

Con respecto al llamado 'crimen de la maleta', la Fiscalía sostiene que el acusado mantenía una relación con María del Carmen y que ambos estaban residiendo en una habitación alquilada en la calle Fragoso de Vigo. En la noche del 14 de septiembre de 2023, O Chioleiro la agarró por el cuello para estangularla y le clavó un cuchillo en la clavícula y luego en el corazón.

Según el escrito de acusación del ministerio público, la mujer, de 60 años, no tuvo oportunidad de defenderse, ya que estaba desprevenida y no esperaba un ataque de su pareja. El acusado, explica la Fiscalía, actuó movido por un sentimiento de “superioridad” y de “posesión” hacia ella, por el hecho de ser su pareja y ser mujer. Además de matarla, el acusado se quedó con su tarjeta bancaria y, entre septiembre y diciembre de 2023, realizó varios gastos que sumaron más de 1.800 euros.

Por estos hechos, lo acusa de un delito de asesinato con las circunstancias agravantes de parentesco, reincidencia y género; igualmente le atribuye un delito continuado de estafa (por el robo de la tarjeta y los gastos que hizo). Así, pide que sea condenado a 30 años por el asesinato y a otros tres por la estafa, y que indemnice a la familia de la fallecida: en algo más de 84.000 euros a la hija de la fallecida, en 50.500 euros a la madre de la mujer; y en 19.500 euros a cada uno de sus tres hermanos.

Al principio, a los investigadores les sorprendió la cantidad de avisos de personas que habían visto caballitos de mar en aguas del puerto de Vigo. Estos animales buscan zonas tranquilas y los muelles, con más turbidez, movimiento de barcos y contaminación acústica, no parecían la mejor opción para dar con ellos. Sin embargo, ahora el biólogo Jorge Hernández Urcera, del Instituto de Investigacións Mariñas (IIM) de Vigo, le encuentra una lógica a que haya ejemplares buscando refugio ahí. Señala que siempre hay alguna zona con pocas perturbaciones y con alimento y que los amarres les proporcionan sitios a los que agarrarse. Para facilitarles la tarea, el IIM va a instalar en los próximos meses cuatro estructuras submarinas para crear arrecifes artificiales en Vigo que puedan resultar acogedores para los hipocampos.

Urcera explica, en conversación con elDiario.es, que los caballitos de mar son vulnerables. En Galicia, y en las aguas del resto de la Península y Baleares, se pueden encontrar dos tipos: el Hippocampus guttulatus y el Hippocampus hippocampus. Ambos están incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Como otras especies, están perdiendo su hábitat preferencial en Galicia. En este caso, son las praderas de zostera, una planta acuática que está en retroceso por la contaminación y otros efectos de las actividades humanas, como artes de pesca agresivas que se emplean, por ejemplo, para extraer bivalvos desde embarcaciones. En el Mediterráneo, las praderas de posidonia tienen algo de protección, pero la zostera no, avisa el experto.

Como respuesta a esta pérdida de hábitat, estos peces han buscado otros lugares en los que instalarse y por eso han empezado a aparecer en puertos. Al encontrarse con varios avistamientos en el de Vigo, los investigadores le propusieron a la Autoridad Portuaria un plan para sumergir en sus aguas cuatro estructuras para crear arrecifes artificiales y estudiar durante un año si los caballitos de mar se instalan allí. Se han diseñado dos modelos diferentes, hechos de hierro corrugado, siguiendo la guía de un proyecto similar que ya se ha llevado a cabo en Sidney (Australia). Las estructuras están construyéndose y después pasarán entre mes y medio y dos meses “madurando”, es decir, sumergidas para que se les incrusten algas e invertebrados.

Después se van a colocar en dos puntos distintos: en los Peiraos do Solpor de Bouzas y en la zona del visor submarino de A Laxe. Urcera explica que son similares a jaulas, con paredes que miden un metro por un metro y que llevan instalados otros hierros y cabos para que los caballitos se puedan agarrar, una necesidad de esta especie, que se sujeta a algún elemento con la cola para consumir menos energía. En esa postura, se alimentan de forma constante porque no tienen estómago.

El investigador del IIM señala que el equipo hará una inmersión cada mes para hacer un seguimiento del programa piloto: comprobar si hay caballitos de mar en las estructuras, hacerles fotos, verificar si siguen allí los mismos en visitas posteriores o se han incorporado otros ejemplares, identificar si prefieren un modelo u otro. Si la prueba tiene éxito, el plan más a largo plazo es presentarla para recibir más financiación -este año es la Autoridad Portuaria la que aporta fondos- y poder instalar más arrecifes artificiales en otras zonas de la ría de Vigo e incluso otros puntos de la costa gallega.

Sin mapas de la distribución del caballito de mar

La idea, relata Urcera, nació dentro de un programa del Instituto de Investigacións Mariñas -que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)- centrado en la ecología de los caballitos de mar. Hace dos años se puso en marcha una línea, financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica, para estudiar la distribución de la especie en toda la península ibérica porque hasta ahora no hay mapas de dónde está presente. Para dibujar esos mapas se está recurriendo a ciencia ciudadana. Es decir, quienquiera que aviste un ejemplar puede notificárselo a los investigadores subiendo una imagen a través de una web. La ubicación concreta solo la conocen los científicos. No se hace pública para proteger a estos animales, en situación vulnerable y para los que existe un mercado negro.

Quienes están colaborando con el IIM son, sobre todo, submarinistas y pescadores. Así fue como les llegaron entre 20 y 30 avistamientos en varios puntos del puerto de Vigo. Después de la extrañeza inicial, se dieron cuenta de que había zonas que se adaptaban a las necesidades de los caballitos de mar: áreas poco batidas -“son muy malos nadadores”, dice Urcera-, con mucho zooplancton. “Lo único que les faltaba, a veces, era un sustrato de fijación, que necesitan para agarrarse con la cola”, indica. En las observaciones que les llegaron vieron que muchos estaban sobre la arena o nadando entre aguas, así que pensaron en crear arrecifes artificiales.

Al margen de esta prueba concreta en el puerto de Vigo, el investigador explica que el IIM está haciendo los primeros mapas de distribución para entregárselos al Ministerio para la Transición Ecológica, con el fin de catalogar la situación y proponer medidas de conservación para la especie. El programa de observación, recalca Urcera, debería seguir para poder obtener series históricas y detectar si las poblaciones disminuyen.

El servicio convencional de trenes entre Ourense y Santiago y entre Ourense y la estación de Vigo-Guixar ha quedado suspendido por el mal tiempo desde unos minutos antes de las 8 de la mañana de este lunes. El AVE y la media distancia continúan funcionando con normalidad, pero Renfe no descarta que la condiciones meteorológicas puedan provocar nuevas modificaciones en una jornada en la que se han suspendido las clases en el interior de Pontevedra debido a la alerta roja por lluvias, “la primera en 20 años”, según señaló el presidente gallego, Alfonso Rueda. A mediodía, la Xunta había registrado 70 incidencias por el temporal.

En un mensaje en la red social X en la noche del domingo –recogido por Europa Press– Renfe recomendaba atender a las indicaciones de la Aemet y evitar los desplazamientos. Además, anunciaba la posibilidad de realizar cambios y cancelaciones gratuitas para todos los trenes comerciales y de servicio público que circulen con origen o destino Galicia.

El AVE, a 160 km/h

Adif ha puesto una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en toda la línea Ourense-Santiago para los trenes de alta velocidad, que sí circulan, a diferencia de los regionales, que están suspendidos, a consecuencia del temporal de lluvia y viento que azota a la comunidad gallega.

Esta limitación por condiciones meteorológicas adversas tiene, en principio, una duración de 48 horas, según informan a Europa Press fuentes de Adif.

El pasado viernes, el administrador de la infraestructura rebajó a 220 el máximo en 28 kilómetros de esta línea, la que registró el accidente del tren Alvia hace 13 años, tras avisos de maquinistas sobre el estado de la vía, por vibraciones.

Estas decisiones se enmarcan en un contexto de debate sobre el estado de la red ferroviaria en España, a raíz del descarrilamiento con 45 víctimas mortales en Córdoba y otro con un fallecido en Barcelona. En este último caso, el siniestro se produjo durante un temporal que provocó un desprendimiento de tierra.

Vilaboa pide el nivel 2

El alcalde del municipio pontevedrés de Vilaboa, César Poza, ha pedido al Ejecutivo gallego que decrete el nivel 2 de emergencia ante las fuertes lluvias y la suspensión de la actividad lectiva durante la jornada del martes.

Poza, consultado por Europa Press, ha explicado que tuvieron una mañana “llena de incidencias”. Los ríos, sobre todo Riomaior, sufren desbordamientos en varios puntos y también se produjeron cortes de vías.

“Estamos totalmente desbordados y, el problema, es que la situación empeora”, ha señalado el alcalde, que ha detallado que se puso en contacto con el jefe provincial de emergencias.

Así y después de que la Xunta elevase la alerta para este martes a nivel naranja, el alcalde ha pedido a los vecinos que extremen las precauciones, limiten los desplazamientos a lo imprescindible y, ante cualquier incidencia, contacte con el 112 Galicia.

También, en lo referente a la jornada de este martes, el regidor de Vilaboa ha pedido que se suspenda la actividad lectiva en los colegios. El objetivo de esta medida, ha señalado el alcalde, es evitar desplazamientos de riesgo y garantizar la máxima seguridad de toda la comunidad educativa.

No hay clases en el interior de Pontevedra

Durante la tarde de este domingo la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha enviado un mensaje de alerta –mediante el sistema de Protección Civil 'ES-Alert'– a la población del interior de Pontevedra por el riesgo de inundaciones e incidencias asociadas a las lluvias intensas previstas para este lunes.

El mensaje fue enviado a los teléfonos móviles que se encontraban en los siguientes municipios: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Con todo, debido a la proximidad de las zonas afectadas, la alerta pudo llegar también a terminales situados en municipios limítrofes.

Durante este domingo, la Xunta ya había avanzado la decisión de la Comisión Escolar de Alertas de suspender las clases en los centros educativos y escuelas infantiles de los mismos 16 municipios. Esta anulación atiende a la previsión de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), que pronostica que la precipitación acumulada en 12 será de 120 milímetros (mm).

Sin transporte de ría en Vigo

Las malas condiciones meteorológicas también en el mar han llevado a suspender el transporte de ría en Vigo, donde solo han operado algunas conexiones a primera hora entre la ciudad olívica y los puertos de Cangas y Moaña.

Así, el servicio a Cangas se estuvo operando cada media hora entre las 7.00 y las 10.00 horas, y ha quedado cancelado desde esa hora; mientras que, desde las 10.30 horas, han quedado suspendidas todas las salidas de la ruta Vigo-Moaña.

La provincia de Pontevedra está afectada por aviso naranja en el litoral, debido a lluvias, viento y oleaje; y la alerta es roja en el interior de la provincia por lluvias.

Inundaciones en Cuntis

El desbordamiento del Regueiro de Calvos, un afluente del río Gallo, en Cuntis (Pontevedra) ha encendido las alarmas y ha llevado a varios vecinos a empezar a retirar enseres de los bajos de sus viviendas, según ha explicado el alcalde Cuntis, Manuel Campos, que ha pedido “máxima prudencia” y la activación, por parte de la Xunta, del nivel 2 de emergencias.

El regidor ha explicado que la situación se ha ido “complicando” a lo largo de la jornada, y según ha confirmado Protección Civil, el Regueiro de Calvos se ha desbordado, por lo que hay riesgo de inundación de varias viviendas en la zona de Calvos.

Manuel Campos ha indicado que se mantendrán “vigilantes” también por posibles problemas en otros puntos del municipios, incluido el caso urbano, por donde pasa el río Gallo.

A primera hora de la tarde de este lunes, el regidor ha difundido un mensaje en el que ha recordado que el municipio está en situación de alerta roja y que los servicios municipales de Emergencias y Protección Civil, debido a los desbordamientos, “no pueden asegurar el buen estado de las vías ni garantizar la seguridad en la circulación”.

Por ello, Campos ha insistido “encarecidamente” en que debe evitarse cualquier desplazamiento innecesario y ha pedido no acercarse a las zonas fluviales, como puentes y paseos. “La situación es de riesgo extremo y muy cambiante. No pongáis en peligro vuestra vida ni la de los servicios de emergencias, exponiéndoos a situaciones de riesgo innecesarias”, ha rogado el alcalde, que ha insistido en pedir la “colaboración” de todos los vecinos para “evitar desgracias”.

Precisamente por esta situación, el alcalde se ha dirigido a la Xunta para solicitar que “reconsidere” la declaración de emergencia de nivel 2 en la provincia, o al menos en el municipio de Cuntis, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Emerxencias de Galicia.

Pontevedra cierra calles

El Ayuntamiento de Pontevedra activó este lunes el protocolo de seguridad ante la alerta naranja por riesgo de inundaciones en el río Lérez y la previsión de fuertes lluvias a lo largo de la jornada.

La medida incluye el cierre preventivo de accesos fluviales, sendas peatonales y varias vías de tráfico situadas en zonas potencialmente inundables.

La concejala de Protección y Seguridad Ciudadana, Eva Vilaverde, informó de las actuaciones adoptadas por el gobierno municipal, motivadas tanto por la situación meteorológica adversa prevista en Pontevedra como por la alerta roja activada en ayuntamientos próximos, como Campo Lameiro o Cerdedo-Cotobade.

Según explicó Vilaverde, el incremento considerable de las precipitaciones esperadas durante todo el día llevó al Ayuntamiento a restringir el acceso a áreas sensibles para prevenir riesgos a la población. Las restricciones afectan tanto al tránsito peatonal como al tráfico rodado.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado sentencia tras el macrojuicio por la partida de casi 4 toneladas de cocaína del buque MV Karar, abordado en abril de 2020, y ha condenado a un total de 13 años de prisión al arousano Juan Carlos Santórum, considerado líder del grupo que iba a recibir ese cargamento.

En su resolución, recogida por Europa Press, el tribunal condena también a 9 años y medio de cárcel (10 años y 9 meses en el caso de un acusado reincidente) a las personas del entorno de Santórum que colaboraron en esa operación de narcotráfico. Igualmente, se impone la pena de 7 años de cárcel a un empresario constructor naval, y de 6 años de cárcel para los tripulantes del MV Karar, incluido un gallego, con la atenuante de confesión tardía.

Por otra parte, la Audiencia condena a otros dos procesados, un ciudadano colombiano y un exfuncionario de Aduanas, a penas de 8 y 7 años y medio de prisión por tráfico de drogas. Además, al segundo le impone una pena adicional de 4 años de cárcel por blanqueo, y su mujer ha sido también condenada por este delito, a dos años prisión.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

“Claro que tenemos barcos pescando en aguas de Groenlandia... ¿dónde no los tenemos?”. El tono de Javier Touza oscila entre el orgullo y la resignación. El presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) no dispone de los datos exactos cuando atiende la llamada de elDiario.es, pero confirma que, ahora mismo son “cuatro o cinco” los que faenan en esa zona, dedicándose principalmente en la captura de un camarón que luego se distribuye a toda Europa. Tras la guerra entre Rusia e Ucrania, la “inestabilidad” en Groenlandia supone para él “otra piedra en el camino” de la zona NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization) frente a “lo tranquila que fue siempre”.

Esa calma política en el rico Atlántico Noroeste contrastaba con los problemas que la flota viguesa encontraba en muchos otros puntos del planeta: Somalia, golfo de Guinea, Malvinas... Y todo debido a una coexistencia que Touza considera “curiosísima”: “Donde hay pescado hay petróleo, diamantes, fosfatos... Llámese Marruecos, Namibia, Argentina, donde hay pescado hay energía”.

ARVI cuenta con 166 barcos pertenecientes a las 128 empresas asociadas en un enclave, el de Vigo, por el que pasan cada año más de 800 mil toneladas de pescado llegado desde “los principales caladeros del mundo”, como reivindica una asociación clave en un sector que da empleo a 32.000 personas en la ciudad y su área de influencia. Los que faenan en aguas de Groenlandia lo hacen cumpliendo el acuerdo entre el gobierno de la isla, la mayor del mundo, y la Unión Europea. Firmado por primera vez en 2021, y centrado en especies como el bacalao o la gallineta nórdica —aparte del propio camarón— su prolongación actual llegará hasta 2030 si los vaivenes políticos no lo impiden. No es la única relación con la ciudad olívica: los astilleros vigueses han construido en los últimos años modernos pesqueros de 80 metros de eslora o cargueros de última generación para el abastecimiento de los 56.000 habitantes de zona sur de la isla.

En ella, un gobierno con “cada vez más autonomía” dentro de su pertenencia al reino de Dinamarca, “había decretado que no se explotasen ni el petróleo ni el gas para no colaborar con el efecto invernadero”. Una situación que cambiaría si Donald Trump se hiciese con Groenlandia “por lo civil o por lo militar”, es decir, con una compra o una anexión. “Yo no lo veo”, asegura el presidente de ARVI. “Sería el fin de la OTAN y supondría una reconfiguración total de la relación entre Estados Unidos y Europa”. Si eso sucediese, el ansia por explotar los recursos de la isla tendría consecuencias directas sobre la pesca. “Nuestra actividad es incompatible con la búsqueda de minerales y gas en aguas profundas”, prospecciones que “usan ultrasonidos y eso expulsa al pescado”. Touza da por hecho que, en ese escenario, “establecerían zonas de exclusión, como Inglaterra en el Mar del Norte, y no tendríamos nada que hacer”.

Pese a tener un ojo en Groenlandia, el movimiento de Trump que más preocupa a los armadores es el que inició en Venezuela con el secuestro de Nicolás Madura y las consecuencias que puede acabar teniendo sobre el precio del crudo. “El gasoil es nuestro principal coste de explotación, no es igual que el barril cueste 70 dólares que 90”. Touza lo ejemplifica con uno de los buques que faena en las Malvinas: “Ese barco, enorme, consume de doce a quince mil litros de gasoil cada día... ¡cada día! Las campañas de pesca duran cuatro meses, así que una variación de 10 céntimos en el precio de un litro supone mucho dinero en juego”.

“Todo se ha vuelto inestable”

Las inquietudes sobre Groenlandia se suman a un largo listado de caladeros con problemas para la flota gallega. Entre lo más reciente, los actos de piratería en el golfo de Guinea, “porque de Somalia ya no te digo nada”. En Eurasia, después de que la “invasión” de Odessa en 2014 les obligase a cerrar un mercado de más de 50 mil toneladas de marujito —faneca plateada—, reorientaron su actividad hacia Ucrania. Pero llegó la guerra con Rusia y las sanciones que afectaron, sobre todo, a los barcos de armadores gallegos con bandera —y tripulación— rusa, dedicados a la pesca del fletán que, ante el veto internacional, se ven obligados a descargar en países como Marruecos o Cuba. “Son sociedades mixtas que se crearon hace años, no tienen relación con Putin ni están en la mesa de negocación con Ucrania”.

Y eso que el penúltimo escollo lo habían sorteado “porque actuamos de manera inteligente”. La llegada de Milei a la presidencia de Argentina vino acompañada de medidas que, de facto, abrían la puerta a la entrada de la flota asiática. “Pensaron que había que sacar partido de sus concesiones y que se las llevase el mejor postor”, una postura que Touza ve lógica “en un asesor de los que pisan alfombra pero no entiende nada”.

“Esto no funciona así”, señaló el presidente de ARVI antes de recordar que las empresas españolas tienen “una docena” de plantas de elaboración en zonas “deprimidas” como la Patagonia donde generan “miles de puestos de trabajo en tierra”. Por eso, los primeros que se opusieron a esa liberalización fueron los propios gobernadores y sindicatos de las provincias afectadas, que exigieron incentivos e incluso la obligación a la descarga en la costa, algo “de lo que China no quiere saber nada”.

“Primó la cordura”, dice ahora. “Sin seguridad jurídica no puede haber inversión y un nuevo gobierno, llámese Milei o llámese como se llame, no puede romper el statu quo”. Ese ejemplo le sirve para otros escenarios, como África. Están pendientes de un acuerdo entre la UE y Guinea Bissau a la que demandan “estabilidad”. “Quien va a pescar allí son personas y la seguridad de esas personas está bajo nuestra responsabilidad”. Sin embargo, esa misma inestabilidad es la que está llegando a otros mares del globo en los que era desconocida.

“Todo se ha vuelto incierto e inestable, los cisnes negros estan cambiando de color”. Para Touza, desde el atentado a las Torres Gemelas hubo “un cambio de toda la concepción de la vida, y ya no nos puede extraña una operación en la que entran a secuestrar a un presidente de un país; es alucinante”. La consecuencia, que “el derecho internacional se está resintiendo y vivimos polarizaciones brutales”.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con ese en Vigo, ha confirmado el sobreseimiento provisional acordado por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vigo en la causa que investigaba el accidente ocurrido en agosto de 2018 durante la celebración del festival de O Marisquiño en la ciudad olívica. El órgano instructor concluía en su auto que “no fue posible identificar un responsable penal concreto de la acción u omisión que causó el accidente”, que ocurrió en agosto de 2018 durante la celebración de un concierto, cuando parte de un muelle colapsó. Hubo más de 400 heridos.

De este modo, la Audiencia Provincial desestima los recursos interpuestos por cinco afectados por el derrumbe de la estructura ubicada bajo el escenario, que solicitaban la continuación de las actuaciones penales contra varios técnicos del Ayuntamiento y de la Autoridad Portuaria de Vigo, informa Europa Press.

Los magistrados subrayan que “no se adjuntaron indicios que permitan atribuirles a los investigados responsabilidad alguna por incumplimiento del deber de vigilancia de la estructura”, y añaden que la instrucción practicada no permite sostener la apertura de un juicio oral.

Todo ello después de que la propia Audiencia ordenase el pasado mes de abril reabrir la causa por el accidente de O Marisquiño al juzgado de instrucción para concretar posibles responsabilidades penales por parte de los investigados, tanto técnicos del Ayuntamiento como del Puerto de Vigo. Sin embargo, tres meses después, el Juzgado de Instrucción número de 3 de Vigo volvió a decretar el sobreseimiento provisional de la causa, excluyendo de “responsabilidad penal” a ambas instituciones.

En su auto de julio, el juzgado aseguró que se debe excluir de “responsabilidad penal” tanto al Ayuntamiento como a la Autoridad Portuaria, teniendo en cuenta que la autorización para celebrar el evento correspondió al gobierno local y la cesión de dicho espacio al Puerto.

Para el Juzgado, no parece “debidamente justificada” la perpetración del delito por imprudencia que ha dado motivo a la formación de la causa, teniendo en cuenta, entre otras, dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el ámbito de lo contencioso-administrativo que declaró la responsabilidad del Ayuntamiento en la falta de cuidado y mantenimiento de la estructura de hormigón donde se produjo el accidente.

“No nos encontramos ante una responsabilidad objetiva de la administración por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, sino ante la vía penal que se caracteriza por exigir una responsabilidad por culpa, es decir, es preciso determinar el concreto individuo responsable, la concreta acción u omisión y el nexo causal entre uno y otro”, señaló la jueza en su día. Ahora, la Audiencia confirma esta sentencia y desestima los recursos interpuestos por cinco afectados, con lo que decreta el archivo de la causa.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha constatado este martes que la dirección del PSdeG “se equivocó” en la gestión de las denuncias por acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, por haber reaccionado tarde, pero ha eludido pronunciarse sobre si el liderazgo de José Ramón Gómez Besteiro al frente del partido en Galicia está en cuestión.

En declaraciones a Europa Press, el regidor socialista ha señalado que la cúpula del PSdeG no actuó correctamente, al dejar pasar un mes y medio desde que tuvo conocimiento de la situación, y ha añadido que fue “un error” no comunicarla a la responsable de Igualdad, Silvia Fraga, “una persona de una enorme sensibilidad y trayectoria feminista”.

Abel Caballero ha reconocido que, una vez que se hicieron públicas las denuncias, el PSdeG “sí actuó rápidamente”, y Tomé dejó de ser miembro del partido, renunció a la Diputación de Lugo “y se le pidió el acta”. “Pero es cierto, arrancaron tarde públicamente (...), no se siguieron los protocolos, que era decirlo rápidamente a los que tenían que tomar decisiones”, ha añadido.

El alcalde ha admitido que “hay una enorme sensibilidad” en el PSdeG por lo ocurrido, que se traslada en el manifiesto de apoyo a Silvia Fraga, rubricado, entre otras, por la alcaldesa de A Coruña o por el expresidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño.

“La buena línea” que marca su número dos, Carmela Silva

El regidor olívico ha afirmado que “es un manifiesto bien hecho”, pero ha matizado que, en lo concreto, él se adhiere a la carta publicada por la presidenta del PSdeG y teniente de alcalde en Vigo, Carmela Silva, en el diario Faro de Vigo (ni Caballero ni Silva han suscrito el manifiesto) donde afirmaba que “las cosas no se hicieron bien” o que la “herida abierta” por las denuncias contra Tomé “no debe cerrarse en falso”.

Caballero ha subrayado que Carmela Silva, en su texto, analiza lo ocurrido y “plantea una forma de actuar a partir de ahora, cómo tiene que ser”, en lo que ha calificado como “la buena línea para continuar”.

Al respecto, ha puesto en valor el papel de “personas tan importantes” como la también senadora viguesa en la lucha por la Igualdad, y ha insistido en que, ahora, “lo primero es atender a este caso concreto” y trabajar para tener unos “protocolos claros”, “buscar una forma distinta” de actuar y hacer con rapidez “y muchísima transparencia”.

“No sé si se cuestiona a Besteiro”

Cuestionado acerca de si esta crisis pone en cuestión el liderazgo de Gómez Besteiro como secretario xeral del PSdeG, Abel Caballero ha eludido pronunciarse sobre el futuro del lucense, argumentando que hace tiempo que no participa en las cuestiones orgánicas del partido en Galicia.

“No sé qué está sucediendo en el ámbito orgánico, no sé si hay un cuestionamiento en este momento”, ha afirmado, aunque ha reconocido que, si hubiera ese cuestionamiento, “sin ninguna duda, Vigo tendrá algo que decir, como lo tendrá que decir toda Galicia”. “Si hay algún cuestionamiento, esto es un partido político y la gente es libre de plantear lo que desee”, ha apuntado.

Finalmente, con respecto a la situación del PSOE a nivel nacional, con otras denuncias por acoso, Caballero se ha remitido a las palabras de Pedro Sánchez, que reconoció “errores”, pero ha reivindicado el papel del socialismo, “liderando” el feminismo y la lucha por la igualdad desde hace décadas en España.

Para el alcalde de Vigo, el feminismo ya se ha convertido en una “revolución”, en la que “hombres y mujeres” del PSOE están. “Estamos todos, en la revolución del feminismo y de la Igualdad”, ha zanjado.

La primera de las 10 piezas de Un instante de naufragio (Ferror Records, 2025) se llama Programa de derribo y al fondo de un éter ambient late, oscuro, incluso tenebroso, el ritmo dislocado y lento de una caída. Es el pórtico del disco con el que Carlos Ordóñez (Burgos, 1972, vigués de adopción) regresa al formato larga duración 30 años después de irrumpir en la escena electrónica estatal con el techno rugoso de Prozack, un cuarto de siglo desde su disco final, Dispersión, y a más de veinte años de sus aventuras pop con Grado 33. “Es una colección de temas de música electrónica entre la abstracción y la emoción, que salen a luz desde un mundo interior turbio y revuelto”, lo define Ordóñez a elDiario.es, cuyo título es un verso de Emily Dickinson. Nunca antes había firmado un elepé con su propio nombre.

“Además de sugerente, resulta muy descriptivo del momento que estaba viviendo”, añade vía correo electrónico. La nota promocional entra en más detalle: Un instante de naufragio no orbita alrededor de ningún concepto pero en él hay ecos de dolor, enfermedad, pérdida y muerte. No solo. De sonido por momentos asfixiante, todos los cortes son instrumentales atravesados por escasas voces espectrales sampleadas, contiene también tramos menos tortuosos. Quizás esa diferencia estructura las dos caras del disco –un vinilo enfundado en diseño de Manuel Romero y pinturas de José Luis Seara–, al modo de dos álbumes clásicos, confiesa Ordóñez, el Low (1977) de David Bowie y el Closer (1980) de Joy Division. Referencias invernales y europeas, sin duda.

“Había piezas intrincadas, fruto de técnicas de composición poco ortodoxas que fui adoptando con el paso del tiempo”, explica, “y por otro lado, algunas más melódicas, más clásicas en términos de composición y sonido. También más emocionales y profundas”. Fueron a parar al lado B, para el que quiso reservar “una atmósfera especial”, títulos como Crepúsculo en Villa Lys, en el que resuena el kraut más espacial, Un canto sinusoide o Criaturas de amor celeste. “Se trata de música abstracta, sin textos ni mensajes, y como tal, abierta a múltiples interpretaciones”, dice en la nota promocional. Y, a la vez, densa, que soporta reiteradas escuchas con nuevos matices cada vez.

Un nacimiento complejo

Un instante de naufragio tardó en nacer. En una entrevista en la web La Fonoteca, Ordóñez recordaba los “innumerables atrasos y contratiempos” en la edición del trabajo. No culpa a nadie. “El problema principal es mi perfeccionismo patológico, mi incapacidad para ver una pieza completamente finalizada”, asegura. Lo ejemplifica con los dos meses que tardó en decidirse por algún título o la retirada de un single de las plataformas porque no le convencía un sámpler de apenas dos segundos. “Hubo momentos en los que casi abandono el proyecto y tiro la toalla”, confiesa. Si no lo hizo fue por la insistencia de Fernando Fernández Rego, fundador de Ferror Records. El fue quien tiró de Ordóñez para que se embarcase en la creación de un disco largo tras publicarle los EP con los que volvió tras 20 años de ausencia: Retortoiro (2021) y Un círculo helado (2022). “Yo no quería hacer un álbum, estaba muy cómodo con la publicación de EP, que suponen ciclos más cortos y mucho menos esfuerzo”, se resigna.

Esta “música electrónica de autor, arriesgada y experimental” –así la describe su discográfica–, confeccionada como un duelo y un alivio, bebió de aguas diversas. “No solo de la música electrónica. Tengo interés por las músicas de vanguardia, los sonidos concretos, el drone”, señala. Y su “diabólico algoritmo” de Spotify indica que la artista que más escuchó Ordóñez en los dos últimos años, enfrascado en Un instante de naufragio, fue Nico, la alemana que cantó en el debut de The Velvet Underground en 1967 y facturó en los 70 y 80 una serie de obras tensas y solemnes, aislacionistas y hermosas, que alcanzaron –suele afirmar la crítica– estatus de culto. “Es muy posible que, de algún modo, su tono dramático y fúnebre esté presente en mi álbum”, confirma. Más allá, sus obsesiones habituales: lo que considera romanticismo del sello inglés 4AD, el postpunk, el shoegaze (cuando el rock alternativo de los 80 creo su propia psicodelia a través de la distorsión atmosférica), el krautrock (la etiqueta que observadores ingleses colgaron al iconoclasta rock progresivo alemán de los 70), varias tendencias electrónicas.

Lejos de la pista de baile

El prolongado silencio discográfico de Ordóñez que ahora cesa implicó, entre otros cambios, su alejamiento de la pista de baile. Las sesiones de Prozack, el alias con el que sacudió el paisaje electrónico a mediados de los 90, era habitual de la mítica sala Vademecum de Vigo, templo del techno más exploratorio, menos previsible. Con todo, el último de los tres elepés de Prozack, Dispersión (2000), “ya se apartaba de ese mundo y se introducía en territorios no muy distantes de Un instante de naufragio. Siento la necesidad constante de hacer nuevas cosas, avanzar, investigar nuevos horizontes”. De hecho, ya lo hacía durante la etapa Prozack, que compatibilizó con el deep house de Gauss; con Radio, junto a los miembros de Silvania y también dirigido al baile; o con Grado 33, su propuesta más pop, afterpunk, autores de Ya se oculta el sol (2002). Después, silencio. “No me imagino hacer en la actualidad la misma música que en 1997”, dice, “lo que no significa que en el futuro no vuelva a hacer un trabajo más orientado a la pista”.

El largo paréntesis entre Grado 33 y el EP Retortoiro fue la consecuencia de un agotamiento, relata ahora con cierta perspectiva. “Pasé diez años en la escena underground de los 90. Viví el presente con intensidad, pero llegó la necesidad de un cambio radical”, dice. El año 2003 supuso un punto de inflexión: “De pronto, veía más emoción en la vida gris de un trabajo convencional que en las miserias del mundillo musical alternativo”. El Prozack que había asombrado con su trilogía de elepés –Ideology (1996), Tan lejos (1998) y el mencionado Dispersión–, un viaje por las aristas experimentales del techno, desapareció. De la escena, no de la música. “Mi pasión es la composición, para mí una especie de adicción. Las demás actividades asociadas a la producción musical –hacer contactos, promoción, ensayos, conciertos...– nunca me gustaron”, concluye.

Ordóñez reside ahora en las Canarias. Nunca pierde de vista su Galicia de origen, tampoco sus ángulos musicales. Ferror, el sello que lo ha devuelto a la luz pública, es ferrolano. “Hay mucha gente haciendo cosas, pero todos vamos por libre. No veo una escena como conjunto de propuestas con algo en común”, se explica, “las localizaciones geográficas de las escenas musicales son cosa del pasado”. Y aun así apunta a un paisano, Rubén Domínguez, el cerebro detrás de Pantis –electrónica de base analógica, fascinada por las derivas kraut–, como una de las pistas a seguir en su país: “Merecería mucho más reconocimiento y atención de los que recibe”. Un instante de naufragio opera en coordenadas de algún modo análogas, apartadas del canon central, sin miedo. “Un disco como nunca se había hecho en Galicia”, resume su editor.

Miles de personas, unas 15.000 según la Policía Nacional, se han manifestado este jueves por las calles del centro de Vigo, convocadas por la plataforma SOS Sanidade Pública, clamando por la “reconstrucción” del área sanitaria viguesa y coreando consignas como “Poner a Rueda en lista de espera”, “Menos inventos y más inversiones” o “Con nuestra salud no se juega”. Las denuncias contra la privatización de la sanidad fueron constantes en un acto marcado por la publicación de los audios del CEO de Ribera Salud en los que daba instrucciones para aumentar las listas de espera en el hospital de Torrejón. Ribera es el grupo propietario de Povisa, la clínica que atiende a más de 110.000 personas en el área a través de un convenio con la Xunta de casi 100 millones de euros al año.

El portavoz de la plataforma, Manuel González Moreira, ha denunciado la “apuesta” del PP por un modelo de sanidad privatizada y ha advertido de que los presupuestos autonómicos para el año que viene no aportan respuestas a las necesidades del área, por lo tanto, “el resultado va a ser el mismo: más dificultades de acceso a la sanidad pública, más precariedad profesional y, en definitiva, un servicio que seguirá siendo precario”, según recoge Europa Press.

“Para nadie es una sorpresa que las empresas quieren ganar dinero y que hacen negocio con la salud, quieren hacer dinero con la enfermedad”, ha subrayado.

Al respecto, y cuestionado por la polémica que rodea al Grupo Ribera Salud en la gestión del hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) y por si las malas prácticas podrían reproducirse en el hospital del grupo en Vigo, Povisa, González Moreira ha sido tajante: “¿A alguien le sorprendería que no pasara lo mismo? (...) Esto refuerza nuestra apuesta por acabar con este tipo de conciertos, que precarizan las condiciones de trabajadores y las condiciones de prestación del servicio a la ciudadanía”.

En la marcha han participado cargos políticos, como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; diputados y concejales socialistas y nacionalistas; además de representantes sindicales y de plataformas en favor de la sanidad pública de toda la comarca.

Presencia política

Ana Pontón ha subrayado la necesidad de defender en las calles la sanidad pública, frente a un gobierno del PP que, en 16 años, ha “dinamitado” este servicio, especialmente la Atención Primaria, con un recorte de más de 16.000 millones de euros. Al respecto ha denunciado que el PP quiere “normalizar” situaciones como las listas de espera o la ausencia de pediatras para 11.000 niños y niñas, y ha pedido a Alfonso Rueda que “escuche el clamor” de la manifestación de Vigo en defensa de la sanidad pública.

En el caso de esta área sanitaria, la líder del BNG ha recordado que los gallegos siguen pagando un sobrecoste de 470 millones por el hospital Álvaro Cunqueiro. Igualmente ha puesto como ejemplo de privatización de la sanidad pública lo ocurrido en Torrejón de Ardoz y ha preguntado al presidente de la Xunta “si puede garantizar” que las prácticas realizadas en Grupo Ribera “no le afectan también a Povisa”, que atiende a 114.000 personas.

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, también ha reafirmado el apoyo “total” del gobierno municipal y de la ciudad a SOS Sanidade Pública, en sus reivindicaciones, y ha denunciado las “carencias absolutas” de la atención sanitaria en la ciudad y la comarca. “Pero no es nada nuevo, es la situación que tenemos en Vigo desde tanto tiempo atrás”, ha lamentado y ha pedido a Rueda “que tome nota” de las demandas que traslada esta manifestación.

Sobre el cuestionamiento a la gestión de Ribera Salud y la posible afección a Povisa, el regidor ha calificado como “escándalo intolerable” lo ocurrido en el hospital de Torrejón. “Lamentaríamos que estuviera pasando en más sitios, pero tiene que tomar acciones el gobierno de Madrid”, ha apuntado.

Deterioro del área sanitaria

En el manifiesto leído tras la marcha, SOS Sanidade Pública ha exigido “responsabilidades políticas por las condiciones en las que se encuentra” el área sanitaria de Vigo, y ha reclamado medidas para conseguir una asistencia “cien por cien pública y de calidad”.

La Plataforma ha denunciado el deterioro del servicio desde que la Xunta apostó en Vigo por un modelo concesional, con la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro y ha proclamado que “no puede quedar impune” el sobrecoste de más de 470 millones de euros de esta infraestructura, la reducción de espacios y camas, o la decisión del PP de “mantener e incluso aumentar el negocio de la sanidad privada”.

Al respecto, han recordado que este hospital, inaugurado en 2015, no ha cumplido los objetivos del plan funcional inicial porque no da respuesta a las necesidades del área sanitaria. También han denunciado que no se ha reforzado la Atención Primaria con nuevos centros de salud o ampliación de otros, ni se ha logrado una disminución del peso de la sanidad privada.

Estas políticas, han remarcado, derivaron en “intolerables listas de espera”, servicios hospitalarios sin personal ni espacios suficientes, cartera de servicios incompleta, saturación del servicio de Urgencias, esperas inéditas en Atención Primaria, niños sin pediatra, sobrecarga de los profesionales de Enfemería, dificultades para acceder a los centros de salud y consultas por falta de personal administrativo, y un concierto económico con Povisa “sin transparencia y sin alternativa pública en este momento”.

“Reconstruir” la sanidad pública en Vigo

“Mientras la sanidad pública sufre, el dinero público sigue llenado las carteras de los accionistas de fondos de inversión extranjeros, que son los propietarios del Álvaro Cunqueiro y de Povisa”, ha proclamado SOS Sanidade Pública, que ha reiterado el lema de la manifestación y ha insistido: “Defendemos reconstruir las cosas que estaba previsto hacer y, por decisión política, no se hicieron”.

Al respecto, la plataforma ha demandado la reversión de la concesión y el “rescate” del hospital Álvaro Cunqueiro; la ampliación del hospital con más camas y la activación “a pleno rendimiento” del hospital Meixoeiro y del Nicolás Peña; recuperar la población de 300.000 pacientes que antes tenían servicios especializados en Vigo (Cirugía Torácica, Cardíaca, Hemodinámica, etc.); contrucción de un Centro de Alta Resolución; aumento de la inversión en Atención Primaria con recursos técnicos y humanos en centros de salud y PAC; o dotar de Urgencias al nuevo centro de salud de Moaña, ampliar el de Cangas y construir uno nuevo en O Hío, entre otras reivindicaciones.

Son tres los hospitales propiedad de Ribera Salud en Galicia. Todos ellos fueron adquiridos por el grupo en los últimos años de Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno gallego. En 2021 se anunció la compra del Juan Cardona, en Ferrol. Un año antes, la compañía se había hecho con Polusa, en Lugo. Pero la operación más relevante, por el número de pacientes y por la especial relación con el Servizo Galego de Saúde (Sergas), fue en 2019, cuando Povisa pasó a manos de Ribera Salud. Este es el hospital de referencia para más de 100.000 personas del área de Vigo, con el que la Xunta tiene un millonario concierto que, en la actualidad, le reporta a la empresa 97,5 millones de euros anuales.

El modelo privatizador de Povisa era ya objeto de críticas reiteradas en Galicia antes de que se supiese, por un audio publicado por El País, que el CEO, Pablo Gallart, dio instrucciones de descartar pacientes con procesos considerados poco rentables para mejorar los resultados. La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública ha cargado repetidamente contra el concierto con este centro. Este jueves se reafirmó en su postura: “Povisa es el cáncer de la sanidad pública en Vigo”. Le atribuye tener un 30% menos de personal que un hospital público de características similares y un papel en una reducción de las camas que estaba previsto que tuviese el hospital Álvaro Cunqueiro -público, pero con un canon que se paga aún anualmente a los constructores-. Para Manuel González Moreira, portavoz de SOS Sanidade Pública en Vigo, el audio de Gallart viene a confirmar que las empresas privadas ponen los beneficios por encima de la atención a los pacientes.

Ribera Salud tiene, además de estos tres hospitales, diez clínicas menores en Galicia, localizadas en Vigo, A Coruña, Lugo y Viveiro, según la información del grupo empresarial. En su sitio web consta que tiene 80 camas instaladas dependientes de Polusa y 115 en el Juan Cardona. En Povisa, son 400. En las siete áreas sanitarias de Galicia el Sergas deriva actividad a centros privados, pero el vínculo con el Policlínico de Vigo (de ahí viene el nombre de Povisa) es especial, “muy estrecho”, según lo calificó el Consello de Contas en uno de sus informes de fiscalización. Entre la Xunta y Povisa está vigente un concierto singular por el cual tiene adscritos pacientes de algunas partes de Vigo y de las comarcas de O Morrazo y Val Miñor.

Este modelo se inauguró en 1993, cuando el presidente de la Xunta era Manuel Fraga Iribarne, y se ha ido prologando por parte de los sucesivos gobiernos gallegos. La primera modificación en el acuerdo fue en 1996, el mismo año en el que Povisa pasó a manos del grupo Nosa Terra XXI, del empresario vigués, ya fallecido, José Silveira. En 2018 hubo una sacudida en la relación entre el Gobierno gallego y el hospital privado, que llegó a solicitar preconcurso de acreedores porque aseguraba que había acumulado unas pérdidas de 42 millones desde el inicio del concierto que estaba vigente en aquel momento, formalizado en 2014 y que terminó por prolongarse, al aplicarse las prórrogas, hasta 2024. En enero de 2019 se aplicó una modificación del concierto que implicaba un mayor desembolso por parte del Sergas, que asumía el suministro de medicación de dispensación ambulatoria y de alto impacto.

Ese mismo año se supo que los propietarios de Povisa estaban negociando venderlo a Ribera Salud, el grupo fundado en la Comunidad Valenciana y que por entonces era propiedad de la estadounidense Centene Corporation. La Xunta de Alberto Núñez Feijóo se reunió con los responsables del centro privado, dado que el concierto hacía que en ese momento lo tuviesen como hospital de referencia unos 140.000 gallegos. La operación de venta se firmó en octubre de ese año. Pero no fue el fin de los movimientos empresariales: Ribera Salud pasó en 2022 a manos de la francesa Vivalto Santé.

También hubo cambios en el concierto: en 2025, con el anterior vencido, se anunció un nuevo contrato que cambiaba algunos aspectos. El más evidente afecta al dinero público que se destina a Povisa, que pasó de 75 millones de euros anuales a 195 para dos años, es decir, 97,5 para cada ejercicio. La población a atender, sin embargo, se redujo. De las alrededor de 140.000 personas adscritas a Povisa en el concierto anterior, se pasaron a unas 116.000. Otra modificación relevante es la fórmula para calcular las cantidades a abonar al hospital privado: de las entregas por cápita -es decir, por paciente asignado- se pasó a abonos “en función de los procesos realmente realizados”. Así lo dijo el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, cuando anunció las nuevas condiciones. La secretaria xeral técnica de la Consellería, Natalia Lobato, insistió en junio en el Parlamento en que se había pasado a un contrato de servicios en función de la actividad realizada efectivamente y se había abandonado el sistema de cápita, como había reclamado el Consello de Contas.

Gómez Caamaño anunció también una “unidad de supervisión y control para el seguimiento del contrato”. Y a este órgano se ha remitido, tras conocerse el audio de Gallart, para asegurar que en Galicia no se puede dar una situación como la del hospital de Torrejón. Los hospitales de Ribera Salud con los que trabaja la Xunta, dijo, “están bajo supervisión” y esas unidades de control revisan que la atención que se da al amparo de los conciertos tiene “los máximos estándares de calidad” y está diseñada para “evitar prácticas irregulares o cualquier desviación” de los criterios asistenciales de la sanidad pública.

Los informes del Consello de Contas reflejan que los pagos a Povisa superan las cantidades incluidas en el concierto. El último, que analiza la cuenta general del Sergas de 2023, recoge que se le abonaron en total 87 millones de euros. Figuran 13,8 millones adjudicados al margen del concierto por otros servicios. Contas critica el uso de fórmulas opacas y la asignación a dedo de estos recursos. “En el ejercicio 2023, el Sergas sigue utilizando la autorización de uso temporal para contratar, de forma directa, la prestación de servicios sanitarios sin concurrencia, publicidad e igualdad de trato”, indica.

La Xunta asegura que la situación vivida en el Hospital de Torrejón —donde el CEO del Grupo Ribera dio la orden de rechazar pacientes para ampliar beneficios— no puede darse en Galicia, pese a que la empresa gestiona varios centros médicos en Galicia, liderados por Povisa, donde reciben atención más de 100.000 personas del área sanitaria de Vigo. En la comunidad gallega “no tenemos ese problema”, según el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, porque esos hospitales “están bajo supervisión”.

Caamaño destacó la existencia de “unidades de control” encargadas de garantizar que la atención asociada a estos conciertos “se haga con los máximos estándares de calidad” y está diseñada para “evitar prácticas irregulares o cualquier desviación” de los criterios asistenciales establecidos por la sanidad pública.

Este jueves, Sanidade aclaró a elDiario.es que el contrato iniciado en abril con Povisa establece además la obligación por parte de la empresa de “disponer del personal necesario y adecuado para ejecutar el contrato en los términos contractuales legalmente establecidos y con la máxima calidad exigible” y eso incluye que “la adecuada respuesta desde el punto de vista asistencial a los pacientes quede siempre garantizada”.

Recuerda que Povisa “sólo atiende a aquellos pacientes que libremente elijan recibir su asistencia sanitaria en este centro” y que, en los presupuestos de la Xunta para 2026, el gasto del Sergas en actividad concertada con medios ajenos “seguirá siendo inferior al 6% del gasto real total, cumpliendo con el mandato parlamentario”.

El nuevo contrato —con un coste de 195 millones de euros para un período de dos años—, llevaba aparejado un cámbio de fórmula, “dando cumplimiento a las recomendaciones del Consello de Contas”, como afirmaba entonces el gobierno gallego. La Xunta pasó de un concierto a un contrato de servicios y a pagar, así, en función de los procesos realizados, y no per cápita.

Privatización a la gallega

El BNG ha pedido una “investigación a fondo” en Povisa para verificar si Ribera Salud “manipuló las listas de espera”. La formación demanda a la Xunta una “respuesta enérgica” ante el “escándalo” del hospital de Torrejón, que ya provocó la dimisión del responsable. “Las 113 mil personas del área sanitaria adscritas a Povisa merecen garantías de que estas prácticas indecentes no se replicaron también no hospital vigués”, afirmaron la portavoz parlamentaria de sanidad, Montse Prado, y el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas.

Por su parte, el portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública en Vigo, Manuel González Moreira, considera que la información conocida sobre el hospital de Torrejón supone la confirmación de que los modelos privatizadores de la sanidad sitúan el interés económico por encima de la atención a los pacientes: “Hacen negocio con la enfermedad, que no con la salud”. El principal centro en manos de Ribera Salud en Galicia es el Povisa de Vigo, que tiene un millonario concierto con el Servizo Galego de Saúde (Sergas) por el que atiende a unos 110.000 pacientes de la sanidad pública.

González Moreira considera que el modelo de Madrid y el gallego son dos formas de privatización, pero con algunas diferencias. En el caso de Povisa, es un centro de titularidad privada, con gestión privada, pero que debe atender a los pacientes asignados —en el área sanitaria eligen si quieren o no este centro— como se atenderían en la pública. El pago, desde este año, depende de los servicios realmente prestados.

La principal crítica al modelo, según el portavoz de SOS Sanidade Pública en Vigo, es que se detraen fondos de la pública y se entregan a empresas con un objetivo declarado de lograr beneficios, de modo que parte de ese dinero se destina a lucro privado. Otro de los reproches es que hay, como en el Sergas, una falta de transparencia de las listas de espera, ya que solo se publican las estructurales. González Moreira añade que se están tratando en Povisa pacientes que están en lista de espera en el hospital público, cuando el centro privado tiene ya su propia demora pendiente de gestionar.

Precisamente, SOS Sanidade Pública saldrá a la calle este jueves en Vigo para reclamar la “reconstrucción” de un área sanitaria —la que orbita en torno a la mayor ciudad de Galicia— en “crisis”. Entre sus demandas destaca la solicitud de un refuerzo hospitalario que permita que los pacientes atendidos en Povisa pasen a acudir a un hospital “100% público”. El presidente de la Xunta ha visitado esta mañana la ciudad olívica pero ha evitado contestar a la prensa.

Ribera Salud tiene otros dos hospitales en Galicia: Polusa en Lugo y el Juan Cardona de Ferrol. Además, son de su propiedad una decena de clínicas en las localidades de Vigo, A Coruña, Lugo y Viveiro.

La Facultade de Medicina de Santiago, una de las joyas de la corona del sistema universitario gallego, se ha convertido desde el verano en eje del debate político y académico en la comunidad. La histórica reivindicación de A Coruña de contar con un centro propio en su campus reapareció en julio tras años de letargo y volvió a encender una controversia que contagió a Vigo y ha tocado a todas las instituciones a lo largo del eje atlántico. La Xunta, los tres ayuntamientos y las tres universidades han lidiado una batalla en la que se han mezclado argumentos científicos y partidistas, educativos y localistas y donde la gestión ha tenido que combatir al electoralismo. Finalmente, se cerró con un acuerdo de descentralización de la práctica médica que parecía contentar a todas las partes y enterraba el asunto, de nuevo, hasta 2029. Sin embargo, cuando parecía que los rectores y la Consellería de Educación había resuelto todo, la propia junta de facultad alzó la voz en contra del acuerdo y amenazó con devolver las posiciones al punto de partida.

Un punto de partida que, prácticamente, remite a 1990, el momento en el que se segrega la Universidade de Santiago (USC) dando lugar al sistema universitario gallego con la creación de las universidades de A Coruña (UDC) y Vigo (UVigo). Desde ese mismo instante fundacional, el primer rector de la UDC, José Luis Meilán Gil, se fija como objetivo personal lograr una facultad de Medicina para la ciudad. Desde un lustro antes, los médicos del Hospital Juan Canalejo –hoy CHUAC– ya habían ofrecido la posibilidad de realizar allí la práctica clínica.

Cuando llegó al rectorado de A Maestranza, Meilán —numerario del Opus Dei— ya traía tras de sí una larga carrera académica y política. Este catedrático de Derecho Administrativo fue procurador en las Cortes franquistas y secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno de la dictadura. En la Transición, como diputado de UCD, participó en la redacción de la Constitución y defendió el Estatuto de Autonomía de Galicia. Tras varios reveses políticos, en los 80 regresa a la universidad desde donde impulsa la creación del campus herculino que dirigirá hasta 2003.

La demanda de Medicina contó el respaldo de Paco Vázquez, el que fue regidor socialista de la ciudad durante 23 años, considerado por Manuel Fraga “espejo de alcaldes”. Pese a ello –y al apoyo de su cardiólogo personal, el doctor Castro Beiras–, en 1998 dio un portazo a las aspiraciones herculinas. A Coruña se tuvo que conformar, tres años después, con la Facultade de Ciencias da Saúde y la declaración del todavía Canalejo como hospital universitario.

Desde entonces, la reclamación de A Coruña –a la que acabaría sumándose Vigo, la mayor ciudad de Galicia, también con campus y hospital universitario propio– ha fluido como el Guadiana, partiendo de un hecho objetivo: el hospital de Santiago, el CHUS, carece de capacidad para dar formación clínica a los alumnos que cada año realizan prácticas clínicas, los de 4º, 5º y, sobre todo, 6º de Medicina. Un convenio entre la USC y el Servizo Galego de Saúde (Sergas) permite que los estudiantes se repartan por los distintos centros médicos de la comunidad.

Sin garantía de más alumnado

El primer intento formal de “cooperación y descentralización” se firma en 2015 y en él, de nuevo, tiene un importante peso Castro Beiras. Xosé Luís Armesto era entonces el rector de A Coruña, doctor en química al que otro Beiras, Xosé Manuel –entonces líder del BNG– encargó en los 80 el desarrollo de su modelo de universidad única para Galicia que el tripartito socialista dividió “sorpresivamente” en tres pero matizó luego integrándolas en un sistema universitario gallego en el que todas están llamadas a colaborar y cooperar en búsqueda de una mayor eficiencia.

“La descentralización de los estudios de medicina estaba basada en esa idea”, cuenta hoy Armesto, quien recuerda que en aquel momento la necesidad más “perentoria” era que el Instituto de Investigación Biomédica del hospital coruñés lograse la certificación del Instituto Carlos III, “porque si no investigas no tienes futuro”. Ese objetivo se consiguió pero la “pata” docente no llegó a desarrollarse. Una década después, ya jubilado, Armesto admite la “frustración” que le provoca “haber alcanzado una solución razonable y que nadie la cumpla” y pone el foco en la “resistencia” que siempre ha mostrado la propia facultad.

Un integrante del equipo rectoral compostelano que firmó aquel acuerdo poco antes de ceder el testigo también se lamenta de que no llegase a desarrollarse. Da por hecho que el pacto actual alcanzado entre las tres universidades y la Xunta –que recoge la descentralización a través de la creación de unidades docentes en A Coruña y Vigo– para frenar el órdago del actual rector de la UDC, Ricardo Cao, dispuesto a iniciar los trámites para crear su propio centro, no hace más que sentar las bases para que a su finalización, en 2029, nazcan dos nuevas facultades.

“Les vamos haciendo el trabajo, ellos van poniendo el dinero para el profesorado, con la espada de Damocles de que, si algo falla, pueden romper el pacto y solicitar la facultad. Y algo va a fallar, seguro”, argumenta contra una visión que ve “equivocada para el país” y contra la que, como él, se han manifestado las cinco candidatas a ocupar el rectorado de la USC en apenas dos meses.

“No vamos a formar a más alumnado”, asegura contundente, recordando que el número de matrículas se fija siguiendo las indicaciones del Ministerio y de la disponibilidad de plazas de MIR (médicos internos residentes) tras una propuesta de la facultad que aprueban los órganos de gobierno de la universidad y, en último término, la Xunta. “En toda Galicia no se van a poder formar más de los 400 alumnos actuales por curso. A Coruña estaba reclamando un grupo de 50... ¡vaya lujo! Montar una facultad completa para seis cursos de 50 alumnos y Vigo, que no quedará callado, querrá lo mismo. Aumentarían las plantillas y los gastos de una manera brutal”.

La sombra de la privada

Uno de los argumentos puestos sobre la mesa para defender que se duplique –o se triplique– el número de centros es la posibilidad de que ese hueco sea ocupado por una facultad privada. “Ya entonces tuve sobre la mesa la propuesta de una, para crear un centro adscrito”, recuerda Armesto, “pero dijimos que no”. Hoy, entiende que esa misma propuesta sigue sobre la mesa, pero con la existencia de una universidad privada en A Coruña –la UIE, impulsada por Abanca y que acaba de anunciar el grado de Biomedicina para 2027– “es mucho más fácil llevarla a cabo”.

“Se puede hacer, pero crear una facultad privada de Medicina no es sencillo. No hay tantos doctores ni gente acreditada como se puede pensar...”, argumenta el antiguo integrante del gobierno de la USC para quien, por muchas dificultades que se pongan –incluido el voto en contra de los rectores gallegos –si la quieren hacer, la harán igual...“. La altísima exigencia de nota para Medicina en Santiago, por encima del 13, la convierte en una titulación exclusiva a la que, con una alternativa de pago, podrían acceder aquellos que dispongan de dinero para hacerlo.

Este viernes, el Consello de Gobierno de la USC retiró del orden del día la votación del acuerdo de descentralización y abrió la puerta a negociarlo antes con una junta de facultad de Medicina que se posicionó abiertamente en contra. Mientras –tanto desde el ámbito político como del académico–, A Coruña y Vigo esperan acontecimientos para ver si desentierran o no una demanda que consideran más que justificada por mucho que desde Santiago se vea como simplemente “localista” y sobre la que el antiguo vicerrector compostelano tiene una certeza: “la decisión final no dependerá de argumentos académicos”.

 El Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ha adjudicado el contrato para la provisión de libros a la red de bibliotecas municipales a Infobibliotecas S.L., una comercializadora privada radicada en Vigo.

La decisión del equipo de gobierno del Partido Popular (PP) ha provocado la inmediata reacción del portavoz del grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, quien ha exigido que se vuelva al modelo que estaba vigente, donde esta labor era asumida mediante la asignación por lotes de las librerías locales.

El contrato es de 400.000 euros y tiene un período de vigencia de cuatro años, según han confirmado fuentes municipales.

El perjuicio a las librerías de Oviedo

La adjudicación de este contrato a una empresa gallega en perjuicio de las librerías locales no ha pasado desapercibida para el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares.

Este cambio de criterio no es, en su opinión, un mero detalle administrativo, sino que supone un perjuicio directo para las librerías de la capital asturiana que, según explica, “han contribuido con su trabajo, su conocimiento y su compromiso a fortalecer tanto el tejido comercial como la red cultural de nuestra ciudad”.

Llamazares: “Es incomprensible”

La decisión del equipo de gobierno que lidera Alfredo Canteli es, además, a juicio del portavoz, contradictoria con su discurso, si se tiene en cuenta que “presume de impulsar el comercio local, y la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Europea de la Cultura, que exige políticas coherentes, sólidas y de apoyo real a los agentes culturales del municipio”.

Llamazares califica de “incomprensible” la postura del gobierno local de dejar fuera a las librerías ovetenses de un proceso que históricamente ha contribuido a su sostenimiento y al enriquecimiento cultural de la capital asturiana.

IU exige una rectificación al PP

“Con decisiones como esta se debilita una red cultural ejemplar, formada por la colaboración entre librerías y bibliotecas. Esperamos una rectificación inmediata y medidas que vuelvan a situar al comercio y a la cultura local en el lugar que merecen”, señala el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo.

Su grupo municipal espera que el equipo de gobierno revierta “de inmediato” esta adjudicación y reactive mecanismos que permitan seguir fortaleciendo “la excelente red cultural de la que dispone Oviedo”, de la que afirma que es “un patrimonio que debemos proteger y cuidar entre todos y todas”.

Las cláusulas

Su denuncia no es aislada. En las últimas horas, la Confederación Española de Libreros se ha sumado a esta petición para volver al modelo que estaba vigente y ha advertido de que las cláusulas de esa adjudicación podrían ser contrarias a la Ley.

Las librerías de Oviedo consideran que el concurso para suministrar material a las bibliotecas de la ciudad contraviene la Ley del Precio Fijo y estiman que en el concurso debieron incluirse cláusulas para favorecer a los negocios locales.

En el caso de que el equipo de gobierno no esté por la labor de cambiar de criterio, la Asociación de Libreros de Oviedo está decidida a no organizar la Feria LibrOviedo, cita que se celebrará en el marco de la candidatura a Capital Europea de la Cultura.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia y líder del PP en la comunidad, colgó ayer un vídeo en sus redes sociales. “Hoy quiero trasladaros una muy buena noticia”, arrancaba en tono jovial y con un montaje entrecortado, “para Vigo y para toda Galicia”. No era lo que parecía. No iba a presumir de políticas de su Gobierno para la ciudad gallega con más habitantes, sino a publicitar una inversión privada en la misma. “Por fin las obras de la residencia de mayores que la Fundación Amancio Ortega va a construir en la ETEA comienza. Comienzan ya”, decía ufano. El jolgorio crítico en redes no se hizo esperar.

“Anda que hacer un mensaje por facilitar la construcción de una residencia pagada por un particular es por lo menos para que lo analicéis y empecéis a espabilar”, decía el usuario @sereldelbar. El humorista Denny Horror, habitualmente crítico con el Partido Popular, iba un poco más allá: “Como presidente del país es una puta vergüenza, pero como comercial de Inditex no tiene precio”.

El propio Rueda recordaba en su vídeo que la de Vigo será el séptimo de los centros que la Fundación Amancio Ortega se comprometió a donar a la Xunta. Esta, propietaria de las mismas, ha sin embargo cedido su gestión a entidades privadas. El total de dinero que ha gastado el fundador de Inditex en la iniciativa, lo menciona el presidente gallego, fue 180 millones de euros. La de Vigo iniciará las obras, dijo Rueda, “una vez resueltos los trámites que faltaban”. A juzgar por sus palabras, parece que resolver papeleo fue la función del Gobierno gallego en el asunto.

“¿El anuncio es que hacéis publicidad del listo de Amancio? ¿O que tiene que venir alguien a poner dinero para que hagáis una inversión en condiciones?”, se preguntaba @seke_. Para @iriaalvfreire, el contraste entre los sucesivos ejecutivos autonómicos del PP y la Fundación Amancio Ortega es la clave: “¡Qué cara! Hace más de 15 años que la Xunta no hace una residencia en Vigo, tiene que venir Amancio a hacerla”.

Ni en Vigo ni en ningún otro lugar. La última residencia de mayores construida por la Xunta abrió en 2008 en Santiago de Compostela. Gobernaba Galicia una coalición entre el Partido Socialista y el BNG. Tras la epidemia de coronavirus, cuando los centros privados o de gestión privada -el PP intenta confundir términos para negar que privatice servicios- tuvieron mayor tasa de mortalidad que los públicos, el Gobierno gallego anunció “un cambio de modelo”. El presidente era Núñez Feijóo, pero la conselleira de Política Social Fabiola García, la misma que ahora. El cambio no fue tal, denuncia sindicatos y asociaciones de usuarios, y tampoco modificó la propiedad ni la gestión. Y el departamento de García es, a día de hoy, uno de los que más conflictos acumula en las áreas que de él dependen. La conselleira, por cierto, apenas aparece en el vídeo, solo de refilón en imágenes de archivo, pese a que la geriatría es una de las principales materias de su incumbencia.

Alfonso Rueda, en todo caso, asegura a cámara sentir “orgullo” por unas residencias, las sufragadas por la Fundación Amancio Ortega, “de vanguardia, con las mejores instalaciones y servicios” y que serán, dijo sin explicar por qué, “de referencia en toda España”. La de Vigo abrirá en una ciudad en la que hace 18 años que el Partido Popular se estrella una y otra vez contra el socialista Abel Caballero, cuyas dos últimas mayorías absolutas se apoyan en más del 60% de los votos. “Ahora toca seguir trabajando en compromiso con Vigo”, se despide en el vídeo. Los internautas discrepan: “La residencia que regala Amancio, y que la Xunta va a dar en concesión a una empresa amiga, mientras todos pagamos su campaña de autobombo. ¡Jugada perfecta!”.

El juez ha decidido sobreseer de manera provisional la causa para investigar si el hostelero de Vigo que expulsó a un grupo de turistas israelíes de su restaurante el pasado mes de julio cometió un delito de odio. El magistrado, responsable del Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, concluye, después de ver el vídeo parcial de los hechos y de escuchar tanto al investigado como al único testigo presencial, que “lo único cierto es que, por razones que se desconocen, y en apenas un par de minutos, hubo un incidente verbal” entre los clientes y el propietario del negocio. En una situación así, dice, “nunca es descartable una motivación secundaria ajena a una intencionalidad de odio a un colectivo”, es decir, que el conflicto pudo ser por un motivo distinto al antisemitismo.

La causa, con la que se trataba de determinar si hubo por parte del hostelero una incitación a la hostilidad y al odio antisemita, se abrió en verano, cuando la Policía Nacional remitió el atestado al juzgado. No había ni querella ni denuncia, pero se trata de un delito perseguible de oficio. El juez indica en su resolución que no fue posible citar a los turistas expulsados “por falta de colaboración de las autoridades de Israel”.

En el vídeo citado, que grabó el propio hostelero, se ve cómo expulsa a un grupo de personas que estaba tomando algo en la terraza del restaurante mientras critica que apoyen las acciones de Israel en Gaza. Se le escucha decir: “Si matáis palestinos, id a comer a Gaza”. Más adelante, aseguró ante los medios que su reacción se debió a que los clientes estaban teniendo una actitud agresiva y provocadora. En el vídeo se oye a alguno de ellos gritar “Viva Israel”.

En la argumentación, el auto cita jurisprudencia según la cual, para considerar que hay un delito como el que se investigaba, es necesario que, “si la acción se dirige contra una persona determinada, lo sea por razón de su pertenencia a un determinado colectivo” y que la actuación sea pública. En el caso de este restaurante de Vigo, los hechos se produjeron “en el contexto de un conflicto por la prestación del servicio de hostelería”, señala el juez, que indica que “no se han aportado indicios bastantes de que las expresiones grabadas tuvieran por objeto promover la hostilidad hacia el pueblo judío, incitando al odio o a la realización de actos de violencia contra sus miembros”.

Recuerda el concepto de antisemitismo acogido en la recomendación número 9 (revisada) de política general de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) que se refiere a la prevención y la lucha contra el antisemitismo. La definición que se propone es “cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos”. Añade que la ECRI “insiste en el peligro de utilizar aquella de forma indebida con el propósito de silenciar o estigmatizar como antisemita la crítica legítima contra Israel y sus políticas, en particular respecto del pueblo palestino y en el contexto de la ocupación de los territorios palestinos”. El razonamiento es que “ello pondría en peligro los esfuerzos por luchar contra el antisemitismo y, por tanto, debería rechazarse”, cita el juez.

El magistrado llega a la conclusión de que, teniendo en cuenta el contexto en que se producen los hechos, “la conducta que se atribuye al investigado tiene difícil encaje en el discurso de odio penalmente punible”. Contra la decisión se puede presentar recurso.

Un centenar de afectados por la supresión de paradas del AVE en Zamora han trasladado este sábado sus reivindicaciones a Vigo en las horas previas al encendido de las luces de Navidad.

Aunque pretendían concentrarse en las inmediaciones de la Porta do Sol, finalmente los han autorizado a hacerlo a un par de cientos de metros, en la Praza do Rei, delante del Ayuntamiento, donde han expresado sus quejas durante cerca de una hora y han tenido que abrir los paraguas para resguardarse de la lluvia.

Al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a Renfe les han pedido recuperar dos paradas matutinas de la línea del AVE Madrid-Galicia que afectan a la estación de Sanabria y a las de A Gudiña (Ourense), Medina del Campo (Valladolid) y Segovia.

Esos trenes que ahora no paran hacen el trayecto desde Madrid en algo menos de 4 horas, como quería el regidor vigués, al que señalan como uno de los “principales artífices” de esta medida.

“Caballero tiene mucha culpa”, ha llegado a indicar, megáfono en mano, uno de los portavoces de esta protesta convocada por la Alianza entre la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Zamora.

A Vigo no han llegado en tren, sino en autobús y coches particulares, y allí se han concentrado tras dos pancartas para trasladar que “sin tren” no tienen futuro y amenazar con que “si el AVE no para”, lo pararán ellos porque “Sanabria está en lucha por sus derechos”.

A los políticos y a Renfe les han sugerido que no tienen nada que estudiar sobre esas paradas perdidas porque “el tren pasa y lo único que tiene que hacer es parar”.

“Falta poner la vía, falta obra, ahí es donde se pierde el tiempo, donde hay retraso, no en parar 3 o 5 minutos en la estación”, ha observado, megáfono en mano, uno de los portavoces.

Advierten de que “queda camino que recorrer” y avanzan que antes de que termine el año tienen, “por lo menos, otras dos” movilizaciones “pensadas” porque no van “a callar”. Por eso dan a Puente, Caballero “y al de Renfe”, un mes y medio para “reflexionar”.

“Queremos recuperar y no perder la vía de siempre por Ourense, Puebla de Sanabria y Zamora”, han proclamado.