La plantilla de la fábrica de Stellantis de Vigo ha apostado por la continuidad en las elecciones sindicales celebradas los días 16 y 17 de octubre, en un momento clave para el futuro industrial de la planta, pendiente de la llegada de los nuevos modelos eléctricos. El Sindicato Independiente de Trabajadores (SIT-FSI) ha revalidado su amplia mayoría con el 61,12% de los votos y 21 de los 33 delegados, mientras que UGT ha sido la única organización que ha aumentado su representación, con dos representantes más que en los comicios de 2022.

El resultado consolida la mayoría absoluta del SIT-FSI, que lleva cuatro décadas al frente de la representación sindical de la planta viguesa y encadena once mayorías electorales consecutivas, según destaca la propia organización. El sindicato ha agradecido el respaldo de la plantilla y ha reivindicado su modelo de “gestión responsable”, centrado en el mantenimiento del empleo, la atracción de inversiones y la defensa de las condiciones laborales.

El nuevo comité, que tendrá cuatro años de mandato, contará con 33 miembros, dos más que el anterior. La participación alcanzó el 95% de un censo de 6.200 trabajadores, en una votación con 29 mesas electorales, 11 de ellas en los turnos de fin de semana y noche.

UGT gana peso en el comité

UGT se consolida como segunda fuerza sindical, con el 17,9% de los votos y seis delegados, dos más que en las anteriores elecciones. La organización de UGT-FICA ha destacado que es el único sindicato que ha mejorado su representación y ha interpretado el resultado como un respaldo a su trabajo negociador y a la defensa de los derechos laborales.

La Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Comisiones Obreras (CCOO) mantienen tres representantes cada una. La primera ha obtenido el 9,16% de los votos y la segunda, el 8,68%. La CIG, con el 3,14%, vuelve a quedarse sin representación en el comité, como ya ocurrió en los anteriores comicios.

De los 33 puestos, 29 corresponden al colegio de Especialistas y No Cualificados y cuatro al de Técnicos y Administrativos.

El SIT-FSI ha defendido durante la campaña su independencia respecto a intereses políticos y externos, así como la atención personalizada a los trabajadores, la transparencia en los acuerdos y la negociación como vía para mejorar las condiciones sociales y económicas de la plantilla. El sindicato también ha situado entre sus prioridades contribuir a que sigan llegando inversiones a Vigo para garantizar la continuidad de la actividad industrial.

El futuro eléctrico, sobre la mesa

La composición del nuevo comité llega con la fábrica viguesa pendiente de materializar sus próximos proyectos industriales. Stellantis ha adjudicado a Vigo y Zaragoza la plataforma STLA Small, destinada a fabricar vehículos del segmento B. Esta arquitectura, concebida principalmente para modelos eléctricos, constituye una pieza clave para el futuro de ambas instalaciones.

La adjudicación se enmarca en los compromisos industriales vinculados a la competitividad de las plantas, su capacidad productiva y el clima social, en un contexto en el que las condiciones laborales y la estabilidad del empleo siguen siendo elementos centrales de la negociación con los sindicatos. El convenio colectivo vigente, correspondiente al periodo 2024-2027, ya recogió el compromiso de facilitar la llegada de nuevos modelos eléctricos a Vigo. El acuerdo salió adelante con el apoyo de SIT-FSI, UGT y CCOO, que sumaban más del 90% de la representación sindical, mientras que la CUT lo rechazó por considerar que suponía un retroceso económico y social para la plantilla.

Entre las condiciones pactadas figuraban un sistema de actualización salarial que consolida en las tablas el 50% del IPC, con el resto sujeto a un complemento individual o a una paga no consolidable según la evolución de los precios, además de medidas relacionadas con la contratación y la promoción interna.

El bailarín y coreógrafo Xián Martínez (Vigo, 1996), fundador en 2020 de la compañía iXa y considerado una de las grandes promesas de la danza, falleció el jueves en Barcelona a los 30 años de edad. A lo largo de su carrera recibió una quincena de galardones y reconocimientos, entre los que destaca el premio al intérprete sobresaliente con Perfil de Creador del Certamen Coreográfico de Madrid en 2023. Fue su pareja, Alex Marteen, participante en el programa Drag Race, quien informó en redes de su fallecimiento. Martínez fue despedido este domingo en el tanatorio Sàncho de Ávila de Barcelona.

Formado en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma y, posteriormente, titulado en Coreografía e Interpretación en el Conservatorio Superior de Danza de Madrid, la web de iXa recoge que trabajó como intérprete para compañías e instituciones como Dantzaz, la Ópera de Lille o laStaatsoper de Berlín. También, para creadoras y creadores de referencia como Sol Picó, Marta Pazos,Toni Mira, Martin Harriague o Àlex Ollé. Fue profesor invitado en entidades de referencia como el American Dance Festival,el Institut del Teatre o el Conservatorio Superior de Madrid.

Entre sus producciones propias destacan Pioneras/Aitzindariak, Ollos Cara Adentro, NIK·EU 2.0, 52-BLAU y TACTO, mientras que ha desarrollado creaciones por encargo para otras entidades internacionales como The Other Half of Love (Black Leaves Dance Company,EE.UU.), Yellow Lemon (École de Danse Contemporaine de Montréal, Canadá / EBB Junior Company, Madrid) o Xeración Z (CDAN,Galicia).

En la actualidad, estaba desarrollando dos nuevas creaciones: Lurrik Gabe, producción propia con estreno previsto para abril de 2027 y A Espera do Baleiro, un espectáculo parala Companhia de Dança de Almada (Portugal).

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha confirmado este viernes que, en las últimas, se han producido “dos actos de acoso” hacia el grupo de personas que están acampadas en la Alameda de Vigo, y ha exigido “respeto” hacia este grupo, cuya conducta es “pacífica e irreprochable”, al tiempo que ha advertido de que la Policía actuará en caso de que se repitan esos actos.

En declaraciones remitidas a los medios, y recogidas por Europa Press, Losada ha explicado que, sobre las 5.00 horas de la pasada madrugada, dos hombres y una mujer han arrojado petardos hacia los acampados, y que sobre las 7.00 horas un hombre “los amenazó a gritos blandiendo un palo”. “En días pasados hubo otros dos incidentes parecidos”, ha señalado.

“Quiero recalcar que en el tiempo que llevamos de acampadas por la vivienda, primero en Pontevedra y luego en Vigo, no he recibido ningún parte policial sobre comportamientos inapropiados de los acampados, por lo que su conducta es, en lo que a mí respecta, absolutamente pacífica e irreprochable”, ha subrayado el subdelegado.

Al respecto, ha apuntado que las personas acampadas “están ejerciendo su derecho de reunión y reivindicando un derecho previsto en la Constitución”. Asimismo, ha confirmado que han cumplido con el requisito de comunicación previa a la Subdelegación del Gobierno.

Por ello, ha exigido “respeto” hacia estas personas y ha advertido de que si alguna persona “se acerca para molestar, hostigar o con ánimo de agredir” y es identificada por la Policía Nacional, “se actuará sin titubeos”, bien en el ámbito de la sanción administrativa o en el ámbito penal, “en función de la gravedad de los hechos”.

Por su parte, los participantes en la protesta han trasladado su agradecimiento a la ciudadanía por las muestras de apoyo recibidas en los últimos días porque “su lucha es la lucha de todos”.

“Queremos que sepáis que no vamos a participar en las provocaciones que una minoría violenta profiere contra nosotros y subrayamos una vez más que estamos muy muy contentas de sentir el cariño de la inmensa mayoría de los vecinos de Vigo y de otras ciudades, villas y aldeas que nos apoyan”, han insistido.

Sobre las declaraciones de Losada, han apuntado que rechazar las actitudes agresivas “es una obligación de toda la ciudadanía”.

Galicia encara el primer fin de semana de octubre con una nueva cita alrededor de la cocina popular. El domingo 4, la parroquia viguesa de Cabral celebrará la segunda edición de su Festa dos Callos, una jornada que tendrá este guiso como principal protagonista y que ampliará la oferta con churrasco. El encuentro volverá a plantearse como una convocatoria abierta a quienes quieran acercarse a comer, compartir el día en el recinto o recoger las raciones para llevárselas a casa.

La actividad se desarrollará en la pista polideportiva cubierta del Centro Cultural y Recreativo de Cabral, entidad organizadora del evento con la colaboración del Concello de Vigo. El servicio comenzará a las 11.00 horas y la comida estará acompañada por música tradicional, de manera que la propuesta combinará gastronomía y ambiente festivo dentro de un mismo espacio. Todo se concentrará en las instalaciones de la entidad, que serán el punto de referencia durante esta segunda edición.

La celebración permite además situar el foco en una zona de Vigo que conserva distintos elementos de su patrimonio tradicional. Cabral ocupa una superficie de 8,72 kilómetros cuadrados, presenta un terreno montañoso y limita con el concejo de Mos. Entre los bienes inventariados se encuentran cerca de un centenar de hórreos, además de lavaderos, petos de ánimas y una iglesia parroquial construida a mediados del siglo XVIII. Ese contexto local servirá de escenario para una cita centrada este domingo en la gastronomía y la actividad vecinal.

Una fiesta popular bajo techo

La jornada comenzará a las 11.00 horas en el Centro Cultural y Recreativo de Cabral. La pista polideportiva cubierta será el espacio en el que se concentrará la celebración, tanto para quienes quieran acudir a comer como para aquellos que únicamente se acerquen a recoger su pedido. El recinto permitirá reunir en un mismo lugar el servicio de comida y el resto del ambiente previsto para este domingo.

Los callos serán la elaboración que dará nombre a la fiesta y se servirán a un precio de 8 euros por ración. La organización ha preparado, sin embargo, una segunda alternativa para quienes prefieran otra propuesta. También habrá churrasco por 16 euros, con una tira completa de carne acompañada de patatas y criollos.

Las dos opciones estarán disponibles desde el inicio del servicio. De esta forma, la convocatoria no se limitará al plato principal, sino que ofrecerá dos preparaciones diferentes dentro de una misma jornada gastronómica. La elección dependerá de cada asistente, que podrá quedarse en el recinto o solicitar la comida para llevar.

Esta última posibilidad permitirá recoger las raciones en las instalaciones y consumirlas posteriormente en casa. La fiesta, por tanto, no obligará a permanecer en el centro cultural para participar en la propuesta culinaria, ya que el formato contempla también pedidos destinados a quienes prefieran trasladar la comida fuera del recinto.

A la parte gastronómica se sumará la música tradicional, que acompañará el desarrollo del encuentro. Comida y programación musical formarán así parte de una misma convocatoria de carácter popular organizada por el Centro Cultural y Recreativo de Cabral con la colaboración del Concello de Vigo. La celebración alcanza este año su segunda edición. La información disponible concreta que el reparto comenzará a las 11.00 horas, ese será, por tanto, el momento a partir del cual comenzarán a servirse tanto los callos como el churrasco en la pista cubierta.

Cabral y su patrimonio tradicional

La parroquia en la que se celebra la Festa dos Callos ocupa casi nueve kilómetros cuadrados de superficie y se extiende por un territorio de carácter montañoso que limita con el municipio de Mos. Su nombre conserva además una referencia al pasado a través de su origen lingüístico. El topónimo Cabral deriva de la palabra latina capra, unida al sufijo abundancial ale. Esta formación puede interpretarse como una referencia a un lugar en el que abundaban las cabras, relacionando la denominación actual con ese término latino.

Dentro de su patrimonio destacan cerca de un centenar de hórreos inventariados. La mayoría de estas construcciones supera los cien años de antigüedad y constituye uno de los elementos más reconocibles del legado tradicional conservado en la parroquia. Junto a ellos aparecen también lavaderos y petos de ánimas, otros testimonios presentes en diferentes puntos del territorio. Estos elementos forman parte de un paisaje en el que perviven construcciones relacionadas con distintas etapas de la vida cotidiana y religiosa de la zona.

La iglesia parroquial completa esta relación patrimonial. El templo fue levantado a mediados del siglo XVIII y se incorpora al conjunto de construcciones históricas que se mantienen en Cabral. Hórreos, lavaderos, petos e iglesia permiten situar la celebración gastronómica dentro de una parroquia que conserva distintos vestigios de su pasado.

Diferentes colectivos sociales han convocado concentraciones de urgencia este lunes en varias ciudades de Galicia por el derecho a la vivienda, después de que este fin de semana decenas de personas acampasen en la Puerta del Sol de Madrid: “Ni una Maricarmen más”.

De esta manera, según informa Europa Press, Alianza pola Vivenda Vigo, integrada por diversos colectivos como el Sindicato de Inquilinas, el Foro Socioeducativo As Ninguéns o Amnistía Internacional, entre muchos otros, ha convocado esta tarde en la ciudad olívica una protesta.

En concreto, será a partir de las 19.30 horas en la Puerta del Sol con el objetivo de “conquistar el derecho a la vivienda”. “Ocupemos las plazas por las compañeras de Madrid y todas las Maricarmen del Estado”, reivindican en el cartel.

También en Santiago, el sindicato Vivenda Compostela ha solicitado a la ciudadanía que se una a la concentración de este lunes a las 20.00 horas en la Alameda.

“Este lunes volvemos a la calle por Maricarmen, por las desahuciadas y por las compañeras de los sindicatos y asociaciones y colectivos que desde hace días se movilizan en toda la península”, han subrayado en redes sociales.

Así, piden a los vecinos que lleven su comida para cenar todos juntos en la Alameda y gritar contra los rentistas y los multipropietarios que viven de los alquileres. “Nosotros tenemos las llaves de la ciudad”, insisten.

En A Coruña, la protesta se llevó a cabo este pasado domingo, cuando decenas de personas se concentraron en el Obelisco para exigir medidas ante la situación actual de la vivienda.

“Me siento una persona súper afortunada por la vida que tengo, por mi profesión y por mi situación económica. Pero esto nos afecta a todos, y la gran mayoría estamos mucho más cerca del caso de Mari Carmen que del otro lado”. Borja Iglesias, el delantero del Celta de Vigo, campeón del mundo con España este verano, ha vuelto a dar un paso al frente para posicionarse ante asuntos de gran calado social. En este caso, el desahucio de la mujer de 87 años que ha sacudido a España en las últimas horas.

“Me da la sensación de que hace 50 años estábamos con el fango hasta las rodillas, trabajando día a día para quitarnos el barro, y cuando parecía que empezábamos a limpiarnos, queremos tirarnos de lleno al barrizal de nuevo”, escribió en la red social Instagram, tras compartir varias noticias sobre lo sucedido. “Por desgracia, el desahucio de Mari Carmen no es un caso puntual. Es la lucha diaria que se vive en este país para poder tener una vivienda digna”.

El Panda, que no se mordió la lengua al hablar del genocidio de Palestina o la agresión sexual de Luis Rubianes a Jenni Hermoso —que lo llevó entonces a renunciar a la selección—, tampoco lo hace ahora. “Las personas mayores merecen respeto y amor. Los jóvenes merecen oportunidades justas para crecer y hacer mejor nuestro país. Todos merecemos condiciones justas para seguir construyendo un país del que estemos orgullosos”.

Un mensaje en el que no falta su habitual optimismo —“España es maravillosa en muchísimas cosas, pero tenemos margen de mejora, y tenemos que pelear por ello”— y que concluye con una llamada a la movilización: “Luchemos juntos, porque esto es cosa de todos”.

Previamente, Borja había compartido en la misma red un mensaje de su pareja, María Valero. “Lo que ha pasado hoy con Maricarmen es desolador y desgraciadamente no es un caso aislado. No podemos normalizar que la especulación inmobiliaria termine expulsando a la gente de las casas en las que ha construido su vida”, escribía la actriz y creadora de contenido.

“Cuando las políticas públicas facilitan o no consiguen frenar este modelo de negocio, las consecuencias las pagamos nosotros. Alquileres imposibles, vecinos expulsados de sus barrios y personas que no pueden acceder a una vivienda digna”, se leía en su post. Y eso que, como su pareja, Valero se declaraba “plenamente consciente de que yo tengo una situación muy privilegiada.”

“Precisamente por eso creo que sería muy fácil mirar hacia otro lado y pensar que esto es un problema que siempre les pasa a otros”. En términos muy parecidos a los que horas después utilizaría Borja, avisaba: “Pero no nos confundamos.. la inmensa mayoría estamos muchísimo más cerca de no poder pagar una vivienda o de perder nuestra casa que de convertirnos en personas con veinte pisos especulando con ellos”.

“La vivienda no puede tratarse únicamente como una inversión mientras hay gente que no puede acceder a ella o conservar su hogar”, finalizaba el texto.

La intervención, a 400 millas de la costa gallega, de un velero cargado con más de 2.000 kilos de cocaína y la detención en Girona del líder de una red que se dedicaba a facilitar embargaciones para el transporte marítimo de grandes cantidades de droga, han sido el colofón de la Operación Doncella, desarrolada por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria, en cooperación con la aduana francesa. También han sido arrestados los cuatro tripulantes del velero, que fue trasladado al puerto de Vigo para la puesta a disposición judicial de la droga y los detenidos.

Según informó la Delegación del Gobierno en Galicia, la investigación que dio origen a la Operación Doncella —dirigida por la unidad del SVA en Girona— arrancó el pasado mes de febrero, cuando una información de inteligencia permite descubrir en uno de los puertos de la zona una embarcación a vela, de entre 13 y 15 metros de eslora, que habría podido participar en una operación ilícita en los días previos en la zona fronteriza de España y Francia.

Los agentes consiguieron identificar en el puerto de Roses (Girona) un velero tipo ‘sloop’, con bandera de Polonia y 14 metros de eslora, que reunía muchos de los elementos de riesgo que Vigilancia Aduanera analiza habitualmente a partir de herramientas tecnológicas de vigilancia marítima. El que parecía ser su propietario tenía, además, diversos antecedes por delitos de hurto y robo con violencia. Todo ello centró la investigación en esta vía desde el inicio.

Servicio a organizaciones de Europa del Este y los Balcanes

El conjunto de indicios que pudieron recopilar los investigadores apuntaba al modus operandi de un grupo criminal especializado en el transporte de estupefacientes que usaba embarcaciones de recreo a vela, con pabellones de determinados países, para ofrecer sus servicios a distintas organizaciones criminales de Europa del este y los Balcanes.

El equipo investigador solicitó colaboración a autoridades de Polonia a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para indagar sobre la titularidad del barco y tratar de identificar a personas relacionadas.

Tras localizar el velero en junio pasado, y mientras lo mantenían bajo vigilancia, los agentes del SVA comprobaron cómo el 11 de julio abandonaba Roses sin activar el sistema de localización AIS, de uso obligatorio durante la navegación.

Tras varios días de rastreo —gracias a la cooperación con NCA de Reino Unido y la DEA de Estados Unidos, canalizada a través del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-M)­—, el buque de Operaciones Especiales Petrel consigue localizar por medios electrónicos el velero en la madrugada del 14 de septiembre a unas 400 millas de las costas gallegas.

En el momento del abordaje, la tripulación de presa del Petrel  pudo observar que el velero transportaba una cantidad importante de fardos, de los que habitualmente se utilizan para el tráfico de cocaína, repartidos por toda la embarcación. Los agentes pudieron constatar poco después que eran 70 fardos con un peso cercano a los 2.100 kilos de cocaína.

Durante el operativo marítimo se detuvo a los cuatro tripulantes del velero, con nacionalidades de Argentina, Uruguay, Colombia y Albania. Este último era quien actuaba como “notario” de la organización criminal receptora, ya que “daba fe” a los suyos de que la operación se desarrollaba tal y como se había planeado.

También cae la red de facilitadores de transporte

Mientras el Petrel remolcaba el velero hacia el puerto de Vigo —a donde llegó en la mañana de este lunes— para la descarga y puesta a disposición judicial de los detenidos y la cocaína, la operación se completaba en tierra con la detención de un individuo, de nacionalidad chilena, establecido en la provincia de Girona, mientras se espera la detención en próximas fechas de una segunda persona, establecida en Barcelona y de nacionalidad española.

Según los agentes, el detenido en Girona era el responsable de captar embarcaciones de unas determinadas características para el transporte de droga, mientras el segundo hombre era el encargado de custodiarlas.

La operación se ha desarrollado en estrecha cooperación con la Dirección de Inteligencia e Investigación de la aduana francesa (DNRED) y con el apoyo del CITCO y el MAOC-N, cuyos socios, según los responsables del SVA, han aportado también informaciones relevantes sobre la actividad del objetivo.

Los detenidos, que han pasado a disposición de la Audiencia Nacional, están acusados de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y delito contra la salud pública. La investigación todavía se encuentra abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Esta operación es, según la Agencia Tributaria, “una más” de las que se llevan a cabo contra el tráfico de drogas en la denominada Ruta Atlántica de la cocaína, conocida por ser utilizada por veleros procedentes de Sudamérica que trasbordan las sustancias estupefacientes en mitad del Atlántico para después introducirlas en el continente europeo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por un trabajador del Sergas que denunció acoso laboral, y ha condenado a la administración pública a indemnizarle con casi 38.500 euros por haber vulnerado su derecho fundamental a la integridad física y moral.

Según informa Europa Press, este trabajador desempeñaba su labor en Vigo atendiendo tareas administrativas en las áreas de Recursos Humanos y Dirección de Atención Primaria. A partir de enero de 2021, a raíz de una serie de discrepancias e incidencias, sus funciones fueron modificadas para que tuviera menos relación con Recursos Humanos y, en momentos posteriores, también se fueron cambiando y adaptando sus tareas.

Estos cambios motivaron que el trabajador dejara de tener acceso a ciertas aplicaciones, necesarias para llevar a cabo algunas funciones, y aunque se reajustó su acceso, necesitaba solicitar información a mayores al departamento de Recursos Humanos para ciertas tareas.

El empleado estuvo de baja por ansiedad, y trasladó en diversas ocasiones que estaba siendo objeto de acoso por algunas personas, llegando incluso a celebrarse una reunión con el gerente del área sanitaria. En julio de 2023, el trabajador solicitó que se activase el procedimiento por situaciones de acoso, aunque dicho procedimiento concluyó con un archivo en enero de 2024, al no considerarse probado ni el acoso laboral ni ninguna clase de trato discriminatorio.

A partir de ahí, presentó denuncia en un juzgado de lo Social, que desestimó su demanda, pero ahora el TSXG ha estimado en parte sus argumentos y, aunque considera que el Sergas adoptó medidas para adaptar su puesto de trabajo, reajustando sus funciones y alejándolo de las personas con las que existía un conflicto, señala que dichas medidas “apuntan en la dirección correcta pero son tardías y no responden a una iniciativa preventiva, sino que van dirigidas a la corrección y resolución de un problema ya manifestado”.

Al respecto, el TSXG apunta que el Sergas era conocedor de la existencia de esos problemas desde 2021, y no activó inmediatamente los mecanismos de protección. Asimismo, expone que en el trámite de evaluación de riesgos laborales realizado en 2019 y verificado en 2024 no se identificó ningún riesgo psicosocial. Tampoco se llevó a cabo un estudio de esos riesgos cuando este trabajador comunicó esos problemas, que le llevaron a estar de baja en varias ocasiones.

“Es decir, los superiores del actor se han limitado a adoptar, de forma sucesiva, unas adaptaciones de las condiciones del trabajo del actor, que no podemos negar que fueran bienintencionadas, pero carentes de todo rigor y estudio técnico, y que no han servido para resolver la problemática, generando problemas a la salud psíquica del actor, cuando estaban informados de la versión de los hechos facilitada por el actor, en diversas ocasiones. Es decir, le han proporcionado una protección ineficaz, desprotegiendo su salud”, señala el alto tribunal gallego.

Por ello, considera que este modo de actuar ha incidido en la salud del trabajador y se ha vulnerado un derecho fundamental en lo que respecta a la integridad física y moral, y condena al Sergas a pagarle 38.497,80 euros.

También declara el TSXG que el Sergas ha incumplido sus obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales y que tiene la obligación de llevar a cabo la oportuna evaluación de los riesgos psicosociales del trabajador en el puesto que desempeña.

Recurso del Sergas

Por su parte, el Sergas ha traslado su “absoluto respeto” por la decisión del TSXG, y ha recordado que, “en ningún momento” hubo inacción por parte de la gerencia del área sanitaria, sino que se ejecutaron los procedimientos previstos en el sistema de prevención de riesgos laborales (PRL).

Así, el Sergas dispone de un sistema de PRL integrado por una serie de mecanismos que son “públicos y fácil acceso para el personal” y que, una vez activados, “se ponen en marcha las medidas necesarias, adaptadas a la situación correspondiente”.

Como el juzgado de primera instancia dio la razón al Sergas, tras esta sentencia del TSXG revocando esa primera sentencia, el área sanitaria de Vigo ya presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Consorcio Zona Franca de Vigo ha inaugurado este miércoles su nueva incubadora de Alta Tecnología StartTIC, con el objetivo de dar un “impulso definitivo” a 30 proyectos innovadores, que se articulan mayoritariamente en torno a la inteligencia artificial y que proceden de diferentes puntos de Galicia y también de León y Portugal.

En el acto de bienvenida, el primero en tomar la palabra fue el delegado del Estado, David Regades, quien celebró que la primera edición de la aceleradora haya recibido 90 candidaturas, de los que fueron seleccionados 30. Defendió la colaboración público-privada es “fundamental” a la hora de impulsar nuevas iniciativas emprendedoras, según recoge Europa Press. También se refirió al peso que el empleo tecnológico tiene en el área de Vigo, donde supera el 13,5% del total, más del doble que la media nacional (6%).

El presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, José García Costas, que promueve StartTIC, indicó que la incubadora asesorará y acompañará los proyectos para permitirles crecer. Por su lado, el gerente del Centro Tecnológico Gradiant, Fernando Jiménez, que también impulsa la aceleradora, mostró su satisfacción por poder ayudar al crecimiento de estos nuevos proyectos. Javier Collado, director general de la Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde), que financia StartTIC, animó a que los proyectos se hagan realidad pronto.

El encargado de cerrar el acto fue el alcalde de Vigo y presidente de Zona Franca, Abel Caballero, que indicó que se reunirá la semana que viene con el ministro de Hacienda, Arcadi España, para solicitar más recursos para este tipo de iniciativas. “La inmensa mayoría de estos proyectos van a ser grandes proyectos de éxito, porque se dan las circunstancias”, afirmó. La mayor parte son de Vigo (14), aunque hay de otras zonas del área viguesa como Cangas, Tui, Marín o Mos; del resto de Galicia (A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense, Santiago y Vilagarcía) y de otros puntos de España, como León, o uno de Portugal.

En la mayoría de los casos se trata de proyectos de reciente creación o en fases tempranas de desarrollo, aunque destaca también la presencia de startups y proyectos constituidos que suponen casi un tercio del total. Destacan los proyectos de desarrollo de software (aplicaciones, videojuegos, etc.), procesamiento de datos, hosting y portales web, que aplican una amplia gama de tecnologías TIC, pero entre las que sobresale la inteligencia artificial, eje de ocho de cada diez proyectos.

La lista de proyectos completa es: Aiduorio, Aquiax, Auria HR, Braincube V2V, Cadmo Concursal, Caropening, Crifsal, Crisol X Stone, Earlify Health, Ecovuela, Edgecontinuum, Emotive Tech, Enrolamar, Humaind.X.Labs, I love IFC, Indigital, Kernel Security, Kimana, Lemsi, Localdat, Meteomapgal, Nexaveris, Oceanvoice, Opinsys, Orbia, Prevencumplen, Revyc, Sipd-M, Sizit AI y Upinc.

La sección 4ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a penas que suman casi 17 años de prisión a Borja R. por los delitos de maltrato habitual y asesinato en grado de tentativa. El hombre intentó matar a su expareja en Vigo rociándola con gasolina y prendiéndole fuego hace dos años.

La Audiencia considera probado, según recoge Europa Press, que en la mañana del 14 de septiembre de 2024, el acusado esperó a la víctima, que había roto su relación con él unas semanas antes y que salía de la casa familiar para dirigirse a trabajar, y la agarró del pelo por la espalda, arrastrándola y diciéndole que se iba a “enterar”. Tras rociarla con gasolina, le prendió fuego y le dijo “adiós”.

La mujer trató de apagar las llamas rodando por el suelo, mientras el acusado estaba de pie junto a ella. Para que se fuera, se quedó quieta y, cuando el hombre iba a abandonar el lugar, intentó llegar a la puerta. Entonces, el acusado regresó y trató de agarrarla para que no pudiera pedir ayuda, pero las llamas que él le había prendido le impidieron agarrarla y ella consiguió huir y echarse agua con una manguera mientras gritaba pidiendo auxilio a sus familiares.

La víctima sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en casi el 30% del cuerpo. Estuvo ingresada en la UCI, en coma, durante un mes. Además del tiempo de recuperación, sufre secuelas psicológicas (síndrome de estrés postraumático), físicas y estéticas, y tiene que recibir asistencia psicológica.

La Audiencia también considera probado que, durante el tiempo de la relación, el acusado controlaba a la mujer, la menospreciaba e insultaba, y que no aceptó la ruptura. Así, mantiene que Borja R. actuó movido por un sentimiento de superioridad y posesión hacia ella, y con la intención de dominarla y menospreciarla.

El tribunal rechaza aplicar las atenuantes de alteración psíquica o intoxicación y tampoco ve acreditada la de confesión. En el juicio, el agresor intentó culpar a la víctima de las discusiones que tenían cuando eran pareja porque aseguraba que era posesiva y celosa. También dijo no recordar lo que había hecho el día que intentó matarla quemándola y que era consumidor de drogas.

La decisión judicial señala que la declaración de la víctima fue “clara, coherente, precisa, concreta y centrada” y que no hubo un ánimo espurio en su testimonio. Un testimonio que se corroboró con las declaraciones de los testigos y que “responde a la realidad de lo vivido”. Por todo ello, el tribunal provincial considera a Borja R. autor de un delito de maltrato habitual y otro de asesinato en grado de tentativa, con las circunstancias agravantes de parentesco y género.

En total, condena al procesado a penas que suman 16 años, 11 meses y 29 días de cárcel, y le impone la prohibición de comunicarse o acercarse a su expareja por 31 años, así como la prohibición de portar armas durante 3 años.

Igualmente, establece indemnizaciones que suman casi 840.000 euros por las lesiones causadas, el daño moral y los gastos médicos en los que incurrió la víctima. Lo absuelve, sin embargo, de un delito de acoso. La sentencia puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El hombre acusado de tentativa de asesinato tras supuestamente prender fuego a su expareja en septiembre de 2024 en Vigo ha declarado que “no recuerda” lo ocurrido aunque ha dicho que posteriormente “se arrepintió” al darse cuenta de que había hecho “algo malo” y llamó a su primo para entregarse a la Policía.

Así lo ha señalado, según recoge Europa Press, durante la vista celebrada este martes en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde el varón, que se enfrenta a casi 22 años de cárcel, ha explicado que el día anterior había coincidido con la víctima en una cafetería, aunque “no habló” con ella “ni se acercó” a la joven.

No obstante, esa noche habría consumido alcohol y otras drogas como cocaína y pastillas, durmiendo solo tres horas. A preguntas de su abogada, ya que no respondió las cuestiones del resto de partes, el procesado ha asegurado que no recuerda qué hizo al levantarse (ya que los hechos habrían ocurrido sobre las 08.00 horas) ni recuerda haber ido a casa de la mujer ni haber estado con ella.

Pese a ello, posteriormente esa mañana habría ido a un bar, donde habría llamado a su primo para entregarse debido a que se dio cuenta de que había hecho “algo malo”. Preguntado sobre si se arrepintió en ese momento al tener conocimiento de lo ocurrido, el hombre confesó que “sí”.

Antes, relató cómo había sido la relación sentimental “tóxica” con la víctima, porque ella era “muy posesiva y celosa”, según ha dicho el varón. Ambos residían en una vivienda de la familia de él, abandonándola ella cuando tenían discusiones, pero reivindicando que era ella la que se iba y que él no la echaba ni la iba a buscar después.

El acusado indicó también que era consumidor de drogas como cocaína, heroína o alcohol desde los 14 años. Además, estaba en tratamiento psiquiátrico, aunque no acudía a todas las citas médicas. Según su relato, estuvo incluso ingresado en un centro de desintoxicación durante un mes y en “dos o tres” ocasiones trató de atentar contra su propia vida.

Apagó las llamas con una manguera

Tras él, fue el turno de la declaración de la víctima, que lo hizo a puerta cerrada. Al acabar, varios amigos y familiares de la joven acudieron como testigos a la vista, relatando que se encontraron a la mujer con gran parte de su piel quemada en la entrada de su casa.

En concreto, el sobrino de la víctima fue el primero en encontrarse a su tía junto a una manguera tratando de apagar las llamas. Él, según ha indicado en la vista, estaba durmiendo y se despertó con los gritos, saliendo por la ventana al ver a la joven pidiendo ayuda. Así, volvió a meterse en la casa para avisar a sus padres (la madre del sobrino es hermana de la joven).

Precisamente la hermana también declaró que al ver a la joven así, cogió el coche y la llevó al hospital directamente, debido a que se encuentra a menos de un kilómetro de la vivienda familiar. Ella ha dicho que la víctima, debido a su mal estado, le dijo: “Me mató”. También ha apostillado que el pronóstico era muy grave, y que los médicos le dijeron que quizá no podría superar aquellas quemaduras.

Ella ha explicado que a día de hoy, casi dos años después, la mujer casi no sale de casa debido a las grandes secuelas que tiene y a los problemas psicológicos que le ha provocado la situación vivida.

Hechos

Los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2024. Según el escrito de acusación de Fiscalía, el varón es autor de un delito de lesión psíquica, un delito de acoso y un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento en grado de tentativa, y solicita, respectivamente, las penas de 5 años, 2 años y 14 años, 11 meses y 29 días de prisión por cada uno de los delitos, además del pago de una indemnización a la víctima de más de 670.000 euros por las secuelas.

En su escrito, Fiscalía expone que víctima y acusado comenzaron una relación sentimental cuando ella tenía 22 años y él 34, residiendo ambos en el mismo domicilio de Vincios, en Gondomar (Pontevedra), al menos durante los fines de semana.

Durante la relación hubo discusiones, debido a que ella asumía tanto la carga económica del hogar como el cuidado de la casa, al contar con mayor estabilidad laboral que él. “Durante la convivencia, él la menospreciaba de forma habitual con expresiones del tipo 'eres retrasada, mongólica, cerda, vaga', y para resolver la discusión el procesado optaba por echarla de casa”, indica la Fiscalía, que señala que, después de echarla, el acusado le pedía que volviera.

La relación terminó cuando ella decidió poner un final definitivo en mayo de 2024. No obstante, el procesado “buscó a partir de ese momento la atención, acercamiento y/o proximidad con ella con el propósito de recuperarla (como había hecho a lo largo de toda la relación en los momentos en los que se producían las rupturas temporales de la pareja)”.

“Te vas a enterar”

Para ello, solicitó su amistad a través de diversos perfiles en redes sociales, se presentó en el local en el que ella trabajaba o en cafeterías donde ella estaba, hasta que el 14 de septiembre acudió a la casa familiar en la que ella residía, en la parroquia viguesa de Valladares, e intentó quemarla viva.

Según el escrito de acusación, ese día la esperó a las 08.00 horas hasta que salió de la vivienda y la agarró por la coleta por la espalda y le dijo “ven aquí que ahora te vas a enterar”.

La víctima comenzó a mover su cuerpo para deshacerse de él, mientras él la seguía agarrando por la coleta, le propinaba varios rodillazos en la cara y le decía “para quieta”, para reducir de esta forma, más aún, sus posibilidades de defensa.

“A continuación, una vez que el procesado consiguió impregnarla de gasolina, la empujó, ella cayó al suelo, y él le dijo 'adiós', encendió un mechero y le prendió fuego, consciente de que, de esta forma, causaría a quien había sido su pareja sentimental un terrible sufrimiento, aumentando de forma deliberada e innecesaria los padecimientos tanto físicos como psíquicos que tendría y que tenían el claro y único propósito de acabar con la vida de ella”, recoge Fiscalía.

Finalmente, ella pudo coger una manguera y mojarse todo el cuerpo, solicitando ayuda a su sobrino y a su hermana, que la llevó al hospital, sufriendo quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo.

El Consello de Contas pide a los ayuntamientos que hagan un análisis “más completo” en relación con la implantación de la tributación por estancias turísticas. Lo hace en un informe de auditoría “exprés” de la planificación e implantación de estos tributos, en el que estudió a los tres municipios que en el momento del estudio tenían en tramitación y/o implantados los recargos: Santiago, A Coruña y Vigo.

“Las ordenanzas fiscales deberían incluir un análisis previo más completo, en mayor medida cuando tienen una finalidad muy concreta como instrumento de política de contención de las posibles externalidades de una actividad económica, y más aún cuando sus ingresos estarán destinados a finalidades que no han sido concretadas aún en inversiones o proyectos específicos”, advierte.

Antes, según recoge Europa Press, lanza una crítica a su regulación por la Xunta, toda vez que “la tramitación de la ley que amparó la aprobación de las ordenanzas como ley de 'acompañamiento' de la ley de presupuestos generales de Galicia se efectuó sin que se considerase procedente la emisión del dictamen del Consello Económico y Social y la discusión previa de las partes interesadas –por ejemplo, a través de la consulta pública previa en el portal de transparencia–, ni se previno la participación de la Fegamp”.

De acuerdo con el informe, en el cuarto trimestre de 2025, A Coruña recaudó 365.150 euros de la tasa turística, lo cual, en proyección, serían 1.460.600 euros al año, frente a los 2.500.000 estimados. Santiago de Compostela obtuvo 548.000 euros en el cuarto trimestre, 2.192.000 en cómputo anual frente a 2.600.000 estimados.

La auditoría apunta al “reducido cumplimiento voluntario inicial” y también a que el recargo ingresado se corresponde con el cuarto trimestre, “de menor volumen de turistas” que el segundo o el tercero, por lo que establece que “cabe suponer que la recaudación total, sin perjuicio de posibles porcentajes de incumplimiento por los contribuyentes, estarán muy por encima de los cálculos iniciales de los ayuntamientos”.

Críticas y recomendaciones

Entre las recomendaciones, Contas señala que las ordenanzas aprobadas reiteran las previsiones generales de la norma autonómica “sin fijar de manera concreta las medidas para cada una de las dos ciudades que finalmente aprobaron la norma”, y advierte de que son “ciudades con condiciones socioeconómicas, y turísticas más en concreto, muy dispares (el fenómeno de la peregrinación en Santiago de Compostela frente al del crucerista en A Coruña es ejemplo suficiente)”.

En este sentido, estima que las ordenanzas fiscales deberían incluir “un análisis previo más completo, en mayor medida cuando tienen una finalidad muy concreta como instrumento de política de contención de las posibles externalidades de una actividad económica, y más aún cuando sus ingresos estarán destinados a finalidades que no han sido concretadas aún en inversiones o proyectos específicos”.

“No existió con carácter previo a la aprobación de las ordenanzas un análisis bien motivado con cifras y retorno económico de las medidas e inversiones que se asumirán con la recaudación obtenida”, censura.

Además, considera que la fijación en el ayuntamiento de A Coruña de supuestos adicionales “no sujetos a los que recoge la ley” puede “chocar” con la reserva de legalidad y resultar en la práctica contrario al principio de progresividad en el que debe basarse el sistema tributario, porque no guarda relación con la capacidad económica de la persona y exonera del pago a personas sujetas al impuesto autonómico, y por lo tanto también a recarga.

Echa de menos también en el trabajo previo a la aprobación de la ordenanza “posibles medidas complementarias” con impacto en el control turístico, como actividades de inspección turística, zonas de vivienda tensionada, la reorganización o reubicación de eventos de concentración turística...

Recrimina, igualmente, que en no se aplicaron “medidas efectivas de incentivo” para los sectores “más afectados” por la normativa en trámite.

Añade que la publicidad “no fue efectiva” toda vez que los procedimientos de audiencia e información pública se limitaron a propuestas abiertas o libres, o solo a la disponibilidad de borradores del texto legal. “Ni la población en general ni los colectivos más afectados dispusieron de una información previa completa”, censura.

Asimismo, el organismo fiscalizador observa que “la participación ciudadana en el ámbito de los ayuntamientos en las comisiones recogidas en la norma debería articularse de manera más dinámica y en paralelo con la preparación y entrada en vigor de las ordenanzas”.

“La ausencia de una tramitación ágil y relevante de los ingresos directamente afectados que se obtienen con el recargo sobre el impuesto turístico y la ejecución de las inversiones en turismo sostenible, era una problemática ya acreditada en otras administraciones públicas con anterioridad, pero los ayuntamientos gallegos no tomaron medidas para evitarla en la elaboración de las ordenanzas ni en su aplicación práctica inicial”, reprocha.

“Los ayuntamientos deberían incluir el análisis de los ingresos estimados y finalmente obtenidos, junto con la planificación de las medidas alternativas a la aplicación del recargo, en la fase de preparación de las ordenanzas, coadyuvando a una mejor planificación y ejecución de las inversiones a realizar con la recaudación obtenida”, concluye.

El Ayuntamiento de Vigo ha activado la situación de prealerta por sequía, y ha adoptado medidas de restricción del uso de agua, como la suspensión de baldeos, limitación de riegos, cierre de fuentes ornamentales o duchas de playa, al tiempo que ha pedido hacer un uso responsable a vecinos y visitantes. Mientras tanto, la Xunta tiene convocada para este miércoles una reunión en la que va a evaluar la situación en Galicia y decidir si activa prealertas.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha informado de la decisión de su gobierno en declaraciones remitidas a los medios, recogidas por Europa Press, en las que señala que, a día de hoy, el embalse de Eiras, principal fuente de suministro de la ciudad y su área, está al 86,7% de su capacidad, por debajo del agua embalsada en la misma fecha de los últimos años (excepto el 2011, en que la sequía fue más acusada).

Con esos datos, expone, la presa tiene “agua para cinco meses, apurando al límite las reservas disponibles”, y se ha activado el comité de sequía para hacer seguimiento de la situación. Asimismo, se activan medidas restrictivas relativas al uso de agua por parte del Ayuntamiento (suspensión de baldeos, limitación del riego, cierre de fuentes sin circuito cerrado, cierre de duchas de playa, etc.) y se prohíbe el llenado de piscinas o lavado de coches fuera de los establecimientos autorizados.

Igualmente, ha explicado Caballero, se reforzarán las medidas de seguimiento de la red y de las pérdidas o fugas, una cuestión que ya desde el Ayuntamiento “se vigila mucho”, afirma. El alcalde añade que se dirigirá a los ayuntamientos del área que se abastecen de Eiras para pedirles que también tomen medidas preventivas, y ha pedido a Augas de Galicia que reduzca “ligeramente” el caudal ecológico de la presa.

Asimismo, critica a la administración autonómica por no acceder a la construcción de otra presa aguas arriba en el río Oitavén. “Hay mucha agua, pero no se guarda”, protesta. También acusa a la Xunta de no responder a la solicitud realizada por el Ayuntamiento para poder usar el agua de la depuradora para hacer el baldeo de las calles, porque es “agua impoluta y limpia”.

La Mesa da Seca de la Xunta va a analizar este miércoles los datos de los embalses gallegos para decidir si declara también la prealerta. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, indicó que hay tres cuencas que preocupan especialmente, que son las del Lérez, el Anllóns y la de Baiona. Vázquez aseguró que la situación no es alarmante, pero sí pidió evitar usos como lavados reiterados de coches o rellenar piscinas en lugar de usar cloro para el agua.

El Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidade de Vigo (UVigo) ha constituido el primer banco nacional de arena de playa de España, “un hito científico construido grano a grano”, en el marco del proyecto Iberarenum, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Fecyt),

Según recoge el Diario de la Universidade de Vigo (DUVI) –citado por Europa Press– el banco cuenta ya con más de 130 muestras procedentes de playas de toda la península ibérica, recogidas por la ciudadanía siguiendo unas instrucciones facilitadas por el equipo investigador y enviadas posteriormente a la UVigo para su catalogación y análisis.

La idea es que Iberarenum no tenga “fecha de caducidad”, ya que el objetivo del CIM es que el banco de arena siga creciendo a lo largo del tiempo, reuniendo nuevas muestras y analizándolas con fondos propios del Centro.

“Involucrar a la sociedad en el proceso científico es una poderosa herramienta para dar a conocer el medio marino y la importancia de conservarlo. Las playas son ecosistemas en constante cambio debido a factores como el clima o las características geológicas de su entorno y analizar la arena nos ayuda a comprender su evolución, los impactos del cambio climático y permite mejorar la gestión sostenible de los recursos costeros”, ha reivindicado el director del CIM, Daniel Rey.

La factoría de Stellantis en Vigo vuelve a acelerar. La multinacional automovilística ha iniciado un proceso para incorporar un refuerzo temporal de 300 nuevos operarios de producción a su planta de Balaídos, la más productiva del grupo en Europa, en una señal del fortalecimiento de la actividad industrial y de la mejora del empleo que vive el sector del automóvil en España.

La selección de personal se realizará a través de Adecco, que ha abierto una convocatoria dirigida a candidatos que quieran incorporarse a las líneas de montaje de vehículos del complejo gallego. La compañía destaca que no será imprescindible contar con experiencia previa en automoción, aunque sí se valorará haber trabajado en entornos industriales, especialmente en producción, logística o manejo de carretillas.

Los nuevos trabajadores participarán en tareas de ensamblaje de componentes y montaje de vehículos bajo los estándares de calidad y seguridad establecidos por el fabricante. La planta de Balaídos tiene capacidad para producir hasta 2.300 vehículos diarios en condiciones óptimas y constituye uno de los principales polos industriales de España.

Perfiles para trabajar en Stellantis Vigo

Además de la experiencia profesional, Stellantis valorará perfiles con formación técnica de grado medio o superior en especialidades como automoción, mecánica, mecatrónica, mantenimiento eléctrico, carrocería o electromecánica. Sin embargo, uno de los requisitos imprescindibles será la disponibilidad para completar una formación previa de 18 días laborables organizada en colaboración con la Xunta de Galicia. Los candidatos también deberán aceptar un sistema de trabajo a turnos, principalmente en horario nocturno y durante fines de semana, una fórmula habitual en las plantas con elevados niveles de actividad productiva.

La convocatoria llega apenas tres meses después de que la dirección de Stellantis y el comité de empresa alcanzaran un acuerdo para activar un expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter voluntario que contempla hasta 80 bajas durante 2026. El plan, respaldado por los sindicatos SIT-FSI, UGT y CCOO, está dirigido tanto a trabajadores con contrato mensual como por horas e incluye modalidades específicas para empleados próximos a la jubilación, así como fórmulas de salida con derecho preferente de retorno.

El movimiento de Stellantis encaja además en una tendencia más amplia de recuperación del empleo en la automoción española. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, el número de trabajadores afectados por ERE y ERTE en el sector cayó un 48% durante el primer trimestre de 2026, pasando de 7.360 a 3.828 empleados. La reducción supera ampliamente el descenso registrado en el conjunto del mercado laboral español, donde la afectación por regulaciones de empleo disminuyó un 23%.

Mejora del empleo en la automoción

La mejora también se refleja en la ocupación. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), la automoción sumó 33.900 trabajadores durante el primer trimestre del año y alcanzó los 609.000 ocupados entre fabricación, venta y reparación de vehículos. En las fábricas de vehículos y componentes, el empleo creció un 4,4%, hasta los 229.200 trabajadores.

La llegada de nuevos programas industriales y la electrificación de las plantas españolas están detrás de esta recuperación. Fábricas como las de Seat en Martorell, Volkswagen en Navarra o Renault en Castilla y León están también en proceso de reforzar sus plantillas para afrontar la producción de nuevos modelos eléctricos. Ahora, Stellantis Vigo se suma a esa dinámica con una de las mayores campañas de contratación anunciadas este año en la industria española.

La planta gallega, que en 2025 volvió a ser la más productiva con 559.427 vehículos, busca perfiles “responsables, implicados y con ganas de aprender”, según la consultora encargada del proceso. El objetivo es reforzar una instalación estratégica para el grupo en un momento en que la automoción española intenta consolidar su papel como uno de los grandes centros europeos de producción de vehículos electrificados.

Casi ocho mil pacientes del área sanitaria de Vigo aprovecharon la posibilidad de cambiar de centro para solicitar el traslado desde Povisa al complejo hospitalario público de la ciudad (CHUVI). Povisa, propiedad del grupo Ribera, es el mayor hospital privado de Galicia y el único que tiene una población asignada a través de un convenio con la Xunta. Con esta fuga masiva, la mayor en la imparable tendencia descendente de la última década –tras la apertura del Álvaro Cunqueiro–, se queda en el número de usuario asignados más bajo de su historia: 102.489 frente a los 139.000 de 2016 o los más de 150.000 que se le atribuyen en ejercicios anteriores. Para la plataforma SOS Sanidade Pública esto supone la constatación del “fracaso” de un modelo que la Xunta ha “mantenido artificialmente”.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) abrió en abril y durante un mes el período de elección de centro para las 185.000 personas con derecho a hacerlo en el área sanitaria viguesa. Esta posibilidad, que data del acuerdo firmado en 2014 entre Xunta y Povisa, llevaba un año y medio paralizada. En octubre de 2024 fueron 3.474 los que decidieron apostar por la pública. Los 7.806 que acaban de hacerlo más que duplican aquella cifra. Entre una y otra han sido varios los escándalos que han sacudido a Ribera. El mayor, las maniobras en el hospital de Torrejón (Madrid) para alargar las listas de espera, lo que permitía aumentar los ingresos, o la reutilización hasta diez veces de catéteres de un solo uso.

Mientras, el número de pacientes que decide seguir el camino contrario y solicitar Povisa es casi testimonial, pero también baja: 276 este año y 321 en 2024. Desde que existe la posibilidad de elegir, uno de cada cuatro usuarios de Povisa han optado por acudir a la pública, algo que redunda en la saturación y las listas de espera del CHUVI. Se estima que, fuera de los períodos de elección, miles de pacientes escaparon utilizando otra posibilidad: el cambio de médico de familia a uno que tuviese asignado un centro del Sergas y no la clínica de Ribera .

Las inyecciones de la Xunta

El actual contrato entre el Sergas y Povisa acaba de cruzar su ecuador. Entró en vigor en abril de 2025 y es válido hasta marzo de 2027. La Xunta aporta 195 millones de euros para cubrir, durante este período, la atención especializada a una población de 116.000 personas. Una cifra ya entonces inflada, ya que el número total de tarjetas sanitarias asignadas era de 113.081. Este contrato, en el que Sanidade paga más por un número menor de especialidades, supuso también un cambio en las condiciones. Si, hasta entonces, Povisa facturaba per cápita, ese concierto pasó a convertires en un “contrato de servicios” en el que se paga en función de la actividad efectivamente realizada.

En 2024, tras una década en números rojos que llegó a plantear la viabilidad de la clínica, Povisa ofrecía por primera vez resultados positivos: 613.000 euros. La razón había que buscarla en el récord de ingresos procedentes del Sergas, 89 millones de euros, una cantidad equivalente a la del actual acuerdo. Como contó meses después La Voz de Galicia, ese saldo se debió a una inyección aprobada en diciembre por el Consello de la Xunta, de la que no se informó, y que permitió a Ribera Salud ingresar al menos 22,4 millones de euros. Sanidade explicó entonces que lo que habían hecho, de forma retroactiva, era “ajustar los costes reales” del servicio e “indemnizar los perjuicios que le ocasiona al contratista la permanencia forzosa en el servicio público”. El pago por paciente subió así de un golpe casi un 60%. En 2023, la Consellería ya había entregado, con idéntica falta de transparencia, otra partida de casi 6 millones a la clínica “para compensar pérdidas”.

La plataforma SOS Sanidade Pública –que, en diciembre, sacó a 15.000 personas a la calle contra el modelo privatizador– recordó que Povisa “goza de un concierto singular con el Sergas” y que, desde hace años, “ha sido privilegiado por los gobiernos del PP”, que llegaron a “recortar servicios previstos para el Hospital Meixoeiro para beneficiarla”, además de “rescatarla reiteradamente de situaciones de quiebra económica”. “En cada negociación con la Conselleria de Sanidade consiguió mejoras económicas no justificadas”, señala la plataforma en un comunicado en el que recuerda que “pasa de mano en mano, de multinacionales estadounidenses y francesas”. “Ahora, la población huye de un centro que pierde personal, servicios y recursos, demostrando que la privatización sanitaria en Galicia es un fracaso mantenido artificialmente por la Xunta”, concluye. Ni la Consellería de Sanidade ni Ribera Salud han respondido a las preguntas de esta redacción sobre el éxodo de pacientes.

La jueza de la plaza 3 de la sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Vigo ha condenado al Ayuntamiento de la ciudad por los incumplimientos en materia de prevención y seguridad laboral en el servicio de Bomberos, que considera que ponen “en grave riesgo” a los trabajadores y también al “interés general”, dada la naturaleza del servicio que prestan a la ciudad. Fuentes municipales indican que están estudiando en profundidad el fallo para decidir al respecto.

En una sentencia del pasado 25 de mayo, la magistrada estima una demanda interpuesta por el sindicato CUT, y con intervención de otras centrales sindicales (Casipol, UGT y CIG), contra el Ayuntamiento de Vigo por “desatender las situaciones de riesgo” a las que están expuestos los trabajadores del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, informa Europa Press.

En la resolución se considera probado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó varias actuaciones y, en febrero de 2024, dio al Ayuntamiento un plazo de 3 meses para actualizar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales; y un plazo de 6 meses para hacer una revisión de la evaluación de riesgos para la seguridad y la salud de los bomberos. La jueza señala que el actual Plan de Prevención es del año 2010 y que, desde entonces, ha habido variaciones en el servicio, como el número de efectivos, cambios en los centros de trabajo o traslados. Igualmente, la evaluación de riesgos data del año 2018 y la planificación de actividades preventivas es de 2019, y del mismo modo se han producido desde entonces cambios en el servicio que afectan a dicha evaluación.

A la vista de las declaraciones de testigos y de la documentación aportada, la magistrada asegura que “se mantienen” los incumplimientos apuntados por la Inspección de Trabajo. “Todo ello, evidencia el grave riesgo, no solo para los trabajadores, sino también para el interés general, a la vista de la importante actividad desarrollada por el servicio de bomberos del Ayuntamiento de Vigo”, expone en su sentencia. Por todo ello, ha estimado la demanda y ha condenado a la administración municipal “a dar cumplimiento efectivo a los requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

El sindicato CUT indica que los incumplimientos del servicio de Prevención municipal afectan “directamente” a la organización de turnos, dotaciones y protocolos, y recuerda que esta sentencia se produce coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte del bombero Sergio Sanlés, que falleció en acto de servicio tras caerse mientras inspeccionaba un inmueble en ruinas. La central avisa de que, en la actualidad, sigue existiendo en el servicio un déficit de personal e insiste en que dicho servicio está funcionando “por debajo de los mínimos recomendados”.

Además, aclara, el personal de nuevo ingreso no estará operativo hasta después del verano y no se podrán reforzar los turnos en la época de más riesgo. “Esto significa que Vigo afrontará el verano sin planificación preventiva actualizada, sin adaptación real a las condiciones actuales del servicio, con mayor riesgo para los bomberos y la ciudadanía, y una alta probabilidad de cierre del parque de Esturáns por falta de efectivos”, denuncia la CUT.

Varios de los gallegos que participaron en la Global Sumud Flotilla han comparecido este lunes, tras poder regresar a Galicia, para narrar los “tres días en el vientre de la bestia” en los que, denuncian, constataron “la brutalidad, la crueldad y la violencia gratuita con la que se maneja el ejército israelí” y que, han señalado, revivieron a su llegada al aeropuerto de Bilbao, cuando sufrieron cargas policiales “sin desencadenante”. “Nos rompimos mucho más que estando en el barco en Israel”, han asegurado.

Según recoge Europa Press, Sandra Garrido, Alberte Pagán, Xurxo Porritt y Andrea Morales han hablado ante los medios de comunicación tras su regreso a Galicia después de permanecer tres días detenidos por el ejército israelí que interceptó la flotilla humanitaria en su ruta a Gaza en aguas internacionales del Mediterráneo.

También lo han hecho tras la situación de tensión vivida en el aeropuerto de Bilbao a la llegada de sus compañeros, donde se produjo una carga policial y hubo cuatro detenidos sin que, aseguran, mediase ningún tipo de provocación. “La Ertzaintza estaba empujando, empujando, y en un momento dado, un activista fue a abrazar a su familia y ahí empezaron los porrazos”, ha narrado Sandra Garrido.

Con todo, y aunque dan testimonio de las lesiones físicas y psíquicas derivadas de su detención por parte de Israel, advierten de que no desistirán en denunciar la situación en Gaza: “Hay que pararlo, y si hay que poner el cuerpo para pararlo, volveremos a poner el cuerpo para pararlo”.

Un corredor humanitario

“Nuestra misión siempre fue abrir un corredor de ayuda humanitaria, denunciar el genocidio en Gaza e intentar pararlo, algo que no están haciendo los Gobiernos”, ha dicho Sandra Garrido, que ha denunciado que Israel “apresó, torturó y desapareció durante más de dos días a las personas de la flotilla”, si que “hubiese ningún tipo de repercusión a nivel internacional”, lo que “extiende su impunidad a lo que quiera hacer con el resto del mundo”.

Garrido ha denunciado las condiciones que sufrieron durante su detención, aunque ha incidido en que éstas “no son ni una mínima parte de las que están sufriendo las presas palestinas”, entre las que hay “muchas menores de edad”.

Además, ha querido poner sobre la mesa “la impunidad de ese fascismo global” que, ha dicho, “hay que pararlo”. “Y si hay que poner el cuerpo para pararlo, volveremos a poner el cuerpo para pararlo”, ha clamado, considerando “inadmisible” que España y Europa “sigan manteniendo contratos con el Estado de Israel” en distintas materias.

Tres días en “el vientre de la bestia”

Ante los medios congregados en Santiago, Alberte Pagán ha hablado de los “3 días en el vientre de la bestia” en los que pudieron “constatar la brutalidad, la crueldad y la violencia gratuita con la que se maneja el ejercito israelí”. “No solo los funcionarios armados ejercían esa violencia física y psicológica, si no que todo el funcionariado mostraba el mismo desprecio e inhumanidad hacia nosotros”, ha añadido.

Alberte Pagán ha hablado de lo “absurdo” de la detención en aguas internacionales para “ser trasladados a Israel y deportarnos”. “Nosotros no entramos en territorio israelí, fuimos secuestrados a más de 1.000 kilómetros de Palestina”, ha señalado, con lo que, apuntan, la flotilla se encontraba “muy lejos de lo que Israel considera su colchón marítimo para intentar mantener el cerco a Gaza”.

En consecuencia, los activistas reclaman que los gobiernos europeos se posicionen contra esta arbitrariedad: “El siguiente paso será venir a nuestras plazas a detener a los manifestantes”, ha dicho Pagán.

Tras pasar por el hospital en Turquía, apunta, los activistas informan de “67 personas con heridas graves” derivadas de esta detención. En torno al 30 por ciento de los integrantes de la flotilla presentan lesiones de consideración, señalan, a lo que se sumarán “muchas reacciones postraumáticas”, dice Xurxo Porrit.

Este activista, enfermero jubilado, ha dicho que durante su detención se les privó de agua y de ropa, se les agredió y durmieron “hacinados” y en situación de “deshidratación”, unas condiciones que, advierte no obstante, “para los palestinos sería un hotel de primera”.

“No llegamos, pero les ganamos, porque el mundo vio lo que hacen”, ha dicho Porritt, que ha instado a “seguir peleando” por el pueblo palestino. “Utilizar el agua, los alimentos, los combustibles y las medicinas, es un crimen de lesa humanidad que se repite 24 horas al día los 365 días del año y está perpetrado por el que llaman el país más democrático de oriente medio”, ha resumido el activista.

Críticas a la ertzaintza

Además de lo ocurrido en Israel, los activistas gallegos han denunciado la situación vivida en el aeropuerto de Bilbao y han criticado contra la Ertzaintza por una carga que, han asegurado, no obedeció a ningún desencadenante.

“Fue algo sorpresivo para nosotros. No hubo ningún movimiento que lo desencadenase”, ha dicho Sandra Garrido, para quien esta situación “fue algo construido”, culpando indirectamente al Gobierno de Israel, que “cuando se ve acorralado, construye narrativas que distraen de la idea central”.

Garrido ha dicho que “los tentáculos de Israel van mucho más allá del propio ente” y ha mencionado que la empresa de seguridad del aeropuerto de Bilbao “tiene convenios con empresas israelíes”.

A mayores, ha denunciado la “hipocresía de los gobiernos” que “denuncian lo que les pasa a la flotilla, pero permiten que la policía del País Vasco golpee a los activistas”. “Es la hipocresía lo que permite la impunidad”, ha advertido.

Unanimidad en el pleno de Vigo

El Pleno del Ayuntamiento de Vigo ha dado luz verde este lunes por unanimidad a una declaración institucional de apoyo a la Global Sumud Flotilla y de condena por el asalto y el “maltrato” de las autoridades de Israel a los integrantes de esta misión humanitaria.

La declaración reconoce el “firme compromiso” del Gobierno de España con la defensa del derecho internacional y con la condena del genocidio que sufre la población de Gaza, y recuerda que la Flotilla es un ejemplo del apoyo de la sociedad a las iniciativas en defensa de los derechos humanos y de la solidaridad con el pueblo palestino.

Por ello, han calificado el asalto a la flotilla en aguas internacionales como “una grave vulneración del derecho marítimo internacional, de la libertad de navegación en alta mar y de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.

Así, el Pleno ha trasladado su “condena” a ese asalto, así como el apoyo a los miembros de la Flotilla, especialmente a los ciudadanos gallegos que formaban parte de las tripulaciones. Igualmente, ha condenado “el maltrato y las humillaciones sufridas por los activistas por parte de las autoridades israelíes”, en una forma de proceder que ya denunció el Gobierno como “inaceptable, inhumano y vergonzoso”.

Finalmente, instan a las autoridades e instituciones gallegas, estatales y europeas a adoptar las medidas diplomáticas e institucionales necesarias para garantizar la protección y la seguridad de la Flotilla.

Pese al apoyo unánime a la declaración (que inicialmente iba a ser retirada por una supuesta falta de apoyo de la oposición), tanto PP como BNG han lamentado “las formas” del gobierno local, por presentar una propuesta de declaración sin consensuar con los grupos. De hecho, el BNG ha recordado que ellos mismos presentaron una propuesta de declaración, que fue vetada por el gobierno local.

El sector del metal de la provincia de Pontevedra vive este jueves una nueva jornada de huelga en demanda de un convenio colectivo digno, con una manifestación que ha recorrido las calles de Vigo y en la que han participado más de 2.000 personas. Entre ellas, estaban los responsables de los sindicatos CC.OO., CIG y UGT a nivel gallego, y los secretarios comarcales.

La movilización de este jueves se produce horas después de que la patronal haya convocado a las centrales a una nueva reunión para desbloquear la negociación y tratar de llegar a un preacuerdo. El encuentro está fijado para las 9.00 horas de este viernes, en el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), en Rande, Redondela, informa Europa Press.

Los sindicatos han advertido de que esa convocatoria es una “pequeña victoria”, pero que el objetivo final es lograr un convenio digno. Por ello, han advertido de que, en la reunión de este viernes, no se conformarán con “migajas”. “Queremos salarios dignos, la subrogación, jornada continua, medidas contra el estrés térmico...”, ha subrayado Xulio Fernández (CIG), que ha advertido de que un convenio de 4 años de vigencia es “demasiado”.

El responsable comarcal de CIG-Industria ha remarcado que, pese a esa convocatoria, “la lucha continúa” y ha llamado a no aflojar la tensión porque, si la patronal no lleva una “propuesta seria” a la mesa de negociación, “ya sabemos donde tenemos que estar el día 19” (en alusión a la celebración de la feria Navalia en el Ifevi).

En la misma línea, Adolfo Otero (CC.OO.), ha pedido “resistir la tensión, y ha insistido en que ”no valen migajas“ por parte de los empresarios en la reunión de este viernes. Por ello, ha apelado a ”seguir luchando“ y ”no dar un paso atrás“.

Finalmente, Narciso da Silva, de UGT, ha hecho un llamamiento a la unidad de trabajadores y sindicatos, más allá de diferencias ideológicas o políticas, y también ha advertido: “Si hay que ir a Navalia se va, este sector no se acojona, pero todos unidos”.

La jornada de huelga de este jueves, que ha coincidido también con otro día de paro en el comercio del metal, ha sido calificada como un “éxito” por los sindicatos. La manifestación en Vigo se ha desarrollado sin incidentes graves, aunque ha habido lanzamiento de petardos y cuatro contenedores ardieron en las calles Camelias y Venezuela, mientras que otros fueron desplazados al medio de la calzada en la calle Urzáiz.

Asimismo, se ha registrado un corte de carretera con neumáticos ardiendo en la PO-548, a la altura de Valga, a primera hora de la mañana.

Los trabajadores del metal de la provincia de Pontevedra han vuelto a salir este miércoles a la calle en una nueva jornada de huelga, la segunda, para exigir un convenio colectivo digno, y con un seguimiento total, según han incidido los sindicatos.

Así, según recoge Europa Press, en esta jornada de nuevo miles de personas se han manifiestado por las calles de Vigo, en una marcha a la que también se han unido trabajadores del sector del comercio del metal, que igualmente están en huelga este miércoles.

Los representantes de CC.OO, CIG y UGT han confirmado que, por el momento, la patronal no les ha contactado para retomar la negociación, y han matizado que la parte social tiene “interés” en desbloquear la situación, pero se encuentra con la “cabezonería” de los empresarios. En este escenario, ha advertido Santiago García (CC.OO.), “si se sigue en esta situación, la tensión se va a incrementar”.

Xulio Fernández, responsable comarcal de CIG Industria, ha explicado que, con todo, la convocatoria de una huelga indefinida no está sobre la mesa en este momento. “Hay que mantener la cabeza fría e ir viendo como modulamos en cada momento el tipo de huelga”, ha apuntado, y ha señalado que, en cualquier caso, la movilización continuará si la patronal no se aviene a negociar “de buena fe”.

Por su parte, Cristian González (UGT), ha afirmado que esta segunda jornada de huelga es “una llamada de atención a la patronal para que se lo tome en serio” y les convoque a la mesa negociadora, con el fin de llegar a un acuerdo que recoja sus demandas económicas y de mejora de las condiciones laborales. Así, ha recordado que las empresas alertan de la falta de personal cualificado y les ha instado a preguntarse el “por qué” de ese déficit.

Tras la manifestación, los trabajadores se han reunido en una asamblea en la plaza de la Estrella, donde los portavoces de los sindicatos han hecho un llamamiento a mantener la unidad y a reforzar la acción de los piquetes para mantener la actividad totalmente parada en los días de huelga. “Tenemos una guerra con la patronal, y tenemos que ganar esta batalla, por lo civil o por lo criminal, con unidad, disciplina y organización”, ha proclamado Xulio Fernández.

La patronal, convoca

La patronal del Metal de la provincia de Pontevedra ha convocado a los sindicatos para el viernes a una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio colectivo, para retomar los contactos tras las jornadas de huelga (la tercera será este jueves), y ha vuelto a lamentar que, a estas alturas, tras más de una docena de encuentros, no se haya alcanzado un preacuerdo.

Las asociaciones Asime, ATRA e Instaelectra han cifrado el seguimiento del paro este miércoles en un 60% y han denunciado la acción de los piquetes y el hecho de que “la violencia va en aumento”.

Así, han señalado que “no se está respetando el derecho al trabajo”, ya que los piquetes “están cerrando empresas a la fuerza y bloqueando los accesos”. A esto se unen, han afirmado, algunos actos vandálicos, como “robo de llaves de maquinaria en una nave” o la “expulsión de trabajadores entre insultos y amenazas”.

Con todo, la patronal ha reiterado su apuesta por la negociación y ha asegurado que mantiene su “voluntad de diálogo” para alcanzar “una solución equilibrada”. Por ello, han convocado una nueva reunión de la mesa de negociación y han apelado a la “responsabilidad” de los sindicatos para poner fin al conflicto, “que perjudica tanto a las empresas como a los propios trabajadores”.