La líder de Hogar Social Madrid, Melisa Domínguez, se sentará en el banquillo por su actuación en una de las caceroladas contra el Gobierno convocadas en la calle Ferraz en el mes de mayo de 2020. El juzgado de instrucción número 48 de Madrid ha acordado la apertura de juicio oral contra Domínguez por un delito de resistencia o desobediencia a la autoridad y contra otro acusado, J.R.P., por un delito de atentado contra la autoridad y dos delitos leves de lesiones. 

Este no es el único procedimiento judicial que tiene abierto la portavoz de la organización neonazi. En diciembre será juzgada por un delito de incitación al odio por el ataque a la mezquita de la M-30 del 22 de marzo de 2016 tras los atentados yihadistas de Bruselas. También está imputada por otra protesta celebrada en enero de 2020 frente a la sede del PSOE. Esta causa está siendo instruida por el juzgado de instrucción número 3, que investiga a Domínguez por un delito de desobediencia o resistencia a los agentes de la autoridad. 

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirman a elDiario.es que la líder del grupo ultra se sentará en el banquillo por su participación en una cacerolada contra el Gobierno de Pedro Sánchez que se celebró ya durante la pandemia, el 22 de mayo de 2020 frente a la sede del partido socialista.

En la instrucción, el magistrado expuso los hechos por los que los dos imputados serán juzgados. Durante la concentración, varios agentes de Policía Nacional “decidieron pedir” a Domínguez que “se identificara, a lo que se negó”, según un auto emitido el 21 de octubre por el magistrado del juzgado de instrucción número 48. Según recoge el escrito, la portavoz del colectivo ultra, “de forma cada vez más violenta”,  desoyó las indicaciones de los agentes, “dando gritos para que las personas congregadas se pusieran en contra” de los policías. 

Ante la respuesta de la portavoz de la organización neonazi, dos agentes “intentaron llevar a la investigada a un lugar seguro para identificarla”, Domínguez respondió a esa actuación “resistiéndose y revolviéndose contra” los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Uno de los policías que participó en esa operación “recibió un golpe con el palo de la bandera que portaba la investigada, llegando [Domínguez] a evadirse” de la retención policial, “aunque posteriormente fue detenida”. 

En el transcurso de esta actuación apareció el segundo acusado J.R.P., —siempre según recoge el auto emitido en octubre— que se dirigió a los agentes “con una actitud agresiva levantando los puños y dirigiéndoles insultos”. El magistrado destaca que este segundo acusado fue “requerido” por los policías para que mantuviera la distancia de seguridad“, ”sin hacer caso“. Según continúa el relato del juez, J.R.P. ”empujó“ a tres agentes, hasta que fue también detenido. Aún así, durante su retención ”siguió dirigiendo insultos, lanzando patadas y manotazos“ contra los policías. 

Al intentar reducirle, el acusado y dos agentes se “cayeron al suelo”. Una situación que provocó que los agentes “sufrieran contusiones y erosiones que precisaron de una primera asistencia facultativa en ambos casos”, continúa el auto judicial. La letrada que representa a este segundo acusado asegura que su cliente no tiene vinculación con la organización Hogar Social Madrid. 

En el escrito de la Fiscalía, dirigido al juzgado en noviembre, el Ministerio Público aclara que tras la intervención policial Domínguez finalmente fue identificada y los agentes encontraron en su mochila un bote de humo. Además, destaca que los dos “acusados tienen antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia”. 

Para el fiscal los hechos protagonizados en mayo de 2020 por Domínguez constituyen un delito de resistencia, que debería llevar aparejada una pena de seis meses de prisión y una pena de “especial de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”. Por su parte, los hechos imputados al segundo acusado, J.R.P., conllevan para el Ministerio Público una pena de nueve meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad y dos delitos leves de lesiones. A eso suma una pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, dos meses de multa a razón de doce euros diarios por cada uno de los delitos leves y una indemnización de 150 euros a dos agentes “por las lesiones”. 

El 18 de enero el juzgado de instrucción decretó la apertura de juicio oral contra los dos acusados por los delitos ya expuestos. La defensa de Domínguez, el letrado Alejandro Hernández, muestra su “disconformidad con el relato realizado por el Ministerio Fiscal” y asegura en el escrito de defensa que “los hechos realmente ocurridos no son constitutivos de delito alguno”.

Hay una España que no tiene para llenar las cacerolas y otra que las golpea. La que más razones tendría de hacer ruido sería la primera, pero paradójicamente la que la lía y se queja es la segunda. Una hace cola para recibir la ayuda de sus vecinos, la otra se ha hartado de pensar en la salud colectiva. Las dos Españas se resumen en esa cacerola. La España de las cacerolas vacías es solidaria, la España de los cacerolazos sólo piensa en sí misma.

Esta epidemia claro que distingue clases sociales. Ha sacado lo mejor de la mayoría que tiene menos y lo peor de la minoría que tiene de sobra. En los barrios más pobres se organizan para rescatar a los que lo necesitan, en los barrios más ricos, para poder salir con las berlinas. Este fin de semana sacaron los coches a la calle como quien saca los tanques. Parecía que fueran a conquistarla. La Reconquista que diría el del megáfono que lideraba la espantosa comitiva. Toman las calles como toman la bandera, como si fueran sólo suyas.

Pero les salió el tiro por la culata. La imagen era siniestra. Recordaba a la caravana infernal de Mad Max. Facha & Furious, que dijo un tuitero. Nada más tóxico que una manifestación de coches atascando a bocinazos una ciudad que ha descansado del ruido y la contaminación durante dos meses de alivio. Una manifestación así espanta a cualquier persona sensata sin importar su ideología. A decir de las encuestas, la extrema derecha vocinglera espanta a la mayor parte de la ciudadanía.

Son mucho ruido pero pocas nueces. Menos nueces de las que parecen. La inmensa mayoría de este país, esté a favor o en contra del gobierno, sale a aplaudir o a pasear tranquilamente, no a reventar la cuarentena. Pero la prensa y las redes amplifican a la minoría de las cacerolas y acaban convirtiendo en fenómeno de masas lo que es anomalía. Lo hicieron con Vox, lo están haciendo con las caceroladas, empeñados en ayudar a la derecha y la ultraderecha a ganar a sartenazos lo que no ganaron en las urnas. Esto va de echar a los rojos antes de que acabe la legislatura.

A nadie se le oculta que no tiene nada que ver con la gestión de la epidemia porque entonces se criticaría también a los gobiernos autonómicos conservadores que han desmantelado la Sanidad pública y que han cometido errores graves como Sánchez. Esto va también de las dos Españas, de señoritos y criados, los que mandan y los mandados. Si el Gobierno quiere evitar que la revuelta de los de arriba se contagie a los de abajo, lo que tiene que hacer es políticas sociales que les saquen del hoyo. El ruido de las cacerolas de los ricos sólo se apaga llenando las de los pobres.

Siempre se trata de eso. Del reparto de la riqueza. Hay una España que necesita la renta básica para sobrevivir, otra que la llama paguita. Una que pide que se derogue la reforma laboral, otra que se indigna cuando se aprueba derogarla o cuando se pide subir los impuestos a las grandes fortunas. Españolito que vives en cuarentena, te guarde Dior. Hay una España que golpea las cacerolas propias y otra que ayuda a llenar las ajenas. La primera te helará el corazón, la segunda te lo calienta.

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La tienda online de la campaña de 'Gobierno dimisión', que vendía merchandising (lonas, carteles, camisetas) con la cara de Pedro Sánchez impresa junto a lemas anticonfinamiento como “Encerrados sois libres”, ha dejado al descubierto datos personales y bancarios de clientes. La asociación de consumidores Facua ha dado parte a la Agencia Española de Protección de Datos de estas “graves irregularidades” después de haber notificado con antelación a los promotores de la web para que subsanen el error, algo que según explica Facua a eldiario.es aún no se ha producido al cierre de esta información.

La brecha incluye nombres, apellidos, cuentas bancarias, correos electrónicos, productos adquiridos e importe pagado por ellos de una parte de los compradores de la web. Estos se encuentran “sin ningún tipo de medida de protección que evite que cualquier persona pueda tener acceso a tales documentos y la información que contienen”, alerta Facua, que avisa que la ley obliga a los gestores de la web a informar a los afectados por la filtración.

Los administradores de la tienda online la cerraron el pasado jueves. Un día antes varios juristas avisaron en una información de eldiario.es de las múltiples infracciones de la normativa de comercio electrónico en las que el negocio incurría, en especial debido a la total opacidad sobre quiénes son las personas o empresas responsables de la web. Pese a que la tienda ya no permite comprar nuevos productos, los datos personales y bancarios de los compradores siguen siendo accesibles para cualquier persona a través del código de la página.

La tienda era un subdominio de la web gobiernodimision.online desde la que Luis Pérez, alias Alvise Pérez, ex asesor de Ciudadanos denunciado por difundir bulos a través de las redes sociales, ha lanzado diferentes iniciativas críticas con el Ejecutivo. Los productos que vendía la web estaban pensados para acompañar estas acciones, en especial las caceroladas, durante las cuales Pérez ha mostrado una lona gigante con la misma imagen de Sánchez en diferentes puntos de España. Esta situación agrava la filtración de datos de sus clientes, avisa Facua, puesto que “revela información vinculada a su ideología política, que son datos especialmente protegidos por la legislación”, explica Rubén Sánchez, portavoz de la asociación.

De ser considerados datos con connotaciones ideológicas, su desprotección por parte de los encargados de la web sería considerada una infracción “muy grave” de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Luis Pérez explicó a eldiario.es que no hay “ninguna empresa” detrás de la página web, pero evitó confirmar si es él el gestor de la tienda. Tampoco ha querido responder cuando este medio le ha preguntado si estaba al tanto de la brecha de datos. El consultor había presumido días antes en Twitter de los datos de tráfico que estaba consiguiendo el negocio. Pérez ha borrado ese tuit.

Multa de hasta 150.000 euros por violar las leyes de comercio electrónico

Esta posible violación de la normativa de protección de datos se suma a otras irregularidades denunciadas que presentaba la página web. En un primer momento, la tienda de 'Gobierno dimisión' no contenía ningún tipo de aviso legal, política de privacidad o texto de términos y condiciones.

Tras la información de eldiario.es del pasado miércoles y tres denuncias de Facua ante diferentes administraciones el jueves, los administradores de la tienda introdujeron algunas de esas bases legales, aunque siempre evitando dar datos concretos sobre qué compañía o individuo está detrás de la web, el aspecto clave en toda la normativa. Finalmente, optaron por cerrar el negocio antes de hacer pública esa información. “De cara a una posible reclamación, saber quién te ha vendido algo es esencial”, explicó a este medio un jurista especializado en comercio electrónico y privacidad. El único dato que se proporcionaba en la página es un email (“hola@gobiernodimision.online”), algo insuficiente según varias leyes de comercio electrónico.

La situación provocó que el Ministerio de Asuntos Económicos enviara un requerimiento a los gestores de la tienda de 'Gobierno dimisión' para que revelen “quién es el titular y/o responsable” de ese negocio. De no hacerlo en un plazo de 10 días, esas personas o empresas se arriesgan a una multa de entre 30.001 y 150.000 euros por falta grave de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.

Por último, sobre la campaña anticonfinamiento y su tienda también se han extendido dudas legales por la imagen de Pedro Sánchez que utilizan. El autor original de la fotografía de la cara del presidente, Carlos Spottorno, avisó de que la imagen ha sido “robada” y se está usando sin su permiso. El profesional, ganador en dos ocasiones del World Press Photo y otros premios de fotografía internacionales, informó de que valora emprender acciones legales.

Mira todas las tiras

Los promotores de la campaña anticonfinamiento que utiliza la cara de Pedro Sánchez para criticar al Gobierno han cerrado la tienda online en la que vendían merchandising con esa imagen. La web ha sido denunciada por la asociación de consumidores Facua por incumplir varias normativas sobre comercio electrónico, como dos leyes españolas y un reglamento europeo, debido en gran parte a la opacidad acerca de las personas o empresas responsable de esas ventas.

Este miércoles varios juristas avisaron en eldiario.es sobre las múltiples infracciones legales que acarrea esa opacidad. En un primer momento, la tienda de 'Gobierno dimisión' no contenía ningún tipo de aviso legal, política de privacidad o términos y condiciones. A lo largo de este jueves los administradores de la tienda han introducido algunos de esos elementos, aunque siempre evitando dar datos concretos sobre quiénes está detrás de la web, el aspecto clave en toda la normativa. “De cara a una posible reclamación, saber quién te ha vendido algo es esencial”, explicó el abogado y consultor Samuel Parra.

El único dato que se proporcionaba en la página es un email (“hola@gobiernodimision.online”), algo insuficiente según la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley de Protección de Datos y el Reglamento Europeo sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo, detalló el citado jurista.

Facua ha denunciado esta situación ante tres administraciones: la Dirección General de Consumo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Agencia Española de Protección de Datos. “Hemos podido comprobar que de la información añadida en el día de hoy por la web denunciada resulta imposible identificar a la entidad titular de la misma, dado que no indica el nombre de la mercantil, ni de domicilio social alguno y tampoco se indican los datos de la correspondiente inscripción en el registro mercantil de la entidad”, señalan los textos de sus denuncias, a los que ha tenido acceso este medio.

Para encontrar información sobre los gestores de la tienda había que acudir a Twitter, donde Luis Pérez, alias Alvise Pérez, había presumido de las cifras de visitas que estaba logrando la página. La tienda era de hecho un subdominio de gobiernodimision.online, desde la que Pérez, ex asesor de Ciudadanos conocido por difundir bulos a través de las redes sociales, ha protagonizado diferentes iniciativas contra el Ejecutivo.

Finalmente, los promotores de la campaña han decidido cerrar completamente la tienda antes que incluir información sobre las personas o empresas responsables de ella. “Tras los problemas que ha experimentado nuestra web debido a la gran cantidad de vistas que está recibiendo, anunciamos que permanecerá cerrada durante unos días para proceder a mejoras técnicas”, se excusan. “Todos los pedidos que ya hayan sido realizados serán gestionados y enviados”, aseguran.

La tienda vendía lonas para el balcón a 20 euros, camisetas a 10 euros o un “paquete completo” con dos camisetas, 200 carteles y 300 banderines de España, “ideal para que seas tú el que motive al barrio a salir a la calle”, por 50 euros. Toda esa propaganda llevaba la misma imagen: la cara de Pedro Sánchez junto a frases sarcásticas anticonfinamiento como “Encerrados sois libres” y “Confía en tu Gobierno”. 

Las denuncias de Facua no eran las únicas sombras legales que habían caído sobre la campaña 'Gobierno dimisión'. El fotógrafo que retrató a Sánchez en la imagen original, Carlos Spottorno, avisó de que la foto había sido “robada” y se estaba usando sin su permiso. Este profesional, ganador del World Press Photo y otros premios internacionales, adelantó en conversación con eldiario.es que valora emprender acciones legales. 

Lonas para el balcón a 20 euros, camisetas a 10 euros o un “paquete completo” con dos camisetas, 200 carteles y 300 banderines de España, “ideal para que seas tú el que motive al barrio a salir a la calle”, por 50 euros. La campaña anticonfinamiento que utiliza la cara de Pedro Sánchez para criticar al Gobierno y exigir su dimisión ha lanzado una tienda con merchandising para aprovechar el tirón de los últimos días y llenar las caceroladas con su iconografía. El problema es que la imagen del presidente que se repite en toda la propaganda es “robada”, denuncia el propio autor de la foto, mientras que la web incumple la normativa de comercio electrónico, incluidas dos leyes españolas y un reglamento europeo, según los expertos consultados por este medio.

La tienda se encuentra en un subdominio de la página de gobiernodimision.online, la web de la campaña 'Gobierno Dimisión' alentada entre otros por Luis Pérez, alias Alvise Pérez, que ha protagonizado diferentes iniciativas contra el Gobierno y que ahora usa la web para vender banderas de España y merchandising. La campaña usa una fotografía de Pedro Sánchez junto a frases sarcásticas anticonfinamiento como “Encerrados sois libres” y “Confía en tu Gobierno”. Lo hace sin el permiso del autor de la imagen, Carlos Spottorno, dos veces ganador del World Press Photo y otros premios internacionales. El fotógrafo está recopilando pruebas tanto de la campaña política como de la tienda online y ha adelantado a eldiario.es que valora emprender acciones legales.

“En todos los casos, el autor de una fotografía tiene el derecho exclusivo para decidir quién la difunde y en qué condiciones, así como negar la difusión a quién lo está haciendo sin su autorización”, recuerda David Bravo, abogado especialista en propiedad intelectual. El hecho de que esa imagen sea la cara de un personaje público como es el presidente del Gobierno y se use con motivaciones políticas es lateral en esta cuestión y no influye en los derechos como autor de Spottorno, explica el letrado. “Bajo mi criterio, lo que seguro se ha producido es una infracción de la propiedad intelectual de esta persona”, continúa. “Podría ser incluso un delito, lo que dependería de cuestiones como el ánimo de lucro”, añade Bravo.

En la tienda que vende esos productos con la cara de Pedro Sánchez se incluye un aviso de que “el 100% de los beneficios se dedican a campañas políticas y víctimas del coronavirus en España”. No obstante, la ausencia total de información y bases legales de la página impide verificar esa afirmación. La web es absolutamente opaca: no dice qué personas o empresas son los vendedores de ese merchandising, quiénes lo suministran o cuáles son los términos en los que se produce la compra. Esta situación contraviene varias leyes: “De cara a una posible reclamación, saber quién te ha vendido algo es esencial”, recalca Samuel Parra abogado y consultor en comercio electrónico y protección de datos.

Para acceder a algún dato sobre la tienda hay que acudir a Twitter, donde Alvise Pérez ha presumido de los datos de visitas de la web.

Parra explica que la tienda online de 'Gobierno dimisión' infringe prácticamente todas las normas de venta por Internet que se pueden infringir. La opacidad de la web atenta contra al menos tres: la ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la Ley de Protección de Datos y el Reglamento Europeo sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo. Solo las faltas a la primera de esas leyes que presenta la página, detalla el abogado, pueden suponer multas de 30.001 a 150.000 euros.

“Lo único que tienen puesto es un email. Eso es obligatorio y se está cumpliendo, me imagino que de casualidad. Falta todo lo demás que, de hecho, es lo más importante”, denuncia. En todos los casos la normativa obliga a todo aquel que venda productos o servicios por Internet a identificarse: “tiene que poner su nombre, apellidos y DNI si es una persona, o en su defecto el nombre de la empresa, su razón social y el CIF. También tiene que haber un domicilio o dirección de la sede”.

La ausencia total de información legal afecta también a la protección de datos, cuyas salvaguardas para los consumidores han aumentado en los últimos años tanto a nivel europeo como español. Estas regulaciones instan a que el responsable (persona o empresa) que se encarga de guardar los datos de los compradores –nombres, direcciones o números de tarjeta de crédito– especifique dónde y cómo los almacenará. En la página no hay ningún apartado relativo a esta cuestión, pese a que la plantilla web que se ha utilizado para montarla pide que se marque una casilla que indica que se aceptan esas condiciones de privacidad antes de proceder con la compra. “No puedes aceptar algo que no existe”, ironiza Parra.

La Ley de Protección de Datos también protege a los meros visitantes de la web. La web utiliza las cookies de Google Analytics para analizar el tráfico de la página. “Aquí también estaría vulnerando también la ley porque hace falta el consentimiento del usuario para hacer eso, así como dar información de las cookies”, continúa Parra. Es otro punto donde la página adolece de cualquier tipo de explicación.

Denunciable por cualquier ciudadano

A sumar las dos leyes españolas, la actual configuración de la página viola el Reglamento Europeo que obliga a que cualquier web de comercio electrónico incluya un formulario de resolución de conflictos.

En suma, las infracciones de la tienda del merchandising contra el Gobierno reflejan una situación casi imposible de ver en páginas legítimas. “Ahora mismo estoy preparando una guía sobre cómo reconocer y detectar las páginas que se dedican a hacer estafas, porque todas siguen los mismos parámetros. Bueno, pues esas páginas-estafa cumplen más con la normativa que esta”, afirma Samuel Parra.

Este tipo de situaciones pueden ser denunciada ante las administraciones correspondientes por cualquier asociación de consumidores o ciudadano, haya comprado en la página o no, explica el abogado. En el caso de las infracciones sobre la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información los organismos competentes son los de consumo, mientras que en el caso de Ley de Protección de Datos el destinatario debe ser la Agencia Española de Protección de Datos.

Alrededor de 200 personas han conseguido hoy cerrar al tráfico la calle México de Toledo en una manifestación y cacerolada no comunicada ni autorizada. Al grito de 'Pedro Sánchez, dimisión' y 'Pablo Iglesias, hijo de puta', todos ellos han ido ocupando la calle a partir de las 20.30 horas ataviados con banderas de España y en muchas casos sin guardar la distancia de seguridad.

Entre los manifestantes había menores y personas mayores asistiendo a la convocatoria que, según algunos de los participantes, se ha realizado a través de WhatsApp. Fuentes de la delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha confirman que se trata de una manifestación “espontánea” como ha ocurrido en otras capitales de provincia.

La Policía Nacional estaba presente desde el inicio de la manifestación y cacerolada, pero no ha tomado ninguna medida para disolver la manifestación. Transcurridos unos minutos, ha sido la Policía Local la que ha cerrado al tráfico esta calle toledana.  

“Necesitamos una nueva reconstrucción social. No podemos permitir que la salida de la crisis signifique seguir explotando la Tierra al antojo de los poderosos. Ahora, más que nunca, necesitamos hacer un llamamiento a la justicia social y climática”.

Así se han pronunciado desde las delegaciones valencianas del movimiento Fridays for Future, que ha convocado diversas movilizaciones para este viernes 24 de abril en el marco de la jornada de acción global por el clima.

En concreto, Fridays for Future València, Alacant i Vinaròs convocan a las vecinas y vecinos de todo el territorio valenciano a salir con cacerolas a sus balcones y ventanas a las 12.00 horas. Convocan también una manifestación de luces y sombras mediante la proyección de imágenes representativas del cambio climático para este mismo viernes a las 22.00 horas en todo el Estado español. El movimiento inspirado por la joven activista sueca Greta Thunberg remite a sus redes sociales para obtener plantillas con las que realizar las proyecciones.

Con esta doble acción pretenden mostrar su apoyo a una salida de las crisis generadas por el coronavirus en consonancia con la emergencia social y ecológica actual.

“En estos tiempos, nuestros gobernantes vuelven a decepcionarnos e ignoran su responsabilidad, cuando toda la población sufre en carne propia la pandemia del coronavirus y sus consecuencias, se hace patente lo urgente e ineludible que es aunar esfuerzos para, solidariamente, hacer frente a la enfermedad y sus repercusiones sanitarias y sociales. Unas consecuencias que son sufridas en mayor grado por las personas y los colectivos más vulnerables, que padecen no solo la crisis sanitaria sino la precarización y el empeoramiento de sus ya poco dignas condiciones de vida. Es por ello que, ahora, más que nunca, necesitamos una nueva reconstrucción social”, explican desde el movimiento mediante un comunicado.

La Alianza por la Emergencia Climática, integrada por diversas organizaciones en defensa del clima que encabeza Fridays por Future se ha sumado a la iniciativa con la intención de llamar la atención, a partir de la actual emergencia sanitaria, “sobre la imperiosa necesidad de reorientar el rumbo general de nuestra sociedad”.

El movimiento urge a la Generalitat Valenciana, a los municipios y a las fuerzas sociales a una reflexión conjunta profunda que conduzca, tras la emergencia sanitaria, “a la transformación real de nuestra forma de vivir para que sea socialmente justa y climáticamente sostenible”.

“Pedimos al Govern del Botànic que dedique esfuerzos a reflexionar estratégicamente sobre cómo impulsar políticas que cambien el modelo actual que nos está llevando al borde de una situación de no retorno”, afirman.

Además solicitan que esta reflexión profunda cuente con la participación de la sociedad civil para impulsar los cambios necesarios, entre ellos, “fortalecer los sistemas agroecológicos tendiendo a la soberanía alimentaria; apoyar la economía circular en las industrias, así como su relocalización y la maximización de la durabilidad de los productos; impulsar cambios educativos para que la actual escala de valores, en la que prima el consumismo, sea reemplazada por la suficiencia”.

También exigen que se cambie “la forma de entender la movilidad, reorganizando los espacios, aumentando los transportes públicos, el uso de la bicicleta y restringiendo el uso del coche” y que se reoriente “el sector de la construcción para que rehabilite viviendas y edificios, así como que se cambie la legislación para disminuir las zonas de expansión en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) municipales”.

Por otro lado, consideran imprescindible que se impulsen “las energías 100% renovables, que se gestionen los residuos para recuperar los materiales y reutilizar toda la materia orgánica, que se amplíen las áreas naturales protegidas y que se impulsen cambios urbanísticos para que nuestras ciudades tengan un aire limpio, con muchos más árboles y grandes espacios peatonalizados, y poniendo en valor el sector público y los cuidados que, como ha quedado demostrado, son pilar fundamental de nuestra sociedad”.

Por último, instan al Gobierno del Pacte del Botànic a solicitar del Gobierno central una reforma fiscal para grabar las rentas más altas, exigir un esfuerzo a los bancos en consonancia con su propio rescate en la pasada crisis e insisten en la solicitud de una financiación justa para la Comunitat Valenciana para poder impulsar estos cambios y avanzar, entre otros, en el inexcusable establecimiento de una renta básica universal que garantice una vida digna a todas las personas.

Estos colectivos han surgido al calor del fenómeno de Greta Thunberg, la activista sueca que con 16 años inició el movimiento estudiantil de protesta por el clima Fridays For Future por el que estudiantes de más de 270 ciudades se han manifestado en los últimos meses todos los viernes para exigir una acción climática.

La revelación por parte del periódico británico The Telegraph de que una fundación que guarda presuntas comisiones de Juan Carlos I tiene como segundo beneficiario al jefe del Estado español llegó el sábado, 14 de marzo, en pleno desconcierto para la sociedad española: esa misma noche entraba en vigor el estado de alarma por primera vez en su historia constitucional y el confinamiento al que obliga una crisis sanitaria sin precedentes que ya sobrepasa ampliamente el millar de muertos.

La amenaza de la pandemia parecía el escenario perfecto para que cualquier noticia, incluida una que pone por primera vez el foco de sospecha sobre el actual jefe del Estado, quedara enterrada bajo la preocupación de los ciudadanos por su supervivencia y, en especial, la de sus allegados de más edad. Pero lo que ocurrió cuatro días después, con el ruido de las cacerolas desde los balcones tratando de interrumpir el mensaje del rey sobre la pandemia, abre el interrogante de si no ocurrirá lo contrario y el contexto de una sociedad en shock hará crecer la indignación por el comportamiento de la familia real.

“La actual situación va claramente a agudizar el problema que tiene la monarquía. El nivel de abstracción de la Casa Real respecto a la sociedad española es cada vez más alto. Esa comunicación ‘modelo Disney’, con un vídeo de las infantas comiendo sopa, está desfasado respecto al contexto de crisis general y más ahora con lo que está ocurriendo”, asegura Carmen Lumbierres, politóloga y profesora de la UNED. Lumbierres está convencida de que la cacerolada sumó más manifestantes que cualquier otra protesta anterior contra la monarquía precisamente por que coincide con una pandemia sin precedentes en la historia reciente de España. “Estamos en un momento de contención de las emociones hasta que explotan. Es un momento mucho más emocional que racional. Tenemos la incertidumbre de que no sabemos cómo vamos a salir de ésta”, afirma.

El discurso del rey del miércoles interrumpió los informativos nocturnos, que se apresuraron a confeccionar piezas sobre la marcha para informar de la intervención del monarca a su término. Pero por primera vez las noticias debieron reservar tiempo para la protesta contra Felipe VI. “A las nueve de la noche, coincidiendo con el mensaje a la nación del rey, ha sonado esto en algunos barrios…”, pronunció Carlos Franganillo, presentador de la cadena pública, para introducir un vídeo de ciudadanos que golpeaban sus enseres en los balcones. El mensaje que había circulado por los teléfonos móviles convocaba a exigir que los 100 millones de dólares que Juan Carlos I había cobrado de la dictadura saudí por actuar como comisionista en la construcción del AVE a La Meca fueran destinados a la sanidad pública.

La información del rotativo inglés, y su confirmación 24 horas después por parte de la Casa Real, irrumpieron con el temor extendido de que las personas mayores pudieran empezar a no ser atendidos por falta de medios en la sanidad pública. Una de las certezas de los españoles reflejada en todas las encuestas, que sus impuestos sirven para financiar un sistema de salud sólido que va a hacer todo lo posible por ellos si enferman, se tambalea. Y en medio de la avalancha de noticias sobre la pandemia se colaba que Felipe VI era heredero de una fortuna que su padre habría conseguido de forma irregular aprovechando el cargo que el sistema constitucional le otorgó durante más de tres décadas.

Pese a la imposibilidad de cuantificarla, el timbre de la protesta marcaba un hito en el reinado de Felipe VI, seis años después de una abdicación in extremis programada para que la institución resistiese la decadencia del legado de Juan Carlos I en un momento en que se tambaleaba el bipartidismo y estaba en cuestión el llamado régimen del 78. Figura clave en la transición, la nueva realidad política y mediática lleva años levantando el velo que durante décadas protegió los excesos de la vida privada del monarca emérito, indistinguible en ocasiones del ejercicio del cargo debido a la propia naturaleza de la institución.

El único momento del reinado de Felipe VI en el que la “ejemplaridad” a la que él mismo alude quedó en cuestión había tenido lugar cuando se conocieron los mensajes de apoyo que él y la reina Letizia enviaron al investigado por corrupción Javier López Madrid, amigo de ambos, en octubre de 2014, a los cuatro meses de que el monarca subiera al trono. En aquellos mensajes, desvelados por eldiario.es, el empresario explicaba las acusaciones que pesaban sobre él en el contexto de “un país muy difícil”, a lo que Felipe VI contestaba “¡y tanto!”.

Corría marzo de 2016 y habían pasado cinco días desde que trascendiera el detalle de los gastos que los consejeros de Caja Madrid habían hecho con sus tarjetas black, una de las investigaciones judiciales que más indignación causó entre unos ciudadanos: los consejeros de Caja Madrid, entre ellos el yerno de Villar Mir, habían dilapidado indiscriminadamente dinero ajeno sin declararlo a Hacienda. El rescate de la entidad en la crisis que devoró a los españoles había costado más de 20.000 millones de euros de dinero público. La Casa del Rey se refugió en un solo comentario -“ya no son amigos”- y los grandes medios, incluidos algunos a los que se identifica como progresistas, pusieron sordina o pasaron de puntillas por el tema.

En esta ocasión ha sido distinto. La Casa del Rey reaccionó a la noticia de The Telegraph un día después con un extenso comunicado que obligó a todos los medios a hacerse eco. El acento de la mayoría se ponía en la contundencia de las medidas adoptadas por Felipe VI al enterarse de que era beneficiario de dos, no una, fundaciones opacas: renunciar ante notario a cualquier herencia de su padre y retirarle la asignación de casi 200.000 euros anuales procedente de los Presupuestos Generales del Estado. Pronto llegaron los editoriales de los grandes periódicos, tan influyentes en la sociedad española en otra época, alabando la firmeza del rey y desligando la trayectoria de Felipe VI de la de su padre.

El rey informó a Moncloa tras acudir al notario

Pero una lectura detallada del comunicado hacía aflorar graves novedades. La primera, que la nota oficial servía para confirmar las informaciones periodísticas de que el rey emérito tiene dinero de procedencia oscura en el extranjero, lejos del recaudo de la Hacienda española. La segunda, que Felipe VI lo sabía desde hace un año y que consideró que no tenía por qué hacerlo público a la sociedad, aunque sí lo comunicó a unas “autoridades” que no especificaba la nota de prensa. La tercera, que tan relevante información llegó a la Jefatura del Estado, según ésta, a través de los abogados de Corinna Larsen, examante del rey durante una relación extramatrimonial de cinco años, e investigada en Suiza por los 65 millones de euros que le transfirió Juan Carlos I en 2012.

Fuentes del Ejecutivo han informado a eldiario.es que la Casa Real trasladó hace más de un año al Gobierno Corinna Larsen “estaba presionando mucho” a Juan Carlos I y que supieron de la renuncia a la herencia de Felipe VI solo después de que éste acudiera al notario. La Fiscalía Anticorrupción, que investiga posibles delitos en la construcción del AVE a La Meca, no fue advertida por Zarzuela, confirman fuentes jurídicas.

El pasado miércoles por la noche se emitió el mensaje del rey, que por fin se dirigía a un país sobrecogido desde hacía días por la crisis sanitaria. Felipe VI optaba por no hacer una sola mención a la fortuna de su padre y a su renuncia ante notario a cualquier herencia, un simple gesto éste sin trascendencia jurídica, según los expertos en Derecho Civil. Hasta este día, los tradicionales mensajes del rey en Nochebuena eran recibidos con indiferencia por los ciudadanos contrarios a la monarquía. El miércoles fue diferente, mientras el rey hablaba, una parte de los españoles confinados en sus casas salían a los balcones ya no para agradecer al personal sanitario sus jornadas maratonianas para salvar los pacientes del coronavirus, sino a golpear sus cacerolas contra el jefe del Estado.

Fernando Rayón es periodista y ha publicado varios libros sobre la familia real. Considera que la protesta fue “algo puntual”, convocada “por personas que no quieren que Felipe VI exista políticamente, como Carles Puigdemont o Teresa Rodríguez”. “No es la primera vez que se organizan protestas contra el rey, en Catalunya se han organizado muchas, le han tirado huevos… Ahora han aprovechado el comunicado de Zarzuela y han organizado una cacerolada. Lo que quieren es cargarse al rey”, asegura el periodista.

La Fundación Lucum, que centraba la primera noticia de The Telegraph, está radicada en Panamá y es objeto de investigación por el fiscal especial de Ginebra Yves Bertossa. Una información del periódico Tribuna de Ginebra reveló hace dos semanas que esas pesquisas apuntan a que Arabia Saudí entregó los 100 millones de dólares a la fundación de Juan Carlos I por sus trabajos de comisionista en el AVE a La Meca. La Fiscalía Anticorrupción española, por su parte, investiga un posible delito de corrupción en las transacciones internacionales por el mismo asunto y ha solicitado al fiscal suizo datos sobre sus pesquisas. El tercer frente que amenaza a Juan Carlos I es la contratación por parte de Corinna Larsen de un reputado abogado experto en extradiciones, James Lewis, para denunciar en Londres al monarca emérito y al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán por amenazas.

“El último cortafuegos”

El periodista especializado en memoria histórica Carlos Hernández prevé que la institución monárquica “se enfrenta a una época complicada”. “El problema es cuando gastas el último cortafuegos ya no hay más”, dice en referencia al anuncio de ruptura de Felipe VI con su padre. El jefe del Estado, opina, “ha sacrificado a la última persona antes de llegar a él mismo y con el comunicado ha dado veracidad a lo que se enfrentaba el universo de la población que se movía en el negacionismo a la realidad documentada”. “Todo lo que sean las consecuencias de la investigación judicial le van a caer a él. No a alguien que está apartado, depauperado…”, añade.

La politóloga Carmen Lumbierres suma una advertencia: “Más que el miedo que tendría que tener la institución de que se despegue de ella la ciudadanía en su conjunto debería pesar en ella la polarización de la sociedad española y que el voto ultra, que va ganando espacio elección tras elección, se identifique con el apoyo a la monarquía. La utilización que Vox hace de la Corona perjudica muchísimo a ésta”.

Lumbierres introduce otra novedad en la que coinciden distintos analistas, que aprecian en esta ocasión un apoyo más tibio del PSOE a la monarquía. Berta Batet, politóloga, opina: “Es un tema que al PSOE le ha costado gestionar siempre porque está dividido al respecto. Ahí tiene poco que ganar”. Lumbierres cree que en otro momento, sus diputados, por ejemplo, hubiesen salido en tromba a respaldar el mensaje real en las redes sociales, algo que, aprecia, no ha ocurrido.

¿Pervivirá el clima de indignación por la actitud de la familia real? Fernando Rayón cree que no. “Desde que heredó la jefatura del Estado, Felipe VI está viviendo una montaña rusa. Van surgiendo cosas, no solo referente a la propia familia, sino de la actualidad política, como el movimiento independentista en Catalunya. No creo que esto vaya a tener más trascendencia. Podría alcanzarla si llegamos a un juicio, a una sentencia, como ocurrió con Urdangarin. Cabe destacar que en la nota ya se anunciaba que don Juan Carlos ya ha nombrado a un abogado”. Se refiere a Javier Sánchez-Junco, un prestigioso letrado de la capital, exfiscal y que desde hace años defiende a López Madrid en el caso de presunto acoso a la doctora Pinto y en la causa por la financiación irregular del PP madrileño.

De los sobresaltos que puedan causar las investigaciones judiciales dependerá si aumenta el clima de crispación en torno a la familia real, considera Carlos Hernández. “Es verdad que se une a la primera erosión con Botsuana (el viaje del accidente de Juan Carlos I en compañía de Corinna en lo peor de la crisis económica). Llueve sobre mojado y se va erosionando cada vez más la figura del rey emérito y también de la monarquía como institución. Esta protesta ha servido para afianza un sentimiento antimonárquico para quien ya lo tenía o para empujar a quien estaba en un terrerno fronterizo. En el sector monárquico tengo mis dudas porque falta mucho por saber de las causas judiciales”, asegura el periodista.

La politóloga Berta Batet afirma que la cacerolada ha tenido que ver con una característica del comportamiento político, consistente en plantearse “hasta qué punto crees que eres la persona que va a una manifestación o que vota”. “Ahí hay gente que ha podido romper la barrera. La cacerolada era una opción a la que se podía sumar, entre otras cosas por el confinamiento en las cosas”, explica.

Tezanos, en 2019: “No es un problema para los españoles”

El Consejo de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó a los españoles por su consideración de la monarquía por última vez en abril de 2015, cuando todavía no se había cumplido un año del reinado de Felipe VI. La institución sacó una nota de 4,34, por debajo de la Guardia Civil (6,02), la Policía (5,95) y las Fuerzas Armadas (5,51) pero bastante por encima de los partidos políticos (2,23), los sindicatos (2,61), el Parlamento (2,83) o el Poder Judicial (3,54). En una comparecencia de enero de 2019 en el Congreso, el actual director del CIS, Félix Tezanos, alegó que no se sigue preguntado a los españoles porque éstos “no consideran un problema” a la monarquía.

En el extranjero, la crisis del coronavirus ha dejado en un plano muy alejado la crisis de la monarquía española. Hasta el periódico que desveló la relación de la fortuna de Juan Carlos I con Felipe VI tuvo que relegar la noticia del comunicado de Casa Real. “Nosotros aprovechamos para sacar pecho, pero en el resto de medio tuvo menos impacto porque si tienes una página para informar de Europa se lo dedicas al coronavirus”, afirma James Badcock, el corresponsal de The Telegraph en España. Badcock cree que va a ser labor de los medios de comunicación despertar el interés de los españoles.

“Mi impresión es que se daba por hecho que era un tema de Juan Carlos y punto y a lo mejor no está tan claro. Lo que me ha quedado claro hablando con expertos en Derecho Constitucional es que falta arquitectura constitucional alrededor de la Casa del Rey. No se sabía qué hacer cuando quiso abdicar Juan Carlos. En España, la institución está demasiado personificada en el rey. Es el rey y punto. A Felipe le conviene que no sea solo así y el Congreso tiene la misión de construir una arquitectura más acorde con la democracia actual”, asegura Badcock.

¿Y si las investigaciones judiciales acorralan a Juan Carlos I? “El rey tendrá que tomar decisiones. Siempre hay margen”, afirma el periodista Fernando Rayón. Cuando se le pregunta cuál es ese margen después de que se haya retirado a Juan Carlos I de la agenda oficial y suprimida su asignación con cargo a los presupuestos, Rayón contesta: “Siempre que recibo las notas de Zarzuela pone ”Su Majestad el Rey don Juan Carlos“. Sigue teniendo tratamiento de rey. Quizá podría quitárselo”.

Mientras las palabras del rey Felipe VI sonaban en los televisores dentro de las casas de los confinados, en las calles sonaban las cacerolas en señal de protesta por las informaciones conocidas de las cuentas opacas en Suiza de su padre, el rey emérito Juan Carlos I.

En la Comunitat Valenciana se pudieron oír las caceroladas en las calles de València, pero también en otras capitales como Alicante o Elx, y los usuarios dejaron su testimonio en las redes sociales.

Trasladémonos a una tarde cualquiera en Santo Domingo, en República Dominicana. Llegamos a un restaurante en Naco, uno de los sectores de mayor poder adquisitivo de la capital. Son las 6 de la tarde y el 'cacerolazo' del día está programado para las 8. En apenas dos horas el Distrito Nacional volverá a retumbar al son del martilleo de cacerolas, desde los balcones, centros comerciales, los 'colmados' a pie de calle o donde sea que coincida esta rutina ineludible desde que el pasado 21 de febrero sonara el primer cazo. El camarero trae una cubitera de hielo, acompañada de una sonrisa cómplice.

El grupo con el que coincidimos en este espacio es heterogéneo. Entre ellos hay varios jóvenes, seguidores del partido del gobierno desde hace más de veinte años, el Partido de Liberación Dominicana (PLD); entre ellos, varios funcionarios públicos. Pero se desvela además una facción discrepante con el sistema, de imprecisa ideología, que promete animar el debate. El omnipresente tema emerge en cuestión de segundos, e ignorando al 'elefante' que acaba de aparecer en la elegante habitación, la narrativa de la conversación se desvela sorprendentemente coincidente.

Una generación ha despertado.

La República Dominicana se entrena a conciencia para sellar un día histórico el 27 de febrero, cuando este país celebra oportunamente el Día de la Independencia. Este jueves se convoca a ocupar, de nuevo, la emblemática Plaza de la Bandera, punto de encuentro de algunas de las principales instituciones públicas del Gobierno, entre ellas, la diana de las protestas: la Junta Central Electoral (JCE). Pero esta vez, después de diez días incansables, el propósito es llegar al millón de voces bajo el sol implacable del Caribe o el torrente de lluvia que decida azotar de un minuto para el otro. La motivación es dispar, pero el mensaje claro. Se acabó el Carnaval. “Es el turno de la democracia”, reclaman.

El son es pacífico. Los ecos de Chile y Venezuela han hecho mella también en este pueblo caribeño, en un momento en que la región camina en la cuerda floja del hartazgo. Y a la tercera parece que no va la vencida. Una parte del pueblo dominicano se siente foránea en su tierra y reclama su bandera, que ahora sienten que está manchada con una fecha, el 16 de febrero, un día que selló un capítulo negro para la democracia dominicana tras la anulación de las elecciones municipales por el supuesto fallo del sistema de voto.

Y ese sentimiento ha prendido una mecha que no entiende de clase social.

Sea desde una aplicación móvil en un dispositivo de última generación o en un cazo oxidado, el sonido es unívoco y al mismo ritmo en Naco, Piantini, y también en los barrios más deprimidos de la ciudad como Villa Mella, San Cristóbal, Los Mina o Manoguayabo. La Plaza de la Bandera ha sido, progresivamente, el espejo de la realidad dominicana más efervescente. Desigual, pero unida. Porque, al final, “quien gana es la República Dominicana”, aseguran.

La gota que colmó el vaso

El Gobierno no se da por aludido y responde con la boca pequeña en un momento crítico para un partido más dividido que nunca, entre dos facciones históricas completamente enfrentadas: la del expresidente Leonel Fernández, por un lado, y, por otro, la del actual candidato a las elecciones presidenciales del próximo 16 de mayo, Gonzalo Castillo. Mientras, los votantes del actual jefe de Estado, Danilo Medina, se encuentran huérfanos.

En el bando contrario, los partidos de la oposición unen sus fuerzas al grito de “¡Se van!”. A su cabeza, se encuentra Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y, apostado entre bambalinas, el actual alcalde del Distrito Nacional, David Collado, esperando el turno de su entrada triunfal desde el banquillo municipal a las 'Grandes Ligas' de la política. Pero cada quien por su lado. Agua y aceite.

El domingo 15 de febrero la gota colmó el vaso de una paciencia llevada al abismo. La habitual sombra del fraude se dio de bruces, esta vez, contra el supuesto fallo de un pionero sistema de voto automatizado, el cual tenía el paradójico propósito de paliar los errores humanos del conteo manual. El canto de victoria de Leonel Fernández, que tanto lo había demonizado, se ahogaría pronto. El descorche de cava se contuvo ante las revueltas, lloros y estupor de un pueblo frustrado. El lunes se vistió de luto, de forma literal. Providencialmente, la capital sufrió una oleada de apagones producto de un fallo en la planta de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, símbolo de Odebrecht. El silencio dio paso al aullido unísono. “¿Qué va a ser lo siguiente?”, exclamaban.

Ocho días después, los jóvenes dominicanos, en su mayoría, sostienen el pulso a un sistema con el que no se sienten identificados. Reescriben un himno con tres estribillos claros. El primero, y básico, “derecho a elegir”; el segundo, “transparencia, investigación y respuestas”; el tercero, “sanción y consecuencias para los implicados”. A la llamada acuden estudiantes, trabajadores, de clase alta, de baja, de media, de izquierda, o de derecha, y llegan en Uber o en 'guagua'… Como sea, dan un golpe en la mesa.

Las malogradas elecciones municipales se reeditan el próximo 15 de marzo, con más sombras que luces. Esta vez, volvemos a las cuentas de siempre, que en las pasadas elecciones presidenciales, de 2016, dejaron nada más y nada menos que 29.000 errores a su paso. Mientras, los 'buenos' de la película van aterrizando en la isla para sembrar confianza en un terreno yermo. El escuadrón lo forman la Organización de los Estados Americanos (OEA); la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore); y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).

Este es el caldo de cultivo electoral que se presenta, no solo en Santo Domingo. La campaña electoral resurge de sus cenizas, a golpe de talonario, para celebrar unas nuevas elecciones municipales en las que el partido de Gobierno, que, junto a sus aliados, controla 107 de las 158 alcaldías, se juega mucho. También el opositor PRM, que está al frente de 30; entre ellas, la del Distrito Nacional, centro de la capital. “El cambio va”, dicen unos, pero “un 10% de la población dominicana no decide las elecciones”, dicen otros. Y ninguno se equivoca.

Desde ese restaurante en Naco oímos todavía el eco vibrante de las cacerolas al otro lado de la ciudad. Allá donde no hay cubertería, ni un techo firme para resguardarse del aguacero que está cayendo. El camarero retira la cubitera. Ya son más de las 9 y los ánimos están caldeados. “¿Y ahora qué?”, pregunta uno. Pues eso, que sigan sonando los tambores de la democracia. Y mañana será otro día. 27 de febrero.

Cerca de 200 personas, la mayoría mujeres, se han concentrado este viernes frente a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife con motivo del Día Internacional de la Mujer para denunciar lo que han denominado “justicia patriarcal” y “violencia institucional”.

“Muchas de las actuaciones que estamos viendo por parte de la Justicia son de carácter patriarcal. Ejercen una violencia institucional sobre las mujeres que se refleja en todas esas sentencias judiciales donde se nos culpa y se nos resta credibilidad. Así no se sientan las bases para erradicar la violencia machista”, ha señalado la portavoz de la Plataforma Feminista 8M Tenerife, Begoña Barras.

Durante la cacerolada, la segunda de la jornada en el área metropolitana, se han repartido formularios que las manifestantes han rellenado con sus datos y firmado contra distintos jueces con vistas a registrarlos en la Audiencia como forma de protesta.

También han gritado consignas como “el machismo, eso sí que es terrorismo”, así como “contra el patriarcado y su violencia, ahora y siempre, autodefensa”, “basta ya de justicia patriarcal”, “arriba el feminismo que va a vencer, abajo el patriarcado que va a caer” o “ni una menos, vivas nos queremos”.

En cuanto a los datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial que reflejan que casi el 90 por ciento de los hombres juzgados en Canarias el año pasado por violencia machista fueron condenados, Begoña Barras ha incidido en que solo se han abordado los casos que acaban en una sentencia.

Según Barras, todavía existe un porcentaje “relativamente bajo” de casos resueltos con condena con respecto al total de denuncias, dado que hay un “altísimo” porcentaje de denuncias que no entran a trámite y otras muchas que acaban en absoluciones.

“Demandamos un cambio estructural del sistema, que implique transformar las relaciones económicas, culturales y simbólicas, y la posición social de las mujeres: eso va a llevar muchos años conseguirlo, pero beneficiará a las generaciones futuras”, ha asegurado Barras.

Asimismo, la portavoz de Intersindical Canaria Patricia Hernández ha señalado que las leyes “sobre el papel” no bastan para frenar el machismo social, sino una inversión real en actividades o en educación que aceleren un cambio social y cultural. 

Patricia Hernández ha lamentado, por otro lado, que los gobiernos permitan comportamientos “ilógicos” en la sociedad, como la perpetuación del estereotipo de la mujer en distintos programas de televisión o la ausencia de políticas de igualdad en determinados negocios privados.

La lluvia no ha impedido este viernes en Tenerife que las movilizaciones del 8M se inicien en La Laguna con una cacharrada o cacerolada, tal y como había previsto la organización de los actos centrales de protesta en el Día Internacional de las Mujeres, la Plataforma Feminista 8M de Tenerife.

La concentración del colectivo se produjo en la plaza del Cristo de La Laguna. Desde ese lugar, como se había programado, se ha realizado un recorrido por las principales calles del casco histórico de la segunda ciudad tinerfeña.

Tras esa protesta, muy sonora, pese a las inclemencias del tiempo, con lluvia persistente en el área metropolitana, el siguiente hito será la cacharrada convocada por fuera del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 12.00.

Luego habrá encuentro en el parque capitalino de La Granja y, a partir de las 19.00, la manifestación central de Tenerife, desde ese parque hasta la zona de Presidencia del Gobierno de Canarias.

La Plataforma Feminista 8M de Tenerife ya ha definido su programa esencial de actividades y protestas con motivo de la huelga convocada este jueves, Día Internacional de la Mujer. Según lo avanzado por ese colectivo, la primera cita del jueves será la concentración establecida en la ciudad de La Laguna, en la plaza del Adelantado, donde está prevista una cacerolada junto a la actividad de piquetes informativos.

Tras esa primera protesta, a las 12.00, en este caso en Santa Cruz, ocurrirá algo parecido, también con cacerolada y piquetes informativos junto a la plaza del centro comercial El Corte Inglés, en la avenida Tres de Mayo capitalina.

Una vez finalizada esa actividad colectiva, habrá una concentración en el parque García Sanabria, en el Reloj de Flores, en Santa Cruz, donde habrá un almuerzo colectivo y feminista que se acompañará de talleres de diversos tipos.

Como acto final de protesta masiva, la misma Plataforma Feminista 8M de Tenerife ha convocado una manifestación con punto de partida en la plaza de Weyler, que, tras un recorrido urbano, finalizará en la plaza de la Candelaria, en pleno centro neurálgico de Santa Cruz.

La Plataforma Ciudadana por la Apertura Total del Punto de Atención Continuada (PAC) de Madroñera ha convocado a todos los vecinos este viernes día 20, en la plaza Mayor, y con una “gran pitada y cacerolada” pedirán la reapertura total de la urgencia sanitaria.

Las urgencias de esa localidad, que fueron cerradas totalmente por el nuevo Gobierno regional del PP en julio de 2012, reabrieron varios meses después por las tardes de lunes a viernes, y los fines de semana y festivos de diez de la mañana a diez de la noche, pero como otros PAC no recuperaron el servicio nocturno a diario.

Los miembros de la plataforma expresarán también con esta concentración su rechazo a las “medias medidas” de la Junta, y a las decisiones “parciales e injustas” del consejero de Salud y Política Sociosanitaria, Luis Hernández Carrón.

Con motivo de la ampliación de horario en tres urgencias rurales comunicada estos días por el Servicio de Salud (SES), en Madroñera han revivido la protesta, ya que no aceptan como argumentos para estas decisiones los informes “secretos” de los técnicos de ese servicio, y tampoco le dan credibilidad a los datos de pacientes que la Junta dice manejar.

“Ya hemos denunciado en numerosas ocasiones que tenemos informaciones del personal sanitario que nos indican que no todas las asistencias se registran por diferentes razones. Con lo cual, la presión asistencial registrada no la reconocemos como dato fiable”.

Si en su día se reconsideró el asunto de Madroñera, y que había razones para reabrir las urgencias hasta las diez de la noche, “las mismas razones o más hay para que se mantenga abierto también por las noches”, ya que cualquier emergencia y desplazamiento es mucho más dificultoso y complicado para los ciudadanos llegadas esas horas.

Ellos están contentos por aquellos pueblos que ahora ven ampliado el servicio, fruto entre otras cosas según creen de la presión ejercida desde Madroñera y otras localidades para que el tema no se olvidara, aunque por otro lado reprochan que en época preelectoral el Gobierno regional busque algún efecto.

Contra las decisiones del Gobierno de la Junta de Comunidades, cacerolas. Así lo han decidido los sindicatos convocantes de la manifestación: Comisiones Obreras, C-SIF, UGT y el Sindicato de Trabajadores de la Administración. Una centena de personas se han juntado a las puertas de la Consejería de Agricultura con cacerolas y elementos de ruidos para señalar a la Junta por el retraso en acatar la sentencia judicial que le dicta a readmitir a los 391 interinos despedidos ilegalmente en agosto de 2012.

Propios funcionarios de la Administración en activo se han sumado también a la 'cacerolada' contra el Gobierno de Cospedal. Lo han hecho indicando que ya que la presidenta no escucha sus peticiones ni las sentencias judiciales, que al menos escuchen sus protestas y sus cacerolas. Y no será la primera 'cacerolada' que se haga: para el viernes habrá otra más y el sábado una manifestación en Toledo por el empleo público que les ha sido arrebatado.

El lunes se concentrarán en Albacete para pedir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que se defienda sus derechos por la negativa de Cospedal de cumplir la sentencia. Será el día previo a que el plazo puesto por la justicia acabe y también el día previo para el que la Junta ha convocado una Mesa Sectorial en la que espera acatar la sentencia primero readmitiendo a los despedidos, y despedirlos minutos después (pudiendo recaer en una 'readmisión temeraria' así como 'mala fe', hechos que se sumarían a un nuevo proceso judicial que tendría que empezar de cero).

Los sindicatos quieren que esa Mesa Sectorial del mismo día 16 sea declarada ilegal ya que consideran que no existe capacidad de negociación en ella.

La sentencia ya es firme y le quedan 6 días para cumplirla a la Junta. Mientras tanto los sindicatos culpan de todo lo ocurrido a Leandro Esteban, consejero de Administraciones Públicas, a los directores de ganadería y al director general de la función pública, y directamente a la propia Cospedal. A la vez han señalado que si hay tantas listas de espera en los diversos procesos de la Junta es por falta de trabajadores públicos que puedan hacerse cargo de los casos, mientras que con esos 400 trabajadores despedidos (a los que se les sigue pagando y con intereses) “se podría dar un servicio de calidad”, según Gustavo Fabra, secretario del sindicato STAS en Castilla-La Mancha.

“Dos años y medio soportando las más viles mentiras del Gobierno que siguen saliendo gratuitas y ahora la traca final es despedir a los interinos sin querer ni readmitirlos”, según Ramón González, de Comisiones Obreras.

Mientras tanto a todos los castellano-manchegos nos siguen costando estos 400 trabajadores a los que se les debe seguir pagando (por sentencia judicial) y que ya podrían estar agilizando los servicios de la propia Junta.

Distintos colectivos ciudadanos han organizado un acto de protesta para este miércoles, a las 18.00 horas, en el número 31 de la Avenida de El Puente de Santa Cruz de La Palma.

Distintos colectivos ecologistas y movimientos ciudadanos han convocado una concentración pacífica en contra de las prospecciones petrolíferas que la multinacional Repsol ha iniciado este martes en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, y para mostrar “nuestra repulsa” a la actuación de la Armada con los activistas de Greenpeace. El acto de protesta se llevará a cabo este miércoles, a las 18.00 horas, en el número 31 de la Avenida de El Puente de Santa Cruz de La Palma. Invitan a los ciudadanos a participar en esta acción y les animan a “traer calderos para hacer un gran potaje de sonidos contra las prospecciones y que se entere el PP”.

Los convocantes exigen la retirada del barco de Repsol y lamentan que “el Ejército español esté más preocupado por defender los intereses de esta empresa transnacional que la voluntad del pueblo canario”.

Adelantan que “los colectivos ciudadanos seguirán con todas las iniciativas y acciones que le sean posibles para paralizar definitivamente las actividades de Repsol en aguas próximas a Canarias, y cualquier otro proyecto de exploración, prospección y explotación petrolífera”. Aseguran asimismo que “proseguirán trabajando por el desarrollo de un nuevo modelo energético, basado en energías limpias renovables, vinculadas a una nueva sociedad del ahorro, la contención y la solidaridad”. “Vamos a redoblar las acciones y las movilizaciones en Canarias y fuera de las Islas hasta paralizar las prospecciones de Repsol”, afirman.

Unas 150 personas han participado este viernes por la tarde en la cacerolada convocada en Las Palmas de Gran Canaria por diversos colectivos contrarios a las prospecciones petrolíferas para “recibir” al barco de posicionamiento dinámico de la compañía Repsol, el Rowan Reinassence, que ya se encuentra en una zona muy próxima al emplazamiento denominado Sandía, donde prevé comenzar en breve los sondeos.

La concentración de protesta ha comenzado a las 18.00 horas en la plaza de Belén María, en la entrada al Puerto de La Luz y de Las Palmas. Los manifestantes portaban pancartas en las que se podían leer mensajes de rechazo al petróleo y de apoyo a las energías renovables. Los lemas más coreados en esta acción reivindicativa han sido No a Repsol, Soria, cabrón, trabajas para Repsol y El pueblo unido jamás será vencido.

Los manifestantes han detenido en diversas ocasiones el tráfico en la rotonda, lo que ha obligado a los efectivos de la Policía Nacional a intervenir para despejar la vía.

Curiosamente, durante la acción de protesta ha pasado por la zona un camión de la compañía de Repsol, lo que ha encendido aún más los animos de los ciudadanos, que han bloqueado el paso del vehículo y han elevado el tono de sus protestas.

Posteriormente, han emprendido una marcha hacia la calle Juan Rejón de la capital, donde varios vehículos se han sumado con sus bocinas a la protesta, y por distintas calles aledañas al parque de Santa Catalina, además de la avenida de la playa de Las Canteras.

La convocatoria se había extendido por las redes sociales desde el martes con un cartel que rezaba “el barco de Repsol llega a Canarias el viernes 14 de noviembre, ven a recibirlo”.

Diversos colectivos contrarios a las prospecciones petrolíferas que Repsol tiene previsto comenzar en breve frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura han convocado una “cacerolada” en distintos puntos de Isla, para protestar por la llegada del buque de posicionamiento dinámico de la compañía petrolera Rowan Reinassence al punto donde iniciará los sondeos.

El portavoz de la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones, Fernando Nagore, señala que la convocatoria se ha extendido por las redes sociales desde el martes con un cartel que reza “el barco de Repsol llega a Canarias el viernes 14 de noviembre, ven a recibirlo” y señala que la concentración se engloba en “una lucha que no termina aquí, esta es una etapa más”.

La convocatoria se extiende a todas las islas del Archipiélago y tiene previsto comenzar a las 18.00 horas. En Gran Canaria, la cacerolada se llevará a cabo en la rotonda de Belén María, en la entrada del Puerto de la Luz y de Las Palmas; en Tenerife será en la Avenida Marítima de la capital, frente a las plataformas petrolíferas; en Lanzarote, frente a la Subdelegación del Gobierno; en el número dos de la Avenída Marítima de La Palma, La avenida Dacio Darias de Valverde, en El Hierro; y frente a la Dirección Insular de la Administración del Estado en La Gomera y Fuerteventura.

Nagore emplaza a los que no puedan acudir al encuentro a que “saquen los cacharros por la ventana” para mostrar de esa forma su oposición a las prospecciones petrolíferas.

Otra de las iniciativas que se extiende por la red viene de la mano de Savecanarias.org bajo la denominación de Flota Sandía contra Repsol. La plataforma anima a diversos propietarios de embarcaciones y ciudadanos a zarpar al encuentro del Rowan Reinassence.

En una convocatoria publicada en la red social Facebook, la plataforma señala que la Flota podría operar durante meses, por lo que también podrían incorporarse barcos que procedan de cualquier parte del mundo. “Las acciones serán pacíficas y no violentas y se desarrollarán en un espacio situado a 20 – 30 millas de la costa de Lanzarote y Fuerteventura. La organización facilitará avituallamiento y fondeo a los barcos que se incoporen”, apostilla.