La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (AN) ha ratificado la pena de diez años de prisión y una multa de 125 millones de euros a cada uno de los quince tripulantes de una embarcación que en 2024 fue trasladada al puerto de la Luz y de Las Palmas con 3,5 toneladas de cocaína.

Ante la Sala de Apelación los procesados alegaron falta de competencia de las autoridades españolas y que por lo tanto la detención había sido ilegal, nulidad del abordaje y de la entrada y registro por no existir autorización de las autoridades panameñas, país al que decían que pertenecía el barco.

En caso de que no ser absueltos pedían una rebaja de las condenas y que se sustituyeran por la expulsión, tener en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas y que el capitán había sido coaccionado para participar en la operación mediante un atentado en el colegio en el que trabajaba su esposa.

La Audiencia Nacional ha vuelto a avalar la autorización de entrada y registro y de intervención del barco basándose en las leyes internacionales, en las que se mantiene la necesidad de que todos los países participen en la lucha contra el tráfico de drogas.

También se rechaza el argumento de las dilaciones indebidas pero se abre la puerta a que, cuando se lleve a cabo la ejecución de las sentencias, los acusados puedan ser expulsados o cumplir las penas en sus países de origen, decisión que por ahora se considera “prematura”.

La agencia antidroga estadounidense DEA detectó un barco llamado “Atalaya” con bandera de Panamá que, en noviembre de 2024, se encontraba navegando en dirección a España con entre 3 y 4 toneladas de cocaína, por lo que dio aviso a las autoridades españolas cuando estaba cerca de Canarias.

Tras pedir permiso a Panamá para abordarlo, se informó de que en aquellos momentos la embarcación ya no tenía bandera panameña pese a reclamar las autoridades de este país que los tripulantes y embarcación fueran puestos a su disposición.

El 12 de noviembre se procedió a su abordaje por parte de la policía, que encontró 100 fardos unidos mediante cuerdas, plomos y redes, sistema que suele usarse para arrojarlos al mar.

Al ser sometido uno de los tripulantes a una prueba de detección de drogas dio positivo en cocaína, por lo que se procedió a detener a los quince miembros de la tripulación al considerar que todos ellos eran conscientes de la carga que llevaban y su ilegalidad, y se trasladó el buque al puerto de Las Palmas.

En este punto se comprobó que el peso total sumaba 3,5 toneladas de cocaína con una pureza del 84 %, por lo que tendría un valor de 124 millones si se hubiese distribuido por kilogramos y 245 millones si se hubiese hecho por gramos.

La cocaína siempre ha estado ahí. La noticia sería, apuntan los datos, que no baje y que el consumo siga subiendo. Pero en los últimos años los expertos están girando la cabeza hacia la ketamina. Sin alarmismos, cuentan, con cifras que no son altas, pero sí suben rápido, hay una cierta preocupación entre quienes trabajan en la prevención de daños por el auge que se está detectando en el uso de esta droga, en Europa en general y en España en particular: su consumo ha crecido en Barcelona un 184% desde que se empezó a medir, en 2022.

Lo dicen los últimos datos de la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA), publicados este miércoles y analizados por elDiario.es y la Urban Journalism Network, que revela las últimas tendencias en el consumo de drogas en el continente a partir del análisis de aguas residuales en 130 ciudades de 28 países europeos. De España se han medido datos en Barcelona, Castellón, Granada, Lleida, Santiago y València en 2025. Tarragona, que llevaba tres años quedando segunda solo por detrás de Amberes (Bélgica), ha decidido salirse del estudio porque “la ciudad no se ve representada adecuadamente”.

En el siguiente mapa puedes consultar los últimos datos de la concentración de seis sustancias (cocaína, cannabis, anfetaminas, ketamina, metanfetaminas y MDMA) medida en las aguas residuales en cada una de las ciudades que han participado.

De un primer vistazo el estudio depara pocas sorpresas, evalúan los expertos: el consumo de cocaína en el continente está en niveles récord siguiendo la tendencia que traía, con un aumento del 22% en comparación con el año anterior, y España destaca entre los países más consumidores con cuatro ciudades en el top 15; la ketamina crece un 41% con carácter global y el éxtasis parece estar perdiendo popularidad, sustituido por otras drogas sintéticas que suelen tener una vida efímera, según el análisis de EUDA. El cannabis, la droga más consumida, ha caído ligeramente, pese a (o gracias a) que se ha regulado de alguna manera en varios países.

“Lo que vemos a través de distintos indicadores es que hay gente que no está dejando de consumir cocaína”, analiza Luis Sordo, médico epidemiólogo e investigador en el departamento de Salud Pública de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), respecto de las cifras récord de la droga por excelencia. “Entran a consumir cocaína a una determinada edad, en un momento concreto de la vida por la razón que sea (por ejemplo, salir por la noche), pero luego algunos, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, no lo dejan. Mi sensación es que hay más personas que no tienen hijos y al mismo tiempo ha habido un cambio y hay gente no siente que con 40, 45 o 50 años tenga que retirarse de nada”, elabora. Y siguen consumiendo.

Más atención está atrayendo la ketamina desde hace un tiempo, en auge actualmente en una tendencia que los expertos habían localizado y las grandes cifras de este estudio refrendan. “Se está poniendo de moda en ambientes recreativos”, explica Mireia Ventura, directora del Área Internacional de Drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), especializada en el trabajo de calle con consumidores. “Aunque es una sustancia que se puede percibir como no problemática por algunas personas, tenemos evidencias sólidas de que el consumo, si se pierde el control, puede acarrear importantes problemas, entre ellos el desarrollo de una dependencia y un patrón de consumo muy intensivo y pérdida de control”, añade su colega Claudio Vidal, director del programa Energy Control de ABD.

El mayor estudio comparativo

Este el mayor informe comparativo de su tipo, que realiza la red científica europea SCORE en colaboración con laboratorios locales como IDEA-CSIC, la Universidad de Granada o la Universidad de Santiago de Compostela, y mide el consumo, por localidades, de cinco drogas estimulantes —anfetamina, cocaína, metanfetamina, MDMA y ketamina—, así como el cannabis. Los análisis no buscan la droga directamente en el agua, sino los metabolitos que produce y expele el cuerpo tras consumir para evitar contaminación en los datos si, por ejemplo, alguien tira una gran cantidad de drogas al váter.

Hay quien duda de la fiabilidad de analizar aguas residuales en busca de drogas porque es un indicador sin matices, sin explicar quién consume, cuándo o por qué, pero los científicos defienden la validez del método y explican que la alternativa son las encuestas, que tampoco son 100% fiables, y por eso se cruzan datos para obtener un panorama completo.

“La metodología está admitida a nivel internacional”, explica Rosa Maria Marcé, catedrática de Química Analítica en la Universitat Rovira i Virgili (URV) que ha participado durante años en el análisis de las muestras de Tarragona. “Las limitaciones del método son que no te da ninguna información sobre quién o cómo la consume, los perfiles o la pureza de la sustancia”.

“Sí que es un método fiable”, asegura Tito Quintana, catedrático de Química Analítica en la Universidad de Santiago de Compostela. “Las muestras se toman cada diez minutos durante 24 horas para al final del día tener una muestra que sea representativa de toda la jornada, porque el caudal del agua residual varía mucho y el perfil de la gente que va al baño cambia durante el día. Así se hace durante una semana entera”.

Aun así, hay ciudades que se han salido de este tipo de estudios. El caso paradigmático quizá sea Tarragona, señalada hace años como la segunda ciudad de Europa en la que más cocaína se consume, que ha decidido dejar de aparecer porque cada año la ponía en el foco de manera injusta, cree el Ayuntamiento. El consistorio sostiene que el estudio tiene “debilidades” que “sitúan a Tarragona en un ranking incorrecto”. Específicamente, dicen las fuentes que los resultados del estudio a nivel europeo no son comparables y que “la realidad de la ciudad no está adecuadamente representada” porque la planta de tratamiento también atiende a otros municipios vecinos.

Cuatro ciudades en el top 15 del consumo de cocaína

Excluido el cannabis, la cocaína es la reina del consumo de drogas. De las 88 ciudades europeas con datos tanto de 2024 como de 2025, un total de 63 registraron un aumento en su uso. Su radio de acción se está expandiendo, explican desde EUDA: tradicionalmente, los niveles más altos de consumo se encuentran en Europa occidental y meridional, y los nuevos datos confirman esta tendencia, pero ya se pueden encontrar rastros de cocaína —y en muchos casos en aumento— también en ciudades de Europa del Este.

En España, Lleida aparece como la tercera ciudad europea donde más rastro había en las aguas residuales y Granada la quinta. Santiago y Barcelona también están cómodamente, y con datos récord de concentración, en el top 15 europeo, que lidera Middlesbrough (Reino Unido) y donde asoman en puestos altos localidades como Ámsterdam o Amberes. Ciudades, estas últimas, que tienen algo en común: son todas portuarias y sirven como puntos de entrada importantes para la cocaína desde América Latina hacia Europa.

“La cocaína no está socialmente penalizada, no hay sensación de peligro”, explica su popularidad el doctor Sordo, de la UCM. “Somos un país mucho más nocturno que otros y todo lo que signifique prolongar el día encuentra un aliado. El aumento en el consumo va ligado también a la cultura de la fiesta, los bares, y finalmente, y esto es importante para el análisis en aguas residuales, el turismo”, sostiene.

Más allá de los rastros en aguas residuales, otros datos a partir de encuestas demuestran que los datos de España no son casualidad. Somos el país europeo donde más personas han probado la cocaína, casi un 14% de la población, y ocupa el primer lugar en consumidores durante el último mes (1,4%), según el último informe europeo sobre drogas.

Desde ABD insisten en un factor que puede estar influyendo en la subida detectada: la droga que se mueve es cada vez más pura, un argumento que repiten varios expertos. Se puede aventurar teorías sobre por qué sube la pureza —hay una cierta coincidencia en que se debe a que el mercado está saturado y cortar la droga ha dejado de ser necesario—, pero no deja de ser una realidad. “Quizá no es necesario que consuman más personas o más cantidad y van a salir igualmente niveles más altos”, desliza Ventura.

Todas las fuentes consultadas están de acuerdo también en señalar el factor turismo como una pata importante de la situación. “España es un país de turismo, mucha gente viene a salir de fiesta. Ya no solo hay consumos de los locales, también hay que tener en cuenta este turismo, que además está todo el año”, reflexiona Ventura. Y luego están las circunstancias propias de la droga, que se mantiene inalterable a lo largo de los años: “Es quizá el único producto que se ha abaratado. Sigue siendo el mismo precio que antes y la pureza ha aumentado, lo que significa que ha bajado de precio. Es una sustancia más accesible”, explica la experta.

Ketamina, el problema que viene

A esos ambientes de ocio también ha llegado la ketamina, que sube en 47 de las 68 ciudades analizadas que tienen datos tanto esta edición como la anterior. “Se está poniendo mucho de moda en ambientes recreativos”, sostiene Ventura. “En principio se encontraba en espacios más alternativos, como fiestas rave (fiestas, normalmente al aire libre, con música electrónica y de larga duración), pero actualmente está muy esparcida en otros ambientes más mainstream”, explica la experta.

“La indicación más clara que ofrecen los datos de aguas residuales de que la ketamina se consume tanto de forma recreativa como médica es que las cantidades detectadas son más altas los fines de semana. Esto es similar a lo que se observa con otras drogas que se consumen en contextos recreativos, como la cocaína y el MDMA”, añade Andrew Cunningham, analista de la EUDA a preguntas de la Urban Journalism Network, que dirigió un reciente estudio de investigación sobre el consumo y el mercado de la ketamina.

En Barcelona conocen el fenómeno. La ciudad aparece entre las más consumidoras de esta droga desde que se busca en las aguas residuales, y cada vez hay más rastro: ha pasado de 29,4 mg por cada mil habitantes a 83,7 en 2025, casi el triple.

La ketamina es un anestésico disociativo que tiene usos en humanos y veterinaria, pero “por debajo de las dosis que producen anestesias produce un rango de efectos, que van desde los parecidos al alcohol hasta ligeros toques psicodélicos que aumentan según se aumenta la dosis y se puede entrar un viaje psicodélico importante”, cuenta Vidal, de Energy Control.

Con esta droga “se da una circunstancia quizá un poco particular”, continúa. “Por una parte tenemos cada vez mayor presencia de consumo de ketamina y por otra del tusi”, mal llamada cocaína rosa porque tiene ketamina, MDMA (éxtasis) y cafeína, y la aparición de este producto ha hecho que aumente el número de personas que consume ketamina sin saberlo“, explica.

Tanto uno como otra advierten de que puede haber un problema con esta droga. “El uso de ketamina es un problema del que oiremos hablar. En centroeuropa (Bélgica, Holanda, Reino Unido) hay problemas serios ya porque puede generar adicción y una tolerancia alta, por lo que rápidamente necesitas más. Y la concentración de ketamina es cada vez más grande, lo que quiere decir que está aumentando la tolerancia”, sostiene Ventura.

“Puede acarrear importantes problemas, sobre todo dos: el desarrollo de una dependencia con un patrón de consumo muy intensivo y la pérdida de control”, advierte Vidal. “En concreto, la aparición de problemas urinarios, porque la ketamina en su paso por el cuerpo va produciendo inflamación al eliminarse. Esto hace que aparezcan síntomas parecidos a la cistitis, que muchas personas pueden no relacionar con el consumo de ketamina, incluso profesionales sanitarios. Está bien documentado y puede ser bastante grave”, señala.

Anfetaminas, metanfetaminas y 'chemsex'

En España, los expertos también señalan el aumento en el uso de anfetaminas y metanfetaminas. “Lo raro es que no hubiera pasado antes porque son baratas y fáciles de producir”, apunta Fernando Caudevilla, médico familiar y experto en drogas. Este doctor explica que estas drogas se asocian al chemsex (sesiones largas de sexo con drogas), “y probablemente sea cierto, pero no es la única causa [del aumento]. Se va a seguir expandiendo y no veo motivos por los que vaya a ir a menos, aunque es cierto que cuando hay buenos mercados de droga la situación suele no cambiar mucho. Si a Galicia sigue entrando bien la cocaína la gente no se va a buscar anfetamina”, opina.

Sordo incide en que “en Barcelona hace tiempo que están preocupados con este aumento”, y ofrece un dato: entre 2020 y 2023 prácticamente se ha duplicado los ingresos para tratamiento, pasando de 580 a 1.085 en ese periodo. El especialista explica además que es habitual que cuando hay más disponibilidad de alguna droga, como está sucediendo con las anfetaminas, “se ofrece como producto. Pasó en EEUU con la crisis de adicción a los medicamentos. Cuando la gente dejó de poder comprarlos y apareció la heroína como producto alternativo, se empezó a ofrecer más”.

De Brístol a Praga

En Europa cada país lidia con sus propios problemas. Si España destaca en cocaína, Reino Unido lo hace en ketamina y la anfetamina es habitual en los países nórdicos y en República Checa y Eslovaquia en su forma de cristal.

Brístol (Reino Unido) es de largo la ciudad europea con más concentración de ketamina en sus aguas residuales. “Bristol es conocida por ser un centro de distribución de ketamina, así como una ciudad con una intensa economía nocturna. Es la ciudad con mayor consumo de ketamina del mundo”, sostiene Josh Torrance, criminólogo afincado en la ciudad. En conjunto en Reino Unido el número de adultos que inician tratamiento por problemas con la ketamina se ha más que triplicado desde 2021.

La ciudad checa de České Budějovice ha desbancado a otra ciudad checa, Ústí nad Labem, como la número uno en consumo de metanfetamina entre todas las ciudades europeas analizadas, con un aumento del 29% respecto al año anterior. El dominio checo con esta droga no tiene fisuras: ciudades checas ocupan los cinco primeros puestos del ranking de metanfetamina, incluida la capital, Praga, donde todas las sustancias medidas aumentaron respecto al año previo.

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Este artículo fue coordinado por la Urban Journalism Network y sus socios.

Gráficos: Bene Brandhofer, David Meidinger.

Coordinación: Hendrik Lehmann, Gaby Khazalova.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Federal de Brasil, ha desarticulado una organización criminal internacional, vinculada a la mocromafia, con la detención de cinco personas en la provincia de Málaga y la intervención de 1.500 kilos de cocaína que se encontraba oculta en el interior de sacos de cemento procedentes de Brasil.

La investigación ha permitido constatar que el cargamento fue introducido en España a través del puerto de Algeciras (Cádiz), oculto en un envío de cemento que posteriormente fue trasladado por carretera hasta una nave industrial ubicada en la localidad malagueña de Marbella, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La organización utilizaba una empresa de apariencia legal, con domicilio en la ciudad alemana de Bremen, para dar cobertura al transporte del cargamento. El entramado criminal estaría liderado por un hombre, con vínculos con la mocromafia, asentado entre Países Bajos y Dubái. Para recuperar la sustancia, la organización desplazó hasta la Costa del Sol a tres hombres residentes en Alemania.

Nave industrial en Marbella

La investigación consiguió localizar el punto donde se almacenaba la sustancia estupefaciente, procediendo a una entrada y registro en una nave industrial de Marbella donde se logró intervenir 1.500 kilogramos de cocaína que, divididos en paquetes, iban ocultos en el interior de 1.000 sacos de cemento. Según han detallado, todos ellos se encontraban marcados para facilitar ser identificados por las personas encargadas de la extracción de la droga.

En la operación han sido detenidas cinco personas como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y simulación de delito. En el registro de la nave se intervinieron un vehículo, un teléfono móvil de alta gama y 2.240 euros.

Actualmente, la investigación continúa abierta y se han emitido además de dos órdenes internacionales de detención contra otros dos implicados en esta organización criminal.

Un análisis de las aguas residuales en Madrid confirma que la cocaína y el cannabis siguen siendo las drogas ilegales más consumidas, pero ahora advierten de nuevos peligros. El Ayuntamiento acaba de hacer público un estudio para el que se han tomado muestras del alcantarillado y examinado las sustancias químicas que prevalecen desde el año 2023, cuando comenzaron a recopilar estos datos. Las conclusiones, anunciadas esta mañana por la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, no solo apuntan a un abuso de estupefacientes: el peligro también se señala en dirección a algunos medicamenos, como la ketamina o las benzodiacepinas.

“Analizar las aguas residuales es una herramienta innovadora para estimar el consumo de drogas en las grandes ciudades”, ha asegurado Sanz en una visita al laboratorio de Salud Pública de Madrid Salud acompañada del concejal de Hortaleza, David Pérez, y el gerente del organismo municipal a cargo del estudio y las muestras, Antonio Prieto. La investigación, desarrollada en colaboración con la Universidad Complutense, ha observado durante casi dos años los metabolitos de distintas drogas, unos compuestos que aparecen tras el consumo de sustancias y su eliminación posterior dentro el organismo.

Algo permite estimar los niveles de uso en la población de forma indirecta, sin depender únicamente de encuestas o declaraciones personales que puedan no coincidir con la realidad. Los resultados, que también se publicarán en el portal oficial de Madrid Salud, sitúan a la cocaína y el cannabis como las sustancias con mayor presencia en aguas residuales madrileñas. Se han estudiado 20 sustancias de interés, incluyendo drogas ilegales, algunos medicamentos con potencial de abuso y benzodiacepinas.

En total, se identificaron hasta seis sustancias ilegales en las muestras, obtenidas entre diciembre de 2023 y octubre del año pasado: cocaína, cannabis, anfetamina, metanfetamina, MDMA (éxtasis) y ketamina.En el resto de compuestos analizados se detectan niveles menores, aunque el estudio confirma su presencia en distintos momentos del año. Además, el estudio detectó restos de algunos fármacos con “potencial de abuso”, y entre ellos no solo se encontraba la ketamina.

Ansiolíticos, sedantes u otras sustancias con receta médica

También se advirtió de la presencia de determinadas benzodiacepinas con “potencial de abuso” como el lorazepam o lormetazepam, dos sustancias utilizadas habitualmente como ansiolíticos o sedantes que cada vez se extienden más entre la población. Sobre las drogas ilegales el análisis también permite observar patrones de consumo asociados al ocio. Mientras que el cannabis mantiene niveles relativamente estables a lo largo de la semana, los metabolitos de MDMA aumentan de forma notable durante los fines de semana, un comportamiento que los investigadores vinculan al consumo en contextos de ocio nocturno.

En datos absolutos, para el cannabis se detectaron 77,2 miligramos diarios en aguas residuales por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de Lisboa (150,8), Barcelona (220,7) o Ámsterdam (319), pero delante de otras ciudades como Santiago (54,3) o París (53,9). En cuanto a la cocaína, de las ciudades europeas con las que se han comparado los datos, Madrid es la segunda con menos consumo, con 369 miligramos al día por cada 1.000 habitantes, superando sólo a Ámsterdam.

Por encima se sitúan Lisboa, Roma, Oporto y Milán. Los resultados del estudio sitúan a Madrid en niveles comparables a los de otras grandes ciudades europeas que participan en este tipo de programas de vigilancia epidemiológica. El Ayuntamiento considera que esta información puede servir para mejorar las políticas públicas de prevención y reducción de riesgos, así como para orientar campañas de salud pública dirigidas a los grupos con mayor exposición al consumo.

En este caso, el método para identificar las sustancias con más presencia es relativamente sencillo: después de su consumo, el organismo la elimina a través de la orina y su rastro termina llegando al alcantarillado urbano, primero, y a las estaciones depuradoras de aguas residuales después. Para esta investigación, desde Madrid Salud detallan haber recogido casi 400 muestras representativas a la entrada de las ocho estaciones depuradoras: La China, Madrid Sur, Viveros de la Villa, Las Rejas, Butarque, Sur Oriental, Valdebebas y La Gavia.

La Policía Nacional ha localizado en Marbella el primer narcozulo con una tonelada de cocaína en su interior en una operación en la que se llegó a abrir fuego contra los agentes y que finalizó con cuatro detenidos y la intervención, además, de armas largas consideradas de guerra. “Es el primer narcozulo localizado en el sur de España de estas características, ya que antes lo que se había intervenido era bidones enterrados o estructuras ocultas en interiores de naves o casas”, ha señalado el comisario de la Udyco Alberto Morales en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas (Madrid). Los detenidos son tres marroquíes y un español.

Además, en otra operación policial diferente, la Udyco también ha intervenido en el interior de un coche marca Toyota con las matrículas dobladas abandonado en Algeciras (Cádiz) un depósito de 25 armas de fuego, entre ellas 19 AK-47 y seis armas cortas, destinadas al suministro de narcos. En este caso, ha sido arrestado un marroquí gracias a la vigilancia policial en el marco de una investigación judicializada.

La Udyco ha subrayado la relevancia del narcozulo de grandes dimensiones excavado bajo tierra, “a modo de caleta”, en la zona del bosque de Ricmar, en Marbella, donde se ocultaban 30 fardos que contenían 1.056 kilos de cocaína. Contaba con vigilancia con una cámara y con inhibidores como medida de seguridad. En concreto, la operación se desarrolló en el distrito municipal de Las Chapas de Marbella, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un alijo de droga en una zona costera de la provincia malagueña, cercana a una zona residencial.

Una vez establecido el correspondiente dispositivo en la zona, los policías observaron un vehículo de alta cilindrada en dirección a la playa, por lo que se extremó la vigilancia y se controlaron los diferentes puntos de salida de la zona del bosque de Ricmar. El vehículo estuvo realizando maniobras por la zona durante una hora, todas ellas con el fin de detectar posible presencia policial en el lugar, hasta que se terminó alejando del lugar.

Disparos con armas de guerra

En ese momento, los agentes decidieron adentrarse en la zona boscosa y localizan a tres personas, dos de ellas portando subfusiles y chalecos de la Guardia Civil, golpeando a una tercera persona para robarle la droga, lo que se conoce en el argot policial como un vuelco. Tras una persecución a pie, en la que los narcos no dudaron en disparar varias ráfagas de disparos contra los agentes, fueron arrestados los cuatro implicados en los hechos.

En la intervención fueron incautados tres vehículos de alta gama –dos de ellos robados en Francia y en España–, así como armas largas consideradas de guerra por ser un AK-47, un fusil de asalto AR15 y un subfusil tipo UZI. También se intervinieron tres armas cortas, diverso material policial, equipos de transmisiones e inhibidores de frecuencia.

Tras la actuación policial, se realizó un rastreo en la zona en busca del estupefaciente, lo que permitió a los agentes hallar un narcozulo de grandes dimensiones con una tonelada de cocaína dentro, vigilado por una cámara de videovigilancia que controlaba un camino que daba acceso a la zona.

Los detenidos son tres marroquíes y un español con múltiples antecedentes y reincidentes, por lo que fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, delitos contra la salud pública, grupo criminal, robo/hurto con uso de vehículo y falsedad documental.

Armas de guerra provenientes de Ucrania

El comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes ha recordado que han cambiado los protocolos para aumentar la autoprotección policial desde el incidente en Isla Mayor (Sevilla), que dejó un agente herido de gravedad al ser alcanzado por un disparo en un operativo contra el narcotráfico.

En concreto, ha señalado que se han intervenido en los últimos seis meses más de 50 armas largas, la mayoría provenientes del conflicto en Ucrania que llegan a España por tierra y en un estado de conservación que dificulta su trazabilidad.

El precio oscila entre los 2.000 y 2.500 euros por unidad y las armas, como en este caso, están “customizadas como un símbolo de distinción” entre las diferentes organizaciones criminales.

Los narcotraficantes también recurren a armas cortas, muchas de ellas originarias de Turquía. “Cuando los 'narcos' tienen que usar las armas, la usan, ya sea contra otros 'narcos' o contra los policías para proteger la droga”, ha advertido el comisario.

El montaje policial para atribuir a Miguel Urbán la venta de 40 kilos de cocaína con los que financiar a Podemos tiene ya dos episodios rocambolescos. El primero, el propio relato del confidente que utilizó la Policía en 2016 para investigar al fundador del partido, con la intención de llegar a una supuesta financiación irregular del mismo. El segundo tiene lugar a día de hoy, con las explicaciones que dan en la Audiencia Nacional los policías implicados, con las que intentan justificar aquella operación. El pasado 27 de enero, un comisario de la Policía Nacional aseguró ante el juez Santiago Pedraz que la historia de un eurodiputado de Podemos en ese momento, Miguel Urbán, trasladando a pulso 40 kilos de cocaína a un pub de Malasaña, vendiendo la droga y celebrándolo a voces mientras invitaba a desconocidos a cocaína, fue “perfectamente creíble”.

elDiario.es ha tenido acceso a la declaración del comisario jubilado Miguel Ángel Barrado, un histórico de las unidades contra el narcotráfico de la Policía que en el momento de los hechos estaba destinado en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). De ese organismo, que no tiene funciones operativas, salieron las notas policiales que obligaron a la Fiscalía Antidroga a abrir unas diligencias de investigación secretas sobre el supuesto narcotraficante Miguel Urbán. Barrado supervisó esas notas, según declaró su entonces jefe, el comisario que las firmó, José Luis Olivera. A raíz de la declaración de Olivera, Miguel Ángel Barrado fue citado como testigo.

Durante la comparecencia del policía, el abogado de Podemos le preguntó si antes de poner una información en conocimiento de la Fiscalía no establecían algún tipo de “filtro”, habida cuenta de lo inverosímil del relato sobre Urbán. “No, pero le puedo decir que era perfectamente creíble”, contestó. Pedraz intentó que el comisario no se prodigara en su explicación, pero ante la insistencia del letrado y el ofrecimiento del testigo, el juez dejó que continuara. “Mire usted, el inspector jefe originario de esta información, el primero, que no está aquí, es un funcionario altamente cualificado en el tratamiento de fuentes y captación de las mismas. Es un funcionario que ha hecho muchísimos servicios por este procedimiento en la Comisaría General. Lo que me viniera de él era altamente creíble. Luego, el contenido de la información, pues sí, perfectamente creíble”, afirmó el comisario.

Según este experto comisario, que Urbán compatibilizara su labor de eurodiputado con el menudeo de droga por las esquinas de Malasaña, como afirmó Hugo Ch., el confidente, era verosímil porque el mando policial al que se lo había contado el soplón tenía mucha experiencia. Cuando otra abogada le vuelve a preguntar por el hecho de que Urbán traficara con droga, Barrado remata: “Mire, yo me he tirado 25 años en la Brigada Central de Estupefacientes y sé lo que hace la droga. La droga lo contamina todo”.

El juez Pedraz acaba de negarse a imputar a José Luis Olivera, el entonces director del CITCO y artífice del montaje contra Urbán y Podemos. Pedraz considera que el testimonio del confidente justifica por sí solo la investigación secreta Urbán, a la que los agentes incorporaron una “nota de inteligencia” anónima sobre blanqueo de capitales en Podemos cuya autoría apunta al comisario Villarejo.

En el mismo auto en el que rechaza la imputación de Olivera, Pedraz abre la puerta a investigar a Villarejo y ni siquiera contesta a la solicitud de imputación de Miguel Ángel Barrado y de otro miembro del CITCO que también declaró como testigo el 27 de enero. Ese otro policía es el inspector jefe Federico Millán Maricalva. Él es el redactor de las notas que el CITCO envió sobre Urbán a la Fiscalía Antidroga, supervisadas por Barrado y enviadas por Olivera.

El testimonio de Millán Maricalva consistió en asegurar que a él le llega la información del confidente por un compañero de la Comisaría General de Policía Judicial, con el que había coincidido en el pasado. Ese mando –el funcionario “altamente cualificado”, según lo describe Barrado– decidió que el CITCO era el lugar indicado para enviar el testimonio de su colaborador. No hay explicación de por qué no investigó él las confidencias de su chivato, por qué no lo remitió a una unidad antidroga o por qué no lo hicieron sus superiores de acuerdo a los procedimientos reglados.

El inspector jefe Millán Maricalva presentó un relato en la Audiencia Nacional según el cual él mismo llegó a viajar a una reunión con el confidente a Talavera de la Reina (Toledo), pero solo en funciones de “observador”. Se quedó, dijo, en una mesa distinta del bar donde se produjo la reunión entre varios miembros de la Comisaría Judicial de Policía Judicial y Hugo Ch, el chivato. Ante la incredulidad de la acusación popular, el inspector jefe reconoció que habló con él un momento. La breve conversación, añadió, versó sobre “auriculares” [vídeo de la declaración a continuación]“.

Desde que arrancó la causa de la guerra sucia a Podemos se han sucedido en el juzgado de Pedraz continuas contradicciones entre los distintos policías que han sido llamados a declarar. El pasado 27 de enero se produjo una más. El tercer testigo fue un mando de la Policía antidroga, jefe del agente que está imputado por rastrear a Pablo Iglesias en las bases de datos policiales con la excusa de que pertenecía al “círculo más próximo” de Miguel Urbán, investigado por tráfico de drogas.

Este inspector jefe negó que diera instrucciones a su subordinado de rastrear a Iglesias y justificó que lo hiciera dentro de la praxis policial. El inspector jefe aseguró que el CITCO, el órgano desde el que salió hacia la Fiscalía el montaje contra Urbán, no trabaja con “fuentes”. La afirmación choca frontalmente con la que realizó el que fuera su director, José Luis Olivera, por el momento testigo en la causa de la guerra sucia a Podemos y que se sentará en el banquillo por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con fondos reservados. Olivera intentó justificar su actuación asegurando que el CITCO contaba con “multitud de fuentes”. La Fiscalía Antidroga terminó por archivar la investigación porque no había un solo indicio de delito, antes de que los policías lograran su objetivo de dar el salto de sus pesquisas hasta Podemos, por entonces aspirante a integrar el Gobierno de la Nación.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado sentencia tras el macrojuicio por la partida de casi 4 toneladas de cocaína del buque MV Karar, abordado en abril de 2020, y ha condenado a un total de 13 años de prisión al arousano Juan Carlos Santórum, considerado líder del grupo que iba a recibir ese cargamento.

En su resolución, recogida por Europa Press, el tribunal condena también a 9 años y medio de cárcel (10 años y 9 meses en el caso de un acusado reincidente) a las personas del entorno de Santórum que colaboraron en esa operación de narcotráfico. Igualmente, se impone la pena de 7 años de cárcel a un empresario constructor naval, y de 6 años de cárcel para los tripulantes del MV Karar, incluido un gallego, con la atenuante de confesión tardía.

Por otra parte, la Audiencia condena a otros dos procesados, un ciudadano colombiano y un exfuncionario de Aduanas, a penas de 8 y 7 años y medio de prisión por tráfico de drogas. Además, al segundo le impone una pena adicional de 4 años de cárcel por blanqueo, y su mujer ha sido también condenada por este delito, a dos años prisión.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

El presidente venezolano Nicolás Maduro se enfrenta a un proceso penal incierto en el que los fiscales de Nueva York le acusan de hacer de Venezuela un narco-estado con un flujo constante de sobornos y corrupción para permitir el tráfico incontrolado de cocaína a Estados Unidos. El pliego de cargos, de 25 folios, recoge una amalgama de acusaciones contra Maduro, su esposa, su hijo y varios altos cargos de su Gobierno por supuestas relaciones con grupos criminales como el cártel de Sinaloa o incluso con las ya extintas FARC colombianas. En su primera comparecencia ante los tribunales, Maduro se ha declarado inocente: “Soy presidente de Venezuela y estoy aquí secuestrado”, ha dicho.

El escrito de acusación cuenta con un viejo conocido de los tribunales españoles: Hugo 'El Pollo' Carvajal, antiguo general venezolano que estuvo preso varios años en España evitando la extradición y que fue juzgado hace medio año en Estados Unidos. El pliego de cargos está firmado por Jay Clayton, que ejerce como fiscal neoyorquino desde hace menos de un año y que en el pasado ya ha ostentado cargos de confianza con Donald Trump: fue su presidente de la Comisión del Mercado de Valores (SEC, en sus siglas en inglés) durante su primer mandato. Un nombramiento efectuado directamente por el presidente. Clayton ya estuvo a los mandos de la causa contra el 'Pollo' Carvajal que todavía está pendiente de una sentencia y una condena concretas pero que está directamente relacionada con el asalto a Caracas y el secuestro de Maduro.

Las acusaciones arrancan con una “introducción” en la que la Fiscalía apunta no solo al narcotráfico sino a todo el sistema político venezolano: desde el “gobierno ilegítimo” de Nicolás Maduro hasta la “cultura de la corrupción” que extiende a México, Guatemala y Honduras. En un momento en que el propio Donald Trump, además de anunciar cambios de gobierno y en la gestión del petróleo de Venezuela, ha apuntado a otros países.

A partir de ahí, el fiscal explica que Venezuela lleva 25 años siendo un narco-estado, con Maduro, su familia y sus colaboradores cobrando sobornos a cambio de facilitar el paso de la cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos aprovechando su posición “geográficamente valiosa”. En la mayor parte de los casos, Clayton no explica qué pruebas maneja para reforzar sus afirmaciones con las que apunta a más de 25 años de corrupción sistémica ligada al narcotráfico ofreciendo un “paso seguro” a la droga hasta Estados Unidos a razón de 250 toneladas de cocaína al año.

Las acusaciones arrancan cuando Maduro era ministro de Exteriores con Hugo Chávez e incluyen desde vender “pasaportes diplomáticos” a narcos a ordenar secuestros y asesinatos a otros traficantes de drogas que le debían dinero a él o a su mujer, la cual supuestamente también aceptó sobornos de estos narcos. Diosdado Cabello, según estas acusaciones, ordenó a los militares venezolanos que protegieran cargamentos de droga el hijo de Maduro también usó efectivos militares para cargar droga en un avión.

Las acusaciones concretas se mezclan con las genéricas de dar carta blanca a los narcos para que llevaran la cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, previo pago de unos sobornos que habrían permitido a Maduro y los suyos perpetuarse en un poder que, según Trump, mantiene de todas maneras gracias a la manipulación electoral desde Caracas.

El documento fiscal del que tendrá que defenderse Maduro apunta a cuatro organizaciones a las que EEUU señala desde hace años. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) también colombiano, los cárteles mexicanos de droga de Sinaloa y los Zetas y, finalmente, la organización criminal venezolana del Tren de Aragua. Una combinación que, según la Fiscalía de Nueva York, controlaba desde la distribución hasta el transporte de la droga que llegaba a EEUU con la ayuda del ejecutivo venezolano. Con el añadido de las armas, apuntando a Venezuela como suministrador de armamento a las FARC y al ELN.

El 'Pollo' Carvajal

La Fiscalía expone, por un lado, hechos sobradamente conocidos –como la actividad criminal de los cárteles o la relación entre los grupos guerrilleros y el narcotráfico– con algunas acusaciones concretas con un nombre detrás: Hugo Armando Carvajal Barrios. Un viejo conocido de los tribunales españoles, este antiguo jefe de los servicios venezolanos de inteligencia apodado como 'El Pollo' pasó varios años en Madrid, primero escondido y luego encarcelado, antes de ser entregado a Estados Unidos.

Carvajal fue reclamado por Estados Unidos por primera vez en 2011, acusado de tener lazos con el narcotráfico. Pasó varios años en paradero desconocido hasta que fue detenido en Madrid en abril de 2019, oculto con un pasaporte falso, usando el nombre de “Adolfo Mouriño Olsen” y escondido en un piso de unos familiares en la capital española. Y era reclamado por unos cargos similares incluso idénticos en algunos pasajes a los que ahora pesan sobre Maduro.

Esas acusaciones, que datan de hace 15 años, ya hablaban del 'cartel de los Soles' (una organización cuya existencia es cuestionada por diferentes expertos) y cómo buscaba “inundar” Estados Unidos con cocaína, colaborando con las FARC y expulsando a los investigadores antidroga de EEUU de Venezuela. El pliego de cargos que ahora pesa sobre Maduro contiene un episodio clonado: el transporte de 5,6 toneladas de cocaína desde Venezuela hasta México en un jet DC-9.

La Audiencia Nacional española pasó varios años jugando al escondite con Carvajal desde su detención en 2019 en Madrid. Primero rechazó su extradición a EEUU porque los fiscales de Nueva York habían sido demasiado genéricos y no habían especificado qué acusación concreta pesaba sobre él. “No se precisa qué actos concretos de carácter delictivo” habría cometido Carvajal.

Los jueces españoles terminaron por dar luz verde a la extradición pocas semanas después pero no pudieron ejecutarla hasta cuatro años más tarde por el atasco de maniobras dilatorias del exmando venezolano. Desde unos recursos que llegaron hasta los tribunales europeos hasta alegaciones de tener datos sobre cualquier hipotético caso de corrupción. El juez Manuel García Castellón llegó a pedir que no fuera entregado después de usar su testimonio para investigar a Juan Carlos Monedero. Vox llegó a proponer que declarase en el fallido 'caso Neurona' contra Podemos.

Toda esa supuesta colaboración no era, para los jueces españoles, sino un intento de retrasar su entrega a Estados Unidos. Pero la entrega se ejecutó en julio de 2023. Dos años después, el pasado verano, las autoridades de Estados Unidos celebraban que había confesado: cargos sobre cómo Venezuela era, en la práctica, un narco-estado desde 1999. Las acusaciones que llevaban activas desde 2011 y que ahora también se presentan contra Maduro pero con la confesión de Hugo 'el Pollo' Carvajal como sustento.

Una confesión pendiente de sentencia: el juez Alvin K. Hellerstein, el mismo que analizará el caso de Maduro, todavía tiene que dictar sentencia y ha retrasado su decisión varias veces en los últimos meses. Carvajal se enfrenta a pasar el resto de sus días entre rejas. Cargos muy similares a los que afronta ahora el presidente venezolano.

¿En qué estaban pensando los marineros cuando decidieron embarcarse en un viaje del que temían no sobrevivir? ¿Cómo se despidieron de sus seres queridos antes de partir? ¿Qué les llevó a aceptar una misión así? Para la Policía brasileña, las respuestas a esas preguntas siguen siendo tan desconocidas como la identidad de los marineros.

De lo único que están seguros los investigadores es del propósito de la nave: un ‘narcosubmarino’ con aspecto de mazmorra que, según ellos, estaba a pocos días de comenzar una odisea infernal de tres semanas cruzando el Atlántico con cientos de kilos de cocaína para Europa.

“Podrías pagarme todo el dinero que quisieras y te confieso que no me metería en una travesía tan delirante”, dice Fernando Casarin, el jefe de la Policía Federal de Brasil al mando de las fuerzas especiales que en mayo capturaron al narcosubmarino antes de salir del Amazonas.

“Uno se pregunta si para estos marineros es una cuestión de gran valentía o si es una falta total de conciencia de dónde se están metiendo”, agrega Casarin, cuya jurisdicción abarca el extenso estado de Pará, en norte del país, donde el submarino fue encontrado en un astillero clandestino de la isla de Marajó.

Beneficios gigantescos

En realidad, los narcosubmarinos son semisumergibles artesanales donde solo la cabina sobresale de la superficie. Los capos colombianos comenzaron a utilizarlos en la década de los 80 para transportar cocaína de contrabando por el Caribe hacia México y Estados Unidos.

En los últimos tiempos, los jefes del crimen se han vuelto mucho más ambiciosos fabricando naves de fibra de vidrio capaces de transportar cantidades enormes de cocaína a miles de kilómetros de distancia hasta las costas de Portugal y España.

Según Casarin, los gigantescos beneficios que genera el tráfico de la cocaína explican cómo es posible que los delincuentes sudamericanos sigan utilizando submarinos a pesar de los riesgos. En la frontera de Brasil con Colombia, principal productor mundial de cocaína, el kilo de esta droga se vende a un precio que oscila entre los 1.000 y los 2.000 dólares (entre 850 y 1.700 euros). En Europa, donde el consumo está en auge, esa misma cantidad se puede vender por unos 60.000 dólares (unos 51.100 euros). Un submarino que se las arregle para dejar cinco o seis toneladas de droga de contrabando en Europa podría generar a sus propietarios entre 200 y 250 millones de dólares (entre 170 y 213 millones de euros). “Las ganancias son astronómicas”, dice Casarin.

Uno se pregunta si para estos marineros es una cuestión de gran valentía o si es una falta total de conciencia de dónde se están metiendo

Fernando Casarin — Jefe de la Policía Federal de Brasil

Javier Romero, periodista español y uno de los principales cronistas de la industria de los narcosubmarinos, sospecha que los capos sudamericanos inauguraron a finales de los años 90 la ruta transatlántica. Pero la policía no confirmó su existencia hasta 2019, cuando interceptaron el primer artefacto de este tipo frente a la Península Ibérica, después de que sus tres ocupantes soportaran una pesadilla de 27 días desde su punto de partida en la Amazonía brasileña.

Según Romero, que escribe en La Voz de Galicia, el fenómeno se ha intensificado en los últimos meses de manera notable, con “un repunte de la actividad” en el verano, cuando el número de alertas de narcosubmarinos que llegaban a la Policía Nacional pasó de una cada tres meses a más de cinco avisos por mes.

A mediados de septiembre, la Policía española detuvo a tres sospechosos de origen colombiano y se incautó de 3.500 kilos de cocaína que habían sido entregados en la costa gallega, aunque el narcosubmarino no estaba a la vista.

Una nave claustrofóbica

Tres meses después de la captura del narcosubmarino brasileño en Marajó, el periódico The Guardian ha podido acceder a la nave de 18 metros de eslora.

Entrar en su estrecha sala de control por la diminuta escotilla es una experiencia claustrofóbica y escalofriante, incluso estando en tierra firme. El espacio de descanso está compuesto por dos estrechas literas de madera a ambos lados del puente de mando. Un parabrisas de plástico era la única ventana al mundo de los marineros mientras avanzaban entre las olas para llegar a Europa a una velocidad de 16 kilómetros por hora.

Osvaldo Scalezi, que dirige la división antidroga de la Policía Federal brasileña, explica que el mayor riesgo de viajar en un narcosubmarino es asfixiarse, y no ahogarse en el mar, como asume la mayor parte de la gente. “Hay un motor muy potente ahí dentro y los tubos de escape están fabricados de forma muy rudimentaria; no hay nada que impida que los gases de combustión se filtren en el barco y los maten a todos por asfixia”, dice.

En la proa de madera, donde habrían almacenado las drogas, están las únicas comodidades de las que habría disfrutado la tripulación durante su travesía transatlántica de 6.000 kilómetros: un depósito de agua potable de 700 litros, un congelador y un aire acondicionado portátil para aliviar el calor en este sofocante aparato, similar a un invernadero.

Imagínese pasar horas, o días, atrapado dentro de una de estas cosas, es una locura total

Javier Romero — Periodista en La Voz de Galicia

Mientras observa el casco de madera y fibra de vidrio, Casarin compara la temeraria expedición del narcosubmarino con la de los astronautas estadounidenses que protagonizaron el primer alunizaje en nuestro satélite natural en 1969. “Es algo de ese nivel”, dice: “Es una vida loca de piratas”.

Una industria global

De color azul y sin nombre, la nave de Marajó fue descubierta dos meses después de que en marzo se capturara un semisumergible casi idéntico cerca de las Azores. En esa operación conjunta participaron autoridades portuguesas, españolas, estadounidenses y británicas. Además de seis toneladas de cocaína, transportaba a cinco hombres, tres de los cuales eran brasileños de la región de Pará.

Según Casarin, la detención de esos tres brasileños refuerza la idea de que Pará y el estado vecino de Amapá se están convirtiendo en “un centro de construcción de este tipo de naves”. En opinión de Romero, las remotas selvas y manglares de la región son el lugar ideal para ocultar los “astilleros clandestinos” que construyen los narcosubmarinos.

Pero Pará no es ni mucho menos el único lugar de Sudamérica donde se fabrican estas naves y Europa tampoco es el destino más lejano.

Henry Shuldiner, investigador de Insight Crime y autor de un informe reciente sobre los narcosubmarinos, recuerda en una conversación con The Guardian cómo a finales de 2024 la policía colombiana interceptó un semisumergible cruzando el Pacífico hacia Australia y Nueva Zelanda, una travesía que como mínimo lleva el doble de tiempo que la de Europa. En enero de 2025, dice Shuldiner, apareció un narcosubmarino hundido en las costas de Sierra Leona, lo que reforzó su creencia de que la industria de los narcosubmarinos se está extendiendo por el mundo.

Los narcosubmarinos generan miles de millones en ganancias, pero poco de ese dinero llega a los marineros que los pilotan a través del Atlántico. Casarin estima que los marineros brasileños ganan entre 30.000 y 50.000 reales (entre 4.800 y 8.000 euros) por un viaje de este tipo. Según Romero, autor del libro sobre narcosubmarinos Operación Marea Negra, a los marineros ecuatorianos del primer barco incautado en Europa les ofrecieron unos 15.000 dólares (unos 12.800 euros).

“El narcotráfico es una industria de explotación, siempre lo ha sido”, dice Romero, que llama “ataúdes propulsados por hélices” a las destartaladas embarcaciones. “Imagina pasar horas, o días, atrapado dentro de una de estas cosas, es una locura total”.

Traducción de Francisco de Zárate.

El comisario jubilado José Luis Olivera, artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán, ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional. Olivera ha descargado la responsabilidad de la investigación sobre el entonces europarlamentario de Podemos en dos mandos a sus órdenes en el momento de los hechos, cuando él dirigía el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Según informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración, Olivera ha identificado a los dos subordinados, un comisario principal y un inspector jefe, y ha dicho que él ni siquiera sabía quien era Miguel Urbán y que tuvo que mirarlo “en Wikipedia”.

El 21 de enero de 2016, José Luis Olivera firmó en persona un informe del CITCO, alejado por su contenido de las funciones atribuidas al organismo de coordinación y que tenía como destino a la Fiscalía Antidroga. Se trata del relato de “una fuente conocida por el Centro” que señala a Miguel Urbán, miembro de Anticapitalistas y eurodiputado por Podemos en ese momento, vendiendo 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña. Pese a lo inaudito del relato, con ese informe la Fiscalía Antidroga abriría una investigación que se prolongaría tres meses y que incluiría un rastreo completo de Urbán y la implicación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y la unidad antidroga de la Policía.

Olivera ha declarado este lunes en el marco de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz sobre investigaciones ilegales a miembros de Podemos. El comisario, ya jubilado, ha dicho que los confidentes que adornan el relato no eran suyos y ha descargado toda la responsabilidad en sus subordinados. De una nota que incluyó en la información que él mismo envió a la Fiscalía Antidroga, y que apuntaba a una supuesta actividad de blanqueo de capitales en Podemos según fuentes anónimas, Olivera ha dicho que es probable que le llegara de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, el órgano de dirección del Cuerpo donde se fraguó la brigada política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.

José Luis Olivera también ha mencionado al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con el que ha dicho que es “probable” que abordara el asunto de Urbán, como el resto de temas que afectaban a Podemos. Martínez esta imputado en la pieza de la guerra sucia contra Podemos, cuyas principales maniobras tuvieron lugar en el primer semestre de 2016, después del resultado récord de la formación en los comicios de diciembre de 2015 y ante el temor del PP y el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy de que pudieran alcanzar el Gobierno en las elecciones de junio siguiente.

El relato de los confidentes es solo un trampolín. La disparatada historia de los 40 kilos de coca en una bolsa es la excusa para acceder a las cuentas de Urbán, para investigar a Pablo Iglesias y llegar a una supuesta financiación irregular de Podemos. Por eso, a diferencia de otros dosieres, la peripecia del pub Nueva Visión no es filtrada a la prensa afín, como ocurrió con la cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas o el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Es lo que sospechan en la formación política cuando conocen los primeros datos de aquella operación. 

El policía que buscó en una base de datos a Pablo Iglesias con la excusa de la investigación a Miguel Urbán también está imputado en la causa.

Laureano Oubiña ha sido eximido este miércoles de toda responsabilidad en el delito contra la salud pública que le imputaba la Fiscalía del Principado como presunto integrante de una red de narcotráfico que, en 2017, introdujo cinco kilos de cocaína en Asturias procedente de Galicia. La Audiencia Provincial ha condenado a otros 19 acusados de esa organización con penas que oscilan entre los 18 meses y los cuatro años y medio de cárcel.

Oubiña, actualmente reconvertido en vendedor ambulante y según sus palabras alejado del mundo del narcotráfico, no quiso conformarse con la Fiscalía de Asturias cuando, el pasado 23 de septiembre, le ofreció un acuerdo.

La negativa a pactar con la Fiscalía

La Fiscalía solicitaba para él una pena de cuatro años y medio de cárcel y le ofreció rebajar su petición si admitía su papel como intermediario en la 'Operación Matta', que permitió la desarticulación de la red a la que se atribuía la introducción de cinco kilos de cocaína desde Galicia a Asturias en 2017, apenas unos meses después de que Oubiña saliera de prisión en tercer grado donde cumplía condenas por tráfico de hachís y blanqueo de capitales.

Además de negar cualquier implicación con la organización, Oubiña reiteró en varias ocasiones que él “no tenía nada que ver” con los otros acusados que se sentaron en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias porque, según alegó, no tenía relación alguna con el narcotráfico.

Sin pruebas contundentes

En una sentencia de 43 páginas, hecha pública este miércoles, los magistrados han absuelto a Laureano Oubiña del delito contra la salud pública al considerar que, si bien mantuvo contactos con uno de los principales integrantes de la trama, “no es razón suficiente para deducir la participación en el delito”.

A juicio de los magistrados, el resultado de las pruebas practicadas “no permite alcanzar a este Tribunal el grado de certeza que toda sentencia penal condenatoria requiere”, por lo que optan por la absolución.

Los contactos de Oubiña

La Fiscalía mantenía que Laureano Oubiña fue el suministrador de la cocaína intervenida en un vehículo el 8 de noviembre de 2017. Y tenía como principal prueba de cargo contra él los contactos que había mantenido con el acusado Carlos de la Mata, uno de los principales cabecillas.

Oubiña sí admitió en la vista oral conocer al acusado Carlos de la Mata, con quien habría hablado en tres ocasiones. La primera vez fue por medio de su prima, M.C.L., porque le comentó que iba a ir a Galicia “a hacer unos trabajos” y le iba a mandar el sumario de su padre, “con quien tenía mucha amistad y le asesoraba cuando ambos se encontraban en prisión”.

Asesorar con un sumario de otro preso

La segunda ocasión fue el 27 de octubre de 2027, cuando Carlos de la Mata fue a Vilanova de Arousa y le dijo que tenía que ir a Vigo, pero no le llevó el sumario. Ambos comieron solos en “El Fogar de Martínez” de Vilanova de Arousa y después se marcharon.

Oubiña explicó ante el tribunal que “una o dos semanas más tarde” Carlos de la Mata le llevó el sumario, le dijo que había tenido que volver a Vigo, se lo entregó y le comentó que iba a ver a su tío al día siguiente, a las 5, en la cárcel de Madrid.

Este acusado transmitió a Oubiña que le llamara a ver “qué veía, porque quería que le recomendara a un abogado en Madrid a ver si llegaban a un arreglo por el delito que había cometido, que creía que era un delito de extorsión para cobrar a un médico o a una enfermera o algo así, que se lo dio en el bar donde estaban comiendo, que vio el sumario esa tarde y que Carlos no le llamó como esperaba, que no le llamó ni contactó más con él y el consejo se lo transmitió al tío después, a través de su hija, pero a las dos semanas”.

¿Era una tapadera?

El testimonio vertido tanto por Carlos de la Mata como por su prima y su padre corroboró su versión aunque, según consta en la sentencia, “el hecho de que Carlos de la Mata le hubiese entregado copia de las actuaciones judiciales dimanantes del atestado y relativas a la detención de J.J.M.P. por su supuesta implicación en un delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada, detención ilegal y lesiones, no es razón suficiente para excluir su participación como proveedor/intermediario de las drogas incautadas a la organización criminal, cuando pretendían introducirlas en la provincia de Asturias”.

El tribunal entiende que la entrega de la documentación bien podría ser la tapadera utilizada para sus negociaciones, “máxime cuando ciertamente se desconoce en qué momento Laureano Oubiña tuvo el denominado sumario, que entregó a los agentes de la Guardia Civil, a su disposición”.

“Meras sospechas o conjeturas”

No obstante, consideran que esa participación no puede deducirse sino de lo que no dejan de ser “meras sospechas o conjeturas”, resultando significativo de ello que la Guardia Civil no hubiese obtenido posteriores informaciones o inicios sólidos en que sustentarla, desde esos encuentros hasta que se produjo la detención, el 11 de abril de 2018, “siendo llamativo que tras tomarle declaración fuera puesto en libertad de forma inmediata, cuando la gravedad de los hechos que se le imputaban de contar con un principio de prueba solvente en modo alguno lo justificaría”.

En las labores de investigación aparece que Carlos de la Mata se reunió con Ricardo Cortes, Micael Ferrera, Antonio Llamas y Sergio Rubio en Cambados para hacerles la entrega de la droga y a esa cita Carlos acudió en un vehículo acompañado de su supuesto proveedor, quien según la Sala “ni es Laureano ni parece tratarse de una persona relacionada con el mismo”.

Los vínculos

También por averiguaciones policiales se pudo comprobar que en el portón de la vivienda, donde residía Ricardo Torrado, se encontraba estacionado un vehículo titularidad de la empresa de la es administrador único de la sociedad el hijo de Laureano, Y.O.C., vehículo que Ricardo Torrado utilizaba habitualmente.

Sin embargo, la Audiencia corrobora que la vinculación pretendida entre Ricardo Torrado y Laureano Oubiña a través de su hijo “no está acreditada, al no haber resultado desmentido que Laureano no conociese a Ricardo ni que no mantuviera relación con su hijo como él mismo sostiene”.

Sin acreditar

“Nada permite afirmar que Laureano, Ricardo, su hijo y/o José Luis Castro estén relacionados ni tan siquiera -prosigue- las investigaciones policiales, que sin duda se habrán realizado, pudieron afianzar datos que permitan deducirlo”, inciden los magistrados.

Tampoco está acreditado que David Benítez quien se supone habría viajado con Carlos de la Mata a Galicia en otro vehículo tuviera relación con Laureano ni que hubiese estado presente en las entrevistas mantenidas con el mismo.

Una entrega de droga desde Galicia

La Audiencia recalca en la sentencia que Laureano Oubiña no negó las conversaciones telefónicas mantenidas con Carlos de la Mata, así como que de su contenido más que la referencia al “sumario entero”, no se deduce nada diferente a la cita y el lugar donde iba a celebrarse.

“Tampoco resulta muy significativo el hecho de que Carlos de la Mata contactase con David Guardado o intentase hacerlo con Micael, con posterioridad a verse con Laureano Oubiña ya que entre ambos iba a producirse una entrega de droga cuya procedencia era Galicia y por ello resulta evidente que tuvieran que hablar de la operación, como tampoco es muy significativo que hubiese podido mentar el encuentro con Laureano refiriéndose a él como el grande o el poderoso, ya que dicho encuentro efectivamente se produjo”, argumenta el tribunal.

Los indicios

Asimismo, la resolución judicial deja claro que en la entrega de la muestra de droga realizada el día 7 de noviembre de 2017 se produjo entre Micael y Carlos con la intervención de un tercero “cuya identidad tampoco ha podido determinarse y, por tanto, que tuviera relación con Laureano Oubiña”.

De todos estos indicios que poco a poco ha ido descartando el tribunal deduce que “resulta un hecho incontrovertido que Laureano Oubiña estuvo en contacto con Carlos de la Mata, tanto personalmente en dos encuentros que mantuvieron en el restaurante Martínez los días 27 de octubre de 2017 y 7 de noviembre de 2017, así como por medio de una línea telefónica, sin embargo todo ello no es razón suficiente para deducir la participación en el delito imputado, por lo que procede su absolución”.

Las medidas de seguridad de la red

Los magistrados declaran probado que desde al menos julio de 2017, los acusados Micael Ferrera, Sergio Rubio, Carlos de la Mata y Alicia López formaban parte de una organización, jerárquicamente ordenada, con una estructura y funciones perfectamente definidas y mantenidas en el tiempo, que se dedicaba al tráfico de drogas, principalmente cocaína, en Asturias.

La red adoptaba importantes medidas de seguridad, como uso de vehículos a nombre de terceros, la distribución de estupefacientes en grandes cantidades, “incluso por kilos” y la forma ordinaria de trabajar era la modalidad de “fiado” para evitar contar con efectivo que pudiera comprometer a la organización, en caso de una operación policial.

El jefe y su lugarteniente

Bajo las instrucciones de un jefe, existía un lugarteniente que principalmente se encargaba de aprobar la adquisición de las sustancias estupefacientes y gestionar la actividad del resto de los integrantes de organización.

Por debajo, había otro grupo de integrantes que se encargaba de realizar funciones de distribución de estupefacientes y recaudación a distribuidores a mayor escala, quienes a su vez, contaban con su propia red de vendedores minoritarios.

Los intermediarios

Paralelamente, dado que la cocaína era adquirida fuera de Asturias, la organización contaba con intermediarios que se encargaban de la negociación y gestión de la adquisición con los proveedores de fuera.

El acusado Ricardo Cortes, que falleció durante la instrucción de la causa, era la persona a la que se identificó como el jefe, como él mismo se autocalificaba, y era quien decidía todos los temas relativos a la negociación, adquisición y distribución de las sustancias estupefacientes.

Las negociaciones y la compra de droga

La Audiencia sostiene que el jefe ejercía su autoridad de forma clara sobre el resto de los acusados y subordinados incluso en aspectos de carácter personal.

Micael Ferrera era su lugarteniente y era el encargado de trasladar al resto de los integrantes de la organización las instrucciones recibidas del jefe, le acompañaba en los desplazamientos y entrevistas que realizaba con proveedores de cocaína para adquirir esta sustancia y la distribuía a los escalones inferiores para su venta a terceros.

El testaferro

Antonio Llamas, ahora fallecido, y Sergio Rubio, estaban en un nivel inferior de confianza y se ocupaban de realizar el transporte y las entregas de drogas a los distribuidores, además de encargarse del cobro de las deudas contraídas por éstos con la organización y posterior entrega del dinero a Micael Ferrera.

Existía otra persona que no ha sido enjuiciada que, además de llevar a cabo labores de distribución directa de cocaína, era la encargada de proporcionar los medios materiales que en cada momento necesitase la organización, y que actuó como “testaferro”, dando cobertura económica y material con apariencia de legalidad a la misma, facilitando los vehículos, valorado alguno en más de 100.000 euros, cuando se consideraban necesarios, no sólo para el transporte de la cocaína sino también para mantener entrevistas con proveedores o distribuidores.

Las vigilancias policiales

Alicia López transmitía las órdenes del jefe, que era su pareja, al resto de los integrantes de la red y cuando él estaba ausente era ella quien tomaba las decisiones sobre la distribución de la cocaína.

Carlos de la Mata es el acusado a quien identificaron los agentes durante sus vigilancias como la persona que mantenía contactos con Laureano Oubiña. Los magistrados de la Audiencia Provincial consideran probado que, tal y como sostenía la Fiscalía, este acusado era el intermediario entre la organización y terceras personas para la consecución de la cocaína, además de efectuar entregas de “muestras” de las sustancias para controlar su calidad.

Además de todos estos integrantes, habría otro grupo de distribuidores que se encontraban al servicio de la organización por diversos lugares de Asturias como Gijón, Oviedo, Grado o Siero.

Los acuerdos con la Fiscalía

Varios acusados se conformaron durante el juicio con el acuerdo ofrecido por la Fiscalía. La sentencia refleja que su “confesión voluntaria y autoincriminatoria” se produjo en el mismo acto del plenario, “con satisfacción del derecho de defensa, al encontrarse debidamente asistidos de letrado, con plena contradicción y garantía de sus derechos, admitiendo su responsabilidad y ser autores de los hechos objeto de acusación, adhiriéndose las defensas a la calificación de los hechos y a las penas interesadas por el Ministerio Fiscal”.

La Fiscalía pedía inicialmente penas que se movían en una horquilla entre tres años y medio y 16 años de prisión y tras los acuerdos alcanzados con algunos acusados rebajó su petición. Las condenas para los acusados que han alcanzado un acuerdo de conformidad se mueven finalmente entre 18 meses y cuatro años y medio de cárcel

Las confesiones

Esa confesión fue suficiente para su condena por delitos contra la salud pública y, en algunos casos, de blanqueo de capitales. Con la única excepción de apreciar la concurrencia de la atenuante de adicción a las drogas de dos de los acusados.

La Fiscalía pedía inicialmente penas que se movían en una horquilla entre tres años y medio y 16 años de prisión y tras los acuerdos alcanzados con algunos acusados rebajó su petición. Las condenas para los acusados que han alcanzado un acuerdo de conformidad se mueven finalmente entre 18 meses y cuatro años y medio de cárcel.

Solo Laureano Oubiña y José María A.M. de la veintena de acusados que fueron juzgados han sido absueltos en esta causa. A este último se le imputaba un delito de blanqueo de capitales y la Audiencia le ha exonerado de toda responsabilidad.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en el plazo de diez días.

El Arzobispado de Toledo está desarrollando actualmente “el proceso canónico y eclesiástico que era necesario” respecto al sacerdote de la Diócesis toledana que fue detenido en Torremolinos supuestamente con 'tusi', droga conocida como cocaína rosa, según ha asegurado el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves.

“Desde el primer momento se tomaron todas las medidas cautelares apartando al sacerdote del ejercicio del Ministerio”, ha señalado este miércoles a preguntas de los medios en una rueda de prensa para presentar el Día de la Iglesia Diocesana 2025.

En este sentido, el arzobispo de Toledo ha indicado que se están valorando todos los hechos y que sería “una imprudencia” valorar lo que está en proceso de investigación.

Cerro Chaves ha recordado igualmente que paralelamente se está llevando a cabo el “procedimiento civil” contra el detenido. Un procedimiento de cuyo desarrollo el Arzobispado de Toledo no tiene noticia.

El sacerdote se encuentra en libertad provisional

La investigación se refiere a los hechos conocidos el pasado mes de septiembre, cuando el sacerdote toledano Carlos Loriente fue detenido en Torremolinos (Málaga) como presunto autor de un delito contra la salud pública al estar en posesión de una cantidad importante de 'tusi', droga conocida como cocaína rosa.

El eclesiástico, que es canónigo de la Catedral de Toledo y director del instituto teológico 'San Ildefonso', se encontraba junto a tres hombres cuando fue parado por los cuerpos de seguridad para una “inspección rutinaria” mientras viajaba en un vehículo alquilado.

Al poseer una cantidad “importante” de este estupefaciente realizaron un registro en la vivienda de uso turístico en la que se alojaban y fue allí donde encontraron más cocaína, por lo que se llevó a cabo el arresto, quedando en libertad provisional al día siguiente.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que introducía grandes cantidades de cocaína en Bizkaia y Cantabria, y que estaba liderada por un vecino de Santoña, uno de los tres detenidos en la denominada 'Operación Buciero-Anchoa'.

La droga era trasladada desde el sur en vehículos dotados de dobles fondos “caletas” y el jefe de la banda negociaba, organizaba y aseguraba los transportes haciendo de vehículo lanzadera, ha informado la Guardia Civil. Las investigaciones se iniciaron a raíz de la detención a finales de 2024 de un vecino de Asturias en el peaje de Arrigorriaga (Bizkaia) en la AP68, donde el Servicio Fiscal de la Guardia Civil en Bizkaia, en un control rutinario, le incautó 58 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un vehículo.

Del resultado del análisis de la información adquirida, junto a bases de datos y otros sistemas de investigación, se logró identificar a un vehículo que hacía labores de lanzadera durante el transporte de la droga, sobre cuyo conductor se centraron las investigaciones.

Además, los investigadores tuvieron conocimiento de que el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Burgos ya venía realizando pesquisas sobre esta misma persona por lo que se continuaron las diligencias por ambos Cuerpos y consiguieron el pasado agosto la detención del cabecilla de la organización y de otro varón durante el transporte de un kilo de cocaína.

La operación se ha saldado con la desarticulación de la banda y la detención de tres personas que han ingresado en prisión; la incautación de 60 kilos de cocaína valorados en más de 1,5 millones de euros, y la intervención de dos vehículos dotados de “caletas” con singulares sistemas de apertura, además de siete teléfonos móviles y 3.400 euros.

La colaboración y coordinación entre agentes de la Guardia Civil del País Vasco y de Santoña (Cantabria), en conjunto con agentes de Policía Nacional, ha sido “crucial para concluir con éxito esta operación”, ha destacado la Benemérita.

L'operació Spider contra el narcotràfic al Port de València ha acabat amb més de 80 detinguts, 41 a la presó provisional, i ha permès la confiscació de més de 4,5 tones de cocaïna. La macrocausa oberta pel jutjat d'Instrucció número 15 de València ha demostrat, una vegada més, que el port més important en tràfic de contenidors del Mediterrani és una de les portes d'entrada de la droga a Europa, juntament amb els ports d'Anvers i Rotterdam. Però a banda d'un accés també és una via de trànsit d'altres substàncies tòxiques i rendibles, sobretot del que arriba de països tercers i passa per les seues instal·lacions. El soroll al recinte portuari ha posat en alerta, encara més, a la discreta unitat de l'Administració per al Control de Drogues (DEA, per les sigles en anglès) dels Estats Units (EUA), país que des de fa uns anys i sobretot amb l'arribada de Donald Trump porta una guerra sense quarter contra el narcotràfic.

Des dels atemptats de l'11 de setembre del 2001 a Nova York, la política de seguretat nord-americana en països tercers es va convertir en una qüestió d'estat. Els EUA van omplir de controls els punts d'accés de mercaderies, entre ells tots els ports que volien exportar productes. Tot i ser aliats i amb condicions de seguretat importants, els ports europeus també van patir la psicosi per l'11S i van haver d'assumir algunes de les exigències. El port de València no va ser menys i a una oficina pròpia de funcionaris nord-americans i agents de la DEA va haver d'afegir la incorporació d'un escàner per detectar materials radioactius i explosius. Qualsevol camió que entra al port de València i la càrrega té destinació als EUA passa per aquest control automàtic, expliquen fonts portuàries.

La tecnologia d'aquest escàner és tan precisa que, de vegades, es produeixen falsos positius. Com quan va saltar l'alarma per radioactivitat i no va ser per transport de materials radioactius, sinó perquè el camioner estava rebent un tractament de radiofreqüència. També han saltat alarmes per carregament de plàtans o adobs, que, de vegades, contenen materials que emeten radiació, explica un veterà del Port de València.

Tot i que, en un primer moment, el motiu principal de la presència de funcionaris nord-americans va ser per motius de seguretat nacional i antiterroristes, amb el temps, la lluita contra el narcotràfic ha adquirit un paper important, més quan el port de València no només és un port d'entrada, sinó d'eixida i de trànsit. Des de la Xina, per exemple, circulen diàriament centenars de contenidors amb destinació als ports de la costa est.

El 2022, els funcionaris dels EUA i de la DEA, que comptaven amb una petita oficina, van aconseguir tota una planta baixa d'un dels edificis que ocupava l'antic Consorci València 2007 que es va muntar per a la Copa de l'Amèrica. Les operacions d'aquest personal nord-americà expatriat són molt sigil·loses i es coneix poc de la seua faena, però segons ha pogut saber elDiario.es, una dotzena de funcionaris nord-americans treballen cada dia en el control de tot el que ix en direcció als EUA. I el trànsit de mercaderies entre València i el país nord-americà no és menor. Segons les dades de l'Autoritat Portuària de València (APV), entre gener i agost i malgrat les polítiques aranzelàries de Trump, 94.612 contenidors amb productes van partir des del Port de València cap als EUA, mentre que en trànsit -és a dir, amb origen Xina o altres països- el nombre de contenidors que han eixit des de la capital valenciana amb destinació als EEUU fou de 134.830.

Així, des del 2022 i actualment, els funcionaris i els membres de la DEA ocupen un espai de més de 300 metres quadrats en un edifici de l'Autoritat Portuària de València. La seua faena, passar cadascun dels contenidors per l'escàner i supervisar tot allò que s'exporta cap al seu país. Aquests agents vesteixen de paisà i passen més que desapercebuts, si no fos pel reconeixible accent nord-americà. Ni uniformes ni armilles de la DEA, encara que sí que s'ha pogut observar algun vehicle de fabricació nord-americana i matrícula de Texas.

La seua posició al port és també estratègica, ja que estan molt a prop de l'edifici de Duanes que depèn de l'Agència Estatal d'Administració Tributària del Ministeri d'Economia i Competitivitat. Aquesta oficina és l'encarregada de supervisar tot allò que entra i ix del port i de perseguir el narcotràfic, evidentment amb l'ajuda de les Forces i els Cossos de Seguretat de l'Estat.

La recent operació policial contra el narcotràfic al port de València no ha estat una actuació més. Hi han caigut un agent de la Guàrdia Civil, tres membres del càrtel dels Balcans, 17 treballadors portuaris, nou camioners i 17 responsables de cinc empreses, entre d'altres. Les alarmes estan enceses, sobretot quan 400 contenidors parteixen cada dia de València cap als EUA, a més de 560 més en trànsit procedents de tercers països, la majoria de la Xina, actualment un dels principals fabricants de productes per a drogues sintètiques.

La operación Spider contra el narcotráfico en el Puerto de València ha acabado con más de 80 detenidos, 41 de ellos en prisión provisional, y ha permitido la incautación de más de 4,5 toneladas de cocaína. La macrocausa abierta por el juzgado de Instrucción número 15 de València ha demostrado, una vez más, que el puerto más importante en tráfico de contenedores del Mediterráneo es a su vez una de las puertas de entrada de la droga en Europa, junto a los puertos de Amberes y Róterdam. Pero aparte de un acceso es también una vía de tránsito de otras sustancias tóxicas y rentables, sobre todo de lo que llega de países terceros y pasa por sus instalaciones. El ruido en el recinto portuario ha puesto en alerta, más si cabe, a la discreta unidad de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EEUU), país que desde hace unos años y sobre todo con la llegada de Donald Trump lleva una guerra sin cuartel contra el narcotráfico.

Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, la política de seguridad estadounidense en países terceros se convirtió en una cuestión de estado. EEUU llenó de controles los puntos de acceso de mercancías, entre ellos todos los puertos que querían exportar productos. Pese a ser aliados y con condiciones de seguridad importantes, los puertos europeos también sufrieron la psicosis por 11S y tuvieron que asumir algunas de las exigencias. El puerto de Valencia no fue menos y a una oficina propia de funcionarios estadounidenses y agentes de la DEA tuvo que sumar la incorporación de un escáner para detectar materiales radioactivos y explosivos. Todo camión que entra en el puerto de Valencia y cuya carga tiene destino a EEUU pasa por este control automático, explican fuentes portuarias.

La tecnología de este escáner es tan precisa que, en ocasiones, se producen falsos positivos. Como cuando saltó la alarma por radioactividad y no fue por transporte de materiales radiactivos, sino porque el camionero estaba recibiendo un tratamiento de radiofrecuencia. También han saltado alarmas por cargamento de plátanos o abonos, que, en ocasiones, contienen materiales que emiten radiación, cuenta un veterano del Puerto de Valencia.

Pese a que, en un primer momento, el motivo principal de la presencia de funcionarios estadounidenses fue por motivos de seguridad nacional y antiterroristas, con el tiempo, la lucha contra el narcotráfico ha adquirido un papel importante, más cuando el puerto de València no solo es un puerto de entrada, sino de salida y de tránsito. Desde China, por ejemplo, circulan a diario centenares de contenedores con destino a los puertos de la costa Este.

En 2022, los funcionarios de EEUU y de la DEA, que contaban con una pequeña oficina, se hicieron con toda una planta baja de uno de los edificios que ocupaba el antiguo Consorcio Valencia 2007 que se montó para la Copa de la América. Las operaciones de este personal estadounidense expatriado son muy sigilosas y poco se conoce de su trabajo, pero según ha podido saber elDiario.es, una docena de funcionarios estadounidenses trabajan cada día en el control de todo lo que sale en dirección a EEUU. Y el tráfico de mercancías entre Valencia y el país norteamericano no es menor. Según los datos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), entre enero y agosto y pese a las políticas arancelarias de Trump, 94.612 contenedores con productos salieron desde el Puerto de Valencia a EEUU, mientras que en tránsito -es decir, con origen China u otros países- el número de contenedores que han salido desde la capital valenciana con destino a EEUU fue de 134.830.

Así, desde 2022 y en la actualidad, los funcionarios y los miembros de la DEA ocupan un espacio de más de 300 metros cuadrados en un edificio de la Autoridad Portuaria de València. Su trabajo, pasar cada uno de los contenedores por el escáner y supervisar todo lo que se exporta hacia su país. Estos agentes visten de paisano y pasan más que desapercibidos, si no fuera por el reconocible acento estadounidense. Ni uniformes ni chalecos de la DEA, aunque sí que se ha podido observar algún vehículo de fabricación estadounidense y matrícula de Texas.

Su posición en el puerto es también estratégica, puesto que están muy cerca del edificio de Aduanas que depende de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Ministerio de Economía y Competitividad. Esta oficina es la encargada de supervisar todo lo que entra y sale del puerto y de perseguir el narcotráfico, evidentemente con la ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La reciente operación policial contra el narcotráfico en el puerto de Valencia no ha sido una actuación más. En ella han caído un agente de la Guardia Civil, tres miembros del cártel de los Balcanes, 17 trabajadores portuarios, nueve camioneros y 17 responsables de cinco empresas, entre otros. Las alarmas están encendidas, máxime cuando 400 contenedores salen cada día desde València hacia EEUU, además de otros 560 en tránsito procedentes de terceros países, la mayoría de China, en la actualidad uno de los principales fabricantes de productos para drogas sintéticas.

“No tengo nada que ver con todo esto”, han sido las primeras palabras de Laureano Oubiña, ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que, desde este martes, le juzga por un delito de narcotráfico por el que la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel.

Oubiña comparte el banquillo de los acusados junto a otras 18 personas por su presunta participación en una red que introdujo cinco kilos de cocaína, entre otras drogas, desde Galicia para su distribución en Asturias, en 2017, apenas unos meses después de que él saliera de prisión en tercer grado donde cumplía condenas por tráfico de hachís y blanqueo de capitales.

“Se le juzga por ser Oubiña”

Consciente de que todos los flashes y las cámaras de televisión le enfocaban especialmente a él, varios de los acusados han salido en su defensa.

Alegan que “se le juzga por su nombre y apellido”, porque según han asegurado a elDiario.es Asturias, “a Oubiña ni le pillaron droga, ni nada de nada”.

Los demás coacusados, sin embargo, sí han admitido que participaron en el delito de tráfico de drogas y alguno de ellos incluso también ha asumido su autoría en delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, amparados en su fuerte adicción a las drogas en esa etapa de su vida. Hoy han contado que tienen trabajos estables, están casados o viven con sus parejas y tienen a su cargo a hijos menores de edad.

Esa defensa cerrada de varios de los coacusados a favor de Oubiña seguía la misma línea esgrimida por su abogado defensor, Francisco García Berenguer, quien ha mantenido ante el tribunal que no hay prueba alguna de la implicación de su representado en el tráfico de drogas.

Llamadas interceptadas

Según su versión, las únicas llamadas donde figura su voz fueron interceptadas en el teléfono intervenido al coacusado Carlos de la Mata, donde ambos interlocutores se citaban en un restaurante en Arousa, en Galicia.

Laureano Oubiña ha ratificado que el encuentro se produjo a instancias de Carlos de la Mata, que quería entregarle un sumario de la causa en la que estaba investigado un tío suyo, Juan José de la Mata, quien había compartido “años de prisión” con el primero y quería que le diera su valoración sobre el caso que tenía pendiente sobre una extorsión. Una afirmación que ha confirmado el coacusado Carlos de la Mata.

Asesorar a su compañero de cárcel

Esta contestación ha llevado a la fiscal a preguntar a Oubiña si era abogado o experto en Derecho y, tras responder negativamente, él ha seguido explicando que Carlos le comentó que iba a ver a su tío a la cárcel en Madrid y quería que le valorara el sumario y aprovechaba a desplazarse a Galicia por unos temas laborales como electricista.

“Yo le dije que le podía dar el teléfono de un abogado. Su tío y yo estuvimos muchos años juntos en la cárcel y le he ayudado en asesorarle en escritos y en temas de abogados” ha corroborado.

No soy abogado, ni estudié Derecho, pero Carlos de la Mata me dijo que iba a ver a su tío Juan José a la cárcel, y quería darme el sumario por extorsión en el que estaba investigado para que le asesorara. Su tío y yo estuvimos muchos años juntos en la cárcel y yo le he ayudado con temas de abogados

Laureano Oubiña — Acusado de narcotráfico

El encuentro en un restaurante

Ante la pregunta sobre qué hacía en el restaurante, Oubiña ha respondido: “Ya les dije a los agentes que estaban vigilando que ahí iba a encontrar a Los Charlines, a Oubiña.. porque ahí paramos todos. Ellos echaron una sonrisa”, dijo restando importancia a tanta vigilancia ya que todos sus movimientos están habitualmente controlados y aunque no le requisaron su móvil, ni ningún otro objeto, ha especificado que su móvil “estará intervenido”.

El resto de los acusados han ido, uno a uno, ratificando su conformidad al pacto con la Fiscalía, admitiendo que consumían cocaína y varios de ellos justificando el tráfico de drogas en la necesidad de pagar esa adicción.

La “Operación Matta”

La Fiscalía solicita para Oubiña una condena de cuatro años y medio de cárcel por su presunta participación en la organización desarticulada por la Guardia Civil en la denominada “Operación Matta”.

A la red se le incautó cocaína, valorada en 200.000 euros, así como resina de cannabis, heroína, dinero, armas y anotaciones contables con grandes movimientos de droga.

En la causa están acusadas 22 personas, pero se juzga a 18, ya que tres de ellas murieron durante la instrucción y una cuarta se encuentra en busca y captura

A Oubiña se le incrimina por unas llamadas teléfonicas interceptadas por los agentes que consideraron que tenía un papel “como proveedor o intermediario” en la banda junto con Carlos de la Mata en la adquisición de las drogas incautadas.

En el mismo procedimiento penal estaban acusadas otras 21 personas, pero tres de ellas murieron durante la instrucción de la causa y el cuarto, David Guardado, está actualmente en busca y captura.

La Fiscalía ha alcanzado hoy un acuerdo con al menos 15 de los acusados quienes verán rebajada sensiblemente su condena, tras el reconocimiento explícito de los hechos. Laureano Oubiña no se ha conformado con el pacto y ha decidido seguir adelante manteniendo su tesis absolutoria.

Las penas y las dilaciones indebidas

La fiscal solicitaba en su escrito de calificación provisional penas que oscilaban entre los tres años y medio de cárcel y los 16 años de prisión.

A raíz de estos acuerdos las rebajas serán sensiblemente menores, al aplicar a todos los acusados la atenuante de dilaciones indebidas y en el caso de los que se han conformado también la de adicción a las drogas, ya que la mayoría de ellos se han declarado dependientes a la cocaína y a los porros y muchos siguen un tratamiento en un centro especializado para no recaer en el consumo.

Las detenciones se produjeron en 2017 en las localidades asturianas de Gijón, Siero, Oviedo, Lugones, Grado, Avilés y Piedras Blancas.

En aquel momento, una docena de detenidos ingresó en prisión con fianzas que oscilan entre los 35.000 y 250.000 euros. La mayor parte de ellos pertenecían al clan de los Mercheros, que según la Fiscalía estaba liderado por Ricardo Cortés Gil.

Además, se practicaron 11 registros domiciliarios a lo largo de la geografía asturiana, en los que se incautaron los cinco kilogramos de cocaína y más de 11 kilogramos de pequeñas cantidades de marihuana, 14.000 euros en metálico, cuatro armas cortas (pistolas) y munición para éstas y 15 vehículos de alta gama.

Sesiones hasta final de mes

En abril de 2017, un grupo de investigadores de la Guardia Civil de Oviedo se desplazaron a Cambados y tomaron declaración a Laureano Oubiña, aunque quedó en libertad pero en calidad de investigado.

Las sesiones del juicio están señaladas para los días 24, 25, 26, 29 y 30 de este mes, si bien el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia ha aceptado la petición de las defensas para que los acusados puedan ausentarse de la sala hasta el último día previsto de la vista oral cuando se presenten las conclusiones definitivas y se les conceda el turno de última palabra.

Óscar no recuerda el momento en que empezó a consumir cocaína a diario. Ocurrió como parte de una sucesión natural de las cosas. Llevaba varios años haciéndose rayas cuando salía de fiesta. “Todavía no termino de entender cómo se convirtió en una necesidad. Estaba en un mal momento. La persona que yo quería me trataba mal y me sentía una mierda. Al salir del trabajo venía un amigo a por mí y sacábamos juntos el perro. En un rato nos tomábamos un gramo entre los dos”, cuenta tres años después de apartarse de la sustancia. Cambió de ciudad y de país para conseguirlo.

España es el país europeo donde más personas han probado la cocaína, casi un 14% de la población, y ocupa el primer lugar en consumidores durante el último mes (1,4%), según el último informe europeo sobre drogas. Tomarla se ha naturalizado hasta el punto de que se ha dejado de hablar del tema, coinciden varios expertos.

“El problema es que cuando esto pasa la sensación de peligro disminuye”, señala Luis Sordo, especialista en salud pública y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. La idea de que “si todos lo hacen, no debe ser malo –añade el médico– es lo que más preocupa en prevención de adicciones”. Pero el hecho de que “la preocupación se haya reducido, no significa que haya disminuido el consumo o que no exista igual o más problemática asociada”, advierte Josep Rovira, director del área de Drogas y Salud de la Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD) y cofundador de la ONG Energy Control.

El consumo se ha mantenido más o menos estable en los últimos 15 años. No hay grandes picos ni valles; tampoco tendencias ascendentes o descendentes, ni siquiera suaves. Como su precio, estable: 10.000 pesetas el gramo antes de 2002, 60 euros hoy. Uno de los pocos productos, si no el único, que hizo el cambio de moneda 1 a 1 y que es ajeno a la inflación. En términos relativos la cocaína es cada vez más barata. “La única forma de lograr que algo no suba de precio es tener una afluencia extraordinaria”, sostiene Emilio Salgado, responsable de la unidad de toxicología clínica del área de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona, que ve cada día la dimensión del fenómeno. “La disponibilidad de esta droga sigue aumentando”, constata el informe 2025 de la Agencia Europea sobre Drogas.

La estadística dice que hace años que esta droga mantiene la posición de la segunda sustancia ilegal que más se toma, por detrás del cannabis. Y es muy asequible y disponible. Un 40,6% de la población considera que es fácil o muy fácil de obtener en 24 horas, según la encuesta EDADES del Ministerio de Sanidad. “El consumidor se ha hecho transversal por estos motivos”, dice Rovira.

El consumo de cocaína se ha mantenido estable en los últimos 15 años, como su precio: 10.000 pesetas el gramo antes de 2002, 60 euros hoy. Uno de los pocos productos que hizo el cambio de moneda 1 a 1 y que es ajeno a la inflación

Óscar sabía a qué puerta llamar para conseguirla sin dificultad. “Es fácil para un bolsillo pobre como el mío pillar 10 euros. Mi sensación es que está más callada porque la consumen personas de todas las clases sociales, también gente con dinero”, considera este chico de 30 años que agotaba prácticamente todo su salario en la primera mitad del mes. Cuanto más consumía, más quería. Y no era solo cocaína: la acompañaba de cannabis y alcohol.

No es una excepción. Es habitual que quien consume esta sustancia también se pase con las bebidas alcohólicas. La combinación, dicen los expertos, es peligrosa. “El organismo genera una molécula llamada coquetileno cuando no se consume, que tiene un efecto similar al de la cocaína pero más largo, con lo cual es mayor el riesgo desde el punto de vista de la salud”, explica Salgado.

Cocaína cotidiana

El punto de inflexión de la adicción suele marcarse allí donde empieza a suponer un problema para las actividades diarias: ir al trabajo, comer, dormir... “Pero la cocaína en su posición adictiva no hay que entenderla solo en el consumidor diario, también viene para el que hace tres días masivos de consumo, se arrepiente y vuelve al siguiente fin de semana”, avisa Rovira. Con el alcohol, este patrón de consumo se llama binge drinking.

Históricamente, la cocaína “estuvo muy tapada por la heroína por los enormes problemas que esta última provocó”. “Es verdad que no tiene la mala fama que tienen los opiáceos en nuestro ámbito”, coincide el doctor Salgado. “Los que vivimos los 80 con la heroína, las personas muertas por la calle, generamos un rechazo hacia los derivados del opio. Pero las nuevas generaciones no lo han vivido”, reflexiona.

En aquellos años también se consumía más, pero era invisible. Después se estabilizó en niveles altos bajo la inevitable comparación. “Si produce adicción es más lenta y al tomarse esnifada hay menos consecuencias para la salud que cuando se usan agujas. Además, no tiene los síndromes de abstinencia que tiene la heroína”, desgrana Sordo.

Esto explica algo importante en esta sustancia: se puede mantener una vida profesional bajo sus efectos. El periodista y escritor David López Canales, que ha escrito el ensayo ¿Una rayita? en el que analiza el uso de la droga en España, tiene claro que en cierta manera el modelo productivo incita al consumo para mantener el ritmo. “La cocaína está muy normalizada en el consumo diario para producir”, reflexiona. “No solo permite aguantar ese ritmo, sino que es la sustancia que mejor lo representa. Es la sustancia de los yuppies de Wall Street y el modelo nos ha convertido a todos en yuppies de Wall Street, pero sin pasta”. Y con cocaína.

Nada nuevo, por otra parte. “Cocaína para trabajar, porque mi curro me lo exige”, canta Reincidentes desde 1994 en su canción Vicio (y todo el que haya ido desde entonces a una fiesta de pueblo con orquesta). Óscar lo ve muy real: “El 90% de la gente que está enganchada consume trabajando. Es como necesitar fumarse un cigarrillo”. El dato no es científico, solo responde a su percepción personal, pero da una idea de lo extendido del consumo fuera del circuito del ocio.

Toda esta supuesta inocuidad se rompe en mil pedazos cuando se ve que pese a ser la segunda droga ilegalizada más consumida es la que más ingresos hospitalarios y tratamientos de desintoxicación provoca. De largo. O que está presente en dos de cada tres muertes, según relata Salgado, que lleva años analizando el fenómeno en el Clínic. “En el hospital vemos un incremento de los casos de abuso desde hace tiempo”, sostiene. “En siete años el porcentaje de la cocaína como agente causal de la intoxicación ha pasado del 20% al 25%”. El problema, cuenta el doctor, es que “el consumidor de cocaína es lo más democrático que hay. Está tan normalizada que no se puede saber quién es, no hay un perfil específico”.

El lapso entre la primera vez que se consume cocaína y el inicio de un tratamiento para salir de la adicción es de unos 13 años, según el último informe de la Agencia de la Unión Europea Drogas (EUDA). “En España tenemos 22.000 nuevos admitidos a tratamientos por consumo de cocaína y se estima que hay más de 100.000 personas con una ingesta problemática. Relacionarlo solo con el modelo productivo es simplificar, pero desde luego que son dos cosas que conviven”, apunta Sordo.

Preparar los sistemas de salud

Las 21.818 personas que comenzaron una terapia para desengancharse en 2022 superan por mucho a quienes necesitaron ayuda para dejar de consumir cannabis (12.574, pese a que esta droga se consume más), heroína (7.585) o hipnosedantes (1.079). La curva en el caso de la cocaína descendió entre 2008 y 2016, pero ha vuelto a repuntar. No obstante, el alcohol sigue a la cabeza con más de 27.000 consumidores tratando de abandonar la sustancia.

“Como parece que no estamos muy preocupados, no invertimos tanto en el sistema de atención a las drogas. La capacidad de atención de tiempos pasados se ha relajado y más gente recurre a tratamientos privados, lo que no universaliza los abordajes”, subraya Rovira.

Algo parecido pasa con las campañas. Si bien hacer mensajes generales puede quedar lejos a mucha parte de la población, “debería hacerse un esfuerzo orientado a poblaciones-objetivo”, según el trabajador social. Todo el mundo recuerda aquella famosa campaña del gusano de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción que tiene casi 25 años. “Hay desde luego otros temas de salud que repercuten en más gente, pero sí me gustaría que se hablara más de ello, pero también de los hipnosedantes, de las adicciones sin sustancia o del chemsex”, resume Sordo.

La EUDA, que monitoriza el consumo por países, alerta de que la disponibilidad de esta sustancia está aumentando en el continente y eso podría tener un efecto en la demanda de tratamientos en los próximos años. Los sistemas de salud deben “evaluar urgentemente la capacidad de reacción en previsión a esto”, dice el informe.

Medir si es más o menos accesible no es fácil, pero hay un dato que puede dar pistas. La presencia de cocaína en aguas residuales municipales aumentaron en más de la mitad de las 72 ciudades europeas que cuentan con datos. Su consumo es transversal no solo en lo social, sino también en lo geográfico. La urbe con más miligramos detectados por cada mil personas por día es Amberes, en Bélgica, seguido por Tarragona. Otro elemento que da información son las incautaciones. España es uno de los tres países, junto a Bélgica y Países Bajos, con mayor volumen de sustancia requisada debido, probablemente, a que es un punto de entrada a Europa.

Aunque la cocaína es la sustancia que siempre estuvo ahí, las formas de consumirla también van cambiando. En el Clínic, por ejemplo, cada vez hay más urgencias relacionadas con el crack, la forma cristalizada de la cocaína. “Empecé a ver casos de complicaciones que nunca había visto, solo en los libros. En el laboratorio la forma que tenemos de asegurar que una persona ha consumido crack es porque en la pirólisis, cuando se quema la piedra, se genera una molécula que luego detectamos en la orina y uno de cada diez positivos de cocaína atendidos el año pasado era de crack. En 2017 era un 1%”, desarrolla Salgado. Aquí sí, el perfil es más concreto: mucho más vulnerable que quien toma cocaína en polvo.

“Estaba en un bucle muy malo: no tenía ganas de levantarme ni de ir a trabajar. Pensaba que la vida era una mierda. Tuve la suerte de poder irme, literalmente. A vivir a otro lugar y cortar. Creo que lo tengo bajo control”, asegura Óscar, que dice que no ha sentido ganas compulsivas de volver a consumir como antes, aunque admite que a veces le resulta difícil decir que no a una raya de fiesta.

Un total de 95 kilos de cocaína valorados en cerca de tres millones de euros es ya el mayor alijo de esta sustancia estupefaciente incautado por la Policía Nacional en Aragón, tras la reciente desarticulación en el marco de la operación 'Zenon' de una importante organización criminal asentada en Zaragoza y Madrid. La intervención se ha saldado con nueve detenidos y la incautación de 95 kilogramos de cocaína, además de dinero en efectivo, vehículos y numeroso material para la distribución de estupefacientes.

La investigación, dirigida por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza (UDYCO), comenzó en febrero tras detectarse un grupo familiar que distribuía cocaína desde una vivienda en el barrio de Torrero. Los principales investigados eran dos hermanos y sus parejas sentimentales, que distribuían la cocaína en medianas y pequeñas cantidades entre una amplia red de clientes, principalmente en Zaragoza.

Como método novedoso para la distribución de la droga, utilizaban vehículos de alquiler (triciclos eléctricos), con los que se desplazaban hasta el mes de junio, momento en el que finalizaron los servicios de esta empresa. Este procedimiento les permitía evitar hacerlo a pie por las calles, dificultando así los seguimientos policiales. A medida que avanzaba la investigación, fue posible identificar a un mayor número de miembros de la organización, muchos de ellos reincidentes en el tráfico de drogas. Entre ellos destaca un ciudadano de República Dominicana, que había sido expulsado judicialmente y regresó a España con identidad falsa, y un distribuidor habitual de cocaína en prostíbulos y locales de Zaragoza.

El cabecilla de la red, afincado en Zaragoza, había sido detenido en 2017 por importar 32 kg de pasta base desde Colombia. En esta ocasión, se comprobó que mantenía contactos frecuentes con un individuo en Madrid, quien organizaba la introducción de cocaína desde Colombia y disponía de una vivienda de seguridad en una urbanización de lujo en el barrio de Sanchinarro. La droga era transportada en vehículos con habitáculos secretos o “caletas” hasta un garaje en Zaragoza donde se realizaba la entrega.

El pasado 29 de agosto, se llevó a cabo la primera fase de la operación con la interceptación de un vehículo en la A-2. En el registro se localizaron más de siete kilogramos de cocaína en una caleta bajo el asiento del conductor. Paralelamente, se realizaron registros en tres domicilios en Zaragoza y dos en Madrid, incautando otros 87 kilos de cocaína y abundante documentación relacionada con la organización. La segunda fase se desarrolló el 3 de septiembre, con cinco nuevas detenciones en Zaragoza, cuatro registros domiciliarios y la incautación de droga, dinero y útiles de manipulación.

La operación se ha saldado con nueve detenidos, cinco de ellos permanecen en prisión provisional; 95 kilos de cocaína incautados; 6.305 euros en efectivo; cuatro vehículos intervenidos; ocho registros domiciliarios en Zaragoza y Madrid; y documentación, balanzas, sustancia de corte y teléfonos encriptados.

La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza y ha contado con la colaboración de la Brigada Central de Estupefacientes de Madrid. Con esta intervención, se considera desmantelada una de las redes más activas en la distribución de cocaína en Aragón, con capacidad logística para operar a nivel nacional.

Una operación conjunta desarrollada por la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, junto a las autoridades policiales de Argentina y Perú, ha logrado desarticular una organización criminal dedicada al tráfico intercontinental de cocaína, en la que se han intervenido 513 kilos de esta sustancia en Mérida procedentes de Argentina.

Siete personas han sido detenidas en España, cuatro en Argentina y otras tantas en Perú y se han llevado a cabo hasta quince registros en domicilios y cinco en naves industriales en España, según informan la Agencia Tributaria y la Dirección General de la Policía en sendos comunicados.

La investigación ha permitido intervenir 513 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de una máquina industrial pesada, que fue enviada desde Argentina hasta una nave de la capital extremeña, Mérida.

No obstante, las pesquisas contra la presunta organización criminal, asentada en España, Argentina y Perú, se iniciaron en 2024 y, desde entonces, se han intervenido 2.600 kilos de cocaína que ocultaban en distintos tipos de maquinaria industrial, máquinas trituradoras, tornos, brocas o fresadoras que transportaban en contenedores marítimos.

Un torno industrial desde Buenos Aires a Algeciras

El pasado abril, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Málaga detectó un envío sospechoso de contener droga que iba a viajar desde Buenos Aires hasta Algeciras (Cádiz), con destino final en Badajoz.

Al mismo tiempo, la Policía recibió información de la Policía Federal de Argentina, que alertó de la posible existencia en el puerto marítimo de Buenos Aires de un torno industrial que podría estar siendo utilizado para transportar cocaína, si bien las medidas de seguridad con las que la maquinaria había sido construida había impedido la detección de la droga.

Ante las sospechas de la posible contaminación con cocaína del material industrial y sabiendo que viajaría a España, se activaron los mecanismos internacionales de colaboración policial entre ambos estados a través del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional.

Las indagaciones permitieron detectar que la maquinaria iba a entrar por el puerto de Algeciras a través de una empresa con domicilio fiscal en Badajoz, y que detrás del envío se encontraba una organización criminal asentada en Sevilla con conexiones internacionales.

Detrás de las importaciones existía un entramado de empresas superpuestas con varios testaferros y ‘hombres de paja’ que la organización utilizaba para ocultar su rastro, según los comunicados.

El contenedor con origen en Argentina llegó a Algeciras en julio. Allí estuvo un mes, hasta que a finales de agosto, partió hacia Extremadura, donde fue descargado el 28 de agosto en una nave situada en Mérida.

Los agentes, que ya habían establecido un dispositivo de vigilancia, entraron en el almacén y descubrieron un doble fondo en la maquinaria, en el que localizaron 444 pastillas de cocaína con un peso de 513 kilos.

2.600 kilos de cocaína en maquinaria industrial desde 2024

La investigación sobre la organización criminal se inició en 2024, al detectarse la presencia de la red que, asentada en Perú, Colombia, Chile y Argentina, realizaba envíos de cocaína, ocultos en complejos sistemas de maquinaria industrial, desde distintos puertos de origen hacia España y Portugal.

Desde el inicio de la investigación se han intervenido 2.600 kilos de cocaína. Entre las incautaciones, la Agencia Tributaria y la Policía destacan 833 kilos en una máquina trituradora en el puerto de Paita-Piura en Perú en marzo de 2024, o los 854 kilos en tornos en la frontera entre Perú y Ecuador en mayo de este año. 

Hoy escuchamos un episodio de ‘Brazalete negro’ que se sitúa en Madrid, 6 de octubre de 1990. Por primera vez en su historia el modesto Xuventude Cambados salta al césped del Santiago Bernabéu. No para medirse con el primer equipo del Real Madrid sino con su filial, el Castilla. En todo caso, para el presidente del Cambados, madridista acérrimo, esa visita supone un éxito personal. Otro más.

Porque que el equipo de una localidad de 13.000 habitantes se cuele en la tercera categoría del fútbol español no es nada habitual. Claro que Cambados no es un pueblo cualquiera, sino uno de los epicentros del contrabando en las rías del Atlántico. Y el presidente del club tampoco es un presidente cualquiera: se trata de Sito Miñanco, uno de los grandes capos del tráfico de cocaína, conocida en Galicia como ‘fariña’.

El juez Baltasar Garzón se asoma a Brazalete para relatar su recuerdo de la operación Nécora, la macrorredada que derrumbó a principios de los 90 el comercio de una sustancia tan adictiva como mortal. Este capítulo también cuenta con los testimonios de Dora Carrera, una de las valientes madres que denunciaron a capos como Miñanco, así como de los periodistas Alberto Estévez y Felipe de Luis Manero, autor del libro ‘Sito, presidente’.

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Brazalete negro

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