L'acusat d'haver arrancat unes banderes del col·lectiu LGTBI de la façana de l'Ajuntament d'Albaida per substituir-les per una ensenya franquista va arribar aquest dimarts passat a un pacte de conformitat i va assumir davant el tribunal de la secció quarta de l'Audiència Provincial de València una pena de sis mesos de presó i una multa per un delicte d'odi, així com una altra multa per un delicte lleu de danys.

Els fets van succeir la nit de l'1 de juliol de 2023 quan, segons el Ministeri Fiscal, l'home va escalar per la finestra del consistori i va penjar l'estendard preconstitucional per, a continuació, acudir a les dependències de la Policia Local i dir a dos dels agents que no pararia fins a retirar les banderes LGTBI.

A més, davant els agents s'hauria dirigit al col·lectiu amb expressions humiliants com “maricons de merda” o “gais cabrons”. Hores després, l'home es va despenjar per una de les finestres de l'edifici consistorial per arrancar les dues banderes, fet que va danyar-ne les subjeccions.

Posteriorment, la bandera LGTBI va tornar a ser col·locada al balcó del consistori després de la celebració d'un acte públic.

D'altra banda, una dona que va proferir insults racistes contra una doctora de l'Hospital General de València ha acceptat aquest dimecres una pena d'un any i tres mesos de presó, a més de l'allunyament de la víctima durant dos anys, com a autora d'un delicte contra la integritat moral amb l'agreujant d'obrar per motius racistes.

Insults racistes a Urgències: “Maldita negra”

L'acusada, segons la Fiscalia, esperava el 13 d'octubre de 2023 ser atesa al servei d'Urgències del centre hospitalari i va entrar al despatx de la facultativa, d'origen dominicà i de pell negra, i “amb l'ànim de menysprear-la i humiliar-la” li va reballar: “Maleïda negra, morta de fam, han de fer-te fora d'Espanya perquè et muigues de fam, no hauries d'estar treballant, eres una mala persona, només et veig passejant i no atens les persones”.

La doctora, segons el Ministeri Públic, es va sentir “profundament menyspreada i humiliada” i aquell mateix dia va denunciar els fets. La Fiscalia destaca que l'acusada va etzibar a la facultativa els insults racistes en un hospital públic, en presència d'altres treballadors i de pacients que esperaven ser atesos.

El acusado de haber arrancado unas banderas del colectivo LGTBI de la fachada del Ayuntamiento de Albaida para sustituirlas por una enseña franquista alcanzó este pasado martes un pacto de conformidad y asumió ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia una pena de seis meses de prisión y multa por delito de odio y otra multa por delito leve de daños.

Los hechos sucedieron la noche del 1 de julio de 2023 cuando, según el Ministerio Fiscal, el hombre trepó por la ventana del consistorio y colgó el estandarte preconstitucional para, a continuación, acudir a las dependencias de la Policía Local y decirles a dos de los agentes que no pararía hasta retirar las banderas LGTBI.

Además, ante los uniformados se habría dirigido al colectivo con expresiones humillantes como “maricones de mierda” o “gais cabrones”. Horas después, el hombre se descolgó por una de las ventanas del edificio consistorial para arrancar las dos banderas, hecho que dañó las sujeciones de las mismas.

Posteriormente, la bandera LGTBI volvió a ser colocada en balcón del consistorio tras la celebración de un acto público.

Por otro lado, una mujer que profirió insultos racistas contra una doctora del Hospital General de València ha aceptado este miércoles una pena de un año y tres meses de prisión, además de alejamiento de la víctima durante dos años, como autora de un delito contra la integridad moral con agravante de obrar con motivos racistas.

Insultos racistas en Urgencias: “Maldita negra”

La acusada, según la Fiscalía, esperaba el 13 de octubre de 2023 a ser atendida en el servicio de urgencias del centro hospitalario y entró en el despacho de la facultativa, de origen dominicano y piel negra y “con el ánimo de menospreciarla y humillarla” le espetó: “Maldita negra, muerta de hambre, deben echarte de España para que te mueras de hambre, no debes estar trabajando, eres mala persona, solo te veo paseando y no atiendes a las personas”.

La doctora, según el Ministerio Público, se sintió “fuertemente menospreciada y humillada” y ese mismo día denunció los hechos. La Fiscalía destaca que la acusada espetó a la facultativa los insultos racistas en un hospital público, en presencia de otros trabajadores y de pacientes que esperaban a ser atendidos.

Al rededor de 1,5 millones de personas han participado en las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Pamplona estos Sanfermines, siendo ejemplo en palabras de Joseba Asiron, alcalde de la ciudad, de “unas fiestas para todas las personas”, y de “convivencia de quienes las vive desde siempre y quienes llegaban por primera vez” y “maneras muy diferentes de disfrutar la fiesta”. Las fiestas, marcadas por el calor, obligaron al “Ayuntamiento a adaptar algunos actos, especialmente en algunas horas centrales del día”. Sin embargo, “a pesar de las altas temperaturas” y que “este año las fiestas solo han contado con un fin de semana, siendo además el 6 de julio lunes”, “la asistencia se ha mantenido de manera muy importante”, ha afirmado.

El balance de San Fermín 2026, presentado por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; la concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki; el concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Endika Alonso; y la concejala delegada de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, Zaloa Basabe, también ha expuesto otros datos significativos. Según el informe, se han registrado un total de 1.091 denuncias, un 16,4% menos que el año pasado. Casi la mitad de ellas, “el delito estrella”, (un 49,58%) corresponden a hurtos.

Se han contabilizado además 28 denuncias por agresiones sexuales “de los cuales 25 son por tocamientos”, “2 de ellos de alta intensidad y una agresión sexual”, ha explicado Basabe. De estos delitos, “ha habido un total de 21 detenidos” que la concejala espera “que vayan en aumento”. En este sentido, ha querido “destacar el compromiso de la ciudadanía de Iruña por generar espacios de ocio seguros y de rechazos a cualquier agresión sexista”. “Si se ha podido llegar a un índice tan alto de detenciones por tocamientos en un entorno como San Fermín ha sido gracias a la colaboración ciudadana, que cuando ha presentado una agresión o un tocamiento no ha mirado para otro lado. Lo ha señalado y ha contribuido también en la detención del agresor”, ha asegurado. Así pues, ha atribuido este trabajo al “movimiento feminista” por “la labor que desempeña a lo largo del año” de “sensibilización y de denuncia social”.

Por otra parte, Alonso ha querido mostrar prudencia en los datos del aumento de “denuncias y detenidos por agresiones”, ya que no corresponden “en ningún caso de peleas multitudinarias”, sino de “pequeñas broncas que son resueltas de manera inmediata por la policía”.

Los eventos con más afluencia han sido los fuegos artificiales, al que han acudido al rededor de 385.000 personas, y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, con 152.000 personas. El martes 14 de julio, “la despedida de la Comparsa congregó a 2.000 personas en la Plaza Consistorial”. Las actividades infantiles y familiares, con la novedad del chupinazo 'txiki', ha alcanzado a lo largo de las fiestas casi los 300.000 participantes.

Respecto a los conciertos y verbenas, por el que pasaron más de 371.800 personas, el más multitudinario fue la actuación de Ojete Calor, que reunió a 20.000 asistentes, seguido de Marlena (18.000). A lo largo de esta semana festiva, la plaza del Castillo ha sido el principal escenario musical de las fiestas, alcanzando en conjunto 170.000 asistencias. Por su parte, según los datos, 169.950 personas participaron en la música folklórica. Un conjunto de cifras que Beloki valora como muestra del “gran proyecto” que supone la cultura para las fiestas.

7.143 atenciones sanitarias durante las fiestas

En el plano sanitario, estos Sanfermines se realizaron 7.143 atenciones, un dato similar al del año pasado, en el que se atendieron a 70 personas más. En el caso de las atenciones propias de las fiestas, este año se han registrado 487 atenciones, solo 16 menos que en 2025. Entre las atenciones propias de las fiestas, las más numerosas han sido las agresiones (147); traumatismos y heridas (118); heridos de los encierros (71), intoxicaciones etílicas (47), intoxicaciones por drogas (16), agresiones químicas (2) y agresiones sexuales (4), entre otras.

Por centros, en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra se han llevado a cabo 4.174 atenciones, un 2.3% menos que en 2025. De ellas, 328 han sido propias de las fiestas: 245 de las fiestas, 60 de los encierros y 23 de los festejos taurinos.

La situación no es nueva. Todos los sindicatos de Castilla-La Mancha llevan meses denunciando la situación en las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo. Pero con la llegada del verano, la media de entre 500 y 600 personas que acuden a este servicio diariamente, ha provocado un “colapso” que ahora ya no consideran solo profesional sino también “humano” por la “mala calidad” en la atención a los pacientes.

La voz de alarma para decir ‘basta’ la ha dado el sindicato CSIF ante un escenario que consideran “totalmente insostenible” tanto para el personal médico, enfermero, celador y administrativo como para las personas atendidas.

Son “problemas estructurales graves que llevamos arrastrando mucho tiempo, pero que han llegado a un punto insoportable”, explica Miguel Ángel González, médico de Urgencias del Hospital toledano y delegado del área sanitaria de este sindicato.

El motivo principal que apunta es la orden emitida por la Gerencia del centro de que los médicos de planta y de quirófanos se vean “obligados” a realizar su labor en el servicio de Urgencias. Esto ha provocado que 11 facultativos hayan dejado su puesto por “saturación” y “estrés”, lo que ha deteriorado aún más el servicio. Con ello, actualmente hay 35 facultativos en Urgencias, ocho de ellos con reducciones de jornada.

El efecto dominó no se ha hecho esperar. A falta de estos médicos, los puestos los han ocupado profesionales residentes, muy jóvenes y con “contrataciones precarias” a los que también hay que formar, y que no tienen apenas experiencia. Y junto a todo ello, el resto de categorías profesionales se encuentran también “bajo mínimos” en el servicio.

“Esta improvisación es una solución que solamente desplaza el problema, ya que obliga a que los facultativos que están en la planta no realicen su trabajo eficazmente. Porque el trabajo en Urgencias no se puede improvisar de un día para otro, y sacar médicos de sus consultas e intervenciones genera un nuevo problema”, argumenta Miguel Ángel González.

No es de extrañar que el problema se refleje no solo en las Urgencias, sino en todas las plantas. Y esto, afirma, hace que el Hospital de Toledo sufra un “colapso no solo profesional, sino también humano”.

Cuenta que esta misma mañana había 77 pacientes pendientes de ingreso, 13 de ellos con tres días de espera, pero han llegado a tener hasta 86 pacientes esperando. “No son situaciones normales. Esto va en contra del propio Reglamento del SESCAM (el servicio castellanomanchego de salud), que establece un máximo de 48 horas de espera, y además hablamos de pacientes pluripatológicos y geriátricos, que sufren mucho”.

“Por eso todo esto tiene un lado humanitario que ya no se puede sostener y tanto la Gerencia como el SESCAM deben tomar cartas en el asunto”, añade por su parte Victoria Gutiérrez.

Los profesionales están agotados, extenuados, no saben qué hacer para conseguir una solución definitiva, no les escucha nadie y se encuentran abandonados

Al igual que el doctor González, subraya que la “huida” de médicos también ha provocado una “desbandada” del resto de profesionales que trabajan en el servicio. “Están agotados, extenuados, no saben qué hacer para conseguir una solución definitiva, no les escucha nadie y se encuentran abandonados”, remarca.

Recalca que se trata de una “situación límite” derivada también de una “absoluta falta de planificación e inversión”. “Esto repercute no solo en los pacientes sino en la salud de los profesionales. Se han ido todos los que han podido, y los que no, presentan graves deterioros de su salud física y mental. Tenemos cuadros de ansiedad, de estrés y de depresión. Algunos van como zombis”, resalta.

La delegada sindical pone también el acento en otra causa muy relevante de esta situación: una Atención Primaria “muy tensionada” en la que los médicos y médicas de familia están dando cita con una espera de dos semanas. Lo mismo sucede con las consultas especializadas. “Las listas de espera son desorbitadas, por lo que la gente termina por acudir a Urgencias y el problema se vuelve insostenible”.

Otro motivo “incomprensible”. Según apuntan ambos, hay 80 camas en plantas cerradas del Hospital Universitario de Toledo y la Gerencia no ha dado ninguna explicación sobre las causas para que no se abran y descongestionar el colapso y las esperas pendientes de hospitalización en el servicio de Urgencias.

A nadie nos gustaría tener un familiar en esa situación, durmiendo en una silla con una angina de pecho, esperando horas y horas a que le ingresen

“A nadie nos gustaría tener un familiar en esa situación, durmiendo en una silla con una angina de pecho, esperando horas y horas a que le ingresen”. Por todo ello, el sindicato exige la contratación “inmediata” de facultativos para Urgencias y del resto de especialidades, la apertura de las 80 camas actualmente cerradas, un plan de contingencia para el verano y el cese de la obligación de desplazar a especialistas de planta.

Ambos lamentan que esta orden para los meses de julio y agosto se haya adoptado sin tener en cuenta la opinión de los profesionales. Según detallan, hubo algún encuentro antes del verano, pero no avanzaron ninguna medida. “Han adoptado este plan sin informar a la Junta de Personal”, denuncian. De hecho, Miguel Ángel González apunta que la Gerencia nunca ha elaborado planes de contingencia, ni para verano ni para invierno.

Cables por el suelo y monitores compartidos

Dicho esto, el doctor González ha explicado que, además, la situación de un paciente en Urgencias “se deteriora mucho más” y se agrava si requiere hospitalización y no la recibe. Pone como ejemplo que, en los boxes individuales, donde antes había dos salas con 30 plazas, ahora solo hay una con 60 plazas. “Esto implica que haya cables por el suelo, monitores compartidos, gente que tropieza y pacientes apelotonados”.

“No podemos trabajar así, cada turno es un suplicio y nos lo están transmitiendo los familiares de manera continua. Muchos pacientes tienen patologías muy complejas y nos les podemos dar toda la atención que requieren. Es una medicina de guerra, de batalla, todo está descontrolado”, resalta por su parte la delegada sindical.

Finalmente, Miguel Ángel González vaticina que después del verano los problemas “van a seguir ahí” porque “no hay ningún plan diseñado, solo un parche mal puesto que juega con los pacientes”. Por ello ha pedido a los altos cargos del SESCAM que “vengan a Urgencias y vean la situación, porque mientras nosotros nos jugamos nuestra responsabilidad profesional, ellos no hacen nada ni cargarán con las consecuencias”.

El Hospital afirma que la atención asistencial está “garantizada”

Por su parte, la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo ha salido al paso de estas acusaciones, afirmando que el SESCAM garantiza la atención sanitaria “adaptando de forma permanente los recursos humanos y organizativos a la demanda asistencial”, con el objetivo de “ofrecer una atención continua, segura y de calidad”.

Según los datos que aporta, en los últimos 15 días, el servicio de Urgencias ha atendido a 8.347 pacientes, de los que se ha indicado el ingreso hospitalario al 13,47 %, incluso algunos días esa tasa ha alcanzado el 16%, dato que refleja la “elevada actividad asistencial” que registra el centro y “su capacidad para dar respuesta a las necesidades de la población”.

El SESCAM no entra en detalles sobre las incidencias apuntadas por CSIF. Se limita a afirmar que el servicio de Urgencias registra una demanda asistencial que presenta variaciones en función de múltiples factores, sobre todo una mayor afluencia de pacientes crónicos de edad avanzada con agravamiento de patologías respiratorias y cardíacas, perfiles clínicos que presentan “una mayor complejidad asistencial”.

“En este contexto, el hospital adapta de manera continua sus recursos humanos y organizativos para ofrecer la mejor respuesta posible, priorizando siempre la atención de los pacientes con mayor gravedad”, añade.

Asimismo, apunta que La Dirección es “plenamente consciente” de que, en determinados momentos de elevada presión asistencial, pueden producirse tiempos de espera “superiores a los deseables”, como consecuencia del incremento de la demanda.

En este punto reconoce que que el Hospital Universitario de Toledo ha adoptado una medida organizativa de carácter temporal para reforzar el Servicio de Urgencias con facultativos especialistas de otras áreas asistenciales durante el periodo de sustitución de profesionales del propio servicio.

Los profesionales, agrega, son facultativos de ocho especialidades médicas, de las 52 existentes en el Complejo, que atienden a pacientes “con patologías propias de su ámbito de competencia profesional, respetando en todo momento las competencias de cada especialidad”. Esta reorganización se ha diseñado “garantizando la capacitación de los profesionales implicados y preservando la seguridad clínica de los pacientes”.

“La incorporación temporal de especialistas de otras áreas constituye una medida excepcional, proporcionada y suficientemente motivada por la necesidad de mantener la asistencia a la ciudadanía mientras persistan las dificultades para la cobertura de sustituciones”.

Concluye afirmando que hay “un seguimiento permanente” de la actividad del servicio de Urgencias y con reuniones diarias de coordinación en las que participan profesionales, responsables de distintas especialidades y miembros del equipo directivo para analizar la evolución de la ocupación hospitalaria, la presión asistencial y las necesidades organizativas, “adoptando las medidas que resulten necesarias en función de la situación de cada jornada”.

UGT Servicios Públicos La Rioja vuelve a denunciar la saturación que sufren las Urgencias del Hospital San Pedro, asegurando que en estos momentos 43 pacientes permanecen pendientes de ingreso hospitalario, únicamente siete de ellos con cama asignada.

Asegura el sindicato que el servicio se encuentra al límite de su capacidad, con las 18 camas de Prehospitalización (PH) ocupadas, los toriles completamente llenos y la Unidad de Corta Estancia (UCE) obligada a doblar habitaciones. Además, aseguran que los controles 3D y 4C han cerrado la mitad de las camas, mientras que la otra mitad se encuentra ocupada. Por ello, exigen a la Consejería que refuerce “de manera inmediata” las plantillas de cara a los meses de julio y agosto y adopte las medidas necesarias “para evitar que este colapso continúe deteriorando las condiciones de trabajo de las plantillas y de la ciudadanía”.

Recuerdan que hace exactamente un año ya advertían desde el sindicato de la saturación que sufrían las Urgencias del Hospital San Pedro y alertaban de que la falta de planificación durante el verano volvería a traducirse en una situación de colapso. “Hoy, un año después, comprobamos que nada ha cambiado. La Consejería vuelve a afrontar el periodo estival sin la previsión necesaria, pese a conocer el incremento de la presión asistencial durante estas fechas”, señalan en un comunicado.

Desde UGT insisten en que “no nos encontramos ante una situación excepcional ni imprevisible. Cada verano se produce un incremento de la presión asistencial que la Administración conoce perfectamente. Sin embargo, una vez más, comprobamos cómo la falta de planificación y de recursos humanos suficientes termina provocando un colapso que afecta tanto a la ciudadanía como a los profesionales”.

“En los últimos días hemos escuchado al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, anunciar importantes inversiones para la sanidad riojana”, continúan, “desde UGT Servicios Públicos valoramos positivamente cualquier inversión destinada a mejorar las infraestructuras sanitarias, pero consideramos que ha llegado el momento de priorizar también las inversiones en recursos humanos”. Por todo ello, exigen al Gobierno de La Rioja y a la Consejería de Salud que destinen los recursos necesarios para reforzar las plantillas de todas las categorías profesionales, planifiquen con antelación los periodos vacacionales y “dejen de afrontar cada verano con la misma falta de previsión”.

El Gobiern de La Rioja asegura que no han pasado de 36

Sin embargo, según explica el gerente del SERIS, Luis Ángel González, en ningún momento de la jornada se han registrado 43 pacientes pendientes de ingreso hospitalario. “El máximo alcanzado ha sido de 36 pacientes pendientes de cama a las 14:00 horas, una situación puntual asociada a un incremento de la demanda asistencial y al flujo habitual de ingresos y altas hospitalarias”, señala.

Asegurann desde el SERIS que este tipo de circunstancias forman parte de la actividad normal de un hospital de alta complejidad y cuentan con mecanismos de respuesta previstos en los planes de contingencia del SERIS. “De hecho, la situación ha ido mejorando progresivamente a lo largo de la tarde”, aseguran, “a las 18:30 horas, Urgencias disponía de cinco boxes libres, tres camas en Prehospitalización y siete plazas en la Unidad de Corta Estancia”.

Recuerdan además que este verano se han habilitado 30 camas adicionales y existen recursos de reserva para adaptarse a cualquier necesidad asistencial que pudiera surgir. “La experiencia demuestra que los efectos de las olas de calor sobre los pacientes más vulnerables y con patologías crónicas suelen reflejarse varios días después del inicio de las altas temperaturas, coincidiendo además con la actividad asistencial habitual de comienzos de semana. Por ello, el sistema sanitario cuenta con dispositivos de seguimiento y respuesta que permiten garantizar la atención en todo momento”, añaden desde el SERIS.

Aseguran que la actividad registrada durante la jornada se ha desarrollado dentro de los márgenes previstos y con los mecanismos de gestión habituales para este tipo de situaciones.

Una funcionaria de la Oficina de Justicia de San Asensio ha tenido que ser trasladada al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un golpe de calor. Así lo ha comunicado CCOO La Rioja a la vez que denuncia las “graves condiciones térmicas” que padecen los trabajadores y trabajadoras de dicho centro.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 22 de junio a medio día. La trabajadora comenzó a encontrarse indispuesta debido a las elevadas temperaturas registradas en el interior de las dependencias judiciales. Así, y tras activarse los servicios de emergencia mediante una llamada al 112, cuentan desde la formación sindical, la trabajadora fue trasladada al servicio de Urgencias del Hospital donde fue estabilizada.

Este incidente, recuerdan desde CCOO La Rioja, se produce días después de “advertir formalmente el grave riesgo para la salud existente en la Oficina de Justicia de San Asensio. De hecho, el pasado jueves, presentaron un escrito al Ayuntamiento de San Asensio ”alertando de la falta de climatización del edificio y reclamando medidas urgentes para proteger la salud de los empleados públicos“. Entre las soluciones propuestas ”figuraba la instalación de equipos portátiles de aire acondicionado, una medida de rápida implantación que no requiere obras ni instalaciones complejas“.

Asimismo, denuncian que esta Oficina “no solo carece de sistemas de refrigeración, sino también de elementos básicos de protección frente al calor, como persianas en las ventanas. Como consecuencia, durante la mañana del lunes se alcanzaron temperaturas cercanas a los 30 grados en el interior de las instalaciones”.

CCOO La Rioja ha trasladado este caso al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de La Rioja “y la única respuesta ofrecida por el Ayuntamiento fue la entrega de un ventilador, una medida claramente insuficiente para garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables ante las altas temperaturas registradas”. Por esto, y mientras no se adopten soluciones definitivas, la formación sindical “aconseja de manera provisional reorganizar la atención al público, desarrollándola entre las 9:00 y las 12:00 horas en la Oficina de Justicia y trasladándola entre las 12:00 y las 14:00 horas a un espacio habilitado dentro del Ayuntamiento de San Asensio, edificio que sí dispone de climatización adecuada”.

Desde la formación sindical no comprenden que la Oficina de Justicia “continúe sin unas condiciones mínimas de habitabilidad cuando el Ayuntamiento de San Asensio recibió el pasado 30 de abril una subvención superior a 6.000 euros concedida por el Gobierno de La Rioja para sufragar los gastos de funcionamiento del antiguo Juzgado de Paz”. Y exigen medidas eficaces e inmediatas que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras de la Oficina de Justicia de San Asensio porque “la prevención de riesgos laborales no es una opción, sino una obligación legal que todas las administraciones públicas deben cumplir”.

Un motorista ha fallecido este jueves tras salirse de la vía en la Autopista TF-1, a la altura de de Güímar, en Tenerife según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:52 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Ante la gravedad del incidente, se activó desde el primer momento un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario, que llegó a tomar tierra en la propia Autopista, así como ambulancias de soporte vital avanzado para garantizar la evacuación urgente por vía aérea.

A la llegada del personal sanitario, el afectado presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Guardia Civil se hace cargo de las diligencias judiciales.

Cerca del 75% de los médicos de urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) no tiene especialidad médica demostrada, “tampoco la dirección del servicio”, según han denunciado varios médicos de ese servicio a la Asociación MIR España, y a cuyos testimonios también ha tenido acceso este periódico. 

La Asociación MIR España lleva días recogiendo información ofrecida por los médicos residentes y adjuntos de distintos años y especialidades, del propio servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias, y califica la situación de “auténtico despropósito”. 

“De 56 médicos de urgencias, solo 15 tienen especialidad vía MIR”, según las evidencias que ha recibido la Asociación MIR España. Critican que los médicos residentes están siendo tutorizados por personal que, en su mayoría, carece de la titulación de especialista, lo que supone un “riesgo absoluto para los pacientes y para la formación de los profesionales”.  

“Tenemos testimonios de pacientes muriendo a la espera de ser atendidos en los pasillos del hospital. Esto no es casualidad, esto es por una gestión horrorosa”, asegura Jesús Arzúa, presidente de la Asociación MIR España. Señala que “como no se han formado por la vía MIR, no han pasado por la formación sanitaria especializada, no pueden dar una docencia adecuada”, y que en muchos casos son los residentes los que enseñan a los propios adjuntos.

El MIR (Médico Interno Residente) es el sistema oficial y obligatorio de formación de especialistas médicos en España. Durante 4 o 5 años los residentes se forman de manera práctica y remunerada para ejercer como médico especialista en el Sistema Nacional de Salud. Pero según los propios trabajadores del HUC, cinco de cada siete médicos de urgencias no tienen ninguna especialidad médica reconocida. “Tampoco la dirección de urgencias: ni la jefa de servicio, ni los cuatro jefes de área”, según nos han manifestado a este periódico varios trabajadores del HUC. 

Algunos de estos testimonios cuentan que hay médicos residentes “siendo supervisados por un chaval de 24 o 25 años que acababa de salir de la carrera”. Aseguran que tratan casos extremos de pacientes muy críticos sin la supervisión adecuada. Algunas declaraciones apuntan a que al no tener MIR “hacen mucho gasto pidiendo pruebas médicas innecesarias”. 

“Hay casos de residentes de primer año que dicen haber tenido que valorar y manejar prácticamente solos, pacientes con shock séptico, ictus o arritmias”, asegura Arzúa. Desde la Asociación MIR España explican que es totalmente incompatible con una formación MIR segura, y que “incumple de manera flagrante” las condiciones por las que fueron acreditados por el Ministerio de Sanidad en su día.

La Asociación MIR España y su delegación en Canarias aseguran que van a solicitar una auditoría docente en Urgencias del HUC para garantizar la supervisión de los residentes y la calidad asistencial. Según los testimonios que han recibido consideran que hay “dudas relevantes” sobre cómo se supervisa a los médicos residentes, sobre la disponibilidad de especialistas acreditados y el cumplimiento de los estándares formativos exigidos por el sistema MIR.

Aprendizaje “autodidacta” en Urgencias 

La Asociación MIR España alerta de que hay bastantes residentes en tratamiento psicológico, “toman antidepresivos, incluso ansiolíticos”, por trabajar en un ambiente laboral “totalmente peligroso, de una tensión constante”, y con una aprendizaje que describen como: “autodidacta”. 

Aseguran que se les ha comunicado que den prioridad “al volumen de pacientes”, primando de este modo “la cantidad, como si el residente fuera mano de obra barata asistencial y no un profesional en formación, que lo que necesita es supervisión”, relata Arzúa. 

Desde la Asociación MIR explican que los residentes acceden a su plaza “tras superar una de las oposiciones más exigentes de España y tienen derecho a una formación de calidad, supervisada y segura”. Y recuerdan que “los residentes no forman parte de las plantillas estructurales de los hospitales”, están ahí para formarse: “los especialistas que atenderán a la población en los próximos años se está formando hoy en nuestro hospitales”, concluyen.  

En España, la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias entró en vigor en 2024. Según critican varios médicos el HUC es “el único hospital de referencia de Canarias que no dará formación a residentes MIR de Medicina de Urgencias y Emergencias, por decisión del Director Médico del HUC”. Aseguran que el HUC “no cumple los requisitos” y por eso “no lo han solicitado”, ya que sin médicos MIR no pueden recibir a residentes de urgencias. 

Mientras se implementa esta especialidad de reciente creación en toda España, para trabajar en Urgencias basta con tener cualquier tipo de especialidad, pero hay que tener alguna, la “más frecuente suele ser la de médicos de familia”, explican médicos que trabajan en urgencias. 

La Dirección de Urgencias, sin especialidad

Este periódico ha podido confirmar que ni la jefa del Servicio de Urgencias del HUC, ni tampoco ninguno de los cuatro jefes de área de urgencias tienen el MIR, o alguna especialidad reconocida.

La jefa de urgencias se licenció en el año 2000 y llegó al cargo en diciembre de 2024, según reconoce en su propio currículum publicado en Linkedin. Para trabajar en urgencias “habría que tener una especialidad y hacer el MIR o ser pre-95”, como se conoce a los médicos que se licenciaron antes de 1995, cuando bastaba con terminar la carrera universitaria para ejercer como médico de cabecera. Con la incorporación de leyes europeas, tuvieron que demostrar sus años de experiencia para que el Ministerio de Sanidad les reconociera oficialmente el título de especialistas, sin necesidad de haber realizado el sistema MIR actual. 

Según especialistas de urgencias consultados, “se está vulnerando la ley” y las normas del Servicio Canario de la Salud. Señalan que un jefe de servicio debería acceder a ese puesto “por tener su plaza en propiedad, su especialidad correspondiente, y llevar más de cinco años trabajando”. 

Por debajo de la jefa de servicio, que ha estado varias semanas de baja, están los jefes de área o de unidad, y tampoco cumplen los requisitos, como carecer de especialidad reconocida. Según el registro del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el jefe de la unidad de consultas de atención rápida (CAR), el de unidad consultas externas, el de reanimación, y la jefa de la unidad de observación, aparecen como médico general, es decir, sin especialidad. 

Estos jefes de unidad tiene “poca experiencia en urgencias, y no tienen el dominio de la gestión que requiere el cargo”, critican algunos médicos. Otros señalan que algunos jefes de unidad son “muy jóvenes” y sin la experiencia necesaria para un puesto de esas características, ya que deberían saber tomar decisiones, formar a los residentes, e incluso sustituir a la jefa de servicio, como ha llegado a ocurrir. No entran a valorar que son médicos de países extracomunitarios, de Latinoamérica en su mayoría, y han tenido que homologar su título, ya que no se han formado en España. Solo destacan que no tiene ninguna especialidad médica reconocida.  

Todos lo sabían, pero… 

Estas circunstancias son conocidas por varios sindicatos médicos, pero ninguno ha querido criticarlo públicamente, ni dejar constancia por escrito de las quejas de los profesionales que han acudido en su ayuda. En conversaciones con este periódico han reconocido que conocían que esto pasa en las urgencias del HUC, pero han preferido no hacer declaraciones. Ha tenido que ser la Asociación MIR España, creada en 2020, quien saque a la luz revelaciones denunciando esta situación. 

La propia Dirección Médica del HUC reconoció en un comunicado interno del 14 de mayo de 2025 que los servicios de urgencias se nutren de médicos no especialistas, pero se excusaba en que la especialidad de urgencias es de reciente creación, como en toda España. Pero aunque no tengan especialidad, considera que pueden cumplir con la tutorización de los residentes. Para la Asociación MIR España esta justificación es “totalmente absurda”, y aseguran que este comunicado les “horroriza”, porque hacen “una trivialización, una banalización de la formación sanitaria especializada reglada”, asegura Arzúa.

Auditoría para el HUC

La Asociación MIR España va a pedir una auditoría urgente al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Aseguran que cuando finalice la recogida de testimonios mandarán la documentación a la Inspección de Trabajo, al Ministerio de Sanidad, y a la Consejería de Salud. Durante esta semana aún seguirán recabando evidencias en su cuenta de Instagram @AsociacionMir , donde publicarán de manera “anónima y confidencial” los testimonios en los próximos días.  

La Diputada del Común, Dolores Padrón, también ha pedido recientemente una auditoría externa urgente, al servicio de urgencias del HUC. Su institución le dedicó un capítulo entero en su informe de 2025, y en la investigación que realizó de oficio encontró un médico residente “solo en urgencias con 30 personas en una habitación”. 

El mal funcionamiento de las urgencias en este Hospital Universitario de Canarias no es ninguna novedad. Este periódico informaba hace unas semanas de un nuevo colapso, con pacientes amontonados en los pasillos obstruyendo la salida de emergencias. 

Según la última memoria anual de la Defensora del Paciente, el HUC es el hospital con mayor número de reclamaciones de todo el archipiélago, siendo su servicio de urgencias el más denunciado de toda España. Registraron 320 quejas, de las cuales 31 fueron fallecimientos. El informe asegura que las Urgencias del HUC “perduran como un ejemplo de deshumanización y colapso absoluto”. 

Cómo empezó todo

Según varios médicos, el grave deterioro que se ha producido en los últimos dos o tres años en las Urgencias del HUC “fue a raíz de una fuga de especialistas”. Aseguran que les obligan a hacer un número de horas extraordinarias, “de 280 a 300 horas al mes”, y aunque algunos querían quedarse, terminaron marchándose a otros destinos. 

Explican que la dirección médica sólo contabiliza 140-150 horas de trabajo al mes, pero como les obligan hacer, como mínimo, media docena de guardias, las horas de trabajo reales son casi el doble.  

Diferentes médicos del HUC consultados señalan que el Director Médico, José Antonio García Dopico, está “obsesionado” con reducir el tiempo de espera en urgencias, que según dice no supera la hora, aunque los trabajadores de urgencias aseguran que algunos pacientes llegan a esperar hasta 12 y 14 horas. 

Estos trabajadores de urgencias consideran que hay otros indicadores de la calidad que son más importantes, como: las veces que vuelven a visitar al médico, los reingresos, y por supuesto, la mortalidad. 

Respuesta de la Dirección Médica del HUC

Algunos de los trabajadores de urgencias con los que ha contactado este periódico aseguran que están siendo “coaccionados” para que señalen a quien haya dado testimonio a la Asociación MIR. También han sido “amenazados” con abrirles expediente a quienes filtren información: “quien tenga algo contra los médicos no MIR que lo denuncie en Fiscalía”, aseguran que les han dicho. 

Aunque no ha querido responder a las preguntas de este periódico, desde el Hospital Universitario de Canarias han remitido un comunicado en el que aseguran que mantienen “un firme compromiso con la calidad asistencial” y con la formación especializada de los médicos residentes, desarrollando su actividad docente “conforme a la normativa vigente”.  

Afirman que en cada jornada de guardia participan, “además del equipo propio de Urgencias, un total de 67 médicos (40 especialistas y 27 MIR de otras especialidades) de las distintas áreas del hospital, que acuden al servicio para valorar y atender a los pacientes cuando es necesario, aparte de 16 especialidades más en localización”. Aseguran que en cada franja horaria, cuentan “con más de 15 médicos en el turno de mañana, 10 en el de tarde y 7 durante la noche, sin contar los residentes”. Este argumento es criticado por los médicos de urgencias, “lo importante no es cuántos profesionales hay, sino cuál es su nivel de formación y experiencia”, señalan.

Desde el HUC aseguran que “existe un protocolo de supervisión vigente aprobado por la Comisión de Docencia y una revisión de la planificación de los circuitos formativos de febrero de 2025 y actualizado en junio de 2026”. Mantienen que “en ningún caso, la responsabilidad de la actividad asistencial recae sobre los residentes”, y que esta labor la realizan los médicos adjuntos: “Ningún paciente se va de alta sin la firma del facultativo adjunto”. A lo que algunos médicos de urgencias responden que una firma “no elimina el riesgo”. 

Por último, el HUC destaca en su comunicado que el hospital mantiene una elevada capacidad de retención del talento formado en el propio centro. Y ofrecen como prueba el argumento de que “el 85% de los médicos internos residentes que han finalizado su periodo de formación este año han optado por incorporarse a la plantilla del hospital”. A lo que algún médico de urgencias responde que eso “no incluye” a los siete residentes que querían quedarse en el Servicio de Urgencias y “fueron invitados a irse al Hospital de la Candelaria”. 

Pero sobre todo, el comunicado del HUC no dice nada sobre por qué toda la dirección de Urgencias y el 75% de sus médicos no tiene el MIR, ni ninguna especialidad reconocida. Sobre este hecho no han dado ninguna explicación.

Cinco personas han resultado heridas, tres de ellas de carácter grave, en una colisión múltiple registrada este sábado en la carretera LZ-40, a su paso por el municipio de Tías, en Lanzarote, según ha informado el 112.

El accidente se produjo en torno a las 15:32 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido una alerta sobre el siniestro informándole de que dos personas habían quedado atrapadas en el interior de los vehículos y varias necesitaban de asistencia sanitaria.

Los heridos graves son tres hombres, de 30, 34 y 52 años, que presentan diversos traumatismos y han sido estabilizados por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) antes de ser trasladados al Hospital Doctor José Molina Orosa, uno de ellos en una ambulancia medicalizada y los otros dos en ambulancia de soporte vital básico.

Además, una mujer de 45 años ha sufrido un traumatismo de carácter moderado y un menor de 11 años contusiones leves. Ambos han sido trasladados al mismo centro hospitalario en ambulancia de soporte vital básico de Protección Civil.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos del SUC, bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, Protección Civil y agentes de la Guardia Civil.

Los bomberos han liberado a las personas atrapadas, han asegurado los vehículos implicados y han saneado la calzada, mientras que efectivos de Protección Civil han colaborado en el dispositivo y trasladado a dos de las personas afectadas, y la Guardia Civil se ha encargado de regular el tráfico e instruir las diligencias correspondientes. 

Un hombre de 76 años ha sido trasladado en ambulancia al hospital San Pedro de Logroño tras colisionar contra varios vehículos que estaban aparcados. El accidente ha tenido lugar en la calle Turriente de Ausejo y han sido varios particulares los que han avisado a SOS Rioja.

Dese el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado de inmediato a Guardia Civil y se han movilizado Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

El sistema sanitari públic valencià s'encamina cap a un estiu de complexitat assistencial extrema. CCOO i UGT han alertat davant del que qualifiquen com una falta crònica d'inversió en personal i retallades estructurals que amenacen amb col·lapsar els serveis d'urgències hospitalàries de tot el territori valencià. La situació es veu agreujada per dos factors concurrents: el col·lapse previ de l'Atenció Primària —que aboca els pacients a acudir als hospitals amb patologies ja agreujades— i el fet que la Conselleria de Sanitat encara no els ha facilitat els detalls del Pla de Vacances per al període estival, segons denuncien els sindicats.

L'escenari més alarmant se situa a l'Hospital Arnau de Vilanova, a València, les urgències del qual es troben al límit del col·lapse després de registrar un increment de més de 10.000 assistències anuals entre 2019 i 2025. Els professionals denuncien que calen almenys 14 metges més per a cobrir el servei de manera digna, ja que l'amuntunament de pacients als corredors i a l'àrea d'observació és una constant diària. La situació empitjorarà a l'estiu, quan un terç de la plantilla se'n vaja de vacances.

El nou pla formatiu dels MIR —que redueix les seues guàrdies obligatòries en urgències— compromet encara més la viabilitat dels torns, atés que cap facultatiu extern accepta contractes de substitució en aquestes condicions. Una asfíxia similar per volum de pacients pateix l'Hospital de Sagunt, que ha passat de 75.000 atencions en urgències el 2018 a unes 88.000 el 2025, després d'haver patit recentment la fuga de tres residents que van optar per contractes més atractius en altres departaments. A més, alerten que en aquest mateix centre hospitalari els pacients han passat d'estar tres hores en urgències a haver d'esperar-ne fins a cinc per a ser atesos.

Davant l'escassesa d'efectius a les borses d'ocupació, les direccions de diversos departaments han començat a aplicar mesures restrictives que augmenten el desgast d'un personal cada vegada més “cremat”. A l'Hospital de la Vila Joiosa (la Marina Baixa), la gerència ja ha traslladat que les lliurances i els dies de descans només es concediran si hi ha personal disponible per a la cobertura, i ha advertit que les baixes sobrevingudes podrien quedar sense cobrir.

El conflicte laboral també ha esclatat a l'Hospital de Gandia, on la direcció pretén obligar els metges a realitzar sis guàrdies al mes al·legant “necessitats del servei”, una imposició que compta amb el rebuig unànime d'un equip minvat que també pateix la manca d'infermeres i tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAE). Per la seua banda, a l'Hospital de Xàtiva, la combinació de quatre baixes mèdiques sense cobrir i les vacances preveu deixar el servei amb set metges menys a l'agost, obligant els facultatius restants a assumir més de sis guàrdies individuals en un clima d'alta ansietat.

La precarietat és igualment palpable a la província d'Alacant. A l'Hospital General d'Alacant, els facultatius critiquen que l'Administració mantinga el mateix nombre d'efectius per a l'estiu sense realitzar contractacions de reforç ni cobrir les nombroses baixes actuals. Aquesta situació contrasta amb la de l'Hospital de Torrevella, que es veu obligat a recórrer sistemàticament al pagament de guàrdies extraordinàries durant tot l'any per a poder apedaçar la manca d'estabilitat de la seua plantilla d'urgències. A l'interior, centres comarcals amb menor capacitat d'absorció de recursos, com el d'Alcoi, ja acusen la situació mitjançant el tancament físic de llits hospitalaris.

Una població que augmenta en període estival

La pressió assistencial es desplaça a l'estiu de forma massiva cap als hospitals costaners, on la població estacional es multiplica de forma exponencial. L'exemple més paradigmàtic és l'Hospital de Vinaròs, a Castelló, el departament del qual atén municipis eminentment turístics com Peníscola, que passa de 8.500 habitants a més de 100.000 en els mesos estivals. Les urgències de Vinaròs afronten aquesta onada en una situació límit: les baixes de facultatius no se substitueixen, només hi ha un metge resident assignat a les guàrdies i la direcció estudia obligar els metges internistes a assumir torns d'urgències.

Finalment, l'Hospital General de Castelló o el Consorci Hospital General de València sumen a la falta de personal el problema de les obres estructurals a les seues instal·lacions. A Castelló, la remodelació per fases de les urgències i dels parts ha obligat a desmantellar serveis sencers, com la planta de ginecologia. Des del centre castellonenc adverteixen que el ritme de treball no ha baixat des de l'hivern i que afronten un estiu “dur” en què la falta d'espai i de llits xocarà amb l'arribada massiva de turistes i la celebració de festivals multitudinaris. Davant aquesta radiografia, els sindicats exigeixen una auditoria global i la cobertura immediata del 100 % de les absències per a evitar la degradació de l'atenció sanitària.

Consultada per elDiario.es, la Conselleria de Sanitat no ha realitzat cap valoració respecte de les situacions descrites pels sindicats.

El sistema sanitario público valenciano se encamina hacia un verano de extrema complejidad asistencial. CCOO y UGT han alertado ante lo que califican como una falta crónica de inversión en personal y recortes estructurales que amenazan con colapsar los servicios de urgencias hospitalarias de todo el territorio valenciano. La situación se ve agravada por dos factores concurrentes: el colapso previo de la Atención Primaria —que aboca a los pacientes a acudir a los hospitales con patologías ya agravadas— y el hecho de que la Conselleria de Sanidad todavía no les ha facilitado los detalles del Plan de Vacaciones para el periodo estival, según denuncian los sindicatos.

El escenario más alarmante se localiza en el Hospital Arnau de Vilanova, en València, cuyas urgencias se encuentran al borde del colapso tras registrar un incremento de más de 10.000 asistencias anuales entre 2019 y 2025. Los profesionales denuncian que se precisan al menos 14 médicos más para cubrir el servicio de forma digna, ya que el hacinamiento de pacientes en pasillos y en observación es una constante diaria. La situación empeorará en verano, cuando un tercio de la plantilla se marche de vacaciones.

El nuevo plan formativo de los MIR —que reduce sus guardias obligatorias en urgencias— compromete aún más la viabilidad de los turnos, dado que ningún facultativo externo acepta contratos de sustitución en estas condiciones. Una asfixia similar por volumen de pacientes sufre el Hospital de Sagunto, que ha pasado de 75.000 atenciones en urgencias en 2018 a unas 88.000 en 2025, tras haber sufrido recientemente la fuga de tres residentes que optaron por contratos más atractivos en otros departamentos. Además, alertan que en este mismo centro hospitalario han pasado en los últimos tiempos de que los pacientes pasen tres horas en urgencias a tener que esperar hasta cinco horas para ser atendidos.

Ante la escasez de efectivos en las bolsas de empleo, las direcciones de varios departamentos han comenzado a aplicar medidas restrictivas que aumentan el desgaste de un personal cada vez más “quemado”. En el Hospital de La Vila Joiosa (la Marina Baixa), la gerencia ya ha trasladado que las libranzas y días de descanso solo se concederán si hay personal disponible para la cobertura, y han advertido de que las bajas sobrevenidas podrían quedarse sin cubrir.

El conflicto laboral también ha estallado en el Hospital de Gandia, donde la dirección pretende obligar a los médicos a realizar seis guardias al mes alegando “necesidades del servicio”, una imposición que cuenta con el rechazo unánime de un equipo mermado que también sufre la falta de enfermeras y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Por su parte, en el Hospital de Xàtiva, la combinación de cuatro bajas médicas sin cubrir y las vacaciones prevé dejar al servicio con siete médicos menos en agosto, obligando a los facultativos restantes a asumir más de seis guardias individuales en un clima de alta ansiedad.

La precariedad es igualmente palpable en la provincia de Alicante. En el Hospital General de Alicante, los facultativos critican que la Administración mantenga el mismo número de efectivos para el verano sin realizar contrataciones de refuerzo ni cubrir las numerosas bajas actuales. Esta situación contrasta con la del Hospital de Torrevieja, que se ve obligado a recurrir sistemáticamente al pago de guardias extraordinarias durante todo el año para poder parchear la falta de estabilidad de su plantilla de urgencias. En el interior, centros comarcales con menor capacidad de absorción de recursos, como el de Alcoi, ya acusan la situación mediante el cierre físico de camas hospitalarias.

Una población que aumenta en periodo estival

La presión asistencial se desplaza en verano de forma masiva hacia los hospitales costeros, donde la población estacional se multiplica de forma exponencial. El ejemplo más paradigmático es el Hospital de Vinaròs, en Castellón, cuyo departamento atiende a municipios eminentemente turísticos como Peñíscola, que pasa de 8.500 habitantes a más de 100.000 en los meses estivales. Las urgencias de Vinaròs afrontan esta oleada en una situación límite: las bajas de facultativos no se sustituyen, solo hay un médico residente asignado a las guardias y la dirección baraja obligar a los médicos internistas a asumir turnos de urgencias.

Finalmente, el Hospital General de Castellón o el Consorcio Hospital General de València suman a la falta de personal el problema de las obras estructurales en sus instalaciones. En Castellón, la remodelación por fases de las urgencias y los paritorios ha obligado a desmantelar servicios enteros, como la planta de ginecología. Desde el centro castellonense advierten que el ritmo de trabajo no ha bajado desde el invierno y que afrontan un verano “duro” donde la escasez de espacio y de camas chocará con la llegada masiva de turistas y la celebración de festivales multitudinarios. Ante esta radiografía, los sindicatos exigen una auditoría global y la cobertura inmediata del 100% de las ausencias para evitar la degradación de la atención sanitaria.

Consultada por elDiario.es, la Conselleria de Sanidad no ha realizado ninguna valoración al respecto de las situaciones descritas por los sindicatos.

El de urgencias es uno de los servicios sanitarios más saturados de nuestro sistema de salud, cualquiera que haya pasado por una de sus salas de espera, a veces con retrasos de más de cuatro horas, puede dar fé de ello. La clave para no contribuir a esta experiencia frustrante de colapso está en una pregunta bastante personal: ¿Tengo realmente una urgencia? 

“Los pacientes van a urgencias porque tienen una necesidad subjetiva y consideran que están mal, pero si atendemos por orden de llegada podemos estar demorando la atención de alguien que realmente necesita prioridad frente a otras personas. Ahí es donde entra en juego el profesional de enfermería que hace el triaje en los hospitales de forma objetiva”, explica Sara Romalde, enfermera de urgencias en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).  

Para llevar a cabo este orden de prioridad, los hospitales utilizan programas estandarizados de triaje: “Nosotros usamos el sistema Manchester, que diría que es el más conocido a nivel global y está en continua revisión, obviamente puede tener fallas y tiene una parte subjetiva de valoración que depende del ojo clínico del que tría, pero en general es una herramienta que sigue unos criterios objetivos”. Otro de los más implantados en nuestro país es el Sistema Español de Triaje (SET).

Cuando un paciente llega al triaje, los profesionales de enfermería van pasando una serie de pantallas en el programa en función a los síntomas que presente. “Siempre vamos de más a menos: si te quedas en la primera ventana tu prioridad va a ser más alta, pero si no cumples ninguno de los requisitos, pasarás a la siguiente ventana, que es la siguiente prioridad”, señala la enfermera, que detalla que hay un código de cinco colores para determinar los niveles de espera.

“Empiezas por la prioridad roja, que quiere decir que tu atención tiene que ser inmediata, tanto por parte del equipo de enfermería como el médico”, informa Romalde, que pone como ejemplo de ese riesgo vital inminente la parada cardiorrespiratoria. A continuación, la prioridad naranja “indica que tienes que ser atendido en menos de 10 o 15 minutos, porque el tiempo puede ser vital”, describe, como por ejemplo “con un dolor torácico típico hay que hacer un electrocardiograma para ver el corazón y ver si hay o no un infarto”.

En el siguiente nivel, el amarillo, se incluirían síntomas “más o menos soportables, como sería un dolor en una fosa renal tipo cólico” o dolores similares que probablemente necesiten analgesia y que “pueden esperar hasta una hora”, aclara la profesional, que añade otros ejemplos como un síndrome confusional en una persona mayor o sangre en heces.

Después estaría la prioridad verde que la enfermera explica que se adjudica a pacientes que “pueden esperar hasta 120 minutos, por ejemplo un problema que tenga siete días de evolución y que no sea muy agudo, como dolores de espalda, problemas de extremidades y demás dolores crónicos que ya están a tratamiento y no mejoran”. Para estos casos de ajuste de medicación a patologías crónicas la enfermera recomienda acudir a la atención primaria. Por último, la prioridad azul se considera “un problema no urgente que puede esperar hasta 240 minutos, aunque en la práctica es gente que no tendría que estar en el servicio de urgencias.

“El dolor también es un discriminador muy común, de lo más difícil de valorar en triaje porque es más subjetivo, pero hay varios signos y escalas que nos ayudan a evaluar la tolerancia al dolor”, afirma Romalde. 

Muchas veces se pasa por alto que los centros de salud también disponen de urgencias de atención primaria y Puntos de Atención Continuada (PAC) que funcionan 24 horas. Estos centros, donde el tiempo de espera suele ser menor, pueden resolver patologías agudas como una fiebre que nos impide ir a trabajar o una pequeña lesión que necesita una radiografía. 

“Urgencias no es el lugar para hacer estudios en profundidad, sino de resolver problemas agudos y que puedan suponer un riesgo vital si no son tratados, las enfermedades se estudian generalmente en primaria. Nosotros actuamos en situaciones de riesgo inminente”, apunta Romalde, que subraya que son los médicos de familia quienes mejor conocen a los pacientes y tienen más llaves para abrir otros procesos. Por eso, un paciente con cáncer puede tener un diagnóstico muy malo, pero si su situación clínica es estable en ese momento, su prioridad de atención será menor que la de alguien con un riesgo inminente.

“Tenemos un sistema de salud muy bueno, universal y gratuito, y la población no tiene la culpa de que no esté bien dimensionado, pero tampoco debe abusar de ello... Es responsabilidad de todos colaborar para cuidarlo para no acabar como en otros sistemas de salud en lo que solo pueden acceder quienes se lo pueden permitir”, comentan desde su equipo.

Acudir primero al médico de cabecera no solo aligera la presión en urgencias, sino que supone una atención más integral y personal. Sin embargo, el mal uso del servicio solo es uno de los muchos factores que saturan el sistema, según la enfermera: “Está el factor de que tenemos una población muy envejecida, que demanda más atención porque tiene más complicaciones y pluripatología; también el deterioro de la atención primaria de un tiempo a esta parte, que es el primer filtro de la población para no acudir a urgencias; por otra parte, el deterioro de la atención especializada, con pruebas que tardan entre seis meses y un año mientras los síntomas del paciente van empeorando... Al final acabas yendo a urgencias por miedo, porque te encuentras mal o porque realmente estás empeorando sin tener un diagnóstico”. 

Por otro lado, Romalde destaca algunos fenómenos llamativos: “Durante los partidos de fútbol y eventos deportivos, sobre todo si son finales importantes, las urgencias están vacías, y antes de una operación salida las urgencias se llenan de niños. Eso es indicativo de cómo la gente usa mal el sistema”. Aunque, por supuesto, insiste en que también atienden verdaderas urgencias y anima a acudir al servicio ante síntomas neurológicos, como desorientación o amnesia, visión borrosa sostenida, pérdida de fuerza o dolores insoportables o una fiebre de origen desconocido que no remite. “En definitiva, todo lo que seamos capaces de manejar correctamente, primero, en casa y, después, en atención primaria.

“Uno de los motivos de consulta más frecuente que vemos es la disnea o dificultad respiratoria grave, que aumenta muchísimo el volumen de pacientes en invierno, y ante eso recomendaría vacunarse, porque vacunar salva vidas”, concluye Romalde.

La Diputación del Común recoge en su informe de 2025 “la oposición expresa” del actual director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, a que una delegación de esta institución inspeccionase sin previo aviso las urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Por entonces, Goya era gerente del HUC y la inspección no anunciada, que se produjo el 22 de junio de 2025, a las 19.00 horas, “se vio obstaculizada por la oposición expresa del gerente, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común”.

No obstante, mientras la jefa de día de las urgencias del HUC consultaba a sus superiores, la delegación de la Diputación del Común pudo observar parcialmente el funcionamiento del servicio y constatar, entre otras cuestiones, la existencia de camas ubicadas en los pasillos.

El informe de la Diputación del Común detalla que durante la visita se entregó al centro el formulario oficial de recogida de datos a efectos de su cumplimentación y posterior remisión.

También indica que, dado el “carácter obstruccionista de la actuación del gerente”, el mismo 22 de junio de 2025 se formuló denuncia ante la Consejería de Sanidad y ante la Secretaría General Técnica, mediante comunicación electrónica, sin que conste respuesta.

La institución de defensa de la ciudadanía canaria hace mención expresa a que el gerente del HUC fue cesado el mismo día en que la Diputada del Común se disponía a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal su “conducta obstructiva”.

El 29 de julio de 2025, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el nombramiento de Adasat Goya como director del Servicio Canario de la Salud en sustitución de Carlos Díaz.

En aquella primera visita no anunciada se constataron diversas “incidencias relevantes”, entre ellas la presencia de pacientes en camillas ubicadas en pasillos, incluidos pacientes de edad avanzada, algunos de ellos sin vigilancia directa.

También, familiares denunciaron tiempos de espera muy prolongados, que en determinados casos superaban las 24 horas sin recibir información; saturación de áreas asistenciales como triaje, observación y pasillos; obstáculos materiales en zonas de tránsito y evacuación susceptibles de comprometer la seguridad.

Así como la imposibilidad de registrar reclamaciones en el propio servicio, al limitarse la Oficina de Atención al Usuario a la entrega de impresos sin permitir su formalización presencial.

Posteriormente, el 6 de agosto de 2025, la Diputación del Común realizó otra visita sin avisar y en la comparación entre ambas se pudo constatar “una reducción visible” del número de camillas con pacientes en pasillos y la persistencia de tiempos de espera excesivos, según el testimonio coincidente de familiares.

También persistían en esa segunda visita las dificultades de acceso a información objetiva del servicio en tiempo real, riesgos u obstáculos en zonas de evacuación, y una presión asistencial sostenida en observación, tránsito y áreas relacionadas.

En una tercera visita, el 25 de noviembre de 2025, se identificaron “avances organizativos y estructurales”, como la implantación del circuito diferenciado para familiares, la consolidación de la sala de sillones, la creación en curso de una sala específica de trauma y la referencia a la puesta en funcionamiento del nuevo bloque quirúrgico.

Asimismo, “se observó una mayor colaboración institucional por parte de la dirección médica y la gerencia” del HUC, enfatiza la Diputación del Común.

No obstante, seguía habiendo una “presencia significativa” de pacientes en camillas en los pasillos y la coexistencia de pacientes ubicados en pasillos habiendo camillas y camas disponibles sin uso, “lo que apunta a dificultades en los procesos de valoración clínica o de gestión interna del flujo asistencial”.

Relato de pacientes y familiares

En el marco de la investigación desarrollada por la Diputación del Común se han incorporado al expediente diversos testimonios de personas usuarias, como la de la hija de una paciente de 92 años diagnosticada de Alzheimer y con dependencia reconocida de grado III, quien ingresó en urgencias tras sufrir una caída con fractura de cadera y traumatismo craneoencefálico.

Permaneció varios días en una camilla y en ayunas de forma reiterada, sin que finalmente se realizara la intervención inicialmente prevista.

Otros testimonios relatan estancias prolongadas de varios días en los pasillos de urgencias, permaneciendo en sillones, sin acceso a cama ni traslado a planta durante periodos prolongados.

Estas personas describen un entorno caracterizado por hacinamiento, con pacientes ubicados muy próximos entre sí, ausencia de intimidad, iluminación constante y ventilación limitada, así como demoras en la valoración médica y explicaciones contradictorias sobre los tiempos de espera.

Refieren igualmente dificultades para recibir agua, mantas y otros elementos básicos, así como problemas reiterados para el aseo personal, pese a la duración de la estancia.

Los testimonios coinciden en señalar deficiencias en las condiciones de higiene y limpieza, incluyendo incidencias en el uso de los baños, presencia de suciedad y residuos, así como situaciones que afectan a la confidencialidad de la información sanitaria, al escucharse datos clínicos en voz alta en espacios compartidos.

Dentro de estos relatos, se pone de manifiesto la especial vulnerabilidad de las personas mayores, dependientes o sin acompañamiento, describiéndose situaciones en las que otros pacientes asumían tareas básicas de apoyo, como facilitar mantas, avisar sobre el uso del baño o prestar ayuda para la movilidad, generándose una solidaridad entre pacientes que suplía, según relatan, la insuficiencia de recursos.

De forma transversal a todos los testimonios, las personas usuarias expresan un impacto emocional significativo, caracterizado por sentimientos de angustia, desesperación, humillación y pérdida de dignidad, así como una percepción compartida de que estas condiciones de permanencia prolongada en Urgencias se dan por normalizadas.

En la presentación del informe de 2025 el pasado viernes en comisión parlamentaria, la Diputada del Común, Dolores Padrón, solicitó una auditoría externa independiente sobre el funcionamiento de las urgencias del HUC, el hospital de España con más reclamaciones relacionadas con este servicio, según el Defensor del Paciente.

Asimismo, La Diputación urge a “la ejecución real, efectiva, completa y verificable” del Plan de Urgencias aprobado en 2017 (PLUSCAN), evitando que continúe operando como “un instrumento meramente programático o declarativo”.

Entre sus propuestas, sugiere el refuerzo “de manera decidida” el papel del Hospital del Norte como elemento estructural del sistema sanitario insular, garantizando su utilización efectiva como recurso preferente para la atención de patologías de baja y media complejidad.

De estibador en el puerto a director del SCS

Adasat Goya, actual director del Servicio Canario de la Salud y exgerente del HUC, es estibador portuario sin formación sanitaria y percibe un sueldo de 111.649 euros, 38.000 más que su antecesor en el cargo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional mantiene desde marzo en suspenso el blindaje salarial que el Gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) coló en los presupuestos autonómicos de 2025 para permitir que los altos cargos sanitarios pudieran mantener las retribuciones que percibían en el sector privado. Dos fueron los gerentes beneficiados de esa reforma; uno de ellos, Adasat Goya.

Goya no tenía formación ni experiencia alguna en el ámbito sanitario cuando fue nombrado gerente del Hospital Universitario de Canarias (HUC) en agosto de 2023. El actual director del SCS es economista y hasta ese verano había trabajado como estibador –de 2006 a 2016– y como coordinador de una terminal de contenedores en Santa Cruz de Tenerife. Además, fue concejal de CC durante 16 años, con responsabilidades de Gobierno, en El Sauzal.

A pesar de que durante la campaña electoral había prometido profesionalizar la gestión sanitaria, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, de su mismo partido, confió en él para darle las riendas de uno de los cuatro grandes hospitales del Archipiélago, el de referencia para la población del norte de Tenerife y la isla de La Palma.

Cuando Goya accedió al cargo, la retribución fija de un gerente de hospital de máxima categoría en las Islas rondaba los 68.000 euros anuales, entre el sueldo base, el complemento de destino y un complemento específico por puesto de trabajo. A esa cantidad habría que sumarle los incentivos por objetivos (unos 14.400 euros anuales en caso de que se alcanzase el 100%) y otro plus de productividad variable que retribuye a los gerentes por “el ejercicio efectivo de la actividad y funciones directivas fuera de la jornada ordinaria de trabajo durante, al menos, 40 horas dentro de cada mes natural”.

Goya solo se formó en gestión sanitaria después de acceder al cargo. Entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, el entonces aún gerente del HUC realizó un programa de alta dirección en salud de la Fundación San Telmo, un título propio de la universidad privada de Villanueva dirigida a profesionales que pretendan desarrollar “habilidades de liderazgo y de gestión” en este sector.

La Diputación del Común sugiere la realización de una auditoría externa sobre la situación del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, que fue objeto de una investigación de oficio por parte de esta institución en 2025.

El HUC “necesita una auditoría ya”, ha proclamado la Diputada del Común, Dolores Padrón, en la presentación en comisión parlamentaria del informe de la institución correspondiente al pasado ejercicio.

Cree que la de este hospital en Tenerife es “el reflejo de la situación que pueden tener todas las urgencias” en Canarias por la obsolescencia del modelo y porque la falta de personal “es evidente”, al punto de haberse encontrado en esa investigación de oficio con un médico residente “solo en urgencias con 30 personas en una habitación”.

Padrón ha insistido en que se debe mejorar “todo el sistema de urgencias en Canarias”, y ha señalado que le “rechina” cuando se alude a los pacientes con alta que ocupan una cama hospitalaria por falta de plazas sociosanitarias “para justificar que las urgencias están colapsadas”.

Más allá de la sanidad, el informe de la Diputación del Común de 2025 pone el acento en los menores, y de hecho incluye un apartado específico sobre acoso en las aulas, y en la dificultad en el acceso a la vivienda.

“Lo más preocupante” de la fotografía que hace este informe sobre la realidad socioeconómica de Canarias que todos los grupos del Parlamento, sin excepción, han reconocido como fiel y certera, está en la situación de los menores y los adolescentes.

Dolores Padrón ha advertido de que “quizá” el porcentaje de pobreza y riesgo de exclusión social que señalan las estadísticas, cercano al 40%, es mayor, ya que no se cuenta a los que están en centros de acogida.

Ha urgido a actualizar los instrumentos normativos -Canarias lleva 25 años sin un nuevo plan integral de protección de menores- y a aprovechar el pacto canario por la infancia para que todas las áreas, Educación, Sanidad, Servicios Sociales y otras, “puedan relacionarse y construir juntas en base a su experiencia”.

En definitiva, lo que plantea es “montar una estructura diferente porque la actual no responde”, pues existe “un problema de fondo”, ya que hay protocolos pero “las respuestas no llegan siempre a la velocidad que los menores necesitan”; falta personal especializado y hay dificultades en el acogimiento y la adopción.

La Diputación del Común propone una “atención temprana real” de 0 a 6 años, así como reforzar las escuelas infantiles y la conciliación, y avanzar hacia el objetivo del 5% del PIB regional en Educación fijado por ley.

Padrón se ha dirigido a los diputados que conforman la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia y les ha pedido “que se apliquen con la infancia” porque “es un problema donde se nos va el futuro”.

Ha insistido en que los menores, y también los mayores, deben ser una prioridad en la agenda política de todas las administraciones, porque además siempre acaban repercutiendo en las mujeres: seis de cada diez quejas recibidas en 2025 por la institución las interpusieron ellas.

Es el caso, por ejemplo, de uno de los grandes problemas que refleja el informe del año pasado, el acceso a la vivienda, donde las mujeres acapararon el 68% de las quejas, bien de familias monomarentales, con dificultades económicas o víctimas de violencia machista.

Las quejas relacionadas con derechos sociales aumentaron el año pasado un 7,36% y dentro de éstas, las relativas a la renta canaria representaron el 67%.

Padrón ha analizado que en estos momentos el sistema de derechos sociales “se sostiene en gran media” gracias a los “esfuerzos invisibles” de las familias y del llamado tercer sector, y ha reconocido que en materia de dependencia ha habido avances en la tramitación de los planes individualizados (PIA), y que ahora hay que mejorar en la prestación efectiva de la ayuda.

Pero sucede que cuando no existe ese respaldo familiar y la persona que necesita ayuda se encuentra con el silencio administrativo, tiene que lidiar sola con la pobreza o con una situación de dependencia, lo cual provoca “un colapso vital”.

Dolores Padrón ha hecho hincapié en el déficit de personal en la administración, no solo en Servicios Sociales, sino también en el Instituto Canario de la Vivienda, en Menores e Infancia, e incluso en la propia Diputación del Común.

Porque “cuando la administración no responde, la cohesión social se resiente”, ha sentenciado.

El informe de 2025 recoge más de 29.000 actuaciones y 3.572 quejas tramitadas, de las cuales el 70% tuvieron una resolución favorable para el ciudadano.

Una de las novedades del informe es que más allá del recuento de quejas, realiza un análisis cualitativo de los problemas que subyacen y que perduran con el paso de los años.

Otra es que ahonda en la mediación en materia de discapacidad y dependencia, que acaparan más de un tercio de toda la actividad de la institución.

Asimismo, refleja la consolidación de la llamada 'Escuela de ciudadanía' y el convenio con la Real Academia Española para eliminar “barreras terminológicas”.

Personas enfermas en los pasillos, arrinconadas contra la pared, escondidas por una cortina, sin luz natural ni ventilación. Es una muestra del colapso del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC). 

Muy cerca hay más pacientes, sentados en sillones llegan a esperar “hasta tres días” a que les suban a planta. El pasillo de evacuación también está abarrotado por más enfermos en camilla. El personal de Urgencias lo llama la “zona cero”. Es la salida de emergencia que se habilita de forma recurrente, pese a estar prohibido. Así dibujan algunos trabajadores del Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, la situación actual de su servicio de Urgencias.

En las Urgencias se acumulan personas que están esperando a ser vistas y valoradas por un médico, pero también hay enfermos que esperan a les den cama en una habitación del hospital o a ser derivados a la concertada, y a veces son pacientes que tienen el alta médica administrativa y que están a la espera de un centro sociosanitario, son personas sin hogar, explican distintos médicos.  

A pesar de esta realidad que describen los sanitarios y las imágenes a las que ha tenido acceso este periódico y que corresponden a este mismo miércoles, desde el HUC aseguran que la situación es de “normalidad”. Aseguran que “todas las zonas están habilitadas, y hay pacientes que esperan diagnóstico y otros tratamiento con normalidad”. Desde el hospital insisten en que “la situación de las Urgencias es muy dinámica y hay días de mayor afluencia de pacientes pero la espera para ser atendido está en la media”. Asimismo, apuntan que los “tiempos de espera son normales” y que el pasillo de emergencia “no está ocupado”.

“Si eso es normalidad, tener a personas mayores en la entrada de urgencias y en fila detrás de una cortina, eso es normalizar el maltrato al paciente, y es terrible”, señalan trabajadores del HUC.

Cati Darias, de Intersindical Canaria, confirma esta realidad y va más allá. “Las camillas son elementos de traslado de pacientes, no son elementos para que los pacientes estén. Ya el hecho de que estés en una camilla y no en una cama es una anomalía”, y señala que, cuando tampoco hay camillas disponibles, el personal ofrece a los enfermos un sillón. “Si tardan tres días en darle una cama de hospitalización, pasará los tres días en ese sillón. Eso es habitual”, lamenta.

Hasta 17 pacientes en camillas de pasillo

Fuentes del hospital consultadas por este periódico contabilizan hasta 17 el número de pacientes que han permanecido esta semana en camillas repartidas por los distintos pasillos del servicio de urgencias.  “Ahí puede perfectamente haber 8, 10, 12, dependiendo de lo saturada que esté Urgencia. No es un problema, y en eso quiero insistir, exclusivamente del HUC. Esa foto es del HUC, pero no es un problema exclusivamente de este hospital. En otros hospitales se habilitan salas de espera, o se habilitan aulas de formación para albergar pacientes”, explica Cati Darias, coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canarias.

Desde Intersindical Canaria, recalcan que “a esta situación de falta de infraestructura, y de colapso, y de ocultar a los pacientes, y de no darles un lugar digno, o procurar su intimidad instalando una cortina que parece hasta una cuestión burlesca, a esto ahora hay que añadir que están aplicando férreos recortes en la contratación de personal”.

En cuanto a la seguridad, la sindicalista advierte de que el hacinamiento en los pasillos dificulta incluso la movilidad del personal para prestar cuidados básicos de enfermería, y que una eventual evacuación de emergencia resultaría “altisimamente complicada”.

La zona cero: una salida de emergencias convertida en sala de espera

El caso de la llamada zona cero merece especial atención. Se trata, según Darias, de un pasillo que separa el área de la UCI y Radiología de la zona de urgencias, y que está catalogado como vía de evacuación del hospital. “Fue objeto de denuncia de la Inspección de Trabajo por parte de Intersindical Canaria, a lo que hubo un requerimiento para que en el plazo máximo de seis meses se realizaran las obras necesarias para que no se ubicaran camillas en esa zona. Y es algo que, de manera reiterada, vuelve a suceder”, denuncia la coordinadora.

Fuentes internas confirman que actualmente la zona se abre y cierra en días alternos según la presión asistencial, con un enfermero atendiendo desde una mesa con ordenador en mitad del corredor de emergencias.

“Es totalmente ilegal y peligroso para el tránsito de más camillas y ya fue clausurada en una ocasión por la Inspección de Trabajo”, asegura Cati Darias, coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canarias.

Recortes de personal sobre un sistema ya al límite

El colapso estructural se agrava, según los trabajadores, por una política activa de reducción de contrataciones. “Esta Consejería de Sanidad maltrata a sus trabajadores, pero además hace un maltrato de la ciudadanía”, afirma Darias, quien alerta de que, si no se revierte la situación antes del verano, se cerrarán agendas completas de especialidades. 

Desde Intersindical Canarias recuerdan que la comunidad ya parte de los ratios de personal sanitario más bajos de todo el Estado en relación con la población atendida, y que la población en las islas ha crecido en 600.000 habitantes en los últimos años sin que se haya creado “ni una sola cama de hospitalización” en ese mismo período. “Si no adecuamos los recursos sanitarios a este incremento poblacional brutal, nos vamos a encontrar estas situaciones en urgencias, en atención primaria y en las listas de espera”, advierte Darias.

El HUC, el hospital con más denuncias de Canarias

Según la última memoria anual de la Defensora del Paciente, el HUC es el hospital con mayor número de reclamaciones de todo el archipiélago, siendo su servicio de urgencias el más denunciado de todo el país. Darias no pone en duda ese dato, pero apunta que los tiempos de espera, “aunque han mejorado levemente, sobrepasan todas las indicaciones de las sociedades científicas”.

Fuentes internas del hospital reconocen que las quejas de los pacientes son menos de las que deberían ser. “Al final están tan cansados que una vez que suben a planta o se ponen bien, lo único que quieren es irse a casa”, explica.

Intersindical Canarias reconoce que los datos del hospital tinerfeño son los peores del sistema, y que la situación se replica en mayor o menor medida en los cuatro hospitales de tercer nivel del archipiélago y en los centros de las islas no capitalinas.

 El Sindicato de Enfermería, SATSE Albacete, vuelve a denunciar la saturación del servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), una situación crónica que, lejos de resolverse, continúa agravándose y comprometiendo la seguridad de pacientes y profesionales.

SATSE señala que este pasado martes, 26 de mayo, se registró una gran afluencia de pacientes, provocando la saturación total del servicio y de todos los dispositivos asociados, incluido el Servicio de Apoyo a Urgencias (SAU).

“Una situación que se mantiene hoy puesto que en las Urgencias permanecían 34 pacientes pendientes de una cama para ingresar, lo que evidencia la saturación que soporta el servicio sin que se dé una respuesta adecuada”, señala el sindicato.

Un servicio “sobrecargado” con “condiciones inadecuadas”

Desde SATSE se recuerda que esta situación “no es puntual”, sino que es “consecuencia de años de falta de planificación y de no adoptar medidas eficaces”, lo que ha convertido a Urgencias en “un servicio permanentemente sobrecargado”, en el que se atiende simultáneamente la actividad urgente y pacientes pendientes de ingreso, en “condiciones inadecuadas”.

Se pone de manifiesto que la incidencia de las enfermedades respiratorias no es la causa de la saturación de este servicio, como argumenta la Gerencia en los meses de invierno, sino que evidencia la falta de planificación y previsión

SATSE señala que esta acumulación de pacientes “es una constante” que “obliga a Urgencias a funcionar como una planta de hospitalización improvisada, con los riesgos que ello implica”.

Desde SATSE se hace hincapié en el hecho de que “la situación que se vive en estos momentos pone de manifiesto que la incidencia de las enfermedades respiratorias no es la causa de la saturación de este servicio, como argumenta la Gerencia en los meses de invierno, sino que evidencia la falta de planificación y previsión.”

SATSE advierte de que esta presión asistencial continuada repercute directamente en la calidad de los cuidados, la seguridad del paciente y la salud de los profesionales, que trabajan en un entorno de sobrecarga, estrés y falta de recursos.

Por todo ello, el Sindicato de Enfermería exige la adopción de medidas estructurales urgentes y reales, entre ellas el incremento de las plantillas de enfermería, una mejor organización de los recursos y la puesta en marcha de protocolos claros y un plan eficaz que ponga fin a una situación que resulta insostenible.

“En mi vida he pasado tanto miedo por la sensación de peligro”. Es el testimonio de un celador que trabaja en el Hospital San Pedro de Logroño que ha relatado a CCOO lo que considera “un episodio de extrema gravedad”. Un paciente, “en estado de agitación estuvo a punto de agredir a un celador, a varios técnicos de ambulancia y a más personal sanitario”. El paciente, “trató de agredir a los profesionales utilizando el cinturón de una camilla, de hecho golpeó con la hebilla los cristales de los boxes donde se encontraban más pacientes en situación crítica”.

Y ante hechos de estas características, CCOO La Rioja muestra su preocupación porque “además de las denuncias constantes denuncias del personal de Urgencias se une ahora las inseguras condiciones laborales en las que operan cada día”. Y es que denuncian que se ha cerrado una de las vías de salida con motivo de las obras que se están realizando en Radiología. Un cierre que alertan “reduce drásticamente las opciones de evacuación y convierte el área en una zona de alto riesgo en caso de emergencia”.

Además, añaden la deficiente cobertura de las cámaras de seguridad. “La ubicación de estas cámaras no permite controlar adecuadamente todas las zonas de Urgencias de forma que zonas especialmente sensibles como el pasillo de la zona de psiquiatría no está suficientemente vigilado por lo que el riesgo para pacientes y profesionales aumenta”.

CCOO La Rioja insiste en que “celadores y celadoras, como personal de primera acogida de pacientes, desempeñan una labor esencial en condiciones de continuo riesgo. Bien sea por exposición a riesgos biológicos, por la falta de personal o por situaciones de violencia como la que denunciamos, su seguridad no está garantizada”

Por todo ello consideran “inadmisible en un servicio ya de por sí peligroso, se agraven las condiciones de seguridad con decisiones como el cierre de una de las salidas por las obras de Radiología de Urgencias, unido además a la evidente carencia de personal de seguridad y a un sistema de videovigilancia claramente insuficiente”.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha asistido a un paciente que presentaba una complicación quirúrgica grave, trasladándolo desde Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), y la capital grancanaria.

Esta asistencia se produjo gracias a la colaboración de un “primer interviniente” que se percató de que el hombre, que se encontraba sentado en un banco junto a la zona de aparcamientos de un centro comercial en Playa del Inglés, estaba indispuesto, por lo que le ofreció su ayuda, según ha informado el SUC.

Seguidamente, al comprobar que el hombre presentaba una herida quirúrgica abierta, contactó con el Servicio de Urgencias Canario y siguió las indicaciones que el enfermero coordinador desde la sala de emergencias le facilitó, mientras los recursos sanitarios se desplazaban al lugar.

Subrayan que en estos casos es importante mantener al paciente inmóvil hasta que llegue la ayuda sanitaria profesional, instrucciones que el enfermero del SUC ofreció al alertante.

Además, ante la gravedad de la situación clínica del paciente, el coordinador sanitario activó dos ambulancias, una de ellas de soporte vital avanzado, y movilizó un helicóptero medicalizado para agilizar el traslado del paciente al centro hospitalario.

Una vez llegaron las dos ambulancias al lugar del incidente, iniciaron la asistencia sanitaria y estabilizaron al paciente hasta la llegada del recurso aéreo que tomó tierra en la zona de aparcamientos gracias a la colaboración de los bomberos de San Bartolomé de Tirajana y los agentes de la Policía Local del municipio.

La dotación sanitaria del helicóptero --médico y enfermero-- junto a los otros profesionales de las dos ambulancias del SUC hicieron la transferencia del paciente hasta la aeronave, que realizó el traslado hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Paralelamente, desde la sala de coordinación, se alertó al hospital sobre la llegada de este paciente, que precisaba asistencia quirúrgica urgente y así facilitar su acceso inmediato a quirófano.

La Gerencia de Atención Integrada de Talavera, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha activado un plan de contingencia temporal en el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado con el objetivo de garantizar en todo momento la continuidad asistencial y la adecuada atención a los pacientes.

La adopción de estas medidas responde a la acumulación de bajas registradas entre facultativos del Servicio de Urgencias durante los últimos días, y coincide además con la celebración en la ciudad de las Fiestas de San Isidro, que visita un elevado número de personas.

La situación que ha obligado a reorganizar de manera temporal la actividad asistencial ante la proximidad, precisamente, de este periodo festivo. Fuentes sindicales consultadas apuntan a que habría hasta nueve facultativos de baja laboral, un tercio del total, y el SESCAM confirma el dato. La plantilla de este servicio ronda la treintena.

Para asegurar la atención sanitaria, la Gerencia ha puesto en marcha distintas medidas organizativas coordinadas con la Dirección General de Asistencia Sanitaria, la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) y otros dispositivos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Se han reorganizado recursos de Primaria para apoyar al hospital

Entre las actuaciones adoptadas se encuentra el refuerzo de la atención urgente desde distintos servicios hospitalarios con actividad continuada, así como la reorganización de recursos asistenciales de Atención Primaria para apoyar la actividad del Servicio de Urgencias Hospitalarias.

Asimismo, y siempre bajo criterio clínico y coordinación de los profesionales de emergencias, determinados casos procedentes de zonas limítrofes podrán ser derivados puntualmente a otros centros hospitalarios de la red pública sanitaria regional.

La Gerencia de Atención Integrada de Talavera quiere trasladar un mensaje de “tranquilidad” a la ciudadanía y agradecer “el esfuerzo, compromiso y colaboración de todos los profesionales que están contribuyendo a mantener la actividad asistencial y la atención sanitaria durante estos días”.

La situación será evaluada de manera permanente con el fin de adaptar las medidas organizativas en función de las necesidades asistenciales y garantizar la mejor atención posible a los pacientes.