Las urgencias hospitalarias de las ocho áreas de salud de Extremadura cuentan con 107 profesionales asistenciales más que en 2023 y han recibido casi dos millones de euros en reformas y nuevos equipamientos tecnológicos. Este es el balance de gestión que ha defendido la directora gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Encarnación Solís, durante la Comisión de Salud en la Asamblea de Extremadura. Sin embargo, los grupos de la oposición han dibujado un escenario contrapuesto de colapso y saturación en los centros de la región, advirtiendo de que las plantillas están “al límite” y haciéndose eco del descontento de los profesionales: “A veces salimos llorando de trabajar”.

La comparecencia parlamentaria ha evidenciado el abismo entre la versión del Gobierno de María Guardiola y la realidad que denuncian los sanitarios. Frente a la acusación de la oposición de restar gravedad a la situación, la máxima responsable del SES ha afeado al PSOE y a Unidas por Extremadura que utilicen “incidencias concretas” para “mantener permanentemente abierta una polémica sobre las urgencias” y proyectar una imagen que, a su juicio, “no se corresponde con la realidad” del sistema sanitario regional.

Testimonios al límite y dimisiones en Cáceres

El foco del debate parlamentario se ha situado de forma prioritaria en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. La diputada socialista Isabel Gil Rosiña ha denunciado que la plantilla médica del hospital cacereño sigue desbordada un mes después de que el Colegio Oficial de Médicos de Cáceres trasladara formalmente su preocupación al ejecutivo autonómico. Según el PSOE, los trabajadores se sienten “engañados” porque continúan sin cubrirse las ausencias y no han llegado los cuatro médicos comprometidos por la administración.

Rosiña ha advertido de que la falta de estabilidad en los equipos repercute de forma directa en la atención al paciente: la contratación de facultativos solo para guardias rompe la continuidad asistencial y aplaza decisiones críticas en la UCI (como la retirada de sedación o extubaciones) hasta que regresa el equipo habitual, lo que incrementa el tiempo de estancia hospitalaria y la carga de trabajo.

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, ha calificado la crisis de las urgencias como “el síntoma de un fallo estructural del sistema” y ha recordado la dimisión este verano de la coordinadora de Urgencias y del responsable de los MIR en el área de Cáceres. González Frutos ha criticado que la Junta responda parcheando el servicio con “guardias voluntarias de residentes” y la externalización de turnos en la UCI, instando al SES a “dejar de jugar con las palabras” y asumir responsabilidades ante un personal que “ya no puede más”.

Desglose por áreas: 107 contrataciones y dos millones de inversión

Para rebatir las críticas, la gerencia del SES ha detallado el reparto de las 107 contrataciones realizadas desde 2023 -46 médicos, 36 enfermeros y 25 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE)— entre todas las áreas de la región.

El área de Badajoz encabeza los refuerzos con 25 profesionales asistenciales más, seguida de Llerena-Zafra con 21 incorporaciones y Cáceres con 19, donde el Hospital San Pedro de Alcántara ha pasado de dos a tres médicos de guardia. Asimismo, Plasencia suma 16 sanitarios más; Mérida añade nueve profesionales y eleva su plantilla médica de 32 a 39 facultativos (un crecimiento próximo al 22%); Don Benito-Villanueva incorpora a siete; Coria suma seis; y las urgencias de Navalmoral de la Mata ganan cuatro médicos, pasando su plantilla facultativa de nueve a 13 profesionales, lo que representa un incremento del 44%.

Junto al incremento de personal, Solís ha detallado una inversión de 621.000 euros en obras de acondicionamiento de salas de espera, áreas de observación, zonas de triaje, salas de curas y circuitos asistenciales, a los que se añaden 1,37 millones de euros en equipamiento tecnológico (ecógrafos, respiradores, desfibriladores y electrocardiógrafos) orientados a agilizar los diagnósticos y garantizar una mayor seguridad en casos graves.

Un hombre de 65 años ha resultado herido de gravedad tras sufrir un accidente de tráfico en la madrugada de este domingo en la autopista GC-1, a la altura del municipio de Agüimes, en Gran Canaria. El vehículo impactó contra la mediana y volcó, dejando al conductor atrapado en su interior.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), el accidente se produjo en torno a las cinco de la madrugada, a la altura del punto kilométrico 25 de la GC-1. El conductor sufrió varios traumatismos de carácter grave y fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Los bomberos tuvieron que liberar al conductor

La sala operativa del 112 recibió una llamada de alerta poco antes de las cinco de la madrugada, en la que se informaba de un accidente de tráfico en la GC-1, en el término municipal de Agüimes, y de la necesidad de asistencia sanitaria para una persona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que aseguraron el vehículo volcado y tuvieron que extraer al conductor, que había quedado atrapado en el habitáculo.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al hombre en el lugar del accidente y, tras valorar la gravedad de las lesiones, lo trasladó en ambulancia al Hospital Insular de Gran Canaria.

La Guardia Civil reguló el tráfico en la GC-1

En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil, que regularon la circulación mientras se atendía al herido y se retiraba el vehículo accidentado.

Por su parte, el personal del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria señalizó la zona y trabajó para despejar la vía.

La Guardia Civil se hizo cargo del atestado para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Mes y medio después de que los médicos de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres hicieran público el deterioro del servicio, el malestar no solo persiste: según el equipo, la situación se ha agravado. “No seguimos igual, estamos peor”, resumen. Las incorporaciones comprometidas no se han producido, la jubilación de un facultativo ha dejado otra plaza sin cubrir hasta el 1 de octubre y el cansancio acumulado desde el verano ha llevado al equipo a un punto que describen como límite.

El conflicto no es nuevo. Los profesionales ya habían advertido de una sobrecarga sostenida por la falta de personal y reclamaron al Servicio Extremeño de Salud (SES) un refuerzo urgente. Entonces, explican, se les trasladó el compromiso de incorporar cuatro médicos. A día de hoy, (miércoles) ninguno se ha incorporado. “Un mes y medio después de saltar la noticia estamos peor. Lo prometido no se ha cumplido”, lamentan.

La situación se ha complicado aún más con una jubilación registrada a principios de septiembre, que ha generado una vacante sin cubrir. Los médicos señalan que cualquier refuerzo futuro no supondría un incremento real de plantilla, porque antes habría que compensar esa pérdida. “Se ha generado una vacante más y estamos igual, al menos hasta octubre”, resumen.

El verano dejó además un rastro de ausencias sin sustitución y vacaciones reorganizadas a la fuerza. Algunos facultativos han tenido que retrasar sus días libres a octubre porque durante los meses estivales no había margen para hacerlo. “En octubre va a haber gente de vacaciones porque no teníamos espacio para encajar su derecho al descando. Algunos dijimos: ‘Bueno, pues me voy en octubre por voluntad propia’”, explican.

Una compensación económica que tampoco llega

A la falta de refuerzos se suma otro compromiso pendiente. En la última reunión con la Gerencia y la Dirección Asistencial se planteó una compensación económica por la ausencia de sustituciones durante el verano. Los médicos aseguran que se les trasladó que recibirían esa compensación, pero denuncian que tampoco se ha hecho efectiva.

Recuerdan que en Atención Primaria, cuando no se consigue cubrir una ausencia, se contempla una compensación para el profesional que asume la sobrecarga. “Esto se hace en Primaria cuando no hay médico para asumir todas las consultas”, señalan. En Urgencias, pese a haber afrontado el verano sin un solo sustituto, no han recibido nada. “No hemos tenido ni un sustituto este año. Pues tampoco nos han compensado. Por lo visto, somo médicos de segunda”, afirman.

Aunque insisten en que la cuestión económica no resuelve el problema de fondo —la falta de profesionales—, consideran que tampoco se ha cumplido ese compromiso.

“Estamos al límite”

El resultado es un equipo exhausto tras meses de presión asistencial elevada. “La plantilla de Urgencias estamos al límite”, trasladan. Hablan de “cansancio extremo” por la cantidad y la intensidad de las horas acumuladas desde junio y advierten de que nada ha cambiado de forma sustancial y que las necesidades van aumentando.

A esa sobrecarga se suma ahora la incidencia de infecciones respiratorias, con casos de covid y gripe, que consideran “una anomalía sobreañadida” en un escenario ya tensionado.

Hasta ahora, aseguran, han logrado mantener la atención gracias al compromiso del equipo, pero advierten de que ese esfuerzo tiene un tope. “Hemos demostrado profesionalidad y madurez, pero todos tienen un límite”, señalan. La presión está dejando también huella personal: algunos facultativos han llegado a salir llorando por la sobrecarga. “Estamos desolados, cansados, desesperados”, resumen.

Su preocupación principal es que el agotamiento termine repercutiendo en la asistencia. “Seguimos preocupados por la posible afectación en la calidad y en los tiempos de atención”, advierten.

Las medidas tampoco convencen

Los médicos cuestionan además las medidas adoptadas en el conjunto del Complejo Hospitalario de Cáceres para afrontar la falta de profesionales. A su juicio, no han solucionado el problema y sí han generado malestar entre los trabajadores. “Las medidas que propusieron tampoco han servido, salvo para crear tensiones entre los propios compañeros”, sostienen.

En paralelo, señalan una decisión que ha generado comparaciones internas: tras las quejas de los MIR, el SES ha incrementado la remuneración de la hora de guardia para aquellos residentes que quieran realizar más horas. Una medida que, explican, no aborda el problema que ellos vienen denunciando —la falta de médicos estructurales y la ausencia de sustituciones— y que ha añadido tensión entre los miembros de los equipos.

Una plantilla que esperaba cuatro médicos

La reivindicación central sigue siendo la misma: incrementar la plantilla y cubrir las ausencias. Los cuatro facultativos comprometidos siguen sin llegar y la jubilación ha abierto una nueva vacante. “Estamos con menos médicos, con más sobrecarga y con las promesas incumplidas”, resumen.

Recuerdan que el problema comenzó a trasladarse internamente en junio y que después trascendió públicamente. Mes y medio después, consideran que nada ha cambiado. “Esto estaba cociéndose desde junio. Saltó la noticia y, sin embargo, estamos peor”, lamentan.

El temor es que la llegada del otoño y el aumento de la presión asistencial empeoren aún más una situación que, según los facultativos, ya ha alcanzado el límite. Su miedo es que llegue un momento en el que no puedan soportar más.

Respuesta del SES

El SES defiende que el Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara ha experimentado un refuerzo relevante de personal en los últimos años. Según explica, hasta 2024 el servicio contaba habitualmente con dos facultativos de guardia y la incorporación de seis profesionales permitió aumentar a tres médicos por turno, una medida que califica como una “reivindicación histórica” de los propios profesionales y una mejora sustancial en la organización de la atención urgente.

Respecto a las críticas trasladadas por los facultativos sobre la falta de incorporación de los cuatro refuerzos comprometidos este verano, el SES asegura que uno de ellos ya se ha incorporado al servicio y que un segundo profesional está previsto que lo haga durante la primera quincena de octubre. Los otros dos facultativos pendientes se sumarán una vez concluyan los trámites administrativos actualmente en curso.

En relación con la reciente jubilación de uno de los médicos de Urgencias, la Administración sanitaria sostiene que las incorporaciones ya realizadas y las previstas para las próximas semanas permitirán seguir reforzando la plantilla e incrementar la capacidad asistencial disponible. Además, asegura que mantiene abiertas distintas actuaciones para captar nuevos profesionales y fortalecer de forma progresiva el servicio.

El SES también niega problemas en la coordinación del área. Según señala, la coordinadora del Servicio de Urgencias continúa desempeñando sus funciones con normalidad y mantiene una interlocución permanente con la Gerencia para abordar las necesidades organizativas y asistenciales.

Sobre una de las principales reclamaciones de los facultativos, la compensación económica prometida por la ausencia de sustituciones durante el periodo estival, el Área de Salud afirma que está ultimando la instrucción administrativa que regulará su aplicación. Añade que dicha compensación tendrá carácter retroactivo desde el inicio del verano y que los profesionales percibirán los importes correspondientes una vez finalice la tramitación administrativa necesaria.

Finalmente, el SES asegura que mantiene un seguimiento continuo de las necesidades asistenciales del servicio y un diálogo permanente con los profesionales para impulsar medidas de mejora. La Administración quiso además destacar “el compromiso, la profesionalidad y el esfuerzo” de los trabajadores de Urgencias, así como las actuaciones puestas en marcha para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria.

La respuesta a la respuesta

Frente a esta versión, los profesionales consultados mantienen su malestar y aseguran que, por el momento, las promesas de la Administración no se han traducido en refuerzos efectivos en el servicio. “De la Junta solo recibimos palabritas”, lamentan, al tiempo que califican de “gran tristeza” las condiciones en las que aseguran estar trabajando. Además, insisten en que las medidas anunciadas deben materializarse cuanto antes para evitar que continúe aumentando el desgaste de una plantilla que asegura encontrarse al límite.

La tensión entre MIR España y el Servicio Extremeño de Salud se ha agudizado tras la aprobación de una resolución que permite a los residentes realizar guardias adicionales en las Urgencias de los hospitales extremeños, siempre de forma voluntaria y con una retribución un 50% superior a la hora ordinaria. La medida llega en plena crisis del servicio en Cáceres, donde la coordinadora médica y el responsable de los residentes han abandonado sus funciones ante las dificultades para sostener la actividad diaria.

Para MIR España, la resolución abre un nuevo frente que evidencia una contradicción que la Administración sanitaria aún no les ha aclarado. Su presidente, Jesús Arzúa, recuerda que hace unas semanas la Gerencia del Área de Salud de Cáceres remitió una comunicación a los responsables docentes en la que se hablaba de “incumplimientos reiterados” de los residentes durante la reorganización de las guardias. La asociación sostiene que aquella acusación sigue sin explicación y que ahora, paradójicamente, se incentiva a esos mismos MIR para que asuman más carga asistencial.

Arzúa subraya que la voluntariedad y la mejora retributiva son preferibles a cualquier imposición, pero no alteran el fondo del problema: “Pagar más a los MIR para cubrir huecos no aumenta la plantilla de Urgencias ni resuelve el déficit estructural que originó esta crisis”. La organización insiste en que los residentes no pueden convertirse en una herramienta coyuntural para compensar fallos de planificación. “Somos médicos en formación, no el comodín de la organización de personal”, afirma.

La asociación alerta además de que las guardias adicionales podrían terminar utilizándose para cubrir necesidades estructurales del servicio, algo que, según recuerda el colectivo, está prohibido por el Real Decreto 1146/2006, que establece que la jornada complementaria de los residentes tiene una finalidad estrictamente formativa. “Tememos que esta medida desdibuje ese límite”, señala Arzúa.

El SES rechaza la interpretación de MIR España y niega haber responsabilizado a los residentes de ningún incumplimiento. La Administración sostiene que la comunicación enviada a los responsables docentes se refería únicamente a un aspecto interno de organización y que nunca cuestionó la actuación de los MIR. Añade que la cuestión se abordó en los espacios habituales de trabajo entre Gerencia, Comisión de Docencia y representantes de los residentes, con el objetivo de garantizar tanto la calidad asistencial como la formativa.

La resolución en cuestión, en vigor desde el 1 de septiembre, establece que las guardias adicionales deberán ser realmente extraordinarias, sin sustituir ni reducir las ordinarias del itinerario formativo. También fija límites de jornada, descansos y supervisión, y exige autorización de la gerencia y, cuando corresponda, de la comisión de docencia. El SES defiende que la medida refuerza la cobertura MIR sin sustituir a los facultativos y facultativas especialistas y que los residentes seguirán desempeñando funciones propias de su condición de médicos en formación.

La consejería añade que la resolución no tiene una fecha de vigencia cerrada, sino que se aplicará mientras existan circunstancias que la justifiquen. El debate queda así marcado por dos interpretaciones opuestas: MIR España teme que la medida se convierta en un parche estructural y reclama explicaciones sobre la comunicación previa en Cáceres; el SES sostiene que aquella comunicación fue meramente organizativa y defiende las nuevas guardias como un mecanismo voluntario, extraordinario y supervisado para reforzar la cobertura en un momento crítico.

Por último, el Servicio Extremeño de Salud ha informado a elDiario.es que continúa desarrollando las medidas de planificación y gestión de recursos humanos necesarias para garantizar la adecuada atención sanitaria en todos sus centros.

El PSOE de Palma portarà al ple de l'Ajuntament una proposta per exigir la “dimissió immediata” de la gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, Cristina Granados, o que el Govern balear procedeixi al seu cessament. Els socialistes justifiquen la seva petició en l'increment de les llistes d'espera, els problemes de saturació a Urgències, el deteriorament de les condicions laborals de les plantilles i el que qualifiquen de “pèssima” gestió pressupostària i assistencial.

La iniciativa, anunciada aquest dilluns pel PSOE de Palma, reclama també un increment “significatiu” del finançament destinat als centres de salut de la capital i la posada en marxa d'un pla de xoc “urgent” a Son Espases. Els socialistes plantegen a més que es garanteixi un termini màxim de 48 hores per obtenir cita amb el metge de família o el pediatre als centres de salut de Palma i que els Punts d'Atenció Continuada (PAC) disposin de personal suficient per alleujar la pressió sobre les Urgències hospitalàries.

La regidora socialista Elena Navarro ha qüestionat que hi hagi pacients que hagin d'esperar més de sis mesos per ser operats i ha assenyalat que, malgrat l'increment del pressupost de Son Espases, les llistes d'espera han augmentat i s'han produït episodis de saturació a Urgències. També ha denunciat una reducció de l'activitat quirúrgica i l'externalització de serveis.

“És inacceptable estar més de sis mesos en llista d'espera perquè t'operin”, ha afirmat Navarro, que ha reclamat reforçar les plantilles i reduir les demores. La proposta municipal sosté així mateix que la sanitat pública s'ha de mantenir al marge d'un procés de “privatització, externalització i desmantellament” de serveis.

Les crítiques del PSIB se sumen a les de Més per Mallorca, la diputada de la qual Marta Carrió va denunciar la setmana passada l'increment de les llistes d'espera des de l'inici de la legislatura i va demanar a la consellera de Salut, Manuela García, que destituís la gerent de Son Espases.

Segons les dades exposades llavors per Carrió, 17.540 persones esperaven una operació a Balears i 90.670 esperaven una consulta amb un especialista. En el cas concret de Son Espases, Més va xifrar en 2.695 l'increment de pacients pendents d'una intervenció en un any, fins a assolir un augment del 17%. També va assenyalar que el nombre de pacients pendents d'una consulta especialitzada havia augmentat en 11.849 persones, un 14,7%, en el mateix període.

Carrió va desvincular aquestes dades de la vaga mèdica i va sostenir que les llistes ja havien augmentat entre 2024 i 2025. La consellera García va respondre que les llistes d'espera continuen sent una prioritat per al Govern i va atribuir part de la situació a la vaga nacional de metges. García va defensar a més la gestió de Son Espases i va afirmar que, malgrat l'augment de població, els temps mitjans d'espera s'havien reduït en determinats indicadors.

La petició de cessament es produeix enmig de les crítiques abocades sobre la gerència arran de la sortida, des de l'arribada de Granados a l'hospital el setembre de 2023, de prop d'una quinzena de càrrecs de responsabilitat, entre ells la directora d'Infermeria, Natalia Vallés, i el director de Gestió i Serveis Generals, José Antonio Visedo, a més de quatre responsables del Servei d'Atenció a l'Usuari que van sortir en pocs mesos. Una successió de relleus que ha alimentat les crítiques dels sindicats i de professionals del centre sobre el clima intern de la gerència.

El Govern, no obstant això, ha tancat files amb la gerent. El portaveu de l'Executiu, Antoni Costa, va assegurar que Granados compta amb “tot el suport” de la Conselleria de Salut, l'IB-Salut i el Govern i va afirmar que considera que està fent “una bona gestió”. Costa va atribuir la sortida de la directora d'Infermeria a “qüestions estrictament personals”. Quatre dies després, la consellera Manuela García va tornar a donar-li suport públicament: “L'avala la seva gestió”, va manifestar.

El PSOE de Palma llevará al pleno del Ayuntamiento una propuesta para exigir la “dimisión inmediata” de la gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, o que el Govern balears proceda a su cese. Los socialistas justifican su petición en el incremento de las listas de espera, los problemas de saturación en Urgencias, el deterioro de las condiciones laborales de las plantillas y lo que califican de “pésima” gestión presupuestaria y asistencial.

La iniciativa, anunciada este lunes por el PSOE de Palma, reclama también un incremento “significativo” de la financiación destinada a los centros de salud de la capital y la puesta en marcha de un plan de choque “urgente” en Son Espases. Los socialistas plantean además que se garantice un plazo máximo de 48 horas para obtener cita con el médico de familia o el pediatra en los centros de salud de Palma y que los Puntos de Atención Continuada (PAC) dispongan de personal suficiente para aliviar la presión sobre las Urgencias hospitalarias.

La regidora socialista Elena Navarro ha cuestionado que haya pacientes que tengan que esperar más de seis meses para ser operados y ha señalado que, pese al incremento del presupuesto de Son Espases, las listas de espera han aumentado y se han producido episodios de saturación en Urgencias. También ha denunciado una reducción de la actividad quirúrgica y la externalización de servicios.

“Es inaceptable estar más de seis meses en lista de espera para que te operen”, ha afirmado Navarro, que ha reclamado reforzar las plantillas y reducir las demoras. La propuesta municipal sostiene asimismo que la sanidad pública debe mantenerse al margen de un proceso de “privatización, externalización y desmantelamiento” de servicios.

Las críticas del PSIB se suman a las de Més per Mallorca, cuya diputada Marta Carrió denunció la semana pasada el incremento de las listas de espera desde el inicio de la legislatura y pidió a la consellera de Salud, Manuela García, que destituyera a la gerente de Son Espases.

Según los datos expuestos entonces por Carrió, 17.540 personas aguardaban una operación en Balears y 90.670 esperaban una consulta con un especialista. En el caso concreto de Son Espases, Més cifró en 2.695 el incremento de pacientes pendientes de una intervención en un año, hasta alcanzar un aumento del 17%. También señaló que el número de pacientes pendientes de una consulta especializada había aumentado en 11.849 personas, un 14,7%, en el mismo periodo.

Carrió desvinculó estos datos de la huelga médica y sostuvo que las listas ya habían aumentado entre 2024 y 2025. La consellera García respondió que las listas de espera continúan siendo una prioridad para el Govern y atribuyó parte de la situación a la huelga nacional de médicos. García defendió además la gestión de Son Espases y afirmó que, pese al aumento de población, los tiempos medios de espera se habían reducido en determinados indicadores.

La petición de cese se produce en medio de las críticas vertidas sobre la gerencia a raíz de la salida, desde la llegada de Granados al hospital en septiembre de 2023, de cerca de una quincena de cargos de responsabilidad, entre ellos la directora de Enfermería, Natalia Vallés, y el director de Gestión y Servicios Generales, José Antonio Visedo, además de cuatro responsables del Servicio de Atención al Usuario que salieron en pocos meses. Una sucesión de relevos que ha alimentado las críticas de los sindicatos y de profesionales del centro sobre el clima interno de la gerencia.

El Govern, sin embargo, ha cerrado filas con la gerente. El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, aseguró que Granados cuenta con “todo el apoyo” de la Conselleria de Salud, el IB-Salut y el Govern y afirmó que considera que está haciendo “una buena gestión”. Costa atribuyó la salida de la directora de Enfermería a “cuestiones estrictamente personales”. Cuatro días después, la consellera Manuela García volvió a respaldarla públicamente: “Le avala su gestión”, manifestó.

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, estaba llamada este jueves a dar explicaciones en la Asamblea de Extremadura sobre la situación de las políticas sanitarias de la Junta y, de manera específica, sobre las urgencias hospitalarias durante este verano. Pero las cuestiones que han marcado el debate sanitario de los últimos meses no han tenido espacio en su intervención.

García Espada no ha explicado la situación del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, ni las protestas relacionadas con la limpieza de centros sanitarios, ni el incidente registrado en el Hospital Don Benito-Villanueva por la caída de un falso techo en una habitación con un paciente. Tampoco se ha referido al episodio de las ambulancias del contrato de transporte sanitario terrestre, valorado en más de 285 millones de euros, que durante agosto prestaron servicio sin las autorizaciones de transporte en vigor y cuyos trabajadores recibieron avisos por WhatsApp sobre controles de la Guardia Civil, como desveló elDiario.es Extremadura.

Sobre las urgencias, la consejera se ha limitado a defender que los servicios de Cáceres y Badajoz cuentan actualmente con más profesionales que nunca: 36 y 48, respectivamente. “Si ahora a ustedes les parece insuficiente, imagínese cuando ustedes lo tenían con bastantes menos profesionales”, ha respondido a las críticas de la oposición.

El principal asunto nuevo que ha puesto sobre la mesa ha sido, en cambio, una deuda de 272.000 euros que atribuye al anterior Gobierno socialista con el grupo privado Quirón Salud. García Espada ha anunciado que la Junta tendrá que iniciar un expediente de reconocimiento de deuda para afrontar con cargo al presupuesto de 2026 el pago de unas derivaciones de pacientes de la sanidad pública que, según su versión, se realizaron fuera de los contratos de Galeno y Paracelso.

La consejera ha calificado de “escándalo” que el actual Ejecutivo tenga que afrontar ahora esa reclamación y ha asegurado que dispone de tres cartas remitidas por Quirón en las que reclama el abono de la cantidad. “Hoy Quirón nos destapa facturas que vienen reclamándole al Gobierno socialista sin pago ni escucha por parte de ustedes”, ha afirmado García Espada, que ha utilizado esta deuda para cuestionar la gestión sanitaria del anterior Ejecutivo.

Sanidad privada

El asunto ha provocado un enfrentamiento con el PSOE. Su portavoz en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha ironizado sobre la “buena comunicación y fluidez con Quirón” de la actual Junta y ha rechazado que la deuda de 272.000 euros sea el centro del debate sanitario. “Yo no le voy a hablar de los 272.000 euros. Yo le voy a hablar de los millones de euros que usted está dilapidando del dinero público para colapsar la sanidad pública y engordar el negocio de la sanidad privada en Extremadura”, ha señalado.

Gil Rosiña ha denunciado la saturación de la Atención Primaria, con demoras de hasta 14 días para conseguir una cita médica, y la situación de los servicios públicos de urgencias. También ha acusado al Gobierno extremeño de permitir un descenso de la actividad ordinaria en los hospitales y de utilizar las denominadas peonadas, actividad extraordinaria remunerada, como herramienta de planificación quirúrgica. La portavoz socialista ha reclamado la dimisión de García Espada.

Frente a las críticas, la consejera ha defendido el incremento de recursos de la sanidad extremeña y ha reivindicado que el SES dispone del mayor presupuesto de su historia. Entre las actuaciones que ha destacado se encuentran la financiación del tratamiento con Vyjuvek para pacientes afectados por piel de mariposa, la incorporación de los podólogos al SES mediante una bolsa de trabajo y la preparación de un programa para atender a los pacientes diabéticos con el objetivo de evitar amputaciones, mediante la coordinación entre Atención Primaria y Cirugía Vascular.

También ha destacado el refuerzo de la salud mental con 71 nuevos profesionales entre psiquiatras, psicólogos, enfermeras y terapeutas ocupacionales, además de nuevos recursos en este ámbito. En materia de vacunación, ha señalado la ampliación de la cobertura y la puesta en marcha en octubre de la vacunación intranasal contra la gripe en los colegios.

La consejera ha defendido que el SES realiza 16,5 millones de asistencias al año y ha admitido que con ese volumen de actividad “alguna incidencia habrá”, aunque ha asegurado que son más los pacientes que agradecen la atención recibida.

La oposición cuestiona el rumbo de la sanidad

El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha reclamado “empatía” a la consejera con los profesionales sanitarios y los pacientes y ha considerado que su análisis está alejado de la realidad del sistema sanitario. También ha advertido de un proceso de “privatización” de la sanidad y ha vinculado el deterioro de la sanidad pública con las dimisiones y ceses producidos en el sistema.

La diputada de Vox María Jesús Salvatierra Gordillo ha defendido, en cambio, la estrategia de la Junta para reducir las listas de espera mediante la actividad ordinaria, la ampliación de horarios, las derivaciones y la colaboración público-privada. “El enfermo no pregunta si se le opera en un centro concertado o en un centro público, pregunta cuándo le operan”, ha señalado.

Desde el PP, Margarita Núñez ha defendido la gestión de la Junta y ha reprochado al PSOE que no tenga en cuenta las consecuencias de la huelga de médicos relacionada con el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

La comparecencia, que tenía entre sus asuntos expresamente la situación de las urgencias hospitalarias durante el verano, ha terminado así con el debate centrado en la gestión de los anteriores gobiernos, la sanidad privada y las nuevas prestaciones anunciadas por la Junta, mientras las cuestiones concretas que han afectado al SES durante estos meses han quedado sin una explicación específica por parte de la consejera.

Francisco Javier Fernández ha denunciado ante la Policía Nacional y ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Mérida la “mala gestión” del 112 Extremadura en la atención a su madre, de 81 años, que sufrió un fuerte dolor de cabeza y cayó inconsciente en su domicilio el 17 de abril de 2026. Según su testimonio, la ambulancia tardó una hora y diez minutos en llegar y la mujer falleció posteriormente en el hospital.

El denunciante, que padece secuelas de un infarto cerebral y tiene movilidad reducida en una mano y una pierna, asegura que durante la llamada al 112 informó de que su madre estaba “inconsciente por completo”. Afirma que, ante las preguntas sobre medicación y enfermedades previas, insistió en que enviaran una ambulancia urgente. Según su versión, la médica que atendía la llamada le respondió que “si no contestaba a las preguntas no podía seguir atendiéndole” y colgó el teléfono.

La Policía llegó en tres minutos y reanimó a la mujer

Tras el corte de la llamada, Fernández contactó con la Policía Nacional, que llegó en “tres minutos” con cuatro dotaciones. Los agentes, según relata, atendieron y reanimaron a su madre, que entró “dos veces en parada”. Fueron ellos quienes solicitaron una ambulancia medicalizada, pero el 112 les informó de que la única unidad disponible estaba “averiada en el taller”.

El hijo de la fallecida sostiene que la ambulancia tardó más de una hora en llegar y que, además, se produjo una segunda llamada para confirmar la dirección porque “no les había dado tiempo a apuntarla”. También denuncia que el traslado al hospital se realizó “en una furgoneta con sirena”, un vehículo que, según afirma, la propia médica reconoció que “no era adecuado” para una paciente en ese estado. La mujer ingresó en la UCI, donde falleció tres horas después.

Fernández lamenta que su madre “no tuvo la oportunidad de saber si podía haber sido operada o atendida de otra forma” y asegura estar a la espera de que el juzgado solicite las pruebas pertinentes. Afirma además que la grabación de la llamada en la que la médica cuelga “está manipulada” y que inicialmente se le dijo que se trataba de “un fallo por los nervios”.

El 112 niega irregularidades y defiende su actuación

El Centro Coordinador de Emergencias 112 ha negado cualquier actuación irregular. Según la Consejería de Presidencia, la reclamación fue presentada el 23 de junio de 2026, más de dos meses después de los hechos. Tras analizar la documentación, el 112 emitió un informe en el que desestimó la queja y ofreció al reclamante escuchar las grabaciones de las llamadas, algo que finalmente hizo.

La Junta asegura que distintos departamentos han contactado con él “al menos cinco veces por escrito o teléfono” y “dos veces de forma presencial” desde mayo. “La administración ha estado, está y estará a disposición de atender cualquier demanda o reclamación, dando la respuesta que proceda en derecho”, señalan.

Este lunes, Francisco Javier Fernández ha trasladado su denuncia frente a la Presidencia de la Junta, en Mérida, para reclamar responsabilidades y visibilizar lo que considera una “negligencia grave” en la atención a su madre.

Un hombre de 89 años ha resultado herido este lunes por la tarde tras declararse un incendio en el garaje de una vivienda en Lanzarote, informa el 1-1-2 de Canarias.

El suceso tuvo lugar en el municipio de Haría, pasadas las 18.00 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió una alerta informando de un incendio en un garaje en la calle Las Casillas.

Efectivos de Bomberos desplazados al lugar del incidente comprobaron que ya se había desalojado la zona afectada y se encargaron de la extinción y ventilación del inmueble.

El personal sanitario a su llegada al lugar del incidente valoró al afectado que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba quemaduras en miembro inferior de carácter moderado.

Tras ser asistido por el personal sanitario, fue trasladado en la ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Los cuerpos policiales que colaboraron con el resto del dispositivo se encargaron de instruir el correspondiente atestado.

Un avión de la compañía Vueling que cubría la ruta entre Cabo Verde-Barcelona tuvo que realizar un aterrizaje en el aeropuerto de Gran Canaria este sábado por la noche al presentar unos de los pasajeros un problema médico, según informa en X la cuenta de Controladores Aéreos.

La tripulación del vuelo VY7699, que llevaba una hora en el aire, volaba desde la ciudad de Espargos, en la Isla de Sal, hasta la capital catalana, cuando solicitó prioridad para desviarse de su plan mientras sobrevolaba Canarias con el objetivo de aterrizar en Gando.

El motivo era atender de urgencia a un pasajero, por lo que, ante esta situación, la torre de control facilitó el descenso de la aeronave, mientras se coordinó también la asistencia médica en el aeropuerto grancanario.

La crisis de personal que atraviesa el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres ha dado un nuevo paso y ha dejado de ser únicamente un conflicto interno y local. La situación de los médicos residentes ha llegado a la Asociación MIR España, que ha puesto el foco en la organización de las guardias y en el riesgo de que los MIR terminen soportando las consecuencias de la falta de facultativos.

La asociación ha lanzado un mensaje contundente: los residentes no pueden convertirse en la solución a un déficit estructural de médicos especialistas. En este sentido, reclama que, cuando existan puestos que cubrir en Urgencias, la respuesta pase por reforzar la plantilla de facultativos y no por utilizar a los MIR como una plantilla de reserva: “Los MIR no somos la plantilla de reserva de ningún hospital”, aseveran.

El pronunciamiento nacional se produce después de que en Cáceres se haya abierto un conflicto en torno a la cobertura de las guardias y las necesidades de personal de Urgencias. Los residentes denuncian que la falta de médicos está aumentando la presión sobre quienes se encuentran todavía en formación especializada.

Más pacientes y una plantilla bajo presión

La situación se produce en un servicio que ha experimentado un importante incremento de actividad. Según los datos difundidos en el marco del conflicto, las Urgencias atendieron 74.134 pacientes en 2023 y 81.012 en 2025, lo que supone un aumento del 9,27 % en dos años.

Al mismo tiempo, los y las profesionales vienen señalando las dificultades para disponer de una plantilla efectiva suficiente para responder a esa demanda. El problema no sería únicamente el número de plazas existentes sobre el papel, sino cuántos facultativos están realmente disponibles para cubrir la actividad asistencial.

Esta combinación de mayor presión asistencial y dificultades para cubrir las guardias ha terminado repercutiendo directamente en la organización del servicio y en los médicos residentes que además denuncian que las guardias han pasado de ser voluntarias a obligatorias.

Los MIR, en el centro de la polémica

El punto más sensible del conflicto es el papel que deben desempeñar los MIR. Y es que los residentes tienen una función asistencial, pero dentro de un proceso de formación especializada y con una responsabilidad progresiva, que debe estar acompañado de la supervisión correspondiente. Por ello, la Asociación MIR España considera que no pueden utilizarse para compensar de manera estructural la ausencia de facultativos.

La preocupación aumenta cuando la cobertura de las necesidades del servicio depende de que los residentes asuman más guardias o soporten una carga asistencial que debería corresponder a una plantilla suficiente de especialistas.

Para los residentes, una cosa es participar en la actividad asistencial como parte de su formación y otra muy distinta convertirse en el recurso al que se recurre cuando faltan médicos.

Un conflicto que ya había provocado movimientos en Urgencias

La llegada del caso a la Asociación MIR España se produce además en un contexto de creciente tensión dentro del propio servicio. La crisis de personal ha estado acompañada por cambios y renuncias en puestos de responsabilidad de Urgencias y de la formación de residentes con la dimisión de su máximo responsable, aumentando las dudas sobre cómo garantizar al mismo tiempo la asistencia a los pacientes y unas condiciones adecuadas para la formación de los MIR.

El problema, por tanto, no afecta únicamente a los cuadrantes de guardias. También plantea interrogantes sobre la supervisión, la calidad de la formación especializada y la seguridad tanto de pacientes como de profesionales.

El Colegio de Médicos también pide revisar la situación

El Colegio de Médicos de Cáceres se ha pronunciado igualmente sobre el problema y ha reclamado que la dotación de profesionales se ajuste a la demanda asistencial real.

Entre sus reivindicaciones se encuentra la necesidad de proteger la formación de los residentes y evitar que estos sean considerados un recurso asistencial intercambiable con los facultativos.

La coincidencia entre las distintas voces que han intervenido en el conflicto sitúa así el debate en un punto fundamental: la solución a la falta de médicos no puede consistir simplemente en aumentar la carga de quienes todavía están completando su especialización.

De Cáceres a un debate nacional

La intervención de la Asociación MIR España supone un cambio importante en la dimensión del conflicto. Una situación que hasta ahora se había desarrollado fundamentalmente en el ámbito local pasa a formar parte de un debate que afecta a los residentes de todo el país.

Porque lo que ocurre en Cáceres plantea una cuestión que trasciende a este hospital: qué sucede cuando un servicio sanitario tiene dificultades para cubrir su plantilla y los médicos residentes terminan siendo una de las principales herramientas para mantener la asistencia.

Desde la asociación se invita además a los MIR de Cáceres que estén afectados por esta situación a ponerse en contacto con ellos a través de asociacionmirespana@gmail.com, con el objetivo de conocer de primera mano sus circunstancias.

El mensaje de los residentes es claro: los MIR deben contribuir a la asistencia mientras se forman, pero no ser utilizados para tapar de forma permanente los agujeros de una plantilla insuficiente.

Y en Cáceres, esa reivindicación ya ha traspasado las puertas del hospital. El conflicto local ha llegado al ámbito nacional.

Médicos y médicas de Urgencias y responsables de jefaturas de servicio del Hospital Universitario de Cáceres han expresado su preocupación por la instrucción organizativa temporal aprobada por la Gerencia del Área de Salud, que regula la coordinación entre Urgencias y las distintas especialidades hospitalarias en situaciones de saturación. El documento, de obligado cumplimiento mientras permanezca vigente, establece que los y las pacientes puedan ser derivados a planta si, transcurridas dos horas desde la solicitud de valoración, no han sido atendidos por el especialista correspondiente. Los profesionales consideran que esta medida no resuelve el problema de fondo y puede trasladar el colapso desde Urgencias a las plantas del hospital.

El documento reconoce un contexto de presión creciente: incremento sostenido de la demanda, disminución del número de facultativos y residentes presentes en las guardias, mayor complejidad clínica de los pacientes y tiempos prolongados de permanencia en Urgencias pendientes de valoración o ingreso. Esta combinación, según la Gerencia, ha generado una sobrecarga asistencial que obliga a adoptar medidas temporales y extraordinarias. La instrucción establece que todos los pacientes serán clasificados mediante triaje y valorados inicialmente por un médico de Urgencias; solo después, y descartada una situación de riesgo vital, se solicitará la intervención de la especialidad correspondiente cuando concurran los criterios fijados en el documento.

Una parte de la plantilla médica de Urgencias y de las jefaturas de servicio no cuestionan la necesidad de coordinación, pero sí el mecanismo que permite derivar a planta a pacientes que aún no han sido valorados por el especialista. Subrayan que abandonar físicamente Urgencias no implica haber recibido la atención que motivó la consulta y que la medida puede generar un efecto dominó dentro del hospital: si los pacientes pasan a planta sin haber sido vistos, la presión asistencial se desplaza y puede provocar nuevos cuellos de botella en áreas ya tensionadas.

La preocupación se agrava por la disponibilidad limitada de facultativos. Aunque la plantilla orgánica de Urgencias está formada por 38 médicos, un informe técnico fechado el 19 de agosto sitúa la cobertura efectiva en torno a 32 profesionales debido a bajas, reducciones de jornada, exenciones de guardias y vacantes sin cubrir. El mismo documento advierte de que no existen médicos contratados específicamente para guardias, lo que reduce la capacidad de respuesta ante picos de actividad o incidencias imprevistas.

Desde varias jefaturas de servicio señalan que la instrucción reconoce explícitamente la excepcionalidad del momento: las medidas serán revisadas cada tres meses para evaluar su efectividad y decidir si deben modificarse, actualizarse o suspenderse. Sin embargo, consideran que la reorganización no aborda el problema estructural de disponibilidad de especialistas. Temen que la instrucción alivie solo de forma aparente la saturación en Urgencias y que, sin un refuerzo real de personal, el colapso se extienda al resto del hospital.

La inquietud central es que la medida pueda ofrecer una imagen de descongestión en Urgencias sin resolver la causa que la origina. En opinión de profesionales sanitarios, si no aumenta la capacidad efectiva de atención, el riesgo es que la saturación deje de concentrarse en Urgencias para trasladarse a las plantas, generando un problema más amplio y difícil de gestionar.

Echar balones fuera

Uno de los médicos consultados resume la preocupación con una frase que, según explica, circula ya entre varios profesionales: “Es echar la culpa a los especialistas de las plantas del problema”. Considera que el nuevo protocolo desplaza la responsabilidad hacia quienes están atendiendo otras áreas del hospital y que, además, puede provocar el colapso de esas mismas plantas. Pone un ejemplo que, afirma, es cotidiano: “Si a las dos horas de solicitar la valoración de un traumatólogo este no ha podido acudir porque está en una intervención urgente, el paciente pasa automáticamente a planta sin haber sido visto por el especialista. Para este facultativo, la medida no solo no resuelve la saturación de Urgencias, sino que añade presión asistencial a las plantas y genera un circuito en el que los pacientes pueden seguir sin recibir la atención especializada que necesitan”. Otro médico insiste: “Esta medida tiene dos problemas, una que puede colapsar una planta y el altísimo coste de la solución al ocupar sin decisión facultativa una cama. Así que no se puede echar balones fuera, la única solución es contratar más médicos para Urgencias”.

La presión asistencial en las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres ha desencadenado una nueva renuncia en el servicio: el responsable de los residentes ha decidido abandonar sus funciones docentes ante la imposibilidad de organizar con garantías las rotaciones, las guardias y la formación de los médicos en especialización, en un contexto marcado por la falta de disponibilidad efectiva de facultativos y un aumento sostenido de la demanda asistencial.

La renuncia se interpreta como una medida más de presión ante el escenario que atraviesan las Urgencias en las últimas semanas. La carga asistencial está alcanzando un nivel que dificulta no solo garantizar la cobertura de las guardias, sino también desarrollar adecuadamente la labor docente encomendada.

Por este servicio pasan cada año residentes de numerosas especialidades. El número varía en función de la planificación de cada ejercicio, pero la rotación por Urgencias forma parte de la formación de una parte importante de los médicos que se especializan en el hospital. La presión asistencial está haciendo cada vez más complicado compatibilizar la atención a los pacientes con la supervisión, la enseñanza y el seguimiento de los médicos en formación.

No se trata únicamente de un problema de organización interna. La falta de disponibilidad efectiva de facultativos está afectando también a una de las funciones esenciales de cualquier servicio hospitalario: formar a los futuros especialistas.

Una segunda renuncia en pocos días

La salida de esta responsabilidad se suma a la dimisión de la coordinadora de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, que se hará efectiva el próximo 30 de septiembre y que fue adelantada por elDiario.es. La coordinadora decidió abandonar el cargo después de meses de advertencias sobre las dificultades para mantener la cobertura asistencial de los dos hospitales cacereños.

Son responsabilidades distintas, pero los profesionales sitúan ambas decisiones en el mismo contexto de presión asistencial y falta de disponibilidad suficiente de facultativos.

La nueva renuncia llega además cuando el Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud que adecue la dotación efectiva de médicos de Urgencias a la demanda real. La organización ha advertido de que la sobrecarga sostenida aumenta el riesgo de errores e incidentes relacionados con la seguridad clínica y ha reclamado garantías específicas para la supervisión de los residentes. El Colegio insiste en que la suficiencia de la plantilla no puede medirse únicamente por el número de plazas existentes, sino por los facultativos realmente disponibles para atender la demanda diaria.

38 facultativos en plantilla, pero una disponibilidad efectiva menor

La discrepancia entre plantilla y disponibilidad real está en el centro del conflicto entre los profesionales y el SES. Un informe técnico fechado el 19 de agosto establece que la plantilla orgánica de Urgencias está formada por 38 facultativos adjuntos. Sin embargo, los profesionales sostienen que esa cifra no refleja la capacidad real del servicio, debido a bajas laborales, reducciones de jornada, exenciones de guardias y plazas vacantes.

El informe cifra en torno a 32 los facultativos que mantienen la cobertura efectiva de los dos hospitales cacereños y advierte de la falta de sustitutos suficientes para cubrir vacaciones, permisos, licencias, actividades formativas e incapacidades temporales.

El SES defiende que Urgencias cuenta actualmente con 38 facultativos y que la asistencia está garantizada. La Administración ha anunciado además la incorporación de seis médicos de refuerzo para hacer frente a las necesidades del servicio. El Colegio de Médicos ha valorado estas medidas, aunque considera que todavía es pronto para determinar su eficacia.

Las Urgencias atienden cada vez a más pacientes

La presión asistencial se produce en un servicio cuya actividad no deja de crecer. Las Urgencias atendieron a 74.134 pacientes mayores de 14 años en 2023, 78.678 en 2024 y 81.012 en 2025, lo que supone un incremento del 9,27% en dos años. Hasta el 31 de julio de este año habían pasado por el servicio 47.378 pacientes, 465 más que en el mismo periodo de 2025.

Para los profesionales, el aumento de la demanda hace que no sea suficiente con contabilizar las plazas existentes en la plantilla. Lo determinante es cuántos facultativos están disponibles para cubrir las guardias y atender a los pacientes en cada momento. Y esta disponibilidad condiciona de manera directa la organización de los residentes: las rotaciones requieren planificación, turnos y supervisores presentes durante la actividad asistencial.

El problema trasciende las guardias

La renuncia del responsable de los residentes pone el foco en una consecuencia menos visible de la presión asistencial: las dificultades para mantener la actividad docente del servicio. Los médicos deben atender el incremento de pacientes, cubrir las ausencias de sus compañeros y garantizar que los residentes reciben la formación correspondiente a sus rotaciones bajo la supervisión adecuada.

El Colegio de Médicos ha insistido en esta cuestión al reclamar que la actividad de los residentes se ajuste a su nivel de competencias y respete el modelo de responsabilidad progresiva y supervisión.

La nueva dimisión vuelve a situar sobre la mesa la situación de las Urgencias cacereñas. Tras la salida anunciada de la coordinadora, la renuncia del responsable de los residentes, que fue comunicada al SES el mismo día, evidencia que el conflicto afecta también a la estructura organizativa y docente del servicio.

Mientras el SES defiende que la asistencia está garantizada y anuncia nuevos refuerzos, (entre cuatro y seis médicos) los y las profesionales reclaman que se tenga en cuenta la disponibilidad real de médicos y no únicamente la plantilla orgánica. El debate se centra ahora en si los refuerzos anunciados serán suficientes para aliviar la presión asistencial y permitir que Urgencias recupere, además de capacidad asistencial, el tiempo y los recursos necesarios para formar adecuadamente a sus residentes.

Martín Torres (La Rioja, 1983) acaba de publicar su primera novela, 'La enfermera' (NdeNovela), un thriller médico sobre misterio y crímenes ambientado en parte en la planta de Urgencias del hospital Donostia, donde el propio autor desempeña su labor como facultativo desde hace cinco años. En una entrevista a Europa Press, por el lanzamiento de este su debut literario, Torres describe la novela, protagonizada por una enfermera y un médico militar retirado, como “un thriller médico salvaje ambientado en un hospital donde nada es lo que parece, donde la trama se entrecruza con el Festival de Cine de San Sebastián, y que combina la crudeza del 'noir clásico' con la tensión del thriller moderno”.

Tras afirmar que, desde su punto de vista, es novela “ideal para este verano y un libro adictivo”, y preguntado por de dónde ha sacado las ganas y el tiempo para escribir tras salir de un turno como el de Urgencias, asegura que “del mismo sitio de donde se encuentran las fuerzas en mitad de una guardia, poniéndose a ello sin darle vueltas, intentando no quejarte y dando con el tono adecuado. El resto es mucho café y pocas horas de sueño”.

Respecto a si el deseo de escribir ficción era una forma de desconectar de lo que veía en el trabajo, Torres precisa que “la teoría dice que al trabajo no puedes llegar con tus cargas personales, ni llevarte a casa las del hospital”, pero que “ocurre más de lo que debería”. “Cuando me senté a escribir, sólo pretendía crear un thriller entretenido, pero las escenas médicas no dejaban de aparecer, aportando realismo y profundidad a los personajes y a la trama”, ha explicado, para añadir que “lo que se lee en torno a la actividad médica, son casos reales porque me di cuenta de que, al volcar esos pedazos de verdad cruda en mitad de una ficción, los aspectos más duros del trabajo se volvían algo más ligeros”.

En ese sentido, y cuestionado sobre cuánto hay en la novela que le haya inspirado su trabajo o le haya venido la inspiración a raíz de lo visto en su trabajo, el galeno riojano remarca que, al inicio del libro, ha incluido un aviso para “advertir que todos los casos clínicos y los procedimientos, son reales; incluso los más macabros o los detalles de los asesinatos pero novelando ciertos aspectos, obviamente”. En este punto, Torres precisa que esto puede resultar “chocante” para el lector pero, “los que trabajamos en un hospital sabemos que allí la realidad supera a la ficción, que la realidad es implacable y que escribiría tramas más duras que un novelista porque, a veces, atendemos escenas que no resultarían creíbles en las líneas de una novela”.

Sobre si ha llevado crímenes y situaciones al extremo en favor de la acción trepidante y buscando enganchar al lector, Torres lo niega porque “la realidad que vivimos ya es suficientemente extrema de por sí”. Lo que ha intentado, añade, es “tratar los casos con cuidado para que nadie pueda reconocerse. He novelado la realidad, la he ajustado a la trama porque, al fin y al cabo, esto es una thriller y lo que prima es que las escenas sean adictivas para el lector. Pero cada caso clínico y cada procedimiento que aparecen en el libro es completamente real”.

Donostia de escenario

Preguntado por cómo de apropiada es una ciudad como San Sebastián para un relato de las características del suyo, Torres explica que “la trama requería un hospital grande, y podía haber estado localizada en cualquier ciudad, pero San Sebastián es el lugar perfecto para crear la atmósfera adecuada”. Desde su perspectiva, prosigue, “San Sebastián y Gipuzkoa son un entorno que aporta mucho al misterio porque el lugar nos propone un juego de contrastes: la belleza del paisaje con lo oscuro del clima; el glamour del festival de cine con lo sórdido del crimen. Lo rural y lo urbano. La montaña y el mar. Lo moderno y el folclore”.

Y, por último, “la mitología vasca, que es oscura y mezcla lo cotidiano con lo terrorífico de una manera muy natural, sin necesidad de grandes efectos”, enumera. Sobre cómo de difícil ha sido evitar los estereotipos habituales de la ficción en torno al mundo médico, el facultativo cree que “hay muchas ficciones de éxito ambientadas en hospitales, pero muy pocas se ajustan a la realidad porque hay estereotipos que se repiten porque son reales pero, otros son auténticos disparates”, considera.

Por ello, al escribir 'La enfermera' se enfrentaba al “doble reto” de crear un ambiente “comprensible y atractivo” para quien “no ha pisado un hospital en su vida” y, al mismo tiempo, “lo suficientemente realista como para que mis propios compañeros lo reconocieran”. Respecto a si cree que lo ha logrado, Martín Torres asegura que recibe mensajes “tanto de lectores que no han trabajado nunca en sanidad como de profesionales de la salud a los que la novela parece haber gustado por igual a unos y otros”.

Como médico, y preguntado por si la situación que viven los médicos y la Sanidad en Euskadi y España, daría para una novela de terror más que para un thriller, Torres asegura que “urgencias ha sido y seguirá siendo siempre un ambiente duro casi por definición” aunque, precisa que “estamos acostumbrados a adaptarnos, a resistir y a marcar el tono que requiere cada guardia, sin quejarnos”. En cuanto a la situación actual de la Sanidad, “generalizando, es complicada, sí, pero hay compañeros mucho más capacitados y con más perspectiva que yo para hablar de ello” zanja.

Por último, y cuestionado sobre si esta novela es una incursión puntual en la literatura o tendrá continuación, Martín Torres asegura que dependerá totalmente del interés de la prensa, del apoyo de la librerías y, sobre todo, “del cariño y la pasión de los lectores” porque, por su parte, si 'La enfermera' gusta y los lectores quieren más, “Sophie Boussignac y Víctor Viso tienen muchas más aventuras por delante que estoy deseando escribir”, concluye.

El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud (SES) que adecue de forma inmediata la dotación efectiva de facultativos en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres a la presión asistencial real. El pronunciamiento de la corporación se produce tras la dimisión de la coordinadora del servicio, adelantada en primicia por elDiario.es Extremadura, que se hará efectiva el próximo 30 de septiembre tras meses de advertencias por la falta de personal.

La entidad colegial ha expresado su reconocimiento a los profesionales del área por el “esfuerzo” que realizan para garantizar la atención en un contexto de “elevada presión asistencial y dificultades derivadas de la insuficiencia de recursos humanos”. Aunque el órgano evita valorar decisiones personales, ha remarcado que esta dimisión “refuerza la necesidad de analizar las condiciones asistenciales y organizativas” del hospital y supone un “elemento de preocupación” ante los avisos planteados de forma reiterada por la propia plantilla.

El colegio advierte de que los profesionales vienen afrontando “jornadas prolongadas, elevada carga asistencial y escasos periodos de descanso”. A juicio de la institución, esta “sobrecarga sostenida” no solo afecta a la salud de los médicos, sino que aumenta directamente el “riesgo de errores e incidentes relacionados con la seguridad clínica” de los pacientes.

Revisar las decisiones del SES

Por ello, la corporación considera prioritario revisar la eficacia de las decisiones adoptadas por la Gerencia del Área de Salud de Cáceres para garantizar entornos de trabajo seguros. Entre las principales demandas, el colegio hace especial hincapié en la necesidad de cuidar la formación de los médicos residentes (MIR), exigiendo que su actividad se ajuste estrictamente a su nivel de competencias y respete el modelo de responsabilidad progresiva y supervisión.

Las cifras respaldan las reclamaciones del colectivo médico: los pacientes mayores de 14 años atendidos en las urgencias cacereñas pasaron de 74.134 en 2023 a 81.012 en 2025, lo que representa un incremento del 9,27% con una tendencia que se mantiene al alza durante 2026. Ante este escenario, la organización enfatiza que la suficiencia de la plantilla “no puede determinarse solo por el número de plazas existentes”, sino por la disponibilidad efectiva de los facultativos y la demanda real que absorben diariamente.

En los últimos días, la Gerencia del Área de Salud ha puesto en marcha medidas organizativas y el SES ha anunciado la incorporación de seis facultativos de refuerzo para paliar el déficit estructural. Aunque el Colegio de Médicos valora estos movimientos, advierte de que “todavía es pronto para determinar su eficacia” y anuncia que realizará un seguimiento exhaustivo durante las próximas semanas centrado en medir los tiempos de espera, las cargas de trabajo, los descansos y la capacidad de respuesta frente a nuevas saturaciones.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha asegurado que la dimisión de la coordinadora de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, adelantada por elDiario.es Extremadura, es “la muestra más evidente” del “deterioro progresivo” que sufre la sanidad pública bajo la gestión del Gobierno de María Guardiola.

La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, ha señalado que la marcha de la responsable del servicio no constituye “un hecho aislado, pero sí un hecho especialmente grave” que demuestra que las denuncias de los trabajadores no responden a “una alarma del Partido Socialista, sino a una realidad que los profesionales llevan meses trasladando”. Según Gil Rosiña, el Servicio Extremeño de Salud (SES) no padece un problema de presupuesto, al contar con recursos similares a los de ejercicios anteriores, sino un déficit de “gestión, planificación y capacidad”.

En esta línea, la dirigente del PSOE ha criticado que la presidenta autonómica decidiera prescindir de parte del cuerpo directivo del SES para situar al frente de la sanidad pública a responsables procedentes de la sanidad privada “sin experiencia en la gestión de un sistema público como el extremeño”. Asimismo, ha alertado sobre la “falta de comunicación y coordinación” entre la Gerencia del SES, sus servicios centrales y las áreas de salud, asegurando que el sistema se encuentra “a la deriva”.

Respecto a la respuesta de la Consejería de Salud, que ha anunciado la incorporación de seis médicos para el servicio de Urgencias cacereño, el PSOE lo considera un “parche” insuficiente que no soluciona el colapso estructural. “El deterioro que existe no necesita propaganda. Se pretende solucionar con actividad extraordinaria lo que debería resolverse con planificación”, ha afirmado la portavoz, quien ha remarcado que la sobrecarga se extiende a la Atención Primaria, donde los usuarios afrontan demoras de hasta dos semanas para ser atendidos.

Por último, Gil Rosiña ha exigido a la Consejería una “reconsideración profunda” del rumbo de la gestión sanitaria y ha reclamado que se respalde a todo el conjunto de profesionales del SES, desde el personal médico hasta enfermería, técnicos, celadores y personal administrativo. “Cuando una responsable de Urgencias decide dimitir tras meses advirtiendo de la situación, la Consejería no puede responder contando profesionales; una dimisión así debería hacer saltar todas las alarmas”, ha concluido.

La situación del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres suma un nuevo capítulo. La coordinadora del servicio habría presentado su dimisión irrevocable, con efectos del próximo 30 de septiembre, según han trasladado a elDiario.es fuentes médicas conocedoras de la situación, en un contexto de creciente preocupación entre las y los profesionales por la falta de personal y las dificultades para mantener la cobertura asistencial de los dos hospitales cacereños.

La decisión se conoce después de meses de advertencias de los facultativos sobre la situación del servicio. Los profesionales aseguran que llevan trasladando sus problemas al SES (Servicio Extremeño de Salud), “al menos desde marzo o abril” y consideran que las medidas “muy paliativas” adoptadas hasta ahora no han permitido resolver las dificultades de cobertura.

La coordinadora ha trasladado a los profesionales su preocupación por el riesgo que están asumiendo para mantener la asistencia. Desde el equipo de médicas y médicos aseguran que tienen un gran pundonor hacia la población, “pero somos conscientes del riesgo que se está corriendo”. A esta preocupación se suma, según explican, el “agotamiento físico y psicológico” que está provocando entre los profesionales la situación que atraviesan.

“Somos un colectivo que nos estamos sacrificando, esforzando por los demás, por toda la sociedad”, señalan, en referencia al compromiso de los facultativos con la atención a la población “pese a las dificultades existentes”.

La salida de la coordinadora está prevista para el 30 de septiembre y, según las fuentes consultadas, se trata de una dimisión irrevocable. El SES conocería ya oficialmente los motivos concretos comunicados por la responsable para justificar su decisión y que estos están directamente relacionados con la situación de falta de personal denunciada por la plantilla médica.

Y es que la actual situación queda reflejada en un informe técnico fechado hoy 19 de agosto sobre la situación del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

En el documento se señala que la plantilla orgánica está constituida por 38 facultativos adjuntos, pero advierte de que la disponibilidad real de profesionales es “significativamente” inferior debido a las distintas situaciones de bajas, reducciones de jornada, exenciones y vacantes.

En la actualidad hay un facultativo con una reducción de jornada del 30% sin cobertura sustitutoria, cuatro facultativos en situación de incapacidad temporal, una facultativa de baja por maternidad que sí está cubierta mediante sustitución y dos facultativas de baja por riesgo durante el embarazo. Además, cinco facultativos están exentos de realizar guardias. A estas circunstancias se suman dos plazas vacantes que permanecen sin cubrir.

El informe destaca además que actualmente no existen facultativos contratados específicamente para realizar actividades de guardia, lo que limita la capacidad de respuesta ante incidencias sobrevenidas o incrementos de actividad.

De esta forma, según los datos recogidos en el documento, aproximadamente 32 facultativos mantienen la cobertura asistencial de los dos hospitales.

Los médicos inciden así en la diferencia entre la plantilla orgánica o teórica y la disponibilidad efectiva. Una cuestión especialmente relevante porque el Servicio Extremeño de Salud ha defendido que actualmente hay 38 facultativos y que la plantilla se ha incrementado respecto a los 32 existentes en enero de 2023.

Sin sustitutos para vacaciones, permisos o bajas

El informe señala que el Servicio de Urgencias carece actualmente de profesionales sustitutos suficientes para cubrir situaciones habituales como las vacaciones reglamentarias, los permisos y licencias, las actividades formativas, las incapacidades temporales o las situaciones familiares sobrevenidas contempladas en la normativa laboral.

Esta circunstancia obliga, según los profesionales, a distribuir la actividad entre una plantilla efectiva reducida y genera dificultades organizativas para garantizar de forma continuada la cobertura de los dispositivos de urgencias hospitalarias.

Durante cada quincena del periodo estival coinciden entre siete y ocho facultativos de vacaciones, según recoge el informe, sin alcanzar siquiera el límite máximo de simultaneidad establecido por Recursos Humanos.

La consecuencia es que las ausencias reglamentarias no siempre pueden ser absorbidas mediante sustituciones, sino que recaen sobre el resto de profesionales disponibles.

Las Urgencias han aumentado un 9,27% desde 2023

Las dificultades de personal se producen además en un servicio que ha experimentado un incremento sostenido de la demanda asistencial. Los datos incluidos en el informe reflejan que en 2023 las Urgencias atendieron a 74.134 pacientes mayores de 14 años. En 2024 fueron 78.678 y en 2025 la cifra ascendió hasta los 81.012 pacientes.

El documento cifra en un 9,27% el incremento de pacientes atendidos entre 2023 y 2025.

La tendencia se mantiene durante este año. Hasta el pasado 31 de julio de 2026 habían sido atendidos ya 47.378 pacientes mayores de 14 años, 465 más que en el mismo periodo de 2025.

Los profesionales consideran que estos datos deben ponerse en relación con la disponibilidad real de médicos, ya que el aumento de la presión asistencial coincide con una reducción efectiva de los recursos humanos disponibles debido a las bajas, las exenciones de guardias, las reducciones de jornada y las vacantes.

“Especial fragilidad” del modelo actual

El informe técnico concluye que la situación actual puede considerarse de “especial fragilidad” desde el punto de vista organizativo y asistencial.

Se señala pues, que concurren simultáneamente un incremento progresivo de la presión asistencial, la existencia de vacantes estructurales sin cubrir, una reducción de la capacidad operativa real de la plantilla por incapacidades temporales, exenciones y otras situaciones administrativas, la ausencia de profesionales sustitutos suficientes y la necesidad de mantener la actividad asistencial en dos centros hospitalarios de forma simultánea.

La combinación de estos factores, según el documento, condiciona la sostenibilidad del modelo organizativo actual, compromete la flexibilidad necesaria para afrontar incidencias sobrevenidas y dificulta la adopción de medidas dirigidas a mejorar tanto la calidad asistencial como las condiciones laborales de los profesionales.

Por ello, los médicos consideran necesario reforzar la dotación del Servicio de Urgencias, cubrir las vacantes existentes y establecer mecanismos que permitan atender adecuadamente las incidencias previsibles de personal.

El objetivo, según recoge el informe, es garantizar la continuidad asistencial, la seguridad clínica y la sostenibilidad organizativa del servicio.

El SES sostiene que la asistencia está garantizada

La situación contrasta con la respuesta ofrecida por el Servicio Extremeño de Salud después de que los facultativos alertaran a elDiario.es Extremadura de las dificultades que atraviesa el servicio.

El SES aseguró que la asistencia sanitaria está garantizada en todos los servicios del Área de Salud de Cáceres, incluido el servicio de Urgencias, y destacó precisamente el aumento de la plantilla hasta los 38 facultativos.

Los médicos y médicas, sin embargo, consideran que esa cifra no refleja la capacidad real del servicio para afrontar la actividad diaria y las guardias, ya que una parte de los profesionales no está disponible para determinadas funciones debido a la casuística detallada anteriormente.

La dimisión de la coordinadora, prevista para el 30 de septiembre, añade ahora un nuevo elemento de incertidumbre a un servicio cuyos profesionales aseguran que llevan meses advirtiendo de la situación.

Mientras tanto, los médicos mantienen que continúan sosteniendo la asistencia por su compromiso con la población, pese a un nivel de desgaste que describen como físico y psicológico, y reclaman que la Administración traduzca la plantilla teórica de 38 facultativos en una capacidad efectiva suficiente para garantizar la atención urgente con seguridad en la capital cacereña.

Izquierda Unida ha advertido de que la remodelación de Urgencias del Hospital San Pedro, que ampliará el servicio con diez nuevos boxes, “será insuficiente si no se acompaña de un plan concreto de contratación de profesionales y de un refuerzo de la Atención Primaria”.

La formación critica que el Gobierno regional se haya limitado a anunciar un incremento de plantilla “en función de las necesidades que se determinen”, sin concretar cifras, categorías profesionales ni calendario. Para IU, la respuesta del Ejecutivo es exclusivamente arquitectónica ante un problema que es, sobre todo y a su juicio, de personal.

“Que esta inversión no se quede en metros cuadrados. Se puede aumentar un 29% la superficie, pero si no crece también la plantilla lo único que conseguiremos es tener a los pacientes esperando en un sitio más cómodo”, ha señalado el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero.

La formación pone además el foco en los datos del propio Gobierno: 122.810 atenciones en 2025, frente a las 120.828 de 2024 y las 118.442 de 2023. Más de 4.300 atenciones adicionales en dos años que, sostiene IU, “no responden a una demanda caprichosa, sino a las dificultades crecientes para acceder al primer nivel asistencial”. “Cuando una persona no consigue cita con su médica de familia en un plazo razonable, el problema de salud no desaparece: se traslada a Urgencias. El colapso del San Pedro empieza en los centros de salud”, ha afirmado Ollero.

Izquierda Unida exige por ello un compromiso público y cuantificado de ampliación de plantilla en el servicio y un plan de choque para la Atención Primaria que garantice la cita con el médico de familia en 48 horas, cubra todas las vacantes y ponga medidas para fidelizar profesionales en la comunidad.

Los médicos adjuntos del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres (CHUC) han trasladado a la Gerencia y a las direcciones asistencial y médica del centro una comunicación en la que alertan de una “situación crítica” en el servicio y advierten de que la falta de facultativos y el aumento de la demanda asistencial suponen “un riesgo cierto para la seguridad de los pacientes”.

Los y las profesionales sitúan el problema más allá de la sobrecarga laboral y advierten de las posibles consecuencias que puede tener sobre las personas que acuden a Urgencias. En concreto, señalan que la acumulación de pacientes pendientes de atención, la saturación de los circuitos asistenciales y la insuficiencia de recursos humanos pueden favorecer incidentes relacionados con demoras en los diagnósticos o en los tratamientos, con posibles repercusiones sobre la salud e incluso sobre la vida de los pacientes.

El escrito, firmado por médicos adjuntos del servicio, señala que Urgencias constituye una de las principales puertas de entrada al sistema sanitario y que atiende de forma inmediata y continuada a pacientes con patologías tiempo-dependientes y potencialmente graves. Por ello, consideran especialmente preocupante que la capacidad operativa del servicio se haya deteriorado progresivamente.

Los facultativos atribuyen esta situación a la concurrencia de dos factores: “la disminución de efectivos médicos disponibles” y “el incremento constante del volumen y complejidad de los pacientes atendidos”.

Aseguran que la plantilla actual resulta “claramente insuficiente” para responder a la presión asistencial existente y que esta circunstancia obliga de forma reiterada a trabajar “en condiciones de sobrecarga extrema”. Entre las consecuencias que describen se encuentran las dificultades para cubrir los turnos, el aumento de los tiempos de espera y las limitaciones para ofrecer la atención con los estándares de calidad y seguridad que consideran exigibles a un hospital de referencia.

Una advertencia que llega a la dirección del hospital

La advertencia de los médicos se centra especialmente en los riesgos derivados de las demoras. Según recoge el documento, la saturación puede afectar a pacientes cuya evolución clínica depende de una valoración y un tratamiento precoces.

Los profesionales alertan de que esta situación podría generar “perjuicios irreparables” para pacientes y familiares y reclaman que se adopten medidas antes de que puedan producirse acontecimientos adversos.

La presión asistencial también tiene consecuencias sobre los propios trabajadores. El escrito señala que la situación está sometiendo a los profesionales a una presión continuada que incrementa el riesgo de agotamiento físico y emocional y que dificulta el ejercicio de una práctica clínica segura.

Pese a ello, los facultativos destacan el “compromiso, profesionalidad y esfuerzo extraordinario” que, según señalan, realizan diariamente tanto los médicos como el resto de profesionales implicados en la atención de Urgencias.

Los firmantes consideran necesario dejar constancia formal de que la situación actual “supera en numerosos momentos la capacidad de respuesta razonable del Servicio de Urgencias”.

Por ello, reclaman a la Dirección Médica y a la Gerencia que conozcan expresamente la situación y valoren “con carácter prioritario” la adopción de medidas organizativas, estructurales y de recursos humanos para garantizar la seguridad de los pacientes y evitar que la situación pueda derivar en consecuencias graves.

La responsabilidad última sobre la planificación y dotación de recursos del sistema sanitario público extremeño corresponde a la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Salud (SES). Por ello, la advertencia de los facultativos trasciende la gestión interna del Hospital Universitario de Cáceres y sitúa también el foco en la administración autonómica, que deberá determinar si los recursos disponibles son suficientes para garantizar una atención segura en uno de los principales servicios de entrada al sistema sanitario.

El escrito reclama precisamente que se actúe antes de que puedan producirse acontecimientos adversos y advierte de las posibles consecuencias profesionales, legales y reputacionales que una situación de estas características podría tener para los trabajadores y para la propia institución sanitaria.

La comunicación concluye dejando constancia de la preocupación de los facultativos por el mantenimiento de la seguridad asistencial en las condiciones actuales y con el objetivo de que se adopten actuaciones preventivas que permitan reducir los riesgos que, según denuncian, está soportando el servicio.

El SES asegura que Urgencias tiene “más plantilla que nunca”

Frente a la advertencia de los facultativos, el Servicio Extremeño de Salud (SES) asegura que la asistencia sanitaria está garantizada en todos los servicios del Área de Salud de Cáceres y sostiene que el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres cuenta actualmente con “más plantilla que nunca”.

Según los datos facilitados por el SES, el número de facultativos del servicio ha pasado de 32 el 1 de enero de 2023 a 38 a 13 de agosto de 2026. Es decir, seis profesionales más en plantilla que hace tres años.

El SES defiende así que se ha producido un incremento de los efectivos médicos en Urgencias y asegura que la asistencia está garantizada, en respuesta a la denuncia de los facultativos, que consideran que la plantilla disponible es “claramente insuficiente” para afrontar la demanda actual y alertan de posibles riesgos para la seguridad de los pacientes.

La Administración sanitaria señala además que la Dirección Gerencia del Área de Salud de Cáceres mantiene una comunicación permanente con los profesionales de Urgencias y que se ha reunido recientemente con sus representantes para analizar las necesidades organizativas planteadas.

Como resultado de estos encuentros, según explica el SES, se van a impulsar “diversas medidas organizativas” que los propios profesionales vienen reclamando históricamente y que están relacionadas con aspectos del funcionamiento del servicio que, según la Administración, se arrastran desde la apertura del Hospital Universitario de Cáceres.

El SES sostiene que estas reuniones forman parte de una estrategia más amplia de la Dirección del Área de Salud, que está manteniendo encuentros sistemáticos con los distintos servicios asistenciales del hospital para identificar oportunidades de mejora y adoptar las medidas organizativas que sean necesarias.

La Administración sanitaria insiste en que la relación con los profesionales de Urgencias y con el resto de servicios hospitalarios se desarrolla en un marco de “colaboración, diálogo y trabajo conjunto” con el objetivo de mejorar la asistencia.

Asimismo, asegura que el Servicio Extremeño de Salud evalúa de forma permanente la actividad asistencial, los recursos disponibles y las necesidades organizativas de los centros sanitarios y que adopta las medidas que considera necesarias para garantizar una atención “segura y de calidad”.

De este modo, las posiciones trasladadas por los profesionales y por la Administración difieren en la valoración de la situación: mientras los médicos alertan de una “situación crítica” y de un “riesgo cierto” para la seguridad de los pacientes por la falta de facultativos ante el incremento de la demanda, el SES sostiene que el servicio dispone actualmente de más médicos que nunca y que la asistencia sanitaria está garantizada.

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM CLM) denuncia y condena una agresión a una médica del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Mancha Centro del municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

El suceso ocurrió, según el sindicato, el pasado sábado 8 de agosto mientras la facultativa realizaba su labor asistencial.

Según la información recopilada por CESM-CLM, los hechos se produjeron durante la atención a una paciente en el Servicio de Urgencias. Mientras la médica intentaba realizar la historia clínica para poder prestarle asistencia, “la paciente adoptó una actitud agresiva e intentó golpearla en dos ocasiones, llegando finalmente a alcanzarla en la cara y provocando que sus gafas cayeran al suelo”.

Aunque la doctora no sufrió lesiones físicas, “este hecho no resta gravedad a lo sucedido ni al impacto personal y emocional que ha sufrido nuestra compañera durante el ejercicio de la profesión”, ha indicado el Sindicato Médico, que ha confirmado que la doctora ha presentado la correspondiente denuncia y ha manifestado expresamente su deseo de preservar su identidad.

Reclaman que los centros sanitarios sean “espacios seguros”

CESM-CLM ha trasladado su apoyo, solidaridad y afecto a la compañera, convencido de que “un hospital, un centro de salud o un Servicio de Urgencias deben ser espacios seguros tanto para los pacientes como para los profesionales que trabajan en ellos” y considerando “imprescindible mantener una política de tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión a profesionales sanitarios”.

“No podemos permitir que las amenazas, intimidaciones o agresiones terminen normalizándose como si constituyeran un riesgo inevitable asociado al ejercicio de la profesión sanitaria. Cada agresión debe tener una respuesta clara de la sociedad y de las instituciones”, ha señalado el sindicato, que ha reclamado que las conductas violentas contra quienes están ejerciendo una función asistencial reciban una respuesta judicial firme, proporcionada y suficientemente disuasoria.

También pide al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que proporcione “acompañamiento inmediato al profesional agredido”, faciliten toda la asistencia jurídica, psicológica y laboral que pueda necesitar, colaboren activamente en el esclarecimiento de los hechos, revisen las medidas preventivas y de seguridad cuando se produzca cualquier incidente y que ejerza de manera efectiva su personación como acusación particular en los procedimientos derivados de agresiones a sus profesionales, “defendiendo institucionalmente a quienes han sido atacados mientras prestaban un servicio público”.

CSIF denuncia una agresión verbal en julio en Tomelloso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) condena la agresión y reitera su “rotunda oposición” a cualquier forma de agresión e interferencia en el trabajo de todos los profesionales del ámbito sanitario. Lamenta que “este tipo de prácticas se repitan con demasiada frecuencia”.

Asimismo, señala que el pasado 22 de julio se produjo una agresión verbal con amenazas e intimidación a otra facultativa del centro de salud Tomelloso II. “En aquella ocasión, un paciente inició una actitud hostil contra su médica tras denegarle la baja solicitada al considerar que no era necesaria. La rápida actuación del vigilante de seguridad, presente en el centro gracias a las presiones de CSIF, evitó que el incidente fuese a más”.

“Nada justifica ni una agresión física ni verbal. No podemos consentir que se nos menosprecie como personas ni como profesionales”, señala Alberto Rosales, responsable de CSIF Sanidad en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

CSIF, que muestra su apoyo a ambas facultativas agredidas, pide que se refuerce la protección a todos los trabajadores tanto en hospitales como en centros de salud y Puntos de Atención Continuada, para evitar que este tipo de hechos vuelvan a suceder.

“Este tipo de actos repercuten en el normal funcionamiento de los servicios. Debemos disponer de medidas reales y eficaces para acabar con esta lacra social”, subraya Rosales.

Por último, desde el sindicato se exige la formación de todas las plantillas de los centros sanitarios a fin de desarrollar habilidades comunicativas y sociales que permitan la prevención de este tipo de situaciones, el aumento y mejora de las medidas de seguridad en los centros de trabajo, implementando así un mayor número de personal de seguridad, la incorporación de medios técnicos de seguridad eficaces, así como campañas de sensibilización a la población por parte del Sescam.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real asume la asistencia jurídica de la agredida

El Colegio de Médicos de Ciudad Real condena de forma “rotunda” la agresión sufrida esta facultativa del Hospital Mancha Centro.

Explican que la institución colegial se puso en contacto con la médica agredida “desde el primer momento para trasladarle su apoyo, cercanía y disposición absoluta”. Asimismo, el Colegio asume su asistencia jurídica y la acompañará durante todo el proceso, tanto en el plano legal como en el apoyo institucional que pueda necesitar.

El Colegio apunta que esta actuación se hace extensiva a cualquier médico que pueda sufrir una agresión, amenaza, intimidación o coacción durante el ejercicio de su profesión. “El Colegio está y estará siempre al lado del médico agredido. Ningún profesional debe sentirse solo cuando es atacado por ejercer su trabajo”, subraya la institución.

La corporación colegial insiste en que no cabe normalizar ningún tipo de violencia en el ámbito sanitario. “Las agresiones a médicos no son hechos aislados ni conflictos menores: son conductas inadmisibles que afectan a la integridad física y emocional de los profesionales, deterioran la relación médico-paciente y ponen en riesgo la calidad de la asistencia”.

Por ello, el Colegio de Médicos de Ciudad Real reitera su mensaje de tolerancia cero ante cualquier agresión a sanitarios y anima a denunciar siempre este tipo de situaciones. “La institución defenderá con firmeza a los médicos agredidos y reclamará que estas conductas tengan una respuesta clara, proporcionada y disuasoria”.

Finalizan señalando que proteger a los médicos es también proteger a los pacientes. “Un hospital, un centro de salud o un servicio de urgencias deben ser espacios seguros para todos”, concluyen.