El de urgencias es uno de los servicios sanitarios más saturados de nuestro sistema de salud, cualquiera que haya pasado por una de sus salas de espera, a veces con retrasos de más de cuatro horas, puede dar fé de ello. La clave para no contribuir a esta experiencia frustrante de colapso está en una pregunta bastante personal: ¿Tengo realmente una urgencia? 

“Los pacientes van a urgencias porque tienen una necesidad subjetiva y consideran que están mal, pero si atendemos por orden de llegada podemos estar demorando la atención de alguien que realmente necesita prioridad frente a otras personas. Ahí es donde entra en juego el profesional de enfermería que hace el triaje en los hospitales de forma objetiva”, explica Sara Romalde, enfermera de urgencias en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).  

Para llevar a cabo este orden de prioridad, los hospitales utilizan programas estandarizados de triaje: “Nosotros usamos el sistema Manchester, que diría que es el más conocido a nivel global y está en continua revisión, obviamente puede tener fallas y tiene una parte subjetiva de valoración que depende del ojo clínico del que tría, pero en general es una herramienta que sigue unos criterios objetivos”. Otro de los más implantados en nuestro país es el Sistema Español de Triaje (SET).

Cuando un paciente llega al triaje, los profesionales de enfermería van pasando una serie de pantallas en el programa en función a los síntomas que presente. “Siempre vamos de más a menos: si te quedas en la primera ventana tu prioridad va a ser más alta, pero si no cumples ninguno de los requisitos, pasarás a la siguiente ventana, que es la siguiente prioridad”, señala la enfermera, que detalla que hay un código de cinco colores para determinar los niveles de espera.

“Empiezas por la prioridad roja, que quiere decir que tu atención tiene que ser inmediata, tanto por parte del equipo de enfermería como el médico”, informa Romalde, que pone como ejemplo de ese riesgo vital inminente la parada cardiorrespiratoria. A continuación, la prioridad naranja “indica que tienes que ser atendido en menos de 10 o 15 minutos, porque el tiempo puede ser vital”, describe, como por ejemplo “con un dolor torácico típico hay que hacer un electrocardiograma para ver el corazón y ver si hay o no un infarto”.

En el siguiente nivel, el amarillo, se incluirían síntomas “más o menos soportables, como sería un dolor en una fosa renal tipo cólico” o dolores similares que probablemente necesiten analgesia y que “pueden esperar hasta una hora”, aclara la profesional, que añade otros ejemplos como un síndrome confusional en una persona mayor o sangre en heces.

Después estaría la prioridad verde que la enfermera explica que se adjudica a pacientes que “pueden esperar hasta 120 minutos, por ejemplo un problema que tenga siete días de evolución y que no sea muy agudo, como dolores de espalda, problemas de extremidades y demás dolores crónicos que ya están a tratamiento y no mejoran”. Para estos casos de ajuste de medicación a patologías crónicas la enfermera recomienda acudir a la atención primaria. Por último, la prioridad azul se considera “un problema no urgente que puede esperar hasta 240 minutos, aunque en la práctica es gente que no tendría que estar en el servicio de urgencias.

“El dolor también es un discriminador muy común, de lo más difícil de valorar en triaje porque es más subjetivo, pero hay varios signos y escalas que nos ayudan a evaluar la tolerancia al dolor”, afirma Romalde. 

Muchas veces se pasa por alto que los centros de salud también disponen de urgencias de atención primaria y Puntos de Atención Continuada (PAC) que funcionan 24 horas. Estos centros, donde el tiempo de espera suele ser menor, pueden resolver patologías agudas como una fiebre que nos impide ir a trabajar o una pequeña lesión que necesita una radiografía. 

“Urgencias no es el lugar para hacer estudios en profundidad, sino de resolver problemas agudos y que puedan suponer un riesgo vital si no son tratados, las enfermedades se estudian generalmente en primaria. Nosotros actuamos en situaciones de riesgo inminente”, apunta Romalde, que subraya que son los médicos de familia quienes mejor conocen a los pacientes y tienen más llaves para abrir otros procesos. Por eso, un paciente con cáncer puede tener un diagnóstico muy malo, pero si su situación clínica es estable en ese momento, su prioridad de atención será menor que la de alguien con un riesgo inminente.

“Tenemos un sistema de salud muy bueno, universal y gratuito, y la población no tiene la culpa de que no esté bien dimensionado, pero tampoco debe abusar de ello... Es responsabilidad de todos colaborar para cuidarlo para no acabar como en otros sistemas de salud en lo que solo pueden acceder quienes se lo pueden permitir”, comentan desde su equipo.

Acudir primero al médico de cabecera no solo aligera la presión en urgencias, sino que supone una atención más integral y personal. Sin embargo, el mal uso del servicio solo es uno de los muchos factores que saturan el sistema, según la enfermera: “Está el factor de que tenemos una población muy envejecida, que demanda más atención porque tiene más complicaciones y pluripatología; también el deterioro de la atención primaria de un tiempo a esta parte, que es el primer filtro de la población para no acudir a urgencias; por otra parte, el deterioro de la atención especializada, con pruebas que tardan entre seis meses y un año mientras los síntomas del paciente van empeorando... Al final acabas yendo a urgencias por miedo, porque te encuentras mal o porque realmente estás empeorando sin tener un diagnóstico”. 

Por otro lado, Romalde destaca algunos fenómenos llamativos: “Durante los partidos de fútbol y eventos deportivos, sobre todo si son finales importantes, las urgencias están vacías, y antes de una operación salida las urgencias se llenan de niños. Eso es indicativo de cómo la gente usa mal el sistema”. Aunque, por supuesto, insiste en que también atienden verdaderas urgencias y anima a acudir al servicio ante síntomas neurológicos, como desorientación o amnesia, visión borrosa sostenida, pérdida de fuerza o dolores insoportables o una fiebre de origen desconocido que no remite. “En definitiva, todo lo que seamos capaces de manejar correctamente, primero, en casa y, después, en atención primaria.

“Uno de los motivos de consulta más frecuente que vemos es la disnea o dificultad respiratoria grave, que aumenta muchísimo el volumen de pacientes en invierno, y ante eso recomendaría vacunarse, porque vacunar salva vidas”, concluye Romalde.

La Diputación del Común recoge en su informe de 2025 “la oposición expresa” del actual director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, a que una delegación de esta institución inspeccionase sin previo aviso las urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Por entonces, Goya era gerente del HUC y la inspección no anunciada, que se produjo el 22 de junio de 2025, a las 19.00 horas, “se vio obstaculizada por la oposición expresa del gerente, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común”.

No obstante, mientras la jefa de día de las urgencias del HUC consultaba a sus superiores, la delegación de la Diputación del Común pudo observar parcialmente el funcionamiento del servicio y constatar, entre otras cuestiones, la existencia de camas ubicadas en los pasillos.

El informe de la Diputación del Común detalla que durante la visita se entregó al centro el formulario oficial de recogida de datos a efectos de su cumplimentación y posterior remisión.

También indica que, dado el “carácter obstruccionista de la actuación del gerente”, el mismo 22 de junio de 2025 se formuló denuncia ante la Consejería de Sanidad y ante la Secretaría General Técnica, mediante comunicación electrónica, sin que conste respuesta.

La institución de defensa de la ciudadanía canaria hace mención expresa a que el gerente del HUC fue cesado el mismo día en que la Diputada del Común se disponía a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal su “conducta obstructiva”.

El 29 de julio de 2025, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el nombramiento de Adasat Goya como director del Servicio Canario de la Salud en sustitución de Carlos Díaz.

En aquella primera visita no anunciada se constataron diversas “incidencias relevantes”, entre ellas la presencia de pacientes en camillas ubicadas en pasillos, incluidos pacientes de edad avanzada, algunos de ellos sin vigilancia directa.

También, familiares denunciaron tiempos de espera muy prolongados, que en determinados casos superaban las 24 horas sin recibir información; saturación de áreas asistenciales como triaje, observación y pasillos; obstáculos materiales en zonas de tránsito y evacuación susceptibles de comprometer la seguridad.

Así como la imposibilidad de registrar reclamaciones en el propio servicio, al limitarse la Oficina de Atención al Usuario a la entrega de impresos sin permitir su formalización presencial.

Posteriormente, el 6 de agosto de 2025, la Diputación del Común realizó otra visita sin avisar y en la comparación entre ambas se pudo constatar “una reducción visible” del número de camillas con pacientes en pasillos y la persistencia de tiempos de espera excesivos, según el testimonio coincidente de familiares.

También persistían en esa segunda visita las dificultades de acceso a información objetiva del servicio en tiempo real, riesgos u obstáculos en zonas de evacuación, y una presión asistencial sostenida en observación, tránsito y áreas relacionadas.

En una tercera visita, el 25 de noviembre de 2025, se identificaron “avances organizativos y estructurales”, como la implantación del circuito diferenciado para familiares, la consolidación de la sala de sillones, la creación en curso de una sala específica de trauma y la referencia a la puesta en funcionamiento del nuevo bloque quirúrgico.

Asimismo, “se observó una mayor colaboración institucional por parte de la dirección médica y la gerencia” del HUC, enfatiza la Diputación del Común.

No obstante, seguía habiendo una “presencia significativa” de pacientes en camillas en los pasillos y la coexistencia de pacientes ubicados en pasillos habiendo camillas y camas disponibles sin uso, “lo que apunta a dificultades en los procesos de valoración clínica o de gestión interna del flujo asistencial”.

Relato de pacientes y familiares

En el marco de la investigación desarrollada por la Diputación del Común se han incorporado al expediente diversos testimonios de personas usuarias, como la de la hija de una paciente de 92 años diagnosticada de Alzheimer y con dependencia reconocida de grado III, quien ingresó en urgencias tras sufrir una caída con fractura de cadera y traumatismo craneoencefálico.

Permaneció varios días en una camilla y en ayunas de forma reiterada, sin que finalmente se realizara la intervención inicialmente prevista.

Otros testimonios relatan estancias prolongadas de varios días en los pasillos de urgencias, permaneciendo en sillones, sin acceso a cama ni traslado a planta durante periodos prolongados.

Estas personas describen un entorno caracterizado por hacinamiento, con pacientes ubicados muy próximos entre sí, ausencia de intimidad, iluminación constante y ventilación limitada, así como demoras en la valoración médica y explicaciones contradictorias sobre los tiempos de espera.

Refieren igualmente dificultades para recibir agua, mantas y otros elementos básicos, así como problemas reiterados para el aseo personal, pese a la duración de la estancia.

Los testimonios coinciden en señalar deficiencias en las condiciones de higiene y limpieza, incluyendo incidencias en el uso de los baños, presencia de suciedad y residuos, así como situaciones que afectan a la confidencialidad de la información sanitaria, al escucharse datos clínicos en voz alta en espacios compartidos.

Dentro de estos relatos, se pone de manifiesto la especial vulnerabilidad de las personas mayores, dependientes o sin acompañamiento, describiéndose situaciones en las que otros pacientes asumían tareas básicas de apoyo, como facilitar mantas, avisar sobre el uso del baño o prestar ayuda para la movilidad, generándose una solidaridad entre pacientes que suplía, según relatan, la insuficiencia de recursos.

De forma transversal a todos los testimonios, las personas usuarias expresan un impacto emocional significativo, caracterizado por sentimientos de angustia, desesperación, humillación y pérdida de dignidad, así como una percepción compartida de que estas condiciones de permanencia prolongada en Urgencias se dan por normalizadas.

En la presentación del informe de 2025 el pasado viernes en comisión parlamentaria, la Diputada del Común, Dolores Padrón, solicitó una auditoría externa independiente sobre el funcionamiento de las urgencias del HUC, el hospital de España con más reclamaciones relacionadas con este servicio, según el Defensor del Paciente.

Asimismo, La Diputación urge a “la ejecución real, efectiva, completa y verificable” del Plan de Urgencias aprobado en 2017 (PLUSCAN), evitando que continúe operando como “un instrumento meramente programático o declarativo”.

Entre sus propuestas, sugiere el refuerzo “de manera decidida” el papel del Hospital del Norte como elemento estructural del sistema sanitario insular, garantizando su utilización efectiva como recurso preferente para la atención de patologías de baja y media complejidad.

De estibador en el puerto a director del SCS

Adasat Goya, actual director del Servicio Canario de la Salud y exgerente del HUC, es estibador portuario sin formación sanitaria y percibe un sueldo de 111.649 euros, 38.000 más que su antecesor en el cargo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional mantiene desde marzo en suspenso el blindaje salarial que el Gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) coló en los presupuestos autonómicos de 2025 para permitir que los altos cargos sanitarios pudieran mantener las retribuciones que percibían en el sector privado. Dos fueron los gerentes beneficiados de esa reforma; uno de ellos, Adasat Goya.

Goya no tenía formación ni experiencia alguna en el ámbito sanitario cuando fue nombrado gerente del Hospital Universitario de Canarias (HUC) en agosto de 2023. El actual director del SCS es economista y hasta ese verano había trabajado como estibador –de 2006 a 2016– y como coordinador de una terminal de contenedores en Santa Cruz de Tenerife. Además, fue concejal de CC durante 16 años, con responsabilidades de Gobierno, en El Sauzal.

A pesar de que durante la campaña electoral había prometido profesionalizar la gestión sanitaria, el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, de su mismo partido, confió en él para darle las riendas de uno de los cuatro grandes hospitales del Archipiélago, el de referencia para la población del norte de Tenerife y la isla de La Palma.

Cuando Goya accedió al cargo, la retribución fija de un gerente de hospital de máxima categoría en las Islas rondaba los 68.000 euros anuales, entre el sueldo base, el complemento de destino y un complemento específico por puesto de trabajo. A esa cantidad habría que sumarle los incentivos por objetivos (unos 14.400 euros anuales en caso de que se alcanzase el 100%) y otro plus de productividad variable que retribuye a los gerentes por “el ejercicio efectivo de la actividad y funciones directivas fuera de la jornada ordinaria de trabajo durante, al menos, 40 horas dentro de cada mes natural”.

Goya solo se formó en gestión sanitaria después de acceder al cargo. Entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, el entonces aún gerente del HUC realizó un programa de alta dirección en salud de la Fundación San Telmo, un título propio de la universidad privada de Villanueva dirigida a profesionales que pretendan desarrollar “habilidades de liderazgo y de gestión” en este sector.

La Diputación del Común sugiere la realización de una auditoría externa sobre la situación del servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, que fue objeto de una investigación de oficio por parte de esta institución en 2025.

El HUC “necesita una auditoría ya”, ha proclamado la Diputada del Común, Dolores Padrón, en la presentación en comisión parlamentaria del informe de la institución correspondiente al pasado ejercicio.

Cree que la de este hospital en Tenerife es “el reflejo de la situación que pueden tener todas las urgencias” en Canarias por la obsolescencia del modelo y porque la falta de personal “es evidente”, al punto de haberse encontrado en esa investigación de oficio con un médico residente “solo en urgencias con 30 personas en una habitación”.

Padrón ha insistido en que se debe mejorar “todo el sistema de urgencias en Canarias”, y ha señalado que le “rechina” cuando se alude a los pacientes con alta que ocupan una cama hospitalaria por falta de plazas sociosanitarias “para justificar que las urgencias están colapsadas”.

Más allá de la sanidad, el informe de la Diputación del Común de 2025 pone el acento en los menores, y de hecho incluye un apartado específico sobre acoso en las aulas, y en la dificultad en el acceso a la vivienda.

“Lo más preocupante” de la fotografía que hace este informe sobre la realidad socioeconómica de Canarias que todos los grupos del Parlamento, sin excepción, han reconocido como fiel y certera, está en la situación de los menores y los adolescentes.

Dolores Padrón ha advertido de que “quizá” el porcentaje de pobreza y riesgo de exclusión social que señalan las estadísticas, cercano al 40%, es mayor, ya que no se cuenta a los que están en centros de acogida.

Ha urgido a actualizar los instrumentos normativos -Canarias lleva 25 años sin un nuevo plan integral de protección de menores- y a aprovechar el pacto canario por la infancia para que todas las áreas, Educación, Sanidad, Servicios Sociales y otras, “puedan relacionarse y construir juntas en base a su experiencia”.

En definitiva, lo que plantea es “montar una estructura diferente porque la actual no responde”, pues existe “un problema de fondo”, ya que hay protocolos pero “las respuestas no llegan siempre a la velocidad que los menores necesitan”; falta personal especializado y hay dificultades en el acogimiento y la adopción.

La Diputación del Común propone una “atención temprana real” de 0 a 6 años, así como reforzar las escuelas infantiles y la conciliación, y avanzar hacia el objetivo del 5% del PIB regional en Educación fijado por ley.

Padrón se ha dirigido a los diputados que conforman la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia y les ha pedido “que se apliquen con la infancia” porque “es un problema donde se nos va el futuro”.

Ha insistido en que los menores, y también los mayores, deben ser una prioridad en la agenda política de todas las administraciones, porque además siempre acaban repercutiendo en las mujeres: seis de cada diez quejas recibidas en 2025 por la institución las interpusieron ellas.

Es el caso, por ejemplo, de uno de los grandes problemas que refleja el informe del año pasado, el acceso a la vivienda, donde las mujeres acapararon el 68% de las quejas, bien de familias monomarentales, con dificultades económicas o víctimas de violencia machista.

Las quejas relacionadas con derechos sociales aumentaron el año pasado un 7,36% y dentro de éstas, las relativas a la renta canaria representaron el 67%.

Padrón ha analizado que en estos momentos el sistema de derechos sociales “se sostiene en gran media” gracias a los “esfuerzos invisibles” de las familias y del llamado tercer sector, y ha reconocido que en materia de dependencia ha habido avances en la tramitación de los planes individualizados (PIA), y que ahora hay que mejorar en la prestación efectiva de la ayuda.

Pero sucede que cuando no existe ese respaldo familiar y la persona que necesita ayuda se encuentra con el silencio administrativo, tiene que lidiar sola con la pobreza o con una situación de dependencia, lo cual provoca “un colapso vital”.

Dolores Padrón ha hecho hincapié en el déficit de personal en la administración, no solo en Servicios Sociales, sino también en el Instituto Canario de la Vivienda, en Menores e Infancia, e incluso en la propia Diputación del Común.

Porque “cuando la administración no responde, la cohesión social se resiente”, ha sentenciado.

El informe de 2025 recoge más de 29.000 actuaciones y 3.572 quejas tramitadas, de las cuales el 70% tuvieron una resolución favorable para el ciudadano.

Una de las novedades del informe es que más allá del recuento de quejas, realiza un análisis cualitativo de los problemas que subyacen y que perduran con el paso de los años.

Otra es que ahonda en la mediación en materia de discapacidad y dependencia, que acaparan más de un tercio de toda la actividad de la institución.

Asimismo, refleja la consolidación de la llamada 'Escuela de ciudadanía' y el convenio con la Real Academia Española para eliminar “barreras terminológicas”.

Personas enfermas en los pasillos, arrinconadas contra la pared, escondidas por una cortina, sin luz natural ni ventilación. Es una muestra del colapso del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC). 

Muy cerca hay más pacientes, sentados en sillones llegan a esperar “hasta tres días” a que les suban a planta. El pasillo de evacuación también está abarrotado por más enfermos en camilla. El personal de Urgencias lo llama la “zona cero”. Es la salida de emergencia que se habilita de forma recurrente, pese a estar prohibido. Así dibujan algunos trabajadores del Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, la situación actual de su servicio de Urgencias.

En las Urgencias se acumulan personas que están esperando a ser vistas y valoradas por un médico, pero también hay enfermos que esperan a les den cama en una habitación del hospital o a ser derivados a la concertada, y a veces son pacientes que tienen el alta médica administrativa y que están a la espera de un centro sociosanitario, son personas sin hogar, explican distintos médicos.  

A pesar de esta realidad que describen los sanitarios y las imágenes a las que ha tenido acceso este periódico y que corresponden a este mismo miércoles, desde el HUC aseguran que la situación es de “normalidad”. Aseguran que “todas las zonas están habilitadas, y hay pacientes que esperan diagnóstico y otros tratamiento con normalidad”. Desde el hospital insisten en que “la situación de las Urgencias es muy dinámica y hay días de mayor afluencia de pacientes pero la espera para ser atendido está en la media”. Asimismo, apuntan que los “tiempos de espera son normales” y que el pasillo de emergencia “no está ocupado”.

“Si eso es normalidad, tener a personas mayores en la entrada de urgencias y en fila detrás de una cortina, eso es normalizar el maltrato al paciente, y es terrible”, señalan trabajadores del HUC.

Cati Darias, de Intersindical Canaria, confirma esta realidad y va más allá. “Las camillas son elementos de traslado de pacientes, no son elementos para que los pacientes estén. Ya el hecho de que estés en una camilla y no en una cama es una anomalía”, y señala que, cuando tampoco hay camillas disponibles, el personal ofrece a los enfermos un sillón. “Si tardan tres días en darle una cama de hospitalización, pasará los tres días en ese sillón. Eso es habitual”, lamenta.

Hasta 17 pacientes en camillas de pasillo

Fuentes del hospital consultadas por este periódico contabilizan hasta 17 el número de pacientes que han permanecido esta semana en camillas repartidas por los distintos pasillos del servicio de urgencias.  “Ahí puede perfectamente haber 8, 10, 12, dependiendo de lo saturada que esté Urgencia. No es un problema, y en eso quiero insistir, exclusivamente del HUC. Esa foto es del HUC, pero no es un problema exclusivamente de este hospital. En otros hospitales se habilitan salas de espera, o se habilitan aulas de formación para albergar pacientes”, explica Cati Darias, coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canarias.

Desde Intersindical Canaria, recalcan que “a esta situación de falta de infraestructura, y de colapso, y de ocultar a los pacientes, y de no darles un lugar digno, o procurar su intimidad instalando una cortina que parece hasta una cuestión burlesca, a esto ahora hay que añadir que están aplicando férreos recortes en la contratación de personal”.

En cuanto a la seguridad, la sindicalista advierte de que el hacinamiento en los pasillos dificulta incluso la movilidad del personal para prestar cuidados básicos de enfermería, y que una eventual evacuación de emergencia resultaría “altisimamente complicada”.

La zona cero: una salida de emergencias convertida en sala de espera

El caso de la llamada zona cero merece especial atención. Se trata, según Darias, de un pasillo que separa el área de la UCI y Radiología de la zona de urgencias, y que está catalogado como vía de evacuación del hospital. “Fue objeto de denuncia de la Inspección de Trabajo por parte de Intersindical Canaria, a lo que hubo un requerimiento para que en el plazo máximo de seis meses se realizaran las obras necesarias para que no se ubicaran camillas en esa zona. Y es algo que, de manera reiterada, vuelve a suceder”, denuncia la coordinadora.

Fuentes internas confirman que actualmente la zona se abre y cierra en días alternos según la presión asistencial, con un enfermero atendiendo desde una mesa con ordenador en mitad del corredor de emergencias.

“Es totalmente ilegal y peligroso para el tránsito de más camillas y ya fue clausurada en una ocasión por la Inspección de Trabajo”, asegura Cati Darias, coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canarias.

Recortes de personal sobre un sistema ya al límite

El colapso estructural se agrava, según los trabajadores, por una política activa de reducción de contrataciones. “Esta Consejería de Sanidad maltrata a sus trabajadores, pero además hace un maltrato de la ciudadanía”, afirma Darias, quien alerta de que, si no se revierte la situación antes del verano, se cerrarán agendas completas de especialidades. 

Desde Intersindical Canarias recuerdan que la comunidad ya parte de los ratios de personal sanitario más bajos de todo el Estado en relación con la población atendida, y que la población en las islas ha crecido en 600.000 habitantes en los últimos años sin que se haya creado “ni una sola cama de hospitalización” en ese mismo período. “Si no adecuamos los recursos sanitarios a este incremento poblacional brutal, nos vamos a encontrar estas situaciones en urgencias, en atención primaria y en las listas de espera”, advierte Darias.

El HUC, el hospital con más denuncias de Canarias

Según la última memoria anual de la Defensora del Paciente, el HUC es el hospital con mayor número de reclamaciones de todo el archipiélago, siendo su servicio de urgencias el más denunciado de todo el país. Darias no pone en duda ese dato, pero apunta que los tiempos de espera, “aunque han mejorado levemente, sobrepasan todas las indicaciones de las sociedades científicas”.

Fuentes internas del hospital reconocen que las quejas de los pacientes son menos de las que deberían ser. “Al final están tan cansados que una vez que suben a planta o se ponen bien, lo único que quieren es irse a casa”, explica.

Intersindical Canarias reconoce que los datos del hospital tinerfeño son los peores del sistema, y que la situación se replica en mayor o menor medida en los cuatro hospitales de tercer nivel del archipiélago y en los centros de las islas no capitalinas.

 El Sindicato de Enfermería, SATSE Albacete, vuelve a denunciar la saturación del servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), una situación crónica que, lejos de resolverse, continúa agravándose y comprometiendo la seguridad de pacientes y profesionales.

SATSE señala que este pasado martes, 26 de mayo, se registró una gran afluencia de pacientes, provocando la saturación total del servicio y de todos los dispositivos asociados, incluido el Servicio de Apoyo a Urgencias (SAU).

“Una situación que se mantiene hoy puesto que en las Urgencias permanecían 34 pacientes pendientes de una cama para ingresar, lo que evidencia la saturación que soporta el servicio sin que se dé una respuesta adecuada”, señala el sindicato.

Un servicio “sobrecargado” con “condiciones inadecuadas”

Desde SATSE se recuerda que esta situación “no es puntual”, sino que es “consecuencia de años de falta de planificación y de no adoptar medidas eficaces”, lo que ha convertido a Urgencias en “un servicio permanentemente sobrecargado”, en el que se atiende simultáneamente la actividad urgente y pacientes pendientes de ingreso, en “condiciones inadecuadas”.

Se pone de manifiesto que la incidencia de las enfermedades respiratorias no es la causa de la saturación de este servicio, como argumenta la Gerencia en los meses de invierno, sino que evidencia la falta de planificación y previsión

SATSE señala que esta acumulación de pacientes “es una constante” que “obliga a Urgencias a funcionar como una planta de hospitalización improvisada, con los riesgos que ello implica”.

Desde SATSE se hace hincapié en el hecho de que “la situación que se vive en estos momentos pone de manifiesto que la incidencia de las enfermedades respiratorias no es la causa de la saturación de este servicio, como argumenta la Gerencia en los meses de invierno, sino que evidencia la falta de planificación y previsión.”

SATSE advierte de que esta presión asistencial continuada repercute directamente en la calidad de los cuidados, la seguridad del paciente y la salud de los profesionales, que trabajan en un entorno de sobrecarga, estrés y falta de recursos.

Por todo ello, el Sindicato de Enfermería exige la adopción de medidas estructurales urgentes y reales, entre ellas el incremento de las plantillas de enfermería, una mejor organización de los recursos y la puesta en marcha de protocolos claros y un plan eficaz que ponga fin a una situación que resulta insostenible.

“En mi vida he pasado tanto miedo por la sensación de peligro”. Es el testimonio de un celador que trabaja en el Hospital San Pedro de Logroño que ha relatado a CCOO lo que considera “un episodio de extrema gravedad”. Un paciente, “en estado de agitación estuvo a punto de agredir a un celador, a varios técnicos de ambulancia y a más personal sanitario”. El paciente, “trató de agredir a los profesionales utilizando el cinturón de una camilla, de hecho golpeó con la hebilla los cristales de los boxes donde se encontraban más pacientes en situación crítica”.

Y ante hechos de estas características, CCOO La Rioja muestra su preocupación porque “además de las denuncias constantes denuncias del personal de Urgencias se une ahora las inseguras condiciones laborales en las que operan cada día”. Y es que denuncian que se ha cerrado una de las vías de salida con motivo de las obras que se están realizando en Radiología. Un cierre que alertan “reduce drásticamente las opciones de evacuación y convierte el área en una zona de alto riesgo en caso de emergencia”.

Además, añaden la deficiente cobertura de las cámaras de seguridad. “La ubicación de estas cámaras no permite controlar adecuadamente todas las zonas de Urgencias de forma que zonas especialmente sensibles como el pasillo de la zona de psiquiatría no está suficientemente vigilado por lo que el riesgo para pacientes y profesionales aumenta”.

CCOO La Rioja insiste en que “celadores y celadoras, como personal de primera acogida de pacientes, desempeñan una labor esencial en condiciones de continuo riesgo. Bien sea por exposición a riesgos biológicos, por la falta de personal o por situaciones de violencia como la que denunciamos, su seguridad no está garantizada”

Por todo ello consideran “inadmisible en un servicio ya de por sí peligroso, se agraven las condiciones de seguridad con decisiones como el cierre de una de las salidas por las obras de Radiología de Urgencias, unido además a la evidente carencia de personal de seguridad y a un sistema de videovigilancia claramente insuficiente”.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha asistido a un paciente que presentaba una complicación quirúrgica grave, trasladándolo desde Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), y la capital grancanaria.

Esta asistencia se produjo gracias a la colaboración de un “primer interviniente” que se percató de que el hombre, que se encontraba sentado en un banco junto a la zona de aparcamientos de un centro comercial en Playa del Inglés, estaba indispuesto, por lo que le ofreció su ayuda, según ha informado el SUC.

Seguidamente, al comprobar que el hombre presentaba una herida quirúrgica abierta, contactó con el Servicio de Urgencias Canario y siguió las indicaciones que el enfermero coordinador desde la sala de emergencias le facilitó, mientras los recursos sanitarios se desplazaban al lugar.

Subrayan que en estos casos es importante mantener al paciente inmóvil hasta que llegue la ayuda sanitaria profesional, instrucciones que el enfermero del SUC ofreció al alertante.

Además, ante la gravedad de la situación clínica del paciente, el coordinador sanitario activó dos ambulancias, una de ellas de soporte vital avanzado, y movilizó un helicóptero medicalizado para agilizar el traslado del paciente al centro hospitalario.

Una vez llegaron las dos ambulancias al lugar del incidente, iniciaron la asistencia sanitaria y estabilizaron al paciente hasta la llegada del recurso aéreo que tomó tierra en la zona de aparcamientos gracias a la colaboración de los bomberos de San Bartolomé de Tirajana y los agentes de la Policía Local del municipio.

La dotación sanitaria del helicóptero --médico y enfermero-- junto a los otros profesionales de las dos ambulancias del SUC hicieron la transferencia del paciente hasta la aeronave, que realizó el traslado hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Paralelamente, desde la sala de coordinación, se alertó al hospital sobre la llegada de este paciente, que precisaba asistencia quirúrgica urgente y así facilitar su acceso inmediato a quirófano.

La Gerencia de Atención Integrada de Talavera, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha activado un plan de contingencia temporal en el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado con el objetivo de garantizar en todo momento la continuidad asistencial y la adecuada atención a los pacientes.

La adopción de estas medidas responde a la acumulación de bajas registradas entre facultativos del Servicio de Urgencias durante los últimos días, y coincide además con la celebración en la ciudad de las Fiestas de San Isidro, que visita un elevado número de personas.

La situación que ha obligado a reorganizar de manera temporal la actividad asistencial ante la proximidad, precisamente, de este periodo festivo. Fuentes sindicales consultadas apuntan a que habría hasta nueve facultativos de baja laboral, un tercio del total, y el SESCAM confirma el dato. La plantilla de este servicio ronda la treintena.

Para asegurar la atención sanitaria, la Gerencia ha puesto en marcha distintas medidas organizativas coordinadas con la Dirección General de Asistencia Sanitaria, la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) y otros dispositivos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Se han reorganizado recursos de Primaria para apoyar al hospital

Entre las actuaciones adoptadas se encuentra el refuerzo de la atención urgente desde distintos servicios hospitalarios con actividad continuada, así como la reorganización de recursos asistenciales de Atención Primaria para apoyar la actividad del Servicio de Urgencias Hospitalarias.

Asimismo, y siempre bajo criterio clínico y coordinación de los profesionales de emergencias, determinados casos procedentes de zonas limítrofes podrán ser derivados puntualmente a otros centros hospitalarios de la red pública sanitaria regional.

La Gerencia de Atención Integrada de Talavera quiere trasladar un mensaje de “tranquilidad” a la ciudadanía y agradecer “el esfuerzo, compromiso y colaboración de todos los profesionales que están contribuyendo a mantener la actividad asistencial y la atención sanitaria durante estos días”.

La situación será evaluada de manera permanente con el fin de adaptar las medidas organizativas en función de las necesidades asistenciales y garantizar la mejor atención posible a los pacientes.

Coordinadores de los servicios hospitalarios de urgencias en Galicia han emitido este miércoles un nuevo comunicado en el que acusan al director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Alfredo Silva, de ningunearlos y despreciarlos y en el que avisan de que emprenderán “las pertinentes acciones legales para garantizar el mismo trato por parte de la administración”, toda vez que los acuerdos retributivos y laborales alcanzados en las últimas semanas no afectan a este colectivo, señalan.

En el comunicado, que recoge Europa Press, los jefes de Urgencias alegan que, en lo relativo a condiciones laborales y retributivas en el caso de Galicia “es importante destacar que ni en el acuerdo” del 22 de abril, de aplicación en Primaria; ni en el del 7 de mayo alcanzado con Atención Especializada, “se hace ninguna mención a la categoría de médicos de urgencias hospitalarias”.

Estos, prosiguen, siguen rigiéndose “en base al acuerdo de jornada y retribuciones y condiciones de trabajo del personal médico de urgencias hospitalarias del Sergas” de abril de 2007, “donde se establece una jornada obligatoria (no voluntaria) máxima de hasta 190 horas”. “Esto supone una flagrante discriminación hacia este colectivo y procederemos con las pertinentes acciones legales para garantizar el mismo trato por parte de la administración entre profesionales médicos”, aseguran.

Hacen referencia también a las declaraciones realizadas por Alfredo Silva tras su comunicado del martes, en las que apuntó que es “absolutamente falso que se esté bloqueando la contratación de profesionales para los servicios de urgencias de Galicia”.

“Tenemos que manifestarle que no se vislumbra dicha afirmación en el correo de su departamento que cita literalmente: 'la formalización de cualquier nombramiento temporal de facultativo especialista de área (particularmente de médico de urgencias) requerirá de su autorización previa por parte de la dirección de RRHH con el informe favorable de la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria'”, recogen y, añaden, “con fecha 6 de mayo de 2026 se indica 'a partir del día de hoy se incluye (en estas decisiones) una nueva especialidad de médico de Urgencias'”.

En relación con las 149 plazas de médicos de urgencias en Galicia que menciona el Sergas, replican que “son el resultado de un acuerdo vehiculizado hace cuatro años con la anterior dirección de Recursos Humanos del Sergas, con participación de la anterior gerencia y del anterior conselleiro”.

Estas plazas, aducen, “fueron configuradas para afrontar el déficit estructural de los servicios, tras reunión con todos y cada uno de los coordinadores de urgencias y fueron ofertadas de manera progresiva en tres años”. Añaden duras críticas a Silva, al que acusan de intentar adjudicarse el “hito” de ese acuerdo, pese a que él “ni estaba ni se le esperaba, y solo por dignidad es de justicia decir que tal mérito les corresponde a los interlocutores citados anteriormente que, sin duda, tenían otro talante, capacidad de diálogo y bastante más compromiso con la institución”.

Para concluir, advierten a Alfredo Silva de que “en la vida, el respeto se gana con la coherencia interna diaria en las acciones que uno emprende”, una coherencia que “demuestran” los profesionales de Urgencia “cada hora en su actividad ordinaria y también fuera de ella”, como en la crisis de la covid-19. “Que usted los ningunee y los deprecie es indigno de su cargo”, finalizan.

Los coordinadores de los servicios hospitalarios de urgencias en Galicia han emitido un comunicado en el que señalan que se sienten “discriminados” y “maltratados”, y denuncian el “bloqueo” de contratación de profesionales para sus servicios por parte de las gerencias de las áreas sanitarias, al “estar intervenidas por la Consellería de Sanidade”, que “fiscaliza y la autoriza o no”.

En total –según recoge Europa Press– son una decena de responsables de servicios de urgencias hospitalarios (SUH) los que suscriben un comunicado en el que se afea “la falta de respuesta y nulos avances” por parte del departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño pese a los “reiterados avisos y solicitudes de solución a los problemas acuciantes” que, sostienen, padecen en su labor diaria.

Dificultades que, avisan, “afectan directamente a la seguridad clínica y a la calidad asistencial” prestada en urgencias. Por ello, “siempre desde la lealtad institucional”, se quejan de que la “voluntariedad” para la “realización de la atención continuada, prolongaciones o coberturas estaba instaurada en Galicia para los facultativos de atención Primaria y ”acaba de ser negociada“ para el resto de servicios hospitalarios ”volviendo a dejar al margen“ los de urgencias.

“No podemos permitir, que los verdaderos garantes de la accesibilidad y de la equidad del sistema sanitario público, volvamos a ser discriminados. Aquellos que están siempre, principal puerta de entrada para la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que ha quedado demostrada de una manera más evidente en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2 vuelvan a ser maltratados”, avisan.

No en vano, alertan de que “en estos momentos se ha bloqueado la contratación de profesionales” para sus servicios por parte de las gerencias de las áreas sanitarias, al estar “intervenidas por la Consellería de Sanidade”, que “fiscaliza y autoriza o no esa contratación”.

“Justo en los meses de estivales cuando la demanda en muchos SUH aumenta de manera exponencial por el efecto de atracción vacacional que ejerce la comunidad, que hace que algunos servicios lleguen casi a duplicar sus asistencias diarias”, agregan.

Equiparar condiciones a las de primaria

Además de que la capacidad de los servicios para contratar “ha disminuido”, los coordinadores de Urgencias también ponen el acento en que los trabajadores de sus servicios se hallan “en inferioridad” debido “a las condiciones económicas y laborales” logradas por sus compañeros de Atención Primaria.

Afirman que se alegran de la mejora en cuestión, pero reclaman que sean “equiparadas” para los profesionales que trabajen en los servicios de urgencias.

Problemas de seguridad clínica

En el comunicado también se incide en que, “desde hace 15 años se están solicitando herramientas informáticas para asegurar la trazabilidad” dentro de los servicios de urgencias, y avisan de que “su no existencia implica un problema grave de seguridad clínica y de riesgo para la calidad asistencial”.

“Un trabajo a demanda en el que en algún momento pueden encontrarse más de 200 pacientes dentro del servicio hace obligado disponer de un sistema de trazabilidad robusto y de contrastada fiabilidad, la probabilidad de confusiones y errores es elevada como se recoge ampliamente en la literatura médica. Se han reclamado en múltiples ocasiones y foros, pero a día de hoy seguimos sin disponer de ellas”, argumentan los coordinadores de Urgencias.

Por otro lado, se quejan de que las herramientas informáticas que se desarrollan para la organización se hacen sin contar con ellos. “Un claro ejemplo es IANUS 5, la nueva historia clínica electrónica, que si se implantase en el Sergas en estos momentos, llevaría a un bloqueo inmediato de los SUH ya que no está pensada para la atención urgente hospitalaria”, han apuntado.

Situación “dramática” en Ourense

Especial hincapié se hace en la situación del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) --la coordinadora del área, Beatriz Martínez, no suscribe un comunicado que sí secundan el resto de jefes de Urgencias de los principales hospitales de la comunidad--.

“En estos momentos la situación es dramática, disponiendo tan solo del 40% de los facultativos necesarios, exhaustos desde hace muchos meses, intentando mantener a flote ese servicio y la atención urgente del área”, se apunta.

“¿Alguno de ustedes se ha parado a pensar en lo que ocurriría si ese servicio de urgencias finalmente cierra? ¿Adónde acudirían cuando tuviesen un infarto, una parada cardíaca, un ictus? ¿Cuál sería el recurso al que irían solicitando ayuda? Esto lo único que refleja es la nefasta gestión de la gerencia de esa área sanitaria y la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria por haber llegado a esta situación”, alerta.

Ante esta coyuntura, los profesionales de Urgencias de Galicia proclaman que es “el momento de que todos, sin excepción, arrimen el hombro”, al considerar una obligación “compartida” la de “salvar” este servicio en la comunidad.

La Consejería de Salud y Servicios Sociales ha informado hoy, día 28, al Consejo de Gobierno del inicio del procedimiento de contratación de las obras de ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro de Logroño. Esta intervención contempla dos actuaciones complementarias: por un lado, la construcción de un nuevo edificio anexo destinado a la ampliación de Urgencias y, por otro, la reforma interior del área de boxes del actual servicio, con el objetivo de mejorar tanto la capacidad asistencial como la funcionalidad de los espacios existentes. 

La obra principal, correspondiente a la construcción del nuevo edificio para la ampliación de Urgencias, cuenta con un presupuesto base de licitación de 2.791.537,28 euros y permitirá levantar una nueva infraestructura asistencial de aproximadamente 840 metros cuadrados junto al actual edificio de Urgencias. El nuevo espacio estará destinado principalmente a reforzar la zona de consultas, incorporando más capacidad asistencial para absorber el incremento de demanda y mejorar la gestión de la atención urgente, especialmente en los periodos de mayor presión asistencial.

La actuación permitirá sumar 7 nuevas consultas (5 médicas y 2 de enfermería, pasando así a 15 y 4 consultas respectivamente); 10 nuevos boxes de atención individual (llegando a 46 en total); y un tercer control de enfermería. Además, el nuevo edificio contará con otra sala de espera, vestuarios para los profesionales y un área de gestión administrativa.

Esta reforma supone incrementar en torno al 30% la superficie actual del Servicio de Urgencias, un crecimiento que permite optimizar los circuitos asistenciales, agilizando la atención y mejorando privacidad de los pacientes. La entrada en servicio de las nuevas instalaciones supondrá en paralelo un incremento de la plantilla, en función de las necesidades que vayan apareciendo.

El proyecto apuesta además por una solución constructiva modular preindustrializada, diseñada para reducir plazos de ejecución y minimizar el impacto sobre el funcionamiento habitual del hospital, una cuestión especialmente relevante al tratarse de una obra en un entorno sanitario en pleno funcionamiento.

Las empresas interesadas disponen de plazo hasta el próximo 11 de mayo para presentar sus ofertas. Está previsto que las obras puedan comenzar en julio de 2026, una vez formalizado el contrato, y que puedan finalizar en abril de 2027, con un plazo de ejecución de diez meses.

El Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro atendió a 69.500 pacientes en la zona de consultas durante 2025, lo que supone 3.337 asistencias más que en 2023. En el conjunto del servicio se registraron 122.810 atenciones el pasado año. Esta evolución al alza, especialmente significativa durante los meses de invierno y primavera por el incremento de patologías virales, provoca situaciones de sobrecarga asistencial con esperas más largas, acumulación de ambulancias y dificultades para la disponibilidad de boxes, lo que ha hecho imprescindible acometer esta ampliación estructural.

Reforma interior para ganar nuevos boxes

A esta actuación se suma la licitación de la reforma interior del área de boxes de Urgencias, con una inversión de 429.504,78 euros, que permitirá reorganizar y optimizar el espacio asistencial actual mediante la reconversión de despachos administrativos y espacios anexos en nuevos boxes, la unificación del área de atención mediante la eliminación de un pasillo y la creación de un nuevo control de enfermería. Las firmas que opten a este contrato deberán presentar sus ofertas antes del 14 de mayo. La actuación contempla tres meses de ejecución de obra y una entrada en servicio prevista para el último trimestre de este año.

Durante todo el desarrollo de ambas obras se garantizará la continuidad de la actividad asistencial, sin interrupciones en la prestación del servicio, lo que exigirá una planificación técnica especialmente rigurosa para compatibilizar la ejecución de los trabajos con el normal funcionamiento del hospital.

Con esta actuación, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con una sanidad pública moderna, cercana y preparada para afrontar los retos asistenciales del presente y del futuro, consolidando al Hospital Universitario San Pedro como referente de la atención especializada en La Rioja.

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESMC) de UGT denuncia una nueva agresión a una vigilante de seguridad del Hospital San Pedro de Logroño en el transcurso de una intervención durante este fin de semana. El suceso ocurrió el pasado viernes en torno a las 22:15 de la noche, cuando la vigilante de seguridad trataba de reducir a un paciente que debía ingresar en el área de psiquiatría y fue agredida por éste, resultando herida de diversa consideración. 

La Federación asegura que este tipo de intervenciones con resultado de agresión a personal de seguridad privada en el hospital San Pedro son “cada vez más frecuentes, especialmente en las áreas de urgencias y psiquiatría, principales focos de intervención de los vigilantes de seguridad adscritos a ese servicio”.

Así, ante el aumento de la frecuencia y la gravedad de las agresiones sufridas por los vigilantes de seguridad en La Rioja y la situación de indefensión que padecen, FeSMC UGT se concentrará este jueves, 16 de abril, a las 10:30 frente al Hospital San Pedro. 

La concentración tendrá tres reivindicaciones, dirigidas tanto a las empresas de seguridad, como a los clientes contratantes de servicios de seguridad (tanto privados como públicos) y autoridades laborales competentes. “Resulta imperativo dotar de más medios de protección a los vigilantes de seguridad; además, es fundamental que los vigilantes de seguridad tengan más protección jurídica en el ejercicio de la profesión; y por último, UGT exige el refuerzo de las plantillas de vigilantes en aquellos servicios más conflictivos”, han señalado.

Por último, el sindicato desea una pronta recuperación a la vigilante agredida y exige la adopción de medidas urgentes para el cese de estas agresiones en el desempeño del trabajo. 

El consejero navarro de Salud, Fernando Domiínguez, ha confirmado este lunes que su departamento ha dejado fuera del texto de la nueva ley foral de Salud, cuya tramitación se espera que comience en junio en el Parlamento navarro, la propuesta para reformar las urgencias rurales que incluía el cierre por las noches de varios de estos servicios ante la escasez de facultativos. La semana pasada EH Bildu anunció un acuerdo con el Ejecutivo para “desbloquear” la tramitación de esta nueva norma, que sustituirá a una de 1990, pero este lunes ha insistido en que todavía se tendrán que negociar otros puntos de la ley para alcanzar un acuerdo para su aprobación.

“Lamentablemente, tengo que ser realista, y esa propuesta no tiene el consenso que necesita, porque tiene que pasar por el Parlamento”, ha explicado el consejero. “No tiene el consenso a nivel político, no lo tiene tampoco a nivel de los profesionales, aunque es verdad que algunos profesionales, a título individual, me han hecho saber que estaba de acuerdo, e incluso más de lo que yo esperaba, y tampoco tenemos el consenso a nivel municipal. Aunque en algunas reuniones que hemos hecho con alcaldes han entendido la reforma y la necesidad de esa reforma, también es verdad que nosotros entendemos que transmitirlo a la población a veces es costoso”, ha añadido.

El principal partido de la oposición, UPN, ha celebrado que la propuesta de reforma de las urgencias rurales haya quedado aparcada por el momento. “Cuando el Gobierno escucha a UPN, acierta. Las intenciones del Gobierno eran cerrar urgencias rurales en muchas localidades de Navarra, nos opusimos y exigimos que no se hiciera”, ha dicho, para comentar que “hemos cumplido el objetivo, por lo tanto, satisfechos; no se va a cerrar ningún centro de urgencias en Navarra”, ha señalado Javier Esparza.

EH Bildu, por su parte, ha destacado que el acuerdo que anunciaron el viernes para “desbloquear” la tramitación de la ley a cambio de que se incluyeran varias de sus propuestas como la de eliminar la propuesta de convertir Osasunbidea en un “ente público empresarial” no implica que la negociación “haya terminado”. “Se ha superado un bloqueo en cuestiones de fondo pero a negociación no ha terminado. Podremos negociar, estudiar, hablar y, en su caso, acordar otra serie de cuestiones”, ha indicado el portavoz de la coalición abertzale Mikel Zabaleta.

Nuevo mapa sanitario

Una de las novedades del anteproyecto de ley foral es la ordenación del nuevo mapa sanitario en Navarra que queda configurado por un área única de salud, ocho distritos sanitarios y zonas básicas de salud. “Con el área única, toda la comunidad foral se convierte en un único marco de referencia para la planificación, gestión y evaluación de los servicios y recursos sanitarios, y cada distrito, formado por varias zonas básicas, permitirán una atención de salud y sociosanitaria de mayor calidad con el fin de acercar los recursos sanitarios a toda la población y garantizar así la equidad en el acceso a los recursos”, ha asegurado el director general de Salud, Antonio López.

Antonio López ha incidido en que “el objetivo principal” de la ley es “priorizar a la ciudadanía en el centro del sistema sanitario de manera global, colocarla, de una vez por todas, en el centro del sistema, y que toda la organización, recursos, territorialidad, circuitos asistenciales y formas de trabajo, se organicen en torno a las necesidades reales de las personas”.

La ley también recoge la movilidad de los profesionales. El consejero Fernando Domínguez ha señalado que esto “no significa” que se vaya a trasladar “a los profesionales de un lado para otro, sino que va a ser en casos muy concretos en los que se van a desplazar allá donde sea necesario para evitar que cuando falten profesionales en determinados sitios, sean los pacientes los que tengan que desplazarse a Pamplona, por ejemplo”. “Lo más fácil, es de sentido común, es que se desplace el profesional. Va a ser una movilidad que va a estar regulada y va a ser negociada. Van a seguir prevaleciendo la contratación y la voluntariedad”, ha señalado.

Además, ha explicado que se ha incorporado incentivos, “de tal manera que, primero, lógicamente, se pagará el desplazamiento y, además, el tiempo empleado en el desplazamiento se considerará como parte de la jornada laboral”. “Cuando no haya esa voluntariedad, se establecerán criterios objetivos, pactados, como la edad, la experiencia, para decidir qué profesional es el que se mueve”, ha indicado.

El consejero ha considerado que “esta movilidad va a afectar prácticamente de forma exclusiva al estamento médico y a muy pocas especialidades, y que va a ser excepcional”. “En eso es en lo que confiamos. La Administración precisa un soporte legal que le permita, en un momento determinado, movilizar profesionales y recursos allá donde hagan falta”, ha señalado.

Casi diez horas esperando en la sala de espera de Urgencias del Hospital de Barbastro o visitas “sin solucionar el problema”. Marta —nombre ficticio— acudió al centro hospitalario por indicación de su médica de cabecera, al tener mucha fiebre de manera continua que no bajaba y con antecedentes de una operación y una infección posterior. A pesar de su estado, permaneció esperando todo el día y, según cuenta, no fue la única. 

Esta mujer vive en Benasque, a 87 kilómetros de Barbastro, por lo que cada vez que acude al centro tiene “que pedir a alguien que deje de ir a trabajar y me acompañe, el trayecto es de más de hora y media”, explica. Marta no puede conducir, el 31 de enero le operaron la rodilla y depende de algún familiar para poder acudir al hospital: “No sabes cuántas horas vas a estar, por lo que logísticamente no es tan sencillo”. 

Según relata, diez días después de la operación tuvo fiebre y fue a urgencias por indicación de su médica de cabecera. En esa ocasión, “solo fueron tres horas hasta que fui atendida. Tenía una infección y me volvieron a operar, estuve 18 días ingresada”. Regresó a su casa y, a los días, volvió a tener episodios de fiebre. Cuando subió hasta 38, su médica volvió a recomendarle que fuese a urgencias, tras cuatro horas y media de espera “me miraron y me dijeron que no era de la pierna, me mandaron a casa”. Esa noche, la fiebre subió aún más: “Estaba destrozada, no podía bajar ese día, necesitaba a alguien, me organicé y al día siguiente a las 10:00 estaba en el Hospital, había cinco personas en la sala de espera y vi pasar a todos los que entraban durante el día sin que me llamasen”.

Explica que preguntó en varias ocasiones y que, pese a que le habían dicho que no tomase medicación, se tuvo que tomar algo para la fiebre porque se encontraba muy mal. “A las 19:00 pedí una hoja de reclamaciones y, aún no me había sentado a escribirla y ya me estaban llamando”. A las 22:30 salía del centro: “Esta vez sí que me hicieron muchas pruebas, me miraron muy bien y me recetaron un antibiótico. No critico a los profesionales, sino que está mal gestionado. No puede ser que una persona vaya por una urgencia y se pegue más de doce horas esperando, había gente que había llegado a la vez que yo por la mañana y cuando me fui seguían en la sala de espera”. 

Asegura que esta situación le parece “una barbaridad” y que, si le vuelve a suceder algo así, pedirá una ambulancia: “No me parece normal que en Urgencias haya que esperar tantas horas”, concluye. 

Desde el Departamento de Sanidad explican que se está trabajando “para mejorar las Urgencias”: “A corto plazo, además de contar con el apoyo del sector de Huesca, existen conversaciones muy avanzadas para contar también con el apoyo de los sectores sanitarios de Zaragoza I, Zaragoza II y Zaragoza III”. Han enfatizado que se atienden “todas las urgencias, dando prioridad a los pacientes que presentan una clínica más grave, según el proceso de triaje, de forma que no hay ningún proceso vital comprometido”.

Dimisiones

Las dimisiones y las quejas tanto vecinales como políticas son una constante respecto a este centro. La semana pasada se hizo pública la dimisión del jefe de Urgencias de este centro, Juan Magallón, que se hará efectiva el 1 de abril. Este profesional había desempeñado su actividad en el centro hospitalario durante más de veinte años y, según ha trascendido y comunicó el Departamento de Sanidad, su decisión se debe a motivos personales.

No ha sido la única. La primera fue la del gerente sanitario de Huesca y Barbastro, Luis Canalejo, luego el director del hospital, Juan Eito, el responsable de urgencias Manuel Griabal, y la directora de enfermería, jefes de servicio, supervisora de la UCI, y la jefa de admisión. Así lo recuerda José Luis Parra, desde Chunta Aragonesista Somontano: “El goteo de ceses y dimisiones tiene que ver poco con la casualidad o con los motivos personales que se aducen, sino más bien con la nefasta gestión de Bancalero”. Parra asegura que “la crisis estructural del hospital de referencia para la mitad de los habitantes de las comarcas del Alto Aragón es evidente”.

El PSOE Barbastro ha denunciado en varias ocasiones “la saturación de las urgencias” de este centro lo que, según la formación, “está obligando a derivar pacientes al Hospital San Jorge de Huesca. Una situación de colapso inaceptable que vulnera el derecho que tenemos los barbastrenses y los más de 110.000 altoaragoneses que tienen este centro como referencia sanitaria”. “El Gobierno de Aragón sigue poniendo en riesgo con esta decisión un derecho esencial como es la una atención sanitaria pública, cercana y de calidad. No es de recibo que, ante una urgencia médica, se obligue a recorrer decenas de kilómetros, que superan el centenar desde algunos puntos, con el riesgo que ello conlleva para la salud de los pacientes”, expusieron el pasado mes de febrero.

Ubicado en la Comarca del Somontano, el hospital da cobertura a otras cinco comarcas del Alto Aragón oriental: Sobrarbe, Ribagorza, Cinca medio, la Litera y Bajo Cinca. Atiende a una población que supera las 110.000 personas, repartidas en más de 8500 km². Sin embargo, en los últimos años, las voces que alertan del “progresivo vaciamiento” han crecido, hasta el punto de crear una Plataforma ciudadana que reivindica la mejora del servicio. Recientemente desde la Plataforma en Defensa del Hospital de Barbastro, junto a la Junta de Personal, han denunciado la “falta de profesionales, planificación y transparencia” lo que, según denuncian, “está poniendo en riesgo la calidad asistencial del centro”.

Fuentes del Departamento de Sanidad explican que las decisiones que se han presentado han sido “por motivos personales” y que se han producido a lo largo del tiempo: “Por parte del Gobierno de Aragón se está realizando un esfuerzo para mejorar la dotación de médicos en el Hospital de Barbastro”. Exponen que, durante 2025, “se mejoró la plantilla con 23 médicos y en 2026 ya se han elegido las 14 plazas ofrecidas en este hospital de difícil cobertura, cuya incorporación tendrá lugar el 17 de abril, y están en tramitación otras 32. En total, serán 46 plazas de 21 especialidades diferentes”. Aseguran que habrá una tercera convocatoria para plazas de Médicos de Familia, que incluiría también a los profesionales de Urgencias.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la “paralización” de las obras de ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo (HUT), una situación que, afirman, se prolonga desde hace más de cuatro años “tras haberse detenido apenas unas semanas después de su apertura en diciembre de 2021”.

El sindicato considera “incomprensible” que, pese a la “elevada presión asistencial” y la “saturación” que sufre este servicio “de manera recurrente”, aún no se haya retomado una actuación para mejorar la atención a los pacientes y las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, según ha informado la central sindical.

No en vano, aseguran que este mismo miércoles hay 60 personas a la espera de ingreso hospitalario y los tiempos de espera para el pase a los boxes de atención inicial superaron incluso las tres horas, lo que “ha comprometido gravísimamente la seguridad y la salud de los propios pacientes”.

Denuncian “recurrentes episodios de saturación”

A la “falta de medios conocida” del Servicio se suma el hecho de que el fin de semana, apuntan desde CSIF, se cerraron las camas de hospitalización geriátrica del Hospital Provincial, lo que ha contribuido a “aumentar decisivamente los pacientes pendientes de camas de hospitalización que se quedan en Urgencias”. “La dirección no ha tomado ninguna medida para evitar esta situación y de hecho la cifra de 60 pacientes a la espera de ingreso también se ha superado en los días previos”, han añadido.

Ante los “recurrentes episodios de saturación”, CSIF advierte de que la paralización de las obras de ampliación “agrava los problemas estructurales de Urgencias”, donde la “falta de espacio y recursos” dificulta la adecuada atención sanitaria, generando “demoras y una sobrecarga constante para el personal”.

El sindicato alerta que “no se están adoptando medidas eficaces para revertir esta situación”. Esta falta de actuación, señalan, “repercute directamente en la calidad asistencial y en la seguridad tanto de los pacientes como de los trabajadores”.

“Es más, los treinta boxes del Servicio de Urgencias del HUT fueron diseñados para albergar una sola camilla, pero en la actualidad acogen dos camillas. No solo supone un problema en términos de humanización de estos pacientes, obligados a realizar sus necesidades fisiológicas, vestirse y desvestirse o realizar diversas curas junto a otras personas, sino que provoca una de seguridad al haber cables, bolsas de recolección de líquidos o tubos de oxígeno esparcidos por el suelo”, han advertido.

Ante este escenario, CSIF exige a la Administración sanitaria la “reanudación inmediata” de las obras de ampliación del Servicio de Urgencias, insistiendo en que “no se puede seguir demorando una solución a un problema que afecta de manera directa al funcionamiento del sistema sanitario, la seguridad y la atención que reciben miles de ciudadanos”.

El grueso libro de la relación entre las hermandades y el poder político ha escrito su último capítulo en Sevilla, donde el Gobierno andaluz ha firmado un acta oficial para formalizar a la Virgen del Socorro (de la cofradía del Amor) como patrona de los servicios de urgencias y emergencias. A cambio, la corporación se compromete a “dedicar oraciones e intenciones dentro de sus cultos” por los profesionales, además de facilitar reproducciones de la imagen para que presidan, “de forma voluntaria”, las salas del 061 y sus bases asistenciales.

La ceremonia tuvo lugar el martes tras una misa de la corporación en su sede de la iglesia del Salvador de Sevilla, un acto de rubricación que presidió el propio consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz (PP) y al que se procedía a propuesta de la hermandad y con el visto bueno de un Arzobispado que es el que formaliza esta iniciativa. El documento valora que la advocación de Nuestra Señora del Socorro (obra de Juan de Mesa en el siglo XVII) “simboliza, desde su origen, el auxilio inmediato y el amparo ante la urgencia”, unos valores que la Junta considera que “coinciden plenamente con la misión de servicio público de urgencias y emergencias: atender con prontitud y eficacia las emergencias sanitarias de la ciudadanía”, tal y como ha informado la propia Junta de Andalucía.

En el documento se establecen líneas de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la hermandad, que se compromete a “dedicar oraciones e intenciones dentro de sus cultos por la salud y seguridad de los profesionales” de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, unas prédicas que también se ofrecerán por el eterno descanso de los pacientes fallecidos. Además, se facilitarán reproducciones de la imagen de la Virgen del Socorro para que puedan presidir, “de forma voluntaria”, las salas de coordinación de emergencias sanitarias 061 y bases asistenciales que lo soliciten.

Promover entre los profesionales los valores de la patrona

El acta designa a la Dolorosa como patrona y protectora de estos servicios en Sevilla, entendiendo este patronazgo como un “vínculo de protección espiritual” para los profesionales del servicio y de “amparo para los pacientes atendidos que así lo deseen”. Tras la firma del documento (rubricado por el hermano mayor de la cofradía, Juan Cruzado), varios profesionales sanitarios que integran los servicios de urgencias y emergencias presentes en el acto han participado en el traslado de la imagen a su paso –con el rezo de la Vía Dolorosa– para su salida procesional del próximo Domingo de Ramos.

El documento, por su parte, compromete al Centro de Emergencias Sanitarias 061 a “promover entre sus profesionales los valores de humanización y socorro que simboliza la patrona”. A ello hay que añadir una colaboración técnica con la hermandad mediante la organización de charlas y actividades formativas sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), que irán dirigidas a los hermanos y a la comunidad parroquial.

La proclamación del patronazgo ha sido firmada también por el director asistencial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, José María Villadiego, en una ceremonia en la que ha estado presente toda la plana mayor de la Consejería de Sanidad. De esta manera, en el acto estuvieron desde el viceconsejero de Sanidad hasta el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, así como la delegada provincial de Sanidad, la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), los directores generales del SAS, los directores gerentes de hospitales y áreas de gestión sanitaria y el director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

El Sector UGT-Sanidad en Cantabria ha advertido hoy que “la saturación asistencial y la falta de recursos estructurales en los centros sanitarios no cesa y está generando un clima de tensión creciente, especialmente especialmente en los servicios de urgencias, donde se concentran muchos de los episodios de conflicto con pacientes y familiares”.

Según ha informado en un comunicado y coincidiendo con el Día Internacional contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, el sindicato ha trasladado a la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria un escrito elaborado por los propios profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital de Valdecilla “en el que se expone la situación que atraviesa el servicio” y donde se solicitan “medidas para mejorar su funcionamiento”.

Según explica el responsable de UGT-Sanidad en Cantabria, Fernando Carmona, el documento refleja la preocupación creciente de los profesionales por “una presión asistencial que se ha convertido en una constante y que está deteriorando tanto las condiciones de trabajo como la calidad de la atención a los pacientes”.

Carmona aclara que en el escrito registrado en la Consejería de Salud, la Subdirección de Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y la dirección del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), “los trabajadores alertan de que la saturación continuada del servicio, la permanencia prolongada de pacientes en las áreas de urgencias y la falta de recursos humanos y materiales suficientes están generando una situación cada vez más difícil de gestionar en el día a día”.

El responsable autonómico de UGT-Sanidad ha incidido en que “los profesionales reclaman refuerzos estables de plantilla, mejoras organizativas y una adaptación real de los recursos a la demanda asistencial que soporta uno de los principales puntos de entrada al sistema sanitario público en Cantabria”.

Saturación persistente

El sindicalista ha recordado que UGT ya advirtió durante el último episodio de gripe estacional de la sobrecarga que sufrían los hospitales cántabros; una situación que sigue sin resolverse en Valdecilla meses después.

Carmona ha agregado que “reforzar las plantillas, mejorar las infraestructuras y planificar adecuadamente la demanda asistencial es también la mejor manera para favorecer entornos de trabajo más seguros en los centros sanitarios; son medidas estructurales que reclamamos al Gobierno de Cantabria para garantizar un funcionamiento adecuado de los servicios de urgencias y unas condiciones de trabajo dignas para los profesionales”.

El responsable de UGT-Sanidad en Cantabria ha destacado que el sindicato “continuará trasladando a la Administración las preocupaciones del personal sanitario y defendiendo una sanidad pública fuerte y dimensionada que pueda dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía de Cantabria”.

El servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro de Logroño se ampliará con una inversión de 3,1 millones de euros y contempla la construcción de un nuevo edificio de 840 m2 metros cuadrados anexo al actual y la remodelación de las dependencias que en estos momentos se utilizan para esta asistencia sanitaria donde se mejorará y reorganizará la zona de boxes. 

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha presentado la actuación que servirá para aumentar las dimensiones del servicio en un 29%. Permitirá sumar 7 nuevas consultas (5 médicas y 2 de enfermería, pasando a 15 y 4 consultas respectivamente); 10 nuevos boxes de atención individual (llegando a 46 en total); y un tercer control de enfermería de primera atención. Además, en el nuevo edificio se habilitará otra sala de espera, vestuarios para los profesionales y un área de gestión administrativa.

Capellán ha subrayado que se trata de “un proyecto muy importante, absolutamente necesario y urgente para seguir avanzando en la transformación de nuestra comunidad y mejorar la prestación de los servicios sanitarios a los riojanos”. El presidente ha explicado que el Gobierno de La Rioja está impulsando distintas actuaciones para reforzar el sistema sanitario riojano, todas orientadas “a proporcionar una atención de la máxima calidad a los pacientes y ampliar las capacidades de un sistema que encontramos muy tensionado y que necesitaba infraestructuras de futuro”.

En este sentido, el presidente ha incidido en que “más importante que las cifras es lo que encontrarán los pacientes: unas urgencias ampliadas, con más capacidad, más confort, instalaciones modernas y una mejor atención”, es decir, “supondrá un salto cualitativo para la atención de urgencias en nuestra región”. Así, ha destacado que podrá optimizar los circuitos asistenciales, agilizando la asistencia y mejorando asimismo la privacidad de los pacientes, reforzando la humanización de la atención sanitaria. La puesta en marcha de las nuevas dependencias llevará además aparejado un incremento de la plantilla, “en función de las necesidades que vayan surgiendo”.

Gonzalo Capellán ha explicado que el proyecto, que se licitará a lo largo de este mes, permitirá llevar a cabo “una reorganización, reforma y ampliación sustancial del Servicio de Urgencias”, con la construcción de un nuevo edificio de tres plantas y cerca de 850 metros cuadrados adicionales, además de la reorganización de los espacios actuales.

Las obras se ejecutarán en dos fases, a fin de garantizar el funcionamiento del servicio, habiéndose ya iniciado el procedimiento para su próxima licitación:

Con esta inversión el Gobierno de La Rioja ofrecerá una respuesta de mejora estructural a uno de los servicios más sensibles del sistema sanitario, que año tras año aumenta el volumen de atenciones, según ha recordado el presidente; en buena parte influido por el envejecimiento de la población y el incremento de la cronicidad que elevan no solo el número de asistencias sino su complejidad. En 2023 se registraron 116.356 pacientes (un 2,2% más que el año anterior); en 2024, 121.316 (un 4,2% más) y en 2025, 129.389 (un 6,65% más).

Los arquitectos de CEPA Arquitectura e Ingeniería SLP y PMMT, Ángel Carrero y Patricia Sáenz, han presentado los detalles técnicos del proyecto, durante una rueda de prensa en la que también han estado presentes la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín; el gerente del SERIS, Luis Ángel González; la gerente de Atención Hospitalaria, Corpus Gómez; el director asistencial de Atención Hospitalaria José Julián Villaverde; el director de Gestión Económica y Servicios Generales, Eduardo Dulce; el subdirector de Mantenimiento y Obras, Gonzalo Blanco; y la coordinadora del Servicio de Urgencias, Marisa Bergés.

Los hospitales públicos de Aragón cerraron 2025 con 665.181 urgencias atendidas, un 2,09% más que en 2024, cuando ya se había alcanzado un máximo histórico con 651.253 visitas. Los datos, recopilados por la Consejería de Sanidad del Gobierno aragonés, reflejan la creciente presión sobre el sistema sanitario que los profesionales vienen denunciando desde hace meses.

Enero fue el mes con mayor número de atenciones, coincidiendo con el pico de la epidemia de gripe de la temporada 2024-2025 y las festividades navideñas, con 58.187 urgencias frente a las 53.169 de enero de 2024, un incremento del 8,6%. Diciembre también cerró con cifras elevadas: 57.741 visitas, ligeramente por encima de las 56.404 del mismo periodo del año anterior.

Durante el verano, junio registró el mayor aumento interanual con 56.378 atenciones, un 4,7% más que las 53.739 de 2024. Julio y agosto también mostraron repuntes significativos, mientras que marzo, abril y mayo fueron los únicos meses con descenso respecto al año anterior. Febrero continuó siendo el mes con menor número de urgencias, aunque con un ligero incremento respecto a 2024, con 52.735 visitas frente a 51.095.

El aumento de la presión sobre los servicios de urgencias no solo se refleja en los datos, sino también en la voz de los profesionales. En un comunicado enviado en diciembre, los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Urgencias del hospital Miguel Servet de Zaragoza expresaron su preocupación por la “saturación continua, el aumento de pacientes y la creciente carga de trabajo”. Señalan que los esfuerzos del personal son “insuficientes para garantizar una atención óptima y digna”, especialmente para pacientes con necesidades especiales, como enfermos de salud mental, y alertan del desgaste físico y psíquico que sufren diariamente.

En el comunicado, los profesionales advierten también sobre la posibilidad de que esta situación genere incidentes o agresiones, y reclaman medidas concretas: personal de seguridad suficiente, posibilidad de registrar incidencias por todo el personal, pantallas que indiquen tiempos de espera, protección en triaje, solución para pacientes de salud mental, campañas de sensibilización sobre el uso adecuado de urgencias, difusión de protocolos ante agresiones y mayor participación de los trabajadores en decisiones que afectan al servicio.

Según los profesionales, la saturación también está vinculada a “carencias en Atención Primaria y en hospitalización”, lo que aumenta los tiempos de espera y la estancia de pacientes en urgencias, reflejando la presión que atraviesa actualmente el sistema sanitario aragonés.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la situación de “colapso” que acontece en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo (HUT), donde hasta 74 pacientes continuaban a la espera de ingreso.

Desde el sindicato lamentan que esta situación “se repita de manera demasiado frecuente en este Servicio”. El pasado 15 de diciembre denunciaban que hasta 86 pacientes se encontraban en esta situación de limbo de ingreso hospitalario, un hecho que “sumado al colapso de la mañana del 13 de enero demuestra la falta estructural de recursos en el HUT”.

Miguel Ángel González, médico de este Servicio de Urgencias y delegado de CSIF Sanidad Toledo, detalla que “la saturación asistencial no se debe únicamente a virus respiratorios, lo que explicaría picos puntuales, sino que acuden muchos pacientes pluripatológicos de edad avanzada. Lo que pasa es que la Gerencia se dedica a poner ‘parches’ cuando la realidad es que faltan camas, falta personal y además falta espacio en las propias Urgencias”.

Asimismo, desde el sindicato explican que varios pacientes “acumulan más de 24 horas esperando una cama hospitalaria, incluso hay tres pacientes que llevan 48 horas en Urgencias sin ser ingresados”, una situación que “incumple el Decreto 45/2019, que señala que las personas atendidas en un servicio de urgencias que precisen ingreso hospitalario tienen derecho a ocupar una cama en un tiempo máximo de doce horas siguientes a la solicitud administrativa de ingreso”.

González añade que “es muy duro para los profesionales llevar a cabo nuestra labor en estas condiciones, además de la ingente sobrecarga también sufrimos por lo que padecen los pacientes y sus familiares, que tienen que esperar horas y horas de pie o sentados en el suelo, las condiciones no son propias de lo que debe ser un centro hospitalario. Son pacientes que no deberían estar en un pasillo mientras los trabajadores intentamos sostener lo insostenible”.

CSIF alude también a la saturación “constante” de la Atención Primaria, “quebrada e incapaz de hacer fente a la demanda asistencial y a la falta de planificación para hacer frente a la presión en Urgencias, a lo que se une una gestión ineficaz”. En este sentido, la Central Sindical vuelve a lamentar el proyectado traslado del Hospital Virgen del Valle, “que ahondará aún más en el colapso de las Urgencias y prescindirá además de un centro de referencia en tratamientos geriátricos”.

Un almacén se convierte en sala de espera

Desde la Asamblea en Defensa de la Sanidad Publica de Toledo apuntan que el Hospital Universitario se enfrenta a “una desgestión”, donde “se les ha ocurrido hacer de un almacén del servicio de mantenimiento como sala de espera para los pacientes que están perdientes de cama”, un modo de proceder que sucedió el pasado 12 de enero.

“En un almacén sin recursos sanitarios ni materiales, ni persoonales, pero con numerosas herramientas de trabajo. Como si no fuera poco, se decidió usar la unidad de reanimación post anestesia en una planta de hospitalización para que los paciente pasasen la noche o quizás los días”, explica Helena Galán como representante de la Asamblea y sanitaria dentro del HUT.

Asegura que, a pesar de esas dos formas de proceder, “todavía quedaban más de 40 personas esperando una cama donde poder descansar y recuperarse de su enfermedad en vez de una camilla incómoda y con los cuidados mermados”. Expone que la entrada de los boxes de urgencias “parecían la puerta de una gran tienda en el primer día de rebajas, donde pasan horas en un pasillo en sillas de ruedas o camillas, esperando para entrar al box a ser evaluados o empezar un tratamiento”.

Galán apunta que la “excusa de la gripe” ya la conocen, pero que la realidad es distinta: “El hospital funciona al 33%, que es lo que se acordó con la empresa concesionaria y a estas alturas quedan estructuras por acondicionar y poder abrir, lo que conlleva que en cualquier momento de asistencia nos lleve al colapso de las urgencias con el consiguiente enfado de profesionales, pacientes y familiares”. Afirma que esta situación es “fruto de la colaboración público-privada que tanto le gusta a este gobierno autonómico, que nos cuesta más caro que la gestión pública 100%”.

La Asamblea en Defensa de la Sanidad Publica exige al Gobierno de Castilla-La Mancha que revise esa concesión que “tanto daño está haciendo a los profesionales y toledanos”, ya que “es incomprensible que el denominado mayor hospital de Europa en menos de 5 años no devuelva a lo vivido hace más de una década en el Hospital Virgen de la Salud”, expone Galán. Por último, exigen que que “ante la reiterada escena de pacientes en pasillos y durante días en una camilla en box doblados, con falta de personal y recursos materiales el o la responsable sea cesado”.

Preguntada por este asunto por elDiario.es Castilla-La Mancha, la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo ha señalado que el hospital “tiene en funcionamiento todas las camas disponibles tanto en el HUT como en los hospitales del Valle y el Provincial”, añadiendo que, en los últimos 14 días “el servicio de urgencias del HUT ha atendido casi 8.000 urgencias, con un porcentaje de ingresos de casi el 17%”.