La crisis de personal que atraviesa el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres ha dado un nuevo paso y ha dejado de ser únicamente un conflicto interno y local. La situación de los médicos residentes ha llegado a la Asociación MIR España, que ha puesto el foco en la organización de las guardias y en el riesgo de que los MIR terminen soportando las consecuencias de la falta de facultativos.

La asociación ha lanzado un mensaje contundente: los residentes no pueden convertirse en la solución a un déficit estructural de médicos especialistas. En este sentido, reclama que, cuando existan puestos que cubrir en Urgencias, la respuesta pase por reforzar la plantilla de facultativos y no por utilizar a los MIR como una plantilla de reserva: “Los MIR no somos la plantilla de reserva de ningún hospital”, aseveran.

El pronunciamiento nacional se produce después de que en Cáceres se haya abierto un conflicto en torno a la cobertura de las guardias y las necesidades de personal de Urgencias. Los residentes denuncian que la falta de médicos está aumentando la presión sobre quienes se encuentran todavía en formación especializada.

Más pacientes y una plantilla bajo presión

La situación se produce en un servicio que ha experimentado un importante incremento de actividad. Según los datos difundidos en el marco del conflicto, las Urgencias atendieron 74.134 pacientes en 2023 y 81.012 en 2025, lo que supone un aumento del 9,27 % en dos años.

Al mismo tiempo, los y las profesionales vienen señalando las dificultades para disponer de una plantilla efectiva suficiente para responder a esa demanda. El problema no sería únicamente el número de plazas existentes sobre el papel, sino cuántos facultativos están realmente disponibles para cubrir la actividad asistencial.

Esta combinación de mayor presión asistencial y dificultades para cubrir las guardias ha terminado repercutiendo directamente en la organización del servicio y en los médicos residentes que además denuncian que las guardias han pasado de ser voluntarias a obligatorias.

Los MIR, en el centro de la polémica

El punto más sensible del conflicto es el papel que deben desempeñar los MIR. Y es que los residentes tienen una función asistencial, pero dentro de un proceso de formación especializada y con una responsabilidad progresiva, que debe estar acompañado de la supervisión correspondiente. Por ello, la Asociación MIR España considera que no pueden utilizarse para compensar de manera estructural la ausencia de facultativos.

La preocupación aumenta cuando la cobertura de las necesidades del servicio depende de que los residentes asuman más guardias o soporten una carga asistencial que debería corresponder a una plantilla suficiente de especialistas.

Para los residentes, una cosa es participar en la actividad asistencial como parte de su formación y otra muy distinta convertirse en el recurso al que se recurre cuando faltan médicos.

Un conflicto que ya había provocado movimientos en Urgencias

La llegada del caso a la Asociación MIR España se produce además en un contexto de creciente tensión dentro del propio servicio. La crisis de personal ha estado acompañada por cambios y renuncias en puestos de responsabilidad de Urgencias y de la formación de residentes con la dimisión de su máximo responsable, aumentando las dudas sobre cómo garantizar al mismo tiempo la asistencia a los pacientes y unas condiciones adecuadas para la formación de los MIR.

El problema, por tanto, no afecta únicamente a los cuadrantes de guardias. También plantea interrogantes sobre la supervisión, la calidad de la formación especializada y la seguridad tanto de pacientes como de profesionales.

El Colegio de Médicos también pide revisar la situación

El Colegio de Médicos de Cáceres se ha pronunciado igualmente sobre el problema y ha reclamado que la dotación de profesionales se ajuste a la demanda asistencial real.

Entre sus reivindicaciones se encuentra la necesidad de proteger la formación de los residentes y evitar que estos sean considerados un recurso asistencial intercambiable con los facultativos.

La coincidencia entre las distintas voces que han intervenido en el conflicto sitúa así el debate en un punto fundamental: la solución a la falta de médicos no puede consistir simplemente en aumentar la carga de quienes todavía están completando su especialización.

De Cáceres a un debate nacional

La intervención de la Asociación MIR España supone un cambio importante en la dimensión del conflicto. Una situación que hasta ahora se había desarrollado fundamentalmente en el ámbito local pasa a formar parte de un debate que afecta a los residentes de todo el país.

Porque lo que ocurre en Cáceres plantea una cuestión que trasciende a este hospital: qué sucede cuando un servicio sanitario tiene dificultades para cubrir su plantilla y los médicos residentes terminan siendo una de las principales herramientas para mantener la asistencia.

Desde la asociación se invita además a los MIR de Cáceres que estén afectados por esta situación a ponerse en contacto con ellos a través de asociacionmirespana@gmail.com, con el objetivo de conocer de primera mano sus circunstancias.

El mensaje de los residentes es claro: los MIR deben contribuir a la asistencia mientras se forman, pero no ser utilizados para tapar de forma permanente los agujeros de una plantilla insuficiente.

Y en Cáceres, esa reivindicación ya ha traspasado las puertas del hospital. El conflicto local ha llegado al ámbito nacional.

Médicos y médicas de Urgencias y responsables de jefaturas de servicio del Hospital Universitario de Cáceres han expresado su preocupación por la instrucción organizativa temporal aprobada por la Gerencia del Área de Salud, que regula la coordinación entre Urgencias y las distintas especialidades hospitalarias en situaciones de saturación. El documento, de obligado cumplimiento mientras permanezca vigente, establece que los y las pacientes puedan ser derivados a planta si, transcurridas dos horas desde la solicitud de valoración, no han sido atendidos por el especialista correspondiente. Los profesionales consideran que esta medida no resuelve el problema de fondo y puede trasladar el colapso desde Urgencias a las plantas del hospital.

El documento reconoce un contexto de presión creciente: incremento sostenido de la demanda, disminución del número de facultativos y residentes presentes en las guardias, mayor complejidad clínica de los pacientes y tiempos prolongados de permanencia en Urgencias pendientes de valoración o ingreso. Esta combinación, según la Gerencia, ha generado una sobrecarga asistencial que obliga a adoptar medidas temporales y extraordinarias. La instrucción establece que todos los pacientes serán clasificados mediante triaje y valorados inicialmente por un médico de Urgencias; solo después, y descartada una situación de riesgo vital, se solicitará la intervención de la especialidad correspondiente cuando concurran los criterios fijados en el documento.

Una parte de la plantilla médica de Urgencias y de las jefaturas de servicio no cuestionan la necesidad de coordinación, pero sí el mecanismo que permite derivar a planta a pacientes que aún no han sido valorados por el especialista. Subrayan que abandonar físicamente Urgencias no implica haber recibido la atención que motivó la consulta y que la medida puede generar un efecto dominó dentro del hospital: si los pacientes pasan a planta sin haber sido vistos, la presión asistencial se desplaza y puede provocar nuevos cuellos de botella en áreas ya tensionadas.

La preocupación se agrava por la disponibilidad limitada de facultativos. Aunque la plantilla orgánica de Urgencias está formada por 38 médicos, un informe técnico fechado el 19 de agosto sitúa la cobertura efectiva en torno a 32 profesionales debido a bajas, reducciones de jornada, exenciones de guardias y vacantes sin cubrir. El mismo documento advierte de que no existen médicos contratados específicamente para guardias, lo que reduce la capacidad de respuesta ante picos de actividad o incidencias imprevistas.

Desde varias jefaturas de servicio señalan que la instrucción reconoce explícitamente la excepcionalidad del momento: las medidas serán revisadas cada tres meses para evaluar su efectividad y decidir si deben modificarse, actualizarse o suspenderse. Sin embargo, consideran que la reorganización no aborda el problema estructural de disponibilidad de especialistas. Temen que la instrucción alivie solo de forma aparente la saturación en Urgencias y que, sin un refuerzo real de personal, el colapso se extienda al resto del hospital.

La inquietud central es que la medida pueda ofrecer una imagen de descongestión en Urgencias sin resolver la causa que la origina. En opinión de profesionales sanitarios, si no aumenta la capacidad efectiva de atención, el riesgo es que la saturación deje de concentrarse en Urgencias para trasladarse a las plantas, generando un problema más amplio y difícil de gestionar.

Echar balones fuera

Uno de los médicos consultados resume la preocupación con una frase que, según explica, circula ya entre varios profesionales: “Es echar la culpa a los especialistas de las plantas del problema”. Considera que el nuevo protocolo desplaza la responsabilidad hacia quienes están atendiendo otras áreas del hospital y que, además, puede provocar el colapso de esas mismas plantas. Pone un ejemplo que, afirma, es cotidiano: “Si a las dos horas de solicitar la valoración de un traumatólogo este no ha podido acudir porque está en una intervención urgente, el paciente pasa automáticamente a planta sin haber sido visto por el especialista. Para este facultativo, la medida no solo no resuelve la saturación de Urgencias, sino que añade presión asistencial a las plantas y genera un circuito en el que los pacientes pueden seguir sin recibir la atención especializada que necesitan”. Otro médico insiste: “Esta medida tiene dos problemas, una que puede colapsar una planta y el altísimo coste de la solución al ocupar sin decisión facultativa una cama. Así que no se puede echar balones fuera, la única solución es contratar más médicos para Urgencias”.

La presión asistencial en las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres ha desencadenado una nueva renuncia en el servicio: el responsable de los residentes ha decidido abandonar sus funciones docentes ante la imposibilidad de organizar con garantías las rotaciones, las guardias y la formación de los médicos en especialización, en un contexto marcado por la falta de disponibilidad efectiva de facultativos y un aumento sostenido de la demanda asistencial.

La renuncia se interpreta como una medida más de presión ante el escenario que atraviesan las Urgencias en las últimas semanas. La carga asistencial está alcanzando un nivel que dificulta no solo garantizar la cobertura de las guardias, sino también desarrollar adecuadamente la labor docente encomendada.

Por este servicio pasan cada año residentes de numerosas especialidades. El número varía en función de la planificación de cada ejercicio, pero la rotación por Urgencias forma parte de la formación de una parte importante de los médicos que se especializan en el hospital. La presión asistencial está haciendo cada vez más complicado compatibilizar la atención a los pacientes con la supervisión, la enseñanza y el seguimiento de los médicos en formación.

No se trata únicamente de un problema de organización interna. La falta de disponibilidad efectiva de facultativos está afectando también a una de las funciones esenciales de cualquier servicio hospitalario: formar a los futuros especialistas.

Una segunda renuncia en pocos días

La salida de esta responsabilidad se suma a la dimisión de la coordinadora de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, que se hará efectiva el próximo 30 de septiembre y que fue adelantada por elDiario.es. La coordinadora decidió abandonar el cargo después de meses de advertencias sobre las dificultades para mantener la cobertura asistencial de los dos hospitales cacereños.

Son responsabilidades distintas, pero los profesionales sitúan ambas decisiones en el mismo contexto de presión asistencial y falta de disponibilidad suficiente de facultativos.

La nueva renuncia llega además cuando el Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud que adecue la dotación efectiva de médicos de Urgencias a la demanda real. La organización ha advertido de que la sobrecarga sostenida aumenta el riesgo de errores e incidentes relacionados con la seguridad clínica y ha reclamado garantías específicas para la supervisión de los residentes. El Colegio insiste en que la suficiencia de la plantilla no puede medirse únicamente por el número de plazas existentes, sino por los facultativos realmente disponibles para atender la demanda diaria.

38 facultativos en plantilla, pero una disponibilidad efectiva menor

La discrepancia entre plantilla y disponibilidad real está en el centro del conflicto entre los profesionales y el SES. Un informe técnico fechado el 19 de agosto establece que la plantilla orgánica de Urgencias está formada por 38 facultativos adjuntos. Sin embargo, los profesionales sostienen que esa cifra no refleja la capacidad real del servicio, debido a bajas laborales, reducciones de jornada, exenciones de guardias y plazas vacantes.

El informe cifra en torno a 32 los facultativos que mantienen la cobertura efectiva de los dos hospitales cacereños y advierte de la falta de sustitutos suficientes para cubrir vacaciones, permisos, licencias, actividades formativas e incapacidades temporales.

El SES defiende que Urgencias cuenta actualmente con 38 facultativos y que la asistencia está garantizada. La Administración ha anunciado además la incorporación de seis médicos de refuerzo para hacer frente a las necesidades del servicio. El Colegio de Médicos ha valorado estas medidas, aunque considera que todavía es pronto para determinar su eficacia.

Las Urgencias atienden cada vez a más pacientes

La presión asistencial se produce en un servicio cuya actividad no deja de crecer. Las Urgencias atendieron a 74.134 pacientes mayores de 14 años en 2023, 78.678 en 2024 y 81.012 en 2025, lo que supone un incremento del 9,27% en dos años. Hasta el 31 de julio de este año habían pasado por el servicio 47.378 pacientes, 465 más que en el mismo periodo de 2025.

Para los profesionales, el aumento de la demanda hace que no sea suficiente con contabilizar las plazas existentes en la plantilla. Lo determinante es cuántos facultativos están disponibles para cubrir las guardias y atender a los pacientes en cada momento. Y esta disponibilidad condiciona de manera directa la organización de los residentes: las rotaciones requieren planificación, turnos y supervisores presentes durante la actividad asistencial.

El problema trasciende las guardias

La renuncia del responsable de los residentes pone el foco en una consecuencia menos visible de la presión asistencial: las dificultades para mantener la actividad docente del servicio. Los médicos deben atender el incremento de pacientes, cubrir las ausencias de sus compañeros y garantizar que los residentes reciben la formación correspondiente a sus rotaciones bajo la supervisión adecuada.

El Colegio de Médicos ha insistido en esta cuestión al reclamar que la actividad de los residentes se ajuste a su nivel de competencias y respete el modelo de responsabilidad progresiva y supervisión.

La nueva dimisión vuelve a situar sobre la mesa la situación de las Urgencias cacereñas. Tras la salida anunciada de la coordinadora, la renuncia del responsable de los residentes, que fue comunicada al SES el mismo día, evidencia que el conflicto afecta también a la estructura organizativa y docente del servicio.

Mientras el SES defiende que la asistencia está garantizada y anuncia nuevos refuerzos, (entre cuatro y seis médicos) los y las profesionales reclaman que se tenga en cuenta la disponibilidad real de médicos y no únicamente la plantilla orgánica. El debate se centra ahora en si los refuerzos anunciados serán suficientes para aliviar la presión asistencial y permitir que Urgencias recupere, además de capacidad asistencial, el tiempo y los recursos necesarios para formar adecuadamente a sus residentes.

Martín Torres (La Rioja, 1983) acaba de publicar su primera novela, 'La enfermera' (NdeNovela), un thriller médico sobre misterio y crímenes ambientado en parte en la planta de Urgencias del hospital Donostia, donde el propio autor desempeña su labor como facultativo desde hace cinco años. En una entrevista a Europa Press, por el lanzamiento de este su debut literario, Torres describe la novela, protagonizada por una enfermera y un médico militar retirado, como “un thriller médico salvaje ambientado en un hospital donde nada es lo que parece, donde la trama se entrecruza con el Festival de Cine de San Sebastián, y que combina la crudeza del 'noir clásico' con la tensión del thriller moderno”.

Tras afirmar que, desde su punto de vista, es novela “ideal para este verano y un libro adictivo”, y preguntado por de dónde ha sacado las ganas y el tiempo para escribir tras salir de un turno como el de Urgencias, asegura que “del mismo sitio de donde se encuentran las fuerzas en mitad de una guardia, poniéndose a ello sin darle vueltas, intentando no quejarte y dando con el tono adecuado. El resto es mucho café y pocas horas de sueño”.

Respecto a si el deseo de escribir ficción era una forma de desconectar de lo que veía en el trabajo, Torres precisa que “la teoría dice que al trabajo no puedes llegar con tus cargas personales, ni llevarte a casa las del hospital”, pero que “ocurre más de lo que debería”. “Cuando me senté a escribir, sólo pretendía crear un thriller entretenido, pero las escenas médicas no dejaban de aparecer, aportando realismo y profundidad a los personajes y a la trama”, ha explicado, para añadir que “lo que se lee en torno a la actividad médica, son casos reales porque me di cuenta de que, al volcar esos pedazos de verdad cruda en mitad de una ficción, los aspectos más duros del trabajo se volvían algo más ligeros”.

En ese sentido, y cuestionado sobre cuánto hay en la novela que le haya inspirado su trabajo o le haya venido la inspiración a raíz de lo visto en su trabajo, el galeno riojano remarca que, al inicio del libro, ha incluido un aviso para “advertir que todos los casos clínicos y los procedimientos, son reales; incluso los más macabros o los detalles de los asesinatos pero novelando ciertos aspectos, obviamente”. En este punto, Torres precisa que esto puede resultar “chocante” para el lector pero, “los que trabajamos en un hospital sabemos que allí la realidad supera a la ficción, que la realidad es implacable y que escribiría tramas más duras que un novelista porque, a veces, atendemos escenas que no resultarían creíbles en las líneas de una novela”.

Sobre si ha llevado crímenes y situaciones al extremo en favor de la acción trepidante y buscando enganchar al lector, Torres lo niega porque “la realidad que vivimos ya es suficientemente extrema de por sí”. Lo que ha intentado, añade, es “tratar los casos con cuidado para que nadie pueda reconocerse. He novelado la realidad, la he ajustado a la trama porque, al fin y al cabo, esto es una thriller y lo que prima es que las escenas sean adictivas para el lector. Pero cada caso clínico y cada procedimiento que aparecen en el libro es completamente real”.

Donostia de escenario

Preguntado por cómo de apropiada es una ciudad como San Sebastián para un relato de las características del suyo, Torres explica que “la trama requería un hospital grande, y podía haber estado localizada en cualquier ciudad, pero San Sebastián es el lugar perfecto para crear la atmósfera adecuada”. Desde su perspectiva, prosigue, “San Sebastián y Gipuzkoa son un entorno que aporta mucho al misterio porque el lugar nos propone un juego de contrastes: la belleza del paisaje con lo oscuro del clima; el glamour del festival de cine con lo sórdido del crimen. Lo rural y lo urbano. La montaña y el mar. Lo moderno y el folclore”.

Y, por último, “la mitología vasca, que es oscura y mezcla lo cotidiano con lo terrorífico de una manera muy natural, sin necesidad de grandes efectos”, enumera. Sobre cómo de difícil ha sido evitar los estereotipos habituales de la ficción en torno al mundo médico, el facultativo cree que “hay muchas ficciones de éxito ambientadas en hospitales, pero muy pocas se ajustan a la realidad porque hay estereotipos que se repiten porque son reales pero, otros son auténticos disparates”, considera.

Por ello, al escribir 'La enfermera' se enfrentaba al “doble reto” de crear un ambiente “comprensible y atractivo” para quien “no ha pisado un hospital en su vida” y, al mismo tiempo, “lo suficientemente realista como para que mis propios compañeros lo reconocieran”. Respecto a si cree que lo ha logrado, Martín Torres asegura que recibe mensajes “tanto de lectores que no han trabajado nunca en sanidad como de profesionales de la salud a los que la novela parece haber gustado por igual a unos y otros”.

Como médico, y preguntado por si la situación que viven los médicos y la Sanidad en Euskadi y España, daría para una novela de terror más que para un thriller, Torres asegura que “urgencias ha sido y seguirá siendo siempre un ambiente duro casi por definición” aunque, precisa que “estamos acostumbrados a adaptarnos, a resistir y a marcar el tono que requiere cada guardia, sin quejarnos”. En cuanto a la situación actual de la Sanidad, “generalizando, es complicada, sí, pero hay compañeros mucho más capacitados y con más perspectiva que yo para hablar de ello” zanja.

Por último, y cuestionado sobre si esta novela es una incursión puntual en la literatura o tendrá continuación, Martín Torres asegura que dependerá totalmente del interés de la prensa, del apoyo de la librerías y, sobre todo, “del cariño y la pasión de los lectores” porque, por su parte, si 'La enfermera' gusta y los lectores quieren más, “Sophie Boussignac y Víctor Viso tienen muchas más aventuras por delante que estoy deseando escribir”, concluye.

El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha reclamado al Servicio Extremeño de Salud (SES) que adecue de forma inmediata la dotación efectiva de facultativos en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres a la presión asistencial real. El pronunciamiento de la corporación se produce tras la dimisión de la coordinadora del servicio, adelantada en primicia por elDiario.es Extremadura, que se hará efectiva el próximo 30 de septiembre tras meses de advertencias por la falta de personal.

La entidad colegial ha expresado su reconocimiento a los profesionales del área por el “esfuerzo” que realizan para garantizar la atención en un contexto de “elevada presión asistencial y dificultades derivadas de la insuficiencia de recursos humanos”. Aunque el órgano evita valorar decisiones personales, ha remarcado que esta dimisión “refuerza la necesidad de analizar las condiciones asistenciales y organizativas” del hospital y supone un “elemento de preocupación” ante los avisos planteados de forma reiterada por la propia plantilla.

El colegio advierte de que los profesionales vienen afrontando “jornadas prolongadas, elevada carga asistencial y escasos periodos de descanso”. A juicio de la institución, esta “sobrecarga sostenida” no solo afecta a la salud de los médicos, sino que aumenta directamente el “riesgo de errores e incidentes relacionados con la seguridad clínica” de los pacientes.

Revisar las decisiones del SES

Por ello, la corporación considera prioritario revisar la eficacia de las decisiones adoptadas por la Gerencia del Área de Salud de Cáceres para garantizar entornos de trabajo seguros. Entre las principales demandas, el colegio hace especial hincapié en la necesidad de cuidar la formación de los médicos residentes (MIR), exigiendo que su actividad se ajuste estrictamente a su nivel de competencias y respete el modelo de responsabilidad progresiva y supervisión.

Las cifras respaldan las reclamaciones del colectivo médico: los pacientes mayores de 14 años atendidos en las urgencias cacereñas pasaron de 74.134 en 2023 a 81.012 en 2025, lo que representa un incremento del 9,27% con una tendencia que se mantiene al alza durante 2026. Ante este escenario, la organización enfatiza que la suficiencia de la plantilla “no puede determinarse solo por el número de plazas existentes”, sino por la disponibilidad efectiva de los facultativos y la demanda real que absorben diariamente.

En los últimos días, la Gerencia del Área de Salud ha puesto en marcha medidas organizativas y el SES ha anunciado la incorporación de seis facultativos de refuerzo para paliar el déficit estructural. Aunque el Colegio de Médicos valora estos movimientos, advierte de que “todavía es pronto para determinar su eficacia” y anuncia que realizará un seguimiento exhaustivo durante las próximas semanas centrado en medir los tiempos de espera, las cargas de trabajo, los descansos y la capacidad de respuesta frente a nuevas saturaciones.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha asegurado que la dimisión de la coordinadora de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, adelantada por elDiario.es Extremadura, es “la muestra más evidente” del “deterioro progresivo” que sufre la sanidad pública bajo la gestión del Gobierno de María Guardiola.

La portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, ha señalado que la marcha de la responsable del servicio no constituye “un hecho aislado, pero sí un hecho especialmente grave” que demuestra que las denuncias de los trabajadores no responden a “una alarma del Partido Socialista, sino a una realidad que los profesionales llevan meses trasladando”. Según Gil Rosiña, el Servicio Extremeño de Salud (SES) no padece un problema de presupuesto, al contar con recursos similares a los de ejercicios anteriores, sino un déficit de “gestión, planificación y capacidad”.

En esta línea, la dirigente del PSOE ha criticado que la presidenta autonómica decidiera prescindir de parte del cuerpo directivo del SES para situar al frente de la sanidad pública a responsables procedentes de la sanidad privada “sin experiencia en la gestión de un sistema público como el extremeño”. Asimismo, ha alertado sobre la “falta de comunicación y coordinación” entre la Gerencia del SES, sus servicios centrales y las áreas de salud, asegurando que el sistema se encuentra “a la deriva”.

Respecto a la respuesta de la Consejería de Salud, que ha anunciado la incorporación de seis médicos para el servicio de Urgencias cacereño, el PSOE lo considera un “parche” insuficiente que no soluciona el colapso estructural. “El deterioro que existe no necesita propaganda. Se pretende solucionar con actividad extraordinaria lo que debería resolverse con planificación”, ha afirmado la portavoz, quien ha remarcado que la sobrecarga se extiende a la Atención Primaria, donde los usuarios afrontan demoras de hasta dos semanas para ser atendidos.

Por último, Gil Rosiña ha exigido a la Consejería una “reconsideración profunda” del rumbo de la gestión sanitaria y ha reclamado que se respalde a todo el conjunto de profesionales del SES, desde el personal médico hasta enfermería, técnicos, celadores y personal administrativo. “Cuando una responsable de Urgencias decide dimitir tras meses advirtiendo de la situación, la Consejería no puede responder contando profesionales; una dimisión así debería hacer saltar todas las alarmas”, ha concluido.

La situación del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres suma un nuevo capítulo. La coordinadora del servicio habría presentado su dimisión irrevocable, con efectos del próximo 30 de septiembre, según han trasladado a elDiario.es fuentes médicas conocedoras de la situación, en un contexto de creciente preocupación entre las y los profesionales por la falta de personal y las dificultades para mantener la cobertura asistencial de los dos hospitales cacereños.

La decisión se conoce después de meses de advertencias de los facultativos sobre la situación del servicio. Los profesionales aseguran que llevan trasladando sus problemas al SES (Servicio Extremeño de Salud), “al menos desde marzo o abril” y consideran que las medidas “muy paliativas” adoptadas hasta ahora no han permitido resolver las dificultades de cobertura.

La coordinadora ha trasladado a los profesionales su preocupación por el riesgo que están asumiendo para mantener la asistencia. Desde el equipo de médicas y médicos aseguran que tienen un gran pundonor hacia la población, “pero somos conscientes del riesgo que se está corriendo”. A esta preocupación se suma, según explican, el “agotamiento físico y psicológico” que está provocando entre los profesionales la situación que atraviesan.

“Somos un colectivo que nos estamos sacrificando, esforzando por los demás, por toda la sociedad”, señalan, en referencia al compromiso de los facultativos con la atención a la población “pese a las dificultades existentes”.

La salida de la coordinadora está prevista para el 30 de septiembre y, según las fuentes consultadas, se trata de una dimisión irrevocable. El SES conocería ya oficialmente los motivos concretos comunicados por la responsable para justificar su decisión y que estos están directamente relacionados con la situación de falta de personal denunciada por la plantilla médica.

Y es que la actual situación queda reflejada en un informe técnico fechado hoy 19 de agosto sobre la situación del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

En el documento se señala que la plantilla orgánica está constituida por 38 facultativos adjuntos, pero advierte de que la disponibilidad real de profesionales es “significativamente” inferior debido a las distintas situaciones de bajas, reducciones de jornada, exenciones y vacantes.

En la actualidad hay un facultativo con una reducción de jornada del 30% sin cobertura sustitutoria, cuatro facultativos en situación de incapacidad temporal, una facultativa de baja por maternidad que sí está cubierta mediante sustitución y dos facultativas de baja por riesgo durante el embarazo. Además, cinco facultativos están exentos de realizar guardias. A estas circunstancias se suman dos plazas vacantes que permanecen sin cubrir.

El informe destaca además que actualmente no existen facultativos contratados específicamente para realizar actividades de guardia, lo que limita la capacidad de respuesta ante incidencias sobrevenidas o incrementos de actividad.

De esta forma, según los datos recogidos en el documento, aproximadamente 32 facultativos mantienen la cobertura asistencial de los dos hospitales.

Los médicos inciden así en la diferencia entre la plantilla orgánica o teórica y la disponibilidad efectiva. Una cuestión especialmente relevante porque el Servicio Extremeño de Salud ha defendido que actualmente hay 38 facultativos y que la plantilla se ha incrementado respecto a los 32 existentes en enero de 2023.

Sin sustitutos para vacaciones, permisos o bajas

El informe señala que el Servicio de Urgencias carece actualmente de profesionales sustitutos suficientes para cubrir situaciones habituales como las vacaciones reglamentarias, los permisos y licencias, las actividades formativas, las incapacidades temporales o las situaciones familiares sobrevenidas contempladas en la normativa laboral.

Esta circunstancia obliga, según los profesionales, a distribuir la actividad entre una plantilla efectiva reducida y genera dificultades organizativas para garantizar de forma continuada la cobertura de los dispositivos de urgencias hospitalarias.

Durante cada quincena del periodo estival coinciden entre siete y ocho facultativos de vacaciones, según recoge el informe, sin alcanzar siquiera el límite máximo de simultaneidad establecido por Recursos Humanos.

La consecuencia es que las ausencias reglamentarias no siempre pueden ser absorbidas mediante sustituciones, sino que recaen sobre el resto de profesionales disponibles.

Las Urgencias han aumentado un 9,27% desde 2023

Las dificultades de personal se producen además en un servicio que ha experimentado un incremento sostenido de la demanda asistencial. Los datos incluidos en el informe reflejan que en 2023 las Urgencias atendieron a 74.134 pacientes mayores de 14 años. En 2024 fueron 78.678 y en 2025 la cifra ascendió hasta los 81.012 pacientes.

El documento cifra en un 9,27% el incremento de pacientes atendidos entre 2023 y 2025.

La tendencia se mantiene durante este año. Hasta el pasado 31 de julio de 2026 habían sido atendidos ya 47.378 pacientes mayores de 14 años, 465 más que en el mismo periodo de 2025.

Los profesionales consideran que estos datos deben ponerse en relación con la disponibilidad real de médicos, ya que el aumento de la presión asistencial coincide con una reducción efectiva de los recursos humanos disponibles debido a las bajas, las exenciones de guardias, las reducciones de jornada y las vacantes.

“Especial fragilidad” del modelo actual

El informe técnico concluye que la situación actual puede considerarse de “especial fragilidad” desde el punto de vista organizativo y asistencial.

Se señala pues, que concurren simultáneamente un incremento progresivo de la presión asistencial, la existencia de vacantes estructurales sin cubrir, una reducción de la capacidad operativa real de la plantilla por incapacidades temporales, exenciones y otras situaciones administrativas, la ausencia de profesionales sustitutos suficientes y la necesidad de mantener la actividad asistencial en dos centros hospitalarios de forma simultánea.

La combinación de estos factores, según el documento, condiciona la sostenibilidad del modelo organizativo actual, compromete la flexibilidad necesaria para afrontar incidencias sobrevenidas y dificulta la adopción de medidas dirigidas a mejorar tanto la calidad asistencial como las condiciones laborales de los profesionales.

Por ello, los médicos consideran necesario reforzar la dotación del Servicio de Urgencias, cubrir las vacantes existentes y establecer mecanismos que permitan atender adecuadamente las incidencias previsibles de personal.

El objetivo, según recoge el informe, es garantizar la continuidad asistencial, la seguridad clínica y la sostenibilidad organizativa del servicio.

El SES sostiene que la asistencia está garantizada

La situación contrasta con la respuesta ofrecida por el Servicio Extremeño de Salud después de que los facultativos alertaran a elDiario.es Extremadura de las dificultades que atraviesa el servicio.

El SES aseguró que la asistencia sanitaria está garantizada en todos los servicios del Área de Salud de Cáceres, incluido el servicio de Urgencias, y destacó precisamente el aumento de la plantilla hasta los 38 facultativos.

Los médicos y médicas, sin embargo, consideran que esa cifra no refleja la capacidad real del servicio para afrontar la actividad diaria y las guardias, ya que una parte de los profesionales no está disponible para determinadas funciones debido a la casuística detallada anteriormente.

La dimisión de la coordinadora, prevista para el 30 de septiembre, añade ahora un nuevo elemento de incertidumbre a un servicio cuyos profesionales aseguran que llevan meses advirtiendo de la situación.

Mientras tanto, los médicos mantienen que continúan sosteniendo la asistencia por su compromiso con la población, pese a un nivel de desgaste que describen como físico y psicológico, y reclaman que la Administración traduzca la plantilla teórica de 38 facultativos en una capacidad efectiva suficiente para garantizar la atención urgente con seguridad en la capital cacereña.

Izquierda Unida ha advertido de que la remodelación de Urgencias del Hospital San Pedro, que ampliará el servicio con diez nuevos boxes, “será insuficiente si no se acompaña de un plan concreto de contratación de profesionales y de un refuerzo de la Atención Primaria”.

La formación critica que el Gobierno regional se haya limitado a anunciar un incremento de plantilla “en función de las necesidades que se determinen”, sin concretar cifras, categorías profesionales ni calendario. Para IU, la respuesta del Ejecutivo es exclusivamente arquitectónica ante un problema que es, sobre todo y a su juicio, de personal.

“Que esta inversión no se quede en metros cuadrados. Se puede aumentar un 29% la superficie, pero si no crece también la plantilla lo único que conseguiremos es tener a los pacientes esperando en un sitio más cómodo”, ha señalado el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero.

La formación pone además el foco en los datos del propio Gobierno: 122.810 atenciones en 2025, frente a las 120.828 de 2024 y las 118.442 de 2023. Más de 4.300 atenciones adicionales en dos años que, sostiene IU, “no responden a una demanda caprichosa, sino a las dificultades crecientes para acceder al primer nivel asistencial”. “Cuando una persona no consigue cita con su médica de familia en un plazo razonable, el problema de salud no desaparece: se traslada a Urgencias. El colapso del San Pedro empieza en los centros de salud”, ha afirmado Ollero.

Izquierda Unida exige por ello un compromiso público y cuantificado de ampliación de plantilla en el servicio y un plan de choque para la Atención Primaria que garantice la cita con el médico de familia en 48 horas, cubra todas las vacantes y ponga medidas para fidelizar profesionales en la comunidad.

Los médicos adjuntos del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres (CHUC) han trasladado a la Gerencia y a las direcciones asistencial y médica del centro una comunicación en la que alertan de una “situación crítica” en el servicio y advierten de que la falta de facultativos y el aumento de la demanda asistencial suponen “un riesgo cierto para la seguridad de los pacientes”.

Los y las profesionales sitúan el problema más allá de la sobrecarga laboral y advierten de las posibles consecuencias que puede tener sobre las personas que acuden a Urgencias. En concreto, señalan que la acumulación de pacientes pendientes de atención, la saturación de los circuitos asistenciales y la insuficiencia de recursos humanos pueden favorecer incidentes relacionados con demoras en los diagnósticos o en los tratamientos, con posibles repercusiones sobre la salud e incluso sobre la vida de los pacientes.

El escrito, firmado por médicos adjuntos del servicio, señala que Urgencias constituye una de las principales puertas de entrada al sistema sanitario y que atiende de forma inmediata y continuada a pacientes con patologías tiempo-dependientes y potencialmente graves. Por ello, consideran especialmente preocupante que la capacidad operativa del servicio se haya deteriorado progresivamente.

Los facultativos atribuyen esta situación a la concurrencia de dos factores: “la disminución de efectivos médicos disponibles” y “el incremento constante del volumen y complejidad de los pacientes atendidos”.

Aseguran que la plantilla actual resulta “claramente insuficiente” para responder a la presión asistencial existente y que esta circunstancia obliga de forma reiterada a trabajar “en condiciones de sobrecarga extrema”. Entre las consecuencias que describen se encuentran las dificultades para cubrir los turnos, el aumento de los tiempos de espera y las limitaciones para ofrecer la atención con los estándares de calidad y seguridad que consideran exigibles a un hospital de referencia.

Una advertencia que llega a la dirección del hospital

La advertencia de los médicos se centra especialmente en los riesgos derivados de las demoras. Según recoge el documento, la saturación puede afectar a pacientes cuya evolución clínica depende de una valoración y un tratamiento precoces.

Los profesionales alertan de que esta situación podría generar “perjuicios irreparables” para pacientes y familiares y reclaman que se adopten medidas antes de que puedan producirse acontecimientos adversos.

La presión asistencial también tiene consecuencias sobre los propios trabajadores. El escrito señala que la situación está sometiendo a los profesionales a una presión continuada que incrementa el riesgo de agotamiento físico y emocional y que dificulta el ejercicio de una práctica clínica segura.

Pese a ello, los facultativos destacan el “compromiso, profesionalidad y esfuerzo extraordinario” que, según señalan, realizan diariamente tanto los médicos como el resto de profesionales implicados en la atención de Urgencias.

Los firmantes consideran necesario dejar constancia formal de que la situación actual “supera en numerosos momentos la capacidad de respuesta razonable del Servicio de Urgencias”.

Por ello, reclaman a la Dirección Médica y a la Gerencia que conozcan expresamente la situación y valoren “con carácter prioritario” la adopción de medidas organizativas, estructurales y de recursos humanos para garantizar la seguridad de los pacientes y evitar que la situación pueda derivar en consecuencias graves.

La responsabilidad última sobre la planificación y dotación de recursos del sistema sanitario público extremeño corresponde a la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Salud (SES). Por ello, la advertencia de los facultativos trasciende la gestión interna del Hospital Universitario de Cáceres y sitúa también el foco en la administración autonómica, que deberá determinar si los recursos disponibles son suficientes para garantizar una atención segura en uno de los principales servicios de entrada al sistema sanitario.

El escrito reclama precisamente que se actúe antes de que puedan producirse acontecimientos adversos y advierte de las posibles consecuencias profesionales, legales y reputacionales que una situación de estas características podría tener para los trabajadores y para la propia institución sanitaria.

La comunicación concluye dejando constancia de la preocupación de los facultativos por el mantenimiento de la seguridad asistencial en las condiciones actuales y con el objetivo de que se adopten actuaciones preventivas que permitan reducir los riesgos que, según denuncian, está soportando el servicio.

El SES asegura que Urgencias tiene “más plantilla que nunca”

Frente a la advertencia de los facultativos, el Servicio Extremeño de Salud (SES) asegura que la asistencia sanitaria está garantizada en todos los servicios del Área de Salud de Cáceres y sostiene que el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres cuenta actualmente con “más plantilla que nunca”.

Según los datos facilitados por el SES, el número de facultativos del servicio ha pasado de 32 el 1 de enero de 2023 a 38 a 13 de agosto de 2026. Es decir, seis profesionales más en plantilla que hace tres años.

El SES defiende así que se ha producido un incremento de los efectivos médicos en Urgencias y asegura que la asistencia está garantizada, en respuesta a la denuncia de los facultativos, que consideran que la plantilla disponible es “claramente insuficiente” para afrontar la demanda actual y alertan de posibles riesgos para la seguridad de los pacientes.

La Administración sanitaria señala además que la Dirección Gerencia del Área de Salud de Cáceres mantiene una comunicación permanente con los profesionales de Urgencias y que se ha reunido recientemente con sus representantes para analizar las necesidades organizativas planteadas.

Como resultado de estos encuentros, según explica el SES, se van a impulsar “diversas medidas organizativas” que los propios profesionales vienen reclamando históricamente y que están relacionadas con aspectos del funcionamiento del servicio que, según la Administración, se arrastran desde la apertura del Hospital Universitario de Cáceres.

El SES sostiene que estas reuniones forman parte de una estrategia más amplia de la Dirección del Área de Salud, que está manteniendo encuentros sistemáticos con los distintos servicios asistenciales del hospital para identificar oportunidades de mejora y adoptar las medidas organizativas que sean necesarias.

La Administración sanitaria insiste en que la relación con los profesionales de Urgencias y con el resto de servicios hospitalarios se desarrolla en un marco de “colaboración, diálogo y trabajo conjunto” con el objetivo de mejorar la asistencia.

Asimismo, asegura que el Servicio Extremeño de Salud evalúa de forma permanente la actividad asistencial, los recursos disponibles y las necesidades organizativas de los centros sanitarios y que adopta las medidas que considera necesarias para garantizar una atención “segura y de calidad”.

De este modo, las posiciones trasladadas por los profesionales y por la Administración difieren en la valoración de la situación: mientras los médicos alertan de una “situación crítica” y de un “riesgo cierto” para la seguridad de los pacientes por la falta de facultativos ante el incremento de la demanda, el SES sostiene que el servicio dispone actualmente de más médicos que nunca y que la asistencia sanitaria está garantizada.

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM CLM) denuncia y condena una agresión a una médica del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Mancha Centro del municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

El suceso ocurrió, según el sindicato, el pasado sábado 8 de agosto mientras la facultativa realizaba su labor asistencial.

Según la información recopilada por CESM-CLM, los hechos se produjeron durante la atención a una paciente en el Servicio de Urgencias. Mientras la médica intentaba realizar la historia clínica para poder prestarle asistencia, “la paciente adoptó una actitud agresiva e intentó golpearla en dos ocasiones, llegando finalmente a alcanzarla en la cara y provocando que sus gafas cayeran al suelo”.

Aunque la doctora no sufrió lesiones físicas, “este hecho no resta gravedad a lo sucedido ni al impacto personal y emocional que ha sufrido nuestra compañera durante el ejercicio de la profesión”, ha indicado el Sindicato Médico, que ha confirmado que la doctora ha presentado la correspondiente denuncia y ha manifestado expresamente su deseo de preservar su identidad.

Reclaman que los centros sanitarios sean “espacios seguros”

CESM-CLM ha trasladado su apoyo, solidaridad y afecto a la compañera, convencido de que “un hospital, un centro de salud o un Servicio de Urgencias deben ser espacios seguros tanto para los pacientes como para los profesionales que trabajan en ellos” y considerando “imprescindible mantener una política de tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión a profesionales sanitarios”.

“No podemos permitir que las amenazas, intimidaciones o agresiones terminen normalizándose como si constituyeran un riesgo inevitable asociado al ejercicio de la profesión sanitaria. Cada agresión debe tener una respuesta clara de la sociedad y de las instituciones”, ha señalado el sindicato, que ha reclamado que las conductas violentas contra quienes están ejerciendo una función asistencial reciban una respuesta judicial firme, proporcionada y suficientemente disuasoria.

También pide al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que proporcione “acompañamiento inmediato al profesional agredido”, faciliten toda la asistencia jurídica, psicológica y laboral que pueda necesitar, colaboren activamente en el esclarecimiento de los hechos, revisen las medidas preventivas y de seguridad cuando se produzca cualquier incidente y que ejerza de manera efectiva su personación como acusación particular en los procedimientos derivados de agresiones a sus profesionales, “defendiendo institucionalmente a quienes han sido atacados mientras prestaban un servicio público”.

CSIF denuncia una agresión verbal en julio en Tomelloso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) condena la agresión y reitera su “rotunda oposición” a cualquier forma de agresión e interferencia en el trabajo de todos los profesionales del ámbito sanitario. Lamenta que “este tipo de prácticas se repitan con demasiada frecuencia”.

Asimismo, señala que el pasado 22 de julio se produjo una agresión verbal con amenazas e intimidación a otra facultativa del centro de salud Tomelloso II. “En aquella ocasión, un paciente inició una actitud hostil contra su médica tras denegarle la baja solicitada al considerar que no era necesaria. La rápida actuación del vigilante de seguridad, presente en el centro gracias a las presiones de CSIF, evitó que el incidente fuese a más”.

“Nada justifica ni una agresión física ni verbal. No podemos consentir que se nos menosprecie como personas ni como profesionales”, señala Alberto Rosales, responsable de CSIF Sanidad en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

CSIF, que muestra su apoyo a ambas facultativas agredidas, pide que se refuerce la protección a todos los trabajadores tanto en hospitales como en centros de salud y Puntos de Atención Continuada, para evitar que este tipo de hechos vuelvan a suceder.

“Este tipo de actos repercuten en el normal funcionamiento de los servicios. Debemos disponer de medidas reales y eficaces para acabar con esta lacra social”, subraya Rosales.

Por último, desde el sindicato se exige la formación de todas las plantillas de los centros sanitarios a fin de desarrollar habilidades comunicativas y sociales que permitan la prevención de este tipo de situaciones, el aumento y mejora de las medidas de seguridad en los centros de trabajo, implementando así un mayor número de personal de seguridad, la incorporación de medios técnicos de seguridad eficaces, así como campañas de sensibilización a la población por parte del Sescam.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real asume la asistencia jurídica de la agredida

El Colegio de Médicos de Ciudad Real condena de forma “rotunda” la agresión sufrida esta facultativa del Hospital Mancha Centro.

Explican que la institución colegial se puso en contacto con la médica agredida “desde el primer momento para trasladarle su apoyo, cercanía y disposición absoluta”. Asimismo, el Colegio asume su asistencia jurídica y la acompañará durante todo el proceso, tanto en el plano legal como en el apoyo institucional que pueda necesitar.

El Colegio apunta que esta actuación se hace extensiva a cualquier médico que pueda sufrir una agresión, amenaza, intimidación o coacción durante el ejercicio de su profesión. “El Colegio está y estará siempre al lado del médico agredido. Ningún profesional debe sentirse solo cuando es atacado por ejercer su trabajo”, subraya la institución.

La corporación colegial insiste en que no cabe normalizar ningún tipo de violencia en el ámbito sanitario. “Las agresiones a médicos no son hechos aislados ni conflictos menores: son conductas inadmisibles que afectan a la integridad física y emocional de los profesionales, deterioran la relación médico-paciente y ponen en riesgo la calidad de la asistencia”.

Por ello, el Colegio de Médicos de Ciudad Real reitera su mensaje de tolerancia cero ante cualquier agresión a sanitarios y anima a denunciar siempre este tipo de situaciones. “La institución defenderá con firmeza a los médicos agredidos y reclamará que estas conductas tengan una respuesta clara, proporcionada y disuasoria”.

Finalizan señalando que proteger a los médicos es también proteger a los pacientes. “Un hospital, un centro de salud o un servicio de urgencias deben ser espacios seguros para todos”, concluyen.

Un hombre de 70 años, y vecino de Haro, ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño tras la colisión de un coche y una motocicleta en Herramelluri, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 13:11 horas, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la colisión de un coche y una motocicleta a la altura del KM-9,500 de la LR-201, término municipal de Herramelluri.

Desde SOS Rioja se han movilizado Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Guardia Civil.

L'acusat d'haver arrancat unes banderes del col·lectiu LGTBI de la façana de l'Ajuntament d'Albaida per substituir-les per una ensenya franquista va arribar aquest dimarts passat a un pacte de conformitat i va assumir davant el tribunal de la secció quarta de l'Audiència Provincial de València una pena de sis mesos de presó i una multa per un delicte d'odi, així com una altra multa per un delicte lleu de danys.

Els fets van succeir la nit de l'1 de juliol de 2023 quan, segons el Ministeri Fiscal, l'home va escalar per la finestra del consistori i va penjar l'estendard preconstitucional per, a continuació, acudir a les dependències de la Policia Local i dir a dos dels agents que no pararia fins a retirar les banderes LGTBI.

A més, davant els agents s'hauria dirigit al col·lectiu amb expressions humiliants com “maricons de merda” o “gais cabrons”. Hores després, l'home es va despenjar per una de les finestres de l'edifici consistorial per arrancar les dues banderes, fet que va danyar-ne les subjeccions.

Posteriorment, la bandera LGTBI va tornar a ser col·locada al balcó del consistori després de la celebració d'un acte públic.

D'altra banda, una dona que va proferir insults racistes contra una doctora de l'Hospital General de València ha acceptat aquest dimecres una pena d'un any i tres mesos de presó, a més de l'allunyament de la víctima durant dos anys, com a autora d'un delicte contra la integritat moral amb l'agreujant d'obrar per motius racistes.

Insults racistes a Urgències: “Maldita negra”

L'acusada, segons la Fiscalia, esperava el 13 d'octubre de 2023 ser atesa al servei d'Urgències del centre hospitalari i va entrar al despatx de la facultativa, d'origen dominicà i de pell negra, i “amb l'ànim de menysprear-la i humiliar-la” li va reballar: “Maleïda negra, morta de fam, han de fer-te fora d'Espanya perquè et muigues de fam, no hauries d'estar treballant, eres una mala persona, només et veig passejant i no atens les persones”.

La doctora, segons el Ministeri Públic, es va sentir “profundament menyspreada i humiliada” i aquell mateix dia va denunciar els fets. La Fiscalia destaca que l'acusada va etzibar a la facultativa els insults racistes en un hospital públic, en presència d'altres treballadors i de pacients que esperaven ser atesos.

El acusado de haber arrancado unas banderas del colectivo LGTBI de la fachada del Ayuntamiento de Albaida para sustituirlas por una enseña franquista alcanzó este pasado martes un pacto de conformidad y asumió ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia una pena de seis meses de prisión y multa por delito de odio y otra multa por delito leve de daños.

Los hechos sucedieron la noche del 1 de julio de 2023 cuando, según el Ministerio Fiscal, el hombre trepó por la ventana del consistorio y colgó el estandarte preconstitucional para, a continuación, acudir a las dependencias de la Policía Local y decirles a dos de los agentes que no pararía hasta retirar las banderas LGTBI.

Además, ante los uniformados se habría dirigido al colectivo con expresiones humillantes como “maricones de mierda” o “gais cabrones”. Horas después, el hombre se descolgó por una de las ventanas del edificio consistorial para arrancar las dos banderas, hecho que dañó las sujeciones de las mismas.

Posteriormente, la bandera LGTBI volvió a ser colocada en balcón del consistorio tras la celebración de un acto público.

Por otro lado, una mujer que profirió insultos racistas contra una doctora del Hospital General de València ha aceptado este miércoles una pena de un año y tres meses de prisión, además de alejamiento de la víctima durante dos años, como autora de un delito contra la integridad moral con agravante de obrar con motivos racistas.

Insultos racistas en Urgencias: “Maldita negra”

La acusada, según la Fiscalía, esperaba el 13 de octubre de 2023 a ser atendida en el servicio de urgencias del centro hospitalario y entró en el despacho de la facultativa, de origen dominicano y piel negra y “con el ánimo de menospreciarla y humillarla” le espetó: “Maldita negra, muerta de hambre, deben echarte de España para que te mueras de hambre, no debes estar trabajando, eres mala persona, solo te veo paseando y no atiendes a las personas”.

La doctora, según el Ministerio Público, se sintió “fuertemente menospreciada y humillada” y ese mismo día denunció los hechos. La Fiscalía destaca que la acusada espetó a la facultativa los insultos racistas en un hospital público, en presencia de otros trabajadores y de pacientes que esperaban a ser atendidos.

Al rededor de 1,5 millones de personas han participado en las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Pamplona estos Sanfermines, siendo ejemplo en palabras de Joseba Asiron, alcalde de la ciudad, de “unas fiestas para todas las personas”, y de “convivencia de quienes las vive desde siempre y quienes llegaban por primera vez” y “maneras muy diferentes de disfrutar la fiesta”. Las fiestas, marcadas por el calor, obligaron al “Ayuntamiento a adaptar algunos actos, especialmente en algunas horas centrales del día”. Sin embargo, “a pesar de las altas temperaturas” y que “este año las fiestas solo han contado con un fin de semana, siendo además el 6 de julio lunes”, “la asistencia se ha mantenido de manera muy importante”, ha afirmado.

El balance de San Fermín 2026, presentado por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; la concejala delegada de Cultura, Fiestas y Deporte, Maider Beloki; el concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Endika Alonso; y la concejala delegada de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, Zaloa Basabe, también ha expuesto otros datos significativos. Según el informe, se han registrado un total de 1.091 denuncias, un 16,4% menos que el año pasado. Casi la mitad de ellas, “el delito estrella”, (un 49,58%) corresponden a hurtos.

Se han contabilizado además 28 denuncias por agresiones sexuales “de los cuales 25 son por tocamientos”, “2 de ellos de alta intensidad y una agresión sexual”, ha explicado Basabe. De estos delitos, “ha habido un total de 21 detenidos” que la concejala espera “que vayan en aumento”. En este sentido, ha querido “destacar el compromiso de la ciudadanía de Iruña por generar espacios de ocio seguros y de rechazos a cualquier agresión sexista”. “Si se ha podido llegar a un índice tan alto de detenciones por tocamientos en un entorno como San Fermín ha sido gracias a la colaboración ciudadana, que cuando ha presentado una agresión o un tocamiento no ha mirado para otro lado. Lo ha señalado y ha contribuido también en la detención del agresor”, ha asegurado. Así pues, ha atribuido este trabajo al “movimiento feminista” por “la labor que desempeña a lo largo del año” de “sensibilización y de denuncia social”.

Por otra parte, Alonso ha querido mostrar prudencia en los datos del aumento de “denuncias y detenidos por agresiones”, ya que no corresponden “en ningún caso de peleas multitudinarias”, sino de “pequeñas broncas que son resueltas de manera inmediata por la policía”.

Los eventos con más afluencia han sido los fuegos artificiales, al que han acudido al rededor de 385.000 personas, y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, con 152.000 personas. El martes 14 de julio, “la despedida de la Comparsa congregó a 2.000 personas en la Plaza Consistorial”. Las actividades infantiles y familiares, con la novedad del chupinazo 'txiki', ha alcanzado a lo largo de las fiestas casi los 300.000 participantes.

Respecto a los conciertos y verbenas, por el que pasaron más de 371.800 personas, el más multitudinario fue la actuación de Ojete Calor, que reunió a 20.000 asistentes, seguido de Marlena (18.000). A lo largo de esta semana festiva, la plaza del Castillo ha sido el principal escenario musical de las fiestas, alcanzando en conjunto 170.000 asistencias. Por su parte, según los datos, 169.950 personas participaron en la música folklórica. Un conjunto de cifras que Beloki valora como muestra del “gran proyecto” que supone la cultura para las fiestas.

7.143 atenciones sanitarias durante las fiestas

En el plano sanitario, estos Sanfermines se realizaron 7.143 atenciones, un dato similar al del año pasado, en el que se atendieron a 70 personas más. En el caso de las atenciones propias de las fiestas, este año se han registrado 487 atenciones, solo 16 menos que en 2025. Entre las atenciones propias de las fiestas, las más numerosas han sido las agresiones (147); traumatismos y heridas (118); heridos de los encierros (71), intoxicaciones etílicas (47), intoxicaciones por drogas (16), agresiones químicas (2) y agresiones sexuales (4), entre otras.

Por centros, en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra se han llevado a cabo 4.174 atenciones, un 2.3% menos que en 2025. De ellas, 328 han sido propias de las fiestas: 245 de las fiestas, 60 de los encierros y 23 de los festejos taurinos.

La situación no es nueva. Todos los sindicatos de Castilla-La Mancha llevan meses denunciando la situación en las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo. Pero con la llegada del verano, la media de entre 500 y 600 personas que acuden a este servicio diariamente, ha provocado un “colapso” que ahora ya no consideran solo profesional sino también “humano” por la “mala calidad” en la atención a los pacientes.

La voz de alarma para decir ‘basta’ la ha dado el sindicato CSIF ante un escenario que consideran “totalmente insostenible” tanto para el personal médico, enfermero, celador y administrativo como para las personas atendidas.

Son “problemas estructurales graves que llevamos arrastrando mucho tiempo, pero que han llegado a un punto insoportable”, explica Miguel Ángel González, médico de Urgencias del Hospital toledano y delegado del área sanitaria de este sindicato.

El motivo principal que apunta es la orden emitida por la Gerencia del centro de que los médicos de planta y de quirófanos se vean “obligados” a realizar su labor en el servicio de Urgencias. Esto ha provocado que 11 facultativos hayan dejado su puesto por “saturación” y “estrés”, lo que ha deteriorado aún más el servicio. Con ello, actualmente hay 35 facultativos en Urgencias, ocho de ellos con reducciones de jornada.

El efecto dominó no se ha hecho esperar. A falta de estos médicos, los puestos los han ocupado profesionales residentes, muy jóvenes y con “contrataciones precarias” a los que también hay que formar, y que no tienen apenas experiencia. Y junto a todo ello, el resto de categorías profesionales se encuentran también “bajo mínimos” en el servicio.

“Esta improvisación es una solución que solamente desplaza el problema, ya que obliga a que los facultativos que están en la planta no realicen su trabajo eficazmente. Porque el trabajo en Urgencias no se puede improvisar de un día para otro, y sacar médicos de sus consultas e intervenciones genera un nuevo problema”, argumenta Miguel Ángel González.

No es de extrañar que el problema se refleje no solo en las Urgencias, sino en todas las plantas. Y esto, afirma, hace que el Hospital de Toledo sufra un “colapso no solo profesional, sino también humano”.

Cuenta que esta misma mañana había 77 pacientes pendientes de ingreso, 13 de ellos con tres días de espera, pero han llegado a tener hasta 86 pacientes esperando. “No son situaciones normales. Esto va en contra del propio Reglamento del SESCAM (el servicio castellanomanchego de salud), que establece un máximo de 48 horas de espera, y además hablamos de pacientes pluripatológicos y geriátricos, que sufren mucho”.

“Por eso todo esto tiene un lado humanitario que ya no se puede sostener y tanto la Gerencia como el SESCAM deben tomar cartas en el asunto”, añade por su parte Victoria Gutiérrez.

Los profesionales están agotados, extenuados, no saben qué hacer para conseguir una solución definitiva, no les escucha nadie y se encuentran abandonados

Al igual que el doctor González, subraya que la “huida” de médicos también ha provocado una “desbandada” del resto de profesionales que trabajan en el servicio. “Están agotados, extenuados, no saben qué hacer para conseguir una solución definitiva, no les escucha nadie y se encuentran abandonados”, remarca.

Recalca que se trata de una “situación límite” derivada también de una “absoluta falta de planificación e inversión”. “Esto repercute no solo en los pacientes sino en la salud de los profesionales. Se han ido todos los que han podido, y los que no, presentan graves deterioros de su salud física y mental. Tenemos cuadros de ansiedad, de estrés y de depresión. Algunos van como zombis”, resalta.

La delegada sindical pone también el acento en otra causa muy relevante de esta situación: una Atención Primaria “muy tensionada” en la que los médicos y médicas de familia están dando cita con una espera de dos semanas. Lo mismo sucede con las consultas especializadas. “Las listas de espera son desorbitadas, por lo que la gente termina por acudir a Urgencias y el problema se vuelve insostenible”.

Otro motivo “incomprensible”. Según apuntan ambos, hay 80 camas en plantas cerradas del Hospital Universitario de Toledo y la Gerencia no ha dado ninguna explicación sobre las causas para que no se abran y descongestionar el colapso y las esperas pendientes de hospitalización en el servicio de Urgencias.

A nadie nos gustaría tener un familiar en esa situación, durmiendo en una silla con una angina de pecho, esperando horas y horas a que le ingresen

“A nadie nos gustaría tener un familiar en esa situación, durmiendo en una silla con una angina de pecho, esperando horas y horas a que le ingresen”. Por todo ello, el sindicato exige la contratación “inmediata” de facultativos para Urgencias y del resto de especialidades, la apertura de las 80 camas actualmente cerradas, un plan de contingencia para el verano y el cese de la obligación de desplazar a especialistas de planta.

Ambos lamentan que esta orden para los meses de julio y agosto se haya adoptado sin tener en cuenta la opinión de los profesionales. Según detallan, hubo algún encuentro antes del verano, pero no avanzaron ninguna medida. “Han adoptado este plan sin informar a la Junta de Personal”, denuncian. De hecho, Miguel Ángel González apunta que la Gerencia nunca ha elaborado planes de contingencia, ni para verano ni para invierno.

Cables por el suelo y monitores compartidos

Dicho esto, el doctor González ha explicado que, además, la situación de un paciente en Urgencias “se deteriora mucho más” y se agrava si requiere hospitalización y no la recibe. Pone como ejemplo que, en los boxes individuales, donde antes había dos salas con 30 plazas, ahora solo hay una con 60 plazas. “Esto implica que haya cables por el suelo, monitores compartidos, gente que tropieza y pacientes apelotonados”.

“No podemos trabajar así, cada turno es un suplicio y nos lo están transmitiendo los familiares de manera continua. Muchos pacientes tienen patologías muy complejas y nos les podemos dar toda la atención que requieren. Es una medicina de guerra, de batalla, todo está descontrolado”, resalta por su parte la delegada sindical.

Finalmente, Miguel Ángel González vaticina que después del verano los problemas “van a seguir ahí” porque “no hay ningún plan diseñado, solo un parche mal puesto que juega con los pacientes”. Por ello ha pedido a los altos cargos del SESCAM que “vengan a Urgencias y vean la situación, porque mientras nosotros nos jugamos nuestra responsabilidad profesional, ellos no hacen nada ni cargarán con las consecuencias”.

El Hospital afirma que la atención asistencial está “garantizada”

Por su parte, la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo ha salido al paso de estas acusaciones, afirmando que el SESCAM garantiza la atención sanitaria “adaptando de forma permanente los recursos humanos y organizativos a la demanda asistencial”, con el objetivo de “ofrecer una atención continua, segura y de calidad”.

Según los datos que aporta, en los últimos 15 días, el servicio de Urgencias ha atendido a 8.347 pacientes, de los que se ha indicado el ingreso hospitalario al 13,47 %, incluso algunos días esa tasa ha alcanzado el 16%, dato que refleja la “elevada actividad asistencial” que registra el centro y “su capacidad para dar respuesta a las necesidades de la población”.

El SESCAM no entra en detalles sobre las incidencias apuntadas por CSIF. Se limita a afirmar que el servicio de Urgencias registra una demanda asistencial que presenta variaciones en función de múltiples factores, sobre todo una mayor afluencia de pacientes crónicos de edad avanzada con agravamiento de patologías respiratorias y cardíacas, perfiles clínicos que presentan “una mayor complejidad asistencial”.

“En este contexto, el hospital adapta de manera continua sus recursos humanos y organizativos para ofrecer la mejor respuesta posible, priorizando siempre la atención de los pacientes con mayor gravedad”, añade.

Asimismo, apunta que La Dirección es “plenamente consciente” de que, en determinados momentos de elevada presión asistencial, pueden producirse tiempos de espera “superiores a los deseables”, como consecuencia del incremento de la demanda.

En este punto reconoce que que el Hospital Universitario de Toledo ha adoptado una medida organizativa de carácter temporal para reforzar el Servicio de Urgencias con facultativos especialistas de otras áreas asistenciales durante el periodo de sustitución de profesionales del propio servicio.

Los profesionales, agrega, son facultativos de ocho especialidades médicas, de las 52 existentes en el Complejo, que atienden a pacientes “con patologías propias de su ámbito de competencia profesional, respetando en todo momento las competencias de cada especialidad”. Esta reorganización se ha diseñado “garantizando la capacitación de los profesionales implicados y preservando la seguridad clínica de los pacientes”.

“La incorporación temporal de especialistas de otras áreas constituye una medida excepcional, proporcionada y suficientemente motivada por la necesidad de mantener la asistencia a la ciudadanía mientras persistan las dificultades para la cobertura de sustituciones”.

Concluye afirmando que hay “un seguimiento permanente” de la actividad del servicio de Urgencias y con reuniones diarias de coordinación en las que participan profesionales, responsables de distintas especialidades y miembros del equipo directivo para analizar la evolución de la ocupación hospitalaria, la presión asistencial y las necesidades organizativas, “adoptando las medidas que resulten necesarias en función de la situación de cada jornada”.

UGT Servicios Públicos La Rioja vuelve a denunciar la saturación que sufren las Urgencias del Hospital San Pedro, asegurando que en estos momentos 43 pacientes permanecen pendientes de ingreso hospitalario, únicamente siete de ellos con cama asignada.

Asegura el sindicato que el servicio se encuentra al límite de su capacidad, con las 18 camas de Prehospitalización (PH) ocupadas, los toriles completamente llenos y la Unidad de Corta Estancia (UCE) obligada a doblar habitaciones. Además, aseguran que los controles 3D y 4C han cerrado la mitad de las camas, mientras que la otra mitad se encuentra ocupada. Por ello, exigen a la Consejería que refuerce “de manera inmediata” las plantillas de cara a los meses de julio y agosto y adopte las medidas necesarias “para evitar que este colapso continúe deteriorando las condiciones de trabajo de las plantillas y de la ciudadanía”.

Recuerdan que hace exactamente un año ya advertían desde el sindicato de la saturación que sufrían las Urgencias del Hospital San Pedro y alertaban de que la falta de planificación durante el verano volvería a traducirse en una situación de colapso. “Hoy, un año después, comprobamos que nada ha cambiado. La Consejería vuelve a afrontar el periodo estival sin la previsión necesaria, pese a conocer el incremento de la presión asistencial durante estas fechas”, señalan en un comunicado.

Desde UGT insisten en que “no nos encontramos ante una situación excepcional ni imprevisible. Cada verano se produce un incremento de la presión asistencial que la Administración conoce perfectamente. Sin embargo, una vez más, comprobamos cómo la falta de planificación y de recursos humanos suficientes termina provocando un colapso que afecta tanto a la ciudadanía como a los profesionales”.

“En los últimos días hemos escuchado al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, anunciar importantes inversiones para la sanidad riojana”, continúan, “desde UGT Servicios Públicos valoramos positivamente cualquier inversión destinada a mejorar las infraestructuras sanitarias, pero consideramos que ha llegado el momento de priorizar también las inversiones en recursos humanos”. Por todo ello, exigen al Gobierno de La Rioja y a la Consejería de Salud que destinen los recursos necesarios para reforzar las plantillas de todas las categorías profesionales, planifiquen con antelación los periodos vacacionales y “dejen de afrontar cada verano con la misma falta de previsión”.

El Gobiern de La Rioja asegura que no han pasado de 36

Sin embargo, según explica el gerente del SERIS, Luis Ángel González, en ningún momento de la jornada se han registrado 43 pacientes pendientes de ingreso hospitalario. “El máximo alcanzado ha sido de 36 pacientes pendientes de cama a las 14:00 horas, una situación puntual asociada a un incremento de la demanda asistencial y al flujo habitual de ingresos y altas hospitalarias”, señala.

Asegurann desde el SERIS que este tipo de circunstancias forman parte de la actividad normal de un hospital de alta complejidad y cuentan con mecanismos de respuesta previstos en los planes de contingencia del SERIS. “De hecho, la situación ha ido mejorando progresivamente a lo largo de la tarde”, aseguran, “a las 18:30 horas, Urgencias disponía de cinco boxes libres, tres camas en Prehospitalización y siete plazas en la Unidad de Corta Estancia”.

Recuerdan además que este verano se han habilitado 30 camas adicionales y existen recursos de reserva para adaptarse a cualquier necesidad asistencial que pudiera surgir. “La experiencia demuestra que los efectos de las olas de calor sobre los pacientes más vulnerables y con patologías crónicas suelen reflejarse varios días después del inicio de las altas temperaturas, coincidiendo además con la actividad asistencial habitual de comienzos de semana. Por ello, el sistema sanitario cuenta con dispositivos de seguimiento y respuesta que permiten garantizar la atención en todo momento”, añaden desde el SERIS.

Aseguran que la actividad registrada durante la jornada se ha desarrollado dentro de los márgenes previstos y con los mecanismos de gestión habituales para este tipo de situaciones.

Una funcionaria de la Oficina de Justicia de San Asensio ha tenido que ser trasladada al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un golpe de calor. Así lo ha comunicado CCOO La Rioja a la vez que denuncia las “graves condiciones térmicas” que padecen los trabajadores y trabajadoras de dicho centro.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 22 de junio a medio día. La trabajadora comenzó a encontrarse indispuesta debido a las elevadas temperaturas registradas en el interior de las dependencias judiciales. Así, y tras activarse los servicios de emergencia mediante una llamada al 112, cuentan desde la formación sindical, la trabajadora fue trasladada al servicio de Urgencias del Hospital donde fue estabilizada.

Este incidente, recuerdan desde CCOO La Rioja, se produce días después de “advertir formalmente el grave riesgo para la salud existente en la Oficina de Justicia de San Asensio. De hecho, el pasado jueves, presentaron un escrito al Ayuntamiento de San Asensio ”alertando de la falta de climatización del edificio y reclamando medidas urgentes para proteger la salud de los empleados públicos“. Entre las soluciones propuestas ”figuraba la instalación de equipos portátiles de aire acondicionado, una medida de rápida implantación que no requiere obras ni instalaciones complejas“.

Asimismo, denuncian que esta Oficina “no solo carece de sistemas de refrigeración, sino también de elementos básicos de protección frente al calor, como persianas en las ventanas. Como consecuencia, durante la mañana del lunes se alcanzaron temperaturas cercanas a los 30 grados en el interior de las instalaciones”.

CCOO La Rioja ha trasladado este caso al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de La Rioja “y la única respuesta ofrecida por el Ayuntamiento fue la entrega de un ventilador, una medida claramente insuficiente para garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables ante las altas temperaturas registradas”. Por esto, y mientras no se adopten soluciones definitivas, la formación sindical “aconseja de manera provisional reorganizar la atención al público, desarrollándola entre las 9:00 y las 12:00 horas en la Oficina de Justicia y trasladándola entre las 12:00 y las 14:00 horas a un espacio habilitado dentro del Ayuntamiento de San Asensio, edificio que sí dispone de climatización adecuada”.

Desde la formación sindical no comprenden que la Oficina de Justicia “continúe sin unas condiciones mínimas de habitabilidad cuando el Ayuntamiento de San Asensio recibió el pasado 30 de abril una subvención superior a 6.000 euros concedida por el Gobierno de La Rioja para sufragar los gastos de funcionamiento del antiguo Juzgado de Paz”. Y exigen medidas eficaces e inmediatas que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras de la Oficina de Justicia de San Asensio porque “la prevención de riesgos laborales no es una opción, sino una obligación legal que todas las administraciones públicas deben cumplir”.

Un motorista ha fallecido este jueves tras salirse de la vía en la Autopista TF-1, a la altura de de Güímar, en Tenerife según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:52 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Ante la gravedad del incidente, se activó desde el primer momento un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario, que llegó a tomar tierra en la propia Autopista, así como ambulancias de soporte vital avanzado para garantizar la evacuación urgente por vía aérea.

A la llegada del personal sanitario, el afectado presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Guardia Civil se hace cargo de las diligencias judiciales.

Cerca del 75% de los médicos de urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) no tiene especialidad médica demostrada, “tampoco la dirección del servicio”, según han denunciado varios médicos de ese servicio a la Asociación MIR España, y a cuyos testimonios también ha tenido acceso este periódico. 

La Asociación MIR España lleva días recogiendo información ofrecida por los médicos residentes y adjuntos de distintos años y especialidades, del propio servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias, y califica la situación de “auténtico despropósito”. 

“De 56 médicos de urgencias, solo 15 tienen especialidad vía MIR”, según las evidencias que ha recibido la Asociación MIR España. Critican que los médicos residentes están siendo tutorizados por personal que, en su mayoría, carece de la titulación de especialista, lo que supone un “riesgo absoluto para los pacientes y para la formación de los profesionales”.  

“Tenemos testimonios de pacientes muriendo a la espera de ser atendidos en los pasillos del hospital. Esto no es casualidad, esto es por una gestión horrorosa”, asegura Jesús Arzúa, presidente de la Asociación MIR España. Señala que “como no se han formado por la vía MIR, no han pasado por la formación sanitaria especializada, no pueden dar una docencia adecuada”, y que en muchos casos son los residentes los que enseñan a los propios adjuntos.

El MIR (Médico Interno Residente) es el sistema oficial y obligatorio de formación de especialistas médicos en España. Durante 4 o 5 años los residentes se forman de manera práctica y remunerada para ejercer como médico especialista en el Sistema Nacional de Salud. Pero según los propios trabajadores del HUC, cinco de cada siete médicos de urgencias no tienen ninguna especialidad médica reconocida. “Tampoco la dirección de urgencias: ni la jefa de servicio, ni los cuatro jefes de área”, según nos han manifestado a este periódico varios trabajadores del HUC. 

Algunos de estos testimonios cuentan que hay médicos residentes “siendo supervisados por un chaval de 24 o 25 años que acababa de salir de la carrera”. Aseguran que tratan casos extremos de pacientes muy críticos sin la supervisión adecuada. Algunas declaraciones apuntan a que al no tener MIR “hacen mucho gasto pidiendo pruebas médicas innecesarias”. 

“Hay casos de residentes de primer año que dicen haber tenido que valorar y manejar prácticamente solos, pacientes con shock séptico, ictus o arritmias”, asegura Arzúa. Desde la Asociación MIR España explican que es totalmente incompatible con una formación MIR segura, y que “incumple de manera flagrante” las condiciones por las que fueron acreditados por el Ministerio de Sanidad en su día.

La Asociación MIR España y su delegación en Canarias aseguran que van a solicitar una auditoría docente en Urgencias del HUC para garantizar la supervisión de los residentes y la calidad asistencial. Según los testimonios que han recibido consideran que hay “dudas relevantes” sobre cómo se supervisa a los médicos residentes, sobre la disponibilidad de especialistas acreditados y el cumplimiento de los estándares formativos exigidos por el sistema MIR.

Aprendizaje “autodidacta” en Urgencias 

La Asociación MIR España alerta de que hay bastantes residentes en tratamiento psicológico, “toman antidepresivos, incluso ansiolíticos”, por trabajar en un ambiente laboral “totalmente peligroso, de una tensión constante”, y con una aprendizaje que describen como: “autodidacta”. 

Aseguran que se les ha comunicado que den prioridad “al volumen de pacientes”, primando de este modo “la cantidad, como si el residente fuera mano de obra barata asistencial y no un profesional en formación, que lo que necesita es supervisión”, relata Arzúa. 

Desde la Asociación MIR explican que los residentes acceden a su plaza “tras superar una de las oposiciones más exigentes de España y tienen derecho a una formación de calidad, supervisada y segura”. Y recuerdan que “los residentes no forman parte de las plantillas estructurales de los hospitales”, están ahí para formarse: “los especialistas que atenderán a la población en los próximos años se está formando hoy en nuestro hospitales”, concluyen.  

En España, la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias entró en vigor en 2024. Según critican varios médicos el HUC es “el único hospital de referencia de Canarias que no dará formación a residentes MIR de Medicina de Urgencias y Emergencias, por decisión del Director Médico del HUC”. Aseguran que el HUC “no cumple los requisitos” y por eso “no lo han solicitado”, ya que sin médicos MIR no pueden recibir a residentes de urgencias. 

Mientras se implementa esta especialidad de reciente creación en toda España, para trabajar en Urgencias basta con tener cualquier tipo de especialidad, pero hay que tener alguna, la “más frecuente suele ser la de médicos de familia”, explican médicos que trabajan en urgencias. 

La Dirección de Urgencias, sin especialidad

Este periódico ha podido confirmar que ni la jefa del Servicio de Urgencias del HUC, ni tampoco ninguno de los cuatro jefes de área de urgencias tienen el MIR, o alguna especialidad reconocida.

La jefa de urgencias se licenció en el año 2000 y llegó al cargo en diciembre de 2024, según reconoce en su propio currículum publicado en Linkedin. Para trabajar en urgencias “habría que tener una especialidad y hacer el MIR o ser pre-95”, como se conoce a los médicos que se licenciaron antes de 1995, cuando bastaba con terminar la carrera universitaria para ejercer como médico de cabecera. Con la incorporación de leyes europeas, tuvieron que demostrar sus años de experiencia para que el Ministerio de Sanidad les reconociera oficialmente el título de especialistas, sin necesidad de haber realizado el sistema MIR actual. 

Según especialistas de urgencias consultados, “se está vulnerando la ley” y las normas del Servicio Canario de la Salud. Señalan que un jefe de servicio debería acceder a ese puesto “por tener su plaza en propiedad, su especialidad correspondiente, y llevar más de cinco años trabajando”. 

Por debajo de la jefa de servicio, que ha estado varias semanas de baja, están los jefes de área o de unidad, y tampoco cumplen los requisitos, como carecer de especialidad reconocida. Según el registro del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el jefe de la unidad de consultas de atención rápida (CAR), el de unidad consultas externas, el de reanimación, y la jefa de la unidad de observación, aparecen como médico general, es decir, sin especialidad. 

Estos jefes de unidad tiene “poca experiencia en urgencias, y no tienen el dominio de la gestión que requiere el cargo”, critican algunos médicos. Otros señalan que algunos jefes de unidad son “muy jóvenes” y sin la experiencia necesaria para un puesto de esas características, ya que deberían saber tomar decisiones, formar a los residentes, e incluso sustituir a la jefa de servicio, como ha llegado a ocurrir. No entran a valorar que son médicos de países extracomunitarios, de Latinoamérica en su mayoría, y han tenido que homologar su título, ya que no se han formado en España. Solo destacan que no tiene ninguna especialidad médica reconocida.  

Todos lo sabían, pero… 

Estas circunstancias son conocidas por varios sindicatos médicos, pero ninguno ha querido criticarlo públicamente, ni dejar constancia por escrito de las quejas de los profesionales que han acudido en su ayuda. En conversaciones con este periódico han reconocido que conocían que esto pasa en las urgencias del HUC, pero han preferido no hacer declaraciones. Ha tenido que ser la Asociación MIR España, creada en 2020, quien saque a la luz revelaciones denunciando esta situación. 

La propia Dirección Médica del HUC reconoció en un comunicado interno del 14 de mayo de 2025 que los servicios de urgencias se nutren de médicos no especialistas, pero se excusaba en que la especialidad de urgencias es de reciente creación, como en toda España. Pero aunque no tengan especialidad, considera que pueden cumplir con la tutorización de los residentes. Para la Asociación MIR España esta justificación es “totalmente absurda”, y aseguran que este comunicado les “horroriza”, porque hacen “una trivialización, una banalización de la formación sanitaria especializada reglada”, asegura Arzúa.

Auditoría para el HUC

La Asociación MIR España va a pedir una auditoría urgente al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Aseguran que cuando finalice la recogida de testimonios mandarán la documentación a la Inspección de Trabajo, al Ministerio de Sanidad, y a la Consejería de Salud. Durante esta semana aún seguirán recabando evidencias en su cuenta de Instagram @AsociacionMir , donde publicarán de manera “anónima y confidencial” los testimonios en los próximos días.  

La Diputada del Común, Dolores Padrón, también ha pedido recientemente una auditoría externa urgente, al servicio de urgencias del HUC. Su institución le dedicó un capítulo entero en su informe de 2025, y en la investigación que realizó de oficio encontró un médico residente “solo en urgencias con 30 personas en una habitación”. 

El mal funcionamiento de las urgencias en este Hospital Universitario de Canarias no es ninguna novedad. Este periódico informaba hace unas semanas de un nuevo colapso, con pacientes amontonados en los pasillos obstruyendo la salida de emergencias. 

Según la última memoria anual de la Defensora del Paciente, el HUC es el hospital con mayor número de reclamaciones de todo el archipiélago, siendo su servicio de urgencias el más denunciado de toda España. Registraron 320 quejas, de las cuales 31 fueron fallecimientos. El informe asegura que las Urgencias del HUC “perduran como un ejemplo de deshumanización y colapso absoluto”. 

Cómo empezó todo

Según varios médicos, el grave deterioro que se ha producido en los últimos dos o tres años en las Urgencias del HUC “fue a raíz de una fuga de especialistas”. Aseguran que les obligan a hacer un número de horas extraordinarias, “de 280 a 300 horas al mes”, y aunque algunos querían quedarse, terminaron marchándose a otros destinos. 

Explican que la dirección médica sólo contabiliza 140-150 horas de trabajo al mes, pero como les obligan hacer, como mínimo, media docena de guardias, las horas de trabajo reales son casi el doble.  

Diferentes médicos del HUC consultados señalan que el Director Médico, José Antonio García Dopico, está “obsesionado” con reducir el tiempo de espera en urgencias, que según dice no supera la hora, aunque los trabajadores de urgencias aseguran que algunos pacientes llegan a esperar hasta 12 y 14 horas. 

Estos trabajadores de urgencias consideran que hay otros indicadores de la calidad que son más importantes, como: las veces que vuelven a visitar al médico, los reingresos, y por supuesto, la mortalidad. 

Respuesta de la Dirección Médica del HUC

Algunos de los trabajadores de urgencias con los que ha contactado este periódico aseguran que están siendo “coaccionados” para que señalen a quien haya dado testimonio a la Asociación MIR. También han sido “amenazados” con abrirles expediente a quienes filtren información: “quien tenga algo contra los médicos no MIR que lo denuncie en Fiscalía”, aseguran que les han dicho. 

Aunque no ha querido responder a las preguntas de este periódico, desde el Hospital Universitario de Canarias han remitido un comunicado en el que aseguran que mantienen “un firme compromiso con la calidad asistencial” y con la formación especializada de los médicos residentes, desarrollando su actividad docente “conforme a la normativa vigente”.  

Afirman que en cada jornada de guardia participan, “además del equipo propio de Urgencias, un total de 67 médicos (40 especialistas y 27 MIR de otras especialidades) de las distintas áreas del hospital, que acuden al servicio para valorar y atender a los pacientes cuando es necesario, aparte de 16 especialidades más en localización”. Aseguran que en cada franja horaria, cuentan “con más de 15 médicos en el turno de mañana, 10 en el de tarde y 7 durante la noche, sin contar los residentes”. Este argumento es criticado por los médicos de urgencias, “lo importante no es cuántos profesionales hay, sino cuál es su nivel de formación y experiencia”, señalan.

Desde el HUC aseguran que “existe un protocolo de supervisión vigente aprobado por la Comisión de Docencia y una revisión de la planificación de los circuitos formativos de febrero de 2025 y actualizado en junio de 2026”. Mantienen que “en ningún caso, la responsabilidad de la actividad asistencial recae sobre los residentes”, y que esta labor la realizan los médicos adjuntos: “Ningún paciente se va de alta sin la firma del facultativo adjunto”. A lo que algunos médicos de urgencias responden que una firma “no elimina el riesgo”. 

Por último, el HUC destaca en su comunicado que el hospital mantiene una elevada capacidad de retención del talento formado en el propio centro. Y ofrecen como prueba el argumento de que “el 85% de los médicos internos residentes que han finalizado su periodo de formación este año han optado por incorporarse a la plantilla del hospital”. A lo que algún médico de urgencias responde que eso “no incluye” a los siete residentes que querían quedarse en el Servicio de Urgencias y “fueron invitados a irse al Hospital de la Candelaria”. 

Pero sobre todo, el comunicado del HUC no dice nada sobre por qué toda la dirección de Urgencias y el 75% de sus médicos no tiene el MIR, ni ninguna especialidad reconocida. Sobre este hecho no han dado ninguna explicación.

Cinco personas han resultado heridas, tres de ellas de carácter grave, en una colisión múltiple registrada este sábado en la carretera LZ-40, a su paso por el municipio de Tías, en Lanzarote, según ha informado el 112.

El accidente se produjo en torno a las 15:32 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido una alerta sobre el siniestro informándole de que dos personas habían quedado atrapadas en el interior de los vehículos y varias necesitaban de asistencia sanitaria.

Los heridos graves son tres hombres, de 30, 34 y 52 años, que presentan diversos traumatismos y han sido estabilizados por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) antes de ser trasladados al Hospital Doctor José Molina Orosa, uno de ellos en una ambulancia medicalizada y los otros dos en ambulancia de soporte vital básico.

Además, una mujer de 45 años ha sufrido un traumatismo de carácter moderado y un menor de 11 años contusiones leves. Ambos han sido trasladados al mismo centro hospitalario en ambulancia de soporte vital básico de Protección Civil.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos del SUC, bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, Protección Civil y agentes de la Guardia Civil.

Los bomberos han liberado a las personas atrapadas, han asegurado los vehículos implicados y han saneado la calzada, mientras que efectivos de Protección Civil han colaborado en el dispositivo y trasladado a dos de las personas afectadas, y la Guardia Civil se ha encargado de regular el tráfico e instruir las diligencias correspondientes.