En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

José Luis Martín Martín ha dedicado 35 años a la institución penitenciaria, pero su implicación con la población reclusa ha ido más allá de limitarse a cumplir con una jornada laboral y un horario. Su vocación, unida a su formación como educador y psicólogo, ha sido una de las claves para que su metodología centrada en el tratamiento haya sido capaz de estimular a las personas que cumplen una pena privativa de libertad para lograr hacer efectiva la palabra reinserción.

Una de sus principales obsesiones siempre ha sido dar visibilidad y ofrecer alternativas a la población reclusa. No se explica cómo hay tanta falta de empatía en la sociedad: “Hay un barrio equidistante entre Gijón, Oviedo y Avilés que se llama Centro Penitenciario de Asturias, con 1.000 habitantes, de los cuales el 90% son asturianos”.

Reinserción con contenido

José Luis Martín nació en la ciudad alemana de Frankfurt hace 61 años. Hijo de emigrantes extremeños que se instalaron a vivir en el Nuevo Gijón, un barrio obrero asturiano, siempre tuvo claro desde que opositó a Instituciones Penitenciarias que la palabra reinserción no era una expresión manida vacía de contenido.

Su “brújula de orientación” hasta el pasado mes de septiembre, cuando le llegó la hora de la jubilación, ha sido el artículo 25.2 de la Constitución Española que establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social.

Un trabajo vocacional

Ha aplicado su experiencia profesional en varias prisiones del país. Ha trabajado en las cárceles de El Dueso, en Cantabria, y Alhauín de la Torre, en Málaga.

Durante tres años ejerció como educador en la prisión de Picassent, en Valencia, donde se hizo cargo de dos módulos: el módulo de madres donde las presas convivían con sus hijos e hijas de cero a seis años, y el módulo de presas comunes.

Cumplidos los 30 años, aterrizó en Asturias donde se incorporó al equipo del educador Faustino García Zapico, donde se desarrolló un modelo, exportado a otras cárceles del país, orientado a la rehabilitación y reinserción social de los internos afectados por graves adicciones y politoxicomanías. La creación de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) se convertía así en un espacio libre de drogas.

Evitar la estigmatización

“Coordinaba educación para la salud. En aquella época moría mucha gente de VIH y comencé a hacer grupos emocionales para que la población reclusa afectada no se sintiera estigmatizada”, explica José Luis.

Durante casi una década trabajó en la UTE hasta que tuvo “una crisis de metodología”, como él mismo señala: “es la falacia de la dicotomía. José Saramago decía que la forma más peligrosa de ceguera es creer que tu propio punto de vista es la única realidad. No puedes decir que un punto de vista es verdadero sin ver otras alternativas”.

Estuve seis años en el módulo 10 de la cárcel de Asturias, exclusivo de mujeres. Su transformación en un módulo de respeto fue un hito porque puse en práctica la mediación prosocial, donde un grupo de presas se convertían en mediadoras en el conflicto entre otras reclusas. Empezamos con dos mediadoras y llegaron a ser 60

Un set de rodaje en la prisión

Él estaba convencido de que había otras formas de abordar el tratamiento con la población reclusa y dio un salto y dedicó todo su esfuerzo y sus energías a transformar el denominado módulo 10, exclusivo de mujeres, en un módulo de respeto.

“Puse en práctica la mediación prosocial, donde un grupo de presas se convertían en mediadoras en el conflicto entre otras reclusas. Empezamos con dos mediadoras y llegaron a ser 60 mediadoras”, dice con orgullo.

El minuto de gloria de las reclusas

Durante esta etapa, las internas disfrutaron de su minuto de gloria con el estreno de su primer proyecto cinematográfico, como protagonistas y figurantes. Recuerda cómo las reclusas se implicaron en un cortometraje que las directoras de cine Ángeles Muñiz Cachón y Teresa Marcos, propietarias de la productora audiovisual De Souna, rodaron en la cárcel asturiana en 2010.

Por primera vez en la historia de la prisión, un equipo de rodaje accedió al interior y logró que un grupo de presas atraparan la sensación de libertad sin salir del recinto penitenciario.

Actrices y figurantes

Ángeles Muñiz echó a rodar la iniciativa en mayo de 2009 tras contactar con Mercedes González, de la Asociación Prisión y Sociedad. Quería conocer qué pensaban y cómo vivían las presas y José Luis no dejó pasar la oportunidad y le propuso realizar inicialmente una obra de teatro con las internas que surgía a través de un plan de salud sobre el sida que se desarrollaba en la cárcel y en septiembre de ese mismo año se incorporó la cineasta Teresa Marcos.

No había un guión predeterminado y cada interna aportaba su idea y resultó todo un éxito. 'Módulo 10' se presentó a festivales y obtuvo el reconocimiento del 48 Festival Internacional de Cine de Gijón con el premio al mejor cortometraje ex-aequo Día d'Asturies y del VIII Festival de Cine Asturianu, al alzarse con el segundo premio al mejor cortometraje.

El cortometraje 'Módulo 10' donde las internas participaban como actrices y figurantes vino a demostrar que en la cárcel se puede pintar de color, porque las presas cogen fuerza y se hacen visibles. Pude comprobar que se podía quitar el estigma de reclusas

Nuevos hitos

Fue un acicate más para el educador: “este cortometraje vino a demostrar que en la cárcel se puede pintar de color, porque las presas cogen fuerza, se hacen visibles y fue todo un hito. En ese momento pude comprobar que se podía quitar el estigma de reclusas”.

José Luis, siempre pergeñando nuevas iniciativas para ilusionar e implicar a la población reclusa en cuantos proyectos emprendía, no dudó en poner sus conocimientos en Psicología al servicio de la creación del denominado 'Programa para la Prevención de Recaídas y Conductas Delincuenciales'.

Del 'Precod' al 'Odiseo'

Este programa, conocido como 'Precod', iba dirigido a aquellas personas que presentaban una problemática adictiva tanto desde los módulos del Centro Penitenciario como desde el Centro de Inserción Social (CIS).

Como coordinador del CIS impulsó un nuevo proyecto, denominado 'Odiseo', basado en la organización de coloquios compartidos por personas que se encuentran cumpliendo penas de prisión en medio abierto.

No coquetear con las drogas

Con 'Odiseo' busca concienciar al alumnado de los institutos asturianos de la importancia de que no caiga en el consumo de drogas, logrando asimismo un impacto positivo de reconstrucción en las personas penadas que participan en los coloquios.

El Proyecto Odiseo es una forma de prevenir al alumnado para que no caiga en el consumo de drogas y a la vez es una catarsis para la población reclusa que participa porque se siente útil

“El proyecto Odiseo lo creé hace dos años junto con la Asociación de Familiares y personas con enfermedad mental de Asturias (AFESA) y Miriam Basante, técnica del Programa Reincorpora de esta asociación, para realizar una labor de prevención con adolescentes”, comenta.

Prevención y catarsis

El objetivo es darles a conocer qué acciones les puede llevar a acabar en una cárcel y es una forma de que las personas que viven esa experiencia se lo cuenten de primera mano para que tomen conciencia. Es una forma de prevenir a los alumnos y a la vez es una catarsis para la población reclusa que participa porque se siente útil“, describe.

Medalla al mérito penitenciario

La implicación de José Luis en la metodología del tratamiento le valió el reconocimiento público cuando la directora del Centro Penitenciario de Asturias, Nieves Martínez, propuso que se le concediera la medalla de bronce al mérito penitenciario “por su decidida apuesta, desde su ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en el año 1991 y a lo largo de toda su trayectoria profesional, por hacer efectivo el espíritu de reinserción consagrado en el artículo 25.2 de la Constitución Española”.

En septiembre de 2024, el secretario general del Ministerio del Interior le comunicó su concesión “por la prestación de servicios relevantes relacionados con la actividad penitenciaria que denotan una especial iniciativa y dedicación”. Conseguía así dar la visibilidad a la población reclusa por la que tanto ha luchado a lo largo de los 35 años de ejercicio profesional.

Compromiso con la inclusión

Y como todo llega, el pasado mes de septiembre la jubilación llamó a su puerta. Como José Luis es una persona muy activa, no quería que su pase a esta nueva etapa vital frenara en seco toda la motivación que le hace sentirse vivo cada día ayudando siempre a los más vulnerables. Como no podía ser de otra manera, se implicó aún más con la oenegé Asociación Fraternidad, muy comprometida con la inclusión de las personas con diversidad funcional.

Si la población reclusa ya de por sí es invisible para la sociedad, las personas con diversidad funcional son las invisibles de los invisibles

La gerente Mayca González Collado le propuso hace tres años trabajar con ellos como vocal y él aceptó sin dudarlo. Ambos se conocían con anterioridad porque ella trabajó en Plena Inclusión y colaboraba con él en el Centro Penitenciario de Asturias con población reclusa con diversidad funcional.

“Si la población reclusa ya de por sí es invisible para la sociedad, las personas con diversidad funcional son las invisibles de los invisibles”, lamenta José Luis.

En la Asociación Fraternidad ha encontrado mucho apoyo en Antonio García Suárez, con quien aparece en la imagen que acompaña estas líneas, ya que le aporta una visión diferente al ser una persona con diversidad funcional. Esta es la primera vez en Asturias que una persona con discapacidad intelectual forma parte de la Junta Directiva y las iniciativas y sugerencias que propone son imprescindibles para conocer mejor las inquietudes y expectativas del colectivo.

“Creo mucho en las personas y pienso que hay que mirar siempre a los ojos y tirar de los ángeles que llevan dentro”. Así es José Luis, el educador y psicólogo que transmite su metodología del tratamiento en su día a día, tanto con concertinas intramuros en una prisión como en libertad.

A un lado del patio del módulo seis de la cárcel de Soto del Real (Madrid) los presos pueden intuir por encima del muro de seguridad algunas de las colinas de la cercana sierra madrileña, cubierta por la nieve en la última semana de enero. Desde hace unos meses, además, al otro lado del recinto encementado, los reclusos, todos ellos de entre 21 y 25 años y condenados por todo tipo de delitos, pueden contemplar un colorido mural pintado por el colectivo artístico Boa Mistura en el que en letras enormes se puede leer “Horizonte”. Paradójicamente, lo que sobresale tras esa pared es la enorme torre de control de la prisión de alta seguridad. Pero lo que queda en el recuerdo de los presos cada vez que observan esa pared es, según explican, el proceso de elaboración de esa obra que les permitió durante varias semanas evadirse y dejar de pensar durante las 24 horas del día en su encierro.

La pintura es la culminación de una iniciativa pionera de mediación cultural, 'Construyendo puentes, derribando muros', que se ha prolongado durante el último año. Primero, los presos que quisieron leyeron el discurso Un libro y medio pan que Federico García-Lorca pronunció en 1931 con motivo de la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros (Granada). Después, recibieron talleres de lectura y escritura. Con lo aprendido durante el proceso, hicieron un intercambio de cartas con presos del centro cultural El Ágora de la unidad penal 9 de Buenos Aires y del centro Madres de Plaza de Mayo de la unidad 43 de la capital argentina. En junio, tras escuchar en ese mismo patio la historia de Waldemar Cubilla, un expreso argentino implicado ahora en iniciativas de reinserción, los reclusos participaron en una tormenta ideas que plasmaron en un enorme papel. Cada uno escribió las palabras o frases que quiso. Y tras observarlas todas, Boa Mistura consideró que la palabra más representativa del ejercicio era esa, “Horizonte”.

Esta semana, elDiario.es pudo volver —ya estuvo en junio, en el acto protagonizado por Cubilla— a la prisión para observar las impresiones de los jóvenes reclusos, para quienes se proyectó en el salón de actos de la cárcel un documental que recoge todo el proceso. “A veces parecía que no estábamos aquí dentro”, explica uno de ellos, con acento español, después de ver la película. “Aquí, cualquier escapada de la realidad se agradece”, añade otro, de origen latinoamericano. “Antes teníamos problemas entre nacionalidades y esto sirvió para estar un poco más unidos”, zanja un tercero, también con acento latino.

Inés Miret, impulsora del proyecto a través de la iniciativa Leer Iberoamérica Lee del Laboratorio Emilia y la Feria del Libro de Madrid, celebra que la palabra surgida de todo el proceso haya sido “Horizonte” que, para ella, “es una forma de mirar” lo que se vive. Ante cerca de un centenar de presos muy jóvenes, explica que pese a estar en la cárcel “la mirada sigue siendo libre”, por lo que el “horizonte sigue existiendo mientras exista la capacidad de crecer”. “El horizonte está en los ojos y, mientras haya mirada, habrá horizonte”, les cuenta. Juan Sobrino, bibliotecario de la localidad de Soto del Real contigua a la prisión y otro de los impulsores del proyecto, destaca que su objetivo es difundir la lectura “para mejorar la vida de las personas” y llevar los derechos culturales “a donde es más difícil que lleguen”. “Vuestra generosidad y entrega ya me gustaría encontrarla en otros lugares”, les dice a los internos, que le responden con un aplauso.

Quien recibe una ovación más efusiva es Pablo Purón, uno de los integrantes de Boa Mistura que durante 15 días estuvo trabajando junto a sus colaboradores y codo a codo con los presos para la elaboración del mural. “En dos semanas nos convertimos en compañeros de trabajo”, les cuenta. Él les explica que “la premisa” del proyecto de lectura y su plasmación posterior en el mural era “abrir una ventana” dentro de la cárcel, un objetivo que considera cumplido. “Y paciencia, que de todo se sale”, les dice, al acabar. El centenar de presos que asiste formal al evento aplaude con fuerza.

La iniciativa impulsada por Instituciones Penitenciarias también ha contado con el impulso de trabajadores del centro. “Os habéis implicado muchísimo”, les felicita Inés, la psicóloga del módulo, a los presos con los que charla cada día. “La cultura y la educación importan sobre todo en los jóvenes”, añade, antes de remarcar que el proyecto trataba de “derribar muros”. “Están los de la cárcel, pero está también la libertad mental que es muy necesaria”, concluye. Ana, la trabajadora social muy implicada en los trabajos que buscan el objetivo constitucional de la inserción de los presos, se deshace en elogios hacia todos los participantes en la iniciativa y destaca a Boa Mistura: “No es una buena mezcla, es una buena onda”.

De vuelta al módulo, algunos reclusos relatan sus experiencias más personales. “Ahora leo un libro de principio a final y conozco nuevos escritores. Fue una experiencia única y muy agradable”, explica uno de ellos, de origen mexicano. Para él fue especialmente enriquecedor el intercambio de cartas con otros jóvenes recluidos en Argentina. “Las cartas tienen mucho poder, por eso antes los amores duraban tanto”, añade, con ironía. Él y otros dos compañeros de prisión ríen. “Ha sido curioso poder hablar con otros reclusos y hemos visto que todo el mundo comete errores”, añade, a su lado, un joven con nombre de origen árabe. Un tercero, colombiano, cree haber ayudado en su intercambio epistolar: “Pude hacer con mis palabras que se sintiera mejor”.

La conversación con elDiario.es tiene lugar en la pequeña aula del módulo que hace de biblioteca y clase a la vez. El joven colombiano explica que gracias a la iniciativa que comenzó con la lectura de Lorca “por primera vez” leyó un “libro entero”. “No he sido mucho de leer”, confiesa. Algo ruborizado, reconoce que el volumen que leyó fue “uno como de autoayuda”, Ya no sufro por amor. “Uno va aprendiendo con la lectura. Fue placentero para mí y me sentí realizado”. Desde entonces no ha vuelto a terminar otra obra, pero se muestra dispuesto a hacerlo en el futuro. A su lado, otro compañero destaca que el de los jóvenes es un “módulo rebelde” y afirma que mientras se realizó el proyecto cultural han tenido “conflictos”. “Pero trabajamos mucho en equipo y por un momento nos olvidamos de que estábamos aquí. De tanto compartir somos como una familia”, zanja.

Lourdes Gil, coordinadora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, apunta que “la cultura siempre ha estado presente” también en las cárceles. “Pero con este proyecto hemos ido un paso más allá”, señala, porque ha permitido generar “procesos de reflexión” entre los reclusos, que “en la calle podían ser enemigos, pero aquí son amigos” gracias, dice, a iniciativas como la de la lectura y la confección del mural. “El mensaje que ellos han construido es algo que nos interpela como ciudadanos. La experiencia nos da esperanza y se han superado las expectativas”, añade en conversación Inés Miret.

La biblioteca principal del Centro Penitenciario Madrid V —nombre oficial de la cárcel— cuenta ahora mismo con 26.000 libros y, según explican sus directivos, tienen contabilizado que en la prisión se lee un volumen cada 15 días. Además, dentro del centro está el Colegio Público Yucatán, una escuela pública dependiente de la Comunidad de Madrid en la que trabajan 12 profesores y ofrece a los presos estudios hasta 4º de la ESO. Después, quienes quieran continuar con su formación pueden hacerlo a través de la Universidad a Distancia (UNED).

Mientras en el patio anochece entre un frío intenso y un fuerte viento de norte, Miret insiste en que “el intercambio” entre los presos y los impulsores del proyecto a través de los intercambios de lectura y escritura continúa porque el del “horizonte” es “un mensaje fuerte y dice mucho sobre el poder de la palabra”. Como explica el bibliotecario Juan Sobrino, “lo que hacen la lectura y la cultura es ofrecerte un lugar cuando no tienes adonde ir”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este viernes una ley de amnistía general para “reparar las heridas” que ha dejado la confrontación política en el país suramericano, una medida que beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

En el acto de inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rodríguez encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz para que en las “próximas horas” presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -dominado por el chavismo-, así como la “máxima colaboración” al cuerpo legislativo para su aprobación.

“Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos”, añadió.

La líder chavista indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Además, la funcionaria pidió convertir El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como un centro de “torturas” por ONG y opositores, en un centro social y deportivo.

La propuesta la dio a conocer semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una “cámara de torturas” en la capital venezolana.

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como un centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El lugar ha sido señalado como un centro de “torturas” por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos, una denuncia que ha rechazado el Gobierno venezolano.

María Corina Machado asegura que el motivo es EEUU

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado aseguró que la ley de amnistía general es “producto de la presión real” de Estados Unidos y dijo que espera que se haga realidad.

“Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, manifestó en la charla 'Hablemos de Venezuela' con el periodista Michael Stott en el Hay Festival de Cartagena de Indias, Colombia.

Machado, premio nobel de la paz 2025, dijo que en el país petrolero “el aparato represivo del régimen es brutal” y “ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen”.

La opositora aseguró que en Venezuela “hay presos políticos que tienen 23 años en prisión”, como es el caso de tres policías metropolitanos, y hay otros “que han sido desaparecidos”. De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 771 presos políticos.

La oposición celebra el anuncio

Asimismo, diputados opositores celebraron el anuncio de la ley de amnistía, al tiempo que pidieron que el texto legislativo marque el cierre definitivo de la “represión” y “persecución” en el país.

El diputado Henrique Capriles dijo en X que la amnistía es un “paso necesario y muy importante” para avanzar al país que quieren “la gran mayoría de los venezolanos”.

A su juicio, el anuncio de la ley y el cierre de El Helicoide toca la “conciencia del país y devuelve esperanza a miles de familias venezolanas que han sufrido la injusticia y la persecución”.

Igualmente, el diputado Stalin González sostuvo que esta propuesta legislativa abre una nueva página para la “convivencia democrática en el país”, por lo que, dijo espera que sea una medida amplia, que garantice la libertad de todos los presos políticos y pidió que “la clausura física” del Helicoide “trascienda para poner fin a la represión y a la persecución”.

Entretanto, la ONG Provea señaló que los presos políticos han sido detenidos de manera arbitraria por lo que, sostuvo, el Estado no es el que “debe perdonar”, sino que “los responsables de graves crímenes” deben “pedir perdón a las víctimas y a la sociedad, y asumir su responsabilidad ante la Justicia por los abusos cometidos”.

Familiares de presos políticos en Venezuela dijeron este viernes a EFE que se sienten “esperanzados” tras la propuesta anunciada de ley de amnistía.

Estamos “esperanzados, esperamos que -nuestros familiares- puedan disfrutar de los beneficios que se están dando (...) seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros, que también han sido víctimas de este terror”, dijo a EFE Mariglys Guzmán, quien se encontraba a las fueras del calabozo policial de Zona 7 de la PNB, en el este de Caracas.

Los cinco españoles liberados este jueves por Venezuela —Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel— ya están en España. Los cinco han aterrizado en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cerca de las 14.00, donde les esperaban allegados y una multitud de medios de comunicación, y ya han abandonado las instalaciones de camino a sus casas.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este viernes que está pendiente de que pueda haber alguna liberación más de presos españoles de las cárceles venezolanas que se sumarían a los cinco liberados. “Hay una persona en concreto sobre la que tenemos esperanzas que pueda ser puesta en libertad de las próximas horas o en los próximos días”, dicho en una entrevista en EFE.

José María Basoa y Andrés Martínez Adasne irán en coche hasta Bilbao. Albares, que ha hablado con cada uno de ellos, ha asegurado que los cinco se encuentran bien físicamente y con un “gran deseo” de recuperar la normalidad en sus vidas cuanto antes.

Detenidos entre 2024 y 2025

Basoa y Adasne fueron detenidos en octubre de 2024 acusados de estar implicados supuestamente en un plan para llevar a cabo actos “terroristas” en contra de Nicolás Maduro. Venezuela aseguró entonces que los dos españoles detenidos tenían “vínculos” con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, algo desmentido por el Gobierno.

En la operación donde fueron detenidos Basoa y Martínez Adasne también han fueron arrestados dos estadounidenses, otro ciudadano checo, así como una venezolana. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó entonces que ambos se encontraban cerca del aeropuerto de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas (al sur del país, en la frontera con Colombia y Brasil), “en situación irregular” y “tomando fotos”, así como que portaban armas que iban a ser utilizadas para “acometer acciones fascistas”.

El Ministerio español de Exteriores desmintió que los dos formasen parte del CNI español, como sostenía el Gobierno venezolano, ni que pertenezcan a ningún otro organismo estatal. Según sus familias, ambos estaban en Venezuela como turistas. El 9 de septiembre de 2024, y tras perderles la pista, denunciaron su desaparición en redes sociales y ante la Policía.

Miguel Moreno Dapena es canario y fue arrestado en junio cuando navegaba en el buque N35, un barco de exploración marina con bandera de Panamá, que fue interceptado a mediados de junio del pasado año por la Armada de Venezuela, al considerar que realizaba “investigaciones científicas” con un comportamiento “muy sospechoso” en la zona económica exclusiva del país. También fueron apresados sus ocho compañeros de tripulación. Su hermano ha confirmado a RNE que ya se encuentra en el consulado de España y que llegará mañana a Madrid.

El cuarto liberado es el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, detenido en diciembre de 2024.

A ellos se suma Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, arrestada en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país. El ejecutivo la acusaba de estar “presuntamente vinculada” con una trama conspirativa para asesinar al mandatario Nicolás Maduro.

El secretario de Acción Exterior del Gobierno vasco, Ander Caballero, ha asegurado que los dos presos vascos que han sido liberados este jueves junto a otros tres españoles por el Gobierno de Venezuela —todos ellos de regreso a España— “se encuentran relativamente bien”. José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, que ya vuelan hacia España junto a los otros tres españoles excarcelados, fueron arrestados y acusados de planear actos “terroristas” en septiembre de 2024 y este jueves han sido liberados junto a “un número importante de personas” como un “gesto unilateral” para “consolidar la paz y la convivencia pacífica”, según ha apuntado el presidente del Parlamento venezolano.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Efe, el secretario de Acción Exterior del Gobierno vasco ha denunciado que durante los 15 meses que los dos bilbaínos han permanecido arrestados no han visto respetados sus derechos y han padecido una situación “ciertamente grave”. Según ha detallado, el objetivo ahora es que lleguen “a casa” lo antes posible y se puedan reunir con sus familiares, motivo por el que desde el Gobierno vasco se ha “preparado todo lo que pudieran necesitar desde el punto de vista médico y de cuidados”.

Caballero ha resaltado que desde el momento de su encarcelación se ha trasladado a las familias de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme la “poca información” de que se disponía. “Hemos podido constatar el desasosiego y la desesperación familiar. Ahora entiendo que están abrumados y esperanzados en que esto quede en una terrible pesadilla”, ha añadido. En relación a los cargos que se les atribuía por parte de las autoridades venezolanas, Caballero ha subrayado que lo que ha quedado patente es que no ha habido un proceso “legal y garantista” en el que cualquier acusación haya podido ser probada.

Entre los presos liberados por Venezuela como “gesto” para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” están cinco españoles, que se preparan ya para viajar a nuestro país. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha informado en RNE de su identidad: son Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y una mujer de doble nacionalidad, Rocío San Miguel, como había confirmado previamente el titular de Exteriores a elDiario.es.

José María Basoa y Andrés Martínez Adasne son ambos de Bilbao y fueron detenidos en octubre de 2024 acusados de estar implicados supuestamente en un plan para llevar a cabo actos “terroristas” en contra de Nicolás Maduro. Venezuela aseguró entonces que los dos españoles detenidos tenían “vínculos” con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, algo que siempre ha negado el Gobierno.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha confirmado que ambos “se encuentran bien”. “Regresan a Euskadi tras más de un año y medio detenidos injustamente. Ambos se encuentran bien y han sido liberados, una noticia que devuelve la tranquilidad a sus familias”, ha escrito en una publicación en X, en la que transmite su apoyo a sus allegados.

En  la operación donde fueron detenidos Basoa y Martínez Adasne también han fueron arrestados dos estadounidenses, otro ciudadano checo, así como una venezolana. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó entonces que ambos se encontraban cerca del aeropuerto de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas (al sur del país, en la frontera con Colombia y Brasil), “en situación irregular” y “tomando fotos”, así como que portaban armas que iban a ser utilizadas para “acometer acciones fascistas”.

El Ministerio español de Exteriores desmintió que los dos formasen parte del CNI español, como sostenía el Gobierno venezolano, ni que pertenezcan a ningún otro organismo estatal. Según sus familias, ambos estaban en Venezuela como turistas. El 9 de septiembre de 2024, y tras perderles la pista, denunciaron su desaparición en redes sociales y ante la Policía.

Dapena es canario y Gorbe, valenciano

Miguel Moreno Dapena es canario y fue arrestado en junio cuando navegaba en el buque N35, un barco de exploración marina con bandera de Panamá, que fue interceptado a mediados de junio del pasado año por la Armada de Venezuela, al considerar que realizaba “investigaciones científicas” con un comportamiento “muy sospechoso” en la zona económica exclusiva del país. También fueron apresados sus ocho compañeros de tripulación. Su hermano ha confirmado a RNE que ya se encuentra en el consulado de España y que llegará mañana a Madrid.

El cuarto liberado es el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, detenido en diciembre de 2024.

San Miguel, detenida en febrero de 2024

A ellos se suma Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, arrestada en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país. El ejecutivo la acusaba de estar “presuntamente vinculada” con una trama conspirativa para asesinar al mandatario Nicolás Maduro.

En su comunicado, Exteriores ha asegurado que los liberados se preparan ya para viajar a España asistidos por la Embajada española en Caracas. Según recoge la agencia Europa Press, se estima que hay en torno a una veintena de españoles encarcelados en el país caribeño, si bien la inmensa mayoría de ellos tienen doble nacionalidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la liberación de cinco españoles como un “paso necesario para impulsar el diálogo”. “Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela”, ha escrito.

“Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos”, ha valorado el presidente del Gobierno.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, ha anunciado este jueves la liberación de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros —sin precisar la cifra, que se detallará “en las próximas horas”—, como un gesto unilateral para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en el país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha confirmado en un comunicado que cinco españoles, una de ellas con doble nacionalidad, han sido liberados. José Manuel Albares ha confirmado a elDiario.es que la hispanovenezolana es Rocía San Miguel y en una entrevista en RNE ha aclarado la identidad del resto: Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona.

“Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela”, ha asegurado Pedro Sánchez. En una publicación en X, en la que ha compartido el comunicado de Exteriores, el presidente del Gobierno ha escrito que la liberación “es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconcialiación entre los venezolanos”.

El lendahakari Imanol Pradales ha confirmado también las liberaciones de Martínez Adasme y Basoa “tras más de un año y medio detenidos injustamente”. “Ambos se encuentran bien y han sido liberados, una noticia que devuelve la tranquilidad a sus familias”, ha asegurado en una publicación en X. “Desde Euskadi seguiremos reclamando siempre el respeto a la legalidad internacional”.

Martínez Adasne y Basoa habían sido detenidos en octubre de 2024 acusados de estar implicados en un plan para llevar a cabo actos “terroristas” contra Nicolás Maduro. venzuela aseguró entonces que ambos tenían “vínculos” con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una información el Gobierno español negó.

En la operación en la que se detuvo a los dos ciudadanos vascos también fueron arrestados dos estaodunidenses, otro ciudadano checo y una venezolana. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó entonces que ambos se encontraban cerca del aeropuerto de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas (al sur del país, en la frontera con Colombia y Brasil), “en situación irregular” y “tomando fotos”, así como que portaban armas que iban a ser utilizadas para “acometer acciones fascistas”.

Antes de conocerse la detención, en septiembre de 2024, familiares de los dos españoles presentaron una denuncia ante la Ertzaintza para denunciar su desaparación el pasado 9 de septiembre.

En su comunicado, Exteriores ha asegurado que los liberados se preparan ya para viajar a España asistidos por la Embajada española en Caracas. Según recoge la agencia Europa Press, se estima que hay en torno a una veintena de españoles encarcelados en el país caribeño, si bien la inmensa mayoría de ellos tienen doble nacionalidad.

“España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”, ha asegurado Exteriores. Albares, según el Ministerio, ha podido hablar con los ciudadanos liberados.

Horas antes del comunicado, el ministro había confirmado la liberación de los presos en Venezuela y había anunciado ya que había españoles entre ellos. “Espero que en muy poco tiempo podamos emitir un comunicado oficial con toda la información y el número exacto”, había dicho en una entrevista en Malas Lenguas (TVE).

Mediación de Zapatero, Lula da Silva y Qatar

Rodríguez ha agradecido la mediación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al reino de Qatar y “especialmente” a las instituciones del Estado. Todos, ellos, asegura, “siempre han estado al lado del pueblo de Venezuela para defender el derecho” a la “vida plena, a la autodeterminación, a la independencia y a la paz”.

El presidente del Parlamento venezolano y hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha asegurado que la liberación no distingue “entre tinte político, religioso, económico y social”: “Todas y todos somos venezolanos y nos amparamos bajo el mismo cielo, abrazamos la misma bandera, entonamos las notas del mismo himno”. Además, ha precisado, el proceso de excarcelación “está ocurriendo desde este mismo momento”.

Esta decisión se produce cinco días después del ataque ilegal de Estados Unidos a Venezuela, en el que murieron al menos 100 personas, según el ministro de Interior y número dos del Gobierno venezolano, Diosdado Cabello, quien ha señalalado que fallecieron “personas que nada tenían que ver con el conflicto”, entre ellas “mujeres y niños”.

La injerencia de Estados Unidos en Venezuela tras la caída de Maduro tiene una doble vertiente: tanto política como económica. La Casa Blanca admitió el miércoles que, “obviamente”, mantiene “la máxima influencia” sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. Asimismo, a través del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, avisó de que controlará la venta del petróleo venezolano por un tiempo “indefinido” y depositará el dinero obtenido en estas transacciones en cuentas controladas por Washington.

Presos venezolanos

Además de los cinco presos españoles, hay también opositores venezolanos que han dejado la prisión con esta liberación. Por el momento se conoce la identidad del excandidato presidencial Enrique Márquez y el político y colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri. Ambos se encontraban recluidos en El Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Márquez fue detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo, que no publicó los resultados detallados de la contienda, como exigía su propio cronograma.

Tras el arresto, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que el excandidato habría propuesto celebrar un acto de investidura del candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, en una embajada venezolana en el exterior.

Activistas y dirigentes políticos habían exigido la liberación de Márquez, entre ellos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se ha referido al opositor como su amigo.

Por su parte, Pilieri fue perseguido y arrestado el 28 de agosto de 2024, luego de participar en una manifestación en rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que convalidó la cuestionada reelección de Maduro.

El coordinador del partido opositor Convergencia y exdiputado, quien fue también alcalde del municipio Bruzual del estado Yaracuy (norte), fue señalado, junto al dirigente Freddy Superlano y el colaborador de Machado Perkins Rocha, de divulgar las actas electorales que hizo la oposición mayoritaria con el objetivo de probar la victoria que reivindican para su candidato, González Urrutia.

Tres escenas. La primera: la llegada de presos palestinos en un autobús a Ramala, en Cisjordania. Son más de 2000 presos liberados por Israel. Hay familias que esperan a personas que no ven desde hace meses, incluso desde hace años. Otra escena. En Israel aparecen sobrevolando la plaza varios helicópteros que acceden directamente hasta la azotea de los centros médicos que hay en esos edificios tan altos. Llevan a los rehenes liberados por Hamás. Tercera escena: en el parlamento de Israel, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibe una ovación. Se muestra como el gran salvador y triunfador de este principio de acuerdo de paz.

En Israel y en Cisjordania ha estado estas semanas la periodista del elDiario.es Francesca Cicardi, con la que hablamos de lo que ha visto estos días tras la firma de un acuerdo que ha cesado los bombardeos en Gaza.

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Izz al Din Al Hamamrah lleva 21 años en prisión, condenado a varias cadenas perpetuas por planificar ataques contra israelíes durante la Segunda Intifada. Pero la próxima semana podría quedar en libertad en virtud del acuerdo de alto el fuego en Gaza, por el cual Israel excarcelará a unos 200 presos palestinos con largas condenas y otros 1.700 detenidos en la Franja a cambio de que Hamás devuelva a los 48 rehenes que permanecen cautivos desde octubre de 2023.

“Tenemos esperanza de que en cualquier momento salga, estamos esperando, pero no tenemos confianza en el Gobierno israelí”, dice la madre de Izz al Din, Jadra. Recibe a elDiario.es en la casa familiar en la aldea de Husan, al oeste de Belén, junto a varios miembros de la familia. Todos están expectantes después de que el nombre de Izz al Din haya aparecido en la lista de los presos que las autoridades israelíes han aprobado para el intercambio. Sin embargo, puede haber cambios e Izz al Din es uno de los presos que serán deportados directamente una vez sean excarcelados porque son considerados una “amenaza”.

La mujer de 64 años viaja a Jordania este domingo y esperará allí noticias de su hijo, el mayor de los ocho que tiene (seis mujeres y dos varones). Si lo deportan a Egipto, irá a ese país desde Jordania (siendo palestina residente en la Cisjordania ocupada no puede viajar desde el aeropuerto israelí de Tel Aviv, sino que tiene que cruzar la frontera con Jordania y volar desde Ammán). Jadra va sola porque es más difícil que las autoridades hebreas le pongan problemas en la frontera al ser una mujer mayor.

Llevamos dos años y medio sin saber nada de él, sin poder visitarle ni escuchar su voz

Madre del preso palestino Izz al Din Hamamrah

“Llevamos dos años y medio sin saber nada de él, sin poder visitarle ni escuchar su voz [por teléfono], desde seis meses antes del 7 de octubre”, relata la madre del preso que ahora tiene 46 años. El abogado de la familia pudo visitarle en la cárcel hace unos dos meses y dijo que había perdido mucho peso. Israel ha prohibido casi todas las visitas a los presos palestinos —más de 10.000, incluidos menores de edad— después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 como castigo colectivo, al mismo tiempo que ha perpetrado el genocidio en Gaza.

“Mi hijo estudió, era un abogado y ha perdido toda su juventud. Doy gracias a dios si él puede salir por fin, pero estoy triste por todos los que se quedan [en la cárcel] en circunstancias muy duras, son todos mis hijos”, afirma la mujer que viste una túnica de color granate con los bordados tradicionales palestinos.

La familia se reúne en torno a Jadra, una de sus hijas sirve café y té, los hombres fuman cigarrillos y todos comparten la preocupación y la incertidumbre después de la decepción que vivieron a principios de año. Izz al Din, afiliado con el movimiento palestino Al Fatah, apareció entonces en la lista de los prisioneros que iban a ser liberados a cambio de rehenes en el marco del anterior acuerdo entre Israel y Hamás de enero de 2025.

Doy gracias a dios si mi hijo puede salir de la cárcel, pero estoy triste por todos los que se quedan en circunstancias muy duras

Madre del preso palestino Izz al Din Hamamrah

Estuvieron esperando desde enero, cuando entró en vigor el alto el fuego en Gaza, hasta finales de febrero, y finalmente no fue liberado, a pesar de que las autoridades israelíes habían informado a la familia de que sí. Incluso, el ejército acudió a su vivienda para advertirles de que no organizaran celebraciones por la liberación. Solo más tarde supieron a través de los medios hebreos que Izz al Din había rechazado ser deportado sin tener garantías de poder volver a Palestina en algún momento.

Incertidumbre hasta el último momento

Este sábado, todos los palestinos que van a ser intercambiados por los rehenes han empezado a ser trasladados: a la prisión de Ofer aquellos que serán liberados en Cisjordania y a la prisión de Ketziot los que volverán a Gaza o los que serán deportados a Egipto. Los gazatíes son la mayoría, 1.700 que han sido detenidos por Israel durante su ofensiva en la Franja y que no han sido juzgados. Los otros alrededor de 200 son casi todos de la Cisjordania ocupada y alguno de Jerusalén Este.

La hermana de Izz al Din, Rimah Al Hamamrah, dice que le hicieron llegar el mensaje, a través del abogado, que acepte la deportación, ya que es la única forma de que no pase el resto de su vida en la cárcel. “Es considerado uno de los peligrosos”, añade la mujer de 37 años que se muestra fuerte y determinada, pero admite que la situación es muy difícil. “Tengo sentimientos encontrados: nerviosismo, alegría, preocupación, tristeza, es muy difícil. El dolor se impone sobre todos los demás”, explica a este periódico mientras sujeta una fotografía de su hermano.

Rimah detalla que fue condenado a nueve cadenas perpetuas por estar detrás de diferentes acciones armadas durante la Segunda Intifada, como la explosión de un autobús en el que viajaban soldados israelíes en 2002, pero asegura que él nunca perpetró ni participó en los ataques, solo los planificó.

Ella era muy joven cuando arrestaron a su hermano, no conserva muchos recuerdos de la vida familiar con él porque Izz al Din fue a estudiar a la universidad en Jordania y, cuando estalló la Intifada (en el año 2000), pasaba mucho tiempo fuera de casa, trabajaba de abogado y también en la Autoridad Palestina. Cuatro años después, antes de que terminara el levantamiento en los territorios palestinos, lo encarcelaron. “Me sigue tratando como si tuviera aún 16 años, como si no hubiera crecido. La relación con él es rara, pero hay amor de hermanos, hay respeto, pero no hemos vivido juntos”, relata.

Es un ejemplo para nosotros y nuestros hijos. Siempre lucha hasta el último momento contra la ocupación

Hermana del preso palestino Izz al Din Al Hamamrah

Antes del 7 de octubre, la familia podía hablar con Izz al Din y visitarle cada dos semanas o un mes, pero la visita duraba solo 45 minutos. “No podíamos saber mucho de él, de cómo había cambiado su forma de pensar en la cárcel, ni él podía saber cómo había cambiado nuestra vida fuera. Lo sentíamos cercano, pero al mismo tiempo muy lejano”.

Rimah afirma que Izz al Din, a pesar de llevar 20 años ausente, ha tenido una gran influencia sobre la familia: “Es un ejemplo para nosotros y nuestros hijos, intentamos criarlos para que sigan su ejemplo”. “Siempre lucha hasta el último momento contra la ocupación [israelí]. La mayor forma de resistencia es decir que 'no' a la ocupación y él lo hizo cuando rechazó ser deportado”, agrega.

El precio de la resistencia

“La resistencia está en nuestros genes, mi abuelo participó en la lucha contra los británicos [durante el protectorado de Palestina]”, cuenta. “Mi hermano intentó hacer lo que podía frente a la injusticia, cada persona libre busca la forma de resistir. Jamás lo vimos portando un arma, siempre iba vestido de traje de chaqueta y con su cartera de abogado”. La mujer afirma que toda la familia se siente orgullosa de su hermano pero ha pagado un precio elevado que —destaca— ha valido la pena.

“Tenemos que pagar un precio elevado para liberar Palestina. Nosotros estamos pagando el precio para que nuestros hijos y nietos vivan en paz y no en la injusticia”, dice Rimah. A pesar de las circunstancias y de admitir que Israel es mucho más fuerte, asegura que “generación tras generación tras generación, Palestina será libre”. Y esas generaciones venideras, “tienen que saber que no nos quedamos callados ante la ocupación”.

Hay mucha gente que ha pagado con su vida o con la cárcel, pero todos nosotros también pagamos un precio porque vivimos en una gran prisión, no tenemos libertad

Hermana del preso palestino Izz al Din Al Hamamrah

“Hay mucha gente que ha pagado con su vida o con la cárcel, pero todos nosotros también pagamos un precio porque vivimos en una gran prisión. No tenemos libertad, el ejército [israelí] puede impedirme pasar por una calle, volver a mi casa...”, dice Rimah en referencia a la vida cotidiana en la Cisjordania ocupada. “No tenemos libertad ni de expresarnos ni de desear que Palestina sea libre”, añade. Ejemplo de ello es que, hace tan solo cuatro meses, otra de los ocho hermanos Al Hamamrah fue arrestada. Shirin, varios años mayor que Rimah y la segunda después de Izz al Din fue detenida por unos post en redes sociales contra la guerra de Gaza y a favor de los presos palestinos.

Rimah considera que es un castigo colectivo para la familia que siempre ha estado en el punto de mira, desde que Izz al Din fue condenado. “Somos la familia de un preso, pero no tenemos miedo”, dice riendo. También los sobrinos de Izz al Din, Ayham y Abdel Jaleq, de 24 y 22 años, aseguran que no tienen miedo pero saben que hay más posibilidades de ser detenidos que otros jóvenes palestinos en los puestos de control israelíes, que dificultan y vigilan los movimientos de la población en Cisjordania. No conocen a su tío, porque eran bebés cuando fue encarcelado, pero lo admiran y esperan poder conocerlo pronto en persona.

“Quiero conocerlo porque estoy orgulloso, es una persona que ha dado su vida por el país”, afirma Ayham. “No sé si podré ir a verlo a Egipto, no sé si me dejarán. Puede que no me den permiso para viajar a Egipto o para salir de Cisjordania. Así es nuestra vida”, lamenta.

Si uno escucha hablar a Laura Delgado Carrillo pronto se percatará de que su mirada es capaz de atravesar prejuicios tan injustos como arraigados en la sociedad. La relación que esta jurista mantiene con el mundo penitenciario, y con las personas privadas de libertad en concreto, trasciende cualquier idea preconcebida sobre ese oscuro mundo de reclusión, castigo y soledad. Sin perder de vista el delito, Delgado es capaz de llegar a sentirse más comprendida por los reclusos que por sus amistades más cercanas. 

Su tesón ya ha permeado a nivel institucional. Este 26 de septiembre recibirá la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario, concedida por la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, dependiente del Ministerio del Interior. La Administración premia así su “importante contribución a la mejora de la actividad penitenciaria”.

Tiene 34 años, nació en Sabadell y vive desde 2009 en Alcalá de Henares (Madrid), donde terminó la carrera de Derecho. En su casa ha cobijado a presos que no tenían otro lugar al que ir, guarda con ahínco miles de cartas que se ha intercambiado con cientos de ellos a lo largo de más de una década y sus estanterías están repletas de regalos que muchos le han entregado como muestra de cariño. Más allá de lo anecdótico, esta docente de Derecho Penal y Penitenciario en la UNED es consciente de que ha creado una simbiosis con el mundo de las prisiones que nunca ha sido capaz de encontrar en ningún otro lugar.

“Yo he tenido una vida muy normal, no era previsible que acabara desarrollando una relación tan intensa con el medio penitenciario”, dice. “Quizá venga de las peculiaridades que siempre he tenido a la hora de relacionarme con los demás, porque siempre me he sentido muy limitada a la hora de crear vínculos significativos”. 

Esta cierta dificultad para sentirse comprendida se empezó a enfriar cuando conoció la cárcel, casi por casualidad. Delgado no lo olvida. Fue el 14 de febrero de 2014, en Estremera (Madrid), a donde acudió para realizar un voluntariado. Aquel San Valentín fue especial para ella: “Solo pude estar en la cafetería, pero fue suficiente para ver todos los males que se encerraban en la cárcel, lo tristes que estarían esas personas, y también se esfumaron muchos de mis prejuicios”.

Mucho antes de comenzar sus estudios universitarios, a Delgado ya le llamaba la atención todo lo relacionado con aspectos como la pena de muerte y la vulneración de derechos humanos. “A los 14 años estaba suscrita a los boletines de Amnistía Internacional y cuando lanzaban sus campañas para intentar frenar una ejecución yo enviaba mi carta escrita en un maltrecho inglés”, rememora con una sonrisa en la boca.

Más de 1.000 cartas con presos

Aquel voluntariado se convirtió en el inicio de una relación tan profunda como ninguna otra para esta doctora especializada en libertad condicional. “Con el paso de los años he aprendido a no juzgar, algo muy importante para saber convivir con los demás de forma pacífica y armónica, y también me he ido conociendo mucho más a mí misma”, comenta. Eso ha sido posible por las cientos de horas que la también asesora de grados de los estudiantes de la UNED en la cárcel de Alcalá-Meco ha dedicado a cartearse con los presos, un momento sin interferencia alguna que únicamente se dedica a ella misma y a su interlocutor. 

La correspondencia es tal que siempre que se acerca el año nuevo desembolsa unos 300 euros en sellos antes de que suban de precio; y en su último viaje, que fue a Colombia, se gastó 100 euros en el envío de postales a personas repartidas por diferentes cárceles españolas. Además, cuando viaja, visita todos los centros penitenciarios que puede llevada por esa pulsión indómita que día tras día guía sus pasos.

“Hablo de todo con ellos, aunque cada relación es única. Con unos hablo de temas más jurídicos mientras que con otros mantengo conversaciones muy profundas”, ilustra. Delgado no tiene miedo de hacer partícipes de su vida a las personas privadas de libertad, como prueban numerosas misivas de las más del millar que atesora. 

Sin embargo, admite que las cartas que más le cuesta escribir son aquellas en las que se habla del delito cometido. “Pienso continuamente en no herir su sensibilidad a la par que ser fiel a mis pensamientos, y tampoco darles a entender que yo justifico lo que han hecho. Les intento entender siempre, pero no justificar”, recalca mientras repasa alguna de las cartas que se intercambia con los internos.

Ella nunca pregunta por el delito; habla con todo tipo de presos. Eso es consecuencia del proceso que llevó a cabo desde el momento en que se adentró en el medio carcelario: “Podría haber fracasado y haber antepuesto el delito a la persona, pero conseguí que no fuera así. A día de hoy no tengo problemas para relacionarme con ningún tipo de persona en prisión por razón del delito cometido”. 

De todas formas, no denomina “amistad” a estas relaciones, a pesar de ser de las más intensas que conserva. “Los siento muy cercanos, son confidentes, me tienen como una especie de mentora. Ellos también me orientan a mí en muchos casos, pero no podemos ser amigos si no hay una relación de igualdad”.

Una relación que la mantiene sana

La gran pregunta que revolotea durante la conversación comienza con un por qué al que Delgado no tiene miedo en responder: “Las personas privadas de libertad tienen muchas carencias afectivas, y es ahí donde yo veo cierta predisposición a humanizar las relaciones que probablemente fuera no encontramos, donde estamos todo el día pegados a un móvil y con prisas”. Y añade: “No me cuesta sentirme comprendida por ellos, porque lo que yo puedo sentir en mi día a día ellos lo han sentido con la misma intensidad y profundidad con la que yo trato de transmitírselo”. “Cuando cuento esas cosas fuera de prisión no siento que se reciba de la misma manera”, dice como si tuviera clavada en la mirada aquella máxima de Concepción Arenal que dice: “Odia el delito y compadece al delincuente”.

Tal es la relación que mantiene con el mundo carcelario que llega a afirmar que es lo que le ha permitido “encontrar una forma de mantenerme estable a todos los niveles, sobre todo en lo que refiere a salud mental”. “Los presos le dan sentido a todo lo que hago”, añade. Delgado vive “por y para las personas recluidas en prisión”, prosigue. Y todavía agrega que “de no ser por las personas privadas de libertad, probablemente estaría vacía y enferma”.

Capitalismo e infelicidad en las prisiones

Esta especialista en derecho penitenciario, a nivel personal, apenas valora lo superficial y “todo aquello ligado al capitalismo en el que vivimos, como la competitividad, el consumismo y la apariencia”, en sus propios términos. Asimismo, sabe bien que la mayor parte de la sociedad no ha enfrentado el proceso por el que ha pasado ella de desvincular el delito de la persona. “Me da mucha pena cómo hay personas muy vengativas que nunca sabrán lo en paz que se vive una vez te deshaces de ese odio tan primario que nos inoculan”, sostiene.

Delgado se expresa con sencillez, mueve las manos al hablar y mira hacia arriba cuando reflexiona. Es lo que hace justo antes de abordar un aspecto clave: quién debería estar en prisión. “Yo confío en que en algún momento no necesitemos las prisiones. Siempre he abogado por encontrar alternativas, no nuevas formas de castigar, pero sí formas alternativas al castigo como tal. A pesar de ello, a día de hoy es cierto que hay gente que solo estando encerrada es capaz de pararse a pensar dónde está y qué está haciendo con su vida”, se explaya con cierto utopismo.

El mundo penitenciario sigue siendo un espacio demasiado opaco: “Una de las cosas que más esconden las cárceles es el perfil del preso. Lo que verdaderamente nos encontramos en ellas es gente que tiene riesgo de exclusión social, procede de entornos marginales y con problemas de drogadicción muchas veces, por eso las prisiones están llenas de gente infeliz”, explica.

La pasión que Delgado siente por este ámbito tan silenciado e ignorado a nivel social no es óbice para que se muestre crítica con el mismo. “Siempre me he significado cuando he visto algo que no funcionaba bien, o que podría funcionar mejor. Y no tengo problema en decírselo a los funcionarios de prisiones o a la Administración”, concretiza. Es lo que hace en cada ocasión en la que se percata de hechos como cuando “la autoridad del sistema se proyecta de forma continua sobre el individuo recluido, lo que me parece contraproducente para su reinserción”.

Medalla de Plata a pesar de la crítica

Otro de los hitos que Delgado tiene en su haber es ser la autora de ¿Dónde está papá? (el Hilo ediciones, 2024), el único cuento en castellano para niños y niñas en el que se explica por qué su padre o madre está privado de libertad, ilustrado por Lorena Zamora Blanco. “Quería facilitarle a las familias esa explicación tan difícil para los más pequeños, que tuvieran algún tipo de soporte físico cuando llegara la conversación”, explica.

La publicación del cuento le ha servido a Delgado como excusa para continuar con su frenética visita a cárceles de toda España. “Los propios centros me invitan a ir, así que ha tenido muy buena acogida”, agrega. Seguramente, este libro tan solo sea una de las tantas gotas que hayan rebasado el vaso para que Delgado vaya a ser condecorada con la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario el próximo 26 de septiembre que le entregará el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Se siente muy agradecida por el reconocimiento: “Siempre he sido una persona muy crítica con el sistema penitenciario y que me reconozcan mi trabajo pese a esa actitud crítica me motiva, es como un indicador de que a lo mejor estoy haciendo bien las cosas”, subraya cómplice de su propio buenhacer. No tendrá la oportunidad de hacer un discurso tras recoger la distinción. Si pudiera, tiene claro que sus palabras estarían orientadas a “dignificar a todas las personas privadas de libertad”, como no podía ser de otra forma en Delgado.

El Gobierno de Imanol Pradales ha prorrogado hace unos días, a finales de agosto, el contrato que mantiene desde 2022 con la empresa israelí Attenti Electronic Monitoring, actualmente parte del grupo estadounidense Allied Universal, para el control telemático de presos en semilibertad, una tecnología que permite no solamente una geolocalización permanente, sino incluso hacerles controles de alcoholemia y de otras sustancias a distancia en caso de necesidad. Es el contrato más relevante del Ejecutivo vasco en Israel al margen de su participación como accionista en la empresa CAF, que construye un tranvía en Jerusalén.

El área de Justicia y Derechos Humanos, una de las cinco carteras en manos del PSE-EE en el Ejecutivo de coalición con el PNV, abonará en los próximos doce meses otros 780.000 euros a esta empresa, según consta el expediente de la contratación y han confirmado a este periódico fuentes oficiales. Exactamente 30 presos vascos llevaban a 31 de agosto estos dispositivos de control, pulseras o tobilleras, según estas mismas fuentes.

El contrato de “monitorización, seguimiento y vigilancia remotos de presencia, consumo de alcohol y ubicación de personas sujetas a control” tiene su origen en 2018, cuando el Gobierno central realizó una primera adjudicación a Attenti Electronic Monitoring, con sede en Tel Aviv. Instituciones Penitenciarias, que entonces gestionaba todas las cárceles de España salvo las catalanas, en manos de la Generalitat, firmó una segunda adjudicación con la misma empresa en 2021, valorada en unos 25 millones de euros en total. El 1 de octubre de ese mismo año se produjo la transferencia de Prisiones y Euskadi pasó a gestionar los centros de Zaballa en Álava, de Basauri en Bizkaia y de Martutene en Gipuzkoa. Entre las materias cedidas por el Ministerio del Interior, además de los edificios y el personal, se incluía la subrogración del contrato de monitorización continua de presos, que se formalizó en abril 2022.

Desde entonces, el responsable del servicio es exclusivamente el Ejecutivo autonómico. El área de Prisiones ha tenido en ese tiempo tres consejeras, dos del PNV y la actual del PSE-EE. Son Beatriz Artolazabal, Nerea Melgosa y María Jesús San José. El contrato expiraba el 31 de agosto de 2024 y se formalizó una primera prórroga de un año por 780.000 euros. Ahora, nuevamente, se ha optado por una extensión para otros doce meses, hasta el 31 de agosto de 2026 y por la misma cantidad. La resolución se publicó el pasado viernes, 5 de septiembre.

Fuentes del área de Prisiones indican que “es un contrato que viene de una subrogación de otra Administración, de antes de la transferencia”, y que “la empresa ha cambiado” en estos años porque “ahora es americana”, de Estados Unidos. Sin embargo, se admite que Attenti Electronic Monitoring gestiona el servicio “desde una sede que tiene en Israel”. “Las facturas llegan desde Tel Aviv”, confirman desde el Ejecutivo. En el expediente también consta un teléfono con prefijo 972, el de Israel, como referencia principal.

Son 30 los presos en semilibertad que, a 31 de agosto, estaban controlados con la tecnología israelí. “Se usa para saber que la persona está donde tiene que estar”, recalcan desde el Ejecutivo. Añaden, en todo caso, que la prórroga firmada ahora “es ya la última”. La Administración ultima una nueva licitación para sacar a concurso el sistema de monitorización de presos. “Pero no hay muchas más empresas. Es una tecnología tan sofisticada y limitada que podrían volver a ganar”, indican las fuentes consultadas.

La existencia y los detalles de este contrato fueron adelantos por este periódico en 2023, cuando se inició el genocidio en Gaza después de los atentados de Hamás en octubre de ese año. El parlamentario de IU Íñigo Martínez Zatón pidió al entonces lehendakari, Iñigo Urkullu, una relación de contratos del Gobierno vasco con empresas israelíes y éste es el único que apareció, aunque ya por entonces su capital formal era estadounidense.

Controles por sudoración

Son técnicos de la empresa suministradora los que instalan las bases de control en los domicilios de los presos a los que se les implanta esta medida telemática. A partir de ahí, el centro penitenciario o de inserción social de referencia es el que recibe la señal y monitoriza las posibles incidencias. Attenti Electronic Monitoring, además de la geolocalización, publicita en sus dispositivos un sistema de control de sustancias que se llama SCRAM (Secure Continuous Remote Alcohol Monitoring o, en castellano, control remoto continuo y seguro del consumo de alcohol).

Según los folletos publicitarios de sus creadores, la tecnología permite tomar muestras de la sudoración cada 30 minutos desde la tobillera y también detectar posibles obstrucciones o manipulaciones del aparato para condicionar los resultados. Ni siquiera bajo el agua deja de funcionar. Según sus propias cifras, 1.000.384 personas han sido “monitorizadas” en todo el mundo y se han realizado 4.900.000.000 de pruebas, con un 99,1% de resultados satisfactorios.

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa está preocupado por el uso excesivo de la fuerza en las cárceles y durante los arrestos en Catalunya, y urge a poner fin a la inmovilización de los reclusos con fines disciplinarios mediante técnicas mecánicas como correas de cama.

Esa demanda forma parte de las conclusiones de un informe publicado este jueves sobre la visita que hicieron los expertos del CPT a diversos centros de detención catalanes del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2024, informa EFE. La abolición de las contenciones mecánicas con correas es una vieja reivindicación de los colectivos de apoyo a los presos y los defensores de los derechos humanos.

El objetivo de ese viaje de los expertos europeos, que pueden entrar en todos los espacios donde hay personas privadas de libertad, era examinar el tratamiento de los detenidos en comisarías y cárceles, con particular atención a los reclusos sometidos a régimen de aislamiento en los denominados DERT (Departaments de Règim Tancat) y a las personas que sufren inmovilizaciones mecánicas.

En los centros penitenciarios y comisarías, la aplicación de inmovilizaciones mecánicas con fines disciplinarios “continúa siendo problemática”, a pesar de las advertencias previas emitidas por el propio CPT -desde 2016 a España en general y desde 2018 a Catalunya en particular- por el peligro de incurrir en maltratos.

Sus expertos inciden en el riesgo de utilizar estas técnicas -como amarrar a los prisioneros a camas- de manera punitiva o de aplicarlas a prisioneros con problemas de salud mental sin supervisión.

“Por lo tanto, el CPT concluye una vez más que la inmovilización mecánica debe abolirse. Si se aplica, solo debe hacerse en un entorno médico. El CPT anima a las autoridades a seguir explorando alternativas, como el internamiento de reclusos agitados y violentos en celdas acolchadas”.

En las prisiones, cuya gestión es una competencia autonómica, el CPT ha recopilado igualmente acusaciones de uso excesivo de la fuerza y malos tratos físicos, algo sobre lo que reclama “tolerancia cero”.

Respecto a los módulos DERT, a pesar de ciertas mejoras como la reducción de los periodos que los presos pasan en ellos, critica la deficiencia de las instalaciones y el reducido nivel de cuidados psiquiátricos.

Durante su visita, los expertos del comité analizaron también la situación del centro para menores infractores Els Til-lers, sobre el que expresaron satisfacción por las condiciones de detención, la atmósfera y la variedad de actividades ofrecidas a los internos.

Sin embargo, dan cuenta de alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad privada del centro, por lo que reclama a las autoridades catalanas un mayor control.

Para Els Til-lers inciden igualmente en “los efectos adversos” de aplicar medidas de inmovilización mecánica en la unidad terapéutica del centro y recomienda abolir esa práctica y sustituirla por métodos alternativos para calmar a los menores violentos.

Respecto al trato durante las detenciones y los traslados a las comisarías, el CPT señala que, aunque la mayor parte de las personas entrevistadas declararon haber sido tratadas correctamente por los Mossos d'Esquadra, hay alegaciones de malos tratos físicos como bofetones, puñetazos o golpes de porra.

“Las conclusiones de la delegación, aunque se refieren a un período de tiempo limitado, indican que las personas que se resisten activamente a su detención corren un riesgo no desdeñable de ser objeto de malos tratos físicos y de un uso desproporcionado de la fuerza”, indican los expertos europeos en su informe.

Por ello, este comité especializado del Consejo de Europa (que tiene su sede en Estrasburgo, Francia) recomienda a los Mossos reforzar la vigilancia y mejorar el entrenamiento de los agentes.

El CPT también es crítico con “el diseño y las malas condiciones materiales de las celdas de detención policial de los Mossos d'Esquadra” y pide a las autoridades catalanas “que aborden las deficiencias estructurales” relacionadas con la falta de luz natural, ventilación adecuada, agua y timbres de llamada.

Asimismo, insta a terminar con la práctica de realizar exámenes médicos a los detenidos en presencia de agentes y manteniéndolos esposados. El informe se complementa con la publicación de la respuesta correspondiente de las autoridades españolas, que detallaron el pasado abril una serie de medidas que están siendo adoptadas para abordar las recomendaciones del CPT.

Eso incluye programas especializados para la gestión de presos violentos o disruptivos, con vistas a reducir la aplicación de técnicas de inmovilización mecánica; el aumento del personal de las prisiones; y medidas para rectificar las deficiencias de las condiciones materiales de los DERT.

Los Mossos d'Esquadra también detallaron en esa respuesta programas de entrenamiento para sus agentes sobre técnicas de control manual y reafirmaron “su compromiso de mejorar las condiciones de detención” y el resto de deficiencias estructurales señaladas por el CPT.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzga este jueves, 19 de junio, a tres personas —dos mujeres y un hombre— por aprovechar un Torneo de Centros Penitenciarios, celebrado en Lalín en 2023, para vender droga a presos que salían de la cárcel para participar en el partido de fútbol. Fiscalía pide para cada uno de estas tres personas una pena de tres años y diez meses de prisión por tráfico de drogas, así como una multa de 2.500 euros.

Según el relato del Ministerio Público —recogido por Europa Press— a las 12,30 horas del 2 de mayo de 2023, los tres acusados se encontraban en un lateral del estadio Manuel Anxo Cortizo de Lalín, donde se jugaba el torneo de reclusos. Dejaron apoyada una cazadora verde en la valla metálica del lateral oeste del campo en la que introdujeron la droga. Tras ello, se dirigieron a otra zona del estadio, en donde hablaron con uno de los presos que participaban en el torneo para comunicarle dónde habían dejado las sustancias. El recluso atravesó corriendo el interior del campo, recogió de la valla la cazadora verde con las sustancias y la llevó hasta el banquillo de su equipo.

Poco después la cazadora fue intervenida por agentes de la autoridad, quienes habían observado lo sucedido. Encontraron en el bolsillo una bolsa que contenía cuatro envoltorios con bolas de hachís, etiquetadas con nombre para su posterior distribución. Dentro de dos de ellas, a su vez, había cocaína y heroína. El valor de las sustancias estupefacientes era cercano a los 1.800 euros.

Ni los detectores de metales, ni las concertinas que rodean los muros del centro penitenciario de Asturias son capaces de disuadir a los internos que regresan de permisos o a familiares que aprovechan los vis a vis para introducir camuflados todo tipo de objetos dirigidos a la población reclusa. Los cacheos personales que realizan los funcionarios son en la mayoría de las ocasiones el método más eficaz para neutralizar especialmente la entrada de teléfonos móviles, con un tamaño cada vez más reducido, que les permite no solo comunicar con el exterior, sino que, en algunas ocasiones, facilitan que continúen con la actividad delictiva 'intramuros'.

Jorge Álvarez, delegado del sindicato Acaip-UGT en Asturias, recurre a las cifras para constatar que, a pesar de los rigurosos controles que se realizan a diario, la prisión asturiana no es inexpugnable. Así, entre los años 2020 y 2024, se han incautado un total de 470 terminales en el centro penitenciario asturiano, de los que 120 se requisaron el año pasado.

En los centros dependientes de la Secretaría General de instituciones Penitenciarias el número de teléfonos móviles aprehendidos ascendió a 12.882 en los últimos cuatro años, de los que 2.884 dispositivos se decomisaron en 2024.

La mayoría suelen ser móviles cada vez más pequeños que, al ser de plástico, no son interceptados por los detectores de metales, por lo que la mayoría de ellos son localizados por los funcionarios en los cacheos a la población reclusa.

Quebrantar prohibiciones de comunicación

Aunque es imposible determinar qué tipo de usos y operaciones realizan los reclusos con los teléfonos que logran camuflar en las celdas, Jorge Álvarez opina que se utilizarán para todo lo imaginable: “No podemos saber exactamente si usan los móviles para el negocio del narcotráfico o si es para hablar con familiares, pero lo que más nos preocupa es que puedan utilizarlos para quebrantar las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género”, señala.

El dirigente sindical reconoce que en la cárcel de Asturias hay mucha población reclusa cumpliendo penas que conllevan órdenes de prohibición de comunicación con la víctima que, de esta forma, podrían verse quebrantadas si su fin último es contactar con la víctima.

Evitar los conflictos

A su juicio, una forma de atajar este problema sería a través de la instalación de inhibidores de frecuencia de alta tecnología porque, según explica, los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados en prisión, generando un mercado negro con graves consecuencias para mantener el orden interno. 

Su sindicato resalta la implicación y el compromiso de los funcionarios que, a pesar de la limitación de medios de que disponen para contrarrestar el ingenio de la población reclusa y la creciente sofisticación de los métodos de introducción, continúan trabajando intensamente para evitar situaciones conflictivas.

Los destinatarios

“Muchos de estos dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos, como condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad”, asegura el delegado sindical. 

El acceso a estos teléfonos no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también puede generar conflictos internos, generar deudas entre presos y provocar episodios de violencia relacionados con su control y tenencia.

“Los terminales son cada vez más pequeños y están fabricados con componentes plásticos, por lo que no son localizados por los detectores de metales. Esta circunstancia obliga a realizar requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que hoy en día no se garantiza en todos los centros penitenciarios”, expone.

La amenaza de los drones

Aunque en Asturias aún no se han detectado casos, en otras prisiones españolas se está recurriendo a la utilización de drones para introducir los dispositivos en los recintos penitenciarios.

“Ese es un riesgo que se ha empezado a detectar en España porque la capacidad de los drones de sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión convierte a estos dispositivos en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros”, alerta el delegado.

Los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos, según Acaip-UGT, ante el avance de las telecomunicaciones.

Sistemas de inhibición más actualizados

Para el sindicato es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que los drones sobrevuelen zonas restringidas.

“La seguridad en prisión es imprescindible para la aplicación efectiva de los programas de reinserción. La introducción y uso de objetos prohibidos como los teléfonos móviles desestabiliza gravemente la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario”, manifiesta Jorge Álvarez.

Reclama una respuesta “firme, moderna y eficaz” para hacer frente a esta amenaza constante porque reitera que la seguridad de las prisiones no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios.

“Requiere compromiso institucional, inversión tecnológica y planificación estratégica”, ratifica.

Escondidos en cualquier sitio

Los escondites donde ocultan los móviles para lograr introducirlos en la cárcel son diversos: desde botes de refrescos a suela de zapatos o productos higiénicos.

En otras ocasiones llegan hasta las prisiones a través de pelotas de tenis que se arrojan desde el exterior y lo mismo sirve para guardar móviles que para ocultar droga. Es lo que ocurrió en la cárcel Tenerife II donde una persona fue detenida por estos hechos el 9 de noviembre de 2020.

El precio se multiplica por diez

El valor del móvil dentro del centro penitenciario se multiplica por diez. Lo que es más complicado de esconder es el terminal. Los internos que se quieren comunicar con estos aparatos tienen su propia tarjeta SIM, que colocan en el móvil, que pueden alquilar por horas o comprar entre varios internos.

En Asturias aún no se ha detectado la entrada de drones, como como ocurrió el pasado mes de febrero en la cárcel de Alcolea en Córdoba, donde los funcionarios frustraron la introducción de objetos prohibidos por este método durante una ronda de madrugada.

El dron sobrevolaba el módulo 10 con la intención de entregar 36 bellotas de hachís y cuatro teléfonos móviles con sus correspondientes cargadores. En esa ocasión, el sindicato CSIF denunció la falta de medios tecnológicos adecuados para detectar y neutralizar este tipo de amenazas aéreas que vulneran la seguridad del centro penitenciario.

Otras fórmulas

Chema López, responsable sindical de CCOO en la prisión asturiana, comparte con Jorge Álvarez la opinión de que la mayoría de los móviles que se interceptan en la cárcel entran a través de familiares en los vis a vis o bien los propios presos cuando regresan de permisos vienen con los objetos prohibidos. 

Sin embargo, no tiene tan claro que se pudiera recurrir a inhibidores de alta tecnología: “actualmente en todas las prisiones hay inhibidores. Este es un tema muy delicado que habría que estudiar bien porque lo que sucede es que no solo cubriría el área de la prisión, también afectaría a los alrededores del recinto y si hay zonas residenciales se quedarían sin cobertura”.

CCOO es más partidaria de colocar redes con un calado amplio que irían entre los patios de los módulos, de tejado a tejado, para impedir la entrada de cualquier objeto.

Chema López resalta especialmente la labor de los funcionarios en la incautación de todo tipo de objetos que entran ilegalmente en las cárceles. Asegura que los drones son un peligro, no solo como vía de entrada de los móviles sino también de armas o drogas.

El coste de las llamadas

En un artículo publicado en elDiario.es el 4 de enero de 2022 se cifraba en torno a los 2,45 euros una llamada de ocho minutos realizada desde el interior de la cárcel. Es el precio de las comunicaciones a móviles en horario normal de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. El precio se reducía a 1,70 euros, durante ocho minutos, si se realizaba la llamada a un teléfono móvil en horario reducido, de lunes a viernes de 0 a 8 horas y de 20 a 24 horas y sábado, domingos y festivos durante todo el día. 

Las llamadas a fijos sí son más baratas: 0,28 euros por ocho minutos en la misma provincia y 1,13 si es al resto del territorio nacional. Desde la pandemia, los presos pueden hacer 15 llamadas a la semana —antes eran diez— y cada una de ellas puede durar ocho minutos como máximo. Por tanto, si un recluso usa el máximo de comunicaciones telefónicas que se le permiten podría llegar a gastar semanalmente hasta 36,75 euros. Mensualmente, la cantidad rondaría los 150 euros. 

El centro penitenciario de El Dueso, en Santoña, aguarda la llegada de más de 120 internos con una plantilla con 26 trabajadores menos, según denuncia el sindicato ACAIP-UGT, que rechaza el “sinsentido” de que, tras la reforma del penal, “se vayan 28 funcionarios y solo se incorporen dos”.

Así lo ha expuesto en un comunicado, en el que indica que se espera más de un centenar de nuevas personas internas tras la reforma integral y la apertura del ala derecha del módulo 1, al mismo tiempo que se reduce la plantilla.

“Con la finalización de la macro reforma integral del centro se van 28 funcionarios en prácticas y la Administración decide sustituirlos por tan sólo dos”, se queja el sindicato, para indicar que este “sinsentido” ha “sorprendido” tanto a los empleados como a la dirección de El Dueso, que en principio esperaban la incorporación de 18 trabajadores en prácticas.

Se trata de un número “de por sí insuficiente, pero desde luego más razonable que los dos funcionarios que finalmente han acordado”, compara ACAIP-UGT, que manifiesta su “más enérgico desacuerdo y malestar por esta errónea decisión” que -augura- afectará a la cobertura de los servicios necesarios para garantizar “la seguridad y el buen orden regimental”, especialmente por el aumento de la población penitenciaria.

“La seguridad es el pilar fundamental sobre el que se sustenta la convivencia y el orden necesarios para garantizar la reeducación y la reinserción social”, apunta la formación sindical, que solicita a la Administración penitenciaria que “rectifique esta situación y cambie de decisión en favor de la seguridad de internos y de trabajadores”.

Para finalizar, ACAIP-UGT recuerda al ministro del Interior, Fernado Grande-Marlaska, su promesa de convertir a los trabajadores de las instituciones penitenciarias en agentes de la autoridad, “palabra que no ha cumplido y seguimos a la espera”.

Después de que el Gobierno vasco, en una posición compartida por los dos socios, PNV y PSE-EE, acordase el pasado noviembre exigir “repertorios acordes a los derechos humanos” y “respeto a todas las víctimas” en futuras actividades culturales que se programen en las cárceles vascas, decisión tomada tras una actuación de Fermin Muguruza en el centro penitenciario de Martutene, en Donostia, de la que trascendió en redes sociales que incluyó la interpretación de la muy popular canción 'Sarri, Sarri', este músico, acompañado de otros 60 agentes culturales han realizado una recolecta de firmas para denunciar la “censura” en las cárceles.

La polémica surgió a raíz de que la canción cantada por Muguruza cuenta precisamente de una fuga del miembro de ETA Joseba Sarrionandia, que logró salir de la cárcel oculto en los bafles de una actuación musical de Imanol en 1985. Ante ello, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, dirigido por la socialista María Jesús San José, anunció que se exigiría para tocar en las cárceles repertorios de canciones acordes al respeto a los derechos humanos y a todas las víctimas, así como a los principios de reinserción.

Tras ello, Fermín Muguruza mostró su “sorpresa y desilusión” ante lo que consideró un “paso atrás” en la postura mantenida por el Gobierno vasco y afirmó que le gustaría saber la opinión del lehendakari, Imanol Pradales. Por su parte, el lehendakari, que se encontraba en Bruselas de visita oficial, manifestó que, si Muguruza quiere que hablen de convivencia y de memoria, tiene las puertas de Lehendakaritza abiertas para tener una conversación “sincera y honesta en relación con esta cuestión”.

Después de aquello, según denuncian los artistas, agrupados en la iniciativa 'Espetxeak libre' ('Cárceles libres'), a la hora de actuar en las cárceles de Euskadi se pide firmar un “Compromiso de respeto a la finalidad tratamental penitenciaria, a la dignidad y a los sentimientos de las víctimas de delitos en actuaciones socio-culturales-recreativas dentro de los centros penitenciarios de Euskadi”. El compromiso contiene las siguientes exigencias: “Que la actuación y los contenidos de la misma serán en todo caso favorecedores del proceso de reinserción social de las personas privadas de libertad, y de la apropiada conducta prosocial a la que se dirige el tratamiento penitenciario”, recoge el documento.

Prosigue así: “En este sentido se evitarán, en el fondo y en la forma, las manifestaciones que puedan suponer un apoyo, justificación, incluso enaltecimiento, de valores y actitudes contrarias a los Derechos Humanos, al Ordenamiento Jurídico y al propio tratamiento psico-social penitenciario. Asimismo, la actuación y contenidos de la misma en ningún caso podrá ser susceptible de ofender o dañar la dignidad ni los sentimientos de las víctimas de ningún tipo de delito, sea cual sea el bien jurídico protegido. En este sentido se evitarán cualesquiera manifestaciones en favor de la comisión de delitos, o de conductas antijurídicas, o que impliquen la sustracción de la acción de la justicia, o muestren desprecio u odio hacia colectivos tales como grupos LGTBI+, mujeres, víctimas de terrorismo, personas con discapacidad, personas extranjeras, o víctimas de otros tipos de violencias”.

Desde 'Espetxeak libre', decenas de artistas como Muguruza, la escritora Garazi Arrula Ruiz, los bertsolaris Oihana Iguaran, Aner Peritz Manterola o el cineasta Ramón Agirre, han recogido firmas para solicitar al Gobierno vasco la retirada del documento y asegurarles que no van a firmarlo. “No queremos crear cultura para el 'Brave New World' ('Un mundo feliz') de Huxley. No queremos una actividad cultural para lanzar mensajes a favor de los estados, empresas, prisiones, etc. y censurar toda crítica. Nos parece especialmente doloroso que, siendo el objeto del documento la censura, se utilice la opresión histórica de algunos colectivos para el lavado de imagen de la cárcel, habiendo sido (y siendo) esa misma cárcel un instrumento de esas opresiones. ¿Se pueden cantar '564', 'Carcelero, carcelero' o 'Sarri Sarri?', 'Presos de la sociedad?' ¿o las canciones de Pantxoa eta Peio? ¿Puede une bertsolari criticar la cárcel en un verso?”, se han preguntado los artistas.

En este sentido, han denunciado que “lo que quieren es que sean los mismos creadores los que se apliquen la autocensura porque queda mal prohibirlo directamente y al mismo tiempo dan derecho a la cárcel a decidir cuál es una cultura aceptable y cuál no de forma bastante arbitraria”. “La cultura debe ser valorada por la crítica y el público. La cultura tiene un valor terapéutico cuando es libre, cuando es impuesta pierde ese valor. En el fondo se están utilizando las mismas técnicas que en la Inquisición y el franquismo a pesar de utilizar palabras más modernas. Las personas presas tienen derecho a la cultura como las de la calle. Y dentro de los muros hay suficientes cámaras y micros que condicionan la actividad cultural, no añadamos más fantasmas”, han aseverado.

“Terminemos con una sonrisa irónica. Recordamos en el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz aquel 'Arbeit macht frei' ('El trabajo os hará libres'), lema que presidía la entrada al campo de 'trabajo' (exterminio). Quizá las personas de la cultura que alguna vez accedemos la prisión con una obra de teatro, un concierto, una sesión de bertsos o a una conferencia deberíamos gritar algo parecido: '¡La cárcel os hará libres!'”, han concluido.

Primera condena en Catalunya a un funcionario de prisiones por amenazar a Iñaki Rivera, uno de los mayores defensores de los derechos de los internos en la comunidad. Una magistrada de Barcelona ha condenado a una pena de multa de 180 euros por un delito leve de amenazas al funcionario, quien a través de X dijo al jurista: “Si un día te encuentro por la calle, huye”.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Myriam Linage concluye que la amenaza causó “profundo malestar y angustia” a Rivera. La jueza da total credibilidad a la declaración del jurista y resalta que Rivera detalló que el mensaje fue “la última pieza de un conjunto de actitudes hostiles” recibidas por parte de los funcionarios de prisiones “por largo tiempo y nunca antes denunciadas”.

“Más allá de la valoración personal, confío en que esta sentencia sirva para poner fin a las campañas de algunos funcionarios y sindicatos penitenciarios contra las personas que defendemos los derechos de las personas privadas de libertad”, ha indicado Rivera, defendido por el letrado David Aranda, tras conocer el fallo.

El mensaje ahora condenado por la Justicia supuso un nuevo capítulo del señalamiento a Rivera que, desde hace años, ejerce una parte de los funcionarios de prisiones por su labor de fiscalización de la actividad penitenciaria. El profesor de la UB está al frente del Observatorio del Sistema Penal y a los Derechos Humanos, institución que monitoriza las denuncias de los presos por supuestos malos tratos de los funcionarios.

El conflicto de parte del colectivo contra Rivera empezó hace 20 años, cuando el Observatorio fue la primera entidad que se entrevistó con los presos de la cárcel de Brians que denunciaron palizas de funcionarios en un motín. Más recientemente, CCOO llegó a denunciar una intervención del profesor en un programa de TV3 en la que afirmó durante un debate sobre el aislamiento penitenciario que en las cárceles catalanas “hay torturas, hay maltratos y hay vejaciones” por parte de los funcionarios a los internos, en un caso que terminó archivado.

En su sentencia, la magistrada hace hincapié que esa hostilidad pasada del colectivo de funcionarios contra Rivera “supuso un plus coercitivo” en el mensaje de X del empleado condenado, que causó “un racional temor” en el jurista.

El tuit del funcionario se produjo durante la última crisis penitenciaria del año pasado. El asesinato a manos de un interno de una cocinera de la prisión de Mas d'Enric (Tarragona) desembocó en un bloqueo de los centros penitenciarios por parte de funcionarios de prisiones, que impidieron entradas y salidas de internos, familiares y trabajadores penitenciarios sin convocar formalmente una huelga.

Al igual que varios miembros de la abogacía y de la judicatura, el Observatorio presidido por Rivera denunció a través de la red social X que el bloqueo penitenciario vulneraba los derechos de los internos y afectaba su salud mental.

La respuesta del funcionario al mensaje del Observatorio fue una amenaza que ahora ha condenado la Justicia: “Iñaki, hijo de la gran chirusa, si un día te encuentro por la calle huye, porque no tendré ningún tipo de contemplación hacia tu puta persona, gil de mierda, a mi no me engrupirás goruta de mierda [sic]”“.

El hecho de estar escrito en español argentino, país de origen de Rivera, denotaba “un particular conocimiento” del jurista por parte del funcionario, lo que “aumentó su personal desasosiego y malestar”, resalta la sentencia.

En su declaración en el juicio, el funcionario, defendido por un antiguo trabajador penitenciario acusado en 1998 de lesiones a internos y que a día de hoy ejerce como abogado, adujo que, si bien el mensaje sí salió de su perfil de X, pero apuntó a que podría haberlo escrito otra persona con acceso a su cuenta. Este alegato es una “excusa que carece de verosimilitud”, resuelve la magistrada, pues el acusado no indicó quién podría haber escrito el mensaje.

En un informe d'una mica menys de vint pàgines la presó de Palma apareix retratada com un espai amb tants excessos com mancances. El lloc oblidat en què, com denuncien des de fa temps algunes entitats, la salut mental no és només una assignatura pendent, sinó el mur contra el qual estavellaran molts dels empresonats. Un centre amb una “escassetat flagrant de personal” per a l'atenció psicològica i sanitària que ha derivat en la manca de teràpies individualitzades i d'altres tractaments alternatius i que, segons denuncia el Defensor del Poble, s'ha suplert amb una “tendència a l'abús” de la medicalització. Tant que des d'Institucions Penitenciàries afirmen que un 35% dels interns tenen prescrit algun tipus de psicofàrmac.

Quan els inspectors van visitar “sense previ avís” el centre penitenciari, el psiquiatre no estava. No era una excepció. “Solament acudeix una vegada a la setmana”, van constatar en el seu expedient. I ni tan sols totes les setmanes: només tres al mes, detallen fonts oficials. Una freqüència que el Defensor del Poble considera “insuficient” per a una població que supera els 1.000 reclusos. “S'hauria de comptar com a mínim amb un psiquiatre i un psicòleg clínic a temps complet”, reclama.

Perquè de fet, malgrat que la presó compta amb sis psicòlegs, les tasques que exerceixen “no tenen a veure amb el tractament de persones amb problemes de salut mental, sinó, en la majoria dels casos, amb la valoració de qüestions pràctiques en relació amb el tractament penitenciari”, segons denúncia l'organisme. A més a més, ni tan sols se'ls considera oficialment com a part de l'àrea sanitària: pertanyen als equips tècnics, realitzen una valoració dels interns quan ingressen i col·laboren en els programes d'intervenció grupal –en els quals la participació dels reclusos sempre és voluntària-, com aquells destinats als condemnats per violència de gènere. El seguiment individual és “puntual”. La teràpia personal no existeix.

“És un problema sistèmic. Hi ha interns que no poden tenir el tractament que mereixen. I les entitats suplim aquesta manca de serveis i atenció. Hem protestat moltes vegades, jo mateix li he dit al director, i ens donen la raó, però ens diuen que els metges no volen venir”, assegura el delegat de Pastoral Penitenciària a Mallorca, Jaume Alemany.

El mateix informe ho corrobora. La relació de llocs de treball de la presó contemplava nou places per a personal facultatiu. La primera vegada que el Defensor del Poble va visitar el centre comptaven amb set metges. La segona, només amb dues. Una “flagrant escassetat de personal qualificat” que, lògicament, reverteix en la salut dels reclusos. De fet, també assenyala que la majoria de tallers i activitats que es realitzen dins de l'escassa atenció a la salut mental que es presta “es deleguen principalment al tercer sector”. Només Pastoral Penitenciària té trenta voluntaris dedicats a aquest fi.

Les diferents fonts consultades assenyalen com una de les causes d'aquesta situació l'incompliment de la Llei 16/2003 de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut que preveia la transferència a les comunitats autònomes dels serveis sanitaris dependents d'institucions penitenciàries i donava un termini de 18 mesos per executar-la. Vint-i-dos anys després només s'han transferit a Catalunya, el País Basc i Navarra, malgrat que el Govern reconeix que es tracta d'una prioritat. Balears continua esperant.

“És una reivindicació històrica i mai no he acabat d'entendre per què no s'ha materialitzat. Permetria equiparar el personal sanitari amb el de l'IB-Salut (el servei balear de salut) a l'atenció primària. Ara mateix les condicions dels que exerceixen al centre penitenciari són pitjors i, a més, coincideix amb un moment d'alta demanda de professionals al sistema públic que fa que, efectivament, s'entri en competència i pocs vulguin anar-hi. I parlem d'un personal que és fonamental per a una presó perquè té una població amb més fragilitat i riscos”, afirma Carles Recasens, psiquiatre i president del Col·legi de Metges de Balears (COMIB).

Mentre Recasens assegura desconèixer els motius pels quals el Govern no ha complert el que preveu la llei del 2003, Alemany no dubta a apuntar a la falta d'interès polític. “La presó no dona vots ni rèdit. No interessa, ni als polítics ni a la societat. Si sortís un partit que inclogués al seu programa electoral una menció a la cura de la població reclusa ningú el votaria. A nosaltres mateixos ens passa que quan fem algunes de les nostres activitats ens diuen 'i a sobre se'ls emporten a la platja', quan la realitat és que és part de la seva teràpia”, explica.

La presó no dona vots ni rèdit. No interessa, ni als polítics ni a la societat. Si sortís un partit que inclogués al seu programa electoral una menció a la cura de la població reclusa ningú el votaria. A nosaltres mateixos ens passa que quan fem algunes de les nostres activitats ens diuen 'i a sobre se'ls emporten a la platja', quan la realitat és que és part de la seva teràpia

Jaume Alemany — Delegat de Pastoral Penitenciària a Mallorca

Medicalització “sistemàtica”

Les conseqüències d'aquesta falta de recursos són múltiples. La més evident, subratlla el Defensor del Poble, és la desatenció al “potencial mal a la salut mental” que genera “el règim de vida a la presó”. En 2023 el Llibre blanc sobre l'atenció sanitària a les persones amb trastorns mentals greus en els centres penitenciaris d'Espanya –elaborat per la Societat Espanyola de Psiquiatria Legal i la Societat Espanyola de Sanitat Penitenciària- indicava que vuit de cada deu reclusos presentaran un trastorn mental al llarg de la seva vida.

La més greu és que ha derivat en una inclinació “sistemàtica a la medicació” per la “absència de possibilitat d'administrar un altre tipus de tractament”. Tant és així que a mitjan 2024 un 41,5% dels 1.023 interns de la presó de Mallorca tenia prescrit algun tipus de psicofàrmac. D'aquestes 405 persones, 168 rebien antipsicòtics.

Des d'Institucions Penitenciàries reconeixen la situació. De fet, afirmen que gràcies al Pla Redueix per a l'ús racional de medicaments –que cerca, entre altres coses, “adaptar les pautes generals a les característiques de cada pacient”-, el percentatge d'interns medicats amb psicofàrmacs s'ha reduït fins al 35%. Els que continuen, subratllen, sempre ho fan “atenent els criteris mèdics” del psiquiatre.

Per al Defensor del Poble les conclusions i efectes són uns altres. Sostenen que aquestes xifres demostren “una tendència a l'abús de psicofàrmacs prescrits” i la “psiquiatrització d'alteracions de conducta no patològiques”, com unes certes alteracions del comportament. “Sobretot quan tenen un component disruptiu social o reivindicatiu”, postil·len. “És a dir, que s'estaria utilitzant medicació psicotròpica, prescrita per sanitaris, per a objectius distints als sanitaris i terapèutics. Això constituiria una perversió de la labor mèdica”, asseguren.

La seva deducció es basa en diversos aspectes. D'una banda en què, segons les xifres oficials, dins del Programa d'atenció integral a malalts mentals (PAIEM) de la presó mallorquina es trobaven únicament 36 interns: 33 homes i 3 dones. Una xifra molt allunyada del percentatge que està medicat; pel que consideren que s'estan prescrivint medicaments “fins i tot a aquelles persones internes que no compten amb diagnòstic clínic en salut mental”. A més, almenys una reclusa entrevistada va denunciar que no tenia “seguiment ni psiquiàtric ni psicològic” en la presó, malgrat que tenia prescrit “un antipsicòtic a dosis considerables” i al fet que havia estat en seguiment per salut mental abans del seu empresonament.

Risc de sobredosi

Un altre dels problemes derivats d'aquesta presumpta medicalització excessiva és la dificultat en l'administració correcta dels fàrmacs. Els més de 300 interns medicats “necessiten supervisió a cadascuna de les preses cada dia de l'any”. Una tasca que resulta “absolutament inabastable” amb el personal disponible. “Els infermers encarregats reconeixen no estar-la duent a terme més que en alguns casos específics”, recull l'informe. Una situació que augmenta el risc de sobredosi per abús de psicofàrmacs, ja que de vegades la dispensació és setmanal.

Aquesta responsabilitat ha recaigut en dues infermeres que gestionen un programa pilot de salut mental, “amb l'objectiu de pal·liar les mancances del PAIEM”. Tot i la “encomiable feina” que el Defensor del Poble els reconeix, a l'expedient mostren la seva preocupació perquè estiguin assumint unes obligacions “superiors a les seves competències, arribant a posar-se en risc la seva professionalitat per beneficiar els pacients”. A més, malgrat que l'organisme va recomanar a la presó que tinguessin “possibilitats i facilitats” per realitzar formació oficial en salut mental –més enllà de passar consulta amb el psiquiatre a les seves visites–, aquesta recomanació va ser “rebutjada” pel centre.

Per al president del COMIB, aquesta situació resulta preocupant. “És fonamental que els pacients tinguin no només un bon diagnòstic, sinó també una bona prescripció i dispensació dels fàrmacs, sobretot perquè estem davant d'una població de més risc. Però, a més, no es pot acceptar que la manca de personal porti a l'intrusisme o que un altre tipus de professionals assumeixin responsabilitats i competències per sobre del que els correspon”, assegura.

Un altre “esforç addicional” que han contret és intentar que, com estableix la normativa, els interns amb un diagnòstic d'alteració del pensament no ingressin en règim d'aïllament. El 2012 el Tribunal Europeu de Drets Humans va condemnar l'estat francès per haver imposat una sanció de 45 dies d'aïllament a un intern que patia depressió i que va acabar suïcidant-se, en considerar que no s'havia valorat el risc que suposava per a la salut mental.

Tot i que es tracta d'un dret “ratificat i protegit”, el Defensor del Poble va detectar el seu “incompliment sistemàtic” a la presó de Mallorca, segons va concloure a partir del testimoni de professionals i directius del centre. De fet, el seu informe assegura que en “múltiples ocasions” els metges han aprovat l'entrada de reclusos en aïllament “per complir sancions” i que en una de les visites “la majoria” dels que estaven en aquest règim “complia criteris de síndrome depressiva més gran”.

Després d'una primera queixa oficial, el centre penitenciari es va comprometre a recollir “de manera més detallada” l'estat i l'evolució simptomatològica dels pacients sota tractament psiquiàtric per poder fer “un seguiment més precís”. Tot i això, l'organisme va detectar que aquest punt se seguia incomplint i, poc després, va reiterar la seva demanda.

“La presó és un reflex del carrer, però s'hi agreugen i es veuen més els problemes. És un món molt complex i desconegut i amb molt de patiment. És una solució per a un moment, però si els interns no reben el tractament que necessiten sortiran pitjor del que estaven. Cal que dignifiquem l'espai i que les persones que hi són recobrin la dignitat”, planteja Alemany.

“Iñaki, hijo de la gran chirusa, si un día te encuentro por la calle huye, porque no tendré ningún tipo de contemplación hacia tu puta persona, gil de mierda, a mi no me engrupirás goruta de mierda [sic]”. Es el contenido de un mensaje en la red X, el antiguo Twitter, de un funcionario de prisiones contra el jurista Iñaki Rivera, uno de los mayores defensores de los derechos de los internos en Catalunya.

Por este mensaje el funcionario de prisiones se sentará en el banquillo de los acusados este martes en un juicio por un delito leve de amenazas. Al ser un delito leve, ni Rivera ni la Fiscalía han formulado escrito previo de acusación contra el funcionario, sino que lo harán al final de la vista que se celebrará ante el juzgado de instrucción 12 de Barcelona. 

El mensaje supone un nuevo capítulo en el enfrentamiento que, desde hace años, mantiene una parte del colectivo de funcionarios de prisiones contra Rivera por su labor de fiscalización de la actividad penitenciaria. El profesor de la UB está al frente del Observatorio del Sistema Penal y a los Derechos Humanos, institución que monitoriza las denuncias de los presos por supuestos malos tratos de los funcionarios.

Desde hace años, parte de los sindicatos penitenciarios tienen a Rivera bajo el foco. CCOO llegó a denunciar una intervención del profesor en un programa de TV3 en la que afirmó durante un debate sobre el aislamiento penitenciario que en las cárceles catalanas “hay torturas, hay maltratos y hay vejaciones” por parte de los funcionarios a los internos, en un caso que terminó archivado.

El tuit denunciado por amenazas se produjo durante la última crisis penitenciaria del año pasado. El asesinato a manos de un interno de una cocinera de la prisión de Mas d'Enric (Tarragona) desembocó en un bloqueo de los centros penitenciarios por parte de funcionarios de prisiones, que impidieron entradas y salidas de internos, familiares y trabajadores penitenciarios sin convocar formalmente una huelga.

Al igual que varios miembros de la abogacía y de la judicatura, el Observatorio presidido por Rivera denunció a través de la red social X que el bloqueo penitenciario vulneraba los derechos de los internos.

Colectivos a priori dispares como abogados, familiares de presos o exresponsables políticos del sistema penitenciario catalán llamaron a los funcionarios para que el conflicto se canalice por vías que no supongan aumentar más la tensión en las cárceles y la vulneración de derechos de los internos. El conflicto se alargó casi una semana.

En este contexto, el Observatorio publicó un mensaje en el que se limitaba a difundir una noticia sobre la denuncia de colectivos de familiares de los internos sobre los efectos psicológicos negativos que tenía para los presos el bloqueo penitenciario.

A este mensaje, el funcionario denunciado respondió con lo que la defensa de Rivera, que ejerce David Aranda, de Arrels Advocats, considera una amenaza leve. “Si un día te encuentro por la calle, huye porque no tendré ningún tipo de contemplación”, reza el mensaje.

Si bien el tuit no aparece a día de hoy en el perfil del denunciado, los Mossos d'Esquadra, en un informe, constataron que el mensaje corresponde a la cuenta del funcionario denunciado. En otro mensaje, respondió “asco” a una publicación del Observatorio que anunciaba la participación de Rivera en la publicación de un libro.

En sus conclusiones, además de contrastar la autoría de los mensajes, la policía catalana destaca que casi todo el contenido del perfil en X del funcionario denunciado hace referencia al colectivo de funcionarios de prisiones. “Consta que es o ha sido funcionario de prisiones”, recogen los Mossos sobre el denunciado.