Israel aprueba una ley para aplicar la pena de muerte a los palestinos

El Parlamento israelí (Knéset) ha aprobado este lunes por 68 votos contra 42 una ley que introduce la pena de muerte como castigo por “actos de terrorismo”, definidos de forma vaga. La ley ha sido considerada discriminatoria por organizaciones de derechos humanos, expertos de la ONU y Gobiernos europeos ya que –en la práctica– se aplicaría casi exclusivamente a los palestinos, tanto en Israel como en los territorios ocupados.

Los partidos árabes-israelíes unidos en el bloque Hadash-Ta’al han denunciado que, con la aprobación de este proyecto de ley, “el gobierno admite que el Estado de Israel mantiene dos sistemas jurídicos distintos basados en la nacionalidad y la raza: uno que permite la ejecución de árabes y otro que otorga protección e inmunidad a delincuentes judíos”. El bloque ha censurado lo que tacha de “apartheid en su máxima expresión” y ha anunciado que pretende “presentar una petición urgente ante el Tribunal Supremo para anular la ley”, cuya inconstitucionalidad venían señalando durante la tramitación parlamentaria.

Antes de su aprobación, los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido instaron en un comunicado conjunto a los legisladores y al Gobierno israelíes que dieran marcha atrás, expresando su preocupación por “el carácter discriminatorio de facto de este proyecto de ley”, que fue promovido por el partido ultraderechista Poder Judío, encabezado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

Organizaciones de derechos humanos internacionales e israelíes también habían rechazado el proyecto de ley, así como expertos de Israel, que con esta legislación amplía los casos en los que se puede aplicar la pena de muerte, 70 años después de haberlos limitado. La pena capital para los delitos comunes fue abolida en 1954 y se mantuvo para los crímenes de genocidio o traición. La única ejecución que ha llevado a cabo el Estado hebreo tuvo lugar en 1962 y el sentenciado a muerte fue Adolf Eichmann, considerado uno de los ideólogos del Holocausto, quien fue juzgado en Jerusalén después de haber sido capturado por agentes del servicio de Inteligencia exterior israelí (Mosad) en Argentina en 1960.

La ONG Amnistía Internacional denunció antes de su aprobación que las enmiendas que introduce el proyecto de ley buscan “ampliar los delitos castigados con la muerte y eliminar garantías clave del debido proceso” y que, de esta forma, “el Gobierno israelí se está otorgando descaradamente el permiso para imponer sentencias de muerte a los palestinos”. Además, consideró que la nueva legislación no sólo va en contra de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, sino que servirá como “una herramienta más dentro del sistema institucionalizado de apartheid israelí contra todos los palestinos”.

En Israel, la organización BTselem ha asegurado que la nueva ley “está redactada para aplicarse únicamente a los palestinos y tiene como objetivo normalizar el asesinato de palestinos como una herramienta de castigo colectivo”.

Por su parte, Ori Aronson, profesor de Derecho asociado de la Universidad Bar-Ilan de Israel, explica a elDiario.es que, a pesar de que se hayan introducido algunos cambios durante la tramitación de la ley en los pasados meses, sigue siendo “discriminatoria” por distintos motivos.

El experto detalla que Israel tiene dos sistemas judiciales separados: uno para sus ciudadanos y residentes (incluidos los ciudadanos árabes, que son el 20% de la población) y otro para los palestinos en Cisjordania. “En Israel, el sistema es civil y penal; en Cisjordania es un sistema de tribunales militares”, dice y agrega que la pena de muerte se aplicaría de forma distinta en los dos sistemas.

“En los tribunales civiles, la pena de muerte se aplicaría a los casos de asesinato en el contexto de una acción terrorista, llevada a cabo con el propósito de negar la existencia del Estado” de Israel, señala Aronson, mientras que en los tribunales militares se aplicaría a todos los casos. El profesor –miembro del Foro de Profesores de Derecho para la Democracia– especifica que en Cisjordania afectaría sólo a los residentes palestinos (unos 3 millones), no a los más de medio millón de colonos israelíes que viven en los asentamientos y que perpetran ataques violentos contra los palestinos, con un número cada vez mayor de víctimas mortales.

BTselem ha señalado que “los jueces militares deberán condenar a muerte a los palestinos declarados culpables de asesinato, salvo en 'circunstancias especiales'”. Además, bastará con una mayoría simple de los jueces y las vías para apelar serán “extremadamente limitadas”. La ONG israelí recuerda que el 96% de los palestinos juzgados en tribunales militares son condenados, muchas veces por “confesiones obtenidas bajo coacción y tortura durante los interrogatorios”.

Aronson se muestra preocupado por las consecuencias que puede tener “la aplicación de la pena más severa de una forma discriminatoria”. Asimismo, lamenta que, en este caso, la legislación parece ser una “venganza pública”, por lo que hay temores de que “incite más odio en lugar que tener un efecto positivo” en la sociedad israelí.

Los legisladores que han impulsado las enmiendas apelan directamente a los deseos de venganza después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 –en los que fueron asesinados unas 1.200 personas en Israel y más de 250, secuestradas–. Uno de los argumentos esgrimidos es que, si un terrorista es ejecutado, no podría ser liberado en futuros acuerdos de intercambio de presos con los grupos palestinos como Hamás, que a lo largo de las últimas dos décadas ha negociado la puesta en libertad de miles de prisioneros (incluidos destacados miembros de su brazo armado) por rehenes israelíes, militares o civiles.

“Los israelíes están muy traumatizados después del 7 de octubre y las heridas no han empezado aún a sanar; este tipo de medidas no parecen que vayan a sanar esas heridas sino a incitar más odio y rabia”, reflexiona el profesor de Derecho. “Es una trayectoria muy preocupante para un país que está muy polarizado, donde las emociones están a flor de piel y hay emociones muy fuertes y negativas entre los judíos y los palestinos dentro de Israel. Las medidas deberían ir en la dirección opuesta, hacia la reconciliación”, concluye.

También más de diez expertos y relatores especiales de Naciones Unidas mostraron su preocupación durante la tramitación de la ley, destacando que tanto en los tribunales civiles como en los militares se aplicarían “definiciones vagas y excesivamente amplias de delitos terroristas según la legislación israelí, que pueden incluir conductas que no sean genuinamente terroristas”. Por ejemplo, la pena de muerte se aplicaría a los homicidios involuntarios, si son cometidos en el marco de “actos terroristas”. 

“Dado que los juicios militares israelíes de civiles no suelen cumplir con los estándares de un juicio justo según el derecho internacional, cualquier condena a muerte resultante violaría aún más el derecho a la vida”, afirman los expertos y relatores. Además, la legislación “restringe aún más el acceso a la asistencia jurídica, no establece un proceso de apelación eficaz y elimina la supervisión externa efectiva, lo que socava aún más el derecho a un juicio justo”. Y agregan: “La negación de un juicio justo también constituye un crimen de guerra”.