Las víctimas de estafas digitales como el 'phishing' podrían contar pronto con una protección jurídica sin precedentes gracias a la Unión Europea. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudia actualmente un caso que podría obligar a los bancos a agilizar las devoluciones de dinero sustraído. Según las conclusiones del Abogado General, las entidades financieras deberían realizar reembolsos automáticos incluso ante sospechas de descuido por parte del usuario afectado. Esta postura busca equilibrar la balanza en un escenario donde los ataques de ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar. Si el tribunal confirma este criterio, el proceso de recuperación de fondos dejará de ser una carrera de obstáculos para los ciudadanos estafados por la ciberdelincuencia.

El cambio normativo afectaría directamente a cómo los proveedores de servicios gestionan los fraudes por enlaces falsos o suplantación de identidad. En la actualidad, el principal escollo para los usuarios es que los bancos suelen rechazar sistemáticamente el reembolso alegando una supuesta negligencia grave del cliente. Esta práctica obliga a la parte más débil del contrato a soportar el golpe económico inicial y a iniciar procesos judiciales costosos. Muchas personas terminan renunciando a su dinero debido al desgaste emocional y al tiempo que conlleva litigar contra una gran entidad financiera. Organizaciones de consumidores como la OCU denuncian que las entidades usan este argumento de forma genérica y sin aportar pruebas concretas de la falta de cuidado.

Este vacío legal permite en la actualidad que los bancos desplacen la responsabilidad al consumidor desde el primer momento de la reclamación. La futura sentencia europea pretende acabar con esta indefensión estructural permitiendo que el afectado recupere su liquidez de forma inmediata y sencilla. El Abogado General del TJUE, Athanasios Rantos, ha defendido concretamente y con claridad que el reembolso debe ser la prioridad absoluta tras una estafa. Sus conclusiones, aunque no son vinculantes para el tribunal, suelen marcar la línea que seguirá la sentencia definitiva en los próximos meses. Rantos sostiene que la normativa europea de servicios de pago exige que el banco devuelva el importe el mismo día hábil de la queja. 

Bajo esta premisa, la entidad no podría bloquear el dinero basándose únicamente en su propia sospecha subjetiva sobre el comportamiento del usuario. Se trata de un cambio de paradigma: primero se restablece el saldo de la cuenta y después se discute la culpabilidad. Esta interpretación refuerza los derechos financieros de los consumidores frente a la creciente ola de fraudes en la banca electrónica actual. El origen de esta controversia legal se encuentra en un juzgado de Polonia que elevó una cuestión prejudicial al alto tribunal comunitario. El caso involucra a una mujer que fue víctima de un engaño tras recibir un enlace falso que imitaba a su entidad bancaria. Los estafadores consiguieron sus claves de acceso y realizaron un pago no autorizado que el banco se negó a cubrir inicialmente.

La entidad argumentó que la divulgación de las credenciales, incluso bajo engaño, constituía una infracción grave de las obligaciones de seguridad. La afectada defendió ante los tribunales que solo el fraude propio o la mala fe probada deberían impedir el reintegro inmediato. Esta disputa ha servido para que el TJUE defina si la negligencia es motivo suficiente para retener fondos sustraídos fraudulentamente. La tesis defendida por el Abogado General distingue nítidamente entre la devolución inmediata y la responsabilidad final del incidente económico. El banco debe reintegrar el dinero sin dilaciones, pero esto no significa que el cliente quede exento de toda responsabilidad posterior. 

Es decir, si más adelante se demuestra que el usuario actuó con un descuido inexcusable, el banco podrá reclamar legalmente el importe devuelto. Este mecanismo evita que la simple acusación de negligencia sirva como excusa automática para que el banco no pague desde el inicio. El objetivo es que el usuario no cargue con la pérdida inicial mientras se resuelve la compleja investigación técnica del fraude. Es una estrategia de “reembolsar primero y discutir después” que garantiza la liquidez inmediata de las víctimas de estos delitos.

Futuro precedente obligatorio

Según el Derecho europeo, solo existe una excepción válida para que un banco frene el reembolso automático de una operación no autorizada. La entidad solo podría negarse si tiene motivos razonables para sospechar un fraude cometido por el propio usuario de la cuenta. En tal caso, el banco está obligado a comunicar sus sospechas por escrito al organismo supervisor nacional, como el Banco de España. Fuera de este supuesto, la sospecha de haber pinchado en un enlace malicioso no bastaría para retener el dinero. La carga de la prueba recae sobre la institución financiera, que debe demostrar ante un juez la negligencia específica del cliente. De este modo, se protege a los autónomos y consumidores de la indefensión que supone enfrentarse a algoritmos bancarios opacos.

En España, la situación es crítica debido al aumento exponencial de casos de 'phishing' que terminan en largas disputas sin resolución rápida. La OCU señala que muchas entidades rechazan los reembolsos de forma automática, obligando a los afectados a acudir al Banco de España. Sin embargo, el supervisor nacional reconoce a menudo que determinar la existencia de negligencia grave excede sus competencias administrativas. Esto deja a los ciudadanos en un callejón sin salida legal que solo se resuelve mediante demandas judiciales lentas y costosas. La futura sentencia del TJUE sentará un precedente obligatorio que todos los juzgados de la Unión Europea deberán acatar y aplicar. Los protocolos internos de las cajas y bancos españoles tendrán que ser revisados profundamente para cumplir con el nuevo marco protector.

También podría haberse titulado esta columna algo así como “el TJUE admite que los Estados miembros de la UE no traten de la misma manera a las personas indigentes nacionales de terceros países que a las nacionales propias y exija a las primeras disponer de un derecho de residencia permanente en su territorio adquirido tras un período ininterrumpido de cinco años”.

Claro que era un título demasiado largo y, además, comenzaba por el final. El final de una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea – TJUE – que interpreta el Derecho comunitario al resolver una cuestión prejudicial elevada desde un Tribunal italiano. Ahora lo explico.

El pasado 5 de marzo el TJUE dictó una Sentencia (asunto C-151/24) en la que concluyó como ya he avanzado, esto es, que cabe excluir del derecho a obtener un subsidio social para personas de edad avanzada en situación de indigencia a los nacionales de terceros países que no sean titulares de un permiso de residencia de la Unión para residentes de larga duración. 

En primer lugar, conviene aclarar que, aunque sigue siendo objeto de atención por el resultado de la Sentencia, ésta no es del todo novedosa, pues ya había otras dos Sentencias del TJUE en un sentido parecido, aunque no igual, dictadas el 11 de noviembre de 2014 (asunto C-333/13) y de 15 de septiembre de 2015 (asunto C-67/14). 

Ahora lo subrayable es que se trata de un “subsidio” para “personas de edad avanzada en situación de indigencia”. Anoten estos datos.

En el caso que ahora comento, el TJUE fue interpelado por nada menos que la Corte Constitucional italiana – su Tribunal Constitucional - al objeto de interpretar un precepto de la Directiva 2011/98/UE, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro. La Corte Constitucional elevó esta cuestión al TJUE en el marco de un litigio entre una ciudadana nacional albanesa residente en Italia, y el Instituto Nacional de Previsión Social de Italia, en relación con la negativa de este último a concederle una prestación en metálico reservada a personas mayores de sesenta y cinco años – edad elevada a sesenta y siete años en 2019 - que se encuentran en una situación económica precaria.

La denegación de ese subsidio se basaba en la legislación italiana, según la cual, para que un nacional de tercer país pueda disfrutar de ese derecho ha de ser titular de un permiso de residencia de larga duración y haber residido legal e ininterrumpidamente durante al menos diez años en el territorio nacional.

La ciudadana albanesa litigó con insistencia frente a aquella denegación y llegó, en Italia, hasta su Tribunal Supremo, Tribunal que se planteó dudas de adecuación de esa normativa con su Constitución, por lo que remitió el tema a la Corte Constitucional. Es de pensar que a la Corte Constitucional le entraron serias dudas y seguramente algún temblor de piernas a la hora de decidir, habida cuenta de la vigencia del principio de igualdad de trato, tanto en la Constitución italiana como en la UE – con los matices que ahora se verán -. Y así fue como se elevó al TJUE la cuestión prejudicial antedicha.

En esta Sentencia el TJUE analiza el ámbito material del Reglamento 883/2004 y de un precepto de la Directiva 2011/98. Dicho precepto de esta Directiva se refiere al principio de igualdad de trato. Les ahorro los como siempre largos razonamientos del TJUE, que argumenta, en esencia, con base en la normativa comunitaria citada, que el subsidio social objeto del litigio es “una prestación especial en metálico no contributiva” que se financia mediante impuestos no mediante cotizaciones sociales y cuyo objeto es garantizar medios para subsistir a personas que no pueden asegurar su propia subsistencia, entrando dentro del concepto de “asistencia social”.

Hasta aquí nada que llame la atención, pues es una mera descripción de la situación y de la esencia del subsidio en cuestión.

El núcleo de la decisión del TJUE descansa en recordar que el Derecho de la UE optó expresamente por no extender ese derecho a la igualdad de trato a las prestaciones que no pueden calificarse de prestaciones de «seguridad social», esto es, a las prestaciones especiales en metálico no contributivas. Y sigue argumentando que, en consecuencia, los Estados miembros no están obligados, por lo que respecta a estas prestaciones especiales, a respetar la regla de igualdad de trato y pueden, por consiguiente, decidir supeditar la concesión de tales prestaciones a los nacionales de terceros países al cumplimiento de un requisito diferente del aplicable a sus nacionales, como el criterio de integración, cuyo cumplimiento se acredita mediante la posesión de un permiso de residencia de la Unión para residentes de larga duración. 

Y así, concluye como ya he dicho más arriba, esto es, que el Derecho de la UE no se opone a la normativa italiana que denegó el subsidio de subsistencia a la ciudadana albanesa que no tenía un permiso de residencia de larga duración.

En nuestro caso, el TJUE diría lo mismo, claro está, si llegara la ocasión. Recordemos que nuestra prestación principal para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de quienes carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas es el Ingreso Mínimo Vital, creado y regulado por la Ley 19/2021. Una prestación no contributiva, desde luego, para la que, en relación con el tema ahora tratado, se requiere “tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud”, requisito de plazo no exigible en determinados supuestos - menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente; personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual y mujeres víctimas de violencia de género -.

Y ¿ por qué y para qué les he contado todo esto? Pues, principalmente, para que seamos conscientes de que determinados derechos no están asegurados de manera definitiva ni por nuestra normativa ni por la de la UE y de que, ni siquiera ante las situaciones de necesidad más extremas, todas las personas somos iguales. Bueno, en realidad, podríamos ser iguales: todo depende de lo que el Estado y la UE y otros entes – o sea, en definitiva, la ciudadanía, si somos lo suficientemente exigentes - decidan. 

Nota: si cito los datos de las Sentencias es, como ya he dicho en alguna ocasión anterior, para que cualquiera de ustedes pueda, si así lo considera, buscarlas y acceder a su contenido para tener mejor conocimiento de causa.

Es conocida por la opinión pública la “policía patriótica” que organizó el Gobierno de Mariano Rajoy para perseguir al nacionalismo catalán, por un lado, y para evitar, por otro, que la documentación de la que disponía Luis Bárcenas pudiera acabar en manos de los jueces que estaban investigando la corrupción del PP.

Menos conocida es la “justicia patriótica” que se activó en el Tribunal Supremo (TS), por un lado, y la Junta Electoral Central (JEC), por otro, para perseguir a los políticos nacionalistas que habían dirigido el procés.

La “policía patriótica” está próxima a ser enjuiciada en España. Tiempo habrá para analizar la forma en que la justicia española realiza esta tarea, aunque ya tenemos algunas indicaciones de la forma tan irregular en que se ha procedido en la fase de instrucción. Pero queda todavía recorrido hasta que se pueda emitir una valoración sobre la misma. 

Sobre la “justicia patriótica” sí parece que nos vamos aproximando al final. Entre marzo y abril de este año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dirá la última palabra, cuando se pronuncie sobre el recurso contra la ley de amnistía. 

Pero este jueves se ha hecho pública una sentencia del TJUE que, aunque no tiene nada que ver directamente con la ley de amnistía, sí es muy expresiva de lo que ha sido la forma de proceder de la justicia española respecto del expresidente Carles Puigdemont y otros políticos nacionalistas catalanes elegidos como diputados europeos.

La sentencia ha resuelto un asunto que se remonta a marzo de 2021, cuando el Parlamento Europeo accedió a la petición del Tribunal Supremo de España de levantar la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, con la finalidad de que pudieran ser extraditados a España y procesados por el TS. 

La concesión del suplicatorio por parte del Parlamento Europeo fue recurrida al Tribunal General de Justicia de la Unión Europea (TGUE), que desestimó el recurso, al entender que la decisión del Parlamento era correcta y que no se había vulnerado con ella ningún derecho de los parlamentarios catalanes. 

Contra dicha decisión del TGUE se interpuso recurso de amparo ante el TJUE, que ha sido resuelto favorablemente, al entender el máximo órgano judicial de la Unión Europea que el Parlamento Europeo había vulnerado el derecho a un juez imparcial en la tramitación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo español, vulneración que había sido replicada por el TGUE, razón por la cual tenían que ser anulados tanto el acto parlamentario como el judicial. 

Es importante subrayar el sentido y alcance que el TJUE atribuye al derecho a un juez imparcial, que en este caso se extiende al acto parlamentario de otorgamiento del suplicatorio. La instrucción parlamentaria del suplicatorio para la suspensión de la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí se encomendó al parlamentario Angel Dzhambazki, que pertenece al grupo político del que formaba parte Vox. El Parlamento entendió que dicha pertenencia no afectaba a la imparcialidad en la instrucción del suplicatorio, opinión que fue compartida por el TGUE. 

El TJUE, por el contrario, considera que “en aras de la coherencia” el derecho a un juez imparcial exige que “el Parlamento también debe excluir a un ponente que sea miembro del grupo político al que pertenecen diversos diputados del partido político que ha promovido el proceso penal contra el diputado cuya inmunidad se examina”, pues un ponente con esa connotación “no ofrece garantías suficientes para excluir toda duda legítima del diputado objeto de dicho suplicatorio en cuanto a un posible prejuicio hacia él y, por lo tanto, no puede ser considerado imparcial”.

(¿Puede haber alguna duda con esta doctrina sobre la imparcialidad de la vulneración del derecho del exfiscal general del Estado a un juez imparcial? También habrá momento para volver sobre este asunto. Sigamos).

El reproche del TJUE al Parlamento se reproduce, pero con más intensidad, respecto del TGUE, ya que no solamente se le echa en cara “incurrir en el error” de considerar que la designación de un ponente del mismo grupo político que Vox “era irrelevante a la hora de apreciar la imparcialidad de dicho ponente”, sino que, además, desconoce que este eurodiputado búlgaro organizó un evento en marzo de 2019 con la intervención del secretario general de Vox con el tema 'Catalunya es España'. “La organización del evento, dice la sentencia, era indicativa no solo de un apoyo a las ideas políticas de dicho partido sobre la situación en Catalunya, sino de una posición favorable al procesamiento de los diputados”.  

La sentencia no tiene efectos jurídicos para Carles Puigdemont, ya que la concesión del suplicatorio tuvo lugar en la legislatura anterior. Al no ser parlamentario en esta, la decisión no tiene ningún efecto práctico respecto de él, ya que, como he explicado varias veces, las legislaturas no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos.

Ello no quiere decir que no tenga efecto alguno, ya que la opinión del TJUE le permite al expresidente esperar la sentencia sobre la ley de amnistía con mucha más confianza. 

En mi opinión, le podría permitir dirigirse al Tribunal Constitucional para que revisara su decisión sobre las medidas cautelares denegadas respecto de la orden de detención en España dictada contra él por el TS. Con esta sentencia, el voto particular de Ramón Sáez Valcárcel se ve enormemente fortalecido frente a la opinión mayoritaria de sus colegas.

Pero, sobre todo, la sentencia sí tiene efectos para Toni Comín, que sí ha sido elegido parlamentario para esta legislatura, pero que se encuentra en una situación esperpéntica, ya que se le reconoce que fue elegido por los ciudadanos, pero no fue reconocido como tal por la Junta Electoral Central (JEC). Al no ser incluido en la lista de eurodiputados elaborada por la JEC, a Toni Comín se le reconoce la titularidad, pero no el ejercicio de la condición de diputado. Esta situación delirante ha sido avalada por el TGUE, pero está pendiente la resolución del recurso por el TJUE, que presumiblemente atenderá la reclamación a tenor de la fundamentación jurídica de la sentencia conocida este jueves.

La sentencia del TJUE viene a reiterar la posición que han tenido todos los órganos judiciales europeos que han tenido que pronunciarse sobre las decisiones de la justicia española, tanto las unipersonales del juez instructor, Pablo Llarena, como las colegiadas de la Sala Segunda. 

Cuando se conozca la sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía, habrá que hacer una exposición de conjunto sobre el naufragio de la “justicia patriótica” en las playas de la justicia europea. En la playa belga, en la alemana, en la italiana, en la escocesa, en la suiza además de en la playa del TJUE.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado este jueves la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad de los entonces diputados Carles Puigdemont, Tonio Comín y Clara Ponsatí en 2021. La sentencia considera que la designación del ponente que redactó el informe para el Parlamento, un diputado de extrema derecha que había compartido un acto junto a Vox favorable a la detención y enjuiciamiento de los independentistas, fue “contraria a la exigencia de imparcialidad”, por lo que debió considerarse nulo.

La sentencia no tiene efectos directos sobre ninguna de las causas abiertas por los independentistas, más allá de la defensa de su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, tanto Puigdemont como Ponsatí han dejado de ser miembros de la cámara, mientras que Comín sigue manteniendo una batalla por ser reconocido como diputado.

La Justicia europea se ha pronunciado concretamente sobre el recurso que interpusieron Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí contra la decisión de la Eurocámara de retirarles la protección parlamentaria en 2021, después de que el Tribunal Supremo solicitase el suplicatorio para poderles juzgar en España por la causa del 'procés'.

No obstante, el abogado general de la Unión Europea recomendó al tribunal el sobreseimiento de la causa al menos para Puigdemont y Ponsatí, porque al no haberse presentado a las elecciones europeas de 2024 “ya no tienen interés en ejercitar la acción”.

En cambio, sí consideraba el abogado, Maciej Szpunar, que el caso “sigue teniendo interés” para Comín, quien se presentó a esos comicios y obtuvo los votos necesarios para revalidar su escaño, aunque hoy en día no lo ocupa porque no acudió a Madrid a acatar la Constitución, por riesgo a ser detenido.

Con todo, el abogado consideró que el TJUE debe desestimar el recurso. En primer lugar, señaló que la Eurocámara no violó los derechos de Puigdemont, Comín y Ponsatí a que su caso se tratara de forma imparcial y equitativa cuando decidió unificar los tres suplicatorios en un único ponente, perteneciente al mismo grupo político que Ciudadanos y VOX, partido que se ha personado en la causa del '1-O'. Tampoco los violó, según Szpunar, al considerar que el suplicatorio que solicitó el Supremo no ponía en riesgo la independencia de la Eurocámara.

El TJUE también se espera que emita este año su sentencia sobre la ley de amnistía, un fallo para el que todavía no hay fecha y que determinará la posible vuelta a España de Puigdemont. Aunque el regreso del líder de Junts dependerá, en gran medida, de la sentencia que debe dictar el Constitucional respecto a si el Supremo debió haber amnistiado el delito de malversación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que las compañías aéreas deben reembolsar la comisión de un intermediario tras la cancelación de un billete de avión. Aunque ya había jurisprudencia europea sobre la devolución del coste de los billetes, ahora el alto tribunal de la UE aclara que no es necesario que la compañía aérea conozca el importe exacto de la comisión de intermediación para dejar de estar obligado a su reembolso, ya que de lo contrario, se debilitaría la protección de los pasajeros y se reduciría el atractivo de recurrir a los servicios de un intermediario.

Los magistrados argumentan que cuando la compañía aérea acepta que el intermediario emita y expida billetes de avión en nombre y por cuenta de dicha compañía, se supone que conoce necesariamente la práctica comercial del intermediario de cobrar una comisión de intermediación. De esta manera, dicho cobro es un elemento “inevitable” del precio del billete de avión y debe considerarse autorizado por la compañía aérea.

Este caso se inició cuando varios viajeros compraron en el portal de reservas de la agencia de viajes Opodo billetes de avión para un vuelo de ida y vuelta de la compañía aérea KLM entre Viena (Austria) y Lima (Perú). Tras cancelarse los vuelos, KLM les reembolsó el importe que habían pagado, una vez deducidos aproximadamente 95 euros que Opodo les había facturado como comisión de intermediación.

Los pasajeros afectados cedieron sus posibles derechos de reembolso a una asociación de protección de los consumidores. Dicha asociación alegó, ante los tribunales austriacos, que el reembolso del coste de los billetes de avión por la compañía aérea en cuestión debía incluir la comisión de intermediación facturada a los pasajeros, como en este caso, por una agencia de viajes que actúa en calidad de intermediaria de la misma compañía aérea.

KLM, por el contrario, sostuvo que no está obligada a reembolsar la comisión de intermediación impugnada, puesto que ignoraba su cobro y más aún su importe.

El Tribunal Supremo de lo Civil y Penal austríaco remitió la consulta al Tribunal de Justicia de la UE, ya que el conocimiento o desconocimiento de la comisión por parte del transportista aéreo podría dar lugar a diferentes interpretaciones.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado este martes en un caso que afecta a Polonia y a dos ciudadanos casados en Alemania que los Estados miembros de la UE están obligados a reconocer el matrimonio homosexual celebrado en otro país comunitario, aunque no acepten los enlaces gais en su legislación interna.

La negativa, según el fallo de la corte con sede en Luxemburgo, viola “la libertad de circulación y de residencia” y “vulnera el derecho al respeto de la vida privada y familiar”, indicó el TJUE en una nota de prensa.

El caso se refiere a dos ciudadanos polacos —uno también con nacionalidad germana— casados en Berlín en 2018 que solicitaron la transcripción de su certificado de matrimonio en el Registro Civil polaco para que su matrimonio fuera reconocido en Polonia.

Las autoridades competentes denegaron la solicitud basándose en que el Derecho polaco no autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El caso llegó al Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo polaco y este trasladó al TJUE una cuestión prejudicial para interpretar la normativa europea.

La corte comunitaria consideró en su respuesta que “denegar el reconocimiento del matrimonio contraído legalmente por dos ciudadanos de la Unión en otro Estado miembro, en el que estos han ejercido su libertad de circulación y de residencia, es contrario al Derecho de la Unión, ya que viola dicha libertad y vulnera el derecho al respeto de la vida privada y familiar”.

Los Estados miembros “están obligados a reconocer, a efectos del ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere, el estatuto marital adquirido legalmente en otro Estado miembro”, agrega el TJUE.

La corte precisa, no obstante, que esto no supone que sea obligatorio introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Derecho interno. Pero cuando un Estado miembro opta por establecer un único medio para el reconocimiento de los matrimonios contraídos en otro Estado miembro, como la transcripción del certificado de matrimonio en el Registro Civil, debe aplicar dicho medio también a los matrimonios entre personas del mismo sexo.

“Los cónyuges de que se trata, en su condición de ciudadanos de la Unión, tienen la libertad de circular y residir en el territorio de los Estados miembros y el derecho a llevar una vida familiar normal tanto cuando ejerzan dicha libertad como cuando regresen a su Estado miembro de origen”, argumenta el tribunal.

Negarse a ello puede provocar “graves inconvenientes administrativos, profesionales y privados, obligando a los cónyuges a vivir como solteros en el Estado miembro del que son originarios”, matizó el TJUE, que considera que ese rechazo “no solo viola la libertad de circulación y de residencia, sino que también vulnera el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar”

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 11 de noviembre de 2025 marca un antes y un después en la Europa social. Luxemburgo avala la Directiva de salarios mínimos y, al hacerlo, confirma que la Unión puede fijar estándares reales de protección cuando están en juego derechos laborales básicos. El salario digno deja así de ser un ideal político para convertirse en un derecho exigible. La impugnación de Dinamarca y Suecia fracasa: los Estados conservan libertad para fijar su modelo, pero ya no pueden eludir la obligación de asegurar salarios que permitan vivir, no sobrevivir.

El Tribunal subraya que la Directiva se apoya en el art. 153.1.b) del TFUE —condiciones de trabajo— y persigue elevar la vida laboral de millones de trabajadores, reforzar la negociación colectiva y reducir la desigualdad. Y fija tres pilares: adecuación del salario mínimo, fortalecimiento de la negociación y acceso efectivo a la protección salarial. Todo ello sitúa la dignidad retributiva en el corazón del proyecto europeo.

Pero la sentencia aporta algo más profundo: recurre de forma reiterada a la Carta Social Europea como referencia jurídica central. Esa insistencia no es retórica. Significa que sus estándares forman ya parte del armazón normativo de la Unión. La integración de la Carta —y, por tanto, del criterio del 60% del salario medio formulado por el Comité Europeo de Derechos Sociales— refuerza su carácter operativo en la evaluación de la suficiencia salarial. Para España, que ha ratificado la Carta y el Protocolo de Reclamaciones Colectivas, este estándar no es una orientación: es una obligación coherente con nuestros compromisos internacionales.

El TJUE anula únicamente la parte de la Directiva que pretendía imponer criterios cerrados a los Estados y la cláusula que impedía revisar el salario mínimo a la baja cuando existían sistemas de indexación automática. Pero devuelve a cada país la responsabilidad de definir su método. En España, ese marco ya existe: el art. 27 del Estatuto de los Trabajadores exige fijar el SMI consultando a sindicatos y patronal y atendiendo a la productividad, el IPC, la participación del trabajo en la renta y la situación económica.

El pronunciamiento recuerda, además, que la negociación colectiva debe ocupar un papel central, y que, pese a la elevada cobertura española, no cabe complacencia. Los Estados deben dotarse de medios efectivos para promover una negociación colectiva real y dinámica, porque es a través de ella como se impulsan salarios que no solo garantizan la dignidad de las personas trabajadoras, sino que también activan el mercado interior y fortalecen la cohesión económica europea. El próximo Real Decreto del SMI debe asumir esta lectura avanzada de la Carta Social Europea, fijar el 60% del salario medio como referencia real de suficiencia y establecer límites estrictos a la compensación y absorción, que hoy congelan miles de salarios y erosionan el poder adquisitivo.

La resolución consagra un principio inequívoco: ningún trabajador debe ser pobre mientras trabaja. Con esta sentencia, la Carta Social Europea se integra plenamente en el cuerpo de derechos sociales de la Unión y refuerza la posición de quienes defendemos su vigencia y su carácter vinculante. Pero este avance también debe responder a un desafío urgente: ofrecer a los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo un horizonte de seguridad y dignidad. Urge dignificar sus salarios —y esto empieza por un SMI suficiente— porque si queremos que nuestros jóvenes vuelvan a creer en nuestra sociedad necesitamos darles la posibilidad real de construir un proyecto vital. Ese proyecto comienza por un salario que permita vivir y continuar, más adelante, por garantizarles acceso a una vivienda digna, aunque ese debate merezca capítulo propio.

Europa avanza cuando el trabajo se retribuye con justicia. Y hoy, con más fuerza que nunca, el salario digno ya no es solo un horizonte: es un mandato jurídico ineludible.

Esta semana hemos conocido el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la conformidad de la Ley de Amnistía con el Derecho de la Unión Europea, en el que refuta los argumentos de los distintos órganos que recabaron la opinión del Tribunal. De confirmarse esta posición en la sentencia, como es previsible, estaríamos ante el fin de un episodio que ha marcado toda la legislatura. 

Recordemos cómo la amnistía acordada entre el Partido Socialista y Junts para la investidura de Pedro Sánchez provocó la rebelión de las togas, con un episodio inédito en este país, miembros de la judicatura española concentrándose en contra de un texto que no conocían. Luego vino la negativa del Senado a aplicar el trámite de urgencia, previa reforma del REglamento de la Cámara, para dilatar lo máximo posible su aplicación. Aún así, la ley se aprobó y ha sido aplicada a centenares de personas y fue ademas declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. 

Cuando quedan por resolver algunas cuestiones de inconstitucionalidad y varios recursos de amparo atinentes además a los líderes del procés, se plantearon varios recursos ante el TJUE que, de resolver como es previsible, de manera acorde a la opinión del abogado general, supondrá el fin a un episodio que ha marcado toda la legislatura. Veremos si ello supone la vuelta de Junts a la mayoría de la investidura. 

Toda amnistía plantea un dilema entre la búsqueda de justicia y la necesidad de reconciliación. Esta máxima, que se repite desde la antigua Grecia, es la que encabeza el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Dean Spielmann sobre la ley de amnistía al procés. Sus conclusiones se sitúan en una línea favorable a las tesis del Gobierno: la norma se aprobó en un contexto de “reconciliación política y social” y no es una “autoamnistía” de los independentistas a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

Tanto en el fondo como en la forma, las conclusiones del abogado general son contrarias a las posiciones mantenidas por el Tribunal Supremo y los demás tribunales españoles refractarios a la ley. También suponen una respuesta contundente a la consideración de “autoamnistía” que alegó el abogado de la Comisión Europea, en una inusual crítica política a la norma en el seno de un procedimiento de cuestión prejudicial ante el TJUE.

Aunque el Gobierno y los independentistas han cantado victoria, cabe remarcar que las conclusiones de este jueves del abogado general del TJUE no son la sentencia del caso, que se emitirá en invierno. Es cierto que los magistrados de Luxemburgo suelen seguir las opiniones del abogado general, pero en casos sensibles e inéditos también son especialistas en dar giros de guion. Sirvan de ejemplo causas enviadas desde España como las cláusulas hipotecarias abusivas o la de derecho al olvido de Google, en las que los magistrados enmendaron a su abogado general. 

El propio abogado general Spielmann admite en su dictamen que tiene que argumentar sobre una “cuestión inédita y de primera importancia”: hasta dónde puede llegar el TJUE en el control sobre una ley de amnistía aprobada por un estado miembro. Los detractores de la amnistía que soñaban con un desguace de la ley por parte de los magistrados de Luxemburgo no pueden estar satisfechos con las conclusiones del abogado general.

Salvo volantazo, de seguir las conclusiones de su abogado general, el TJUE se situaría en una posición de prudencia y de no injerencia en los grandes aspectos de la amnistía. Así, el abogado general hace mucho hincapié en que no se trata de que Luxemburgo se adentre a valorar el “alcance material o temporal” de la norma, esto es, si la ley precisa lo suficiente sus beneficiarios o sus años de aplicación, sino en si alguno de sus artículos incluye “actos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos”.

La respuesta a este extremo también es negativa. Lo hace en uno de los aspectos de la norma que más preocupaba a los independentistas, el relativo a la causa por terrorismo de los CDR en la Audiencia Nacional, uno de los cuatro tribunales que ha planteado cuestiones prejudiciales ante el TJUE sobre la amnistía. El límite fijado en la ley, consistente en no amnistiar únicamente los actos terroristas que supongan violaciones graves de derechos humanos (lo que no es el caso de los CDR), es correcto y compatible con la normativa europea e internacional.

A criterio del abogado general, la ley solo es contraria al derecho europeo en dos aspectos menores y ya superados: los dos plazos que la ley daba en junio de 2024 a los jueces para decidir si la aplicaban y la obligación de retirar las cautelares.

Pero en sus aspectos nucleares, la norma no presenta inconvenientes, en opinión de Spielmann. Además de no ser contraria a los intereses financieros de la UE y a la normativa antiterrorista, el abogado general también remarca que la norma no vulnera los principios generales de seguridad jurídica, confianza mutua, igualdad ante la ley y primacía del derecho de la UE consagrados en los tratados comunitarios. 

Lo contrario había mantenido el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal realizó varias manifestaciones sobre la norma y su encaje en el derecho europeo, aunque optó no por enviarla al TJUE, sino por realizar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Entre sonoras alusiones a los independentistas como “golpistas”, los magistrados de la máxima instancia judicial española dejaron caer que la vulneración que, a su juicio, suponía la norma al principio de seguridad jurídica o a la igualdad ante la ley no eran “ajenas” al Derecho de la Unión Europea.

En cambio, el abogado general insiste en que los principios de seguridad jurídica y confianza mutua “no se oponen” a la ley. Es más, cree que ese debate debe quedar fuera del TJUE, que solo ha de analizar si la norma incluye graves vulneraciones de derechos humanos, algo que no ocurre con la amnistía.

“Aunque la amnistía presenta un ámbito de aplicación material y temporal amplio, se inscribe en una lógica interna que le confiere una coherencia propia”, resuelve el abogado general, que también da la razón al Gobierno español al señalar que la norma “identifica con precisión” los hechos amnistiados, abarca “un periodo determinado” y guarda “relación directa” con el objetivo de “normalización institucional y reconciliación social”.

Esta tesis del abogado general también choca con lo planteado por el letrado de la Comisión Europea en el pleito por la amnistía, Carlos Urraca, y varias resoluciones del Supremo contrarias a la norma. 

En un ejemplo de puño de hierro con guante de seda, el abogado general considera “oportuno tocar la cuestión de la autoamnistía” que sacó a colación Urraca durante la vista celebrada el pasado mes de julio. “Aunque no sea objeto de una problemática específica en la petición de decisión prejudicial”, apostilla Spielmann en velada referencia a la crítica política desplegada por el letrado de la Comisión.

“No parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, proclamó Urraca. “Nada permite calificar a la ley de amnistía como autoamnistía”, replica el abogado general de la UE, que también descarta que sustraiga de funciones al poder judicial y que exista “un vínculo directo entre el ejercicio del poder político y el beneficio de la medida”.

La palabra “vínculo” también apareció en uno de los autos del Supremo contrarios a la norma, pero en un sentido opuesto al del abogado general del TJUE. La Sala de lo Penal consideró que había un “vínculo inseparable” entre la aprobación de la ley de amnistía y la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que además había sido “proclamado con orgullo” por los partidos favorables a la norma.

La conclusión del abogado general es cristalina: “La ley no pretende proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles situaciones judiciales, sino dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

La futura sentencia y sus efectos

Las futuras sentencias del TJUE sobre la amnistía desplegarán efectos en los cuatro tribunales españoles que elevaron sus cuestiones prejudiciales: la Audiencia Nacional en el caso de los CDR; el Tribunal de Cuentas en la causa por los gastos del procés; el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el caso de los colaboradores de Junqueras y el 1-O; y un juzgado penal de Vilanova y la Geltrú (Barcelona) en un juicio por desobediencia. 

Las fuentes jurídicas consultadas apuntan a que, si la sentencia sigue la opinión del abogado general, estas causas deberán archivarse con celeridad, ya que los planteamientos de Spielmann no dan margen de maniobra para otra interpretación que no sea la aplicación de la amnistía. 

Otra cosa es lo que ocurra en el Supremo y si el Alto Tribunal, una vez el Constitucional emita su sentencia sobre la amnistía a Puigdemont a principios del año que viene, quiere retrasar la aplicación de la norma con una cuestión prejudicial al TJUE.

Para ello el Supremo tendría que argumentar que una nueva cuestión prejudicial después de la sentencia del TJUE no aborda aspectos ya respondidos por Luxemburgo. La normativa del TJUE impide emitir una nueva sentencia respecto a aquello que ya se ha aclarado (como podría ser el caso de la malversación y la afectación de la norma a los principios de seguridad jurídica, que aborda el abogado general en su dictamen).

Además, un aval total del TJUE a la amnistía restaría posibilidades de éxito a una eventual nueva petición de extradición de Puigdemont, cuyos anteriores intentos se han saldado con sonoros fracasos del Supremo. Uno de los motivos que la directiva europea sitúa como motivo para denegar una extradición es que el hecho delictivo haya sido amnistiado. Así lo recuerda también el abogado general este jueves.

El dictamen de Spielmann recuerda que Aristóteles dejó escrito en La Constitución de los atenienses que la amnistía de Atenas a la Tiranía de los Treinta en el año 403 a.C. ya incluía la “voluntad explícita de reconciliación política”. Lo mismo ocurre más de 2000 años después en otra orilla del Mediterráneo.

Aval del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a los aspectos nucleares de la ley de amnistía. El abogado general ha concluido que la norma “no se opone” a la normativa europea de lucha contra el terrorismo ni a la protección de los intereses financieros de la Unión. Se trata de los dos elementos centrales, relativos a la malversación y el terrorismo, que sí cuestionaban los tribunales españoles contrarios a la norma. El TJUE emitirá la sentencia del caso en los próximos meses.

Más allá de consideraciones jurídicas, el texto del abogado general del TJUE replica con contundencia las críticas políticas a la norma lanzadas por el abogado de la Comisión Europea (que se alineó con las posiciones del PP). El abogado general niega que la ley sea una “autoamnistía”, avala toda su tramitación y la enmarca en el objetivo “de normalización institucional y reconciliación”, tal y como defiende el Gobierno.

El letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tan solo cuestiona dos aspectos menores y, en parte, ya superados de la norma, como la obligación a los jueces de resolver en dos meses su aplicación (la norma se publicó en el BOE el año pasado y este plazo ya se ha cumplido) y retirar toda medida cautelar.

Además de la ofensiva del Tribunal Supremo contra la ley al negarse a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers, cuatro instancias nacionales enviaron al TJUE cuestiones prejudiciales antes de decidir sobre la norma.

Las cuestiones prejudiciales más relevantes fueron las enviadas a Luxemburgo por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en los casos sobre los gastos del 1-O y los CDR acusados de terrorismo. Estos tribunales consideran que la norma pone en riesgo los intereses financieros de la UE y vulnera a la directiva europea de lucha contra el terrorismo, extremo que este jueves ha desmentido de forma rotunda el abogado general del TJUE Dean Spielmann en sus conclusiones.

Tras despejar de forma clara las dudas jurídicas sobre la norma, el letrado general también replica a las inusuales críticas políticas contra la norma que realizó el abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, en la vista del pasado mes de julio. El abogado de la Comisión cuestionó la amnistía “a cambio” de la investidura y la llegó a tildar de “autoamnistía”.

La respuesta del abogado general es clara. “Nada permite calificar la ley de autoamnistía”, zanja Spielmann en su texto. El abogado general agrega que la norma se aprobó en el Congreso fruto de un procedimiento “regular” y “tramitado en el seno de un sistema democrático pluralista”, y no como resultado “de un acto unilateral impuesto por un poder autoritario”.

El abogado general también niega que la amnistía suponga arrogarse las funciones del Poder Judicial. “Su aplicación no se sustrae al control judicial”, remarca el texto de Spielmann, que remarca que la norma está bien acotada en cuanto a hechos y plazo temporal: “Se aplica a un conjunto determinado de actos, circunscritos en el tiempo y vinculados a un período de tensión política, sin consideración de la condición pública o privada de las personas interesadas”.

La norma, insiste el abogado general en una larga argumentación, “no pretende proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales”. Todo lo contrario, se trata “una respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación”.

En suma, a falta de la sentencia del TJUE, el abogado general se alinea con las tesis del Gobierno, que en la vista de Luxemburgo defendieron la Fiscalía y la Abogacía del Estado, y realiza una réplica de profundidad a las críticas políticas a la norma realizadas por la Comisión Europea y varios tribunales españoles.

Reacciones políticas

Pese a no tratarse de la sentencia del caso, las reacciones políticas se han sucedido este jueves. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorado positivamente la decisión y ha pedido que se aplique “con celeridad y sin subterfugios” una ley que considera que es buena para Catalunya y España: “Siempre confiamos que sería así”. Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tildado de “victoria rotunda” la resolución del abogado general del TJUE.

Por su lado, el independentismo ha confiado en que la futura resolución del TJUE siga los pasos de la opinión del abogado general. El expresident Carles Puigdemont ha valorado que el dictamen “deja en evidencia la indecente estrategia de dilación y manipulación para bloquear la aplicación de la ley de amnistía”, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado que el letrado “avale las tesis que ERC ha defendido siempre”, al tiempo que ha criticado la intención “manifiesta” del Supremo de no aplicar la norma.

En cambio, el PP se ha agarrado a los cuestionamientos menores de la norma que hace Spielmann. Obviando que el abogado avala el grueso de la norma, la líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha arremetido de nuevo contra la ley.

A la espera de sentencia

El abogado general de la UE es una figura del TJUE que proporciona a los magistrados opiniones jurídicas sobre los casos tras estudiarlos a fondo. Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero guían al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la redacción de la sentencia, que todavía no tiene fecha.

A nivel jurídico, la Comisión se situó en un punto intermedio entre partidarios y detractores de la ley: la avaló a grandes rasgos pero rechazó algunos de sus aspectos y, en otros, pidió dejarlos en manos de los jueces españoles (extremo que quieren evitar los independentistas). Las conclusiones del abogado general van en la línea de las expectativas independentistas y no dan margen de maniobra a los tribunales españoles que han planteado las cuestiones prejudiciales para no aplicar la ley.

De la respuesta europea a la amnistía dependen, en buena medida, dejar ya casi en imposible cualquier nueva petición del Supremo para extraditar al expresident Carles Puigdemont así como salvar de la cárcel a los CDR acusados de terrorismo.

Uno de los aspectos clave de la futura sentencia será ver el margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo pueden dejar a los tribunales españoles para aplicar la amnistía (y que será clave para comprobar si los magistrados en España vuelven a ignorar la ley y no la aplican en los casos más sensibles para los independentistas, como ha hecho el Supremo con Puigdemont). Para ello habrá que esperar a la sentencia del TJUE dentro de unos meses.

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha tachado de “errónea” y “dañina para el medio ambiente, para Galicia y para la economía” la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula un parque eólico en Mazaricos (A Coruña) al apreciar que la evaluación ambiental no se hizo de manera adecuada. Es la primera resolución del alto tribunal gallego tras las resolución del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que dio la razón a la Xunta en cuanto a los plazos y la participación pública en la tramitación de proyectos renovables.

La Xunta, según adelantó Vázquez, va a recurrir la decisión del TSXG. La conselleira a defendido que el fallo, que anula la autorización dada por el Gobierno gallego al parque, en realidad da la razón a la administración gallegoa poque “nadie fue capaz de demostrar que este parque era nocivo para el medio ambiente”. “Pero siempre hay una excusa y esta excusa consiste en seguir paralizando el desarrollo de las energías limpias y de las energías verdes”, agregó, según recoge Europa Press.

Los argumentos por los que los jueces echan abajo el proyecto son cuestiones “de forma” para la responsable de Medio Ambiente. La sentencia considera que la evaluación ambiental tendría que haberse hecho del impacto de los aerogeneradores y de la infraestructura de conexión a la red de forma conjunta y no por separado. También objeta que no hubo un análisis para prevenir o contener los daños que se podrían producir en espacios incluidos en Red Natura que se encuentran cerca.

Vázquez asegura que la sentencia es “errónea” y “debería revisarse”. Además, considera que “alguien se tiene que hacer responsable de lo que está sucediendo” porque la situación derivará en que no se cumplan los objetivos marcados de neutralidad climática. La responsable de Medio Ambiente apunta a la Justicia y estas decisiones para responsabilizarla de que “se sigan emitiendo a la atmósfera 2,5 millones de toneladas de CO2”.

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Rimvydas Norkus, ha indicado este jueves que la conversión en fijos de los trabajadores interinos en abuso de temporalidad es una medida “válida y proporcionada”. En sus conclusiones, remitidas al Tribunal Supremo español, advierte además de que la alternativa —un incremento generalizado de las indemnizaciones— provocaría “un colapso económico y judicial”.

El pronunciamiento avala los argumentos que desde hace años defiende el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA), que ha reclamado al Gobierno de España la aprobación inmediata de un decreto ley que garantice el derecho a la fijeza del personal en abuso de temporalidad en todas las Administraciones Públicas, incluidos los ya cesados. También pide al Ejecutivo aragonés que actúe “en la misma línea” dentro de sus competencias.

“El contundente dictamen del Abogado General demuestra que la fijeza es el único camino y la mejor solución para los afectados, las arcas públicas y los ciudadanos”, sostiene el sindicato.

“Una reparación efectiva y proporcionada”

Las conclusiones de Norkus responden a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo después de que el TJUE condenara a España por no tomar medidas efectivas frente al abuso de la contratación temporal en el sector público. El Alto Tribunal español preguntó si era obligatorio convertir en fijos a los interinos en esta situación —como ocurre en el sector privado— o si bastaría con elevar las indemnizaciones por despido, actualmente de 20 días por año trabajado.

El Abogado General considera que la legislación comunitaria no impone necesariamente la fijeza, pero subraya que esta opción es jurídicamente válida y proporcionada. Añade que el ordenamiento español no contempla una alternativa que cumpla simultáneamente con los dos objetivos exigidos por la UE: sancionar a la Administración incumplidora y compensar de forma justa al trabajador.

Según el dictamen, ni siquiera la indemnización máxima vigente en España —de 30 días por año de servicio con un tope de 24 mensualidades— garantiza una reparación efectiva y proporcionada, por lo que insta a establecer un nuevo sistema con compensaciones mucho más elevadas.

17.000 empleados en abuso en la DGA

STEPA recalca la especial relevancia del pronunciamiento en Aragón, donde estima que unos 17.000 empleados públicos se encuentran en situación de abuso de temporalidad, casi un 30% de la plantilla de la DGA. La tasa de temporalidad en la Administración autonómica se sitúa en el 46%, muy por encima de la media nacional.

El sindicato defiende que reconocer la fijeza como “personal fijo a extinguir” es una figura “plenamente constitucional y ya aplicada en casos como el del Instituto Aragonés del Agua”. A su juicio, esta medida permitiría cumplir con las exigencias europeas de reducción de la temporalidad, aprovechar la experiencia del personal afectado y “revertir el deterioro de los servicios públicos”.

Si, por el contrario, el Tribunal Supremo opta por la vía de las indemnizaciones, STEPA advierte de que el impacto económico sería mucho mayor: “Se produciría un quebranto del erario público porque al aumento de las cuantías se sumaría una avalancha de demandas”.

El sindicato recuerda además que la Comisión Europea “espera este pronunciamiento para acelerar los procedimientos de infracción contra España”, lo que, según su análisis, sitúa al Gobierno de Pedro Sánchez “en una situación de presión máxima” ante Bruselas.

El sector eólico en Galicia está sumido en una parálisis en los últimos años. El goteo de pronunciamientos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) frenando proyectos ha sido constante y son decenas los aprovechamientos previstos que siguen a la espera. Las cautelas no son por un único motivo: en los litigios se habla del potencial daño ambiental, de posibles fragmentaciones ilegales y de los plazos para la presentación de alegaciones. Sobre este último aspecto acaba de arrojar luz el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha avalado la tramitación que ha estado haciendo la Xunta. Pero este paso no se va a traducir en un desbloqueo, según expertos y los propios empresarios promotores.

En varios de los razonamientos del TSXG para detener proyectos eólicos estaba un cuestionamiento de los plazos de participación pública porque la Xunta abría el periodo para alegaciones antes de que en el expediente constasen todos los informes sectoriales. Es decir, que la posibilidad de hacer aportaciones u objeciones se daba antes de que se integrasen informes de diferentes administraciones sobre aspectos como el impacto en el patrimonio cultural, en el paisaje o en terrenos de valor natural y, por lo tanto, los ciudadanos no podían consultar estos documentos para presentar sus alegaciones.

El TJUE valida la forma de proceder de la Xunta. Dice, en concreto, que “no se opone” a que, cuando se hace una evaluación ambiental de un proyecto, sean consultados al mismo tiempo el público interesado y las administraciones con responsabilidades específicas. Esto quiere decir que avala que el periodo para alegaciones sea antes de que estén disponibles los informes sectoriales y considera que el público no está “facultado” para presentar más observaciones una vez que esas administraciones hayan emitido sus dictámenes. Estas manifestaciones de la Justicia europea son la respuesta a una cuestión prejudicial que había presentado el Tribunal Superior de Galicia para aclarar si debían o no admitirse los plazos que se estaban aplicando en Galicia.

La Xunta, que ha señalado reiteradamente al TSXG al hablar de la parálisis del eólico, reaccionó al pronunciamiento de la Justicia europea reclamando al tribunal gallego que se apresure a retomar los pleitos paralizados. El presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, manifestó que se abre “un nuevo horizonte”. Ninguno de los responsables de la Xunta hizo mención al resto de cuestiones judiciales que afectan al sector y que están pendientes de resolución. Dependiendo de a quién se le pregunte, las manifestaciones de la Xunta se encuadran más en el terreno de la propaganda o en el desiderativo que en el de la realidad inmediata.

“¿Desatasco? Va a ser muy complicado”, dice el presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), Manuel Pazo. “Hay una resolución sobre [el procedimiento de] información pública, pero los proyectos tienen otra serie de contenciosos diferentes”, expone. Lo ilustra comparando la cifra de proyectos con recursos ante los tribunales, que son 92 -86 con la autorización administrativa suspendida-, con los más de 200 pleitos presentados, lo que quiere decir que cada uno “tiene dos o más contenciosos”. Aun con el dictamen del TJUE, cree que “un tribunal, por tiempos, es casi imposible que resuelva esto en un año. Va a ser un poco complicado de desatascar”.

Tampoco prevé un escenario de desatasco inmediato la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Alba Nogueira. “Lo que puede pasar es que se levanten las suspensiones ligadas a temas de información pública e informes sectoriales, pero hay otras suspensiones cautelares por temas de protección de espacios naturales que imagino que se van a mantener”, explica. El TSXG ha frenado por posible daño ambiental decenas de iniciativas.

La fragmentación de parques

Hay una “tercera pata” en la cuestión, recuerda Nogueira: algunos proyectos están pendientes de que se pronuncie el Tribunal Supremo para aclarar qué se considera fragmentación ilegal de parques eólicos. Existe ya un dictamen que afecta al parque eólico de Campelo, entre los municipios coruñeses de Santa Comba y Coristanco. El TSXG lo había parado porque consideraba que, en realidad, formaba parte de un aprovechamiento más extenso por su proximidad a otros aerogeneradores. El Supremo, sin embargo, lo descartó. Defiende que el hecho de que dos o más parques compartan instalaciones de conexión a la red “no comporta, ineludiblemente” que haya que considerar que se trata de un único proyecto a efectos de su evaluación ambiental.

Ahora hay otro caso admitido en casación en el Supremo, que se refiere al parque de Bustelo. Es, precisamente, uno de los que está en las inmediaciones del de Campelo y uno de los que citaba el TSXG para considerar que había una fragmentación ilegal. Manuel Pazo, de EGA, prevé que la sentencia sobre Bustelo se dé a conocer en septiembre u octubre y permita despejar también la cuestión en este flanco.

Con este escenario, la previsión es que los tribunales tengan que revisar uno a uno los proyectos paralizados. “Los plazos va a ser largos”, señala Pazo. Y, aunque lleguen los permisos para seguir adelante con los parques, apunta que hay otros problemas. Algunas de las iniciativas se han quedado obsoletas en este tiempo por los avances tecnológicos y habrá que hacer una modificación sustancial, que implicar repetir parte de los trámites. Pide que se haga la trasposición a la legislación estatal de las directivas europeas sobre el despliegue de las energías renovables. Eso, sostiene, dará seguridad jurídica.

La falta de planificación

La catedrática Alba Nogueira insiste también en que la cuestión que resuelve el TJUE no es la única problemática jurídica que afecta al sector eólico en Galicia. Y recalca que la resolución tiene también matices: parte de la suposición de que el estudio de impacto ambiental, que redacta el propio promotor, es lo suficientemente detallado y solvente.

Para la experta, uno de los problemas fundamentales que lastra el desarrollo eólico en suelo gallego es la falta de planificación sectorial. El plan eólico, recuerda, está desfasado. Aprobado en 2002, no se sometió a una evaluación de impacto estratégica porque no era una obligación en aquel entonces. Alberto Núñez Feijóo había anunciado una revisión tras llegar al Gobierno gallego en 2009, pero no la acometió. Y la Xunta, presidida ya por Alfonso Rueda, manifestó en enero de este año que encargaría la redacción de un nuevo documento, pero los trabajos no han sido contratados.

De este modo, insiste Nogueira, falta cruzar la información de las zonas sensibles con la de las áreas en las que se pretende instalar aerogeneradores y evaluar el impacto. De esta situación, señala, se deriva que el TSXG haya aceptado medidas cautelares de paralización solicitadas en decenas de casos por posible daño al medio ambiente. Por ello cree que, en las declaraciones de la Xunta tras el dictamen del TJUE hay “una parte de propaganda”: “Se resuelven una parte, pero no todos los problemas jurídicos que están pendientes”.

Parte de la solución está en que la Xunta “planifique de una vez qué terrenos son aptos para eólicos y cúales no”, defiende Nogueira. “No hay espacio para recursos cuando las cosas están bien hechas”, razona. Añade que tampoco contribuyen a la seguridad jurídica las reformas “compulsivas” -habituales en la ley que acompaña cada año a los presupuestos- de las normas que afectan al sector ni dejar en manos privadas parte de los controles ambientales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón a la Xunta en la tramitación de eólicos, ya que falla que los Estados miembro no están obligados a permitir observaciones públicas tras los informes sectoriales. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) planteó una triple cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine si la Xunta debió poner a disposición del público interesado (no solo de los promotores) los informes sectoriales sobre parques eólicos para que pudiese, en su caso, formular alegaciones y participar en el proceso de toma de decisión sobre las autorizaciones de los proyectos antes de que fuesen aprobados. Esos informes sectoriales contienen información sobre materia forestal, de aguas, de patrimonio natural y cultural, de turismo, de salud, de energía eléctrica y de seguridad aérea, entre otros.

Este viernes, el TJUE ha emitido sentencia en la que declara que la directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente -del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014- debe interpretarse en el sentido de que: “No se opone a una normativa de un Estado miembro que establece que, en el marco de un procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de un proyecto sujeto a dicha directiva, las autoridades que puedan verse afectadas por dicho proyecto, debido a sus responsabilidades específicas en materia de medio ambiente o a sus competencias locales y regionales, sean consultadas al mismo tiempo que el público interesado, sin que este último esté facultado posteriormente para presentar a la autoridad o autoridades competentes para autorizar dicho proyecto sus observaciones y comentarios sobre los dictámenes emitidos por las autoridades consultadas en ese contexto”.

El Tribunal de Justicia recuerda que dicha directiva establece que la participación del público debe ser efectiva y producirse en una fase temprana del procedimiento, antes de que se adopte la decisión sobre el proyecto, cuando todavía todas las opciones están abiertas. Sin embargo, no exige que la consulta al público tenga lugar después de la de las autoridades ni que este pueda necesariamente formular observaciones sobre los informes emitidos por estas. El Tribunal de Justicia de la UE destaca que la directiva deja a los Estados miembros cierto margen sobre las modalidades de consulta, siempre que se garantice el acceso a la información esencial y un plazo de al menos 30 días para que el público interesado pueda presentar observaciones. En ese sentido, si el informe de impacto ambiental elaborado por el promotor del proyecto, conforme a la directiva, contiene información suficiente y está a disposición del público durante al menos 30 días, puede considerarse que se ha respetado el derecho de participación.

Finalmente, el Tribunal de Justicia señala que imponer la obligación adicional de someter todos los informes sectoriales a observaciones públicas posteriores podría generar cargas desproporcionadas para las administraciones nacionales, en contra del objetivo de eficiencia del procedimiento decisorio recogido en la Directiva que modificó la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

La sentencia de la Justicia europea no significa, sin embargo, la reanudación de las obras de las decenas de parques eólicos paralizados cautelarmente por el Tribunal de Xustiza de Galicia. Este analizará caso a caso, y varias de esas suspensiones se deben al riesgo de daños irreversibles al medio ambiente. Algunos ambientalistas culpan a la Xunta de Galicia de “incompetencia” y poca sensibilidad social en el impulso de las energías renovables.

El origen del caso: Petón do Lobo

En diciembre de 2017, la sociedad Eurus Desarrollos Renovables, S.L.U. solicitó a la Xunta las autorizaciones administrativas previa y de construcción del parque eólico A Raña III, ubicado en el municipio de Mazaricos (A Coruña). A su solicitud acompañó una evaluación de impacto ambiental conforme a lo previsto en la Ley española de evaluación ambiental. El procedimiento incluyó una fase de información pública de 30 días, durante la cual se presentaron observaciones. Paralelamente, se recabaron los informes sectoriales de los organismos competentes en ámbitos como el forestal, el del agua, el patrimonio natural y cultural, el turismo, la salud, la energía eléctrica y la seguridad aérea, en aplicación de dicha ley. El 17 de junio de 2022, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático emitió la correspondiente declaración de impacto ambiental, y el 30 de junio de ese mismo año, la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais otorgó las autorizaciones solicitadas.

La asociación ecologista Petón do Lobo interpuso recurso administrativo contra esta resolución. Al no recibir respuesta, presentó recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el que alegaba, entre otros motivos, la ausencia de un nuevo trámite de audiencia pública tras la emisión de los informes sectoriales. Según la asociación, esto vulneraría la directiva relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, interpretada en el sentido de que el público debe poder formular observaciones sobre los informes clave antes de la decisión final, cuestión que ahora ha desechado el TJUE.

La amnistía ha quedado vista para sentencia en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establecerá en los próximos meses el encaje en el derecho de la UE del olvido penal a los casos de malversación y terrorismo. La vista de esta martes ha estado marcada por el choque entre el representante de la Comisión Europea, muy crítico con la ley, con los representantes de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas de los encausados, que han defendido la legalidad de la norma.

De la decisión del TJUE depende el futuro judicial de una docena de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional acusados de delitos por los que se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión. También 33 altos cargos, entre ellos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas, después de que el Tribunal de Cuentas también elevara una cuestión prejudicial al TJUE para determinar si la amnistía tiene cabida dentro del derecho comunitario. Los jueces tienen ya los argumentos de las defensas de los acusados y de las acusaciones (Sociedad Civil Catalana y la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo), aunque el epicentro de la vista celebrada este martes ha sido el choque entre España (abogacía del Estado y Fiscalía) y la Comisión Europea.

En línea con lo que el gobierno comunitario expresó en sus observaciones por escrito, el letrado ha cuestionado el “interés general” que el Gobierno le atribuye a la normativa. Pedro Sánchez siempre ha defendido que se trata de una iniciativa para enterrar el conflicto político en Catalunya. “No parece que la Ley Orgánica de Amnistía [LOA] responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, ha expresado el agente Carlos Urraca Caviedes.

También ha mantenido los argumentos con un mayor calado político que generaron malestar en el Gobierno, que consideró que los servicios jurídicos de la Comisión Europea se excedieron en su interpretación y lo vincularon con la cercanía al PP del jefe del departamento, que ha desarrollado su carrera en Bruselas de la mano de los conservadores. A pesar del cambio en la cúspide de ese organismo, la línea se ha mantenido en los argumentos esgrimidos por el gobierno comunitario, que también chocan con la posición del Tribunal Constitucional.

“Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse, garantizándose su inmunidad jurídica, son contrarias al principio del Estado de Derecho; en opinión de la Comisión, el mismo criterio debería aplicarse cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario”, ha afirmado Urraca Caviedes en referencia a la ley, que nació de la negociación del PSOE Junts y ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez.

Y el colofón ha llegado en el alegato final, tras ocho horas de vista. “La Comisión Europea cree que en último término este asunto suscita una cuestión importante, que es la siguiente: si es compatible con los valores de la Unión Europea conceder la amnistía a cambio de apoyo para la investidura de un gobierno. La Comisión Europea cree que la respuesta tiene que ser negativa”.

En contra se ha topado con la Fiscalía, que ha justificado que las amnistías sean el resultado de una negociación política. En la misma línea se ha pronunciado la abogada del Estado, Andrea Gavela Llopis, que ha recordado que el afán de la recuperación de la normalidad y la convivencia dentro Catalunya y con el resto de España. “Por principio una ley debatida y aprobada por el parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía”, ha defendido.

La parte de las preguntas que ha planteado el Tribunal de Cuentas se ha centrado fundamentalmente en el límite de dos meses para aplicar la amnistía. Ahí se ha producido el otro gran choque con la Comisión Europea, que considera que no da margen a que investigue si los gastos del procés perjudicaron a los intereses de la UE. Y sostiene que ese es el organismo jurisdiccional que lo tiene que determinar, aunque la Comisión Europea, que es la guardiana de los tratados y de los intereses del bloque comunitario. De hecho, la Comisión Europea rechaza que el procés afectara a las cuentas europeas.

El fiscal ha recordado que ese precepto no ha surgido en ninguno de los procesos judiciales que durante años se han celebrado en torno al secesionismo catalán hasta el momento en el que se promulgó la amnistía. La abogada del Estado ha defendido la necesidad de establecer plazos procesales y ha apuntado a que no ha habido ninguna consecuencia para los organismos que no hayan adoptado aún las medidas de la ley de amnistía. Igualmente, se han suspendido en el momento en el que se han elevado las cuestiones prejudiciales al TJUE, que tardará unos meses en pronunciarse.

Aunque a priori la parte de la malversación, por la afectación a altos cargos como Puigdemont o Junqueras, se llevaba el foco, no ha sido así para los jueces que componen la Gran Sala, que han formulado muchísimas más preguntas sobre el encaje de la amnistía a los acusados por terrorismo en el marco de la directiva con la que la UE armonizó esos delitos con unos tipos mínimos.

Los jueces han interrogado a las partes por la aplicación de la amnistía a esos delitos, que quedaron excluidos en la ley en aquellos casos en los que no hubiera vulneración de los derechos humanos, es decir, que no hubiera resultado de muerte o tortura. Ese es el asunto que mayor interés ha suscitado para los magistrados.

No despenaliza conductas punibles

Los argumentos de la abogada del Estado han sido que es que la amnistía no despenaliza las conductas punibles, ni modifica su descripción típica o elimina o introduce elementos determinantes de la punibilidad con proyección hacia el futuro. “Se limita a suprimir los efectos jurídicos de la aplicación de unas normas cuya validez y vigencia no cuestiona”, señala la letrada en referencia a que los efectos del perdón tienen que ver con conductas del pasado sin que ello suponga un riesgo sistémico que pueda comprometer la efectividad del Derecho de la Unión.

Ahí también hay una diferencia de criterio con la Comisión Europea, que ha sugerido que el ámbito de aplicación de la amnistía es demasiado amplio, aunque ha dado varios giros en la argumentación. “Observamos que el ámbito de aplicación es muy amplio y hay mucha indeterminación. Por eso se puede violar el efecto útil de la directiva”, ha dicho el representante de la Comisión Europea, que después ha asegurado que corresponde determinar ese tipo de cuestiones al tribunal nacional. Pero apenas se ha centrado en ese asunto en su intervención final, en la que ha dejado el gran golpe político a la amnistía al asegurar que no es compatible con los valores de la UE.

Serán los jueces los que tengan la última palabra, aunque todavía tardarán unos meses en pronunciarse. Y, entre tanto, en Madrid, Sánchez trata de mantener las alianzas con las fuerzas independentistas.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha celebrado este martes la vista sobre las cuestiones prejudiciales de la amnistía que establecerán el encaje en el derecho de la UE del olvido penal a los casos de malversación y terrorismo. La primera parte de la jornada se ha desarrollado en torno a la causa que afecta al Tribunal de Cuentas y por la tarde le ha tocado el turno a las preguntas elevadas por la Audiencia Nacional respecto al perdón a los CDR. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y los abogados de los encausados han unido fuerzas en su defensa de la norma frente a los denunciantes de Sociedad Civil Catalana, que ven incompatible la amnistía con las normas europeas. Por su parte, la Comisión Europea ha cuestionado el “interés general” detrás de la normativa, aunque rechaza el elemento fundamental por el que el asunto ha llegado a Luxemburgo al negar que el procés afectara a los intereses económicos de la UE. Y, en el alegato final, el representante ha lanzado el dardo más político al asegurar que la medida “a cambio de la investidura de un Gobierno” es “incompatible con los valores de la UE”.

“No parece que la Ley Orgánica de Amnistía [LOA] responda efectivamente a un objetivo de interés general dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España”, ha afirmado el representante de la Comisión Europea, Carlos Urraca Caviedes, que también pone en duda que las autoridades españolas atendieran “a las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación”. En ese sentido, censura que se tramitara por la vía de urgencia y ha recriminado que no hubiera informes de organismos independientes.

La abogada del Estado ha precisado que la tramitación urgente no elimina la presentación de informes preceptivos (que sólo se requieren cuando la iniciativa parte del Consejo de Ministros) sino que se limita a acortar los plazos. “Se cumplieron todos los trámites de ese procedimiento”, ha dicho letrada al recordar que la proposición de ley la presentó el PSOE en el Congreso.

“Una división profunda y virulenta”

En contra del principal argumento político de Pedro Sánchez para justificar la amnistía, que se fundamenta en la convivencia y la resolución del conflicto político en Catalunya, la Comisión Europea apunta a “una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española”. La derecha llevó incluso a Bruselas su ofensiva contra la amnistía.

“Las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo, con un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la invocada reconciliación social y política”, ha reiterado el letrado en línea con lo que el ejecutivo comunitario reflejó ya en sus observaciones por escrito. Ese texto no sentó nada bien al Gobierno, que señaló al jefe de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, Daniel Calleja, cuya carrera en Bruselas ha estado ligada al PP. Carlos Urraca Caviedes, también español y experto en asuntos de competencia, está por debajo en el escalafón.

“Existen dudas sobre el requisito de que las disposiciones de la LOA sean claras y precisas”, ha agregado el letrado que, sin embargo, ha reconocido que determinarlo correspondería al Tribunal de Cuentas, que ha planteado cuestiones prejudiciales en el marco de la presunta malversación que afecta a 33 altos cargos, entre ellos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas.

La Fiscalía defiende la negociación política de la amnistía

Por su parte, la Fiscalía ha recordado que lo normal es que los procesos de amnistía se negocien políticamente. El fiscal también ha rechazado el concepto de “autoamnistía” que introdujo la Comisión Europea en sus alegaciones por escrito y que el agente de la Comisión Europea ha reiterado. “Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse, garantizándose su inmunidad jurídica, son contrarias al principio del Estado de Derecho; en opinión de la Comisión, el mismo criterio debería aplicarse cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario”, ha afirmado Caviedes en referencia a la ley, que nació de la negociación del PSOE Junts y ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez.

La Abogacía del Estado, que representa al Gobierno, ha recordado que la norma siguió la correspondiente tramitación parlamentaria y ha asegurado que “no puede considerarse en ningún caso una autoamnistía”. “Por principio, una ley debatida y aprobada por el parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía”, ha afirmado.

No obstante, el énfasis de su defensa lo ha puesto en que la amnistía no supone un perjuicio para los intereses económicos de la UE que, según ha recordado la representante, Andrea Gavela Llopis, es el único supuesto en que el TJUE podría rechazarla.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía, que se han aferrado al aval del Tribunal Constitucional, han recordado que los procedimientos judiciales en España no apuntaron en esa dirección en ningún momento. El representante del Ministerio Público, Manuel Martín-Granizo, ha asegurado que el asunto sólo se suscitó una vez que se había aprobado la ley.

Tampoco la Comisión Europea encuentra perjuicio para los intereses de la UE. “No parece que la disminución de la renta nacional bruta de un Estado miembro provocada por una secesión ilegal y unilateral de una parte de su territorio constituya un perjuicio suficientemente directo para la protección de los intereses financieros de la Unión”, ha defendido el letrado en contra de lo que sugiere el Tribunal de Cuentas.

A pesar de que da por hecho que no hay ese daño para las finanzas comunitarias, el gobierno comunitario cuestiona que se imponga un plazo de dos meses para aplicar la amnistía: “Ciertas disposiciones de la ley impiden al Tribunal de Cuentas garantizar la aplicación del derecho de la Unión y en particular verificar si los intereses financieros de la Unión se ven afectados en el asunto principal”. “En opinión de la Comisión las cuestiones prejudiciales no son hipotéticas ya que el Tribunal de Cuentas se ve en la imposibilidad de constatar una posible violación del derecho de unión debido a que el Derecho procesal nacional no se lo permite o sólo dificulta el sentido de la jurisprudencia mencionada en la cuestión del Tribunal”, ha expresado Urraca Caviedes.

Ese planteamiento choca con la realidad procesal: no ha habido consecuencias ante la decisión de algunos órganos jurisdiccionales de no aplicar la amnistía. Es el argumento que ha utilizado la abogada del Estado, que ha asegurado que “la independencia del tribunal no está en juego”: “Ha transcurrido con creces el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Amnistía sin que se haya materializado ninguno de los peligros que plantea: la realidad es que el Tribunal de Cuentas no ha resuelto sobre la aplicación de la ley a los demandados, ha suspendido el procedimiento principal y no ha procedido al alzamiento de las medidas cautelares adoptadas en su seno, quedando a la espera de la resolución del asunto ante el Tribunal de Justicia”.

En esa misma línea se ha pronunciado el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que ha recordado que los jueces del procés tardaron más de 300 días en dictar sentencia. “No afecta a la aplicación. No es un plazo real”, ha asegurado sobre el plazo establecido en la norma, que se ha incumplido ya: “Dos meses no limitan la justicia, la garantizan”.

Una de las preguntas del tribunal a la abogada del Gobierno ha tenido que ver precisamente con ese plazo de dos meses. En concreto, le ha interrogado sobre si el fallo del Constitucional impide elevar nuevas prejudiciales y la letrada ha asegurado que “cabe un planteamiento ulterior”.

El alcance del terrorismo

En el turno de la tarde se ha examinado el alcance de la amnistía respecto a los delitos de terrorismo por los que están acusadas una docena de personas, pendientes de juicio en la Audiencia Nacional y que se juegan penas de cárcel de más de 20 años. La negociación de la ley tuvo en esta parte uno de los puntos de más fricción y finalmente se planteó como única excepción a la amnistía los actos terroristas que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, como muerte o torturas. Eso no ocurrió durante el procés ni el 1-O ni en los disturbios.

La vista se ha centrado en aspectos fundamentalmente técnicos en este caso y serán los jueces de Luxemburgo los que tendrán que hacer una interpretación del encaje de la norma respecto al derecho comunitario. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han asegurado que el olvido tiene cabida sin vulnerar la directiva y han recordado que la amnistía “tiene una finalidad que no es otra que superación de un conflicto de naturaleza política y el restablecimiento de la paz social”.

Como hizo en sus observaciones escritas, la Comisión Europea considera que amnistiar a los CDR acusados de terrorismo “no se opone” a la “primacía” del Derecho de la UE a priori, pero deja el asunto en manos de los tribunales nacionales, que son los que tendrán que determinar el alcance de la norma respecto al tiempo y los objetivos que persigue.

“La Comisión considera que una amnistía tan amplia que excluyera en gran medida la persecución efectiva de las infracciones definidas en la directiva durante un largo periodo y sin limitar suficientemente su alcance a los objetivos que persigue, o mediante definiciones excesivamente vagas que podrían generar inseguridad jurídica, excedería los límites los requisitos del Estado de Derecho para las amnistías”, afirmó el representante de la Comisión, que dejó en manos de la Audiencia Nacional determinar “si las disposiciones de la ley de amnistía cumplen con las condiciones requeridas por los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley y, por tanto, entre otros, si la diferencia de trato que introducen se basa en un criterio objetivo y razonable”.

Ha pasado por un segundo plano en unas semanas marcadas por la aceleración judicial doméstica, pero la ley de amnistía al procés se juega este martes una reválida decisiva tras el aval del Tribunal Constitucional (TC). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) celebra el martes 15 de julio dos vistas sobre el encaje en el derecho de la UE del olvido penal a los casos de malversación y terrorismo. El margen de maniobra que los jueces de Luxemburgo puedan dejar en su futura sentencia a los tribunales españoles será una de las cuestiones clave.

De la respuesta europea dependen, en buena medida, dejar ya casi en imposible cualquier nueva petición del Supremo para extraditar al expresident Carles Puigdemont así como salvar de la cárcel a los CDR acusados de terrorismo. La sentencia se espera para los próximos meses, según explicó el presidente del TJUE, Koen Lenaerts, en una entrevista con elDiario.es.

Qué se juzga en Luxemburgo

En sesión matutina, el TJUE analizará las cuestiones prejudiciales que elevó el Tribunal de Cuentas por las responsabilidades contables derivadas de los gastos del procés, causa que afecta a 33 altos cargos del Govern, entre ellos los expresidents Carles Puigdemont y Artur Mas. Por la tarde será el turno de la vista acerca de las cuestiones prejudiciales que planteó la Audiencia Nacional por el caso de los CDR acusados de terrorismo.

Hay otros dos tribunales (el TSJ catalán y un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú) que preguntaron al TJUE sobre el encaje europeo de la amnistía a la malversación y a la desobediencia. Pero como ninguno de los independentistas catalanes acusados lo pidió, el TJUE resolverá estos dos casos sin celebrar vista.

Las partes en las vistas son la Comisión Europea, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, las defensas de los encausados y las acusaciones populares contrarias a la amnistía, Sociedad Civil Catalana y la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (ACVOT). Ambas entidades, en línea con los jueces contrarios a la amnistía, pedirán al TJUE que la declare contraria al ordenamiento europeo.

Por el contrario, Fiscalía, Abogacía y defensas, tal y como ha ocurrido en España, defenderán el encaje legal de la amnistía. En una posición intermedia se sitúa la Comisión, que avala a grandes rasgos la norma, pero rechaza algunos de sus aspectos y, en otros, pide dejarlos en manos de los jueces españoles (extremo que quieren evitar los independentistas). Aunque otros países de la UE podían pedir comparecer en las causas, ninguno lo ha hecho.

En primer lugar, el TJUE decidirá si admite las cuestiones prejudiciales de los órganos españoles o si, por el contrario, no es necesario que se pronuncie, ya que es un asunto que se debe zanjar en instancias españolas. Las fuentes jurídicas consultadas, sin embargo, consideran más probable que el TJUE sí entre en el fondo del asunto y dé una respuesta completa a las preguntas.

Los plazos

Aunque no hay una fecha fijada por el propio tribunal, si se tiene en cuenta que las respuestas del TJUE a las prejudiciales suelen tardar entre un año y 15 meses, la sentencia podría estar lista en otoño, entre finales de octubre y principios de noviembre. Unas semanas antes, previsiblemente a la vuelta del verano, el Abogado General de la UE (una figura del propio tribunal que no es vinculante para los jueces, aunque suelen seguir su opinión) expondrá su valoración de los casos. Lo que resuelva el TJUE es de obligado cumplimiento para los tribunales nacionales.

El Tribunal de Cuentas (y las cautelares)

La primera vista en el TJUE versará sobre las hasta ocho cuestiones prejudiciales que planteó el Tribunal de Cuentas. Varias de ellas parece que versen más sobre el delito de malversación pese a que el Tribunal de Cuentas es un órgano contable y no un juzgado penal. Otras, como la crítica a los dos meses que tenían los jueces para aplicar la norma, ya se han demostrado irrelevantes, pues varios juzgados han incumplido ese plazo sin consecuencia alguna para los togados.

El apartado más europeo de las cuestiones prejudiciales es la pregunta que el Tribunal de Cuentas lanza sobre si la amnistía es compatible con la “prevención de la impunidad del fraude y la corrupción” que persigue el derecho de la Unión Europea. Incluso la Comisión Europea, en línea con las defensas, niega que los gastos del procés afectaran a los intereses financieros de la UE.

En cambio, las alegaciones del Ejecutivo comunitario incluyen una inusual crítica política en un procedimiento judicial al modo de tramitación de la amnistía. El letrado de la Comisión llega a calificar la norma de “autoamnistía” y considera que “garantiza la impunidad” de los socios del Gobierno. La introducción de esas consideraciones más políticas que jurídicas corre el riesgo de ser objeto de preguntas al letrado de la Comisión por parte de los magistrados de la corte de Luxemburgo, cuyo estilo (educado, pero directo) a la hora de interrogar a las partes es una de sus señas características.

Además, la Comisión cuestiona con contundencia las previsiones de la ley relativas al levantamiento obligatorio de las medidas cautelares en cualquier causa amnistiable, la vía que al redactar la norma estaba pensada para acelerar el retorno del expresident.

El terrorismo

Aunque no ocupe tantos titulares como la causa de Puigdemont, la sentencia del TJUE sobre el caso de los 12 CDR acusados de terrorismo es esencial en una causa pendiente de un juicio en la Audiencia Nacional donde los acusados, en caso de no ser amnistiados, se juegan penas de más de 20 años de cárcel.

Una de las cuestiones clave a la hora de que el TJUE valore el encaje de los CDR en el olvido penal del procés es el artículo de la ley que planteó, como única excepción a la amnistía, los actos terroristas que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, como muerte o torturas. Esta excepción fue introducida, precisamente, para amnistiar a los CDR, ya que la detención de los 12 acusados impidió que cometieran cualquier tipo de acción contra personas o edificios. Además, el TJUE también tendrá que dirimir si la amnistía a los CDR vulnera la directiva europea contra el terrorismo.

Como en el caso el Tribunal de Cuentas, también resultará relevante el margen que deja el TJUE a la Audiencia Nacional en este caso. La Comisión Europea, por ejemplo, plantea que el TJUE permita al tribunal especial español determinar si la ley de amnistía es demasiado “amplia o vaga”. Lo contrario quieren las defensas de los CDR, que pretenden que el TJUE avale en su totalidad la amnistía a los acusados de terrorismo sin dejar posibilidad de maniobra a la Audiencia Nacional.

La cosa juzgada y la euroorden

Las sentencias del TJUE sobre la amnistía también pueden desplegar efectos en las maniobras que los juzgados españoles, encabezados por el Supremo, han realizado contra la norma. Incluso en la partida que desde hace ocho años el juez del Supremo Pablo Llarena mantiene contra Carles Puigdemont para lograr su extradición

Varios medios han atribuido al Tribunal Supremo la intención de plantear una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía a la justicia europea una vez conocida la sentencia íntegra del Constitucional. La maniobra pretendería retrasar de nuevo cualquier aplicación de la norma en vistas al final de la legislatura en 2027, pues el TJUE suele tardar una media de más de un año en resolver.

Sin embargo, el Supremo tendría que argumentar que una nueva cuestión prejudicial después de la sentencia del TJUE no aborda aspectos ya respondidos por Luxemburgo. La normativa del TJUE impide emitir una nueva sentencia respecto a aquello que ya es claro o una cuestión prejudicial que ya se ha aclarado (como podría ser el caso de la malversación).

Además, un aval total del TJUE a la amnistía (que dejara sin margen de maniobra a los tribunales españoles) restaría posibilidades de éxito a una eventual nueva petición de extradición de Puigdemont, cuyos anteriores intentos se han saldado con sonoros fracasos del Supremo. Uno de los motivos que la directiva europea sitúa como motivo para denegar una extradición es que el hecho delictivo haya sido amnistiado.

Pese a que nada impide a día de hoy al juez Llarena plantear una nueva euroorden a Bélgica (ya ha rechazado la amnistía y Puigdemont no es eurodiputado desde hace dos años), el magistrado no lo ha hecho todavía. El tablero de la amnistía está a la espera de la respuesta del TJUE.

El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Koen Lenaerts (Mortsel, Bélgica, 70 años), ha visitado Barcelona a pocos días de que los magistrados de Luxemburgo estudien los recursos de los tribunales españoles contra la ley de amnistía. Por este motivo, elude pronunciarse sobre la norma estrella de la legislatura, aunque, más allá de casos concretos, sí descarta un riesgo sistémico para el Estado de Derecho o la independencia judicial en España.

La entrevista se realiza en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde este viernes Lenaerts ha sido investido doctor honoris causa en un reconocimiento público a su compromiso con los valores fundacionales de la UE. El magistrado repasa las diferencias clave entre los sistemas estadounidense y europeo de Justicia y defiende el blindaje del TJUE ante presiones políticas o económicas.

En sus más de 20 años en el TJUE, los diez últimos como presidente, el TJUE ha asumido cada vez más asuntos bajo su jurisdicción. ¿Cuál cree que ha sido el cambio más relevante?

El cambio más relevante es que la Unión opera ahora como un enorme espacio sin control de fronteras interno entre los estados miembros. Eso implica que la migración, el asilo o la cooperación policial y judicial son asuntos legales centrales porque los estados han transferido a la UE competencias en legislación sobre ellos, además de en otros temas como la no discriminación y la protección de minorías étnicas, religiosas o por su orientación sexual.

En un gran espacio abierto como la UE, los derechos fundamentales deben protegerse. Los asuntos económicos, que fueron los protagonistas del inicio de la UE, ya comparten protagonismo con los derechos fundamentales. Por supuesto que seguimos ocupándonos de cuestiones derivadas del mercado único, pero también de la protección de consumidores, trabajadores y el medio ambiente o la privacidad en Internet.

¿Los valores fundacionales de paz y solidaridad de la UE están en riesgo por el contexto belicista mundial, que también afecta al continente con la invasión de Ucrania?

A nivel mundial diría que sí, pero dentro de la Unión Europea, aunque pueda parecer extraño, la conciencia sobre estos valores se ha incrementado. La gente es más consciente de la importancia de la UE, como estructura de cogobierno de 27 estados miembros, para salvaguardar y consolidar la paz y la solidaridad entre ellos. O nadamos o nos hundimos, pero juntos. En el contexto geopolítico actual, el sentimiento del valor añadido de la Unión para la paz y la solidaridad se ha visto reforzado.

¿Cómo funciona la cooperación con los tribunales nacionales en cuestiones donde interactúan el derecho nacional y el europeo?

Funciona extremadamente bien porque es la llave maestra del sistema judicial europeo. Cualquier juzgado, ya sea un ordinario o el Tribunal Supremo, de cualquier país de la UE puede elevar al TJUE sus dudas o preguntas sobre la aplicación o la interpretación de la ley europea, tal y como ocurre en países como España o Italia con las preguntas que sus juzgados ordinarios pueden dirigir a su Tribunal Constitucional nacional.

El TJUE tiene la última palabra a la hora de establecer los criterios interpretativos de la norma sobre la que se pregunta con el objetivo de garantizar que las disposiciones del derecho de la Unión Europea sean comunes no solo en los libros o los boletines oficiales, sino también en la práctica cuando se interpretan, se aplican y se hacen cumplir por parte de los jueces nacionales.

Ningún otro poder o tribunal puede limitar el derecho de los jueces a acudir al TJUE

Más en concreto, ¿cómo es la cooperación y relación del TJUE con el Tribunal Supremo y el Constitucional español?

El Tribunal Constitucional solo ha planteado una cuestión prejudicial, lo que es normal por el tipo de cuestiones que dirime. Los tribunales constitucionales se ocupan principalmente de su constitución nacional y las interacciones con el Derecho de la Unión son menos frecuentes. Los principales socios del TJUE en cuestiones prejudiciales han sido los tribunales ordinarios, y en Barcelona tienen ejemplos recientes de juzgados mercantiles y contenciosos en casos de ciudadanía o hipotecas, aunque últimamente el Tribunal Supremo plantea muchas más cuestiones prejudiciales, algo que es positivo, y lo digo abiertamente. Todos los tribunales de cualquier instancia tienen pleno derecho de plantear cuestiones prejudiciales sobre ley europea al TJUE, y ningún otro poder o un tribunal superior puede limitarlo, porque es totalmente contrario al sistema legal de la UE.

Sin embargo, en el caso de los interinos del sector público español, parece que la interpretación del Supremo sobre si tienen que ser fijos no es exactamente la misma que la del TJUE. Es un caso abierto desde hace años. ¿Cómo afrontan estas divergencias?

No puedo comentar nada de este asunto porque el caso de los interinos está pendiente de una sentencia de la Gran Sala del TJUE que presido, cuya vista se celebró hace unos días y cuya sentencia creo que podremos emitir este otoño. Pero la iniciativa de la cuestión prejudicial que vamos a responder corrió a cargo del Tribunal Supremo, al que honora tener la iniciativa de plantearla. El diálogo entre tribunales siempre es provechoso.

En el pasado con el Brexit, pero a día de hoy con dirigentes como Víktor Orbán, desde la política se pone en cuestión la primacía del Derecho de la Unión. ¿Le preocupan este tipo de declaraciones?

La respuesta es que no porque entre los profesionales de la ley el sistema funciona muy bien. No comento declaraciones de políticos de ninguno de los 27 estados miembros, pero los jueces de primera instancia y de tribunales de apelación de Hungría siguen manteniendo su pleno derecho de acudir al TJUE. Y nadie se lo puede impedir. Esto es lo importante y lo que no cambia.

Los jueces de base húngaros aplican fielmente las sentencias del TJUE ante una posible legislación nacional contradictoria, aunque desde el Supremo de su país o instancias políticas se les intente presionar. Mantienen su independencia y esto se refleja en las estadísticas del TJUE, donde se constata que Hungría es uno de los países que más cuestiones prejudiciales envía. Esto es una señal de que el sistema judicial funciona [alive and kicking, en expresión original de Lenaerts en inglés] pese a pronunciamientos políticos que, en algunas ocasiones, se hacen de cara a la galería.

¿En un mundo donde los tribunales asumen cada vez más protagonismo en cuestiones que dividen a las sociedades, teme que el TJUE pueda terminar como el Supremo de EE.UU., donde se acaba trasladando esa polarización y se puede intuir qué decidirá cada juez en función de su nominación?

Uno de mis campos académicos de investigación es la comparación entre los tribunales estadounidenses y europeos, incluidos el Supremo y el TJUE. En Europa estamos protegidos gracias a la genialidad que adoptaron los Estados miembros, los guardianes de los tratados, hace 70 años: a diferencia del Supremo de EEUU, en el TJUE no se permiten votos particulares discrepantes, las decisiones se adoptan de forma colegiada y en secreto de deliberaciones. Tenemos que pronunciar una única sentencia válida en todos los estados miembros, lo que comporta que, como jueces, deliberemos de forma distinta.

En el Supremo de EEUU, al final, la deliberación se trata de una cuestión de recuento (a favor o en contra del asunto que se trate), lo que, como usted decía en su pregunta, permite bastante anticipar quién votará qué. Este riesgo no existe en el TJUE porque nuestro funcionamiento es totalmente distinto: debatimos el caso muy a fondo entre nosotros, intercambiamos argumentos y nos escuchamos mutuamente. Intentamos hacer una síntesis del debate y rara vez votamos. El único sistema similar es el que opera en el Tribunal Constitucional belga, que debe integrarse de forma paritaria entre magistrados valones y flamencos, tomar decisiones por consenso y tampoco permite votos particulares discrepantes.

No basta solo con saberse la ley al margen de la realidad, esto es un peligro

¿Este sistema de funcionamiento les hace estar más a salvo de las presiones políticas o empresariales?

¡Exactamente! Estamos plenamente blindados de presiones empresariales, de gobiernos o de cualquier otro tipo. No es que vivamos aislados del mundo. Sabemos lo que ocurre en la sociedad, que es algo totalmente necesario para poder tomar decisiones legales. No basta solo con saberse la ley al margen de la realidad, esto es un peligro. Pero no tenemos presiones porque los Estados miembros no tienen su propio juez y no existe un requisito de nacionalidad para formar parte de una sala del TJUE. La única razón por la que hay un juez de cada Estado miembro en el TJUE es para lograr una integración y una interpretación común en los sistemas jurídicos nacionales, pero no para actuar conforme quiera su país.

Es importante enfatizarlo: el TJUE no es un tribunal internacional ni supranacional, es un tribunal común de los 27 Estados miembros. El TJUE es parte del sistema judicial español, del sistema judicial belga, del sistema judicial danés…. y así podría seguir con los otros 24 Estados miembros.

¿Esto implica que la independencia judicial no está en riesgo en Europa pese al contexto internacional?

¡Absolutamente! No solo no están en riesgo, sino que el sistema nos permitiría protegerlos si alguno de los estados miembros lo necesitara. Aquí el TJUE solo intervendría a requerimiento de la Comisión Europea o de un tribunal nacional en caso de que se cruzaran determinadas líneas rojas y hubiera una deficiencia sistémica de la independencia de un tribunal en un estado miembro que supusiera un desafío para el TJUE y el resto de tribunales de los Estados miembros. Pero esto sería un caso excepcional y extremo. El objetivo del TJUE no es suplantar a los Tribunales Supremos o Constitucionales nacionales, cuyo primer objetivo es proteger el Estado de Derecho en sus respectivos países, cosa que normalmente hacen muy bien.

Específicamente en España, ¿el Estado de Derecho y la independencia judicial están en peligro?

A nivel general, no tengo indicios de ello. Ya sabe que no me puedo pronunciar sobre casos concretos que estén en el TJUE, pero no hay ninguno que cuestione, de forma general, el cumplimiento del Estado de Derecho en el sistema judicial español.

Supongo que, al igual que con el asunto de los interinos, no podrá contestar, pero tengo que preguntarle sobre la ley de amnistía al proceso independentista de Catalunya, que también ha llegado al TJUE. ¿Le sorprende que el TJUE sea objeto de debate político nacional en España por este asunto?

Como usted dice, sobre este caso específico no puedo decir nada porque está pendiente. Lo que sí puedo decir es que el caso ha sido llevado al TJUE por los tribunales españoles. Quiero enfatizar este aspecto, aunque sea de dominio público. Sea cual sea la decisión, el hecho de que un caso sea llevado ante el TJUE por parte de los tribunales nacionales ilustra lo que he estado diciendo sobre el funcionamiento del sistema: cuando la Comisión Europea o un tribunal nacional creen que podría haber, no diría un riesgo, pero sí un problema legal concreto en un Estado miembro, lo llevan ante el TJUE. Y este es nuestro trabajo en los próximos meses.

Varapalo para Google en Luxemburgo, aunque no es el definitivo, porque falta la sentencia. La abogada general de la UE ha avalado la multa de 4.125 millones contra la compañía por abuso de su posición dominante que determinó el Tribunal General de la UE (TGUE), que redujo en un puñado de millones la sanción inicial impuesta por la Comisión Europea (más de 4.300 millones en la que fue la multa por vulneración de las reglas de competencia más elevada en la UE). La letrada pide al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) desestimar el recurso presentado por Google y mantener el castigo al entender que los argumentos jurídicos a los que apela son “inoperantes”.

La opinión de la abogada general de la UE no es vinculante, pero los jueces del TJUE suelen seguir el criterio en la inmensa mayoría de los casos. Lo que sostiene la letrada es que se debe rechazar la queja de la compañía de Silicon Valley y mantener la multa por imponer restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos móviles Android y a los operadores de redes móviles con el propósito de consolidar la posición dominante de su motor de búsqueda.

Un portavoz de Google lamenta la posición de la abogada general: “Android ha creado más opciones para todos y da soporte a miles de empresas de éxito en Europa y en todo el mundo. Nos decepciona el dictamen que, si fuera seguido por el Tribunal, desalentaría la inversión en plataformas abiertas y perjudicaría a los usuarios, socios y desarrolladores de aplicaciones de Android”. La sentencia llegará en los próximos meses, en un momento en el que las 'Big Tech' estadounidenses han presionado para que Donald Trump se revuelva contra las leyes digitales de la UE en el marco de la guerra comercial.

La Comisión Europea consideró que desde 2011 fueron ilegales los contratos con los que la compañía obligó a preinstalar en los dispositivos Android el buscador Google Search y el navegador Google Chrome si los fabricantes querían vender los terminales con su tienda de aplicaciones Play Store. Google compró Android en 2005 y, desde entonces, se ha encargado de desarrollar las distintas versiones de este sistema de código abierto. Android no contiene ninguna aplicación preinstalada y, según Google, la mayoría de fabricantes quieren vender sus dispositivos con la Play Store para llegar a más clientes. También supeditaba la participación de los fabricantes y de los operadores de redes en los ingresos por publicidad al requisito de que no preinstalaran ningún otro servicio de búsqueda general en los dispositivos incluidos en una cartera predeterminada.

Lo que sostuvo la Comisión Europea es que, con esas restricciones, Google abusaba de su posición dominante en el mercado de los servicios de búsqueda obteniendo los ingresos de los anuncios publicitarios asociados a esas búsquedas en pleno auge del sector. Así, en julio de 2018, Bruselas impuso una multa récord de 4.340 millones de euros que la empresa recurrió ante los tribunales europeos. En septiembre de 2022, el TGUE confirmó gran parte de la decisión, salvo la parte del reparto de ingresos procedentes de la publicidad, y redujo la cuantía a 4.125 millones.

Google continuó la batalla en el TJUE, que ahora tendrá que emitir una decisión definitiva. La abogada general considera que “la apreciación de los hechos y de las pruebas llevada a cabo por el Tribunal General no puede ser impugnada ante el Tribunal de Justicia y, por otra parte, que los argumentos jurídicos invocados por Google son inoperantes”, según informe en un comunicado.

“Google ha ocupado una posición dominante en varios mercados del ecosistema Android y, de este modo, se ha beneficiado de efectos de red que le han permitido asegurarse de que los usuarios utilicen Google Search. Con ello, Google tiene acceso a datos con los que ha podido a su vez mejorar sus servicios. Ningún competidor igualmente eficaz habría podido hallarse en tal situación”, argumenta la letrada, que también avala la decisión del TGUE respecto a los ingresos publicitarios. “Al margen de esta declaración de nulidad parcial, había una estrategia global dirigida a anticiparse al desarrollo de Internet en los dispositivos móviles, al mismo tiempo que se preservaba el modelo de negocio propio de Google, basado principalmente en los ingresos obtenidos de la utilización de su servicio de búsqueda general”, agrega.

El resto de la opinión tiene que ver con los argumentos jurídicos respecto al proceso llevado a cabo por el TGUE, que es lo que Google pretende impugnar en esta fase. “En lo que respecta, en particular, a la agrupación de Play Store, Google Search y Chrome, en contra de lo que sostiene Google, el Tribunal General no tenía que pedir a la Comisión, para probar un abuso, que analizara cuál habría sido la situación competitiva de no haberse producido la conducta puesta en entredicho. El Tribunal General podía limitarse a declarar que se había influido de manera discriminatoria en la decisión de los usuarios de utilizar Google Search, Chrome y aplicaciones no competidoras por medio del «sesgo de statu quo» inherente a su preinstalación, frente al cual los competidores no podían hacer nada”, apunta.

“Además, la Abogada General afirma que el Tribunal General no estaba obligado a examinar, más allá de la capacidad de la agrupación de restringir la competencia, si esa conducta era capaz de expulsar específicamente a competidores tan eficaces como Google”, señala el comunicado.