Quién es el funcionario de la órbita del PP al que el Gobierno señala por politizar el informe de Bruselas sobre la amnistía

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y las partes personadas tienen sobre la mesa las observaciones legales de la Comisión Europea sobre la ley de amnistía. Se trata del primer pronunciamiento del gobierno comunitario sobre esa medida a la que el PP de Alberto Núñez Feijóo dedicó ímprobos esfuerzos para que fuera rechazada por el gabinete de Ursula von der Leyen. Ese informe jurídico rechaza uno de los principales argumentos del Tribunal Supremo al negar que el procés afectara a los intereses financieros de la UE, aunque critica algunos aspectos de la normativa, como la vía rápida de aplicación o el levantamiento automático de las medidas cautelares. Y, en medio de los argumentos legales, introduce una opinión política que ha soliviantado al Gobierno, que apunta directamente a Daniel Calleja y Crespo, el director general del servicio jurídico de la Comisión Europeo, un funcionario de la órbita del PP.

Calleja y Crespo ocupa ese puesto desde el año 2020, pero su carrera como funcionario en las instituciones europeas se ha desarrollado fundamentalmente de la mano del PP. Fue el director de gabinete de Marcelino Oreja, un exministro de Adolfo Suárez que acabó en las filas del PP y que fue designado comisario de Transportes y Energía. Posteriormente fue jefe de gabinete de la vicepresidenta de la Comisión Europea Loyola de Palacio, designada por José María Aznar.

Como director del servicio jurídico, es el responsable último del informe sobre la amnistía en el que la Comisión Europea expone su argumentación legal sobre las implicaciones de la ley respecto al derecho comunitario. En medio de 36 páginas de argumentación jurídica, el texto que rubrican dos técnicos –el también español Carlos Urraca Caviedes, experto en asuntos de competencia, y Céline Valero, asesora legal sobre eurozona y temas económicos– incluye un párrafo meramente político contra la amnistía.

“La ley de amnistía parece constituir una autoamnistía, por dos motivos. En primer lugar, porque los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el parlamento español. En segundo lugar, porque el proyecto de ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Pues bien, si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de Derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario”, señala el texto. Sin embargo, nada relativo al estado de derecho figura en las conclusiones, que constituyen la base que, a juicio del gobierno comunitario, debe sustanciarse la respuesta del TJUE a las cuestiones prejudiciales planteadas, en este caso, por el Tribunal de Cuentas.

“Un exjefe de gabinete de dos comisarios del PP coló su argumentario en el escrito”, ha denunciado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a través de X (antes Twitter). “Le han relevado de su puesto. Por lo que sea”, agrega el ministro, que sugiere que el cambio de puesto de Calleja y Crespo responde a la politización de ese informe.

El pasado 14 de mayo la Comisión Europea anunció que Calleja y Crespo será el nuevo director de la oficina de representación de la institución en Madrid, un puesto que llevaba dos años vacante. El informe sobre la amnistía se presentó el 9 de diciembre de 2024, aunque no se dio traslado a las partes personadas en el proceso hasta el 30 de abril. La Comisión Europea no ha respondido las preguntas de elDiario.es sobre los motivos de ese relevo y si tuvieron algo que ver con el informe de la amnistía.

“Ya lo dice el refrán: ‘de Madrid al cielo’, yo me voy de Bruselas al cielo. Porque después de haber estado tantos años en Bruselas, me hacía mucha ilusión que ese fuera el último puesto en mi carrera profesional en las instituciones”, dijo Calleja y Crespo a la Agencia EFE cuando se conoció su nombramiento.

L“o que apunta el Gobierno es que el argumento de la ”autoamnistía“ es uno de los que ha esgrimido el PP contra la amnistía, que se convirtió en uno de sus caballos de batalla en Bruselas. PP y el extinto Ciudadanos enviaron una carta a Ursula von der Leyen y a los embajadores de los países de la UE en la que alertaban de que la amnistía suponía una ”degradación“ de la democracia en España. A pesar de los intentos de la derecha, el ejecutivo comunitario pasó de puntillas por el asunto en su informe sobre el estado de derecho a la espera de la aplicación y ha sido en las observaciones legales sobre las prejudiciales ante el TJUE la primera vez que se ha pronunciado, avalando la amnistía en lo que se refiere a los intereses financieros de la UE, aunque cuestionando algunos puntos como el levantamiento de las cautelares o la obligación de aplicarla en un plazo de dos meses.