Koen Lenaerts, presidente del TJUE: “A nivel general, no tengo indicios de peligro para la independencia judicial en España”

El presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Koen Lenaerts (Mortsel, Bélgica, 70 años), ha visitado Barcelona a pocos días de que los magistrados de Luxemburgo estudien los recursos de los tribunales españoles contra la ley de amnistía. Por este motivo, elude pronunciarse sobre la norma estrella de la legislatura, aunque, más allá de casos concretos, sí descarta un riesgo sistémico para el Estado de Derecho o la independencia judicial en España.

La entrevista se realiza en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde este viernes Lenaerts ha sido investido doctor honoris causa en un reconocimiento público a su compromiso con los valores fundacionales de la UE. El magistrado repasa las diferencias clave entre los sistemas estadounidense y europeo de Justicia y defiende el blindaje del TJUE ante presiones políticas o económicas.

En sus más de 20 años en el TJUE, los diez últimos como presidente, el TJUE ha asumido cada vez más asuntos bajo su jurisdicción. ¿Cuál cree que ha sido el cambio más relevante?

El cambio más relevante es que la Unión opera ahora como un enorme espacio sin control de fronteras interno entre los estados miembros. Eso implica que la migración, el asilo o la cooperación policial y judicial son asuntos legales centrales porque los estados han transferido a la UE competencias en legislación sobre ellos, además de en otros temas como la no discriminación y la protección de minorías étnicas, religiosas o por su orientación sexual.

En un gran espacio abierto como la UE, los derechos fundamentales deben protegerse. Los asuntos económicos, que fueron los protagonistas del inicio de la UE, ya comparten protagonismo con los derechos fundamentales. Por supuesto que seguimos ocupándonos de cuestiones derivadas del mercado único, pero también de la protección de consumidores, trabajadores y el medio ambiente o la privacidad en Internet.

¿Los valores fundacionales de paz y solidaridad de la UE están en riesgo por el contexto belicista mundial, que también afecta al continente con la invasión de Ucrania?

A nivel mundial diría que sí, pero dentro de la Unión Europea, aunque pueda parecer extraño, la conciencia sobre estos valores se ha incrementado. La gente es más consciente de la importancia de la UE, como estructura de cogobierno de 27 estados miembros, para salvaguardar y consolidar la paz y la solidaridad entre ellos. O nadamos o nos hundimos, pero juntos. En el contexto geopolítico actual, el sentimiento del valor añadido de la Unión para la paz y la solidaridad se ha visto reforzado.

¿Cómo funciona la cooperación con los tribunales nacionales en cuestiones donde interactúan el derecho nacional y el europeo?

Funciona extremadamente bien porque es la llave maestra del sistema judicial europeo. Cualquier juzgado, ya sea un ordinario o el Tribunal Supremo, de cualquier país de la UE puede elevar al TJUE sus dudas o preguntas sobre la aplicación o la interpretación de la ley europea, tal y como ocurre en países como España o Italia con las preguntas que sus juzgados ordinarios pueden dirigir a su Tribunal Constitucional nacional.

El TJUE tiene la última palabra a la hora de establecer los criterios interpretativos de la norma sobre la que se pregunta con el objetivo de garantizar que las disposiciones del derecho de la Unión Europea sean comunes no solo en los libros o los boletines oficiales, sino también en la práctica cuando se interpretan, se aplican y se hacen cumplir por parte de los jueces nacionales.

Ningún otro poder o tribunal puede limitar el derecho de los jueces a acudir al TJUE

Más en concreto, ¿cómo es la cooperación y relación del TJUE con el Tribunal Supremo y el Constitucional español?

El Tribunal Constitucional solo ha planteado una cuestión prejudicial, lo que es normal por el tipo de cuestiones que dirime. Los tribunales constitucionales se ocupan principalmente de su constitución nacional y las interacciones con el Derecho de la Unión son menos frecuentes. Los principales socios del TJUE en cuestiones prejudiciales han sido los tribunales ordinarios, y en Barcelona tienen ejemplos recientes de juzgados mercantiles y contenciosos en casos de ciudadanía o hipotecas, aunque últimamente el Tribunal Supremo plantea muchas más cuestiones prejudiciales, algo que es positivo, y lo digo abiertamente. Todos los tribunales de cualquier instancia tienen pleno derecho de plantear cuestiones prejudiciales sobre ley europea al TJUE, y ningún otro poder o un tribunal superior puede limitarlo, porque es totalmente contrario al sistema legal de la UE.

Sin embargo, en el caso de los interinos del sector público español, parece que la interpretación del Supremo sobre si tienen que ser fijos no es exactamente la misma que la del TJUE. Es un caso abierto desde hace años. ¿Cómo afrontan estas divergencias?

No puedo comentar nada de este asunto porque el caso de los interinos está pendiente de una sentencia de la Gran Sala del TJUE que presido, cuya vista se celebró hace unos días y cuya sentencia creo que podremos emitir este otoño. Pero la iniciativa de la cuestión prejudicial que vamos a responder corrió a cargo del Tribunal Supremo, al que honora tener la iniciativa de plantearla. El diálogo entre tribunales siempre es provechoso.

En el pasado con el Brexit, pero a día de hoy con dirigentes como Víktor Orbán, desde la política se pone en cuestión la primacía del Derecho de la Unión. ¿Le preocupan este tipo de declaraciones?

La respuesta es que no porque entre los profesionales de la ley el sistema funciona muy bien. No comento declaraciones de políticos de ninguno de los 27 estados miembros, pero los jueces de primera instancia y de tribunales de apelación de Hungría siguen manteniendo su pleno derecho de acudir al TJUE. Y nadie se lo puede impedir. Esto es lo importante y lo que no cambia.

Los jueces de base húngaros aplican fielmente las sentencias del TJUE ante una posible legislación nacional contradictoria, aunque desde el Supremo de su país o instancias políticas se les intente presionar. Mantienen su independencia y esto se refleja en las estadísticas del TJUE, donde se constata que Hungría es uno de los países que más cuestiones prejudiciales envía. Esto es una señal de que el sistema judicial funciona [alive and kicking, en expresión original de Lenaerts en inglés] pese a pronunciamientos políticos que, en algunas ocasiones, se hacen de cara a la galería.

¿En un mundo donde los tribunales asumen cada vez más protagonismo en cuestiones que dividen a las sociedades, teme que el TJUE pueda terminar como el Supremo de EE.UU., donde se acaba trasladando esa polarización y se puede intuir qué decidirá cada juez en función de su nominación?

Uno de mis campos académicos de investigación es la comparación entre los tribunales estadounidenses y europeos, incluidos el Supremo y el TJUE. En Europa estamos protegidos gracias a la genialidad que adoptaron los Estados miembros, los guardianes de los tratados, hace 70 años: a diferencia del Supremo de EEUU, en el TJUE no se permiten votos particulares discrepantes, las decisiones se adoptan de forma colegiada y en secreto de deliberaciones. Tenemos que pronunciar una única sentencia válida en todos los estados miembros, lo que comporta que, como jueces, deliberemos de forma distinta.

En el Supremo de EEUU, al final, la deliberación se trata de una cuestión de recuento (a favor o en contra del asunto que se trate), lo que, como usted decía en su pregunta, permite bastante anticipar quién votará qué. Este riesgo no existe en el TJUE porque nuestro funcionamiento es totalmente distinto: debatimos el caso muy a fondo entre nosotros, intercambiamos argumentos y nos escuchamos mutuamente. Intentamos hacer una síntesis del debate y rara vez votamos. El único sistema similar es el que opera en el Tribunal Constitucional belga, que debe integrarse de forma paritaria entre magistrados valones y flamencos, tomar decisiones por consenso y tampoco permite votos particulares discrepantes.

No basta solo con saberse la ley al margen de la realidad, esto es un peligro

¿Este sistema de funcionamiento les hace estar más a salvo de las presiones políticas o empresariales?

¡Exactamente! Estamos plenamente blindados de presiones empresariales, de gobiernos o de cualquier otro tipo. No es que vivamos aislados del mundo. Sabemos lo que ocurre en la sociedad, que es algo totalmente necesario para poder tomar decisiones legales. No basta solo con saberse la ley al margen de la realidad, esto es un peligro. Pero no tenemos presiones porque los Estados miembros no tienen su propio juez y no existe un requisito de nacionalidad para formar parte de una sala del TJUE. La única razón por la que hay un juez de cada Estado miembro en el TJUE es para lograr una integración y una interpretación común en los sistemas jurídicos nacionales, pero no para actuar conforme quiera su país.

Es importante enfatizarlo: el TJUE no es un tribunal internacional ni supranacional, es un tribunal común de los 27 Estados miembros. El TJUE es parte del sistema judicial español, del sistema judicial belga, del sistema judicial danés…. y así podría seguir con los otros 24 Estados miembros.

¿Esto implica que la independencia judicial no está en riesgo en Europa pese al contexto internacional?

¡Absolutamente! No solo no están en riesgo, sino que el sistema nos permitiría protegerlos si alguno de los estados miembros lo necesitara. Aquí el TJUE solo intervendría a requerimiento de la Comisión Europea o de un tribunal nacional en caso de que se cruzaran determinadas líneas rojas y hubiera una deficiencia sistémica de la independencia de un tribunal en un estado miembro que supusiera un desafío para el TJUE y el resto de tribunales de los Estados miembros. Pero esto sería un caso excepcional y extremo. El objetivo del TJUE no es suplantar a los Tribunales Supremos o Constitucionales nacionales, cuyo primer objetivo es proteger el Estado de Derecho en sus respectivos países, cosa que normalmente hacen muy bien.

Específicamente en España, ¿el Estado de Derecho y la independencia judicial están en peligro?

A nivel general, no tengo indicios de ello. Ya sabe que no me puedo pronunciar sobre casos concretos que estén en el TJUE, pero no hay ninguno que cuestione, de forma general, el cumplimiento del Estado de Derecho en el sistema judicial español.

Supongo que, al igual que con el asunto de los interinos, no podrá contestar, pero tengo que preguntarle sobre la ley de amnistía al proceso independentista de Catalunya, que también ha llegado al TJUE. ¿Le sorprende que el TJUE sea objeto de debate político nacional en España por este asunto?

Como usted dice, sobre este caso específico no puedo decir nada porque está pendiente. Lo que sí puedo decir es que el caso ha sido llevado al TJUE por los tribunales españoles. Quiero enfatizar este aspecto, aunque sea de dominio público. Sea cual sea la decisión, el hecho de que un caso sea llevado ante el TJUE por parte de los tribunales nacionales ilustra lo que he estado diciendo sobre el funcionamiento del sistema: cuando la Comisión Europea o un tribunal nacional creen que podría haber, no diría un riesgo, pero sí un problema legal concreto en un Estado miembro, lo llevan ante el TJUE. Y este es nuestro trabajo en los próximos meses.