El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el líder autonómico del PSOE, Carlos Martínez, han trasladado este martes la pugna preelectoral al hemiciclo de las Cortes, donde ambos han augurado triunfos para sus respectivos partidos y han vaticinado que los resultados se le atragantarán al otro.

“Tragan con todo y este gobierno no, la gente de esta tierra no traga con todo y por eso va a haber un cambio político el 29 de noviembre”, ha contestado Mañueco a Martínez, quien le ha preguntado por sus cesiones a Vox en los presupuestos y le ha replicado que a quien “se le va a atragantar la cena una vez más” en la noche electoral es al PP.

En su primera intervención para preguntar a Mañueco, Martínez ha optado por reproducir una serie de preguntas lanzadas por ciudadanos preocupados por la carencia de ayudas al campo, por las pensiones, por las listas de espera, por la violencia machista, por la ausencia de una ley autonómica de derechos de personas LGTBI, los desahucios, la universidad, los recortes a sindicatos, la situación de los autónomos y la atención a inmigrantes, entre otros problemas.

Tras dibujar esta situación, Martínez ha reprochado a Mañueco que trace “engaños” y pida “sacrificios” a los ciudadanos para seguir en el poder traspasando “líneas rojas” en su acuerdo con Vox: “Usted firma los pactos pero las consecuencias las sufren las personas”, ha rematado.

En su primera respuesta, Mañueco ha defendido que en Castilla y León “se amplían los derechos las prestaciones y los servicios”, mientras que “el único que pisotea las líneas rojas es Pedro Sánchez” y el portavoz socialista “traga con todo” en materia de financiación autonómica, independentismo, protección a víctimas de la violencia machista y supresión de medios de transporte, entre otras situaciones.

“Por tragar, ha tragado hasta las joyas de Zapatero”, ha afirmado Mañueco, quien ha recordado unas palabras pronunciadas por Martínez el pasado viernes, cuando adelantó que aunque le enfadaran los posibles cambios en las listas del PSOE para el 29N se las tendría que “tragar”.

En este sentido, le ha pedido que “se enfade” con Sánchez cuando “atropelle a las personas de Castilla y León” y haga como el Ejecutivo autonómico, que “no traga”, lo que ha vinculado con que en las elecciones del 29N habrá un cambio político en España.

“El 29 se le va a atragantar la cena una vez más”, le ha replicado Martínez, quien, casi sin tiempo para su segunda intervención, ha cuestionado que Mañueco haya olvidado ya “el gurruño” a Vox y le ocurra como al transporte gratuito del Buscyl, porque “deja tirados al 50% de las personas que quieren cogerlo”.

En su dúplica, Mañueco ha reiterado que son las políticas del Gobierno de Sánchez las que provocan que las familias “no lleguen a fin de mes”.

Por último, ha comparado la actitud del PSOE de Castilla y León de “tragar con todo” con la reacción que vislumbra en la sociedad para las próximas elecciones, ya que ha dado por hecho que el 29N “va a haber un cambio político en España”.

El pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles, con los votos favorables de PP y Vox, el rechazo del PSOE, UPL y Por Ávila y la abstención de Soria Ya, un Límite de Gasto No Financiero -techo de gasto- para 2027 que asciende un 6,5% respecto al anterior y que deja ese umbral en 15.104,54 millones.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido esta propuesta de la Junta ante el pleno, donde ha asegurado que este primer paso presupuestario para 2027 se asienta en un “escenario realista” de la macroeconomía y con muestras de crecimiento económico en la Comunidad, que se moderará en el próximo ejercicio pero permitirá seguir disminuyendo el paro, según su cálculo.

En concreto, en materia de empleo, este techo de gasto prevé que en 2027 la tasa de paro descendería al 8,1 por ciento, frente al 8,3 por ciento con el que la Junta piensa cerrar el actual ejercicio; en consonancia con la previsión de que el crecimiento económico ascienda el 2,7 por ciento al terminar 2026 -medio punto por encima de la previsión inicial- y que el crecimiento quede limitado al 2,3% en 2027.

Tras desgranar las cifras y reivindicar un cambio en la propuesta de modificación de la financiación autonómica, Carriedo ha pedido el respaldo de la Cámara a este techo de gasto, que en su opinión genera “estabilidad, seguridad y confianza al conjunto de la sociedad” y que es lo que los ciudadanos “esperan” de sus representantes.

Los grupos fijan posición

Tras escuchar al consejero, los grupos parlamentarios han fijado posición al respecto y en el caso del Grupo Popular ha sido la procuradora Marta Arroyo quien ha defendido la bondad de este techo de gasto porque “tras esos millones hay mucho más”, en referencia a una situación económica en crecimiento, unas previsiones de ingresos, una fiscalidad y una “decisión política” de afrontar 2027 con “ambición”.

Este límite de gasto permitirá a la Junta, según Arroyo, una “mejor y mayor disposición para hacer política pública, desde la responsabilidad, sin gastar por gastar”, pero para que Castilla y León “siga siendo una de las mejores comunidades de España”, con unos presupuestos “serios”.

Sin embargo, la representante del PP ha puntualizado que ese será un debate posterior, en el que ha dado por hecho que se plasmará el acuerdo de gobierno alcanzado por su partido y Vox.

En el caso del PSOE, ha tomado la palabra la procuradora María Isabel Fernández, crítica con que la Junta sea “optimista con el dinero de todos”, pero sea “parca en las explicaciones”, en un año en que recibirá un 7,8 por ciento más de recursos procedentes de la financiación autonómica.

La portavoz socialista ha esgrimido el informe del CES sobre las cuentas y las medidas fiscales previstas por la Junta para 2027, que en su opinión dibujan un “techo antisocial en vivienda y juventud”, con críticas a herramientas como la cuenta ahorro vivienda para jóvenes, ya que obvian que quienes están de alquiler no tienen capacidad de ahorro para ingresar en esa cuenta.

Además, ha alertado de la modificación de hasta 13 leyes autonómicas por la vía de la Ley de Medidas y en este punto ha afeado a Vox que ahora apoye esa dinámica tras criticarla en el ejercicio anterior.

En el caso de Vox, ha tomado la palabra el exconsejero y actual portavoz adjunto del Grupo, Mariano Veganzones, quien ha comparado el “fracaso socialista” en materia presupuestaria tras años sin aprobar cuentas a nivel nacional y lo que ocurre en Castilla y León, “gracias a Vox”, al estar convencido de que presentarán las cuentas a tiempo y serán aprobadas.

No obstante, Veganzones ha avisado de que el apoyo de hoy al techo de gasto “no es un cheque en blanco” sino un “contrato con 324 cláusulas”, en referencia a las medidas incluidas en el pacto de gobierno de PP y Vox.

En este sentido, Veganzones ha presumido de que Vox ha propuesto y sacado adelante recortes del 25 por ciento en la publicidad institucional de las Cortes y del 35 por ciento en las aportaciones del Consejo Económico y Social a sindicatos, patronal, organizaciones agrarias y consumidores. “Hay que dar ejemplo”, ha indicado, sobre lo que puede ocurrir en el presupuesto autonómico.

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que “ni tiene techo ni tiene casa” porque es “un desahuciado de la Moncloa”.

El Grupo Mixto, reticente

En el caso de la portavoz de UPL, Alicia Gallego, ha defendido que su partido no puede apoyar este límite de gasto porque llega “tarde”, contiene “mentirijillas” respecto a la realidad de las provincias y PP y Vox no han tenido la “cortesía parlamentaria” de contactar con los grupos para hablar de su contenido, por lo que ha quedado a la espera para “conversar” sobre el futuro proyecto de presupuestos.

El representante de Por Ávila, Pedro Pascual, ha pedido “respeto” y consideración hacia todos los grupos cuando se presenten enmiendas a los presupuestos, que es donde espera comprobar si “vuelven a poner a Ávila a la cola de las inversiones”.

Por último, el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, se ha preguntado por qué la Junta en esta ocasión no ha llamado a los pequeños partidos para hablar sobre el techo de gasto, algo que sí hizo el consejero el pasado año, cuando no tenía garantizado el apoyo: “No es revolucionario llamarnos”, ha ironizado, convencido de que no puede dar un “cheque en blanco” con la aprobación.

Las Cortes de Castilla y León han rechazado este miércoles la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE para adaptar la legislación contra la violencia de género autonómica a las nuevas formas de violencia y a la nueva normativa derivada del Pacto de Estado o el Convenio de Estambul.

Esta iniciativa, que proviene de la legislatura anterior y que se ha votado por llamamiento, ha sumado los votos a favor del Grupo Mixto, pero ha encontrado la oposición de los grupos que sustentan al ejecutivo autonómico: PP y Vox.

La viceportavoz socialista, Patricia Gómez, ha explicado que su propuesta actualiza una norma que no se ha modificado desde hace dieciséis años y aborda aspectos como la prevención, la educación, la puesta en marcha de un observatorio autonómico y que nace de la escucha a los colectivos feministas.

“Nuevas realidades”

El texto que ha defendido el PSOE reconoce nuevas formas de violencia de género (vicaria, contra la salud sexual y reproductiva, las nuevas formas de violencia digital y a través de los medios, entre otras) y “nuevas realidades” como el control, la humillación, el acoso o la coacción.

Patricia Gómez ha insistido en que, ante estos casos de violencia, la responsabilidad no tiene que estar en las víctimas, sino que la Junta de Castilla y León tiene que acompañarlas en el proceso de reconstrucción y de recuperación de sus vidas.

Además, ha explicado que su grupo busca garantizar la financiación adecuada y sostenida de la Junta porque la lucha contra la violencia de género “no puede financiarse únicamente con los fondos que llegan del Pacto de Estado”.

Gómez también ha valorado la figura de la exconcejal del PP, Nevenka Fernández, que logró que condenaran al alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, por acoso sexual, ya que, en su opinión, “abrió el camino, rompió el silencio y que se ha convertido en una referente”.

Críticas al Gobierno

La procuradora del PP, Elena Bollo, ha culpado al PSOE de numerosos fallos en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista -desde la llamada Ley del 'sólo sí es sí' hasta el fallo de las pulseras antimaltrato- y ha rechazado lecciones de la bancada socialista en la defensa de los derechos de las mujeres.

Susana Suárez (Vox) ha centrado su intervención en recordar los casos de prostitución y de violencia de género que se atribuyen a políticos socialistas, ha recordado la llamada Ley del Sólo sí es sí, por la que se rebajaron las penas a 1.233 condenados por agresión sexual y 126 violadores fueron liberados

Apoyo del Mixto

Por su parte, los representantes del Grupo Mixto han valorado esta iniciativa: Pedro Pascual (Por Ávila) ha explicado que votan a favor de todas las tomas de consideración para favorecer el debate; Ángel Ceñal (Soria Ya) ha valorado que recoge la perspectiva rural en la atención a estas víctimas y Alicia Gallego (UPL) ha afirmado que es “una necesidad” actualizar esta norma.

Gallego ha incidido en que, aquellos que comparan las violencia de género con la doméstica, yerran, ya que son completamente diferentes y ha advertido de que “esa invisibilización no beneficia a la sociedad en su conjunto”.

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha llamado este miércoles “psicópata” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno autonómico y se ha negado posteriormente a retirar la expresión del Diario de Sesiones, como había reclamado el PSOE.

El episodio se ha producido durante el debate de una proposición no de ley conjunta de PP y Vox sobre la extensión de la banda ancha en Castilla y León. La iniciativa reclama al Gobierno que garantice una cobertura de al menos 100 megas en todo el territorio y que culmine la instalación de fibra óptica para ofrecer cobertura 5G.

En su intervención, Hierro ha cargado contra Sánchez por la supuesta falta de inversión del Gobierno en la Comunidad. “Castilla y León le importa un 'pito', igual que le importa un 'pito' Maricarmen, igual que le importan un 'pito' las víctimas de la DANA, igual que le importan un 'pito' las víctimas de los trenes”, ha afirmado el portavoz de Vox, antes de responderse a su propia pregunta sobre el motivo: “Porque es un psicópata”.

Hierro, que fue protagonista de una disputa con un compañero por sentarse al lado de Carlos Pollán, ha acompañado el calificativo de una explicación sobre el significado que, según él, tiene el término. Ha atribuido al presidente del Gobierno “una falta de empatía e incapacidad para sentir emociones” y ha sostenido que Sánchez estaría únicamente interesado en “amasar el poder para intentar librarse de las causas que tiene abiertas y que no acabe en la cárcel”.

“¿De verdad creen que le importa alguien a Sánchez? No le importa nadie. A Sánchez le importa Sánchez”, ha añadido.

El PSOE pide retirar la expresión

Al acabar el turno de Hierro, la viceportavoz del PSOE, Patricia Gómez, ha pedido al presidente de las Cortes, Francisco Vázquez (PP), que la referencia a Sánchez como “psicópata” sea retirada del Diario de Sesiones. La procuradora ha advertido de que la expresión podría ser constitutiva de un delito de injurias y ha aludido al artículo 208 del Código Penal, que regula este delito.

El presidente de la Cámara ha preguntado posteriormente a Hierro si retiraba sus palabras. El portavoz de Vox ha respondido que no y se ha reafirmado en su intervención.

“He definido perfectamente lo que es un psicópata, con una definición patológica y eso es lo que es el señor Sánchez”, ha retierado Hierro. El parlamentario ha añadido que los socialistas de Castilla y León son “dueños de un psicópata” y de alguien que, a su juicio, “no tiene el mínimo de empatía”.

PNL sobre banda ancha aprobada con el presentada por PP y Vox

La proposición no de ley debatida por las Cortes reclama al Ejecutivo central que cumpla su compromiso de extender la cobertura de banda ancha de al menos 100 megas a todas las personas de Castilla y León y que finalice la instalación de fibra óptica para garantizar cobertura 5G en todo el territorio. La iniciativa salió adelante con el respaldo de PP y Vox y el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista.

Las Cortes de Castilla y León han rechazado este miércoles, con los votos de PP y Vox, la Proposición No de Ley del PSOE para reforzar la protección de la vivienda pública y protegida y evitar que promociones financiadas con recursos públicos puedan acabar en manos de fondos de inversión. La iniciativa ha contado con el respaldo de Soria Ya y UPL, mientras que Por Ávila se ha abstenido.

El portavoz socialista, Carlos Martínez, ha defendido la propuesta con el objetivo de que “ni una vivienda más que se haya hecho con el dinero de todos los castellanos y leoneses pueda salir al mercado” y ha reclamado que las viviendas públicas mantengan su finalidad social durante toda su vida útil.

Martínez ha asegurado que el parque público autonómico ha pasado de 9.644 viviendas en 2019 a 5.352 en 2025, una reducción del 45% que ha atribuido a la política de vivienda de la Junta desde la llegada de Alfonso Fernández Mañueco a la Presidencia.

El socialista ha acusado al PP de haber permitido que viviendas protegidas terminasen siendo objeto de compraventa y negocio privado y ha puesto como ejemplo la promoción de Villa del Prado, en Valladolid, a la que se ha referido como “Villa Gaviota”.

El también secretario general del PSOE ha reltado el caso de un vecino de Valladolid que vive en una promoción de 210 viviendas sociales gestionadas por un fondo privado al que, según Martínez, este le han subido 100 euros el alquiler mientras la Junta “mira para otro lado”. Según lo que ha relatado , el fondo estaría obteniendo hasta 250.000 euros al año por esta vía.

“¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Ejerzan sus competencias y hagan sus labores de control para que no sean siempre los paganos, los pobres vecinos y vecinas que en este caso están sobrepagando un coste que no les corresponde”, ha exigido.

La iniciativa socialista planteaba mantener en el patrimonio público las viviendas de titularidad de la Comunidad y sus entidades dependientes, impedir su transmisión a fondos o vehículos de inversión inmobiliaria y garantizar que las promociones de alquiler protegido o asequible construidas sobre suelo público o con financiación pública mantengan su finalidad social.

También proponía reforzar el régimen de protección de las VPO, restringir las posibilidades de descalificación y ampliar los instrumentos de control sobre sus transmisiones, incluidos los derechos de tanteo y retracto y las autorizaciones administrativas previas cuando fueran legalmente posibles.

La propuesta incluía además la creación de un sistema de seguimiento de las viviendas públicas y protegidas que permitiera conocer su titularidad, régimen de protección, destino y las transmisiones, cesiones o descalificaciones autorizadas.

El PSOE denuncia el papel de los fondos de inversión

Martínez ha aprovechado el debate para denunciar también la situación de un bloque de viviendas sociales en Valladolid que, según ha expuesto, está gestionado por un fondo al que los residentes estarían pagando cantidades superiores a los cánones establecidos por la Administración.

El portavoz socialista ha hablado de unas 210 viviendas y ha asegurado que los afectados estarían pagando alrededor de 100 euros mensuales por encima de lo que correspondería.

Martínez ha reclamado a la Junta que ejerza sus competencias de control y ha advertido de que algunos propietarios podrían acudir a los tribunales.

El socialista ha defendido que el problema no se limita a una promoción concreta y ha reclamado impedir que los fondos de inversión puedan convertir en negocio un parque de viviendas cuya construcción o protección ha contado con recursos públicos.

Soria Ya y UPL apoyan la iniciativa

La propuesta ha recibido el respaldo de los procuradores del Grupo Mixto. El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, ha considerado lógico que una vivienda cuya promoción haya contado con suelo público, financiación o ayudas mantenga su finalidad social.

“No es razonable que el esfuerzo público acabe convirtiéndose en plusvalía privada”, ha defendido Ceña, que ha advertido al mismo tiempo de que la vivienda se está utilizando como arma política en lugar de abordarse mediante un acuerdo amplio.

El procurador soriano ha reclamado un Pacto de Estado sobre vivienda y ha pedido que se tenga en cuenta la situación específica de los municipios rurales, especialmente en provincias como Soria.

Por su parte, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, ha anunciado también el voto favorable y ha reclamado tanto al Gobierno autonómico como al central que asuman su responsabilidad en una materia que, a su juicio, debe abordarse de forma compartida.

Santos ha defendido mantener la protección de las viviendas durante toda la vida útil del inmueble y ha reclamado mayores controles para evitar que las viviendas protegidas terminen siendo objeto de especulación.

El PP acusa al PSOE de crear un “falso silogismo” con las VPO

El viceportavoz del PP, José Luis Sanz Merino, ha acusado al PSOE de partir de un “falso silogismo” al presentar la vivienda protegida como el principal problema del acceso a la vivienda. El procurador ha defendido que las viviendas protegidas ya cuentan con un régimen de garantías y ha sostenido que el problema fundamental es la falta de vivienda, tanto protegida como libre.

El representante 'popular' ha reivindicado la política de la Junta, que, según ha señalado, ha incrementado un 80% la inversión en vivienda y prevé promover al menos 5.000 viviendas protegidas durante esta legislatura. Ha detallado que actualmente hay 1.260 viviendas en construcción y otras 1.372 en programación mediante diferentes instrumentos de planificación. “El dato mata al relato”, ha afirmado.

Sanz Merino ha criticado además las políticas estatales de vivienda y ha reclamado al PSOE explicaciones sobre las 183.000 viviendas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El portavoz 'popular' ha avanzado que la Junta prevé modificar el artículo 50 de la Ley 9/2010 a través de la ley de medidas de acompañamiento de los presupuestos de 2027 para reforzar el régimen de protección de las viviendas.

Vox critica a Martínez por llevar “su relato de pancarta” a las Cortes

Desde Vox, María Dolores Mateo ha acusado al PSOE de convertir la especulación en un “villano ficticio para justificar decretazos que arruinan a los españoles” y de llevar “su relato de pancarta” a las Cortes. La procuradora ha explicado que el principal problema es el desequilibrio entre oferta y demanda.

Mateo ha criticado las medidas de mayor control sobre las viviendas protegidas y ha defendido la propiedad privada. En su intervención ha vinculado además el acceso a la vivienda con la inmigración y ha reclamado aplicar el principio de “prioridad nacional” en las políticas públicas.

Martínez replica que la vivienda es competencia autonómica

En su turno final, Carlos Martínez ha insistido en que la vivienda es una competencia exclusiva de Castilla y León y ha reprochado a la Junta que eliminara la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. El portavoz socialista ha sostenido que hace cuatro décadas 71 de cada 100 viviendas que se construían en Castilla y León tenían algún tipo de protección, mientras que actualmente, según sus datos, esa proporción se ha reducido a una de cada 100.

Martínez ha respondido también a las cifras aportadas por el PP sobre las viviendas actualmente en construcción y ha asegurado que el 50% de la financiación de esas 1.260 viviendas procede del Ministerio de Vivienda a través de fondos europeos. La iniciativa ha quedado finalmente rechazada por la mayoría formada por PP y Vox, mientras Soria Ya y UPL han votado a favor y Por Ávila se ha abstenido.

Tras la convocatoria electoral de las generales, que se celebrarán el 29 de noviembre, el debate en las Cortes de Castilla y León ha cumplido con lo previsto, con un Partido Popular y un Vox que, desde el gobierno, achacaban datos negativos como la situación de la Vivienda o la Sanidad al Gobierno de España y no al Ejecutivo autonómico, administración que tiene las principales competencias en ambas materias.

El portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado que la Junta de Castilla y León haya prometido desde 2019 más de 11.000 viviendas protegidas, pero solo haya notificado la entrega de 910 viviendas entre 2021 y 2025. “182 viviendas al año de media. En las nueve provincias. Un récord absoluto”, ha ironizado el socialista, que también ha afeado que el parque autonómico de vivienda se haya reducido en las últimas décadas de 9.600 a 5.352. “Seguramente por algún movimiento especulativo, como villa Gaviota”, ha enunciado, en alusión a las adjudicaciones viviendas protegidas en el barrio vallisoletano de Villa de Prado a varios hijos de altos cargos del Partido Popular.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), le ha replicado: “¿Dónde están las 180.000 viviendas que prometió Sánchez?”. Para Fernández Mañueco, los decretos que debatirá la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados son el último “descalabro” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien “quiere saltarse la voluntad popular” a través de un ejercicio de “filibusterismo político”. El PNV apoyará el principal decreto de Vivienda en la Diputación Permanente, que la Junta de Castilla y León ya ha avanzado que se negará a aplicar —como no ejecuta la Ley Estatal de Vivienda— y que recurrirá en los Juzgados.

Mañueco propone a Sánchez que “copie” a Castilla y León

“Querían arreglar en una semana lo que han estropeado en ocho años. Los decretos son una chapuza jurídica y una improvisación absoluta”, ha respondido el presidente 'popular'. Mañueco ha contrapuesto el “modelo de éxito” de Castilla y León al “bodrio jurídico” del Ejecutivo nacional, que “genera inseguridad a propietarios e inquilinos”. Por eso ha interpelado a Carlos Martínez: “Si su partido [el PSOE] quiere hacer una política seria, que copie lo que hacemos en Castilla y León: construir más vivienda que nunca y dar más ayudas que nunca”, ha reiterado.

Las elecciones también han sobrevolado el intercambio dialéctico entre el presidente autonómico y la portavoz de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego. “Que se hayan convocado elecciones no le da derecho a establecer una estrategia plagada de medias verdades e incorrecciones”, ha replicado Fernández Mañueco a las críticas de la portavoz leonesista.

El presidente autonómico también ha cargado contra los “socios preferentes” de UPL, que gobierna en coalición en León: “El principal responsable del incremento de las listas de espera se llama el Gobierno de Sánchez”, ha criticado Mañueco, quien ha atribuido que las listas de espera no mejoren a “la falta de profesionales”.

Menores migrantes

El vicepresidente autonómico, Carlos Pollán, ha reiterado que “el principal dato” que tiene la Junta de Castilla y León es “el interés superior del menor”, que está “al cuidado de sus familias o en las entidades tutelares de su país de origen”. Pollán ha ofrecido datos sobre el paro juvenil o las familias en riesgo de exclusión social, pero no ha concretado por qué la capacidad de acogida de Castilla y León está “sobrepasada” desde hace dos años. El líder de Vox ha cargado contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha “disfrazado de humanitarismo” un “cálculo político”.

La socialista Nuria Rubio, había preguntado a Pollán por el “rumbo” de la Consejería Desregulación, Familia y Ayudas Sociales y ha defendido que los menores migrantes no son “un enemigo a derrotar”. También ha afeado al vicepresidente de Vox sus “soflamas racistas”. “Cada vez que habla, nos avergüenza como comunidad”, ha zanjado.

Conversaciones con embajadas

El vicepresidente autonómico ha anunciado que han comenzado las “conversaciones” con las embajadas para trabajar en el retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, aunque no ha concretado con qué estados se ha puesto en contacto la Junta de Castilla y León

La propuesta de presupuesto propio que las Cortes de Castilla y León enviará al Gobierno autonómico para su inclusión en el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad ha sido enmendada por Vox para incluir una serie de recortes de gasto y subvenciones para sindicatos, la patronal y las organizaciones agrarias, junto a una merma en publicidad institucional.

En concreto, se trata de una reducción de 180.000 euros en la propuesta que previamente había enviado el Consejo Económico y Social (CES), como institución vinculada presupuestariamente a las Cortes, y otros 100.000 euros de aminoración en las partidas de publicidad institucional que dejarán de recibir medios de comunicación, según lo acordado este viernes en la Mesa de las Cortes a propuesta de Vox.

La Mesa de las Cortes ha confirmado a través de un comunicado que el importe total de los créditos destinados a las Cortes de Castilla y León asciende finalmente a 24,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,62 % respecto al presupuesto anterior.

En concreto, contemplan una dotación de 2,4 millones de euros para el Procurador del Común; 7,2 millones de euros para el Consejo de Cuentas; 2,095 millones de euros para el Consejo Económico y Social (CES); 3,2 millones de euros para el Consejo Consultivo de Castilla y León; y 1,4 millones de euros para la Secretaría General de las Instituciones Propias.

El pasado lunes cuando el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, defendió una propuesta de incremento presupuestario del 5 por ciento para el funcionamiento del Parlamento y las instituciones propias de la Comunidad, que en su opinión era “bastante ponderado”.

Sin embargo, tras el análisis de las partidas Vox ha pedido en concreto bajar un 25 por ciento las partidas de publicidad institucional, un 30 por ciento las aportaciones a sindicatos, patronal, opas y consumidores en el CES y una reducción del 53% en la promoción de cursos del CES.

Ha sido el portavoz de Vox, David Hierro, quien ha desvelado estos cambios en su comparecencia posterior a la Junta de Portavoces, donde ha apelado al cumplimiento del pacto de gobierno con el PP, que en palabras del representantes de Vox no ha puesto objeción a introducir esos cambios en la propuesta inicial, sino “todo lo contrario”.

Preguntado por si estas reducciones marcan el paso hacia lo que ocurrirá en el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2027, Hierro ha dicho que desconoce las negociaciones que están manteniendo las consejerías del Gobierno, pero ha subrayado que estas reducciones pretenden cumplir con el acuerdo y se hará lo mismo en las cuentas generales de la Comunidad porque son “un gasto innecesario para los ciudadanos”.

El PP resta importancia a los cambios

Posteriormente ha comparecido la portavoz del PP en las Cortes, Leticia García, quien ha restado “polémica” a los cambios introducidos en las cuentas del Parlamento autonómico y el CES, porque lo que se ha hecho a propuesta de Vox es “matizar” con “toda normalidad” para cumplir con el “principio de austeridad y contención del gasto” plasmado en el acuerdo de coalición.

García ha asegurado que “en absoluto ve ningún problema” respecto a la reducción de aportaciones a los sindicatos, la CEOE y las opas en el CES y tampoco en que eso vaya a inspirar lo que ocurra con el proyecto de ley de Presupuestos.

Preguntada por lo ocurrido en la anterior legislatura, cuando Vox acometió recortes similares contra los sindicatos y ella los revirtió a su llegada a la Consejería de Industria para cumplir sentencias que defendían la recepción de esos fondos recortados a los sindicatos, García ha considerado que no habrá problema con la aplicación del principio de utilidad pública.

Por último, el portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, ha reconocido que “poco” espera de un Gobierno que se carga la consejería de igualdad y que es “capaz de recortar 180.000 euros al CES” y que justifica estas decisiones con una interpretación de su “genérico” acuerdo de gobierno “siempre hacia el mismo lado” de los “recortes a los derechos y libertades”.

El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista han llegado a un acuerdo para renovar a Tomás Quintana como Procurador del Común, tal y como han confirmado fuentes del PSOE a elDiario.es. El pacto entre ambos partidos se ha alcanzado in extremis, ya que si se superaba el plazo límite habría sido imposible nombrarlo otra vez. Quintana ejerce su cargo en funciones desde el 2 de noviembre de 2022. Además, para su renovación era imprescindible que los dos partidos mayoritarios se pusieran de acuerdo ya que es necesario el voto a favor de tres quintas partes del hemiciclo. De los 82 escaños que lo conforman 33 son del PP y 30 del PSOE.

Puede que más compleja sea la renovación de los presidentes del resto de las instituciones propias de las Cortes: El Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas y el Consejo Económico y Social, con los mandatos caducados pero presididos en funciones por Agustín Sánchez de Vega, Mario Amilibia y Enrique Cabero, respectivamente.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha defendido este lunes un incremento presupuestario del 5 por ciento para el funcionamiento del Parlamento autonómico, principalmente para cubrir las adaptaciones de la normativa estatal en materia de personal y las necesidades de plantilla del Consejo de Cuentas.

En declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la Mesa de las Cortes que analizan ese presupuesto, Vázquez ha recordado que será el viernes cuando finalmente sea votada esa propuesta de presupuesto que posteriormente será enviada a la Junta de Castilla y León para su inclusión en el proyecto de ley de Presupuestos para 2027.

De este modo, con el incremento mencionado del 5% las Cortes de Castilla y León rondarían a los 24,6 millones de euros, al compararse con los 23,5 millones que fueron aprobados para el ejercicio 2025, el último aprobado.

En el caso del Consejo de Cuentas de Castilla y León, institución dependiente del presupuesto del Legislativo, Vázquez ha detallado que se centra en la contratación de personal para hacer frente a la fiscalización que realiza la sección anticorrupción de esta entidad.

Otro de los factores que hacen incrementar las cuentas, en unos 150.000 euros, es la incorporación de licencias informáticas para cumplir con lo establecido por el Sistema Nacional de Seguridad, junto con el incremento de los gastos corrientes -suministros-, aunque en este caso son compensados con otras bajadas.

Vázquez ha defendido que el incremento propuesto es “bastante ponderado”, por lo que ha confiado en que la Mesa el próximo viernes pueda dar luz verde definitiva a estas partidas, que los grupos parlamentarios ya conocen.

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este viernes una Proposición No de Ley de Vox que reclama al Gobierno de España la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos y una revisión de las relaciones bilaterales con el país vecino. La iniciativa ha salido adelante con los votos de Vox, PP y los procuradores del Grupo Mixto, mientras que solo el PSOE se ha opuesto. Los socialistas han reprochado a los 'populares' que hagan “poco caso” a su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, que este jueves pidió a sus dirigentes autonómicos un discurso coordinado sobre la crisis.

Vox ha calificado durante el debate de “invasión” la entrada por Ceuta de más de 70.000 personas y que el PP ha atribuido a Marruecos “por acción o por omisión”. El PSOE, por el contrario, ha rechazado que exista alguna evidencia que permita responsabilizar al país vecino de la entrada masiva de sus ciudadanos en la ciudad autónoma y ha advertido de las consecuencias económicas y diplomáticas que tendría romper el tratado.

La iniciativa aprobada, según el texto, insta además al Ejecutivo central a exigir a Marruecos que acepte “sin excepción” los retornos, devoluciones y expulsiones de sus nacionales, tanto mayores como menores de edad, y reclama una revisión de las relaciones entre ambos países.

El portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de incurrir en una “omisión del deber” de proteger las fronteras y ha llegado a reclamar que se le juzgue por “traición”.

Durante su intervención, el procurador de Vox ha sostenido que la entrada de personas en Ceuta fue organizada y premeditada por Marruecos y ha reprochado al Gobierno no haber actuado pese a que, según ha afirmado, disponía de información previa sobre lo que iba a ocurrir.

Hierro ha cuestionado a los procuradores del PSOE de Castilla y León para plantear qué sucedería si una entrada de personas de esa magnitud se produjera en provincias como León, Zamora o Soria. También ha acusado a los socialistas de actuar como “súbditos de Marruecos” y ha defendido que España debe exigir el retorno de quienes hayan entrado de forma irregular.

Martínez señala que la gestión de la crisis pudo ser “mejorable”

El portavoz socialista, Carlos Martínez, ha afeado a Vox la utilización de la situación de Ceuta para generar confrontación y obtener rédito electoral. A su juicio, la iniciativa convierte las Cortes en un “juicio sumarísimo” contra el Gobierno y mezcla la situación de la ciudad autónoma con afirmaciones que, ha defendido, no están respaldadas por informes que atribuyan a Marruecos la organización de la entrada de migrantes.

Martínez ha reconocido que la gestión de la crisis por parte del Gobierno puede ser “mejorable”, pero ha rechazado que la solución pase por romper las relaciones con Marruecos. El también secretario general del PSOE de Castilla y León ha recordado que se trata de un país vecino y de un socio con importantes vínculos comerciales con España, además de considerar que mantiene un papel relevante en cuestiones económicas y de seguridad.

Asimismo, el portavoz socialista ha tirado del Evangelio de Mateo, en el versículo 23.7 para criticar a Vox: “Ustedes maestros de la ley fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera tan hermosos lucen, pero por dentro están llenos de muertos y de inmunditos”. “Así, ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad”.

El socialista ha ironizado con el que el PP de Castilla y León le iba a hacer “poco caso” a Núñez Feijóo al pedir suspender el tratado y apoyar la PNL de Vox. El líder 'popular' envío este jueves, según ha publicado elDiario.es, un mensaje a todos los presidentes autonómicos de su partido para imponer un “mando único comunicativo” ante la escalada de la crisis política dentro del Gobierno por Ceuta y la desclasificación de documentos de diferentes servicios de inteligencia.

Pocas horas después, Isabel Díaz Ayuso se saltó la indicación al tildar de “traidores” y aseguró que si ella fuera presidenta del Gobierno habría “roto relaciones con Marruecos”. Ahora también se suma el PP de Alfonso Fernández Mañueco, que aunque no se ha pronunciado como su colega de Madrid, el voto de su formación en Castilla y León marca la posición de su feudo.

Hierro: “No hay que ametrallarlos. Eso lo hacían ustedes en el 36”

Mientras Hierro defendía la necesidad de proteger las fronteras, desde la bancada socialista le han interrumpido con una alusión irónica a si había que “ametrallar” a los menores. “No hay que ametrallarlos. Eso lo hacían ustedes en el 36”, ha respondido el portavoz de Vox, antes de insistir en que lo que debía hacer el Gobierno era “defender las fronteras” y reprochar a Pedro Sánchez que se hubiera “ido de vacaciones” durante la crisis de Ceuta.

Hierro ha acusado además a los socialistas de no condenar lo ocurrido en los términos planteados por Vox, mientras que el portavoz del PSOE, Carlos Martínez, ha acusado al partido de Santiago Abascal de buscar “incendiar las calles” por un puñado de votos.

El PP culpa a Marruecos “por acción o por omisión”

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, ha defendido que su partido no acepta una relación “sumisa” con Marruecos y ha reclamado una relación basada en la “igualdad” y la “lealtad”.

García ha responsabilizado al Gobierno de la situación vivida en Ceuta y ha acusado a Sánchez de no actuar pese a conocer, según ha asegurado, lo que podía ocurrir. La portavoz popular también ha defendido que Marruecos no se ha comportado como un “socio fiable” y ha exigido el retorno de quienes hayan entrado ilegalmente en territorio español.

El PP y Vox han coincidido en sacar adelante la petición al Gobierno central de la suspensión del tratado que regula buena parte del marco de amistad y cooperación entre España y Marruecos. Además, García ha criticado al Gobierno por centrarse en hacer creer “que Marruecos no tiene nada que ver con este asalto”, cuando “es culpable por acción o por omisión”.

La propuesta también ha contado con los votos del Grupo Mixto. Alicia Gallego, de UPL, ha respaldado la iniciativa y ha criticado duramente la actuación del Gobierno durante la crisis de Ceuta, aunque ha planteado algunas modificaciones relacionadas con la referencia a distintos territorios de soberanía española.

Por Ávila también ha apoyado la propuesta. Su procurador, Pedro Pascual, ha defendido que la unidad de España y la Constitución están “por encima de todo” y ha calificado de “nefasta” la actuación del Gobierno ante la situación vivida en Ceuta.

Desde Soria ¡YA!, Ángel Ceña ha expresado igualmente su respaldo a Ceuta y a la defensa de la soberanía española, aunque ha aprovechado el debate para reclamar al PP y a Vox la misma intensidad en la defensa de las necesidades de Soria y en la lucha contra los desequilibrios territoriales.

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León ha retirado tres preguntas a través de la Mesa de las Cortes apenas tres horas después de presentarlas. Las preguntas eran críticas y pretendían fiscalizar el trabajo de la Junta, que Vox integra junto con el Partido Popular y apuntaban a dos consejerías del PP, la de Sanidad y la de Medio Ambiente. Tal y como ha podido comprobar elDiario.es, las tres preguntas formuladas por dos procuradoras de Vox, Dolores Mateo y Laura Dorreis, apenas aguantaron tres horas en el registro del Parlamento: se presentaron a las 10 de la mañana del jueves y pasadas las 13.00 las propias parlamentarias solicitaron su retirada en registro.

Las cuestiones planteadas eran para su respuesta por escrito, ni siquiera se iban a trasladar al Pleno, si bien tanto las preguntas como las respuestas sí quedan registradas en el Boletín Oficial de las Cortes.

Denegación de visados para productos farmacéuticos de nutrición enteral

En concreto, la procuradora por Salamanca Dolores Mateo, farmacéutica de profesión planteaba una serie de preguntas a la Consejería de Sanidad, a cargo de Alejandro Vázquez, relacionadas con la denegación de visados de medicamentos para la la nutrición enteral domiciliaria así como espesantes. Se trata de una medicación que utilizan pacientes con problemas de deglución y nutrición y que son “esenciales” para mantener su calidad de vida. La “negativa sistemática”, planteaba Mateo, afecta a un colectivo vulnerable, pacientes ancianos, y “obliga a muchas familias a asumir el coste íntegro de esos productos a pesar de que muchos de esos pacientes perciben pensiones mínimas, ”lo que supone una carga económica insostenible que puede derivar en el abandono del tratamiento“. Por ello, Mateo cuestionaba con varias preguntas la denegación de visados aunque existe una normativa establecida para su autorización.

Huelga sanitaria por la reforma del Estatuto Marco

Su compañera de filas, la procuradora por León Laura Dorreis, técnica farmacéutica, también planteaba preguntas dirigidas a la Consejería de Sanidad, en concreto sobre el proceso de reforma del Estatuto Marco promovido por el Ministerio que ha generado “un importante conflicto con las organizaciones representativas de los médicos y facultativos” con las consecuentes movilizaciones. Dorreis quería conocer qué actuaciones desarrolla la Junta de Castilla y León para defender los intereses de los profesionales y trasladar al Ministerio su postura.

Seguridad en zonas de baño

Dorreis también registró una pregunta para la Consejería de Medio Ambiente sobre las medidas de prevención y seguridad en ríos embalses y zonas de baño. Las respuestas, a menos que otro partido tome el testigo, nunca se responderán. Desde Vox han comentado a elDiario.es que las preguntas se han retirado horas después de registrarlas porque consideran que las preguntas escritas al gobierno “son un instrumento más acorde con la labor de un grupo en la oposición”.

Los grupos parlamentarios de PP y PSOE en las Cortes de Castilla y León se han negado a desvelar qué procuradores propondrá para ser elegidos senadores por designación autonómica, aunque sí han confirmado conversaciones para la renovación de las instituciones propias de la Comunidad.

Así lo han trasladado Leticia García (PP) y Carlos Martínez (PSOE) en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este jueves, en la que han señalado que aún no se ha cerrado el plazo para presentar los candidatos de cada grupo -termina el 2 de septiembre- y que no comunicarán los nombres antes de esa fecha.

En este momento, los dos senadores que corresponden al PP son Vidal Galicia y Javier Maroto, mientras que por parte del PSOE, este cargo lo ostenta Luis Tudanca, el exsecretario general del PSOE CyL.

Sin embargo, sí se han mostrado dispuestos a avanzar en renovar las instituciones propias de la Comunidad (Consejo Económico y Social, Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Procurador), ya que el mandato de algunos de sus representantes lleva caducado más de cuatro años.

“Al término de esta comparecencia, nos sentaremos para iniciar las conversaciones de cara a esa renovación de las instituciones propias”, ha afirmado García.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico (Vox), ha resumido en una frase su declaración de intenciones en el departamento que dirige para la legislatura recién estrenada (2026-2020): “Venimos a fijar un rumbo”, ha manifestado durante su comparecencia este lunes por la tarde en el parlamento autonómico.

“Venimos a explicar qué lugar queremos que ocupen la cultura, el patrimonio, el turismo y el deporte en el proyecto colectivo de Castilla y León, sobre todo qué lugar queremos que ocupe Castilla y León en España, en Europa y en el mundo”, ha afirmado al comienzo de su intervención. Díaz Pico ha añadido que una comunidad autónoma “no se gobierna únicamente con presupuestos y expedientes”, sino también “con una idea de sí misma, con la conciencia de lo que ha sido” y la voluntad de transmitirlo a las siguientes generaciones.

“Esa es la responsabilidad que asumimos: custodiar una herencia inmensa, convertirla en oportunidad y proyectarla con orgullo, inteligencia y audacia”, ha apostillado.

Sin tutelas ni ideologías

La devolución a los ciudadanos de la cultura, el patrimonio, turismo y deporte, “sin tutelas ni comisarios”, libre de presiones ideológicas, ha fijado como principal declaración de intenciones.

“Queremos abrir una etapa en la que ninguna corrientes ideológica pueda apropiarse de lo que pertenece a todos. Se terminó la cultura entendida como tutela, se terminó de pedir perdón por nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra identidad”, ha explicitado.

Ante de pormenorizar y de realizar anuncios, el consejero ha fijado su gestión en cinco principios: libertad de creación; mérito y excelencia “como criterio de todo apoyo público”; neutralidad institucional “porque las instituciones son de todos”; orgullo nacional; y “respeto sagrado al dinero público”.

“Venimos a retirar el sectarismo de las instituciones y a devolver la cultura a su dueño legítimo: el ciudadano libre. Venimos a ampliar, no a estrechar; a dar voz, no a imponer silencio; a financiar calidad y servicio público, no obediencia ideológica”, ha proseguido.

Ha recordado en este sentido cómo a su juicio y durante mucho tiempo “una parte de la una parte de la política española ha tratado la cultura como un instrumento para fabricar adhesiones, excluir sensibilidades y convertir la creación en una extensión del debate partidista”.

El procurador de Vox, Carlos Menéndez, ha reprochado al consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en su comparecencia haya un “escaso reflejo” de los compromisos adquiridos en el pacto de gobierno, y en concreto a uno que debe tener cierta inmediatez para reflejarlo en los presupuestos de 2027: la reducción de las subvenciones a los sindicatos en un 50%. Vuelve así uno de los caballos de batalla de Vox que ya crearon problemas en la anterior legislatura, cuando se rompió el diálogo social, se retiraron subvenciones nominativas y se insultó reiteradamente a las organizaciones sindicales por parte de Vox sin que el PP pusiese pie en pared.

Suárez Quiñones, por su parte se ha excusado en que su nueva consejería tiene cinco ámbitos de actuación y en que es difícil hablar de todo. Así, ha dicho del Diálogo Social que se desarrollará en los “parámetros pactados” con la extrema derecha y que se cumplirá de forma “rigurosa” con el acuerdo.

“Procuraremos ejecutar todos los compromisos y si no, demanden lo que sea”, ha pedido. El consejero ha sostenido que el Diálogo Social ha movilizado más de 2.000 millones de euros en favor de los derechos de los trabajadores, aunque ha precisado que debe mantenerse “dentro de su utilidad pública y nada más”. Además, ha avanzado que desde mañana jueves iniciará una ronda de contactos con las organizaciones sindicales, informa EFE.

Absentismo

Lo que no ha olvidado Suárez Quiñones es el “absentismo laboral” al que se refirió el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo la semana pasada. El consejero se ha referido a un estudio de la situación mientras que la procuradora de UPL, María Rosa Quintanilla le ha indicado que antes compruebe lo que está ocurriendo en la sanidad pública y las listas de espera. En el mismo sentido se ha pronunciado el procurador socialista Iván Zazo, que le ha recordado que no se puede criminalizar a los trabajadores de baja y que esta la otorga un médico.

Tanto la procuradora de UPL como el del PSOE han cuestionado que Suárez Quiñones siga siendo consejero a pesar de su criticada gestión de los incendios cuando era consejero de Medio Ambiente.

Los dos partidos del gobierno de coalición PP-Vox en Castilla y León van agotando los peleados puestos de asesores tanto en el Parlamento como en la Junta de Castilla y León. El último en colocarse ha sido el exprocurador leonés Miguel Suarez Arca, flamante asesor de la Vicepresidencia Primera, a cargo de Carlos Menéndez, de la Mesa de las Cortes.

Suárez Arca perdió su escaño tras las pasadas elecciones. Con el ahora vicepresidente primero, Carlos Pollán como número uno y con Laura Dorreis Alonso como número 2, por la obligada lista cremallera desde 2023, Suárez Arca se vio relegado al puesto tercero de la lista. Los resultados fueron buenos para Vox el pasado 15 de marzo, pero no tanto como para sacar un tercer procurador en León.

En las filas de Vox reconocen que Suárez Arca no se resignaba a quedarse fuera de la política y que ya en la noche electoral, tras conocer los resultados, empezó a hacer llamadas para asegurarse un puesto. En los últimos meses, el exprocurador no ha dejado de acudir a las Cortes para estudiar posibilidades, desde un hueco como senador autonómico, como se pactó en Extremadura, a una dimisión de Dorreis.

Aunque nació en Mieres (Asturias) reside en Ponferrada (León). Graduado en Dirección Hotelera y Turística, con especialidad en Dirección de Cocina por la Escuela de Hotelería y Turismo de Sant Pol de Mar, adscrita a la Universitat de Girona, ha trabajado como cocinero en varios hoteles y restaurantes. Ha sido alumno del think tank de Vox, el ISSEP. Es coordinador de Vox de la zona electoral de Ponferrada.

Por segunda vez, la Junta de Castilla y León intentará poner en marcha una Ley de Concordia que derogue el decreto de Memoria Histórica. El consejero de Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, cree que podrá estar lista en el primer año de esta legislatura. Se trata de una exigencia de Vox al PP. En la legislatura pasada, los de Abascal vieron como Mañueco esquivaba todos los compromisos del pacto. La Ley de Concordia se presentó y se empezó a tramitar, pero quedó en nada cuando Vox salió del gobierno. El de ahora será el segundo intento de legislar hiriendo sensibilidades. En el texto normativo que se quedó en intención, se llegaba a equiparar a las víctimas de la república con las de la dictadura. Lo mismo que pasará ahora.

“Hemos acordado los dos grupos parlamentarios que sustentan a este Gobierno aprobar en este primer año de legislatura una Ley de Concordia, que supere y actualice el marco normativo vigente, y garantice el reconocimiento a todas las víctimas de la violencia social, política, o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier índole acaecidas en Castilla y León”, ha expuesto Gago cuando comparecía este martes para explicar el programa de su consejería, informa EFE.

“Protegeremos los derechos de las víctimas del terrorismo a través del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, apoyando a las víctimas, a sus familias, así como a las asociaciones y a las fundaciones cuyo objeto sea la defensa de estas víctimas en nuestra Comunidad”, ha concretado.

En los próximos meses, se iniciarán los trámites necesarios para desarrollar reglamentariamente la Ley de 26 de septiembre de 2017 de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, con el objetivo de consolidar un marco normativo estable y eficaz que garantice su plena aplicación en todos los ámbitos institucionales, ha especificado.

También ha adelantado que se aprobará un Plan de medidas de apoyo y protección a las víctimas del terrorismo, cuatrienal y de carácter transversal a todas las políticas públicas de las diferentes Consejerías de la Administración Autonómica, donde se contemplen las acciones concretas que se abordarán y desarrollarán en ese periodo.

El consejero ha mencionado la celebración del Día de la Comunidad, el 23 de abril, y ha sostenido que se continuarán convocando resolviendo y entregando, los Premios de Castilla y León.

Continuará el apoyo desde la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, tanto económicamente como con la infraestructura y medios que se precisa, la celebración del Día de la Comunidad en la fiesta en Villalar de los Comuneros, ha señalado.

También se seguirá extendiendo la celebración, mediante la organización de conciertos y carreras y marchas familiares, en los municipios más importantes de la Comunidad, ha dicho.

Desde la misma Fundación se seguirán organizando actividades que conmemoran el 800 Aniversario de la unión de los Reinos de León y de Castilla, acontecida en 1230 bajo el reinado de Fernando III, y que culminarán en el año 2030.

Se pondrá en marcha una muestra itinerante que recorra los municipios de Castilla y León poniendo de relieve la figura de la reina Doña Berenguela, madre de Fernando III, y se impulsará un proyecto de investigación sobre la itinerancia regia del rey Fernando III el Santo.

El presidente del Parlamento de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha aparcado hasta el mes de septiembre el Pleno para elegir a los senadores por designación autonómica. Aunque inicialmente se señaló el mes de julio para abordarlo, las dudas en la interpretación de la ley motivaron la petición de informes a la Letrada Mayor de las Cortes, quien finalmente concluyó que, ante una ley interpretable, era el presidente quien debía decidir.

La fecha no está marcada aún, pero fuentes de las Cortes indican que en todo caso el Pleno se celebrará antes del 11 de septiembre. Así, el PP impondrá a dos candidatos y el PSOE a uno. Aunque en otras comunidades el acuerdo PP-VOX incluía la cesión de un senador a los de Abascal, parece que en Castilla y León no será así, ni figura en el acuerdo ni se llegó a tratar, según manifestó el vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox).

Tampoco se conoce aún quiénes serán los designados. El PP podría prescindir de Vidal Galicia Jaramillo, no sería haría lo mismo con Javier Maroto, el alavés empadronado en Sotosalbos (Segovia) desde 2019 y que se mantiene en el escaño por orden de Génova, hasta la fecha. En cuanto al PSOE , está en el aire el escaño que cedió al exsecretario autonómico, Luis Tudanca, quien desconoce si su partido tiene planes de futuro para él.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, trasladará este viernes a la Mesa cuándo debe agendarse el pleno en el que se votan los senadores por designación autonómica. Aunque Vázquez había señalado que se celebraría como muy tarde el 10 de julio, se plantearon dudas sobre la forma de computar el plazo máximo para llevarlo a cabo. La Ley 7/1987, de 8 de mayo, que regula el procedimiento de designación de senadores representantes de la Comunidad de Castilla y León establece que la designación que debe efectuarse en el plazo máximo de 60 días contados a partir de la fecha de constitución de la nueva Cámara. Dependiendo de cómo se computen los días hábiles, explican desde las Cortes de Castilla y León, los plazos variarían entre el 10 de julio y al 11 de septiembre, si se excluyen los meses de julio y agosto.

Dada la situación, inédita en 39 años de vigencia de la ley, Vázquez pidió un informe a la letrada mayor de las Cortes, que concluye que es Vázquez quien debe decidir sobre la interpretación que se le da a esa ley en concreto y a cualquiera sobre la que haya dudas. La clave está en saber por qué ahora, por primera vez en décadas, se cuestiona cómo se computa el plazo. Para algunos no se trata más que de una escenificación para retrasar la decisión sobre las designaciones, que no es sencilla.

Bien sea en julio, bien en septiembre, las Cortes votarán a tres senadores, dos del Partido Popular y uno del PSOE. Los senadores del PP desde la pasada legislatura son Vidal Galicia Jaramillo, a quien se considera amortizado y no se contempla renovar y Javier Maroto, el alavés empadronado en Sotosalbos (Segovia) desde 2019 y que se mantiene en el escaño por orden de Génova, hasta la fecha. El PSOE tiene en el escaño que le corresponde y tras salir del mismo Fran Díaz, al exsecretario autonómico, Luis Tudanca, que hasta el momento no sabe si su partido cuenta con él o no para seguir ocupándolo.

Las Cortes de Castilla y León volverán a ilumnar la fachada del parlamento con los colores de la bandera LGTBi después de cuatro años en los que Vox en la Presidencia se negó a conmemorar el día del Orgullo. Según la propia institación, ahora presidida por Francisco Vázquez, del PP, la ilumincación se producirá el domingo 28 desde las 22.00 horas hasta las 00.30 horas.

Castilla y León tiene una asignatura pendiente con las personas LGTBi. Es de las pocas autonomías que no han desarrollado una ley propia para proteger a este colectivo y es en esta Comunidad donde se han iniciado los procesos judiciales para que se reconozca que las banderas arcoíris puedan ondear en los edificios públicos, como sentenció el Tribunal Supremo en diciembre de 2024 a raíz de las denuncias contra la Diputación de Valladolid o el Ayuntamiento de la ciudad del Pisuerga. En el fallo se daba entender estas enseñas que no son un símbolo partidista o que propugne “algún tipo de enfrentamiento”.

Cuando llegó Vox a la Presidencia de las Cortes de Castilla y León en 2022, apartó del ámbito oficial la celebración del Orgullo LGTBI. Con Carlos Pollán al frente, se suprimió la colocación de la enseña así como la proyección e iluminación del edificio del parlamento autonómico, que en esas fechas, con otros partidos al frente sí hizo.

Una polémica que empezó en 2022 con Vox

Cuando Vox alcanzó la Presidencia de las Cortes de Castilla y León en 2022, apartó del ámbito oficial la celebración del Orgullo LGTBI. Con Carlos Pollán al frente, se suprimió la colocación de la enseña así como la proyección e iluminación del edificio del parlamento autonómico, que en esas fechas, con otros partidos al frente sí hizo.

Pollán, ahora vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales  se negó a mostrar apoyo a la defensa de cualquier colectivo desde la institución para evitar la bandera arcoíris. Para el entonces presidente de las Cortes “las banderas oficiales de las Cortes son las de España y la de Castilla y León. No hay otras”. La negativa de Vox chocó con el Grupo Parlamentario Socialista, quien lleva colocando en las ventanas de sus despachos la enseña LGTBI. Algo que han vuelto a hacer este mismo miércoles. Esta misma acción se ha realizado desde otras instituciones, como los despachos del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, debido también a la negativa del alcalde, Jesús Julio Carnero, del PP con apoyo de Vox, a colgar banderas que no sean “oficiales”.

En los cuatros años en los que Vox ostentó la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, que accedió gracias al primer acuerdo con el PP del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no ha habido un año sin polémica sobre la colocación o no de la bandera.

En 2023 Pollán reclamó la retirada de la bandera LGTBI y llegó a amenazar con ordenar a los servicios de seguridad de la Cámara que la retirasen, además de emprender acciones legales. Abogados Cristianos también quiso intervenir en contra de esta actuación. El presidente de las Cortes intentó proclamarse vencedor del enfrentamiento dando como una victoria la retirada de la bandera. El PSOE le desmintió y le replicó que fue algo acordado previamente, ya que solo la mantendrían colgada entre el 27 y el 29 de junio. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechazó quitar la bandera LGTBI del parlamento autonómico como pedía Abogados Cristianos.

En 2025 el presidente de las Cortes mandó una misiva adelantando que se iba a abordar “la regulación” de los espacios comunes del parlamento autonómico “ante la falta reiterada de madurez y para evitar usos partidistas” que realizaba el PSOE en torno a colgar la bandera. Aun así, nada se hizo y los socialistas colgaron en sus dependencias la enseña.

Pollán calificó de “exhibicionismo infantiloide” la iniciativa Grupo Socialista. “Los derechos, las libertades y la seguridad de los homosexuales (y, en general, de los españoles) no se defienden con exhibicionismos infantiloides ni haciendo un uso partidista y, por tanto, inadecuado de los espacios comunes de las instituciones. Los derechos, las libertades y la seguridad de todos se defienden enfrentando —y no fomentando masivamente— formas de barbarie llegadas de fuera que son incompatibles con nuestro modo de vida”, apuntó.

Sin leyes LGTBi y sin mayoría parlamentaria para sacarlas adelante

La Ley de protección del colectivo LGTBI+ en Castilla y León lleva sobre la mesa desde hace más de una década. El último intento parlamentario para sacar adelante una Ley LGTBI la encabezó el PSOE, de la mano de varios colectivos que intervinieron en su redacción, que presentó en junio de 2025 una Proposición de Ley. La abstención del PP permitió que se tomase en consideración aunque no llegó a desarrollarse al no calificarse ni debatirse las correspondientes enmienda teniendo que volver a ser presentada en esta nueva legislatura.

Las plataformas han criticado las sucesivas “maniobras dilatorias” del PP para no avanzar en la tramitación de la norma, a raíz de la abstención del PP y el espejismo de su desbloqueo. Solo 2025, según datos del Ministerio del Interior, en la Comunidad se registraron un total de 20 delitos por orientación sexual e identidad de género y se esclarecieron 12 por los mismos motivos.

La particularidad de esa ley autonómica, según explicó el ponente de la misma, el procurador el socialista Miguel Hernández Alcojor, es una “especial atención al medio rural, donde se detectan situaciones de doble discriminación” y el desarrollo del concepto de “sexilio”, que es lo que e sucede a aquellas personas que tienen que abandonar su lugar de origen obligados en contra de su propia voluntad por el mero hecho de pertenecer al colectivo LGTBI“.

La ley también recogía a otras minorías, como las personas sin hogar, o quienes pertenecen a algún tipo de etnia o religión. Asimismo, también se centraba en personas mayores.

Con esta ya son tres legislaturas en las que no se remata esta norma: último gobierno del PP con mayoría absoluta, con Juan Vicente Herrera al frente y Silvia Clemente como presidenta del parlamento autonómico, y las fallidas coaliciones PP-Ciudadanos y PP-Vox.

Desde el poder Ejecutivo, ni rastro de iniciativa para crear una ley autonómica. En el pacto de gobierno de PP y Vox para esta legislatura no hay ninguna mención sobre el colectivo LGTBI ni nada sobre su situación. En 2025 preguntada por la posibilidad de poner en marcha una ley para proteger al colectivo LGTBI la entonces vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, remitió a la existencia de una normativa nacional que ya garantiza “totalmente” los derechos del colectivo en Castilla y León. “No estábamos redactando una normativa al respecto antes de la ruptura del pacto de Gobierno porque la ley actual garantiza los derechos”, apostilló.

El PSOE ha registrado este viernes en las Cortes de Castilla y León una proposición de ley para actualizar la Ley de Violencia de Género autonómica al Pacto de Estado nacional, pendiente desde 2010, y para que el PP, que gobierna con Vox, muestre su apoyo real a la lucha contra la violencia machista.

“El PP tiene ahora una oportunidad de oro para demostrar que verdaderamente está al lado de la democracia y de los derechos humanos”, ha asegurado la viceportavoz parlamentaria socialista, Patricia Gómez, durante la rueda de prensa posterior. Esta iniciativa amplía el concepto de violencia contra las mujeres con la inclusión de la violencia institucional, la vicaria o la económica y ha sido consensuada con los sindicatos y colectivos feministas, presentes durante el acto de presentación. El PP tenía una propuesta también, que finalmente no se votó en el parlamento autonómico, y Alfonso Fernández Mañueco emplazó a debatir en su siguiente mandato, que acaba de comenzar.

El nuevo texto también refuerza los recursos y protección de las víctimas, especialmente en el medio rural, y obliga a la Junta a aportar financiación propia, más allá de lo que invierta el Gobierno de España. “A día de hoy el señor Mañueco ha invertido cero euros en recursos propios para la lucha contra la violencia machista”, ha reprochado la secretaria de Igualdad autonómica del PSOE, Lorena Valle.

También incluye un reconocimiento expreso a los colectivos feministas y recupera la creación del Premio Nevenka Fernández, la exconcejala del PP víctima de acoso por el entonces alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, condenado en 2002 por estos hechos, un galardón que ya se planteó en la proposición de ley socialista del pasado mandato y que no salió adelante por los votos en contra de PP y Vox. La Junta consideró que darle ese nombre a los premios sería “excluyente”.

Violencia institucional

Por su parte, Patricia Gómez ha insistido en que esta propuesta “no va en contra de nadie”, ha reconocido su orgullo porque sea la primera iniciativa registrada por su grupo en la legislatura y ha incidido en la violencia institucional que han sufrido las víctimas por parte de la Junta de Castilla y León.

En concreto, cuando tuvieron que escuchar al entonces vicepresidente autonómico, Juan Garcia-Gallardo (Vox), “las cuestionaba y les decía que la violencia de género no existe” en la legislatura anterior.

Además, ha recordado que esta norma en la Comunidad no se actualiza desde el año 2010 ni se ha desarrollado un reglamento y ha acusado al PP de no querer adaptar la norma al Pacto de Estado ni siquiera cuando gobernaba con Ciudadanos, en 2021.

Ha criticado que en la nueva configuración del gobierno de la Junta haya desaparecido la consejería dedicada a Igualdad -lo que implica que se debatirá en la Comisión de Presidencia de las Cortes, junto a otros temas- y ha acusado a los populares de no creer en la violencia de género.

Preguntada si se van a reunir con otros grupos parlamentarios para alcanzar la mayoría, Gómez ha afirmado “que cualquier grupo parlamentario que esté del lado de la democracia y de los derechos humanos es imposible que pueda rechazar esta proposición de ley”.

“Lo que no puede ser es que el Partido Popular quiera una ley a la demanda, a todo lo que a ellos les va bien. Esto no va de ellos, esto va de las víctimas de la violencia de género”, ha asegurado, tras indicar que su grupo sigue abierto al consenso con el resto de fuerzas.

Colectivos feministas

También han tomado la palabra algunos de los representantes de sindicatos y colectivos feministas que han participado en la nueva proposición de ley, como Nina Infante (Foro Feminista de Castilla y León) que ha recordado que el Convenio de Estambul también afecta a Castilla y León o Paula Alvarado (Coordinadora de Mujeres de Valladolid) que incidido en el reconocimiento de la libertad sexual en la proposición.

Yolanda Martín (CCOO CyL) ha recordado a las más de 1.300 víctimas mortales desde que hay registros y Laura Cornejo (APFCyL) apelado a la responsabilidad de los medios de comunicación ante los que niegan la violencia de género y la violencia institucional contra las mujeres.