La Junta de Castilla y León desclasifica VPO de familiares de cargos del PP en Valladolid

La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la desclasificación de un grupo de viviendas protegidas de Valladolid que fueron adquiridas en 2003 por familiares de cargos del PP, entre otras personas, bajo el argumento de que este trámite cumple con la normativa, pese a que existen informes recientes del Ayuntamiento de Valladolid que no avalan esa posibilidad.

Esta información, publicada este jueves por el diario El País y de la que ha hablado el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno por el trámite de desclasificación de las viviendas, detalla que la Consejería de Vivienda se ha apoyado para dar ese paso en una normativa estatal de 1968 y no en la normativa autonómica de 2010, que es la que prevé que esas liberaciones tengan que contar con el aval de los ayuntamientos.

Estas viviendas están ubicadas en el barrio vallisoletano de Villa de Prado, construidas en unos terrenos que eran propiedad de la Diputación de Valladolid y que han dado lugar a uno de los asentamientos de mayor expansión urbanística en los últimos años, con edificios públicos como la sede de las Cortes de Castilla y León y la sede de la Agencia Tributaria como emblemas constructivos.

Hace dos décadas estas adquisiciones por parte de familiares de políticos del PP fueron objeto de un intenso debate por las denuncias de trato de favor, lo que llegó a los tribunales, que desestimaron el caso al entender que pese a tratarse de suelo público vendido a promotoras privadas, no estaba prohibida la libre adjudicación de las mismas.

El portavoz de la Junta ha defendido que se ha seguido “el procedimiento establecido en la ley” y conforme a los “informes técnicos”. Preguntado por el motivo para elegir la aplicación de la norma de 1968 y no la de 2010, Carriedo ha defendido que no está derogada por la normativa posterior, por lo que sigue vigente.

Críticas del PSOE

Por su parte, el PSOE asegura que el objetivo de esta desclasificación es “convertir viviendas construidas con ayudas públicas en un negocio privado con plusvalías individuales” y que el “PP usa recursos públicos en beneficio propio”, en lo que califican como “un modelo” para “el abuso, el pelotazo y el beneficio de unos pocos”.

La cabeza de lista del PSOE por Valladolid, Patricia Gómez, ha criticado que en Valladolid -con 5.000 demandantes de vivienda protegida en la que la Junta sólo ha construido 67 casas- los cargos públicos del PP y sus familiares tienen el privilegio de que “se descalifiquen esas viviendas de protección oficial para que puedan hacer lo que más les gusta con la vivienda, que es especular”.

Gómez ha incidido en que esta medida ha pasado por la gestión de la exdirectora general de Vivienda de la Junta y actual cabeza de lista del PP por la provincia de Valladolid para las elecciones del 15M, María Pardo, a la que atribuye la descalificación de esas viviendas “para que sus amigos y compañeros pudieran hacer negocio”.

“Nos está dejando muy claro el mensaje de lo que el PP quiere hacer con la vivienda cuando llegue a la Junta de Castilla y León, que no es otra cosa que lo que ha hecho durante estos 39 años, especular y que la vivienda pública no sea accesible a los ciudadanos”, ha resumido.