Una jueza de Sevilla ha procesado a Vito Quiles por presuntas injurias y calumnias al secretario general de la asociación Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 18, acuerda que continúe la tramitación de las diligencias abiertas por los trámites de procedimiento abreviado. Por ello, la magistrada da traslado a las partes para que formulen escrito de acusación, para la apertura de juicio, o bien pidan el archivo de la causa, en la que señala la responsabilidad civil subsidiaria de EDA TV.

La jueza explica en su resolución que, del conjunto de diligencias instructoras y del conjunto de mensajes y vídeos que Quiles publicó en su momento sobre Rubén Sánchez, “resultan claros indicios de que su afán fue vejar, ofender y vilipendiar” al representante de Facua.

“Tal ánimo de venganza y represalias le llevó a utilizar en sus mensajes expresiones altamente ofensivas, sin ninguna justificación legítima, no amparadas por la libertad de expresión”, indica el auto, que explica que esta no otorga el derecho a la ofensa.

“Ánimo ofensor que lleva a extremos intolerables al hacer afirmaciones gratuitas que buscaban solo hacer creer a terceros que realiza actividades nocturnas al menos inmorales y que de forma literal llega a afirmar, sin más sustento que el ánimo de denostar al querellante, que Facua tiene relación con una trama criminal de abusos a menores tutelados”, añade la resolución judicial.

La jueza cree que el conjunto de mensajes y vídeos es “intolerable al deber ético y profesional del periodismo” y que está “desamparado” por el derecho a la libertad de expresión, de ahí que crea que los hechos revisten indiciariamente caracteres de injurias y calumnias delictivas.

En un vídeo publicado este lunes en su canal de YouTube, Rubén Sánchez ha mostrado su “gran satisfacción” ante el contenido del auto, que ha calificado de “demoledor”.

En su declaración judicial, según informaron en su momento a EFE fuentes cercanas al caso, Quiles enmarcó, por su parte, todo lo que dijo sobre Sánchez en el contexto de posibles diferencias ideológicas entre ambos dentro de su derecho como periodista.

Vito Quiles, que fue de número 57 en la lista de los comicios europeos de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF), con la que colaboró durante la campaña electoral en labores de comunicación, aseguró también en su momento a EFE que la denuncia presentada contra él por Rubén Sánchez era “falsa”.

2.400 euros. No es el precio de un ordenador de última generación o de una joya de oro, sino lo que cuesta un envase de plástico con forma de dinosaurio verde del tamaño de un cubo de palomitas. El estreno de la esperada secuela de Super Mario Bros., que vuelve a llevar a los cines el universo de la figura más famosa de Nintendo, ha desatado una auténtica locura por el palomitero de Yoshi, un objeto que ha pasado de ser un simple recuerdo para los fans a convertirse en el centro de una guerra de reventa.

Yoshi es uno de los personajes más entrañables del mundo de Mario Bros. El icónico compañero dinosaurio de Mario apareció por primera vez en el juego Super Mario World de 1990 y se ha convertido en uno de los más queridos de la exitosa franquicia, habiendo lanzado al mercado sus propias sagas como protagonista y participando en otras tan aclamadas como Mario Kart. No es de extrañar, por ende, que un palomitero exclusivo con forma de Yoshi haya despertado tanto interés entre los seguidores más acérrimos.

Sin embargo, el cubo de palomitas, que en España se ha vendido en cadenas de cine como Yelmo o Cinesa por un precio de 40 euros, no ha tardado en agotarse y empezar a revenderse por cientos o incluso miles de euros en plataformas como Wallapop, eBay o AliExpress. Esto ha sido a consecuencia de que, como Yelmo ha afirmado a través de su cuenta de Instagram, “puedes hacerte con tantas unidades como quieras con tu entrada”. Los palomiteros se pusieron a la venta el miércoles 1 de abril, el día de estreno de la película.

Desde entonces, conseguir uno de estos cubos de palomitas se ha vuelto toda una proeza, sobre todo porque hay quien se ha hecho con cientos de ellos con la única intención de venderlos después a un precio más alto. Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de Facua-Consumidores en Acción, destaca que esto “es algo habitual cuando son ediciones muy limitadas”, pero que no sería un fraude mientras que nadie se invente que solo existen cinco unidades como esa en el mercado. “La cuestión es si encuentras a alguien dispuesto a pagar ese pastizal, igual que hay quien puede pagar decenas de miles de euros por un cómic de los años 50 de Superman”, explica.

En esta ocasión, sin embargo, se da la circunstancia de que no se trata de un producto histórico lanzado hace varias décadas, sino que acaba de salir al mercado e inmediatamente se agota. “Eso provoca que, precisamente por el funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda, quienes han podido ya tener uno lo estén vendiendo a un precio que puede ser a ojos de mucha gente disparatado”, argumenta Sánchez a elDiario.es, que insiste que “no habría ilegalidad de por medio”.

La única reventa de un particular donde está regulada su prohibición es en las entradas de eventos, como puede ser un concierto, pues no se permite la reventa física en la calle. “A nivel de internet está pendiente de aprobarse una ley por la que se prohibirá la reventa lucrativa; es decir, la reventa donde le incluyas un margen de beneficio, que no afectará a la reventa de entradas por el mismo precio cuando alguien se pone malo y no puede ir al evento”, cuentan desde de Facua-Consumidores en Acción. No obstante, esto sigue sin aplicarse a los objetos de coleccionistas.

Los revendedores, al acecho del fenómeno fan

“Estamos hablando de un mercado libre. Esto es como si te compras un Van Gogh en una subasta porque tienes dinero y luego lo intentas vender al doble”, comenta Sánchez. “Un Van Gogh es único, pero cuando se trata de un producto del que ha habido 3.000 unidades en el mercado y de repente desaparecen de la venta y son particulares o tiendas las que quieren revenderlo, tampoco hay ningún problema en que se revenda mucho más caro. No hablamos de un servicio público, de un producto de precio regulado”, agrega, especificando que, de haber algún conflicto, podría haberlo “entre empresas, pero no de cara al consumidor”.

La alta demanda provocada por los palomiteros ha sido objeto de polémica en redes sociales. “Especulador de Yoshis que debe de ir a la cárcel”, reza la biografía de TikTok de un usuario llamado Rubén, que ha publicado varios vídeos en la aplicación con muchísimos de estos cubos. “A ver si pasamos menos tiempo revendiendo y más haciendo un currículum”, le ha respondido Inés. Quien también ha comentado es un usuario llamado Mente Millonaria, en su caso dando las “gracias” a Nintendo: “Compré cuatro y los vendí en dos días por más del doble”.

Rubén ha especificado en la sección de respuestas, donde le han llovido las críticas, que no trabaja en ningún cine. “Solo fui a un cine y pregunté si vendían, me dijeron que sí. Yo dije: '¿Cuántos tienen?'. Y así empezó”, ha indicado el usuario, que también ha señalado que ha vendido 89 unidades y que ya no le quedan más. Asimismo, hubo quien persiguió a diferentes empleados de un cine de México para grabarlos tras negarle la compra de este producto por no ser socio. Este hombre arrancó hojas del mostrador y acusó al personal de que lo estaban “discriminando” e “infringiendo la ley”, como se aprecia en un vídeo que ahora es viral en redes sociales.

Desde Facua-Consumidores en Acción resaltan que una empresa puede decidir cómo y a quién vender este tipo de producto. “Ahí realmente no estamos hablando de un bien de consumo habitual, como sí lo sería si vendieras refrescos o palomitas a personas que tengan un tipo de entrada y al resto no se los vendes. En este caso no estamos hablando de un establecimiento abierto al público que está ejerciendo una limitación en el derecho de admisión desproporcionada”, apunta Rubén Sánchez, ya que se trata de “reunir unos requisitos para poder acceder a un determinado tipo de producto”.

“Al igual que un banco puede decidir que los clientes que tengan unos requisitos podrán acceder, por ejemplo, a un tipo de interés del 2% en remuneración de su cuenta, pero para ello está condicionado a que hayan depositado tanto dinero o a que tengan domiciliada la nómina, aquí sucede lo mismo”, insiste Sánchez, declarando que es posible vender este producto exclusivo solamente a quien sea socio o, por ejemplo, a quien haya comprado más de diez entradas a lo largo del último mes, si así el cine lo desea. Seguiría sin cometerse una ilegalidad independientemente de que sea o no moral hacerlo.

Unas cifras de taquilla espectaculares

El fenómeno de los cubos de palomitas no se limita a esta película, pues en 2024 el palomitero de Dune ya inspiró memes y hasta un sketch del Saturday Night Live. Más allá del éxito del cubo de palomitas de Yoshi, las cifras de taquilla de Super Mario Galaxy también son un enorme triunfo, arrasando como ya hiciera la primera película a pesar de las malas críticas por parte de la prensa especializada. El filme ha logrado recaudar 372,5 millones de dólares durante sus primeros cinco días en cines en todo el mundo y se ha convertido en el mejor estreno del año tanto en EEUU como internacionalmente.

Además, la franquicia ha hecho historia al ser la primera animada en tener dos debuts por encima de los 350 millones de dólares. La entrega inicial acumuló unos ingresos mundiales de 1.360 millones de dólares, por lo que aún queda pendiente ver si su secuela es capaz de alcanzarlos. Lo que parece evidente es que superará con creces la marca de los mil millones, toda una hazaña cuando el presupuesto ha sido de unos 100 millones de dólares.

En España, Super Mario Galaxy se ha adjudicado el segundo mejor miércoles de estreno de la historia en España, así como el segundo mejor estreno para una película animada, solo por detrás de Del revés 2. En total, más de 625.000 espectadores acudieron el pasado miércoles a las salas, provocando la mayor asistencia al cine desde julio de 2023, cuando coincidieron en cartelera Barbie y Oppenheimer. La cinta ha hecho en su primer día más de 2,5 millones de euros de recaudación, superando así la taquilla del primer día de Torrente, presidente, que se quedó con 2,4 millones de euros.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda de la Fundación Francisco Franco, a la que acusa de vulnerar la normativa vigente sobre protección de datos y por el “posible incumplimiento” de la Ley de Memoria Democrática. Con esta son ya once las webs de venta de productos con mensajes de extrema derecha que la asociación ha denunciado en los últimos años. Las denuncias han sido presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

A través de su tienda online, la Fundación Francisco Franco, que está actualmente inmersa en el proceso de extinción iniciado por el Gobierno, vende artículos como libros, calendarios, cinturones, corbatas y medallas, entre otros accesorios, según señala Facua. “No obstante, no se proporciona información suficiente que permita identificar al responsable del tratamiento de los datos personales recabados de los usuarios, ni se informa sobre los derechos ARCO que los clientes pueden ejercer”, advierte.

Por lo tanto, la asociación entiende que se están “omitiendo datos esenciales, lo que supone una clara vulneración de las obligaciones legales de información al consumidor y genera una situación de falta de transparencia que puede provocar indefensión”. Según Facua, la fundación “se salta la obligación” de facilitar información sobre el tratamieno que hace de los datos de los compradores y de su derecho de acceso, rectificación, supresión o limitación al tratamiento, lo que, a su juicio, constituye una infracción de la Ley de Protección de Datos Personales.

Exaltación de la dictadura

La organización también pone el foco en la simbología “que ensalza la figura del dictador Francisco Franco” que reproducen los mensajes y las imágenes de los artículos. “Incorporan referencias explícitas a su persona, así como a emblemas y consignas vinculadas al régimen franquista y a la ideología fascista que lo sustentó”, apunta Facua en un comunicado.

La naturaleza de estos artículos, su presentación comercial y el contexto en el que se ofrecen al público, critica, “evidencian una finalidad de exaltación y normalización de ideologías y regímenes responsables de graves vulneraciones de derechos humanos, suponiendo un claro menosprecio hacia las víctimas y sus familias”.

Facua considera que la comercialización de este tipo de artículos no puede analizarse únicamente desde una perspectiva mercantil o de libertad empresarial, sino también desde su impacto en la dignidad de las víctimas, en la preservación de la memoria democrática y en la salvaguarda de los valores de respeto, pluralismo y convivencia “que deben regir en una sociedad democrática”.

En este sentido, la organización de consumidores cree que la fundación puede estar vulnerando el artículo 62 de la Ley de Memoria Democrática, que califica como acciones muy graves “las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública” exalten la dictadura o sus dirigentes.

En base a un análisis exhaustivo de más de 5.000 publicaciones y su presencia en medios, el Ministerio de Cultura ha iniciado el proceso para extinguirla concluyendo que no persigue el interés general, hace apología del franquismo y humilla a sus víctimas, que son las causas de extinción de fundaciones que introdujo la Ley de Memoria Democrática. El proceso sigue actualmente su curso y, en última instancia, será un juez el que decida sobre ello. Hace dos semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición de la fundación de frenar el proceso.

Los sindicatos de UGT, CCOO, Facua y la Red Vecinal Andaluza han presentado este jueves una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para “garantizar el derecho a una vivienda digna en Andalucía”, en una rueda de prensa conjunta en la que han participado representantes de las organizaciones impulsoras.

La propuesta también contempla medidas para frenar la especulación y recuperar vivienda para uso residencial, como la movilización de viviendas vacías, el refuerzo de la función social de la propiedad y la limitación de las viviendas de uso turístico, estableciendo topes por barrios e impidiendo nuevas licencias en zonas tensionadas.

Asimismo, la ILP apuesta por reforzar de forma estructural el parque público de vivienda, incrementando la reserva de suelo para vivienda protegida hasta el 50% en nuevos desarrollos y destinando una parte significativa al alquiler social, además de blindar estas viviendas para evitar su uso especulativo.

Financiación suficiente

Entre otras medidas, incluye también la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional para asegurar financiación suficiente, así como mecanismos de protección frente a desahucios, que obliguen a ofrecer alternativas habitacionales a las familias vulnerables antes de cualquier desalojo.

Durante su intervención, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha advertido de que “no estamos ante un problema puntual, estamos ante una emergencia habitacional que afecta directamente a la clase trabajadora”.

Román ha criticado que “el derecho a la vivienda está dejando de ser un derecho para convertirse en un privilegio, secuestrado por la especulación”, señalando que “hoy en Andalucía hay miles de familias que no pueden pagar un alquiler, jóvenes que no pueden emanciparse y hogares que viven con la incertidumbre de no saber si podrán seguir en sus casas”.

La dirigente sindical ha subrayado que esta situación no responde a una falta de vivienda, sino a una falta de voluntad política: “No falta vivienda, falta decisión para garantizar su función social. Se ha permitido que los precios suban sin control, que los fondos de inversión compren barrios enteros y que las viviendas turísticas expulsen a vecinos y vecinas de sus barrios”.

Más del 35% del salario

En este sentido, ha puesto sobre la mesa datos que reflejan la gravedad del problema, como el incremento de más del 12% en el precio de la vivienda en el último año o el hecho de que el alquiler medio supere los 700 euros, obligando a muchas familias a destinar más del 35% de sus ingresos a este gasto.

“La vivienda se ha convertido en un negocio para unos pocos mientras se vulnera un derecho básico recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía”, ha afirmado. Maribel Román ha explicado que esta ILP nace con un objetivo claro: “cambiar el modelo y garantizar que la vivienda deje de ser un bien especulativo para convertirse en un derecho real y efectivo”.

En este sentido, ha detallado que la iniciativa establece un límite claro al esfuerzo económico de las familias, de forma que ninguna tenga que destinar más del 30% de sus ingresos a la vivienda y suministros básicos. Asimismo, ha señalado la necesidad de “poner freno a la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios mediante la regulación de las viviendas turísticas” y de reforzar el parque público de vivienda con medidas estructurales y sostenidas en el tiempo.

“Estamos hablando de decidir qué modelo de sociedad queremos: si ciudades para vivir o ciudades para especular. Cuando una familia es expulsada de su barrio no solo pierde una casa, pierde su vida, su red y su historia”, ha subrayado. Román ha insistido en que esta iniciativa “elige claramente el lado de la mayoría social” y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, a las instituciones y al conjunto de fuerzas sociales para que respalden esta propuesta y sitúen el derecho a la vivienda en el centro de la acción política.

“Todos somos vulnerables”

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha afirmado que “la crisis de vivienda nos convierte en vulnerable a todos, a todas. Da igual que tengamos un empleo, que tengamos unos salarios por encima de la media, nos hace ser vulnerable a todos los andaluces y las andaluzas”.

Así, la dirigente sindical ha puesto el foco en la insostenible situación de los precios. “Los datos lo dicen, el precio de la vivienda ha crecido enormemente en los dos últimos años, casi un 30% la vivienda nueva, y un 20% los alquileres; mientras, Andalucía sigue siendo la segunda comunidad con los salarios más bajos del conjunto del país”, ha afirmado.

“El desacople total entre el precio de la vivienda y el precio de los salarios nos hace desiguales y nos convierte en vulnerables al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de esta tierra”, ha añadido. Especialmente crítica se ha mostrado con la ley andaluza de vivienda impuesta por el Gobierno andaluz a primeros de 2026, de la que ha subrayado que “planteamos con esta iniciativa una derogación completa porque no es seria, porque no es realista y porque fomenta la especulación”.

La dirigente sindical ha pedido a los partidos que concurren a las elecciones que “hagan suya esta propuesta para solucionar el problema de la vivienda que ahoga y asfixia a las familias de todo tipo, porque la vivienda se ha convertido en un mercado y se especula con ella continuamente”.

Instrumentos de planificación

Además, el vicepresidente de Facua Andalucía, David Sifredo ha declarado que “las personas consumidoras tienen que saber, tienen que conocer los instrumentos de planificación, tienen que conocer los derechos que tienen en materia de acceso a la vivienda y tienen sobre todo que tener la tranquilidad de que los agentes intervinientes en el mercado de vivienda no van a abusar de su papel de preponderancia”.

Por su parte, Miguel Bascón, de la Red Vecinal Andaluza, ha apuntado que el objetivo de la organización es defender a todas las personas residentes en Andalucía sin discriminación alguna y por lo tanto y especialmente a los colectivos y personas más vulnerables. “Nuestra prioridad absoluta es acabar con los desahucios y regular el mercado de alquileres de la vivienda. Queremos llevar la voz de los barrios a los dirigentes políticos de Andalucía”, ha aseverado.

Así, la ILP presentada por las organizaciones sociales se centra en el cambio de paradigma para que la vivienda sea un servicio público esencial y pretende dar respuesta a un problema que afecta a la mayoría social frente a los grandes fondos de inversión, fondo buitre y grandes tenedores.

Entre sus propuestas destacan la declaración de zonas tensionadas, la limitación a la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) y la implantación de una tasa turística autonómica. Asimismo, la ILP exige blindar el parque de vivienda pública, haciendo que las VPO sean de calificación permanente y prohibiendo su venta a fondos de inversión.

Para garantizar el desarrollo de la norma, la ILP propone la creación del Fondo Andaluz de Garantía Habitacional (FAGH), que se nutriría de porcentajes de los Presupuestos Generales de la Junta, recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), de los Actos Jurídicos Documentados (AJD), así como de sanciones o cánones por vivienda vacía.

Finalmente, esta ILP, abierta a todas las organizaciones que quieran sumarse a ella, incluye una protección real frente a los desahucios mediante mediación obligatoria y alternativas habitacionales para familias vulnerables.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Live Nation España, empresa promotora de los conciertos de Bruno Mars que se celebrarán el próximo mes de julio en Madrid, por imponer el pago de gastos de gestión en sus entradas. Estos ascendieron hasta 19,50 euros y un importe extra en concepto de 'Platinum', que varía en función de la oferta y la demanda. Este último no incluye ningún servicio o producto adicional, como sí ocurre con los tickets correspondientes al paquete VIP.

La asociación entiende que Live Nation incurre en una práctica abusiva al imponer un precio u otro a las entradas en función de la oferta y la demanda del evento, generándose de este modo una sensación de inseguridad entre los consumidores. Además, se ha aplicado a los usuarios unos gastos de gestión de entre 9,50 y 19,50 euros por ticket, que son parte de los costes operativos de la propia actividad empresarial.

Facua ya ha denunciado a Live Nation en otras ocasiones por aplicar gastos de gestión similares y el concepto 'Platinum' en los conciertos de Lady Gaga, AC/DC y Rosalía.

Bruno Mars actuará en el estadio Metropolitano de Madrid los días 10 y 11 de julio, donde presentará su nuevo disco, The Romantic, cuya salida está prevista para el 27 de febrero. Será la primera vez que el artista toque en la capital. Sus shows coincidirán con la celebración del Mad Cool, que tendrá lugar desde el 8 al 11 de julio.

El pacto entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Sevilla para aprobar el presupuesto de 2026 tuvo un peaje previo en forma de enmiendas, que el gobierno municipal de José Luis Sanz (PP) le aprobó a la formación de ultraderecha para así engrasar la relación. Ese entendimiento inicial dejó en el tintero otra vez partidas en igualdad y cooperación, a lo que se añadió el sacrificio de todas las ayudas previstas para asociaciones de consumidores, lo que la entidad más representativa (Facua) entiende como “una venganza” basada en el “odio ideológico” porque resulta “incómoda” para ambas formaciones. El gobierno legal niega la mayor y alude a los “ajustes” que se producen en todo proceso negociador.

La denuncia la hace el portavoz nacional de la organización, Rubén Sánchez, miembro a su vez de la junta directiva en Sevilla, que da por hecho que esta decisión de PP y Vox va dirigida directamente contra ellos, aunque de paso haya perjudicado también al resto de asociaciones de este tipo. La explicación es sencilla para Sánchez: como no se puede apartar directamente a Facua porque son ayudas en concurrencia competitiva, lo que se ha decidido simplemente es eliminarlas para todos.

El PP aprobó 16 de las 18 enmiendas a las cuentas que presentó Vox, el 90%, entre ellas la que fulminaba los 45.000 euros previstos para ayudas destinadas a que las organizaciones de consumidores desarrollen su labor. El dinero finalmente se desvió para la rehabilitación de solares en los que se levantan mercadillos ambulantes, con lo que estas entidades se quedaron sin ninguna subvención municipal ya que era el único previsto en un presupuesto de casi 1.100 millones de euros.

“Menos dinero para defender a los consumidores”

La propuesta de Vox salió adelante sin el más mínimo reproche del PP, que ni siquiera presentó una transaccional como sí hizo con muchas de las otras iniciativas de la ultraderecha como condición para aprobarla. Finalmente, y tras una nueva imposición de medidas que van a suponer recortes en migración y medio ambiente, las cuentas de este año salieron para adelante sin problemas.

El gobierno del PP subraya que no se han eliminado son subvenciones de libre concurrencia “sin nombre y apellidos” y que por lo tanto no se le ha quitado ninguna ayuda directamente a Facua. “En la negociación de un presupuesto de más de 1.000 milones de euros puede haber ajustes, como ha sido el caso de estos 45.000 euros”, que se ha considerado “positivo para la ciudad” que engrose lo previsto para los solares de los mercadillos, que ha pasado así de 53.9000 a 98.900 euros.

Rubén Sánchez resalta que la supresión de estas ayudas se traduce en “menos dinero para defender a los consumidores de los fraudes de empresas”, e implica la desaparición de una línea de incentivos que se presupuestaban año a año desde hace décadas. Facua, como organización mayoritaria en Sevilla (cuenta con casi 30.000 socios), siempre se ha llevado la cuantía más importante de la partida municipal, en concreto 20.300 euros el año pasado.

El PP defiende que para el equipo de Sanz “no hay asociaciones 'incómodas' ni tiene la 'venganza' entre sus principios inspiradores de la acción de gobierno”. Vox, por su parte, enmarca su propuesta en su objetivo de eliminar todas las partidas que considera ideológicas o que no tienen un retorno directo a la ciudadanía, lo que lleva a Rubén Sánchez a incidir en que “si Sanz apoya una propuesta de la extrema derecha es porque también él es de extrema derecha, tiene un perfil muy ultraconservador”.

Consulta de la Feria e Icónica

El portavoz de Facua considera que su organización supone “un elemento conflictivo para el Ayuntamiento”, como ya pasó en la etapa del socialista Juan Espadas como alcalde en relación con el papel municipal en el caso de listeriosis de la empresa Magrudis. Con el actual regidor ha habido dos encontronazos sonados, el primero de los cuales fue el cuestionamiento de la consulta popular para cambiar el formato de la Feria de Abril, con la denuncia de “graves irregularidades”.

“El Ayuntamiento llegó a acusarnos de calumnias y anunció una querella que nunca llegó a presentar”, lo que no impidió que José Luis Sanz llegara a afirmar que Facua no le merecía “ninguna credibilidad”. “Sanz nos tenía enfilados y Vox siempre ha dicho que cuando gobiernen nunca recibiremos subvenciones”, pero si se les apartaba del concurso público hablaríamos de prevaricación, de ahí que dé por hecho que se haya optado por eliminar íntegramente esta partida.

Con el actual gobierno local también ha chocado en la cuestión de la cesión de la Plaza de España para la celebración del Festival Icónica, que promotoras musicales llevaron al juzgado. “El caso se ha archivado por ahora, pero el Ayuntamiento sigue dando la concesión a la empresa de forma rara y mirando para otro lado” en cuanto a una serie de requisitos que, considera, deberían ser exigibles.

Esta conjunción de elementos se habrían traducido en una “venganza” contra Facua, que se ha llevado por delante a todas las organizaciones de consumidores. “Todo esto es por el odio ideológico de Sanz y Vox al modelo de organización social que representa Facua”, apostilla.

Facua-Consumidores en Acción ha pedido este lunes a la Consejería de Fomento de la Región de Murcia que aclare a los solicitantes de las ayudas del alquiler “en qué situación se encuentran sus expedientes y por qué no está concediendo dichas ayudas”.

Desde la Dirección General de Vivienda de la Comunidad han apuntado a una “escasez de fondos” para poder atender la totalidad de las solicitudes recibidas. En cambio, desde el Ministerio de Vivienda aseguran que se trata de un problema de gestión del Gobierno autonómico, ya que han transferido 26 millones de euros para este fin desde el año 2022.

La Consejería de Fomento no ha aclarado ni el número de personas que se han beneficiado hasta ahora de esta subvención ni cuántas se han quedado fuera del proceso: “Hay usuarios que se han quejado públicamente de ni siquiera recibir información sobre el estado de unas solicitudes que presentaron, en algunos casos, hace ya más de dos años”, ha recordado Facua. Desde el Sindicato de la Vivienda han apuntado a que estas ayudas del Bono Alquiler Joven han sido “opacas” desde el principio en la Región de Murcia.

Por todo ello, Facua ha pedido al Gobierno que preside Fernando López Miras que actúe “con transparencia” y “comunique a los solicitantes de estas ayudas el estado en el que se encuentran sus respectivos expedientes”. Asimismo, ha insistido en la necesidad de hacer público el número de personas a quienes se les ha concedido y se les ha denegado dichas subvenciones.

Sin certeza

“El excesivo retraso tanto en la tramitación de las resoluciones les está suponiendo a los solicitantes perjuicios, estrés e inestabilidad, así como complicaciones a la hora de programar sus presupuestos personales, dado que no tienen la certeza de si finalmente dispondrán o no de ese dinero”, ha enumerado la asociación de consumidores.

Facua ya criticó hace un año al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar que destinaría más fondos al bono de alquiler para los jóvenes, una medida que se ha demostrado “ineficaz”. La asociación advirtió de que “estas ayudas podrían derivar en que ese dinero público termine en manos de especuladores, que lo tienen más fácil para inflar los arrendamientos”.

“Tres años después de la puesta en marcha de la medida, y tras haberse comprobado que su aplicación no ha servido para contener los precios —al contrario, no han parado de subir—, el Ejecutivo se enroca en seguir destinando dinero público a unas ayudas que sólo sirven para inflar los bolsillos de los especuladores”, ha denunciado la organización de defensa de los consumidores. “Esta ineficacia se suma, además, al hecho de que muchas comunidades autónomas —las encargadas de gestionar el bono— están retrasando de manera injustificada su entrega como es el caso de Murcia o Andalucía”, ha concluido.

FACUA Andalucía ha denunciado ante la Consejería de Inclusión Social y la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía que el teléfono habilitado por la Junta para ofrecer asesoramiento sobre la Ley de Dependencia (900 166 170) es “completamente inútil”, ya que “independientemente de la opción que se marque no permite hablar con ningún operador”.

Según la federación que defiende los derechos de los consumidores, el número “que supuestamente debería servir para asesorar a personas que necesitan ayuda con la gestión y tramitación” de la ayuda “no es más que un contestador automático con varias locuciones grabadas”, que impide resolver dudas o conocer el estado de los expedientes. “Más allá de la opción que se elija, la llamada finaliza sin que se ofrezca la posibilidad de hablar con nadie”, critican.

Fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad consultadas por este periódico aseguran que el número denunciado por FACUA es un “teléfono de información generalista” sobre cómo realizar los trámites, pero no para consultar casos concretos ni acceder a información individualizada, pues la ley de protección de datos impide facilitar información personal por vía telefónica. Las dudas sobre expedientes concretos, añaden, deben resolverse “a través de la ventanilla electrónica o de manera presencial”.

Expedientes que se resuelven “mal y tarde”

Aun así, FACUA considera “vergonzoso” que un servicio dirigido a personas dependientes y sus familias se limite a reproducir mensajes automáticos, sin ofrecer la posibilidad de atención humana. “La consejera Loles López y el director gerente de la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía, José Repiso, están faltando al respeto a las familias con esta falta de información sobre unos expedientes que se vienen resolviendo mal y tarde, incumpliéndose sistemáticamente los plazos legales”, señalan desde FACUA, en alusión a que los plazos legales de seis meses establecidos por ley se superan en Andalucía hasta más de dos años.

La organización recuerda que esta demora “deja a miles de personas en situación de vulnerabilidad y a sus familias en un limbo administrativo”. Por eso reclama a la consejera Loles López y al director gerente de la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía, José Repiso, más recursos para agilizar los expedientes y ofrecer atención personalizada “para que las personas que llamen al teléfono de información a la dependencia puedan hablar con una persona que les pueda escuchar y aclarar dudas sobre sus expedientes”.

Facua Castilla y León ha pedido a la Junta que obligue a las empresas concesionarias que cubren los trayectos interurbanos de bus a devolver el dinero que los beneficiarios de la nueva tarjeta Buscyl han tenido que abonar porque los autobuses no tenían implantados los dispositivos de lectura.

En un comunicado, Facua ha explicado que usuarios de esa tarjeta les han trasladado que hay algunas líneas de autobús donde no se ha podido utilizar durante todo el mes de septiembre al no disponer los vehículos del equipamiento técnico necesario (tablets o lectores de QR) para validar sus viajes gratuitos.

Por ello, durante varias semanas se han visto obligados a comprar sus billetes por el método habitual si querían subir al autobús pese a que las compañías estaban obligadas a tener activos dichos dispositivos desde el 1 de septiembre, fecha en la que entró el funcionamiento el nuevo sistema de transporte Buscyl.

“La Regional, empresa de autobuses que cubre a Medina del Campo (Valladolid), es una de las que hasta octubre no tenía implantado este sistema, viéndose los viajeros obligados a pagar sus billetes con el consecuente perjuicio económico que les ha supuesto al no poder validar su tarjeta digital Buscyl”, han explicado desde Facua.

El sistema Buscyl, implantado en septiembre de 2025, permite a los empadronados en Castilla y León viajar de forma gratuita en el transporte público de esta comunidad autónoma siempre que se cumplan unas condiciones.

Por todo ello, FACUA Castilla y León ha pedido al Director General de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León que inste a las empresas que prestan servicios de transporte en trayectos cubiertos por la tarjeta Buscyl a habilitar canales ágiles para que les puedan ser abonadas a los consumidores las cantidades que han pagado por trayectos que deberían haber sido gratuitos.

El Ministerio de Consumo ha propuesto una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro, por el supuesto cobro de comisiones ilegales a los inquilinos, relativas a la gestión, la obligación de contratar un seguro o la imposición de servicios no solicitados. Según ha adelantado la organización Facua en un comunicado publicado este lunes, la inmobiliaria habría cometido un total de siete infracciones de la normativa de protección de los derechos de los consumidores.

Por ahora, la propuesta del departamento que dirige Pablo Bustinduy no es firme, sino que pasa ahora a la fase de valoración del secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán. La decisión definitiva se espera para los próximos meses, tras el análisis de las alegaciones presentadas por Alquiler Seguro, quien ha defendido en todo momento que cumple con la norma “a rajatabla”.

La Dirección General de Consumo inició sus actuaciones hace más de un año, tras detectar posibles prácticas abusivas en varias agencias inmobiliarias. Esas investigaciones surgieron tras recibir varias denuncias sobre este tipo de comportamientos por parte del Sindicato de Inquilinas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la propia Facua Consumidores en Acción. Precisamente, desde Facua han tenido acceso a la millonaria propuesta de sanción al estar personada como parte del procedimiento.

En concreto, según indican desde Facua, entre las irregularidades detectadas estarían “la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que disfraza el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario del inmueble; y la obligación de contratar un seguro del hogar —cuestión que también debe competer al arrendador— y un estudio de solvencia económica, así como limitar el derecho de desistimiento del contrato e imponer igualmente a los inquilinos todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales”.

En total, se trata de seis infracciones calificadas como “muy graves” y una más, como “grave”. Por la imposición del servicio de atención al inquilino, que en realidad “no les reportan ningún beneficio y que solo es una forma de cargar sobre ellos una serie de gastos que debería afrontar el propietario del inmueble”, indica Facua, Consumo habría propuesto una multa de un millón de euros. Por obligar a los inquilinos a pagar por un seguro del hogar, la cuantía asciende a 990.900 euros.

Además, se proponen otras tres sanciones, de medio millón de euros cada una, por infracciones muy graves relativas a cargos relacionados con posiciones deudoras y reclamaciones judiciales y por introducir una cláusula de autorización para la inclusión en ficheros de morosos y solvencia patrimonial. Por ejemplo, hacerse cargo de los gastos derivados de la devolución de recibos, aunque no sea culpa de los inquilinos, o afrontar los gastos de todos los gastos y costas de los procesos judiciales en los que se vean inmersos, independientemente de que haya condena en costas o no.

La cuantía aumenta por otras dos propuestas de sanción, informa Facua. Una de 100.001 euros por la renuncia al derecho de desistimiento sobre el servicio de atención al inquilino y la “grave”, de 10.001 euros, por la imposición a los inquilinos del pago de un estudio de solvencia económica.

El Ministerio de Consumo anunció a finales de marzo la apertura de un expediente sancionador, pero nunca ha mencionado a ninguna empresa concreta para proteger las actuaciones. En aquel momento, se refirió a “una gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional”. De hecho, fue la propia Alquiler Seguro quien reconoció haber recibido ese expediente que debían “analizar”, según indicó en una rueda de prensa el CEO de la compañía, David Caraballo, quien defendió que la empresa cumplía la norma “a rajatabla”.

El juzgado de Sevilla que investiga al agitador ultra Vito Quiles por injurias y calumnias a Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ha llamado a declarar a Javier Negre como representante de Estado de Alarma TV, el canal donde vertió parte de los insultos, mentiras y bulos por los que está imputado. La cita, según ha podido comprobar elDiario.es, ha sido marcada para el próximo mes de enero en un procedimiento en el que la empresa de Negre, ahora volcado en Argentina con Javier Milei, por si pudiera ser considerada responsable económica de una hipotética condena.

El agitador fue imputado por esta magistrada de Sevilla después de que Sánchez, secretario general de Facua y periodista, denunciara que le había difamado en intervenciones en Estado de Alarma, el canal de extrema derecha que Negre, antiguo periodista de El Mundo, fundó durante la pandemia. Desde insultos personales hasta acusaciones y bulos de que Facua, organización de defensa de los consumidores, había participado en estafas, amenazas de muerte o incluso que guardaba relaciones con trama de menores abusadas y tuteladas en la Comunidad Valenciana y en Baleares. También expresó estos bulos o insultos en sus redes sociales, no solo en el canal.

La jueza del caso imputó a Quiles hace un año, quien abandonó el Congreso a la carrera después de conocer a través de los medios que el juzgado había solicitado a la Policía su localización. Ya entonces la magistrada quiso saber si el canal de televisión de Negre había sido informado de la existencia de la causa, al ser considerado posible responsable civil subsidiario de una hipotética condena de Quiles.

Negre, según ha podido comprobar este medio, ha sido llamado a declarar el próximo 12 de enero en este juzgado de Sevilla. El experiodista de El Mundo se encuentra actualmente volcado en otro medio argentino, La Derecha Diario, desde el que apoya el gobierno de Javier Milei. La vicepresidenta de Argentina ha denunciado a Negre por amenaza de rebelión, intimidación y atentado contra el orden público por referirse a ella como “traidora”.

Se trata de la misma causa en el marco de la cual la magistrada de Sevilla se vio obligada a recurrir a la Policía Nacional para localizar a Quiles, acreditado como periodista en el Congreso y colaborador de Luis 'Alvise' Pérez en las últimas elecciones europeas, concurriendo de forma testimonial en las listas de 'Se Acabó La Fiesta'. En un auto, la jueza plasmó por escrito y por error la posibilidad de detener a Quiles, pero finalmente solo solicitó su localización.

Daniel Esteve, dueño de la empresa dedicada a desalojos extrajudiciales Desokupa, ha reclamado el archivo de la demanda por vulneración del derecho al honor presentada contra él por Rubén Sánchez, secretario general de la organización de consumidores Facua, por varios vídeos difundidos en sus redes sociales en los que le dirigió insultos como “comepollas”, “rata asquerosa”, “morralla” o “Facuo de mierda”. En su respuesta a esa demanda, el abogado del agitador ultra alega que su cliente pudo ser suplantado en esos vídeos por una Inteligencia Artificial (IA) y reclama que sea desestimada.  

“No se ha acreditado que tales vídeos sean auténticos y no fruto de manipulación, edición o incluso generación mediante técnicas de inteligencia artificial, por lo que en ningún caso se ha acreditado que sea mi mandante quien haya realizado estos vídeos”, recoge el escrito presentado ante el juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla que investiga los hechos. En caso de que el procedimiento siga adelante, el letrado anuncia que plantea pedir un informe pericial para “comprobar” la autenticidad de los vídeos y para que se acredite si fueron o no realizados por Esteve. 

En su demanda, el abogado admite la posibilidad de que las manifestaciones sean “atribuibles” a Esteve, que despliega su arsenal de insultos en vídeos en los que aparece a cara descubierta y que son difundidos en canales de YouTube como Desokupa TV o su propio perfil de X —antes Twitter—, llamado @daniesdsk. Y defiende que, en ese caso, deberían ampararse bajo la libertad de expresión. A su juicio, Esteve se habría limitado a “realizar críticas o valoraciones sobre asuntos de evidente interés público, como son las actividades de una asociación que actúa en el espacio público y se expone al debate ciudadano”. 

Según la defensa de Esteve, se trata de “manifestaciones retóricas propias del lenguaje coloquial y de la esfera pública mediática, encaminadas a enfatizar una denuncia o a expresar una voluntad de actuación, y no de afirmaciones objetivas de hecho ni de actos consumados”. Y que constituirían “juicios de valor y fórmulas retóricas que gozan de la protección constitucional de la libertad de expresión”. 

Insultos y “gravísimas” acusaciones

En su demanda, Rubén Sánchez alegó que Esteve había publicado una serie de vídeos “con el único ánimo de injuriar y minar su reputación” y en los que se dedicaba a insultarle de forma reiterada y a lanzar gravísimas acusaciones contra él. Lo acusó, por ejemplo, de quedarse con dinero de donaciones recibidas para fines judiciales por la asociación Acción Contra el Odio, de la que es vocal; o de sobornar a la fiscal Susana Gisbert, quien ha denunciado al agitador ultra en los juzgados por delito de odio por sus comentarios contra el colectivo migrante. 

“Los vídeos contienen una retahíla de insultos que resultan innecesarios y gratuitos, y su repetición insistente demuestra que no tienen más objeto que la difamación, la merma de la reputación y la lesión al honor”, recoge la demanda del secretario general de Facua, que también manifiesta que el objetivo de esos vídeos es “la pura vejación y humillación de una persona” y la atribución de actividades claramente delictivas. 

En su escrito, Sánchez expuso que los perfiles y canales desde los que se difundieron esos vídeos “suman más de un millón de seguidores”. Sólo en YouTube, X y Telegram las publicaciones habían alcanzado las 347.000 visualizaciones cuando se presentó la demanda en marzo de 2025. El secretario general de Facua reclamó una indemnización de 30.000 euros por daño moral que la defensa de Esteve considera “desproporcionada, arbitraria y carente de motivación”. 

Los vídeos que son objeto de la demanda fueron publicados por Esteve entre el 21 y el 24 de marzo de 2025, después de que trascendiera que la Fiscalía de Valencia había abierto diligencias contra él por delito de odio con relación a sus comentarios contra el colectivo migrante. El Ministerio Público finalmente presentó el pasado 10 de septiembre una denuncia por estos hechos cuya admisión a trámite está todavía pendiente. En ese procedimiento, que se desarrolla en la vía penal, la fiscal considera que Esteve difundió a través de sus redes sociales “expresiones vejatorias y que pueden incitar al odio contra el colectivo migrante” que “son claramente discriminatorias” y “difunden noticias falsas”. 

Crece la polémica en una de las ediciones más agitadas del festival Brava Madrid. Primero fue el traslado desde Ifema hasta Torrejón de Ardoz a causa de las obras para erigir el circuito del Gran Premio de Fórmula 1, unos trabajos que han obligado a reubicar otros certámenes. Ahora la cita (que tendrá lugar en el municipio madrileño este viernes y sábado) se enfrenta a numerosas quejas por negarse a devolver abonos pese a las bajas de varios artistas del cartel, según muchos afectados por la implicación en su organización del fondo KKR (al que vinculan con los asentamientos ilegales de Israel en Cisjordania).

“A diferencia de otros festivales como Sónar o FIB, el Brava está silenciando su vinculación con el fondo KKR y es el único festival que NO devuelve el dinero de las entradas a las personas que no quieran financiar un genocidio”, critica en redes el usuario Antonio Mata. El internauta afirma que “muchos artistas han cancelado su participación y, sin embargo, el festival lo está ocultando para que el público no solicite la devolución”.

Como expone este perfil en X, los artistas Villano Antillano, Pixie Lott, Abril Zamora o Kuve han dejado de aparecer en el cartel “sin ningún comunicado por parte del Brava Madrid, que se limita a ignorar/eliminar los comentarios preguntando sobre esto”. Y añade: “Siguen algunos post en los que anuncian que Pixie Lott (cabeza de cartel) acudirá al festival. Engañando claramente a su público”. Además, la cantante Aquaria (quien ha manifestado que no acudirá al festival) sigue apareciendo en el cartel. Lalachus y Oro Jondo han sido las bajas más recientes de un festival cuyos abonos tienen un precio que oscila entre los 42 ,50 y los 180 euros, mientras que las entradas para una sola jornada no bajan de 34,99.

Desde la plataforma en defensa de los derechos del consumidor Facua recuerdan en un comunicado que “los afectados tienen derecho a solicitar el reembolso de la entrada”. Adelantan que “la asociación ha denunciado a la promotora del evento ante el Servicio de Inspección de Consumo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz tras tener constancia por parte de varios afectados de que se está negando al reembolso del dinero”. Según recoge el portal Consumidor Global, la organización se escuda en que ofrecía un seguro como garantía de cancelación por 5 euros.

Pero desde Facua advierten de que las empresas no pueden negarse a estos reembolsos con independencia de haberlo contratado, ya que “la modificación del plantel de artistas se considera un cambio sustancial de las condiciones pactadas”. “Aquellos usuarios que hayan solicitado a la promotora del evento la devolución de las entradas y a las que se les haya negado, pueden presentar una denuncia contra la empresa ante las autoridades de consumo de su comunidad autónoma”, apostillan.

Contacto con la empresa y denuncias ante la Oficina de Atención al Consumidor

El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, se explaya en este procedimiento en declaraciones a Somos Madrid: “Lo primero es plantear la cuestión a la misma entidad a la que compraste la entrada, por ley tiene que haber una dirección de corre en la web”. En el caso del portal del Brava, el canal de contacto es un formulario alojado en la plataforma de venta de entradas Enterticket, disponible en este enlace. A la hora de enviar la petición, es necesario indicar datos personales y sobre el evento al que se acude, así como el código de la entrada.

En el apartado de opciones hay que elegir la pestaña “devolución” y en el de “información complementaria” exponer lo ocurrido tal como lo explica Rubén Sánchez: “Se debe plantear que se ha tenido conocimiento de un cambio importante en el cartel. Que el grupo o los grupos que motivaron que fuera al festival no asiste finalmente. Y que por ello se quiere cancelar el contrato para una devolución íntegra del dinero”.

Se debe plantear que se ha tenido conocimiento de un cambio importante en el cartel. Que el grupo o los grupos que motivaron que fuera al festival no asiste finalmente. Y que por ello se quiere cancelar el contrato para una devolución íntegra del dinero

Rubén Sánchez — Secretario general de Facua-Consumidores en Acción

El secretario general de Facua plantea cómo actuar en caso de que la empresa deniegue o ignore esta petición: “Se pone una denuncia ante la autoridad de Consumo de la comunidad autónoma del usuario. Es un mecanismo de presión con el que también se puede solicitar la apertura de un expendiente sancionador”. En el caso de la Comunidad de Madrid, el trámite se lleva a cabo a través de la Oficina de Atención al Consumidor.

La denuncia se puede presentar a través de Internet. En esta página se puede descargar y presentar el impreso para efectuar el trámite, aunque es necesario disponer de certificado digital o DNI electrónico. La denuncia también puede cursarse en cualquier oficina de registro de la Comunidad de Madrid, en la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios y en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor.

Sánchez indica que “quien lo desee puede presentar una demanda judicial por reclamación de cantidad”, pero cree que “la vía de denuncia ante administraciones debe provocar un movimiento rápido de ellas ante una práctica que sería un fraude”. Así, la empresa podría ceder antes incluso de la actuación de dichas autoridades “ante el riesgo de multas”. Rubén Sánchez recalca que “es clave la presión ciudadana, que los propios consumidores presenten denuncias para forzar a a que las administraciones actúen”.

No es el primer conflicto en materia de consumo que atañe al Brava Madrid. En 2023, sus organizadores cobraron 9 euros por traslados en buses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) que habían sido anunciados como gratuitos. Brava esgrimió un “error de comunicación” de la EMT en el anuncio de que serían gratuitos. Unos meses más tarde, la Comunidad de Madrid abría expediente al festival por obligar al pago de productos en su interior mediante sus propias pulseras. La Subdirección General de Consumo consideró que esta práctica “constituye una condición abusiva para los consumidores”.

Antonio Mata se hace una pregunta sobre el propósito del certamen musical: “¿Es el Brava Madrid un festival progresita y pro-LGTBQ+ o simplemente quiere el dinero del colectivo a costa de engañar y estafar a su público?”. Por su parte, Rubén Sánchez resume las críticas al festival con un sencillo ejemplo: “No puedes venderle a alguien un concierto de Joaquñin Sabina y Ana Belén para que al final sea de Joaquín Sabina y Melendi. Si no te gusta Melendi, tienes derecho a reclamar ese dinero”.

FACUA-Consumidores en Acción ha alertado sobre la existencia de una página web que aparenta ser la oficial de los Museos Vaticanos y que comercializa entradas a un precio superior al de los canales autorizados. La asociación ha presentado una denuncia contra su propietaria, The Walker Tour LLC, ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

La organización de consumidores ha comprobado que la web museivaticaniticket.com/es reproduce símbolos y colores propios de la Ciudad del Vaticano, blanco y amarillo, lo que puede inducir a los usuarios a creer que se trata de la página oficial. Además, emplea iconografía casi idéntica a la del portal legítimo de los Museos, reforzando la confusión.

Más elementos cuestionados

Otro de los elementos que FACUA cuestiona es que en ningún punto del sitio se advierte de manera clara que pertenece a una empresa privada. Tampoco se informa de que la venta de entradas se realiza con un suplemento respecto al precio oficial, lo que supone un coste significativamente mayor para los visitantes que utilizan esta vía.

La asociación recuerda que este tipo de prácticas están contempladas en la Ley 3/1991, de Competencia Desleal. Su artículo 5 considera desleales los llamados “actos de engaño”, es decir, aquellos susceptibles de inducir a error sobre la naturaleza o las características de un servicio. También precisa que puede considerarse engañosa cualquier conducta que, aun siendo veraz en parte, por la forma en que se presenta lleve al consumidor a conclusiones equivocadas.

FACUA cita igualmente el artículo 6 de esta misma ley, que regula los “actos de confusión”. Este precepto establece que es desleal todo comportamiento que pueda generar confusión sobre el origen o la procedencia de una prestación. La asociación advierte de que la página denunciada cumple con este supuesto al imitar los signos distintivos de los Museos Vaticanos y al no aclarar su naturaleza privada.

La organización de consumidores añade que la Ley General de Publicidad, en su artículo 3, también contempla la publicidad engañosa como un acto de competencia desleal. En este sentido, el uso de símbolos o afirmaciones que den a entender que un servicio cuenta con un respaldo institucional que realmente no tiene constituye una infracción.

Expediente sancionador

Por ello, FACUA solicita a la Dirección General de Consumo que investigue el caso y abra un expediente sancionador contra la empresa responsable. La asociación insiste en que este tipo de webs no solo perjudican económicamente a los usuarios, sino que socavan la confianza en los canales de venta legítimos de instituciones culturales de gran relevancia internacional.

Este nuevo caso se suma a otras denuncias recientes de FACUA contra prácticas consideradas abusivas o desleales en el sector del ocio y la cultura. La organización recuerda a los consumidores la importancia de verificar siempre que las entradas a monumentos o museos se adquieran a través de páginas oficiales o distribuidores autorizados, evitando así sobrecostes y posibles engaños.

La asociación de consumidores FACUA Extremadura ha instado a la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda a tomar medidas urgentes ante los graves retrasos en la concesión de citas para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la comunidad. Según advierte la organización en un comunicado, la demora para acceder al servicio supera en muchos casos el mes de espera.

FACUA señala las “numerosas dificultades” que están encontrando los conductores para conseguir cita en tiempo y forma, hasta el punto de que la propia Junta ha autorizado la apertura de dos nuevas estaciones ITV privadas como medida paliativa. La entidad recuerda que, según el artículo 4 del Real Decreto 920/2017, pasar la inspección en una estación ITV autorizada es un requisito obligatorio para poder circular legalmente por las vías públicas.

Sin embargo, en la práctica, muchos usuarios extremeños no pueden cumplir con esta obligación legal por la falta de disponibilidad en el servicio, y se ven obligados a desplazarse a otras comunidades autónomas limítrofes para poder realizar la revisión de sus vehículos y evitar así posibles sanciones de tráfico.

FACUA Extremadura insta a la Consejería competente a “acometer las acciones necesarias” para garantizar que las citas puedan obtenerse sin esperas excesivas y dentro de los plazos que marca la normativa vigente. La asociación subraya que la saturación del sistema pone en riesgo el cumplimiento de una obligación legal por parte de los ciudadanos, lo que resulta especialmente grave tratándose de un servicio público vinculado a la seguridad vial.

Asimismo, anima a los usuarios que estén sufriendo demoras similares a ponerse en contacto con la asociación, para que esta pueda estudiar cada caso individualmente y valorar posibles acciones en defensa de sus derechos.

La Dirección General de Consumo del Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado la multa de 12.000 euros que impuso a Yelmo por impedir entrar con comida y bebida a sus salas de cine del centro comercial Lagoh, consecuencia de una denuncia de Facua Andalucía.

Según informa la organización en una nota de prensa, FACUA denunció en 2023 a éste y otros cuatro cines Yelmo ubicados en Andalucía (Algeciras, Jerez de la Frontera, Roquetas de Mar y Almería) ante los respectivos ayuntamientos por “incumplir la normativa andaluza de derecho de admisión al prohibir a los asistentes entrar a las salas con alimentos comprados fuera”.

Ahora, el Servicio de Consumo del Ayuntamiento ha resuelto desestimar el recurso de reposición que interpuso la empresa contra la sanción por “negar el acceso a sus salas con alimentos comprados en el exterior”. Yelmo recurrió la multa argumentando que “había solicitado al consistorio hispalense la autorización para llevar a cabo el derecho de admisión y la entendió aprobada al no recibir respuesta por silencio positivo”.

Recurso que ha sido desestimado este junio, según apostilla Facua, por el Servicio de Consumo del Ayuntamiento en una resolución donde deja claro que el silencio positivo “no puede amparar condiciones expresamente prohibidas o no contempladas en alguno de los supuestos previstos en el artículo 7 del RGAA (Reglamento General de Admisión de Personas en Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía), supuestos en los que, por tanto, no cabe estimación presunta”.

En este sentido, el Consistorio ha señalado que la actividad que desarrolla Yelmo es la de “espectáculo cinematográfico” y su establecimiento viene definido como 'cine', por lo que “no cabe aplicar como condición de admisión que el usuario porte comida y bebida del exterior, ya que no se trata de un establecimiento de hostelería o de ocio y esparcimiento”. Así, la Dirección General de Consumo, Cementerio y Protección Animal del Ayuntamiento ha confirmado la multa de 12.000 euros a Yelmo que impuso el pasado mes de marzo.

En Almería, Yelmo ha sido sancionada recientemente con 25.000 euros por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía por impedir en sus salas del municipio de Roquetas de Mar y el barrio almeriense de Torrecárdenas el acceso con alimentos y bebida adquiridos en el exterior. “La administración andaluza apunta en la misma dirección que el Ayuntamiento de Sevilla, al señalar que los cines no están comprendidos entre entre las empresas que pueden acogerse a los supuestos que recoge el artículo 7 del RGAA”, ha advertido la federación.

Finalmente, Yelmo Cines también fue multada en Euskadi por “estas prácticas” en 2023. Tras la denuncia de Facua Euskadi, el Instituto de Consumo Vasco (Kontsumobide) sancionó a la empresa con 30.001 euros por impedir a los usuarios el acceso a sus instalaciones con alimentos adquiridos en el exterior.

Los tribunales andaluces han confirmado que el youtuber de extrema derecha conocido como 'Un Murciano Encabronao' debe indemnizar con 30.000 euros a Rubén Sánchez, secretario general de Facua, por difamarle en su canal de YouTube afirmando que consumía cocaína con dinero de la organización de defensa de los consumidores. Los jueces de la Audiencia de Sevilla confirman que la indemnización no es “desproporcionada” y que sus comentarios no eran una simple crítica política, sino que actuó “con ánimo de menosprecio y daño de su reputación”. La sentencia también confirma que este youtuber debe difundir su condena en su canal y borrar los vídeos.

El youtuber 'Un Murciano Encabronao' adquirió fama durante la pandemia de COVID-19, cuando se transformó en uno de los colaboradores habituales de Estado de Alarma TV, canal de Javier Negre. En los últimos años, YouTube ha cerrado un canal donde tenía más de 100.000 seguidores y en la actualidad tiene otro con casi 35.000.

Entre 2021 y 2022, este youtuber llamado Raúl Alfonso afirmó en más de 30 ocasiones que Rubén Sánchez consume cocaína, y que incluso usaba subvenciones de la ONG de la que es secretario general para comprar la droga. También refiriéndose a él de forma constante como “Farlopín”, haciendo gestos de estar esnifando y repetirlo en diversos vídeos y textos tanto en YouTube como en Facebook.

Un juzgado de Sevilla decidió estimar íntegramente la demanda de Rubén Sánchez contra él, al entender que esas expresiones habían vulnerado su honor. Unas expresiones que ya en primera instancia los tribunales de Sevilla consideraron que eran “claramente ofensivas e innecesarias para el ejercicio del derecho de información” y que “nada aportan al interés general”.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado esta condena civil de 30.000 euros para el youtuber, que pedía ser exonerado o que, al menos, esa indemnización sea reducida a 900 euros. Los jueces explican que la cantidad de 30.000 euros no puede ser considerada como “desproporcionada” teniendo en cuenta el “daño moral efectivamente causado” al secretario general de Facua.

'Un Murciano Encabronao' también alegaba que sus difamaciones tenían un “interés general” ya que Sánchez, al frente de Facua, “desarrolla una actividad de activismo político”. La Audiencia Provincial de Sevilla contesta que el youtuber no estaba trasladando información u opinión al gran público, sino que actuó por “un deseo de dañar su resputación”. “No se percibe el simple exceso en la crítica”, añaden los jueces, sino “ánimo de menosprecio y daño de su reputación”.

Atribuirle el consumo de drogas, añade el tribunal andaluz, es algo “deshonroso, causante de desprestigio y desmerecimiento en los distintos entornos del desarrollo personal de cualquier individuo”.

La sentencia, todavía recurrible ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, también condena en costas al youtuber y justifica que la indemnización sea de 30.000 euros y no de 900 como pedía el sancionado. Su agresión al honor de Sánchez, explica, fue “especialmente intensa en lo temporal y en el ámbito de difusión, por haberse realizado en conocidas redes sociales que, además, permiten una fácil e incontrolada redifusión por los usuarios”.

Eso, añade la sentencia, aumenta de forma “significativa” la “repercusión del daño ya intrínseco en tales mensajes y complicaciones. Es innegable otorgar a la lesión y el consiguiente del daño moral el rango de muy grave”.

La organización de consumidores Facua ha detectado varios productos de la multinacional PepsiCo que han reducido su tamaño y aumentado su precio. Es el caso de los envases de Ruffles, Lays, Doritos y Cheetos. Según denuncia, ejemplos de reduflación, una práctica que consiste en reducir la cantidad del producto manteniendo o aumentando el precio de venta.

Ante esta práctica reiterada, la asociación reclama al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 un cambio regulatorio para obligar a los fabricantes a advertir claramente de estos cambios de formato en su etiquetado, a los que reclama un ejercicio de transparencia.

Menos cantidad en Ruffles, Lays, Doritos y Cheetos

La subida más acusada en los productos de PepsiCo analizados por Facua se ha producido en los Cheetos Gustosines. De acuerdo con la organización, se han encarecido en un 44,8% por kilo en los últimos tres años. Por tanto, han pasado de venderse en formato de 96 gramos en enero de 2022 a uno de 75 gramos en mayo de 2025.

Se trata de un ejemplo claro de reduflación: actualmente, la bolsa contiene 21 gramos menos que antes, pero su precio se ha incrementado en 19 céntimos, de 1,45 a 1,64 euros.

Facua también ha detectado “dos modificaciones” en los últimos tres años al pack económico de las patatas Ruffles sabor a jamón. En enero de 2022, este producto contenía 295 gramos y se vendía en Carrefour a 2,89 euros. Un año después pasó a contener 275 gramos y su precio escaló hasta los 3,35 euros. Actualmente, lleva 243 gramos y se vende al precio de 2,99 euros. Por tanto, contiene 52 gramos menos que en 2022, mientras que su precio es 10 céntimos mayor.

Otro producto afectado son las Lay’s al punto de sal. El pack económico de este aperitivo contenía 282 gramos en enero de 2022, siendo su precio en Carrefour de 2,35 euros. El formato actual trae 248 gramos (34 gramos menos) y cuesta 2,69 euros (34 céntimos más).

A la lista se suma una bolsa de patatas más: los Doritos Tex-Mex en su formato económico. De acuerdo con el análisis de Facua, el anterior contenía 260 gramos y su precio era de 2,89 euros. Ahora, lleva 225 gramos (35 gramos menos) y cuesta 2,99 euros (10 céntimos más que antes).

El Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla ha prorrogado seis meses más, hasta el próximo 21 de noviembre, la causa en la que investiga a Vito Quiles, candidato en las listas del partido Se Acabó la Fiesta en las elecciones europeas de junio de 2024 y jefe de prensa del líder de esta formación, Luis “Alvise” Pérez. Se investiga la querella promovida en su contra por presuntas injurias y calumnias al secretario general de la asociación de consumidores y usuarios Facua, Rubén Sánchez.

Así figura en un auto emitido el pasado 16 de mayo por dicha instancia judicial, después de que Vito Quiles compareciese como investigado en el juzgado el pasado mes de febrero, a petición propia una vez que en su citación inicial del pasado 25 de diciembre de 2024 por videoconferencia se hubiese acogido a su derecho a no declarar.

Tras la comparecencia del pasado mes de febrero, la acusación particular que ejerce la representación letrada de Rubén Sánchez consideraba que el investigado no había “explicado” ni “aclarado” en qué se fundamentarían sus acusaciones en las redes sociales contra el secretario general de Facua. “No ha explicado a qué personas habría ordenado amenazar de muerte Rubén Sánchez ni quiénes serían las víctimas de las extorsiones y estafas que le ha atribuido, como tampoco en qué habrían consistido esos delitos, ni la identidad de ninguno de los sicarios que aseguró que tiene el secretario general de Facua ni quienes tendrían a su nombre varios yates que según Quiles serían propiedad de Sánchez”, señalaba la acusación particular.

La querella de la que derivan las diligencias fue formalizada en octubre de 2022 y tiene origen en comentarios en las redes sociales vertidos por Vito Quiles, en los que acusaba al líder de Facua, Rubén Sánchez, de “extorsiones y estafas”, así como el hecho de “deslizar la existencia de 'relaciones' entre Facua y supuestas tramas de menores abusadas y tuteladas en la Comunidad Valenciana y en Baleares”, según el secretario de la organización de consumidores, que recientemente amplió su denuncia.

El paradero de Vito Quiles

La jueza María José Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 18, ordenó tiempo atrás la averiguación del paradero de Vito Quiles como querellado, después de que no hubiese podido ser citado en el domicilio designado en la causa ni en ninguno de los que constan en la consulta integral de domicilio del Punto Neutro Judicial, mientras que tampoco se había podido contactar telefónicamente con el mismo.

El pasado 13 de junio de 2024 Vito Quiles acudió al juzgado para designar abogado y procurador, informar de su domicilio y ponerse a disposición de la juez instructora. Posteriormente, la juez ordenó librar testimonio a la Fiscalía del Tribunal Supremo, para que examinase una serie de contenidos difundidos por el líder de dicha formación y europarlamentario, Luis “Alvise” Pérez, que podrían suponer “amenazas y represión a la función jurisdiccional” con relación a la magistrada titular de dicha instancia judicial.

En esos mensajes, “Alvise” Pérez atribuye a la propia magistrada “una orden criminal inaceptable”, al haber aludido por error en un auto a una orden de detención contra Vito Quiles en la mencionada causa por presuntas injurias y calumnias, extremo corregido con el requerimiento de averiguar su paradero.

En los citados contenidos, “Alvise” Pérez habría manifestado que en caso de no ser rectificada la resolución judicial, aludiendo expresamente a la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, publicaría “cosas sobre la definición del término soborno”.

El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 ha dejado una importante huella en millones de hogares y empresas en todo el territorio español. El corte de suministro, que afectó a varios sectores, ha generado inquietud entre los consumidores, que se preguntan sobre sus derechos y qué pasos deben seguir para reclamar por los daños sufridos.

En medio de la confusión, las organizaciones de consumidores como FACUA y OCU han dado algunas pautas sobre cómo proceder ante este tipo de incidentes, recordando que las circunstancias excepcionales dificultan la posibilidad de obtener compensaciones inmediatas. A pesar de ello, los afectados tienen opciones y deben estar informados sobre cómo presentar reclamaciones de manera efectiva.

Uno de los principales perjuicios ha sido la pérdida de alimentos debido a la interrupción de la cadena de frío, pero también se han registrado daños en electrodomésticos y alteraciones en los planes de transporte.

Ante esta situación, el portavoz de la OCU (Unión de Consumidores), Enrique García, destacó en una entrevista en Radio 5 (RNE) que las empresas no estarían obligadas a indemnizar a los usuarios en casos de apagones de este tipo, ya que la interrupción del servicio se considera fuera de su control.

Sin embargo, las organizaciones siguen recomendando a los consumidores que guarden las pruebas que puedan demostrar los perjuicios sufridos, ya que estas pruebas serán fundamentales si se decide presentar una reclamación formal ante las autoridades competentes.

¿Qué pasos seguir para reclamar los daños?

Los consumidores afectados por el apagón deben seguir ciertos pasos fundamentales para presentar una reclamación ante las empresas responsables o, en su caso, ante los tribunales de consumo. Las organizaciones de consumidores insisten en que lo primero que debe hacer cualquier afectado es recopilar todas las pruebas posibles que puedan demostrar los daños sufridos.

“Es esencial que los consumidores guarden los recibos de productos dañados, como alimentos y electrodomésticos, y que documenten las circunstancias en las que ocurrió el apagón”, señala Enrique García, portavoz de la OCU.

El proceso comienza con la recopilación de pruebas documentales, como facturas, informes técnicos de los electrodomésticos dañados, fotografías de los daños y cualquier otro tipo de documentación que pueda demostrar el perjuicio sufrido.

Estas pruebas no solo son cruciales para sustentar una posible reclamación, sino que también son necesarias si el consumidor decide acudir a la vía judicial en caso de que no reciba una compensación por parte de las empresas correspondientes. Las organizaciones como FACUA y OCU han resaltado que la falta de pruebas podría dificultar enormemente la posibilidad de obtener una respuesta favorable.

Si los daños están relacionados con productos o servicios adicionales, como los daños en electrodomésticos o la pérdida de alimentos, los consumidores también pueden presentar reclamaciones ante las aseguradoras si tienen una póliza que cubra este tipo de incidentes. En general, las empresas tienen un plazo para responder a las reclamaciones, por lo que es importante presentar las solicitudes lo antes posible.

¿Es posible obtener compensación por los daños sufridos?

Una de las principales preocupaciones de los afectados por el apagón es si las empresas de servicios están obligadas a indemnizar por los daños sufridos. Según las declaraciones de Enrique García, “la empresa no está obligada a indemnizar por un apagón, ya que este tipo de situaciones se consideran excepcionales”. Esto significa que, en principio, los consumidores no tienen derecho a recibir compensación por los daños causados por un evento que no está dentro del control de las compañías de servicios.

Sin embargo, subrayan que los usuarios no deben desistir de presentar sus reclamaciones, incluso si las probabilidades de obtener una indemnización son reducidas. Las reclamaciones deben basarse en las pruebas recopiladas, y en el caso de que la empresa responsable no responda adecuadamente.

En cuanto a los daños derivados de fluctuaciones de tensión, como los daños en electrodomésticos, las compañías podrían asumir una compensación si se demuestra que estas fluctuaciones fueron causadas por un fallo en el sistema eléctrico.

Las aseguradoras también juegan un papel importante en este tipo de situaciones, ya que muchos seguros de hogar incluyen coberturas por daños derivados de cortes de electricidad. FACUA aconseja a los consumidores que revisen sus pólizas para determinar si están cubiertos por estos daños.

La situación del transporte: ¿se puede reclamar?

El apagón también afectó a los medios de transporte, como los vuelos, trenes y otros servicios de transporte, que se vieron interrumpidos por la falta de electricidad. En este sentido, las organizaciones de consumidores han aclarado que las empresas de transporte no están obligadas a indemnizar a los pasajeros afectados por los retrasos y cancelaciones causadas por el apagón. Según la OCU, “la empresa transportista no está obligada a buscar alojamiento o compensación, aunque podría hacerlo si la situación lo exige”.

Aunque las compañías de transporte no son responsables por los daños causados directamente por el apagón, los consumidores aún pueden presentar reclamaciones por los inconvenientes sufridos si el apagón alteró significativamente sus planes de viaje. Sin embargo, las asociaciones de consumidores aclaran que esto dependerá de las políticas de cada empresa.

Las reclamaciones podrían incluir la solicitud de un reembolso parcial por los billetes no utilizados o el alojamiento adicional necesario debido a la cancelación de viajes, aunque no existen garantías de que estas reclamaciones sean atendidas favorablemente.

Las recomendaciones de FACUA y OCU son las siguientes: los consumidores afectados por alteraciones en el transporte deben guardar todos los documentos relacionados con sus viajes, como billetes, recibos de alojamiento y cualquier otro gasto derivado del apagón, para poder presentar una reclamación formal si lo desean.