Iberdrola ha tenido que abonar a un usuario los 515 euros que tuvo que pagar por la reparación de dos vehículos eléctricos que sufrieron daños después de recargarlos en un punto de carga defectuoso.

Pedro, residente en Sevilla, contrató en febrero de 2022 un punto de carga para vehículos eléctricos con esta compañía. Pidió que lo instalaran en unas plazas de garaje de su propiedad y, cuando la instalación estuvo preparada, la usó con normalidad hasta abril de 2024. Fue entonces cuando, tras enchufar uno de sus coches, apareció un mensaje de error en el vehículo que indicaba “batería carga imposible”.

El usuario llevó entonces el vehículo a un taller. Pensaba que se trataba de un fallo del coche. Días más tarde, puso a cargar el otro automóvil eléctrico del que dispone y, nuevamente y para su sorpresa, el vehículo mostró el mismo error que el anterior. Como hizo en el primer paso, lo llevó a un taller. Los vehículos estuvieron inmovilizados en ese establecimiento más de un mes, y por su reparación Pedro tuvo que abonar 515 euros.

A la vista de lo ocurrido, Pedro se puso en contacto con Iberdrola. Pidió a la compañía la sustitución del punto de carga por uno que no estuviera defectuoso y, también, el abono del dinero que había tenido que pagar por el arreglo de los coches, ya que claramente el daño en los vehículos había sido producido por esta instalación.

La empresa, sin embargo, decidió no responder a las reclamaciones del afectado.

Intervención de Facua y laudo arbitral

Ante esta situación, Pedro solicitó la intervención de FACUA Sevilla, de la que era socio desde 1994, para que le ayudara a defender sus derechos. El equipo jurídico de la asociación reclamó tanto la sustitución del punto de carga —que aún se encontraba dentro de los tres años de garantía que establece la normativa europea— como el abono de los 515 euros de la reparación de los vehículos afectados, ya que el taller encargado de las reparaciones había acreditado que los daños se debían al mal funcionamiento del punto de carga. Además, desde que le sustituyeron el cargador por otro nuevo, los vehículos no habían vuelto a presentar problemas.

Una vez iniciada la reclamación, Iberdrola accedió a sustitutir el punto de recarga. Sin embargo, siguió haciendo caso omiso de los intentos de que abonara también el arreglo de los vehículos dañados., por lo que Facua decidió acudir a la Junta Arbitral de Consumo.

Finalmente, el laudo arbitral ha dictaminado que Iberdrola debe abonar a Pedro los 515 euros de la reparación de ambos vehículos. El órgano arbitral considera acreditada la relación causa efecto entre la avería del cargador, que fue sustituido por estar en garantía, y la avería en los dos vehículos. Los laudos arbitrales son de obligado cumplimiento por parte de las empresas, por lo que, poco después de su dictamen, Iberdrola abonó a Pedro el dinero.

La asociación de consumidores Facua-Consumidores en Acción ha interpuesto una denuncia contra la aerolínea irlandesa Ryanair ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por el presunto incumplimiento de la normativa sobre los servicios de atención al cliente en sus líneas de contacto telefónico en España.

Según ha informado la organización en un comunicado, las líneas de atención a los usuarios habilitadas por la compañía aérea (los números 900 751 463 y 872 580 512) operan de forma automatizada mediante locuciones y grabaciones sin ofrecer en ningún punto del proceso la derivación a un agente humano en tiempo real, finalizando las llamadas remitiendo al usuario a realizar sus gestiones a través del portal web o la aplicación móvil de la empresa.

Cuando se insiste en varias ocasiones, el propio sistema detecta que ya se han efectuado llamadas anteriores y, en lugar de facilitar el acceso a un agente o proporcionar una vía alternativa de atención personalizada, vuelve a insistir al usuario en que debe dirigirse a la web de Ryanair.

Facua argumenta que esta práctica vulnera el artículo 21.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios -que exige garantizar una atención personal directa-, así como la Ley 10/2025 de Servicios de Atención a la Clientela, la cual prohíbe explícitamente el uso exclusivo de contestadores automáticos u otros medios análogos y obliga a ofrecer la opción de atención humana directa en cualquier momento de la llamada.

Por ello, la organización de consumidores ha aportado al departamento que dirige la Dirección General de Consumo las pruebas relativas al funcionamiento de las líneas y ha solicitado la apertura de un expediente sancionador contra la aerolínea proporcional a la gravedad de los hechos denunciados.

Facua ha denunciado al banco ING ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por no respetar la promoción que envió el 10 de agosto por correo electrónico a sus clientes donde les aseguraba que, si realizaban compras con tarjeta de crédito por importes “iguales o superiores a 100 euros”, les devolvería el 10%, con un máximo de 60 euros.

Tal y como detalla la organización en un comunicado, recogido por Europa Press, la entidad financiera envió a sus clientes un correo electrónico en el que explicaba las condiciones de la promoción y señalaba que, por ejemplo, ante un gasto de 500 euros, devolvería 50 euros. También indicaba que la devolución se recibiría el 5 de septiembre y que la promoción estaría vigente hasta el 28 de agosto.

No obstante, días después envió una segunda comunicación donde reconocía que había existido una “incidencia operativa en el envío” de la primera comunicación y afirmaba que la promoción “no estaba activa”. A raíz de esta decisión, Facua le remitió un escrito donde le advertía de que, si no cumplía con la oferta comercial, interpondría una denuncia ante el Ministerio de Consumo.

En consecuencia, el 31 de agosto, ING emitió una nueva comunicación informando de que finalmente aplicaría la promoción, aunque limitando el periodo de la misma hasta el 14 de agosto y no hasta el 28 de agosto como anunció inicialmente. Por lo que reducía la oferta a solo cuatro días.

Facua cree que el banco debe respetar la oferta inicial

De este modo, Facua considera que el banco debe respetar las condiciones de la oferta comercial comunicada el 10 de agosto, incluida su vigencia hasta el 28 de agosto, sin que pueda modificar posteriormente y de forma unilateral dichas condiciones en perjuicio de los consumidores que recibieron y pudieron legítimamente confiar en dicha oferta.

En el ámbito legal, Facua cita el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que “el contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías ofrecidas serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta en la determinación del principio de conformidad con el contrato”.

Al mismo tiempo, la asociación advierte de que el banco creó en sus clientes una expectativa económica que tiene que cumplir. “Incluso ha podido provocar que muchos de ellos hayan realizado gastos superiores a los que tenían previstos inducidos por la oferta que recibieron”, remarcan, y censuran que “una supuesta incidencia técnica o interna no puede convertirse automáticamente en una vía para que la empresa se desentienda de los compromisos que comunicó a sus clientes”.

Por todo ello, la asociación ha instado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a que abra expediente sancionador a ING por vulnerar los derechos de los consumidores al ofrecer la promoción únicamente hasta el 14 de agosto y no hasta el 28 como anunció en un principio.

Asimismo, exhorta a los usuarios que hayan recibido esta promoción a que reclamen al banco su cumplimiento, y les precisa que pueden dirigirse a la asociación para recibir asesoramiento sobre cómo defender sus intereses como usuarios.

Facua Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Nexora Data SL por disponer de una página web que visualmente puede “confundirse” con la oficial del Registro de la Propiedad y no aclarar que se trata de una intermediaria privada que aplica honorarios propios.

Las denuncias han sido presentadas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, según ha informado este miércoles la asociación en un comunicado.

Dicha mercantil es la responsable del portal registrogestion.es, un dominio que ofrece la tramitación telemática de notas simples, notas de localización y búsquedas de propiedades ante Registros de la Propiedad de distintas provincias.

Según Facua, hay que llegar “hasta el final de la web” para encontrar un mensaje, con letra pequeña, donde indica que el sitio web es un servicio de intermediación profesional, no un organismo oficial del Estado.

El servicio comercializado añade, por tanto, una gestión privada a la expedición registral que se solicita, ha indicado.

Sin embargo, según la asociación de consumidores, la web contiene una combinación de denominaciones, signos gráficos, colores, referencias administrativas y distintivos que, considerados conjuntamente, puede confundir a los usuarios y hacerles creer que están en la web oficial de Registradores de España.

En la cabecera aparece incluso una R blanca estilizada dentro de un recuadro rojo, junto a la denominación Registro Gestión y el lema “Tus trámites en línea”, teniendo en cuenta que el portal oficial de Registradores de España emplea también una R roja estilizada como signo principal.

También emplea los logotipos del Colegio Oficial de Gestores Administrativos y del Gobierno de España para explicar que sus datos son obtenidos de fuentes oficiales, lo que puede dar a entender al usuario que está en la web oficial de alguno de estos organismos.

Diferencia de precio

Facua advierte de que la contratación a través de un intermediario privado en lugar de realizarlo a través del Colegio de Registradores tiene una diferencia sustancial en el precio.

Por ejemplo, en registrogestion.es anuncian una nota simple por 51,43 euros (42,50 euros más IVA), cuando por el canal oficial tiene un precio de 10,91 euros (9,02 más IVA).

En la web de Nexora Data SL, los precios aparecen expresados como precio más IVA, sin mostrar el importe final del servicio con impuestos añadidos.

Facua ha pedido a la CNMC y al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que abran sendos expedientes sancionadores a la empresa Nexora Data SL por vulnerar con su web registrogestion.es las normativas vigentes en materia de competencia y derechos de los consumidores.

El precio de la luz en la primera quincena de agosto se ha disparado y apunta a un recibo para un usuario de la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), por encima de los 100 euros en el mes, por primera vez en cuatro años, según los cálculos de Facua Consumidores en Acción.

De mantenerse los precios de la luz de la primera quincena del mes, la factura se situará en los 101,23 euros, según la asociación, que advierte de que habría que remontarse a 2022 (en plena crisis energética tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia) para encontrar una factura de agosto más alta, cuando alcanzó los 158,30 euros.

El precio medio del kilovatio hora (kWh) de energía consumida en esta primera quincena se ha situado en 27,74 céntimos en horario punta, 19,29 céntimos en el llano y 21,34 céntimos en el valle (impuestos indirectos incluidos). Así, de momento, el precio de la energía ha subido con respecto a agosto de 2025 un 13,9% en punta, un 21,7% en llano y un 37,1% en valle, según los cálculos de Facua.

Con respecto a la evolución interanual, en esta primera quincena el recibo ha subido un 17,3% con respecto al mismo periodo de agosto de 2025. Extrapolados los datos a un mes completo, la factura representaba entonces 86,31 euros.

En los últimos años, la factura del usuario medio -un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo de 366 kWh mensuales- del mes de agosto fue de 80,71 euros en 2025, 78,21 euros en 2024, 73,21 euros en 2023 y 158,30 euros en 2022.

Con los datos de la primera quincena de agosto, la subida con respecto a julio -que ya era el mes más caro del año con 93,65 euros- alcanza el 8,1%. El siguiente mes con la factura más cara fue marzo, con 82,09 euros. Así, habría que remontarse a diciembre de 2025 para encontrar un recibo de la luz más alto, cuando entonces costó 87 euros.

El usuario medio utilizado por Facua en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kW -la misma en horario punta y valle- y un consumo de 366 kWh mensuales.

En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.

Facua reclama “cambios regulatorios de calado al Gobierno para acabar con los desproporcionados márgenes que hay en el sector de la generación eléctrica”. Además, pide que la energía nuclear y la hidráulica salgan de la subasta diaria y sean sometidas a un precio fijado por el Ejecutivo que se revise periódicamente.

La Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia ante el Decanato de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla contra el agitador ultra Vito Quiles para iniciar una investigación por un presunto delito de estafa. El origen de este nuevo caso estaría en la recaudación de donaciones para niños víctimas de la Dana de Valencia y becas para jóvenes.

El escrito, consultado por Europa Press y fechado el pasado 23 de julio, responde a una denuncia inicial de la asociación Facua-Consumidores en Acción, presentada tres días antes, en la que señalaba un posible delito de estafa, apropiación indebida y falsedad documental por parte del comunicador.

Según Facua, el 1 de enero de 2025, Quiles “comenzó a pedir dinero desde su canal de Telegram para repartir juguetes y obsequios a niños de los municipios afectados por la Dana en la Comunidad Valenciana”. Unas donaciones que “iban a parar a la misma cuenta bancaria en la que desde julio de 2022 venía ingresando dinero de sus seguidores para financiar sus propias actividades”.

Confusión en las cuentas

“En los últimos cuatro años, el agitador ha solicitado donaciones desde el citado canal en más de una veintena de ocasiones, en todos los casos con destino a su cuenta y sin que nunca pida que el donante especifique el motivo y destino de la donación”, ha asegurado Facua por medio de su portavoz, Rubén Sánchez.

Asimismo, la entidad indica que Quiles, “a través de la web de su nuevo medio, Combativos, viene captando donaciones desde el pasado junio con el reclamo de que irán destinadas tanto a financiar la publicación de sus contenidos como a becas para jóvenes, sin aclarar cómo determinará que cantidades irán para una y otra finalidad”.

Ante esta situación, la Fiscalía ha afirmado que “el hecho de que las donaciones se deban ingresar en la misma cuenta destinada a la autofinanciación del titular, hace que quien haya realizado tales donaciones, vea frustrado su buen propósito al quedar diluida su donación en el montante del resto de cantidades”.

“A la cuenta bancaria de Quiles”

“Ciertamente, por el mismo mecanismo utilizado para la obtención de tales cantidades, se hace difícil conocer las cuantías en las que se ha lucrado haciéndose preciso la averiguación de los hechos y de las cuantías defraudadas”, ha añadido el escrito.

“Entendemos que no se trataría de iniciar una investigación que pueda entenderse meramente prospectiva, pues en este caso no iría dirigida a desvelar si existe o no delito, sino que por el denunciante se aportan datos inequívocos de que se realizan acciones por parte del denunciado que pudieran ser delictivas”, ha señalado.

Facua ha subrayado que “desveló que esa sociedad no estaba dada de alta en el Registro Mercantil y que el dinero en realidad iba a parar a la cuenta bancaria de Quiles”.

No es la primera causa impulsada por Facua contra Quiles, el secretario general de la entidad, Rubén Sánchez, solicitó el pasado mes de abril nueve años de prisión para el periodista por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico. Asimismo, desde Facua han indicado que el comunicador “está investigado en otro procedimiento por estafa tras una denuncia de Renfe por acceder a sus trenes sin el billete correspondiente”.

El día de la final del Mundial, el 19 de julio, la tienda online Milfshakes, del conocido youtuber español Nil Ojeda, lanzó en redes sociales una promesa que se viralizó al momento: “Si España gana hoy, toda la web al 99%”. España ganó, y los usuarios que acudieron a reclamar el descuento prometido encontraron camisetas con precios “originales” de más de 3.000 euros, a los que se aplicaba el 99% de rebaja para dejarlos en exactamente lo que costaban antes de la campaña: unos 29,69 euros. Lo que parecía una oferta histórica era realmente su precio normal.

Milfshakes se define como un “concepto artístico basado en la aleatoriedad” con campañas diseñadas para viralizarse entre el público joven. En este caso lo consiguió con creces, llegando, según reconoció el propio Ojeda, a mucho más público del que habitualmente forma su comunidad habitual. El problema es que cuando España marcó el gol definitivo y miles de usuarios entraron a la web con “toda la ilusión del mundo”, se encontraron con que el catálogo habitual había desaparecido y los únicos productos disponibles tenían precios inflados artificialmente. La web dejó de estar operativa poco después y sus perfiles en redes sociales fueron eliminados, aunque la imagen promocional del descuento siguió circulando.

La trampa del descuento y el marco legal

FACUA-Consumidores en Acción no ha tardado en actuar. La organización ha denunciado a Milfshakes ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por publicidad engañosa. El argumento legal lo tienen claro: el artículo 20 de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista establece que, en cualquier oferta con reducción de precio, el precio anterior debe ser “el menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los treinta días precedentes”. Para que el 99% de descuento hubiera sido real, las camisetas habrían tenido que costar más de 3.000 euros durante el mes anterior a la campaña, y obviamente nunca fue así.

FACUA cita además el artículo 5 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, que considera engañosa cualquier conducta que “contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico”, especialmente cuando se trata del precio. La organización señala que los usuarios que hayan podido caer en el engaño pueden acudir a ella para que valore actuaciones en defensa de sus derechos.

La respuesta de Nil Ojeda

Otro detalle llamativo es el hecho de que un día antes de que FACUA hiciera pública la denuncia, la propia cuenta de Milfshakes bromeaba en redes sociales anunciando la expulsión de “la persona a la que se le ocurrió la idea del 99% en toda la web”, con el comentario: “Merecido sinceramente”.

Horas después de conocerse la denuncia, Nil Ojeda publicó un vídeo en sus historias Instagram en el que salió a “dar la cara” y “asumir responsabilidades”. En el vídeo, Ojeda reconoció que la campaña “se les había ido de las manos” por su alcance inesperado. “En nuestra cabeza sonaba espectacular”, dijo. Y añadió: “Esta era una campaña para dar que hablar. Y ha dado que hablar... pero no de la manera que esperaba.” También confirmó que las camisetas compradas antes del escándalo llegarán a sus compradores: “A quien os gustara la camiseta del fútbol y la comprarais, os va a llegar, tranquilos.”

Las disculpas más directas fueron para los usuarios que entraron a la web esperando encontrar el descuento prometido: “A los que entrasteis a la web con toda la ilusión del mundo, de verdad, os pido perdón.” Ojeda cerró el vídeo con un “Llevábamos tiempo sin liarla tanto” y anunció que prepara algo para su comunidad para lo que, según él, sus seguidores no están “preparados”.

Actualmente la web vuelve a estar operativa con sus precios habituales: camisetas desde 19,69 euros y el precio más frecuente en torno a los 29,49 euros. La denuncia ante el Ministerio de Consumo sigue su curso pero parece que no ha afectado mucho al youtuber que ha anunciado en Instagram una colaboración con Tom Holland, el actor que da vida a Spider-man, poniendo como título “nueva estafa en Milfshakes”.

Vito Quiles acumula problemas con la Justicia. En el último mes, un juzgado dictó una orden de detención —ya levantada— contra él, algo que comunicó el propio Quiles a través de sus redes sociales. La Policía intentó localizarle en su lugar de trabajo, sin resultado, para ejecutar esta orden de detención, después de que no compareciera en una causa en la que se le investiga por un presunto delito contra el honor de un funcionario del Ministerio de Trabajo, del que dijo que era asesor de Yolanda Díaz y había salido de prisión gracias a ella. Finalmente, dos días después, la defensa del agitador ultra mandó un escrito de la defensa para informar de su intención de personarse en la causa y la magistrada le citó para el 20 de julio.

Esta no es la primera ocasión en la que la justicia intenta localizar a Quiles para notificarle la apertura de una causa. El año pasado, los funcionarios de un juzgado acudieron a la sede del pseudomedio para el que trabaja Quiles (EDATV) para entregarle la documentación de un caso abierto sobre él. En ese momento, los compañeros del medio donde presta sus servicios Vito Quiles le llamaron por teléfono: “Es contactado telefónicamente por sus compañeros y les manifiesta reiteradamente que no reciban documentación”.

Quiles ha estado involucrado en distintas causas que se le atribuyen por distintas razones, tanto penales como civiles, y el Congreso de los Diputados le ha suspendido su acreditación de prensa después de cometer dos infracciones graves del reglamento. Quiles grabó sin permiso y sin atender a su negativa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, posteriormente, publicó estas imágenes “obtenidas ilícitamente” en sus redes sociales. El Congreso también justificó su decisión por el aumento de la agresividad que presentaba durante su actividad Quiles en los últimos meses. No obstante, la Policía tuvo que frenar su entrada en el Congreso a principios del mes de junio, después de que intentase acudir a un debate sobre libertad de expresión al que había sido invitado por Vox.

Facua denuncia a Quiles y a EDATV

La organización de consumidores Facua ha señalado a Vito Quiles esta misma semana por “su nuevo pseudomedio a nombre de una sociedad que no existe”. Desde la organización afirman que el negocio de Quiles, su empresa Combativos SL, solicita donaciones a través de su página web para la “producción de contenido libre y becas para jóvenes”, pero ese dinero no llega a una cuenta bancaria asociada al negocio de Quiles, sino a una personal. Además, dentro de la información del negocio que aparece en su página web, se indica que Combativos SL tiene como actividad principal el “comercio electrónico de productos relacionados con deportes de combate y artes marciales”.

Facua añadía que el negocio Combativos.com es propiedad de una empresa que no está dada de alta en el Registro Mercantil, y que en la web omiten el domicilio y el NIF de su propietario, con lo que vulnera “las leyes de servicios digitales y protección de datos”. Por ello, Facua ha denunciado a Quiles ante la Secretaría de Estado de Digitalización del Ministerio para la Transformación Digital y la Agencia Española de Protección de Datos.

Según detalla la organización de consumidores, como no se facilita la identidad real del propietario, su domicilio ni su NIF, creen que Vito Quiles estaría vulnerando el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Ya fue denunciado por el secretario general de Facua

No es la primera vez que Vito Quiles es señalado desde la organización de consumidores. Dos de las causas que tenía abiertas ante los tribunales surgieron a raíz de denuncias y querellas de Rubén Sánchez, el secretario general de Facua. Sánchez pedía nueve años de cárcel para el agitador de extrema derecha “por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico”.

Rubén Sánchez acusó a Vito Quiles de difundir una lista de bulos sobre él “con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad”. Las acusaciones van desde ser un pederasta, encubrir abusos a menores, extorsionar, amenazar de muerte y defraudar subvenciones hasta desfalcar a Hacienda. Rubén Sánchez, además, mantiene también una causa contra Vito Quiles por la vía civil del derecho al honor.

Desde la defensa de Sánchez creen que estas calumnias “fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad”. Por cada uno de estos delitos, piden 12.000 euros de multa, a razón de 20 euros diarios durante 20 meses. El abogado del secretario de la organización de consumidores, Francisco Tejado, solicitó también que Vito Quiles “sea inhabilitado para desarrollar cualquier actividad vinculada al supuesto ejercicio del periodismo durante el mismo periodo que la condena por las calumnias”. El denunciante pedía también una indemnización de 60.000 euros tanto a Vito Quiles como a EDATV, el pseudomedio para el que trabaja.

El abogado de Vito Quiles, Juan Gonzalo Ospina, anunció que recurriría y que intentaría alcanzar un acuerdo para no llegar a juicio. Sin embargo, la defensa del agitador ultra acusó públicamente a Sánchez de “subir el tono y la confrontación”, y Quiles le llamó “extorsionador”, “sinvergüenza” y “delincuente” en su cuenta de X. “Te prometo que haré todo lo posible para que acabes en la cárcel por dirigir un grupo de acoso en las redes sociales”, escribió Quiles.

Denuncia de la presidenta de Red Eléctrica

Otra causa abierta del agitador es la imputación que se conoció el pasado mes de febrero por difundir la dirección de la casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. La justicia investiga a Vito Quiles por revelación de secretos y acoso a Corredor, después de publicar en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo. Eso provocó que la presidenta de Red Eléctrica recibiera amenazas de usuarios de las redes sociales que llamaban a “quemarle la casa”, lo que le obligó a reforzar su seguridad y limitar sus salidas. Desde la defensa de Quiles consideraron que los hechos no tenían “relevancia penal” y reclamaron el archivo de las diligencias.

Una jueza citó a declarar a Vito Quiles al asumir esta causa, pero el agitador ultra no compareció a la primera citación y el juzgado intentó citarlo en varios domicilios, incluida la sede de Se Acabó La Fiesta. Al no localizarle, la jueza dictó un auto de búsqueda y citación, hasta que el juzgado logró contactar telefónicamente con su madre y fue citado a comparecer para recoger la citación “bajo apercibimiento de detención”.

Acusado de delitos de odio contra una mujer con discapacidad intelectual

El pasado mes de abril, la Fiscalía pidió a Vito Quiles dos años de prisión por delitos de odio y contra la integridad moral después de denigrar en una entrevista a pie de calle a una persona con una discapacidad intelectual del 75% durante unas protestas en Génova en 2024, frente a la sede del PP, “guiado por el ánimo de denigrar” a la mujer “por razón de su discapacidad y por las ideas políticas que le atribuía”.

La organización feminista Libres y Combativas fue la que impulsó la denuncia contra Vito Quiles, además de contra Javier Negre, director del medio para el que presta sus servicios. Las imágenes se difundieron en el propio canal de EDATV y en redes sociales. La asociación considera que fue “un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de Lesión de la dignidad de las personas previsto y penado en el artículo 510.2.a) y 3 del Código Penal”, y que la situación de la mujer podía “ser advertida por cualquier persona que converse brevemente con ella”.

Imputado por estafa a Renfe

El pasado mes de mayo, Vito Quiles también fue denunciado por un presunto delito de estafa por viajar “de forma habitual y recurrente” a Madrid con un billete con destino a Albacete, a medio camino, para ahorrarse el precio completo del trayecto.

En la denuncia interpuesta por Renfe también le acusaban de utilizar “servicios exclusivos de clases superiores (denominadas confort) a los que obviamente tampoco tenía derecho, ocasionando con ello un directo perjuicio económico a la empresa por falta de abono de dichos costes”, y de mofarse de sus actitudes, además de animar a terceros a realizar las mismas estafas.

Causas archivadas por denuncias de Begoña Gómez y Sarah Santaolalla

Vito Quiles también ha sido denunciado por acoso en varias ocasiones por la periodista Sarah Santaolalla y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Gómez denunció al agitador ultra por perseguirla a la salida de un bar en Las Rozas. El pasado mes de mayo, un juzgado archivó la causa dado que no se podían acreditar “hechos que posean relevancia penal” a la vista de las grabaciones disponibles.

“Podemos observar cómo efectivamente el denunciado se introduce dentro de un local público, con la clara intención de dirigirse a la denunciante, dirigiendo multitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona el local de inmediato, y es doña Blanca María quien aparta al denunciado”, señalaba el auto.

Por su parte, la periodista Sarah Santaolalla denunció a Vito Quiles por una supuesta agresión física ocurrida en las inmediaciones del Senado el pasado mes de marzo. Tras analizar las pruebas presentadas, incluidas las grabaciones completas de las cámaras de seguridad, la jueza titular de dicho juzgado concluyó que no se apreciaba “agresión alguna por parte del investigado” y archivó el caso.

Denunciado por un funcionario del Ministerio de Trabajo

De la causa por la que fueron a buscarle en esta última ocasión se conoce que el querellante, un funcionario del Ministerio de Trabajo, denunció que Vito Quiles había difundido en redes sociales falsamente que salió “de la cárcel” gracias a la ministra y vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. El funcionario, que aseguró que trabajaba desde hace 41 años bajo gobiernos tanto del Partido Popular como del PSOE, razonó que este “bulo” dañaba “gravemente” su reputación personal y profesional en “una trayectoria intachable”, y tachó la información publicada por Quiles como “absolutamente falsa”. En esta información, el agitador le imputaba una serie de delitos por los que “habría entrado en prisión” y posteriormente habría sido puesto en libertad por la entonces vicepresidenta del Gobierno, que “lo encubrió y contrató” en el Ministerio.

Además, Vito Quiles difundió una fotografía del querellante y su nombre completo, lo que, según el funcionario, “incrementó exponencialmente el daño causado” al provocar “una persecución pública” después de recibir “insultos, vejaciones y amenazas” en redes sociales: “Cada visualización reproduce la lesión al honor de mi mandante, con riesgo cierto de nuevas difusiones, reproducciones o republicaciones”. Desde la defensa del funcionario del Ministerio de Trabajo, sostienen que Quiles ha cometido un delito continuado de calumnias al haber difundido públicamente “expresiones gravemente atentatorias contra la dignidad y reputación” del querellante, y le reclaman 50.000 euros.

La organización de consumidores Facua ha señalado a Vito Quiles por “su nuevo seudomedio a nombre de una sociedad que no existe”. Según explican, Quiles pide donaciones para su empresa Combativos SL —que se presenta como “la comunidad políticamente incorrecta más influyente del país”— para la “producción de contenido libre y becas para jóvenes”, pero ese dinero no va directamente a una cuenta bancaria asociada al negocio de Quiles, señala Facua.

Desde Facua afirman que el negocio del agitador ultra (Combativos.com) es propiedad de una empresa que no está dada de alta en el Registro Mercantil. Además, en la web omiten el domicilio y el NIF de su propietario, con lo que vulnera “las leyes de servicios digitales y protección de datos”. Por ello, Facua afirma que ha denunciado a Quiles ante la Secretaría de Estado de Digitalización del Ministerio para la Transformación Digital y la Agencia Española de Protección de Datos.

Según detalla la organización, como no se facilita la identidad real del propietario, su domicilio ni su NIF, Vito Quiles estaría vulnerando el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Además, dentro de la información del negocio que aparece en su página web, se indica que Combativos SL tiene como actividad principal el “comercio electrónico de productos relacionados con deportes de combate y artes marciales”. En el momento en que un usuario quiere realizar una donación desde la web del agitador ultra e introduce sus datos, la política de privacidad a la que se remite indica que el dinero va a la supuesta sociedad limitada de Quiles, pero la cuenta bancaria en la que después se invita a realizar el ingreso está a nombre del influencer y agitador.

El propio Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ha comunicado la denuncia de la organización en la red social X. Sánchez ya emprendió acciones legales contra Vito Quiles el pasado mes de abril, cuando reclamó nueve años de cárcel, 24.000 euros de multa y 60.000 euros de indemnización, acusándole de tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico en concurso con dos de injurias graves con publicidad. Rubén Sánchez señalaba a Quiles por acusarle de pederasta, proxeneta y líder mafioso.

La candidata de Compromís a la alcaldía de València, Mónica Oltra, que será ratificada el próximo fin de semana, comienza a plantear su proyecto político. Aún sin desvelar las propuestas concretas sobre la mesa, Oltra va tejiendo un discurso que trasciende del ámbito municipalista, el campo que considera clave para las políticas emancipadoras en el que dibuja las próximas acciones: “Pienso que en este momento la política donde la resistencia puede ganar es la más próxima al ser humano”, señala.

La exvicepresidenta del Consell ha participado este sábado durante el acto Frenar a la extrema derecha, organizado por Facua-Consumidores en Acción y que se ha desarrollado en la sede de CCOO PV en València, junto a Rubén Sánchez y el periodista especializado en ultraderecha Miquel Ramos.

La candidata subraya su apuesta por “desbordar” Compromís, una fórmula que no termina de convencer a toda la coalición pero que parece bien acogida por otras formaciones. “Necesitamos un proyecto ilusionante”, como prioridad, señala´, con un “objetivo ambicioso”. “Vamos a por todas, con todas. Y así se gana”. Destaca. La política valencianista cree que hay una fórmula clara para recuperar las alcaldías y los gobiernos autonómicos: “Solo hay una manera de ganar: abrir. Todo el mundo sabe que no soy patriota de las siglas, sino de las causas. Y la causa más importante es la lucha por la vida”. Para Oltra, hace falta “un proyecto que desborde las siglas y que desborde los partidos. En la candidatura tiene que ir gente que no es de ningún partido, que pone el cuerpo en la calle y que esté dispuesta a volver a poner el cuerpo en las instituciones”, ha recalcado. Un aperitivo de lo que será la próxima Asamblea de Compromís el 4 de julio, a la que se ha invitado a otras formaciones de izquierdas.

Oltra, que lleva semanas participando en actos ajenos a la estructura clásica de los partidos —y no lo hará hasta que sea ratificada por la coalición y se convierta formalmente en su representante—, ha recordado las consecuencias de “poner el cuerpo” en política: más de un lustro de viacrucis judicial, aún en marcha. La dirigente apela constantemente al poder de las oligarquías contra los movimientos democráticos. Y sobre sus años como vicepresidenta y lo que motivó su dimisión, ha resumido: “Como no pudieron en las urnas, la liaron como la liaron. Extrema derecha, medios de comunicación, un juez que dice que no hay ningun indicio, una jerarquía judicial que dicen sigamos adelante y unos socios de gobierno que dicen: ahí está la puerta. O te vas o te echo”.

La mayor parte de promesas que no se cumplieron en el Botànic se debieron a los socios de gobierno, apunta. “Y cuántas cosas nos tumbó el TSJ”, añade. “Hay una intrusión en el poder legislativo de la jerarquía judicial que no acepta que la mayoría democráticamente haya decidido unas políticas que favorecen los público en lugar de los intereses de 4 magnates”, valora la exvicepresidenta del Consell, que apela a una unidad de la clase trabajadora como forma de resistencia. “La oligarquía tiene encañonada nuestra democracia porque es nuestra última línea de defensa. El tardocapitalismo ha desmontado la capacidad reguladora de las democracias”, sostiene, en referencia a las políticas redistributivas.

“No hay mayor fraude que la clase trabajadora vote a la derecha y la extrema derecha. No es inevitable que venga la extrema derecha; vendrán si queremos, pero si no queremos no vendrán. Yo no creo en la inevitabilidad. No quiero frenarles, quiero ganarles”, insiste la política valencianista, nada alineada con un discurso pesimista y catastrofista.

Tras cuatro años en barbecho, apunta: “La democracia, que es el poder del pueblo, tiene que recuperar el poder del pueblo”. ¿Cómo? “Debemos topar la riqueza que uno puede tener (...) Esa cantidad de dinero va ligara a una cantidad de poder”, sostiene. Otra fórmula: “De los 3 aforismos, libertad igualdad y fraternidad, hay que trabajar la fraternidad el que más. Solo desde la fraternidad saldremos de esta”, añade la política, que recuerda que el 99% de la población, “estamos más cerca de la renta valenciana de inclusión que del IBEX 35”.

A la par, Oltra aboga por regulación de tres nuevos poderes: económico, mediático y tecnológico. Si el espacio radioeléctrico es público, razona, “son concesiones públicas y tienen que tener unas normas. Y no se puede salir a decir bulos, mentiras y enredos”. “Ahora mismo [la respuesta] pasa por tomar el poder de la democracia, que sea el poder del pueblo de verdad, y por ahí les ganaremos”, concluye.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha considerado este jueves “un elemento importantísimo” que de cara a las próximas elecciones generales haya “una colaboración inteligente de los demócratas y de la izquierda” para ganar la batalla a la derecha y la extrema derecha que, según todas las encuestas, podría conformar un gobierno de coalición.

“Tenemos una cosa en común frente a los que están enfrente. Todos queremos un mundo mejor y un mundo más justo. Y enfrente tenemos a gente que solo quiere que su mundo sea mejor, aunque sea a costa de joder el mundo de todos. Eso es suficientemente importante como para que colaboremos de manera inteligente”, ha zanjado en un acto en el Ateneo de Madrid junto al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, la periodista Sarah Santaolalla y el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez.

“Yo, de verdad creo que tengo esperanza”, ha añadido. “Para mí de aquí a las elecciones lo fundamental es que no se desperdicie ni un voto, ni un voto de la gente que sea progresista”, ha añadido, aunque ha reconocido no tener para ello “una fórmula clara”. “Si la tuviera, probablemente sería un genio”, ha dicho. “No nos engañemos, no hay posibilidad de frenar a la derecha y a la ultraderecha si no es con un planteamiento inteligente de aquí a las próximas elecciones”, ha insistido.

“Nosotros tenemos que hacer nuestra parte”, ha dicho sobre el PSOE. “Pero yo creo que a nuestra izquierda tiene que haber, no digo unas siglas, no estoy diciendo cómo, pero tiene que haber un entendimiento que facilite el que no se desperdicien los votos. Creo que la inteligencia electoral va a ser clave para impedir la llegada de la derecha y la ultraderecha al poder”, ha remachado.

Previamente, Iglesias ha asegurado que “el antifascismo tiene que estar organizado en todas partes, tiene que estar organizado en los parlamentos, tiene que estar organizado en la calle y en la movilización social, pero también tiene que estar organizado en el periodismo”. “Tiene que estar organizado en los parlamentos y en la calle y en la movilización social”, ha añadido.

Contra los “bulos”

Asimismo, la periodista Sarah Santaolalla ha alertado este jueves ante quienes están diciendo “a la gente de izquierdas” que “está todo perdido” por el auge de la extrema derecha. En el acto que se ha celebrado en el Ateneo de Madrid, la comunicadora ha alertado de que a la izquierda se le está “intentando domesticar”. “Creo que nos están intentando señalar el camino o acabas en el trullo. Creo que a la gente de izquierdas nos están diciendo que no podemos ser antifascistas en un país que debería ser antifascista.

A su juicio, “los tres poderes principales están controlados y están sometidos al poder de la derecha”, Con todo, ha asegurado no querer “poner la otra mejilla”. “Yo no quiero pasar a la historia mediática porque resistió, aguantó hasta que cayó en una depresión. Yo quiero vivir como viven estos fascistas, desde la poltrona, desde la comodidad y desde no tener miedo. Y creo que la gente de izquierdas en este país debe no tener miedo”, ha zanjado.

Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, ha defendido, por su parte, su acción ante “los tribunales” desmontando “bulos” de la extrema derecha. “Nosotros respondemos en los tribunales, que es donde creemos que tenemos que contestar las izquierdas a quienes nos están haciendo auténticas salvajadas. Contestamos en los tribunales, algunos llevamos ya un tiempo, yo llevo desde el año 2013 aproximadamente contestando en los tribunales, de momento solo les he ganado 30 sentencias, pero bueno, hay camino por delante”, ha concluido.

En el contexto nacional de los últimos tiempos de auge de la extrema derecha, acompañada de agitadores, la izquierda no quiere quedarse parada. Las acusaciones del agitador ultraderechista Vito Quiles hacia Rubén Sánchez, y que han tenido como resultado su procesamiento por delitos de injurias y calumnias, han supuesto un punto de inflexión, ha servido al secretario general de Facua para “agradecer la ola de solidaridad” recibida y ha significado el pistoletazo de salida para celebrar el primero de los eventos de su iniciativa 'Frenar a la extrema derecha'.

Con el objetivo de “poner su experiencia al servicio de la gente”, según explicaba en la convocatoria, el Hotel NH Plaza de Armas de Sevilla ha acogido un acto que contó con la participación de Rubén Sánchez; el antropólogo y tertuliano Javier Aroca; la periodista Mercedes de Pablos y la presidenta de la Fundación José Saramago y de la asociación Acción contra el Odio, Pilar del Río. Además de contar con la colaboración de la Red de Activistas de Sevilla, al evento han asistido también, entre otros, Antonio Muñoz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, o Ángela Claverol, presidenta de AMAMA.

“O eres demócrata o eres fascista”

Las previsiones de público superaron todas las expectativas de Facua, que tras reservar uno de los salones del hotel, se vio obligado a abrir una nueva sala. “De ninguna de las maneras me podía imaginar esto”, confiesa una de las organizadoras. Unas 400 personas, según confirmaron a este diario fuentes de Facua al finalizar el acto, expectantes y con más de media hora retraso dio comienzo el acto con unas palabras de Rocío Algeciras, presidenta de Facua en Sevilla, en las que agradeció la asistencia y explicaba que “mal vamos en Andalucía” si sale reelegido presidente Juan Manuel Moreno. 

Rubén Sánchez aseguró que “llevan más de 10 años intentando matarnos como organización”. Como responsables, ha señalado a las derechas, “que hoy tenemos que llamar extremas derechas, que son PP y el forúnculo de VOX”. En este sentido, este periódico informó de que en los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla se han recortado 45.000 euros previstos para ayudas destinadas a que las organizaciones de consumidores desarrollen su labor. 

El secretario general de Facua tiene claro que ambas corporaciones (PP y Vox) pagan a los agitadores como Vito Quiles y lo hacen “con dinero público”. El objetivo que tienen es “llenar de mierda los cerebros de la gente” debido al “miedo que tienen cuando nos organizamos”. Con la vista puesta en las elecciones generales de 2027, con el acto se pretendía, según Sánchez, “poner la semilla que acabe con el estado triste” debido al pensamiento generalizado de “que la extrema derecha va a volver como algo inevitable”. Sánchez aseguró que “es algo evitable, pero hay que esforzarse mucho”.

Por su parte, Mercedes de Pablos fue mucho más directa en su intervención, asegurando que “o eres demócrata o eres fascista”. Haciendo un símil con 'El Quijote', la periodista aseguró que los fascistas “no son molinos, pero tampoco son gigantes”, invitando a poder acabar con su práctica, que es “el genocidio intelectual”, causado “porque a veces callamos y nos resignamos”.

Con la toma de la palabra de Aroca, los asistentes empezaron a sacar sus móviles para grabar la que, a priori, era la intervención más esperada de la noche, y es que, el jurista y tertuliano televisivo no dejó indiferente a nadie. “Lo primero que tenemos que denunciar es a la extrema derecha, pero una más sibilina que se mueve en los entreverados de la política, para que reduzcamos la democracia a la que ellos quieren, que es la que quieren controlar”, indicaba. A esto añadió que “la democracia hay que practicarla todos los días, porque así no tendríamos que haber convocado este acto para frenar a la extrema derecha”.

Por otro lado, afirmó que él no teme a Gavira o al juez Serrano ya que “aunque la extrema derecha se vista de seda, es una minoría”, una “que nunca se ha ido de España”. Su miedo está en el gobierno en solitario de Juan Manuel Moreno o Feijóo que “con la excusa de que le empujan para ser extrema derecha” aplican sus políticas. 

Por último, remató su intervención haciendo una reflexión que calaría en los allí presentes, y que se tornaría en el centro del debate. “Los demócratas deberíamos pensar por qué hay tantos compatriotas que no quieren votar”. Esto lo acompañó con los datos de la abstención en las últimas elecciones andaluzas, que fue del 41,64%, teniendo como resultado un gobierno conservador, mientras que en las elecciones generales la abstención fue del 33,41% y tuvo como resultado el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pilar del Río seguía “alucinada y afectada” por los comentarios del candidato de Vox, Manuel Gavira, en el debate electoral celebrado la noche anterior, teniendo como argumento principal la prioridad nacional. Por ello, leyó una breve historia escrita por ella tras el debate donde se apelaba a la defensa de los derechos de los trabajadores, la sanidad pública, derecho a la dignidad y a la igualdad. Además, pidió votar a aquellos que se “comprometen a legislar respetando los derechos humanos”.

Autocrítica en la izquierda

En la segunda ronda de intervenciones se hizo hincapié en las acciones que se pueden realizar, o cosas a mejorar, para frenar el auge de la ultraderecha. Rubén Sánchez se mostró preocupado ante una reelección de Juan Manuel Moreno, que puede realizar una legislatura “más dura y salvaje”. Por ello, indicó que hay que realizar un “sobreesfuerzo para no permitir en encuentros sociales que el discurso que impere sea el de la criminalización del inmigrante, criticar a los feministas o ridiculizar al homosexual”. Además, ha condenado los discursos negacionistas producidos por dejar espacio a “los agitadores y pseudomedios”.

El secretario general de Facua insistió en que “tenemos que convencer a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, que eso que ven en las redes son discursos peligrosos”, a lo que añadió que los grandes empresarios de España son los que “nos la quieren hacer pasar putas”. A esto ha dado otra solución y es “callar bocas en barras de bares” y “fortalecernos como organizaciones de la sociedad civil”, creando movimientos asociativos en los barrios. Por último, llamó a los abstencionistas a votar para las izquierdas, con el objetivo de parar a las derechas.

Mercedes de Pablos fue la más autocrítica ya que cargó contra su propia profesión, la del perioismo, alegado que un periodista “no es solo una profesión, es un derecho de la ciudadanía, el derecho a la información”. Sin embargo, sacó pecho de la Asociación de la Prensa de Sevilla, asegurando que “no calla” a diferencia de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España que sí lo hace “cuando se acosa a alguna gente y que calla cuando hoy se han dicho dos mentiras desde sedes institucionales”, haciendo referencia al enfermo de hantavirus y al accidente ferroviario de Adamuz.

Aroca continuó con la autocrítica que dejó a medias en su anterior intervención. “Los partidos de izquierda se han alejado de su gente”, fue su respuesta al porqué la mayoría de gente que se abstiene es de izquierda. Sin embargo, aseguró que esa autocrítica tiene que ir acompañada de “responsabilidad”, firmando un pacto por la democracia y el progreso. Para ello es necesario “quedarnos quietecitos durante un tiempo”, dejando de ser “la izquierda puñetera, que solo habla de nuestros defectos y no de los de la derecha y la extrema derecha”.

Por otro lado, entendió que haya distintos enfoques dentro de la izquierda pero instando a que “todas tienen que poner por delante los derechos de la ciudadanía y tener cercanía”. Además, pide que el día 18 de mayo, tras las elecciones, no haya nuevas escisiones. Aroca también reclama al votante de izquierda que vote porque “si votamos, no hay extrema derecha que se nos resista”, y sueña con que “el día 17 falten urnas para votar”. Si esto no sucede, continuará “la ola que permite que la extrema derecha cabalgue”, vaticina.

El acto finalizó con la intervención de Pilar del Río, que afirmó que “nos quieren resignados, indiferentes, llenos de miedo”, este es el motivo por el cual entiende que los políticos se comportan así. Por último, hizo un llamamiento a no dejar las urnas vacías, para que no haya esa abstención que entiende que perjudica a la izquierda y beneficia a la extrema derecha, que “es igual de repugnante que la extrema necedad”. 

Para finalizar el acto, se dio la oportunidad a cinco personas del público para que hablasen y mostrasen su opinión de los temas tratados. Entre ellas, destacó la intervención de Ángela Claverol, que agradeció a los presentes por su ayuda durante los pasados meses al trascender los fallos de los cribados de cáncer de mama. Finalmente, tomó la palabra Sánchez para pedir “que la gente se mueva, primero por responsabilidad de todos, como demócratas, y segundo por el respeto que les debemos a esa gente que hoy está en cunetas, que asesinaron con tiros a bocajarro (...) que nos trajeron la democracia”.

La iniciativa 'Frenar a la extrema derecha' se llevará a cabo en distintas ciudades de España con figuras de la política, la cultura y el periodismo. Tras Sevilla, el siguiente evento se celebrará en Madrid el jueves 21 de mayo a las 20:00 horas en el Ateneo de Madrid. En él participarán el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la analista política, Sarah Pérez Santaolalla, el exvicepresidente del Gobierno, exsecretario general de Podemos y director de Canal Red, Pablo Iglesias, y el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

Una jueza de Sevilla ha procesado al agitador ultra Vito Quiles por injurias y calumnias a Rubén Sánchez, secretario general de Facua-Consumidores en Acción, que ya ha presentado el correspondiente escrito de acusación: en total, reclama nueve años de cárcel, 24.000 euros de multa y 60.000 euros de indemnización. En concreto, le acusa de tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico en concurso con dos de injurias graves con publicidad.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, es el paso previo para la apertura de juicio solicitado por la magistrada, que en un auto señaló que Quiles publicó en redes sociales mensajes y vídeos contra Sánchez con “claros indicios” de que tenían “afán de vejar, ofender y vilipendiar”. En el documento, el abogado del responsable de Facua cifra en al menos 28 las ocasiones en las que acusó, “de forma gravísima y reiterada” a su cliente, presentándolo como pederasta, proxeneta, encubridor de violadores, extorsionador, estafador, corrupto y líder de una red mafiosa y criminal.

Todo ello, “movido por el odio que profesa” Quiles contra Sánchez porque “ideológicamente está en las antípodas”, además de ser secretario general de Facua. Asimismo, incide en que todo de lo que le acusa es “radical y completamente falso”, como demostraría que en su segunda declaración ante el juzgado de instrucción “dijo que iba a aportar pruebas de lo que le acusaba, y nada de ello se hizo”.

“Ejército de sicarios comunistas y de ultraizquierda”

El auto de transformación en procedimiento abreviado ya es firme. Al no presentar Quiles recurso hasta la fecha, el próximo paso será que el juzgado traslade el escrito de conclusiones provisionales de la acusación a su abogado, para que presente el de defensa en el plazo de 10 días.

En sus conclusiones, el abogado de Sánchez define a Vito Quiles como “un conocido agitador profesional de ultraderecha y creador de bulos que se propagan de forma reiterada en distintos medios de comunicación y redes sociales”. Durante varios meses de 2022, llevó a cabo tres campañas en base a bulos con los que acusó al líder de Facua “de forma dolosa, mendaz, tendenciosa y cargada de odio”, realizando afirmaciones “de extrema gravedad” que a su juicio son “constitutivas de calumnias e injurias”.

Entre otras acusaciones, lanzó que Rubén Sánchez tenía yates de su propiedad a nombre de otras personas y le acusó de encubrir “a violadores de izquierdas” al asegurar que existía una relación entre su “chiringuito Facua” con la trama de menores abusadas y tuteladas en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Asimismo, le responsabilizó de tener “un ejército de sicarios comunistas y de ultraizquierda” al que ordenaba cerrar las cuentas de X de usuarios que no comulgasen con él, lo que conseguía “extorsionando” a trabajadores de esta compañía.

Al margen de liderar este supuesto grupo “mafioso” y “criminal”, Quiles deslizó en sus mensajes que Sánchez es un pederasta y un proxeneta, además de acusarle de inventarse una noticia falsa para perjudicar a su expareja y de recibir “miles de euros anuales de una constructora sevillana”. Y llegó a trasmitir a sus seguidores en redes sociales que responsabilizaba al secretario general de Facua de “cualquier cosa perjudicial que me pueda pasar”.

Ataques a la jueza por el caso

El abogado de la acusación recuerda, asimismo, que tras tener conocimiento del auto de transformación en procedimiento abreviado, Quiles cargó desde su canal de YouTube contra la jueza con “graves ataques” en los que llega a deslizar que la magistrada “ha cometido delito de prevaricación”. Asimismo, lanzó tuits en los que acusó a la instructora de cometer “una locura”, de no juzgar en función del Código Penal y de incurrir en una “persecución política” contra él, una actuación que a su juicio respondía a que “el Gobierno tenía que tapar hoy el juicio a Begoña Gómez”, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En total, Sánchez solicita nueve años de prisión, tres por cada uno de los tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico, a lo que une que estas calumnias fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad. Por cada uno de éstos pide 12.000 euros de multa, a razón de 20 euros diarios durante 20 meses, además de instar a que sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier actividad vinculada al “supuesto ejercicio del periodismo” durante el mismo periodo que la condena por las calumnias.

Igualmente, la defensa del secretario general de Facua reclama como responsabilidad civil una indemnización de 60.000 euros tanto a Quiles como “al pseudomedio de Javier Negre”, Estado de Alarma TV (Edatv), como responsable civil subsidiario. Y por último, solicita que se condene a Quiles a grabar un vídeo donde dé lectura al fallo de la sentencia para que sea publicado en su perfil de X, su canal de Telegram y el canal principal de Edatv en YouTube.

Una jueza de Sevilla ha procesado a Vito Quiles por presuntas injurias y calumnias al secretario general de la asociación Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 18, acuerda que continúe la tramitación de las diligencias abiertas por los trámites de procedimiento abreviado. Por ello, la magistrada da traslado a las partes para que formulen escrito de acusación, para la apertura de juicio, o bien pidan el archivo de la causa, en la que señala la responsabilidad civil subsidiaria de EDA TV.

La jueza explica en su resolución que, del conjunto de diligencias instructoras y del conjunto de mensajes y vídeos que Quiles publicó en su momento sobre Rubén Sánchez, “resultan claros indicios de que su afán fue vejar, ofender y vilipendiar” al representante de Facua.

“Tal ánimo de venganza y represalias le llevó a utilizar en sus mensajes expresiones altamente ofensivas, sin ninguna justificación legítima, no amparadas por la libertad de expresión”, indica el auto, que explica que esta no otorga el derecho a la ofensa.

“Ánimo ofensor que lleva a extremos intolerables al hacer afirmaciones gratuitas que buscaban solo hacer creer a terceros que realiza actividades nocturnas al menos inmorales y que de forma literal llega a afirmar, sin más sustento que el ánimo de denostar al querellante, que Facua tiene relación con una trama criminal de abusos a menores tutelados”, añade la resolución judicial.

La jueza cree que el conjunto de mensajes y vídeos es “intolerable al deber ético y profesional del periodismo” y que está “desamparado” por el derecho a la libertad de expresión, de ahí que crea que los hechos revisten indiciariamente caracteres de injurias y calumnias delictivas.

En un vídeo publicado este lunes en su canal de YouTube, Rubén Sánchez ha mostrado su “gran satisfacción” ante el contenido del auto, que ha calificado de “demoledor”.

En su declaración judicial, según informaron en su momento a EFE fuentes cercanas al caso, Quiles enmarcó, por su parte, todo lo que dijo sobre Sánchez en el contexto de posibles diferencias ideológicas entre ambos dentro de su derecho como periodista.

Vito Quiles, que fue de número 57 en la lista de los comicios europeos de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF), con la que colaboró durante la campaña electoral en labores de comunicación, aseguró también en su momento a EFE que la denuncia presentada contra él por Rubén Sánchez era “falsa”.

2.400 euros. No es el precio de un ordenador de última generación o de una joya de oro, sino lo que cuesta un envase de plástico con forma de dinosaurio verde del tamaño de un cubo de palomitas. El estreno de la esperada secuela de Super Mario Bros., que vuelve a llevar a los cines el universo de la figura más famosa de Nintendo, ha desatado una auténtica locura por el palomitero de Yoshi, un objeto que ha pasado de ser un simple recuerdo para los fans a convertirse en el centro de una guerra de reventa.

Yoshi es uno de los personajes más entrañables del mundo de Mario Bros. El icónico compañero dinosaurio de Mario apareció por primera vez en el juego Super Mario World de 1990 y se ha convertido en uno de los más queridos de la exitosa franquicia, habiendo lanzado al mercado sus propias sagas como protagonista y participando en otras tan aclamadas como Mario Kart. No es de extrañar, por ende, que un palomitero exclusivo con forma de Yoshi haya despertado tanto interés entre los seguidores más acérrimos.

Sin embargo, el cubo de palomitas, que en España se ha vendido en cadenas de cine como Yelmo o Cinesa por un precio de 40 euros, no ha tardado en agotarse y empezar a revenderse por cientos o incluso miles de euros en plataformas como Wallapop, eBay o AliExpress. Esto ha sido a consecuencia de que, como Yelmo ha afirmado a través de su cuenta de Instagram, “puedes hacerte con tantas unidades como quieras con tu entrada”. Los palomiteros se pusieron a la venta el miércoles 1 de abril, el día de estreno de la película.

Desde entonces, conseguir uno de estos cubos de palomitas se ha vuelto toda una proeza, sobre todo porque hay quien se ha hecho con cientos de ellos con la única intención de venderlos después a un precio más alto. Rubén Sánchez, secretario general y portavoz de Facua-Consumidores en Acción, destaca que esto “es algo habitual cuando son ediciones muy limitadas”, pero que no sería un fraude mientras que nadie se invente que solo existen cinco unidades como esa en el mercado. “La cuestión es si encuentras a alguien dispuesto a pagar ese pastizal, igual que hay quien puede pagar decenas de miles de euros por un cómic de los años 50 de Superman”, explica.

En esta ocasión, sin embargo, se da la circunstancia de que no se trata de un producto histórico lanzado hace varias décadas, sino que acaba de salir al mercado e inmediatamente se agota. “Eso provoca que, precisamente por el funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda, quienes han podido ya tener uno lo estén vendiendo a un precio que puede ser a ojos de mucha gente disparatado”, argumenta Sánchez a elDiario.es, que insiste que “no habría ilegalidad de por medio”.

La única reventa de un particular donde está regulada su prohibición es en las entradas de eventos, como puede ser un concierto, pues no se permite la reventa física en la calle. “A nivel de internet está pendiente de aprobarse una ley por la que se prohibirá la reventa lucrativa; es decir, la reventa donde le incluyas un margen de beneficio, que no afectará a la reventa de entradas por el mismo precio cuando alguien se pone malo y no puede ir al evento”, cuentan desde de Facua-Consumidores en Acción. No obstante, esto sigue sin aplicarse a los objetos de coleccionistas.

Los revendedores, al acecho del fenómeno fan

“Estamos hablando de un mercado libre. Esto es como si te compras un Van Gogh en una subasta porque tienes dinero y luego lo intentas vender al doble”, comenta Sánchez. “Un Van Gogh es único, pero cuando se trata de un producto del que ha habido 3.000 unidades en el mercado y de repente desaparecen de la venta y son particulares o tiendas las que quieren revenderlo, tampoco hay ningún problema en que se revenda mucho más caro. No hablamos de un servicio público, de un producto de precio regulado”, agrega, especificando que, de haber algún conflicto, podría haberlo “entre empresas, pero no de cara al consumidor”.

La alta demanda provocada por los palomiteros ha sido objeto de polémica en redes sociales. “Especulador de Yoshis que debe de ir a la cárcel”, reza la biografía de TikTok de un usuario llamado Rubén, que ha publicado varios vídeos en la aplicación con muchísimos de estos cubos. “A ver si pasamos menos tiempo revendiendo y más haciendo un currículum”, le ha respondido Inés. Quien también ha comentado es un usuario llamado Mente Millonaria, en su caso dando las “gracias” a Nintendo: “Compré cuatro y los vendí en dos días por más del doble”.

Rubén ha especificado en la sección de respuestas, donde le han llovido las críticas, que no trabaja en ningún cine. “Solo fui a un cine y pregunté si vendían, me dijeron que sí. Yo dije: '¿Cuántos tienen?'. Y así empezó”, ha indicado el usuario, que también ha señalado que ha vendido 89 unidades y que ya no le quedan más. Asimismo, hubo quien persiguió a diferentes empleados de un cine de México para grabarlos tras negarle la compra de este producto por no ser socio. Este hombre arrancó hojas del mostrador y acusó al personal de que lo estaban “discriminando” e “infringiendo la ley”, como se aprecia en un vídeo que ahora es viral en redes sociales.

Desde Facua-Consumidores en Acción resaltan que una empresa puede decidir cómo y a quién vender este tipo de producto. “Ahí realmente no estamos hablando de un bien de consumo habitual, como sí lo sería si vendieras refrescos o palomitas a personas que tengan un tipo de entrada y al resto no se los vendes. En este caso no estamos hablando de un establecimiento abierto al público que está ejerciendo una limitación en el derecho de admisión desproporcionada”, apunta Rubén Sánchez, ya que se trata de “reunir unos requisitos para poder acceder a un determinado tipo de producto”.

“Al igual que un banco puede decidir que los clientes que tengan unos requisitos podrán acceder, por ejemplo, a un tipo de interés del 2% en remuneración de su cuenta, pero para ello está condicionado a que hayan depositado tanto dinero o a que tengan domiciliada la nómina, aquí sucede lo mismo”, insiste Sánchez, declarando que es posible vender este producto exclusivo solamente a quien sea socio o, por ejemplo, a quien haya comprado más de diez entradas a lo largo del último mes, si así el cine lo desea. Seguiría sin cometerse una ilegalidad independientemente de que sea o no moral hacerlo.

Unas cifras de taquilla espectaculares

El fenómeno de los cubos de palomitas no se limita a esta película, pues en 2024 el palomitero de Dune ya inspiró memes y hasta un sketch del Saturday Night Live. Más allá del éxito del cubo de palomitas de Yoshi, las cifras de taquilla de Super Mario Galaxy también son un enorme triunfo, arrasando como ya hiciera la primera película a pesar de las malas críticas por parte de la prensa especializada. El filme ha logrado recaudar 372,5 millones de dólares durante sus primeros cinco días en cines en todo el mundo y se ha convertido en el mejor estreno del año tanto en EEUU como internacionalmente.

Además, la franquicia ha hecho historia al ser la primera animada en tener dos debuts por encima de los 350 millones de dólares. La entrega inicial acumuló unos ingresos mundiales de 1.360 millones de dólares, por lo que aún queda pendiente ver si su secuela es capaz de alcanzarlos. Lo que parece evidente es que superará con creces la marca de los mil millones, toda una hazaña cuando el presupuesto ha sido de unos 100 millones de dólares.

En España, Super Mario Galaxy se ha adjudicado el segundo mejor miércoles de estreno de la historia en España, así como el segundo mejor estreno para una película animada, solo por detrás de Del revés 2. En total, más de 625.000 espectadores acudieron el pasado miércoles a las salas, provocando la mayor asistencia al cine desde julio de 2023, cuando coincidieron en cartelera Barbie y Oppenheimer. La cinta ha hecho en su primer día más de 2,5 millones de euros de recaudación, superando así la taquilla del primer día de Torrente, presidente, que se quedó con 2,4 millones de euros.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda de la Fundación Francisco Franco, a la que acusa de vulnerar la normativa vigente sobre protección de datos y por el “posible incumplimiento” de la Ley de Memoria Democrática. Con esta son ya once las webs de venta de productos con mensajes de extrema derecha que la asociación ha denunciado en los últimos años. Las denuncias han sido presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

A través de su tienda online, la Fundación Francisco Franco, que está actualmente inmersa en el proceso de extinción iniciado por el Gobierno, vende artículos como libros, calendarios, cinturones, corbatas y medallas, entre otros accesorios, según señala Facua. “No obstante, no se proporciona información suficiente que permita identificar al responsable del tratamiento de los datos personales recabados de los usuarios, ni se informa sobre los derechos ARCO que los clientes pueden ejercer”, advierte.

Por lo tanto, la asociación entiende que se están “omitiendo datos esenciales, lo que supone una clara vulneración de las obligaciones legales de información al consumidor y genera una situación de falta de transparencia que puede provocar indefensión”. Según Facua, la fundación “se salta la obligación” de facilitar información sobre el tratamieno que hace de los datos de los compradores y de su derecho de acceso, rectificación, supresión o limitación al tratamiento, lo que, a su juicio, constituye una infracción de la Ley de Protección de Datos Personales.

Exaltación de la dictadura

La organización también pone el foco en la simbología “que ensalza la figura del dictador Francisco Franco” que reproducen los mensajes y las imágenes de los artículos. “Incorporan referencias explícitas a su persona, así como a emblemas y consignas vinculadas al régimen franquista y a la ideología fascista que lo sustentó”, apunta Facua en un comunicado.

La naturaleza de estos artículos, su presentación comercial y el contexto en el que se ofrecen al público, critica, “evidencian una finalidad de exaltación y normalización de ideologías y regímenes responsables de graves vulneraciones de derechos humanos, suponiendo un claro menosprecio hacia las víctimas y sus familias”.

Facua considera que la comercialización de este tipo de artículos no puede analizarse únicamente desde una perspectiva mercantil o de libertad empresarial, sino también desde su impacto en la dignidad de las víctimas, en la preservación de la memoria democrática y en la salvaguarda de los valores de respeto, pluralismo y convivencia “que deben regir en una sociedad democrática”.

En este sentido, la organización de consumidores cree que la fundación puede estar vulnerando el artículo 62 de la Ley de Memoria Democrática, que califica como acciones muy graves “las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública” exalten la dictadura o sus dirigentes.

En base a un análisis exhaustivo de más de 5.000 publicaciones y su presencia en medios, el Ministerio de Cultura ha iniciado el proceso para extinguirla concluyendo que no persigue el interés general, hace apología del franquismo y humilla a sus víctimas, que son las causas de extinción de fundaciones que introdujo la Ley de Memoria Democrática. El proceso sigue actualmente su curso y, en última instancia, será un juez el que decida sobre ello. Hace dos semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición de la fundación de frenar el proceso.

Los sindicatos de UGT, CCOO, Facua y la Red Vecinal Andaluza han presentado este jueves una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para “garantizar el derecho a una vivienda digna en Andalucía”, en una rueda de prensa conjunta en la que han participado representantes de las organizaciones impulsoras.

La propuesta también contempla medidas para frenar la especulación y recuperar vivienda para uso residencial, como la movilización de viviendas vacías, el refuerzo de la función social de la propiedad y la limitación de las viviendas de uso turístico, estableciendo topes por barrios e impidiendo nuevas licencias en zonas tensionadas.

Asimismo, la ILP apuesta por reforzar de forma estructural el parque público de vivienda, incrementando la reserva de suelo para vivienda protegida hasta el 50% en nuevos desarrollos y destinando una parte significativa al alquiler social, además de blindar estas viviendas para evitar su uso especulativo.

Financiación suficiente

Entre otras medidas, incluye también la creación de un Fondo Andaluz de Garantía Habitacional para asegurar financiación suficiente, así como mecanismos de protección frente a desahucios, que obliguen a ofrecer alternativas habitacionales a las familias vulnerables antes de cualquier desalojo.

Durante su intervención, la secretaria de Políticas Sociales de UGT Andalucía, Maribel Román, ha advertido de que “no estamos ante un problema puntual, estamos ante una emergencia habitacional que afecta directamente a la clase trabajadora”.

Román ha criticado que “el derecho a la vivienda está dejando de ser un derecho para convertirse en un privilegio, secuestrado por la especulación”, señalando que “hoy en Andalucía hay miles de familias que no pueden pagar un alquiler, jóvenes que no pueden emanciparse y hogares que viven con la incertidumbre de no saber si podrán seguir en sus casas”.

La dirigente sindical ha subrayado que esta situación no responde a una falta de vivienda, sino a una falta de voluntad política: “No falta vivienda, falta decisión para garantizar su función social. Se ha permitido que los precios suban sin control, que los fondos de inversión compren barrios enteros y que las viviendas turísticas expulsen a vecinos y vecinas de sus barrios”.

Más del 35% del salario

En este sentido, ha puesto sobre la mesa datos que reflejan la gravedad del problema, como el incremento de más del 12% en el precio de la vivienda en el último año o el hecho de que el alquiler medio supere los 700 euros, obligando a muchas familias a destinar más del 35% de sus ingresos a este gasto.

“La vivienda se ha convertido en un negocio para unos pocos mientras se vulnera un derecho básico recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía”, ha afirmado. Maribel Román ha explicado que esta ILP nace con un objetivo claro: “cambiar el modelo y garantizar que la vivienda deje de ser un bien especulativo para convertirse en un derecho real y efectivo”.

En este sentido, ha detallado que la iniciativa establece un límite claro al esfuerzo económico de las familias, de forma que ninguna tenga que destinar más del 30% de sus ingresos a la vivienda y suministros básicos. Asimismo, ha señalado la necesidad de “poner freno a la expulsión de vecinos y vecinas de sus barrios mediante la regulación de las viviendas turísticas” y de reforzar el parque público de vivienda con medidas estructurales y sostenidas en el tiempo.

“Estamos hablando de decidir qué modelo de sociedad queremos: si ciudades para vivir o ciudades para especular. Cuando una familia es expulsada de su barrio no solo pierde una casa, pierde su vida, su red y su historia”, ha subrayado. Román ha insistido en que esta iniciativa “elige claramente el lado de la mayoría social” y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, a las instituciones y al conjunto de fuerzas sociales para que respalden esta propuesta y sitúen el derecho a la vivienda en el centro de la acción política.

“Todos somos vulnerables”

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha afirmado que “la crisis de vivienda nos convierte en vulnerable a todos, a todas. Da igual que tengamos un empleo, que tengamos unos salarios por encima de la media, nos hace ser vulnerable a todos los andaluces y las andaluzas”.

Así, la dirigente sindical ha puesto el foco en la insostenible situación de los precios. “Los datos lo dicen, el precio de la vivienda ha crecido enormemente en los dos últimos años, casi un 30% la vivienda nueva, y un 20% los alquileres; mientras, Andalucía sigue siendo la segunda comunidad con los salarios más bajos del conjunto del país”, ha afirmado.

“El desacople total entre el precio de la vivienda y el precio de los salarios nos hace desiguales y nos convierte en vulnerables al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de esta tierra”, ha añadido. Especialmente crítica se ha mostrado con la ley andaluza de vivienda impuesta por el Gobierno andaluz a primeros de 2026, de la que ha subrayado que “planteamos con esta iniciativa una derogación completa porque no es seria, porque no es realista y porque fomenta la especulación”.

La dirigente sindical ha pedido a los partidos que concurren a las elecciones que “hagan suya esta propuesta para solucionar el problema de la vivienda que ahoga y asfixia a las familias de todo tipo, porque la vivienda se ha convertido en un mercado y se especula con ella continuamente”.

Instrumentos de planificación

Además, el vicepresidente de Facua Andalucía, David Sifredo ha declarado que “las personas consumidoras tienen que saber, tienen que conocer los instrumentos de planificación, tienen que conocer los derechos que tienen en materia de acceso a la vivienda y tienen sobre todo que tener la tranquilidad de que los agentes intervinientes en el mercado de vivienda no van a abusar de su papel de preponderancia”.

Por su parte, Miguel Bascón, de la Red Vecinal Andaluza, ha apuntado que el objetivo de la organización es defender a todas las personas residentes en Andalucía sin discriminación alguna y por lo tanto y especialmente a los colectivos y personas más vulnerables. “Nuestra prioridad absoluta es acabar con los desahucios y regular el mercado de alquileres de la vivienda. Queremos llevar la voz de los barrios a los dirigentes políticos de Andalucía”, ha aseverado.

Así, la ILP presentada por las organizaciones sociales se centra en el cambio de paradigma para que la vivienda sea un servicio público esencial y pretende dar respuesta a un problema que afecta a la mayoría social frente a los grandes fondos de inversión, fondo buitre y grandes tenedores.

Entre sus propuestas destacan la declaración de zonas tensionadas, la limitación a la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) y la implantación de una tasa turística autonómica. Asimismo, la ILP exige blindar el parque de vivienda pública, haciendo que las VPO sean de calificación permanente y prohibiendo su venta a fondos de inversión.

Para garantizar el desarrollo de la norma, la ILP propone la creación del Fondo Andaluz de Garantía Habitacional (FAGH), que se nutriría de porcentajes de los Presupuestos Generales de la Junta, recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), de los Actos Jurídicos Documentados (AJD), así como de sanciones o cánones por vivienda vacía.

Finalmente, esta ILP, abierta a todas las organizaciones que quieran sumarse a ella, incluye una protección real frente a los desahucios mediante mediación obligatoria y alternativas habitacionales para familias vulnerables.

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Live Nation España, empresa promotora de los conciertos de Bruno Mars que se celebrarán el próximo mes de julio en Madrid, por imponer el pago de gastos de gestión en sus entradas. Estos ascendieron hasta 19,50 euros y un importe extra en concepto de 'Platinum', que varía en función de la oferta y la demanda. Este último no incluye ningún servicio o producto adicional, como sí ocurre con los tickets correspondientes al paquete VIP.

La asociación entiende que Live Nation incurre en una práctica abusiva al imponer un precio u otro a las entradas en función de la oferta y la demanda del evento, generándose de este modo una sensación de inseguridad entre los consumidores. Además, se ha aplicado a los usuarios unos gastos de gestión de entre 9,50 y 19,50 euros por ticket, que son parte de los costes operativos de la propia actividad empresarial.

Facua ya ha denunciado a Live Nation en otras ocasiones por aplicar gastos de gestión similares y el concepto 'Platinum' en los conciertos de Lady Gaga, AC/DC y Rosalía.

Bruno Mars actuará en el estadio Metropolitano de Madrid los días 10 y 11 de julio, donde presentará su nuevo disco, The Romantic, cuya salida está prevista para el 27 de febrero. Será la primera vez que el artista toque en la capital. Sus shows coincidirán con la celebración del Mad Cool, que tendrá lugar desde el 8 al 11 de julio.

El pacto entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Sevilla para aprobar el presupuesto de 2026 tuvo un peaje previo en forma de enmiendas, que el gobierno municipal de José Luis Sanz (PP) le aprobó a la formación de ultraderecha para así engrasar la relación. Ese entendimiento inicial dejó en el tintero otra vez partidas en igualdad y cooperación, a lo que se añadió el sacrificio de todas las ayudas previstas para asociaciones de consumidores, lo que la entidad más representativa (Facua) entiende como “una venganza” basada en el “odio ideológico” porque resulta “incómoda” para ambas formaciones. El gobierno legal niega la mayor y alude a los “ajustes” que se producen en todo proceso negociador.

La denuncia la hace el portavoz nacional de la organización, Rubén Sánchez, miembro a su vez de la junta directiva en Sevilla, que da por hecho que esta decisión de PP y Vox va dirigida directamente contra ellos, aunque de paso haya perjudicado también al resto de asociaciones de este tipo. La explicación es sencilla para Sánchez: como no se puede apartar directamente a Facua porque son ayudas en concurrencia competitiva, lo que se ha decidido simplemente es eliminarlas para todos.

El PP aprobó 16 de las 18 enmiendas a las cuentas que presentó Vox, el 90%, entre ellas la que fulminaba los 45.000 euros previstos para ayudas destinadas a que las organizaciones de consumidores desarrollen su labor. El dinero finalmente se desvió para la rehabilitación de solares en los que se levantan mercadillos ambulantes, con lo que estas entidades se quedaron sin ninguna subvención municipal ya que era el único previsto en un presupuesto de casi 1.100 millones de euros.

“Menos dinero para defender a los consumidores”

La propuesta de Vox salió adelante sin el más mínimo reproche del PP, que ni siquiera presentó una transaccional como sí hizo con muchas de las otras iniciativas de la ultraderecha como condición para aprobarla. Finalmente, y tras una nueva imposición de medidas que van a suponer recortes en migración y medio ambiente, las cuentas de este año salieron para adelante sin problemas.

El gobierno del PP subraya que no se han eliminado son subvenciones de libre concurrencia “sin nombre y apellidos” y que por lo tanto no se le ha quitado ninguna ayuda directamente a Facua. “En la negociación de un presupuesto de más de 1.000 milones de euros puede haber ajustes, como ha sido el caso de estos 45.000 euros”, que se ha considerado “positivo para la ciudad” que engrose lo previsto para los solares de los mercadillos, que ha pasado así de 53.9000 a 98.900 euros.

Rubén Sánchez resalta que la supresión de estas ayudas se traduce en “menos dinero para defender a los consumidores de los fraudes de empresas”, e implica la desaparición de una línea de incentivos que se presupuestaban año a año desde hace décadas. Facua, como organización mayoritaria en Sevilla (cuenta con casi 30.000 socios), siempre se ha llevado la cuantía más importante de la partida municipal, en concreto 20.300 euros el año pasado.

El PP defiende que para el equipo de Sanz “no hay asociaciones 'incómodas' ni tiene la 'venganza' entre sus principios inspiradores de la acción de gobierno”. Vox, por su parte, enmarca su propuesta en su objetivo de eliminar todas las partidas que considera ideológicas o que no tienen un retorno directo a la ciudadanía, lo que lleva a Rubén Sánchez a incidir en que “si Sanz apoya una propuesta de la extrema derecha es porque también él es de extrema derecha, tiene un perfil muy ultraconservador”.

Consulta de la Feria e Icónica

El portavoz de Facua considera que su organización supone “un elemento conflictivo para el Ayuntamiento”, como ya pasó en la etapa del socialista Juan Espadas como alcalde en relación con el papel municipal en el caso de listeriosis de la empresa Magrudis. Con el actual regidor ha habido dos encontronazos sonados, el primero de los cuales fue el cuestionamiento de la consulta popular para cambiar el formato de la Feria de Abril, con la denuncia de “graves irregularidades”.

“El Ayuntamiento llegó a acusarnos de calumnias y anunció una querella que nunca llegó a presentar”, lo que no impidió que José Luis Sanz llegara a afirmar que Facua no le merecía “ninguna credibilidad”. “Sanz nos tenía enfilados y Vox siempre ha dicho que cuando gobiernen nunca recibiremos subvenciones”, pero si se les apartaba del concurso público hablaríamos de prevaricación, de ahí que dé por hecho que se haya optado por eliminar íntegramente esta partida.

Con el actual gobierno local también ha chocado en la cuestión de la cesión de la Plaza de España para la celebración del Festival Icónica, que promotoras musicales llevaron al juzgado. “El caso se ha archivado por ahora, pero el Ayuntamiento sigue dando la concesión a la empresa de forma rara y mirando para otro lado” en cuanto a una serie de requisitos que, considera, deberían ser exigibles.

Esta conjunción de elementos se habrían traducido en una “venganza” contra Facua, que se ha llevado por delante a todas las organizaciones de consumidores. “Todo esto es por el odio ideológico de Sanz y Vox al modelo de organización social que representa Facua”, apostilla.

Facua-Consumidores en Acción ha pedido este lunes a la Consejería de Fomento de la Región de Murcia que aclare a los solicitantes de las ayudas del alquiler “en qué situación se encuentran sus expedientes y por qué no está concediendo dichas ayudas”.

Desde la Dirección General de Vivienda de la Comunidad han apuntado a una “escasez de fondos” para poder atender la totalidad de las solicitudes recibidas. En cambio, desde el Ministerio de Vivienda aseguran que se trata de un problema de gestión del Gobierno autonómico, ya que han transferido 26 millones de euros para este fin desde el año 2022.

La Consejería de Fomento no ha aclarado ni el número de personas que se han beneficiado hasta ahora de esta subvención ni cuántas se han quedado fuera del proceso: “Hay usuarios que se han quejado públicamente de ni siquiera recibir información sobre el estado de unas solicitudes que presentaron, en algunos casos, hace ya más de dos años”, ha recordado Facua. Desde el Sindicato de la Vivienda han apuntado a que estas ayudas del Bono Alquiler Joven han sido “opacas” desde el principio en la Región de Murcia.

Por todo ello, Facua ha pedido al Gobierno que preside Fernando López Miras que actúe “con transparencia” y “comunique a los solicitantes de estas ayudas el estado en el que se encuentran sus respectivos expedientes”. Asimismo, ha insistido en la necesidad de hacer público el número de personas a quienes se les ha concedido y se les ha denegado dichas subvenciones.

Sin certeza

“El excesivo retraso tanto en la tramitación de las resoluciones les está suponiendo a los solicitantes perjuicios, estrés e inestabilidad, así como complicaciones a la hora de programar sus presupuestos personales, dado que no tienen la certeza de si finalmente dispondrán o no de ese dinero”, ha enumerado la asociación de consumidores.

Facua ya criticó hace un año al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar que destinaría más fondos al bono de alquiler para los jóvenes, una medida que se ha demostrado “ineficaz”. La asociación advirtió de que “estas ayudas podrían derivar en que ese dinero público termine en manos de especuladores, que lo tienen más fácil para inflar los arrendamientos”.

“Tres años después de la puesta en marcha de la medida, y tras haberse comprobado que su aplicación no ha servido para contener los precios —al contrario, no han parado de subir—, el Ejecutivo se enroca en seguir destinando dinero público a unas ayudas que sólo sirven para inflar los bolsillos de los especuladores”, ha denunciado la organización de defensa de los consumidores. “Esta ineficacia se suma, además, al hecho de que muchas comunidades autónomas —las encargadas de gestionar el bono— están retrasando de manera injustificada su entrega como es el caso de Murcia o Andalucía”, ha concluido.