Con la presentación de los presupuestos de Justicia y Derechos Humanos (369,2 millones, un 2,6% más que en 2026), a las 17.30 horas de este jueves se ha puesto fin a una larguísima comisión de Hacienda que arrancó el lunes a las 9.00 horas y por la que han pasado todos los consejeros de Imanol Pradales para detallar las cuentas. Sobre la primera de las dos patas de su cartera, la socialista María Jesús San José ha señalado que será en 2026 el momento de apertura de la nueva cárcel de Zubieta en Gipuzkoa, un proyecto que acumula años de retraso y clave para aliviar el tensionamiento de las prisiones autonómicas, transferidas en 2021. Y, sobre la segunda, ha indicado que se activará una “campaña de sensibilización”, dotada con 70.000 euros, para “erradicar del espacio público cualquier expresión vejatoria hacia las víctimas o justificadoras de la violencia”.

San José ha indicado que los fondos para su departamento crecen. Es un 2,6% más, es decir, menos que la media del conjunto de áreas del Gobierno, un 4,1%. Pero al desaparecer los fondos europeos MRR, la consejera entiende que la mejora es más valiosa. Ha dicho que son cuentas “realistas” pero “ambiciosas”. Ha asumido que la oposición las considere “continuistas”, pero ha indicado que las cuestiones “de fondo” programadas para la legislatura tienen que seguir en marcha. Se da la circunstancia de que no ha sido la consejera sino el director de Gogora, Alberto Alonso, el que ha tomado la palabra para dar respuesta a las cuestiones más políticas lanzadas por la oposición, EH Bildu, PP y Vox.

En la pata de Justicia (que incluye ya desde hace cuatro años la gestión de Prisiones), San José ha destacado que Zubieta estará lista ya en 2026. Desde la oposición, Santiago López Céspedes del PP le ha recordado que otros años también se había anunciado lo mismo, pero la consejera lo ha dado por hecho esta vez. Es un centro que construye el Estado y que entregará a la comunidad autónoma a cambio de la devolución del actual, la cárcel de Martutene, que a su vez revertirá en patrimonio municipal para desarrollos urbanísticos. La titular de Justicia y Derechos Humanos ha manfiestado que en el próximo ejercicio se activarán también los Centros de Inserción Social (CIS) de Basauri y de Zaballa, así como el espacio de régimen cerrado del penal alavés. En 2026, “se implementará el acuerdo de condiciones” laborales firmado con los sindicatos.

La consejera ha abogado por seguir potenciando la semilibertad y otros procesos de reinserción. Como dato, San José ha señalado que el porcentaje de reincidencia es del “12%” para quienes salen después de un tercer grado o libertad condicional mientras que sube al “19%” en el resto de casos. La EHU recibirá 60.000 euros para elaborar una encuesta “sobre calidad de vida en prisión”.

En la pata de Derechos Humanos, aunque ya eran conocidos los proyectos de Gogora, como los homenajes por el quincuagésimo aniversario del 3 de marzo de 1976, el nonagésimo de la creación del Gobierno de Euzkadi en la Guerra Civil, así como las reflexiones sobre las figuras de 'Pertur' y 'Yoyes', San José ha apuntado a atender a “víctimas y asociaciones” y activar “un instrumento más” contra la radicalización y contra el odio en el espacio público. Inicialmente habrá 70.000 euros para esa “campaña de sensibilización”, pero también 65.000 euros para salud mental y acompañamiento. Por otro lado, en relación con las quejas de la comisión de reconocimiento de las víctimas de la violencia policial, que ha visto frenado su trabajo, se ha mejorado su presupuesto en 25.000 euros.

El director de Gogora, Alonso, ha incidido también en que el 10 de noviembre es el Día de la Memoria, una jornada que recuerda a las víctimas del terrorismo y de la violencia policial y que habitualmente no es unitaria. De modo preventivo, se ha felicitado de que en el acto central de la jornada, el lunes en Vitoria, reunirán a medio centenar de víctimas tanto de ETA como de otros terrorismos, así como policiales, y ha sostenido que quienes están en la “polarización” son los que no van a acudir, en velada referencia a PP y Vox, que llevan años no compartiendo ese modelo.

Desde la oposición, EH Bildu -en unos comentarios también compartidos por el representante del PNV, Xabier Barandiaran- se ha reclamado una mayor presencia del euskera en la Justicia y un combate de los discursos xenófobos. El PP ha considerado también que falta cierto énfasis en ETA en los programas de memoria.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el calendario laboral para el año 2026 en Euskadi. Hay algunos cambios con respecto al anterior: como el 1 de noviembre (Todos los Santos) y el 6 de diciembre (día de la Constitución) coinciden en domingo, se incorporan dos fiestas tradicionales como son las del 19 de marzo (San José, día del Padre) y el 12 de octubre (la fiesta nacional). Tras la Semana Santa tardía de 2025, la del próximo año volverá a los primeros días de abril.

Son dos días festivos en enero, uno en marzo, tres en abril, uno en mayo, uno en julio, uno en agosto, uno en octubre y dos en diciembre. Estos son todos los festivos en Euskadi para 2026:

A esta docena de días se han de añadir dos más, que corresponde determinar a los ayuntamientos y diputaciones. Empieza a partir de este momento la tramitación de esas jornadas festivas.

Como cada año, el 2025 marca en el calendario una fecha importante para muchos progenitores en diferentes países alrededor de todo el mundo, el Día del Padre. Esta jornada basa su origen en honrar a todos aquellos padres responsables y comprometidos que se esfuerzan en la crianza de sus hijos.

Desde su origen en los Estados Unidos, la celebración se ha popularizado al resto de países, entre ellos España, si bien no está ni mucho menos reflejada en el calendario laboral.

Cuándo se celebra el Día del Padre 2025 en España

En 2025, el Día del Padre tendrá lugar el miércoles 19 de marzo. Esta fecha está además compartida con otros países, como Portugal, Bélgica, Italia o Marruecos, donde también celebran el mismo día. Así, dicho festejo coincide con el día de San José, padre de Jesús y esposo de la virgen María en la tradición católica.

Dónde es festivo el 19 de marzo en España

En otras ocasiones, el 19 de marzo era considerado como día festivo nacional. Sin embargo, en 2025 ha pasado a considerarse como festivo sustituible, por lo que no todas las comunidades autónomas podrán disponer de un día festivo no laborable.

Así, todas las comunidades autónomas tienen la opción de elegir entre dos festivos opcionales entre el 17 de abril -Jueves Santo- y una de estas dos fechas: el 19 de marzo -San José- o el 25 de julio -Santiago Apóstol-, pasando a depender de cada territorio.

De esta manera, en 2025 el Día del Padre será considerado como día festivo en las siguientes comunidades autónomas:

Sin embargo, todos los ayuntamientos tienen la opción de escoger dos días festivos locales, por lo que es posible que el Día del Padre -o San José- sea festivo en ayuntamientos pertenecientes a comunidades autónomas que no hayan seleccionado el día como festivo en primera instancia.

El origen del Día del Padre

Pese a que el Día del Padre es una celebración más que extendida alrededor de todo el mundo, su origen se atribuye a Sonora Smart Dodd, la hija de un veterano de guerra estadounidense. La joven quería honrar a su padre, quien la crio a ella junto a sus cinco hermanos luego de que su madre muriera durante el parto.

Para ello, Sonora Smart Dodd tuvo la idea de celebrar un día dedicado a su padre en 1909, cuando escuchaba un sermón sobre el Día de la Madre, una festividad más que establecida en ese momento. De esta manera, el 19 de junio de 1910 se celebró el primer Día del Padre en la localidad. La celebración comenzó a establecerse en diferentes Estados, pasando por diferentes fases.

En el año 1924, el presidente Calvin Coolidge apoyó la celebración. Posteriormente en el 1966, el presidente Lyndon B. Johnson trató de que la celebración se hiciese oficial, hecho que se haría realidad seis años después bajo el mandato del presidente Richard Nixon.

Así, en 1972 se firmó la ley que designaba oficialmente el tercer domingo de junio como Día del Padre en todo Estados Unidos. Poco a poco la celebración fue perdiendo su carga religiosa inicial hasta extenderse como una festividad común en todos los ámbitos.

El Día del Padre en otros países

Pese a que la mayoría de países del mundo continuaron con la tradición que se fijó en Estados Unidos de celebrar el Día del Padre el tercer domingo del mes de junio, varias naciones adoptaron días diferentes para celebrar esta festividad, como es el caso de España u otros países de Europa, que la juntaron con la fecha de San José.

Por otro lado, el Día del Padre no está reconocido de manera oficial en todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, tras la oficialización de la fecha por parte del gobierno estadounidense, la mayoría de naciones del continente adoptaron la tradición de honrar a los padres cada tercer domingo de junio; como sucede en México, Chile, Costa Rica, Venezuela y la mayor parte de Argentina.

Asimismo, otros países de Latinoamérica como Uruguay celebran la festividad casi un mes después, el segundo domingo de julio; mientras que en República Dominicana la jornada se lleva a cabo el último domingo de dicho mes.

La directora de la cárcel de Basauri, Vicenta Alonso, ha denunciado ante la Fiscalía el robo de 4.000 euros en el interior del penal, según informó 'El Mundo' y confirman fuentes del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. Estas fuentes añaden que el dinero, almacenado para necesidades del día del día del centro penitenciario, estaba guardado en una caja fuerte.

Los hechos se produjeron hace varias semanas y han coincidido con una larga ausencia de Alonso, que ha encadenado vacaciones y bajas laborales. Fuentes oficiales desvinculan ambas circunstancias e indican que se está trabajando en la recuperación del dinero. Se destaca que fue precisamente el centro penitenciario el que instó la investigación con la presentación de la denuncia.

Euskadi gestiona las prisiones vascas desde otoño de 2021, cuando se sustanció la transferencia pendiente desde 1979. Hasta este verano, la dirección política correspondió a consejeras del PNV, Beatriz Artolazabal y Nerea Melgosa. Ahora, con la renegociación de la coalición, es el PSE-EE el que gestiona estas funciones dentro de la cartera de María Jesús San José.

Precisamente, San José ha respondido a varias preguntas de la oposición en la sesión de control celebrada este viernes en el Parlamento Vasco. A instancias del PP, ha indicado que durante los años de gestión autonómica se han sustanciado 299 llegadas de presos desde centros de Instituciones Penitenciarias. La mayoría (194) son de reclusos sin relación alguna con ETA y los otros 105 sí eran condenados por terrorismo.

Santiago López Céspedes, en cambio, ha criticado que el problema está en que se han denegado 405 entradas, pero ninguna a exmiembros de ETA. “Ahora nos encontramos con que no tienen sitio en las cárceles para más de 400 presos que cumplen condenas por delitos menores porque había que hacer hueco a todos los presos de ETA”, ha lamentado para añadir que hay también “terceros grados fraudulentos” para beneficiar a ese colectivo. “No hay ni un solo trato de favor [...], justo lo contrario de lo que ha hecho el PP cuando ha gobernado. [...] Esa generosidad con el Movimiento de Liberación Nacional [Vasco] que enarboló [José María] Aznar y que dejó después más víctimas la recuerdan, entre otros, la familia de mi compañero Juan Priede, asesinado por una persona excarcelada por aquel Gobierno sin que mediara ningún criterio”.

Por otro lado, San José, ha insistido a preguntas de Vox en que las actividades culturales dentro de las cárceles han de preservar los derechos humanos de las víctimas. Se refería así a la polémica por una actuación de Fermín Muguruza en Martutene. Interpretó 'Sarri, Sarri', que relata una fuga de un miembro de ETA.

Las previsiones se cumplen y Extremadura tendrá que dar marcha atrás en algunas de las medidas que comenzaron a flexibilizarse tras superar la tercera ola de la COVID-19. Pero otras medidas podrán permanecer intactas de cara a los días festivos del puente de San José y de Semana Santa, según el acuerdo adoptado este miércoles por las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud, del que ha informado el consejero, José María Vergeles.

La Junta ordenará el cierre perimetral de la región del 17 al 21 de marzo -como así harán las comunidades en las que sea festivo el Día del Padre- y del 26 de marzo al 9 de abril. Pero la movilidad entre municipios se permitirá.

En esos días, el toque de queda permanecerá de 23 horas a 6 de la mañana, pero las reuniones privadas, es decir, las que se producen en lugares distintos a los establecimientos de ocio controlado o en espacios privados, quedan limitadas a personas que convivan juntas en el domicilio.

En las terrazas se podrán seguir congregando seis comensales, pero en el interior de bares y restaurantes el número se limitará a cuatro. Esta última restricción se había ampliado a seis en Extremadura el pasado viernes.

Además, en base a ese acuerdo, la región prohibirá la celebración de “eventos masivos de cualquier índole.

Las nuevas medidas en estos días festivos suponen un golpe para el sector turístico extremeño, que ya había adelantado que esperaba una alta ocupación en el puente de San José por parte de “cientos de madrileños”, que ahora tendrán que anular sus reservas. “No son medidas fáciles pero tampoco son un paso atrás, se trata de coger impulso y evitar una situación que puede traer más riesgos que beneficios en un momento en el que se empiezan a ver los resultados de la vacunación”, ha trasladado el consejero de Sanidad a los empresarios, al tiempo que se ha mostrado “seguro” de que se pondrán en marcha “mecanismos de compensación” para los sectores afectados por estas restricciones“.

Respecto al regreso de los estudiantes universitarios, Vergeles les ha pedido que eviten la “vida social” unos días antes de regresar a Extremadura, que respecten las medidas de protección individual y colectiva, y que hagan uso de los puntos de cribado que se abrirán en esos días para la realización de pruebas diagnósticas a demanda.

Este miércoles ha subido de forma discreta la incidencia acumulada a los 14 días en Extremadura hasta los 44 casos por cada cien mil habitantes, principalmente por brotes en el área de salud de Don Benito-Villanueva, pero el resto de indicadores epidemiológicos muestran que la situación se mantiene estable en la comunidad. La incidencia en mayores de 65 años es de 24,86 casos, la tasa de positividad es de 2,31% y las UCI están cerca del 6% de ocupación.

No obstante, el titular de Sanidad ha pedido prudencia porque la curva de contagios “está en fase de meseta” y vienen “dos amenazas importantes”. Una de ellas es la movilidad, que ya se limitará en las próximas semanas, y otra es la predominancia de la variante británica: el 64% de los casos de COVID-19 que se detectan en Extremadura son de esta variante.

Por ello, la cuarentena de las personas que den positivo deberán estar en cuarentena 14 días en lugar de los 10 días actuales y también se ampliará el rastro de contactos a siete días, en lugar de 48 horas como en estos momentos. Vergeles también ha advertido de que en las poblaciones con una alta incidencia y que, por ese motivo, eleven la tasa de la comunidad autónoma se aplicarán “medidas drásticas”.

Los alojamientos rurales que forman parte de la asociación Turismo Norte Extremadura (Aturnex) han formalizado en los últimos días cientos de reservas en sus establecimientos de ciudadanos procedentes de la Comunidad de Madrid para el puente de San José.

El presidente de Aturnex, Nacho Lozano, ha explicado que esta avalancha de reservas se debe a que Extremadura y Madrid son las únicas regiones de la península que están abiertas en la actualidad y por el anuncio de cierre global desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril con motivo de Semana Santa.

Lozano también ha señalado como causa la estrecha relación que hay entre ambas comunidades autónomas, por la gran labor que realizan las Casas de Extremadura y por la “intensa promoción” que ha realizado la Dirección General de Turismo a nivel nacional, sobre todo en la capital de España.

A juicio del presidente de Aturnex, la fatiga pandémica en Madrid es de las más altas de España y por ello “los madrileños están deseando dar un giro radical por unos días a un entorno de naturaleza libre de COVID-19”.

También ha puesto de manifiesto que la relación calidad precio de los alojamientos rurales extremeños “es excelente y los madrileños nos ven como tranquilos, buena gente y disfrutan de un entorno natural único, con un gran patrimonio y una rica gastronomía”. Por estos motivos, los alojamientos rurales del norte de Extremadura están rozando cifras de máximos para el puente.

“Vamos a rebasar el 90% en la ocupación de los alojamientos rurales y será el mejor fin de semana de San José de la última década, ya que muchos alojamientos han colgado ya el cartel de completo e incluso algunos tienen problemas de overbooking”, ha asegurado Lozano.

En este sentido, ha indicado que en plataformas de reservas directas apenas ya hay apartamentos rurales disponibles y tan sólo quedan plazas en hoteles de pueblos grandes o ciudades.

Aturnex representa a 160 empresarios entre alojamientos, empresas de actividades, restaurantes y otros relacionados directamente del turismo. 

El calendario para la próxima temporada de la Liga Guerreras Iberdrola, que comenzará el 12 y 13 de septiembre, y que tendrá como novedad la división de los 16 equipos en dos grupos de ocho, se celebró este lunes en la sede de la Federación española.

La primera jornada estará compuesta por los siguientes partidos:

Grupo A:

Atlético Guardés - Lanzarote Puerto del Carmen

San José Obrero Lanzarote - Super Amara Bera Bera

Aula Alimentos de Valladolid - Uneatlántico Pereda

Rincón Fertilidad Málaga - Zubileta Evolution Zuazo

Grupo B:

Salud Tenerife - Elche

Morvedre - Rocasa Gran Canaria

Liberbank Gijón - Conservas Orbe Rubensa Porriño

Adesal Córdoba - KH-7 Granollers

Esta temporada en la Liga Guerreras Iberdrola se disputará una primera fase en sistema de doble vuelta, todos contra todos. Los cuatro primeros clasificados de cada grupo disputarán una segunda fase por el título, mientras que los cuatro últimos clasificados disputarán una segunda fase por la permanencia.

En ambas, los equipos se enfrentarán en un sistema de doble vuelta frente a los rivales del otro grupo, arrastrando resultados y puntos de la primera fase. Descenderán los cuatro peores equipos en dicha segunda fase por la permanencia.

La Ertzaintza va a endurecer los controles de las carreteras de cara a este Puente de San José para impedir viajes no autorizados, especialmente de ciudadanos hacia sus segundas residencias (especialmente la Rioja y Cantabria). El confinamiento decretado por el estado de alarma se realiza en la residencia habitual y están prohibidos los desplazamientos a las segundas viviendas y de ocio. Por eso y con vistas al puente festivo, los agentes establecerán controles en carreteras y en estaciones de transporte colectivo.

Estos controles preventivos pretenden garantizar el cumplimiento de las restricciones de movimiento derivadas del estado de alarma, informa la Policía vasca. En la actualidad, las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la realización de actividades laborales o de primera necesidad, entre otras. Para ello, las patrullas de la Ertzaintza y de las Policías Locales realizarán comprobaciones para asegurar que se cumplen esas prohibiciones.

En cumplimiento del estado de alarma y de la emergencia de salud pública, la Ertzaintza podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. Además, podrá solicitar a los conductores y conductoras una explicación justificativa, clara y comprobable, de los motivos del desplazamiento.

Para la circulación en automóvil, recomienda el uso individual del vehículo. Cuando en el vehículo viaje una segunda persona, lo deberá hacer en el asiento trasero derecho, respetando la distancia de seguridad establecida. No está permitido el desplazamiento en vehículos sin respetar esta distancia de seguridad.

“Tengo tal cacao en el cerebro, Margarita. Han venido inmobiliarias, gente con interés... Yo digo: ¿y si esto fuera tuyo? Del Ayuntamiento no sabemos nada. Habrá que lucharlo con quien haya que lucharlo, no con cualquier mindundi”.

Manolo sale por la puerta trasera de su casa en zapatillas y habla desde abajo a su vecina, que asiente enfadada y dice que de ahí no se va porque no la pueden echar. Su trocito de calle tiene acera —no como el resto, que está sin asfaltar— y un par de escaleras que bajan hasta donde él está. En las de la izquierda hay una valla; las de la derecha dan al muro que rodea el chalé de Margarita, es decir: a ningún sitio. En el solar de al lado hay un coche y una tienda de campaña de las baratas del Decathlon.

Es una situación extraña porque a pocos metros se encuentra Mateo Inurria, una de las calles más caras de Madrid. Enfrente, las vías de la estación de Chamartín. Y ahí en medio, entre las desconocidas Manuel Ferrero y Rodríguez Jaén, un montón de descampados apiñados, tres asentamientos llenos de basura y chatarra (dos de rumanos y uno de españoles, rodeado de banderas) y varias casitas con vecinos que saben que algún día tendrán que marcharse, pero poco más.

“Es un poco incómodo. No tenemos licencia para hacer nada y llevamos treinta años viviendo con incertidumbre: lo de Chamartín siempre está a punto, pero luego nunca nada”, explica Blanca, que vive en un 'hotelito' (una construcción antigua típica de Madrid) casi al lado de Mateo Inurria. “Mis padres compraron esta casa y murieron, siempre pensando que nos iban a expropiar al día siguiente. Ahora todo lo que sabemos es por la prensa”.

Los de la calle Manuel Ferrero son de los pocos propietarios que quedan con casas dentro del perímetro de la Operación Chamartín. Hay también algunas naves industriales al norte de la M-30, entre el antiguo pueblo de Fuencarral y las vías de tren, en una zona cuyo valor es aún bastante menor. En Mateo Inurria y alrededores el metro cuadrado de la vivienda en venta está a una media de 3.937 euros (y sube hasta los 9.000 según la propiedad). En Tres Olivos y Fuencarral no llega a 3.000 euros, según datos de Idealista.

Si no fuera porque el Ayuntamiento no les construye una acera, porque les multa si no cuidan las malas hierbas de sus parcelas y porque lleva años permitiendo los asentamientos ilegales a su lado, la vida en este trocito de Madrid, a tiro de piedra de Plaza de Castilla, sería más que idílica. “Yo vivo como en Andalucía”, dice Blanca en el patio de su casa, a la sombra de su árbol. Su hotelito, del que enseña un plano original enmarcado, data de 1929: de cuando aquello era una zona de veraneo cercana a la ciudad llamada Chamartín de la Rosa. 

La primera expropiación

Cuando en los años 40 y 50 Franco expropió los terrenos para construir la estación (que se hizo sobre el cementerio de Chamartín de la Rosa), pagó a los propietarios entre 6 y 11 pesetas por metro cuadrado.

En 1993, Renfe sacó el primer concurso para que una empresa privada se hiciera cargo de la construcción de una nueva estación y el desarrollo urbanístico del entorno. Los antiguos expropiados se unieron en un par de grupos   —por un lado, cinco sociedades que acudieron a Jesús Espelosín, ex-concejal de urbanismo con el PSOE; por otro, cientos de familias capitaneadas por el abogado palentino Antonio Vázquez en la asociación No Abuso — para reclamar su 'derecho de reversión'. 

La idea era que si les habían expropiado para darle al suelo un uso ferroviario, pero al final iban a construir casas, tenían derecho a recuperar sus terrenos y venderlos a mejor precio. El montante de No Abuso es tan grande  — asegura representar a más de mil familias que suponen 1,2 millones de metros cuadrados — que se ha dedicado a ofrecer su proyecto a inversores que quieran comprarles ese 'derecho de reversión'. Así, si algún día recuperaran sus terrenos, estos inversores les pagarían a más el metro cuadrado porque podrían revenderlo aún más caro y todos saldrían ganando. Se les conoce como 'reversionistas'.

Al final convencieron al famoso Trinitario Casanova, un promotor murciano conocido, entre otros pelotazos, por haber comprado y vendido el Edificio España en el mismo día. Casanova ha pagado 100.000 euros a No Abuso y prometido hasta 300 euros por metro cuadrado si los propietarios ganan. Es decir: ha “comprado” barato para vender caro, como suele hacer. Pero aún no está claro si ese derecho podrá efectuarse, porque el Supremo ya dijo en 2012 que no procedía. eldiario.es desveló que el último contrato entre Adif y DCN (la sociedad participada por BBVA y la constructora San José) establece que, de haberlas, esas indemnizaciones las paga el Estado.

Nada de esto sucede en Manuel Ferrero, porque los propietarios no son antiguos sino actuales y su circunstancia no es que en su calle vaya a ir una estación, sino que están planificadas varias torres de edificios. En los planes de ordenación del Ayuntamiento en la zona — tanto el anterior como el actual, elaborado durante el Gobierno de Manuela Carmena — sus parcelas aparecen como residenciales. En las imágenes de la promotora, que muestran cómo quedará todo cuando esté terminado, salen siete bloques: dos altos a cada lado y otros cinco más bajitos en el centro.

La calle no mide más de 315 metros de largo y unos 40 de ancho, pero hacia arriba da bastante edificabilidad. En el plan parcial de prolongación de la Castellana, aprobado en 2009, esta era de casi 10.000 metros cuadrados entre las tres parcelas. En el último plan, aprobado el pasado mes de julio, se eleva a 26.765 metros cuadrados con una altura máxima de diez plantas por bloque. Eso son unos cuantos pisos.

Abandonados por el Ayuntamiento desde siempre

Margarita Botija tiene 80 años y el mejor chalé de la calle. Son 190 metros cuadrados de parcela, con planta baja, planta primera y un coqueto porche lleno de plantas. Lo compró en 1984, poco antes de que empezara todo, y ha dedicado media vida a pleitear contra el Ayuntamiento por su acera, primero, y por múltiples cuestiones urbanísticas distintas después. Su denuncia inició el caso Guateque, uno de los casos de corrupción más grandes de Madrid, en el que la jueza pidió el procesamiento de 30 funcionarios y empresarios acusados de organizar una trama para agilizar licencias a cambio de sobornos. Años después fueron todos absueltos al anularse las pruebas.

“Pusieron la casa a la venta y la compramos. Investigamos bien quién era el propietario y nos informamos en el Ayuntamiento, donde dijeron que podíamos comprarla con tranquilidad y que no se iba a expropiar. Pero para entrar teníamos que cruzar un barrizal”, explica. El consistorio nunca llegó a ponerle acera y siempre reconoció que la propiedad de la calle era suya, como al resto de propietarios. Esto no es nada raro  — según explica el arquitecto experto en urbanismo Luis Romero, el 85% de las calles son cesiones del antiguo propietario — pero sí ha sido un enorme fastidio para Margarita, para Manolo, para Blanca y para el resto de vecinos de la calle.

Blanca, por ejemplo, ha tenido que cavar un pequeño conducto en su rellano para que no se le inunde la entrada cuando llueve. Quiso urbanizar ella misma la acera pero el Ayuntamiento no le dio licencia. Tiene la casa en herencia y no puede dividirla para repartir con su hermana. “No te dan permiso para nada. Hace años iba a ver los planos al Ayuntamiento, pero luego cambió, se los llevaron al BBVA y al final ya no miro nada”, cuenta. “Margarita quiere quedarse pero mi situación es distinta, así que estoy a lo que me depare el destino. He buscado un abogado y vivo como siempre, aunque lo mismo me expropian el año que viene”.

Nacho es hijo del dueño del solar de al lado, probablemente el más valioso porque linda con Mateo Inurria. Lo compraron su padre y varios socios como inversión, pero nunca se les dio licencia para construir. “Había una casa que ocuparon. Mi padre y sus socios echaron a los okupas y como justo entró el plan de Chamartín, se paralizó todo. Así que aquí estamos, hasta que los políticos de turno decidan ponerse de acuerdo”, lamenta. La parcela está vacía, pero pagan su mantenimiento con un par de vallas publicitarias. Un año les multaron con 3.000 euros por no cortar la hierba. “Creció mucho y no se podía cortar. Pusimos una denuncia a unos chavales que rompían la valla metálica, se pasó el inspector y al final la multa nos la cascaron a nosotros”.

Ahora, Nacho y sus hermanos esperan a que el plan se apruebe del todo (falta el visto bueno de la Comunidad) y se proceda a la compensación o expropiación. “Mi padre acabó hasta las narices”, continúa. “Falleció hace tres meses, estamos liquidando sus cosas y con esto no vamos a poder hasta que no se solucione. Y es increíble la diferenciación entre la gente que paga sus impuestos y conserva esto y los que no. No hay aceras, nos hacen responsables de la suciedad de la calle... Llamas a la policía y no te hace ni caso”.

La dejadez municipal tiene que ver con dos cosas. La primera, explica el arquitecto Romero, es que la zona está fuera de ordenación. “Figura como una zona de desarrollo que no se ha ejecutado”, indica. “Lo de Chamartín lleva tantos años que esto es un vacío legal donde el propietario no puede hacer nada”.

La segunda es simple y llanamente una estrategia de devaluación de la zona para que a la hora de expropiar se pague a menos el suelo. Margarita, que lleva años sufriendo los asentamientos, lo denomina “una bolsa de deterioro urbano”. No es muy diferente a lo que sucedió en el Paseo de la Dirección, otra larga historia de expropiación en beneficio de unas pocas grandes empresas en Madrid: allí, a medida que se expropiaba pero no se derribaban las casas, entraban okupas y chatarreros que empeoraban la zona. Al final, a los expropiados se les pagó 868 euros el metro cuadrado. Dragados vendió las parcelas con las que se quedó por gestionar la expropiación a  2.888 euros el metro cuadrado.

“En las expropiaciones, los okupas vienen muy bien al principio, porque el que decide el precio es el Ayuntamiento y se pone a la baja”, explica Romero. “Para la empresa, el desalojo es un coste más. Lo curioso es que a la hora de valorar el suelo se incluyen esos costes, así que lo que no saben los propietarios es que los desalojos los costean ellos”. La memoria económica del actual plan de Chamartín valora el precio de venta del producto inmobiliario terminado en 13.200 millones de euros. La superficie transmitida es de 2,65 millones de metros cuadrados, lo que da una media de 4.980 euros el metro cuadrado. En ese precio iría incluido el coste de la expropiación. Cuando se decida, continúa, “habrá gente que lo acepte y gente que pueda costearse un abogado y llegue al Supremo. Y ahí dependerá del juez”.

¿Qué va a pasar con toda esta gente?

Como el proyecto está aún pendiente de la aprobación definitiva de la Comunidad de Madrid, desde el Ayuntamiento solo dicen que “hasta que no se produzca, no se puede avanzar. Una vez se tenga la aprobación, se constituirá un equipo de coordinación para establecer un calendario de actuaciones”. Será entonces cuando a los propietarios que quedan se les notifique su situación. A partir de ahí, podrán decidir qué hacen.

Hay un paso previo a la expropiación, que es el de entrar a formar parte de la junta de compensación: una agrupación en la que se meten todos los propietarios de suelo a cambio del equivalente en derechos edificatorios.

“Funciona como si todos los propietarios de terreno fueran accionistas”, indica Romero. “El problema es que, al no haber una ley antitrust, los pequeños propietarios no tienen más remedio que tragarse como socio al propietario mayoritario [en este caso, Distrito Castellana Norte]. El mayoritario suele intentar comprar los terrenos a los minoritarios. Los pequeños tienen dos opciones: o ir con el grande aunque tengan poquísimo terreno y costearse la parte proporcional de los gastos que decidan los grandes, o vender. Al final, suelen asustarse y terminan vendiendo por desánimo”.

Los “disidentes” que no quieran entrar en la junta ni vender serán los finalmente expropiados. Hace unos años, cuenta Romero, la empresa ya compró terrenos a pequeños propietarios a razón de 400 euros el metro cuadrado. “Les decían: tu futuro es incierto. Mientras se prepara el planeamiento, la empresa trata de captar el máximo número de gente que quiera vender y largarse”.

En Manuel Ferrero los ánimos son diferentes. A Blanca le vendría bien el dinero de su expropiación, igual que Nacho quiere quitarse el marrón de encima cuanto antes. Margarita y su marido, Eusebio, tienen muy claro que de su casoplón no se van. “Si no me dan cuarenta millones por la casa, nada”, dice ella. Peleará hasta donde pueda. “Margarita ha vivido para esto y cree que irá a Estrasburgo y lo parará”, señala Blanca. La mujer siempre ha ejercido de líder peleona de la calle, aunque sus vecinos reconocen que ahora cada uno tiene distintas ideas e intereses y que ya no están “muy unidos”. Romero recomienda que se unan (que es justo lo que no querrían ni la empresa ni el Ayuntamiento) para negociar juntos. “Los que se descuelgan acaban en la masa de expropiación del Ayuntamiento”, indica.

¿Es justo que se vayan a expropiar casas particulares para que una empresa construya y venda cinco bloques y dos torres residenciales? “La ley de expropiación forzosa de los 50 es de las pocas de Franco que no se ha cambiado. Porque no interesa a nadie”, concluye Romero. “Te pueden expropiar por interés público o por razón social. El problema es que el que declara ese interés es el mismo que expropia. En otros países lo declara un ente superior. Franco lo hizo para los pantanos y enterraba los pueblos. En el Paseo de la Dirección hubo gente que se fue a Estrasburgo, pero con arreglo a la ley española si está declarado de interés público no hay solución. Aquí el expropiante, el Ayuntamiento, declarará que hay un planeamiento de interés público... y las posibilidades de éxito serán nulas”.

La española Carla Suárez perdió este viernes en tres mangas ante la bielorrusa Aryna Sabalenka en los cuartos de final del torneo WTA de San José (California, Estados Unidos).

La canaria, sexta cabeza de serie, se apuntó la primera manga, pero no pudo impedir la posterior reacción de Sabalenka, segunda favorita y que acabó ganado por 3-6, 6-2 y 6-4 en una hora y 53 minutos.

El de este viernes ha sido el tercer enfrentamiento entre ambas jugadoras y el tercero que acaba con victoria de Sabalenka.

La tenista grancanaria Carla Suárez, sexta favorita, buscará ante la joven bielorrusa Aryna Sabalenka una plaza en la eliminatoria semifinal del torneo estadounidense de San José -Mubadala Silicon Valley Classic-, dotado con 876.183 dólares en el capítulo de premios.

Suárez, sexta cabeza de serie, tuvo que remontar en la ronda de octavos de final ante la estadounidense Bethanie Mattek-Sands, quien se impuso en la manga inicial por 3-6, pero que no pudo repetir su éxito al vencer claramente la isleña en los dos sets siguientes: 6-1 y 6-2.

Previamente, Carla Suárez derrotó a la polaca Magda Linette por un doble 6-3 para situarse en la segunda ronda.

La española, vigésima novena en el ránking del circuito femenino, se enfrentará en la antepenúltima ronda a la segunda favorita del torneo, Sabalenka, quien eliminó del torneo norteamericano a la estadounidense Coco Vandeweghe por 6-3 y 6-3.

Carla Suárez, que ostenta dos títulos WTA en su palmarés, no juega una final desde la del pasado año en New Haven.

Es un comentario habitual entre los miles de turistas que visitan cada año el municipio de San José, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar de Almería: ¿cómo es posible que haya un cuartel de la Guardia Civil en un lugar tan privilegiado, casi mágico, completamente rodeado de mar? Les sorprendería mucho más saber que el edificio se asienta, tristemente, sobre los restos de un castillo del siglo XVIII.

Desde la playa de La Calilla, en San José, hay que aguzar la vista y poner atención para advertir que, bajo una construcción anodina, por no decir fea, siguen los restos de casi toda la muralla perimetral del fortín.

La historia de cómo un castillo protegido desapareció para convertirse en un puesto de la Guardia Civil no deja de ser un ejemplo más de la desidia con la que han actuado algunas administraciones con el patrimonio cultural e histórico del país.

Así, el próximo 22 de abril se cumplen 70 años de un decreto de 1949 que estableció la protección de “todos los castillos españoles”, “cualquiera que sea su estado de ruina” y que impedía “toda intervención que altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento”. Sin embargo, 20 años después de este decreto, se construyó un cuartel sobre los restos de un castillo.

Lo explica el historiador Antonio Gil Albarracín, experto en fortificaciones: “El problema del decreto es que no establecía mecanismos reales para controlar que se respetara. Eran los ayuntamientos los encargados de su cumplimiento y, sea por ignorancia o por otros motivos, el solar del castillo de San José, que se hallaba ocupado desde el siglo XIX por instalaciones policiales de escasa entidad, fue objeto en 1969 de la construcción de la actual casa-cuartel de la Guardia Civil”. Evidentemente, si hubiera alguna responsabilidad en la adopción de dicha decisión, hace ahora medio siglo, habría prescrito“, subraya Gil Albarracín, que es doctor en Historia y catedrático en Geografía, Historia e Historia del Arte.

El castillo, construido entre 1733 y 1735, fue prácticamente destruido la Guerra de la Independencia por una acción guerrillera, cuando se hallaba bajo administración de los ocupantes franceses. Sin embargo se conservaban restos muy importantes, como la ya citada muralla perimetral.

El propio historiador y los miembros de la Asociación Conservacionista y cultural Amigos del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar son partidarios de trabajar en una reconstrucción que permita recuperar ese espacio para el uso de todos los ciudadanos.

Apuestan por la idea de la demolición de los edificios actuales y de la recuperación de su perfil histórico, el del siglo XVIII, con el fin de que albergue el que sería el único centro cultural del Parque Natural. “Es una idea que he planteado a sucesivas administraciones con responsabilidad sobre dicho territorio, sin que hasta ahora haya sido atendida”, lamenta Gil Albarracín.

El historiador ha publicado abundante documentación y planos (es autor del libro El fuerte de San José) que permitirían su reconstrucción. Pero hay un obstáculo importante: “Un artículo de la ley de patrimonio cultural prohíbe expresamente la reconstrucción de los castillos”, admite.  De todos modos, también recuerda que se han dado caso en los que las autoridades han logrado que esta norma no sea tenida en cuenta con la justificación de dotar a su población de un centro cultural, como ha sucedido en Roquetas del Mar (Almería).

“En el caso de San José se podría acometer una operación similar, más aún teniendo en cuenta que se ha convertido en la capital del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, zona de indudable vocación turística, que carece de un centro cultural que potencie dicha actividad”, argumenta el historiador.

No van a cejar en su empeño. “Continuaremos insistiendo hasta que alguien entienda que invertir en la conservación y recuperación del patrimonio es sembrar para el futuro acicates para un turismo cultural que será, sin duda, el que sustituirá al modelo de sol y playa actualmente imperante”, concluye, rotundo, Gil Albarracín.

Historia del Castillo de San José

Historia del Castillo de San JoséEl castillo se proyectó originalmente para defender los puertos naturales de los Genoveses, el Sollarete y Cala Higuera. Como todo fortín contaba con baterías, en este caso, con capacidad para veinte cañones. En la planta baja albergaba una capilla, cuarteles para los soldados y mandos, una cantina, una panadería, un almacén de pólvora y pertrechos, además de la cárcel y una zona común. En la segunda planta estaban las habitaciones. Para acceder a él había que cruzar un puente levadizo que salvaba el foso.

Mario Sanz Cruz, miembro de la Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, recuerda que la Guerra de la Independencia fue desastrosa para el fuerte: “Los franceses en su retirada se llevaron los cañones de bronce, y los demás fueron inutilizados o clavados. Después de la guerra, la fortaleza quedó en mal estado y la falta de inversiones la fue arruinando poco a poco. En 1830 se la describe como un montón de escombros que conserva sólo las baterías en las que hay nueve cañones de hierro clavados y tres más inútiles”.

“En 1849 fue transferido al cuerpo de Carabineros y, en 1855, el gobernador militar de Almería autorizó a un vecino de Níjar que edificara una casa. A mediados del siglo XX, aún se conservaba un cubo de artillería y parte de un paño de muralla en el lado norte. En 1941 los restos del castillo pasaron a depender de la Guardia Civil, tras asumir las funciones de los Carabineros”, relata. Y después llegó la construcción del cuartel tal y como ha llegado hasta nuestros días. Los Amigos del Parque no dudan en que esta triste historia se pueda reescribir.

¿Cómo surgió la idea de crear un nuevo festival de música?

Este es un proyecto que nace de la necesidad, nuestro pueblo era una de las referencias musicales de la región y desde hace dos años necesitaba un relevo generacional. La Asociación Astimusic y el festival ‘Alabordaje’ lo formamos cinco astillerenses, algunos músicos en activo y otros con una amplia experiencia en el sector.

¿Ha sido difícil convencer a Desakato?

No. Lo bueno de este festival, al igual que le pasaba al Azeros Rock, es que al ser en marzo las buenas bandas no tienen mucha saturación de eventos por estas fechas. Desakato era nuestro objetivo principal y fuimos a por ellos desde el primer momento.

¿Qué opiniones han recibido tras anunciar el cartel definitivo?

Todo ha sido muy positivo y eso se nota sobre todo en el feedback que día a día recibimos por redes sociales. Además, creemos que a la gente le ha gustado mucho que hayamos contado con muchas bandas, buenos grupos de la región. Pero todo este apoyo ahora se tiene que traducir en asistencia y en eso estamos trabajando ahora. Si no hay apoyo del público el día 9, el proyecto habrá fracaso y su continuidad será muy complicada.

¿Tenían claro desde el principio que apostarían por una banda reconocida a nivel nacional acompañada por grupos locales?

Sí, desde las primeras reuniones tuvimos clara la fórmula. Queríamos un par de bandas de nivel y prestigio más bandas locales, sobre todo apoyándonos en las que han crecido y madurado en Astillero.

¿Cómo es el montaje que están preparando? ¿Cómo se desarrollará el festival?

Pues a diferencia de lo que tradicionalmente se hacía en el pueblo, nosotros hemos querido dotar al festival de un segundo escenario, el cual estará situado en el centro de Astillero y con el que buscaremos dinamizar la hostelería de la localidad desde primera hora de la tarde. El resto de los conciertos se realizarán, a partir de las 18:00, en la carpa de fiestas que se situará en La Fondona.

¿Hay suficiente interés por el rock en Cantabria para consolidar un festival como este?

Creemos que sí, y nos remitimos a otros eventos como el Rebujas (San Mateo de Buelna), el Beltane (Comillas) o lo que generaba el Azeros en nuestra localidad. La gente demanda eventos, buenos eventos, fechas en las que poder ver a las bandas del momento cerca de casa. Pero como decíamos antes, lo de consolidar el festival o no dependerá irremediablemente del apoyo que consigamos a nivel asistencia.

Desde La Fuga no ha habido ningún otro grupo cántabro que haya conseguido dar el saltado nacional. ¿Creen que es por falta de oportunidades, porque el mundo de la música es complejo, porque no hay suficiente nivel…?

El mundo de la música es muy complejo. La Fuga lo hizo en un contexto muy particular y en una época muy concreta. Con internet se abre un escaparate enorme que no siempre es positivo, es muy difícil poner el foco solo en una banda o en un disco concreto. No obstante, muchas bandas de Cantabria tienen su público y sus proyectos más encaminados al público estatal que al meramente regional. Muchas más de las que pueda parecer. Otra cosa es que vivan de ello exclusivamente, eso ya es otro tema y una película muy compleja.

¿Cómo marcha la venta de entradas y dónde se pueden adquirir?

La venta marcha poco a poco, sobre todo ha costado arrancar. Algo muy típico de la gente es decidir el plan y comprarse la entrada durante la semana del evento. Por ese lado estamos tranquilos. No obstante, ya hemos rebasado las 300 entradas vendidas y los próximos días estamos convencidos de que esa cifra se duplicará sin problemas. En este momento se pueden seguir adquiriendo en Bar La Playuca (El Astillero), La Cavada (Maliaño), Pub Mala Vida (Santander), La Buhardilla (Santander), La Marina (Pontejos), Groez Bar (Torrelavega) y para los que no se quieran mover de casa o sean de fuera, están disponibles en wegow.es de forma online.

¿Al Abordaje Fest ha llegado para quedarse?

Esa es nuestra intención y la del Ayuntamiento de El Astillero. Pero ahora tiene que ser la gente y el público el que decida si quiere que sigamos creciendo o no.

39 ascensores y cinco rampas mecánicas salvan a los residentes de las laderas de Bilbao de las infinitas escaleras que deben transitar para llegar a sus hogares. Una solución que suena a utopía para los vecinos de los riscos de la capital grancanaria. Más de 200 escalones separan la casa ubicada en el punto más alto del barrio de San Nicolás del centro de Las Palmas de Gran Canaria. Junto a ellos, varios tramos de escaleras mecánicas paralizadas aíslan a una población integrada en gran medida por personas mayores. “La gente del barrio sale cada vez menos de sus casas. Si alguien va al supermercado, pregunta al resto de vecinos qué necesita para aprovechar el viaje”, reconoce el presidente de la Asociación vecinal Cofiris, Israel Medina. En una situación similar se encuentran San Roque, San Antonio, San Juan y San José.

El plan de movilidad vertical desarrollado en Bilbao prueba que existen alternativas. El sociólogo y miembro de la empresa encargada de su instalación, Sergio Barreña, conoce la historia de los cinco barrios grancanarios “olvidados”, pues el año pasado estuvo en la Isla presentando las instalaciones mecánicas del País Vasco en el marco de las jornadas Barrios Pendientes,donde se expusieron propuestas para la ordenación y rehabilitación urbana de los riscos de la ciudad.

Sin embargo, las escaleras de San Antonio y San Nicolás siguen paralizadas, el ascensor que conecta San José con San Juan “está más veces averiado que en funcionamiento” según el vecino Manolo Armas, y en San Roque ni siquiera quieren tenerlas. “¿Para qué, si luego van a estar sin funcionar?”, lamenta Pepa Abrante, presidenta de la asociación vecinal de este barrio. 

Los invisibles de los riscos

Los invisibles de los riscosA pesar de ello, el ejemplo que Barreña trajo desde la Península se ha tenido en cuenta, y el área de Urbanismo de la capital grancanaria se encuentra en fase de estudio y redacción de un Plan General de Movilidad Vertical para la ciudad, tal y como ha reconocido el concejal, Javier Doreste, con el fin de atender las necesidades de los riscos a los que la incomunicación ha vuelto vulnerables. “La principal secuela del difícil acceso a estas zonas es la menor participación social, las personas acaban quedando invisibilizadas y alejadas de las políticas públicas”, señala el sociólogo. La fragmentación social dentro de la propia capital desemboca en estigmas. “No nos rodeamos de esas personas, ni las conocemos, por lo que a veces estos barrios se perciben como zonas hostiles, y no tiene por qué ser real”, indica Barreña.

 “Desde hace tiempo hay escaleras mecánicas y ascensores instalados en la ciudad. Sé que algunos funcionan, pero el resto no. La gran dificultad siempre es el mantenimiento”, señala Doreste. Por ello, la concejalía ya ha puesto en marcha una prueba en la zona de la Cícer, en Las Canteras, instalando una escalera mecánica con un plan de mantenimiento basado en cámaras. “Si hay alguna incidencia, el técnico recibe una notificación en su móvil e incluso, si es leve, puede solventarla a distancia. Ese es el modelo a copiar”, asevera el concejal. 

A casa, en taxi o a pie

A casa, en taxi o a pie “En San Roque hay un chico parapléjico con dificultades para trasladarse y dos personas con las piernas amputadas que solo salen cuando viene a buscarles la ambulancia”, lamenta la presidenta de la asociación vecinal del barrio. Ante esto, Sergio Barreña apela a la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Este último concepto se define en la normativa como la condición que deben cumplir los entornos para ser practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma “más autónoma y natural posible”.

Barreña también destaca que, para evitar el abandono de los barrios con estas características, no solo hay que favorecer el desplazamiento vertical, sino también el horizontal. “Es interesante que no sean solo puntos de paso, sino que se fortalezca la vida interna de los barrios a través de comercios, por ejemplo, y que se obtenga un beneficio económico y social”, propone.

Además, el sociólogo plantea que “hay que garantizar la accesibilidad mediante distintos medios, no solo privados. Por ejemplo, a través del transporte público”. Sin embargo, en los barrios olvidados de la capital grancanaria ir a pie, en vehículo privado o en taxi son las únicas opciones. Por ello, los residentes “tienden al sedentarismo”, añade Medina, el vecino de San Nicolás. “En vez de ir para adelante, vamos para atrás”, sentencia Israel Medina, quien afirma que el barrio está conectado con el resto de la ciudad solo por la línea 80. Para llegar a ella, los residentes deben andar un kilómetro y medio. “Además, hay algunas paradas que están inhabilitadas por la construcción del mirador Punta del Diamante”, afirma. La interrupción de esta obra, tal y como explica Doreste, se debe al hallazgo de restos de fortificaciones de los siglos XVI y XVII.

Por otra parte, llegar a San Juan en guagua solo es posible hasta las 21.30 horas, según el vecino Manolo Armas. “Hay personas que salen de trabajar a esa hora y se ven obligadas a asumir el gasto de un taxi porque ya no hay transporte público”, revela el presidente de la Asociación de Festejos.

Pero hasta andar y usar vehículos privados se vuelve un infierno en el caso de San Roque. “La falta de espacio suficiente” hace que los coches estacionen a ambos lados de las estrechas calles, dificultando el paso, señala la presidencia de la asociación vecinal del barrio Pepa Abrante.

El presidente de la asociación vecinal Cofiris coincide y asevera que en Las Palmas de Gran Canaria “hay ciudadanos de primera (que viven en la zona baja de la ciudad) y de segunda”. “El Ayuntamiento no tiene en cuenta a la población de los barrios, siempre se invierte en la zona baja para arreglar las calles, asfaltarlas y tenerlo todo bien. San Nicolás lleva casi 40 años sin asfaltar y está totalmente abandonado”, plantea. “Las dos grandes inversiones que se han hecho en San Nicolás son el mirador de Punta del Diamante y una plaza”, añade Medina. 

El Plan de Reasfaltado 2018-2019 puesto en marcha por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un presupuesto de 3,2 millones de euros para la repavimentación de 72 calles, entre las que no figura ninguna vía de estos riscos. Los barrios beneficiados por esta partida son Santa Catalina, Guanarteme, Escaleritas, Las Rehoyas, La Milagrosa, Tamaraceite y Lomo Los Frailes.

Los malos olores procedentes de la depuradora de Barranco Seco provocaron durante la mañana de este martes el cierre del carril derecho del túnel de San José, dirección bajada en la GC-31.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) informó a Carreteras de que una conductora había alertado por un fuerte olor a gas metano en la zona y activó a los bomberos, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Se procedió al cierre del carril y los bomberos midieron los niveles del túnel, que fue reabierto poco tiempo después.

En el año 2017, el Servicio de Atención a la Victima atendió a 2.201 personas, 1.763 mujeres y 438 hombres. De estas, un 48 % lo fueron por delitos relacionados con la violencia de género, que en casi el 99% de los casos fue cometida contra mujeres. Le siguen las víctimas de violencia intrafamiliar, principalmente filoparental, y a considerable distancia, las de delitos contra las personas, contra la libertad sexual y contra el patrimonio.

La consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, ha presentado la memoria anual del Servicio de Atención a la Víctima (SAV), un servicio de la dirección de Justicia del Gobierno Vasco, voluntario y gratuito, que ofrece una intervención integral (psicológica, jurídica y social) a las personas afectadas por cualquier acto delictivo.

Las actuaciones realizadas por el Servicio de Atención a la Víctima durante el año 2017 (entrevistas de acogida y seguimiento, asesoramientos, intervenciones sicológicas, acompañamientos, actuaciones de colaboración y cooperación con juzgados y operadores jurídicos, etc...) aumentaron casi un 9 % y alcanzaron la cifra de 8.083 actuaciones. Destaca el volumen de intervenciones de especial intensidad, como son las psicológicas y las de asesoramiento jurídico específico. Las primeras, fueron más de 800 y las segundas alcanzaron la cifra de 550. Mientras, el programa de acompañamiento psicosocial, realizó un total de 300 acompañamientos a diligencias judiciales a lo largo del pasado año.

Según la consejera, “la víctima de un delito sufre también un impacto emocional que no debe aumentar al entrar en contacto con el entramado jurídico”. Por eso, el objetivo del servicio es “paliar los efectos ocasionados en la victima por el hecho delictivo y prevenir la denominada victimización secundaria”. En el caso de las víctimas de la violencia machista, se trata de que la mujer que tiene que acudir al juzgado a declarar lo haga en las mejores condiciones.

“Hay que desterrar la idea de que el accidente laboral y la enfermedad profesional son inevitables o inherentes al trabajo. Los accidentes pueden y deben ser prevenidos”. Es lo que asegura la consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno vasco, María Jesús San José, para la que “sólo un trabajo que no dañe la salud es éticamente sostenible”. San José, y el director general de Osalan, Alberto Alonso, han realizado un balance de la gestión de este organismo cuando se cumplen 25 años de su creación.

En este cuarto de siglo se ha producido una reducción del 22 % de los accidentes laborales en Euskadi, al pasar de los 42.000 de media en los años 90 a los 33.564 registrados en 2017. La incidencia de accidentes por cada mil trabajadores ha pasado de 53,29 a 43,30 y el número de fallecidos se ha reducido de los 90 siniestros mortales de media en los años previos a la creación de Osalan a 32 en 2017. Según la consejera, “son los empresarios quienes tienen que incorporar el valor de la prevención de riesgos y vincularlo con otros perfectamente asumidos como son la rentabilidad, la competitividad o la innovación”.

Por lo que se refiere al año pasado, se registraron 33.564 accidentes, un 6,6 % más que en 2016, de los que el 99,5 % fueron de carácter leve, y se ha reducido un 20 % los accidentes mortales, con 32 fallecidos en 2017 frente a los 40 de 2016.

Amianto

Entre las causas de ese ascenso, Osalan destaca el aumento del número de horas trabajadas como consecuencia del incremento de la actividad económica y el incremento de la temporalidad en los contratos. El 15 % de los accidentes se produce en el primer mes de contrato y el 30 % del total en el primer año.

Por otro lado, Osalan ha continuado con el seguimiento de los cánceres laborales declarados en 2017, con un seguimiento del fichero de trabajadores que han podido estar expuestos a amianto durante su vida laboral, con 897 nuevas incorporaciones en el año pasado.

De los 15.000 contratos revisados el años pasado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el 13% de ellos (1.979) fueron transformados porque presentaban irregularidades. Además, el trabajo de la Inspección permitió 2.686 nuevas altas en la Seguridad Social. En total, la Inspección de Trabajo realizó 37.129 actuaciones.

El importe de las infracciones superó los ocho millones de euros, a los que se suman otros 31 millones de euros de los expedientes liquidatorios, que en su mayor parte corresponden a fraude en las cuotas a la Seguridad Social. Estos datos se recogen en el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente a 2017 que ha presentado la consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José.

La titular vasca de Trabajo ha avanzado que el plan previsto para 2018 recoge el objetivo de “continuar atajando” los problemas que sufren las mujeres en el mercado laboral. “La Inspección va a seguir actuando sobre las empresas que incumplan el deber de igualdad en las condiciones laborales de hombres y mujeres, en general, y donde exista brecha salarial, en particular”.

En concreto, ha avanzado que la Inspección va a centrar “una parte importante de sus esfuerzos” en las empresas de hostelería y en el trabajo de limpieza de sus instalaciones. Se trata de un sector ampliamente feminizado en el que se va a incidir en una doble vertiente: en lalaboral, impidiendo las cesiones ilegales y las dobles escalas salariales; y en la prevención de riesgos, atendiendo a la carga de trabajo.

En aquellos supuestos donde se detecte una discriminación en materia salarial o en cualquier otro tipo de condiciones de trabajo, la Inspección de Trabajo inicia expediente sancionador. “Se extiende un acta de infracción porque se considera una infracción muy grave en materia laboral realizar discriminaciones por razón de sexo”, ha explicado la subdirectora de la Inspección.

No obstante, ha indicado que si la situación se pudiera arreglar, se puede hacer un requerimiento de subsanación pero “siempre que estemos seguros de que se va a cumplir”. “En aquellos supuestos donde se ha producido un daño que consideramos que no es remediable, se procede a la extensión de un acta de infracción”, ha insistido.

Astillero celebra a partir de este viernes su fin de semana grande. La calle San José acogerá el concierto de la banda de rock urbano Reincidentes a partir de las 22.30 horas.

Por la tarde el ambiente festivo comenzará a partir de las 17.00 horas de mano del colectivo de comerciantes CEMAG, quienes han organizado el reparto de 500 bocadillos de chorizo amenizado con música e hinchables para los pequeños y a las 19.00 horas, la actuación de la escuela de baile 'Covadonga Viadero' en la carpa de fiestas.

El sábado 18 comenzará la jornada con la conexión de radioaficionados en la iglesia El Pilar Guarnizo. A partir de las 13.30 las calles del municipio se ambientarán con los pasacalles de 'Baba Yaga Orchestra' y 'Afro Sound System'. Ya por la tarde será el turno para los deportes con el XLI Gran Premio San José de Petanca, a las 16.00 horas, y una hora después el XX Campeonato de Judo, IV Memorial Alberto Coterillo, en el pabellón José Ramón Sánchez.

A las 18.00 horas en la Ría de Astillero se celebrará el Ascenso de Traineras y 8+, y en la carpa de las fiestas, de nuevo la danza será la protagonista de la mano de la Escuela de Baile de Marisa Pinilla.

A las 20.30 la orquesta Clan Zero pondrá la nota musical hasta que de comienzo el esperado concierto de San José a cargo de la artista belga Kate Ryan, y a las 23.30 horas el cielo de Astillero brillará con el espectáculo piromusical organizado en la zona del paseo marítimo.

El domingo, festividad de San José, tendrá lugar el Torneo Interautonómico de San Jose de Ajedrez y Torneo de Partidas simultáneas y el LII Gran Premio de Astillero y XVI Memorial Pedro Echevarría.

A las 12.30 horas se celebrará la Misa Mayor y de nuevo el casco urbano estará amenizado con la Charanga El Cancaneao, Locomotores y Medicine Show con Jimmy Barnatán. 

Por la tarde, el tradicional desfile con ocho carrozas y las participaciones de la Charangas El Cancaneao, Los Ronceros, La charanga de Colindres y la de Castro Urdiales y la Banda de Gaitas de Naveda junto a la Escuela municipal de La Barquia. Así como las atracciones de Xtreme, Cacharros, Satsuma 3.0, El viaje ulterior y La familia Iglulik. Al término del desfile la orquesta Waykas Family pondrá el broche final a la jornada.

La Inspección de Trabajo se ha marcado un objetivo ambicioso para los dos próximos años: revisar todos los contratos a tiempo parcial de Euskadi, que pueden rondar los 130.000. La finalidad es confirmar que se cumple el número de horas pactado y que no encubren jornadas a tiempo completo. Así lo ha anunciado la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José.

De los 74.212 contratos que se firmaron en Euskadi en enero, el 38% fueron a tiempo parcial. Y siete de cada diez son firmados por mujeres. “Trabajar más y cobrar parcialmente supone recibir menos salario, pero también un fraude para el trabajador, que no cotiza como si fuera una jornada completa, y para la Seguridad Social y las Haciendas, que recaudan menos. Sancionar no nos gusta, pero hay que tener tolerancia cero con este fraude laboral”, ha recalcado la consejera. En el caso de que se compruebe que detrás de un contrato a tiempo parcial hay una jornada completa el contrato se convertirá en indefinido y completo.

La Inspección de Trabajo (que cuenta con 44 inspectores y 14 subinspectores) auditó el año pasado a 554 empresas, de las que en 79 se comprobaron prolongaciones indebidas de jornada y en otras 14 horas extras.