Euskadi tiene bloqueada la comisión de reconocimiento de víctimas de violencia policial por falta de forenses

La comisión creada para el reconocimiento de víctimas de violencia policial en Euskadi -la normativa que complementa a la de víctimas de los terrorismos de ETA o del GAL y de la Guerra Civil- está totalmente bloqueada. Los avisos de años anteriores se han terminado convirtiendo en realidad. En 2025, solamente se han añadido cinco casos a la lista de estas víctimas (243 en total), pero con expedientes pendientes del ejercicio anterior. Sin forenses que puedan hacer valoraciones técnicas, desde septiembre de 2024 no se han podido tramitar nuevas peticiones. “Por desgracia, nuestro peores presagios se han cumplido”, se puede leer en el informe anual entregado al Parlamento Vasco y presentado este miércoles en la Cámara por la presidenta del grupo del grupo de trabajo, Juan Balmaseda, y por otro de sus integrantes, Jon Mirena Landa.

“Podría calificarse este año como un ejercicio particular y especial de nuestra actividad en la medida en que prácticamente a lo largo de todo el curso, esto es, desde finales de septiembre de 2024, no hemos podido valorar nuevos dictámenes ordinarios. [...] Como dirían los clásicos, 'res ipsa loquitur'. La escasez en la dotación de los medios es un problema estructural y endémico que venimos denunciando desde que se creó la comisión y que objetivamente no se resolvió en la anterior legislatura”, apuntan desde la comisión. En el Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE, eran los nacionalistas los que dirigían esta cartera en la pasada legislatura y ahora ha cambiado de manos. “Al constituirse el nuevo Gobierno vasco e iniciarse una nueva singladura desde el punto de vista del partido de la coalición gobernante que ostenta la responsabilidad de la dotación de medios a la comisión, se encontraron los nuevos titulares del Departamento de Justicia y Derechos Humamos con un problema heredado que simplemente ha explotado”, agregan.

Sostienen que es una “situación de máxima gravedad”. No es momento para pedir “responsabilidades” sino, más bien, de poder volver a atender a las víctimas. “Necesitamos su ayuda para ponernos en marcha otra vez”, demanda la comisión, que aspira a “recuperar el tiempo perdido”. Insisten en que hay que contar con condiciones adecuadas para disponer de médicos forenses y psicólogos. En todo caso, en el apartado de reclamaciones piden también “cooperación” de modo “ágil” con la Administración de Justicia, más recursos humanos para apoyar a la comisión y, desde una perspectiva “províctima”, reabrir la posibilidad de que se vuelvan a realizar solicitudes de víctimas potenciales que no lo hicieron en su momento. Después, con más calma, entienden que incluso se debería ampliar el marco temporal, que ahora se acaba en 1999.

Los casos nuevos reconocidos son solamente cinco. Uno de ellos es el de Rosa Zarra, fallecida como consecuencia de una carga con pelotas de goma de la Ertzaintza en 1995. Ese día, un millar de personas pedía la liberación de un secuestrado por ETA, José María Aldaya, HB convocó una contramanifestación y la Ertzaintza cargó. Las otras cuatro víctimas lo fueron por disparos de bala en la bahía de Pasaia, donde al llegar en barca les esperaba una emboscada policial. Son Pedro Mari Isart, Rafael Delas, Dionisio Aizpuru y José Mari Izura. Eran miembros de la organización Comandos Autónomos Anticapitalistas, una suerte de rama relacionada con ETA. Recubieron en total 113 balazos. Las familias de cada uno de los cinco fallecidos tienen derecho a 135.000 euros de indemnización económica. Es una cuantía inferior a los 250.000 euros previstos en la normativa para víctimas de terrorismo.

Para enfado de EH Bildu, que así lo ha verbalizado en la sesión parlamentaria, sí se ha denegado la condición de víctimas a familiares de presos de ETA fallecidos o heridos en accidentes de tráfico con motivo de visitas a condenados encarcelados en cárceles alejadas de Euskadi. El informe sostiene que vivieron un “drama” y que la política de “dispersión” generó incomodidades a las familias, pero niega que haya una responsabilidad directa del Estado o de los poderes públicos en esos hechos. En el pasado, también se evitó que miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado pudieran emplear este marco legal para reclamar indemnizaciones como víctimas de amenazas de ETA.