El VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social se celebrará en Logroño el 25 y el 26 de junio, según ha avanzado la portavoz del Ayuntamiento de Logroño. El congreso está organizado por EAPN (European Anti Poverty Network) España junto con su delegación en La Rioja.

Serán dos jornadas que servirán para reflexionar sobre el futuro de las políticas sociales en Europa, la cohesión social y la garantía de derechos, con énfasis en asuntos como la lucha contra la pobreza, la vivienda asequible, la inclusión y los derechos sociales.

Para ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio de colaboración con la delegación riojana de la EAPN para la realización de este congreso. De este modo, el Ayuntamiento cooperará en la organización del encuentro, facilitará el espacio, los medios técnicos para la emisión vía streaming y participará en las diferentes mesas de debate.

El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, ha advertido este martes que unas 2.853 personas se encuentran en situación de exclusión residencial extrema en la isla, y señala la necesidad de seguir poniendo el foco sobre una realidad “cada vez más compleja y cronificada” también “desde una perspectiva de salud pública”.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa ofrecida en el Cabildo de Tenerife, durante la presentación de la sexta edición del informe Exclusión Residencial Extrema en Tenerife, la desigualdad habitacional y la vulnerabilidad social (2025), junto a la directora insular de Acción Social, Yolanda Baumgartner, y el técnico del área de Vivienda e Inclusión Social de Cáritas y coordinador del estudio, José Antonio Díez.

Durante su intervención, Juan Rognoni recordó que detrás de las situaciones de exclusión residencial extrema confluyen múltiples factores como la ruptura de redes familiares, el desempleo, las dificultades de acceso a la vivienda, las adicciones o los problemas de salud mental.

Rognoni subrayó además que muchas de las personas atendidas “presentan situaciones de enorme vulnerabilidad emocional y psicológica, en muchos casos sin el acompañamiento adecuado”, y alertó del impacto que están teniendo problemáticas como la ansiedad, la depresión o el deterioro de la salud mental dentro de los procesos de sinhogarismo, insistiendo en “la necesidad de abordar esta realidad también desde una perspectiva de salud pública”.

El documento, construido a partir de la experiencia y el trabajo de intervención directa que desarrollan diariamente entidades y recursos especializados, no pretende funcionar como un censo exacto de la realidad del sinhogarismo en Tenerife, sino como una herramienta de análisis y aproximación que permite detectar tendencias, identificar necesidades emergentes y comprender mejor cómo está evolucionando esta problemática en la isla.

Por su parte, Yolanda Baumgartner destacó la necesidad de seguir avanzando hacia una respuesta insular “más coordinada, estructurada y conectada entre administraciones, entidades sociales y profesionales” frente a una realidad “cada vez más compleja y sostenida en el tiempo”.

La directora insular subrayó además el papel que viene desempeñando el Cabildo de Tenerife, a través del IASS, en el impulso y coordinación de una estrategia común frente al sinhogarismo mediante el desarrollo del Marco Estratégico para la Inclusión Social y Comunitaria de las Personas en Situación de Sinhogarismo en Tenerife.

Baumgartner recordó asimismo que, aunque la atención de proximidad y buena parte de la intervención directa corresponden principalmente a los municipios, “desde el Cabildo hemos asumido un papel de coordinación, conexión entre recursos y trabajo conjunto con las entidades sociales para construir una respuesta común a nivel insular”.

Se nos anuncia, con la solemnidad de quien ha descubierto la pólvora o el bálsamo de Fierabrás, un nuevo concepto al que han bautizado con el rimbombante nombre de “prioridad nacional”. Don Núñez, en un ejercicio de equilibrismo político digno de las mejores temporadas en las carpas de 'le Cirque du Soleil', parece dispuesto a comprar la mercancía que le ofrece el partido de las camisas tiesas e impasibles ademanes recuerdo del ayer.

Un pacto que consiste en que, para gobernar Castilla-La Mancha, habrá que pasar por el aro de que esos derechos, que hasta ahora creíamos inherentes a la condición de seres humanos o, al menos, al honestos contribuyentes, tengan una ventanilla preferente según el lugar donde la madre de uno tuvo a bien parirlo.

Desde el punto de vista del sentido común, que debe ser ese pariente pobre al que los lideres políticos rara vez invitan a sus cenas de gala, no me dirán que el asunto no tiene miga. Castilla-La Mancha, esta tierra nuestra, de horizontes tan anchos como sus necesidades, se sustenta sobre una economía que no entiende de escudos heráldicos ni de heráldica en general. En el campo, por ejemplo, donde el ajo, la oliva y la uva no se recogen solos por mucho que uno silbe el himno nacional, la “prioridad” es obligatoriamente una entelequia. Si Don Núñez decide que el trabajador que llega de lejos dispuesto a doblar el lomo debe vivir en la indigencia administrativa, lo que estará firmando no es la salvación de la patria hispana y su 'amadisma' Castilla-La Mancha, sino el certificado de defunción de nuestras cooperativas. El campo se quedará solo, pero eso sí, será muy y mucho español.

A este dislate económico se le suma el drama de la despoblación, eso que muchos llaman 'la España vaciada', aunque me suena más real llamarlo 'los pueblos que languidecen'. En nuestra región, el cierre de una escuela es una verdadera tragedia griega que no necesita ni los tres actos preceptivos. Y resulta que esas escuelas, a menudo, se mantienen abiertas por los hijos de quienes Vox querría ver en el furgón de cola de los beneficios sociales. Expulsar a estas familias mediante la asfixia asistencial es, en pura matemática, una forma muy elaborada de suicidio demográfico. Es decir que quieres salvar la casa, y para ello propones ,cómo primera medida, quemar las vigas que la sostienen.

No hay que olvidar el lío que puede caerles encima a los juzgados. Porque a nadie se le escapa que estas ocurrencias normativas tienen menos recorrido de los aviones de papel en mitad de una ventisca. Ya se lo vaticino, se redactarán leyes, se publicarán boletines y, acto seguido, caerá sobre ellas un chaparrón de recursos constitucionales que dejará a la Administración en estado de parálisis contemplativa. Veremos a la Junta gastando el dinero de la caja de todos, entre abogados y pleitos perdidos, todo por satisfacer un capricho semántico de algún ocurrente miembro del partido de quienes añoran un orden que, a ver si se enteran, nunca existió.

Y luego está la seguridad, ese espantapájaros que a cada minuto agitan con tanto entusiasmo. Pretender que una sociedad resulta más segura, creando una subclase de ciudadanos parias sin acceso a vivienda ni protección, es no haber entendido nada de la naturaleza humana. La marginalidad, señores y señoras promotores, (y para que lo entiendan también quienes hacen cálculos electorales y los escuchan), no se cura con banderas, se cura con pan y con un techo. Lean la historia, y verán que fabricar excluidos es la forma más eficaz de fabricar problemas, y eso es muy grave en esta tierra donde hoy hay una paz bendita.

Don Núñez dice que este es “el camino”. Pero servidor, que ha visto pasar muchos caminos y todavía más caminantes, sospecha que este no lleva a la prosperidad de nuestra tierra, sino a un laberinto sin salida. En Castilla-La Mancha, o nos salvamos con el sentido común de la mano, o acabaremos perdidos en la llanura, discutiendo sobre el linaje de los que se queden a apagar las luces de un pueblo que se muere.

Y cuando ante las palabras de Don Núñez, esperaba que Don Page le diera una respuesta de calado, entre otros, con los anteriores argumentos, me encuentro que se limita a afirma que lo que busca Vox con la “prioridad nacional” es “que en España se odie al diferente”. Digo yo, que para ese viaje no necesita alforjas, ni conductor del coche oficial.

Con una crisis habitacional que se ha convertido en una de las preocupaciones y exasperaciones más acuciantes de la población de todo el país, el acceso a una vivienda se antoja una carrera de obstáculos para las rentas medias y bajas ante la escalada de precios tanto para la compra de inmuebles como para el acceso a un alquiler. Entre los afectados están las personas sin hogar, que sufren un agravante más: la Junta de Andalucía exige para las ayudas al alquiler a las personas especialmente vulnerables que exista un preacuerdo de arrendamiento. Un apartado que despierta la crítica entre las asociaciones del tercer sector porque impone una doble barrera para el colectivo. Ante el mantenimiento de la norma, han elevado al Defensor del Pueblo Andaluz una queja formal para que se revise y anule esta orden.

“Intenta acercarte a una inmobiliaria y pedir que reserven una vivienda durante seis meses, a la espera de que te concedan la ayuda”, ejemplifica Rafael Díaz, miembro de Elige la Vida. A ello habría que añadir que las personas sin hogar pertenecen a un grupo con unas carencias graves, ya sea a la hora de medios físicos como competencias digitales para acceder al trámite o su propia situación vital, donde la falta de ingresos o el deterioro físico y de salud mental que sobrellevan al vivir en la calle hacen que se les descarte rápidamente por parte de los caseros. “No vamos a darle ilusiones a nadie en estas circunstancias, así que hemos decidido movernos para que modifiquen el modelo”, afirma desde Sevilla, a sabiendas de que hay hasta 8.000 personas viviendo en la calle en toda Andalucía.

En colaboración con Proyecto Emaús - Parroquia Santas Justa y Rufina, se presentó el documento al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, el pasado 22 de marzo. El texto, al que ha tenido acceso este medio, señala la orden presentada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en octubre de 2025, en la que se recoge que los colectivos vulnerables para los que está destinada la subvención deben ser titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual para acceder a la subvención. La subvención se ideó en el año 2020 y publicada en el BOJA en 2022. Fue entonces cuando los entes protestaron para que se modificaran las bases de la convocatoria y la Junta accedió a incluir un subapartado con el que se pretendía arreglar el entuerto. Pero, en la actualidad, el punto 6 de los formularios exige: “En el caso de personas sin hogar, preacuerdo de contrato de arrendamiento, debiendo presentar el contrato de arrendamiento una vez se formalice el mismo, a fin de poder recibir la ayuda solicitada”.

“Discriminación indirecta”

A pesar de que se incluyera una modificación para intentar “solventar la incoherencia absoluta” que supone exigir a una persona sin hogar un contrato de alquiler previo, “la realidad del mercado del alquiler de vivienda lo hace imposible”, observan. En cualquier anuncio de Idealista o Fotocasa se leen las obligaciones previas para obtener una visita: contrato de trabajo, avales, hasta dos meses de fianza, un mínimo de renta anual... Un largo listado que, como señalan en la carta remitida al Defensor, hace inviable el acceso para quien carece de apoyo económico: “Es una tarea imposible para las personas que se encuentran en situación de exclusión social severa, es decir, exclusión residencial, incluso cuando pueden contar con un acompañamiento social y con la previsión de una posible ayuda pública”.

Por tanto, califican las peticiones de la Junta como una “discriminación indirecta” hacia las personas sin hogar al imponer un principio que vulnera el principio de igualdad para obtener una ayuda pública y que va en contra de los propios planes de la Junta dirigidos a aliviar las circunstancias de estas personas, como el Plan Vive en Andalucía o la I Estrategia de Atención a las personas sin hogar en Andalucía (2023 - 2026), donde hay contemplada una de 400.000 euros en ese periodo con el fin de “aumentar el número de personas sin hogar que acceden a una solución habitacional” y “prevenir el fenómeno del sinhogarismo”. Con esta petición al Defensor, pretenden que se inste a la Junta de Andalucía a eliminar este apartado y se convengan otras cláusulas acordes a las condiciones del colectivo.

María del Carmen Jiménez, portavoz de Emaús y firmante de la petición, explica las obras de caridad que realizan con el apoyo de Cáritas. Desde la distribución de mantas hasta la compra de medicamentos o reparto de caldo a pie de calle, buscan la manera de acompañar a los que viven en las calles del barrio de Los Remedios. “Hay quienes no tienen nada o que logran una pequeña pensión no contributiva o el cobro del Ingreso Mínimo Vital, y es una realidad que afecta tanto a los nacionales o a los extranjeros”, comenta en declaraciones a esta cabecera.

Alquilar habitaciones

Ya no habla de la posibilidad de alquilar un piso con esta ayuda, sino de una habitación, que en Andalucía ronda los 400 euros, según los datos recopilados por Fotocasa, en un momento en el que los anuncios han crecido un 17% en 2025 frente a 2024. “Nadie alquila sin que haya una garantía, entonces, ¿quién les va a hacer un contrato previo a esa ayuda?”, cuestiona. Sin respuesta por parte de la administración, ha hecho piña con Elige la Vida para forzar el cambio y sugiere que sean las propias entidades las que acompañen al particular: “Con los datos del arrendatario, nos podríamos comprometer a ayudar en el pago de la habitación y que, una vez recibida la ayuda, se dé el dinero a posteriori”.

Las asociaciones son las que vehiculan las ayudas en la mayoría de las ocasiones, como recogen las bases de la Consejería y la I Estrategia de atención a personas sin hogar en Andalucía, para lo que también se recoge una línea de 400.000 euros repartidos en cuatro años. En estos casos, reciben directamente el importe y promocionan planes de acceso a la vivienda, como indica Juan Luis Delcán, presidente de EAPN en la delegación andaluza. “Las ayudas al alquiler de la Consejería tienen ese hándicap y, además, hay que tener en cuenta que resuelven la línea en cuatro o cinco meses, ¿qué propietaria te va a aguantar la vivienda?”, apunta. En la Fundación Atenea, de la cual es miembro, también se topan con las dificultades para facilitar inmuebles a las personas más vulnerables, ya sea por miedo a posibles destrozos o por aporofobia. En todo caso, adelantan el montante económico a los propietarios gracias a que tienen esa capacidad como organización del tercer sector.

“Habría que darle una vuelta porque las ayudas se idean y se destinan para una población que no llega”, lamenta, “en todo esto, las entidades tenemos un papel fundamental a la hora de trabajar con las personas en situación de calle en tiempos tan complicados”. El caso de las subvenciones particulares difiere de las que gestionan las organizaciones, ya que, como apunta, programas como el de Atenea contemplan un proceso de reinserción laboral y una rotación de las seis plazas que tienen disponibles una vez y que la persona sea autosuficiente en un proceso complejo en el que hay cuestiones relacionadas con la salud mental, la drogodependencia o la falta crónica de empleo.

Con casi dos millones viviendo en exclusión social, como estimaba el IX Informe Foessa, la vivienda se ha convertido en el epicentro del debate en la esfera pública. Una de las entidades que han estado asesorando y gestionando este tipo de ayudas ha sido la Asociación Provivienda. Pepa Muñoz Cañuelo, delegada territorial en Andalucía, comenta que a partir de un análisis realizado en colaboración con otras asociaciones comprobaron que estas líneas públicas “no llegan a las personas sin hogar y deberían tener otras ayudas con otros requisitos más directos, porque estos no se están aprovechando”. Desde la entidad, brindan apoyo directamente en la gestión de los trámites y preparan con antelación a las personas que están en sus programas, ya que son por concurrencia no competitiva, mientras que facilitan el asesoramiento a nivel grupal o individual en los casos que estén fuera de su red.

Sin el número de las personas sin hogar beneficiadas

En respuesta a este periódico, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda justifica con motivo del requisito de preacuerdo que “como toda convocatoria de ayudas, es necesario una justificación documentada, porque hay que preservar el fin de los recursos públicos”. “Esa fiscalización previa es necesaria porque, de lo contrario, no se podría conocer si verdaderamente cumplen su cometido”, añaden. “No es un obstáculo, sino una garantía de que llega a las personas que lo necesitan, y los números de solicitantes y beneficiados cada año corrobora que la ayuda llega”, argumentan las fuentes oficiales. En este caso, apuntan que se han canalizado 96,5 millones de euros para 28.689 viviendas y un total de 86.000 personas beneficiarias en Andalucía. Pese a la insistencia de este medio, la Junta no ha proporcionado el dato desagregado sobre las personas sin hogar.

Asimismo, la Consejería traslada que la ayuda, impulsada en 2020, “supone una oportunidad para muchas familias que, de otra manera, no dispondrían de la posibilidad de acceder a una vivienda”, refiriéndose a que la subvención está contemplada para todo un espectro en el que están contempladas las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, al igual que las personas sin hogar y otros individuos especialmente vulnerables. El importante máximo que se contempla por persona es de 500 euros mensuales, más gastos de comunidad, hasta 200 euros al mes. “Consideramos que el modelo actual funciona, pero estamos abiertos al diálogo con todas las asociaciones y entidades para que nos trasladen sus casuísticas y circunstancias”, concluyen.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) celebra desde este miércoles, 22 de abril, al viernes, día 24, el XIX Encuentro Estatal de Participación en el Institución Ferial de Ciudad Real (Ifedi), junto a su red territorial de Castilla-La Mancha.

La presente edición reunirá a un centenar de personas con experiencia en pobreza de todo el país, con el objetivo de trabajar en propuestas políticas en materia de acceso a la vivienda y de transición justa, en un contexto de “emergencia habitacional que está abocando a miles de personas a situaciones de pobreza y exclusión social”, según apunta la organización.

En la inauguración del evento, que tendrá lugar el 22 de abril a las 16.30 horas, está previsto que participen Inés Sandoval, directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real; Rocío Zarco, diputada de la Diputación Provincial de Ciudad Real; Mar González, presidenta de EAPN Castilla-La Mancha; y Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa.

El programa del primer día concluirá con la grabación en directo del vídeo podcast 'Sin derechos estamos apañaos', un proyecto desarrollado por el Grupo de Participación de EAPN Castilla-La Mancha. Se trata de una iniciativa donde personas con experiencia en pobreza dialogan con referentes de ámbitos culturales, políticos, científicos o sociales sobre temas de interés social. En esta ocasión, se realizará una entrevista a Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y reconocido divulgador científico.

Por su parte, en la jornada de clausura el viernes 24 de abril está prevista la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con la Comunicación 'Los rostros y el lenguaje de la pobreza'.

Previa a la intervención de Gabilondo, se llevará a cabo un encuentro con las instituciones, donde representantes de las diferentes delegaciones territoriales de EAPN España trasladarán las propuestas en materia de derecho a la vivienda trabajadas en las jornadas a representantes institucionales, entre ellos Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; y Santiago Vera, director general de Acción Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La presente edición del encuentro coincide, además, con la celebración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril. En este contexto, el miércoles 22 de abril se realizará el acto simbólico 'Lecturas por una vivienda digna', una lectura pública de fragmentos de obras centradas en la defensa del derecho a la vivienda y la denuncia de la pobreza y la exclusión social.

EAPN España tiene una larga trayectoria en la celebración de Encuentros y Congreso de Participación tanto a nivel europeo, estatal y autonómico. Gracias a estos espacios se potencia el reconocimiento de las personas en situación de pobreza o exclusión y se facilita que representantes institucionales se acerquen a problemáticas y realidades a las que, sin estas iniciativas, no tendrían acceso.

Aunque haya pasado justo una década, Pilar recuerda perfectamente la primera comida que preparó en el comedor social. “Hicimos lentejas para 27 personas”, recuerda con una sonrisa en la boca.

Fue un ya lejano 11 de abril de 2016 cuando abrió sus puertas este centro que desde entonces ha repartido más de 220.000 comidas a personas que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades alimenticias básicas en Illescas y los pueblos del entorno, en el límite entre Madrid y Toledo, una de las zonas más pobladas de Castilla-La Mancha, debido en buena medida al éxodo madrileño por razones diversas, incluido el exilio económico.

Pilar, que también preside la entidad que está detrás de este comedor -la asociación 'Alimento para todos'-, sigue detrás de los fogones cada día. Justo este viernes celebrarán una jornada de puertas abiertas para conmemorar este décimo aniversario, al que han invitado a todas las personas que han colaborado desde el principio.

“Aunque la primera comida se sirviese en el 2016, la asociación surgió un año antes”, aclara Félix, tesorero de la entidad. “No existía en ese momento un comedor social. Pero muchos entendíamos que era algo necesario. Era un momento de crisis fuerte, y veíamos que había una necesidad, gente que lo pasaba mal, incluso para comer”, rememora.

Y vista la necesidad, un grupo de voluntarios se propuso actuar. Se convocó una primera asamblea a la que se presentaron unas cuarenta personas... y hasta hoy.

135 comidas cada día

“Vino gente Cruz Roja, de Cáritas, del ayuntamiento, partidos políticos, asociaciones, mucha gente a nivel particular… Y se entendía la necesidad. A partir de ahí, se decidió crear la asociación Alimento para Todos”, explica Félix.

Tras unos meses de trabajo consiguieron cocinar esa primera tanda de lentejas de la que hablaba Pilar. De las 27 raciones que la asociación preparó hace 10 años ha pasado a unas 135 cada día, que se reparten entre medio centenar de familias. Las cuatro decenas de participantes en la primera asamblea se han convertido en unos 260 voluntarios y voluntarias que arriman el hombro en función de su capacidad y disponibilidad.

El grueso del trabajo lo absorben Pilar, Manoli y Johnny, que son quienes dedican cuatro o cinco horas diarias a preparar las comidas, pero hay muchos más colaboradores. Cada uno ayuda en lo que puede: como pinche de cocina, en la limpieza o la recogida de los alimentos, el reparto de las comidas… Incluso uno de los perceptores de la ayuda, dedicado a la albañilería, construyó en el patio un fregadero para poder limpiar con más comodidad las ollas más grandes.

Y es que los propios usuarios de la asociación suelen participar en las labores, un voluntariado que algunos mantienen aunque su situación económica mejore y ya no necesiten este servicio para cubrir sus necesidades de alimentación.

A las personas que acuden se les pide que no superen un umbral de ingresos -728 euros al mes una persona o 1.057 euros dos personas, sin contar hijos-, pero es un límite que suele quedar por encima de la realidad de la mayoría de personas que acuden

Los usuarios son de procedencia muy variada. Aquí acuden personas originarias de España, pero también de Cuba, Venezuela, Marruecos o Perú. Todas tienen en común una situación económica muy vulnerable. A las personas que acuden se les pide que no superen un umbral de ingresos -728 euros al mes una persona o 1.057 euros dos personas, sin contar hijos-, pero es un límite que suele quedar por encima de la realidad de la mayoría de personas que acuden.

Por fortuna, salvo algunos casos de sinhogarismo, la mayoría de personas solo necesitan acudir durante un periodo de tiempo, ya que su situación con el paso del tiempo.

“Familia” y “amistad” a pesar de la adversidad

Las personas que acuden a este comedor social hacen fila cada día para un reparto que suele empezar sobre las 12:00 horas. Acuden con sus táperes, en los que los voluntarios les sirven la comida para llevarla a sus casas.

Una hora antes de que comience el reparto, ya hacen cola una decena de personas. Entre ellas está Amarilis, una cubana que lleva dos años residiendo en España y que reconoce que este comedor social supone para ella “mucha ayuda”.

Sus realidades hablan de desempleo y prestaciones sociales que muchas veces no llegan ni para cubrir lo más básico. A pesar de las circunstancias, han creado una comunidad entorno a este comedor que les lleva a hablar de “familia” y “amistad”.

“Nos tratan con mucho cariño. Desde el primero hasta el último, súper cariñosos con nosotros, súper atentos. Yo estoy súper agradecida”, cuenta Marta, una de las usuarias.

Todo ello en un local que luce reluciente en el momento de la visita de elDiario.es Castilla-La Mancha, el día antes a la fiesta por el décimo aniversario. El espacio es amplio y con numerosas estancias. Hay un comedor donde ya no se sirven comidas dado el alto volumen de gente que necesita este servicio, una cocina donde ya reposan las comidas de los dos próximos días -sopa de marisco con tortilla de patata y albóndigas con espaguetis- y una despensa con numerosas estanterías y arcones frigoríficos. También cuentan con baños y zonas de fregaderos en este espacio que tiene la asociación tiene alquilado gracias a una subvención del Ayuntamiento de Illescas, que también cubre los gastos de energía.

“A partir de ahí lo que hicimos fue pedir la colaboración de, sobre todo, supermercados. Veíamos que, en las grandes superficies, los supermercados locales tiran muchos alimentos. Recogemos a diario en supermercados de Illescas e incluso en Yuncos”, explica Félix.

También colaboran con ellos otra empresa que les permite completar el menú cubriendo el coste de productos congelados.

Carencias materiales y falta de relevo generacional

Sin embargo, no todo queda cubierto. Pilar y Manoli, dos de las cocineras, señalan que tienen carencias de aceite y leche. También hacen falta productos infantiles como pañales o productos de higiene para niños, ya que los usuarios también tienen necesidades de ese tipo de artículos.

Además de las necesidades materiales, esta asociación en la que los voluntarios que más tiempo dedican ya peinan canas, también demanda un relevo generacional. Juan Antonio, otro de los voluntarios, reconoce que la gente joven echa una mano, pero que los compromisos laborales les impiden tomar las riendas. “Hay gente joven que colabora. La gente joven colabora mientras puede. Los que estamos fijos somos gente mayor. Lógicamente, necesitamos un relevo”.

Diez años después de aquellas primeras lentejas, la ilusión y el empeño de unos ciudadanos que quisieron hacer frente al hambre siguen vigentes. Y, aunque las cifras hablan de miles de comidas y cientos de voluntarios, lo que realmente sostiene este proyecto es algo menos cuantificable: la convicción de que nadie debería quedarse atrás. Este comedor social demuestra que la solidaridad no es solo una respuesta a la urgencia, sino una forma de comunidad que, una década después, sigue creciendo y buscando manos nuevas para garantizar que nunca falte lo esencial.

David está rehaciendo su vida. Desde hace tres meses, trabaja en la imprenta de Nostrum Integra, de la fundación Diagrama: “Es muy motivador. Después de tres años vuelvo a tener obligaciones, una rutina, un día a día normal”, explica a este diario. Las adicciones lo apartaron temporalmente del mundo laboral, que ahora vuelve a afrontar con ilusión.

Antes de firmar el contrato con la empresa de inserción, David Quesada llevaba tres años sin trabajar: “Mi último trabajo fue como seguridad en un centro de menores. Estuve allí 12 años, trabajando con adolescentes con problemas”. Tras toda una vida empleado, finalmente tuvo que cogerse la baja: “Estuve depresivo mucho tiempo, aquello quema, hay una tensión continua”, describe.

Ahora, está aprendiendo un nuevo oficio: “La mayoría entramos aquí desde cero, sin experiencia en el sector. Nos están ayudando mucho, la formación está siendo muy buena, tenemos grandes profesionales”. Junto a él, otra media docena de personas tiene un contrato de inserción con Nostrum Integra: “La experiencia con los compañeros es muy positiva, nos adaptamos bien y nos ayudamos mutuamente, somos un equipo”, apunta David.

Nostrum Integra es una empresa de inserción, una iniciativa económica de carácter no lucrativo cuyo objeto social es el acompañamiento y la inserción socio-laboral de personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión social, con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo. Afincada en el polígono de La Polvorista en Molina de Segura, la entidad lleva trabajando con personas en riesgo de exclusión social de la mano de la Fundación Diagrama prácticamente desde su nacimiento en 1999, mucho antes de que se formalizase legalmente la figura de las empresas de inclusión.

“Desde el principio la empresa se ideó para trabajar con personas en exclusión social o en riesgo de exclusión social. Al principio el trabajo era más formativo, similar a los programas de los institutos de formación profesional. Pero nos fuimos dando cuenta del valor de dar una oportunidad laboral a distintos colectivos”, explica a este diario Matías González, gerente de la empresa.

Ahora, trabajan al tiempo que se están formando: “En un año aprenden la profesión, en dos años son técnicos de producción. A los tres años se tienen que ir, la idea es que este trabajo sirva de tránsito al mercado laboral ordinario”, describe el gerente. Por parte de la empresa, Matías confiesa que la renovación constante de personas supone un reto: “Por mucho que hayamos conseguido que estos empleados formen parte de una plantilla profesional, cuando terminan sus contratos volvemos a empezar con personal nuevo, la mayoría sin experiencia en el sector”.

“La experiencia es muy bonita. Es muy gratificante comparar cómo entran a cómo se van”, define Paco García, técnico de producción. Como en el grueso de empresas de inserción, los empleados con contratos de este tipo reciben un acompañamiento doble. Por un lado, a través del equipo de orientación laboral de la Fundación Diagrama se preparan en los aspectos sociales y formativos del itinerario de inserción. Por otro lado, los técnicos de producción trabajan codo con codo con ellos, enseñándoles el oficio.

“Hay que trabajar con ellos con mano izquierda. En resumidas cuentas, hay que ser muy humano. Es indescriptible la sensación que da cuando vienen y te dicen que han conseguido encontrar trabajo, es una maravilla”, explica el técnico. “Tenemos muy buenos profesionales que nos enseñan a cómo trabajar aquí, la mayoría entramos sin tener experiencia previa en el sector”, abunda David.

Estudios de diseño y agencias de publicidad

“Empezamos con una imprenta convencional con la tinta. Al principio fue difícil establecer un ritmo de trabajo mientras hacíamos las formaciones. No era como el que tenemos ahora, somos una empresa profesional”, subraya. La nave, ahora con equipamiento moderno, preserva su historia en pequeños detalles, como la iluminación que se instaló junto a la antigua imprenta tradicional: blanca, alógena y precisa.

Para lograr ser competitivos, González indica que la empresa tuvo que reinventarse varias veces, siendo de las primeras imprentas en zambullirse en el mundo digital: “Fuimos de los primeros en digitalizarnos en Murcia, queríamos ser más competitivos, dar el servicio más rápido. También nos queríamos alejar de un proceso de producción muy complejo en el que había que tener una formación muy especializada”, abunda.

“Al final esto un negocio sin ánimo de lucro, pero tiene que ser sostenible y productivo”, recuerda. Aunque disponen de un amplio catálogo de servicios, Nostrum Integra se ha convertido en una imprenta muy apreciada por estudios de diseño y agencias de publicidad: “Nos hemos especializado, aunque suene redundante, en acabados muy específicos [risas]. Nos enfocamos en la pequeña tirada, hacemos productos que no suelen hacer otras empresas. Los estudios buscan en nosotros un proveedor donde puedan llevar a cabo su creatividad”, incide.

El grueso de la cartera de clientes de la empresa es de iniciativa privada, interesados en sus acabados y “sensibilizados con el proyecto” de inserción. El cliente menos común es la Administración, pese a que la normativa estipula que las empresas de inserción deben presentar un mínimo del 8% en su volumen de licitaciones.

“Diría que no se está cumpliendo la normativa, porque no lo hacen [los contratos] con reserva, lo hacen a precio. Aunque siempre nos tienen en cuenta porque les gusta el proyecto, si se abriera este tipo de contrataciones públicas con reserva cogerían a una empresa u a otra, pero siempre serían de inserción”, expone Matías.

No hay un “perfil” de la exclusión social

González descarta definir un “perfil” de empleado con contrato de inclusión. A primera vista el personal de la imprenta es muy heterogéneo, con hombres y mujeres de diversas edades trabajando codo con codo: “Diagrama trabaja con prácticamente todo el ámbito de colectivos de riesgo de exclusión social. Principalmente, con chicos que cumplen la mayoría de edad en centros de menores”, apunta. “A las personas que han pasado por un centro de menores o de protección les damos su primera experiencia laboral. Con 18 o 19 añitos salen de los centros y les ofrecemos la primera oportunidad de conocer el mundo laboral”, abunda.

“Trabajar con gente joven es distinto, es más ajetreado, pero suelen tener una capacidad de aprendizaje mayor. Les tienes que enseñar lo que es la responsabilidad, la importancia de los horarios y de permanecer en el puesto de trabajo. Pero la experiencia siempre ha sido buena, el ambiente con los chavales suele volverse más distendido”, observa.

La Fundación también tiene programas para otros colectivos, como las personas migrantes, en situación de pobreza, parados de larga duración, personas con adicciones o mujeres maltratadas: “Son personas muy capaces de trabajar, muchos llegan con una trayectoria de trabajo”, resume. La mayoría de los trabajadores con contratos de inserción vienen de programas de la propia Diagrama, pero también colaboran con otras entidades o empresas de inserción: “No queremos discriminar a nadie, queremos darle la oportunidad a todo el mundo”.

Vivir de alquiler triplica el riesgo de pobreza en Catalunya. El 34,4% quienes alquilan están en peligro de sufrir carencias básicas, cifra que se desploma hasta el 11,3% de entre los que tienen una vivienda en propiedad. Es una de las principales conclusiones de la Radiografía Insocat, elaborada por la federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS).

La vivienda se sitúa así como el principal factor de empobrecimiento, lo que deriva en otras problemáticas materiales también dentro del hogar: en 568.000 hogares (que alojan a unos dos millones de personas, casi un 27% de la población catalana) sufre de pobreza energética. Por otro lado, el 14% de la población declara retrasos en los pagos vinculados al hogar.

Según ECAS, gran parte de la culpa de la crisis la tiene la “fuerte concentración de la propiedad y un parque público claramente insuficiente”. Y destacan que un 1,2% de los grandes tenedores poseen casi una cuarta parte del mercado inmobiliario libre y sólo un 2% del público -frente al 15% de la media europea. Lo que contrasta con los 400.000 pisos vacíos que hay en Catalunya. “Esta combinación agrava la inseguridad residencial y convierte una necesidad básica en un factor de desigualdad estructural”, remachan los autores del informe.

Con todo, recuerdan que la tasa AROPE sitúa el índice de pobreza en un 24,8% en Catalunya, 0,8 puntos más que hace un año. Esta cifra “subralla la contradicción entre una supuesta bonanza económica y el malestar social que atraviesa a buena parte de la población”, destacan. Así, contrastan la subid adel 2,7% del PIB y unas tasas de paro que bajan al 8,4%, con el hecho de que el 47% de la población declara problemas para llegar a final de mes.

Y es que tener un empleo no es un salvavidas contra la pobreza: más del 42% de los trabajadores sufren precariedad laboral y casi el 12% están en situación de pobreza. “El encarecimiento del coste de vida, que absorbe el 95% de la renda media disponible, es lo que explica estos datos”, explica Teresa Bermúdez, vocal de pobreza de ECAS.

Desde la federación aseguran que estos datos, si bien son graves, deben ser mirados con lupa para obtener la radiografía completa y destacan que hay que observar a los colectivos más vulnerables, que son la infancia, las mujeres y las personas migradas.

En esta línea, recuerdan que la pobreza infantil ha escalado hasta el 36%, que el riesgo para las mujeres es mayor que el de los hombres y que casi el 50% de la población sin nacionalidad española se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión.

Con todo, insisten en que “las desigualdades se transmiten y se cronifican”. Destacan que hasta el 35% las desigualdades de ingresos son heredadas y están determinadas por “circunstancias no escogidas” como el género, el lugar de nacimiento de los padres y el origen socioeconómico. “El ascensor social que había funcionado en décadas anteriores está estropeado y ahora tener estudios superiores o trabajo no garantiza llegar a final de mes con tranquilidad”.

Desde ECAS destacan la capacidad de las prestaciones sociales y las ayudas públicas para revertir la pobreza, pero no pierden la oportunidad de recordar que estas funcionan mucho mejor en la vejez que en la infancia. Mientras que las pensiones reducen la tasa de pobreza del 77% al 14%, en el caso de la infancia sólo consiguen bajarla del 40% al 30%.

Por todo ello, reclaman “fortalecer la capacidad redistributiva de las políticas públicas para mejorar la cobertura de las prestaciones sociales”. En este sentido, ECAS recuerda que Catalunya sigue a la cola de España en inversión social, con 2.789 euros por habitante y año, lejos de los 3.277 de media. Igualmente, recuerdan que prestaciones como la Renta Garantizada o el IMV sólo llegan al 15,9% y al 11% de los hogares que las necesitan-

La Universidad de La Rioja y Cáritas La Rioja han celebrado esta mañana, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, la Jornada de desarrollo y exclusión social en La Rioja a la luz del IX Informe FOESSA, un espacio de reflexión y divulgación dirigido a profesionales del Trabajo Social y los Servicios Sociales, doctorandos, alumnado, entidades del Tercer Sector y voluntariado. La actividad ha incluido una conferencia de Pedro Fuentes, miembro del Equipo de Estudios de FOESSA, en la que ha presentado los principales resultados del informe para La Rioja, así como una mesa de debate centrada en tres enfoques para estudiar y medir la pobreza y la exclusión social en España.

En el acto de apertura, Sergio Pérez, director del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, ha señalado que “el diagnóstico del IX Informe FOESSA es muy alarmante” por el crecimiento de la desigualdad y por la dificultad para recuperar niveles de igualdad tras cada crisis, y ha añadido que esa situación conduce a “la conclusión de un cierto fracaso de nuestras políticas sociales”. En ese contexto, ha considerado que el informe interpela también al ámbito académico: “Necesitamos repensar lo que estamos haciendo, las políticas sociales que estamos aplicando; precisamos trascender el modelo de gestión pública, de intervención pública sobre lo social que tenemos”.

Por su parte, David García, director de Cáritas La Rioja, ha subrayado en la inauguración: “Me gustaría que este informe sirviese para indignarnos, retemblarnos, avergonzarnos, irritarnos. Es decir, que nos saque de la indiferencia”. Además, ha apelado a situar en primer plano valores que sostienen el trabajo de la acción social: “Represento a Cáritas, una entidad que, como otras que están aquí hoy, intentamos priorizar el respeto, la dignidad y la solidaridad. Y hay otra palabra que nos interpela: amor. Pongamos el amor en primer plano en nuestras vidas, el amor como factor de cambio”.

IX Informe FOESSA en La Rioja

El IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en La Rioja, elaborado por la Fundación FOESSA a partir de 556 encuestas a hogares, estima que en la comunidad unas 50.000 personas viven en exclusión social, de las que alrededor de 27.000 lo hacen en exclusión severa, el tramo de mayor vulnerabilidad. Entre 2018 y 2024, la exclusión social en La Rioja aumenta y el deterioro se concentra especialmente en las situaciones más graves: la exclusión severa pasa de afectar al 4,5 % de la población riojana en 2018 al 8,7 % en 2024.

El informe identifica dos grandes motores que se retroalimentan: la vivienda y el empleo. En vivienda, el estudio sitúa el “cuello de botella” de la integración social: en 2024, el 14,3 % de la población y el 11,6 % de los hogares en La Rioja presentaba algún problema de exclusión en esta dimensión. Un 8 % de los hogares sufría gastos excesivos de vivienda, lo que implica que, una vez descontados esos gastos, el hogar queda por debajo del umbral de pobreza severa. Además, en torno a 10.000 personas estarían en situación de vivienda insegura y unas 26.000 en vivienda inadecuada por problemas de habitabilidad, insalubridad o hacinamiento.

En empleo, el informe advierte de una paradoja: la creación de empleo y cierta estabilización del mercado laboral no se traslada con la misma intensidad a los hogares más vulnerables. Aunque el salario medio crece, el avance real queda muy reducido al descontar la inflación, y persisten indicadores de precariedad, como la parcialidad involuntaria o la inestabilidad, que limitan la capacidad de sostener una vida digna.

Asimismo, el informe subraya también que la exclusión social tiene rostros especialmente reconocibles: personas migrantes, infancia y juventud.

Inquietud por la brecha generacional

La jornada ha sido organizada por el Área de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Rioja y coordinada por Domingo Carbonero, profesor de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UR, y Carmelo Juárez, responsable de Comunicación Cristiana de Bienes de Cáritas La Rioja. En declaraciones a los medios, ambos han valorado muy positivamente el desarrollo del encuentro y la participación del público.

Carmelo Juárez ha enmarcado la jornada como un nuevo paso en la difusión del informe FOESSA en La Rioja, con un doble propósito: acercar los principales resultados del diagnóstico y, al mismo tiempo, profundizar en la dimensión metodológica, es decir, en las formas desde las que se estudia y se mide la pobreza y la exclusión social.

En ese sentido, Juárez ha subrayado la importancia de llevar este conocimiento al entorno universitario: “Aunque ya saben que existe y lo conocen, queremos dar a conocer más a fondo qué es el informe FOESSA y la importancia que tiene. Al final, la mayoría de quienes han estado hoy aquí son los trabajadores sociales del futuro”. Además, ha defendido la utilidad del informe para contextualizar la intervención social cotidiana: “Van a trabajar en el día a día con la persona, pero a eso hay que ponerle marco y referencias de entorno. Eso es lo que nos da FOESSA y eso es lo que les hemos presentado”.

El responsable de Cáritas La Rioja ha valorado especialmente la respuesta del alumnado, “muy participativo” y ha destacado sus inquietudes: “En el diálogo ha emergido con fuerza una preocupación transversal: la brecha entre generaciones y una dicotomía social que dificulta que muchas personas jóvenes consoliden proyectos de vida en un contexto de incertidumbre y dificultades crecientes”.

Por su parte, Domingo Carbonero ha destacado el valor de celebrar este tipo de encuentros en el ámbito universitario, “como un espacio neutral” y de generación de conocimiento, que permite investigar, comprender y trabajar “con rigor” sobre la pobreza y la exclusión social. En su opinión, además, este formato facilita acercar la investigación a quienes se están formando y poner en relación informes de referencia con trabajos académicos y herramientas de medición aplicadas al estudio de la exclusión, favoreciendo un diálogo directo que no siempre es posible.

En cuanto al papel del Trabajo Social, el profesor ha señalado que, en una sociedad “cada vez más diversa”, la profesión adquiere una relevancia creciente para acompañar necesidades complejas y para mejorar la relación de las personas con un sistema de protección social pensado a veces “para masas”. En ese contexto, ha puesto el ejemplo del acceso a derechos y prestaciones: “En el debate ha salido el problema de la información en el acceso al Ingreso Mínimo Vital. Esa aproximación la hacen los trabajadores sociales, y tenemos que entrenar para que la información sea más eficiente y llegue bien”.

Juventud, vivienda y empleo: preocupaciones cercanas

Tras la conferencia de Pedro Fuentes y el descanso, ha tenido lugar la mesa “Formas de medición y de estudio de la pobreza y la exclusión social en España”, centrada en cómo se construyen los diagnósticos que orientan la acción social y las políticas públicas. En ella, Marina Sánchez-Sierra, técnica y miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA, ha explicado cómo se analiza la pobreza y la exclusión social a través de la Encuesta FOESSA; Alejandro Sanz, investigador de EAPN, ha presentado las principales aportaciones del informe anual “El Estado de la Pobreza”; y Esther Raya, profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Rioja, ha abordado el estudio de la exclusión social mediante la Escala SISO de Situación Social.

En declaraciones a los medios de comunicación, Marina Sánchez-Sierra ha valorado especialmente la interacción con el alumnado: “Hablar de estos temas con la juventud es muy interesante, porque ya no hablamos de cosas que les suceden a ‘otros’. Cuando hablamos de vivienda o de precariedad en el empleo, hablamos de realidades que todos conocemos y que nos tocan más o menos de cerca”.

La profesional ha recordado que el IX Informe FOESSA es el resultado de un trabajo “intenso y colaborativo” en el que participan más de un centenar de investigadores de distintos centros, universidades y entidades, y que se apoya en una metodología rigurosa. Los resultados de esta investigación apuntan, ha señalado, a una desigualdad persistente y a una integración cada vez más frágil: “Vemos una integración social cada vez más precaria: más hogares en esa cuerda floja que se mantienen en integración, pero no saben si podrán seguir o cómo afrontar otro vaivén”.

En ese marco, Sánchez-Sierra ha planteado una reflexión de fondo: “Estamos ante un modelo social agotado; no son cuestiones coyunturales, sino estructurales. Es necesario pasar a un nuevo modelo donde se pongan en el centro los cuidados, desde la interdependencia que tenemos unas personas de otras y también desde la ecodependencia que todos tenemos con el planeta”. También ha señalado la acumulación de crisis en los últimos años como un factor que dificulta la recuperación: “Cada vez es más difícil recuperar la ‘posición inicial’ porque no hay tregua”.

Más de dos años de presencia discreta en los ensayos. Primero como espectador habitual, después como observador dentro del grupo, y finalmente con la cámara en marcha. Así nació 'Caídos del Zielo', el nuevo documental de José Alberto Andrés Lacasta, que acaba de concluir su rodaje y se encuentra en plena posproducción con vistas a estrenarse durante la segunda mitad de 2026. La película acompaña al grupo de teatro social del mismo nombre, integrado por personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad, y se construye desde una premisa clara: mirar sin invadir.

Se conocieron de forma “muy natural” y esto garantizó un rodaje “desde la naturalidad”. Lacasta considera que este método permitió trasladar con fidelidad la experiencia del grupo: “Mi cámara es solo observadora, no es incisiva, no busca la testimonialidad ni el reportaje, miramos lo que pasa y narramos desde ese punto de vista”. Señala que, para poder desarrollar un proyecto audiovisual desde esa perspectiva es necesario “estar muy implicado”: “Nuestro punto era el de mirar lo que pasaba y esa es nuestra narratología, desde el hecho de mirar”. 

Durante una hora y media la acción va transcurriendo “sin testimonios, sin cabezas parlantes”: “Vamos comprendiendo qué pasa allí, quiénes son, qué es lo que le mueve, nos damos cuenta por lo que hacen y no por lo que dicen”. 

Esta mirada observacional se complementa con una imagen en blanco y negro. Esta elección, según explica el director, tiene que ver “con el significado audiovisual del blanco y negro, es metaficción en la que ellos son actores que se representan a si mismos”. Considera que la realidad y el teatro se mezclan “y nos mete en una atmósfera muy particular”: “El color habría sido más realista pero el punto teatral con el que hemos trabajado se reforzaba con el blanco y negro. Tiene un valor estético”. 

Durante casi dos años, el equipo convivió con los miembros del grupo, acompañando sus ensayos y dinámicas. “Hacíamos sesiones de rodaje, pero muchas cosas surgían sobre la marcha. Era un trabajo intenso de convivencia, necesario para comprender la vida de estas personas”, recuerda.

La mirada sobre la exclusión social 

Lacasta reivindica la importancia de la perspectiva desde la que se muestran situaciones de sinhogarismo y vulnerabilidad, realidades “tremendamente sensibles”. Subraya la necesidad de evitar el sensacionalismo: “Cuando estás rodando ves cosas que sabes que no puedes sacar. El límite está en el respeto y en la humanidad con la que tratas a las personas”.

Para él, la mirada del equipo siempre fue “desde la horizontalidad”: “No hay condescendencia, los tratamos de igual a igual. Frente a situaciones de precariedad extrema es fácil caer en la denuncia directa, pero llevábamos puesto ese freno de mano. Queríamos reforzar la dignidad de las personas porque ellos mismos nos lo muestran y nos lo demandan”.

El director apunta también que este tipo de situaciones son invisibles para buena parte de la sociedad. “Lo cómodo es ignorarlas. Pero cualquiera puede verse ahí. Es algo que ellos no paran de decir: te puede pasar a ti”. Considera que, ante situaciones marcadas por la precariedad y la exclusión, es “necesario tomar medidas que no pasan por la caridad altruista y puntual, para calmar la conciencia”. 

Lacasta explica que ha sido una experiencia “que te sacude, te revuelve, aunque estés concienciado y no sean situaciones que te resulten ajenas, acabas muy revuelto porque son vidas tremendamente duras”. Asegura que el objetivo de esta pieza documental es “trascender con el cine estas realidades, trasladarlas a otros espacios de debate. Ojala mucha gente quiera verla y reflexionar, lo cual es negar la realidad”. 

El documental acaba con una escena de Manuela Lawson, una de las integrantes del grupo de teatro que falleció días después de terminar el rodaje. La cinta está dedicada a ella y Lacasta recuerda el momento de grabación de esta escena que cierra la película: “Sale andando por un pasillo y anda derrotada hacia la pared. Era su natural, una cosa que me llama la atención es que suelen arrimarse a la pared, piensan que es su lugar natural, casi pidiendo disculpas por ocupar un espacio sobre el que tienen el mismo derecho”. Recuerda esa imagen final de Manuela, que tenía problemas de salud y así se lo trasladó: “Fue muy emocionante, la película se la dedicamos a ella”. 

‘Caídos del Zielo’ es un proyecto de Du Cardelin Studio y 601 Producciones, con apoyo del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y Aragón TV. La cinta será presentada en festivales antes de su estreno en cines en la segunda mitad de 2026. Se trata de un documental con vocación divulgativa y cultural, que busca generar debate y reflexión sobre el arte como herramienta de transformación social y sobre cómo la sociedad observa —o ignora— la vulnerabilidad de quienes la habitan.

El proyecto teatral que da origen al documental

'Caídos del Zielo' nació en Zaragoza en 2019 como un taller de teatro dirigido a personas en riesgo de exclusión social, con el objetivo de ofrecer un espacio donde desarrollar talento artístico, creatividad y sensibilidad. El proyecto entiende el arte como una herramienta de transformación y como un punto de encuentro capaz de tender puentes entre realidades distintas. El proyecto teatral y social fue creado por la dramaturga y actriz Paloma Pedrero en Madrid, llegando a recibir el Premio Talía a Mejor espectáculo de Teatro en 2008. Más tarde, fue acogido por el dramaturgo y actor Félix Martín en Zaragoza, consiguiendo el Premio Max de carácter social en 2022.

La iniciativa se articula a través de un método inclusivo en el que participan actores y actrices profesionales de forma voluntaria, junto a docentes del ámbito escénico. Los talleres buscan construir un entorno lúdico, artístico y social que favorezca la experimentación y la creación colectiva, de modo que tanto las personas en situación de vulnerabilidad como los profesionales implicados puedan trasladar ese aprendizaje a su entorno personal, cultural y laboral.

Desde su tercera edición, el proyecto cuenta además con la colaboración de la Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA), cuyo alumnado se encarga de la escenografía, el diseño gráfico, el vestuario y el atrezzo de las producciones.

Desigualdad crónica e histórica. Una realidad a la que cada día se enfrenta la población andaluza, ya que la comunidad tiene una tasa de riesgo de pobreza y de exclusión social del 34,7%. Ante tal contexto, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía) pone el foco en que es necesario trasvasar la mejora de algunos indicadores económicos a todos los estratos sociales. La organización subraya que la justicia social “continúa siendo una meta no alcanzada”, ya que la pobreza y la desigualdad mantienen “un carácter estructural”.

Con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, la Red retoma los datos publicados de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirma que Andalucía lidera cuatro de los cinco principales indicadores de pobreza y exclusión social. Con ello, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social AROPE alcanza el 34,7%, nueve puntos por encima de la media estatal (25,7%). De esta forma, se “consolida una brecha persistente con el conjunto del país”, remiten en un comunicado.

“La leve mejoría de algunos datos no puede ocultar la realidad de que Andalucía sigue encabezando la pobreza en España y la recuperación no está llegando a una parte muy importante de la población”, valora Juan Luis Delcán, presidente de EAPN Andalucía.

Pérdida de poder adquisitivo

Pese a que la renta media ha aumentado, el incremento de ingresos no se traduce en mayor bienestar material, aluden. La carencia material y social severa se eleva hasta el 10,9%, evidenciando una pérdida efectiva de poder adquisitivo asociada al encarecimiento de la vivienda, la energía y los bienes esenciales. La mejora de rentas, impulsada por el salario mínimo interprofesional (SMI) y la revalorización de las pensiones, “ha operado como amortiguador coyuntural, pero no ha revertido la exclusión estructural”, señalan.

El impacto del coste de la vida se manifiesta con especial intensidad en el ámbito doméstico. El 18,7% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 14,1% acumula retrasos en pagos de vivienda o suministros, tal y como indica el informe FOESSA. Además, el 46,4% de la población andaluza carece de capacidad para afrontar gastos imprevistos, lo que evidencia una vulnerabilidad consolidada y sin margen de resiliencia económica.

Pacto Andaluz

EAPN Andalucía señala la vivienda como principal motor de la exclusión social en la región, coincidiendo con la valoración de otras asociaciones. Por tanto, piden la transformación de “las actuales medidas de emergencia en mecanismos estructurales de protección, consolidando la garantía de alternativa habitacional ante desahucios, desarrollando instrumentos de contención de precios del alquiler y ampliando de forma sostenida el parque público de vivienda social”.

A tenor de este contexto, la asociación apunta que el Pacto Andaluz contra la Pobreza y la Exclusión Social articula un espacio estable de concertación para situar la lucha contra la pobreza en el centro de la agenda pública. Hasta la fecha, 89 organizaciones —del Tercer Sector, universidades, sindicatos y otros agentes sociales— se han adherido, consolidando una alianza plural para transformar políticas públicas.

Andalucía, la mayor tasa de riesgo de pobreza

Con respecto a la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2025, cabe recordar que Andalucía registra la mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del país, situándose en un 34,7%. Así, queda por delante de Castilla-La Mancha (34,0%) y Murcia (32,5%), en cambio, en el lado contrario, País Vasco (14,7%), Baleares (15,2%) y Comunidad Foral de Navarra (16,5%) presentaron las tasas más bajas.

También Andalucía se situó como la comunidad con mayor tasa de riesgo de pobreza, con un 27,7%, seguida de la Región de Murcia (26,7%) y Extremadura (26,2%). Por su parte, País Vasco (9,3%), Baleares (11,6%) y Comunidad Foral de Navarra (12,3%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas.

A nivel nacional, aunque España registró en 2025 la menor tasa AROPE desde que se comenzó a recopilar la serie histórica en 2014, al situarse en el 25,7% de la población residente, la cifra apenas varía en el último año, con una reducción del 0,1% respecto al 25,8% de 2024. Dos de sus tres componentes mejoraron el año pasado: la tasa de riesgo de pobreza relativa y el porcentaje de población con carencia material y social severa. El tercer componente, el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo, no experimentó variación.

En concreto, el 19,5% de la población española estaba en riesgo de pobreza en 2025, la tasa más baja desde 2008, mientras que el porcentaje de población con carencia material y social severa fue del 8,1%, dos décimas menos que en 2024 y la menor tasa desde 2022.

En comparación con 2024, la tasa AROPE también ha disminuido en Andalucía, ya que registraba en el anterior periodo un 35,6%. Una cifra que la situaba a la cabeza del país, pese a que mejoraba su situación con respecto a la edición anterior en 2,1 y 1,3 puntos. Pese a la mejora relativa de los datos, el territorio continúa siendo el más afectado por las dinámicas de precariedad y exclusión social.

Alrededor de dos millones de personas viven en exclusión social en Andalucía, una situación que afecta al 23,1% de la población en 2024 y que sigue sin superar los valores previos a la crisis sanitaria. A ello, habría que añadirle que hay 270.000 personas más en exclusión severa, es decir, un 10,2% de los andaluces tienen problemas graves para su subsistencia, donde la vivienda y el empleo son las principales barreras para prosperar.

Así lo determina el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, presentado este martes en el Palacio arzobispal de Sevilla, en el que se detalla que la media andaluza supera claramente a la estatal, con un 19,3%. Además, se adelanta que hay un “retroceso” en la integración plena en la sociedad, ya que solo cuatro de cada diez personas no presentan hoy día ningún indicador de exclusión. “La vivienda es el epicentro de la desigualdad en Andalucía”, señaló Daniel Rodríguez de Blas, coordinador del estudio, puesto que el precio de compra de un inmueble “se ha disparado” un 65% con respecto a 2018. En cuanto al alquiler, solo un 15% de la población utiliza esta modalidad, pero el 43% de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza.

Este mercado inmobiliario genera que más de 400.000 hogares andaluces vivan por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar los gastos de vivienda y suministros. Una cifra que está “completamente desconectada de la evolución de los salarios, ya que el empleo ha perdido su fuerza para garantizar la integración social”, subrayó. En este sentido, el salario medio es 7,6 puntos más bajo a la media estatal, destaca el informe, y una de cada diez familias tiene como sustentador principal a una persona con inestabilidad laboral grave.

Derecho 'fake'

Con respecto a la crisis habitacional, se determina que hay 1 millón de viviendas inseguras, es decir, aquellas que carecen de un contrato de titularidad, y 1,2 millones de viviendas son inadecuadas a raíz de que presentan problemas relacionados con la insalubridad. En este contexto, el experto determinó que “la vivienda es el gran cuello de botella” y el derecho constitucional que garantiza su acceso es “fake”, dado que “la mejora económica seguirá sin traducirse en integración social”. A pesar de los balances trimestrales en el mercado laboral, donde Andalucía ha alcanzado niveles de paro similares a 2007, la inflación ha engullido el crecimiento del salario mínimo interprofesional (SMI) o de las subidas de los convenios colectivos: “Tener trabajo reduce el riesgo de exclusión, pero no lo elimina, y la acción pública es más necesaria en aquellas personas que ocupan empleos de baja calidad”.

Asimismo, casi la mitad de los hogares de la región no puede afrontar gastos inesperados y el 16% acumula impagos referidos a la vivienda, “se sigue dando una inseguridad económica cronificada y, con respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), llega a seis de cada diez personas, pero es insuficiente”. La falta de información o la complejidad burocrática para su acceso son algunos de los impedimentos, explicó Rodríguez de Blas. Además, la Renta Mínima de Inserción Social que concede la Junta de Andalucía “ha sufrido una caída drástica” y “llega tarde o es insuficiente”, por lo que su papel para complementar el IMV queda en agua de borrajas.

Pese a las dificultades, hay una evolución positiva de los indicadores de pobreza en la comunidad, pasando de un 15,9% en 2021 a un 12,8% en 2024 la tasa de riesgo de pobreza. “Andalucía avanza, pero no gracias a su sistema público: en el modelo hay signos evidentes de agotamiento”, sostuvo ante los medios de comunicación, “cuando el éxito se presenta como un mérito individual, el fracaso se acaba interpretando como una irresponsabilidad individual, lo que se traduce en una mirada injusta que rompe la cohesión social e ignora la solidaridad”. Un hecho que entronca directamente, a su juicio, “con la desafección democrática”, más cuando hay 580.000 personas que viven en la autonomía sin derecho a votar frente a las 300.000 de 2018.

Migración y nuevo pacto social

La cara más acuciante del informe FOESSA es la migración. La exclusión social afecta a casi la mitad de las personas con nacionalidad extranjera, un 48%, más del doble que quienes tienen nacionalidad española, en un 20%. A tenor de este dato, el coordinador valoró de forma positiva el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Podemos para la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes. “Esta medida nos habla de justicia social y reconoce el derecho de muchas personas, de muchos vecinos que ya vivían con nosotros, más cuando el informe nacional recoge que el 68% de las personas en situación irregular está en exclusión, por lo que es el colectivo más castigado”, aseveró.

En un momento en el que casi tres de cada diez menores viven en situación de exclusión, hay más factores que hacen replantearse el ascensor social, como que uno de cada cinco hogares sufra exclusión vinculada a la salud y las dificultades para la compra de medicamentos se haya extendido a 1,3 millones de personas. “La capacidad de pago marca cada vez más la diferencia entre quienes pueden acceder a los servicios privados y los que acuden a los servicios públicos cada vez más tensionados”, resumió.

Con la perspectiva de garantizar un crecimiento conjunto, el investigador recomendó “un cambio de rumbo claro: reconocernos como interdependientes y ecodependientes”, con un fin que, a veces, se antoja utópico, como lograr “un nuevo pacto social que refuerce el estado de bienestar para garantizar vidas dignas”.

CLM Inclusiva Cocemfe ha presentado su nueva iniciativa de inserción laboral 'Conecta con tu Futuro'. Una campaña que se desarrollará en las sedes de la entidad en Ciudad Real, Cuenca y Toledo, con el objetivo de promover la inserción laboral de 92 personas pertenecientes a colectivos vulnerables.

La iniciativa, financiada por la Junta en el marco de la convocatoria de acciones para la mejora de la empleabilidad y la Confederación de entidades de personas con discapacidad física y orgánica CLM inserción, se prolongará hasta 2027, según ha informado la entidad por nota de prensa.

El objetivo es lograr la inserción laboral de al menos un 10 % de las personas participantes y promover el empoderamiento laboral de todas ellas.

Apoyos personalizados

El proyecto está dirigido a personas desempleadas o trabajadoras en búsqueda de empleo que afrontan especiales dificultades para acceder o mantenerse en el mercado laboral: jóvenes con baja cualificación, personas en desempleo de larga duración, personas con discapacidad, personas migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, personas LGTBI, solicitantes de protección internacional y otros colectivos en riesgo de exclusión.

La metodología se basa en itinerarios personalizados de inserción, que incluyen tutorías individuales, formación en competencias digitales, talleres de habilidades personales y profesionales, técnicas de búsqueda activa de empleo y orientación para la mejora de la cualificación.

Además, se llevará a cabo un trabajo de intermediación con el tejido empresarial para identificar oportunidades laborales ajustadas al perfil de cada participante y facilitar su contratación.

El programa se desarrolla en coordinación con los Servicios de Intermediación Laboral de la Junta y con las Oficinas Emplea de los distintos territorios.

Enrique Alarcón, presidente de CLM Inclusiva, ha señalado que “este proyecto refuerza nuestro compromiso con la inclusión sociolaboral, ofreciendo apoyos personalizados para que las personas en situación de mayor vulnerabilidad puedan acceder a oportunidades reales de empleo en Castilla-La Mancha”.

Durante años Sevilla ha tolerado que cientos de personas vivan y duerman en la calle sin garantizarles derechos básicos. Durante años ha carecido de una estrategia seria para erradicar el sinhogarismo, ha infradotado los recursos, se ha instalado en el asistencialismo y ha mirado hacia otro lado mientras la vivienda se convertía en un lujo inalcanzable para una parte creciente de la población. Ahora, cuando la pobreza ya no puede esconderse bajo las alfombras del centro turístico, se finge sorpresa. No estamos ante una novedad inquietante, sino ante la consecuencia lógica de un abandono institucional prolongado.

Nos preocupa que comiencen a proliferar relatos mediáticos que contribuyen a normalizar esta situación, desplazar responsabilidades políticas y, lo que es más grave, que sirva de coartada para preparar el terreno de nuevas medidas de exclusión, presentadas como inevitables o necesarias para preservar la “convivencia” o la “imagen de la ciudad”.

El reciente artículo publicado en Diario de Sevilla bajo el título “Los caídos al raso de Sevilla” es un ejemplo claro de este giro preocupante. Bajo una aparente mirada descriptiva, el titular y su entradilla construyen un marco profundamente peligroso. Presentan la presencia de personas sin hogar en el centro de la ciudad como una novedad inquietante, casi como una anomalía urbana creciente, cuando en realidad se trata de una realidad estructural, conocida y denunciada desde hace años por las entidades sociales. La única novedad es que son ya tantas que no pueden ocultarse con facilidad.

Nombrar como "indigentes" a las personas sin hogar las despoja de su condición de ciudadanas y de sujetos de derechos, reduciéndolas a un problema urbano

Resulta especialmente grave que el artículo anticipe el próximo conteo municipal desde el temor, hablando de un posible “repunte” y afirmando que este demostrará que “hay nuevas calles del centro que son tomadas cada noche”. Ese lenguaje no es neutro ni casual. Hablar de calles “tomadas” introduce deliberadamente un marco de ocupación y amenaza, propio del discurso securitario, como si estuviéramos ante un problema de orden público y no ante personas a las que se les ha negado el derecho más básico: tener un hogar. Y aunque se hable de sus derechos en el texto del artículo, la elección de la entrada no puede ser más desafortunada. 

A ello se suma el uso reiterado del término “indigentes”, una palabra cargada de connotaciones históricas y sociales que deshumaniza, estigmatiza y expresa una forma clara de aporofobia. No es una cuestión semántica menor: nombrar así a las personas sin hogar las despoja de su condición de ciudadanas y de sujetos de derechos, reduciéndolas a un problema urbano. El lenguaje construye realidad, y cuando se habla de “indigentes” que “toman calles”, se legitima la idea de que el problema no es la exclusión social, sino su visibilidad.

Este marco discursivo conecta directamente con lo que venimos denunciando desde hace años: la violencia institucional que se expresa en la falta de políticas de vivienda, en la infradotación crónica de recursos, en las trabas al empadronamiento y en la tendencia a gestionar la pobreza como algo que hay que esconder, desplazar o contener en lugar de erradicarla desde los derechos. El miedo y la estigmatización sustituyen así la responsabilidad política.

Se ha consolidado una lógica de profunda injusticia: expulsar la pobreza del centro turístico y concentrarla en barrios ya empobrecidos, cargando sobre ellos el coste social de la exclusión

Desde hace lustros Sevilla ha carecido de una estrategia municipal seria contra el sinhogarismo. Los recursos han sido insuficientes, fragmentados y centrados en un modelo asistencialista que cronifica la exclusión. La vivienda pública ha brillado por su ausencia como eje central de la política social. Y, paralelamente, se ha consolidado una lógica de profunda injusticia: expulsar la pobreza del centro turístico y concentrarla en barrios ya empobrecidos, cargando sobre ellos el coste social de la exclusión.

En este contexto, la ausencia de datos públicos rigurosos durante años por parte del Ayuntamiento de Sevilla no es casualidad, sino una forma de gobernar sin rendir cuentas. Es relevante que el anuncio de un nuevo conteo llegue solo después de las denuncias públicas realizadas por los colectivos sociales, coincidiendo con fechas tan significativas como el Día de las Personas Sin Hogar y el Día Internacional de los Derechos Humanos. No se trata de iniciativa política, sino de reacción tardía ante la presión social.

Que ahora se pretenda presentar ese conteo como un gesto de diligencia resulta difícil de sostener cuando Sevilla llevaba años sin datos públicos y rigurosos actualizados, mientras que desde entidades como APDHA, Cáritas u HOGAR SÍ advertíamos reiteradamente de un aumento sostenido de personas viviendo en la calle. 

Sin embargo, la política de parches, invisibilización y gestión punitivista del sinhogarismo no es una excepción sevillana, sino una práctica extendida en el resto de Andalucía y en buena parte del Estado. Las consecuencias de este abandono institucional no son abstractas. Un ejemplo concreto podemos verlo en Granada, donde, desde el año pasado, 14 personas sin hogar han fallecido mientras dormían en la calle, recordándonos de forma brutal que el sinhogarismo no es solo exclusión, sino también riesgo vital. Cuando las instituciones normalizan que alguien viva a la intemperie, también normalizan que se pueda morir en ella.

Frente a la narrativa del miedo y de la criminalización de la pobreza, reclamamos políticas de dignidad

Los datos que manejamos son, además, alarmantes: más de 700 personas sin hogar, centenares durmiendo en la calle cada noche, recursos estructurales insuficientes y saturados. Según el INE, una media diaria de 34.145 personas se alojó en centros de atención a personas sin hogar, un 57,5% más que en 2022 como refleja la Encuesta de Centros y Servicios de Atención a las Personas Sin Hogar 2024.

Existen alternativas conocidas y avaladas por la experiencia como el modelo Housing First, la vivienda pública en alquiler social, el empadronamiento sin trabas, la distribución equitativa de recursos por toda la ciudad, la remunicipalización de servicios y la participación real de las personas sin hogar en el diseño de las políticas que les afectan, porque frente a la narrativa del miedo y de la criminalización de la pobreza, reclamamos políticas de dignidad.

No hay nada “inquietante” en que el conteo vaya a mostrar más personas sin hogar. Lo inquietante es otra cosa, que llevemos años aceptando como normal lo que es una emergencia de derechos humanos. Y que, en lugar de hablar de vivienda, se hable de “indigentes”, en lugar de hablar de responsabilidades, se hable de “calles tomadas” y en lugar de políticas públicas, se ofrezca miedo.

Si Sevilla se mira al espejo después de Navidad, que no se engañe. Lo que verá no es un “repunte” inesperado, sino el resultado de decisiones políticas sostenidas en el tiempo. Porque una ciudad que convierte a las personas sin hogar en un problema de imagen para el centro, ya ha perdido el centro, el centro moral.

Cáritas y Fundación Foessa han presentado el IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla-La Mancha, un estudio que determina que la exclusión social afecta al 20% de la población de la región y que fija la “brecha generacional” como una de las claves de la construcción de una “sociedad desigual”, con la vivienda y el empleo como “ejes articuladores” de la exclusión.

Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; la presidenta de Cáritas en la región, Rosa García, y la técnico de la Fundación de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa), Marina Sánchez.

Según ha explicado Marina Sánchez, la exclusión social ha aumentado y ya afecta a 428.000 personas en la región, poniendo de manifiesto la “gran paradoja castellanomanchega” por la que la recuperación del empleo no se traduce en una reducción de la exclusión social.

De esta manera, aunque entre 2018 y 2024 el número de personas ocupadas se ha incrementado en un 11,7% en la región, el “estancamiento de los salarios en términos reales”, así como el precio de la vivienda y la precariedad laboral, hacen que “trabajar ya no garantice la inclusión social”. Según Sánchez, esto se refleja en otro dato del informe de Foessa, ya que aunque entre 2018 y 2023 el sueldo medio creció un 14%, los salarios en euros reales se han reducido en un 3,6%.

Todo esto hace que en Castilla-La Mancha se observe “un retroceso de las situaciones más favorables”, las de “integración plena” y que, aunque mejore la dimensión laboral y la del consumo se mantenga “prácticamente estable”, empeoren el resto, como son la vivienda, la educación, la salud, el conflicto y el aislamiento social “y especialmente la dimensión política”.

“No fallan las personas, falla el sistema”

La técnico de Fundación Foessa ha puesto el foco en que, además, “no fallan las personas, falla el sistema”, desterrando “el mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión”. “Esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión es falsa, tal y como lo demuestra la evidencia”, ha manifestado.

En este sentido, Marina Sánchez ha apuntado que “la mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, estudian, se forman, activan redes y siguen planes de inclusión” pero “chocan con barreras estructurales”.

Así, apunta que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión “pero se topan con dispositivos fragmentados” y con recursos “escasos y muy poco personalizados”.

La vivienda, epicentro de la exclusión

Sánchez ha vuelto a insistir en la vivienda como un “epicentro” de la desigualdad, aseverando que el 22% de la población castellanomanchega está afectada por algún rasgo de exclusión residencial.

En este punto, ha hecho hincapié en que los precios de compra y alquiler crecen “mucho más rápido que los salarios”, apuntando que entre 2018 y 2024 el Índice de Precios de la Vivienda subió un 23%, “una cifra muy lejana al incremento de los salarios”.

Unas cifras de riesgo que aumentan aún más en el caso del alquiler, donde según el informe el 47% de las personas que viven en este régimen están en riesgo de pobreza.

Todo esto se refleja en que 89.000 hogares de la región destinan tantos recursos al pago de la vivienda y los suministros que “una vez pagados, se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa”.

La reducción de las rentas mínimas

Por otra parte, Marina Sánchez ha afirmado que el sistema de garantía de ingresos en la región “no está a la altura de las necesidades” ya que, aunque el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha ampliado su cobertura, solo llega al 51% de las personas en pobreza severa de la Comunidad Autónomo.

Una brecha que se justifica en que el 64% de los hogares en pobreza severa no ha oído hablar de este ingreso. “La brecha no es solo administrativa, es informativa”, ha puntualizado.

En todo caso, ha criticado que Castilla-La Mancha se ha situado entre las comunidades autónomas que “han aprovechado la introducción del IMV para reducir la cobertura y el gasto de su sistema de rentas mínimas”.

Una marcha ciudadana ha recorrido este sábado las calles de Badalona para demostrar su rechazo al inminente desalojo del instituto B9, un antiguo equipamiento público que se ha convertido en los últimos años en hogar de cerca de 400 personas, la mayoría migrantes en riesgo de exclusión. Los manifestantes han exigido frenar el desahucio del recinto, puesto que el Ayuntamiento no ofrece a sus habitantes ninguna alternativa digna, y además han reclamado la regularización de los afectados. 

Bajo el lema ‘Contra su racismo, unánomos’, la protesta ha tenido como blanco principal de las críticas el gobierno municipal de Xavier García Albiol (PP), al que acusan de desplegar políticas racistas y “aporofóbicas”, es decir, de exclusión de los más vulnerables. La manifestación estaba convocada por entidades como Badalona Acull, Organització Juvenil Socialista (OJSB) o el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya (SHSC). 

El recorrido de la protesta, que ha finalizado en la Plaça de la Vila, no ha sido casual. El inicio ha sido en el número 595 de la calle Guifré, donde se levantaba la nave industrial ocupada que se incendió en 2020 y dejó cinco fallecidos. Algunos de quienes viven en el instituto B9 llegaron precisamente de ese espacio hoy derruido. En ese punto, los manifestantes han colocado una placa con los nombres de las víctimas y una frase: “En memoria de las víctimas de las políticas racistas”. 

El B9 se ha convertido en uno de los principales símbolos en Catalunya de la exclusión residencial que golpea a los colectivos migrantes. Ocupado en junio de 2023, da cobijo sobre todo a personas de las comunidades senegalesa y gambiana. En su lucha para evitar el desalojo han llegado a pedir la mediación del Govern ante la falta de alternativas del consistorio, pero por ahora no han logrado una respuesta satisfactoria.

El manifiesto del acto, que contaba con el apoyo de entidades como SOS Racisme, Papeles para Todos o Top Manta, los organizadores han recordado que las 400 que ocupan el B9 no lo hacen por “voluntad”, sino por “necesidad”. “Las personas en situación irregular son usadas como mano de obra barata y fácilmente reemplazable, trabajando en condiciones infrahumanas mientras se les niegan derechos básicos”, recogían. 

Los organizadores han acusado a Albiol de querer dejar a las decenas de habitantes del instituto sin ningún techo alternativo. “¿Sin propuesta real de desalojo, qué pretenden que hagan”, se preguntaban. 

De esta forma, han exigido su realojo “inmediato” y “digno”, además de su regularización administrativa. Para ellos y para todos los migrantes que se encuentran hoy en situación irregular.

Leticia Landa (Austin, 1984) lleva dos décadas en La Cocina, un proyecto de inclusión de personas en exclusión social en San Francisco. Hija de migrantes mexicanos, conoce la realidad de la migración en Estados Unidos y, a pesar de haber estudiado Antropología en Harvard, ha desarrollado su carrera profesional ayudando a otras personas a emprender negocios relacionados con la gastronomía. Su trayectoria ha sido galardonada con el Basque Culinary World Prize 2025, un premio de 100.000 euros otorgado por el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco.

'La Cocina' ha conseguido impulsar más de 40 restaurantes, cafés y kioscos en operación en la zona de la Bahía de San Francisco. Entre sus mayores logros, Landa destaca que el 70% de participantes cuenta con negocios activos después de 10 años de graduarse, incluyendo a personas como Veronica Salazar (fundadora de El Huarache Loco, un legado culinario de 20 años), Reem Assil (de Reem's California, autora del libro Arabiyya: Recipes from the Life of an Arab in Diaspora); Fernay McPherson (de Minnie Bell's Soul Movement, “Rising Star Chefs” en San Francisco), Nite Yun (refugiada de Camboya hoy dueña del restaurante Lunette; destacada en series como Chef’s Table (Netflix); o Koji Kanematsu, a la cabeza de Onigilly, con 6 establecimientos de comida japonesa en la zona de la Bahía de San Francisco. Además, destaca que el 94% de las personas que han pasado por el programa son mujeres.

¿Qué supone para usted haber ganado el Basque Culinary World Prize 2025 por su trabajo en 'La Cocina'?

Ha sido algo increíble, una experiencia muy especial. Hemos venido a la entrega de premios los ganadores de los últimos diez años y ha sido una inspiración hablar con ellos y aprender de sus proyectos.

¿Qué es 'La Cocina' y cómo surgió?

'La Cocina' es una organización sin fines de lucro en San Francisco, California, que empezó hace 20 años en un vecindario de personas migrantes y que estaba empezando negocios como vender libros, otros productos, cuidar niños y había mucha gente que quería poner negocios de comida, pero para poder hacerlo con permisos se necesita cocinar en cocinas comerciales en vez de en casas. Y todas las cocinas comerciales en San Francisco son muy caras. Entonces, a modo de solución, varias organizaciones se unieron para construir 'La Cocina', que originariamente iba a ser una cocina comercial comunitaria, pero pronto se dieron cuenta de que además de un lugar para cocinar, hacía falta explicar a los dueños de los negocios otras cuestiones como la contabilidad y los aspectos legales.

¿De qué manera ayudan a las personas que han pasado por el programa?

Es un programa largo, tenemos dos cocinas comerciales y las rentamos a bajo costo, pero también ofrecemos los servicios que requieran. Además de los aspectos técnicos y legales también ofrecemos un servicio de diseño gráfico, de logotipo y marca, marketing y fotografías profesionales. El único requisito es que sean personas con bajos recursos. Trabajamos con gente que necesita ayuda financiera y damos prioridad a mujeres, personas migrantes o personas en exclusión social.

Sus padres fueron migrantes provenientes de México que llegaron a Estados Unidos, donde usted nació. ¿Cómo es la situación de los migrantes en Estados Unidos en estos momentos?¿Considera que las políticas del Presidente Donald Trump pueden suponer un retroceso en cuanto a derechos?

Sí. Mis padres llegaron en los años 80. Mi padre estudió matemática e informática y empezó un negocio de tecnología. Obviamente, cuando llegas a un nuevo país te encuentras con muchas barreras, sobre todo si no hablas inglés, porque la gente te ve como si tuvieras menos educación aunque no sea cierto. También tienes problemas para obtener un préstamo porque no tienes historia de crédito. A todo eso se le suman las barreras de una política súper antiimigrante. En Estados Unidos llevamos muchísimo tiempo sin tener una reforma en inmigración y sin tener buenas políticas hacia los inmigrantes, pero ahora está mucho peor. Nosotros tenemos la suerte de que estamos en California, que es un estado con algunas protecciones y de que muchos de los estadounidenses que viven ahí no están de acuerdo con el presidente ni con lo que están pasando y están apoyando a organizaciones como 'La Cocina'. Tenemos la suerte de que los ciudadanos están contentos con que haya restaurantes mexicanos, japoneses y que haya sitios con comida de todo el mundo. Siento que la comida nos une y que puedes entender por lo que están pasando las personas a través de su comida y su cultura. Aunque las voces contrarias a la inmigración sean fuertes, nuestras voces también lo son.

El 94% de las personas que han pasado por 'La Cocina' son mujeres. ¿La situación es más complicada para ellas a la hora de abrir sus propios negocios?

Sí, al igual que en el resto del mundo, por diferentes razones, como la crianza, que ya sabemos que el trabajo casero es muy importante, pero no está pagado, las oportunidades profesionales para los hombres no son iguales. En Estados Unidos por el mismo trabajo un hombre sigue ganando más que una mujer en 2025. Queríamos enfocarnos en que ellas tuvieran más oportunidades para lograr un balance.

Usted estudió Antropología en Harvard. ¿Cómo pasa de eso a dedicarse a 'La Cocina'?

La cocina siempre me ha gustado, desde muy pequeña. Antes de ir a la universidad me tomé un año para estudiar cocina y, ahí me di cuenta de que me apasionaba, en realidad estudié Antropología porque siempre me ha gustado entender otras culturas, otros idiomas y poder estudiar en el extranjero. Después de la universidad comencé una beca en una organización llamada Hispanic Philanthropy que trabaja para que haya más latinos trabajando en el mundo de la filantropía, para que el dinero de la filantropía americana fuera también para las comunidades latinas. A través de esa organización encontré 'La Cocina' y me encanta porque trabajo con gente de todo el mundo que hablan diferentes idiomas y traen recetas de sus abuelas. Es una bonita manera de combinar lo que me apasiona.

Se une la Antropología y la Gastronomía.

Sí, totalmente. Veo la antropología en directo en las culturas que aquí están y siguen.

Aragón avanza hacia una situación de casi pleno empleo y presenta indicadores macroeconómicos favorables, pero esa mejora no se traduce en un mayor bienestar para toda la población. Al contrario: la exclusión social se ha disparado en los últimos seis años y afecta ya a 300.000 personas, un 22,9% de la población, diez puntos más que en 2018. Así lo alerta el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social elaborado por la Fundación Foessa para Cáritas, presentado este miércoles.

El estudio —realizado a partir de 586 encuestas en Aragón y más de 12.000 en el conjunto del país— revela que la exclusión social alcanza al 22,9% de la población aragonesa, una proporción superior a la media española, y que la exclusión severa se ha duplicado, situándose entre 110.000 y 179.000 personas. Todo ello en una comunidad que registra una reducción del paro del 11% al 8%. 

El director de Cáritas Aragón, Carlos Gómez, ha destacado esta paradoja: “En Aragón se está generando mucho empleo y los indicadores económicos son muy positivos, pero hay un reparto muy desigual de la riqueza. El empleo ya no garantiza el acceso al bienestar”. Gómez habla de un “empobrecimiento claro de las clases medias” y de un aumento del número de personas que cobran salarios mínimos independientemente de su cualificación académica.

El responsable de Cáritas advierte además de la creación de “nuevos perfiles de pobreza”, fruto de crisis encadenadas que dejan a sectores que antes vivían con estabilidad en una situación de incertidumbre permanente. “Nuestro progreso como sociedad sería que Cáritas no tuviera que existir para cubrir necesidades básicas. Hoy seguimos lejos de ese objetivo”, lamenta.

El sociólogo Pedro Fuentes, de Fundación Foessa, ha insistido en la misma idea: “Tres de cada cuatro hogares que están en exclusión severa trabajan, buscan empleo, estudian o siguen planes de inclusión. No fallan las personas: falla el sistema”. Subraya que la desigualdad es hoy “el principal motor de la pobreza y la exclusión” y que España mantiene “una de las tasas de desigualdad más altas de Europa”.

Vivienda: el gran freno a la inclusión

El informe identifica la vivienda como el principal motor de exclusión. Entre 2018 y 2024, el precio de compra ha aumentado un 38%, y el precio del alquiler entre un 21% y un 24%, alcanzando una media de 716 euros mensuales. La especulación y la escasa oferta agravan la situación: Aragón presenta un 50% de hogares con gastos excesivos, lo que significa que la mitad de los núcleos familiares entra en umbral de pobreza severa tras pagar vivienda y suministros.

Más de 237.000 personas viven en situación de vivienda insegura o inadecuada. Los incrementos más drásticos se producen en hogares con personas con movilidad reducida y en aquellos atenazados por gastos inmobiliarios excesivos. “Sin una política pública fuerte en vivienda, la mejora económica nunca se traducirá en integración social”, advierte Fuentes, que insiste en que este ámbito “debe convertirse en un pilar del bienestar”.

La segunda gran barrera es el empleo. Aunque Aragón crea puestos de trabajo y reduce la temporalidad, con los salarios reales los ciudadanos han perdido poder adquisitivo, según el informe, y la precariedad laboral “matiza la mejora”. El mercado está cada vez más dualizado: crecen los trabajos de alta cualificación y los de baja cualificación, pero desaparecen los empleos intermedios, tradicionalmente los que garantizaban estabilidad y ascenso social. “Trabajar ya no asegura escapar de la exclusión”, resume Fuentes. De hecho, el informe señala que entre 2023 y 2024 ha crecido la población con empleo situada en riesgo de pobreza, reflejo de una inflación que ha encarecido de forma notable vivienda, alimentación y suministros sin que los salarios evolucionen al mismo ritmo.

Jóvenes, hogares con hijos y población extranjera, los más golpeados

La exclusión afecta especialmente a perfiles muy concretos. Entre los menores de 28 años, la tasa asciende al 36%, una cifra que refleja la dificultad para acceder a un empleo que permita emanciparse y vivir sin precariedad. Los hogares con dos o más hijos registran tasas muy superiores a la media, y las personas de nacionalidad extranjera presentan tasas de exclusión que triplican las de la población española.

La salud también emerge como un eje crítico: el 18,8% de los hogares tiene problemas para afrontar medicamentos, tratamientos o productos sanitarios. Las dificultades para costear prótesis dentales, gafas o terapia psicológica se han convertido en un obstáculo estructural. El uso de seguros privados aumenta, lo que “ensancha aún más la brecha” entre quien puede pagar y quien queda fuera.

El informe señala además la “caída drástica” de la renta mínima aragonesa tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital. La inversión ha pasado de 48 millones en 2020 a menos de dos millones en 2023, una reducción del 96%. La cobertura también ha caído de manera drástica: hoy solo llega a una parte mínima de la población vulnerable.

A pesar de la implantación del IMV, solo alcanza al 60% de las personas en pobreza severa en Aragón. Pero lo más preocupante, según Foessa, es el desconocimiento: el 57% de los hogares en pobreza severa afirma no haber recibido nunca información sobre esta prestación. “Existe un agujero informativo que deja fuera a quienes más lo necesitan”, advierte Fuentes.

Cáritas y Foessa reclaman políticas públicas ambiciosas, sostenidas en el tiempo y centradas en vivienda, empleo y garantía de ingresos. Consideran imprescindible recuperar una renta mínima autonómica sólida, complementaria al IMV, y situar la vivienda “en el centro de la política social”. “La exclusión refleja las fallas de un modelo que proclama derechos pero limita el apoyo”, señala Fuentes. Para Gómez, el reto es claro: “Una sociedad dualizada no progresa. Necesitamos un horizonte donde los derechos humanos y sociales estén garantizados para todos”.

Cáritas Comunitat Valenciana ha lanzado una seria alerta tras presentar este miércoles el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunitat Valenciana 2025: una de cada cinco familias del territorio vive hoy en situación de exclusión social, un dato que apenas ha variado desde 2018 pese a la recuperación económica.

El estudio, elaborado dentro de un proyecto estatal en el que participan 140 investigadores de 51 universidades, centros de investigación, fundaciones y entidades del Tercer Sector, concluye que quienes más sufrieron la crisis financiera de 2007 y el impacto de la COVID-19 “siguen sin recuperarse” y que, casi dos décadas después, una parte significativa de la población continúa sin ver mejoras reales en sus condiciones de vida.

La presentación del informe ha corrido a cargo de Marina Sánchez – Sierra Ramos, miembro del equipo técnico de la Fundación FOESSA, y María Moscardó Bolinches, referente del Informe FOESSA en la Comunitat Valenciana, acompañadas por Víctor Mellado Pomares, director de Cáritas Diocesana de Orihuela–Alicante y presidente de Cáritas Comunitat Valenciana.

Menos estabilidad, más precariedad y vivienda cada vez más inaccesible

El documento evidencia un deterioro progresivo de la estabilidad de los hogares valencianos: desde 2018, disminuye el número de familias que se mantienen fuera de la precariedad y crece el de quienes viven al límite. Entre las cifras más preocupantes destaca que el 48,3% de las personas que viven de alquiler está en riesgo de pobreza, un fenómeno agravado por el incremento del precio del alquiler, que se ha duplicado entre 2015 y 2024.

FOESSA advierte de que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema estructural: al destinar una mayor parte de sus ingresos al alquiler, los hogares reducen su capacidad de consumo en aspectos esenciales, acercándose peligrosamente a la pobreza. Para muchas familias acompañadas por Cáritas, alquilar una habitación —antes una solución temporal— se ha convertido en la única alternativa viable.

El estudio señala además que 1,2 millones de personas en la Comunitat Valenciana tienen dificultades asociadas a la vivienda, desde la imposibilidad de afrontar gastos imprevistos hasta problemas en la climatización, la falta de sistemas de evacuación de aguas residuales o la ausencia de agua caliente.

El empleo ya no garantiza condiciones de vida dignas

El Informe FOESSA confirma que la mejora global del empleo no está traduciendo en una vida mejor para amplias capas de trabajadores. Según la Encuesta EINSFOESSA, realizada a 603 familias valencianas, 126.000 hogares tienen a todos sus miembros activos en desempleo, y el 10,5% de las personas ocupadas se encuentra en exclusión social.

El mercado laboral valenciano sigue marcado por sectores de baja estabilidad, especialmente el turismo y la hostelería, donde la creación y destrucción de empleo se produce con extrema rapidez. Además, unas 120.000 personas ocupan empleos considerados de exclusión —venta ambulante, empleadas del hogar no cualificadas o trabajos eventuales agrícolas, entre otros—, lo que dificulta su acceso a una vida digna.

Los rostros de la exclusión: mujeres, menores, hogares monoparentales y población extranjera

El informe pone el foco en los perfiles más afectados por la exclusión social. Según FOESSA, esta impacta especialmente en hogares encabezados por mujeres sin estudios, personas desempleadas o de nacionalidad extranjera, así como en familias con menores, hogares monoparentales, sin ingresos o en pobreza severa.

La población extranjera es uno de los colectivos más castigados: el 45,4% de las personas de nacionalidad extranjera en la Comunitat se encuentran en exclusión social. El tamaño del hogar y su composición —especialmente las familias numerosas o monoparentales— son factores determinantes en el riesgo de exclusión.

El informe también alerta sobre la fragilidad de los vínculos comunitarios. 149.000 hogares valencianos carecen de redes de apoyo, lo que incrementa el aislamiento social. Las personas en exclusión tienen más del doble de probabilidades de estar desconectadas de su entorno vecinal, lo que agrava sus dificultades cotidianas.

Un modelo social agotado y la necesidad de un cambio de rumbo

FOESSA describe un modelo socioeconómico que “produce desigualdad, precariedad y fractura”, y que desgasta tanto a las personas como al planeta. Frente a ello, se identifican señales de esperanza en las redes comunitarias, los movimientos sociales y la solidaridad cotidiana.

El informe afirma que mantener las políticas actuales “nos conduce al colapso social y ecológico” y propone un cambio de paradigma hacia una sociedad basada en el cuidado, la interdependencia y la justicia social y ecológica. Para ello, reclama políticas públicas fuertes, integrales y estructurales que aborden las raíces de la desigualdad en ámbitos como la vivienda, el empleo, la protección social y la fiscalidad.

FOESSA plantea una encrucijada: continuar por la senda del individualismo y la desigualdad o apostar por un nuevo modelo de justicia y responsabilidad compartida. “Ese es el camino que, desde FOESSA y Cáritas, creemos posible y necesario”, han afirmado sus responsables.

Un informe con base sólida: encuestas a más de 12.000 hogares

El estudio forma parte del Informe FOESSA 2025, construido a partir de encuestas realizadas a más de 12.000 hogares en todo el país. Además del informe general, se han elaborado 22 informes territoriales con la participación de 40 investigadores, que serán presentados entre noviembre y febrero en todas las comunidades autónomas, Ceuta, Melilla, Ibiza, Albacete y la Diócesis de Barcelona.

La Fundación FOESSA, creada por Cáritas Española en 1965, tiene como misión analizar la realidad social, económica y cultural de España para contribuir a la transformación social.

Solo diez caras identificó el presidente de la Asociación de Vecinos del Natahoyo de Gijón, el pasado lunes, tras la inauguración de la capilla de San Esteban del Mar, cuando cientos de vecinos esperaron a la comitiva municipal para hacerles un escrache. ¿La intención?: reventar la propuesta municipal de trasladar de forma provisional a sesenta personas usuarias del Albergue Covadonga al barrio del Natahoyo, concretamente al Hogar de San José, una fundación que trabaja con adolescentes en riesgo de exclusión social, todo mientras el albergue se reforma y se pone en condiciones. Nunca más de dos años.

Hacía días que se mascaba la tragedia y se iban calentando los ánimos. Es más, los vecinos contrarios al traslado colgaron de sus ventanas trapos rojos en señal de protesta. “Nos llegaron mensajes muy preocupantes, denunciables; gente diciendo absolutas barbaridades”, concreta y apunta el portavoz vecinal. “Hasta llegué a atender a un vecino que, con un plano en la mano, aseguraba que traía un documento con los portales en los que iba a dormir la gente del albergue”, explica, consternando y decepcionado.

Los vecinos negociaron la seguridad

Fue el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón y presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, el que les notificó a los vecinos la propuesta de traslado. “Nos dijo que había que reformar el albergue y que se necesitaban trasladar a las personas al Hogar de San José y a la Residencia de los Jesuitas. Nosotros pusimos nuestras exigencias, y es que no queremos que haya gente deambulando por las calles, queremos seguridad y desde el Ayuntamiento nos lo garantizaron”.

Ese día, y tras negociar la vigilancia policial y privada en el barrio, los vecinos del Natahoyo habían quedado conformes. Pero el lunes, los ánimos saltaron por los aires durante la inauguración de la capilla de San Esteban del Mar. Al grito de “Moriyón dimisión” o “mentirosos”, los manifestantes fueron acompañando a la comitiva municipal durante varias calles, en lo que terminó siendo un escrache en toda regla.

La alcaldesa paraliza el traslado

“Fue un momento violento y desagradable”, reconoció, en un vídeo difundido en sus redes, la alcaldesa, y denunció que el traslado del Albergue Covadonga se ha visto “contaminado de mentiras, odio y silencios”. A renglón seguido, Moriyón daba por paralizado el traslado y aseguró que de su mano quedaba ahora buscar una solución.

Pero el caso es que los manifestantes argumentaron que les da “miedo que se mezclen los de allí con los menores” y afean a la alcaldesa que “en el año 2011 nos garantizaron que el albergue no se iba a instalar en el barrio”.

Se refieren los vecinos al proyecto que, en su día, echó a andar la, por aquel entonces, alcaldesa Paz Fernández Felegueroso (PSOE), que levantó un albergue en los aledaños del edificio de Proyecto Hombre, unas instalaciones impecables que nunca se llegaron a destinar a albergue por las movilizaciones vecinales. “Fueron PP y Foro los que, en aquella época, animaron a la gente a salir a protestar y ahora reciben su propia medicina”, explican desde la asociación de vecinos. Dice la alcaldesa que Gijón es una ciudad que “no deja a nadie atrás” y asegura que no reconoce a Gijón en el escrache del lunes.

Sospecha de la ultraderecha

Pero el grupo vecinal que se opone al traslado mantiene que su protesta fue espontánea y legítima, y defiende alternativas de realojo que dividan a los usuarios en grupos más pequeños, con acompañamiento profesional. Sin embargo, las fuentes municipales no descartan que sectores vinculados a la ultraderecha hayan amplificado el malestar, la misma sospecha que mantiene el presidente de la asociación de vecinos, aunque hace un apunte importante: “Gran parte de los que alentaron las protestas del 2011 son los de ahora”.

Mientras se buscan soluciones, los días van pasando en el Albergue Covadonga, el hogar de las personas que más lo necesitan, donde se sirve café, sopa y se da cama a quienes no disponen de un hogar. El albergue necesita una reforma urgente para seguir dando servicio a los usuarios. Se pregunta el presidente de la asociación de vecinos del Natahoyo: “¿Quién los va a querer ahora con todo lo que se ha formado?, ¿quiénes han azuzado el miedo? ¿Dónde irán...?”.