Participar para que la próxima legislatura responda a quienes más lo necesitan Las elecciones municipales y autonómicas de 2027 en Castilla-La Mancha marcarán decisiones que afectan al acceso a la vivienda, los servicios sociales y las oportunidades de vivir con dignidad. Para que la próxima legislatura reduzca la pobreza, los programas electorales deben construirse con las personas que la viven y traducirse en derechos efectivos, presupuestos suficientes y compromisos que puedan evaluarse.

La pobreza debe estar en el centro del debate público Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2025 el 34,0 % de la población de Castilla-La Mancha estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 25,7 % del conjunto de España. Son más de uno de cada tres ciudadanos. La tasa AROPE reúne tres dimensiones: riesgo de pobreza monetaria, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo. Basta encontrarse en una de ellas para formar parte del indicador; sus porcentajes no se suman.

Detrás de estos datos hay hogares que aplazan una factura para comprar alimentos, personas que no pueden asumir un alquiler y familias para las que aceptar un empleo depende de disponer de transporte o apoyos para los cuidados. Son situaciones que muestran cómo se acumulan las desventajas: la falta de ingresos limita el acceso a una vivienda y la inestabilidad residencial dificulta sostener un empleo o continuar los estudios.

La pobreza no puede explicarse como un fracaso individual, sino como la suma del deterioro de las condiciones del mercado de trabajo, el aumento del coste de la vivienda, la distribución de los cuidados y el acceso desigual a los servicios influyen en las oportunidades. Por eso, la respuesta necesita políticas coordinadas y una financiación capaz de sostenerlas durante toda la legislatura.

Qué se decide en las elecciones municipales y autonómicas de 2027

Las elecciones municipales determinan la composición de los ayuntamientos; las autonómicas, la de las Cortes de Castilla-La Mancha, que aprueban leyes y presupuestos y eligen a la Presidencia de la Junta. Ambas escalas importan porque las decisiones públicas se concretan en servicios, prioridades de gasto y condiciones de acceso.

En el ámbito municipal, competencias como la atención inmediata ante situaciones de exclusión, la vivienda de protección pública o el transporte urbano conectan con necesidades cotidianas. La capacidad de actuación depende del marco legal y de los recursos de cada municipio. En los pueblos pequeños, la cooperación con las diputaciones y la Junta resulta especialmente relevante.

En el ámbito autonómico se deciden políticas de vivienda, asistencia social y transporte regional, además de actuaciones educativas y sanitarias dentro de su marco competencial. Que un recurso exista en una norma no basta: su financiación, cobertura territorial y accesibilidad condicionan que llegue a quien lo necesita.

Somos conscientes de que ninguna administración puede resolver por sí sola todas las causas de la pobreza.

Los programas deben precisar qué corresponde al ayuntamiento, qué debe impulsar la Junta y qué requiere coordinación con el Estado. Esa claridad permite exigir responsabilidades y evita que las personas recorran distintas ventanillas sin encontrar una respuesta.

Escuchar la experiencia mejora las políticas públicas

Las estadísticas permiten conocer la dimensión de la desigualdad, pero la participación social aporta otro conocimiento imprescindible: por qué una ayuda no llega, qué trámite resulta inaccesible o por qué un servicio no encaja con la vida cotidiana. Una solicitud exclusivamente digital puede dejar fuera a quien carece de conexión; una cita distante puede ser inalcanzable para quien no dispone de transporte.

Incorporar esa experiencia desde el diseño de las medidas ayuda a detectar barreras y a corregir respuestas que, aun bien planteadas, fallan en su aplicación. Las personas en situación de pobreza son titulares de derechos y deben poder intervenir en la definición de los problemas, las prioridades y la evaluación de las soluciones.

La participación efectiva requiere condiciones materiales: información comprensible, accesibilidad, apoyos para el desplazamiento y los cuidados, horarios compatibles y alternativas presenciales. También exige una devolución clara sobre qué propuestas se incorporan y por qué otras no. Sin esa respuesta, la consulta corre el riesgo de convertirse en un trámite.

El XVII Encuentro Regional como espacio para construir propuestas

El XVII Encuentro Regional de Participación de EAPN-CLM, previsto para el 22 de septiembre de 2026 en Albacete, se sitúa en este proceso de reflexión y Participación colectiva. Permitirá trabajar propuestas desde la experiencia de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, conectándolas con las decisiones de la próxima legislatura.

El horizonte es trasladar esas aportaciones a los partidos políticos en las Cortes de Castilla-La Mancha con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el 17 de octubre. Para reforzar su alcance municipal, sería conveniente hacerlas llegar también a las candidaturas locales y concretar cuáles pueden desarrollarse en cada territorio.

El valor del encuentro estará en dar continuidad a ese trabajo: recoger las propuestas, identificar la administración responsable y establecer mecanismos para conocer su recorrido. La participación debe acompañar la elaboración de los programas y continuar durante la ejecución y evaluación de las políticas.

Prioridades sociales para la próxima legislatura

Las propuestas deben abordar problemas relacionados entre sí. Una mejora de ingresos puede perder su efecto si aumenta el alquiler; una oportunidad laboral puede resultar inviable sin cuidados o transporte.

Desde este enfoque integral, la agenda social de 2027 debería incorporar las siguientes prioridades:

De las promesas a los compromisos verificables

Los programas electorales deberían explicar para cada medida qué problema quieren resolver, a quién debe llegar, qué administración la ejecutará, con qué presupuesto y en qué plazo. También necesitan indicadores comprensibles: tiempos de espera, hogares que acceden a una vivienda, solicitudes atendidas o cobertura de servicios en el medio rural.

El seguimiento debe incorporar a las personas afectadas y publicar avances y dificultades. Contar reuniones o ayudas concedidas es insuficiente si no sabemos si mejora la estabilidad de los hogares o disminuyen las barreras de acceso. La rendición de cuentas permite corregir políticas antes de que termine la legislatura.

Desde el enfoque de EAPN-CLM, la participación social es una herramienta de calidad democrática y de lucha contra la exclusión. Las elecciones de 2027 ofrecen una oportunidad para situarla en el origen de las decisiones. Construir una Castilla-La Mancha con menos pobreza exige escuchar a quienes la viven y convertir ese conocimiento en políticas con recursos, continuidad y resultados.

Se llamaba Marta. Tenía 70 años. Por edad y género, podría haber sido mi tía. O la madre de cualquier amigo cercano. Tu abuela, quizás. Pero era una señora mayor de Triana que pasaba las noches en un trastero de seis metros cuadrados, sin ventanas ni cuarto de baño. Un trastero de la calle Tejares en el que murió, sola, a finales de agosto.

Digo pasar las noches, porque vivir es demasiado para definir la situación de esta mujer, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en avanzado estado de descomposición por la Policía Nacional el 27 de agosto tras la llamada de un vecino avisando de un fuerte olor procedente del trastero.

Marta tenía algo parecido a un superpoder en estos últimos tiempos. Se había convertido en una persona invisible. Entraba y salía a diario de ese trastero que había alquilado hace cuatro meses, pero apenas nadie en el edificio sabía nada de ella, de su vida ni de sus circunstancias.

Era usuaria habitual del Centro de Participación Activa de Triana, al que acudía regularmente a comer. El trastero, imagino, era el último recurso al que podía acceder con el escaso dinero que pudiera manejar antes que dormir al raso, en la calle, un escenario en el que no suele ocurrir nada bueno.

La muerte de Marta saltó a los titulares de prensa y a los informativos de televisión a finales de agosto, en una época en la que hay pocas informaciones y casi cualquier suceso se hace un hueco.

Pasados unos días, apenas nadie recordará ya su muerte pero a mí me dejó una profunda huella, una pena honda al imaginar qué pudo llevarla a una situación tan límite como para acabar durmiendo en un trastero, y un sentimiento de aviso por la fragilidad que esconden nuestras aparentes seguridades laborales y económicas, que pueden torcerse en cualquier momento y dejarnos a la intemperie de esta sociedad capitalista que devora vidas como temporadas de ropa del Zara.

Los factores de riesgo son múltiples: el desempleo, la falta de acceso a la vivienda, las adicciones, la salud mental… pero también la ruptura o debilidad de los lazos familiares y de las redes comunitarias de apoyo, lo que deja a la persona sin contención ante situaciones de crisis

Sería sólo un problema financiero, una cuestión de salud o adicciones, enfermedad mental… ¿Tendría familia? ¿Alguna pareja o ex pareja? ¿Hijos o nietos? ¿Qué pasó para que esta señora acabara tan mal? Cualquier historia que imagino es peor que la anterior.

Pero sería similar a la de muchas personas que viven a nuestro alrededor y a las que, como a Marta, hemos vuelto invisibles. Y este es un defecto, un problema social, en el que yo también me incluyo. Se llama aporofobia y se define como el miedo, rechazo o aversión hacia la pobreza y hacia las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Lo que viene siendo mirar para otro lado, vamos.

Aún con menos suerte que Marta hay en Sevilla más de 700 personas, según cálculos del Ayuntamiento y de Cáritas conocidos el pasado junio. Hombres y mujeres que, en una situación peor que la de Marta, no tienen ni para pagarse una habitación de hostal o un trastero y directamente pasan las noches en la calle. ¿Cuántas más estarán al límite, pendientes de un hilo, para quedar definitivamente al margen de nuestra sociedad?

Un tercio de la población sevillana se encuentra en riesgo de exclusión social, según datos recientes de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía); hasta un 45% de quienes viven en régimen de alquiler.

Los factores de riesgo son múltiples: el desempleo, la falta de acceso a la vivienda, las adicciones, la salud mental… pero también la ruptura o debilidad de los lazos familiares y de las redes comunitarias de apoyo, lo que deja a la persona sin contención ante situaciones de crisis.

En una sociedad capitalista y opulenta como la nuestra, en la que la exhibición de la riqueza y la acumulación de bienes son un signo de estatus, la pobreza existe. Y, muchas veces, quienes la sufren la viven con vergüenza. La ocultan a los más cercanos, familiares y amigos, por miedo al qué dirán o pensarán de ellos, sin atreverse a pedir ayuda. Y, el día menos pensado, se ven solos y tan desesperados que no tienen más remedio que alquilar un trastero, o buscar un rincón protegido del viento, para pasar la noche. Como Marta. Como tantos otros.

Mientras, cuando nos cruzamos con alguno de ellos, saliendo del súper de hacer la compra o desde la terraza de un bar tomando unas copas, miramos hacia otro lado, cruzamos los dedos y nos alegramos de que, por ahora, nos vaya bien y no nos haya tocado a nosotros.

Cinco personas se sientan alrededor de una mesa en una de las aulas de la Nau Bostik, en Barcelona. Van a clase para aprender darija, la variedad del árabe que se habla en Marruecos. Quien guía la sesión es Talal El Khalloufy, un joven marroquí de 26 años que llegó solo a Catalunya hace tres años y que hoy enseña su lengua materna gracias a Prollema, un proyecto de la asociación La Muga que forma y remunera a jóvenes migrantes para que impartan clases de sus idiomas de origen.

“No queremos que nos vean solo como personas que necesitan ayuda. Los jóvenes migrantes podemos aportar mucho a la sociedad”, resalta Talal. En la misma línea opina Hadjer Rahou, joven argelina de 25 años que da clases en Girona de darija y árabe clásico: “Muchas veces la gente no es consciente de que tenemos potencial. Solo necesitamos que alguien nos escuche y valore nuestra formación y capacidades”.

En un momento de la clase que imparte Talal, una de las asistentes comenta que algunas palabras le recuerdan al catalán, lo que da pie a una conversación sobre los vínculos históricos entre las lenguas, y alumnos y profesor empiezan a buscar ejemplos: tawla recuerda a taula, c a balcó y blassa a plaça. Durante dos horas, los alumnos practican expresiones cotidianas, aprenden léxico y gramática, corrigen la pronunciación y hacen preguntas sobre la cultura marroquí.

“Pensaba que a nadie le interesaría nuestra lengua por la imagen negativa que a veces se tiene de nosotros. Descubrir que hay personas que quieren aprenderla cambia por completo la forma en que te sientes acogido”, afirma Amine Oubihi, otro de los jóvenes vinculados al proyecto.

Los alumnos de Talal cursan el intensivo que la fundación ha organizado durante el mes de julio en Barcelona. Consiste en dos sesiones semanales de dos horas durante un mes. A lo largo del año también se organizan cursos en Girona y Tarragona. Todos los profesores son jóvenes que emigraron solos y que, antes de incorporarse al proyecto, se encontraban en situación de exclusión social. Prollema les ofrece una formación que les capacita para impartir clases de sus lenguas maternas.

“Queríamos cambiar la mirada infantilizada y asistencialista con la que se suele acompañar a los jóvenes migrantes: dejar de verlos como objetos para reconocerlos como sujetos con voz, historias, experiencias y capacidad de decisión”, explican desde la asociación.

El proyecto, nacido en 2015 dentro de la asociación cultural La Muga, ofrece un salario a los docentes, además de una formación teórica y práctica de cinco meses que les habilita para impartir clases. Entre las lenguas que se enseñan se encuentran el amazig del Rif, el árabe clásico, el darija, el fula, el wolof y el mandinká. La entidad se financia con subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, además de las cuotas de los alumnos.

“Cuando llegas sola y sin papeles sientes que no tienes un lugar en la sociedad y que no vales nada, y proyectos como este te permiten demostrar quién eres”, señala Hadjer. “Quiero que la gente vea que las personas migrantes también podemos tener estudios o una carrera universitaria”. Para ella, dar clases es una forma de romper los estereotipos que todavía pesan sobre quienes migran.

Licenciada en Traducción e Interpretación en Argelia, se vio obligada a emigrar a España en busca de mejores condiciones económicas para ayudar a su familia. “Yo no he venido aquí porque quiera viajar, sino porque no me quedaba otra opción”, asegura. Mientras espera la regularización de su situación administrativa, sueña con poder trabajar con contrato y seguir ayudando a su familia para, algún día, regresar a su tierra.

“Las personas migrantes muchas veces no necesitamos solo dinero, sino que alguien nos escuche, nos entienda y nos dé la oportunidad de construir una nueva vida”, añade. Desde Prollema recalcan que su objetivo es que los jóvenes se sientan “escuchados, acompañados y capaces de proyectar un futuro”.

Talal llegó a Catalunya hace tres años desde Fez, su ciudad natal. Tras pasar varias noches durmiendo al raso por las calles de Girona, su educadora social le habló del proyecto y decidió apuntarse. Después de completar la formación y las prácticas, empezó a dar clases el año pasado.

Además de formación y empleo, Prollema también ofrece alojamiento mientras los jóvenes avanzan en su proceso de integración. Actualmente, Talal reside en la Nau Bostik, un centro cultural y social autogestionado en el barrio barcelonés de La Sagrera, el mismo lugar donde se imparten las clases. Allí también vivió durante un tiempo Amine, junto a otros participantes del proyecto.

La idea es que permanezcan allí hasta contar con unos ingresos estables que les permitan acceder a un alquiler. Los ingresos que obtienen con las clases no siempre son regulares, ya que no todos los meses hay suficientes grupos.

Otro de los aspectos que más valoran los jóvenes que dar clases va mucho más allá de la remuneración económica. Talal pasó una etapa especialmente dura durante su proceso de integración por el hecho de estar solo y sentirse discriminado. “Me afectó muchísimo sufrir discriminación. Más de una vez, cuando paso por delante de alguien, esconde el bolso, o si me siento en un banco o en un asiento, se levantan y se marchan”.

En ese contexto, asegura que empezar a dar clases en Prollema fue un refugio. “Para mí, Prollema es una joya. Me ayudó a coger fuerzas para seguir adelante. Ahora me siento mucho mejor y estoy viviendo una etapa muy bonita. Después de pasarlo realmente mal al principio de mi llegada, lo único que buscaba era, además de una tranquilidad económica, sentirme válido como persona”.

Amine destaca las relaciones personales que ha construido, tanto con otros jóvenes que atraviesan situaciones similares como con alumnos catalanes. “Más allá del trabajo o del intercambio cultural, cuando acabas de llegar y no conoces a nadie, lo que necesitas es una red de apoyo”. “Si no tienes a tu familia, a tus amigos ni a nadie que te apoye, es muy fácil acabar mal en un país extranjero”, sentencia.

Otro de los pilares de la iniciativa es que los jóvenes puedan conservar su identidad mientras construyen su nueva vida en Catalunya. “Una buena acogida es aquella que te permite construir un futuro sin tener que renunciar a quién eres”, señalan desde la asociación. Hadjer lo resume con claridad: “Pensar que porque una persona lleve hijab significa que no se integra en la sociedad es ignorancia pura. Yo hablo catalán y castellano, quiero trabajar y aportar mis cualidades aquí en Catalunya”.

Desde Prollema insisten en que no se trata de “dejar atrás la lengua, la cultura o la identidad para integrarse”, sino de poder conservarlas mientras se adquieren “las herramientas necesarias para formar parte de la comunidad”.

És mig matí i el sol cau a plom sobre el barri palmesà de Son Cladera. Amb prou feines hi ha moviment als carrers, només el murmuri que arriba des d'una petita plaça on, assegudes a la terrassa d'un bar de tota la vida, conversen diverses dones. Des de fa dues setmanes, aquest és el seu punt de trobada habitual. L'anterior el van perdre el passat 2 de juliol, quan una comissió judicial, acompanyada per agents de la Policia Nacional, va executar el desallotjament de La Cala, el local on, durant més de tres dècades, van ballar, jugar al bingo, celebrar dinars populars i, sobretot, van trobar companyia. Allà on, fins fa dues setmanes, els veïns entraven i sortien constantment, avui només hi queda una persiana abaixada. “Han llevat la diversió a molta gent”, lamenta Fidela, una de les antigues usuàries.

A Son Cladera, un barri de 7.500 habitants sorgit a mitjan anys seixanta arran de l'expansió urbana de Palma, la ferida del desallotjament continua ben oberta. El que va començar com un litigi entre l'associació de gent gran i la propietat de l'immoble ha acabat convertint-se en el reflex d'un malestar més profund: el d'un veïnat que veu desaparèixer progressivament els espais que articulaven la vida comunitària i altres serveis bàsics, com les sucursals bancàries. “A més del casal, ens han llevat els dos bancs que teníem. Ara depenem dels nostres familiars per poder anar a treure doblers”, explica Fidela.

Fidela Pedregal feia dècades que estava vinculada al casal, que comptava amb més de 300 usuaris. Hi anava dues vegades per setmana “per això del cap” -en referència als tallers de memòria- i compartia les tardes amb altres veïns entre activitats, festes i partides de bingo. Asseguda a la terrassa del bar Màlaga, on cada matí es reuneix amb Josefa, Leonor i altres veïnes que també freqüentaven La Cala, lamenta que el tancament ha deixat moltes persones grans del barri “sense cap lloc on anar-hi”. Considera que, d'un dia per l'altre, ha desaparegut un espai que durant anys havia servit per combatre la soledat i mantenir activa la gent gran. “Ens han abandonat”, conclou.

A més del casal, ens han pres els dos bancs que teníem. Ara depenem dels nostres familiars per poder anar a treure diners

Fidela — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

El passat 2 de juliol, mentre desenes d'usuaris participaven en un taller de memòria, la comitiva judicial i els efectius policials van irrompre a l'edifici per executar el llançament. En qüestió de minuts, les activitats van quedar interrompudes i els assistents van haver d'abandonar el local entre el desconcert i la incertesa. Els cartells de balls, excursions i tallers que encara pengen a les finestres són l'únic vestigi de la intensa activitat que durant dècades va acollir el casal, avui convertit en el símbol d'una realitat que va més enllà d'aquest cas i que planteja interrogants sobre el futur dels espais comunitaris per a la gent gran i la vulnerabilitat de nombroses associacions que desenvolupen la seva tasca social en immobles de titularitat privada.

L'origen del conflicte es remunta al deute acumulat per l'anterior junta directiva amb la Fundació Sa Nostra, propietària de l'immoble des del 2020. Després de diversos impagaments del lloguer, la Fundació va iniciar un procediment judicial per recuperar la possessió del local. El 2024, ambdues parts van assolir un acord que va permetre suspendre un primer llançament i va donar marge a la nova junta gestora per intentar regularitzar la situació econòmica. A canvi, l'associació assumia una sèrie d'obligacions, entre les quals el pagament d'un lloguer de 2.200 euros mensuals, una quantitat destinada a cobrir tant la renda ordinària com l'amortització progressiva del deute acumulat, que rondava els 30.000 euros. El pacte va ser avalat per l'assemblea de socis, tot i que una part dels associats s'hi va oposar en considerar que deixava l'entitat en una situació de vulnerabilitat davant la propietat. Finalment, però, el desnonament es va acabar executant.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb la Fundació Sa Nostra per conèixer, entre altres qüestions, quines comunicacions va mantenir amb l'associació gestora en relació amb la data del desallotjament, quins incompliments concrets van motivar finalment l'execució del llançament, si es van plantejar alternatives per evitar-lo un cop iniciat el procediment judicial i quin ús preveu donar a l'immoble a partir d'ara. Tanmateix, no ha obtingut resposta fins al moment de la publicació d'aquest reportatge.

“Només queden els metges i tres farmàcies”

Al costat de Fidela seu Josefa, que confessa que troba a faltar la rutina que durant anys va marcar les seves tardes. Anava al casal per jugar al bingo, comprar loteria i compartir unes hores amb els seus veïns, tot i que reconeix que evitava tornar sola a casa quan es feia fosc perquè el trajecte li feia por. No va presenciar el desallotjament, ja que es va produir al matí, però ha reconstruït el que va passar a partir dels relats dels seus antics companys i dels vídeos que van circular ràpidament pel barri.

“Hi havia persones que van haver de sortir de pressa amb el tacataca i els cotxets. Va ser una falta de respecte. Diuen que arreglaran la situació, però no ho sé. M'han dit que ja han comprat el local per fer-hi pisos”, afirma. Per a ella, el tancament del casal és un episodi més del progressiu abandonament que, al seu parer, pateix Son Cladera. “L'únic que ens queda són els metges i tres farmàcies”, lamenta, convençuda que les persones grans són les principals perjudicades.

“M'han mort”, afirma en la mateixa línia Isabel, a punt de fer 90 anys. Al portal de casa seva, a pocs metres del casal, descriu el tancament com un dur cop a la seva rutina. Recorda les tardes de bingo, els tallers de memòria i les converses que, fins fa tot just unes setmanes, omplien el local. Hi participava en les activitats de memòria i hi passava les tardes jugant al bingo abans de tornar a casa.

Asseguda al costat de Fidela i Josefa, Leonor explica que estava vinculada al casal des de pràcticament els seus inicis. Recorda que l'associació va començar en un local més petit abans de traslladar-se a l'edifici del qual ara ha estat desallotjada. “Era molt gran: tenia un menjador enorme, una cuina enorme i un pati molt gran”, rememora. Cada diumenge s'hi organitzaven dinars, s'hi celebraven festes i actes com la darrera missa rociera. “Els dissabtes feien pa i bunyols. Ens donava la vida”, recorda amb nostàlgia, resumint en una sola frase la intensa activitat social que durant dècades va acollir el casal.

Els dissabtes feien pa i bunyols. Ens donava la vida

Leonor — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

L'Ana també troba a faltar la rutina que havia construït al voltant de La Cala. Hi jugava al bingo, llegia la premsa i, sobretot, hi trobava un espai on conversar amb les seves amigues. Ara confia que l'associació aconsegueixi un nou local on reprendre les activitats. “Tant de bo en trobin un altre. És una pena el que ha passat”, lamenta. Al seu parer, el tancament del casal se suma a la desaparició d'altres serveis essencials a Son Cladera, com les oficines bancàries, una circumstància que, assegura, ha incrementat la dependència de moltes persones grans. “Ara depenen d'algú que els dugui a algun lloc o que els faci les gestions”, resumeix.

Tant de bo trobin un altre local. És una pena el que ha passat

Ana — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

“Els barris no interessen”

En un banc de la mateixa plaça, en José i en Salvador xerren amb altres veïns. En José lamenta que el tancament ha perjudicat persones grans com un dels seus familiars, que assistia amb freqüència als tallers de memòria i que, després del desnonament, ara depèn que les seves filles l'acompanyin a un altre centre. “Tot sol no hi pot anar”, explica, convençut que el desnonament ha complicat la vida quotidiana de molts usuaris que trobaven a La Cala un espai proper i accessible.

En Salvador, per la seva banda, sosté que el problema reflecteix l'abandonament que, al seu parer, pateix Son Cladera. Lamenta la desaparició de serveis al barri, critica la manca de presència policial i retreu a les administracions que no hagin trobat una solució abans del desnonament. “Els barris no interessen”, afirma. També defensa que l'associació havia aconseguit sanejar la seva situació econòmica i considera que les persones grans han acabat pagant les conseqüències d'un conflicte que, segons ell, s'hauria pogut resoldre d'una altra manera.

La junta gestora: “Seguirem lluitant”

La presidenta de la junta gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, assegura que l'associació no dona la batalla per perduda. “Continuarem lluitant”, afirma en declaracions a elDiario.es, convençuda que encara hi ha opcions per recuperar el casal. Sosté, fins i tot, que el cas podria establir un precedent per a altres entitats. Coronado confia que el tancament no sigui definitiu, ja que, després del llançament, van rebre una comunicació del jutjat en què se'ls informava que revisaria la documentació del procediment i que els havia concedit un termini d'entre quatre i deu dies hàbils per fer-ho.

Tot i això, lamenta que la resolució s'estigui endarrerint a causa del període de vacances. “Ens ho prendrem com unes vacances i esperarem, perquè continuarem lluitant”, assenyala, tot i que reconeix que l'espera “es fa eterna” per a uns usuaris que fa setmanes que no poden accedir al local.

En aquest sentit, lamenta que qui més està patint les conseqüències del tancament són les persones grans. “Ara no saben on anar”, afirma. Explica que moltes hi acudien cada tarda per refugiar-se de la calor, compartir unes hores de companyia i participar en tallers o activitats lúdiques. “Els han pres això”, lamenta. Al seu parer, el tancament del local s'afegeix a la desaparició d'altres serveis bàsics del barri, com les sucursals bancàries, una situació que, assegura, deixa molts veïns d'edat avançada en una posició de més dependència. “Els han deixat abandonats”, conclou.

En els darrers anys s'han succeït les protestes, les concentracions i les crides per evitar el desnonament de La Cala. Després de conèixer la demanda de desnonament, l'Associació de Veïns de Son Cladera es va bolcar en la defensa del casal i va començar a organitzar mobilitzacions i campanyes de suport per intentar aturar-ne el tancament. “Avui són ells els qui fan fora; però demà tots serem grans i ens agradaria mantenir els nostres espais de convivència amb seguretat jurídica i una política social humanitària, sabent que es respecten els drets i les obligacions de tothom”, expressava l'entitat en un missatge difós a Facebook l'abril de 2024.

La presidenta de la gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, lamenta que els qui més estan patint les conseqüències del tancament són els més grans: "Ara no saben on anar". Explica que molts acudien cada tarda al casal per escapar de la calor, compartir unes hores de companyia i participar en tallers o activitats lúdiques

Després del desallotjament del casal, diversos socis i veïns de Son Cladera han fet públiques cartes obertes en què qüestionen tant l'actuació de la Fundació Sa Nostra com la gestió de l'advocat de l'associació. Un dels socis, Juan Sánchez, retreu a la Fundació que trenqués amb el model de cessió gratuïta del local, vigent durant tres dècades, després d'assumir-ne la gestió el 2020 i d'imposar un contracte de lloguer a l'associació. Segons explica, el deute es va generar durant el mandat de l'anterior junta directiva, que va deixar de pagar les rendes, i va ser la posterior junta gestora la que va assumir el compromís de sanejar la situació econòmica i garantir la continuïtat de l'activitat del casal.

Sánchez defensa que, durant els dos últims anys, l'associació ha abonat pràcticament tot el deute acumulat després de duplicar la quota mensual que pagava a la Fundació. Per això, considera que el desallotjament no respon a un impagament, sinó a la voluntat de recuperar l'immoble. A la carta també acusa la Fundació Sa Nostra d'haver aprofitat el contracte signat amb la junta gestora per recuperar el local i deixar “al carrer” més de 250 persones grans, una actuació que considera incompatible amb els fins socials que proclama l'entitat i que, al seu parer, contradiu l'esperit dels seus propis estatuts.

D'altra banda, assegura que la voluntat majoritària de l'assemblea era esgotar totes les vies per continuar al local, inclosa la possibilitat de resistir-se al llançament si calia. En referència a l'advocat de la junta gestora, li retreu no haver informat els socis de la data prevista per a l'execució del desnonament. “Si hagués avisat del que faria el jutge, quan el jutge es va presentar al local l'hauria trobat ple de gent negant-se a sortir”, escriu.

Coronado, tanmateix, rebutja aquestes crítiques i assegura que el desallotjament va agafar per sorpresa fins i tot la mateixa entitat, ja que la comunicació judicial va arribar amb molt poc marge. Segons explica, el lletrat va rebre la notificació la tarda anterior i, quan van voler reaccionar, la comissió judicial ja s'havia presentat al casal a primera hora del matí. “No va donar temps a res. No entenem que actuïn d'aquesta manera”, lamenta. La presidenta de la junta gestora insisteix que la prioritat de l'entitat sempre ha estat defensar els interessos dels usuaris i assegura que continuaran lluitant per recuperar el local.

Possible cessió municipal

Per la seva banda, consultades per aquest diari, fonts de l'Ajuntament de Palma expliquen que el Consistori va posar, en el seu moment, el Casal de Barri de Son Cladera a disposició dels responsables de La Cala, però que l'entitat va rebutjar la proposta. L'Ajuntament recorda que el seu paper consisteix a cedir espais municipals perquè s'hi puguin desenvolupar activitats.

Coronado, tanmateix, retreu que el que es va posar sobre la taula va ser únicament una sala insuficient per desenvolupar l'activitat habitual de La Cala. “No era adequada per al que nosaltres fem”, sosté. Assegura que tècnics municipals van arribar a estudiar la possibilitat d'ampliar aquest espai, però van concloure que no era viable. La presidenta de la junta gestora recorda que el casal acollia activitats diàries i reunia un nombre d'usuaris molt superior al que podia assumir aquell equipament.

Desallotjament “inhumà” i “antidemocràtic”

La Unió d'Associacions de Mallorca (UAM) també s'ha sumat a les crítiques pel desallotjament del casal de La Cala. En un comunicat públic signat pel seu president, Pere Felip Buades, l'entitat assegura que no pot quedar-se “amb els braços plegats” davant el “tancament inadequat i infame” del local, “màxim tenint en compte que La Cala és l'associació de persones grans que més activitats duu a terme” i que aplega el nombre més gran de socis i sòcies de les Illes Balears. Tot i assegurar que respecta la resolució judicial que ha permès executar el llançament, afirma que no la comparteix i la qualifica d'“inhumana”, “anticristiana”, “antidemocràtica”, “immoral”, “caciquil” i “il·legal”.

Així mateix, l'organització ha reptat públicament la Fundació Sa Nostra a mantenir un debat públic “quan vulgui i on vulgui, amb la finalitat d'exposar lliurement i democràticament els respectius punts de vista”. En la mateixa nota, adverteix que, si l'entitat declina participar-hi, interpretarà aquesta decisió com una manca de voluntat d'oferir explicacions públiques sobre el cas.

La UAM assenyala, a més, que aquest assumpte serà abordat en el ple municipal d'aquest mes de juliol i sosté que tots els grups polítics tenen el deure de posicionar-se en defensa de l'associació. “Aquí no valdran les abstencions”, afirma en un altre comunicat, en què considera que no donar suport a La Cala equivaldria a girar l'esquena a una entitat que defineix com a “modèlica” i un “referent” del moviment associatiu de les Illes Balears.

Manca de mobilització social

Mentrestant, Stop Desnonaments Mallorca ha carregat durament contra el desallotjament del casal de persones grans de Son Cladera, que qualifica de “brutal”, i responsabilitza la propietària de l'immoble del que ha passat. La plataforma recorda que durant els darrers anys ha donat suport a les reivindicacions de l'associació per conservar el local, difonent les convocatòries i participant, en la mesura de les seves possibilitats, en les mobilitzacions organitzades en defensa del casal. Tot i això, el col·lectiu també marca distàncies amb la gestió de l'actual direcció de l'associació. Al seu parer, tant la majoria de la junta directiva com l'assemblea de socis que va donar suport a l'acord subscrit el 2024 amb la Fundació Sa Nostra “es van equivocar”.

L'organització lamenta que, en la reunió en què es va aprovar aquell acord, prevalgués el criteri de l'advocat per damunt del d'altres socis que, tot i no ser juristes, comptaven, segons sosté el col·lectiu, amb assessorament jurídic i amb l'experiència acumulada després d'anys de lluita veïnal. Al seu entendre, la direcció també es va equivocar en no tornar a convocar els socis per valorar l'evolució del conflicte i en optar per transmetre un missatge de tranquil·litat mentre el procediment judicial continuava avançant. Així mateix, sosté que la manca d'informació prèvia sobre la data del llançament va impedir organitzar una mobilització veïnal que, segons defensa, hauria pogut intentar evitar el desallotjament.

En aquest context, el col·lectiu defensa que l'estratègia per recuperar el casal s'ha de basar en la mobilització social i en la col·laboració entre entitats, i aposta per obrir una nova etapa sustentada en la unitat del barri. Amb aquest objectiu, ha demanat la convocatòria d'una reunió pública entre la junta de l'associació de persones grans, Stop Desnonaments SONKLA, l'Associació de Veïns de Son Cladera i qualsevol altre col·lectiu o veí que vulgui sumar-se a la defensa del casal.

“Esperem que, pel bé de l'associació, del casal i de les persones grans, la junta rectifiqui i passi a confiar en la mobilització del barri i en les aliances amb altres col·lectius que volem donar suport a la recuperació del local i a la defensa d'un barri digne”, subratlla. La plataforma reivindica la necessitat que les decisions puguin ser debatudes i qüestionades dins els moviments veïnals i socials i reitera la seva disposició a continuar donant suport a la recuperació d'un espai que considera fonamental per a la vida comunitària de Son Cladera.

Més enllà de la batalla judicial, Josefa, Ana, Isabel, Leonor i la resta d'usuaris del casal comparteixen una mateixa reivindicació: recuperar un espai que consideren imprescindible per mantenir viva la convivència a Son Cladera. Per a ells, La Cala no era només un casal de persones grans; era el lloc on omplien les tardes, feien amistats i continuaven sentint-se part d'un barri que avui, diuen, és una mica més pobre que fa dues setmanes. “Jo ja vaig cap als noranta anys i això era l'únic que tenia per sortir de casa”, conclou Isabel.

Es media mañana y el sol cae a plomo sobre la barriada palmesana de Son Cladera. Apenas hay movimiento en las calles, solo el murmullo que llega desde una pequeña plaza donde, sentadas en la terraza de un bar de toda la vida, conversan varias mujeres. Desde hace dos semanas es su punto de encuentro habitual. El anterior lo perdieron el pasado 2 de julio, cuando una comisión judicial y varios agentes de la Policía Nacional ejecutaron el desalojo de La Cala, el local en el que, durante más de tres décadas, bailaron, jugaron al bingo, celebraron comidas populares y, sobre todo, encontraron compañía. Allí donde, hasta hace dos semanas, los vecinos entraban y salían, hoy solo queda una persiana bajada. “Han quitado la diversión de mucha gente”, lamenta Fidela, una de las antiguas usuarias.

En Son Cladera, un barrio de 7.500 habitantes surgido a mediados de los sesenta al calor de la expansión urbana de Palma, la herida del desalojo aún continúa abierta. Y es que lo que comenzó como un litigio entre la asociación de mayores y la propiedad del inmueble ha acabado convirtiéndose en la máxima expresión de un malestar más profundo: el de un vecindario que llora la desaparición progresiva de los espacios que articulaban su vida comunitaria y la pérdida de otros servicios básicos como las sucursales bancarias. “Además del casal, nos han quitado los dos bancos que teníamos. Ahora dependemos de nuestros familiares para poder ir a sacar dinero”, prosigue Fidela.

Fidela Pedregal llevaba décadas vinculada al casal, que contaba con más de 300 usuarios. Allí acudía dos veces por semana “para lo de la cabeza” -en alusión a los talleres de memoria- y compartía las tardes con otros vecinos entre actividades, fiestas y partidas de bingo. Sentada en la terraza del bar Málaga, donde cada mañana se reúne con Josefa, Leonor y otras vecinas que también frecuentaban La Cala, lamenta que el cierre ha dejado a muchas personas mayores del barrio “sin sitio a donde ir”, recriminando que un espacio que durante años sirvió para combatir la soledad y mantener activa a la gente mayor haya desaparecido de un día para otro. “Nos han abandonado”, abunda.

Además del casal, nos han quitado los dos bancos que teníamos. Ahora dependemos de nuestros familiares para poder ir a sacar dinero

Fidela — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

El pasado 2 de julio, mientras decenas de usuarios participaban en un taller de memoria, la comitiva judicial y los efectivos policiales irrumpieron en el edificio para ejecutar el lanzamiento. En cuestión de minutos, las actividades quedaron interrumpidas y los asistentes tuvieron que abandonar el local entre el desconcierto y la incertidumbre. Los carteles de bailes, excursiones y talleres que aún cuelgan de las ventanas son el único vestigio de la intensa actividad que durante décadas acogió el casal, reconvertido en el símbolo de una realidad que va más allá del caso y que plantea interrogantes en torno al futuro de los espacios comunitarios para las personas mayores y sobre la vulnerabilidad de numerosas asociaciones que desarrollan su labor social en inmuebles de titularidad privada.

En cuestión de minutos, las actividades quedaron interrumpidas y los asistentes tuvieron que abandonar el local entre el desconcierto y la incertidumbre

El origen del conflicto se remonta a la deuda acumulada por la anterior junta directiva con la Fundació Sa Nostra, propietaria del inmueble desde 2020. Tras varios impagos del alquiler, la Fundació inició un procedimiento judicial para recuperar el local. En 2024, ambas partes alcanzaron un acuerdo que permitió suspender un primer intento de desalojo y dio margen a la nueva junta gestora para intentar regularizar la situación económica. A cambio, la asociación asumía una serie de obligaciones, entre ellas el pago de un arrendamiento de 2.200 euros al mes, una cantidad destinada a cubrir tanto la renta corriente como la amortización progresiva de la deuda acumulada, que rondaba los 30.000. El pacto fue respaldado por la asamblea de socios, pero una parte de los asociados se opuso al considerar que dejaba a la entidad en una posición de vulnerabilidad frente a la propiedad. El desahucio, finalmente, acabó por llegar.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Fundació Sa Nostra para conocer, entre otras cuestiones, qué comunicaciones mantuvo con la asociación gestora respecto a la fecha del desalojo, qué incumplimientos concretos motivaron finalmente la ejecución del mismo, si existieron propuestas o alternativas para evitarlo una vez iniciado el procedimiento judicial y qué uso tiene previsto dar al inmueble a partir de ahora, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento de la publicación de este reportaje.

“Solo quedan los médicos y tres farmacias”

Al lado de Fidela está sentada Josefa, quien confiesa que echa de menos la rutina que durante años marcó sus tardes. Acudía al casal para jugar al bingo, comprar la lotería y compartir unas horas con sus vecinos, aunque reconoce que evitaba volver sola de noche porque el camino hasta su casa le daba miedo. No presenció el desalojo, ya que se produjo por la mañana, pero ha escuchado a sus antiguos compañeros narrar lo sucedido, plasmado además en varios vídeos que corrieron como la pólvora.

“Había personas que tuvieron que salir deprisa con el tacataca y los carritos. Fue una falta de respeto. Dicen que recompondrán la situación, pero no lo sé. Me han dicho que ya han comprado el local para hacer pisos”, prosigue. Para ella, el cierre del casal es un capítulo más del progresivo abandono que, a su juicio, sufre Son Cladera. “Lo único que nos queda son los médicos y tres farmacias”, denuncia, convencida de que las personas mayores son las principales perjudicadas.

“A mí me han matado”, afirma en la misma línea Isabel, a punto de cumplir 90 años. En el portal de su casa, próximo al casal, describe el cierre como un duro golpe a su día a día mientras recuerda las tardes de bingo, los talleres de memoria y las conversaciones que hasta hace apenas unas semanas llenaban el local. Allí participaba en las actividades de memoria y pasaba ratos jugando al bingo antes de regresar a casa.

Sentada junto a Fidela y Josefa, Leonor explica que llevaba vinculada al casal desde prácticamente sus orígenes. Recuerda que el club comenzó en un local más pequeño hasta trasladarse al edificio del que ahora ha sido desalojado. “Era muy grande: tenía un comedor muy grande, una cocina muy grande, un patio grande”, rememora. Allí se celebraban comidas dominicales, fiestas y actos como la última misa rociera. “Los sábados hacían pan y bollitos. Nos daba la vida”, recuerda, resumiendo con nostalgia la intensa actividad social que albergabael edificio.

Los sábados hacían pan y bollitos. Nos daba la vida

Leonor — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

Ana también echa de menos la rutina que había construido alrededor de La Cala. Allí jugaba al bingo, leía la prensa y, sobre todo, encontraba un lugar donde conversar con sus amigas. Ahora confía en que la asociación consiga un nuevo espacio para retomar las actividades. “Ojalá encuentren otro local. Es una pena lo que ha pasado”, lamenta. A su juicio, el cierre del casal se suma a la desaparición de otros servicios esenciales en Son Cladera, como las oficinas bancarias, una circunstancia que, advierte, ha aumentado la dependencia de muchas personas mayores. “Ahora dependen ya de alguien que les lleve a algún sitio o que les haga las gestiones”, resume.

Ojalá encuentren otro local. Es una pena lo que ha pasado

Ana — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

“Los barrios no interesan”

En un banco de la misma plaza, José y Domingo charlan con otros vecinos. José lamenta que el cierre ha perjudicado a personas mayores como uno de sus familiares, que asistía con frecuencia a los talleres de memoria y que, tras el desalojo, depende ahora de que sus hijas lo lleven a otro centro. “Solo no puede ir”, explica, convencido de que el desalojo ha complicado la vida cotidiana de muchos usuarios que encontraban en La Cala un espacio cercano y accesible.

Salvador, por su parte, sostiene que el problema refleja el abandono que, a su juicio, sufre Son Cladera. Lamenta la desaparición de servicios en el barrio, critica la falta de presencia policial y reprocha a las administraciones no haber encontrado una solución antes del desalojo. “Los barrios no interesan”, afirma Salvador, quien también defiende que la asociación había conseguido sanear su situación económica y considera que las personas mayores han terminado pagando las consecuencias de un conflicto que, entiende, podría haberse resuelto de otra manera.

La junta gestora: “Seguiremos luchando”

La presidenta de la junta gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, asegura que la asociación no da la batalla por perdida. “Seguiremos luchando”, afirma en declaraciones a elDiario.es, convencida de que todavía existen opciones para recuperar el casal. Sostiene, incluso, que el caso puede sentar un precedente para otras entidades. Coronado confía en que el cierre no sea definitivo dado que, tras el lanzamiento, recibieron la comunicación de que el Juzgado revisaría la documentación del procedimiento y que éste les ha otorgado un plazo de entre cuatro y diez días hábiles para hacerlo.

Sin embargo, lamenta que la resolución se esté demorando por el periodo vacacional. “Lo tomaremos como unas vacaciones y a esperar, porque seguiremos luchando”, señala, aunque reconoce que la espera “se hace una eternidad” para unos usuarios que llevan semanas sin poder acceder al local.

En este sentido, lamenta que quienes más están sufriendo las consecuencias del cierre son las personas mayores. “Ahora no saben dónde ir”, afirma. Explica que muchas acudían cada tarde al casal para escapar del calor, compartir unas horas de compañía y participar en talleres o actividades lúdicas. “Les han cortado esto”, lamenta. A su juicio, el cierre del local se suma a la desaparición de otros servicios básicos del barrio, como las comentadas sucursales bancarias, una situación que, asegura, deja a muchos vecinos de edad avanzada en una posición de mayor dependencia. “Los han dejado abandonados”, concluye.

En los últimos años se han sucedido las protestas, las concentraciones y los llamamientos contra el desalojo de La Cala. Tras conocer la demanda de desahucio, la Asciación de Vecinos de Son Cladera se volcó en la defensa del casal y comenzó a organizar movilizaciones y campañas de apoyo para tratar de frenar el cierre. “Hoy son ellos a quienes echan a la calle; pero mañana todos seremos mayores y nos gustaría mantener nuestros espacios de convivencia con seguridad jurídica y política social humanitaria, sabiendo que se respetan los derechos y obligaciones de todos”, expresaba en un mensaje difundido en Facebook en abril de 2024.

La presidenta de la gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, lamenta que quienes más están sufriendo las consecuencias del cierre son los mayores: "Ahora no saben dónde ir". Explica que muchos acudían cada tarde al casal para escapar del calor, compartir unas horas de compañía y participar en talleres o actividades lúdicas

Tras el desalojo del casal, varios socios y vecinos de Son Cladera han hecho públicas cartas abiertas en las que cuestionan tanto la actuación de la Fundació Sa Nostra como la gestión del abogado de la asociación. Uno de los socios, Juan Sánchez, critica que la Fundació rompiese con el modelo de cesión gratuita del local que había estado vigente durante tres décadas tras asumir la gestión del inmueble en 2020 e imponer un alquiler a la asociación. Como relata, la deuda se originó durante la etapa de la anterior junta directiva, que dejó de abonar las rentas, y fue la posterior junta gestora la que asumió el compromiso de sanear la situación económica y mantener la actividad del casal.

Sánchez defiende que, durante los dos últimos años, la asociación ha abonado prácticamente toda la deuda acumulada al duplicar la cuota mensual que pagaba a la Fundación, por lo que considera que el desalojo no responde a un impago, sino al interés de recuperar el inmueble. En la carta acusa además a la Fundació Sa Nostra de haber aprovechado el contrato firmado con la junta gestora para hacerse con el local y dejar “en la calle” a más de 250 personas mayores, una actuación que considera incompatible con los fines sociales que proclama la entidad y que, a su juicio, contradice el espíritu de sus propios estatutos.

Por otro lado, asegura que la voluntad mayoritaria de la asamblea era agotar todas las vías para permanecer en el local, incluida la posibilidad de resistir al lanzamiento si fuera necesario. Dirigiéndose al abogado de la gestora, le reprocha no haber informado a los socios de la fecha prevista para la ejecución del desahucio. “Si hubiera avisado de lo que haría el juez, cuando el juez se presentó en el local se lo habría encontrado lleno de gente negándose a salir”, escribe.

Coronado, sin embargo, rechaza las críticas y asegura que el desalojo cogió por sorpresa incluso a la propia entidad, alegando que la comunicación judicial llegó con muy escaso margen. Según afirma, el letrado recibió la notificación la tarde anterior y, para cuando quisieron reaccionar, la comisión judicial ya se había presentado en el casal a primera hora de la mañana. “No dio tiempo a nada. No entendemos que actúen de esa manera”, lamenta. La máxima responsable de la gestora incide en que la prioridad de ésta siempre ha sido defender los intereses de los usuarios, por lo que, asevera, continuarán luchando para recuperar el local.

Posible cesión municipal

Por su parte, consultadas por este diario, fuentes del Ayuntamiento de Palma explican que el Consistorio, en su momento, puso a disposición de los responsables de La Cala el Casal de Barri de Son Cladera, pero que la propuesta fue rechazada por la entidad. El Ayuntamiento recuerda que su papel consiste en ceder espacios municipales para el desarrollo de actividades.

Coronado recrimina, sin embargo, que lo que se puso sobre la mesa fue únicamente una sala insuficiente para desarrollar la actividad habitual de La Cala. “No era adecuada para lo que nosotros hacemos”, sostiene. Asegura que técnicos municipales llegaron a estudiar la posibilidad de ampliar ese espacio, pero concluyeron que no era viable. La presidenta de la gestora recuerda que el casal acogía actividades diarias y reunía a un número de usuarios muy superior al que permitiría ese emplazamiento.

Desalojo “inhumano” y “antidemocrático”

La Unión de Asociaciones de Mallorca (UAM) también se ha sumado a las críticas por el desalojo del casal de La Cala. En un comunicado público firmado por su presidente, Pere Felip Buades, la entidad asegura que no puede quedarse “con los brazos cruzados” ante el “inadecuado e infame” cierre del local, “máxime teniendo en cuenta que La Cala es la asociación de gent gran [personas mayores en catalán] que más actividades viene realizando” y que aglutina al mayor número de socios y socias de Balears. Aunque asegura respetar la resolución judicial que ha permitido ejecutar el lanzamiento, señala que no la comparte y la califica de “inhumana”, “anticristiana”, “antidemocrática”, “inmoral”, “caciquil” e “ilegal”.

Asimismo, la organización ha retado públicamente a la Fundació Sa Nostra a mantener un debate público “cuando quiera y donde quiera, con el fin de exponer libre y democráticamente los consiguientes puntos de vista por ambas partes”. En la misma nota, advierte de que, si la entidad declina participar en ese debate, interpretará esa decisión como una falta de voluntad para dar explicaciones públicas sobre el caso.

La UAM señala además que este asunto será abordado en el pleno municipal de este mes de julio y sostiene que todos los grupos políticos tienen la obligación de posicionarse en defensa de la asociación. “Aquí no valdrán las abstenciones”, afirma en otro comunicado, en el que considera que no apoyar a La Cala equivaldría a dar la espalda a una entidad que define como “modélica” y un “referente” para el movimiento asociativo de Balears.

Falta de movilización social

Mientras tanto, Stop Desahucios ha cargado duramente contra el desalojo del casal de personas mayores de Son Cladera, que califica de “brutal”, y responsabiliza a la entidad propietaria del inmueble. La plataforma recuerda que durante los últimos años ha respaldado las reivindicaciones de la asociación para conservar el local, difundiendo convocatorias y participando, en la medida de sus posibilidades, en las movilizaciones convocadas en defensa del casal. No obstante, el colectivo también marca distancias con la gestión de la actual dirección de la asociación. En su opinión, tanto la mayoría de la junta directiva como la asamblea de socios que respaldó el acuerdo suscrito en 2024 con la Fundació Sa Nostra “se equivocaron”.

La organización lamenta que, en la reunión en la que se aprobó aquel el acuerdo, prevaleciera el criterio del abogado frente al de otros socios que, pese a no ser juristas, contaban -asevera- con asesoramiento legal y con la experiencia acumulada de años de lucha vecinal. A su juicio, la dirección también erró al no volver a convocar a los socios para valorar la evolución del conflicto y al optar por transmitir un mensaje de tranquilidad mientras avanzaba el procedimiento judicial. Asimismo, sostiene que la falta de información previa sobre la fecha del lanzamiento impidió organizar una movilización vecinal que, en su opinión, podría haber tratado de evitar el desalojo.

En este contexto, el colectivo defiende que la estrategia para recuperar el casal debe basarse en la movilización social y en la colaboración entre entidades, por lo que propone abrir una nueva etapa basada en la unidad del barrio. Para ello, ha solicitado la celebración de una reunión pública entre la junta de la asociación de personas mayores, Stop Desahucios SONKLA (su rama en Son Cladera), la asociación de vecinos y cualquier otro colectivo o vecino que quiera sumarse a la defensa del casal.

“Esperemos que por el bien de la asociación, del casal, de los mayores, la junta rectifique y pase a confiar en la movilización del barrio y alianzas con otros colectivos que queremos apoyar la recuperación del local y la defensa de un barrio digno”, subraya. La plataforma reivindica la necesidad de que las decisiones puedan ser debatidas y cuestionadas dentro de los movimientos vecinales y sociales y reitera su disposición a seguir apoyando la preservación un espacio que considera fundamental para la vida comunitaria de Son Cladera.

Más allá de la batalla judicial, Josefa, Ana, Isabel, Leonor y el resto de usuarios del casal comparten una misma reivindicación: recuperar un lugar que consideran imprescindible para mantener viva la convivencia en Son Cladera. Para ellos, La Cala no era solo un casal de personas mayores: era el espacio donde llenaban las tardes, hacían amistades y seguían sintiéndose parte de un barrio que hoy, dicen, es un poco más pobre que hace dos semanas. “Yo ya voy para noventa años y esto era lo único que tenía para salir de casa”, concluye Isabel.

María del Carmen derrocha energía. Le cuenta su vida a cualquiera que le pregunte, habla rápido y se muestra muy alegre. Nadie diría que hace seis años, la primera vez que cruzó las puertas de Hogar 2000, lo hizo en silla de ruedas, con unas cataratas muy avanzadas y sumida en una depresión.

Ella es una de las 29 residentes que viven actualmente en este centro de Toledo que acoge a personas con problemas de salud mental o enfermedades crónicas. Pero no se trata solo de una cuestión médica: aquí llegan quienes tampoco tienen recursos económicos ni apoyo familiar.

La diversidad de situaciones es alta, aunque con un patrón común. “Son personas que normalmente no han tenido una buena vida”, cuenta Lorena Aguado, terapeuta ocupacional del centro. “Ya sea porque no tienen recursos económicos o porque vienen de adicciones como alcohol o drogas”. Cuando a alguien en esas circunstancias le sobreviene una enfermedad incapacitante —como un ictus o un trastorno mental grave—, se genera una situación de dependencia sin un entorno que pueda o quiera hacerse cargo.

Es entonces cuando aparece Hogar 2000.

Un recurso público gestionado por Cáritas

Hogar 2000 es un recurso sociosanitario gestionado por Cáritas e integrado en la red pública de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. Es esta última entidad la que lo financia mediante subvención en un 75% y la que deriva a los nuevos residentes hasta aquí.

En 2026 cumple 25 años desde la colocación de su primera piedra y, en todo este tiempo, ha alojado entre sus paredes a más de 300 personas. Sus 29 plazas están hoy todas ocupadas, con una lista de espera para entrar “bastante grande”, según sus trabajadores.

María del Carmen (57 años), la mujer que abre este reportaje, es una de ellas. Llegó a través de los servicios sociales tras una etapa depresiva en la que no salía de la cama ni comía, lo que la debilitó hasta el punto de necesitar temporalmente una silla de ruedas para desplazarse. Tiene tres hijos, aunque solo mantiene contacto con Asier, el pequeño, de 23 años, del que tiene una fotografía que, asegura, lleva “a todos lados”.

Para ella, Hogar 2000 es su segunda casa, porque le ofrece todo lo que necesita. “Tienes tu habitación, tu ducha y tus cinco comidas; tienes excursiones…”.

Joaquín es otro de los residentes. Lleva dos años en el centro, al que llegó desde otro albergue de Cáritas después de sufrir un ictus y dos infartos cerebrales que le causaron un importante deterioro cognitivo y físico. Antes había vivido con desconocidos en una casa okupa en muy malas condiciones de salubridad.

A sus 59 años, recuerda que se dedicaba a la jardinería en Madrid, que estudió Derecho y que le gustaba jugar al ajedrez. Por desgracia, a consecuencia del ictus, todos esos recuerdos se han emborronado debido a las lagunas de memoria que le han quedado como secuelas.

Pese a su estado de salud, también está contento de estar aquí. “Aquí me cuidan y me atienden muy bien. ¿Qué más quiero?”, dice.

Lorena Aguado explica que lo que intentan los trabajadores es mejorar su autonomía personal “en la medida de lo posible”. “Es decir, si se puede lograr que la persona salga autónoma, se intenta, pero es verdad que no suelen ser la mayoría de los casos y el objetivo es trabajar en su comodidad y en que su última etapa de la vida sea en las mejores condiciones posibles”.

En el centro también se les ayuda en todo tipo de gestiones: a los inmigrantes sin papeles, a regularizar su situación; a quienes puedan tener derecho, a conseguir una pensión; e incluso a recuperar el contacto con la familia, si el residente quiere intentarlo.

“Tenemos un residente que es de Nigeria y no tiene documentación. Como solo habla inglés, había tenido muchos problemas de comunicación y no se sabía si tenía familia. Cuando llegó aquí, conoció a otra chica también de Nigeria a la que le dio el nombre de un familiar. Nos pusimos a buscar y dimos con él. Gracias a ello, él ahora está haciendo videollamadas con su familia”, cuenta Lorena.

“Vienen emocionalmente muy dañados”

El equipo es amplio y variado: 21 personas entre psicóloga, enfermera, terapeuta ocupacional, trabajadora social, auxiliares de enfermería y equipo de atención sociosanitaria, además del personal de limpieza y cocina.

Como terapeuta ocupacional, el trabajo de Lorena se centra en ayudarles a recuperar su autonomía dentro de lo posible: mejorar la capacidad de hacer tareas domésticas o introducir adaptaciones para que retomen la rutina que llevaban antes. “También hago un trabajo rehabilitador para que las personas que tengan una disfuncionalidad física no vayan a peor, sino que se mantengan o mejoren. Y luego también hago mucho un trabajo grupal con ellos, de darles rutinas con diferentes tipos de talleres”.

La psicóloga del centro es Carmen Iglesias. Como son personas “que vienen emocionalmente muy dañadas”, explica, su trabajo consiste en acompañar y ayudarlas a trabajar las emociones. “Hay personas que sí que mejoran anímicamente, pero hay otras con las que, como su situación de salud mental está muy cronificada, es complicado”.

Una de las señas del centro es su aislamiento. Se levanta a las afueras de Toledo, rodeado de fincas y zonas agrícolas, a unos diez minutos en coche del centro de la ciudad.

La ubicación se escogió a propósito. La primera piedra de Hogar 2000 se puso en 2001, siendo concebido en origen como un lugar para atender a personas con VIH en un momento en el que el estigma y los prejuicios hacia esta enfermedad seguían muy extendidos en la sociedad. Por eso se consideró que lo mejor era tratarlas en una zona apartada. Gracias a ese emplazamiento, el espacio nunca fue un problema y pudo diseñarse desde cero una residencia adaptada a las necesidades.

El edificio cuenta con varias salas comunes donde los residentes pasan la mayor parte del tiempo —hacen talleres, ven la tele—, además de varios patios, pistas deportivas, un gimnasio para la rehabilitación física y habitaciones, comedor y cocina.

Aunque lo gestiona Cáritas, una ONG de la Iglesia católica, al tratarse de un recurso público la religión no es un requisito para entrar. En el centro hay una pequeña capilla donde se celebra misa los domingos, pero la asistencia no es obligatoria. “De hecho, tenemos una mujer que es de Guinea Ecuatorial y musulmana. Ella reza en su alfombra cuando le toca, celebra el Ramadán y no come cerdo. Se respeta la religión y no se obliga a nadie”, indica Lorena.

“Familia”

En todos estos años, el centro ha vivido situaciones complicadas. La pandemia fue una de ellas. “Se contagiaron varias personas que afortunadamente tenían la capacidad cognitiva para estar en su habitación y no salir”, recuerda la terapeuta ocupacional. “Pero los que no estaban tan bien no comprendían que tenían que quedarse encerrados, así que era imposible tenerlos en una habitación. Como yo había pasado el COVID, me encargué de ese grupo para que no estuvieran en contacto con los demás que sí estaban aislados”.

La borrasca Filomena fue otro momento crítico. Dejó el centro aislado durante varios días y los trabajadores que estaban de turno tuvieron que quedarse allí en los primeros días, sin posibilidad de relevo. “Hubo residentes a los que sí se les tuvo que sacar en todoterreno porque tenían que acudir a tratamientos médicos urgentes como diálisis”.

Es en estas situaciones difíciles cuando se muestra que la convivencia de residentes y trabajadores ha forjado lo que todas las personas entrevistadas en este reportaje denominan como “una familia”.

María del Carmen y Joaquín ponen un ejemplo muy sencillo, pero muy representativo, que se dio en una de las últimas excursiones a Toledo que hicieron los residentes.

“Íbamos caminando, él estaba cansado y le dije que se agarrase del brazo”, cuenta ella.

“Me dice: 'Agárrate a mí'”, confirma él.

“Es que estaba ya el hombre cansado de tanto andar. A ver, para eso estamos, para ayudarnos entre nosotros”, remata María del Carmen.

Familia.

El apoyo económico de BBVA hará posible que, el próximo curso escolar 2026/27, 45 niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Toledo que estén en situación de riesgo de exclusión o bajo rendimiento académico se beneficien de un proyecto de refuerzo y apoyo educativo.

La iniciativa, denominada 'Aula BBVA de refuerzo educativo', acompañará a los menores seleccionados, que tendrán entre 6 y 18 años, con los que se trabajarán en seis ámbitos: educación, desarrollo personal, integración social, competencias digitales, salud y la implicación familiar.

Será desarrollado por YMCA, que recibirá 32.000 euros de BBVA Asset Management, la gestora de activos de BBVA, dentro de la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro.

Hacia un futuro con más oportunidades

El objetivo de esta aula es que cada participante cuente con un apoyo estable para mejorar su continuidad educativa, ganar confianza y avanzar hacia un futuro con más oportunidades. La iniciativa también favorece la conciliación de las familias, especialmente en hogares con mayores dificultades, y refuerza la red comunitaria en torno a la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad.

El director de intervención social de YMCA en Castilla-La Mancha, Gerardo Magariños, explica que el objetivo no es “ser una academia”, sino que también se trabajarán las circunstancias sociales del entorno.

“Se trabajará en el aula con el niño y sus compañeros, pero también con su familia y el entorno comunitario, como los servicios sociales y el centro educativo. Será un abordaje transversal, más amplio, y se hará seguimiento para ver cómo evoluciona el menor”, afirma Magariños.

Con el proyecto 'Aula BBVA de refuerzo educativo', en YMCA buscan que el estudiante mejore en indicadores cuantitativos, (si promociona de curso o el número de asignaturas superadas), pero también se fijarán en otros cualitativos.

Entre estos últimos, Magariños enumera diferentes habilidades personales, digitales y comunitarias. “Por ejemplo, no tenía la agenda organizada y al final de curso sí. Venía a clase con sueño y con hambre y ya no. Era muy tímido y no se relacionaba con nadie y ahora tiene una pandilla”.

Y es que, tal y como afirma él, “que vaya progresando de curso es bueno en sí mismo”, pero eso “no garantiza” una atención integral. “Queremos que sea buen ciudadano, buen compañero, que tenga autoestima suficiente, que se organice bien… Se trata de preparar a los jóvenes para la vida adulta y queremos darle el mayor número de herramientas posibles para ello”, añade.

“Trabajar para salvar las dificultades”

Los estudiantes que participarán en el proyecto serán seleccionados en el próximo mes de septiembre por los trabajadores sociales de YMCA CLM o por derivación de los servicios sociales. El director de intervención social de la entidad estima que la mayoría de beneficiarios procederán de población migrante, ya que en esas familias suelen coincidir varios factores que las ponen en riesgo de exclusión social.

“Las dificultades pueden venir del ámbito económico o por dificultades de integración. Entre estas últimas, están el idioma, un desfase curricular por los contenidos vistos en el país de origen o porque acaban de llegar a España”.

Además, en estos perfiles, las circunstancias familiares no suelen ser las más adecuadas para el desarrollo académico de los menores. Si los padres no conocen el idioma o trabajan por la tarde, no les pueden ayudar con las tareas escolares. También pueden carecer de medios en la casa con los que estudiar.

“Se intenta conocer su situación y una vez conocida, trabajar para salvar las dificultades”, explica Magariños.

Dada la importancia de la cooperación familiar para que el estudiante alcance los objetivos, YMCA hará seguimiento de los padres para ver su nivel de implicación. “Se les harán sesiones específicas para que aprendan técnicas de estudio y a que manejen la plataforma educativa que usan los colegios e institutos”, añade.

El ámbito de actuación de la iniciativa se centrará en Toledo capital, aunque Magariños cree que alguno de los beneficiarios procederá de las localidades más cercanas, como Olías del Rey o Bargas.

Esta iniciativa, como reconoce Magariños, “no sería posible” sin el apoyo económico de BBVA, ya que en ella hay gastos de coordinación, de personal y de material que serían inviables sin esa ayuda.

Desde 2018, Castilla La Mancha ha recibido 174.000 euros en donaciones de la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro. El objetivo es apoyar proyectos transformadores que contribuyan a mejorar la vida de las personas, así como a proteger y recuperar el entorno. Esta nueva edición, la octava, ha destinado un millón de euros a financiar 25 proyectos sociales y medioambientales en toda España, convirtiendo la inversión de miles de partícipes en actuaciones concretas capaces de transformar comunidades y generar nuevas oportunidades, demostrando que el compromiso social puede traducirse en realidades tangibles.

Cáritas Regional de Castilla-La Mancha ha presentado su Memoria Institucional 2025. El documento atestigua un contexto de “cronificación” de la exclusión social en la comunidad autónoma y pone el acento en la relevancia de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Por ello, esta entidad lanza una invitación a toda la sociedad para sumar fuerzas y estrategias orientadas a “proteger la dignidad de las personas más vulnerables”.

Durante el año 2025, la acción de Cáritas benefició directamente a un total de 52.252 personas en Castilla-La Mancha. Asimismo, su labor en cooperación internacional llegó a 15.204 personas en 14 países, en un escenario global “complejo” marcado por conflictos armados y crisis alimentarias.

Los datos los han presentado Ángel Román Idígoras, obispo de Albacete y obispo acompañante de Cáritas regional; Rosa García Fernández de Sevilla, presidenta de la entidad; y Amador Casquero Fernández, coordinador regional. Todos han coincidido en que las cifras desvelan “una radiografía social preocupante”, que coincide con las “alarmantes” conclusiones del IX Informe FOESSA en Castilla-La Mancha, que constata que la exclusión social afecta ya al 20% de la población regional.

El informe subraya que el sistema actual presenta “fallas estructurales”, dado que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan de forma autónoma estrategias de inclusión “sin lograr salir de ella”, confirmando que “disponer de un empleo ya no es garantía para evitar la vulnerabilidad”.

Vivienda, migraciones y empleo

El análisis de Cáritas identifica la vivienda como el “epicentro de la desigualdad”, afectando al 22% de la población de la región debido a alquileres “inasumibles o infravivienda”. “El empleo precario y las trabas administrativas cronifican la pobreza, afectando con dureza a los jóvenes y a la población migrante”, agrega.

De hecho, el perfil de atención de la Memoria 2025 muestra que el 58% de las personas beneficiadas fueron extranjeras frente al 42% de nacionalidad española.

Rosa García ha destacado que un tiempo “marcado por discursos de odio”, es necesario “reorientar el corazón hacia la fraternidad humana y visibilizar los gestos que generan esperanza” porque “la transformación social es una tarea colectiva”.

Toda esta labor de acompañamiento e inserción social supuso una inversión total de 23.494.830 euros en 2025. El modelo de financiación de Cáritas en Castilla-La Mancha regional mantiene su “independencia y fuerte arraigo social”: el 58% de los fondos fueron propios y privados (procedentes de donaciones y recursos institucionales), mientras que el 42% restante provino de subvenciones y convenios con las distintas administraciones públicas (local, provincial, regional y estatal).

Este despliegue económico y social fue posible gracias al “motor humano” de la organización, que en 2025 contó con 3.979 personas voluntarias, 419 técnicos contratados, 2.301 socios y 7.234 donantes, además del apoyo clave de los sacerdotes de la red de Cáritas Parroquiales.

Por su parte, el obispo de Albacete ha recordado que Cáritas es “la propia Iglesia en acción” y ha elogiado la entrega de todos sus agentes: “La construcción del bien requiere de hombres y mujeres que en nuestro día a día se convierten en verdaderos 'mártires de lo cotidiano': personas que escuchan, que cuidan y consuelan con discreción”.

Por su parte, Amador Casquero ha puesto el acento en que “detrás de cada estadística hay una historia única” y ha desglosado el número de personas atendidas por programas específicos durante el pasado ejercicio.

Ante esta realidad “multidimensional”, la entidad urge a las administraciones y al tejido social a afrontar “de manera prioritaria” retos como el acceso a la vivienda social, el impulso al empleo inclusivo, el refuerzo de los sistemas de garantía de ingresos y la regularización e integración de las personas migrantes.

También urgen a la mejora de los cuidados a mayores, el combate contra la despoblación en el mundo rural, la equidad educativa, el blindaje de la sanidad (especialmente la salud mental), el fortalecimiento de la cooperación internacional y una mejor respuesta ante emergencias civiles.

Teresa (nombre ficticio) y su hijo de cinco años se quedaron sin hogar a principios de junio, después de que el propietario de la casa en la que vivían de alquiler rescindiera el contrato asegurando que necesitaba la vivienda para su uso personal. Cuando se produjo el desahucio, el Ayuntamiento de Sestao, dada la vulnerabilidad de la familia -el padre del menor 'desapareció' de sus vidas antes de que naciera- puso a su disposición un recurso de vivienda temporal de urgencia, un hotel, en el que han podido vivir durante un mes, pero que este jueves, 9 de julio, deberán abandonar.

La idea era que durante este tiempo la familia encontrara un hogar, pero Teresa, que trabaja en un supermercado y según lamenta no cuenta con apoyo familiar, no ha encontrado un alquiler asequible para ella y su hijo. “Estamos hablando de una mujer trabajadora, que aunque tenga un salario precario hasta ahora no ha tenido problemas para pagar un alquiler, la cuestión es que ahora los alquileres están por las nubes y no encuentran ninguna habitación o vivienda disponible. Los que ha encontrado le piden una estabilidad financiera y no ven con buenos ojos que quiera alquilar una habitación con un menor a su cargo, por lo que entendemos que los servicios sociales deberían ayudarla”, defiende Mireia Saiz portavoz de la plataforma Berri-Otxoak.

Este lunes decenas de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Sestao para lograr una solución. Teresa iba a asistir a dicha concentración, pero no se ha visto con fuerzas suficientes después de haberse reunido con la trabajadora social del Ayuntamiento. “No le han ofrecido una alternativa, le han preguntado si tiene alguna amiga o alguien de su entorno con el que quedarse y se ha venido abajo, porque no tiene a nadie que pueda acogerle. Le han dicho que a lo largo de estos días la llamarán para ofrecerle alguna otra alternativa temporal, pero no le garantizan nada. La mantienen en la incertidumbre sin saber si la semana que viene va a poder tener un techo donde dormir”, lamenta Saiz.

Según recuerda la activista, las propias administraciones son las encargadas de buscar una alternativa habitacional digna y estable cuando existe una vulnerabilidad acreditada como es este caso, con un menor de cinco años sin hogar. “El Ayuntamiento de Sestao dice que no tiene recursos, que no hay viviendas municipales disponibles, pero ¿dónde está la coordinación efectiva entre administraciones de la que tanto hablan? Están los servicios sociales municipales, la Diputación de Bizkaia, el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, Etxebide y Alokabide. ¿Ninguno puede tener una vivienda para esta familia?”, se pregunta.

Teresa, que tras la reunión con la trabajadora social ha tenido que entrar a su puesto de trabajo en un supermercado de la localidad vizcaína, se encuentra “emocionalmente afectada”. “Hasta ahora se ha mostrado fuerte, sobre todo por su hijo, pero ve que se acerca el momento y que no hay alternativa y cada vez ve más real que puede quedarse en la calle con su niño. Lo está pasando realmente mal porque el impacto emocional y psicológico es muy duro. Ahora que el niño ha acabado el colegio está empezando a darse cuenta de todo y también está angustiado por haber perdido la casa en la que vivía”, reconoce Saiz.

Cuando le notificaron el desahucio Teresa acudió a la plataforma Berri-Otxoak que trabaja contra la exclusión social principalmente en Barakaldo, pero también en otros municipios de la margen izquierda, donde Saiz reconoce que la situación de la vivienda es “cada vez más alarmante”. “Se está normalizando que familias enteras vivan hacinadas en habitaciones. Es una realidad que no sale en los medios porque ellas mismas no quieren que se haga pública su situación o que los vecinos se enteren. Estamos hablando de cuatro o cinco personas en una habitación, con menores y personas mayores juntas, nietos, padres y abuelos en pocos metros cuadrados y compartiendo vivienda entre distintas familias. Estamos viendo verdaderas situaciones de emergencia habitacional que están siendo ocultadas y encubiertas y en la mayoría de casos son personas que tienen sus trabajos y personas que están dejando de comer por poder pagar el alquiler”, denuncia la activista.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sestao gobernado en coalición por el PNV y el PSE-EE y ha trasladado que no se pueden ofrecer datos concretos de la familia por la Ley de Protección de Datos, pero que “en este tipo de casos el Ayuntamiento, dentro de su competencia, tramita todos los servicios que puedan corresponderle, ya sea garantizar estancias temporales que den margen de tiempo para buscar alternativas habitacionales, ayudas para hacer frente a la entrada o fianza de una nueva ubicación o remitir solicitudes a otras instancias por ejemplo al Gobierno vasco para el acceso a una vivienda”.

Por lo pronto, Teresa, que prefiere no ofrecer su nombre real, se encuentra a la espera de una solución que le permita contar con un techo más allá del próximo 9 de julio, cuando previsiblemente ella y su hijo deberán abandonar el hotel en el que se encuentran. Si no consiguen una solución habitacional real, desde Berri-Otxoak no descartan realizar nuevas movilizaciones u otras acciones reivindicativas para conseguir un hogar para esta familia.

El Ayuntamiento de Logroño va a impulsar un programa dirigido a personas y familias en situación de vulnerabilidad social que necesitan temporalmente una vivienda, con el objetivo de facilitar esta alternativa habitacional junto con un programa de apoyo psicosocial y educativo.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha avanzado la puesta en marcha de este programa, que se licitará próximamente, tras mantener un encuentro con representantes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España y La Rioja (EAPN). Esta reunión se ha llevado a cabo con motivo de la celebración en Logroño, este jueves y viernes, del VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Según ha detallado el alcalde, el programa que va a implementar el Ayuntamiento “se basa en el modelo Housing Led, orientado a ofrecer un espacio habitacional compartido en vivienda, con el apoyo de un equipo interdisciplinar de profesionales para la realización de un proyecto vital dirigido a la capacitación y la autonomía de las personas participantes, como punto de partida para su inclusión social”. Serán en total 21 plazas, 7 de ellas para menores, distribuidas en varios inmuebles municipales.

“Nuestro objetivo debe ser garantizar una atención integral y lo más individualizada posible a cada persona o familia que se encuentra en situación de vulnerabilidad. A través de la atención psicosocial y educativa, y dando respuesta a la necesidad de una alternativa habitacional para estas personas que de modo puntual pueden necesitarla, facilitamos que, poco a poco, puedan salir adelante, hallar recursos y estrategias para su inclusión social y, con el tiempo, para desarrollar su proyecto vital con independencia”, ha detallado Escobar.

El alcalde ha recordado que el Consistorio ha promovido además en estos últimos meses un nuevo servicio integral de acogida y atención a personas sin hogar, un servicio que contempla una inversión de más de 6 millones de euros y que en estos momentos está completando su tramitación administrativa para su adjudicación y puesta en marcha.

Por su parte, el presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, Carlos Susías, ha afirmado que “estamos hablando sobre problemas que tiene Europa, donde más del 20% de personas está en situación de pobreza o exclusión social. Hablamos de eso y de cómo lo vamos a afrontar. Para esto hacen falta tres cosas: metodología, recursos y voluntad”.

Finalmente, la presidenta de EAPN La Rioja, Silvia Andrés, ha agradecido al Ayuntamiento de Logroño su participación en la organización del VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social y ha reiterado el compromiso por un Logroño “justo, inclusivo y donde la tasa AROPE cada vez sea más reducida y más personas vivan con mejor calidad de vida”.

VII Congreso contra la Pobreza y la Exclusión Social

El Centro de la Cultura del Rioja acoge hoy y mañana el VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social, organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y EAPN La Rioja.

El encuentro reúne en nuestra ciudad a responsables institucionales, representantes de administraciones públicas, entidades sociales, instituciones europeas, personal técnico y personas expertas en políticas sociales.  

El Congreso se configura como un espacio de reflexión y diálogo sobre las estrategias, instrumentos y mecanismos necesarios para reforzar la cohesión social, combatir la pobreza y garantizar derechos en un contexto marcado por importantes transformaciones sociales, económicas y geopolíticas.

La séptima edición del Congreso pone el foco en la recientemente aprobada Estrategia Europea de Lucha contra la Pobreza, así como en otros procesos clave para el futuro social de la Unión Europea, como la renovación del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, el desarrollo del primer Plan Europeo de Vivienda Asequible y las negociaciones del futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Los contenedores de ropa del proyecto Abraham se han convertido en un elemento más del paisaje urbano de la Región de Murcia. No es para menos: más de un millar de estos recipientes en rosa sobre crema se encuentran repartidos por toda la Comunidad. Para muchos supone una forma conveniente de darle una nueva vida a la ropa que no utilizan. Ese acto, el de depositar prendas en el interior de este contenedor, es la piedra angular de una empresa de inserción que le da una segunda oportunidad a personas en exclusión social.

Así lo explica a este diario Juan Antonio Cerdán, presidente de Proyecto Abraham y administrador de la empresa de inserción: “Nos dedicamos a la recogida de ropa y calzado a través de contenedores que tenemos en la calle. Estamos en 40 municipios de la Región de Murcia y en dos de la provincia de Alicante”. Lo explica en su pequeña oficina en la sede de la asociación, en Puente Tocinos.

Con esta actividad consiguen recoger al año unos dos millones de kilos de ropa. En estos momentos se encuentran en lo que se considera la temporada alta, por lo que pueden recuperar de los contenedores en torno a 8.000 y 10.000 kilos al día de ropa y calzado.

El proceso de recogida se articula con una flota de diez vehículos, que depositan parte de la ropa en la nave de clasificación de la empresa: “Tenemos tres tiendas de ropa de segunda mano bajo la marca de La Recuperadora, que aglutina a nivel estatal a todas las entidades que nos dedicamos a recoger ropa y calzado”. Una de ellas está situada en la ciudad de Murcia, en el número 7 de la Alameda de los Capuchinos, en el corazón del barrio del Carmen. La sede de Cartagena se encuentra cerca de la Avenida de Colón, en el número 148 de la calle Santiago Ramón y Cajal. La última, abierta hace tan solo dos años, está localizada en el Campus de Espinardo, junto a la oficina de Campus Sostenible.

Otra parte de lo recogido por el Proyecto Abraham se destina al ropero regional: “Son enseres para personas que nos derivan a través de los Servicios Sociales, que necesitan ropa y calzado. El resto se destina a venta al por mayor en bruto de ropa de segunda mano”, explica Cerdán. Parte de lo destinado al ropero regional descansa en la sede de Puente Tocinos, esperando a ser transportado y repartido a los que más lo necesitan. Fuera, tres personas reciben comida del banco de alimentos de la asociación, un pequeño salvavidas para la población local vulnerable.

Cerdán reconoce que tras la labor de empresas de inserción como la suya hay mucho “tabú”: “Mucha gente nos reprocha que nos echan la ropa gratis en el contenedor. Pero hay que recogerla, hay que clasificarla y hay que mantener el contenedor. Un coste bastante elevado de nuestra actividad es el mantenimiento de los contenedores en la calle. También debemos mantener los vehículos, al personal”, enumera Cerdá.

“Lo que hacemos es transformar la ropa en los recursos económicos suficientes para mantener toda esa actividad y, sobre todo, los empleos de inserción. Ponemos a las personas en el centro de la actividad y no al contrario, no la actividad económica por encima de las personas”, defiende.

La costura, “machacada” por la economía sumergida

Proyecto Abraham también cuenta con un taller de confección social, el Atelier El Costuretico, que ofrece arreglos de ropa y confección, además de formaciones de costura: “En el Atelier también contratamos a personas en situación de vulnerabilidad social. La costura es un sector feminizado y muy machacado por la economía sumergida”, detalla.

Tal y como establece la Ley de Empleo y de Inserción, los ciclos de inserción no pueden durar más de tres años. Durante este tiempo, Proyecto Abraham acompaña a sus trabajadores en contratos de inserción, con el fin de mejorar sus condiciones de empleabilidad: “El itinerario de inserción se va supervisando a través de una trabajadora social y de la gerente educadora. Luego cada empleo de inserción tiene, a su vez, su técnico de producción que les va acompañando en el puesto de trabajo”, explica Cerdán.

“Son personas que muchas veces no han tenido un trabajo con un horario laboral, que lo que han tenido es precariedad. Les ofrecemos la experiencia laboral de una empresa como cualquier otra, con la diferencia de que nuestro objetivo es social, de ayudarles a que se integren”, explica María Jiménez, trabajadora social en la empresa de inserción.

De acuerdo con la trabajadora social, los itinerarios de inserción conjugan el trabajo diario en Proyecto Abraham con la búsqueda de la vocación del trabajador: “El itinerario va focalizado a lo que ellos quieren realmente, no a lo que nosotros queremos”.

“Hay un chico a quien le gusta mucho la escalada y estamos trabajando con él para que haga un curso de trabajos de altura. A otro le gustaba mucho la carretera, conducir, así que nos centramos en que se sacara el carné de camionero. Cuando acabó su contrato de inserción, inmediatamente lo contrataron en una empresa de transporte”, ejemplifica Cerdán.

La atención al trabajador continúa mucho después de que deje de trabajar en la empresa de inserción: “Cuando ellos consiguen un empleo o en el caso de que no lo consigan, le hacemos un seguimiento hasta seis meses después. Ayer fuimos a visitar a Ousmane, un chico de Senegal que terminó hace un mes de trabajar con nosotros en El Costuretico y ahora trabaja en una empresa de mobiliario exterior. Están muy contentos con él y abiertos a emplear a más trabajadores que vengan de nuestra empresa de inserción”, señala Jiménez.

“Al principio [a Ousmane] le costó trabajar en el taller, porque es un sector con trabajadoras y clientela muy feminizados. Venían chicas a hacerse arreglos y le daba vergüenza [risas]. Pero se adaptó enseguida, hizo un trabajo estupendo”, asegura Cerdán.

Por el momento, la trabajadora social celebra que la empleabilidad en la empresa de inserción está siendo del 100%: “Ha terminado a primeros de 2026 el contrato de tres personas y las tres han sido contratadas. Ousmane, como ya hemos comentado, como costurero; otra compañera, Ángeles, en una línea de producción de Hero; y por último Enrique, que ahora trabaja con nosotros en la parte asociativa”, enumera.

Camina entre telas

Proyecto Abraham no solo ofrece formación a sus empleados de inserción, también ofrecen cursos gratuitos dirigidos a población vulnerable: “Nuestro proyecto más grande es Camina entre telas, estamos en todos los municipios de la Región de Murcia”, apunta Nuria Sánchez Nicolás, técnica de formación de la Asociación Proyecto Abraham. Financiado con fondos de la asignación tributaria de la casilla “La X solidaria” de la declaración de la renta, en sus cursos ofrecen talleres de costura, de comercio electrónico y atención al cliente, enseñan español y formación prelaboral.

“Hay una agencia para el desarrollo en Madrid, Los Molinos, con la que colaboramos, somos sus brazos y piernas en la Región de Murcia. Con ellos, desarrollamos talleres de sensibilización relacionados con temas sensibles, como de violencia de género. La mayoría de las personas a las que imparto español en Camina entre telas son mujeres, por lo que los talleres de violencia de género les vienen genial”, abunda Sánchez Nicolás.

Este martes una comitiva judicial ha paralizado hasta nuevo aviso el desalojo de una mujer y sus dos hijos de 18 y 22 años en Elorrio (Bizkaia). Por el momento no han salido a la luz las razones de la paralización del desalojo, que estaba previsto para las 10.00 horas. Se trata de una familia que reside en un piso de alquiler social de Alokabide, la agencia pública de alquier social de Euskadi, desde el año 2009 y que cuenta con varios informes que acreditan vulnerabilidad y violencia de género. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad el menor de los hijos, el rango de vulnerabilidad ha cambiado y debido a la falta del pago de “varios meses” del alquiler, desde Alokabide, que informan que la deuda asciente a “años sin pagar” han comenzado el procedimiento de desalojo.

“Las instituciones públicas han afirmado que no existe una alternativa habitacional disponible para la mujer y sus hijos. Durante los últimos meses, la afectada intentó en repetidas ocasiones alcanzar un acuerdo con Alokabide para establecer una fórmula que permitiera afrontar la deuda acumulada. Sin embargo, llegó a la víspera del desahucio sin haber recibido una respuesta efectiva por parte de la entidad pública”, explican desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Durangaldea.

Desde el sindicato detallan a este periódico que “la ejecución no ha sido anulada, sino aplazada, quedando ahora pendiente de que se fije una nueva fecha”. “Estamos a la espera de que el abogado de la familia reciba la notificación de la suspensión del lanzamiento con los motivos, y expliquen cuál va a ser el camino a partir de ahora. Decimos que se ha aplazado porque hasta ver cuál es la actitud de Alokabide y sentarnos a negociar no podemos concluir que no vaya a volver a reactivarse el procedimiento. Este tipo de desalojos suelen darse en silencio, pero cuando hay una denuncia pública y el caso puede ser mediático porque haya resistencia o genere un rechazo grande ahí es donde se movilizan los recursos. Creemos que la presión pública y el apoyo de la gente que se ha acercado han hecho que se aplace”, reconocen tras participar en una concentración frente a la vivienda, a la que decenas de personas se han unido con el objetivo de paralizar el desahucio.

Sobre una alternativa de vivienda para la familia explican que “hasta el día mismo del desahucio a la familia no se le había ofrecido nada”. “Desde los servicios sociales de la Mancomunidad de Durangaldea les habían dicho que de momento no había nada que se le pudiera ofrecer. Desde el Gobierno vasco aún menos, ni siquiera se han puesto en contacto con ella. La suspensión de hoy evita temporalmente que esta familia quede en la calle, pero la amenaza sigue vigente mientras no exista una solución estable que garantice su derecho a la vivienda.”, aclaran.

Desde el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco explican a este periódico que Alokabide “solo actúa cuando una persona inquilina del parque público de alquiler no paga porque se niega a pagar y hay mala fe”. Según defienden, en el caso de Elorrio, se trata de una familia que cuenta con ingresos y que pagan un alquiler menor del 30% de sus ingresos, que no llega a los 100 euros, y que acumulan una deuda que asciende a lo equivalente a una década sin pagar. “Cuando hay ya una situación de deuda acumulada de una magnitud sustancial, la primera acción no es vía judicial, sino servicios sociales. Nuestros equipos de acompañamiento social acuden a hablar con la familia y establecemos una serie de compromisos de pago que se van adecuando a las realidades financieras de esa unidad convivencial, para que poco a poco podamos ir devolviendo la deuda adquirida. Cuando una familia o una persona inquilina, tras haber acumulado una deuda importante tras varios acuerdos de pago con Alokabide para saldar esa deuda en un plazo X de tiempo que se incumplen de manera reiterada,se pone el caso a disposición de los servicios sociales del Ayuntamiento o de la Diputación. En este caso en concreto, se han establecido varios acuerdos de pago en los últimos años que se han ignorado de manera reiterada. Nosotros somos una administración que nos lo tomamos en serio y velamos para que las personas inscritas en Etxebide tengan acceso a una vivienda, lo que no podemos permitir es que alguien se niegue a abonar la renta”, reconocen desde el Departamento, que consideran que “ahora le corresponde a los servicios sociales del municipio o de la Diputación ofrecerles una alternativa de vivienda”, en el caso de que finalmente se produzca el desahucio.

Desde el sindicato insisten en que la familia, al no pagar el alquiler, no lo hace “por mala fe”. “Han pagado la renta cuando han podido, uno de cada dos meses más o menos desde que viven allí. Una cuarta parte de la deuda es el pago de la renta, a esa renta hay que sumarle los gastos de comunidad y de suministros básicos. Hay meses que todos esos gastos han llegado a sumar 300 euros. Si no los ha pagado no ha sido por mala fe, sino por incapacidad debido a su situación económica y vital”, defienden desde el Sindicato Socialista de Vivienda.

Un total de diez alumnos —nueve hombres y una mujer— han superado el curso de peluquería masculina desarrollado en el Centro de Acogida e Inserción para Personas Sin Hogar, conocido popularmente como albergue municipal de Zaragoza, dentro del Plan de Primera Oportunidad que impulsa el Ayuntamiento para favorecer la inserción social y laboral de las personas en situación de sinhogarismo.

Los alumnos, que han completado esta formación intensiva durante los meses de abril, mayo y principios de junio, han recibido hoy sus diplomas de manos de la consejera municipal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós.

El curso ha tenido lugar en una de las nuevas aulas habilitadas tras la reforma del albergue municipal, tras la inversión de más de cinco millones de euros para modernizar y ampliar los servicios destinados a las personas más vulnerables.

El curso ha sido impartido por docentes especializados en peluquería de la empresa de peluquería Passaró, con la supervisión del equipo de educadores y trabajadores sociales del albergue municipal. Las clases se han desarrollado de lunes a jueves, en jornada de cuatro horas.

Durante el acto de entrega de diplomas, Marian Orós ha destacado que “el acceso a talleres formativos de calidad es una herramienta fundamental para recuperar la autonomía personal y abrir nuevas oportunidades laborales”. Ha subrayado además que este curso refleja el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza con una atención integral a las personas sin hogar, que no se limita a cubrir necesidades básicas, sino que apuesta decididamente por su inclusión social y laboral mediante itinerarios personalizados de formación y acompañamiento.

“La reforma y ampliación del Albergue Municipal nos permite disponer ahora de espacios modernos y adecuados para desarrollar iniciativas formativas como esta, que ayudan a las personas a reconstruir sus proyectos de vida y a recuperar expectativas de futuro”, ha añadido Orós.

El curso ha tenido una gran acogida, ya que se han cubierto las diez plazas ofertadas y ha sido valorado de manera muy satisfactoria tanto por los usuarios como por los docentes y personal municipal del Albergue, por lo que el Ayuntamiento valorará su continuidad después del verano. Entre los participantes figuran usuarios de diferentes perfiles, la mayor parte jóvenes sin hogar procedentes de países del África subsahariana.

Inclusión social y laboral

La formación ha estado orientada a facilitar una salida profesional en un sector con una elevada demanda laboral, como es la peluquería masculina. Los alumnos han adquirido competencias técnicas en las principales modalidades de corte de cabello y arreglo de barba, así como conocimientos sobre atención al cliente, comunicación, imagen profesional y funcionamiento de un entorno laboral real.

El programa formativo ha combinado aprendizaje técnico, prácticas supervisadas y atención directa a usuarios del propio centro. De hecho, uno de los aspectos más destacados de la iniciativa ha sido el servicio de peluquería prestado durante el desarrollo del curso. Cada alumno ha realizado una media de cinco servicios diarios, alcanzando un total de más de 500 cortes y arreglos ofrecidos a usuarios del Albergue Municipal.

Esta experiencia práctica ha permitido a los participantes perfeccionar sus habilidades profesionales en un entorno real de trabajo, reforzando al mismo tiempo aspectos como la responsabilidad, la disciplina horaria, el trabajo en equipo y la atención al público.

El curso forma parte de las políticas de inserción sociolaboral desarrolladas por el Ayuntamiento de Zaragoza a través del Plan de Primera Oportunidad, que incluye también otras actividades formativas y de promoción personal que se desarrollan de manera estable en el Albergue Municipal: cursos de español, talleres de autonomía digital, cocina, lectura, mecánica de bicicletas, costura, manualidades y actividades culturales o deportivas.

A todas estas iniciativas se suman otros proyectos que el Ayuntamiento de Zaragoza desarrolla con entidades sociales del Tercer Sector como San Ezequiel Moreno, Centro Social San Antonio SERCADE o la Fundación Dolores Sopeña, orientados a mejorar la empleabilidad, la formación, la autonomía personal y la ocupación saludable del tiempo libre de las personas sin hogar.

El VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social se celebrará en Logroño el 25 y el 26 de junio, según ha avanzado la portavoz del Ayuntamiento de Logroño. El congreso está organizado por EAPN (European Anti Poverty Network) España junto con su delegación en La Rioja.

Serán dos jornadas que servirán para reflexionar sobre el futuro de las políticas sociales en Europa, la cohesión social y la garantía de derechos, con énfasis en asuntos como la lucha contra la pobreza, la vivienda asequible, la inclusión y los derechos sociales.

Para ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio de colaboración con la delegación riojana de la EAPN para la realización de este congreso. De este modo, el Ayuntamiento cooperará en la organización del encuentro, facilitará el espacio, los medios técnicos para la emisión vía streaming y participará en las diferentes mesas de debate.

El director de Cáritas Diocesana de Tenerife, Juan Rognoni, ha advertido este martes que unas 2.853 personas se encuentran en situación de exclusión residencial extrema en la isla, y señala la necesidad de seguir poniendo el foco sobre una realidad “cada vez más compleja y cronificada” también “desde una perspectiva de salud pública”.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa ofrecida en el Cabildo de Tenerife, durante la presentación de la sexta edición del informe Exclusión Residencial Extrema en Tenerife, la desigualdad habitacional y la vulnerabilidad social (2025), junto a la directora insular de Acción Social, Yolanda Baumgartner, y el técnico del área de Vivienda e Inclusión Social de Cáritas y coordinador del estudio, José Antonio Díez.

Durante su intervención, Juan Rognoni recordó que detrás de las situaciones de exclusión residencial extrema confluyen múltiples factores como la ruptura de redes familiares, el desempleo, las dificultades de acceso a la vivienda, las adicciones o los problemas de salud mental.

Rognoni subrayó además que muchas de las personas atendidas “presentan situaciones de enorme vulnerabilidad emocional y psicológica, en muchos casos sin el acompañamiento adecuado”, y alertó del impacto que están teniendo problemáticas como la ansiedad, la depresión o el deterioro de la salud mental dentro de los procesos de sinhogarismo, insistiendo en “la necesidad de abordar esta realidad también desde una perspectiva de salud pública”.

El documento, construido a partir de la experiencia y el trabajo de intervención directa que desarrollan diariamente entidades y recursos especializados, no pretende funcionar como un censo exacto de la realidad del sinhogarismo en Tenerife, sino como una herramienta de análisis y aproximación que permite detectar tendencias, identificar necesidades emergentes y comprender mejor cómo está evolucionando esta problemática en la isla.

Por su parte, Yolanda Baumgartner destacó la necesidad de seguir avanzando hacia una respuesta insular “más coordinada, estructurada y conectada entre administraciones, entidades sociales y profesionales” frente a una realidad “cada vez más compleja y sostenida en el tiempo”.

La directora insular subrayó además el papel que viene desempeñando el Cabildo de Tenerife, a través del IASS, en el impulso y coordinación de una estrategia común frente al sinhogarismo mediante el desarrollo del Marco Estratégico para la Inclusión Social y Comunitaria de las Personas en Situación de Sinhogarismo en Tenerife.

Baumgartner recordó asimismo que, aunque la atención de proximidad y buena parte de la intervención directa corresponden principalmente a los municipios, “desde el Cabildo hemos asumido un papel de coordinación, conexión entre recursos y trabajo conjunto con las entidades sociales para construir una respuesta común a nivel insular”.

Se nos anuncia, con la solemnidad de quien ha descubierto la pólvora o el bálsamo de Fierabrás, un nuevo concepto al que han bautizado con el rimbombante nombre de “prioridad nacional”. Don Núñez, en un ejercicio de equilibrismo político digno de las mejores temporadas en las carpas de 'le Cirque du Soleil', parece dispuesto a comprar la mercancía que le ofrece el partido de las camisas tiesas e impasibles ademanes recuerdo del ayer.

Un pacto que consiste en que, para gobernar Castilla-La Mancha, habrá que pasar por el aro de que esos derechos, que hasta ahora creíamos inherentes a la condición de seres humanos o, al menos, al honestos contribuyentes, tengan una ventanilla preferente según el lugar donde la madre de uno tuvo a bien parirlo.

Desde el punto de vista del sentido común, que debe ser ese pariente pobre al que los lideres políticos rara vez invitan a sus cenas de gala, no me dirán que el asunto no tiene miga. Castilla-La Mancha, esta tierra nuestra, de horizontes tan anchos como sus necesidades, se sustenta sobre una economía que no entiende de escudos heráldicos ni de heráldica en general. En el campo, por ejemplo, donde el ajo, la oliva y la uva no se recogen solos por mucho que uno silbe el himno nacional, la “prioridad” es obligatoriamente una entelequia. Si Don Núñez decide que el trabajador que llega de lejos dispuesto a doblar el lomo debe vivir en la indigencia administrativa, lo que estará firmando no es la salvación de la patria hispana y su 'amadisma' Castilla-La Mancha, sino el certificado de defunción de nuestras cooperativas. El campo se quedará solo, pero eso sí, será muy y mucho español.

A este dislate económico se le suma el drama de la despoblación, eso que muchos llaman 'la España vaciada', aunque me suena más real llamarlo 'los pueblos que languidecen'. En nuestra región, el cierre de una escuela es una verdadera tragedia griega que no necesita ni los tres actos preceptivos. Y resulta que esas escuelas, a menudo, se mantienen abiertas por los hijos de quienes Vox querría ver en el furgón de cola de los beneficios sociales. Expulsar a estas familias mediante la asfixia asistencial es, en pura matemática, una forma muy elaborada de suicidio demográfico. Es decir que quieres salvar la casa, y para ello propones ,cómo primera medida, quemar las vigas que la sostienen.

No hay que olvidar el lío que puede caerles encima a los juzgados. Porque a nadie se le escapa que estas ocurrencias normativas tienen menos recorrido de los aviones de papel en mitad de una ventisca. Ya se lo vaticino, se redactarán leyes, se publicarán boletines y, acto seguido, caerá sobre ellas un chaparrón de recursos constitucionales que dejará a la Administración en estado de parálisis contemplativa. Veremos a la Junta gastando el dinero de la caja de todos, entre abogados y pleitos perdidos, todo por satisfacer un capricho semántico de algún ocurrente miembro del partido de quienes añoran un orden que, a ver si se enteran, nunca existió.

Y luego está la seguridad, ese espantapájaros que a cada minuto agitan con tanto entusiasmo. Pretender que una sociedad resulta más segura, creando una subclase de ciudadanos parias sin acceso a vivienda ni protección, es no haber entendido nada de la naturaleza humana. La marginalidad, señores y señoras promotores, (y para que lo entiendan también quienes hacen cálculos electorales y los escuchan), no se cura con banderas, se cura con pan y con un techo. Lean la historia, y verán que fabricar excluidos es la forma más eficaz de fabricar problemas, y eso es muy grave en esta tierra donde hoy hay una paz bendita.

Don Núñez dice que este es “el camino”. Pero servidor, que ha visto pasar muchos caminos y todavía más caminantes, sospecha que este no lleva a la prosperidad de nuestra tierra, sino a un laberinto sin salida. En Castilla-La Mancha, o nos salvamos con el sentido común de la mano, o acabaremos perdidos en la llanura, discutiendo sobre el linaje de los que se queden a apagar las luces de un pueblo que se muere.

Y cuando ante las palabras de Don Núñez, esperaba que Don Page le diera una respuesta de calado, entre otros, con los anteriores argumentos, me encuentro que se limita a afirma que lo que busca Vox con la “prioridad nacional” es “que en España se odie al diferente”. Digo yo, que para ese viaje no necesita alforjas, ni conductor del coche oficial.

Con una crisis habitacional que se ha convertido en una de las preocupaciones y exasperaciones más acuciantes de la población de todo el país, el acceso a una vivienda se antoja una carrera de obstáculos para las rentas medias y bajas ante la escalada de precios tanto para la compra de inmuebles como para el acceso a un alquiler. Entre los afectados están las personas sin hogar, que sufren un agravante más: la Junta de Andalucía exige para las ayudas al alquiler a las personas especialmente vulnerables que exista un preacuerdo de arrendamiento. Un apartado que despierta la crítica entre las asociaciones del tercer sector porque impone una doble barrera para el colectivo. Ante el mantenimiento de la norma, han elevado al Defensor del Pueblo Andaluz una queja formal para que se revise y anule esta orden.

“Intenta acercarte a una inmobiliaria y pedir que reserven una vivienda durante seis meses, a la espera de que te concedan la ayuda”, ejemplifica Rafael Díaz, miembro de Elige la Vida. A ello habría que añadir que las personas sin hogar pertenecen a un grupo con unas carencias graves, ya sea a la hora de medios físicos como competencias digitales para acceder al trámite o su propia situación vital, donde la falta de ingresos o el deterioro físico y de salud mental que sobrellevan al vivir en la calle hacen que se les descarte rápidamente por parte de los caseros. “No vamos a darle ilusiones a nadie en estas circunstancias, así que hemos decidido movernos para que modifiquen el modelo”, afirma desde Sevilla, a sabiendas de que hay hasta 8.000 personas viviendo en la calle en toda Andalucía.

En colaboración con Proyecto Emaús - Parroquia Santas Justa y Rufina, se presentó el documento al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, el pasado 22 de marzo. El texto, al que ha tenido acceso este medio, señala la orden presentada por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en octubre de 2025, en la que se recoge que los colectivos vulnerables para los que está destinada la subvención deben ser titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual para acceder a la subvención. La subvención se ideó en el año 2020 y publicada en el BOJA en 2022. Fue entonces cuando los entes protestaron para que se modificaran las bases de la convocatoria y la Junta accedió a incluir un subapartado con el que se pretendía arreglar el entuerto. Pero, en la actualidad, el punto 6 de los formularios exige: “En el caso de personas sin hogar, preacuerdo de contrato de arrendamiento, debiendo presentar el contrato de arrendamiento una vez se formalice el mismo, a fin de poder recibir la ayuda solicitada”.

“Discriminación indirecta”

A pesar de que se incluyera una modificación para intentar “solventar la incoherencia absoluta” que supone exigir a una persona sin hogar un contrato de alquiler previo, “la realidad del mercado del alquiler de vivienda lo hace imposible”, observan. En cualquier anuncio de Idealista o Fotocasa se leen las obligaciones previas para obtener una visita: contrato de trabajo, avales, hasta dos meses de fianza, un mínimo de renta anual... Un largo listado que, como señalan en la carta remitida al Defensor, hace inviable el acceso para quien carece de apoyo económico: “Es una tarea imposible para las personas que se encuentran en situación de exclusión social severa, es decir, exclusión residencial, incluso cuando pueden contar con un acompañamiento social y con la previsión de una posible ayuda pública”.

Por tanto, califican las peticiones de la Junta como una “discriminación indirecta” hacia las personas sin hogar al imponer un principio que vulnera el principio de igualdad para obtener una ayuda pública y que va en contra de los propios planes de la Junta dirigidos a aliviar las circunstancias de estas personas, como el Plan Vive en Andalucía o la I Estrategia de Atención a las personas sin hogar en Andalucía (2023 - 2026), donde hay contemplada una de 400.000 euros en ese periodo con el fin de “aumentar el número de personas sin hogar que acceden a una solución habitacional” y “prevenir el fenómeno del sinhogarismo”. Con esta petición al Defensor, pretenden que se inste a la Junta de Andalucía a eliminar este apartado y se convengan otras cláusulas acordes a las condiciones del colectivo.

María del Carmen Jiménez, portavoz de Emaús y firmante de la petición, explica las obras de caridad que realizan con el apoyo de Cáritas. Desde la distribución de mantas hasta la compra de medicamentos o reparto de caldo a pie de calle, buscan la manera de acompañar a los que viven en las calles del barrio de Los Remedios. “Hay quienes no tienen nada o que logran una pequeña pensión no contributiva o el cobro del Ingreso Mínimo Vital, y es una realidad que afecta tanto a los nacionales o a los extranjeros”, comenta en declaraciones a esta cabecera.

Alquilar habitaciones

Ya no habla de la posibilidad de alquilar un piso con esta ayuda, sino de una habitación, que en Andalucía ronda los 400 euros, según los datos recopilados por Fotocasa, en un momento en el que los anuncios han crecido un 17% en 2025 frente a 2024. “Nadie alquila sin que haya una garantía, entonces, ¿quién les va a hacer un contrato previo a esa ayuda?”, cuestiona. Sin respuesta por parte de la administración, ha hecho piña con Elige la Vida para forzar el cambio y sugiere que sean las propias entidades las que acompañen al particular: “Con los datos del arrendatario, nos podríamos comprometer a ayudar en el pago de la habitación y que, una vez recibida la ayuda, se dé el dinero a posteriori”.

Las asociaciones son las que vehiculan las ayudas en la mayoría de las ocasiones, como recogen las bases de la Consejería y la I Estrategia de atención a personas sin hogar en Andalucía, para lo que también se recoge una línea de 400.000 euros repartidos en cuatro años. En estos casos, reciben directamente el importe y promocionan planes de acceso a la vivienda, como indica Juan Luis Delcán, presidente de EAPN en la delegación andaluza. “Las ayudas al alquiler de la Consejería tienen ese hándicap y, además, hay que tener en cuenta que resuelven la línea en cuatro o cinco meses, ¿qué propietaria te va a aguantar la vivienda?”, apunta. En la Fundación Atenea, de la cual es miembro, también se topan con las dificultades para facilitar inmuebles a las personas más vulnerables, ya sea por miedo a posibles destrozos o por aporofobia. En todo caso, adelantan el montante económico a los propietarios gracias a que tienen esa capacidad como organización del tercer sector.

“Habría que darle una vuelta porque las ayudas se idean y se destinan para una población que no llega”, lamenta, “en todo esto, las entidades tenemos un papel fundamental a la hora de trabajar con las personas en situación de calle en tiempos tan complicados”. El caso de las subvenciones particulares difiere de las que gestionan las organizaciones, ya que, como apunta, programas como el de Atenea contemplan un proceso de reinserción laboral y una rotación de las seis plazas que tienen disponibles una vez y que la persona sea autosuficiente en un proceso complejo en el que hay cuestiones relacionadas con la salud mental, la drogodependencia o la falta crónica de empleo.

Con casi dos millones viviendo en exclusión social, como estimaba el IX Informe Foessa, la vivienda se ha convertido en el epicentro del debate en la esfera pública. Una de las entidades que han estado asesorando y gestionando este tipo de ayudas ha sido la Asociación Provivienda. Pepa Muñoz Cañuelo, delegada territorial en Andalucía, comenta que a partir de un análisis realizado en colaboración con otras asociaciones comprobaron que estas líneas públicas “no llegan a las personas sin hogar y deberían tener otras ayudas con otros requisitos más directos, porque estos no se están aprovechando”. Desde la entidad, brindan apoyo directamente en la gestión de los trámites y preparan con antelación a las personas que están en sus programas, ya que son por concurrencia no competitiva, mientras que facilitan el asesoramiento a nivel grupal o individual en los casos que estén fuera de su red.

Sin el número de las personas sin hogar beneficiadas

En respuesta a este periódico, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda justifica con motivo del requisito de preacuerdo que “como toda convocatoria de ayudas, es necesario una justificación documentada, porque hay que preservar el fin de los recursos públicos”. “Esa fiscalización previa es necesaria porque, de lo contrario, no se podría conocer si verdaderamente cumplen su cometido”, añaden. “No es un obstáculo, sino una garantía de que llega a las personas que lo necesitan, y los números de solicitantes y beneficiados cada año corrobora que la ayuda llega”, argumentan las fuentes oficiales. En este caso, apuntan que se han canalizado 96,5 millones de euros para 28.689 viviendas y un total de 86.000 personas beneficiarias en Andalucía. Pese a la insistencia de este medio, la Junta no ha proporcionado el dato desagregado sobre las personas sin hogar.

Asimismo, la Consejería traslada que la ayuda, impulsada en 2020, “supone una oportunidad para muchas familias que, de otra manera, no dispondrían de la posibilidad de acceder a una vivienda”, refiriéndose a que la subvención está contemplada para todo un espectro en el que están contempladas las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, al igual que las personas sin hogar y otros individuos especialmente vulnerables. El importante máximo que se contempla por persona es de 500 euros mensuales, más gastos de comunidad, hasta 200 euros al mes. “Consideramos que el modelo actual funciona, pero estamos abiertos al diálogo con todas las asociaciones y entidades para que nos trasladen sus casuísticas y circunstancias”, concluyen.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) celebra desde este miércoles, 22 de abril, al viernes, día 24, el XIX Encuentro Estatal de Participación en el Institución Ferial de Ciudad Real (Ifedi), junto a su red territorial de Castilla-La Mancha.

La presente edición reunirá a un centenar de personas con experiencia en pobreza de todo el país, con el objetivo de trabajar en propuestas políticas en materia de acceso a la vivienda y de transición justa, en un contexto de “emergencia habitacional que está abocando a miles de personas a situaciones de pobreza y exclusión social”, según apunta la organización.

En la inauguración del evento, que tendrá lugar el 22 de abril a las 16.30 horas, está previsto que participen Inés Sandoval, directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real; Rocío Zarco, diputada de la Diputación Provincial de Ciudad Real; Mar González, presidenta de EAPN Castilla-La Mancha; y Carlos Susías, presidente de EAPN España y EAPN Europa.

El programa del primer día concluirá con la grabación en directo del vídeo podcast 'Sin derechos estamos apañaos', un proyecto desarrollado por el Grupo de Participación de EAPN Castilla-La Mancha. Se trata de una iniciativa donde personas con experiencia en pobreza dialogan con referentes de ámbitos culturales, políticos, científicos o sociales sobre temas de interés social. En esta ocasión, se realizará una entrevista a Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y reconocido divulgador científico.

Por su parte, en la jornada de clausura el viernes 24 de abril está prevista la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con la Comunicación 'Los rostros y el lenguaje de la pobreza'.

Previa a la intervención de Gabilondo, se llevará a cabo un encuentro con las instituciones, donde representantes de las diferentes delegaciones territoriales de EAPN España trasladarán las propuestas en materia de derecho a la vivienda trabajadas en las jornadas a representantes institucionales, entre ellos Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; y Santiago Vera, director general de Acción Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La presente edición del encuentro coincide, además, con la celebración del Día Internacional del Libro, el 23 de abril. En este contexto, el miércoles 22 de abril se realizará el acto simbólico 'Lecturas por una vivienda digna', una lectura pública de fragmentos de obras centradas en la defensa del derecho a la vivienda y la denuncia de la pobreza y la exclusión social.

EAPN España tiene una larga trayectoria en la celebración de Encuentros y Congreso de Participación tanto a nivel europeo, estatal y autonómico. Gracias a estos espacios se potencia el reconocimiento de las personas en situación de pobreza o exclusión y se facilita que representantes institucionales se acerquen a problemáticas y realidades a las que, sin estas iniciativas, no tendrían acceso.

Aunque haya pasado justo una década, Pilar recuerda perfectamente la primera comida que preparó en el comedor social. “Hicimos lentejas para 27 personas”, recuerda con una sonrisa en la boca.

Fue un ya lejano 11 de abril de 2016 cuando abrió sus puertas este centro que desde entonces ha repartido más de 220.000 comidas a personas que necesitan ayuda para cubrir sus necesidades alimenticias básicas en Illescas y los pueblos del entorno, en el límite entre Madrid y Toledo, una de las zonas más pobladas de Castilla-La Mancha, debido en buena medida al éxodo madrileño por razones diversas, incluido el exilio económico.

Pilar, que también preside la entidad que está detrás de este comedor -la asociación 'Alimento para todos'-, sigue detrás de los fogones cada día. Justo este viernes celebrarán una jornada de puertas abiertas para conmemorar este décimo aniversario, al que han invitado a todas las personas que han colaborado desde el principio.

“Aunque la primera comida se sirviese en el 2016, la asociación surgió un año antes”, aclara Félix, tesorero de la entidad. “No existía en ese momento un comedor social. Pero muchos entendíamos que era algo necesario. Era un momento de crisis fuerte, y veíamos que había una necesidad, gente que lo pasaba mal, incluso para comer”, rememora.

Y vista la necesidad, un grupo de voluntarios se propuso actuar. Se convocó una primera asamblea a la que se presentaron unas cuarenta personas... y hasta hoy.

135 comidas cada día

“Vino gente Cruz Roja, de Cáritas, del ayuntamiento, partidos políticos, asociaciones, mucha gente a nivel particular… Y se entendía la necesidad. A partir de ahí, se decidió crear la asociación Alimento para Todos”, explica Félix.

Tras unos meses de trabajo consiguieron cocinar esa primera tanda de lentejas de la que hablaba Pilar. De las 27 raciones que la asociación preparó hace 10 años ha pasado a unas 135 cada día, que se reparten entre medio centenar de familias. Las cuatro decenas de participantes en la primera asamblea se han convertido en unos 260 voluntarios y voluntarias que arriman el hombro en función de su capacidad y disponibilidad.

El grueso del trabajo lo absorben Pilar, Manoli y Johnny, que son quienes dedican cuatro o cinco horas diarias a preparar las comidas, pero hay muchos más colaboradores. Cada uno ayuda en lo que puede: como pinche de cocina, en la limpieza o la recogida de los alimentos, el reparto de las comidas… Incluso uno de los perceptores de la ayuda, dedicado a la albañilería, construyó en el patio un fregadero para poder limpiar con más comodidad las ollas más grandes.

Y es que los propios usuarios de la asociación suelen participar en las labores, un voluntariado que algunos mantienen aunque su situación económica mejore y ya no necesiten este servicio para cubrir sus necesidades de alimentación.

A las personas que acuden se les pide que no superen un umbral de ingresos -728 euros al mes una persona o 1.057 euros dos personas, sin contar hijos-, pero es un límite que suele quedar por encima de la realidad de la mayoría de personas que acuden

Los usuarios son de procedencia muy variada. Aquí acuden personas originarias de España, pero también de Cuba, Venezuela, Marruecos o Perú. Todas tienen en común una situación económica muy vulnerable. A las personas que acuden se les pide que no superen un umbral de ingresos -728 euros al mes una persona o 1.057 euros dos personas, sin contar hijos-, pero es un límite que suele quedar por encima de la realidad de la mayoría de personas que acuden.

Por fortuna, salvo algunos casos de sinhogarismo, la mayoría de personas solo necesitan acudir durante un periodo de tiempo, ya que su situación con el paso del tiempo.

“Familia” y “amistad” a pesar de la adversidad

Las personas que acuden a este comedor social hacen fila cada día para un reparto que suele empezar sobre las 12:00 horas. Acuden con sus táperes, en los que los voluntarios les sirven la comida para llevarla a sus casas.

Una hora antes de que comience el reparto, ya hacen cola una decena de personas. Entre ellas está Amarilis, una cubana que lleva dos años residiendo en España y que reconoce que este comedor social supone para ella “mucha ayuda”.

Sus realidades hablan de desempleo y prestaciones sociales que muchas veces no llegan ni para cubrir lo más básico. A pesar de las circunstancias, han creado una comunidad entorno a este comedor que les lleva a hablar de “familia” y “amistad”.

“Nos tratan con mucho cariño. Desde el primero hasta el último, súper cariñosos con nosotros, súper atentos. Yo estoy súper agradecida”, cuenta Marta, una de las usuarias.

Todo ello en un local que luce reluciente en el momento de la visita de elDiario.es Castilla-La Mancha, el día antes a la fiesta por el décimo aniversario. El espacio es amplio y con numerosas estancias. Hay un comedor donde ya no se sirven comidas dado el alto volumen de gente que necesita este servicio, una cocina donde ya reposan las comidas de los dos próximos días -sopa de marisco con tortilla de patata y albóndigas con espaguetis- y una despensa con numerosas estanterías y arcones frigoríficos. También cuentan con baños y zonas de fregaderos en este espacio que tiene la asociación tiene alquilado gracias a una subvención del Ayuntamiento de Illescas, que también cubre los gastos de energía.

“A partir de ahí lo que hicimos fue pedir la colaboración de, sobre todo, supermercados. Veíamos que, en las grandes superficies, los supermercados locales tiran muchos alimentos. Recogemos a diario en supermercados de Illescas e incluso en Yuncos”, explica Félix.

También colaboran con ellos otra empresa que les permite completar el menú cubriendo el coste de productos congelados.

Carencias materiales y falta de relevo generacional

Sin embargo, no todo queda cubierto. Pilar y Manoli, dos de las cocineras, señalan que tienen carencias de aceite y leche. También hacen falta productos infantiles como pañales o productos de higiene para niños, ya que los usuarios también tienen necesidades de ese tipo de artículos.

Además de las necesidades materiales, esta asociación en la que los voluntarios que más tiempo dedican ya peinan canas, también demanda un relevo generacional. Juan Antonio, otro de los voluntarios, reconoce que la gente joven echa una mano, pero que los compromisos laborales les impiden tomar las riendas. “Hay gente joven que colabora. La gente joven colabora mientras puede. Los que estamos fijos somos gente mayor. Lógicamente, necesitamos un relevo”.

Diez años después de aquellas primeras lentejas, la ilusión y el empeño de unos ciudadanos que quisieron hacer frente al hambre siguen vigentes. Y, aunque las cifras hablan de miles de comidas y cientos de voluntarios, lo que realmente sostiene este proyecto es algo menos cuantificable: la convicción de que nadie debería quedarse atrás. Este comedor social demuestra que la solidaridad no es solo una respuesta a la urgencia, sino una forma de comunidad que, una década después, sigue creciendo y buscando manos nuevas para garantizar que nunca falte lo esencial.

David está rehaciendo su vida. Desde hace tres meses, trabaja en la imprenta de Nostrum Integra, de la fundación Diagrama: “Es muy motivador. Después de tres años vuelvo a tener obligaciones, una rutina, un día a día normal”, explica a este diario. Las adicciones lo apartaron temporalmente del mundo laboral, que ahora vuelve a afrontar con ilusión.

Antes de firmar el contrato con la empresa de inserción, David Quesada llevaba tres años sin trabajar: “Mi último trabajo fue como seguridad en un centro de menores. Estuve allí 12 años, trabajando con adolescentes con problemas”. Tras toda una vida empleado, finalmente tuvo que cogerse la baja: “Estuve depresivo mucho tiempo, aquello quema, hay una tensión continua”, describe.

Ahora, está aprendiendo un nuevo oficio: “La mayoría entramos aquí desde cero, sin experiencia en el sector. Nos están ayudando mucho, la formación está siendo muy buena, tenemos grandes profesionales”. Junto a él, otra media docena de personas tiene un contrato de inserción con Nostrum Integra: “La experiencia con los compañeros es muy positiva, nos adaptamos bien y nos ayudamos mutuamente, somos un equipo”, apunta David.

Nostrum Integra es una empresa de inserción, una iniciativa económica de carácter no lucrativo cuyo objeto social es el acompañamiento y la inserción socio-laboral de personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión social, con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo. Afincada en el polígono de La Polvorista en Molina de Segura, la entidad lleva trabajando con personas en riesgo de exclusión social de la mano de la Fundación Diagrama prácticamente desde su nacimiento en 1999, mucho antes de que se formalizase legalmente la figura de las empresas de inclusión.

“Desde el principio la empresa se ideó para trabajar con personas en exclusión social o en riesgo de exclusión social. Al principio el trabajo era más formativo, similar a los programas de los institutos de formación profesional. Pero nos fuimos dando cuenta del valor de dar una oportunidad laboral a distintos colectivos”, explica a este diario Matías González, gerente de la empresa.

Ahora, trabajan al tiempo que se están formando: “En un año aprenden la profesión, en dos años son técnicos de producción. A los tres años se tienen que ir, la idea es que este trabajo sirva de tránsito al mercado laboral ordinario”, describe el gerente. Por parte de la empresa, Matías confiesa que la renovación constante de personas supone un reto: “Por mucho que hayamos conseguido que estos empleados formen parte de una plantilla profesional, cuando terminan sus contratos volvemos a empezar con personal nuevo, la mayoría sin experiencia en el sector”.

“La experiencia es muy bonita. Es muy gratificante comparar cómo entran a cómo se van”, define Paco García, técnico de producción. Como en el grueso de empresas de inserción, los empleados con contratos de este tipo reciben un acompañamiento doble. Por un lado, a través del equipo de orientación laboral de la Fundación Diagrama se preparan en los aspectos sociales y formativos del itinerario de inserción. Por otro lado, los técnicos de producción trabajan codo con codo con ellos, enseñándoles el oficio.

“Hay que trabajar con ellos con mano izquierda. En resumidas cuentas, hay que ser muy humano. Es indescriptible la sensación que da cuando vienen y te dicen que han conseguido encontrar trabajo, es una maravilla”, explica el técnico. “Tenemos muy buenos profesionales que nos enseñan a cómo trabajar aquí, la mayoría entramos sin tener experiencia previa en el sector”, abunda David.

Estudios de diseño y agencias de publicidad

“Empezamos con una imprenta convencional con la tinta. Al principio fue difícil establecer un ritmo de trabajo mientras hacíamos las formaciones. No era como el que tenemos ahora, somos una empresa profesional”, subraya. La nave, ahora con equipamiento moderno, preserva su historia en pequeños detalles, como la iluminación que se instaló junto a la antigua imprenta tradicional: blanca, alógena y precisa.

Para lograr ser competitivos, González indica que la empresa tuvo que reinventarse varias veces, siendo de las primeras imprentas en zambullirse en el mundo digital: “Fuimos de los primeros en digitalizarnos en Murcia, queríamos ser más competitivos, dar el servicio más rápido. También nos queríamos alejar de un proceso de producción muy complejo en el que había que tener una formación muy especializada”, abunda.

“Al final esto un negocio sin ánimo de lucro, pero tiene que ser sostenible y productivo”, recuerda. Aunque disponen de un amplio catálogo de servicios, Nostrum Integra se ha convertido en una imprenta muy apreciada por estudios de diseño y agencias de publicidad: “Nos hemos especializado, aunque suene redundante, en acabados muy específicos [risas]. Nos enfocamos en la pequeña tirada, hacemos productos que no suelen hacer otras empresas. Los estudios buscan en nosotros un proveedor donde puedan llevar a cabo su creatividad”, incide.

El grueso de la cartera de clientes de la empresa es de iniciativa privada, interesados en sus acabados y “sensibilizados con el proyecto” de inserción. El cliente menos común es la Administración, pese a que la normativa estipula que las empresas de inserción deben presentar un mínimo del 8% en su volumen de licitaciones.

“Diría que no se está cumpliendo la normativa, porque no lo hacen [los contratos] con reserva, lo hacen a precio. Aunque siempre nos tienen en cuenta porque les gusta el proyecto, si se abriera este tipo de contrataciones públicas con reserva cogerían a una empresa u a otra, pero siempre serían de inserción”, expone Matías.

No hay un “perfil” de la exclusión social

González descarta definir un “perfil” de empleado con contrato de inclusión. A primera vista el personal de la imprenta es muy heterogéneo, con hombres y mujeres de diversas edades trabajando codo con codo: “Diagrama trabaja con prácticamente todo el ámbito de colectivos de riesgo de exclusión social. Principalmente, con chicos que cumplen la mayoría de edad en centros de menores”, apunta. “A las personas que han pasado por un centro de menores o de protección les damos su primera experiencia laboral. Con 18 o 19 añitos salen de los centros y les ofrecemos la primera oportunidad de conocer el mundo laboral”, abunda.

“Trabajar con gente joven es distinto, es más ajetreado, pero suelen tener una capacidad de aprendizaje mayor. Les tienes que enseñar lo que es la responsabilidad, la importancia de los horarios y de permanecer en el puesto de trabajo. Pero la experiencia siempre ha sido buena, el ambiente con los chavales suele volverse más distendido”, observa.

La Fundación también tiene programas para otros colectivos, como las personas migrantes, en situación de pobreza, parados de larga duración, personas con adicciones o mujeres maltratadas: “Son personas muy capaces de trabajar, muchos llegan con una trayectoria de trabajo”, resume. La mayoría de los trabajadores con contratos de inserción vienen de programas de la propia Diagrama, pero también colaboran con otras entidades o empresas de inserción: “No queremos discriminar a nadie, queremos darle la oportunidad a todo el mundo”.