Dos cabezas, la de un policía local y la de un trabajador social, para sustituir a una. Esta ha sido la controvertida propuesta del Ayuntamiento de Murcia que ha puesto en pie de guerra a los trabajadores sociales del Servicio Municipal de Emergencia y Acción Social (SEMAS), que atiende en vía pública a personas en situación de extrema vulnerabilidad, exclusión social o emergencia durante las 24 horas del día. Al grito de “Nuestro SEMAS es social, no policial”, la plantilla de este servicio se ha manifestado esta mañana a las puertas del Consistorio murciano.

Tradicionalmente, la coordinación del SEMAS ha quedado en manos exclusivamente de trabajadores sociales, por lo que desde el servicio no comprenden la decisión del Consistorio de dividir la coordinación en dos: “Es una tomadura de pelo, a efectos prácticos quien está ejerciendo la coordinación ahora mismo es el compañero policía”, denuncia Fina, trabajadora del servicio.

El puesto de coordinador del SEMAS lleva vacante desde antes del verano a causa de la jubilación de Pepe Morales, que creó el servicio hace 27 años: “Los policías son importantes, pero como complementarios en el trabajo que se hace, porque este es un servicio que está en el marco de los servicios sociales y no en otro sitio”, ha subrayado a preguntas de este medio.

Fina, que lleva en el servicio desde su creación, teme que el nombramiento cristalice en un viraje hacia un enfoque menos asistencial: “Nosotros venimos denunciando que cada vez los recursos sociales para personas sin hogar en situación de exclusión severa van reduciéndose”.

“Hemos visto un cambio desde hace un par de años. Cada vez que ha venido una persona ilustre nos han mandado a desplazar a personas vulnerables del centro”, ha abundado.

La movilización ha sido convocada por los sindicatos SIME, CCOO, CSIF y UGT, que reclaman que se suprima la bicefalia del servicio: “[El SEMAS] lleva 30 años dirigido por un trabajador social y los sucesivos alcaldes lo que han hecho ha sido presumir del buen funcionamiento, por lo que no entendemos esta decisión”, ha apuntado Francisco Javier Illán, secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Consistorio capitalino.

“La función fundamental [del SEMAS] tiene que ser una función social y esta decisión ha generado mucha incomprensión entre los trabajadores, porque es que no es explicable”, ha denunciado Fernando González, secretario general de UGT en el Ayuntamiento de Murcia

La alarma saltó a finales de la semana pasada, cuando trascendió la intención del gobierno local de aprobar en Junta de Gobierno el nombramiento del policía local al frente del servicio. Finalmente, la decisión se hizo efectiva el pasado viernes en forma de bicefalia, con el nombramiento del agente y de un trabajador social al frente del SEMAS.

Se trata de un agente que, de acuerdo con los manifestantes, tiene una escala inferior a los trabajadores sociales, que son del grupo A2 frente al C1 del policía. Dejando a un lado la idoneidad de un agente para coordinar el servicio, entre los trabajadores del SEMAS surge la pregunta de a quién deberá responder su nuevo responsable, que orgánicamente depende de los mandos policiales y no de la jefatura de Servicio Sociales: “Es un despropósito en cualquier sitio que una persona de rango inferior dirija el trabajo de otros trabajadores y trabajadoras de rango superior”, ha denunciado Illán.

Por el momento el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia ha presentado un escrito mostrando su disconformidad contra la nueva coordinación del SEMAS y próximamente se reunirán con la concejala de Servicios Sociales: “Nosotros entendemos que el servicio es social y, por tanto, debe estar al frente exclusivamente de un profesional del trabajo social. Consideramos que debe evaluar el servicio el trabajador social, que conoce la intervención social, el diagnóstico y la planificación y que realiza esos informes sociales”, ha expresado Laura López Martínez, coordinadora del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia.

Morales, que en todo momento ha alabado el buen trabajo de las fuerzas del orden en colaboración con el SEMAS, ha recordado que la labor de la policía siempre ha sido complementaria y supeditada a la figura del trabajador social: “El encargo que tuve, tanto para crear como para coordinar [el SEMAS] fue en función de mis estudios y mi carrera como trabajador social. Es difícil de explicar que ahora lo vaya a dirigir un policía, no es el rol adecuado, de la misma manera que no tendría sentido que un trabajador social coordinase un servicio policial”.

Retenciones por las manifestaciones del metal

La concentración del SEMAS ha coincidido con la de los trabajadores del metal, en huelga desde la pasada semana. Al grito de “si esto no se arregla: ¡guerra, guerra, guerra!”, decenas de trabajadores han compartido espacio con los del servicio del Consistorio murciano.

Esta mañana el colectivo del metal ha mantenido cortada la rotonda de Ikea, al final de la avenida Juan de Borbón, en sentido Murcia, lo que ha provocado retenciones en los accesos desde la zona norte de la ciudad.

Cáritas La Rioja urge a las Administraciones públicas a adoptar medidas concretas para hacer frente a la crisis habitacional que afecta a las personas en situación de vulnerabilidad y garantizar su acceso a una vivienda digna y asequible. Entre sus principales reivindicaciones figuran la puesta a disposición de al menos 100 viviendas al año para alquiler social, la creación de un Observatorio de la Vivienda en La Rioja y la actualización de la legislación autonómica.

Son propuestas realizadas por la entidad social durante la presentación de las V Jornadas de Pobreza y Exclusión Social que se celebrarán los días 9, 10 y 12 de noviembre en Logroño. Jornadas que este año abordarán la realidad de quienes tiene que vivir en habitaciones, el suo de datos para orientar las políticas de vivienda y las experiencias de entidades que desarrollan recuros habitacionales.

El director de Cáritas La Rioja, David García, ha explicado que “el desajuste entre los precios de compra y alquiler, los ingresos de los hogares y la escasez de alternativas asequibles está dificultando el acceso a una vivienda digna y empujando a miles de personas y familias hacia situaciones de precariedad”. Por esta razón, “solo un compromiso firme y coordinado de las Administraciones, con recursos adecuados, permitirá hacer frente a la pobreza y la exclusión residencial que ya sufren muchos hogares y evitar que se agraven”. Y es que, “las ayudas económicas y los recursos de alojamiento de las entidades sociales, aunque necesarios para atender las circunstancias más urgentes, no pueden sustituir la responsabilidad de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vivienda”.

Por su parte, el responsable de Comunicación Cristiana de Bienes de Cáritas La Rioja, Carmelo Juárez, ha detallado los principales indicadores de exclusión residencial y la experiencia de la entidad en el acompañamiento de las personas afectadas. Así, ha relatado que la limitada disponibilidad de vivienda pública y de opciones de alquiler asequible constituye uno de los principales obstáculos para atender las necesidades residenciales de los hogares con menos recursos. Según los datos facilitados por el Gobierno de La Rioja al Parlamento autonómico, “en febrero de 2026 el parque público autonómico contaba con 204 viviendas en gestión activa, de las cuales 143 estaban adjudicadas y habitadas y otras 61 se encontraban en procesos previos a su nueva adjudicación”.

A esta realidad se suma la escasa presencia de alquileres por debajo del precio de mercado. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 solo el 1,2 por ciento de los hogares riojanos vivía en una vivienda alquilada a un precio inferior al de mercado, frente al 3,5 por ciento de media estatal. Este indicador incluye distintas modalidades de alquiler reducido, no exclusivamente vivienda pública.

Por su parte, el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en La Rioja apunta a que en 2024 el 14,3 por ciento de la población riojana, unas 46.000 personas, presentaba algún problema de exclusión social relacionado con la vivienda. El informe estima que alrededor de 10.000 personas vivían en situación de vivienda insegura —por tenencia precaria, amenazas de pérdida del alojamiento o violencia en el hogar— y unas 26.000 residían en viviendas inadecuadas, con deficiencias graves, hacinamiento o falta de suministros o equipamientos básicos. Dado que ambas circunstancias pueden coincidir, FOESSA cifra en unas 31.000 las personas afectadas por al menos una de ellas.

“Las personas que no cuentan con capacidad económica para acceder al mercado ordinario se ven obligadas a desplazar su búsqueda de alojamiento hacia habitaciones, subarriendos, acuerdos informales o casas en malas condiciones. Esta situación afecta especialmente a hogares jóvenes, monoparentales, personas migrantes, hogares con baja intensidad laboral y con ingresos insuficientes o variables. La vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la inclusión social”., ha explicado Carmelo Juárez. 

A este diagnóstico se añade el estudio de la Fundación FOESSA La vivienda imposible: del alquiler inaccesible al realquiler de supervivencia, que analiza las dificultades económicas para acceder al mercado residencial. Según sus estimaciones, el 26,5 por ciento de las personas que vivían de alquiler en La Rioja en 2024 no dispondría hoy de ingresos suficientes para acceder de nuevo al mercado en condiciones económicamente sostenibles, es decir, sin destinar más del 30 por ciento de sus ingresos a pagar un alquiler de referencia. “La crisis habitacional ya no afecta únicamente a quienes carecen de ingresos: también está empobreciendo a personas que trabajan y poniendo en riesgo proyectos de vida que hasta ahora habían logrado sostenerse. Tener un empleo no garantiza poder acceder a un hogar estable y seguro”, ha señalado el responsable de Comunicación Cristiana de Bienes. 

Estas dificultades forman parte de la realidad que Cáritas La Rioja encuentra diariamente en sus servicios de acogida y programas de acompañamiento. “Hay familias que están dedicando no solo el 40 por ciento de sus ingresos a vivienda, sino el 60 por ciento”, asegura Juárez. Y destintar una proporción de dinero tan elevada “compromete la capacidad para afrontar gastos básicos como la alimentación, los suministros, los tratamientos sanitarios o la educación de los hijos”.

El responsable de Comunicación Cristiana de Bienes ha alertado también de la incertidumbre que viven muchas familias cuyos contratos de alquiler de cinco años están próximos a vencer: “Temen que, al finalizar el contrato y negociar nuevas condiciones, la renta aumente hasta una cantidad que no puedan asumir, lo que pone en riesgo su permanencia en la vivienda”.

Familias viviendo en una habitación

Una de las manifestaciones más preocupantes de esta realidad es el aumento de personas y familias que se ven obligadas a vivir en una habitación. En 2025, Cáritas La Rioja proporcionó ayudas a 802 personas cuyo hogar era una habitación, 187 de ellas menores de edad. La cifra representa un incremento del 78,6 por ciento respecto a las 449 personas que recibieron apoyo en esa situación durante 2024. “Nos preocupa especialmente que haya familias enteras, con niños y niñas, para las que una habitación es el único lugar disponible para descansar, comer, guardar pertenencias, relacionarse, estudiar, trabajar y criar. En un espacio mínimo de supervivencia se concentra todas las funciones de la vida cotidiana que deberían de repartirse en una vivienda adecuada”, ha denunciado Carmelo Juárez. El esfuerzo económico que Cáritas dedica a atender estas necesidades refleja la magnitud del problema. El año pasado, la entidad destinó 144.196,37 euros a ayudas directas relacionadas con la vivienda, el 63 por ciento de todas las ayudas económicas concedidas durante el ejercicio.

26 viviendas de Cáritas en La Rioja

Además de las ayudas económicas, Cáritas La Rioja dispone actualmente de 26 viviendas entre las del Proyecto de Alojamientos Temporales y las casas rurales cedidas por la Diócesis, en las que residen 82 personas. “Prevemos ampliar estos recursos hasta alcanzar próximamente las 30 viviendas. En ellas, además de proporcionar alojamiento, ofrecemos acompañamiento social y educativo para favorecer la autonomía y los procesos de inclusión”, ha avanzado.

La entidad desarrolla también el proyecto Personas con Hogar, dirigido a personas en situación de sinhogarismo y basado en la metodología Housing First, que sitúa el acceso a una vivienda independiente al comienzo del proceso de acompañamiento. “Entre enero y octubre de este año, hemos atendido a 150 personas en situación de calle o alojadas en recursos específicos para personas sin hogar. De ellas, 63 tienen entre 18 y 35 años, lo que supone el 42 por ciento del total”, ha afirmado.

Las soluciones

Ante este escenario, Cáritas La Rioja reclama a las Administraciones públicas impulsar una respuesta estructural a la crisis habitacional que afecta a las personas en situación de vulnerabilidad. “Solicitamos a los gestores que pongan a disposición al menos cien viviendas destinadas al alquiler social cada año. Necesitamos compromisos concretos, con actuaciones planificadas y recursos suficientes, para que las personas y familias que hoy quedan fuera del mercado ordinario puedan encontrar un alojamiento digno”, ha defendido el director de la entidad. Para sostener este incremento, Cáritas reclama que el Gobierno de La Rioja destine una partida presupuestaria anual de unos 15 millones de euros a la construcción de vivienda para alquiler social. Esta cantidad es una estimación inicial, que deberá concretarse en función de las características y los costes reales de las promociones.

La organización propone además captar con urgencia viviendas existentes, mediante su adquisición o alquiler a terceros, para aumentar la oferta sin depender únicamente de los plazos de construcción. Pide que las actuaciones se distribuyan por el territorio riojano en función de la demanda residencial de cada municipio. “Si una entidad social como Cáritas, con recursos limitados, puede gestionar viviendas y acompañar a las familias que residen en ellas, las Administraciones públicas pueden desarrollar una respuesta de mayor alcance que ofrezca soluciones a muchas más personas”, ha afirmado David García.

Junto a la ampliación del parque residencial, Cáritas considera preciso actualizar la legislación autonómica. “Debemos avanzar hacia el reconocimiento del acceso a la vivienda como un derecho subjetivo, de manera que las personas que cumplan los requisitos establecidos puedan exigir una respuesta efectiva de las Administraciones. También necesitamos una mayor coordinación entre las políticas de vivienda y los servicios sociales, porque las dificultades residenciales están estrechamente relacionadas con otras situaciones de vulnerabilidad”, ha expuesto el director.

Otra de las propuestas es la creación de un Observatorio de la Vivienda en La Rioja. Según ha explicado el director, “es necesario un organismo que permita analizar de forma rigurosa y permanente la situación residencial de nuestra comunidad, conocer dónde se concentran las necesidades y qué dificultades encuentran las familias. Esa información debe servir para formular propuestas concretas a las Administraciones y evaluar si las medidas que se ponen en marcha están dando resultado”.

V Jornadas de Pobreza y Exclusión Social

Con el propósito de profundizar en esta realidad y conocer experiencias desarrolladas en otros territorios, Cáritas La Rioja celebrará el 9, 10 y 12 de noviembre, a las 19:30 h, sus V Jornadas de Pobreza y Exclusión Social con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño y Fundación Ibercaja. Bajo el título “Se busca hogar: la vivienda y la exclusión social”, tendrán lugar tres sesiones de acceso libre hasta completar el aforo.

El lunes 9 de noviembre, en el Espacio Lagares de Logroño, Guillermo Oteros, coordinador del departamento de Análisis Social y Observatorio de la Realidad de Cáritas Diocesana de Barcelona, ofrecerá la conferencia “Exclusión compartida. Vivir en una habitación”.

El martes 10 de noviembre, también en el Espacio Lagares y a la misma hora, Mattias Bergman, jefe de la Sección de Innovación e Inspección de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Navarra, impartirá la ponencia “Políticas de vivienda basadas en datos: del Observatorio a la práctica”.

El jueves 12 de noviembre, a las 19:30 h, la Fundación Ibercaja La Rioja (Plaza Diversidad, 2, Logroño) acogerá la sesión “Recursos habitacionales para el acceso a la vivienda”, en la que participarán Sergio Rodríguez, director de la Fundació Habitatge Social (Cataluña), y Amaia Porres, directora de la Fundación Eguzkilore (Bizkaia).

El nom de Corea —Camp Redó, seguint el topònim original— fa anys que s’associa a Palma (Mallorca) amb la droga i la degradació. Darrere l’estigma hi ha una realitat socioeconòmica complicada i dècades de deteriorament urbanístic, tal com reflecteix el darrer Atles de distribució de la renda de les llars de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), corresponent al 2024. Al cor de Corea, entre els carrers de l’Infant Pagà i Joan d’Àustria, hi ha l’única secció censal de les Balears situada entre el 3% de les de renda més baixa de tot Espanya. La precarietat i la marginació són dues cares d’una realitat complexa marcada per una inacció institucional que no ha aconseguit impulsar la regeneració d’aquesta zona de la perifèria palmesana.

El barri, a l’oest perifèric de la capital balear, constitueix un desert econòmic dins tot l’arxipèlag: tot i registrar una població elevada en risc d’exclusió social a causa de l’alt cost de la vida i dels preus desorbitats de l’habitatge, també té una de les rendes mitjanes més elevades del territori estatal, d’acord amb l’Atles de renda del 2024. Les Balears contenen seccions censals situades entre el 5% de les més riques d’Espanya. Per exemple, la que inclou la urbanització de luxe de Roca Llisa, a Santa Eulària (Eivissa), amb una renda mitjana bruta anual de més de 90.000 euros; algunes zones de Sant Lluís, a Menorca, que s’acosten als 100.000 euros, i el barri de Cas Català, a Calvià (Mallorca), la renda mitjana bruta anual del qual supera aquesta xifra i que se situa entre el 3% més ric del país i entre l’1% més ric de les illes.

El barri, a l’oest perifèric de Palma, constitueix un desert econòmic dins les Balears: tot i registrar una població elevada en risc d’exclusió social a causa de l’alt cost de la vida i dels preus desorbitats de l’habitatge, també té una de les rendes mitjanes més elevades del territori estatal

Palma té seccions censals entre les de més poder adquisitiu del país. De fet, la major part de l’àrea metropolitana està tenyida de blau —el color que representa les regions territorials amb més riquesa—, a excepció dels barris perifèrics afectats per una gran desigualtat i on s’accentua la marginació econòmica i social. Com el barri de la Soledat, Son Gotleu i aquesta illa de Corea, una illa de renda formada per diversos blocs d’habitatges de protecció oficial (HPO) construïts durant el franquisme.

Construïdes per Obra Social de la Llar

El conjunt d’habitatges de protecció oficial (HPO) es va aixecar durant la dècada dels cinquanta com a part d’un pla d’habitatge (1954-1955) de l’Obra Sindical del Hogar (OSH) —l’organisme franquista destinat a facilitar habitatge a famílies treballadores amb dificultats—. L’arquitecte Antoni Roca Cabanellas va ser l’encarregat d’erigir els de Corea en uns terrenys als afores d’una Palma encara per imaginar. El sector, ara pròxim a la Via de Cintura —la principal autovia de la ciutat—, als cinemes Ocimax i a la segona comissaria de Policia, la de l’Oest, en aquella època estava envoltat de camp, als afores d’una metròpoli que encara havia de començar a enlairar-se com a projecte urbanístic.

S’hi van construir, en total, 568 habitatges, repartits en 26 blocs de pisos de dos i tres dormitoris distribuïts en una superfície estreta de 26 metres quadrats, batejats com a ‘Generalísimo Franco’. No va ser l’única zona que va créixer durant la dictadura. L’anell perifèric de la capital balear va augmentar, en general, amb promocions d’habitatges protegits per respondre al dèficit d’habitatge que va provocar l’arribada de famílies que van migrar des de la Península per treballar en el sector turístic.

A més de Camp Redó, durant els anys cinquanta es van construir habitatges impulsats per l’Obra Sindical del Hogar a prop del límit amb Marratxí, mentre que durant les dècades següents van sorgir noves promocions en barris com Son Gotleu —els coneguts com a edificis blancs—, Son Roca i Son Ximelis. A finals dels seixanta i durant els setanta, sa Indioteria també va rebre promocions: 629 habitatges a finals d’aquella primera dècada i 320 a mitjan segona.

Avui dia, quan caduquen els HPO de Camp Redó, al cap de 75 anys, els habitatges ni tan sols compleixen els requisits perquè se’ls concedeixi la cèdula d’habitabilitat. Així ho assenyala Eduard Vila, exdirector d’Arquitectura i Habitatge del Govern balear, que durant el seu mandat en el càrrec (2017-2019), en el primer govern de Francina Armengol (PSIB-Unides Podem-Més), va intentar impulsar diverses mesures per rehabilitar Corea. Aquesta nova denominació del barri es va anar forjant gradualment, amb l’estigma dels “guetos” i de la venda de droga per part de clans que s’han anat apoderant de la zona. 

Avui dia, quan caduquen els HPO de Camp Redó al cap de 75 anys, els habitatges ni tan sols compleixen els requisits perquè se’ls concedeixi la cèdula d’habitabilitat

Entre el 3% de famílies més pobres d'Espanya

Aquest és un dels motius pels quals alguns veïns s’obstinen a reivindicar el seu topònim autèntic: Camp Redó (Campo Redondo, en castellà), proposat en honor d’una antiga possessió agrícola situada allà al segle XVII, i no de la guerra de Corea, pels bàndols enfrontats al seu interior. De moment, aquest n’ha estat el resultat: 1.021 habitants d’aquest nucli de població es troben entre el 3% de la ciutadania espanyola amb menys renda per llar (amb uns ingressos bruts anuals que freguen els 28.000 euros) i entre l’1% de les famílies més pobres de tot l’arxipèlag. Malgrat això, moltes no volen marxar perquè vinculen la seva llar i el seu “estil de vida” al barri.

1.021 habitants d’aquest nucli de població es troben entre el 3% de la ciutadania espanyola amb menys renda per llar (amb uns ingressos bruts anuals que freguen els 28.000 euros) i entre l’1% de les famílies més pobres de les Balears

El pas del temps ha fet que els blocs —ara repartits entre mans privades, l’Ajuntament de Palma i l’Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi)— hagin tengut sorts diferents. Tot i que s’hi han fet tasques de sanejament de façanes i s’han tancat els jardins amb tanques, els intents institucionals no han aconseguit mantenir el vandalisme allunyat: als carrers de Corea és fàcil veure-hi cotxes completament desballestats i venda al detall de tota mena de substàncies, i no és segur per a tothom passejar-hi de nit.

L’escenari, lluny de millorar, ha anat empitjorant des que s’hi han instal·lat antics residents de Son Banya, el poblat de barraques de la matriarca Francisca Cortés, àlies ‘La Paca’. Residents del barri han assegurat als mitjans locals que han rebut propostes dels clans per vendre droga “per cinquanta euros al dia”, segons testimonis recollits i publicats per Última Hora.

Això ha fet que els habitants de Camp Redó es trobin encara més davant una antiga cruïlla: marxar per continuar vivint tranquils o lluitar contra les festes, el tràfic de drogues i l’ocupació —dels HPO— per enderrocar allò que no funciona i aconseguir que hi hagi un procés real de rehabilitació.

Iniciatives municipals sense èxit

El 2020, l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, juntament amb el GREC, va impulsar un projecte d’intervenció comunitària en col·laboració amb els Centres Municipals de Serveis Socials de Nord i Llevant Nord que incloïa Camp Redó. Però avui, aquest conjunt de blocs d’habitatges de protecció oficial amb un termini de 75 anys continua caracteritzant-se per la vulnerabilitat, la brutícia i un futur poc prometedor per la manca d’inversió i de mesures institucionals que han aconseguit reduir el barri, que, d’altra banda, no acaba de desaparèixer.

El 2020, l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma, juntament amb el GREC, va impulsar un projecte d’intervenció comunitària en col·laboració amb els Centres Municipals de Serveis Socials de Nord i Llevant Nord que incloïa Camp Redó

Els intents de regenerar Corea han passat per diverses propostes, entre les quals hi ha convertir la via principal propera en una zona verda. “En cinquanta anys, ningú no ha invertit ni un cèntim en els pisos”, afirma Vila. Fa uns anys, una part dels blocs va ajudar l’Ajuntament a retirar els vehicles abandonats i altres residus acumulats en un descampat per contribuir a transformar-lo. El consistori, d’altra banda, va tancar el recinte amb tanques per delimitar-ne perimetralment la zona per “insalubritat”.

En cinquanta anys, ningú no ha invertit ni un cèntim en els pisos

Eduard Vila — Exdirector general d'Habitatge

La valoració tècnica dels edificis havia estat negativa i, després de tancar-los amb tanques, també es van tapiar alguns accessos. Tanmateix, els treballadors socials comunicaven periòdicament que els immobles continuaven sent ocupats. Malgrat els informes que es remetien a la Policia, els problemes al veïnat no s’arribaven a solucionar.

Durant l’alcaldia d’Aina Calvo (2007-2011), un dels blocs es va arribar a enderrocar per facilitar-ne el reacondicionament, amb els residents en contra: una part d’ells va recórrer aleshores a la plataforma Stop Desahucios, que va defensar que no s’havia d’enderrocar cap altre habitatge protegit a Palma. Des d’aleshores, els veïns de Corea han defensat el seu dret a romandre al barri, davant un possible “esponjament” urbanístic, malgrat el deteriorament dels immobles.

En contra d’un “interès polític”

“La vigilància policial [que és freqüent] no ha anat acompanyada d’una iniciativa política suficient per abordar la situació”, subratlla l’exdirector d’Habitatge del Govern. Al llarg dels anys, la degradació imminent del barri no ha estat, això sí, un impediment perquè el lloguer continuï augmentant-hi. De fet, s’ha duplicat fins a situar-se al voltant dels 700 euros mensuals.

Vila assenyala, d’altra banda, els problemes relacionats amb Son Banya, on, segons afirma, la reducció d’habitatges protegits també ha generat conflictes. “Hi ha un supermercat [de droga]”, sosté. Els qui s’oposen als desallotjaments i enderrocs recorren a plataformes contra els desnonaments i a altres mecanismes per intentar frenar-los costi el que costi.

En opinió de Vila, el que funcionaria seria un projecte de rehabilitació i esponjament —reformar els habitatges perquè n’hi hagi menys, però més grans, i reduir-ne la densitat— i adjudicar-los prioritzant els residents de Corea: “Això implicaria que d’aquí a uns anys el problema actual del barri quedaria més o menys resolt. Però no es fa perquè es pagaria un preu en l’àmbit polític”.

El que funcionaria, en opinió d’Eduard Vila, és un projecte de rehabilitació i esponjament —reformar els habitatges perquè n’hi hagi menys però més grans, reduir-ne la densitat— i adjudicar-los prioritzant els residents de Corea

En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Palma, que en el moment de publicar-se aquesta informació no ha respost les preguntes de elDiario.es, i des del Govern, darrerament s’ha posat el focus en el nou projecte residencial —de 800 habitatges— de la societat estatal CASA47 a Son Busquets. Alguns residents de Corea han manifestat la voluntat de traslladar-s’hi.

En l’encreuament de retrets amb el Govern central, que té les competències del projecte, el consistori i el veïnat defensen que a l’antic quarter militar s’hi projecten massa habitatges de protecció oficial, cosa que amenaça, segons ells, amb que Son Busquets es converteixi en un “gueto”, en les seves pròpies paraules. Mentrestant, la situació problemàtica a Corea persisteix sense que hi hagi cap voluntat sobre la taula de canviar-ne el rumb.

El nombre de Corea –Camp Redó, siguiendo el topónimo original– lleva años asociado en Palma (Mallorca) a la droga y la degradación. Detrás del estigma hay una realidad socioeconómica complicada y décadas de deterioro urbanístico, como refleja el último Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente a 2024. En el corazón de Corea, entre las calles de l'Infant Pagà y Joan d'Àustria, se encuentra el único sector censal de Balears situado entre el 3% de los de menor renta de toda España. La precariedad y la marginación son dos caras de una realidad compleja marcada por una inacción institucional que no ha logrado impulsar la regeneración de esta zona de la periferia palmesana.

El barrio, al oeste periférico de la capital balear, constituye un desierto económico dentro de todo el archipiélago: pese a registrar una elevada población en riesgo de exclusión social debido al alto coste de la vida y a los desorbitados precios de la vivienda, también tiene una de las rentas medias más elevadas del territorio estatal, de acuerdo al Atlas de Renta de 2024. Balears contiene sectores entre el 5% de los más enriquecidos de España. Por ejemplo, el que incluye la urbanización de lujo de Roca Llisa, en Santa Eulària (Eivissa), con una renta media anual bruta de más de 90.000 euros al año; algunas zonas de Sant Lluís, en Menorca, cerca de los 100.000, y el barrio de Cas Català, en Calvià (Mallorca), cuya renta media bruta al año supera esta cifra y se encuentra entre el 3% más rico del país y entre el 1% de las islas.

El barrio, al oeste periférico de Palma, constituye un desierto económico dentro de todo Balears: pese a registrar una elevada población en riesgo de exclusión social debido al alto coste de la vida y a los desorbitados precios de la vivienda, también tiene una de las rentas medias más elevadas del territorio estatal

Palma cuenta con sectores censales entre los de mayor poder adquisitivo del país. De hecho, la mayor parte del área metropolitana está teñida de azul –color que representa las regiones territoriales con mayor riqueza–, exceptuando barrios periféricos afectados por una gran desigualdad y donde se acentúa la marginación económica y social. Como el barrio de La Soledat, Son Gotleu y esta cuadra de Corea, una isla de renta formada por varios bloques de Viviendas de Protección Oficial (VPO) construidas durante el franquismo. 

Construidas por Obra Social del Hogar

El conjunto de VPO se levantó en la década de los cincuenta como parte de un plan de vivienda (1954–1955) de la Obra Sindical del Hogar (OSH) –el organismo franquista para facilitar la vivienda a familias trabajadoras con dificultades–. El arquitecto Antoni Roca Cabanellas fue el encargado de erigir las de Corea en unos terrenos a las afueras de una Palma aún por imaginar. El sector ahora cercano a Vía de Cintura –principal autovía de la ciudad–, los cines Ocimax y la segunda comisaría de Policía, la de l’Oest, en aquella época estaba rodeado de campo, en el extrarradio de una metrópoli que como proyecto urbanístico aún estaba por despegar. 

Se construyeron, en total, 568 viviendas, repartidas en 26 bloques de pisos de dos y tres dormitorios repartidos en una angosta superficie de 26 metros cuadrados, bautizadas como ‘Generalísimo Franco’. No fue la única zona que creció durante la dictadura. El anillo periférico de la capital balear creció en general con promociones de viviendas protegidas para responder al déficit habitacional que creó la llegada de familias que migraron para trabajar en el sector turístico desde la Península. 

Además de Camp Redó, en los años cincuenta se construyeron viviendas impulsadas por la Obra Sindical del Hogar cerca del límite con Marratxí, mientras que en las décadas siguientes surgieron nuevas promociones en barrios como Son Gotleu –los conocidos como edificios blancos–, Son Roca y Son Ximelis. A finales de los sesenta y durante los setenta, Sa Indioteria recibió también promociones: 629 viviendas a finales de esa primera década y 320 a mitades de la segunda. 

A día de hoy, cuando caducan las VPO a 75 años de Camp Redó, las viviendas ni siquiera cumplen con los requisitos para que se les conceda la cédula de habitabilidad. Lo señala Eduard Vila, exdirector de Arquitectura y Vivienda del Govern balear, quien durante su cargo en el puesto (2017–2019) en el primer mandato de Francina Armengol (PSIB–Unides Podem–Més) intentó impulsar varias medidas para rehabilitar Corea. Esta nueva nomenclatura del barrio se fue fraguando paulatinamente, con el estigma de los ‘guetos’ y de la venta de droga de mano de clanes que se han ido apoderando de la zona. 

A día de hoy, cuando caducan las VPO a 75 años de Camp Redó, las viviendas ni siquiera cumplen con los requisitos para que se les conceda la cédula de habitabilidad

Entre el 3% de familias más pobre de España

Es uno de los motivos de que algunos vecinos se empecinen en reivindicar su auténtico topónimo: Camp Redó (Campo Redondo, en castellano), que se propuso en honor a una antigua posesión agrícola emplazada allí en el siglo XVII y no a la guerra de Corea, por los bandos enfrentados en el interior. De momento, este ha sido el resultado: 1.021 habitantes de este núcleo poblacional se encuentran entre el 3% de ciudadanía española con menos renta hogar (con unos ingresos brutos anuales que rozan los 28.000 euros) y entre el 1% de familias más pobres de todo el archipiélago. A pesar de ello, muchas no quieren marchar porque vinculan al barrio su hogar y “estilo de vida”.

1.021 habitantes de este núcleo poblacional se encuentran entre el 3% de la ciudadanía española con menos renta hogar (con unos ingresos brutos anuales que rozan los 28.000 euros) y entre el 1% de familias más pobres de Balears

El paso de los años ha hecho que los bloques –ahora repartidos entre manos privadas, el Ayuntamiento de Palma y el Institut Balear de Vivenda (Ibavi)– hayan corrido distinta suerte. A pesar de que se han realizado saneamiento de fachadas y se han vallado los jardines, los intentos institucionales no han conseguido mantener el vandalismo alejado: en las calles de Corea es fácil ver coches totalmente desguazados y venta al menudeo de todo tipo de sustancias y no es seguro para todo el mundo pasear por allí de noche.

El escenario, lejos de mejorar, ha ido en declive desde que se han asentado allí antiguos moradores de Son Banya, el poblado chabolista de la matriarca Francisca Cortés, alias ‘La Paca’. Residentes del barrio han asegurado a los medios locales que han recibido propuestas de parte de los clanes para vender droga “por cincuenta euros al día”, según testimonios recogidos y publicados por Última Hora. 

Esto ha provocado que los habitantes de Camp Redó se vean aún más en una antigua encrucijada: marchar para seguir viviendo tranquilos o luchar contra las fiestas, el tráfico de drogas y la okupación –de las VPO– para derribar lo que no funciona y que haya un proceso real de rehabilitación. 

Iniciativas municipales sin éxito

En 2020, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma junto con el GREC impulsaron un proyecto de intervención comunitaria en colaboración con los Centros Municipales de Servicios Sociales de Nord y Llevant Nord que incluía Camp Redó. Pero hoy, este ramillete de bloques de Protección Oficial a 75 años se sigue caracterizando por la vulnerabilidad, la suciedad y un futuro poco prometedor por la falta de inversión y de medidas institucionales que han conseguido reducir el barrio, que por otro lado no termina de desaparecer.

En 2020, el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma junto con el GREC impulsaron un proyecto de intervención comunitaria en colaboración con los Centros Municipales de Servicios Sociales de Nord y Llevant Nord que incluía Camp Redó

Los intentos de regenerar Corea han pasado por distintas propuestas, entre ellas, convertir la cercana vía principal en zona verde. “En cincuenta años, nadie ha invertido un solo céntimo en los pisos”, afirma Vila. Una parte de los bloques hace unos años ayuda al Ayuntamiento para retirar los vehículos abandonados y otros residuos acumulados en un descampado para contribuir a su transformación. El consistorio, por otra parte, valló el recinto para delimitar perimetralmente la zona por “insalubridad”. 

En cincuenta años, nadie ha invertido un solo céntimo en los pisos

Eduard Vila — Exdirector general de Vivienda

La valoración técnica de los edificios había sido negativa y, tras vallarlos, se tapiaron también algunos accesos. Sin embargo, los trabajadores sociales comunicaban periódicamente que se seguían okupando los inmuebles. A pesar de los informes que se remitían a la Policía, no llegaban a solucionarse los problemas en el vecindario.

Durante la alcaldía de Aina Calvo (2007–2011), uno de los bloques se llegó a derribar para facilitar su reacondicionamiento, con los residentes en contra: parte de ellos recurrieron entonces a la plataforma Stop Desahucios, que defendió que no se debía echar abajo ninguna otra vivienda protegida en Palma. Desde entonces, los vecinos de Corea han defendido su derecho a permanecer en el barrio, frente a un posible “esponjamiento” urbanístico, pese al deterioro de los inmuebles.

En contra de un “interés político”

“La vigilancia policial [que es frecuente] no ha ido acompañada de una iniciativa política suficiente para abordar la situación”, subraya el ex director de Vivienda del Govern. En el transcurso de los años, la degradación inminente del barrio, no ha sido un impedimento, eso sí, para que el alquiler continúe aumentando en el mismo. De hecho, se ha duplicado hasta rondar los 700 euros mensuales.

Vila apunta, por otro lado, a los problemas relacionados con Son Banya, donde, según afirma, la reducción de viviendas protegidas ha generado también conflictos. “Hay un supermercado [de droga]”, sostiene. Quienes se oponen a los desalojos y derribos recurren a plataformas contra los desahucios y a otros mecanismos para tratar de frenarlos a toda costa

Lo que funcionaría, en opinión de Vila, es un proyecto de rehabilitación y esponjamiento –reformar las viviendas para que haya menos pero más grandes, reducir la densidad– y adjudicarlas priorizando a los residentes de Corea: “Eso implicaría que en unos años el actual problema del barrio quedaría más o menos solventado. Pero no se hace porque se pagaría un precio a nivel político”.

Lo que funcionaría, en opinión de Eduard Vila, es un proyecto de rehabilitación y esponjamiento -reformar las viviendas para que haya menos pero más grandes, reducir la densidad- y adjudicarlas priorizando a los residentes de Corea

En ese sentido, desde el Ayuntamiento de Palma, quien en el momento de publicarse esta información no ha respondido a las preguntas de elDiario.es, y del Govern, se ha puesto últimamente el foco en el nuevo proyecto residencial –de 800 viviendas– de la sociedad estatal CASA47 en Son Busquets. Donde algunos residentes de Corea han manifestado la voluntad de trasladarse. 

En la entrecruzada con el Gobierno central, con las competencias del proyecto, el Consistorio y el vecindario defienden que en el antiguo cuartel militar se planean demasiadas Viviendas de Protección Oficial, lo que amenaza, según ellos, con que Son Busquets se convierta en un “gueto”, en sus propias palabras. Mientras tanto, la problemática situación en Corea persiste sin que haya ninguna voluntad sobre la mesa de cambiar su dirección.

Un centenar de personas se ha concentrado este jueves en la Plaza Porticada de Santander para reivindicar el derecho a una vivienda digna y visibilizar la realidad de quienes viven sin hogar.

Esta iniciativa, convocada por Cáritas Diocesana de Santander con motivo el Día de las Personas Sin Hogar, que se celebra el próximo 25 de octubre, ha puesto el foco en la necesidad de contar con “un lugar seguro al que volver y en la importancia de los vínculos y la comunidad para desarrollar una vida digna”.

Durante el acto, los participantes han construido simbólicamente un hogar con cajas de cartón, en las que han plasmado necesidades compartidas por las personas acompañadas por Cáritas, como seguridad, intimidad, calor o esperanza.

La jornada también ha incluido la lectura de un manifiesto, elaborado conjuntamente por personas en situación de sinhogarismo y quienes las acompañan, con un llamamiento a la implicación de toda la sociedad para combatir la exclusión residencial.

“Detrás de estas situaciones no hay cifras ni etiquetas. Hay personas. Personas con historias de dolor y lucha, de pérdida y resistencia, de caídas y esperanza”, ha destacado Lara Mazorra, trabajadora social del Programa Personas Sin Hogar de Cáritas Diocesana de Santander.

En el acto también se ha presentado la campaña 'Nadie Sin Hogar 2026', bajo el lema 'Un hogar, un lugar al que pertenecer', que invita a mirar más allá de la falta de un techo y reconocer la importancia de los vínculos, la seguridad, la intimidad y el sentimiento de pertenencia.

Cáritas reclama así una respuesta social e institucional que sitúe a las personas en el centro y garantice el acceso efectivo a una vivienda adecuada.

51 personas acompañadas en 2026

Desde 1985 Cáritas Diocesana de Santander acompaña a personas en situación de sinhogarismo a través de un programa de atención integral. Entre enero y septiembre de 2026 la entidad ha acompañado a 51 personas, 45 de ellas hombres y seis mujeres. En Santander, cuatro personas voluntarias colaboran con el equipo técnico, al que se suman otras cuatro en Torrelavega, para ofrecer apoyo y acompañamiento.

La entidad ha manifestado su “especial preocupación” por las “dificultades” para llegar a las mujeres que viven estas situaciones, dado que “sus estrategias de supervivencia pueden hacer menos visible su realidad y retrasar el contacto con los recursos de apoyo” y, además, afrontan riesgos específicos, entre ellos la violencia sexual, que “agravan su vulnerabilidad”.

Pérdida de empleo y vivienda, claves del sinhogarismo

Entre los factores que pueden conducir a una situación de sinhogarismo, la entidad señala la pérdida de empleo, los elevados precios del alquiler, la imposibilidad de mantener una vivienda, los desahucios y las dificultades asociadas a los procesos migratorios.

En este contexto, Cáritas ha advertido que cada vez encuentra “más obstáculos” para acceder a distintas alternativas, como pisos de estancia temporal, pensiones y habitaciones en viviendas compartidas, dado que “la disponibilidad de plazas es muy limitada, especialmente los fines de semana”.

Además, la entidad social avisa que la ausencia de un hogar condiciona el acceso al empleo, la atención sanitaria, los trámites administrativos y las relaciones personales. A lo que se suma el desgaste emocional, la inseguridad y la dificultad para construir un proyecto de vida estable.

Asimismo, desde Cáritas recuerdan que en Cantabria la “falta” de datos oficiales actualizados “dificulta” conocer la dimensión completa del problema. Y es que la Estrategia de Personas Sin Hogar de Cantabria, publicada hace cinco años, estimaba que entre 250 y 300 personas vivían en situación de sinhogarismo en la comunidad autónoma, si bien la exclusión residencial afecta a “muchas más personas”.

31.000 personas en condiciones precarias de vivienda

Según el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Cantabria, presentado el pasado febrero, 31.000 personas viven en condiciones precarias de tenencia de la vivienda, como la ocupación ilegal, el realquiler o los desahucios inminentes; 27.000 residen en viviendas con graves deficiencias de construcción o sin suministros y equipamientos básicos, y 17.000 sufren hacinamiento grave.

Para Cáritas, estos datos evidencian la necesidad de “respuestas amplias” que permitan prevenir la pérdida de vivienda, ampliar las alternativas habitacionales y garantizar unas condiciones de vida adecuadas.

Con la campaña 'Nadie Sin Hogar 2026', Cáritas invita a la ciudadanía y a las administraciones públicas a comprometerse con una sociedad en la que todas las personas puedan contar con un hogar, vínculos que las sostengan y un lugar al que pertenecer.

Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma más pobre de España. Es un dato demoledor que ahora estrechamente ligado a la vivienda. Así lo desveló el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (EAPN): el coste de la vivienda es un “factor clave que agrava la pobreza”. Pero hay muchos más. La excesiva burocracia en la tramitación de las ayudas, las dificultades para acceder a un empleo, el racismo, la discriminación y la soledad no deseada son solo algunos.

De todos ellos han hablado hoy quienes sufren estas situaciones en el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, celebrado las Cortes de Castilla-La Mancha, organizado junto a la Red Europea de lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM).

Han tomado la palabra seis personas de los grupos de participación de esta entidad social. Son espacios formados por personas con experiencia propia en situaciones de pobreza o exclusión social, permitiéndoles ser protagonistas y participar de forma activa en el diseño, evaluación e incidencia de las políticas públicas.

Hoy, han alzado la voz para desgranar las propuestas que desde esta red se han elaborado y que han entregado previamente a los tres partidos políticos con representación parlamentaria (PSOE, PP y Vox) para que las incluyan en sus programas electorales.

María del Carmen Poveda Anguita ha sido la primera en subir a la tribuna parlamentaria y se ha dirigido directamente a los diputados y diputadas para pedirles que hablen de sus necesidades. “Las personas que vivimos la pobreza y la vulnerabilidad sabemos que hay tres principios fundamentales: igualdad, justicia y dignidad. Porque todas las personas tenemos derecho a las mismas oportunidades y a una vida digna, y porque detrás de los datos, hay personas con nombres y apellidos, tenemos sueños, ilusiones y ganas de salir adelante”.

Queremos estar presentes y que nuestra voz sea tenida en cuenta. Las propuestas nacen de nuestra experiencia y reivindicamos justicia social

María del Carmen Poveda

Ha pedido así a los grupos políticos que refuercen su compromiso en la lucha contra la pobreza, con medidas para que “nadie se quede atrás”, pero también que “se nos escuche, que haya espacios de diálogo cercanos, fluidos y permanentes”. “Queremos estar presentes y que nuestra voz sea tenida en cuenta. Las propuestas nacen de nuestra experiencia y reivindicamos justicia social”, ha resaltado.

Después ha tomado la palabra Oksana Kalashnikova, quien ha detallado algunas de las propuestas. Concretamente, ha pedido que se garanticen ayudas suficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión, con ayudas “ágiles” y sin “trabas burocráticas”, sobre todo en las dirigidas a garantizar suministros básicos como el agua y la luz, la alimentación y la vivienda.

También ha pedido que las ayudas se actualicen en función del coste de la vivienda para evitar que “las personas queden sin protección”, así como facilitar el acceso a los servicios sociales, simplificando trámites y mejorando la coordinación, especialmente para los jóvenes y las familias.

Junto a ello, ha defendido mejorar los procesos de acompañamiento a extranjeros, y los de homologación de estudios y formaciones profesionales, con un acompañamiento a extranjeros “efectivo” para el acceso al empleo y a los servicios públicos.

Durante su intervención, ha querido hacer también especial mención a la necesidad de mejorar las oportunidades laborales de las personas mayores de 50 años, “evitando que la edad se convierta en una barrera para acceder a un trabajo”. Y en paralelo, ha pedido más becas para material y transporte escolar, con el objetivo de que niños, niñas y adolescentes abandonen sus estudios por motivos económicos.

“Los presupuestos deben priorizar especialmente la cobertura de las necesidades básicas de la población, especialmente la sanidad, la educación, el empleo, los servicios sociales y la vivienda pública”, ha concluido.

“La información de las ayudas públicas debe ser clara”

Precisamente, sobre políticas de vivienda ha hablado María Isabel Sánchez Velasco, también integrante de los grupos de participación de EAPN. Entre sus propuestas, garantizar el acceso a una vivienda “digna y asequible”, aumentar parque público y social, y facilitar el alquiler asequible a personas vulnerables.

“Es importante que el coste del alquiler y de los suministros no sea una carga imposible de asumir, especialmente en las familias con menores, y también facilitar el acceso a vivienda de familias monoparentales, con medidas específicas en situación de violencia y vulnerabilidad”, ha subrayado.

Nadie debería perder una ayuda por no comprender lo que dice o por no cumplir un trámite complicado

María Isabel Sánchez Velasco

Del mismo modo, ha reclamado que la información sobre las ayudas públicas para vivienda sea “clara y fácil de entender”, porque “nadie debería perder una ayuda por no comprender lo que dice o por no cumplir un trámite complicado”.

A ello ha añadido que la falta de empadronamiento no sea “una barrera” para el acceso a las ayudas, con el objetivo de “garantizar la igualdad de personas migrantes, independientemente de su situación administrativa”. De hecho, ha llamado a combatir el racismo y la discriminación, así como “proteger a las personas más vulnerables de los abusos, estafas y explotación” en el mercado del alquiler.  

Juan Vicente Bosca López ha sido el siguiente en tomar la palabra. Se ha centrado en las medidas destinadas al medio rural, con especial incidencia en las nuevas tecnologías: garantizar una buena conexión a internet, mejorar las infraestructuras en telecomunicaciones para reducir brecha digital y el acceso gratuito a recursos digitales a personas en situación de vulnerabilidad.

También ha reclamado mejoras en el transporte público en zonas rurales, aprovechar las rutas escolares para mejorar la movilidad rural, un sistema público para desplazamientos “compartidos” para quienes tienen dificultades en su movilidad de un lugar a otro, y unidades móviles con servicios especiales de acompañamiento, especialmente para quienes tienen dificultades de acceso a medios administrativos

Seguidamente, Juan Casamayor ha centrado las peticiones en materia sanitaria. “No por sabido debemos dejar de recordar que la Sanidad en un derecho universal”, ha comenzado, para demandar después el refuerzo del sistema público para una “atención de calidad que contribuya a reducir la desigualdad”.

Concretamente, ha puesto el acento en la necesidad de reforzar el acceso a los servicios de salud mental, con una atención “accesible y cercana”, y también incorporar la atención psicológica en los servicios sociales, sobre todo para personas y familias en riesgo de exclusión en zonas rurales. Asimismo, ha propuesto crear apoyos específicos para las personas en situación de vulnerabilidad con enfermedades limitantes y para familias monoparentales que necesitan ayuda para atender a sus hijos e hijas.

“Hay que formar al personal médico para una atención más humana y respetuosa, reducir listas de espera y agilizar los diagnósticos. También agilizar los procedimientos de reconocimiento de situaciones de incapacidad, sobre todo cuando hay enfermedades que limitan la capacidad de desarrollar una autónoma”, ha añadido, promulgando al final el lema “la sanidad pública no se vende, se defiende”.  

La ronda de los integrantes del grupo de EAPN lo ha cerrado Raúl López Onsurbe, quien ha concluido haciendo un llamamiento para que todos los partidos políticos se unan a “esta causa de medidas justas para erradicación de la pobreza, un desafío que hay que superar y que es una cuestión de justicia, de derechos y de dignidad”.

La pobreza, “no es solo cuestión de dinero”

Tras ellos han tomado la palabra Fiama, Gisela, Carlos y Sebas, cuatro jóvenes de YMCA-Toledo que han leído un manifiesto en el que, primero, han querido dejar claro que hablar de pobreza “no es solo hablar de dinero”, ya que también significa “no poder estudiar, no tener a quién pedir ayudas cuanto estás mal, sentirte solo, no tener un espacio donde estar.

Que ningún niño, niña, joven o adolescente tenga su futuro decidido antes de poder elegirlo

“La pobreza también es crecer pensando que estudiar no es para ti, que un futuro diferente al de tu familia no es para ti, que tus problemas no importan”, han remarcado, pidiendo que Castilla-La Mancha hago todo posible que “ningún niño, niña, joven o adolescente tenga su futuro decidido antes de poder elegirlo”.

Ante todo, han recalcado que la juventud que se ha quedado fuera del sistema educativo necesita una segunda oportunidad, pero esto no significa decirles a los jóvenes “vuelve a estudiar”, sino que debe haber un acompañamiento.

Para ello, han reclamado más escuelas de segunda oportunidad, un refuerzo de la orientación educativa “para ayudar a encontrar un camino” y que se reduzcan las barreras económicas para estudiar, como los precios del transporte, del material escolar y los dispositivos digitales. “Tener ganas de cambiar tu vida y no encontrar una oportunidad es una forma de exclusión”.

Finalmente, han pedido mejores políticas de conciliación para que los adolescentes no se queden solos porque sus padres y madres están trabajando, una “soledad no deseada” en la que han hecho especial hincapié, junto con la petición de un mejor acceso a la salud mental. “La pobreza no puede ser nuestra herencia, nuestro futuro tiene que ser una oportunidad”, han concluido.

“Mayoría absoluta contra la pobreza, al margen de egos”

Durante el acto, también han intervenido el presidente de las Cortes Regionales, Pablo Bellido; el director general de Acción Social, Santi Vera; y la presidenta de EAPN-CLM, Mar González quien ha pedido “una mayoría absoluta contra la pobreza, al margen de egos y de liderazgos y sin que se instrumentalice este tema políticamente”, al recordar que “tres de cada diez castellanomanchegos están en situación de pobreza”, o que afecta más a las mujeres, a las familias con menores a su cargo, a las que viven de alquiler, a las familias donde existe presencia de la discapacidad y a aquellas que viven en zonas rurales.

Asimismo, ha asegurado que el momento geopolítico, el clima y la inflación “nos demuestran cada día que de la pobreza ”no estamos libres ninguno“.

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha pedido a las formaciones políticas que trabajen con ánimo constructivo -y escuchando a las presonas vulnerables- para combatir la exclusión social y ha animado a “odiar la pobreza, pero no a los pobres”, evitando los discursos del odio que “criminalizan a las personas vulnerables”.

“En esta Cámara no se combate ni se odia a los ricos, pero menos aún a quienes sufren pobreza; odiamos la pobreza, pero no a los pobres, y necesitamos eliminarla”, ha afirmado.

El pleno institucional lo cerraba el director general de Acción Social de Castilla-La Mancha, Santi Vera. “Una sociedad avanza cuando todos llegamos a la meta, sin dejar a nadie atrás”, comentaba desde la tribuna de Parlamento regional. “Tenemos que ir de la mano todas las administraciones, todos los partidos políticos, las entidades del Tercer Sector y la sociedad en su conjunto”, zanjaba.

Cáritas atendió durante 2025 a un total de 5.000 personas en toda Andalucía, cifra similar a la del año anterior y que, en un contexto marcado por la crisis de vivienda, afecta más a los hombres y a las edades comprendidas entre los 35 y 60 años. La distribución entre las provincias no ha trascendido, aunque desde la entidad indican que es similar, habiendo utilizado los recursos en Sevilla un total de 400 personas. Frente al sinhogarismo, exigen un mayor acompañamiento para que estas personas puedan reconstruir las relaciones de apoyo y confianza y, sobre todo, que “la administración apueste de manera decidida” por erradicar esta lacra y “cubra esta realidad”.

Con un marcado tono crítico, Francisco Sánchez Heras, presidente de Cáritas Regional de Andalucía, subrayó que hay una “falta de recursos para personas sin hogar y una falta de políticas integrales”, ya que, finalmente, este colectivo “llega a formar parte del paisaje y lo peor es que nos acostumbremos a esta vulneración de derechos”. “La casa es preservar la intimidad, la identidad, además de sentirse parte de una comunidad”, indicó, “las personas no pueden abandonar el sinhogarismo sin ayuda y sin el reconocimiento a sus derechos y de su dignidad como personas en una situación tan dramática como la vivienda”.

Con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, que se conmemora el próximo 25 de octubre, la entidad presentó sus datos de atención junto a la campaña realizada para este año bajo el lema Un hogar es mucho más que un sitio donde vivir, es un lugar al que pertenecer en un panorama marcado por los altos precios de la vivienda y el alquiler. El riesgo de la pobreza y la exclusión social ya se extiende a 3 millones de personas en la comunidad, tal y como refleja el informe de la EAPN Andalucía, y las calles reflejan esta precariedad estructural que afecta a la población.

“El poder adquisitivo no va de acuerdo con la carestía de la vida”

El perfil mayoritario que se encontró Cáritas era en un 85% correspondiente a hombres y, con respecto a la edad, entre los 35 y los 60 años. Con frecuencia, se trata de personas solteras, con bajo nivel de formación y escaso o ningún apoyo familiar o vecinal, para lo que piden una especial atención al tejido comunitario: “No solo han perdido el empleo, por ejemplo, sino los ambages de su vida para salir adelante, ya que, sin apoyo familiar, vecinal o de amigos, es difícil salir del sinhogarismo”. Además, indican que la proporción entre personas nacional y extranjeras es muy similar. No obstante, Heras destacó que hay un repunte de situaciones de calle “de personas nuevas, edades, mujeres, y uno de los mayores dramas es que hay personas mayores que no pueden acceder a residencias”.

Así, ya no solo se trata de personas con adicciones o problemas de salud mental, sino familias que están siendo afectadas por la crisis habitacional e inflacional. “Ya lo estábamos viendo, perfiles de familias que venían a pedir ayuda y se sentaban incómodas en los salones parroquiales porque no estaban acostumbrados a esto. La Iglesia estaba haciendo de dique de contención, pero esta crisis inflacional ha destapado que el poder adquisitivo de la clase media no va de acuerdo con la carestía de la vida”, manfiestó.

“Nos preocupan que los procesos de ayuda se interrumpan”

Cáritas empleó a 118 trabajadores y cuenta con el apoyo de 700 personas voluntarias en Andalucía con una inversión de 4,3 millones de euros, de los que un 55% procedía de fondos propios, como socios, hermandades y cofradías, mientras que la parte restante viene de la ayudas públicas entre las que reciben aportaciones de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. En Sevilla, el montante económico superó los 1,1 millones de euros, con el 50% de financiación privada, y la contratación de 23 profesionales y colaboración de 294 voluntarios.

Al respecto, el presidente regional apuntó que las subvenciones de la Junta provienen de las aportaciones del 0,7% del IRPF y en virtud de la Estrategia Andaluza de Personas Sin Hogar, “que hay que desarrollar de manera más amplia”, especificó. El año pasado obtuvieron una menor puntuación en la convocatoria pública supuso la pérdida de alrededor de unos 700.000 euros que afectaron a los proyectos sociales de la entidad. Para ello, se presentó un contencioso-administrativo en el que se demostró que se había infravalorado la propuesta y, así, lograron salvar el escollo.

En esta línea, Heras valoró la actuación del Gobierno de Juanma Moreno después de que elDiario.es desvelara que se suspendían las ayudas a tres ONG –Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta– que atienden a personas sin hogar, cuyo perfil mayoritario son personas migrantes en situación irregular: “Cáritas no se ha visto afectada, pero nos preocupan que los procesos de ayuda se interrumpan. Es caer de nuevo en el sinhogarismo. No tenemos más información sobre los términos de esos acuerdos, pero, si llega el momento, lo aclararemos”.

Barreras administrativas y en los empadronamientos

“La falta de vivienda social y la presión del mercado inmobiliario impide acceder a una vivienda segura y estable, y denunciamos la aporofobia y la estigmatización que sufren quienes no disponen de recursos para salir de la invisibilidad”, destacando que, desde hace años, la vivienda ha sido uno de los principales obstáculos del que ha venido alarmando el informe FOESSA. También, piden más respuestas ante “las barreras administrativas” que afectan, especialmente, a las personas migrantes que se enfrentan a “discursos alarmantes”.

A tenor de lo comentado, Miguel Ángel Carbajo Selles, director de Cáritas Diocesana de Sevilla, pidió una mayor accesibilidad a los servicios sociales, y agilidad en el reconocimiento de la dependencia o una política de vivienda que aumente las alternativas asequibles. “Necesitamos una atención a la salud mental continuada y una coordinación sociosanitaria efectiva”, sobre todo con el fin de evitar que la administración las trate de manera separada y eso signifique un desdoblamiento de los recursos en vez de atender a la persona de forma global. Así, clamó porque los ayuntamientos están dificultando los empadronamientos de las personas sin hogar: “Nos estamos encontrando con situaciones muy complicadas”, una cuestión de la que ya viene alertando el movimiento social.

“Los prejuicios y la aporofobia dan lugar al rechazo y a la violencia, incluso a las personas que se acercan para acompañarlas”, admitieron. La red de Cáritas se ha ampliado este año con un nuevo recurso en Sevilla y otro que próximamente será abierto en Huelva, donde, añadieron, la cuestión es “crear un vínculo para que la persona, cuando esté preparada y por decisión propia, inicie el proceso”. La máxima es respetar el principio de autonomía de cada usuario que acuda a los centros, que en Sevilla está compuesto por cuatro iniciativas parroquiales de atención en calle: el proyecto Beato Pedro Dónders (Santísimo Redentor, en Nervión) atendió a 122 personas; mientras que el de Lázaro (San Sebastián, Porvenir) contribuyó a la atención de 91; junto a ello, Levántate y Anda (en el centro, San Vicente Mártir) colaboró con 78 personas; y Emaús, en Triana-Los Remedios, con 66.

A esta red se ha incorporado el Centro de Noche Saiz Meneses, inaugurado recientemente y fruto del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Tiene cabida para 12 personas, previamente derivadas por los proyectos de atención en calle de Cáritas que ya las acompañan. “La Iglesia no puede atender a todas las personas y estas infraestructuras se ponen a disposición con mucho esfuerzo y mantenerlo no es tan fácil”, sostuvo el presidente regional de Cáritas, para lo que, una vez más, pidió la implicación de los poderes públicos. “Se puede salir de la calle, es un deber de la sociedad y de los poderes públicos”, coincidieron, para lo que demandan “un trabajo comunitario que prevenga el rechazo vecinal y convierta los barrios en espacios de corresponsabilidad”.

Casi uno de cada cinco cántabros (el 19,2%, 114.000 personas) vive en riesgo de pobreza o exclusión social según la tasa AROPE, el indicador de referencia de la Unión Europea, que ha servido para elaborar el XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza en la región.

El documento engloba datos recogidos durante 2025 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y ha sido presentado este martes en el Parlamento por los responsables de EAPN Cantabria y la Coordinadora Cántabra de ONGD, Jesús Castanedo y Sergio Corro, respectivamente. Les ha acompañado el primer vicepresidente de la Asamblea, Alejandro Liz.

Según recoge el informe, tener una renta por debajo del 60% de la media de ingresos del país, fijada en 1.018 euros, sitúa a los ciudadanos en el umbral oficial de pobreza, que mide cuánto dinero entra en el hogar a lo largo de un año. En Cantabria, unas 82.000 personas viven bajo ese umbral.

Sin embargo, se ha producido una bajada de 3 puntos de la tasa AROPE en Cantabria hasta situarse en el 19,2%, “la mayor caída” registrada en una comunidad autónoma y la “quinta tasa más baja de España, por debajo del 25,7% estatal”.

Si bien estas cifras ofrecen “una mejora” respecto a los últimos datos AROPE, hay tres ámbitos que “empeoran”. Así, el 44% de las personas que vive de alquiler está en riesgo de pobreza o exclusión, tres veces más que quienes lo hacen en una casa de su propiedad (14,5%). Además, el 12,8% de la población acumula retrasos en el pago de la vivienda, “el máximo de la serie histórica”.

El segundo factor es el desempleo que vuelve a ser “el que más pesa”. En este sentido, el 47,8% de las personas que se encuentran en paro pueden verse abocadas a la pobreza o la exclusión social frente al 12,3% de quienes sí tienen un trabajo. En este área, destaca también la baja intensidad de empleo en el hogar que sube al 9%, “el único criterio AROPE que empeora este año”.

Los jóvenes registran la tasa más alta de probreza

Por otra parte, los jóvenes son el único grupo de edad en el que crece la pobreza. El 23,8% de las personas de 18 a 29 años de Cantabria está en riesgo. Es la tasa más alta de todos los grupos y sube 3,9 puntos en un año, mientras baja en el resto.

Además, hay que tener en cuenta que las dos dimensiones que más condicionan a un hogar joven son la vivienda y el empleo.

Otro factor que se ha resaltado en el XVI Informe es el papel que juegan las pensiones y las prestaciones a la hora de mantener fuera de la pobreza al 26,3% de los habitantes de la región. Sin ellas, 4 de cada 10 personas en Cantabria se encontrarían en esta situación.

Un 32% de cántabros no puede irse de vacaciones

Finalmente, un 5% de los cántabros sufre pobreza material y social severa. A este respecto, un 27,2% no puede afrontar un gasto imprevisto de 900 euros, un 32,1% no puede irse de vacaciones, un 14% no puede gastar una pequeña cantidad en sí mismo y un 8,8% no puede pagar a tiempo la vivienda o las compras a plazos.

En el transcurso de la presentación, enmarcada dentro de las actividades de la Semana contra la Pobreza, Castanedo ha apelado a la “colaboración” de entidades y administraciones para poder “erradicar la pobreza, la exclusión y el hambre” y ha señalado que las instituciones públicas son “un garante de que la pobreza esté contenida”.

Por su lado, Corro ha opinado que “cuando la desigualdad nos divide, acabamos culpando a quien sufre los problemas en lugar de mirar a lo que los causa, hace falta señalar esas causas y organizarse para darles respuesta”, ha remarcado.

Aragón mejora sus indicadores de pobreza y exclusión social, pero las cifras generales esconden profundas desigualdades económicas que afectan especialmente a quienes viven de alquiler, están desempleados o tienen dificultades para cubrir los gastos más básicos. El 43,3% de las personas que residen en una vivienda alquilada a precio de mercado se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción que triplica ampliamente el 12,8% registrado entre quienes tienen una vivienda en propiedad. La situación es todavía más preocupante entre las personas desempleadas, con una tasa del 46,2%, aunque disponer de un trabajo tampoco garantiza escapar de la vulnerabilidad.

Así lo recoge el XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza en Aragón, publicado este octubre por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que constata una mejora de los principales indicadores correspondientes a 2025. La población en riesgo de pobreza o exclusión social se ha reducido del 21% al 19,1%, lo que supone unas 260.000 personas, aproximadamente 20.000 menos que el año anterior.

Esta evolución sitúa a Aragón como la cuarta comunidad autónoma con menor tasa de pobreza o exclusión social, 6,6 puntos por debajo de la media española, que alcanza el 25,7%. Sin embargo, la mejoría del último ejercicio no ha permitido recuperar los niveles de 2015, cuando la tasa aragonesa se situaba en el 17,6%. Desde entonces, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión ha aumentado en más de 25.000.

El informe pone de manifiesto que la vivienda constituye uno de los principales factores de desigualdad económica. Aunque el porcentaje de personas vulnerables entre quienes pagan un alquiler a precio de mercado ha descendido desde el 47,1% de 2024 hasta el 43,3% actual, continúa siendo más de tres veces superior al registrado entre los propietarios.

Esta brecha se refleja también en el esfuerzo económico necesario para mantener una vivienda. Mientras que el conjunto de la población aragonesa destina, de media, el 14,2% de sus ingresos a este gasto, entre las personas en situación de pobreza el porcentaje asciende al 30,6%. Es decir, la vivienda absorbe más del doble de sus recursos, reduciendo considerablemente el dinero disponible para alimentación, suministros y otras necesidades básicas.

Las dificultades económicas también se manifiestan en los retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, que afectan al 10,5% de la población aragonesa. Aunque este indicador ha descendido cuatro puntos respecto al año anterior, continúa por encima de los niveles registrados antes de la pandemia y de la crisis financiera de 2008.

El desempleo continúa siendo uno de los principales factores de vulnerabilidad económica en Aragón. El 46,2% de las personas desempleadas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción que supera ampliamente la media autonómica del 19,1%.

Sin embargo, la existencia de ingresos laborales tampoco asegura unas condiciones económicas suficientes. El informe constata que el 12,9% de las personas ocupadas está en riesgo de pobreza o exclusión social, una décima más que el año anterior. Este dato evidencia que disponer de un puesto de trabajo no siempre permite cubrir las necesidades habituales del hogar, especialmente cuando los ingresos resultan insuficientes para afrontar los gastos de vivienda y manutención.

Las situaciones de mayor vulnerabilidad también afectan a las personas con discapacidad, cuya tasa de riesgo de pobreza o exclusión social alcanza el 27,2%, frente al 26,3% registrado en 2024. Se trata, además, de uno de los colectivos en los que el indicador empeora pese a la evolución positiva del conjunto de Aragón.

Casi el 29% no puede afrontar un gasto imprevisto

Las dificultades para mantener una estabilidad económica van más allá de los hogares considerados oficialmente en riesgo de pobreza. El 28,7% de la población aragonesa carece de capacidad para afrontar un gasto imprevisto de 900 euros, aunque el porcentaje ha mejorado ligeramente respecto al 29,9% del año anterior.

A esta situación se añaden otras privaciones materiales que afectan a una parte significativa de los hogares. El 24,6% de la población no puede permitirse una semana de vacaciones fuera de casa al año y el 11% carece de recursos suficientes para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno.

La falta de recursos también repercute en la alimentación. Según el informe, el 4,9% de la población aragonesa no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado, o su equivalente vegetariano, al menos cada dos días. Este indicador ha empeorado respecto al 4% registrado en 2024, a diferencia de la evolución favorable de la mayoría de los parámetros analizados.

En conjunto, unas 89.000 personas, el 6,5% de la población aragonesa, sufren carencia material y social severa. Aunque la tasa ha descendido desde el 8,2% del ejercicio anterior, continúa siendo más del doble de la registrada en 2015, cuando se situaba en el 2,6%.

Uno de cada cuatro menores, en riesgo de pobreza o exclusión

La infancia continúa siendo uno de los grupos más expuestos a la vulnerabilidad económica. El 24,8% de los menores de 18 años de Aragón está en riesgo de pobreza o exclusión social, casi seis puntos por encima de la media autonómica.

Aunque la tasa infantil ha descendido 3,9 puntos respecto al año anterior, cuando alcanzaba el 28,7%, el informe constata que las desigualdades siguen afectando con mayor intensidad a los hogares con menores económicamente dependientes. En estos hogares, el riesgo de pobreza o exclusión social alcanza el 21,8%, frente al 16,5% de aquellos en los que no viven menores o jóvenes dependientes.

Las diferencias también se observan por sexo. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social entre las mujeres se sitúa en el 20,1%, frente al 18% de los hombres. Aunque ambos grupos han mejorado respecto al año anterior, el descenso ha sido más intenso entre los hombres, lo que ha ampliado la brecha de género.

El informe recoge una reducción de la pobreza severa, que pasa del 6% al 4,2% de la población. Esta tasa, la segunda más baja de España, corresponde a quienes viven en hogares con ingresos inferiores a 679 euros mensuales por unidad de consumo, de acuerdo con el umbral utilizado por EAPN.

Pese a esta evolución, la pobreza severa continúa afectando aproximadamente a 57.000 personas en Aragón y presenta diferencias importantes según las circunstancias personales. La tasa alcanza el 12,4% entre las personas desempleadas y el 11,4% entre quienes viven de alquiler a precio de mercado.

El informe también advierte de que la tasa general de pobreza varía cuando se utiliza el umbral de ingresos propio de Aragón en lugar del estatal. Con el criterio oficial, el 13,6% de la población aragonesa se encuentra en riesgo de pobreza, unas 186.000 personas. Sin embargo, al aplicar el umbral regional, que tiene en cuenta el nivel de renta de la comunidad, la proporción asciende al 16,6%.

Andalucía vuelve a situarse entre las comunidades autónomas con peores resultados en erradicación de pobreza en el país dado que, en 2025, el 34,7% de la población andaluza se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale a alrededor de tres millones de personas. De esta forma, se pone de manifiesto que el crecimiento económico y la mejora de determinados indicadores laborales no se traducen, por sí solos, en una reducción suficiente de la desigualdad.

Así lo indica la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía), que ha presentado este jueves en Sevilla el XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemorará el próximo 17 de octubre.

El estudio, elaborado a partir de fuentes estadísticas oficiales en colaboración con EAPN España, ofrece un diagnóstico de la situación de pobreza, exclusión social y desigualdad en Andalucía. Los datos correspondientes a 2025 reflejan una ligera mejoría en algunos indicadores, en consonancia con la evolución registrada en el conjunto del país.

Además, ocupa el segundo puesto en pobreza severa y en pobreza y exclusión social infantil. Igualmente, encabeza cuatro de los cinco principales indicadores analizados: tasa Arope, tasa de pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad de empleo en el hogar. Asimismo, el informe evidencia que la pobreza en Andalucía sigue teniendo un carácter “estructural”. Por tanto, “aunque algunos indicadores mejoran, millones de personas continúan sin disponer de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y ejercer plenamente sus derechos”.

El 11,4% de la población andaluza sufre pobreza severa

Por su parte, la tasa Arope se ha reducido 0,9 puntos porcentuales respecto a 2024, con unas 67.000 personas menos afectadas. Sin embargo, Andalucía mantiene la tasa más elevada de todas las comunidades autónomas, nueve puntos por encima de la media estatal, situada en el 25,7%. Además, la tasa de pobreza se sitúa en el 27,7%, lo que representa aproximadamente 2,4 millones de personas con ingresos inferiores al umbral de pobreza. El indicador desciende 1,5 puntos respecto al año anterior, una reducción equivalente a unas 110.000 personas.

Pese a ello, Andalucía continúa encabezando el ranking autonómico de pobreza, ya que la pobreza severa alcanza el 11,4%, la segunda tasa más elevada del país. Además, este indicador refleja las dificultades de quienes viven en hogares con ingresos inferiores a 679 euros mensuales por unidad de consumo y pone de manifiesto la persistencia de situaciones de privación económica extrema. La carencia material y social severa aumenta tres décimas, hasta el 10,9%, y afecta a casi 943.000 personas. Así, Andalucía vuelve a registrar el valor más elevado entre las comunidades autónomas.

Durante la presentación del Informe, el presidente de EAPN Andalucía, José Miguel Morales, ha añadido que “aunque los indicadores macroeconómicos muestran una leve mejoría en la región, la pobreza en Andalucía sigue siendo estructural y profundamente desigual”.

La pobreza afecta en mayor medida a las mujeres

La feminización de la pobreza continúa siendo una de las principales expresiones de la desigualdad estructural en Andalucía. En 2025, la tasa Arope femenina alcanza el 36,7%, frente al 32,6% de los hombres. La brecha de género se amplía hasta los 4,1 puntos porcentuales, el valor más elevado desde 2015, debido a que la reducción de la pobreza ha sido menor entre las mujeres.

Esta desigualdad se manifiesta también en el mercado laboral. En el segundo trimestre de 2026, la tasa de desempleo femenino se sitúa en el 16,38%, frente al 13% de los hombres. Asimismo, el 22,8% de las mujeres ocupadas trabaja a tiempo parcial, frente al 5,7% de los hombres, una diferencia que limita sus ingresos y sus posibilidades de desarrollo profesional.

Igualmente, la brecha salarial en Andalucía alcanza el 25,9%. Más de la mitad de las mujeres ocupadas, el 55%, percibe salarios anuales por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. A estas desigualdades se suman la mayor carga de los cuidados, el trabajo doméstico no remunerado y las dificultades para acceder a empleos estables y bien remunerados.

Por su parte, la violencia de género constituye otra manifestación extrema de esta desigualdad. Andalucía vuelve a encabezar en 2025 el número de denuncias registradas entre las comunidades autónomas, con 41.316, frente a las 40.168 del año anterior. Además, se contabilizaron 36.785 mujeres víctimas de violencia de género.

El 43% de los menores están en riesgo de pobreza

Mientras la crisis habitacional y el encarecimiento de la vida sigan asfixiando a los hogares con menores y a las trabajadoras con sueldos por debajo del SMI, “estaremos perpetuando una brecha social que se hereda de generación en generación”, ha afirmado el vicepresidenta de la Red, Salima El Meziani.

La pobreza infantil sigue representando uno de los principales retos sociales de Andalucía. El 43,4% de los niños y adolescentes se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que sitúa a la comunidad como la segunda región con mayor tasa del país. Aunque el indicador disminuye 1,5 puntos respecto al año anterior, la magnitud del problema continúa siendo “alarmante”.

Se reduce la vivienda en propiedad y aumenta el alquiler

El acceso a una vivienda “digna” y “asequible” se ha convertido en uno de los principales factores de presión económica para la población andaluza, especialmente para quienes cuentan con menores ingresos. El encarecimiento de la vivienda, el aumento de la demanda de alquiler y la insuficiencia de alternativas residenciales asequibles “dificultan cada vez más el acceso y la permanencia en una vivienda adecuada”.

La proporción de personas que viven en una vivienda en propiedad ha pasado del 80,9% en 2008 al 78,8% en 2025, mientras que el alquiler ha aumentado del 11,1% al 14,2%. Esta evolución refleja las crecientes dificultades de acceso a la propiedad para una parte de la población, que debe recurrir al mercado del alquiler, donde el incremento de la demanda presiona los precios al alza.

Según el Índice de Precios de Vivienda del INE, el precio de compraventa en Andalucía ha aumentado un 79,2% entre 2015 y 2025. Además, el precio medio tasado de la vivienda libre alcanza los 1.924 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2026, con un incremento interanual del 13,3%. Además, el coste del alquiler también continúa aumentando.

En 2025, el desembolso medio mensual por arrendamiento se sitúa en 522 euros, por encima de la cuota hipotecaria media, de 492 euros. En ese mismo año, los hogares andaluces destinan de media el 15,7% de sus ingresos a la vivienda. Entre la población en situación de pobreza, este porcentaje asciende al 28,5%, y el 21,1% de las personas pobres soporta un gasto elevado en vivienda, equivalente al 40% o más de sus ingresos.

Según el informe, si no existieran las transferencias del Estado, la tasa de pobreza en Andalucía alcanzaría aproximadamente al 52% de la población. Esta estimación evidencia la importancia de las pensiones, las prestaciones por desempleo, el Ingreso Mínimo Vital y otros mecanismos de garantía de ingresos para evitar un deterioro aún mayor de las condiciones de vida.

Por último, la situación de la población pensionista también refleja importantes dificultades económicas. El 41% de los pensionistas recibe una pensión cuyo importe no supera el umbral de pobreza, situado en 873 euros mensuales en 14 pagas. En cuanto al alcance de las prestaciones sociales, las ayudas de garantía de rentas, entre las que se encuentran el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones asistenciales, llegan al 12,4% de la población andaluza en 2025.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y/o la Exclusión Social (EAPN) en Castilla-La Mancha ha presentado este jueves su XVI Informe 'El Estado de la Pobreza', apuntando al coste de la vivienda como uno de los principales factores que condiciona la situación económica e impulsa la exclusión social de las personas con menos ingresos.

Durante la presentación del informe en Toledo, la presidenta de de EAPN Castilla-La Mancha, Mar González, acompañada por el gerente de la entidad, Raúl del Viso, y la técnica de proyectos, Irene Sergio, ha subrayado que “detrás de todas estas cifras hay personas y familias y no deberíamos estar hablando de que en Castilla-La Mancha somos la segunda comunidad autónoma más pobre”.

Así, ha destacado el efecto del coste de la vivienda, como “el factor clave que agrava la pobreza”. En este sentido, ha arrojado el dato de que dos de cada tres personas que residen en una vivienda de alquiler a precio de mercado están en riesgo de pobreza o exclusión social. Un dato que contrasta con el porcentaje de riesgo de exclusión de las personas que residen en una vivienda en propiedad, que desciende al 26,6%.

La segunda comunidad autónoma más pobre

En 2025, el 34,0 % de la población castellanomanchega, alrededor de 724.000 personas, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), una tasa que mejora respecto al año anterior, cuando se situó en el 34,2 %. Sin embargo, Castilla-La Mancha soporta una de las tasas de pobreza y exclusión más elevadas del país, situándose, por segundo año consecutivo, como la segunda comunidad autónoma con la tasa AROPE más alta, solo detrás de Andalucía.

Bajo este dato general, la vivienda marca una diferencia especialmente significativa. Dos de cada tres personas (63,7 %) que viven en alquiler a precio de mercado están en AROPE, frente a una de cada cuatro personas (26,6 %) de quienes viven en una vivienda en propiedad.

El esfuerzo económico que supone la vivienda es todavía mayor entre quienes ya se encuentran en situación de pobreza. En 2025, estas personas destinaban el 30,2 % de sus ingresos a la vivienda, prácticamente el doble que el conjunto de la población de Castilla-La Mancha, que destinaba el 16,2%.

Más dificultades para afrontar los gastos de vivienda

El informe también refleja un aumento de las dificultades para hacer frente a los pagos relacionados con el mantenimiento de la vivienda. En 2025, el 12,2 % de la población de Castilla-La Mancha había sufrido retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca, 1,2 puntos más que el año anterior y 1,6 puntos por encima de la media estatal, situada en el 10,6%.

El problema se intensifica entre la población en pobreza: el 22,8 % soporta un gasto elevado en vivienda, frente al 6,7 % del conjunto de la población castellanomanchega. Este porcentaje ha aumentado 1,9 puntos respecto a 2024.

A ello se suma la dimensión energética de la vivienda. El informe muestra que el 19,3% de la población de Castilla-La Mancha no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, una situación que evidencia cómo el coste de la vivienda y de los suministros condiciona la capacidad de los hogares para cubrir otras necesidades básicas.

La pobreza infantil y la brecha de género también empeoran

Los datos muestran también un empeoramiento de la situación de la infancia. La tasa AROPE entre las personas menores de 18 años alcanza el 43,4 % en 2025, frente al 41,1 % registrado en 2024. Esto supone un incremento de 2,3 puntos y sitúa a la infancia como el grupo de edad con mayor riesgo de pobreza y exclusión de la región.

También aumenta de forma significativa la brecha de género. El AROPE alcanza el 36,9 % entre las mujeres, frente al 31,2 % entre los hombres. Como consecuencia, la brecha pasa de 2,1 a 5,7 puntos en un solo año.

Además, la pobreza severa alcanza al 15,4 % de los menores de 18 años y al 12,3 % de las personas que viven en hogares con niñas, niños y jóvenes económicamente dependientes, frente al 5,3 % en los hogares sin menores.

Los datos del informe muestran también el papel que desempeña el sistema de protección social en la reducción de la pobreza. En Castilla-La Mancha, las transferencias del Estado evitan que un 21,8 % de la población caiga en situación de pobreza: un 14,8 % gracias a las pensiones de jubilación y supervivencia y un 7,0 % gracias al resto de prestaciones.

Sin embargo, persisten importantes dificultades para que las prestaciones lleguen a todas las personas que las necesitan. En el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la tasa de personas que, pese a cumplir los requisitos, no reciben la prestación alcanza el 60,3 % en Castilla-La Mancha, frente al 55,0 % a nivel estatal. Esto significa que seis de cada diez personas que podrían estar accediendo al IMV no lo están haciendo.

Reclama situar la vivienda en el centro de las políticas contra la pobreza

Para EAPN-CLM, y pese a la leve mejoría, los datos muestran que no es posible abordar la pobreza sin abordar el acceso a una vivienda asequible y adecuada. El elevado peso de la vivienda sobre los ingresos de los hogares con menos recursos limita su capacidad para afrontar otros gastos básicos y aumenta el riesgo de pobreza y exclusión.

Las familias con menores a cargo siguen soportando importantes tasas de pobreza y exclusión social, por lo que desde la Red contra la Pobreza reclamamos más y mejores políticas públicas de inversión en vivienda pública accesible y gestionada; mejorar el acceso a más y mejores empleos; así como una red pública de seguridad que prevenga y actúe sobre las situaciones de mayor vulnerabilidad antes de que las situaciones de vulnerabilidad se agraven o cronifiquen.

Hubo una noche en la que Jesús Ordax, de 69 años, no tenía donde dormir y se subió a un autobús nocturno. Recorrió la línea de principio a fin, varias veces, atravesando el área metropolitana de Barcelona hasta que amaneció. Era mayo de 2026 y le acaban de echar de su casa. 

Jesús, de cuerpo enjuto y pelo cano, residente en L’Hospitalet de Llobregat, todavía no lo sabía entonces, pero esa fue la primera de muchas noches que pasaría a la intemperie. “Acabar así no se lo imagina nadie”, advierte. “Uno piensa siempre que tiene una especie de protección, una burbuja, pero se rompe a la primera de cambio”, reflexiona.

Desde que perdió su casa han transcurrido cuatro meses en los que pasó primero por albergues y pensiones, hasta acabar en la calle. Entremedias, encontró trabajo en un programa de inserción del Ayuntamiento de L’Hospitalet, pero siguió durmiendo al raso. En las pocas habitaciones de alquiler que encontraba, o no le querían, o él no se fiaba. 

No fue hasta esta semana, coincidiendo con el temporal de lluvias en Catalunya, que una conocida le ofreció dormir en su pasillo. Y su suerte dio un vuelco: encontró una habitación por 400 euros al mes. “Con la edad que tengo, como puedes suponer, ¡compartir piso es una experiencia totalmente nueva!”, reconoce Jesús por WhatsApp. 

Días antes, cuando todavía dormía en el parque de Can Batlló, en el barrio de Sants de Barcelona, Jesús decidió relatar su particular odisea habitacional en una charla con elDiario.es. “No es que yo haya tenido mala suerte”, argumentaba. Cuando el número de personas sinhogar no deja de crecer, razonaba, “la mala suerte no existe”. 

Pertenencias en la calle al salir del hospital

Nacido en Vigo, Jesús Ordax llegó a Barcelona a los 30 años, en busca de salidas profesionales y con la fotografía como pasión. “Yo era amante de todos los grandes reporteros”, asegura. Durante años, explica, trabajó de freelance en el sector. Viajó por África y dejó varias publicaciones.

A lo largo de su trayectoria también montó un bar, que reconoce que no le fue bien, y en los últimos años impartió cursos de fotografía en el Centre Cultural Sanfeliu. “Estuve casi cinco años, pero luego llegó el boom de Instagram y cancelaron el programa”, se lamenta. 

Desde entonces, cobraba una pensión no contributiva y vivía de alquiler en una caseta de jardín sin regularizar que le arrendaban en B. Pagaba 500 euros y apenas llegaba a fin de mes. “Era una habitación grande, con un patio fantástico”, recuerda. 

Pero una enfermedad le obligó a ingresar en el hospital, y un mes y medio después, al volver a su casa, se encontró con todas sus pertenencias en la calle. “Mesas, muebles, documentación, papeles, libros de fotografía… Todo lo que puedes tener en tu casa, pues fuera”, explica. “Entré en shock, no entendía nada”. 

Sin contrato, y habiendo dejado a deber un mes de cuota, explica que su casero lo echó. No tenía adonde ir, así que esa noche fue cuando subió al autobús nocturno. También acudió a la comisaría a denunciarlo, aunque sin éxito. Lo que sí pudo hacer es alquilar un trastero, que todavía le cuesta 70 euros al mes, para guardar sus pertenencias. 

Allí comenzó su periplo por las dependencias de emergencia: le dieron una pensión en Gavà, luego un albergue en L’Hospitalet de Llobregat y también durmió en la calle. En julio, los técnicos municipales le encontraron trabajo como peón en una brigada del Ayuntamiento pensada para personas en riesgo de exclusión social. 

Dormir en el parque y trabajar en la brigada

De julio a septiembre, salvo vacaciones –que durmió, dice, en la playa del Garraf–, Jesús Ordax ha trabajado de día pintando bancos y farolas con sus compañeros de turno. De noche, pernoctaba en el parque.

“Me levanto, me acicalo en la fuente como los gatos, y me voy a trabajar”, describía sobre su rutina. De 8:00 a 14:00 horas. “Al salir, todo el mundo termina, se dice ‘hasta mañana’, y tú te encuentras con la realidad”. 

Su tarde consistía en buscar algún bar donde comer algo caliente, echar la tarde en el parque, quizás ir al cine algún día, y después buscar algún rincón donde dormir. Nunca repetía sitio, ni quería compañía. “No me interesa ir con nadie, porque tiene sus riesgos y te envicias. Y yo no quiero meterme en historias raras ni paranoias”, exponía. 

Con 1.200 euros de salario mínimo que todavía cobra –el contrato es por un año–, ¿por qué tardó tanto tiempo en encontrar techo? En primer lugar, se sentía estafado cuando le pedían avances y fianzas que consideraba abusivas, y además denuncia que se topaba a menudo con infraviviendas controladas por grupos de los que no se fiaba. Otras veces, eran los caseros que no querían a alguien de su edad. 

“Hay habitaciones sin ventanas, subterráneos, sextos pisos sin ascensor, y compañías que no son agradables porque puedes tener problemas”, describía días antes de dar con una. “La ecuación es muy difícil de resolver, tanto a nivel social como humano”, exponía. 

En pleno debate sobre los decretos de vivienda y el caso Maricarmen, Jesús denuncia con su situación que la exclusión social y residencial, tal como han detectado entidades sociales, alcanzó hace tiempo también a una parte de la población asalariada y pensionista.

“El sistema perjudica a la población en general, y hablo de clase media también”, afirmaba. “Un señor y una señora que cobran entre los dos 2.000 euros no tienen para pagar un piso, ni llenar una nevera, y ni me imagino si tienen hijos”.

Tras la entrevista con elDiario.es vinieron los días del temporal de lluvias y después Jesús Ordax encontró finalmente la habitación en la que ahora se ha instalado. Está ilusionado, pero insiste por teléfono en dejar constancia de su odisea, que asegura haber resistido gracias a la “filosofía estoica”.

“Lo más grave de dormir sin techo es que suele derivar en abandono personal, desidia y refugios fáciles como adicciones…”, reflexiona. Jesús de momento lo ha esquivado. 

Participar para que la próxima legislatura responda a quienes más lo necesitan Las elecciones municipales y autonómicas de 2027 en Castilla-La Mancha marcarán decisiones que afectan al acceso a la vivienda, los servicios sociales y las oportunidades de vivir con dignidad. Para que la próxima legislatura reduzca la pobreza, los programas electorales deben construirse con las personas que la viven y traducirse en derechos efectivos, presupuestos suficientes y compromisos que puedan evaluarse.

La pobreza debe estar en el centro del debate público Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2025 el 34,0 % de la población de Castilla-La Mancha estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 25,7 % del conjunto de España. Son más de uno de cada tres ciudadanos. La tasa AROPE reúne tres dimensiones: riesgo de pobreza monetaria, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo. Basta encontrarse en una de ellas para formar parte del indicador; sus porcentajes no se suman.

Detrás de estos datos hay hogares que aplazan una factura para comprar alimentos, personas que no pueden asumir un alquiler y familias para las que aceptar un empleo depende de disponer de transporte o apoyos para los cuidados. Son situaciones que muestran cómo se acumulan las desventajas: la falta de ingresos limita el acceso a una vivienda y la inestabilidad residencial dificulta sostener un empleo o continuar los estudios.

La pobreza no puede explicarse como un fracaso individual, sino como la suma del deterioro de las condiciones del mercado de trabajo, el aumento del coste de la vivienda, la distribución de los cuidados y el acceso desigual a los servicios influyen en las oportunidades. Por eso, la respuesta necesita políticas coordinadas y una financiación capaz de sostenerlas durante toda la legislatura.

Qué se decide en las elecciones municipales y autonómicas de 2027

Las elecciones municipales determinan la composición de los ayuntamientos; las autonómicas, la de las Cortes de Castilla-La Mancha, que aprueban leyes y presupuestos y eligen a la Presidencia de la Junta. Ambas escalas importan porque las decisiones públicas se concretan en servicios, prioridades de gasto y condiciones de acceso.

En el ámbito municipal, competencias como la atención inmediata ante situaciones de exclusión, la vivienda de protección pública o el transporte urbano conectan con necesidades cotidianas. La capacidad de actuación depende del marco legal y de los recursos de cada municipio. En los pueblos pequeños, la cooperación con las diputaciones y la Junta resulta especialmente relevante.

En el ámbito autonómico se deciden políticas de vivienda, asistencia social y transporte regional, además de actuaciones educativas y sanitarias dentro de su marco competencial. Que un recurso exista en una norma no basta: su financiación, cobertura territorial y accesibilidad condicionan que llegue a quien lo necesita.

Somos conscientes de que ninguna administración puede resolver por sí sola todas las causas de la pobreza.

Los programas deben precisar qué corresponde al ayuntamiento, qué debe impulsar la Junta y qué requiere coordinación con el Estado. Esa claridad permite exigir responsabilidades y evita que las personas recorran distintas ventanillas sin encontrar una respuesta.

Escuchar la experiencia mejora las políticas públicas

Las estadísticas permiten conocer la dimensión de la desigualdad, pero la participación social aporta otro conocimiento imprescindible: por qué una ayuda no llega, qué trámite resulta inaccesible o por qué un servicio no encaja con la vida cotidiana. Una solicitud exclusivamente digital puede dejar fuera a quien carece de conexión; una cita distante puede ser inalcanzable para quien no dispone de transporte.

Incorporar esa experiencia desde el diseño de las medidas ayuda a detectar barreras y a corregir respuestas que, aun bien planteadas, fallan en su aplicación. Las personas en situación de pobreza son titulares de derechos y deben poder intervenir en la definición de los problemas, las prioridades y la evaluación de las soluciones.

La participación efectiva requiere condiciones materiales: información comprensible, accesibilidad, apoyos para el desplazamiento y los cuidados, horarios compatibles y alternativas presenciales. También exige una devolución clara sobre qué propuestas se incorporan y por qué otras no. Sin esa respuesta, la consulta corre el riesgo de convertirse en un trámite.

El XVII Encuentro Regional como espacio para construir propuestas

El XVII Encuentro Regional de Participación de EAPN-CLM, previsto para el 22 de septiembre de 2026 en Albacete, se sitúa en este proceso de reflexión y Participación colectiva. Permitirá trabajar propuestas desde la experiencia de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, conectándolas con las decisiones de la próxima legislatura.

El horizonte es trasladar esas aportaciones a los partidos políticos en las Cortes de Castilla-La Mancha con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el 17 de octubre. Para reforzar su alcance municipal, sería conveniente hacerlas llegar también a las candidaturas locales y concretar cuáles pueden desarrollarse en cada territorio.

El valor del encuentro estará en dar continuidad a ese trabajo: recoger las propuestas, identificar la administración responsable y establecer mecanismos para conocer su recorrido. La participación debe acompañar la elaboración de los programas y continuar durante la ejecución y evaluación de las políticas.

Prioridades sociales para la próxima legislatura

Las propuestas deben abordar problemas relacionados entre sí. Una mejora de ingresos puede perder su efecto si aumenta el alquiler; una oportunidad laboral puede resultar inviable sin cuidados o transporte.

Desde este enfoque integral, la agenda social de 2027 debería incorporar las siguientes prioridades:

De las promesas a los compromisos verificables

Los programas electorales deberían explicar para cada medida qué problema quieren resolver, a quién debe llegar, qué administración la ejecutará, con qué presupuesto y en qué plazo. También necesitan indicadores comprensibles: tiempos de espera, hogares que acceden a una vivienda, solicitudes atendidas o cobertura de servicios en el medio rural.

El seguimiento debe incorporar a las personas afectadas y publicar avances y dificultades. Contar reuniones o ayudas concedidas es insuficiente si no sabemos si mejora la estabilidad de los hogares o disminuyen las barreras de acceso. La rendición de cuentas permite corregir políticas antes de que termine la legislatura.

Desde el enfoque de EAPN-CLM, la participación social es una herramienta de calidad democrática y de lucha contra la exclusión. Las elecciones de 2027 ofrecen una oportunidad para situarla en el origen de las decisiones. Construir una Castilla-La Mancha con menos pobreza exige escuchar a quienes la viven y convertir ese conocimiento en políticas con recursos, continuidad y resultados.

Se llamaba Marta. Tenía 70 años. Por edad y género, podría haber sido mi tía. O la madre de cualquier amigo cercano. Tu abuela, quizás. Pero era una señora mayor de Triana que pasaba las noches en un trastero de seis metros cuadrados, sin ventanas ni cuarto de baño. Un trastero de la calle Tejares en el que murió, sola, a finales de agosto.

Digo pasar las noches, porque vivir es demasiado para definir la situación de esta mujer, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en avanzado estado de descomposición por la Policía Nacional el 27 de agosto tras la llamada de un vecino avisando de un fuerte olor procedente del trastero.

Marta tenía algo parecido a un superpoder en estos últimos tiempos. Se había convertido en una persona invisible. Entraba y salía a diario de ese trastero que había alquilado hace cuatro meses, pero apenas nadie en el edificio sabía nada de ella, de su vida ni de sus circunstancias.

Era usuaria habitual del Centro de Participación Activa de Triana, al que acudía regularmente a comer. El trastero, imagino, era el último recurso al que podía acceder con el escaso dinero que pudiera manejar antes que dormir al raso, en la calle, un escenario en el que no suele ocurrir nada bueno.

La muerte de Marta saltó a los titulares de prensa y a los informativos de televisión a finales de agosto, en una época en la que hay pocas informaciones y casi cualquier suceso se hace un hueco.

Pasados unos días, apenas nadie recordará ya su muerte pero a mí me dejó una profunda huella, una pena honda al imaginar qué pudo llevarla a una situación tan límite como para acabar durmiendo en un trastero, y un sentimiento de aviso por la fragilidad que esconden nuestras aparentes seguridades laborales y económicas, que pueden torcerse en cualquier momento y dejarnos a la intemperie de esta sociedad capitalista que devora vidas como temporadas de ropa del Zara.

Los factores de riesgo son múltiples: el desempleo, la falta de acceso a la vivienda, las adicciones, la salud mental… pero también la ruptura o debilidad de los lazos familiares y de las redes comunitarias de apoyo, lo que deja a la persona sin contención ante situaciones de crisis

Sería sólo un problema financiero, una cuestión de salud o adicciones, enfermedad mental… ¿Tendría familia? ¿Alguna pareja o ex pareja? ¿Hijos o nietos? ¿Qué pasó para que esta señora acabara tan mal? Cualquier historia que imagino es peor que la anterior.

Pero sería similar a la de muchas personas que viven a nuestro alrededor y a las que, como a Marta, hemos vuelto invisibles. Y este es un defecto, un problema social, en el que yo también me incluyo. Se llama aporofobia y se define como el miedo, rechazo o aversión hacia la pobreza y hacia las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Lo que viene siendo mirar para otro lado, vamos.

Aún con menos suerte que Marta hay en Sevilla más de 700 personas, según cálculos del Ayuntamiento y de Cáritas conocidos el pasado junio. Hombres y mujeres que, en una situación peor que la de Marta, no tienen ni para pagarse una habitación de hostal o un trastero y directamente pasan las noches en la calle. ¿Cuántas más estarán al límite, pendientes de un hilo, para quedar definitivamente al margen de nuestra sociedad?

Un tercio de la población sevillana se encuentra en riesgo de exclusión social, según datos recientes de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Andalucía); hasta un 45% de quienes viven en régimen de alquiler.

Los factores de riesgo son múltiples: el desempleo, la falta de acceso a la vivienda, las adicciones, la salud mental… pero también la ruptura o debilidad de los lazos familiares y de las redes comunitarias de apoyo, lo que deja a la persona sin contención ante situaciones de crisis.

En una sociedad capitalista y opulenta como la nuestra, en la que la exhibición de la riqueza y la acumulación de bienes son un signo de estatus, la pobreza existe. Y, muchas veces, quienes la sufren la viven con vergüenza. La ocultan a los más cercanos, familiares y amigos, por miedo al qué dirán o pensarán de ellos, sin atreverse a pedir ayuda. Y, el día menos pensado, se ven solos y tan desesperados que no tienen más remedio que alquilar un trastero, o buscar un rincón protegido del viento, para pasar la noche. Como Marta. Como tantos otros.

Mientras, cuando nos cruzamos con alguno de ellos, saliendo del súper de hacer la compra o desde la terraza de un bar tomando unas copas, miramos hacia otro lado, cruzamos los dedos y nos alegramos de que, por ahora, nos vaya bien y no nos haya tocado a nosotros.

Cinco personas se sientan alrededor de una mesa en una de las aulas de la Nau Bostik, en Barcelona. Van a clase para aprender darija, la variedad del árabe que se habla en Marruecos. Quien guía la sesión es Talal El Khalloufy, un joven marroquí de 26 años que llegó solo a Catalunya hace tres años y que hoy enseña su lengua materna gracias a Prollema, un proyecto de la asociación La Muga que forma y remunera a jóvenes migrantes para que impartan clases de sus idiomas de origen.

“No queremos que nos vean solo como personas que necesitan ayuda. Los jóvenes migrantes podemos aportar mucho a la sociedad”, resalta Talal. En la misma línea opina Hadjer Rahou, joven argelina de 25 años que da clases en Girona de darija y árabe clásico: “Muchas veces la gente no es consciente de que tenemos potencial. Solo necesitamos que alguien nos escuche y valore nuestra formación y capacidades”.

En un momento de la clase que imparte Talal, una de las asistentes comenta que algunas palabras le recuerdan al catalán, lo que da pie a una conversación sobre los vínculos históricos entre las lenguas, y alumnos y profesor empiezan a buscar ejemplos: tawla recuerda a taula, c a balcó y blassa a plaça. Durante dos horas, los alumnos practican expresiones cotidianas, aprenden léxico y gramática, corrigen la pronunciación y hacen preguntas sobre la cultura marroquí.

“Pensaba que a nadie le interesaría nuestra lengua por la imagen negativa que a veces se tiene de nosotros. Descubrir que hay personas que quieren aprenderla cambia por completo la forma en que te sientes acogido”, afirma Amine Oubihi, otro de los jóvenes vinculados al proyecto.

Los alumnos de Talal cursan el intensivo que la fundación ha organizado durante el mes de julio en Barcelona. Consiste en dos sesiones semanales de dos horas durante un mes. A lo largo del año también se organizan cursos en Girona y Tarragona. Todos los profesores son jóvenes que emigraron solos y que, antes de incorporarse al proyecto, se encontraban en situación de exclusión social. Prollema les ofrece una formación que les capacita para impartir clases de sus lenguas maternas.

“Queríamos cambiar la mirada infantilizada y asistencialista con la que se suele acompañar a los jóvenes migrantes: dejar de verlos como objetos para reconocerlos como sujetos con voz, historias, experiencias y capacidad de decisión”, explican desde la asociación.

El proyecto, nacido en 2015 dentro de la asociación cultural La Muga, ofrece un salario a los docentes, además de una formación teórica y práctica de cinco meses que les habilita para impartir clases. Entre las lenguas que se enseñan se encuentran el amazig del Rif, el árabe clásico, el darija, el fula, el wolof y el mandinká. La entidad se financia con subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, además de las cuotas de los alumnos.

“Cuando llegas sola y sin papeles sientes que no tienes un lugar en la sociedad y que no vales nada, y proyectos como este te permiten demostrar quién eres”, señala Hadjer. “Quiero que la gente vea que las personas migrantes también podemos tener estudios o una carrera universitaria”. Para ella, dar clases es una forma de romper los estereotipos que todavía pesan sobre quienes migran.

Licenciada en Traducción e Interpretación en Argelia, se vio obligada a emigrar a España en busca de mejores condiciones económicas para ayudar a su familia. “Yo no he venido aquí porque quiera viajar, sino porque no me quedaba otra opción”, asegura. Mientras espera la regularización de su situación administrativa, sueña con poder trabajar con contrato y seguir ayudando a su familia para, algún día, regresar a su tierra.

“Las personas migrantes muchas veces no necesitamos solo dinero, sino que alguien nos escuche, nos entienda y nos dé la oportunidad de construir una nueva vida”, añade. Desde Prollema recalcan que su objetivo es que los jóvenes se sientan “escuchados, acompañados y capaces de proyectar un futuro”.

Talal llegó a Catalunya hace tres años desde Fez, su ciudad natal. Tras pasar varias noches durmiendo al raso por las calles de Girona, su educadora social le habló del proyecto y decidió apuntarse. Después de completar la formación y las prácticas, empezó a dar clases el año pasado.

Además de formación y empleo, Prollema también ofrece alojamiento mientras los jóvenes avanzan en su proceso de integración. Actualmente, Talal reside en la Nau Bostik, un centro cultural y social autogestionado en el barrio barcelonés de La Sagrera, el mismo lugar donde se imparten las clases. Allí también vivió durante un tiempo Amine, junto a otros participantes del proyecto.

La idea es que permanezcan allí hasta contar con unos ingresos estables que les permitan acceder a un alquiler. Los ingresos que obtienen con las clases no siempre son regulares, ya que no todos los meses hay suficientes grupos.

Otro de los aspectos que más valoran los jóvenes que dar clases va mucho más allá de la remuneración económica. Talal pasó una etapa especialmente dura durante su proceso de integración por el hecho de estar solo y sentirse discriminado. “Me afectó muchísimo sufrir discriminación. Más de una vez, cuando paso por delante de alguien, esconde el bolso, o si me siento en un banco o en un asiento, se levantan y se marchan”.

En ese contexto, asegura que empezar a dar clases en Prollema fue un refugio. “Para mí, Prollema es una joya. Me ayudó a coger fuerzas para seguir adelante. Ahora me siento mucho mejor y estoy viviendo una etapa muy bonita. Después de pasarlo realmente mal al principio de mi llegada, lo único que buscaba era, además de una tranquilidad económica, sentirme válido como persona”.

Amine destaca las relaciones personales que ha construido, tanto con otros jóvenes que atraviesan situaciones similares como con alumnos catalanes. “Más allá del trabajo o del intercambio cultural, cuando acabas de llegar y no conoces a nadie, lo que necesitas es una red de apoyo”. “Si no tienes a tu familia, a tus amigos ni a nadie que te apoye, es muy fácil acabar mal en un país extranjero”, sentencia.

Otro de los pilares de la iniciativa es que los jóvenes puedan conservar su identidad mientras construyen su nueva vida en Catalunya. “Una buena acogida es aquella que te permite construir un futuro sin tener que renunciar a quién eres”, señalan desde la asociación. Hadjer lo resume con claridad: “Pensar que porque una persona lleve hijab significa que no se integra en la sociedad es ignorancia pura. Yo hablo catalán y castellano, quiero trabajar y aportar mis cualidades aquí en Catalunya”.

Desde Prollema insisten en que no se trata de “dejar atrás la lengua, la cultura o la identidad para integrarse”, sino de poder conservarlas mientras se adquieren “las herramientas necesarias para formar parte de la comunidad”.

És mig matí i el sol cau a plom sobre el barri palmesà de Son Cladera. Amb prou feines hi ha moviment als carrers, només el murmuri que arriba des d'una petita plaça on, assegudes a la terrassa d'un bar de tota la vida, conversen diverses dones. Des de fa dues setmanes, aquest és el seu punt de trobada habitual. L'anterior el van perdre el passat 2 de juliol, quan una comissió judicial, acompanyada per agents de la Policia Nacional, va executar el desallotjament de La Cala, el local on, durant més de tres dècades, van ballar, jugar al bingo, celebrar dinars populars i, sobretot, van trobar companyia. Allà on, fins fa dues setmanes, els veïns entraven i sortien constantment, avui només hi queda una persiana abaixada. “Han llevat la diversió a molta gent”, lamenta Fidela, una de les antigues usuàries.

A Son Cladera, un barri de 7.500 habitants sorgit a mitjan anys seixanta arran de l'expansió urbana de Palma, la ferida del desallotjament continua ben oberta. El que va començar com un litigi entre l'associació de gent gran i la propietat de l'immoble ha acabat convertint-se en el reflex d'un malestar més profund: el d'un veïnat que veu desaparèixer progressivament els espais que articulaven la vida comunitària i altres serveis bàsics, com les sucursals bancàries. “A més del casal, ens han llevat els dos bancs que teníem. Ara depenem dels nostres familiars per poder anar a treure doblers”, explica Fidela.

Fidela Pedregal feia dècades que estava vinculada al casal, que comptava amb més de 300 usuaris. Hi anava dues vegades per setmana “per això del cap” -en referència als tallers de memòria- i compartia les tardes amb altres veïns entre activitats, festes i partides de bingo. Asseguda a la terrassa del bar Màlaga, on cada matí es reuneix amb Josefa, Leonor i altres veïnes que també freqüentaven La Cala, lamenta que el tancament ha deixat moltes persones grans del barri “sense cap lloc on anar-hi”. Considera que, d'un dia per l'altre, ha desaparegut un espai que durant anys havia servit per combatre la soledat i mantenir activa la gent gran. “Ens han abandonat”, conclou.

A més del casal, ens han pres els dos bancs que teníem. Ara depenem dels nostres familiars per poder anar a treure diners

Fidela — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

El passat 2 de juliol, mentre desenes d'usuaris participaven en un taller de memòria, la comitiva judicial i els efectius policials van irrompre a l'edifici per executar el llançament. En qüestió de minuts, les activitats van quedar interrompudes i els assistents van haver d'abandonar el local entre el desconcert i la incertesa. Els cartells de balls, excursions i tallers que encara pengen a les finestres són l'únic vestigi de la intensa activitat que durant dècades va acollir el casal, avui convertit en el símbol d'una realitat que va més enllà d'aquest cas i que planteja interrogants sobre el futur dels espais comunitaris per a la gent gran i la vulnerabilitat de nombroses associacions que desenvolupen la seva tasca social en immobles de titularitat privada.

L'origen del conflicte es remunta al deute acumulat per l'anterior junta directiva amb la Fundació Sa Nostra, propietària de l'immoble des del 2020. Després de diversos impagaments del lloguer, la Fundació va iniciar un procediment judicial per recuperar la possessió del local. El 2024, ambdues parts van assolir un acord que va permetre suspendre un primer llançament i va donar marge a la nova junta gestora per intentar regularitzar la situació econòmica. A canvi, l'associació assumia una sèrie d'obligacions, entre les quals el pagament d'un lloguer de 2.200 euros mensuals, una quantitat destinada a cobrir tant la renda ordinària com l'amortització progressiva del deute acumulat, que rondava els 30.000 euros. El pacte va ser avalat per l'assemblea de socis, tot i que una part dels associats s'hi va oposar en considerar que deixava l'entitat en una situació de vulnerabilitat davant la propietat. Finalment, però, el desnonament es va acabar executant.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb la Fundació Sa Nostra per conèixer, entre altres qüestions, quines comunicacions va mantenir amb l'associació gestora en relació amb la data del desallotjament, quins incompliments concrets van motivar finalment l'execució del llançament, si es van plantejar alternatives per evitar-lo un cop iniciat el procediment judicial i quin ús preveu donar a l'immoble a partir d'ara. Tanmateix, no ha obtingut resposta fins al moment de la publicació d'aquest reportatge.

“Només queden els metges i tres farmàcies”

Al costat de Fidela seu Josefa, que confessa que troba a faltar la rutina que durant anys va marcar les seves tardes. Anava al casal per jugar al bingo, comprar loteria i compartir unes hores amb els seus veïns, tot i que reconeix que evitava tornar sola a casa quan es feia fosc perquè el trajecte li feia por. No va presenciar el desallotjament, ja que es va produir al matí, però ha reconstruït el que va passar a partir dels relats dels seus antics companys i dels vídeos que van circular ràpidament pel barri.

“Hi havia persones que van haver de sortir de pressa amb el tacataca i els cotxets. Va ser una falta de respecte. Diuen que arreglaran la situació, però no ho sé. M'han dit que ja han comprat el local per fer-hi pisos”, afirma. Per a ella, el tancament del casal és un episodi més del progressiu abandonament que, al seu parer, pateix Son Cladera. “L'únic que ens queda són els metges i tres farmàcies”, lamenta, convençuda que les persones grans són les principals perjudicades.

“M'han mort”, afirma en la mateixa línia Isabel, a punt de fer 90 anys. Al portal de casa seva, a pocs metres del casal, descriu el tancament com un dur cop a la seva rutina. Recorda les tardes de bingo, els tallers de memòria i les converses que, fins fa tot just unes setmanes, omplien el local. Hi participava en les activitats de memòria i hi passava les tardes jugant al bingo abans de tornar a casa.

Asseguda al costat de Fidela i Josefa, Leonor explica que estava vinculada al casal des de pràcticament els seus inicis. Recorda que l'associació va començar en un local més petit abans de traslladar-se a l'edifici del qual ara ha estat desallotjada. “Era molt gran: tenia un menjador enorme, una cuina enorme i un pati molt gran”, rememora. Cada diumenge s'hi organitzaven dinars, s'hi celebraven festes i actes com la darrera missa rociera. “Els dissabtes feien pa i bunyols. Ens donava la vida”, recorda amb nostàlgia, resumint en una sola frase la intensa activitat social que durant dècades va acollir el casal.

Els dissabtes feien pa i bunyols. Ens donava la vida

Leonor — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

L'Ana també troba a faltar la rutina que havia construït al voltant de La Cala. Hi jugava al bingo, llegia la premsa i, sobretot, hi trobava un espai on conversar amb les seves amigues. Ara confia que l'associació aconsegueixi un nou local on reprendre les activitats. “Tant de bo en trobin un altre. És una pena el que ha passat”, lamenta. Al seu parer, el tancament del casal se suma a la desaparició d'altres serveis essencials a Son Cladera, com les oficines bancàries, una circumstància que, assegura, ha incrementat la dependència de moltes persones grans. “Ara depenen d'algú que els dugui a algun lloc o que els faci les gestions”, resumeix.

Tant de bo trobin un altre local. És una pena el que ha passat

Ana — Usuària de La Cala i veïna de Son Cladera

“Els barris no interessen”

En un banc de la mateixa plaça, en José i en Salvador xerren amb altres veïns. En José lamenta que el tancament ha perjudicat persones grans com un dels seus familiars, que assistia amb freqüència als tallers de memòria i que, després del desnonament, ara depèn que les seves filles l'acompanyin a un altre centre. “Tot sol no hi pot anar”, explica, convençut que el desnonament ha complicat la vida quotidiana de molts usuaris que trobaven a La Cala un espai proper i accessible.

En Salvador, per la seva banda, sosté que el problema reflecteix l'abandonament que, al seu parer, pateix Son Cladera. Lamenta la desaparició de serveis al barri, critica la manca de presència policial i retreu a les administracions que no hagin trobat una solució abans del desnonament. “Els barris no interessen”, afirma. També defensa que l'associació havia aconseguit sanejar la seva situació econòmica i considera que les persones grans han acabat pagant les conseqüències d'un conflicte que, segons ell, s'hauria pogut resoldre d'una altra manera.

La junta gestora: “Seguirem lluitant”

La presidenta de la junta gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, assegura que l'associació no dona la batalla per perduda. “Continuarem lluitant”, afirma en declaracions a elDiario.es, convençuda que encara hi ha opcions per recuperar el casal. Sosté, fins i tot, que el cas podria establir un precedent per a altres entitats. Coronado confia que el tancament no sigui definitiu, ja que, després del llançament, van rebre una comunicació del jutjat en què se'ls informava que revisaria la documentació del procediment i que els havia concedit un termini d'entre quatre i deu dies hàbils per fer-ho.

Tot i això, lamenta que la resolució s'estigui endarrerint a causa del període de vacances. “Ens ho prendrem com unes vacances i esperarem, perquè continuarem lluitant”, assenyala, tot i que reconeix que l'espera “es fa eterna” per a uns usuaris que fa setmanes que no poden accedir al local.

En aquest sentit, lamenta que qui més està patint les conseqüències del tancament són les persones grans. “Ara no saben on anar”, afirma. Explica que moltes hi acudien cada tarda per refugiar-se de la calor, compartir unes hores de companyia i participar en tallers o activitats lúdiques. “Els han pres això”, lamenta. Al seu parer, el tancament del local s'afegeix a la desaparició d'altres serveis bàsics del barri, com les sucursals bancàries, una situació que, assegura, deixa molts veïns d'edat avançada en una posició de més dependència. “Els han deixat abandonats”, conclou.

En els darrers anys s'han succeït les protestes, les concentracions i les crides per evitar el desnonament de La Cala. Després de conèixer la demanda de desnonament, l'Associació de Veïns de Son Cladera es va bolcar en la defensa del casal i va començar a organitzar mobilitzacions i campanyes de suport per intentar aturar-ne el tancament. “Avui són ells els qui fan fora; però demà tots serem grans i ens agradaria mantenir els nostres espais de convivència amb seguretat jurídica i una política social humanitària, sabent que es respecten els drets i les obligacions de tothom”, expressava l'entitat en un missatge difós a Facebook l'abril de 2024.

La presidenta de la gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, lamenta que els qui més estan patint les conseqüències del tancament són els més grans: "Ara no saben on anar". Explica que molts acudien cada tarda al casal per escapar de la calor, compartir unes hores de companyia i participar en tallers o activitats lúdiques

Després del desallotjament del casal, diversos socis i veïns de Son Cladera han fet públiques cartes obertes en què qüestionen tant l'actuació de la Fundació Sa Nostra com la gestió de l'advocat de l'associació. Un dels socis, Juan Sánchez, retreu a la Fundació que trenqués amb el model de cessió gratuïta del local, vigent durant tres dècades, després d'assumir-ne la gestió el 2020 i d'imposar un contracte de lloguer a l'associació. Segons explica, el deute es va generar durant el mandat de l'anterior junta directiva, que va deixar de pagar les rendes, i va ser la posterior junta gestora la que va assumir el compromís de sanejar la situació econòmica i garantir la continuïtat de l'activitat del casal.

Sánchez defensa que, durant els dos últims anys, l'associació ha abonat pràcticament tot el deute acumulat després de duplicar la quota mensual que pagava a la Fundació. Per això, considera que el desallotjament no respon a un impagament, sinó a la voluntat de recuperar l'immoble. A la carta també acusa la Fundació Sa Nostra d'haver aprofitat el contracte signat amb la junta gestora per recuperar el local i deixar “al carrer” més de 250 persones grans, una actuació que considera incompatible amb els fins socials que proclama l'entitat i que, al seu parer, contradiu l'esperit dels seus propis estatuts.

D'altra banda, assegura que la voluntat majoritària de l'assemblea era esgotar totes les vies per continuar al local, inclosa la possibilitat de resistir-se al llançament si calia. En referència a l'advocat de la junta gestora, li retreu no haver informat els socis de la data prevista per a l'execució del desnonament. “Si hagués avisat del que faria el jutge, quan el jutge es va presentar al local l'hauria trobat ple de gent negant-se a sortir”, escriu.

Coronado, tanmateix, rebutja aquestes crítiques i assegura que el desallotjament va agafar per sorpresa fins i tot la mateixa entitat, ja que la comunicació judicial va arribar amb molt poc marge. Segons explica, el lletrat va rebre la notificació la tarda anterior i, quan van voler reaccionar, la comissió judicial ja s'havia presentat al casal a primera hora del matí. “No va donar temps a res. No entenem que actuïn d'aquesta manera”, lamenta. La presidenta de la junta gestora insisteix que la prioritat de l'entitat sempre ha estat defensar els interessos dels usuaris i assegura que continuaran lluitant per recuperar el local.

Possible cessió municipal

Per la seva banda, consultades per aquest diari, fonts de l'Ajuntament de Palma expliquen que el Consistori va posar, en el seu moment, el Casal de Barri de Son Cladera a disposició dels responsables de La Cala, però que l'entitat va rebutjar la proposta. L'Ajuntament recorda que el seu paper consisteix a cedir espais municipals perquè s'hi puguin desenvolupar activitats.

Coronado, tanmateix, retreu que el que es va posar sobre la taula va ser únicament una sala insuficient per desenvolupar l'activitat habitual de La Cala. “No era adequada per al que nosaltres fem”, sosté. Assegura que tècnics municipals van arribar a estudiar la possibilitat d'ampliar aquest espai, però van concloure que no era viable. La presidenta de la junta gestora recorda que el casal acollia activitats diàries i reunia un nombre d'usuaris molt superior al que podia assumir aquell equipament.

Desallotjament “inhumà” i “antidemocràtic”

La Unió d'Associacions de Mallorca (UAM) també s'ha sumat a les crítiques pel desallotjament del casal de La Cala. En un comunicat públic signat pel seu president, Pere Felip Buades, l'entitat assegura que no pot quedar-se “amb els braços plegats” davant el “tancament inadequat i infame” del local, “màxim tenint en compte que La Cala és l'associació de persones grans que més activitats duu a terme” i que aplega el nombre més gran de socis i sòcies de les Illes Balears. Tot i assegurar que respecta la resolució judicial que ha permès executar el llançament, afirma que no la comparteix i la qualifica d'“inhumana”, “anticristiana”, “antidemocràtica”, “immoral”, “caciquil” i “il·legal”.

Així mateix, l'organització ha reptat públicament la Fundació Sa Nostra a mantenir un debat públic “quan vulgui i on vulgui, amb la finalitat d'exposar lliurement i democràticament els respectius punts de vista”. En la mateixa nota, adverteix que, si l'entitat declina participar-hi, interpretarà aquesta decisió com una manca de voluntat d'oferir explicacions públiques sobre el cas.

La UAM assenyala, a més, que aquest assumpte serà abordat en el ple municipal d'aquest mes de juliol i sosté que tots els grups polítics tenen el deure de posicionar-se en defensa de l'associació. “Aquí no valdran les abstencions”, afirma en un altre comunicat, en què considera que no donar suport a La Cala equivaldria a girar l'esquena a una entitat que defineix com a “modèlica” i un “referent” del moviment associatiu de les Illes Balears.

Manca de mobilització social

Mentrestant, Stop Desnonaments Mallorca ha carregat durament contra el desallotjament del casal de persones grans de Son Cladera, que qualifica de “brutal”, i responsabilitza la propietària de l'immoble del que ha passat. La plataforma recorda que durant els darrers anys ha donat suport a les reivindicacions de l'associació per conservar el local, difonent les convocatòries i participant, en la mesura de les seves possibilitats, en les mobilitzacions organitzades en defensa del casal. Tot i això, el col·lectiu també marca distàncies amb la gestió de l'actual direcció de l'associació. Al seu parer, tant la majoria de la junta directiva com l'assemblea de socis que va donar suport a l'acord subscrit el 2024 amb la Fundació Sa Nostra “es van equivocar”.

L'organització lamenta que, en la reunió en què es va aprovar aquell acord, prevalgués el criteri de l'advocat per damunt del d'altres socis que, tot i no ser juristes, comptaven, segons sosté el col·lectiu, amb assessorament jurídic i amb l'experiència acumulada després d'anys de lluita veïnal. Al seu entendre, la direcció també es va equivocar en no tornar a convocar els socis per valorar l'evolució del conflicte i en optar per transmetre un missatge de tranquil·litat mentre el procediment judicial continuava avançant. Així mateix, sosté que la manca d'informació prèvia sobre la data del llançament va impedir organitzar una mobilització veïnal que, segons defensa, hauria pogut intentar evitar el desallotjament.

En aquest context, el col·lectiu defensa que l'estratègia per recuperar el casal s'ha de basar en la mobilització social i en la col·laboració entre entitats, i aposta per obrir una nova etapa sustentada en la unitat del barri. Amb aquest objectiu, ha demanat la convocatòria d'una reunió pública entre la junta de l'associació de persones grans, Stop Desnonaments SONKLA, l'Associació de Veïns de Son Cladera i qualsevol altre col·lectiu o veí que vulgui sumar-se a la defensa del casal.

“Esperem que, pel bé de l'associació, del casal i de les persones grans, la junta rectifiqui i passi a confiar en la mobilització del barri i en les aliances amb altres col·lectius que volem donar suport a la recuperació del local i a la defensa d'un barri digne”, subratlla. La plataforma reivindica la necessitat que les decisions puguin ser debatudes i qüestionades dins els moviments veïnals i socials i reitera la seva disposició a continuar donant suport a la recuperació d'un espai que considera fonamental per a la vida comunitària de Son Cladera.

Més enllà de la batalla judicial, Josefa, Ana, Isabel, Leonor i la resta d'usuaris del casal comparteixen una mateixa reivindicació: recuperar un espai que consideren imprescindible per mantenir viva la convivència a Son Cladera. Per a ells, La Cala no era només un casal de persones grans; era el lloc on omplien les tardes, feien amistats i continuaven sentint-se part d'un barri que avui, diuen, és una mica més pobre que fa dues setmanes. “Jo ja vaig cap als noranta anys i això era l'únic que tenia per sortir de casa”, conclou Isabel.

Es media mañana y el sol cae a plomo sobre la barriada palmesana de Son Cladera. Apenas hay movimiento en las calles, solo el murmullo que llega desde una pequeña plaza donde, sentadas en la terraza de un bar de toda la vida, conversan varias mujeres. Desde hace dos semanas es su punto de encuentro habitual. El anterior lo perdieron el pasado 2 de julio, cuando una comisión judicial y varios agentes de la Policía Nacional ejecutaron el desalojo de La Cala, el local en el que, durante más de tres décadas, bailaron, jugaron al bingo, celebraron comidas populares y, sobre todo, encontraron compañía. Allí donde, hasta hace dos semanas, los vecinos entraban y salían, hoy solo queda una persiana bajada. “Han quitado la diversión de mucha gente”, lamenta Fidela, una de las antiguas usuarias.

En Son Cladera, un barrio de 7.500 habitantes surgido a mediados de los sesenta al calor de la expansión urbana de Palma, la herida del desalojo aún continúa abierta. Y es que lo que comenzó como un litigio entre la asociación de mayores y la propiedad del inmueble ha acabado convirtiéndose en la máxima expresión de un malestar más profundo: el de un vecindario que llora la desaparición progresiva de los espacios que articulaban su vida comunitaria y la pérdida de otros servicios básicos como las sucursales bancarias. “Además del casal, nos han quitado los dos bancos que teníamos. Ahora dependemos de nuestros familiares para poder ir a sacar dinero”, prosigue Fidela.

Fidela Pedregal llevaba décadas vinculada al casal, que contaba con más de 300 usuarios. Allí acudía dos veces por semana “para lo de la cabeza” -en alusión a los talleres de memoria- y compartía las tardes con otros vecinos entre actividades, fiestas y partidas de bingo. Sentada en la terraza del bar Málaga, donde cada mañana se reúne con Josefa, Leonor y otras vecinas que también frecuentaban La Cala, lamenta que el cierre ha dejado a muchas personas mayores del barrio “sin sitio a donde ir”, recriminando que un espacio que durante años sirvió para combatir la soledad y mantener activa a la gente mayor haya desaparecido de un día para otro. “Nos han abandonado”, abunda.

Además del casal, nos han quitado los dos bancos que teníamos. Ahora dependemos de nuestros familiares para poder ir a sacar dinero

Fidela — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

El pasado 2 de julio, mientras decenas de usuarios participaban en un taller de memoria, la comitiva judicial y los efectivos policiales irrumpieron en el edificio para ejecutar el lanzamiento. En cuestión de minutos, las actividades quedaron interrumpidas y los asistentes tuvieron que abandonar el local entre el desconcierto y la incertidumbre. Los carteles de bailes, excursiones y talleres que aún cuelgan de las ventanas son el único vestigio de la intensa actividad que durante décadas acogió el casal, reconvertido en el símbolo de una realidad que va más allá del caso y que plantea interrogantes en torno al futuro de los espacios comunitarios para las personas mayores y sobre la vulnerabilidad de numerosas asociaciones que desarrollan su labor social en inmuebles de titularidad privada.

En cuestión de minutos, las actividades quedaron interrumpidas y los asistentes tuvieron que abandonar el local entre el desconcierto y la incertidumbre

El origen del conflicto se remonta a la deuda acumulada por la anterior junta directiva con la Fundació Sa Nostra, propietaria del inmueble desde 2020. Tras varios impagos del alquiler, la Fundació inició un procedimiento judicial para recuperar el local. En 2024, ambas partes alcanzaron un acuerdo que permitió suspender un primer intento de desalojo y dio margen a la nueva junta gestora para intentar regularizar la situación económica. A cambio, la asociación asumía una serie de obligaciones, entre ellas el pago de un arrendamiento de 2.200 euros al mes, una cantidad destinada a cubrir tanto la renta corriente como la amortización progresiva de la deuda acumulada, que rondaba los 30.000. El pacto fue respaldado por la asamblea de socios, pero una parte de los asociados se opuso al considerar que dejaba a la entidad en una posición de vulnerabilidad frente a la propiedad. El desahucio, finalmente, acabó por llegar.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Fundació Sa Nostra para conocer, entre otras cuestiones, qué comunicaciones mantuvo con la asociación gestora respecto a la fecha del desalojo, qué incumplimientos concretos motivaron finalmente la ejecución del mismo, si existieron propuestas o alternativas para evitarlo una vez iniciado el procedimiento judicial y qué uso tiene previsto dar al inmueble a partir de ahora, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento de la publicación de este reportaje.

“Solo quedan los médicos y tres farmacias”

Al lado de Fidela está sentada Josefa, quien confiesa que echa de menos la rutina que durante años marcó sus tardes. Acudía al casal para jugar al bingo, comprar la lotería y compartir unas horas con sus vecinos, aunque reconoce que evitaba volver sola de noche porque el camino hasta su casa le daba miedo. No presenció el desalojo, ya que se produjo por la mañana, pero ha escuchado a sus antiguos compañeros narrar lo sucedido, plasmado además en varios vídeos que corrieron como la pólvora.

“Había personas que tuvieron que salir deprisa con el tacataca y los carritos. Fue una falta de respeto. Dicen que recompondrán la situación, pero no lo sé. Me han dicho que ya han comprado el local para hacer pisos”, prosigue. Para ella, el cierre del casal es un capítulo más del progresivo abandono que, a su juicio, sufre Son Cladera. “Lo único que nos queda son los médicos y tres farmacias”, denuncia, convencida de que las personas mayores son las principales perjudicadas.

“A mí me han matado”, afirma en la misma línea Isabel, a punto de cumplir 90 años. En el portal de su casa, próximo al casal, describe el cierre como un duro golpe a su día a día mientras recuerda las tardes de bingo, los talleres de memoria y las conversaciones que hasta hace apenas unas semanas llenaban el local. Allí participaba en las actividades de memoria y pasaba ratos jugando al bingo antes de regresar a casa.

Sentada junto a Fidela y Josefa, Leonor explica que llevaba vinculada al casal desde prácticamente sus orígenes. Recuerda que el club comenzó en un local más pequeño hasta trasladarse al edificio del que ahora ha sido desalojado. “Era muy grande: tenía un comedor muy grande, una cocina muy grande, un patio grande”, rememora. Allí se celebraban comidas dominicales, fiestas y actos como la última misa rociera. “Los sábados hacían pan y bollitos. Nos daba la vida”, recuerda, resumiendo con nostalgia la intensa actividad social que albergabael edificio.

Los sábados hacían pan y bollitos. Nos daba la vida

Leonor — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

Ana también echa de menos la rutina que había construido alrededor de La Cala. Allí jugaba al bingo, leía la prensa y, sobre todo, encontraba un lugar donde conversar con sus amigas. Ahora confía en que la asociación consiga un nuevo espacio para retomar las actividades. “Ojalá encuentren otro local. Es una pena lo que ha pasado”, lamenta. A su juicio, el cierre del casal se suma a la desaparición de otros servicios esenciales en Son Cladera, como las oficinas bancarias, una circunstancia que, advierte, ha aumentado la dependencia de muchas personas mayores. “Ahora dependen ya de alguien que les lleve a algún sitio o que les haga las gestiones”, resume.

Ojalá encuentren otro local. Es una pena lo que ha pasado

Ana — Usuaria de La Cala y vecina de Son Cladera

“Los barrios no interesan”

En un banco de la misma plaza, José y Domingo charlan con otros vecinos. José lamenta que el cierre ha perjudicado a personas mayores como uno de sus familiares, que asistía con frecuencia a los talleres de memoria y que, tras el desalojo, depende ahora de que sus hijas lo lleven a otro centro. “Solo no puede ir”, explica, convencido de que el desalojo ha complicado la vida cotidiana de muchos usuarios que encontraban en La Cala un espacio cercano y accesible.

Salvador, por su parte, sostiene que el problema refleja el abandono que, a su juicio, sufre Son Cladera. Lamenta la desaparición de servicios en el barrio, critica la falta de presencia policial y reprocha a las administraciones no haber encontrado una solución antes del desalojo. “Los barrios no interesan”, afirma Salvador, quien también defiende que la asociación había conseguido sanear su situación económica y considera que las personas mayores han terminado pagando las consecuencias de un conflicto que, entiende, podría haberse resuelto de otra manera.

La junta gestora: “Seguiremos luchando”

La presidenta de la junta gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, asegura que la asociación no da la batalla por perdida. “Seguiremos luchando”, afirma en declaraciones a elDiario.es, convencida de que todavía existen opciones para recuperar el casal. Sostiene, incluso, que el caso puede sentar un precedente para otras entidades. Coronado confía en que el cierre no sea definitivo dado que, tras el lanzamiento, recibieron la comunicación de que el Juzgado revisaría la documentación del procedimiento y que éste les ha otorgado un plazo de entre cuatro y diez días hábiles para hacerlo.

Sin embargo, lamenta que la resolución se esté demorando por el periodo vacacional. “Lo tomaremos como unas vacaciones y a esperar, porque seguiremos luchando”, señala, aunque reconoce que la espera “se hace una eternidad” para unos usuarios que llevan semanas sin poder acceder al local.

En este sentido, lamenta que quienes más están sufriendo las consecuencias del cierre son las personas mayores. “Ahora no saben dónde ir”, afirma. Explica que muchas acudían cada tarde al casal para escapar del calor, compartir unas horas de compañía y participar en talleres o actividades lúdicas. “Les han cortado esto”, lamenta. A su juicio, el cierre del local se suma a la desaparición de otros servicios básicos del barrio, como las comentadas sucursales bancarias, una situación que, asegura, deja a muchos vecinos de edad avanzada en una posición de mayor dependencia. “Los han dejado abandonados”, concluye.

En los últimos años se han sucedido las protestas, las concentraciones y los llamamientos contra el desalojo de La Cala. Tras conocer la demanda de desahucio, la Asciación de Vecinos de Son Cladera se volcó en la defensa del casal y comenzó a organizar movilizaciones y campañas de apoyo para tratar de frenar el cierre. “Hoy son ellos a quienes echan a la calle; pero mañana todos seremos mayores y nos gustaría mantener nuestros espacios de convivencia con seguridad jurídica y política social humanitaria, sabiendo que se respetan los derechos y obligaciones de todos”, expresaba en un mensaje difundido en Facebook en abril de 2024.

La presidenta de la gestora de La Cala, Yusmelis Coronado, lamenta que quienes más están sufriendo las consecuencias del cierre son los mayores: "Ahora no saben dónde ir". Explica que muchos acudían cada tarde al casal para escapar del calor, compartir unas horas de compañía y participar en talleres o actividades lúdicas

Tras el desalojo del casal, varios socios y vecinos de Son Cladera han hecho públicas cartas abiertas en las que cuestionan tanto la actuación de la Fundació Sa Nostra como la gestión del abogado de la asociación. Uno de los socios, Juan Sánchez, critica que la Fundació rompiese con el modelo de cesión gratuita del local que había estado vigente durante tres décadas tras asumir la gestión del inmueble en 2020 e imponer un alquiler a la asociación. Como relata, la deuda se originó durante la etapa de la anterior junta directiva, que dejó de abonar las rentas, y fue la posterior junta gestora la que asumió el compromiso de sanear la situación económica y mantener la actividad del casal.

Sánchez defiende que, durante los dos últimos años, la asociación ha abonado prácticamente toda la deuda acumulada al duplicar la cuota mensual que pagaba a la Fundación, por lo que considera que el desalojo no responde a un impago, sino al interés de recuperar el inmueble. En la carta acusa además a la Fundació Sa Nostra de haber aprovechado el contrato firmado con la junta gestora para hacerse con el local y dejar “en la calle” a más de 250 personas mayores, una actuación que considera incompatible con los fines sociales que proclama la entidad y que, a su juicio, contradice el espíritu de sus propios estatutos.

Por otro lado, asegura que la voluntad mayoritaria de la asamblea era agotar todas las vías para permanecer en el local, incluida la posibilidad de resistir al lanzamiento si fuera necesario. Dirigiéndose al abogado de la gestora, le reprocha no haber informado a los socios de la fecha prevista para la ejecución del desahucio. “Si hubiera avisado de lo que haría el juez, cuando el juez se presentó en el local se lo habría encontrado lleno de gente negándose a salir”, escribe.

Coronado, sin embargo, rechaza las críticas y asegura que el desalojo cogió por sorpresa incluso a la propia entidad, alegando que la comunicación judicial llegó con muy escaso margen. Según afirma, el letrado recibió la notificación la tarde anterior y, para cuando quisieron reaccionar, la comisión judicial ya se había presentado en el casal a primera hora de la mañana. “No dio tiempo a nada. No entendemos que actúen de esa manera”, lamenta. La máxima responsable de la gestora incide en que la prioridad de ésta siempre ha sido defender los intereses de los usuarios, por lo que, asevera, continuarán luchando para recuperar el local.

Posible cesión municipal

Por su parte, consultadas por este diario, fuentes del Ayuntamiento de Palma explican que el Consistorio, en su momento, puso a disposición de los responsables de La Cala el Casal de Barri de Son Cladera, pero que la propuesta fue rechazada por la entidad. El Ayuntamiento recuerda que su papel consiste en ceder espacios municipales para el desarrollo de actividades.

Coronado recrimina, sin embargo, que lo que se puso sobre la mesa fue únicamente una sala insuficiente para desarrollar la actividad habitual de La Cala. “No era adecuada para lo que nosotros hacemos”, sostiene. Asegura que técnicos municipales llegaron a estudiar la posibilidad de ampliar ese espacio, pero concluyeron que no era viable. La presidenta de la gestora recuerda que el casal acogía actividades diarias y reunía a un número de usuarios muy superior al que permitiría ese emplazamiento.

Desalojo “inhumano” y “antidemocrático”

La Unión de Asociaciones de Mallorca (UAM) también se ha sumado a las críticas por el desalojo del casal de La Cala. En un comunicado público firmado por su presidente, Pere Felip Buades, la entidad asegura que no puede quedarse “con los brazos cruzados” ante el “inadecuado e infame” cierre del local, “máxime teniendo en cuenta que La Cala es la asociación de gent gran [personas mayores en catalán] que más actividades viene realizando” y que aglutina al mayor número de socios y socias de Balears. Aunque asegura respetar la resolución judicial que ha permitido ejecutar el lanzamiento, señala que no la comparte y la califica de “inhumana”, “anticristiana”, “antidemocrática”, “inmoral”, “caciquil” e “ilegal”.

Asimismo, la organización ha retado públicamente a la Fundació Sa Nostra a mantener un debate público “cuando quiera y donde quiera, con el fin de exponer libre y democráticamente los consiguientes puntos de vista por ambas partes”. En la misma nota, advierte de que, si la entidad declina participar en ese debate, interpretará esa decisión como una falta de voluntad para dar explicaciones públicas sobre el caso.

La UAM señala además que este asunto será abordado en el pleno municipal de este mes de julio y sostiene que todos los grupos políticos tienen la obligación de posicionarse en defensa de la asociación. “Aquí no valdrán las abstenciones”, afirma en otro comunicado, en el que considera que no apoyar a La Cala equivaldría a dar la espalda a una entidad que define como “modélica” y un “referente” para el movimiento asociativo de Balears.

Falta de movilización social

Mientras tanto, Stop Desahucios ha cargado duramente contra el desalojo del casal de personas mayores de Son Cladera, que califica de “brutal”, y responsabiliza a la entidad propietaria del inmueble. La plataforma recuerda que durante los últimos años ha respaldado las reivindicaciones de la asociación para conservar el local, difundiendo convocatorias y participando, en la medida de sus posibilidades, en las movilizaciones convocadas en defensa del casal. No obstante, el colectivo también marca distancias con la gestión de la actual dirección de la asociación. En su opinión, tanto la mayoría de la junta directiva como la asamblea de socios que respaldó el acuerdo suscrito en 2024 con la Fundació Sa Nostra “se equivocaron”.

La organización lamenta que, en la reunión en la que se aprobó aquel el acuerdo, prevaleciera el criterio del abogado frente al de otros socios que, pese a no ser juristas, contaban -asevera- con asesoramiento legal y con la experiencia acumulada de años de lucha vecinal. A su juicio, la dirección también erró al no volver a convocar a los socios para valorar la evolución del conflicto y al optar por transmitir un mensaje de tranquilidad mientras avanzaba el procedimiento judicial. Asimismo, sostiene que la falta de información previa sobre la fecha del lanzamiento impidió organizar una movilización vecinal que, en su opinión, podría haber tratado de evitar el desalojo.

En este contexto, el colectivo defiende que la estrategia para recuperar el casal debe basarse en la movilización social y en la colaboración entre entidades, por lo que propone abrir una nueva etapa basada en la unidad del barrio. Para ello, ha solicitado la celebración de una reunión pública entre la junta de la asociación de personas mayores, Stop Desahucios SONKLA (su rama en Son Cladera), la asociación de vecinos y cualquier otro colectivo o vecino que quiera sumarse a la defensa del casal.

“Esperemos que por el bien de la asociación, del casal, de los mayores, la junta rectifique y pase a confiar en la movilización del barrio y alianzas con otros colectivos que queremos apoyar la recuperación del local y la defensa de un barrio digno”, subraya. La plataforma reivindica la necesidad de que las decisiones puedan ser debatidas y cuestionadas dentro de los movimientos vecinales y sociales y reitera su disposición a seguir apoyando la preservación un espacio que considera fundamental para la vida comunitaria de Son Cladera.

Más allá de la batalla judicial, Josefa, Ana, Isabel, Leonor y el resto de usuarios del casal comparten una misma reivindicación: recuperar un lugar que consideran imprescindible para mantener viva la convivencia en Son Cladera. Para ellos, La Cala no era solo un casal de personas mayores: era el espacio donde llenaban las tardes, hacían amistades y seguían sintiéndose parte de un barrio que hoy, dicen, es un poco más pobre que hace dos semanas. “Yo ya voy para noventa años y esto era lo único que tenía para salir de casa”, concluye Isabel.

María del Carmen derrocha energía. Le cuenta su vida a cualquiera que le pregunte, habla rápido y se muestra muy alegre. Nadie diría que hace seis años, la primera vez que cruzó las puertas de Hogar 2000, lo hizo en silla de ruedas, con unas cataratas muy avanzadas y sumida en una depresión.

Ella es una de las 29 residentes que viven actualmente en este centro de Toledo que acoge a personas con problemas de salud mental o enfermedades crónicas. Pero no se trata solo de una cuestión médica: aquí llegan quienes tampoco tienen recursos económicos ni apoyo familiar.

La diversidad de situaciones es alta, aunque con un patrón común. “Son personas que normalmente no han tenido una buena vida”, cuenta Lorena Aguado, terapeuta ocupacional del centro. “Ya sea porque no tienen recursos económicos o porque vienen de adicciones como alcohol o drogas”. Cuando a alguien en esas circunstancias le sobreviene una enfermedad incapacitante —como un ictus o un trastorno mental grave—, se genera una situación de dependencia sin un entorno que pueda o quiera hacerse cargo.

Es entonces cuando aparece Hogar 2000.

Un recurso público gestionado por Cáritas

Hogar 2000 es un recurso sociosanitario gestionado por Cáritas e integrado en la red pública de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. Es esta última entidad la que lo financia mediante subvención en un 75% y la que deriva a los nuevos residentes hasta aquí.

En 2026 cumple 25 años desde la colocación de su primera piedra y, en todo este tiempo, ha alojado entre sus paredes a más de 300 personas. Sus 29 plazas están hoy todas ocupadas, con una lista de espera para entrar “bastante grande”, según sus trabajadores.

María del Carmen (57 años), la mujer que abre este reportaje, es una de ellas. Llegó a través de los servicios sociales tras una etapa depresiva en la que no salía de la cama ni comía, lo que la debilitó hasta el punto de necesitar temporalmente una silla de ruedas para desplazarse. Tiene tres hijos, aunque solo mantiene contacto con Asier, el pequeño, de 23 años, del que tiene una fotografía que, asegura, lleva “a todos lados”.

Para ella, Hogar 2000 es su segunda casa, porque le ofrece todo lo que necesita. “Tienes tu habitación, tu ducha y tus cinco comidas; tienes excursiones…”.

Joaquín es otro de los residentes. Lleva dos años en el centro, al que llegó desde otro albergue de Cáritas después de sufrir un ictus y dos infartos cerebrales que le causaron un importante deterioro cognitivo y físico. Antes había vivido con desconocidos en una casa okupa en muy malas condiciones de salubridad.

A sus 59 años, recuerda que se dedicaba a la jardinería en Madrid, que estudió Derecho y que le gustaba jugar al ajedrez. Por desgracia, a consecuencia del ictus, todos esos recuerdos se han emborronado debido a las lagunas de memoria que le han quedado como secuelas.

Pese a su estado de salud, también está contento de estar aquí. “Aquí me cuidan y me atienden muy bien. ¿Qué más quiero?”, dice.

Lorena Aguado explica que lo que intentan los trabajadores es mejorar su autonomía personal “en la medida de lo posible”. “Es decir, si se puede lograr que la persona salga autónoma, se intenta, pero es verdad que no suelen ser la mayoría de los casos y el objetivo es trabajar en su comodidad y en que su última etapa de la vida sea en las mejores condiciones posibles”.

En el centro también se les ayuda en todo tipo de gestiones: a los inmigrantes sin papeles, a regularizar su situación; a quienes puedan tener derecho, a conseguir una pensión; e incluso a recuperar el contacto con la familia, si el residente quiere intentarlo.

“Tenemos un residente que es de Nigeria y no tiene documentación. Como solo habla inglés, había tenido muchos problemas de comunicación y no se sabía si tenía familia. Cuando llegó aquí, conoció a otra chica también de Nigeria a la que le dio el nombre de un familiar. Nos pusimos a buscar y dimos con él. Gracias a ello, él ahora está haciendo videollamadas con su familia”, cuenta Lorena.

“Vienen emocionalmente muy dañados”

El equipo es amplio y variado: 21 personas entre psicóloga, enfermera, terapeuta ocupacional, trabajadora social, auxiliares de enfermería y equipo de atención sociosanitaria, además del personal de limpieza y cocina.

Como terapeuta ocupacional, el trabajo de Lorena se centra en ayudarles a recuperar su autonomía dentro de lo posible: mejorar la capacidad de hacer tareas domésticas o introducir adaptaciones para que retomen la rutina que llevaban antes. “También hago un trabajo rehabilitador para que las personas que tengan una disfuncionalidad física no vayan a peor, sino que se mantengan o mejoren. Y luego también hago mucho un trabajo grupal con ellos, de darles rutinas con diferentes tipos de talleres”.

La psicóloga del centro es Carmen Iglesias. Como son personas “que vienen emocionalmente muy dañadas”, explica, su trabajo consiste en acompañar y ayudarlas a trabajar las emociones. “Hay personas que sí que mejoran anímicamente, pero hay otras con las que, como su situación de salud mental está muy cronificada, es complicado”.

Una de las señas del centro es su aislamiento. Se levanta a las afueras de Toledo, rodeado de fincas y zonas agrícolas, a unos diez minutos en coche del centro de la ciudad.

La ubicación se escogió a propósito. La primera piedra de Hogar 2000 se puso en 2001, siendo concebido en origen como un lugar para atender a personas con VIH en un momento en el que el estigma y los prejuicios hacia esta enfermedad seguían muy extendidos en la sociedad. Por eso se consideró que lo mejor era tratarlas en una zona apartada. Gracias a ese emplazamiento, el espacio nunca fue un problema y pudo diseñarse desde cero una residencia adaptada a las necesidades.

El edificio cuenta con varias salas comunes donde los residentes pasan la mayor parte del tiempo —hacen talleres, ven la tele—, además de varios patios, pistas deportivas, un gimnasio para la rehabilitación física y habitaciones, comedor y cocina.

Aunque lo gestiona Cáritas, una ONG de la Iglesia católica, al tratarse de un recurso público la religión no es un requisito para entrar. En el centro hay una pequeña capilla donde se celebra misa los domingos, pero la asistencia no es obligatoria. “De hecho, tenemos una mujer que es de Guinea Ecuatorial y musulmana. Ella reza en su alfombra cuando le toca, celebra el Ramadán y no come cerdo. Se respeta la religión y no se obliga a nadie”, indica Lorena.

“Familia”

En todos estos años, el centro ha vivido situaciones complicadas. La pandemia fue una de ellas. “Se contagiaron varias personas que afortunadamente tenían la capacidad cognitiva para estar en su habitación y no salir”, recuerda la terapeuta ocupacional. “Pero los que no estaban tan bien no comprendían que tenían que quedarse encerrados, así que era imposible tenerlos en una habitación. Como yo había pasado el COVID, me encargué de ese grupo para que no estuvieran en contacto con los demás que sí estaban aislados”.

La borrasca Filomena fue otro momento crítico. Dejó el centro aislado durante varios días y los trabajadores que estaban de turno tuvieron que quedarse allí en los primeros días, sin posibilidad de relevo. “Hubo residentes a los que sí se les tuvo que sacar en todoterreno porque tenían que acudir a tratamientos médicos urgentes como diálisis”.

Es en estas situaciones difíciles cuando se muestra que la convivencia de residentes y trabajadores ha forjado lo que todas las personas entrevistadas en este reportaje denominan como “una familia”.

María del Carmen y Joaquín ponen un ejemplo muy sencillo, pero muy representativo, que se dio en una de las últimas excursiones a Toledo que hicieron los residentes.

“Íbamos caminando, él estaba cansado y le dije que se agarrase del brazo”, cuenta ella.

“Me dice: 'Agárrate a mí'”, confirma él.

“Es que estaba ya el hombre cansado de tanto andar. A ver, para eso estamos, para ayudarnos entre nosotros”, remata María del Carmen.

Familia.

El apoyo económico de BBVA hará posible que, el próximo curso escolar 2026/27, 45 niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Toledo que estén en situación de riesgo de exclusión o bajo rendimiento académico se beneficien de un proyecto de refuerzo y apoyo educativo.

La iniciativa, denominada 'Aula BBVA de refuerzo educativo', acompañará a los menores seleccionados, que tendrán entre 6 y 18 años, con los que se trabajarán en seis ámbitos: educación, desarrollo personal, integración social, competencias digitales, salud y la implicación familiar.

Será desarrollado por YMCA, que recibirá 32.000 euros de BBVA Asset Management, la gestora de activos de BBVA, dentro de la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro.

Hacia un futuro con más oportunidades

El objetivo de esta aula es que cada participante cuente con un apoyo estable para mejorar su continuidad educativa, ganar confianza y avanzar hacia un futuro con más oportunidades. La iniciativa también favorece la conciliación de las familias, especialmente en hogares con mayores dificultades, y refuerza la red comunitaria en torno a la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad.

El director de intervención social de YMCA en Castilla-La Mancha, Gerardo Magariños, explica que el objetivo no es “ser una academia”, sino que también se trabajarán las circunstancias sociales del entorno.

“Se trabajará en el aula con el niño y sus compañeros, pero también con su familia y el entorno comunitario, como los servicios sociales y el centro educativo. Será un abordaje transversal, más amplio, y se hará seguimiento para ver cómo evoluciona el menor”, afirma Magariños.

Con el proyecto 'Aula BBVA de refuerzo educativo', en YMCA buscan que el estudiante mejore en indicadores cuantitativos, (si promociona de curso o el número de asignaturas superadas), pero también se fijarán en otros cualitativos.

Entre estos últimos, Magariños enumera diferentes habilidades personales, digitales y comunitarias. “Por ejemplo, no tenía la agenda organizada y al final de curso sí. Venía a clase con sueño y con hambre y ya no. Era muy tímido y no se relacionaba con nadie y ahora tiene una pandilla”.

Y es que, tal y como afirma él, “que vaya progresando de curso es bueno en sí mismo”, pero eso “no garantiza” una atención integral. “Queremos que sea buen ciudadano, buen compañero, que tenga autoestima suficiente, que se organice bien… Se trata de preparar a los jóvenes para la vida adulta y queremos darle el mayor número de herramientas posibles para ello”, añade.

“Trabajar para salvar las dificultades”

Los estudiantes que participarán en el proyecto serán seleccionados en el próximo mes de septiembre por los trabajadores sociales de YMCA CLM o por derivación de los servicios sociales. El director de intervención social de la entidad estima que la mayoría de beneficiarios procederán de población migrante, ya que en esas familias suelen coincidir varios factores que las ponen en riesgo de exclusión social.

“Las dificultades pueden venir del ámbito económico o por dificultades de integración. Entre estas últimas, están el idioma, un desfase curricular por los contenidos vistos en el país de origen o porque acaban de llegar a España”.

Además, en estos perfiles, las circunstancias familiares no suelen ser las más adecuadas para el desarrollo académico de los menores. Si los padres no conocen el idioma o trabajan por la tarde, no les pueden ayudar con las tareas escolares. También pueden carecer de medios en la casa con los que estudiar.

“Se intenta conocer su situación y una vez conocida, trabajar para salvar las dificultades”, explica Magariños.

Dada la importancia de la cooperación familiar para que el estudiante alcance los objetivos, YMCA hará seguimiento de los padres para ver su nivel de implicación. “Se les harán sesiones específicas para que aprendan técnicas de estudio y a que manejen la plataforma educativa que usan los colegios e institutos”, añade.

El ámbito de actuación de la iniciativa se centrará en Toledo capital, aunque Magariños cree que alguno de los beneficiarios procederá de las localidades más cercanas, como Olías del Rey o Bargas.

Esta iniciativa, como reconoce Magariños, “no sería posible” sin el apoyo económico de BBVA, ya que en ella hay gastos de coordinación, de personal y de material que serían inviables sin esa ayuda.

Desde 2018, Castilla La Mancha ha recibido 174.000 euros en donaciones de la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro. El objetivo es apoyar proyectos transformadores que contribuyan a mejorar la vida de las personas, así como a proteger y recuperar el entorno. Esta nueva edición, la octava, ha destinado un millón de euros a financiar 25 proyectos sociales y medioambientales en toda España, convirtiendo la inversión de miles de partícipes en actuaciones concretas capaces de transformar comunidades y generar nuevas oportunidades, demostrando que el compromiso social puede traducirse en realidades tangibles.

Cáritas Regional de Castilla-La Mancha ha presentado su Memoria Institucional 2025. El documento atestigua un contexto de “cronificación” de la exclusión social en la comunidad autónoma y pone el acento en la relevancia de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Por ello, esta entidad lanza una invitación a toda la sociedad para sumar fuerzas y estrategias orientadas a “proteger la dignidad de las personas más vulnerables”.

Durante el año 2025, la acción de Cáritas benefició directamente a un total de 52.252 personas en Castilla-La Mancha. Asimismo, su labor en cooperación internacional llegó a 15.204 personas en 14 países, en un escenario global “complejo” marcado por conflictos armados y crisis alimentarias.

Los datos los han presentado Ángel Román Idígoras, obispo de Albacete y obispo acompañante de Cáritas regional; Rosa García Fernández de Sevilla, presidenta de la entidad; y Amador Casquero Fernández, coordinador regional. Todos han coincidido en que las cifras desvelan “una radiografía social preocupante”, que coincide con las “alarmantes” conclusiones del IX Informe FOESSA en Castilla-La Mancha, que constata que la exclusión social afecta ya al 20% de la población regional.

El informe subraya que el sistema actual presenta “fallas estructurales”, dado que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan de forma autónoma estrategias de inclusión “sin lograr salir de ella”, confirmando que “disponer de un empleo ya no es garantía para evitar la vulnerabilidad”.

Vivienda, migraciones y empleo

El análisis de Cáritas identifica la vivienda como el “epicentro de la desigualdad”, afectando al 22% de la población de la región debido a alquileres “inasumibles o infravivienda”. “El empleo precario y las trabas administrativas cronifican la pobreza, afectando con dureza a los jóvenes y a la población migrante”, agrega.

De hecho, el perfil de atención de la Memoria 2025 muestra que el 58% de las personas beneficiadas fueron extranjeras frente al 42% de nacionalidad española.

Rosa García ha destacado que un tiempo “marcado por discursos de odio”, es necesario “reorientar el corazón hacia la fraternidad humana y visibilizar los gestos que generan esperanza” porque “la transformación social es una tarea colectiva”.

Toda esta labor de acompañamiento e inserción social supuso una inversión total de 23.494.830 euros en 2025. El modelo de financiación de Cáritas en Castilla-La Mancha regional mantiene su “independencia y fuerte arraigo social”: el 58% de los fondos fueron propios y privados (procedentes de donaciones y recursos institucionales), mientras que el 42% restante provino de subvenciones y convenios con las distintas administraciones públicas (local, provincial, regional y estatal).

Este despliegue económico y social fue posible gracias al “motor humano” de la organización, que en 2025 contó con 3.979 personas voluntarias, 419 técnicos contratados, 2.301 socios y 7.234 donantes, además del apoyo clave de los sacerdotes de la red de Cáritas Parroquiales.

Por su parte, el obispo de Albacete ha recordado que Cáritas es “la propia Iglesia en acción” y ha elogiado la entrega de todos sus agentes: “La construcción del bien requiere de hombres y mujeres que en nuestro día a día se convierten en verdaderos 'mártires de lo cotidiano': personas que escuchan, que cuidan y consuelan con discreción”.

Por su parte, Amador Casquero ha puesto el acento en que “detrás de cada estadística hay una historia única” y ha desglosado el número de personas atendidas por programas específicos durante el pasado ejercicio.

Ante esta realidad “multidimensional”, la entidad urge a las administraciones y al tejido social a afrontar “de manera prioritaria” retos como el acceso a la vivienda social, el impulso al empleo inclusivo, el refuerzo de los sistemas de garantía de ingresos y la regularización e integración de las personas migrantes.

También urgen a la mejora de los cuidados a mayores, el combate contra la despoblación en el mundo rural, la equidad educativa, el blindaje de la sanidad (especialmente la salud mental), el fortalecimiento de la cooperación internacional y una mejor respuesta ante emergencias civiles.