La huelga indefinida convocada por Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CCOO para los controladores de Saerco, compañía que gestiona el tráfico en nueve aeropuertos, comienza este viernes 17 de abril a las 00.00 horas en nueve aeropuertos. Entre ellos, el de Jerez de la Frontera y el de Sevilla a escasas jornadas de que comiencen tres macroeventos: la final de la Copa del Rey, la Feria de Sevilla y, próximamente, el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez.

Aparte de los aeródromos andaluces, Saerco gestiona el control de tráfico aéreo de los aeropuertos de A Coruña, Madrid-Cuatro Vientos, Vigo, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. La huelga afectará a 104 trabajadores y, en un comunicado, los sindicatos han indicado que su decisión de convocar la huelga está destinada a denunciar la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional.

Entre las causas de la huelga, USCA y CCOO citan la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso “abusivo” de las disponibilidades, cambios de turno comunicados “con escaso margen”, falta de claridad en los cuadrantes sobre los descansos obligatorios y prácticas organizativas irregulares en varias dependencias. Las organizaciones convocantes advierten además de que la seguridad aeronáutica “no puede sostenerse sobre una plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente”.

Sevilla y Jerez

A través de las redes sociales, USCA señala que la torre de control en Jerez de la Frontera ha sufrido un recorte del 35% de controladores aéreos operativos que tienen que gestionar el aumento progresivo en el número de operaciones, que alcanza hasta un 35%. “Llevar a los controladores aéreos al límite es inaceptable”, denuncian.

En cuanto al de Sevilla, aseguran que en 2012, bajo la gestión pública de Aena, se contaba con 18 controladores para “garantizar la seguridad”. Una cifra que se ha reducido a los 12 compañeros a raíz de la entrada de Saerco. Este decrecimiento va en detrimento del aumento de la carga de trabajo, ya que en apenas una década se han pasado de las 48.520 operaciones anuales a las más de 73.1000 operaciones que se registraron en 2025, aseguran en un comunicado. “¿Se está poniendo en riesgo la seguridad aéreo por maximizar beneficios”, cuestionan.

Servicios mínimos

Los sindicatos y la compañía se reunieron este miércoles para tratar de encontrar un punto común que permitiera desconvocar la huelga, pero finalmente la acción sindical sigue adelante en lo que se prevé como un fin de semana de alta ocupación, ya que, solo en torno a la final de la Copa del Rey se habían programado unos 50 vuelos extra en la ciudad que deben integrarse a la media diaria de 185 vuelos comerciales.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos para esta huelga del 100% para vuelos dedicados a emergencias, de Estado, traslados policiales y vigilancia; de entre el 66% y el 83% para vuelos domésticos a territorios no peninsulares; entre el 51% y el 59% para los vuelos peninsulares con alternativa de transporte superior a cinco horas e internacionales, y de entre el 34% y el 36% para los vuelos peninsulares con alternativa de transporte inferior a cinco horas: Protección reducida de entre el 34% y el 36%.

Derechos de los pasajeros

Ante esta huelga, Facua recuerda a todos los pasajeros que se puedan ver afectados por la huelga que tienen derecho a la devolución del importe del billete o a la conducción hasta el destino final en un vuelo alternativo. Así, ante la previsión de que esta huelga pueda resultar en cancelaciones o retrasos de los vuelos programados para esos días, Facua recuerda que los afectados tienen derecho al reembolso integro del billete o a un transporte alternativo hasta el destino final, según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 261/2004.

Si la cancelación ocurriese próxima al horario de salida del vuelo, la asociación recuerda que el artículo 9 de la normativa europea obliga a la empresa a ofrecer a los pasajeros afectados comida y refrescos suficientes, alojamiento en un hotel si fuera necesario en el supuesto de que se haya optado porque se proporcione un vuelo alternativo, y traslado desde el aeropuerto hasta dicho hotel.

Por su parte, OCU recuerda a los viajeros afectados que, además de su derecho al reembolso del precio del billete pueden reclamar una compensación adicional según la distancia y el ofrecimiento o no de un vuelo alternativo que podrá llegar hasta los 600 euros.

“Respetaremos los marcos legales, pero garantizaremos la presencia del Govern en la toma de decisiones, la planificación y la gobernanza de las grandes infraestructuras de transporte de Catalunya”. Con esta frase ha solemnizado el president Salvador Illa el compromiso reclamado por ERC para que la Generalitat amplíe su margen de maniobra en materia aeroportuaria, pese a que la gestión de los grandes aeródromos seguirá siendo monopolio de Aena. Con todo, Illa ha anunciado este miércoles que el acuerdo con el Gobierno para que haya avances es “inminente”.

La fórmula que tanto el Govern como los republicanos ven más adecuada es la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Catalunya, que pueda recoger competencias de su par estatal, siempre en el campo de la planificación y la ordenación del sector. Esta fórmula, de hecho, ya estaba recogida en el acuerdo de investidura y, ahora, se ha convertido en la gran reclamación de ERC en la negociación de los presupuestos.

Según creen en Esquerra, la creación de esta nueva autoridad otorgaría por primera vez a la Generalitat una voz propia en la gobernanza aeroportuaria de los llamados “aeropuertos de interés general”. A diferencia de lo que ocurre en otros territorios, en Catalunya hay dos redes aeroportuarias: la estatal, que encabeza Barcelona El Prat, junto a Reus y Girona, y la autonómica, que cuenta con tres aeródromos de mucho menor tamaño: Lleida-Alguaire, Sabadell y Andorra - La Seu.

La nueva Autoridad, ha asegurado la consellera de Territorio, Silvia Paneque, dará a Catalunya la capacidad de “ordenar, coordinar y reforzar” el sistema aeroportuario en su conjunto, ya que tendrá al alcance tanto los aeropuertos de la Generalitat como los de Aena. Será, subraya el Govern, “una forma de tener voz” y participar en decisiones como la ampliación o nuevas inversiones en infraestructuras de transporte aéreo.

Este no es un asunto controvertido en Catalunya. El PSC está en la línea de ERC y el pasado mes de enero el Govern ya aprobó impulsar el ente, aunque por el momento no ha echado a rodar. Pero, por lo que se sabe, tampoco la creación de este nuevo ente genera dudas en el Ministerio de Transportes, que ya pactaron con Euskadi la creación de un “órgano bilateral” para debatir sobre inversiones o movilidad. Ni el caso catalán ni el vasco está previsto que Aena, como gestor de lo principales aeropuertos, pierda funciones.

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y USO han decidido suspender las jornadas de huelga convocadas para hoy miércoles y el próximo viernes en la empresa de handling Groundforce, la empresa de servicios en tierra de Air Europa, tras producirse en las últimas horas contactos con la dirección de la compañía que abren una vía de diálogo. El conflicto laboral afecta a las demandas salariales de la plantilla, de unos 3.000 trabajadores.

Fruto de esos primeros contactos, las tres centrales sindicales se reunirán este viernes, 10 de abril, con la empresa para intentar encauzar la negociación del conflicto laboral, que afecta al personal de tierra en una docena de aeropuertos españoles, según han informado a Europa Press fuentes de los sindicatos convocantes.

En concreto, los trabajadores de asistencia a tierra llamados a secundar los paros tienen presencia en los aeropuertos “de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao”, explica el sindicato CCOO en una nota informativa.

El conflicto laboral se debe a que los sindicatos denuncian el “incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo, así como a la interpretación unilateral de sus artículos que, en la práctica, está suponiendo una pérdida directa de poder adquisitivo para la plantilla”, denunciaba CCOO en una nota de prensa.

Solo un parón, la huelga indefinida “sigue su curso”

“El conflicto está lejos de resolverse, pero siempre es bueno volver al diálogo”, han señalado fuentes sindicales a la agencia Europa Press. No obstante, han advertido que la convocatoria de huelga indefinida sigue su curso y se mantendrá activa hasta que se alcance un acuerdo satisfactorio.

La huelga, que se viene desarrollando los lunes, miércoles y viernes en tres tramos horarios (05:00-07:00, 11:00-17:00 y 22:00-00:00) desde el pasado 30 de marzo, ha provocado en las últimas semanas retrasos generalizados, cancelaciones de vuelos y acumulación de miles de maletas sin gestionar en aeropuertos como El Prat, Barajas, Palma de Mallorca y otros.

Los sindicatos reclaman el cumplimiento de los compromisos salariales y la recuperación del poder adquisitivo recogidos en el convenio colectivo.

Dos incendios forestales activos desde este lunes en Galicia, cuando se superaron los treinta grados de temperatura en lugares como A Coruña u Ourense, han arrasado 900 hectáreas de superficie: uno en el monte Galleiro —visible desde Vigo y próximo al aeropuerto de Peinador—, ya extingido tras quemar 750 hectáreas, y otro en Carballo, controlado y que ha afectado a 150 hectáreas. En el primero de ellos se activó la alerta avanzada la tarde del lunes por la proximidad de las llamas a la aldea de Galleiro, perteneciente a Pazos de Borbén.

El fuego de monte Galleiro se inició a las 14:47 en la parroquia de Ribadetea, en Ponteareas. Según la Consellería de Medio Rural, allí trabajron tres aviones, dos helicópteros, 15 brigadas, siete motobombas, diez agentes, una pala y un técnico. En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, explicó que los medios “están intentando controlar” el fuego, pero la situación está “complicada” por el viento. Indica que el fuego se ha ocasionado por el incendio de un tractor que se ha propagado por las fuertes rachas. Según contó, fue necesario desalojar por precaución a un hombre con movilidad reducida en el lugar de Mouro.

En Carballo (A Coruña), en la parroquia de Noicela, el incendio forestal comenzó a las 14,20 horas. En su extinción participan cuatro aviones, un helicóptero, cuatro agentes, una brigada, una motobomba, dos técnicos y tres unidades técnicas de apoyo. Muy cerca, en Caión, concello de Laracha, de declaró otro fuego a las 13,21 horas que acabó fusionándose con el de Noicela. De este, según informa Europa Press, no hay todavía estimación de superficie afectada. Desde las 15:39 está controlado un conato Lavadores (Vigo) que afectó a 0,2 hectáreas de monte raso.

El desordenado desarrollo autonómico en España quedó hace dos décadas topado por la llamada “cláusula Camps”, una previsión introducida por el entonces presidente en el nuevo estatuto valenciano para que la Comunitat asumiera cualquier competencia que se entregara a otra comunidad. Un espíritu similar a este ha invocado este martes el Govern, cuando ha reaccionado al acuerdo aeroportuario entre el Gobierno central y Euskadi con una frase lapidaria: “Ninguna comunidad tendrá más competencias que Catalunya”.

La participación de la Generalitat en la gestión de los aeropuertos catalanes no es una reivindicación nueva. La demanda se había manifestado en el pasado de forma intermitente y, desde la polémica por la ampliación de El Prat que se inició en la legislatura pasada, se ha convertido en una reivindicación común del catalanismo.

Sin embargo, el modelo español de gestión de los aeropuertos, a través de Aena, hace difícil la entrada autonómica en la gestión. En el acuerdo de investidura de Salvador Illa pactado con ERC se preveía la creación de un Consejo Rector Aeroportuario, órgano bilateral para que la Generalitat tenga voz en gestión aeroportuaria, así como una nueva Autoridad Aeroportuaria de Catalunya, desde donde la Generalitat ejercerá su papel en el nuevo modelo de gobernanza.

Pero esta aspiración se ha acelerado debido a dos cuestiones: por un lado, los acuerdos alcanzados con Euskadi. Por otro, la búsqueda de PSC y ERC de un trofeo que pueda cobrarse Oriol Junqueras a cambio de aprobar los presupuestos diferentes a la gestión catalana del IRPF.

Sobre el acuerdo con el Gobierno vasco, tras la visita a la Moncloa del lehendakari Pradales el pasado viernes se anunció la creación de un nuevo órgano bilateral para que Euskadi participe en la toma de decisiones en algunas materias, por ejemplo en lo relativo a inversiones, planes directores y organización urbanística. Según lo firmado, el acuerdo permitirá a Euskadi emitir informes sobre tres materias y presidir el nuevo órgano de forma rotatoria.

Este acuerdo suscitó un comunicado de Aena en el que recordaba que la competencia exclusiva en materia aeroportuaria es del Estado. Además, manifestaba su temor ante las informaciones que aseguraban que el Ejecutivo vasco entraba en la gestión de los tres aeropuertos generasen dudas entre los accionistas de Aena. El gestor aeroportuario abría la puerta a actuaciones judiciales para defender sus competencias.

Pese a lo limitado del pacto con Euskadi, desde Catalunya estos avances en materia aeroportuaria se ven como una oportunidad. Para ERC, la idea de avanzar en la cogestión catalana del Prat, Reus, Girona es muy seductora y ha sido señalado en más de una ocasión por la cúpula republicana.

De hecho, en enero pasado el Govern ya aprobó una nueva autoridad aeroportuaria catalana. La idea es que la Generalitat, que ya tiene competencias sobre aeródromos menores como el de Alguaire (Lleida) o La Seu - Andorra, pueda dialogar de tú a tú con el conjunto de actores del tráfico aéreo.

En el Govern no niegan que, ante la vuelta a la mesa de negociación con ERC para tratar de sacar adelante los presupuestos, el modelo de aeropuertos ha vuelto a situarse bajo el foco. “Hace semanas y meses que trabajamos en esta cuestión. Es verdad que la realidad aeroportuaria de Euskadi y la nuestra tienen poco que ver”, ha asegurado la consellera portavoz, Sílvia Paneque.

Más allá del celofán político o de las malas interpretaciones, el acuerdo de este viernes entre los Gobiernos central y vasco en materia aeroportuaria no supone cambios jurídicos radicales en el modelo actual. Aena seguirá siendo el titular y el gestor de Loiu, Foronda y Hondarribia, solo que ahora un “órgano bilateral” de nuevo cuño coparticipará en la toma de decisiones en algunas materias, por ejemplo en lo relativo a inversiones, como los cerca de 470 millones contemplados en el DORA, la gran guía de actuaciones para el período 2027-2031, en los planes directores y en las servidumbres.

El lehendakari, Imanol Pradales, tras salir de su reunión bilateral con Pedro Sánchez, dijo a los periodistas en La Moncloa que habían acordado siete transferencias y que una de ellas eran los aeropuertos. “Euskadi podrá participar en la gestión de los tres aeropuertos [...]. Hasta hoy Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria. Con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos”, expuso. Horas después, Aena lanzó un comunicado anunciando que estudiaría las consecuencias políticas pactadas por su propio Gobierno, ya que en ningún caso es posible ceder la “gestión” aeroportuaria a Euskadi, cosa que no se ha producido.

El acuerdo está medido al milímetro para que no exceda el marco constitucional y estatutario por decisión expresa del equipo negociador, en el que han tomado parte tanto el secretario de Estado de Óscar Puente, el socialista irunés José Antonio Santano, como el ahora ministro y hasta hace días secretario de Estado de Ángel Víctor Torres, Arcadi España. Se alude a que el nuevo órgano coparticipará la “gestión”, pero siempre “en los términos” tasados del acuerdo. elDiario.es/Euskadi recoge las claves de un proceso en el que, en un momento u otro, han llegado a intervenir desde el presidente del Gobierno hasta la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.

El marco legal

El artículo 149.1 de la Constitución, promulgada en 1978, marca que “el Estado tiene competencia exclusiva” sobre una batería de materias que incluyen “marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves”. El Estatuto de 1979 otorga la competencia portuaria y aeroportuaria a la comunidad autónoma “sin perjuicio” de lo marcado por la norma de rango superior. Esto implica que Euskadi puede asumir “puertos y aeropuertos con calificación de interés general” pero solamente “cuando el Estado no se reserve su gestión directa” y también los que no tengan la etiqueta de “interés general”. Hasta ahí.

La transferencia de puertos se hizo en 1982, aunque aún en algunos foros se incluye en el listado de competencias estatutarias “pendientes”, como la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, por ejemplo. La de aeropuertos no se ha hecho porque Loiu, Foronda y Hondarribia son instalaciones de “interés general” y parte de la red del operador estatal Aena. Podría haberse optado por el modelo catalán, con dos redes, una dentro de Aena con las principales terminales, encabezadas por el Josep Tarradellas en El Prat, Barcelona, y otra autonómica, Aeroports de Catalunya, consistente en los aeródromos más pequeños y helipuertos. Acumularon unos 75.000 viajeros en 2025. Solamente el de Barcelona tiene el doble en un solo día.

Pero ese modelo ni se ha planteado. En el caso vasco, Loiu es una referencia de viajeros en el norte peninsular, sobre todo para vuelos de corta y media distancia, aunque en 2025 estrenó su primera conexión intercontinental, con destino en Newark, en Nueva Jersey pero al lado de Manhattan. Foronda, en Vitoria, está acumulando vuelos de operadores 'low cost' pero destaca, sobre todo, por ser el cuarto en España en tráfico de mercancías. Hondarribia es la instalación más pequeña, está pegada al mar y necesita hacer uso de espacio aéreo francés para las maniobras, pero plantear su degradación para un traspaso abriría la misma caja de Pandora que ha ocurrido con el puerto de Pasaia, la del agravio territorial.

La negociación

El PNV apoyó la investidura de Sánchez en 2023 a cambio de varios acuerdos. Uno de ellos era completar en 2025 la lista de transferencias “pendientes” del Estatuto de 1979. El Gobierno vasco ha arañado en este tiempo avances como la gestión de Cercanías o de los permisos de trabajo, pero ha aprovechado para demandar otros acuerdos políticos extraestatutarios para ganar en capacidad de gestión. Y uno de ellos han sido los aeropuertos.

Así, de un encuentro en La Moncloa entre Sánchez y Pradales de julio de 2025 salió el acuerdo de hallar una fórmula “negocial” para canalizar el deseo del Gobierno vasco de coparticipar en la “gestión” de Loiu, Foronda y Hondarribia. Para ello, se configuró una subcomisión paralela a las mesas que han ido negociando más transferencias. Nunca se habló de una “transferencia”, porque no era posible. Aunque el PNV inició el proceso demandando una “filial” de Aena, en febrero, como adelantó este periódico, ya se acordó constituir un “órgano bilateral” con representación paritaria, cuatro personas del Gobierno central y cuatro del vasco, para canalizar esa coparticipación en la gestión. Es lo que se ha terminado aprobando más allá de algunos dimes y diretes en los días previos a la bilateral.

La “gestión” vasca

El acuerdo no es una transferencia de la gestión, ni una alteración del marco constitucional y estatutario. Los aeropuertos vascos seguirán en manos de Aena, que además es dueño de las instalaciones, y no se cede su “gestión” al Gobierno vasco. El órgano nuevo tampoco es una filial de una entidad con un 49% de capital privado. Y eso que Aena tiene otras filiales para negocios en el extranjero e incluso para el particular caso del aeropuerto de Murcia, rescatado por el operador estatal. Durante todo el proceso, Aena ha operado de manera autónoma al Gobierno y ha realizado un marcaje estrecho de los avances para preservar sus intereses, sobre todo mirando a los accionistas extranjeros.

En realidad, el “órgano bilateral” actualiza el vigente marco configurado por un Gobierno del PP, el de Mariano Rajoy. En 2014, por ley, el Estado se reservó la gestión aeroportuaria, pero contempló un punto que no levantó ninguna polvareda: “Las comunidades autónomas podrán participar en la gestión de los aeropuertos de interés general en la forma que establezca la legislación del Estado y, en particular a través de los Comités de Coordinación Aeroportuaria”. El comité vasco se creó en 2014, sin que nunca haya proporcionado titulares ni generado controversias.

Es más, las instituciones locales ya participan de manera muy directa en la vida de sus aeropuertos. El caso más paradigmático es el de Vitoria. Todos los vuelos de pasajeros, sin excepción, van subvencionados con dinero público, y no precisamente de Aena. Existe una sociedad de “promoción” llamada VIA que sienta a la Cámara de Comercio, al Ayuntamiento, a la Diputación de Álava y al Gobierno vasco. Estos últimos días los cargos locales, y no precisamente Aena, han venido anunciado sus nuevas apuestas de rutas a Canarias y Baleares. Y existen gemelas a VIA para Hondarribia, Ortzibia, y para Loiu, Bilbao Air. Aena se limitará a gestionar las solicitudes de las aerolíneas previamente decididas por otros organismos.

El acuerdo

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el acuerdo consiste en la “creación del órgano bilateral aeroportuario Euskadi-Estado como instrumento de concurrencia, participación y cooperación entre ambas administraciones”. Se trata de la “articulación de un espacio estable que permite a Euskadi participar en la definición y orientación de las decisiones estratégicas en materia aeroportuaria” y el “establecimiento de un marco de cogestión sobre las infraestructuras aeroportuarias ubicadas en Euskadi”.

Esta “participación” del Gobierno vasco se traduce en “propuestas”, “informes”, definición de la estrategia“ o ”planificación económica“. Por ejemplo, trabajando el DORA, es decir, las inversiones, y haciendo ”seguimiento de tarifas aeroportuarias“. Euskadi quiere debatir sobre ”conectividad“, ”promoción de nuevas rutas“ e ”impulso“ tanto de los pasajeros como de la carga. Le da mucha relevancia a la movilidad aérea siendo un territorio sin AVE y sin fecha realista para su puesta en marcha después de veinte años de obras.

El acuerdo alude también a “coordinación” para políticas que sí son de competencia autonómica, como el desarrollo económico o de redes de transporte asociadas a los aeropuertos o incluso entre los aeropuertos, para facilitar conexiones. Igualmente, se quiere que Foronda sea un “sandbox”, un banco de pruebas de un nuevo modelo que pueda impulsar una infraestructura de grandes capacidades por la dimensión de su pista y su emplazamiento pero que ha vivido grandes momentos de crisis.

En puridad, el acuerdo permitirá a Euskadi emitir informes sobre tres materias, las inversiones, los planes directores y las servidumbres aeroportuarias. El nuevo órgano tendrá una presidencia rotatoria. Cada año, la dirigirá un miembro de cada parte. Se ha tasado que habrá un mínimo de tres reuniones anuales de coordinación, aunque las puede haber extraordinarias.

Las dudas de Aena

Aena, tras la cumbre entre Sánchez y Pradales, envió una nota. En ella, admitía que se había subrayado que los acuerdos aeroportuarios “se encuadran en el marco de la Constitución Española y el Estatuto de Gernika, y el respeto a la ley y la normativa estatal y autonómica aplicables”, pero insistía en que las interpretaciones que habían rodeado al asunto “suscitaban dudas”. “Sin perjuicio de un examen pormenorizado de los acuerdos anunciados y de su desarrollo ulterior, cuando sean conocidos, [el pacto] no puede suponer una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena. La nota oficial publicada por el Gobierno vasco contiene algunas manifestaciones sobre el acuerdo relativas a la intervención del órgano bilateral en procedimientos que afectan el funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias que podrían vulnerar las normas”, abundaban.

Fuentes del Estado, en privado, han trasladado en los últimos meses su preocupación por el relato articulado por parte del PNV en su deseo de sumar un nuevo hito en el desarrollo del autogobierno cuando se trata de un acuerdo perfectamente asumible. Esto es lo que ha molestado a Aena, que asegura que “continuará vigilando las actuaciones y novedades que se produzcan en esta materia y, en su caso, si fuera preciso, adoptará las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario de Aena y de los derechos de la Sociedad y de todos sus accionistas (públicos y privados)”.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha anunciado que prevé una huelga de trabajadores en fechas coincidentes con la final de la Copa del Rey en Sevilla o la Feria de Abril, esto es, mediados o finales del mes de abril, en respuesta a una “drástica” reducción de personal en los últimos años y a la “inasumible” carga de trabajo que ha sufrido un aumento “exponencial” en los últimos años, según el sindicato.

“Esos son los próximos dos grandes eventos que se prevén en Sevilla estos días y, desgraciadamente, creemos que coincidirán con la fecha prevista de la huelga porque, aunque nosotros no queremos llevarla a cabo, no nos están dejando otra opción”, señalan desde la organización sindical. “No queremos un aumento de salario ni nada parecido, simplemente más trabajadores para poder beneficiar, precisamente, la gestión”, ha expresado el portavoz de USCA, Pablo Gómez Junquera, en declaraciones a Europa Press.

Según ha detallado Gómez Junquera, desde el año 2021, momento en el que Servicios Aeronáuticos Navegación y Control (Saerco) comenzó a gestionar la torre de control del aeropuerto de Sevilla, se ha reducido “drásticamente” el número de controladores aéreos operativos, de 16 a 11, concretamente, dado que en los últimos días se habría habilitado un nuevo profesional.

Más personal para afrontar la carga de trabajo

“La realidad es que el personal ha ido reduciéndose”, señala el portavoz del sindicato de controladores aéreos, antes de añadir que desde esas fechas “la carga de trabajo ha aumentado exponencialmente, estimamos que en un 15 %”.

A juicio de Gómez Junquera, las consecuencias trascienden la queja de los trabajadores, dado que esta “falta” de personal repercute no solo en aquellos que desarrollan las labores de control, que “asumen” además una “reducción de los descansos” para sobrellevar la “elevada carga”, sino también en la seguridad y gestión del tráfico aéreo.

“Lo que pedimos, simplemente, es más personal; no queremos mejoras económicas ni nada al respecto, queremos más profesionales para, simplemente, poder beneficiar la gestión”, ha remarcado el responsable sindical.

De hecho, según Gómez Junquera, los trabajadores temen que esta “falta de personal” se vea sorprendida por un incremento del tráfico aéreo este próximo verano, del 9 o 10% aproximadamente. “Si aumenta la carga y, además, hay menos personal para gestionarla, el trabajo es muchísimo mayor, claramente”, ha advertido.

Sobre la postura de la referida empresa, el portavoz asegura que ha propuesto “ampliar” la duración de los turnos de trabajo de los trabajadores para gestionar, precisamente, este incremento. Es más, según el mismo, esta propuesta ha llegado sin una reunión entre ambos colectivos para discutir los términos del acuerdo. “Se limitan a contestar que creen que las plantillas están bien dimensionadas y que cumplen con el convenio, cuando el problema no está ahí”, expresa.

Por el momento, el sindicato valora fechas para la disposición de la huelga y espera alcanzar un acuerdo previo para evitar un movimiento que podría perjudicar el traslado a la capital andaluza en estas fechas señaladas.

La huelga indefinida del personal de Groundforce, la empresa de servicios en tierra de Air Europa, prevista desde este lunes en una docena de aeropuertos españoles, ha derivado en vuelos que han partido sin los equipajes de los viajeros y en hasta 50 minutos de retrasos.

En concreto, al menos seis aviones han tenido que partir este lunes desde el aeropuerto de Madrid-Barajas sin llevar a bordo los equipajes de sus pasajeros. Así lo han informado a EFE fuentes sindicales una vez finalizado el primer turno de esta huelga (de las 05:00 a las 07:00 horas de hoy), que han añadido que se han reportado incidencias en todos los aeropuertos, aunque donde más se nota es en Madrid y Barcelona.

Por su parte, UGT considera que los paros están siendo “un éxito” y que se están registrando retrasos de entre 40 y 50 minutos en los grandes aeropuertos.

Fuentes del sindicato han señalado a Europa Press que, además, los hipódromos de muelle de retirada de equipajes (cintas transportadoras de las maletas) están colapsados en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, con retrasos de hasta 50 minutos en aeropuertos como Bilbao, Valencia o Madrid, unos retrasos que serán mayores cuando se levante el actual tramo de paro, establecido hasta las 17.00 horas.

La huelga ha sido convocada por los sindicatos CCOO, UGT y USO en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao en los turnos de mañana, tarde y noche (de las 05:00 a las 07:00, de las 11:00 a las 17:00, y de las 22:00 hasta las 00:00 horas).

Según explicaron desde CCOO a Efe, al convocar estos paros, la prioridad para ellos es la negociación con la empresa (Globalia, matriz de Air Europa) y la búsqueda de soluciones, pero aclararon que no estaban dispuestos a aceptar decisiones empresariales que trasladen a los trabajadores el coste de la inflación y de la “mala” gestión empresarial.

Las diferencias entre los sindicatos y la empresa radican en la “correcta” aplicación de las tablas salariales y, en particular, sobre la aplicación del diferencial derivado del IPC y la garantía del poder adquisitivo recogida en el convenio.

Groundforce, el operador de 'handling' del grupo Globalia, obtuvo 12 licencias en la última adjudicación para el servicio de asistencia en tierra de Aena, en septiembre de 2023, para los doce aeropuertos de mayor volumen de carga en los que opera la compañía en España.

El freno de operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos cumplió este domingo 44 días, con lo que ya es el cierre parcial o total del Gobierno más largo en la historia del país, lo que ha implicado retrasos en los aeropuertos.

La parálisis del DHS, que comenzó el 14 de febrero por los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre las restricciones al polémico Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), supera ya los 43 días que duró el cierre total del Gobierno que comenzó en octubre pasado, también en la segunda presidencia de Donald Trump.

También rebasa los 34 días del cierre parcial que empezó el 21 de diciembre de 2018 en el primer mandato de Trump, cuando nueve departamentos del Ejecutivo con un conjunto de 800.000 empleados frenaron sus operaciones.

El cierre del DHS ha implicado colas en los aeropuertos, pues hay un absentismo promedio del 11 % diario de los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) y en algunos aeródromos supera el 50 %, advirtió el miércoles al Congreso la administradora interina de la agencia, Ha Nguyen McNeill.

Al menos 460 agentes del TSA, quienes no reciben salario durante el cierre, han renunciado mientras los aeropuertos afrontan una subida interanual del 5 % en los pasajeros en esta temporada vacacional de 'spring break' (vacaciones de primavera), añadió.

El último intento por reabrir el DHS fracasó, pues el Senado aprobó el viernes un plan bipartidista para financiar al departamento con excepción de ICE, pero los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon el esfuerzo al insistir en que debe financiarse por completo la cartera.

Ante la situación, Trump anunció el jueves una orden ejecutiva para instruir al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que pague “de inmediato” a los agentes del TSA para hacer frente a la “situación de emergencia” y “detener el caos en los aeropuertos”, lo que se prevé que comience el lunes.

En un mensaje publicado en su red, SocialTruth, Trump defendió la medida y acusó a los demócratas de mantener “políticas de fronteras abiertas”, por las que, según él, “permitieron la entrada de 25 millones de personas procedentes de prisiones, instituciones psiquiátricas y manicomios, entre ellas traficantes de drogas y miles de asesinos, muchos de los cuales han matado a más de una persona”. El presidente no explicó de qué fuentes provenían estos datos.

El llamado 'zar' de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, expresó este domingo con CNN que hay avances en las negociaciones con los demócratas para implementar restricciones a los agentes de ICE, como el uso de cámaras corporales, pero avisó de que Trump solo apoya que “todo el Departamento de Seguridad Nacional esté financiado”.

“Están tomando al departamento como rehén porque no les gusta lo que está haciendo ICE y el ICE está aplicando las leyes”, declaró Homan. 

La Semana Santa de 2026 llega marcada por la incertidumbre también en los cielos. La guerra en Oriente Próximo y la escalada de la tensión entre Estados Unidos e Israel contra Irán han alterado de nuevo el mapa mundial. Desde finales de febrero, varios países han cerrado parcial o totalmente su espacio aéreo, afectando vuelos internacionales hacia Oriente Medio, Asia y África, obligando a aerolíneas y pasajeros a adaptarse sobre la marcha.

La medida impacta en hubs estratégicos como Dubai, Doha o Abu Dabi: vuelos directos cancelados, escalas reprogramadas y trayectos más largos, lo que incrementa costes y riesgo de incidencias. Irán, Israel, Irak, Jordania, Qatar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Siria figuran entre los países con restricciones.

Los efectos se trasladan a los viajeros: retrasos, cancelaciones y modificaciones de última hora se han convertido en la norma. Según fuentes del sector, incluso rutas que no atraviesan zonas de conflicto pueden verse afectadas. “La aviación es global y está sujeta a factores geopolíticos que pueden cambiar de un día para otro”, explican.

¿Qué hacer si tu vuelo se ve afectado?

Tal y como han informado fuentes de buscadores de vuelos a este medio, si tu trayecto se ve alterado, lo primero es consultar el estado en la web o la aplicación oficial de la aerolínea. La información que proviene de terceros puede estar desactualizada y no reflejar las opciones de reubicación disponibles.

Es recomendable activar todas las notificaciones posibles, ya sea por correo electrónico, SMS o alertas de la app, ya que muchas veces los vuelos se reasignan automáticamente. No canceles tu reserva antes de conocer las alternativas que ofrece la aerolínea, porque hacerlo de forma prematura podría limitar tus derechos a reembolso o transporte alternativo.

Si ya estás en el aeropuerto, confirma siempre tu nuevo vuelo, las tarjetas de embarque y el destino final del equipaje antes de abandonar la terminal. Además, conviene documentar cada paso: guardar confirmaciones de reserva, mensajes de cancelación, tickets de gastos adicionales y cualquier comunicación de reubicación.

Si compraste el billete a través de un intermediario, primero revisa su sección de soporte y asegúrate de que la aerolínea tenga tus datos de contacto actualizados antes de solicitar cambios o reembolsos.

Derechos del pasajero ante cancelaciones

El momento clave llega cuando la aerolínea cancela un vuelo. En primer lugar, los pasajeros no están obligados a aceptar la primera alternativa ofrecida. César Díaz, abogado de la organización de consumidores CECU, recuerda que la normativa europea es clara: la aerolínea debe ofrecer transporte alternativo o el reembolso completo en un plazo de siete días, aunque “el pasajero decide qué opción acepta”.

El Reglamento europeo 261/2004 prevé compensaciones de 250 a 600 euros según la distancia del vuelo, pero no aplica en casos de fuerza mayor, como el cierre del espacio aéreo por conflicto. Díaz advierte que las aerolíneas a veces alegan fuerza mayor incluso cuando no siempre está justificada, obligando a los viajeros a reclamar.

Guerra y fuerza mayor: qué cubre y qué no

El cierre del espacio aéreo debido a un conflicto se considera una circunstancia extraordinaria, lo que implica que, aunque los pasajeros tienen derecho a un reembolso o a un vuelo alternativo, no pueden reclamar compensación económica adicional. “No hay derecho a indemnización, solo a la devolución del importe abonado”, explica el abogado de la organización de consumidores.

Aun así, las aerolíneas mantienen obligaciones básicas de asistencia: durante la espera deben proporcionar comida y bebida, ofrecer alojamiento cuando sea necesario, transporte entre el aeropuerto y el hotel, así como facilitar las comunicaciones a través de dos llamadas telefónicas o conexión a una red wifi.

Desde AENA recuerdan que la responsabilidad recae en la compañía aérea: los pasajeros deben tratar directamente con ella, ya que el aeropuerto solo actúa como intermediario. En caso de incumplimiento, los viajeros pueden asumir gastos de forma provisional y reclamarlos después, siempre que conserven los justificantes correspondientes.

Pasajeros que buscan alternativas

En periodos de alta demanda, como la Semana Santa, quedarse sin alternativa puede significar perder el viaje por completo. Por eso, cada vez más viajeros optan por adquirir un billete nuevo por su cuenta mientras esperan la resolución de la aerolínea sobre el vuelo original.

Díaz señala que esta decisión no implica renunciar a sus derechos: es posible solicitar el reembolso del billete cancelado y reclamar también la diferencia de coste del nuevo, así como otros perjuicios derivados, como noches de hotel no disfrutadas o actividades programadas que se pierden. Para acceder a estas compensaciones, los pasajeros deben documentar cuidadosamente todos los gastos y comunicaciones con la aerolínea.

Reclamar: más largo de lo que dicta la ley

Sobre el papel, la normativa protege al consumidor, pero en la práctica las aerolíneas no siempre cumplen los plazos. Díaz explica que “el reembolso debería hacerse en siete días, pero no se hace automáticamente”. Además, añade que “las aerolíneas alegan fuerza mayor para evitar pagar compensaciones”.

El procedimiento habitual pasa primero por reclamar ante la aerolínea. Si no hay respuesta en un mes, se puede acudir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en casos de cancelaciones o retrasos. Sin embargo, otras reclamaciones, como daños adicionales, suelen acabar en los tribunales, lo que desincentiva a muchos usuarios.

Escalas que desaparecen y viajes en el aire

El impacto ya se nota en los planes de muchos viajeros. Marta González tenía previsto volar a Indonesia con escala en Doha a finales de mayo, pero su vuelo fue cancelado por Iberia hasta el 31 de mayo. “He solicitado el reembolso y estoy buscando otro destino”, cuenta.

La situación también ha alcanzado a viajes organizados de estudiantes. En un grupo de 19 jóvenes que planeaba volar a Tailandia, cinco han renunciado a última hora por la negativa de sus familias, preocupadas por las escalas en ciudades como Abu Dabi o Dubai. “Al final no voy porque mis padres no me dejan; les da miedo pasar por allí”, explica una de las afectadas.

La falta de alternativas asequibles —con rutas mucho más caras— y el abaratamiento de los vuelos habituales, menos demandados, reflejan la caída de la confianza de los usuarios, pese a que las aerolíneas insisten en que el espacio aéreo es seguro tras el cierre de la zona iraní.

“Muchos vuelos entre Europa y Asia dependen de escalas en Oriente Próximo. Cuando estas rutas se ven afectadas, las aerolíneas cancelan o redirigen operativa a otros destinos”, explican fuentes del sector. La prioridad, añaden, es garantizar la seguridad de los pasajeros, aunque algunas cancelaciones se producen incluso 48 horas antes del vuelo.

Cómo viajar en un escenario incierto

Viajar en 2026 significa convivir con la incertidumbre. En un periodo de alta movilidad, la fragilidad de la aviación puede traducirse en planes que cambian de un día para otro. Los expertos recomiendan tomar varias precauciones.

En primer lugar, evitar zonas de conflicto o con alertas oficiales, y consultar siempre las recomendaciones de embajadas y consulados antes de viajar. Los seguros de viaje pueden ser una red de seguridad adicional, ya que en muchos casos cubren retrasos prolongados, alojamiento, transporte alternativo o conexiones perdidas; pero conviene revisar con detalle las pólizas, porque normalmente no cubren actos de guerra ni cierres de espacio aéreo derivados de conflictos.

La preparación y la información se convierten así en la mejor defensa para no quedarse en tierra en una Semana Santa marcada por la volatilidad internacional.

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han convocado una huelga indefinida en la empresa Groundforce, la empresa de servicios en tierra de Air Europa, que emplea a más de 3.000 personas dedicadas a la asistencia en tierra (handling) en doce aeropuertos españoles. La movilización, por motivos salariales, se concretará en varios paros parciales durante el día, ya en plena Semana Santa, un momento de muchos viajes por motivos vacacionales.

En concreto, los trabajadores de asistencia a tierra llamados a secundar los paros tienen presencia en los aeropuertos “de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao”, explica el sindicato CCOO en una nota informativa.

Los paros estaban previstos que empezaran este viernes, pero finalmente se han pospuesto hasta el lunes.

CCOO ha explicado que convoca estos paros debido “al incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo, así como a la interpretación unilateral de sus artículos que, en la práctica, está suponiendo una pérdida directa de poder adquisitivo para la plantilla”.

El sindicato denuncia que la empresa está utilizando una interpretación restrictiva del artículo 96 del convenio para dejar sin efecto lo establecido en el artículo 94, que asegura la actualización salarial conforme a la inflación acumulada desde 2022. “Esta actuación supone, a nuestro juicio, una vulneración clara del espíritu y la letra del acuerdo firmado”, denuncia .

Asimismo, CCOO acusa a la dirección de haber aplicado recortes en las subidas salariales pactadas para determinados grupos profesionales, “lo que constituye un incumplimiento directo del convenio colectivo vigente y genera desigualdades injustificadas dentro de la propia plantilla”.

Paros parciales en tres franjas horarias

En concreto, la huelga comenzará el próximo lunes 30 de marzo con paros parciales en tres franjas horarias: de 5:00 a 07:00, de 11:00 a 17:00 y de 22:00 a 00:00 horas.

Desde la parte sindical, CCOO ha reiterado que la “prioridad sigue siendo la negociación y la búsqueda de soluciones”, pero ha subrayado que no aceptarán “decisiones empresariales que vacíen de contenido los acuerdos colectivos ni que trasladen a las personas trabajadoras el coste de la inflación y de la mala gestión empresarial”.

Visitas a familiares, asuntos laborales, vacaciones de Semana Santa o viaje con compañeros de trabajo, estos han sido algunos de los motivos por los que los pasajeros del vuelo Barcelona-Agoncillo han llegado a La Rioja en el primer trayecto operado por Vueling y que hace La Rioja esté “más conectada” con el resto de España e internacionalmente.

Pocos minutos antes de la hora prevista -a las 09,25 horas- el avión ha aterrizado en el aeropuerto donde esperaban a los pasajeros el director de la terminal Logroño-Agoncillo, Jon Martínez de la Valle, junto a los consejeros de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la responsable de Asuntos Públicos en Vueling, Rosaura Ferriz, entre otras autoridades.

La comodidad del trayecto, ya que en apenas una hora se recorren los más de 500 kilómetros que separan la capital riojana de la ciudad condal, el precio del billete y el “buen vuelo” que han llevado harán también que muchos de estos usuarios sigan eligiendo el avión para viajar. Así lo han indicado, por ejemplo, Amador y Mari, una pareja que llega a Logroño para visitar a sus familiares y han decidido venir este fin de semana para estar con ellos. “Ha sido un vuelo magnífico y repetiremos. Hemos salido a las 08,30 horas y en menos de una hora ya hemos llegado”.

Como han explicado, las últimas veces que han venido a Logroño “lo hemos hecho en coche” pero con esta posibilidad “vendremos más y nos traeremos a amigos”, han indicado.

Por su parte, la logroñesa Sofía Ruiz, que se encuentra estudiando en Barcelona, ha decidido coger este vuelo para disfrutar de la Semana Santa en familia. “Los trenes y los buses -ha dicho- estaban más caros y por 23 euros, 40 con la maleta, he podido viajar aquí y en menos tiempo. Es mucho mejor que un autobús de seis horas”.

Tras el viaje, el director del aeropuerto, Jon Martínez de la Valle ha dado la bienvenida a la compañía Vueling a la vez que ha celebrado “el establecimiento de la ruta a Barcelona que, sin duda, nos va a consolidar también como aeropuerto comercial”.

Una nueva ruta aérea que “se suma a toda la actividad que tiene el aeropuerto” gracias “al esfuerzo de AENA”, entre otros muchos factores. El aeropuerto -ha indicado- “vive un momento de transformación. Creemos sinceramente en el potencial que tiene y agradecemos enormemente la confianza depositada de los pasajeros y también de Vueling al apostar por esta nueva ruta”.

Como ha indicado, desde este aeropuerto “seguiremos trabajando para dar nuestro mejor servicio al pasajero y hacer que seamos una referencia para el transporte aéreo”.

Conexión con 80 destinos nacionales e internacionales

Por su parte, el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha asegurado que es “un día de historia para este aeropuerto”. Esta nueva conexión “nos conecta con la segunda ciudad de España en poco más de una hora y, por tanto, también nos conecta de forma directa con otros 80 destinos, tanto nacionales como internacionales”.

Estas nuevas conexiones “nos traerán consecuencias muy positivas, tanto a nivel turístico, a nivel empresarial... también para estudiantes, trabajadores y otros muchos colectivos por lo que es un hito para las infraestructuras de esta comunidad autónoma”.

Añade también que servirá “para dejar atrás ese falso mantra de que este aeropuerto no valía, que nadie iba a apostar por él o que había que cerrarlo, porque este Gobierno ha tenido siempre muy claro que la marca Rioja está por encima de todo y gracias a esto hemos hecho un esfuerzo importante”, ha afirmado el consejero.

De hecho en apenas siete meses se han llevado a cabo cuatro licitaciones para incrementar la operativa de este aeropuerto y se han presentado cinco aerolíneas. “Éste es un aeropuerto muy capacitado y muy preparado para acoger, como se ha demostrado aviones de mayor tamaño, para operativas regulares de este calibre y con vuelos regulares”. Por lo tanto “vamos a seguir avanzando con más licitaciones y con el objetivo también de conseguir que aquí se pueda operar en el futuro en vuelos internacionales”.

Por último ha indicado que a partir de ahora van a poder entrar más de 100.000 pasajeros a través de este aeropuerto a la comunidad autónoma de La Rioja, “turísticamente esto es algo muy relevante y hemos cuadruplicado las plazas que se ofertan a los pasajeros”. Finalmente, el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, ha destacado que con esta nueva ruta “La Rioja está más conectada y más cerca de otros muchos sitios”.

Con el vuelo de este viernes,“los riojanos tienen unas posibilidades de conectividad muchísimo mayores y un acceso más a muchísimos destinos a través de Barcelona”. “Y no solo eso, sino que La Rioja es una puerta un poco más abierta a todos los turistas que nos quieran visitar y llegar hasta nuestra región”.

El consejero ha valorado también el esfuerzo del Ejecutivo riojano por “romper esos bloqueos de conectividad. Merece la pena cualquier tipo de viaje para llegar a La Rioja pero si además se puede hacer de forma más cómoda, más rápida y segura como la que hemos visto hoy, mucho mejor”. “Nuestro objetivo es que sea cómodo conocer nuestra tierra y que nuestra tierra pueda conocer y relacionarse de todas las maneras posibles con el resto del mundo”, ha finalizado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, están cuadrando agendas para cerrar cuanto antes una nueva reunión en Madrid que deberá servir para avanzar en temas de interés común, incluido el desarrollo estatutario pero también la incertidumbre económica internacional. La parte vasca confía en que, como se prometió, este encuentro de alto nivel se produzca antes de los festivos de Semana Santa. Técnicamente, será una “comisión bilateral”. ['A posteriori', fuentes de ambos Gobiernos han informado de que la reunión se celebrará el próximo viernes, 27 de marzo]

En la cita se constatarán algunos avances con respecto a la anterior reunión, de finales de enero. Por ejemplo, hay acuerdo para la creación de un “órgano bilateral” en el que las instituciones vascas coparticipen en la toma de decisiones sobre los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia. Lo ha habido también para que Euskadi se siente en dos organismos internacionales, Unesco y ONU Turismo. Pero no lo hay aún sobre el gran asunto pendiente del Estatuto de 1979, la transferencia de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, que se llegaron a cifrar en 2024 en 12.000 millones de euros, el equivalente al 75% del presupuesto autonómico actual.

El origen de estas 'cumbres' hay que buscarlo en la investidura de 2023. En aquel momento, Sánchez pactó con el PNV que en dos años, es decir, antes del final de 2025, se habrían resuelto los flecos pendientes del Estatuto, que es de 1979. Desde entonces se han ido produciendo acuerdos, como los traspasos de Cercanías o de los permisos de trabajo. Pero llegó la Navidad y no estaba todo cerrado, como se había prometido. El PNV llegó a alzar la voz y a condicionar su apoyo a la delicada mayoría gubernamental en el Congreso, pero finalmente a finales de enero se cerraron algunos acuerdos en materias como las políticas pasivas de empleo o, lo que es lo mismo, la cesión a Euskadi del Sepe estatal y del pago de las prestaciones y subsidios de paro.

Fue entonces, en La Moncloa, cuando Sánchez y Pradales fijaron un nuevo hito en el calendario: Semana Santa. La realidad es que, desde entonces, las reuniones han sido una constante. Han sido en Madrid o telemáticas, como la celebrada este mismo lunes por la tarde con el secretario de Estado Arcadi España como interlocutor de la consejera vasca que comanda las negociaciones, María Ubarretxena. El PSE-EE, como socio del PNV en Euskadi y responsable de muchas de las nuevas materias transferidas, también está implicado en las conversaciones.

Las fuentes consultadas asumen que va a ser imposible tener todos los temas pendientes cerrados en estos pocos días. El gran elefante en la habitación sigue siendo el de la gestión de las pensiones. Los Gobiernos central y vasco han iniciado ya la transferencia de la Seguridad Social, la primera vez que algo así ocurre con cualquier comunidad autónoma. Pero la parte política y económicamente más relevante, los 12.000 millones de las pensiones, sigue sin estar cerrada. El terreno de juego, en todo caso, está ya acotado: el Estado seguirá fijando la normativa y cuantías y no habrá afección a la denominada 'caja única' de solidaridad interterritorial. Euskadi será un nuevo cajero, como marca su Estatuto desde hace casi medio siglo y aún no se ha cumplido.

El propio Pradales, en su última visita a Madrid de enero, fijó otras prioridades por delante de la Seguridad Social, aunque en ningún caso dio a entender que podría sufrir el enésimo retraso. En la lista hay otras transferencias pendientes, pero ya de menor relevancia, como la gestión de los paradores de turismo o de asuntos relacionados con la matriculación o los permisos de vehículos. Hasta ahora, los Gobiernos central y vasco sólo han discrepado abiertamente sobre una demanda de los nacionalistas, la de ampliar la transferencia de Puertos ya realizada en 1982 para que Euskadi gestione el de Pasaia, ahora de “interés general” y, por lo tanto, de competencia exclusiva del Estado. En aeropuertos, sin embargo, sí han encontrado una fórmula “negocial” para saciar la demanda del PNV de que las instituciones locales tengan algo que decir en materia de inversiones y rutas en una comunidad sin AVE sin tocar la competencia de Aena. Foronda, de hecho, será un “sandbox” o banco de pruebas de un nuevo modelo de gestión, según se ha anunciado.

Igualmente, Pradales extendió otra lista de reclamaciones a Sánchez. Se insistió en pedir más capacidades en materia migratoria como “frontera norte” de España -también para la Ertzaintza-, en lograr fórmulas para dar estabilidad a la profesión médica en un contexto de escasez de personal -el consejero Alberto Martínez tiene una guerra abierta desde hace meses con la ministra Mónica García- y en iniciar ya la renovación del Cupo, el pago que hacen los territorios forales al Estado por los servicios que presta y que se regula por una ley quinquenal.

En su rueda de prensa en La Moncloa, Pradales hizo una lista de “cumplimientos” y otra de “incumplimientos”. Él mismo admitió que, cuantitativamente, eran más los primeros. Pero afirmó también que, en lo cualitativo, hay algunos de los segundos que son flagrantes. “Los incumplimientos del Gobierno español se producen en materias esenciales para el bienestar de los vascos”, dijo textualmente el lehendakari. Y agregó: “Los compromisos adquiridos no se han cumplido en su totalidad. He trasladado mi preocupación al presidente. Porque en estos tiempos de desafección política, ser fiel a la palabra dada y a los documentos suscritos entre ambos Gobiernos es, más que nunca, una obligación irrenunciable”.

De su lado, el ministro Ángel Víctor Torres resaltó la “lealtad” con la que opera el Gobierno central en relación a Euskadi. Él también hizo una enumeración y contó 22 traspasos de competencias desde 2018, doce de ellos desde 2023. “Somos un Gobierno que cree en el Estado de las autonomías”, recalcó.

El Aeropuerto Logroño-Agoncillo estrenará un nuevo servicio de autobús para conectarse con Logroño a partir del día 27 de de marzo, coincidiendo con el primer vuelo a Barcelona. Según ha explicado el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, se trata de un proyecto piloto que va a funcionar hasta el 30 de septiembre. “Y en función de los datos de ocupación que registre durante estos meses, se decidirá su continuidad a partir de octubre”, ha explicado el consejero.

En la presentación, también han participado las directoras generales de Infraestructuras, y de Turismo y Promoción Territorial, Gema Álvarez y Virginia Borges, respectivamente; el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; la alcaldesa de Agoncillo, Encarna Fuertes; el director del Aeropuerto, Jon Martínez; y el CEO de Jiménez Movilidad, José Ignacio Jiménez, cuya empresa gestionará el servicio.

El servicio cuenta con un vehículo de 52 plazas, una de ellas para personas con movilidad reducida, dotado con un maletero especial para equipajes voluminosos. Recogerá y dejará viajeros en las paradas del metropolitano de El Arco, La Bene y Monumento al Labrador, así como en la Estación de Autobuses y el Aeropuerto.

Los horarios se adaptarán en todo momento a los vuelos programados, teniendo en cuenta que el servicio llegará al Aeropuerto una hora antes del despegue y partirá hacia la capital 45 minutos después del aterrizaje. Las frecuencias podrán consultarse escaneando el código QR que se colocará en las paradas y en la página web larioja.org/transportes.

Reserva online del billete

El billete podrá adquirirse, al precio de 5 euros, en el propio autobús, donde será necesario hacer pago en efectivo, o a través de la página web https://jimenezmovilidad.es/, consiguiendo así una reserva de plaza. El servicio estará integrado dentro de la red de Transporte Metropolitano del Gobierno de La Rioja.

Si bien ya existe una línea metropolitana (M-7) que conecta a los pasajeros con la ruta aérea entre Logroño y Madrid, en ambos sentidos, “ante el nuevo escenario que se dibuja con las nuevas rutas aéreas que estamos incorporando y el perfil de pasajero que se espera, mayoritariamente vacacional, con mayor equipaje, hemos dado un paso más con la puesta en servicio de este autobús, que busca un mayor confort y una mejor experiencia de viaje”, ha destacado el consejero.

Osés ha enmarcado este nuevo servicio dentro del “compromiso” del Gobierno de La Rioja por recuperar la actividad de una infraestructura que “es un pilar esencial para nuestro desarrollo socioeconómico”. Así, ha resaltado “la enorme importancia estratégica del Aeropuerto para el Gobierno de La Rioja”. “No entendemos un futuro de progreso y prosperidad para La Rioja sin unas buenas infraestructuras que nos conecten con otros puntos geográficos de España y del extranjero”, ha defendido

El aeropuerto de Teruel, una de las mayores instalaciones de mantenimiento y reparación de aviones en Europa, se ha convertido en improvisado refugio de aeronaves de Qatar Airways -principalmente- debido al cierre del espacio aéreo, a la escasez de combustible y a los riesgos de sobrevolar Oriente Medio por la guerra de Irán. Este domingo han aterrizado en Teruel otros cinco aparatos de la compañía, hasta un total de 19.

Se trata de cuatro Airbus 330 –los cuatro procedentes de Doha, capital catarí– y un Airbus 350 proveniente de Los Ángeles que han aterrizado entre las 14:04 y las 15:06 horas en las pistas del aeropuerto turolense. Un día antes, el sábado, fueron otras seis aeronaves de la misma compañía –cuatro Airbus 350, un Airbus 320 y un Boeing 787-8 las que llegaron a Teruel por la mañana.

Únicamente uno de los aviones recibidos en los últimos días debido a la guerra de Irán no es de Qatar Airways: un Boeing 787-9 Dreamliner de Air France proveniente de París.

El jueves, el consejero en funciones de Fomento del Gobierno de Aragón y presidente del Consorcio del Aeropuerto, Octavio López, explicó que las compañías son “sabedoras de que en Teruel van a encontrar un lugar seguro y preparado para el estacionamiento y todas las labores de mantenimiento que sus aeronaves precisan”. “Estamos –sentenció López- ante una instalación en plena expansión a la que es difícil poner límites, que es motivo de estudio en todos los foros del sector industrial aeronáutico y que forma parte de la red internacional para el desmantelamiento, mantenimiento y estacionamiento de aeronaves”.

160 millones de euros de inversión en dos años

Solo en los dos últimos años, la inversión comprometida en la instalación turolense alcanza los 160 millones de euros, entre lo invertido por el propio Consorcio del Aeropuerto que conforman el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Teruel (60 millones), lo anunciado por la ministra de Defensa para establecer el Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (42 millones), el futuro laboratorio de investigación del ITA (10 millones) y la inversión privada de manos de empresas como AIR (Aviation International Recycling), que creará un centro de reciclaje de material aeronáutico (30 millones) y la propia IAC (20 millones en el segundo hangar).

Este segundo hangar, por ejemplo, estará finalizado en el último trimestre de 2026 y se destinará a la pintura para aviones de grandes dimensiones, los denominados de doble pasillo, y será una instalación dotada de la última tecnología en aplicación de pintura y protección medioambiental, con capacidad para operar 30 unidades al año. En él, la multinacional de origen irlandés invertirá 20 millones de euros y creará 70 puestos de trabajo directos.

Lo que parecía un control rutinario en el aeropuerto acabó con un hallazgo poco habitual. Un ciudadano chino fue detenido en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi tras intentar sacar del país más de 2.000 hormigas reina vivas ocultas en su equipaje.

Las autoridades encontraron los insectos repartidos en tubos de ensayo (hasta 1.948 ejemplares) y otros cientos escondidos en rollos de papel higiénico, preparados para el transporte.

Más allá de lo llamativo de la cifra, el caso encaja en una tendencia que ya han señalado organismos como el Kenya Wildlife Service (KWS), que apunta a un aumento de incautaciones relacionadas con especies pequeñas, frente al tradicional tráfico de grandes animales.

Entre los ejemplares incautados había especies como Messor cephalotes, conocidas en el ámbito de la mirmecología y presentes en el mercado internacional de coleccionismo de hormigueros.

En ese contexto, las hormigas reina tienen un papel clave, ya que son necesarias para fundar nuevas colonias, lo que explica su interés en determinados circuitos especializados en Europa y Asia.

Más que una curiosidad: el papel clave de las hormigas en el planeta

Aunque pueda parecer una historia curiosa, el impacto de este tipo de tráfico es importante. Las hormigas desempeñan funciones esenciales en los ecosistemas: airean el suelo, dispersan semillas y contribuyen al equilibrio de los hábitats. Su extracción masiva puede alterar procesos ecológicos clave.

Organismos internacionales como la Convention on International Trade in Endangered Species regulan el comercio de especies para evitar la sobreexplotación, y aunque los insectos suelen pasar desapercibidos, cada vez están más presentes en estas redes ilegales.

El caso de Kenia no es aislado. En los últimos años, las autoridades han interceptado miles de hormigas destinadas a mercados internacionales, lo que confirma la existencia de redes organizadas de tráfico de insectos.

Este fenómeno, conocido como biopiratería, pone de relieve cómo incluso los animales más pequeños pueden convertirse en objeto de comercio global. Y también cómo la fascinación humana por lo exótico (incluso en forma de hormiguero) puede tener consecuencias reales en la naturaleza.

Porque detrás de esta historia sorprendente hay algo más que una maleta llena de insectos: hay un recordatorio de que la biodiversidad también se pierde en silencio, incluso a escala microscópica.

Un total de 15 aviones, 12 de ellos de Qatar Airways y otros tres de diferentes compañías, han aterrizado en el Aeropuerto de Teruel en los últimos tres días procedentes en su mayoría de la base de Doha para ponerse a salvo de los bombardeos iraníes sobre infraestructuras en los países de la región de Oriente Próximo. Así lo ha manifestado el consejero de Fomento y presidente del Consorcio del Aeropuerto, Octavio López, en una jornada organizada por El Periódico de Aragón en la Cámara de Comercio e Industria de Teruel.

Se trata de diferentes modelos de los conocidos de aviones de doble pasillo que pueden llegar a transportar más de 300 pasajeros en función de su configuración. En concreto, los aviones que han llegado hasta el momento son trece A330 de Airbus, un A350 y un Boeing 747. En su discurso de clausura del acto, López ha adelantado que a esta docena de aeronaves se irán sumando más en los próximos días “sabedoras las compañías aéreas de que en Teruel van a encontrar un lugar seguro y preparado para el estacionamiento y todas las labores de mantenimiento que sus aeronaves precisan”.

Para el presidente del Consorcio del Aeropuerto “esto es Teruel a día hoy: una referencia internacional para la aeronáutica mundial donde las cosas se están haciendo muy bien, lo que se está traduciendo en cuotas de prosperidad para Teruel inimaginables hace unos años”.

Octavio López ha destacado la inversión pública y privada comprometida desde que Jorge Azcón preside el Gobierno de Aragón supera los 170 millones de euros, una cifra que convierte al aeropuerto en el principal motor económico de la provincia, con importantes obras en marcha como el hangar y la nave de producción de dirigibles estratosféricos, una segunda nave de pintura de aviones, la nueva campa de estacionamiento con capacidad para entre 70 y 140 aviones, el futuro laboratorio de investigación del ITA y la propia ampliación de la terminal del aeropuerto, cuya ejecución se encuentra ya al 80%.

“Estamos –ha sentenciado López- ante una instalación en plena expansión a la que es difícil poner límites, que es motivo de estudio en todos los foros del sector industrial aeronáutico y que forma parte de la red internacional para el desmantelamiento, mantenimiento y estacionamiento de aeronaves”.

Más allá de constatar que el Aeropuerto de Teruel es una referencia mundial en el sector industrial de la aeronáutica y el sector aeroespacial, Octavio López se ha referido a un asunto capital relacionado con el empleo que se está generando en él, dado que la previsión es que a finales de año se superen los mil puestos de trabajo, a los que se van a sumar los estudiantes del nuevo Grado de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Zaragoza que se pondrán en marcha en el Campus de Teruel a partir del año que viene.

“Sin vivienda no hay empleo y sin empleo no hay crecimiento económico posible”, ha asegurado, y “por eso estamos trabajando también en ese ámbito de la mano del Ayuntamiento de Teruel y de la iniciativa privada: ahí están las 106 viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes que se van a promover en la calle Italia y las 1.050 viviendas que el Grupo Térvalis va a desarrollar en Los Baños en diversas fases, la primera de ellas de 250, que harán por primera vez a través de un PIGA para agilizar su tramitación, a fin de que su construcción se pueda iniciar en el plazo aproximado de año y medio”, ha concluido.

Los Gobiernos central y vasco han cerrado un acuerdo este lunes para incrementar la coparticipación autonómica en la gestión de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia. Como adelantó el 2 de febrero este periódico, se constituirá un “órgano bilateral” compuesto por un número igual de representantes de cada parte y que dotará de más capacidad decisoria en inversiones o rutas al Ejecutivo vasco, aunque no se hará ninguna transferencia y la titularidad de las terminales seguirá siendo de la sociedad estatal Aena, que tiene un 49% de capital privado.

Aunque este domingo el Gobierno de Imanol Pradales había alertado de un alejamiento de las posturas en esta subcomisión que lleva meses analizando la cuestión de los aeropuertos, la consejera que lleva la voz cantante en las negociaciones, María Ubarretxena, del PNV, se ha mostrado ya abiertamente “esperanzada” por el resultado de la últma reunión celebrada en Madrid, aunque también cautelosa hasta no ver los términos pactados en el acuerdo final. “Se ha acordado un órgano bilateral aeroportuario Euskadi-Estado como instrumento de colaboración, coordinación y gestión”, indican fuentes del Ejecutivo autonómico, que recuerda que esto permite ser copartícipes en el diseño del denominado DORA, la guía de inversiones de Aena en todas sus terminales.

Por otro lado, el Gobierno vasco se ha felicitado por haber logrado que Foronda, el aeropuerto de Vitoria, sea un 'sandbox' o banco de pruebas de un nuevo modelo de gestión. “Es un marco regulatorio especial y temporal que permite actuar en dicho aeropuerto como un entorno controlado de pruebas” para medir los resultados de los cambios que se implementen, ha explicado Ubarretxena, sin entrar a más detalles de qué ideas concretas se pondrán en práctica en Foronda.

Las conversaciones sobre aeropuertos se enmarcan en un proceso más amplio abierto entre los Gobiernos central y vasco para completar las materias pendientes del Estatuto de 1979, por un lado, y otros asuntos para reforzar el autogobierno vasco, como los aeropuertos o la reciente aceptación por parte de España de que Euskadi tenga presencia en organismos internacionales como la Unesco u ONU Turismo. En la última reunión entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales se fijó Semana Santa como referencia para tener cerradas todas las materias encima de la mesa. No hay noticias de si se llegará a tiempo para la más relevante, la gestión de las pensiones de la Seguridad Social. El Estado ha cerrado también la puerta a ampliar la transferencia de Puertos, ya realizada en 1982, y ceder al Gobierno vasco la gestión de Pasaia, hasta ahora de “interés general”.

Durante casi dos décadas, un banco de aeropuerto fue el hogar de Mehran Karimi Nasseri. Este refugiado iraní vivió entre 1988 y 2006 en la terminal del Aeropuerto Charles de Gaulle, en Francia, atrapado en una situación administrativa extraordinaria: no tenía documentos válidos para entrar en el país ni para viajar a otro destino.

Nacido en 1945 en la provincia iraní de Juzestán, Nasseri llegó a Europa tras abandonar su país y pasar por varios procesos migratorios. Durante años vivió en Bélgica como solicitante de asilo, pero tras perder sus documentos se encontró en una situación jurídica imposible: varios países europeos lo rechazaron por no cumplir los requisitos de entrada, mientras él tampoco podía regresar fácilmente a su lugar de origen.

Ese vacío legal lo dejó literalmente varado en el aeropuerto de París. Allí se instaló en la Terminal 2F, rodeado de carritos con sus pertenencias, donde pasaba los días leyendo periódicos, escribiendo cuadernos sobre su vida y conversando con empleados y viajeros.

Un limbo jurídico que inspiró a Hollywood

La historia de Nasseri terminó llamando la atención de periodistas y cineastas. Su vida inspiró la película The Terminal, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks, que recrea la historia ficticia de un viajero atrapado indefinidamente en un aeropuerto.

El caso se convirtió en un ejemplo mediático de las paradojas del sistema migratorio internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha señalado en diversos informes que los refugiados pueden quedar atrapados en “zonas de tránsito” cuando surgen problemas de documentación o reconocimiento legal entre distintos países.

Investigaciones académicas sobre movilidad y fronteras publicadas por la International Organization for Migration describen situaciones similares como ejemplos de “limbo migratorio”, donde las personas quedan fuera de los sistemas legales de varios Estados al mismo tiempo.

Entre la burocracia y la rutina diaria

En 1999, tras años de gestiones, Francia le concedió el estatus de refugiado y el derecho a permanecer en el país. Sin embargo, Nasseri continuó viviendo en el aeropuerto durante años, en parte por la complejidad de regularizar su situación y en parte por costumbre.

Su rutina era conocida por empleados y pasajeros. Dormía en un banco, utilizaba los baños de la terminal y recibía comida ocasional de trabajadores del aeropuerto. Con el tiempo, incluso adoptó el nombre de “Sir Alfred”, como se presentaba ante los periodistas.

Estudios sobre desplazamiento forzado y salud mental publicados en revistas como The Lancet Public Health han documentado cómo la incertidumbre prolongada en procesos de asilo puede generar fuertes impactos psicológicos y alterar la percepción del hogar o la estabilidad personal.

En 2006 Nasseri abandonó finalmente el aeropuerto tras ser hospitalizado por problemas de salud. Durante años vivió en albergues y residencias en París, financiándose en parte con el dinero recibido por los derechos de su historia.

Pero su vínculo con el lugar que lo hizo famoso nunca desapareció. En 2022 regresó al aeropuerto Charles de Gaulle, donde murió a los 77 años. Su vida, marcada por documentos perdidos y fronteras burocráticas, se convirtió en una de las historias reales más extrañas del mundo contemporáneo: la de un hombre que vivió casi veinte años en tránsito sin llegar nunca a salir del aeropuerto.

El Gobierno de Reino Unido ha compenzado a aplicar desde esta misma semana un requisito obligatorio para los viajeros de más de 80 naciones que deseen viajar al país. Se trata de la Electronic Travel Authorization (ETA, o Autorización Electrónica de Viaje), que se convirtió en un requisito para poder entrar en Reino Unido el año pasado, y que ahora será imprescindible para poder volar al país británico. Desde este miércoles 25 de febrero, las aerolíneas aplicarán el criterio “no permission, no travel” (sin permiso, no hay viaje) y podrán negar el embarque en el aeropuerto o estación a pasajeros que no la tengan.

La ETA es un permiso que el Gobierno británico exige para poder viajar al Reino Unido y que tiene una validez de dos años o hasta que caduque el pasaporte con el que está vinculada la autorización. No se debe confundir con un visado, ya que la ETA es simplemente una autorización previa para poder viajar, pensada para estancias cortas de menos de seis meses. Se trata de una gestión sencilla que se debe gestionar con tres días de antelación, y tiene una validez de hasta dos años.

Hasta ahora, bastaba con tener la ETA solicitada para poder acceder al país, pero desde este miércoles será necesario que también esté aprobada en el momento de embarque.

Quién debe solicitar la ETA

Todos los ciudadanos de la Unión Europea y los no residentes en el Reino Unido deberán contar con esta autorización de viaje, incluidos los bebés y niños.

Recordemos que la ETA solo es válida para estancias de corta duración, y que no garantiza la entrada al Reino Unido, puesto que los viajeros deberán seguir pasando por controles de fronteras al llegar al país. La ETA debe pedirse en viajes de diversa naturaleza, ya sea por turismo, negocios o visitas familiares.

Aunque tu estancia no sea en el Reino Unido, también deberán pedir la autorización aquellos viajeros que deben hacer escala en el país británico y volver a facturar el equipaje y/o pasar por el control fronterizo. No es necesario pasar por el control fronterizo si hacer la escala a través de Heathrow (T4) y Manchester, pero recomendamos que consultes con tu aerolínea.

Por otro lado, no será necesaria la ETA para aquellos que cumplen alguno de los siguientes requisitos:

Con la ETA se podrá llevar a cabo actividades remuneradas en el caso de artistas, músicos, deportistas, conferenciantes y abogados. También servirá para la permanencia durante tres meses en el país tras la concesión de visado Creative Worker.

La ETA no da amparo legal ni tampoco da amparo legal para casarse o registrar una pareja civil en el país, ni siquiera dar aviso de los mismos.

Cómo pedir la ETA

Solo se puede pedir la ETA a través de la web del gobierno británico o desde la aplicación oficial para este menester. Se trata de un proceso totalmente en línea, que deberás gestionar de una sola vez. No se guardará tu proceso si dejas a medias este trámite, y la sesión caducará tras 20 minutos de inactividad. Por suerte, solo lleva unos minutos:

Para gestionar la ETA, necesitarás lo siguiente:

En primer lugar, deberás ingresar la dirección de correo electrónico a través de la que quieres recibir la decisión del gobierno británico sobre la concesión de la ETA.

A esta dirección te enviarán un correo titulado “Your ETA security code” (tu código de seguridad para la autorización ETA, en inglés). En él figurará un código de seis dígitos, que deberás introducir en la web de solicitud de la ETA. Deberás ingresarlo lo antes posible, puesto que expira en 10 minutos.

A continuación deberás enviar una fotografía de tu pasaporte físico. Deberás cumplir los siguientes requisitos:

Tras esto, deberás subir una foto tuya, nítida y sin reflejos. Se te efectuará un cobro de 16 libras, que al cambio son unos 18,35 euros. La cuantía será reembolsable si te deniegan el permiso, según la información proporcionada por el Gobierno británico en la web de solicitud.

La respuesta a esta solicitud llegará al correo que introdujiste para la solicitud. No recibirás ningún tipo de documentación adicional que certifique la concesión de la ETA, ya que se asociará digitalmente al pasaporte. Aun así, guarda la confirmación que recibirás por correo electrónico.