Esta semana hemos podido acceder al sumario del caso Leire. También, escuchar nuevas grabaciones en las que la conocida como la “fontanera del PSOE” muestra su modus operandi para tratar de presionar a policías, jueces y fiscales que formaban parte de investigaciones contra el PSOE. Prometía favores que no era capaz de cumplir y se daba una importancia que todo apunta a que no era real, pero… ¿hasta dónde llega esta trama? ¿Cuándo y cómo se creó? ¿Hay algún indicio que implique al presidente del Gobierno? 

Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

***

Episodio relacionado: La línea de puntos que lleva de la UCO a Ferraz

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

La exmilitante socialista Leire Díez era taxativa a la hora de explicar cuál era el mandato que tenía: “'La intención de todo esto es limpiar, yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar”. Así se lo transmitió en una reunión que ella misma grabó a quien fuera número dos del Ministerio del Interior en la era Rajoy, Francisco Martínez. El audio de ese encuentro, que se alargó casi dos horas, consta en el sumario del caso Leire.

Esa reunión es una de las dos que mantuvieron, y se produjo en julio de 2024, tres meses después de la cita que la exmilitante mantuvo en la sede del PSOE en Ferraz con Santos Cerdán y con el empresario Javier Pérez Dolset (entre otros). La 'fontanera' del PSOE se acercó a él porque Martínez era uno de los investigados en la denominada 'Operación Kitchen' -caso que se juzga ahora en la Audiencia Nacional- y aparecía en audios del comisario José Manuel Villarejo donde se evidenciaba que tenía conocimiento sobre asuntos con posible trascendencia penal. La Unidad Central Operativa, en uno de los atestados que ha entregado al juez Santiago Pedraz explica que Martínez, de hecho, era uno de los objetivos de interés de la trama presuntamente coordinada por el propio secretario de Organización socialista Santos Cerdán.

“No podemos tener gente así en las instituciones”, indicó Leire a Martínez en clara alusión a la guerra que había emprendido contra jueces, fiscales o mandos policiales. “Porque hoy eres tú, mañana será otro. Y si no les ponemos corte ya nos estaremos equivocando”, le añadió. Ante esto, Martínez preguntó: “¿Limpiar esas casas?”. La exmilitante socialista se lo confirmó (“esas casas, esas casas”) para luego añadir: “Yo, a estas alturas de la existencia con lo poco o lo mucho que haya escuchado, sé que tú no actúas como un alma libre. (...) El secretario de Estado tiene un ministro y el ministro tiene un presidente del Gobierno”.

En su informe, la UCO explica al magistrado que localizaron en los dispositivos de Leire Diez dos archivos de audio “grabados aparentemente por esta” de los que se desprende la existencia de al menos dos reuniones fechadas el 15 de julio de 2024 y el 22 de julio de 2024. En las mismas, además de Martínez y la exmilitante socialista estaba también el abogado José Aníbal Álvarez, quien durante un tiempo después llevó la defensa penal del exministro José Luis Ábalos.

La UCO señala en su informe que la “dinámica” de Leire con Martínez es muy similar a la utilizada con Villarejo. “Presumiendo la disposición por parte de Francisco Martínez de cierta información como consecuencia de la actividad pública (...) , así como su involucración en diversas causas judiciales en las que figura como investigado, Leire le ofreció beneficios en estas causas a cambio de información”.

Leire Díez, sobre la directora de la Guardia Civil: “Es de mi confianza”

El sumario recoge el audio de otra reunión, mantenida entre Leire Díez, el empresario Javier Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y el guardia civil Juan Yepes el 10 de diciembre de 2024, Díez menciona a la responsable de la Guardia Civil como “de confianza”. Se trata de una conversación en la que Yepes, guardia civil imputado en un caso de hidrocarburos, expuso su situación judicial y habló de las cuestiones que exigía a cambio de su colaboración para dar detalles sobre el funcionamiento de la UCO.

En un momento, Díez le ofrece su protección y afirma que su siquiente conversación “va a ser con la Directora de la Guardia Civil”. “No, yo eso no quiero (...) La directora de la Guardia Civil, a ver…”, responde Yepes. “Es de mi confianza”, le replica Díez. Después Yepes afirma que lo sabe, pero que no se fía: “Yo no me fío ni del DAO ni me fio de nada, el DAO era amigo mío y el DAO, por ejemplo, conmigo me tiene cuadrao”, añade.

Los investigadores señalan que existía una relación entre Díez y González previa a su nombramiento como jefa de la Guardia Civil, en septiembre de 2024 y constatan al menos tres reuniones entre esa fecha y abril de 2025. El PP ha pedido la dimisión de Mercedes González y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

En los últimos días han declarado algunos de los acusados más importantes del juicio por la Operación Kitchen: el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que fuera Director Adjunto de la Policía, Eugenio Pino y el ex comisario, José Manuel Villarejo. Hay una tesis a la que se han sumado gran parte de los investigados en Kitchen… Y es que Kitchen no existe, que lo que existió es una investigación contra Bárcenas y que de ello se aprovecharon algunas personas.

¿Tiene esto sentido por lo que hemos visto y oído durante el juicio? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

***

Episodio relacionado: Hasta la cocina de la corrupción: el gran juicio de la Kitchen

***

Episodio relacionado: El Morocho de los cojones 

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

El exministro Jorge Fernández Díaz y su 'número dos', Francisco Martínez, han optado por la sordina en el juicio de Kitchen. Contra ambos pide la Fiscalía Anticorrupción una condena de 15 años de cárcel como máximo responsable y coordinador, respectivamente, del espionaje ilegal a Luis Bárcenas y su familia con cargo a los fondos reservados. 

Al pacto de no agresión entre ambos se suma su decisión de contestar únicamente a las preguntas de sus abogados, con lo que ambos dibujaron el siguiente escenario: ‘nunca conocí la Kitchen’ (Fernández Díaz) y ‘algo hubo, pero fue legal’ (Martínez). 

La conservadora estrategia de ambos acusados de no responder al fiscal auxilia al Partido Popular, que presencia como el expresidente Mariano Rajoy o la antigua secretaria general del PP María Dolores de Cospedal no son mencionados, o lo son de pasada.

Estas son las cuestiones que ignoraron los dos principales acusados en Kitchen durante su declaración en el juicio. 

Los mensajes ante notario

El ministro Fernández Díaz pudo pronunciarse ampliamente sobre los cuatro mensajes que muestran su conocimiento de la operación Kitchen desde prácticamente su inicio y cómo es informado de los logros que van obteniendo los policías. Su estrategia durante todo el juicio pasa por negar que él sea el autor de los mismos y apoyar su negación mayor, que nunca supo de la operación Kitchen. Y en esa línea respondió a las preguntas de su abogado.

¿Y Francisco Martínez? El secretario de Estado acudió a dos notarios para entregar esos mensajes cuando se adivinaba su imputación y leía entrevistas de Fernández Díaz desvinculándose de la evidencia de que la operación Kitchen había existido. 

Después fue rebajando las expectativas de delatar a sus superiores y en el juicio ha puesto la guinda a esa estrategia. Ni una sola pregunta de su abogado se refirió a los mensajes. Y cuando se vio en la obligación de explicar que el ministro sabía de la identidad y el papel del chófer lo hizo sin precisar que así consta en uno de los textos que Fernández Díaz le envió. 

El 18 de octubre de 2013, Fernández Díaz escribió a Martínez la constatación de cómo seguía al minuto la operación Kitchen y las ilegalidades que ella incluía, como el robo de tres dispositivos a Bárcenas para clonarlos sin autorización judicial. 

“La operación se hizo con éxito: Se ha volcao (sic) todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica .. Es decir, q no seria información para el J a efectos publicación .. : es es lo q ha dicho, insisto y es muy probable q. esa fuera la intención)”, apuntó. A continuación añadió: “Otra cosa es q nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información ... veremos. Te informo”. 

Ninguna pregunta al respecto fue formulada por el abogado de Martínez. Tampoco por la presidenta del tribunal, que tenía oportunidad de hacerlo. 

Villarejo y el ministro

Al menos en los últimos años, Jorge Fernández Díaz ha ido amoldando su versión de los hechos a los descubrimientos que hacía la investigación. El ministro había mantenido que no conocía al comisario Villarejo, pero una grabación de diciembre de 2012 le muestra junto a Pino y al citado policía de las cloacas planificando la operación Cataluña. Así que su abogado optó el jueves por preguntarle si había tratado con el comisario entre 2013 y 2015. 

El ministro relató que en el acto de despedida por jubilación de Eugenio Pino como director adjunto operativo de la Policía se saludó con Villarejo. Jorge Fernández se refirió a la escena como si de un primer encuentro se tratara. “Había un policía que estaba de paisano, que se me acercó: 'a la orden, señor ministro, comisario Villarejo'”. En el audio de 2012, cuatro años antes, se oye a Fernández Díaz decirle a Pino y a Villarejo: “Negaré bajo tortura que esta reunión se ha producido”.

El vínculo entre el ministro del Interior y el policía que soporta una petición de pena más alta de Anticorrupción por la Kitchen (19 años) queda así sin aclarar, sin que nadie pudiera repreguntar. El resto de acusados han decidido seguir la senda de los dos primeros y solo contestar, a partir del lunes, a sus defensas. Resta por saber qué hará Villarejo. 

Las grabaciones a Cospedal, los indicios contra Rajoy

Los interrogatorios dirigidos a la exculpación sin posibilidad de contraste con otras preguntas benefician a los antiguos jefes de los acusados, que son los primeros interesados en que su nombre no vuelva a aparecer en la causa. Sin embargo, el presidente del Gobierno de la época, Mariano Rajoy, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, han sido una constante en el juicio y no solo durante su declaración como testigos. 

El jefe policial de la investigación confirmó su informe en el que concluía que las continuas alusiones a que un tal ‘Barbas’ y ‘Asturiano’ conocía la operación Kitchen se referían a Mariano Rajoy. De Cospedal se han reproducido grabaciones haciendo encargos a Villarejo, entre ellos frenar la publicación de los papeles de Bárcenas. 

Cospedal, pese no poder mentir como testigo, dijo que nunca había hablado por teléfono con el policía. La grabación se reprodujo durante la vista, pero solo pudo ser seguida por aquel que se desplazara a la sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). El tribunal decidió cortar la retransmisión esos días para proteger la intimidad de cuantos eran mencionados en los audios. 

Fernández Díaz, enrocado en que no supo nada de Kitchen, no fue preguntado por el conocimiento que pudieran tener sus superiores en el Gobierno y en el partido. Martínez, que conoció un operativo “legal”, se limitó a decir que apenas departía con la secretaria general del PP.

La agenda del comisario 

De las únicas agendas de las que se habló durante el interrogatorio a Francisco Martínez son de las que podía guardar Luis Bárcenas. Ni mención a las del comisario Villarejo. El investigador principal del caso Kitchen dijo durante su declaración que las anotaciones de ese dietario merecían toda credibilidad. “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. Eran para consumo interno”, respondió el inspector jefe de Asuntos Internos. 

En esas agendas hay anotaciones como esta que habla de una reunión entre Villarejo y otro de los acusados, Andrés Gómez Gordo, el asesor de Cospedal. “ANDY COSP/ Lo que quitaron a L.B está en el despacho de GAGO. Este verano lo va a copiar. CHISCO fue quien ordenó que dejara yo los contactos con SERGI [el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva]. BIG [el comisario Enrique García Castaño] es el puto amo”. 

Martínez habría tenido oportunidad de desmentir que él no diera órdenes directas de la manipulación del confidente, Sergio Ríos Esgueva, y acerca de qué policía tenía que tratar con él. 

¿Un número dos que no informaba al ministro?

La tesis del escrito de la acusación de la Fiscalía es que todo lo que conocía por los policías Francisco Martínez era puesto en conocimiento del ministro de forma inmediata. Sin embargo, y pese a las evidencias, Fernández Díaz se ha enrocado en que él supo de la operación Kitchen por la prensa, como pronto en 2015, dos años después de su inicio.

Por contra, la defensa de Martínez se basa en defender, ante los indicios del espionaje, que se trató de una “operación de inteligencia” y que, hasta donde sabe él, no incluyó ninguna actividad delictiva. De ser así, nadie en el juicio pudo preguntar –el tribunal no quiso– al ministro Fernández Díaz si su número dos le ocultaba cuestiones tan relevantes como una investigación a Bárcenas y su entorno cuando el Gobierno y el Partido Popular estaban en vilo por los papeles del extesorero. 

El espionaje en la cárcel

El comisario Enrique García Castaño, al que se archivó la acusación por motivos de salud, declaró en fase de instrucción que recibió órdenes de Martínez y de Pino para robar los discos duros de Bárcenas. También dijo que sus agentes siguieron al preso al que el extesorero habría pedido destruir una grabación incriminatoria de Rajoy porque alguien les avisó de su identidad y de a qué hora salía de permiso.

Es uno de los indicios de que Bárcenas también fue espiado ilegalmente dentro de Soto del Real. Todo quedó despachado en el interrogatorio a Martínez con la afirmación de este de que desconocía los hechos y que el régimen en prisión “es muy estricto” y hubiera impedido tal espionaje. Aquí habló por su experiencia de una semana recluido por otro asunto. 

Sin embargo, la brigada política tenía información del interior de la cárcel, lo que implicaría a otro departamento del Ministerio del Interior, dependiente del secretario de Estado de Seguridad, la dirección general de Instituciones Penitenciarias. El juicio tampoco ha servido para ahondar en el espionaje en la cárcel, una de las puertas del caso que el juez García Castellón decidió no abrir durante la instrucción. 

La amnesia repentina suele ser una dolencia inevitable cuando un acusado tiene que prestar declaración en su juicio. Para hacerla más llevadera, tiene el derecho a no responder a las preguntas de las acusaciones y hacerlo solo con las de su abogado. El problema viene cuando el acusado es un ministro o secretario de Estado y la gente sabe a qué se dedican los políticos cuando disponen de mucho poder y hay comisarios dispuestos a cumplir sus órdenes. Su testimonio puede ser recibido con incredulidad y hasta risas, pero lo importante es no acabar en la cárcel.

La declaración de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez en el juicio de la Operación Kitchen ofreció momentos singulares y hasta insólitos. Aparentemente, el ministro de Interior durante cinco años en el Gobierno de Rajoy no se enteró de nada ni se preocupaba por nada. Cuando los medios de comunicación estaban llenos de noticias a cuenta de los sobresueldos en la dirección del PP y de lo que sabía el tesorero Luis Bárcenas, Fernández Díaz vivía una existencia plácida y sosegada. Él no había recibido ningún sobresueldo, por lo que todo eso no le preocupaba lo más mínimo. Todo era además un remanso de paz en el partido. “Nadie me transmitió (en el PP) ninguna preocupación o inquietud sobre ese asunto”, sobre lo que sabía Bárcenas o lo que podía contar, dijo al tribunal.

Echemos la vista atrás y recordemos el impacto de la publicación a principios de 2013 de la lista de sobresueldos en la cúpula del partido y las incógnitas que generó sobre la financiación ilegal del PP. Luego, la aparición en julio de ese año de los SMS que Mariano Rajoy había enviado a Bárcenas para que se tranquilizara sobre sus problemas legales (“hacemos lo que podemos”).

La reputación del presidente estaba en juego y sus explicaciones no convencían a muchos. Fernández Díaz era amigo personal de Rajoy desde años atrás. Nada de eso molestaba al ministro ni ocupaba su tiempo. En el PP, todos parecían estar muy relajados con lo que salía en los medios sobre Bárcenas.

Cuando se conoció el montaje de Kitchen con el que se quiso conseguir que las revelaciones de Bárcenas no perjudicaran al Gobierno de Rajoy, todo eso le pilló al ministro leyendo la prensa. “Yo me entero como el común de los mortales por los medios de comunicación”, dijo. Y no pasó de ahí. Respondió con esa frase cuando su abogado le preguntó si había hablado del asunto con Martínez, su número dos del Ministerio. Si hay que creerle, hay que suponer que no habló de unas acusaciones tan graves con su secretario de Estado ni con el director operativo de la Policía. No se enteró de nada. No vio nada. No quiso saber nada. Él solo iba al despacho y leía la prensa.

Cómo está el mundo, pensaría. Qué cosas dicen de Mariano. No le llamo para no preocuparle más. Bueno, ya son las dos y habrá que pensar en ir a comer.

Lo de Francisco Martínez fue parecido, pero más traumático, porque en la fase de instrucción había afirmado lo contrario sobre lo que le pidió su jefe. Decir que derrapaba en las curvas cuando hizo el giro de 180 grados es quedarse corto. No podía negar, y no lo hizo, su intensa relación profesional con el comisario José Manuel Villarejo. Pero el resultado fue el mismo. No se enteró de nada. ¿Los discos duros de Bárcenas? Pero qué me está contando.

Martínez contó que conoció a Villarejo gracias a una orden que le dio Fernández Díaz. El ministro le llamó para decirle que Juan Cotino –director general de la Policía en el Gobierno de Aznar– le había comunicado que era urgente que el Ministerio se pusiera en contacto con Villarejo para recibir una información. Martínez declaró que cumplió la orden y se vio con el comisario en abril de 2012. El mensaje tenía tintes preocupantes. Decir, como había hecho Fernández Díaz en el Congreso, que la investigación al vicepresidente del Gobierno de Madrid, Ignacio González, era ilegal “se iba a volver en su contra”, avisó el policía.

“Cotino había dicho a Fernández Díaz que Villarejo era alguien fiable y que nunca había dado una mala información”, declaró Martínez. Es seguro que informaría de inmediato al ministro.

Cuando preguntaron después a Fernández Díaz si conocía a Villarejo, volvió a negar cualquier asomo de cercanía. Supuestamente, casi ni sabía de él. Dijo que no tuvo ningún contacto con el comisario entre 2013 y 2015, cuando se produjeron los hechos delictivos de la Kitchen. Solo lo vio en 2016 al saludarlo brevemente en una comida organizada por la jubilación de Eugenio Pino, su DAO (director adjunto operativo).

Martínez describió sus frecuentes reuniones con Villarejo a preguntas de su abogado. Se vio claramente que había quedado fascinado por el polémico comisario que lo grababa todo y que sabía cómo engatusar a sus superiores, que siempre recibían algo a cambio. Villarejo era “un torrente de información”, aunque a veces se limitaba a contar “chascarrillos”. Desde luego nunca escuchó a Villarejo “hablar de algo ilegal”.

Para impresionar al tribunal –no cabe otra interpretación– dijo que “la primera vez que oí hablar del estrecho de Ormuz fue por el señor Villarejo en 2012”. Es evidente que Martínez no estaba muy ducho en materia de relaciones internacionales y geografía.

El ex secretario de Estado era como el pececillo eternamente agradecido cuando le echan comida a la pecera. Lo que él no era consciente de sus contactos con comisarios de ética dudosa era que no estaba nadando en una pecera, sino en un acuario inmenso lleno de tiburones.

Tantos contactos con Villarejo le debieron de ser muy útiles. No sobre Kitchen. Ni sobre la información que podía conservar Bárcenas o las pruebas que este guardaba en sus ordenadores, uno de los motivos centrales de la operación que ahora se juzga y que también originó los contactos de Cospedal con el comisario para obtener información (“la libretita”) con la que proteger al PP.

Ahí Martínez no tuvo reparos en saltar al vacío: “Los discos duros de Bárcenas son una especie de leyenda mediática”, comentó sin inmutarse. En la fase de instrucción, el comisario García Castaño, que no está en el banquillo de los acusados por su estado de salud, declaró que fue Martínez quien le ordenó encontrar los discos duros. El tribunal ha tenido la oportunidad de escuchar ese testimonio en el juicio.

Otro momento involuntariamente ridículo ocurrió cuando negó saber si Sergio Ríos, el confidente al que se pagó para vigilar a Bárcenas mientras le hacía de chófer, había recibido trato de favor para ingresar en la Policía. “Es imposible amañar un procedimiento de selección en la Policía Nacional”, dijo. Eso fue precisamente lo que sucedió, porque con ello ciertos comisarios tenían controlado a Ríos para el futuro.

Solo se salió un poco del guion pactado cuando dijo que el ministro le pidió que confirmara algo que había sabido no se sabe de quién, y es que habían colocado a un confidente cerca de Bárcenas. Hizo la gestión sin decir con quién y se lo confirmó a Fernández Díaz.

El exministro ni siquiera se dignó a mencionar esa cuestión. Fernández Díaz solo sabía que Bárcenas existió y que fue tesorero del PP. Nada más.

El pacto de no agresión entre ambos fue tan evidente que es realmente difícil creer que pueda colar. Todo fue muy distinto a lo que contó Martínez en la instrucción, a los mensajes que dijo recibir de su jefe y que luego depositó ante notario y al tenso careo que tuvieron a finales de 2020 en el que cada uno se mantuvo en sus posiciones.

Ahora les salía más rentable sostener en el juicio que nunca se enteraron de nada y que la Kitchen fue una invención periodística. La Fiscalía pide quince años de prisión para ambos. Es un razonable incentivo para mentir ante un tribunal.

La atenta observación de cualquier declaración, siquiera un gesto, de Francisco Martínez ha cumplido seis años como actividad obligada para analizar el caso Kitchen. La responsabilidad de ello recae en el propio ex secretario de Estado de Seguridad que, viéndose acorralado por la investigación y abandonado por el Partido Popular, comenzó a tomar notas en su móvil y a depositar ante notario mensajes con su antiguo jefe. ¿Cumpliría la amenaza que deslizaban esas anotaciones? ¿Terminaría por descargar en sus superiores la responsabilidad de la operación de espionaje a Luis Bárcenas? Su declaración en el juicio que le enfrenta a 15 años de prisión se antojaba como un momento ideal para despejar las dudas.

Y ese momento llegó este jueves. Martínez no se apeó de la relectura crítica del momento de su vida en el que pareció proclamar: 'si caigo, no lo haré solo'. Su declaración, y la que le siguió –del exministro Jorge Fernández Díaz–, sirvió para escenificar un pacto de no agresión entre ambos que pone fin, por ahora, al brusco enfrentamiento que protagonizaron durante la instrucción del caso. Ambos hablaron del otro con respeto, incluso con admiración. Pero, sobre todo, apenas dijeron nada que pudiera incriminar a jefe o subordinado. 

El beneficiario evidente de este pacto es Fernández Díaz. El exministro se sienta en el banquillo por aquel Francisco Martínez que prometió morir matando. Los mensajes depositados ante notario por Martínez sitúan al que fuera ministro como conocedor del espionaje al tesorero desde casi el mismo momento que se puso en marcha.

Pero ese Francisco Martínez ya no existe. En el gran día de las declaraciones de ambos, el abogado de Martínez no preguntó a su cliente por los mensajes. El acusado solo traspasó una línea perjudicial para su antiguo jefe al explicar que el 13 de julio de 2013, con Bárcenas en prisión y a punto de confesar la caja B al juez Ruz, el ministro le preguntó si conocía la existencia de un colaborador en el entorno de Bárcenas. Él preguntó al director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, también acusado, y antes de contestar a Fernández Díaz este le suministró la identidad del chófer, Sergio Ríos Esgueva.

Martínez logró hablar de los hechos sin mencionar ni siquiera el mensaje que le envió Fernández Díaz al respecto, el primer rastro en el sumario de la operación Kitchen. El secretario de Estado extendió el conocimiento de la “operación de inteligencia” también al CNI. Para ello contó un episodio desconocido hasta ahora. Aseguró que dentro del contencioso entre el comisario Villarejo y los espías, él acordó una reunión con Félix Sanz Roldán para que un interlocutor del Centro se viera con Villarejo y este le informara de “los hechos que aquí se juzgan”. 

El matiz es importante porque Martínez, como otros acusados, admiten que hubo seguimientos a la familia Bárcenas, obligados como están ante las evidencias de partes y testimonios. Pero añaden que se trataba de un operativo legal, “de inteligencia”, para averiguar si Bárcenas escondía aún más millones de los 47 que habían aparecido y si mantenía testaferros ocultos. 

En la reunión, Villarejo también debía contar al CNI lo que sabía del gestor de la Gürtel en Ginebra, Arturo Fasana, “una persona sensible en cuanto a los patrimonios que ha gestionado”, según Martínez. Es público que Fasana manejó fondos del rey emérito ocultos a la Hacienda española. Resulta difícil tomar el comentario como una advertencia, por lo estéril de su efecto a estas alturas. 

Al término de su declaración, Martínez aludió a su tratamiento psiquiátrico para explicar un momento en el que estaba “roto” y por eso escribía mensajes contra sus jefes en el Gobierno. “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”, había escrito el 5 de junio de 2019 en un mensaje al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.

Así que la estrategia de defensa de Fernández Díaz consiste en desacreditar los mensajes que entregó a dos notarios Martínez. El ministro asegura que él no los envió y su abogado ha presentado a un perito que apunta a una posible manipulación. Además, los notarios a los que acudió Martínez han declarado que no comprobaron si el número desde que los recibió el exnúmero dos de Interior perteneciera en realidad a Jorge Fernández Díaz.

El exministro tenía derecho a mentir para defenderse, como acusado que es en Kitchen, y es conocida la complicada relación con la verdad que mantiene desde hace tiempo. En el juicio dio a entender que conoció a Villarejo durante la despedida por jubilación de Eugenio Pino, en 2016, cuando un audio publicado por El País le muestra hablando con Villarejo y Pino en 2012, cuatro años antes, para planificar la operación Cataluña. “Negaré bajo tortura que esta reunión se ha producido”, afirma en el audio. Su abogado tuvo la precaución de preguntarle si había tenido relación con Villarejo entre 2013 y 2015, después de esa grabación, y él describió una escena en que Villarejo se le presentaba en el citado acto de 2016. Ya en el pasado había negado conocerle, antes de que se publicara la grabación. En su momento, Jorge Fernández atribuyó a una supuesta inteligencia artificial de 2016 pasajes de otra grabación. Fue con el director de Antifrau grabado en su despacho, cuando decía “la Fiscalía te lo afina”.

Martínez y Fernández Díaz se enfrentan a 15 años de cárcel cada uno, según la petición de Anticorrupción. Si el tribunal no aprecia una operación ilegal en el espionaje a Bárcenas y su familia, ambos resultarán absueltos. Si la sentencia reconoce que el operativo incluyó varios delitos, Fernández Díaz se puede salvar, pero resulta casi imposible que lo haga Martínez. La absolución de Fernández Díaz dependerá en gran parte de los mensajes que hoy su subordinado no ha querido mencionar.

La sentencia y el Partido Popular

Una absolución para Fernández Díaz rebajaría la gravedad del caso para el Partido Popular, ya beneficiado de una instrucción abortada por el juez Manuel García Castellón, quien impidió seguir adelante con la investigación a María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy. Fernández Díaz está dado de baja formalmente del Partido Popular y según la tesis del juez que ha llegado a juicio constituiría la X de la guerra sucia del PP, pero sin la colaboración del PP, ni el conocimiento de su presidente.

Por su parte, Francisco Martínez solo ha militado en el PP los dos años que fue diputado de la formación, tras salir del Ministerio, tal y como ha recordado en el juicio. Él es un extraño en el partido, según traslada. Si el cambio de ciclo político llega, los recursos ante el Supremo serán resueltos durante el próximo Gobierno del PP, con capacidad de indulto.

Los indicios contra Martínez se acumulan en la causa. El tribunal ha escuchado las declaraciones en fase de instrucción del comisario García Castaño, que reconoció los delitos y aseguró que Martínez le había puesto a buscar los discos duros de Bárcenas con la supuesta grabación de Rajoy hablando de la caja B. Mensajes con otros acusados confirmarían su conocimiento del espionaje.

Los dos acusados evitaron contestar este jueves al fiscal Anticorrupción y el resto de las partes. El representante del Ministerio Público reaccionó solicitando que se reproduzcan en la vista las declaraciones de ambos en fase de instrucción. Podemos añadió a esa petición la de que se pueda asistir durante el juicio al tenso careo entre ambos que tuvo lugar en noviembre de 2020. El tribunal no ha decidido aún. 

El antiguo secretario de Estado explicó durante su declaración que Jorge Fernández Díaz le hizo secretario de Estado de Seguridad porque es el único que siempre confió en él. Al término de su declaración, Jorge Fernández Díaz fue a dar la mano uno por uno a todos los acusados. Al llegar a Francisco Martínez le dijo: “Al final, la verdad siempre prevalece”.

El principal acusado en el juicio del caso Kitchen, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, ha declarado este jueves que no supo nada de la operación hasta que comenzaron las publicaciones en los medios dos años después de arrancara. A él, ha dicho, no le preocupó la publicación de la contabilidad extracontable porque no salía en los papeles: “Yo no tuve ningún sobresueldo. Personalmente aquello no me podía interesar ni preocupar en absoluto”.

Aquí las cinco frases más relevantes de su declaración:

“Me entero de la Operación Kitchen cuando aparece en los medios”

Sobre si el PP estaba preocupado por los papeles de Bárcenas: “Nadie en el PP me lo transmitió”

Sobre si presionó para que Morocho cambiara sus informes: “Esa llamada no la he hecho”

“Bastantes problemas tenía uno en casa como para salir a la calle a buscar más”

Sobre los mensajes con Francisco Martínez: “No los reconozco”

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, ha declarado este jueves en el juicio de Kitchen que nunca supo de ese operativo hasta que comenzaron las publicaciones en los medios de comunicación dos años después de que arrancara. La afirmación contradice lo que acababa de declarar su número dos en la comparecencia que le precedió, cuando Francisco Martínez ha aludido a un intercambio con el ministro del Interior el 13 de julio de 2013 sobre la existencia de un confidente en el entorno de Bárcenas y que incluyó que el propio Fernández Díaz le llegara a compartir la identidad del chófer de los Bárcenas.

“Yo tuve conocimiento [de la Kitchen] cuando comenzaron a aparecer en los medios las informaciones”, ha dicho, ubicando este conocimiento a finales del año 2015. “Yo no había oído hablar de nadie, ni por arriba ni por abajo ni a la derecha ni a la izquierda, nadie me habló de esa operación Kitchen”, ha declarado el exministro del Interior. Tampoco sabía, ha dicho, que el chófer de la esposa de Bárcenas estaba siendo usado para espiar a la familia. “En absoluto”, ha zanjado ante el tribunal. 

A diferencia de Martínez, el exministro ha optado por negar cualquier conocimiento de un operativo. Martínez, ante las evidencias de la existencia del mismo y el conocimiento que él tenía de él, ha preferido reconocer que supo de una “operación de inteligencia” en la que no habrían cabido ilegalidades.

Fernández Díaz ha afirmado en su declaración como imputado en el juicio de la operación Kitchen que ni él ni el Partido Popular estaban preocupados por la publicación de la contabilidad extracontable del partido conocida como “los papeles de Bárcenas”. A él personalmente, ha dicho, no le preocupó porque no salía en los papeles: “Yo no estaba porque yo no tuve ningún sobresueldo. Personalmente aquello no me podía interesar ni preocupar en absoluto”. 

Fernández Díaz, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel en este juicio, procura desvincularse así del operativo policial irregular con el que la cúpula de Interior, supuestamente, intentó robar y destruir documentación comprometedora para el PP que obraba en poder de su extesorero, Luis Bárcenas.

Según su versión, esos papeles ni siquiera preocupaban al Partido Popular. “A mi desde luego no me transmitieron ninguna preocupación o interés, si la tenían desde luego a mi no me la transmitieron, nadie me transmitió a mi desde el PP ninguna inquietud, no digo que no la tuvieran, a mi no me la transmitieron”.

El abogado de Fernández Díaz ha sacado a colación los cuatro mensajes aportados ante notario por Francisco Martínez, el indicio que supuso la imputación y posterior procesamiento del ministro. El antiguo titular de Interior ha negado la autenticidad de esos mensajes, en el sentido de que él no es su autor. Contrasta con la actitud de Martínez, al que su abogado no ha preguntado por los mensajes durante su declaración, dentro del pacto de no agresión que practican ambos acusados desde que empezó el juicio.

Presiones a Morocho

Fernández Díaz ha negado que telefoneara al comisario José Luis Olivera mientras este se entrevistaba con Manuel Morocho, policía principal de los casos caja B y Gürtel. En esa reunión, Olivera tentaba a Morocho con un puesto en Lisboa, muy bien remunerado, que le apartaría de los casos de corrupción del PP. 

En un momento de la reunión, a Olivera le sonó el teléfono y el comisario dijo a Morocho que era el ministro que respaldaba en persona el ofrecimiento, según relató Morocho en el juicio. “Yo no he hecho esa llamada en la vida”, ha dicho Fernández Díaz.

El ministro Fernández Díaz ha asegurado que conoció personalmente a Villarejo en el homenaje a Eugenio Pino, el DAO que se sienta en el banquillo de los acusados, por su jubilación. El exministro se empeña en negar la grabación del encuentro con Villarejo en el que planean la operación Cataluña y Fernández Díaz dice: “Negaré bajo tortura esta reunión”. La grabación fue realizada en 2012.

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado este jueves que existiera la operación Kitchen ante el tribunal que juzga los hechos. Martínez ha afirmado que ese nombre responde a “una denominación de la prensa” y solo ha admitido conocer una investigación “de inteligencia” desarrollada la Policía para intentar descubrir el dinero que pudiera tener oculto Luis Bárcenas cuando entró en prision, quiénes podían ser sus testaferros y si había nuevos implicados. “Yo presumo que [los policias] actuaban dentro de sus funciones y dentro de la legalidad. No tenía ningún motivo para cuestionarlo”, ha afirmado.

Por otra parte, Martínez ha negado haber ordenado los delitos cometidos por el comisario Garcia Castaño y que este confesó en fase de instrucción. Conocido como 'El Gordo' en la Policía, García Castaño declaró que Martínez le había ordenado encontrar los discos duros que podría tener escondidos Bárcenas con información sobre la financiación ilegal del PP.

“Radicalmente, no”, ha dicho sobre esto Martínez. “Eso de los discos duros de Bárcenas es una espese de leyenda mediática que ha tenido mucho recorrido”, ha dicho. Más adelante, el ex número dos de Interior ha añadido que siempre ha pensado que la grabación de Bárcenas a Rajoy, supuestamente realizada en 2010 y en la que Rajoy aparecería hablando con naturalidad de la caja B del PP, nunca ha existido.

Martínez cumple el guión principal de las defensas ante las evidencias de los seguimientos a la familia Bárcenas y la captación como confidente del chófer de la familia. Esta línea de defensa pasa por admitir la operación pero atribuirla a un fin legal, contribuir a la investigación de los casos Gürtel y caja B. El investigador principal de esos casos, Manuel Morocho, que actuaba a las órdenes del juez Pablo Ruz, ha declarado durante el juicio que nunca fueron informados de esta supuesta “operación de inteligencia”.

Morocho además denunció años de acoso por sus superiores para entorpecer la investigación de la corrupción del PP. Esta mañana, Martínez ha dicho: “No lo ordené [el acoso] ni lo conocí, y permítame que exprese mis dudas de que eso fuese así. Lo que sí escuché es que había una relación a veces conflictiva del señor Morocho por parte de sus compañeros, no sé si es verdad o no, pero no ordené absolutamente nada respecto del señor Morocho”. 

El antiguo número dos del Ministerio del Interior ha negado que ordenara a García Castaño clonar los teléfonos de Bárcenas que habría entregado al policía el chófer. También ha negado que supiera algo del allanamiento de un local de Rosalía Iglesias por parte del 'Gordo' , que buscaba allí el pendrive con unas supuestas grabaciones que incriminarían a Rajoy con la caja B del PP.

En el capítulo de negaciones, Martínez se ha desvinculado igualmente de cualquier espionaje a Bárcenas en prisión o del ingreso del chófer a la Policía como pago por su colaboración. “No es posible amañar un proceso como ese”, ha dicho.

Francisco Martínez ha anunciado que solo contestará a las preguntas de su abogado y del tribunal, si las tuviera. Se ha negado, por tanto, a responder a la Fiscalía Anticorrupción, que pide 15 años de cárcel para él por malversación de fondos públicos y varios delitos de revelación de secretos, entre otros.

Respecto de la posible malversación, Martínez ha dicho que su única función con los fondos reservados era firmar partidas globales, y que su rúbrica debía ir acompañada por uno de los otros dos autorizados. En este sentido ha asegurado que los pagos a un colaborador de una operación concreta no es nunca del conocimiento del secretario de Estado de Seguridad aunque haya sido incluido en los documentos que firmaba. En la documentación aportada a la causa, los policías no incluyeron el término Kitchen o el nombre de Sergio Ríos.

Ni palabra de los mensajes que señalan al ministro

El secretario de Estado de Seguridad ha evidenciado el pacto de no agresión con el ministro Fernández Díaz, con el que mantuvo un fuerte enfrentamiento durante la instrucción. El abogado de Francisco Martínez no ha formulado una sola pregunta sobre los cuatro mensajes que señalan a Jorge Fernandez Díaz en el caso Kitchen y que motivaron que el ministro se siente en el banquillo de los acusados con una petición de 15 años de cárcel de Anticorrupción. 

La sintonía entre ambos acusados se había apreciado durante la sesiones anteriores. Entre ellos y también entre los abogados de ambos. Uno de esos mensajes es el primer rastro de Kitchen en la causa. Fue enviado el 13 de julio de 2013 y en él, Fernández informaba a Martínez del nombre del colaborador de la brigada política, el chófer de la familia. 

Martínez sí ha aludido a este hecho, pero ni siquiera ha mencionado que la comunicación del ministro fuera por mensaje o que este fuera uno de los que él aportó a dos notarios cuando intuía que iba a ser imputado. Simplemente ha dicho que el ministro le preguntó si sabía de algún infiltrado en entorno de la familia Bárcenas y que antes de que le contestara, Fernández Díaz le facilitó a él el nombre del chófer.

El perito informatico Javier Rubio Alamillo ha declarado este jueves en el juicio de Kitchen que los mensajes de teléfono móvil que incriminan al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díez presentan “algún tipo de manipulación”. El perito elaboró un informe a propuesta de la defensa de Fernández Díaz sobre los mensajes que fueron aportados a dos notarios por Francisco Martínez y en los que se evidenciaría el conocimiento de la operación parapolicial por parte del entonces ministro.

Rubio Alamillo ha cuestinado que el notario Alberto Vela Navarro atribuyera a la aplicación de SMS mensajes distintos pese a que, entre ellos, “la morfología es distinta”. El perito ha asegurado que unos aparecen entre bocadillos y otros cuandos se asegura que se trataría de mensajes enviados desde la misma aplicación y de que el terminal desde el que se aportan es distinto. El perito ha señalado que el notario no pulsó la clave para que el móvil revelara el IMEI –el núero de identificación del terminal– y hacerlo constar.

“El notario no dice que los mensajes procedan del teléfono del señor Fernández Díaz. Dice que esos mensajes están en el telefono del señor Fernández Díaz y dice que en ese teléfono está el contacto del señor Fernández Díaz, pero no establece una causa efecto”, ha explicado Rubio Alamillo. El perito se refería a que los notarios, tal y como reconocieron ellos en sus declaraciones en el juicio, no constataron que detrás del contacto Fernández Díaz que aparecía en el teléfono de Francisco Martínez estuviera el verdadero teléfono del ex ministro y no de otra persona.

Javier Rubio Alamillo ha asegurado que el notario elimió los mensajes que eran objeto de su requerimiento. “Es importante porque, en. el caso de que haya una conversación, aunque no sabemos quién es el remitente, estaría descontextualizado. Hay muchos clients que me dicen que quieren hacer un informe pericial. les digo que la conversación de whatsapp tiene que ir completa, si no, está manipulada!, ha añadido.

Uno de los cuatro mensajes que incriminan a Fernández Díaz es también la primera constancia en el tiempo de la operación Kitchen. Fue enviado el 13 de julio de 2013 y en él, el ministro habría escrito: “Chofer. B:. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”. El número dos del ministro, Francisco Martínez, asegura que fue así como él tuvo conocimiento de la operación sobre la familia Bárcenas.

“Desde mi punto de vista técnico, con todas las cuestiones de distinta morfologia, el tema de la llamada [una de whatsapp que no consta]... bajo mi punto de vista hay unos elevados indicios de que hay algo que no cuadra, de que hay algún tipo de manipulación”, ha insistido el perito de la defensa, Javier Rubio Alamillo.

Las acusaciones han intentado poner en duda el carácter concluyente del trabajo del perito. Por ejemplo, introduciendo la posibilidad de que la “morfología” presentada de los mensajes respondieran a que fueran de una captura cortada. O preguntándole si él tuvo acceso al teléfono de Fernández Díaz. El perito ha reconocido que no porque su cliente le dijo que el terminal que utilizaba en 2013 había sido “reseteado”, sin que haya podido dar más explicaciones a qué se refería Fernández Díaz.

Los notarios Alberto Vela Navarro y Enrique Augusto Franch admitieron en sus declaraciones que se habían limitado a hacer constar que los mensajes que les mostró Francisco Martínez estaban en su teléfono y procedían de alguien que él identificaba como Jorge Fernández Díaz, sin que estuviera entre sus competencias acreditar que el ex ministro era realmente quien los envió.

El ministro pide declarar después de su número dos

El abogado de Jorge Fernández Díaz ha solicitado este jueves al tribunal de Kitchen que cuando llegue el turno de las declaraciones de los acusados su defendido deponga después del que fue su número dos, Francisco Martínez. Alega el letrado Jesús Mandri que Fernández Díaz está en el banquillo exclusivamente por las acusaciones de Martínez y los mensajes que atribuye al ministro y que depositó ante notario. 

El letrado ha puesto como ejemplo el juicio contra José Luis Ábalos en el que Aldama declaró antes que el exministro. La defensa de Martínez no se ha opuesto pero ha corregido que su cliente no es “un confeso” como Aldama. La Fiscalía ha defendido que si Fernández Díaz quiere matizar algo tiene el turno de última palabra. El tribunal se pronunciará más adelante. El juicio se retomar el lunes con la reproducción de la prueba documental.

El catálogo de personajes del juicio Kitchen guarda un lugar destacado a Silverio Nieto, el sacerdote amigo de Jorge Fernández Díaz que hizo de correa de transmisión de las advertencias que se lanzaron algunos de los principales acusados antes de empezar a desfilar por el juzgado como imputados. Nieto, que fue marino, jueza, policía y luego cura, ha decidido restarse importancia y atribuir su conocimiento y participación de los hechos a su labor de pastoreo de almas, algunas tan zozobrantes en aquellos días como la del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

En realidad, Nieto ejercía una influencia sobre Fernández Díaz que antiguos miembros de ese departamento envidiaban. El pastor de almas, además, no es ajeno a los ambientes policiales. No solo porque fuera policía en el tardofranquismo y la transición. Como él mismo ha reconocido en su declaración como testigo, es amigo de uno los protagonistas de ese ecosistema, el comisario Enrique García Castaño, El Gordo.

El comisario García Castaño es incapaz de defenderse por las secuelas de un grave accidente cardiovascular y ha quedado fuera del banquillo. Pero antes de eso, confesó en el Congreso su participación en muchos de los episodios clave de la historia de la democracia, a un lado y otro de la ley. Cuando el Gordo fue preso un temblor sacudió la Policía. Los agentes de Asuntos Internos lo encontraron ese día en compañía del padre Silverio.

En enero de 2020, el antiguo número dos del Ministerio anticipaba su imputación. El comisario García Castaño había confesado actuaciones ilegales en Kitchen y había dicho en el juzgado que fueron órdenes del director adjunto operativo, Eugenio Pino, y del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Este sabe a quién tiene que dirigirse para lanzar un mensaje al Gordo. Escribe al cura Silverio y le advierte de que las actas sobre los mensajes del ministro que guarda en su poder provocarán su imputación y probablemente la de Rajoy. Nieto reenvía el mensaje a García Castaño y al propio ministro.

Lo hizo, según ha dicho este martes, porque los autores y receptores del mensaje “lo estaban pasando muy mal humanamente”. “Y yo me preocupaba”, ha añadido. “La vinculación [entre los protagonistas] estaba en todos los medios, la posible imputación de Francisco Martínez... y me pareció que podía ser interesante que él supiera lo que iba a hacer [Martínez]. Si no se lo mandé al señor Rajoy es porque no tenía el teléfono”, ha dicho el padre Silverio.

En el tono más desafiante al fiscal de cuantos se han producido hasta ahora, Nieto ha advertido: “Esto era importante para ustedes. Para mí no lo era”. Durante su testimonio se intuía que el fiscal César de Rivas no quedaba convencido. “Es un mensaje más aunque usted pueda pensar otra cosa”, ha soltado el cura. Menos aún convencidos quedaron sus compañeros Miguel Serrano e Ignacio Stampa cuando tomaron declaración a Nieto en fase de instrucción a finales de 2020.

Silverio Nieto tampoco convenció a los portavoces de la comisión de investigación del Congreso. El de Ciudadanos en aquel momento, Edmundo Val, le espetó que si él hubiera recibido ese mensaje, en lugar de reenviárselo a sus amigos García Castaño y Fernández Díaz, se hubiera plantado “en cinco minutos” ante un juez por los indicios de delito que alberga.

Nieto tuvo influencia en el Ministerio del Interior desde el mismo momento en que fue nombrado al frente Jorge Fernández Díaz. El primer secretario de Estado que tuvo, Ignacio Ulloa, fue designado por la influencia del cura Nieto, según fuentes conocedoras de aquel nombramiento. Se da la circunstancia de que el padre Nieto conocía al que fue su sucesor, Francisco Martínez, desde los tiempos de este en la elitista universidad de Comillas.

Amigo del Gordo

El cura ha contado en la Audiencia Nacional que conoció a Fernández Díaz por el interés del político en conocer a los líderes de otras religiones asentadas en España cuyos líderes mundiales visitaban el país. El sacerdote integraba la comisión asesora de las Minorías Religiosa: protestantes, judíos, budistas, musulmanes... Un ámbito de trabajo habitual para los servicios de Información en España. Y ahí, el número uno era el Gordo, al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, encargada, entre otros cometidos, de la captación de fuentes en terreno antiterrorista.

Durante su testimonio en el juicio, Silverio Nieto ha negado estar al tanto de cuestiones policiales. “Vuelvo a decirle que en el año 83 dejé la Policía”, ha contestado, quejoso, a uno de los abogados. El 4 de octubre de 2017, ya relevados de sus cargos Fernández Díaz y Martínez, el pastor de almas escribe a este último: “No es fácil hacerlo tan mal… se añora al Equipo anterior y sería imprescindible recuperar a EGCastaño. Es el único que tiene los contactos con los servicios inteligencias (sic) extranjeros y conoce internamente los Mossos”, escribe. Han pasado tres días del referéndum del 1 de octubre. El pastor de almas tiene un plan para combatir policialmente el soberanismo.

La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar esta semana el caso Kitchen, uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

En 2014 irrumpió en el panorama político Podemos y esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

En este contexto, salvar a “los suyos” no supondría un obstáculo. Algunos de esos mandos policiales por convicción ideológica, otros por arribismo, los más por ambos motivos, se prestaron a sabotear la investigación judicial de la caja B del PP, que amenazaba la pervivencia de Mariano Rajoy en el Gobierno. Y con el engranaje de la guerra sucia en marcha, los policías se dedicaron a hacer lo contrario de lo que la Ley y su función pública les tenía reservado: en lugar de perseguir el delito se dedicaron a borrar las pruebas.

Los indicios recogidos en el caso Villarejo apuntan a que en el banquillo de la Kitchen faltan piezas fundamentales en el engranaje de esa guerra sucia. La principal ausencia es la de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Tampoco comparece el comisario Enrique García Castaño, 'El Gordo', quien sufrió un ictus que le incapacita para ser juzgado.

José Manuel Villarejo no aparece en la foto pese a que la mayor petición de condena de la Fiscalía, 19 años, es para él. En activo, el comisario jubilado hizo de la toga de abogado otra de sus herramientas para extorsionar. Ahora hace uso de la prerrogativa de sentarse en estrados junto a su abogado y no con el resto de acusados.

Jorge Fernández Díaz

Francisco Martínez

Eugenio Pino

José Manuel Villarejo

Enrique García Castaño, 'El Gordo'

José Luis Olivera

José Ángel Fuentes Gago

Andrés Gómez Gordo

Marcelino Martín-Blas

Bonifacio Díez Sevillano

Sergio Ríos Esgueva

Antiguo miembro de la seguridad del PP en la sede de Génova y conductor de Francisco Granados, ni siquiera era policía cuando arrancó la Operación Cataluña. Su participación se ciñe a colaborar con la brigada política robando información de los Bárcenas e informando de los movimientos de la familia cuando el tesorero entró en la cárcel. Cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía. Hoy está suspendido de funciones. 

El tribunal del caso Kitchen ha rechazado ordenar el ingreso en prisión de dos de los acusados, Francisco Martínez (exsecretario de Estado de Seguridad) y Andrés Gómez Gordo (el policía de cabecera de Cospedal), como había solicitado la acusación popular del PSOE. Los magistrados de la Sección Cuarta alegan que los dos acusados “han concurrido en cada una de las ocasiones al llamamiento judicial” que se les ha cursado desde que son investigados, hace más de seis años.

Los socialistas argumentaron una semana antes del arranque del juicio que en Martínez y Gómez Gordo concurren cuatro circunstancias que elevarían el riesgo de fuga: la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para ellos, el juicio de Kitchen era inminente, los problemas de ambos con la justicia se han agrandado con otras causas desde que se dictó hace tres años el auto de apertura de juicio oral y existe la sospecha de que tienen fuentes de financiación ocultas. El tribunal responde que “no consta que hayan efectuado movimiento alguno dirigido a ocultarse o sustraerse al devenir del procedimiento”.

La acusación popular del PSOE solicitaba igualmente tener acceso a la pieza de responsabilidad civil -destinada a satisfacer el pago de multas por condena e indemnizaciones- y el tribunal asegura que debía haberse dirigido al Juzgado de Instrucción que investigó el caso Kitchen, donde hubiera tenido posibilidad de comprobar los datos que deseara.

Francisco Martínez, número dos de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy, está acusado de coordinar el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, por lo que debe responder en el juicio de Kitchen, entre otros, de los delitos de malversación de dinero público, revelación de secretos y organización criminal.

Por su parte, Andrés Gómez Gordo está acusado en el caso Kitchen de reclutar al chófer de la familia para intentar recuperar información comprometedora para el Partido Popular. Gómez Gordo también habría realizado pagos con fondos reservados al conductor, Sergio Ríos Esgueva. Gómez Gordo era asesor de María Dolores de Cospedal cuando arrancó la operación y dejó su puesto para reingresar en la Policía y monitorizar al chófer.

El tribunal de Kitchen resolvió este martes que la causa seguirá su curso sin retrotraerla a un punto donde María Dolores de Cospedal pudiera ser investigada. La magistrada Teresa Palacios explicó que la decisión sobre la imputación de Cospedal correspondería al juzgado de la Audiencia Nacional que instruyó el caso. Y como recordó, el juez Antonio Piña ha desestimado hace poco la pretensión que el PSOE reprodujo en la primera sesión del juicio. 

Hasta el 23 de abril, que comparecerá en el juicio como testigo, Cospedal seguirá flotando en la atmósfera de Kitchen. Hasta ahora, las corrientes del caso han arrastrado a la expolítica desde la situación de imputada (apenas dos meses), a la de una ciudadana que ejerció su “derecho de reunión” con el comisario Villarejo (García Castellón dixit). Y de ahí, a testigo, dentro de la lista de comparecientes que el mismo juez validó en su auto de apertura de juicio oral, hace más de dos años. Mientras tanto, allí abajo, en el procedimiento judicial, Jorge Fernández Díaz sigue sentado encima de la X de Kitchen, justo donde las acusaciones llevan años queriendo que aterrice la antigua secretaria general del PP. 

Para que eso termine ocurriendo, algo inesperado debe ocurrir en los próximos tres meses de juicio Kitchen. La investigación ha sido una lenta escalada en responsabilidades sobre quién ordenó montar un dispositivo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas con policías y dinero público. 

La participación de los comisarios fue conocida de inmediato. Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano introdujeron en su solicitud de registro a Villarejo en 2017 que se les permitiera requisar toda la documentación relacionada con la existencia de una organización criminal, sin tener que ceñirse a lo que hubiera sobre el proyecto King, el encargo que centraba las pesquisas. Aquel pequeño gesto, nada inocente, desató una tormenta sin precedentes. Se lo llevaron todo: cuarenta años de ilegalidades, incluida la “Operación Kitchen”. 

En esa carpeta figuraba la propia implicación de Villarejo en el asunto del chófer de los Bárcenas. Y también la de Enrique García Castaño, 'El Gordo'. Este decidió que ese marrón no se lo iba a comer. A principios de 2019, confesó a los fiscales que el encargo del espionaje a Bárcenas partió del director operativo de la Policía y del secretario de Estado de Seguridad. Y el secretario de Estado de Seguridad, cuando se vio acorralado, afloró los mensajes que implicaban al ministro del Interior. Y cuando las grabaciones de Villarejo, las anotaciones en su agenda y los mensajes de Francisco Martínez atraían a Cospedal hacia la X del caso, el juez García Castellón congeló la imagen: dio el caso por investigado y propuso mandarlo a juicio. 

Después se conocerían más audios de Cospedal con Villarejo. El último de ellos lo reveló elDiario.es hace cuatro meses. En él, la secretaria general del PP se queja al comisario, en 2013, de que tiene acceso a los informes policiales sobre la caja B del PP solo un día antes que el juez. No tuvo consecuencias. El juez Piña, sustituto de García Castellón, no vio motivo para cambiar su situación. Y Cospedal siguió flotando en la atmósfera de Kitchen. 

De aquí a finales de junio se conocerá si alguien decide 'aterrizar' a Cospedal. Un acusado, quizá un testigo... Francisco Martínez amagó en las reflexiones que escribió en su móvil y en los mensajes que mandaba, pero luego se retractó. No hay noticias de que planee dinamitar el juicio.

Hubo una vez que un juicio albergó un terremoto. Paco Camps había escapado del caso de la financiación irregular del PP valenciano. Hasta que en la vista oral, en 2018, Ricardo Costa se plantó ante el tribunal y reconoció la entrada de dinero negro en el partido. Costa señaló a Camps como “máximo responsable” de aquella operativa. El juez De la Mata, que aún instruía el caso Gürtel, imputó al expresidente de la Generalitat una pieza que aún seguía abierta. Con el tiempo, Camps también se libraría de esa acusación. 

Un instante de 2021 concreta la indefinición de Cospedal en este caso. Ocurrió el 2 de junio de 2021. Ella entra en escena por la izquierda del espectador caminando por un pasillo del Congreso de los Diputados. Dobla una esquina y se topa con el vacío. Nadie la espera pese a que estaba convocada para declarar en la comisión de investigación del caso Kitchen. No sale de su asombro.

Esa mañana había trascendido su imputación, una decisión que García Castellón había tomado el día anterior, ocho meses después de que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidiera. Nadie había llamado a Cospedal para avisarla de que su comparecencia quedaba suspendida. Y ella se quedó allí, flotando en la indefinición de un compareciente sin comisión.

Cospedal: ¿No hay reunión ni hay nadie aquí?

Periodista: Ha sido aplazada la comi… (sic).

Cospedal: ¿Cómo que ha sido aplazada?

Periodista: Nosotros nos hemos enterado por los grupos…

Cospedal: Pues me parece muy bien que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y no me he enterado.

La Audiencia Nacional acogerá desde este lunes el juicio por el caso Kitchen, la pieza número 7 de la macrocausa Villarejo y la única que responde a un encargo exclusivamente político al policía: encontrar y poner lejos del alcance de la justicia las pruebas que pudiera guardar Luis Bárcenas de la financiación irregular del Partido Popular. Esta es una guía para no perderse durante la extensa vista.

El banquillo

Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. El abrupto cierre de la instrucción dictado en julio de 2021 por el juez Manuel García Castellón estableció que él era la X de la maniobra parapolicial con cargo a los fondos reservados. La Fiscalía le acusa de los delitos de encubrimiento, malversación y dos de revelación de secretos o contra la intimidad. Solicita para él 15 años de cárcel.

Francisco Martínez. Secretario de Estado de Seguridad durante la operación Kitchen. Está considerado el coordinador del operativo parapolicial. La acusación de Anticorrupción es idéntica a la de Fernández Díaz en delitos y penas solicitadas. Letrado de las Cortes por oposición, ahora ejerce de abogado.

Eugenio Pino. Director adjunto operativo de la Policía. Artífice de la brigada política, Pino era el siguiente en la jerarquía del Ministerio del Interior. Cuatro delitos y quince años de prisión en la petición fiscal. Jubilado.

José Manuel Villarejo. Comisario jubilado de la Policía Nacional. Hizo entregas de fondos reservados al topo infiltrado en la familia Bárcenas. Responde de encubrimiento, malversación, dos delitos contra la intimidad y cohecho pasivo. La Fiscalía pide 19 años de cárcel para él.

Andrés Gómez Gordo. Comisario suspendido de la Policía Nacional. Policía de confianza de María Dolores de Cospedal, regresó a la Policía para dirigir la captación y trato con el chófer de los Bárcenas, el topo infiltrado. Responde por los cuatro delitos centrales. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Se dedica a formar policías en una academia.

Marcelino Martín-Blas. Comisario jubilado. Fue jefe de Asuntos Internos, la unidad utilizada durante el Gobierno de Rajoy para el trabajo sobre el terreno de la brigada política. La Fiscalía le pide dos años y seis meses de cárcel por encubrimiento.

Sergio Ríos Esgueva. Policía suspendido. El chófer de la familia Bárcenas cobró más 53.000 euros de los fondos reservados en dos años por facilitar documentación y espiar para la brigada política del PP. También se le recompensó ingresando en la Policía a los 42 años. La Fiscalía pide para él 12 años y cinco meses de cárcel.

José Luis Olivera. Comisario jubilado. La Fiscalía no presenta acusación contra él, pero las acusaciones particulares y populares solicitan condenas superiores a los 17 años. Está acusado de presionar e intentar sobornar al comisario que investigaba la caja B del PP, Manuel Morocho.

José Ángel Fuentes Gago. Comisario suspendido. La Fiscalía tampoco actúa contra él, pero el resto de acusaciones piden penas superiores a 13 años. Mano derecha del DAO Pino, su rastro está en todas las actuaciones de la brigada política del PP. En la actualidad se dedica a la preparación de opositores al Cuerpo.

Bonifacio Díez Sevillano. Comisario jubilado. Al igual que Fuentes Gago y Olivera no tendrá que responder a una petición de cárcel de la Fiscalía, aunque sí de las acusaciones populares y particulares. También participó en la Operación Cataluña y la guerra sucia a Podemos.

Enrique García Castaño. Comisario jubilado. No será juzgado. Uno de los protagonistas de la operación Kitchen que reveló la implicación de los mandos políticos del Ministerio del Interior. 'El Gordo', como se le conoce en la Policía, sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas y todas las acusaciones en la macrocausa Villarejo contra él han decaído por esta razón. Su testimonio en fase de instrucción será incorporado a la vista.

Los delitos

Encubrimiento. Condensa el objetivo de la operación Kitchen. Castiga a quienes obstruyan la acción de la Justicia. El operativo estaba destinado a sabotear la instrucción del caso contra el PP que se seguía en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide 3 años por este delito.

Malversación de fondos públicos. Alude en este caso al desvío de los fondos reservados del Ministerio del Interior para sufragar el operativo Kitchen. A los 57.943,43 euros pagados al chófer habría que sumar una cifra incalculable, relacionada con los seguimientos que realizaron a la familia Bárcena un total de 70 policías, sin contar el trabajo de los nueve que se sentarán en el banquillo. La petición es de cuatro años de cárcel.

Revelación de secretos. La actuación de la brigada política consistió en obtener datos y documentos de terceros. Se considera víctima de los mismos a Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, su mujer. Por ello, los acusados responden de dos delitos de revelación de secretos o contra la intimidad. Cuatro años por cada uno de ellos. Ocho años, en total.

Cohecho. Solo Villarejo está acusado de este delito por haberse quedado con dinero de los fondos reservados, más de 3.000 euros justificados como dietas de la operación parapolicial. Implica una petición de cuatro años de cárcel.

Otros. Las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos, y las particulares, con Bárcenas, su mujer y su hijo Guillermo, añaden a los delitos que atribuye la Fiscalía a los acusados otros como organización criminal, encubrimiento, obstrucción a la justicia o amenazas. En el caso de los Bárcenas responden, algunos de ellos, al asalto del falso cura a su domicilio. Las peticiones de condena se elevan, de tal forma que Fernández Díaz, por ejemplo, pasa de una solicitud de 15 años en el caso de la Fiscalía a más de 40.

La vista

La sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares acogerá el juicio del caso Kitchen. Es la sede que el tribunal utiliza para las causas con un número importante de acusados y, por consiguiente, de abogados.

Comienza el 6 de abril y está previsto que se prolongue hasta el 30 de junio en un total de 35 sesiones. Se celebrarán de lunes a jueves aunque algunas semanas el juicio solo alcanzará hasta el miércoles. Se interrumpirá el 28 de mayo y se retomará el 29 y 30 de junio. Algunas jornadas se prevén maratonianas por la larga lista de testigos convocados. Vista pública, el juicio de Kitchen se podrá seguir por el canal de Youtube de la Audiencia Nacional.

Los testigos

Uno de los grandes atractivos del juicio serán los testigos convocados por las partes. Encabeza esa lista el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que como ya ocurrió durante su mandato comparecerá por un caso vinculado al Partido Popular. Nunca estuvo imputado en Kitchen pese a los indicios en la causa que apuntaban, al menos, a su conocimiento de la operación.

Quien sí estuvo imputada fue María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entonces y quien deberá comparecer como testigo. García Castellón archivó la causa contra ella en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Declarará por primera vez sobre los hechos Soraya Sáenz de Santamaría, entonces responsable política del CNI como vicepresidenta primera del Gobierno.

La defensa de Sergio Ríos Esgueva ha pedido la declaración del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ya ha solicitado al tribunal que le permita hacerlo por escrito.

La ruta del dinero público desaparece en un ángulo muerto del Estado. Es allí donde se confinan los fondos reservados, el dinero de los contribuyentes que escapa a cualquier fiscalización por el interés superior de la seguridad. El caso Kitchen permitió descubrir que en el año 2013, un total de 57.943,43 euros de esas partidas no estuvieron destinadas a combatir el terrorismo o el crimen organizado. Se utilizaron para sufragar una operación parapolicial contra la acción de la Justicia, concretamente para sabotear la investigación de la financiación irregular del partido en el Gobierno, el Partido Popular.

A partir de este lunes se sientan en el banquillo de los acusados dos políticos y ocho policías —a un noveno es imposible juzgarle por motivos de salud—. Uno de los delitos que se les atribuye es la malversación de fondos públicos, el dinero de los gastos reservados.

A esa cantidad habría que sumar otra cifra incalculable: lo que costó que 70 policías nacionales (8 inspectores jefes, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías) del Área Especial de Seguimientos se dedicaran durante cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, función que tenían asignada.

La investigación de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, auxiliados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, abrió en Kitchen una rendija desde la que observar otra falla del sistema. Los fiscales Anticorrupción solicitaron la desclasificación de la orden que regula los fondos reservados desde 1995, tomaron declaración a los gestores de ese dinero público y concluyeron que había “disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados”. En la operación Kitchen ese descontrol “habría permitido la utilización ilícita de los fondos reservados, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.

La normativa que rige en la actualidad fue aprobada en 1995 con la intención de que no se volviera a repetir el desvío de fondos reservados para algo tan grave como el terrorismo de Estado de los GAL. Aquella novedosa legislación lleva posibilitando durante más de 40 años lo que pretendía erradicar: el manejo de los fondos reservados de manera discrecional por mandos policiales, sin apenas control ni justificación. Se hizo una Ley que siguió facilitando la trampa.

En 2021 ya habían aflorado las irregularidades en Kitchen y pasado tres años desde la caída del Gobierno que albergó esas prácticas. A la comisión del Congreso acudió a declarar el entonces responsable de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez, director en ese momento del Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad. El alto cargo socialista, número tres en la práctica del departamento que dirige Grande-Marlaska, admitió que la normativa sobre los fondos reservados no había cambiado y que tampoco estaba previsto que eso ocurriera en el futuro. 

El sumario de la Operación Kitchen desveló que solo la Policía disfrutaba mensualmente de 250.000 euros y que estos son repartidos al arbitrio de una sola persona, el director adjunto operativo. Durante los hechos investigados esa persona era Eugenio Pino, el comisario al que el Partido Popular entregó el mando operativo de la Policía. Considerado el artífice de la brigada política que actuó entre 2012 y 2016, Pino se sienta desde este lunes en el banquillo de Kitchen para enfrentarse a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El hombre de los maletines

La Fiscalía Anticorrupción fijó su interés en una figura que atesoraba más secretos de los que la denominación del cargo o su nula relevancia pública podían anticipar. Es Miguel Ángel Bayo, funcionario facultativo, no policía, que entonces llevaba 32 años destinado en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. Las respuestas de Bayo a 46 minutos de preguntas del fiscal Ignacio Stampa desvelaron en abril de 2019 cómo se pudo financiar, bajo una apariencia de legalidad, el espionaje al ex tesorero del PP. 

Miguel Ángel Bayo Herranz quiso rebajar su trabajo con los fondos reservados como el de mero “cajero pagador”. Pero dos meses antes, elDiario.es había desvelado la propuesta secreta que el DAO Pino había hecho para que a Miguel Ángel Bayo se le concediera una medalla pensionada. Bayo era, según ensalzaba el DAO, el “encargado de la gestión y control de todo lo relativo a los fondos o gastos reservados del Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional, teniendo la información que maneja en este ámbito carácter secreto, de acuerdo a la normativa de secretos oficiales”.

Según esa normativa, Bayo se dirigía a la Secretaría de Estado de Seguridad con una carpeta que incluía los gastos del mes anterior, recogía la cantidad estipulada por el director operativo y se la llevaba en un maletín. Después atendía a las distintas unidades facultadas para solicitar fondos reservados, que acudían a él con una autorización verbal de Pino y firmaban un recibo. 

Ante el juez y los fiscales, el facultativo habló de “una cosa mecánica, de buena fe”. “Pero no estamos hablando de un banco, ni de una empresa mercantil. Estamos hablando de la Policía”, le interrumpió el fiscal Stampa. 

El facultativo Bayo describió en su declaración cómo se aplica en la actualidad la orden firmada el 12 de septiembre de 1995 por el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Esta orden desarrollaba la Ley de Fondos Reservados aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados siete meses antes. Fue el modo en el que el poder legislativo reaccionó a las revelaciones sobre los asesinatos de los GAL, una operación gestada y sufragada desde el Ministerio del Interior entre 1983 y 1989.

Miguel Ángel Bayo Herranz, el hombre de los maletines, al que sus superiores concedieron dos pistolas del Cuerpo, declarará como testigo en el juicio. Se jubiló poco después de declarar en la instrucción del caso Kitchen.

Pérez de los Cobos: solo “control contable”

Otro testimonio relevante durante el juicio será el del interlocutor de Bayo en la Secretaría de Estado de Seguridad de la época, Diego Pérez de los Cobos. El coronel retirado de la Guardia Civil dijo en su declaración que la normativa le atribuía un papel de “control contable” de los fondos reservados. Su trabajo consistía, según explicó, en confirmar que la suma de los gastos en operaciones se correspondía “hasta el último céntimo” con el total justificado a través de la firma de los directores adjuntos operativos y los responsables de las comisarías generales de Policía y jefaturas de Guardia Civil. Cualquier otra comprobación adicional estaba supeditada a que no hubiera concordancia en las cifras, algo que no ocurrió durante los siete años que estuvo en el cargo. El “control efectivo” de para qué se utilizan los gastos reservados está acotado “a los responsables de las unidades”, añadió el coronel ante el juez.  

Los fiscales Stampa y Serrano habían conseguido que el Consejo de Ministros accediera a desclasificar la instrucción de los fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal y que desde este órgano del Ministerio se libraban los fondos antes de comprobar la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

La versión de Pérez de los Cobos fue que “en la Secretaría de Estado se conocían los datos que el DAO de cada Cuerpo acreditaba con su firma, que se estaba gastando ese dinero de fondos reservados en esas operaciones que ellos habían denominado de la forma que quisieran”. Y hasta ahí el control que establece la normativa vigente.

Junto a la firma del jefe del Gabinete de Estudios y Coordinación debe ir la del secretario de Estado de Seguridad, entonces Francisco Martínez. Como el ministro Jorge Fernández y los policías Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo, Martínez se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por la Fiscalía, que le atribuye la responsabilidad sobre ese dinero.

Pérez de los Cobos aludió repetidamente a la “orden comunicada” sobre el uso de fondos reservados de 1995. Esa “orden comunicada” establece que en el justificante que entrega cada Cuerpo en Interior aparezca un apartado para operaciones y, dentro de este, el dinero destinado a colaboradores de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, en Interior no ha aparecido ninguna ficha sobre la Operación Kitchen u otra que se pueda identificar con el espionaje al tesorero del PP. Por otra parte, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del Gobierno actual entregó al juez del caso 121 apuntes sobre pagos al chófer y gastos relacionados con su colaboración que encontró en sus archivos. Para su remisión a la Audiencia Nacional, el instructor tuvo que solicitar previamente al Consejo de Ministros que retirara a esos documentos la clasificación de secretos. 

Fuentes conocedoras de la operativa con los gastos clasificados aseguran que en las partidas no siempre se incluye el nombre de la operación o el detalle del reparto del dinero en distintas funciones que se deben escribir en las casillas de los anexos de la citada instrucción de Belloch, unos criterios ya bastante laxos de por sí.

El Gordo: “No se sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía”

El comisario Enrique García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), una de las estructuras que más fondos reservados manejaba. No se sentará en el banquillo porque es el acusado aquejado de las graves secuelas de un accidente cardiovascular. En su declaración como investigado ante el juez Manuel García-Castellón, en el mismo sumario de la operación Kitchen, García Castaño aseguró: “Hay mucho dinero de los fondos reservados que no se sabe para quién es. ¡Hasta códigos se ponen! (…) ¿Cómo voy a poner que estoy pagando a un jefe de inteligencia?”.

El juez García-Castellón solicitó al Ministerio del Interior toda la documentación que pudiera guardarse de una operación denominada Kitchen o similares. Nada similar se encontró. En el domicilio de Villarejo habían aparecido “Gastos colaborador Sergio JRE, en referencia al chófer de los Bárcenas reclutado como confidente (53.000 euros en total durante dos años)”.

Los gastos para el conductor salieron de los fondos reservados de Interior destinados a la Dirección Adjunta Operativa. Andrés Gómez Gordo, el policía que dejó de ser asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para controlar al chófer, reconoció al juez que los 2.000 euros limpios al mes durante dos años o los 700 de la pistola que le entregaron salió del dinero bajo secreto de la DAO. Contra Gómez Gordo pesa también la acusación más grave de Anticorrupción, por la que la Fiscalía le pide 15 años de cárcel. 

Otro de los acusados en el caso Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, en apariencia una suerte de jefe de gabinete de Pino, también recogió en mano el dinero. Fuentes Gago lo hizo para un viaje al extranjero dentro de otra operación, según declaró el ex secretario general de la DAO Felipe Lacasa al juez. Fuentes Gago encabezó la delegación que viajó a Nueva York en 2016 para intentar recabar un testimonio contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez. En la grabación de aquel encuentro se oye a Fuentes Gago decir que acude “con un mandato” de Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno. 

Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que en el reparto de fondos reservados para la Policía el peso de la DAO creció entre 2012 y 2016 exponencialmente frente a otras unidades que tendrían más justificado el pago a confidentes, como la antiterrorista o la policía judicial, encargada esta última del narcotráfico o la corrupción.

“La Comisaría General de Policía Judicial recibe 70.000 euros al mes. Cómo va a saber el secretario de Estado si es para una operación en el Pozo del Tío Raimundo (un barrio de Madrid) o una operación en Canarias. Eso al secretario de Estado le da igual”, declaró García Castaño, ex jefe de una de las unidades que más fondos reservados manejaba, la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). “El secretario de Estado no sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía [Iglesias, la mujer de Bárcenas] (…) Es lo normal, es que funciona así”, añadió. La Fiscalía sospecha que García Castaño se quedó con parte de los fondos reservados, que recibía al margen de cualquier justificación por su unidad.

La Fiscalía de Anticorrupción ha aportado de cara al juicio de la 'Operación Kitchen' una serie de correos electrónicos que mandó el comisario jubilado José Manuel Villarejo al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez —ambos acusados— en el que el primero le reprocha haberle dejado “tirado”: “Me convenciste para que me quedara porque decías necesitarme, pero luego me abandonaste a mi suerte”.

Así se desprende del escrito que ha remitido el fiscal César de Rivas a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde comenzará el juicio el próximo 6 de abril por el presunto espionaje orquestado en 2013 por la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Los correos datan del 13 de noviembre de 2016, solo cinco días antes del cese de Martínez como Secretario de Estado y en ellos le reprochó haber pasado “por una campaña orquestada” por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “De ser un fiel y leal servidor del Estado a un apestado, un hombre de las cloacas ... en referencia a que sois vosotros las cloacas ... y lo habéis aceptado ... porque pensabais ... pensabas, que no iban contra ti”, le dijo Villarejo a Martínez.

Una “campaña de descrédito” que el comisario jubilado atribuye al director del CNI en ese momento, Félix Sanz Roldán, y reprochó a Martínez que su “debilidad le ha dado alas a sus maniobras”: “Has visto que al final, después de haberme abandonado a mi suerte, han ido a por el Ministro, ahora ex, a por ti”.

Así, Villarejo manifestó que “su nivel de paciencia ha llegado al límite, y puede que sea un viaje sin retorno”, al tiempo que le recriminó que haya “permitido que saquen una ley absurda” para impedirle “obtener la condición de Honorario”, así como que le “nieguen” su “placa insignia” de la Policía.

“Quiero mi respuesta de la fecha real de mi jubilación ... me cansé de esperar. Quiero mi placa insignia ... la que llevé en mi vida profesional...a la que tengo derecho según la misma ley que me ha quitado la condición de Honorario”, remachó.

Al final de este correo, Villarejo pidió al ex secretario de Estado “solo lo que en Derecho, en mayúsculas” considera que le “corresponde”, y que dejase de ponerse “de perfil”, aunque concluyó el mensaje poniéndose a sus órdenes: “Aprovecho la ocasión para ofrecerme para lo que necesites ... como siempre”.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cárcel de 15 años y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por los presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

También pide 15 años para Martínez, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y para Andrés Manuel Gómez Gordo, quien fuera jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, también por los mismos delitos. Por otro lado, interesa una condena de 19 años de prisión para Villarejo.

La acusación popular del PSOE en el caso Kitchen ha solicitado al tribunal que acuerde el ingreso en prisión preventiva de dos de los principales acusados, el secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez y el comisario Andrés Gómez Gordo. En ambos concurren cuatro circunstancias que, según los socialistas, elevan el riesgo de fuga: la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para ellos, el juicio de Kitchen es inminente –arranca el próximo lunes–, los problemas de ambos con la justicia se han agrandado con otras causas desde que se dictó hace tres años el auto de apertura de juicio oral y existe la sospecha de que tienen fuentes de financiación ocultas.

En el escrito del PSOE, al que ha tenido acceso elDiario.es, la acusación popular destaca la detención de Martínez en junio del pasado año acusado de integrar una organización criminal que lideraría un joven hacker que penetró en las bases de datos de la Administración central. A eso habría que sumar su imputación en la causa que sigue el juzgado de Santiago Pedraz por las maniobras policiales contra Podemos. Además, argumenta el PSOE, Francisco Martínez está casado con una ciudadana mexicana y realiza continuos viajes a ese país, por lo que se eleva el riesgo de fuga.

Francisco Martínez, número dos de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy, está acusado de coordinar el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, por lo que debe responder en el juicio de Kitchen, entre otros, de los delitos de malversación de dinero público, revelación de secretos y organización criminal.

Francisco Martínez, dice el PSOE, ejerce como letrado de las Cortes, si bien en estos momentos se encuentra en excedencia y trabaja de abogado. Los socialistas argumentan que una condena le haría perder su condición de funcionario. La pérdida de esa fuente de ingresos, añade, “incrementa de forma significativa el incentivo para sustraerse a la acción de la justicia, en la medida en que supone la pérdida definitiva de su medio de vida y de su principal vínculo profesional con el territorio nacional”.

Por su parte, Andrés Gómez Gordo está acusado en el caso Kitchen de reclutar al chófer de la familia para intentar recuperar información comprometedora para el Partido Popular. Gómez Gordo también habría realizagos pagos de los fondos reservados al conductor, Sergio Ríos Esgueva. Gómez Gordo era asesor de María Dolores de Cospedal cuando arrancó la operación y dejó su puesto para reingrear en la Policía y monitorizar al chófer.

Andrés Gómez Gordo, recuerda el escrito del PSOE, ha sido condenado en el caso Ciudad de la Justicia como cooperador de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con malversación agravada a 3 años y 6 meses de cárcel, estando a la espera de sentencia firme. La responsabilidad civil impuesta en la condena, a pagar entre todos los detenidos, es de más de 40 millones de euros. Esto, añade el PSOE, “consolida un horizonte penal concreto y especialmente gravoso” para Gómez Gordo.

“Resulta difícil explicar cómo el procesado puede hacer frente al coste de su defensa letrada en varias causas penales de especial complejidad, ejercida por un despacho de reconocido prestigio y elevada minuta profesional, con los ingresos propio de su condicion de funcionario público, ya más aún en el caso de que se encontrara, como cabría presumir, en situación de suspensión de empleo y sueldo”, recoge el escrito. Y añade: “Esta circunstancia permite inferir, al menos indiciariamente, la posible existencia de fuentes de ingresos adicionales no esclarecidas”. El PSOE se refiere a que Gómez Gordo está representado por el despacho de José Antonio Choclán, abogado de, entre otros, Julio Iglesias. Los socialistas se quejan de que el tribunal no haya ordenado un “análisis patrimonial” de los investigados para esclarecer esta situacion.

En el banquillo de Kitchen se sentarán once acusados. La solicitud de penas más altas por parte de Anticorrupción son para los dos citados, Gómez Gordo y Martínez, y para otros dos procesados, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el antiguo director operativo de la Policía Eugenio Pino, artífice de la brigada política. Pino fue condenado a un año de cárcel por revelación de secretos en el caso del pendrive de los Pujol.

El riesgo de fuga ya fue apreciado por el Tribunal Supremo como motivo para dictar la prisión provisional contra José Luis Ábalos y Koldo García en el caso mascarillas. Ambos ingresaron en prisión el pasado 28 de noviembre con el argumento de Anticorrupción de que el juicio se celebraría en pocos meses y eso, sumado a las altas penas de prisión solicitadas contra ellos, elevaba el riesgo de que se sustrajeran a la acción de la justicia, pese a no haberlo hecho hasta ese momento y desde que arrancó la investigación contra ellos.

elDiario.es radiografía uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática en España: el conocido como 'Caso Kitchen', que será juzgado por la Audiencia Nacional a partir del próximo lunes 6 de abril. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy organizó y ejecutó entre 2013 y 2015 una operación pagada con fondos públicos reservados para destruir pruebas de la caja b del PP que investigaba el juez Pablo Ruz.

Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

elDiario.es ofrece imágenes inéditas de los protagonistas de la Operación Kitchen durante su declaración ante jueces instructores y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional; así como documentos y audios que acreditan muchos de los hechos por los que la cúpula política y policial del Ministerio del Interior puede terminar en la cárcel.

---------------

Juicio final de la operación Kitchen es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje es de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía y grabación ha estado Salvador Fenoll, con la asistencia de Adrián Torrano. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

Por segunda vez en democracia, un ministro del Interior se sienta en el banquillo para enfrentarse a una elevada petición de cárcel. Veintiocho años después de que el Tribunal Supremo juzgara al socialista José Barrionuevo por un secuestro de los GAL, el político del Partido Popular Jorge Fernández Díaz, titular de la cartera entre 2012 y 2016, se enfrenta a 15 años de prisión por haber dirigido una operación extrajudicial, bautizada como Kitchen, consistente en sabotear la acción de la justicia en el caso de la financiación del PP con dinero negro. 

El espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su familia pagado con fondos reservados se juzgará a partir del 6 de abril en la Audiencia Nacional. Será el primer gran juicio por la transformación del Ministerio del Interior, y de la Policía en particular, en una herramienta para atacar a los adversarios políticos del PP, o para proteger al partido cuando Mariano Rajoy presidía el Gobierno. Las otras dos grandes maniobras de ese periodo llevan años chocando con la voluntad de jueces y fiscales para abrir causas que esclarezcan lo ocurrido. Son la Operación Cataluña y la guerra sucia contra Podemos, dirigidas y ejecutadas por los mismos acusados que en Kitchen. 

Quince años transcurrieron entre el secuestro de Segundo Marey por los GAL hasta que Barrionuevo y su secretario de Estado, Rafael Vera, se sentaron en el banquillo. Y 13 años han tenido que pasar para que Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, respondan ante un tribunal. Como entonces, la instrucción del caso deja una gran sombra de sospecha: ¿están entre los acusados sus máximos responsables? 

En esta ocasión, el juez Manuel García Castellón concluyó sus pesquisas de forma sorpresiva el último día antes de las vacaciones de agosto de 2021, pese a que quedaban diligencias por practicar, entre ellas sobre la posible participación de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno. En su mesa se acumulaban también los indicios presentados contra María Dolores de Cospedal por la Unidad de Asuntos Internos, la Fiscalía Anticorrupción y el trabajo de investigación de los medios de comunicación. García Castellón los despreció en una sucesión de polémicas decisiones sobre la secretaria general del PP. Después, la instancia superior, la Sala de lo Penal, terminaría por darle la razón. 

Así que ahora llega a juicio la tesis del juez de que Fernández Díaz, miembro del círculo de amigos de Mariano Rajoy en aquel Consejo de Ministros, ideó en solitario una operación para eliminar las pruebas contra el PP que pudiera guardar el tesorero al entrar en prisión. Y que esa operación la desconoció el presidente del Gobierno, uno de los afectados por los sobresueldos de dinero negro cuyo rastro pretendían eliminar los mandos policiales que actuaron al margen de la ley. 

Las grabaciones de Villarejo hablando con Cospedal del asunto y las anotaciones del comisario –a las que la Fiscalía y Asuntos Internos otorgan veracidad– sobre los pagos que recibió el policía corrupto por orden de la jefa del partido, tampoco serán objeto del juicio. Para García Castellón, los encuentros entre Cospedal y el comisario Villarejo estaban amparados por el “derecho de reunión” y no reunían carácter de delito.

La primera prueba de la relación de Cospedal con el comisario se remonta a 2009. Villarejo acudió a la planta noble de Génova y se entrevistó con la secretaria general del PP, entonces en la oposición, y el marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro. Pese a que el comisario es un policía en activo, destinado ya en el corazón de la seguridad del Estado, la número dos del PP y su esposo acuerdan encargarle “trabajos puntuales”. Acababa de estallar el caso Gürtel y el Partido Popular buscaba cómo anular esa causa de corrupción.

La instrucción de Kitchen acumula grabaciones en las que los protagonistas de la operación aluden al conocimiento que de ella tiene la secretaria general del PP, incluso su ascendente sobre el resto de participantes. Un año y medio después de que García Castellón decretara súbitamente el fin de la instrucción, El País y Fuentes Informadas publicaron un audio en el que Cospedal decía a Villarejo por teléfono que “lo de la libretita sería mejor poderlo parar”. La conversación se produjo en pleno estallido del caso de la caja B del PP, el que a la postre terminaría con el Gobierno de Rajoy vía moción de censura, y la alusión a la “libretita” es por los “papeles de Bárcenas”, las anotaciones de más de 20 años de ingresos en dinero negro y pagos de sobresueldos en el partido, incluidos los que iban a alguien a quien Bárcenas se refería como “M. Rajoy”.

Entre el material incautado al comisario Villarejo figuran las agendas del comisario, una suerte de bitácora en la que el policía anotaba su día a día, desde cuestiones personales a citas profesionales. Los investigadores les dan credibilidad porque han podido cotejar sus afirmaciones con hechos que ocurrieron. Esas anotaciones acrecientan los indicios contra la secretaria general del PP hasta incluir unos pagos que habría hecho a Villarejo a través de su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, quien también estuvo imputado en la causa y luego quedó exonerado por García Castellón, al igual que López del Hierro. 

Villarejo escribió: “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. La supuesta entrega se produjo solo tres días después de que llegara a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria con la información de las cuentas en Suiza del extesorero popular Luis Bárcenas y cuando, según los investigadores, ya se trataba de sabotear la instrucción del caso Gürtel.

En el banquillo de los acusados se sentará también el policía que encarna el nexo de Cospedal con el operativo ilegal. Se llama Andrés Gómez Gordo, comisario de la Policía y condecorado con una medalla pensionada por haber captado al chófer de los Bárcenas como topo de la brigada política. Gómez Gordo había dejado temporalmente la Policía y en 2013 tenía un puesto sin atribuciones en la Presidencia de Castilla-La Mancha desde el que ejercía de “hombre para todo” de Cospedal. Lo abandonó cuando fue requerido para captar y manipular a un antiguo conocido con el que había coincidido en la Comunidad de Madrid, Sergio Ríos Esgueva, el conductor de Bárcenas. Ante el juez negó que informara de nada a su antigua jefa o al marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro, con el que le unía una relación personal y profesional de décadas.

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de 2020 analiza las grabaciones de Villarejo y concluye que Kitchen fue una operación “coordinada” por el secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, “con conocimiento del Asturiano y del Largo”. “El Asturiano” es identificado por los investigadores como el entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy Brey, al que también se refieren como “El Barbas”, mientras que “El Largo” es el abogado Javier Iglesias, al que Villarejo y otros implicados señalan reiteradamente como nexo con el jefe del Ejecutivo.

Villarejo se decidiría a hablar de Rajoy más tarde, en el verano de 2021. Ofreció al juez el número de teléfono al que se dirigía presuntamente para informar al presidente del Gobierno sin intermediarios de los avances de la operación. Solo dio tiempo a confirmar que ese número estaba titularizado por el Partido Popular, pero antes de hacer más indagaciones, García Castellón propuso juzgar a los once acusados que se sentarán en el banquillo, exculpando a Cospedal. Rajoy y Cospedal declararán como testigos en el juicio de la Audiencia Nacional.

El fin de ETA y el nacimiento de la brigada política

Para entender la operación Kitchen hay que remontarse al Ministerio del Interior que alumbra la victoria del PP en las elecciones en noviembre de 2011, un mes después de que ETA anuncie el final definitivo y sin condiciones a 40 años de violencia. Mariano Rajoy elige a su amigo Jorge Fernández Díaz para una cartera que, en principio, iba a tener como principales retos contener el malestar social que podía prender en la calle por la crisis económica y gestionar la retirada de la banda terrorista. El trabajo del anterior Ejecutivo socialista, con Alfredo Pérez Rubalcaba como gran protagonista, y de la Justicia y los Servicios de Información evitaron que la dubitativa gestión de Fernández Díaz arruinara un final madurado en ETA e impulsado por la izquierda abertzale. 

Pero en aquellos meses se había empezado a gestar otra amenaza para el Estado que irrumpía sin violencia, el proceso soberanista en Cataluña. Pese al carácter pacífico del movimiento, viejos resortes antiterroristas se activaron. Con ETA desvanecida y los mecanismos contra el terrorismo yihadista ya engrasados, un grupo de mandos policiales encontraron un nuevo adversario que les aseguraba continuidad en varios frentes: el separatismo catalán prendía en ellos una alta motivación ideológica, les garantizaba seguir manejando fondos reservados y, como había ocurrido con ETA, haría que se les toleraran los excesos en aras del bien superior, la unidad de España.

elDiario.es desveló la existencia del grupo antiseparatista en noviembre de 2014. Sin embargo, los policías siguieron operando al menos dos años más entre la indiferencia de la mayoría de los medios de comunicación de Madrid y la impunidad que les garantizaba el Gobierno del PP.

Esos comisarios policiales encontraban sintonía con un Gobierno conservador que había elegido a los más duros para el Ministerio del Interior. A Fernández Díaz se unía como director de la Policía, Ignacio Cosidó. Pero hubo otro nombramiento, de menor relevancia mediática, que resultó clave para todas las irregularidades que vinieron después. El comisario Eugenio Pino, quien fuera jefe de los antidisturbios con Aznar, se convertiría en director operativo de la Policía con Rajoy. Los inspectores de los que se rodearía Pino se sentarán junto a él en el banquillo de Kitchen a partir del lunes, 6 de abril. 

Este grupo de mandos policiales, la brigada política del Partido Popular, trabajaba ya en la confección de dosieres sobre líderes del procés para filtrar a la prensa afín al PP cuando el Gobierno se enfrentó a su primera gran crisis. En enero de 2013, el diario El País publicó los ‘papeles de Bárcenas’, la contabilidad a mano que el tesorero había llevado sobre la caja del PP durante al menos dos décadas. Con dinero negro de los empresarios se pagaban campañas y se repartían sobresueldos en el partido. 

Entre los policías de la Kitchen había algunos que habían recibido al Gobierno del PP desde una posición inmejorable. El comisario José Manuel Villarejo ya estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa con el anterior Gobierno, que le había ascendido a comisario y le mantenía en funciones de liberado. 

Por su parte, Enrique García Castaño, conocido como El Gordo’, había cruzado la línea que separa la ley del delito para gobiernos de distinto signo político desde que ingresara en la Policía en la transición y fuera destinado a la lucha antiterrorista. Él mismo lo relataría después en una comparecencia para la historia en el Congreso de los Diputados. García Castaño no será juzgado porque durante la instrucción sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas.

También estaba allí José Luis Olivera, jefe de la unidad anticorrupción de la Policía que había impulsado el caso Gürtel contra el PP y que, según confesó después Villarejo en una grabación, le ayudó de forma vital para que el caso no alcanzara a los máximos dirigentes del partido. Olivera está de actualidad por ser el principal artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán.

Los tres estaban acostumbrados a compartir sus secretos y a ofrecer sus habilidades al político que estrenaba despacho en el Ministerio del Interior. Ante ellos quedó deslumbrado en 2012, Francisco Martínez, 37 años, número uno de su promoción como Letrado de las Cortes, que veía abrirse ante él un mundo nuevo de acción, muy diferente al del rigor constitucionalista que le había constreñido los estudios y la carrera profesional hasta entonces. 

Francisco Martínez entró en política de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría, a la que conoció como su letrado asignado en la Cámara Baja. Fue recomendado para jefe de gabinete de Fernández Díaz en Interior antes de que estallara la guerra entre la vicepresidenta y el ministro del Interior. Un año después fue ascendido a secretario de Estado de Seguridad, la pieza clave del departamento. Su antecesor había decidido dejar el cargo después de conocer que tenía un asesor desde hacía meses que él no había nombrado. 

Para Francisco Martínez, al igual que para el comisario Pino, el director operativo, la Fiscalía Anticorrupción también pide 15 años de cárcel por haber dirigido supuestamente el operativo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas. Una operación que arrancó en el mes de julio de 2013 y que ha abierto una rendija por la que observar el mundo oculto de las cloacas policiales y la guerra sucia en democracia.

La investigación del caso Kitchen dio un vuelco cuando, a principios de 2019, el comisario García Castaño confesó en la Audiencia Nacional que Martínez le había pedido que recuperara los discos duros de Bárcenas, los mismos que nunca llegaron a aparecer. El caso saltaba a su vertiente política. No era solo una operación policial. Martínez llevó entonces a un notario cuatro mensajes que evidenciaban el conocimiento de la operación que tenía su inmediato superior, el ministro del Interior. El primero de esos mensajes tiene fecha de 13 de julio de 2013, dos días antes de que Bárcenas tire de la manta ante el juez Ruz, cuando ya ha trascendido que ha pedido declarar voluntariamente tras dos semanas en la cárcel por el caso Gürtel. 

Fernández Díaz niega que él sea la persona con la que Martínez se intercambia esos mensajes. El exministro del Interior también niega ser el autor de la frase “la Fiscalía te lo afina”, que un micrófono colocado por el Gordo en su despacho con autorización del ministro, captó en una conversación del ministro sobre la Operación Cataluña. Jorge Fernández ha llegado a decir que la grabación, publicada en 2016, podía haber sido manipulada con inteligencia artificial. El exministro también aparece en una grabación de Villarejo hablando de la operación Cataluña. “Negaré bajo tortura que esta reunión ha existido”, se le escucha decir en el audio.