La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar esta semana el caso Kitchen, uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

En 2014 irrumpió en el panorama político Podemos y esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

En este contexto, salvar a “los suyos” no supondría un obstáculo. Algunos de esos mandos policiales por convicción ideológica, otros por arribismo, los más por ambos motivos, se prestaron a sabotear la investigación judicial de la caja B del PP, que amenazaba la pervivencia de Mariano Rajoy en el Gobierno. Y con el engranaje de la guerra sucia en marcha, los policías se dedicaron a hacer lo contrario de lo que la Ley y su función pública les tenía reservado: en lugar de perseguir el delito se dedicaron a borrar las pruebas.

Los indicios recogidos en el caso Villarejo apuntan a que en el banquillo de la Kitchen faltan piezas fundamentales en el engranaje de esa guerra sucia. La principal ausencia es la de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Tampoco comparece el comisario Enrique García Castaño, 'El Gordo', quien sufrió un ictus que le incapacita para ser juzgado.

José Manuel Villarejo no aparece en la foto pese a que la mayor petición de condena de la Fiscalía, 19 años, es para él. En activo, el comisario jubilado hizo de la toga de abogado otra de sus herramientas para extorsionar. Ahora hace uso de la prerrogativa de sentarse en estrados junto a su abogado y no con el resto de acusados.

Jorge Fernández Díaz

Francisco Martínez

Eugenio Pino

José Manuel Villarejo

Enrique García Castaño, 'El Gordo'

José Luis Olivera

José Ángel Fuentes Gago

Andrés Gómez Gordo

Marcelino Martín-Blas

Bonifacio Díez Sevillano

Sergio Ríos Esgueva

Antiguo miembro de la seguridad del PP en la sede de Génova y conductor de Francisco Granados, ni siquiera era policía cuando arrancó la Operación Cataluña. Su participación se ciñe a colaborar con la brigada política robando información de los Bárcenas e informando de los movimientos de la familia cuando el tesorero entró en la cárcel. Cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía. Hoy está suspendido de funciones. 

El tribunal del caso Kitchen ha rechazado ordenar el ingreso en prisión de dos de los acusados, Francisco Martínez (exsecretario de Estado de Seguridad) y Andrés Gómez Gordo (el policía de cabecera de Cospedal), como había solicitado la acusación popular del PSOE. Los magistrados de la Sección Cuarta alegan que los dos acusados “han concurrido en cada una de las ocasiones al llamamiento judicial” que se les ha cursado desde que son investigados, hace más de seis años.

Los socialistas argumentaron una semana antes del arranque del juicio que en Martínez y Gómez Gordo concurren cuatro circunstancias que elevarían el riesgo de fuga: la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para ellos, el juicio de Kitchen era inminente, los problemas de ambos con la justicia se han agrandado con otras causas desde que se dictó hace tres años el auto de apertura de juicio oral y existe la sospecha de que tienen fuentes de financiación ocultas. El tribunal responde que “no consta que hayan efectuado movimiento alguno dirigido a ocultarse o sustraerse al devenir del procedimiento”.

La acusación popular del PSOE solicitaba igualmente tener acceso a la pieza de responsabilidad civil -destinada a satisfacer el pago de multas por condena e indemnizaciones- y el tribunal asegura que debía haberse dirigido al Juzgado de Instrucción que investigó el caso Kitchen, donde hubiera tenido posibilidad de comprobar los datos que deseara.

Francisco Martínez, número dos de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy, está acusado de coordinar el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, por lo que debe responder en el juicio de Kitchen, entre otros, de los delitos de malversación de dinero público, revelación de secretos y organización criminal.

Por su parte, Andrés Gómez Gordo está acusado en el caso Kitchen de reclutar al chófer de la familia para intentar recuperar información comprometedora para el Partido Popular. Gómez Gordo también habría realizado pagos con fondos reservados al conductor, Sergio Ríos Esgueva. Gómez Gordo era asesor de María Dolores de Cospedal cuando arrancó la operación y dejó su puesto para reingresar en la Policía y monitorizar al chófer.

El tribunal de Kitchen resolvió este martes que la causa seguirá su curso sin retrotraerla a un punto donde María Dolores de Cospedal pudiera ser investigada. La magistrada Teresa Palacios explicó que la decisión sobre la imputación de Cospedal correspondería al juzgado de la Audiencia Nacional que instruyó el caso. Y como recordó, el juez Antonio Piña ha desestimado hace poco la pretensión que el PSOE reprodujo en la primera sesión del juicio. 

Hasta el 23 de abril, que comparecerá en el juicio como testigo, Cospedal seguirá flotando en la atmósfera de Kitchen. Hasta ahora, las corrientes del caso han arrastrado a la expolítica desde la situación de imputada (apenas dos meses), a la de una ciudadana que ejerció su “derecho de reunión” con el comisario Villarejo (García Castellón dixit). Y de ahí, a testigo, dentro de la lista de comparecientes que el mismo juez validó en su auto de apertura de juicio oral, hace más de dos años. Mientras tanto, allí abajo, en el procedimiento judicial, Jorge Fernández Díaz sigue sentado encima de la X de Kitchen, justo donde las acusaciones llevan años queriendo que aterrice la antigua secretaria general del PP. 

Para que eso termine ocurriendo, algo inesperado debe ocurrir en los próximos tres meses de juicio Kitchen. La investigación ha sido una lenta escalada en responsabilidades sobre quién ordenó montar un dispositivo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas con policías y dinero público. 

La participación de los comisarios fue conocida de inmediato. Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano introdujeron en su solicitud de registro a Villarejo en 2017 que se les permitiera requisar toda la documentación relacionada con la existencia de una organización criminal, sin tener que ceñirse a lo que hubiera sobre el proyecto King, el encargo que centraba las pesquisas. Aquel pequeño gesto, nada inocente, desató una tormenta sin precedentes. Se lo llevaron todo: cuarenta años de ilegalidades, incluida la “Operación Kitchen”. 

En esa carpeta figuraba la propia implicación de Villarejo en el asunto del chófer de los Bárcenas. Y también la de Enrique García Castaño, 'El Gordo'. Este decidió que ese marrón no se lo iba a comer. A principios de 2019, confesó a los fiscales que el encargo del espionaje a Bárcenas partió del director operativo de la Policía y del secretario de Estado de Seguridad. Y el secretario de Estado de Seguridad, cuando se vio acorralado, afloró los mensajes que implicaban al ministro del Interior. Y cuando las grabaciones de Villarejo, las anotaciones en su agenda y los mensajes de Francisco Martínez atraían a Cospedal hacia la X del caso, el juez García Castellón congeló la imagen: dio el caso por investigado y propuso mandarlo a juicio. 

Después se conocerían más audios de Cospedal con Villarejo. El último de ellos lo reveló elDiario.es hace cuatro meses. En él, la secretaria general del PP se queja al comisario, en 2013, de que tiene acceso a los informes policiales sobre la caja B del PP solo un día antes que el juez. No tuvo consecuencias. El juez Piña, sustituto de García Castellón, no vio motivo para cambiar su situación. Y Cospedal siguió flotando en la atmósfera de Kitchen. 

De aquí a finales de junio se conocerá si alguien decide 'aterrizar' a Cospedal. Un acusado, quizá un testigo... Francisco Martínez amagó en las reflexiones que escribió en su móvil y en los mensajes que mandaba, pero luego se retractó. No hay noticias de que planee dinamitar el juicio.

Hubo una vez que un juicio albergó un terremoto. Paco Camps había escapado del caso de la financiación irregular del PP valenciano. Hasta que en la vista oral, en 2018, Ricardo Costa se plantó ante el tribunal y reconoció la entrada de dinero negro en el partido. Costa señaló a Camps como “máximo responsable” de aquella operativa. El juez De la Mata, que aún instruía el caso Gürtel, imputó al expresidente de la Generalitat una pieza que aún seguía abierta. Con el tiempo, Camps también se libraría de esa acusación. 

Un instante de 2021 concreta la indefinición de Cospedal en este caso. Ocurrió el 2 de junio de 2021. Ella entra en escena por la izquierda del espectador caminando por un pasillo del Congreso de los Diputados. Dobla una esquina y se topa con el vacío. Nadie la espera pese a que estaba convocada para declarar en la comisión de investigación del caso Kitchen. No sale de su asombro.

Esa mañana había trascendido su imputación, una decisión que García Castellón había tomado el día anterior, ocho meses después de que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidiera. Nadie había llamado a Cospedal para avisarla de que su comparecencia quedaba suspendida. Y ella se quedó allí, flotando en la indefinición de un compareciente sin comisión.

Cospedal: ¿No hay reunión ni hay nadie aquí?

Periodista: Ha sido aplazada la comi… (sic).

Cospedal: ¿Cómo que ha sido aplazada?

Periodista: Nosotros nos hemos enterado por los grupos…

Cospedal: Pues me parece muy bien que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y no me he enterado.

La Audiencia Nacional acogerá desde este lunes el juicio por el caso Kitchen, la pieza número 7 de la macrocausa Villarejo y la única que responde a un encargo exclusivamente político al policía: encontrar y poner lejos del alcance de la justicia las pruebas que pudiera guardar Luis Bárcenas de la financiación irregular del Partido Popular. Esta es una guía para no perderse durante la extensa vista.

El banquillo

Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. El abrupto cierre de la instrucción dictado en julio de 2021 por el juez Manuel García Castellón estableció que él era la X de la maniobra parapolicial con cargo a los fondos reservados. La Fiscalía le acusa de los delitos de encubrimiento, malversación y dos de revelación de secretos o contra la intimidad. Solicita para él 15 años de cárcel.

Francisco Martínez. Secretario de Estado de Seguridad durante la operación Kitchen. Está considerado el coordinador del operativo parapolicial. La acusación de Anticorrupción es idéntica a la de Fernández Díaz en delitos y penas solicitadas. Letrado de las Cortes por oposición, ahora ejerce de abogado.

Eugenio Pino. Director adjunto operativo de la Policía. Artífice de la brigada política, Pino era el siguiente en la jerarquía del Ministerio del Interior. Cuatro delitos y quince años de prisión en la petición fiscal. Jubilado.

José Manuel Villarejo. Comisario jubilado de la Policía Nacional. Hizo entregas de fondos reservados al topo infiltrado en la familia Bárcenas. Responde de encubrimiento, malversación, dos delitos contra la intimidad y cohecho pasivo. La Fiscalía pide 19 años de cárcel para él.

Andrés Gómez Gordo. Comisario suspendido de la Policía Nacional. Policía de confianza de María Dolores de Cospedal, regresó a la Policía para dirigir la captación y trato con el chófer de los Bárcenas, el topo infiltrado. Responde por los cuatro delitos centrales. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Se dedica a formar policías en una academia.

Marcelino Martín-Blas. Comisario jubilado. Fue jefe de Asuntos Internos, la unidad utilizada durante el Gobierno de Rajoy para el trabajo sobre el terreno de la brigada política. La Fiscalía le pide dos años y seis meses de cárcel por encubrimiento.

Sergio Ríos Esgueva. Policía suspendido. El chófer de la familia Bárcenas cobró más 53.000 euros de los fondos reservados en dos años por facilitar documentación y espiar para la brigada política del PP. También se le recompensó ingresando en la Policía a los 42 años. La Fiscalía pide para él 12 años y cinco meses de cárcel.

José Luis Olivera. Comisario jubilado. La Fiscalía no presenta acusación contra él, pero las acusaciones particulares y populares solicitan condenas superiores a los 17 años. Está acusado de presionar e intentar sobornar al comisario que investigaba la caja B del PP, Manuel Morocho.

José Ángel Fuentes Gago. Comisario suspendido. La Fiscalía tampoco actúa contra él, pero el resto de acusaciones piden penas superiores a 13 años. Mano derecha del DAO Pino, su rastro está en todas las actuaciones de la brigada política del PP. En la actualidad se dedica a la preparación de opositores al Cuerpo.

Bonifacio Díez Sevillano. Comisario jubilado. Al igual que Fuentes Gago y Olivera no tendrá que responder a una petición de cárcel de la Fiscalía, aunque sí de las acusaciones populares y particulares. También participó en la Operación Cataluña y la guerra sucia a Podemos.

Enrique García Castaño. Comisario jubilado. No será juzgado. Uno de los protagonistas de la operación Kitchen que reveló la implicación de los mandos políticos del Ministerio del Interior. 'El Gordo', como se le conoce en la Policía, sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas y todas las acusaciones en la macrocausa Villarejo contra él han decaído por esta razón. Su testimonio en fase de instrucción será incorporado a la vista.

Los delitos

Encubrimiento. Condensa el objetivo de la operación Kitchen. Castiga a quienes obstruyan la acción de la Justicia. El operativo estaba destinado a sabotear la instrucción del caso contra el PP que se seguía en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide 3 años por este delito.

Malversación de fondos públicos. Alude en este caso al desvío de los fondos reservados del Ministerio del Interior para sufragar el operativo Kitchen. A los 57.943,43 euros pagados al chófer habría que sumar una cifra incalculable, relacionada con los seguimientos que realizaron a la familia Bárcena un total de 70 policías, sin contar el trabajo de los nueve que se sentarán en el banquillo. La petición es de cuatro años de cárcel.

Revelación de secretos. La actuación de la brigada política consistió en obtener datos y documentos de terceros. Se considera víctima de los mismos a Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, su mujer. Por ello, los acusados responden de dos delitos de revelación de secretos o contra la intimidad. Cuatro años por cada uno de ellos. Ocho años, en total.

Cohecho. Solo Villarejo está acusado de este delito por haberse quedado con dinero de los fondos reservados, más de 3.000 euros justificados como dietas de la operación parapolicial. Implica una petición de cuatro años de cárcel.

Otros. Las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Podemos, y las particulares, con Bárcenas, su mujer y su hijo Guillermo, añaden a los delitos que atribuye la Fiscalía a los acusados otros como organización criminal, encubrimiento, obstrucción a la justicia o amenazas. En el caso de los Bárcenas responden, algunos de ellos, al asalto del falso cura a su domicilio. Las peticiones de condena se elevan, de tal forma que Fernández Díaz, por ejemplo, pasa de una solicitud de 15 años en el caso de la Fiscalía a más de 40.

La vista

La sede de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares acogerá el juicio del caso Kitchen. Es la sede que el tribunal utiliza para las causas con un número importante de acusados y, por consiguiente, de abogados.

Comienza el 6 de abril y está previsto que se prolongue hasta el 30 de junio en un total de 35 sesiones. Se celebrarán de lunes a jueves aunque algunas semanas el juicio solo alcanzará hasta el miércoles. Se interrumpirá el 28 de mayo y se retomará el 29 y 30 de junio. Algunas jornadas se prevén maratonianas por la larga lista de testigos convocados. Vista pública, el juicio de Kitchen se podrá seguir por el canal de Youtube de la Audiencia Nacional.

Los testigos

Uno de los grandes atractivos del juicio serán los testigos convocados por las partes. Encabeza esa lista el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que como ya ocurrió durante su mandato comparecerá por un caso vinculado al Partido Popular. Nunca estuvo imputado en Kitchen pese a los indicios en la causa que apuntaban, al menos, a su conocimiento de la operación.

Quien sí estuvo imputada fue María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entonces y quien deberá comparecer como testigo. García Castellón archivó la causa contra ella en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Declarará por primera vez sobre los hechos Soraya Sáenz de Santamaría, entonces responsable política del CNI como vicepresidenta primera del Gobierno.

La defensa de Sergio Ríos Esgueva ha pedido la declaración del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ya ha solicitado al tribunal que le permita hacerlo por escrito.

La ruta del dinero público desaparece en un ángulo muerto del Estado. Es allí donde se confinan los fondos reservados, el dinero de los contribuyentes que escapa a cualquier fiscalización por el interés superior de la seguridad. El caso Kitchen permitió descubrir que en el año 2013, un total de 57.943,43 euros de esas partidas no estuvieron destinadas a combatir el terrorismo o el crimen organizado. Se utilizaron para sufragar una operación parapolicial contra la acción de la Justicia, concretamente para sabotear la investigación de la financiación irregular del partido en el Gobierno, el Partido Popular.

A partir de este lunes se sientan en el banquillo de los acusados dos políticos y ocho policías —a un noveno es imposible juzgarle por motivos de salud—. Uno de los delitos que se les atribuye es la malversación de fondos públicos, el dinero de los gastos reservados.

A esa cantidad habría que sumar otra cifra incalculable: lo que costó que 70 policías nacionales (8 inspectores jefes, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías) del Área Especial de Seguimientos se dedicaran durante cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, función que tenían asignada.

La investigación de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, auxiliados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, abrió en Kitchen una rendija desde la que observar otra falla del sistema. Los fiscales Anticorrupción solicitaron la desclasificación de la orden que regula los fondos reservados desde 1995, tomaron declaración a los gestores de ese dinero público y concluyeron que había “disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados”. En la operación Kitchen ese descontrol “habría permitido la utilización ilícita de los fondos reservados, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.

La normativa que rige en la actualidad fue aprobada en 1995 con la intención de que no se volviera a repetir el desvío de fondos reservados para algo tan grave como el terrorismo de Estado de los GAL. Aquella novedosa legislación lleva posibilitando durante más de 40 años lo que pretendía erradicar: el manejo de los fondos reservados de manera discrecional por mandos policiales, sin apenas control ni justificación. Se hizo una Ley que siguió facilitando la trampa.

En 2021 ya habían aflorado las irregularidades en Kitchen y pasado tres años desde la caída del Gobierno que albergó esas prácticas. A la comisión del Congreso acudió a declarar el entonces responsable de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez, director en ese momento del Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad. El alto cargo socialista, número tres en la práctica del departamento que dirige Grande-Marlaska, admitió que la normativa sobre los fondos reservados no había cambiado y que tampoco estaba previsto que eso ocurriera en el futuro. 

El sumario de la Operación Kitchen desveló que solo la Policía disfrutaba mensualmente de 250.000 euros y que estos son repartidos al arbitrio de una sola persona, el director adjunto operativo. Durante los hechos investigados esa persona era Eugenio Pino, el comisario al que el Partido Popular entregó el mando operativo de la Policía. Considerado el artífice de la brigada política que actuó entre 2012 y 2016, Pino se sienta desde este lunes en el banquillo de Kitchen para enfrentarse a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El hombre de los maletines

La Fiscalía Anticorrupción fijó su interés en una figura que atesoraba más secretos de los que la denominación del cargo o su nula relevancia pública podían anticipar. Es Miguel Ángel Bayo, funcionario facultativo, no policía, que entonces llevaba 32 años destinado en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. Las respuestas de Bayo a 46 minutos de preguntas del fiscal Ignacio Stampa desvelaron en abril de 2019 cómo se pudo financiar, bajo una apariencia de legalidad, el espionaje al ex tesorero del PP. 

Miguel Ángel Bayo Herranz quiso rebajar su trabajo con los fondos reservados como el de mero “cajero pagador”. Pero dos meses antes, elDiario.es había desvelado la propuesta secreta que el DAO Pino había hecho para que a Miguel Ángel Bayo se le concediera una medalla pensionada. Bayo era, según ensalzaba el DAO, el “encargado de la gestión y control de todo lo relativo a los fondos o gastos reservados del Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional, teniendo la información que maneja en este ámbito carácter secreto, de acuerdo a la normativa de secretos oficiales”.

Según esa normativa, Bayo se dirigía a la Secretaría de Estado de Seguridad con una carpeta que incluía los gastos del mes anterior, recogía la cantidad estipulada por el director operativo y se la llevaba en un maletín. Después atendía a las distintas unidades facultadas para solicitar fondos reservados, que acudían a él con una autorización verbal de Pino y firmaban un recibo. 

Ante el juez y los fiscales, el facultativo habló de “una cosa mecánica, de buena fe”. “Pero no estamos hablando de un banco, ni de una empresa mercantil. Estamos hablando de la Policía”, le interrumpió el fiscal Stampa. 

El facultativo Bayo describió en su declaración cómo se aplica en la actualidad la orden firmada el 12 de septiembre de 1995 por el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Esta orden desarrollaba la Ley de Fondos Reservados aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados siete meses antes. Fue el modo en el que el poder legislativo reaccionó a las revelaciones sobre los asesinatos de los GAL, una operación gestada y sufragada desde el Ministerio del Interior entre 1983 y 1989.

Miguel Ángel Bayo Herranz, el hombre de los maletines, al que sus superiores concedieron dos pistolas del Cuerpo, declarará como testigo en el juicio. Se jubiló poco después de declarar en la instrucción del caso Kitchen.

Pérez de los Cobos: solo “control contable”

Otro testimonio relevante durante el juicio será el del interlocutor de Bayo en la Secretaría de Estado de Seguridad de la época, Diego Pérez de los Cobos. El coronel retirado de la Guardia Civil dijo en su declaración que la normativa le atribuía un papel de “control contable” de los fondos reservados. Su trabajo consistía, según explicó, en confirmar que la suma de los gastos en operaciones se correspondía “hasta el último céntimo” con el total justificado a través de la firma de los directores adjuntos operativos y los responsables de las comisarías generales de Policía y jefaturas de Guardia Civil. Cualquier otra comprobación adicional estaba supeditada a que no hubiera concordancia en las cifras, algo que no ocurrió durante los siete años que estuvo en el cargo. El “control efectivo” de para qué se utilizan los gastos reservados está acotado “a los responsables de las unidades”, añadió el coronel ante el juez.  

Los fiscales Stampa y Serrano habían conseguido que el Consejo de Ministros accediera a desclasificar la instrucción de los fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal y que desde este órgano del Ministerio se libraban los fondos antes de comprobar la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

La versión de Pérez de los Cobos fue que “en la Secretaría de Estado se conocían los datos que el DAO de cada Cuerpo acreditaba con su firma, que se estaba gastando ese dinero de fondos reservados en esas operaciones que ellos habían denominado de la forma que quisieran”. Y hasta ahí el control que establece la normativa vigente.

Junto a la firma del jefe del Gabinete de Estudios y Coordinación debe ir la del secretario de Estado de Seguridad, entonces Francisco Martínez. Como el ministro Jorge Fernández y los policías Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo, Martínez se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por la Fiscalía, que le atribuye la responsabilidad sobre ese dinero.

Pérez de los Cobos aludió repetidamente a la “orden comunicada” sobre el uso de fondos reservados de 1995. Esa “orden comunicada” establece que en el justificante que entrega cada Cuerpo en Interior aparezca un apartado para operaciones y, dentro de este, el dinero destinado a colaboradores de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, en Interior no ha aparecido ninguna ficha sobre la Operación Kitchen u otra que se pueda identificar con el espionaje al tesorero del PP. Por otra parte, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del Gobierno actual entregó al juez del caso 121 apuntes sobre pagos al chófer y gastos relacionados con su colaboración que encontró en sus archivos. Para su remisión a la Audiencia Nacional, el instructor tuvo que solicitar previamente al Consejo de Ministros que retirara a esos documentos la clasificación de secretos. 

Fuentes conocedoras de la operativa con los gastos clasificados aseguran que en las partidas no siempre se incluye el nombre de la operación o el detalle del reparto del dinero en distintas funciones que se deben escribir en las casillas de los anexos de la citada instrucción de Belloch, unos criterios ya bastante laxos de por sí.

El Gordo: “No se sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía”

El comisario Enrique García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), una de las estructuras que más fondos reservados manejaba. No se sentará en el banquillo porque es el acusado aquejado de las graves secuelas de un accidente cardiovascular. En su declaración como investigado ante el juez Manuel García-Castellón, en el mismo sumario de la operación Kitchen, García Castaño aseguró: “Hay mucho dinero de los fondos reservados que no se sabe para quién es. ¡Hasta códigos se ponen! (…) ¿Cómo voy a poner que estoy pagando a un jefe de inteligencia?”.

El juez García-Castellón solicitó al Ministerio del Interior toda la documentación que pudiera guardarse de una operación denominada Kitchen o similares. Nada similar se encontró. En el domicilio de Villarejo habían aparecido “Gastos colaborador Sergio JRE, en referencia al chófer de los Bárcenas reclutado como confidente (53.000 euros en total durante dos años)”.

Los gastos para el conductor salieron de los fondos reservados de Interior destinados a la Dirección Adjunta Operativa. Andrés Gómez Gordo, el policía que dejó de ser asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para controlar al chófer, reconoció al juez que los 2.000 euros limpios al mes durante dos años o los 700 de la pistola que le entregaron salió del dinero bajo secreto de la DAO. Contra Gómez Gordo pesa también la acusación más grave de Anticorrupción, por la que la Fiscalía le pide 15 años de cárcel. 

Otro de los acusados en el caso Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, en apariencia una suerte de jefe de gabinete de Pino, también recogió en mano el dinero. Fuentes Gago lo hizo para un viaje al extranjero dentro de otra operación, según declaró el ex secretario general de la DAO Felipe Lacasa al juez. Fuentes Gago encabezó la delegación que viajó a Nueva York en 2016 para intentar recabar un testimonio contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez. En la grabación de aquel encuentro se oye a Fuentes Gago decir que acude “con un mandato” de Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno. 

Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que en el reparto de fondos reservados para la Policía el peso de la DAO creció entre 2012 y 2016 exponencialmente frente a otras unidades que tendrían más justificado el pago a confidentes, como la antiterrorista o la policía judicial, encargada esta última del narcotráfico o la corrupción.

“La Comisaría General de Policía Judicial recibe 70.000 euros al mes. Cómo va a saber el secretario de Estado si es para una operación en el Pozo del Tío Raimundo (un barrio de Madrid) o una operación en Canarias. Eso al secretario de Estado le da igual”, declaró García Castaño, ex jefe de una de las unidades que más fondos reservados manejaba, la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). “El secretario de Estado no sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía [Iglesias, la mujer de Bárcenas] (…) Es lo normal, es que funciona así”, añadió. La Fiscalía sospecha que García Castaño se quedó con parte de los fondos reservados, que recibía al margen de cualquier justificación por su unidad.

La Fiscalía de Anticorrupción ha aportado de cara al juicio de la 'Operación Kitchen' una serie de correos electrónicos que mandó el comisario jubilado José Manuel Villarejo al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez —ambos acusados— en el que el primero le reprocha haberle dejado “tirado”: “Me convenciste para que me quedara porque decías necesitarme, pero luego me abandonaste a mi suerte”.

Así se desprende del escrito que ha remitido el fiscal César de Rivas a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde comenzará el juicio el próximo 6 de abril por el presunto espionaje orquestado en 2013 por la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Los correos datan del 13 de noviembre de 2016, solo cinco días antes del cese de Martínez como Secretario de Estado y en ellos le reprochó haber pasado “por una campaña orquestada” por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “De ser un fiel y leal servidor del Estado a un apestado, un hombre de las cloacas ... en referencia a que sois vosotros las cloacas ... y lo habéis aceptado ... porque pensabais ... pensabas, que no iban contra ti”, le dijo Villarejo a Martínez.

Una “campaña de descrédito” que el comisario jubilado atribuye al director del CNI en ese momento, Félix Sanz Roldán, y reprochó a Martínez que su “debilidad le ha dado alas a sus maniobras”: “Has visto que al final, después de haberme abandonado a mi suerte, han ido a por el Ministro, ahora ex, a por ti”.

Así, Villarejo manifestó que “su nivel de paciencia ha llegado al límite, y puede que sea un viaje sin retorno”, al tiempo que le recriminó que haya “permitido que saquen una ley absurda” para impedirle “obtener la condición de Honorario”, así como que le “nieguen” su “placa insignia” de la Policía.

“Quiero mi respuesta de la fecha real de mi jubilación ... me cansé de esperar. Quiero mi placa insignia ... la que llevé en mi vida profesional...a la que tengo derecho según la misma ley que me ha quitado la condición de Honorario”, remachó.

Al final de este correo, Villarejo pidió al ex secretario de Estado “solo lo que en Derecho, en mayúsculas” considera que le “corresponde”, y que dejase de ponerse “de perfil”, aunque concluyó el mensaje poniéndose a sus órdenes: “Aprovecho la ocasión para ofrecerme para lo que necesites ... como siempre”.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cárcel de 15 años y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por los presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

También pide 15 años para Martínez, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y para Andrés Manuel Gómez Gordo, quien fuera jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, también por los mismos delitos. Por otro lado, interesa una condena de 19 años de prisión para Villarejo.

La acusación popular del PSOE en el caso Kitchen ha solicitado al tribunal que acuerde el ingreso en prisión preventiva de dos de los principales acusados, el secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez y el comisario Andrés Gómez Gordo. En ambos concurren cuatro circunstancias que, según los socialistas, elevan el riesgo de fuga: la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para ellos, el juicio de Kitchen es inminente –arranca el próximo lunes–, los problemas de ambos con la justicia se han agrandado con otras causas desde que se dictó hace tres años el auto de apertura de juicio oral y existe la sospecha de que tienen fuentes de financiación ocultas.

En el escrito del PSOE, al que ha tenido acceso elDiario.es, la acusación popular destaca la detención de Martínez en junio del pasado año acusado de integrar una organización criminal que lideraría un joven hacker que penetró en las bases de datos de la Administración central. A eso habría que sumar su imputación en la causa que sigue el juzgado de Santiago Pedraz por las maniobras policiales contra Podemos. Además, argumenta el PSOE, Francisco Martínez está casado con una ciudadana mexicana y realiza continuos viajes a ese país, por lo que se eleva el riesgo de fuga.

Francisco Martínez, número dos de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy, está acusado de coordinar el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, por lo que debe responder en el juicio de Kitchen, entre otros, de los delitos de malversación de dinero público, revelación de secretos y organización criminal.

Francisco Martínez, dice el PSOE, ejerce como letrado de las Cortes, si bien en estos momentos se encuentra en excedencia y trabaja de abogado. Los socialistas argumentan que una condena le haría perder su condición de funcionario. La pérdida de esa fuente de ingresos, añade, “incrementa de forma significativa el incentivo para sustraerse a la acción de la justicia, en la medida en que supone la pérdida definitiva de su medio de vida y de su principal vínculo profesional con el territorio nacional”.

Por su parte, Andrés Gómez Gordo está acusado en el caso Kitchen de reclutar al chófer de la familia para intentar recuperar información comprometedora para el Partido Popular. Gómez Gordo también habría realizagos pagos de los fondos reservados al conductor, Sergio Ríos Esgueva. Gómez Gordo era asesor de María Dolores de Cospedal cuando arrancó la operación y dejó su puesto para reingrear en la Policía y monitorizar al chófer.

Andrés Gómez Gordo, recuerda el escrito del PSOE, ha sido condenado en el caso Ciudad de la Justicia como cooperador de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con malversación agravada a 3 años y 6 meses de cárcel, estando a la espera de sentencia firme. La responsabilidad civil impuesta en la condena, a pagar entre todos los detenidos, es de más de 40 millones de euros. Esto, añade el PSOE, “consolida un horizonte penal concreto y especialmente gravoso” para Gómez Gordo.

“Resulta difícil explicar cómo el procesado puede hacer frente al coste de su defensa letrada en varias causas penales de especial complejidad, ejercida por un despacho de reconocido prestigio y elevada minuta profesional, con los ingresos propio de su condicion de funcionario público, ya más aún en el caso de que se encontrara, como cabría presumir, en situación de suspensión de empleo y sueldo”, recoge el escrito. Y añade: “Esta circunstancia permite inferir, al menos indiciariamente, la posible existencia de fuentes de ingresos adicionales no esclarecidas”. El PSOE se refiere a que Gómez Gordo está representado por el despacho de José Antonio Choclán, abogado de, entre otros, Julio Iglesias. Los socialistas se quejan de que el tribunal no haya ordenado un “análisis patrimonial” de los investigados para esclarecer esta situacion.

En el banquillo de Kitchen se sentarán once acusados. La solicitud de penas más altas por parte de Anticorrupción son para los dos citados, Gómez Gordo y Martínez, y para otros dos procesados, el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el antiguo director operativo de la Policía Eugenio Pino, artífice de la brigada política. Pino fue condenado a un año de cárcel por revelación de secretos en el caso del pendrive de los Pujol.

El riesgo de fuga ya fue apreciado por el Tribunal Supremo como motivo para dictar la prisión provisional contra José Luis Ábalos y Koldo García en el caso mascarillas. Ambos ingresaron en prisión el pasado 28 de noviembre con el argumento de Anticorrupción de que el juicio se celebraría en pocos meses y eso, sumado a las altas penas de prisión solicitadas contra ellos, elevaba el riesgo de que se sustrajeran a la acción de la justicia, pese a no haberlo hecho hasta ese momento y desde que arrancó la investigación contra ellos.

elDiario.es radiografía uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática en España: el conocido como 'Caso Kitchen', que será juzgado por la Audiencia Nacional a partir del próximo lunes 6 de abril. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy organizó y ejecutó entre 2013 y 2015 una operación pagada con fondos públicos reservados para destruir pruebas de la caja b del PP que investigaba el juez Pablo Ruz.

Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

elDiario.es ofrece imágenes inéditas de los protagonistas de la Operación Kitchen durante su declaración ante jueces instructores y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional; así como documentos y audios que acreditan muchos de los hechos por los que la cúpula política y policial del Ministerio del Interior puede terminar en la cárcel.

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Juicio final de la operación Kitchen es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje es de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía y grabación ha estado Salvador Fenoll, con la asistencia de Adrián Torrano. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

Por segunda vez en democracia, un ministro del Interior se sienta en el banquillo para enfrentarse a una elevada petición de cárcel. Veintiocho años después de que el Tribunal Supremo juzgara al socialista José Barrionuevo por un secuestro de los GAL, el político del Partido Popular Jorge Fernández Díaz, titular de la cartera entre 2012 y 2016, se enfrenta a 15 años de prisión por haber dirigido una operación extrajudicial, bautizada como Kitchen, consistente en sabotear la acción de la justicia en el caso de la financiación del PP con dinero negro. 

El espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su familia pagado con fondos reservados se juzgará a partir del 6 de abril en la Audiencia Nacional. Será el primer gran juicio por la transformación del Ministerio del Interior, y de la Policía en particular, en una herramienta para atacar a los adversarios políticos del PP, o para proteger al partido cuando Mariano Rajoy presidía el Gobierno. Las otras dos grandes maniobras de ese periodo llevan años chocando con la voluntad de jueces y fiscales para abrir causas que esclarezcan lo ocurrido. Son la Operación Cataluña y la guerra sucia contra Podemos, dirigidas y ejecutadas por los mismos acusados que en Kitchen. 

Quince años transcurrieron entre el secuestro de Segundo Marey por los GAL hasta que Barrionuevo y su secretario de Estado, Rafael Vera, se sentaron en el banquillo. Y 13 años han tenido que pasar para que Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, respondan ante un tribunal. Como entonces, la instrucción del caso deja una gran sombra de sospecha: ¿están entre los acusados sus máximos responsables? 

En esta ocasión, el juez Manuel García Castellón concluyó sus pesquisas de forma sorpresiva el último día antes de las vacaciones de agosto de 2021, pese a que quedaban diligencias por practicar, entre ellas sobre la posible participación de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno. En su mesa se acumulaban también los indicios presentados contra María Dolores de Cospedal por la Unidad de Asuntos Internos, la Fiscalía Anticorrupción y el trabajo de investigación de los medios de comunicación. García Castellón los despreció en una sucesión de polémicas decisiones sobre la secretaria general del PP. Después, la instancia superior, la Sala de lo Penal, terminaría por darle la razón. 

Así que ahora llega a juicio la tesis del juez de que Fernández Díaz, miembro del círculo de amigos de Mariano Rajoy en aquel Consejo de Ministros, ideó en solitario una operación para eliminar las pruebas contra el PP que pudiera guardar el tesorero al entrar en prisión. Y que esa operación la desconoció el presidente del Gobierno, uno de los afectados por los sobresueldos de dinero negro cuyo rastro pretendían eliminar los mandos policiales que actuaron al margen de la ley. 

Las grabaciones de Villarejo hablando con Cospedal del asunto y las anotaciones del comisario –a las que la Fiscalía y Asuntos Internos otorgan veracidad– sobre los pagos que recibió el policía corrupto por orden de la jefa del partido, tampoco serán objeto del juicio. Para García Castellón, los encuentros entre Cospedal y el comisario Villarejo estaban amparados por el “derecho de reunión” y no reunían carácter de delito.

La primera prueba de la relación de Cospedal con el comisario se remonta a 2009. Villarejo acudió a la planta noble de Génova y se entrevistó con la secretaria general del PP, entonces en la oposición, y el marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro. Pese a que el comisario es un policía en activo, destinado ya en el corazón de la seguridad del Estado, la número dos del PP y su esposo acuerdan encargarle “trabajos puntuales”. Acababa de estallar el caso Gürtel y el Partido Popular buscaba cómo anular esa causa de corrupción.

La instrucción de Kitchen acumula grabaciones en las que los protagonistas de la operación aluden al conocimiento que de ella tiene la secretaria general del PP, incluso su ascendente sobre el resto de participantes. Un año y medio después de que García Castellón decretara súbitamente el fin de la instrucción, El País y Fuentes Informadas publicaron un audio en el que Cospedal decía a Villarejo por teléfono que “lo de la libretita sería mejor poderlo parar”. La conversación se produjo en pleno estallido del caso de la caja B del PP, el que a la postre terminaría con el Gobierno de Rajoy vía moción de censura, y la alusión a la “libretita” es por los “papeles de Bárcenas”, las anotaciones de más de 20 años de ingresos en dinero negro y pagos de sobresueldos en el partido, incluidos los que iban a alguien a quien Bárcenas se refería como “M. Rajoy”.

Entre el material incautado al comisario Villarejo figuran las agendas del comisario, una suerte de bitácora en la que el policía anotaba su día a día, desde cuestiones personales a citas profesionales. Los investigadores les dan credibilidad porque han podido cotejar sus afirmaciones con hechos que ocurrieron. Esas anotaciones acrecientan los indicios contra la secretaria general del PP hasta incluir unos pagos que habría hecho a Villarejo a través de su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, quien también estuvo imputado en la causa y luego quedó exonerado por García Castellón, al igual que López del Hierro. 

Villarejo escribió: “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. La supuesta entrega se produjo solo tres días después de que llegara a la Audiencia Nacional la comisión rogatoria con la información de las cuentas en Suiza del extesorero popular Luis Bárcenas y cuando, según los investigadores, ya se trataba de sabotear la instrucción del caso Gürtel.

En el banquillo de los acusados se sentará también el policía que encarna el nexo de Cospedal con el operativo ilegal. Se llama Andrés Gómez Gordo, comisario de la Policía y condecorado con una medalla pensionada por haber captado al chófer de los Bárcenas como topo de la brigada política. Gómez Gordo había dejado temporalmente la Policía y en 2013 tenía un puesto sin atribuciones en la Presidencia de Castilla-La Mancha desde el que ejercía de “hombre para todo” de Cospedal. Lo abandonó cuando fue requerido para captar y manipular a un antiguo conocido con el que había coincidido en la Comunidad de Madrid, Sergio Ríos Esgueva, el conductor de Bárcenas. Ante el juez negó que informara de nada a su antigua jefa o al marido de esta en ese momento, Ignacio López del Hierro, con el que le unía una relación personal y profesional de décadas.

Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de 2020 analiza las grabaciones de Villarejo y concluye que Kitchen fue una operación “coordinada” por el secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez, “con conocimiento del Asturiano y del Largo”. “El Asturiano” es identificado por los investigadores como el entonces presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy Brey, al que también se refieren como “El Barbas”, mientras que “El Largo” es el abogado Javier Iglesias, al que Villarejo y otros implicados señalan reiteradamente como nexo con el jefe del Ejecutivo.

Villarejo se decidiría a hablar de Rajoy más tarde, en el verano de 2021. Ofreció al juez el número de teléfono al que se dirigía presuntamente para informar al presidente del Gobierno sin intermediarios de los avances de la operación. Solo dio tiempo a confirmar que ese número estaba titularizado por el Partido Popular, pero antes de hacer más indagaciones, García Castellón propuso juzgar a los once acusados que se sentarán en el banquillo, exculpando a Cospedal. Rajoy y Cospedal declararán como testigos en el juicio de la Audiencia Nacional.

El fin de ETA y el nacimiento de la brigada política

Para entender la operación Kitchen hay que remontarse al Ministerio del Interior que alumbra la victoria del PP en las elecciones en noviembre de 2011, un mes después de que ETA anuncie el final definitivo y sin condiciones a 40 años de violencia. Mariano Rajoy elige a su amigo Jorge Fernández Díaz para una cartera que, en principio, iba a tener como principales retos contener el malestar social que podía prender en la calle por la crisis económica y gestionar la retirada de la banda terrorista. El trabajo del anterior Ejecutivo socialista, con Alfredo Pérez Rubalcaba como gran protagonista, y de la Justicia y los Servicios de Información evitaron que la dubitativa gestión de Fernández Díaz arruinara un final madurado en ETA e impulsado por la izquierda abertzale. 

Pero en aquellos meses se había empezado a gestar otra amenaza para el Estado que irrumpía sin violencia, el proceso soberanista en Cataluña. Pese al carácter pacífico del movimiento, viejos resortes antiterroristas se activaron. Con ETA desvanecida y los mecanismos contra el terrorismo yihadista ya engrasados, un grupo de mandos policiales encontraron un nuevo adversario que les aseguraba continuidad en varios frentes: el separatismo catalán prendía en ellos una alta motivación ideológica, les garantizaba seguir manejando fondos reservados y, como había ocurrido con ETA, haría que se les toleraran los excesos en aras del bien superior, la unidad de España.

elDiario.es desveló la existencia del grupo antiseparatista en noviembre de 2014. Sin embargo, los policías siguieron operando al menos dos años más entre la indiferencia de la mayoría de los medios de comunicación de Madrid y la impunidad que les garantizaba el Gobierno del PP.

Esos comisarios policiales encontraban sintonía con un Gobierno conservador que había elegido a los más duros para el Ministerio del Interior. A Fernández Díaz se unía como director de la Policía, Ignacio Cosidó. Pero hubo otro nombramiento, de menor relevancia mediática, que resultó clave para todas las irregularidades que vinieron después. El comisario Eugenio Pino, quien fuera jefe de los antidisturbios con Aznar, se convertiría en director operativo de la Policía con Rajoy. Los inspectores de los que se rodearía Pino se sentarán junto a él en el banquillo de Kitchen a partir del lunes, 6 de abril. 

Este grupo de mandos policiales, la brigada política del Partido Popular, trabajaba ya en la confección de dosieres sobre líderes del procés para filtrar a la prensa afín al PP cuando el Gobierno se enfrentó a su primera gran crisis. En enero de 2013, el diario El País publicó los ‘papeles de Bárcenas’, la contabilidad a mano que el tesorero había llevado sobre la caja del PP durante al menos dos décadas. Con dinero negro de los empresarios se pagaban campañas y se repartían sobresueldos en el partido. 

Entre los policías de la Kitchen había algunos que habían recibido al Gobierno del PP desde una posición inmejorable. El comisario José Manuel Villarejo ya estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa con el anterior Gobierno, que le había ascendido a comisario y le mantenía en funciones de liberado. 

Por su parte, Enrique García Castaño, conocido como El Gordo’, había cruzado la línea que separa la ley del delito para gobiernos de distinto signo político desde que ingresara en la Policía en la transición y fuera destinado a la lucha antiterrorista. Él mismo lo relataría después en una comparecencia para la historia en el Congreso de los Diputados. García Castaño no será juzgado porque durante la instrucción sufrió un accidente cardiovascular que le ha dejado graves secuelas.

También estaba allí José Luis Olivera, jefe de la unidad anticorrupción de la Policía que había impulsado el caso Gürtel contra el PP y que, según confesó después Villarejo en una grabación, le ayudó de forma vital para que el caso no alcanzara a los máximos dirigentes del partido. Olivera está de actualidad por ser el principal artífice del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán.

Los tres estaban acostumbrados a compartir sus secretos y a ofrecer sus habilidades al político que estrenaba despacho en el Ministerio del Interior. Ante ellos quedó deslumbrado en 2012, Francisco Martínez, 37 años, número uno de su promoción como Letrado de las Cortes, que veía abrirse ante él un mundo nuevo de acción, muy diferente al del rigor constitucionalista que le había constreñido los estudios y la carrera profesional hasta entonces. 

Francisco Martínez entró en política de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría, a la que conoció como su letrado asignado en la Cámara Baja. Fue recomendado para jefe de gabinete de Fernández Díaz en Interior antes de que estallara la guerra entre la vicepresidenta y el ministro del Interior. Un año después fue ascendido a secretario de Estado de Seguridad, la pieza clave del departamento. Su antecesor había decidido dejar el cargo después de conocer que tenía un asesor desde hacía meses que él no había nombrado. 

Para Francisco Martínez, al igual que para el comisario Pino, el director operativo, la Fiscalía Anticorrupción también pide 15 años de cárcel por haber dirigido supuestamente el operativo de espionaje y robo de documentación a Luis Bárcenas. Una operación que arrancó en el mes de julio de 2013 y que ha abierto una rendija por la que observar el mundo oculto de las cloacas policiales y la guerra sucia en democracia.

La investigación del caso Kitchen dio un vuelco cuando, a principios de 2019, el comisario García Castaño confesó en la Audiencia Nacional que Martínez le había pedido que recuperara los discos duros de Bárcenas, los mismos que nunca llegaron a aparecer. El caso saltaba a su vertiente política. No era solo una operación policial. Martínez llevó entonces a un notario cuatro mensajes que evidenciaban el conocimiento de la operación que tenía su inmediato superior, el ministro del Interior. El primero de esos mensajes tiene fecha de 13 de julio de 2013, dos días antes de que Bárcenas tire de la manta ante el juez Ruz, cuando ya ha trascendido que ha pedido declarar voluntariamente tras dos semanas en la cárcel por el caso Gürtel. 

Fernández Díaz niega que él sea la persona con la que Martínez se intercambia esos mensajes. El exministro del Interior también niega ser el autor de la frase “la Fiscalía te lo afina”, que un micrófono colocado por el Gordo en su despacho con autorización del ministro, captó en una conversación del ministro sobre la Operación Cataluña. Jorge Fernández ha llegado a decir que la grabación, publicada en 2016, podía haber sido manipulada con inteligencia artificial. El exministro también aparece en una grabación de Villarejo hablando de la operación Cataluña. “Negaré bajo tortura que esta reunión ha existido”, se le escucha decir en el audio. 

El ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha reaparecido públicamente para conceder una entrevista, la primera después de obtener la libertad condicional en su condena de 12 años de prisión, y se ha referido a la operación Kitchen, el dispositivo del Ministerio del Interior para intentar sabotear el caso de la caja B del PP “como una auténtica aberración” cometida contra personas inocentes, en referencia a su esposa, Rosalía Iglesias, y a su hijo Guillermo.

“El caso Kitchen, lo que demuestra, es hasta que punto creen en el Estado de Derecho las personas que estaban encargadas de esas funciones en esos momentos [en el Ministerio del Interior]. Es absolutamente impresentable el uso de recursos públicos para perseguir, a ya no hablo de mí, hablo de mi familia, a ciudadanos absolutamente inocentes, a mi hijo a mi mujer... con un despliegue de policías inmenso, pagando, según está acreditado en informes policiales y se determinará en el juicio, con fondos reservados. Una auténtica aberración, una auténtica barbaridad”, ha dicho Bárcenas en el podcast del abogado Miguel Durán, amigo del ex tesorero.

El juicio por la operación Kitchen está previsto que comience el próximo 6 de abril y en el banquillo se sentarán el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y el DAO de la Policía Eugenio Pino, a los que la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel. Estarán acompañados de un grupo de mandos policiales, integrantes de la brigada política que actuó al servicio del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En el juicio, Bárcenas y Rosalía Iglesias actúan como víctimas de aquella operación y ejercen la acusación particular.

En un momento de la entrevista, Durán pregunta a Bárcenas por el “falso cura” que asaltó su domicilio en busca de documentación del Partido Popular y que murió en la cárcel sin haber prestado declaración en el marco del caso Kitchen por las consecuencias de un ictus que había sufrido. El ex tesorero del Partido Popular ha enmarcado el asalto del “falso cura” como parte de la Operación Kitchen y ha dicho que el juicio determinará lo que ocurrió, después de que los principales acusados se hayan desmarcado del asalto.

También ha aludido a Sergio Ríos, el chófer de la familia que actuó de espía para la familia y que luego fue recompensado con el acceso a la Policía Nacional a los 42 años. Bárcenas ha explicado que se lo recomendó una persona que trabajaba en seguridad en el Partido Popular, pero que, con posterioridad, recibió el visto bueno de “alguien del Ministerio del Interior” que no ha identificado. “Alguien del Ministerio del Interior me dice que es muy buen chico. Digamos que venía ampliamente recomendado y decidí contratarlo”, ha apostillado Bárcenas.

Bárcenas ha hecho estas declaraciones en el podcast 'Asi te veo yo' en el que Durán realiza entrevistas a personajes relevantes con la colaboración del grupo de comunicación Merca2.

El ex tesorero pasó a disfrutar de la libertad condicional en diciembre de 2024 al haber cumplido los dos tercios de su condena a 12 años de cárcel. La propuesta partió del régimen donde cumplía la condena en régimen de semilibertad y acordada por el juez de Vigilancia Penitenciaria después de que la Fiscalía no se opusiera. Bárcenas suma condenas que ascienden a 33 años de cárcel, pero la legislación penitenciaria permite cumplir, como máximo, el triple de la pena que conlleva el delito más grave de los cometidos.

Las agendas del comisario Villarejo apuntan a la participación del policía en el montaje que atribuyó a Miguel Urbán la venta de 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela para financiar a Podemos. La Policía envió a la Fiscalía Antidroga varios documentos, entre ellos una nota anónima en la que se describe el supuesto blanqueo de dinero negro en pequeñas cantidades, actividad que también atribuyen a Urbán. Ese informe coincide en el tiempo con los comentarios que escribe en su agenda Villarejo aludiendo a una “nota de pitufeo” que él mismo ha escrito.

Los cuadernos incautados a Villarejo incluyen cuatro alusiones sobre las notas de supuesto blanqueo de Podemos que el comisario elaboró. Las anotaciones se ubican entre el 23 de febrero de 2015 y el 29 de marzo de 2016. El montaje contra Urbán arrancó en enero de 2016, pero las agendas del comisario revelan que el Gobierno del Partido Popular lanzó a la brigada política contra la formación de izquierdas desde prácticamente su creación, en 2014.

Con las notas anónimas de la Policía contra Miguel Urbán, el Ministerio Público abrió en enero de 2016 unas diligencias secretas que consiguieron el propósito de Olivera, amparar mandamientos a unidades antidroga y antiblanqueo de la Policía y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Economía. Ni Villarejo ni Olivera están imputados en la causa de la guerra sucia a Podemos que se sigue en la Audiencia Nacional. 

23 de febrero de 2015. “El ministro pide un borrador sobre Podemos”

La Fiscalía Anticorrupción ha dado credibilidad a las agendas de Villarejo en toda la macrocausa Tándem. Su incautación se produjo sorpresivamente, en una segunda fase de la operación contra el policía, y en ellas se constata que eran apuntes espontáneos del investigado sobre sus contactos profesionales y también sobre su vida privada. 

El 23 de febrero de 2015, Villarejo anota su conversación con José Luis Olivera: “Dice que habló muy positivamente con el ministro sobre los temas realizados. Dice que nos pide que hagamos un borrador sobre Podemos”. En esta conversación se implica al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las maniobras contra el partido de la oposición. Fernández Díaz no está imputado en la causa por la guerra sucia a Podemos porque, aunque el partido lo incluyó en la querella que originó el caso, el juez Santiago Pedraz consideró que no había indicios suficientes contra él. 

9 de febrero de 2016: “Oli dice que mi nota de pitufeo tiene errores”

El 21 de enero de 2016, el comisario José Luis Olivera, al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) dejó a un lado sus funciones de coordinación entre servicios de Información y envió a la Fiscalía Antidroga el relato de “una fuente conocida por el Centro” que señalaba a Miguel Urbán, miembro de Anticapitalistas y eurodiputado por Podemos en ese momento, vendiendo 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña.

No habían transcurrido tres semanas desde el primer movimiento de la maniobra contra Urbán cuando Villarejo anota en su diario el contenido de una llamada que ha mantenido con Oli, el comisario Olivera. Es 9 de febrero de 2016. “Propone dar datos de POD a los cesis, poco a poco. Dice que mi nota de pitufeo tiene errores”. Villarejo utiliza “POD” para referirse a Podemos. Con los “cesis” podría aludir a los agentes del CNI. 

La Policía envió a la Fiscalía Antidroga, en primer lugar, el relato de un confidente sobre la caricaturesca venta de la droga. Con posterioridad, Olivera remite otra nota que da un impulso al caso. Se trata de una fuente anónima asegura que Urbán “habría transferido durante 2015 cantidades muy significativas, conducta que podría ser extrapolable al resto de miembros de Podemos”. Villarejo nunca firmaba sus “notas informativas”.

Las donaciones que especifica la fuente anónima son las siguientes: 2.000 euros al comité de huelga de técnicos de Movistar, otra a la asociación Debates y Solidaridad, y tres a Podemos, de 2.000 euros cada una. “Para eso no había hecho falta entrar en mis cuentas. Todas esas donaciones eran públicas y se podían consultar en la web de Podemos”, explica Miguel Urbán. 

El 12 de enero de 2016, dos medios de la derecha habían publicado el contenido de un dosier denominado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), dando el pistoletazo de salida a un semestre extraordinario por la cascada de informaciones falsas sobre Podemos. En diciembre, la formación liderada entonces por Iglesias había obtenido 69 escaños, un acontecimiento inédito para un partido a la izquierda del PSOE. La divulgación del pseudo informe PISA coincidió con el inicio de los contactos para la posible formación de un gobierno progresista. 

16 de febrero de 2016. “Datos de pitufeo dados a Chisco”

El 16 de febrero aparece la segunda anotación en las agendas que alude a los trabajos de Villarejo contra Podemos. Esta vez parece que se trata de anotaciones sobre un encuentro con su amigo Olivera. Se trata de dos comisarios en activo, destinados en la cúpula de la seguridad del Estado, hablando de “organizar gastos de oficina”. Olivera le ha informado de algo. Villarejo escribe: “Datos de pitufeo dados a Chisco”. 

El pitufeo es una práctica de blanqueo de dinero negro que consiste en fraccionarlo en pequeñas cantidades para introducirlas en el mercado legal sin que llame la atención de las autoridades. Quien recibe los datos del supuesto “pitufeo” de Podemos es el número dos del Ministerio del Interior en ese momento, Francisco Martínez, principal investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra el partido de Pablo Iglesias. 

La fecha de esta nota coincide con el principal logro de la maniobra de Olivera, poner el engranaje policial al servicio de una mentira. El 28 de enero y el 6, 12 y 15 de febrero, los policías de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) realizan vigilancias en el bar Nueva Visión y, sin llegar a entrar, escriben que hay gente que entra al bar y sale tras “un corto espacio de tiempo”. “Se puede inferir que el mismo se dedica a la venta a menor escala de sustancia estupefaciente cocaína”, añaden en sus informes entregados a Fiscalía. El motivo de ese trasiego lo explicó Johnny, el dueño del bar a elDiario.es: “Dábamos chupitos a un pavo”.

29 de marzo de 2016. “Boni no se fía de una carta de Chávez para Podemos”

La operación contra Podemos se extendió por la cúpula policial. Una vez inmersa la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), su jefe, el comisario José Manuel García Catalán, remitió el 1 de marzo otro informe a Antidroga sobre Urbán. Recoge sus donaciones a “proyectos sociales” y comienza a especular: “Puede concluirse que Miguel Urbán tiene gastos superiores a sus ingresos y, por tanto, podría tener una fuente de financiación no declarada”. 

“Si atendemos a las diferentes investigaciones policiales y judiciales realizadas a diferentes partidos políticos –continúa García Catalán–, podríamos encontrarnos ante una posible financiación irregular de forma que sus miembros realizan donaciones en nombre propio, recibiendo la cantidad donada en b por el partido, dinero obtenido por este irregularmente”. García Catalán ha declarado en la causa de la Audiencia Nacional como testigo por su viaje a Nueva York para entrevistarse con un exministro de Chávez. 

El 29 de marzo de ese mismo mes, Villarejo anota en su agenda una conversación con otro miembro de la brigada política, este sí imputado en la causa sobre la guerra sucia a Podemos. Se trata de Bonifacio Díez Sevillano. “Boni me pregunta por Aliste. Dice que no se fía de una carta que le ha traído de Chávez para Podemos. Alega que tiene 2 clientes venezolanos por blanqueo”.

¿Y quién es Aliste? En febrero de 2025, elDiario.es accedió a siete informes alojados en bases de datos de la Policía en los que el abogado José Aliste muestra su colaboración en la guerra sucia contra Podemos. Aliste es un letrado con antecedentes por estafa que tuvo como clientes a antiguos jerarcas venezolanos residentes en España y que responden por varios delitos graves. Aliste llegó a escribir en los informes que registró la Policía que Chávez había entregado a Podemos 30 millones de dólares.

El magistrado Juan Carlos Peinado ha anunciado que la esposa del presidente del Gobierno, su asistente y el delegado del Gobierno en Madrid serán juzgados, llegado el momento, ante un jurado popular acusados de un delito de malversación de caudales públicos. En un auto en el que el juez no detalla los hechos que atribuye a Begoña Gómez y antes incluso de abrir juicio oral, cita a los tres en su juzgado el próximo sábado para informarles y que puedan hacer alegaciones.

Según la normativa del tribunal de jurado, se trata del movimiento del juez cuando entiende que un imputado puede llegar a ser juzgado por un delito competencia de un jurado popular. En este caso, la malversación que atribuye a Gómez y los otros dos acusados por los trabajos de su asistente.

Peinado investiga desde hace más de un año y medio a Begoña Gómez en varias causas después de una primera denuncia de Manos Limpias con recortes de prensa y un bulo. Una de estas líneas de investigación, impulsada por las acusaciones de extrema derecha, indaga en si su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, trabajó para ella mandando correos en su nombre en el marco de la cátedra extraordinaria que tuvo en la Universidad Complutense de Madrid.

Peinado justifica este paso en que la Audiencia Provincial de Madrid dio luz verde a seguir investigando, en que Gómez no quiso contestar a todas las preguntas y, finalmente, explica que hace una semana recibió los emails que Juan Carlos Doadrio, vicerrector de la UCM, cruzó con Álvarez. Ahora ya, entiende, “se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora, no podía determinarse de una forma concreta”.

El juez, que en los últimos meses ha visto cómo los tribunales han avalado algunas de sus líneas de investigación pero han limitado la mayoría, da este paso después de que el Tribunal Supremo tirase por tierra su intención de imputar al ministro Félix Bolaños por la contratación de Álvarez. Convoca a los tres imputados este sábado en su juzgado a las seis de la tarde para uno de los trámites necesarios en los casos que van a juzgarse ante un tribunal del jurado: para concretar la imputación que pesa sobre ellos.

En su última comparecencia ante el juez, Begoña Gómez explicó que su asistente le hizo un “favor” al enviar algunos de esos emails, pero que en ningún caso era un trabajo o sustituía a sus funciones en el Palacio de La Moncloa. Una figura con la que han contado históricamente todas las esposa de los distintos presidentes del Gobierno. El actual diputado del PP, Jaime de los Santos, realizó este trabajo para Elvira 'Viri' Fernández, esposa de Mariano Rajoy.

Manolete, si no sabes torear pa qué te metes. Es una frase antes muy aplicada y cantada, aunque hoy moribunda, que servía para poner en evidencia la osadía de la gente más torpe o incluso, malintencionada.

En este caso, la traigo a lectura relacionada con la mentira publicada, da igual que sea en política, como en los ámbitos personales, profesionales. La mentira cotiza, porque produce beneficios económicos, políticos, influencia apandillada, a veces se miente simplemente porque se trata de una mentira de tu cuchipandilla, de tu mara mediática, porque crea identidad y grupo, es como la santa cofradía del bulo, con cofrades de cirio o de mantillas.

Es una actividad que empezó con el papel aunque hoy corre veloz por los hilos y por donde no hay hilos. Babeuf, el gran revolucionario y periodista francés, que padeció la maledicencia escrita de su tiempo, decía que la mentira cabalga sin rienda, premiada y costeada a toda velocidad, pero la verdad se tiene que ir abriendo camino, en cambio, puerta a puerta.

De todas maneras, cualquiera que sea el soporte, debe ser la tarea de un demócrata trabajar con la verdad, combatir la mentira, aunque, a veces, la mejor manera sea el quite del desprecio, ignorar a los ignorantes y más despreciables mentirosos.

Sin embargo, ciertas mentiras pueden considerarse mentiras de Estado y éstas deben ser combatidas en plenitud por la sociedad democrática porque no afectan solo al perjudicado por la mentira sino que lo hace a todo el sistema democrático en su totalidad. Pero hay esperanza y reside en que incluso a estos mentirosos con recursos se les pilla. La mentira burda es ciertamente la más corrosiva porque está construida sobre una cama mediática que además involucra a ciertas instituciones del Estado y suele producir daños irreparables.

Estas mentiras son un gravísimo problema para la estabilidad democrática ya que suelen ser herramientas de mafias del Estado profundo que tiene a sueldo a grupos enteros, comunicadores y periodistas

Es solo un ejemplo, pero lo podríamos poner como ilustración de lo escrito: el número dos del ministro de Interior de M. Rajoy ha reconocido que era una mentira a sabiendas que no había dinero en las Granadinas a favor de nadie de Podemos, un partido democrático de una democracia madura (sic). Un escenario mafioso de un partido en el Gobierno y de las cloacas mediáticas que lo apoyan y que no merecen otra denominación que no sea igualmente mafiosa. Un periódico de papel ha sido condenado por sus bulos, El Mundo, ciertamente acumula ya una generosa reputación. Incluyo esto porque es falso que la plaga de mentiras a sueldo procedan de las redes sociales, más bien de una acreditada red de redacciones sociales.

Insisto en que estas mentiras son un gravísimo problema para la estabilidad democrática ya que suelen ser herramientas de mafias del Estado profundo que tiene a sueldo a grupos enteros, comunicadores y periodistas.

Luego están las mentirijillas de los miserables, la de los agitadores de oscuros mentideros de la corte, sean tabernarios o de secano. No son tan peligrosos, solo algo molestos pero tiene un enemigo mortal, la verdad. Cuando la verdad reluce, no hay sombra que cobije sus mentiras, y el ridículo y el desprestigio profesional debería ser suficiente castigo.

Les queda mucho por aprender, por eso me acordé de Manolete, que no sabía de lo suyo pero aún y así se metía, quizá porque, en este caso, los novilleros quieren escalar a maestros de la mentira burda. A Manolete lo podía coger el toro, a éstos lo va a pillar la verdad.

El que fuera secretario de Estado de Seguridad con el Partido Popular Francisco Martínez admitió al empresario Javier Pérez Dolset que la cuenta en el paraíso fiscal de Granadinas que la llamada brigada política atribuyó al fundador de Podemos Pablo Iglesias era “una mentira, una falsificación” y que, pese a ello, salió publicado en un medio de comunicación, según un audio desvelado este viernes por el El País. Según esta información, Martínez hizo esta confesión como una vía de colaborar con la Justicia ante su inminente juicio por las actuaciones de esa brigada política contra Luis Bárcenas.

Martínez también está siendo investigado por el espionaje a dirigentes de Podemos con el objetivo de hallar información negativa que pudiera perjudicarles políticamente y estuvo encarcelado de forma provisional hasta este jueves por otro procedimiento vinculado al hacker conocido como 'Alcasec'. Dolset, por su parte, es un empresario encausado por el supuesto desvío a Panamá de más de cien millones de euros y que achaca sus problemas con la justicia a un montaje de “las cloacas del Estado” instauradas bajo gobiernos del PP. Ambos mantuvieron diversas conversaciones entre 2012 y 2017 sobre las operaciones ilegales del ministerio.

En mayo de 2016, la brigada política filtró a OkDiario una supuesta orden de pago 272.325 dólares por parte del Gobierno venezolano a favor de Iglesias a través de una cuenta en un paraíso fiscal y cuando el partido ya estaba fundado. El documento resultó ser falso, tal y como acreditó la entidad bancaria Euro Pacific Bank. Para elaborarlo, la Policía contó con Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano que recibió el permiso de residencia por su colaboración con el Ministerio del Interior español, según confesó él mismo en un juzgado madrileño.

“Lo de Granadinas, eso es un asunto que sabíamos perfectamente que era mentira, que era una falsificación, y sin embargo apareció publicado en OkDiario o en no sé qué medio de Inda, por qué, pues porque tampoco necesitaba ni Pino, ni Villarejo, ni el que fuese, pasar por el ministerio para darle una cosa a un periodista”, afirma Martínez en la grabación. Dolset le dice entonces que el comisario José Villarejo afirmó en otros audios que eso se lo había inventado el comisario Eugenio Pino, el número dos de la Policía, hoy imputado en la causa sobre la guerra sucia a Podemos con fondos reservados.

Martinez responde: “Pero no es que se lo invente, sino que viene alguien y se lo da a Pino, y entonces Pino, en lugar de coger eso y comprobarlo, sobre todo cuando canta como canta…. coge e intenta que a través del ministerio se lo compremos, y como no se lo compramos, porque además no interesaba, pues un día eso aparece en Ok Diario. Y eso cómo ha pasado, ah no tengo ni idea, yo nunca hablo con periodistas, pues hombre. Pero lo mismo hacía Villarejo con sus amigos de El Mundo, decía oye colócame esto y tú estabas en el ministerio y te lo encontrabas ya publicado”.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado este jueves la puesta en libertad del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que se encontraba en prisión provisional desde el pasado 29 de mayo, en el marco de la llamada 'Operación Borraska'.

La magistrada ha adoptado esta decisión una vez que el fiscal haya solicitado hoy su libertad, después de que la Comisaría General de Información de la Policía haya confirmado que las pruebas que de él dependían están aseguradas. Desaparecido el riesgo de destrucción o alteración de pruebas que motivó su ingreso en prisión, procede ahora acordar su libertad.

La defensa del que fuera secretario de Estado de Seguridad con el Partido Popular había pedido a la jueza este martes que decretase su libertad porque consideraba que el principal argumento para enviarle a prisión era su capacidad para destruir unas pruebas de las que decía carecer. En un escrito, su letrado instaba a la magistrada a que revocase la prisión provisional que acordó el pasado jueves para Martínez al considerar que “desempeñaría un rol central en la consolidación y sostenibilidad” de la red de cibertaques que presuntamente lideraba el hacker José Luis Huertas, 'Alcasec' y que fue desarticulada tras la 'Operación Borraska'.

“Su función abarcaría el diseño y la operación del blindaje legal, patrimonial e institucional que permitiría a los miembros técnicos del grupo, en especial a José Luis Huertas, operar con continuidad, anonimato y una legitimidad aparente”, estimaba la justicia gracias a la asesoría de Martínez, abogado en ejercicio y que asistió a 'Alcasec' en su primera detención en 2021 cuando era menor de edad, según los autos de prisión a los que tuvo acceso EFE.

La defensa del que fuera secretario de Estado de Seguridad con el Partido Popular Francisco Martínez ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional que decrete su libertad porque el principal argumento para enviarle a prisión fue su capacidad para destruir unas pruebas de la que carece el acusado. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, su letrado insta a la magistrada María Tardón a que revoque la prisión provisional que acordó el pasado jueves para Martínez al considerar que “desempeñaría un rol central en la consolidación y sostenibilidad” de la trama que fue desarticulada tras la 'Operación Borraska'.

ACTUALIZACIÓN La jueza deja en libertad a Francisco Martínez tras desaparecer el riesgo de destrucción de pruebas

La representación de Martínez recuerda que la Fiscalía pidió que fuese enviado a prisión por el riesgo de que éste “borrara o alterara la información que guarda sobre sus clientes en su nube, no la información sustraída” presuntamente por el hacker José Luis Huertas 'Alcasec' y depositada en un servidor suizo. “Lo cual tiene muchísimo más sentido que el riesgo que pretende conjurar la instructora”, critica.

Desde su punto de vista, “no existe ni un solo elemento en el auto recurrido del que se infiera la capacidad” del que fuera 'número dos' de Interior con el Partido Popular “para acceder a las fuentes de prueba de este caso y poder destruirlas”.

En su recurso, su abogado se refiere a la alusión que hace la magistrada al supuesto asesoramiento que Martínez habría prestado a la madre de 'Alcasec', participando “en actuaciones de obstrucción procesal” y asesorándola “en tal sentido” para guiarla en la “destrucción de pruebas relevantes”.

“Sin saber en qué consistió exactamente ese asesoramiento telefónico a una madre orientado a destruir pruebas relevantes, entendemos que de su hijo, es muy difícil valorar la capacidad o más bien la telecapacidad de Martínez para hacer desaparecer las evidencias digitales del presente caso”, anuda su representación.

En esta línea, su letrado sostiene que “no hay más indicio para afirmar que Martínez, bien directamente, bien a través de la madre o de los amigos, tiene la llave para apretar el botón remoto de autodestrucción de las evidencias digitales del servidor suizo”.

La detención de Martínez, una coartada

La jueza, en concreto, le señala como el supuesto “coordinador jurídico-operativo y arquitecto de blindaje estructural de la organización criminal”, destacando el “perfil profesional” de Martínez, “que combina conocimientos jurídicos, vínculos institucionales y experiencia política, debido a los cargos de dicha naturaleza desempeñados por él en el pasado”.

Su letrado, sin embargo, se pregunta “cuál es la contribución concreta y específica de Martínez a esa compleja y sofisticada red tecnológica de sustracción y comercialización de datos”. “¿No será que la imputación de Martínez es necesaria para completar el trío que permita hablar de organización criminal?”, lamenta.

Por otro lado, su defensa considera que Martínez ha sufrido “indefensión por la ausencia de la comunicación de elementos esenciales de la imputación” en una causa que permanece todavía bajo secreto.

“El secreto de las actuaciones no puede abarcar a los hechos que se imputan al investigado y a las razones motivadoras de la privación de libertad, ni impedir el acceso a los elementos de las actuaciones esenciales para cuestionar e impugnar la legalidad de la privación de libertad”, afirma su abogado.

Y es que, apostilla, “si los elementos esenciales sobre la intervención de Martínez en el entramado jurídico o sobre el riesgo de destrucción de fuentes de prueba se han omitido, se estarían vulnerando sus derechos fundamentales a la defensa y a la libertad”.

“Ya que ni él ni esta su representación procesal y asistencia letrada pudieron evitar la adopción de la medida cautelar de prisión preventiva mediante alegaciones realizadas con un conocimiento directo de los elementos de las actuaciones en los que dicha medida cautelar se sustentaba”, zanja.

Fuentes jurídicas que han tenido acceso al auto por el que se motivó su ingreso en prisión indican que, en el mismo, la jueza explica que la trama habría “evolucionado desde un esquema tradicional de ciberdelincuencia hacia una red de inteligencia criminal privada y transnacional, con capacidad de intervención en sectores estratégicos y con objetivos que trascienden el mero beneficio económico, alcanzando una dimensión de control y explotación masiva de información sensible”.

La instructora pone el foco en la “continuada relación” que el exsecretario de Estado mantenía con 'Alcasec' desde al menos 2021, cuando este último fue detenido siendo menor de edad. Según la jueza, Martínez “le habría asesorado legal y fiscalmente en relación con la sociedad Horus Corp, en la cual Adrián Molina --otro de los investigados y vinculado al 'hacker'-- aparece como su administrador único”.

“Estos vínculos refuerzan la inferencia de que Martínez conocería en profundidad el rol operativo y técnico de ambos dentro del entramado criminal”, insiste la magistrada.

Martínez, en concreto, se habría hecho cargo de la “configuración legal y operativa, cumpliendo un rol central en el diseño de estructuras societarias que actuarían como fachadas legales de la actividad criminal”.

“Estas sociedades, administradas formalmente por terceros como Molina, se estarían utilizando para canalizar ingresos ilícitos, emitir facturación simulada y aparentar una actividad económica lícita”, apunta la jueza.

Esta arquitectura, continúa el auto, “permitiría desvincular formalmente” a 'Alcasec' de los beneficios generados por el entramado delictivo, reduciendo su exposición directa.

“Actividades que exceden ampliamente las funciones de la defensa técnica legal y evidencian su participación activa y consciente en las actividades propias del entramado criminal”, apostilla.

A Martínez también “puede atribuirse la conducción de iniciativas orientadas a insertar a Huertas en entornos académicos y profesionales legítimos, a través de acuerdos con instituciones educativas, participación en programas de formación y actividades relacionadas con la ciberseguridad”.

El lema con el que el PP se manifestará contra el Gobierno el próximo 8 de junio es “mafia o democracia”. Alberto Núñez Feijóo lo anunció el jueves al calor de las revelaciones sobre la militante socialista Leire Díez y sus maniobras contra la Guardia Civil. Pero prácticamente a la misma hora que el líder del PP convocaba la protesta se hicieron públicas varias decisiones judiciales que ponen el foco sobre su propio partido y trastocan esa supuesta lucha contra la corrupción: el encarcelamiento preventivo de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad con Mariano Rajoy, el procesamiento de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal y la imputación inédita de altos cargos sanitarios de la Comunidad de Madrid por la muerte de ancianos en residencias durante la pandemia.

“En fin, esto es la mafia”, dijo esta semana la presidenta regional madrileña, que siguió el camino que Miguel Tellado, portavoz del partido, había marcado el miércoles en el Congreso al referirse al PSOE como “organización criminal”. El discurso está en la línea del exhibido por el PP durante la investigación judicial del 'caso Koldo' contra José Luis Ábalos y ahora ha subido varias octavas con la publicación de grabaciones en las que Leire Díez, militante y exconcejala socialista, buscaba pruebas de corrupción policial y ofrecía tratos judiciales y puestos a empresarios y guardias civiles imputados a cambio de, según afirmaba, revelar información comprometida de altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Mientras los socialistas dejan dormir la polémica con un expediente informativo y Vox apoyó una poco concurrida manifestación frente a la Moncloa en la misma tarde del jueves, Alberto Núñez Feijóo anunció el jueves que sacará a su militancia a la calle el próximo 8 de junio para protestar contra lo que define como “mafia”.

El anuncio de Feijóo coincidió en el tiempo con varias resoluciones judiciales que han devuelto al PP a su relación habitual con los tribunales: como parte bajo sospecha. Este jueves la Audiencia Nacional envió a prisión a Francisco Martínez, nombre conocido para los jueces de este organismo. Secretario de Estado de Seguridad con Mariano Rajoy, es uno de los altos cargos de Interior que se sentará en el banquillo por formar parte de la 'operación Kitchen', el supuesto entramado policial y político bajo la batuta del ministro del PP Jorge Fernández Díaz para controlar y destruir pruebas comprometedoras para el partido usando medios policiales y con la colaboración del entonces comisario José Manuel Villarejo.

En esa causa, Martínez se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por parte de Anticorrupción. Los investigadores le atribuyen un papel protagonista en el entramado policial corrupto que, supuestamente, puso los recursos de la Policía Nacional al servicio de los intereses judiciales y políticos del PP. La segunda causa por la que ahora ha sido detenido y encarcelado está bajo secreto y apunta a su relación con el hacker conocido como 'Alcasec' y la creación de sociedades y empresas dentro de su entramado.

El líder del PP no se ha referido a esta detención y tampoco al juicio pendiente por la 'operación Kitchen', uno de los múltiples procesos judiciales pendientes de sentencia que afectan a su partido tras más de una década de investigaciones, sobre todo en la Audiencia Nacional, pero muchas ya zanjadas con condenas firmes en el Tribunal Supremo.

Las residencias de Madrid

La subida de tono del PP tras el avance del caso Koldo y las revelaciones sobre las maniobras de Leire Díez también coinciden con un momento judicial delicado para Isabel Díaz Ayuso y su Comunidad de Madrid. Dos juzgados distintos, uno de la capital y otro de la localidad de Leganés, han abierto sendas investigaciones penales por la muerte de ancianos en residencias de la región durante la pandemia. Por primera vez en un lustro, los jueces han entendido que varios altos cargos de su administración deben comparecer como investigados y no como testigos, como había sucedido hasta el momento en otras diligencias que han terminado archivadas.

La muerte de miles de ancianos en residencias de la Comunidad durante la pandemia de coronavirus y los protocolos de no derivación señalados continuamente por las familias son uno de los puntos más tensos del día a día político y judicial del PP madrileño y su presidenta. Más ahora que Carlos Mur, su entonces director de coordinación sociosanitaria y firmante y defensor de esos protocolos, ha sido imputado en dos causas judiciales distintas: en una está pendiente de ser citado y en la otra tiene que declarar a mediados del próximo mes de junio.

En la misma semana en la que Ayuso ha calificado de “mafia” al Ejecutivo central por los audios que desvelan las maniobras de la militante socialista Leire Díez, ha denunciado estar siendo víctima de una “operación de Estado” contra ella por la apertura de estas causas apuntando a la Fiscalía, que ha apoyado la reapertura de los procedimientos.

El otro sobresalto judicial que ha coincidido con la escalada dialéctica del PP también tiene que ver con Isabel Díaz Ayuso: el procesamiento de su pareja por fraude fiscal y falsedad documental. La magistrada que lleva más de un año investigando a Alberto González Amador entiende que hay pruebas suficientes para juzgarle por usar facturas falsas para reducir drásticamente su factura del impuesto de sociedades entre 2020 y 2021, los años en los que ganó varios millones de euros como comisionista en operaciones de compraventa de mascarillas.

Ese auto avala la inspección de Hacienda que le llevó primero a la Fiscalía y después al juzgado y rechaza, en la práctica, las alegaciones que Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, llevan esgrimiendo desde el principio: que todo el proceso es una “persecución” contra su pareja para perjudicar la carrera política de la presidenta madrileña. Por el momento ni las asociaciones judiciales o fiscales ni el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo Fiscal han salido al paso de estas acusaciones de Ayuso contra la investigación penal a su pareja.

La convocatoria de una manifestación contra la “mafia” por parte del PP coincide con otro anuncio, este de carácter político y a medio gas, por parte de Alberto Núñez Feijóo: amagó con una moción de censura que saque a Pedro Sánchez y el PSOE de la Moncloa. Pero los aliados para poder ganarla –entre ellos, PNV y Junts, que son socios del Gobierno progresista– no han aparecido, lo que rápidamente ha llevado al PP a justificar que finalmente no se vaya a presentar.

La última moción de censura que prosperó fue la que planteó el PSOE para desalojar a Mariano Rajoy el PP del Gobierno. El detonante del movimiento parlamentario fue la sentencia de la Audiencia Nacional que no calificó como “mafia” pero sí como “asociación ilícita” la relación simbiótica entre el PP y la trama Gürtel, hasta el punto de condenar al partido por financiarse con varios cientos de miles de euros del entramado corrupto en algunos de sus feudos en Madrid. El rastro de sentencias firmes del caso deja cientos de años de cárcel en condenas, antiguos cargos públicos y orgánicos del PP sancionados con prisión y comisiones y contratos millonarios amañados y adjudicados allí donde gobernaban.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha enviado este jueves a prisión provisional al exnúmero dos del Ministerio del Interior con el Gobierno del PP Francisco Martínez por su presunta vinculación con la red de ciberataques que estaría liderada por el 'hacker' Alcasec. Fuentes jurídicas han informado a EFE de la decisión adoptada este jueves por la magistrada, que ha acordado prisión preventiva sin fianza para el ex secretario de Estado de Seguridad hasta que la Policía asegure las bases de datos supuestamente creadas por Alcasec para la consulta de información obtenida ilícitamente.

La presunta organización criminal que integran Alcasec y Martínez elaboraba “perfiles” de personas e instituciones a partir de la información que robaba de bases de datos confidenciales. Y una vez elaborados esos “perfiles” los ponía a la venta, informan fuentes jurídicas.

La Comisaría General de Información de la Policía detuvo este martes José Luis Huertas, alias 'Alcasec', a Francisco Martínez y a otras dos personas acusados de los delitos de organización criminal, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Alcasec, Martínez y un tercer detenido se encuentran en dependencias de la Policía, en el 'cuartel general' de Canillas, a la espera de pasar a disposición judicial en el día de mañana. El cuarto implicado está detenido en Andorra y se iniciará el proceso para su extradición.

La información sustraída se conseguía mediante ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas que se planificaban contra sistemas de organismos públicos y privados y que han sido ejecutadas de forma sostenida durante años. La presunta organización criminal habría desarrollado una infraestructura tecnológica sofisticada y altamente compartimentada, diseñada para maximizar la extracción, almacenamiento, procesamiento y explotación de los datos que obtenían de forma ilícita, minimizando su exposición jurídica y operativa, informan las citadas fuentes.

A partir de esa acumulación progresiva de datos, añaden, la organización elaboraba perfiles detallados de personas e instituciones con el objetivo de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible.

Dos líneas de investigación

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una institución pública que sufrió un acceso ilícito a sus servicios informáticos, lo que originó la exfiltración masiva de datos personales de titulares de líneas de teléfono móvil. La causa ha contado con la cooperación de las autoridades andorranas y suizas. Fuentes policiales confirman que se trata de un ataque al punto neutro al Consejo General del Poder Judicial, a través del cual se accedió a datos del Ministerio de Hacienda o a otros datos reservados de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Este ciberataque realizado por Alcasec se encuentra judicializado y la Fiscalía le pide tres años de cárcel. Lo que se investiga en esta nueva pieza es la venta de los datos que de ahí se sustrajeron.

La policía investiga a Martínez en dos líneas. Por una parte, los agentes investigan que el pirata informático hubiera suministrado a Martínez información obtenida a través de sus ciberataques en su etapa posterior al Ministerio del Interior, informan a elDiario.es fuentes policiales. Los agentes han registrado el domicilio de Martínez en Madrid. De otro lado, los investigadores indagan en los trabajos de Martínez como abogado, después de su etapa en Interior, y que habría realizado para José Luis Huertas, conocido como 'Alcasec', fuera de la legalidad.

Fuentes próximas a Martínez aseguran que Martínez fue abogado de Alcasec cuando el 'hacker' era menor de edad. Con posterioridad, le prestó su servicios profesionales para constituir dos sociedades. La Policía, según fuentes del entorno de Martínez, investiga si Alcasec usó esas sociedades para blanquear un dinero procedente del delito. El entorno del ex secretario de Estado de seguridad defiende que Martínez ni administró esas sociedades, ni las gestionó, ni llevó su contabilidad. En este sentido afirman que el abogado cobró 1.500 euros por ese servicio y que es la única factura que la Policía maneja en contra del ex número dos de Interior.

La presunta organización criminal que integran el hacker Alcasec y el ex número dos de Interior con el PP Francisco Martínez elaboraba “perfiles” de personas e instituciones a partir de la información que robaba de bases de datos confidenciales. Una vez elaborados esos “perfiles” los ponía a la venta, informan fuentes jurídicas.

La Comisaría General de Información de la Policía detuvo este mares José Luis Huertas, alias 'Alcasec', a Francisco Martínez y a otras dos personas acusados de los delitos de organización criminal, revelación de secretos y blanqueo de capitales. Alcasec, Martínez y un tercer detenido se encuentran en dependencias de la Policía, en el 'cuartel general' de Canillas, a la espera de pasar a disposición judicial en el día de mañana. El cuarto implicado está detenido en Andorra y se iniciará el proceso para su extradición.

La información sustraída se conseguía mediante ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas que se planificaban contra sistemas de organismos públicos y privados y que han sido ejecutadas de forma sostenida durante años.

La presunta organización criminal habría desarrollado una infraestructura tecnológica sofisticada y altamente compartimentada, diseñada para maximizar la extracción, almacenamiento, procesamiento y explotación de los datos que obtenían de forma ilícita, minimizando su exposición jurídica y operativa, informan las citadas fuentes.

A partir de esa acumulación progresiva de datos, añaden, la organización elaboraba perfiles detallados de personas e instituciones con el objetivo de maximizar su capacidad de control, explotación estratégica y comercialización de información sensible.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una institución pública que sufrió un acceso ilícito a sus servicios informáticos, lo que originó la exfiltración masiva de datos personales de titulares de líneas de teléfono móvil. La causa ha contado con la cooperación de las autoridades andorranas y suizas. Fuentes policiales confirman que se trata de un ataque al punto neutro al Consejo General del Poder Judicial, a través del cual se accedió a datos del Ministerio de Hacienda o a otros datos reservados de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Este ciberataque realizado por Alcasec se encuentra judicializado y la Fiscalía le pide tres años de cárcel. Lo que se investiga en esta nueva pieza es la venta de los datos que de ahí se sustrajeron.

La policía investiga a Martínez en dos líneas. Por una parte, los agentes investigan que el pirata informático hubiera suministrado a Martínez información obtenida a través de sus ciberataques en su etapa posterior al Ministerio del Interior, informan a elDiario.es fuentes policiales. Los agentes han registrado el domicilio de Martínez en Madrid. De otro lado, los investigadores indagan en los trabajos de Martínez como abogado, después de su etapa en Interior, y que habría realizado para José Luis Huertas, conocido como 'Alcasec', fuera de la legalidad.

Fuentes próximas a Martínez aseguran que Martínez fue abogado de Alcasec cuando el 'hacker' era menor de edad. Con posterioridad, le prestó su servicios profesionales para constituir dos sociedades. La Policía, según fuentes del entorno de Martínez, investiga si Alcasec usó esas sociedades para blanquear un dinero procedente del delito. El entorno del ex secretario de Estado de seguridad defiende que Martínez ni administró esas sociedades, ni las gestionó, ni llevó su contabilidad. En este sentido afirman que el abogado cobró 1.500 euros por ese servicio y que es la única factura que la Policía maneja en contra del ex número dos de Interior.

Este miércoles ha habido pleno en el Congreso de los Diputados, al que han acudido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pero en el que no ha estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra en Bruselas para reunirse con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. El líder del Ejecutivo español quiere defender la oficialidad del euskera, del catalán y el gallego —la UE decidió ayer aplazar la votación por falta de consenso—, así como el embargo de armas a Israel ante la situación de Gaza y también discutir sobre los aranceles que pretende imponer a Europa Donald Trump.

Mientras, en España, la declaración de Carlos Neira y una sentencia del Tribunal Supremo avalan que se pueda llamar a Alberto González Amador “defraudador confeso”. Y en el juicio que rodea al PSOE, el juez Peinado ha llamado a declarar como testigos este martes al presidente de Telefónica y expresidente de Indra, Marc Murtra, entre otros, en la investigación del 'caso Begoña'. Murtra ha declarado que solo recibió a Begoña Gómez por protocolo.