Luis Bárcenas busca acreditar ante el tribunal que juzga las maniobras para arrebatarle las pruebas sobre la financiación irregular del Partido Popular que sufrió “trato vejatorio” cuando estuvo interno en la cárcel de Soto del Real entre los años 2013 y 2015.

El extesorero de la formación ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional diversa documentación, entre la que se encuentra una “orden de cacheo desnudo integral” que se llevó a cabo en septiembre de 2013 ante la sospecha de que hubiera introducido en la cárcel objetos prohibidos. Tras llevar a cabo ese cacheo los funcionarios no encontraron ningún elemento cuyo uso no esté autorizado en la prisión, tal y como acredita el parte aportado. 

Su abogada, Marta Giménez-Cassina, también ha aportado un parte por sospecha de ocultar objetos prohibidos que nunca se llegó a probar. Entre la documentación figuran también quejas del propio Bárcenas y un parte de asistencia médica por “enrojecimiento” en las muñecas, derivadas de un apretón excesivo de los grilletes por parte de la Guardia Civil durante los traslados. No obstante, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria desestimó su queja por las condiciones de estos traslados. 

Asimismo, Bárcenas adjunta el parte por el que fue castigado con privación de paseos y actos recreativos. El motivo alegado es que se negó a facilitar a los funcionarios el número de teléfono al que estaba llamando. La defensa argumenta que en prisión solo se puede llamar a números previamente autorizados.

La Audiencia Nacional acogerá desde este lunes el juicio por el caso Kitchen, la pieza número 7 de la macrocausa Villarejo y la única que responde a un encargo exclusivamente político al policía: encontrar y poner lejos del alcance de la justicia las pruebas que pudiera guardar Bárcenas de la financiación irregular del PP.

La Fiscalía de Anticorrupción ha aportado de cara al juicio de la 'Operación Kitchen' una serie de correos electrónicos que mandó el comisario jubilado José Manuel Villarejo al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez —ambos acusados— en el que el primero le reprocha haberle dejado “tirado”: “Me convenciste para que me quedara porque decías necesitarme, pero luego me abandonaste a mi suerte”.

Así se desprende del escrito que ha remitido el fiscal César de Rivas a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde comenzará el juicio el próximo 6 de abril por el presunto espionaje orquestado en 2013 por la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Los correos datan del 13 de noviembre de 2016, solo cinco días antes del cese de Martínez como Secretario de Estado y en ellos le reprochó haber pasado “por una campaña orquestada” por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). “De ser un fiel y leal servidor del Estado a un apestado, un hombre de las cloacas ... en referencia a que sois vosotros las cloacas ... y lo habéis aceptado ... porque pensabais ... pensabas, que no iban contra ti”, le dijo Villarejo a Martínez.

Una “campaña de descrédito” que el comisario jubilado atribuye al director del CNI en ese momento, Félix Sanz Roldán, y reprochó a Martínez que su “debilidad le ha dado alas a sus maniobras”: “Has visto que al final, después de haberme abandonado a mi suerte, han ido a por el Ministro, ahora ex, a por ti”.

Así, Villarejo manifestó que “su nivel de paciencia ha llegado al límite, y puede que sea un viaje sin retorno”, al tiempo que le recriminó que haya “permitido que saquen una ley absurda” para impedirle “obtener la condición de Honorario”, así como que le “nieguen” su “placa insignia” de la Policía.

“Quiero mi respuesta de la fecha real de mi jubilación ... me cansé de esperar. Quiero mi placa insignia ... la que llevé en mi vida profesional...a la que tengo derecho según la misma ley que me ha quitado la condición de Honorario”, remachó.

Al final de este correo, Villarejo pidió al ex secretario de Estado “solo lo que en Derecho, en mayúsculas” considera que le “corresponde”, y que dejase de ponerse “de perfil”, aunque concluyó el mensaje poniéndose a sus órdenes: “Aprovecho la ocasión para ofrecerme para lo que necesites ... como siempre”.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cárcel de 15 años y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por los presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

También pide 15 años para Martínez, el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y para Andrés Manuel Gómez Gordo, quien fuera jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, también por los mismos delitos. Por otro lado, interesa una condena de 19 años de prisión para Villarejo.

Francisco González se enfrenta a una petición de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción de 173 años en la pieza 9 de la macrocausa Tándem, también conocido como el caso BBVA. Después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmara hace dos semanas el procesamiento de la entidad, del expresidente y de hasta doce personas más por delitos de cohecho continuado y descubrimiento y revelación de secretos por contratar al comisario de la Policía José Manuel Villarejo y a su empresa Grupo Cenyt para encargos ilegales entre 2004 y 2016, hoy han trascendido detalles del escrito de acusación del Ministerio Público.

Según ha avanzado Expansión y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es, el Ministerio Público interesa para González cinco años de prisión por el delito continuado de cohecho y cuatro años por cada uno de los 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros. Estas mismas fuentes señalan que ese sumatorio de penas se hace de esta forma porque el delito de revelación no admite continuidad delictiva, si bien advierten de que en todo caso el límite de cumplimiento de prisión es el triple de la pena más grave (el cohecho) por lo que el banquero nunca se enfrentaría a más de 15 años de cárcel.

En cuanto al BBVA, señalan que se pide una condena de multa de 5 años a razón de 5.000 euros por día por el delito de cohecho mientras que por cada uno de los 48 delitos que le imputan de revelación de secretos se interesa una pena de multa de 2 años a razón de 5.000 euros por día. Eso haría ascender la multa al entorno de los 180 millones de euros para la entidad. La única que ha acabado siendo procesada en esta macrocausa a pesar de que también estuvo investigada La Caixa en otra de las ramas de Tándem.

Cabe recordar que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional indicó en los autos por los que confirmaba el procesamiento que el sistema establecido por BBVA de prevención y control de delitos no era eficaz porque dejaba al margen de cualquier normativa de control a la Presidencia Ejecutiva y a la Alta dirección que indiciariamente, cometieron los “delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio de BBVA investigados”.

Para el tribunal, no era irrazonable concluir, como hace el instructor que “el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz en cuanto que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control, cuyas órdenes era obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas”.

Sobre González, la Sala apuntaba en línea con el instructor que alguno de los contratos con Cenyt investigados fueron ordenados por el entonces presidente de la entidad, “que ya sabía” de quién era ese conglomerado de empresas y sus métodos de investigación por contratos anteriores. “No es irrazonable concluir que por eso la eligió tras no dar ningún resultado con otros métodos de investigación y sí lo dieron con Cenyt”, explicaba.

Cuando en 2020 el juez instructor del caso Villarejo, entonces Manuel García-Castellón, levantó el secreto que pesaba sobre esa pieza 9, cifraba en 10.284.689,30 euros los pagos bajo sospecha de la segunda entidad bancaria del país a las empresas del policía. 

“Dichas contrataciones tendrían por objeto el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o investigación de carácter patrimonial, de carácter ilícito, atendida la incompatibilidad de los encargos asumidos por su entramado empresarial Grupo Cenyt con su condición de funcionario policía en activo”, afirmaba el juez.

La Audiencia Nacional aboca al banquillo al BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras doce personas por los presuntos encargos ilegales al comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. La Sala de lo Penal ha desestimado íntegramente los 11 recursos de apelación presentados contra el auto de procesamiento.

El juez instructor, Manuel García Castellón, propuso juzgar por delitos de cohecho continuado y de descubrimiento y revelación de secretos a la entidad financiera, a su expresidente y a otras doce personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales, por contratar a Villarejo y a su empresa, el Grupo Cenyt, para realizar distintos encargos supuestamente ilegales.

A lo largo de 11 autos, la Sección Tercera analiza los indicios recabados por el instructor por los que propone juzgar a la excúpula del banco así como a su ex responsable de Seguridad, el que fue comisario de policía Julio Corrochano, así como a los mandos policiales vinculados a Villarejo. La Sala, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, rechaza también el recurso del BBVA y recoge el argumento del instructor que estimó que no era creíble el desconocimiento alegado por el banco.

En relación con el sistema establecido por BBVA de prevención y control para prevenir delitos, los jueces afirman que no era eficaz al dejar al margen de cualquier normativa de control a la presidencia ejecutiva y a la alta dirección que indiciariamente, cometieron los “delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio de BBVA”.

Para la Sala “no es irrazonable concluir, como hace el instructor que, al menos indiciariamente, el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz en cuanto que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control, cuyas órdenes eran obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas”.

Añade que todos los indicios hacen necesario que se valoren en conjunto en el juicio, sin que corresponda a la Sala establecer “como deberían haberse hecho los controles que podrían haber prevenido la comisión del delito, debiendo el análisis centrarse en la indiciaria constatación de que los que había no eran eficaces por las razones expuestas, aunque no las comparta la apelante -que la alta dirección estaba excluida del control”.

En relación con Francisco González, la Sala, en línea con el instructor, señala que alguno de los contratos con Cenyt investigados fueron ordenados por el entonces presidente del BBVA, “que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores y ”no es irrazonable“ concluir que por eso la eligió tras no dar ningún resultado con otros métodos de investigación y sí lo dieron con Cenyt.

En definitiva, concluyen los jueces, no es irrazonable la interpretación de indicios que hacen el auto recurrido y las acusaciones para llegar a la conclusión de la participación de Francisco González en los delitos de cohecho y revelación de secretos. Y, en definitiva, de que sabía que Cenyt había accedido a datos de carácter íntimo y personal y a fuentes cerradas “sin respetar la legalidad” y sirviéndose para ello de funcionarios policiales.

La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo de cohecho pasivo, revelación de secretos y falsedad en documento mercantil por el encargo que le hizo un empresario para obtener información del administrador concursal de su compañía. Villarejo cobró 400.000 euros de un particular mientras estaba destinado en la cúpula de la Policía, con el PP en el Gobierno, y ejecutaba encargos como la operación Cataluña.

La absolución de Villarejo por el delito de cohecho –cobrar de particulares siendo funcionario público– es una constante en la macrocausa que lleva el nombre del policía desde que la máxima instancia de la Audiencia Nacional, la Sala de Apelación, corrigiera al tribunal y considerara que no por llevar placa y pistola podía actuar solamente como abogado o detective, sin servirse de su condición de comisario

El encargo por el que se acaba de dictar sentencia absolutaria fue bautizado por Villarejo como proyecto 'Grass', la pieza 29 de la macrocausa. La Fiscalía Anticorrupción ha visto cómo su abultada petición de cárcel, 12 años para Villarejo por los tres delitos, ha acabado en absolución.

Recientemente se celebró el juicio por el presunto contrato entre Javier López Madrid y Villarejo para acosar a la doctora Pinto. El único delito que le atribuye la acusación popular es el cohecho. La Fiscalía no presento acusación.

En su sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Penal absuelven también al socio de Villarejo Rafael Redondo y al empresario inmobiliario Antonio Erico Chávarri, que fue quien hizo el encargo a Villarejo y a Redondo. Según declara probado la Audiencia Nacional, en el año 2012 se tramitó ante el Juzgado de lo Mercantil el procedimiento concursal de la entidad Acisclo Gestión de Patrimonio SL, sociedad inmobiliaria propiedad de Antonio Erico Chávarri. El principal acreedor en dicho procedimiento concursal era su exsuegro, Joaquín Molpeceres Sánchez, a través de la sociedad Mercali S.A, con el que el acusado mantenía una enemistad derivada del proceso de divorcio con su hija y de las consecuencias patrimoniales derivadas de la disolución del matrimonio. Como administrador concursal estaba designado en dicho procedimiento Luis Pérez Gil.

 Ante las sospechas de que en el procedimiento concursal se estuvieran produciendo irregularidades y de que su ex suegro, Joaquín Molpeceres y Luis Pérez, quienes mantenían estrechas relaciones personales y profesionales, pudieran actuar de común acuerdo para perjudicar sus intereses en dicho procedimiento y proponer declararlo en concurso culpable, el acusado Antonio Erico Chávarri, contrató a un detective privado para que hiciera un seguimiento con el fin de obtener información comprometida para ambos.

El fallo relata que el detective no satisfizo las aspiraciones del cliente, Antonio Chávarri, a través de un socio de su despacho profesional, entró en contacto con el acusado José Manuel Villarejo Pérez, y le encargó una investigación dirigida a recabar información sobre las relaciones que pudieran mantener Luis Pérez Gil y Joaquín Molpeceres. Por este encargo, que se ejecutó entre finales del año 2012 y finales 2013 a través del denominado Proyecto Grass, Villarejo y su socio Redondo cobraron a través de su empresa CENYT una cantidad superior a los 400.000 euros.

Tras examinar la prueba, el Tribunal considera que no se cometió el delito de cohecho puesto que se trató de una actividad privada ejecutada al margen de la actividad como Policía de Villarejo. La conclusión, explican los magistrados, “no puede ser otra que, en el presente caso, no se utilizaron ni métodos, ni medios policiales, ni consta consulta alguna en las bases de datos policiales. No consta intervención policial alguna, ni la utilización de recursos públicos en este caso. Tampoco existe prueba de que Villarejo hubiera contactado con otros policías para recabar información o el tráfico de llamadas, es probable, pero no existe prueba de ello”.

Cliente y Villarejo, una relación “absolutamente privada”

De todo lo cual, subraya el fallo, se concluye José Manuel Villarejo y Antonio Redondo llevaron a cabo “una actuación absolutamente privada” y que el pago de las cantidades abonadas por Antonio Chávarri responde exclusivamente a la contraprestación de los servicios realizados dentro del ámbito de dicha actuación privada.

En consecuencia, con lo expuesto, señala la sentencia, “la ausencia de prueba sobre el citado elemento objetivo del tipo impide la apreciación del delito de cohecho pasivo, deviniendo, por lo tanto, innecesario el examen acerca de la concurrencia de los demás elementos requeridos por el precepto penal del Código Penal objeto de acusación”. Consecuentemente, advierten los jueces, tampoco existe delito de cohecho activo.   

La Sala explica que los acusados tenían en su poder un listado de llamadas de las personas a las que estaban investigando, si bien, apuntan a que no ha resultado acreditado, con el rigor que exige el proceso penal, la forma de acceder a dicha información. 

“En el escrito de acusación tampoco se describe el modo de dicho acceso. No se puede presumir, en contra del reo, que José Manuel Villarejo, por su condición de alto cargo policial se prevaliera de su específica función pública para tal fin. Dicho de otro modo, ignoramos cómo la obtuvo no pudiendo realizarse una presunción en contra del acusado en el sentido de que hubiera abusado de su específica función policial en su beneficio para, de esta manera, haber tenido acceso de forma ilícita a unos datos reservados que hubiera conocido por razón de su cargo”, indica la Sala.

Tampoco ha resultado probado que Villarejo hubiera tenido encargo policial alguno, de tal manera que eso le hubiera posibilitado abusar del conocimiento de datos reservados de los mismos por motivo de su función policial. “Nada hay en las anotaciones manuscritas de su agenda, ni en los audios de las reuniones, ni en otros documentos incautados , razón por la cual debemos concluir que existe un auténtico vacío probatorio que no permite acreditar, con el rigor que exige un proceso penal, el íter concreto del acceso del acusado al tráfico de llamadas, para poder apreciar como probada la concurrencia de prevalimiento por parte del acusado Villarejo de su específica función policial, más allá de meras hipótesis o suposiciones al respecto”.

En cualquier caso, aclaran en su resolución los magistrados de la Sala de lo Penal, no se cumple el requisito de perseguibilidad y, además, el delito de descubrimiento y revelación de secretos estaría prescrito.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha rechazado la solicitud del PSOE, que ejerce la acusación popular en el caso Kitchen, de citar en calidad de investigada a la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal pese a los nuevos indicios contra ella. Piña adopta esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Alejandro Luzón, informara en contra de la imputación de Cospedal, su ex marido Ignacio López del Hierro y el Partido Popular, como persona jurídicas.

En su resolución, el instructor carga duramente contra el PSOE. Dice que su escrito “resulta contrario a la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta”. En el escrito de los socialistas se describía al juez Piña censurando la respuesta del jefe policial de la investigación cuando, en sede judicial, intentaba explicar el contenido de unos audios cuyo contenido se podía “referir a los hechos” de la pieza 7 o caso Kitchen. Antes de que pudiera extenderse más, el actual titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, le interrumpió bruscamente. “¡No, no la pieza número 7 está valorada, enviada y cerrada!”, exclamó el juez, según el escrito que ahora rebate el juez.

Para Piña, el derecho de acción que le corresponde al PSOE en virtud de su actuación como acusación popular no le permite realizar manifestaciones “que exceden del usus foris hasta alcanzar carácter injurioso en referencia a la actuación de este instructor y del Ministerio Fiscal a los que imputa 'la ocultación de prebas incriminatorias'”. “Esta afirmación aparece desmentida en el propio curso de los autos”, dice el juez.

Según informó elDiario.es, la Audiencia Nacional tiene en su poder desde octubre de 2023 un informe de la la Policía que incluye las grabaciones de tres conversaciones del comisario Villarejo con María Dolores de Cospedal en las que queda de manifiesto la implicación de la secretaria general del PP en las maniobras para sabotear la investigación judicial de la caja B del partido. Ni el anterior juez de la macrocausa contra Villarejo, Manuel García Castellón, ni el actual, Antonio Piña, adoptaron ninguna diligencia a partir del citado oficio policial, cuyo conocimiento ha sido hurtado estos dos años a las partes personadas en la pieza separada Kitchen.

El informe policial que recogía las evidencias referidas es el Oficio UAI (Unidad de Asuntos Internos) 3334/23 de 27 de octubre de 2023. En su página seis, el inspector jefe al frente de la investigación informa al juzgado de los audios que acompañan a su escrito. “La publicación consta de 18 carpetas, y en ella se incluyen todos los archivos de audio anteriormente subidos a la plataforma WeTransfer, otros que a continuación se enumeran, de los que se adjunta como Anexo 01 los denominados MDCospedal, para su adecuada valoración sobre su posible vinculación con los hechos objeto de investigación (pieza 7) por parte de su autoridad”. Esa valoración que solicita el policía nunca se hizo. 

En uno de los audios, Cospedal reconoce que tenía acceso a los informes de la caja B del Partido Popular antes del juez porque se los suministraba el ministro del Interior en persona. Sin embargo, Piña dice que no hay nada nuevo en esos audios y que ya estaban incorporados a la causa. Para el juez es relevante que se obtuvieran en fuentes abiertas y dice que se ahora se aportan “sin que la audición completa de los mismos aporte nuevos elementos relevantes”.

El magistrado defiende que los tres audios objeto de examen no constituyen elementos nuevos para motivar una instrucción independiente a la denominada “Operación Kitchen” (el operativo policial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel) y solicitar una acumulación posterior a ese procedimiento, que ya se encuenta en la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento.

El intento de Cospedal por parar los 'papeles de Bárcenas“

Piña se suma a las tesis del anterior instrucor del caso, Manuel García Castellón, quien llegó a poner por escrito que las conversaciones entre el comisario en activo y la secretaria general del PP entonces eran de carácter “social”. Ahora, Piña afirma: “El examen conjunto de las tres conversaciones entre los Srs. Villarejo y Cospedal no contiene elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída con relación a la Sra. Cospedal. El conjunto de las mismas, como ya ha manifestado la Sala en resoluciones anteriores, se centran en el interés de los interlocutores en paralizar la publicación en medios de comunicación de lo que denominan 'libretita', sin que se pueda observar un encargo por la Sra. Cospedal al Comisario Villarejo para la realización de actuaciones delictivas que requiriesen la reapertura o el inicio de una nueva investigación”.

Dos de esos audios, recuerda el magistrado, ya fueron examinados por el instructor y se rechazó por auto de 13 de septiembre de 2022 la reapertura de la causa para Cospedal, una decisión que fue refrendada por la Sala de lo Penal. El tercero de los audios, añade, carece de relevancia penal para la reapertura de la causa, al no contener elementos incriminatorios, sin perjuicio de la incidencia política que pueda tener, recoge el juez en su auto.

El magistrado dedica una parte importante de su resolución a mostrar enojo por el escrito del PSOE y por el hecho de que su actuación durante la declaración del inspector jefe de Asuntos Internos durante la declaración haya sido difundida por medios de comunicación.

En opinión del magistrado, la transcendencia pública de dichas acusaciones, con publicación en diferentes medios de comunicación, afecta “al honor de este instructor” y mengua la confianza de la ciudadanía en la justicia. “El examen de lo solicitado, la comprobación del conocimiento y disposición de las grabaciones por la acusación particular del PSOE, quien las utilizó en diversos recursos formulados, sólo pone de manifiesto la intencionalidad de deslegitimar a este instructor y al Ministerio Fiscal en la tramitación de este procedimiento, acusándole de hechos de enorme gravedad que no se corresponden con las actuaciones, trasladando a la opinión pública, de un modo perverso, un intento de protección de la sra. Cospedal que no se desprende de lo actuado, como se evidencia en los fundamentos posteriores y como la propia Sala de lo Penal ha tenido ocasión de manifestar con anterioridad”, subraya.

Hace una década Javier López Madrid y el comisario Villarejo estuvieron cerca de librarse del juicio por el acoso y agresión a la doctora Elisa Pinto que se celebrará el próximo febrero. Una jueza archivó la causa contra ellos con un informe policial que daba la vuelta al caso. La culpable, según la Policía, era la mujer. Hasta que en 2018, la Audiencia de Madrid se percató de las maniobras para forzar aquella conclusión y ordenó reabrir el caso contra el empresario y el comisario. Los máximos responsables policiales de aquella actuación han declarado como testigos esta semana en el primero de los dos juicios contra López Madrid y Villarejo. Son un matrimonio de policías. Ella ha admitido que fue su marido, el comisario descubierto arropando a López Madrid y filtrándole los avances del caso, quien le ordenó confeccionar el informe que describía a Pinto como una mujer obsesionada con el yerno de Villar Mir.

En mayo de 2015, la doctora Pinto había reconocido a Villarejo entre una decena de fotografías de hombres similares como el que la había pinchado en el costado mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Villarejo no era un policía cualquiera. El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz había salido a defender en público su trayectoria tras aflorar los oscuros negocios del comisario, entonces en activo. Pieza fundamental de la brigada política, la cúpula de la Policía se movilizó para que Villarejo no fuera imputado en el caso de acoso a Elisa Pinto. 

En ese contexto, el entonces inspector jefe Alberto Carba recibió el encargo de rehacer la investigación desde el principio. La doctora estaba imputada en un juzgado de Madrid como consecuencia de la denuncia de López Madrid. El policía arrancó sus pesquisas basándose en los indicios contra ella y despreciando los que había contra el empresario en otro juzgado. En julio tendría listo un informe que responsabilizaba a la mujer del acoso y que, en consecuencia, exculpaba a López Madrid y al comisario José Manuel Villarejo Pérez. 

Alberto Carba es hoy jefe de la Policía Judicial en Madrid. La investigación de cualquier delito grave o especializado, diferente del terrorismo, depende de él. En el momento de su participación en el caso de acoso era jefe de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Policía a nivel nacional.

El atestado policial de Carba recogía afirmaciones contrarias a las evidencias sobre algunos comportamientos de las víctimas en una situación de hostigamiento. Carba decía que es incompatible el acoso y que la víctima continuara con el trato con el agresor. “A juicio de esta Sección de Secuestros y Extorsiones no es habitual estos contactos en un contexto de temor sino más bien lo contrario, se prefiere la lejanía por su seguridad”, escribió el hoy comisario. La doctora explicó en el juicio que tenía miedo del poder de Javier López Madrid y del daño que le pudiera hacer a su vida personal y carrera profesional y que por eso no se atrevía a cortar la comunicación con él. 

Durante el acoso, la doctora ingresó un millón de euros en un fondo de inversión en el que participaba López Madrid. Carba escribió: “A juicio particular de esta Sección cualquier denunciante por hechos tan graves como ser víctima de dos apuñalamientos y de una campaña de mensajes amenazadores, de poder permitírselo, contrataría a personal de seguridad privado pero jamás invertiría dinero en la empresa que dirige quien despierta sus sospechas”.

El cuestionado 'Minority Report' de la Policía

Su informe llevaba adjunto otro confeccionado por el Servicio de Análisis de la Conducta, una estructura policial creada en 2011 e inspirada en las que tienen el FBI y Scotland Yard. Este servicio elabora hipótesis a través de un análisis psicológico de la actuación criminal. A él pertenece la mujer de Carba. Fue él quien encargó al Servicio de Conducta participar en su investigación, según han reconocido esta semana ante el tribunal. 

Fue la propia policía quien aseguró el miércoles ante el tribunal que la Sección de Secuestros y Extorsiones les encargó el informe de conducta de Pinto. La abogada de la dermatóloga le preguntó: “El inspector que estaba dirigiendo la investigación, ¿es su esposo o era entonces su pareja de hecho?”. La policía le corrigió: “Inspector jefe y es mi esposo, lo era entonces y en este momento lo es”. Una vez ofrecida la respuesta, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, intervino para aclarar que la testigo no deponía para aclarar sus circunstancias personales. “Gracias, señoría”, se apresuró a decir la policía del Servicio de Conducta.

En 2015, la esposa de Carba extrajo unos cuantos mensajes recibidos por López Madrid en su teléfono y mostró como “conclusiones” una lista de conjeturas acerca de que la autora tenía que ser una mujer “con un sentimiento de despecho” y que, por tanto, se trataba de “una persona muy cerca a Elisa Pinto o incluso la propia Elisa Pinto”. La agente ha asesorado a al menos una autora de novelas policiacas.

En los mensajes del móvil de Javier López Madrid aparecían algunos con amenazas como los siguientes: “Si quieres te damos nombres de más amigos tuyos que nos van a dar juego” o “Picha brava sin escrúpulos”. Del análisis del contenido de los mensajes, la Sección de Conducta de la Policía especulaba: “El ataque es el fin último de los mensajes. Se puede corresponder con un sentimiento de despecho hacia Javier López Madrid, entendiendo esta emoción como la animadversión hacia alguien por ser el culpable de un desengaño. Para que esta reacción se produzca es necesario que la relación entre ambas personas haya sido muy cercana, probablemente íntima, por lo que se podría aventurar que el autor de los mensajes es una mujer”.

Los informes policiales de Carba y su esposa provocaron el inmediato archivo de la causa por parte del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid. Pero en 2018, el recurso de la defensa de la doctora fue resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid. Villarejo y López Madrid volvían a estar imputados y ya veían el camino del banquillo. Otra sección de esa misma instancia judicial pediría después explicaciones a la Policía por las conjeturas y especulaciones contenidas en sus informes. 

Para empezar, los jueces querían saber quién había elaborado el informe del Servicio de Conducta. Carba lo había entregado como un anexo a su informe, por lo que no se identificaba a su esposa ni al otro funcionario que lo escribió. Pero la Policía tuvo que identificar posteriormente a los dos policías que lo elaboraron por orden del juzgado. Uno de ellos resultó ser la policía con carnet profesional 125.756, la esposa de Carba. La retransmisión del juicio en Youtube autorizada por el tribunal mostró a Carba declarando de espaldas. A quien sí se pudo observar frente al tribunal, también como testigo, fue a su mujer. La policía 125.756 sigue destinada en el Servicio de Análisis de la Conducta de la Policía. 

En diciembre de 2018, la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid cuestionaba la capacitación de los policías de ese impactante servicio policial al que algunos medios habían bautizado como el ‘Minority Report’ español, en alusión a la película protagonizada por Tom Cruise en el que una unidad policial anticipa los crímenes antes de que se cometan. 

Los jueces decían en su auto: “No se especifica el objeto del estudio, ni la cualificación o formación de las personas que lo realizan, ni el método o conocimiento técnico o científico utilizado para llegar a las conclusiones que se realizan”. La Audiencia Provincial ordenaba a la Policía que aclarase a qué se dedicaban los policías que realizaron el informe; “si están dados de alta como peritos judiciales” y desde cuándo; cómo llegaron hasta ahí (concurso, libre designación o comisión de servicios); y, en el caso de que fuera por libre designación, que se identificara al funcionario que adoptó tal decisión.

Cuatro años después, en 2022, otros magistrados, los mismos que habían obligado a reabrir la causa contra López Madrid y Villarejo, se empleaban en términos similares al hablar de la actuación policial. Resolvían los recursos contra el procesamiento que presentaron el empresario y el policía y dejaban por escrito que los informes de Carba y su mujer tenían una “fiabilidad empañada”. 

Último intento de soborno

La postración de un grupo de mandos policiales ante el poderoso empresario Javier López Madrid ha atravesado el caso de presunto acoso a la doctora Pinto, desde antes de que arrancase en 2013 y hasta prácticamente hoy. Está pendiente que un juzgado de Madrid decida sobre la denuncia presentada por el comisario que se atrevió a investigar la implicación de Villarejo después de que otro policía jubilado le haya hecho llegar recientemente una oferta económica para que influyera en la doctora Pinto, esta retirara su acusación y el juicio por el acoso y agresión de febrero no llegara a celebrarse. El autor de la oferta, ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía, dice en una grabación publicada por elDiario.es que actúa por orden de López Madrid. 

Uno de esos mandos policiales que tuvo una polémica relación con el empresario fue Alberto Carba. La UCO de Guardia Civil detuvo en abril de 2017 a López Madrid por un asunto muy diferente, su implicación en el caso de corrupción del PP madrileño denominado ‘Lezo’, por el que el empresario aún debe sentarse en el banquillo. Los guardias se incautaron del teléfono de López Madrid que volvió a ser una caja llena de sorpresas. Mientras Carba investigaba el caso de acoso, el inspector jefe escribía a López Madrid: “Buenos días, Javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar”, decía uno de esos mensajes, tal y como publicó elDiario.es. 

En el momento de aquella publicación, Carba no quiso ofrecer su versión a este medio. Ante el tribunal que está juzgando por cohecho a López Madrid y Villarejo, el policía aseguró el miércoles pasado que estaba aplicando el Estatuto de la Víctima al empresario y que, en el momento en que se produjo ese intercambio, López Madrid estaba muy nervioso informándole de que se iba a suicidar. “Eran las tres de la tarde, López Madrid me llamó gritando y llorando. Me estoy subiendo a la azotea de mi edificio y me voy a tirar. Como negociador de la policía que era intenté calmarle”, relató ante el tribunal el comisario Carba. 

El comisario aprovechó para expresar su malestar por lo que considera una mala interpretación de la afirmación “este partido lo vamos a ganar”. “Significa ‘mantenga la fe en la justicia y en la investigación que estamos haciendo’ porque temía que se fuera a suicidar. Era una obligación moral”, añadió.

Pese a que los tribunales han enviado a López Madrid y a Villarejo al banquillo porque consideran, indiciariamente, que las conclusiones culpando a la señora Pinto son, cuando menos, erróneas, el policía insistió ante ellas esta semana en la Audiencia Nacional. López Madrid y Villarejo se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 13 años de cárcel por coacciones, amenazas y agresión. La jueza que investigó a Elisa Pinto archivó las actuaciones contra ella. La Audiencia Provincial confirmó esa decisión en marzo de 2024.

El principal investigador policial del caso Villarejo ha declarado este martes en la Audiencia Nacional que el comisario se refería a Javier López Madrid como “cliente” en documentos incautados al policía durante su detención en noviembre de 2017. El inspector jefe de Asuntos Internos ha establecido algunas coincidencias con otros proyectos efectuados por Villarejo a clientes privados mientras era funcionario público y también diferencias, como el hecho de que no se haya encontrado reflejo de pagos de López Madrid o sus empresas a la agencia de detectives de Villarejo.

El inspector jefe Gonzalo Fraga ha declarado durante la segunda sesión del juicio a López Madrid, Villarejo y un socio de este, Rafael Redondo, que responden del delito de cohecho por la contratación del comisario por parte del empresario en el conflicto personal que mantenía con la doctora Elisa Pinto. La acusación popular solicita seis años para el empresario y el policía jubilado y cuatro para Redondo.

Fraga comparecía a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que no presenta acusación porque considera que no hay prueba del encargo. El fiscal, Jorge Andújar, ha preguntado al inspector jefe de Asuntos Internos si el supuesto encargo a Villarejo por parte de López Madrid respondía al “patrón común” de otros trabajos que realizó ilegalmente el comisario. El policía ha respondido que había “elementos, documentos” que coinciden, pero que faltan otros como los de presupuestos o acerca de los medios empleados para satisfacer el encargo que no han sido localizados por la Policía. Tampoco el “informe tipo” que elaboraba Villarejo al principio de su trabajo.

Sin embargo, ha admitido Fraga, se han encontrado “bastantes anotaciones” en relación con los hechos que se juzgan. Entre ellas ha destacado una anotación del 4 de septiembre de 2013, al día siguiente de que conste la primera reunión entre López Madrid y Villarejo, en el que este último escribe “10 a cuenta”. “Es la anotación más significativa”, ha declarado el inspector jefe a preguntas del fiscal Andújar.

A preguntas de la abogada de Pinto, que ejerce la acusación popular, el policía ha respondido afirmativamente a la pregunta de si Villarejo utilizaba la letra “K” para referirse en sus documentos a los clientes, lo que ocurre también con López Madrid. No se encontró el documento habitual de presupuesto donde se reflejaba esa cantidad “a cuenta”.

Juicio por la contratación

El juicio en la Audiencia Nacional no entrará al fondo del asunto, que radica en las acciones de acoso y la agresión con un objeto punzante en el costado que sufrió en 2014 la doctora Pinto presuntamente a manos del comisario Villarejo, en presencia de uno de sus hijos, entonces de diez años. Esos hechos se juzgarán el próximo febrero en un Juzgado de lo Penal de Madrid y es allí donde policía y empresario se enfrentan a las penas más altas, 13 años de cárcel.

La pieza 24 del caso Villarejo se ciñe a la contratación del comisario por parte de López Madrid, cuando Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. En esa época, bajo el Gobierno del Partido Popular, Villarejo compaginaba los encargos a la brigada política contra la oposición con otros particulares de los que obtenía importantes beneficios, según acredita la investigación. Uno de esos encargos habría sido el de López Madrid, motivo por el cual la doctora Pinto acusa al empresario de cohecho activo –sobornar a un funcionario público– y al policía de cohecho pasivo –recibir dinero–. 

El empresario Javier López Madrid ha negado este lunes en la Audiencia Nacional haber contratado al comisario José Manuel Villarejo para acosar a la doctora Elisa Pinto cuando el policía estaba destinado en el corazón de la seguridad del Estado. López Madrid ha defendido ante el tribunal que acudió a Villarejo porque así se lo recomendó un amigo común mientras vivía un estado de “zozobra”, producido por las 1.500 llamadas amenazantes que recibieron él y su entorno, y de las que ha responsabilizado a la dermatóloga. También ha dicho que su amigo le presentó a Villarejo como un “ex policía” y, en ese momento, “detective”.

López Madrid y Villarejo se enfrentan a una petición de seis años de cárcel, y un socio del policía a cuatro, por el presunto encargo mientras el comisario estaba en activo. Se trataría de un delito de cohecho activo en el caso de López Madrid y de cohecho pasivo en el del funcionario policial. “El señor Villarejo nunca me pidió dinero. Nunca le ofrecí dinero. Nunca hablamos de dinero. A mí nunca me pidió un dinero a cuenta ni yo por supuesto se lo entregué”, ha declarado Javier López Madrid en la primera sesión del juicio.

En las fechas del contacto entre el comisario y el empresario, en 2013, constan 130 llamadas de López Madrid al policía y 60 en el sentido contrario. Sin embargo, López Madrid ha declarado que acudió al que él creía que era “un detective” como hizo con otra “mucha gente”, que le quisiera “escuchar” por la situación “tan dramática” que vivía con llamadas constantes de amenaza que se extendían a su mujer, sus hijos, sus amigos y las mujeres de estos. “Llegué a pensar en quitarme la vida”, ha afirmado.

El empresario ha culpado en todo momento a Elisa Pinto de las llamadas de amenaza pese a que la causa contra ella se archivó en un juzgado de Madrid tras ser investigada durante años. Otro juzgado, el que investigaba a López Madrid por el acoso, envió el caso a juicio y este se celebrará el próximo mes de febrero. Villarejo y López Madrid se enfrentan en ese segundo juicio a una petición de la Fiscalía de 13 años de cárcel por acoso, coacciones y agresión con arma blanca.

En el presente juicio, que celebra la Audiencia Nacional solo se juzga el cohecho, esto es, la contratación prohibida a un funcionario público, el comisario Villarejo. López Madrid ha relatado que la única ayuda que recibió del policía fue que le escuchó y que le recomendó denunciar, poniéndole en contacto con otros policías. “El señor Villarejo me mandó a denunciar y me dijo que le dejara en paz”, ha afirmado.

“No supe que era policía hasta cuatro años después”

La abogada de la doctora Pinto, Ana Blanco Vázquez de Prada, ejerce aquí la acusación popular porque la Fiscalía no aprecia indicios del pago y no presenta acusación. Blanco ha preguntado a López Madrid si habló tantas veces con el comisario con el objetivo último de que Villarejo “simplemente le escuchara”. López Madrid ha respondido que luego supo que Villarejo llamaba al “secretario de Estado y al CNI”. No sé por qué lo hacía y hoy sigo sin entenderlo. Si se dedicaba a sacarme información es cosa del señor Villarejo“, ha añadido.

En las agendas de Villarejo hay anotaciones sobre supuestos pagos a López Madrid, una que alude a 211.000 euros y otro a “10”, pero el empresario ha insistido en negar que la atención del policía fuera remunerada por él. Al ser preguntado cuando supo que Villarejo era policía, López Madrid ha respondido que cuatro o cinco años después de conocerle, “en 2017 o 2018”. Las primeras informaciones periodísticas sobre el comisario Villarejo aparecieron publicadas en 2014.

Uno de los episodios que ha aparecido en la declaración es la visita que realiza López Madrid al despacho de la doctora en compañía del tercer acusado, Rafael Redondo, socio del policía. La grabación del encuentro muestra a un López Madrid amenazante. Advierte a la mujer que la Policía está de su lado, ayudándole. Sin embargo, López Madrid ha dicho hoy que lo que quería decir es que ya había denunciado, aunque aún no lo había hecho, y que se trataba de “un farol” para que le “dejara en paz”.

Javier López Madrid vuelve a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional. El empresario será juzgado a partir del lunes en el caso Villarejo, concretamente en la pieza que investiga la contratación por su parte del comisario, cuando estaba en activo, para que acosara a la doctora Elisa Pinto, con quien López Madrid mantenía un conflicto personal. La Fiscalía no presenta acusación porque considera que no hay pruebas del pago al policía mientras que la representación de Pinto solicita seis años de cárcel para él, otros tantos para Villarejo y cuatro para el socio de este último, Rafael Redondo. 

El juicio en la Audiencia Nacional no entrará al fondo del asunto, que radica en las acciones de acoso y la agresión con un objeto punzante en el costado que sufrió en 2014 la doctora Pinto presuntamente a manos del comisario Villarejo, en presencia de uno de sus hijos, entonces de diez años. Esos hechos se juzgarán el próximo febrero en un Juzgado de lo Penal de Madrid y es allí donde policía y empresario se enfrentan a las penas más altas, 13 años de cárcel.

La pieza 24 del caso Villarejo se ciñe a la contratación del comisario por parte de López Madrid, cuando Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. En esa época, bajo el Gobierno del Partido Popular, Villarejo compaginaba los encargos a la brigada política contra la oposición con otros particulares de los que obtenía importantes beneficios, según acredita la investigación. Uno de esos encargos habría sido el de López Madrid, motivo por el cual la doctora Pinto acusa al empresario de cohecho activo –sobornar a un funcionario público– y al policía de cohecho pasivo –recibir dinero–. 

El anterior juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, dictó auto de apertura de juicio oral en octubre de 2023. En la resolución, el juez exponía que en el verano de 2013, López Madrid entró en contacto con Villarejo a través de Donato González, presidente de Societé Generale, “para que le ayudase a finalizar un asunto personal con María Elisa Pinto Romero”. En la causa constan documentos incautados al policía en los registros practicados durante su detención con las evidencias de que en esas fechas elaboró notas sobre Elisa Pinto en las que se refería a López Madrid como “K”, la letra que utilizaba Villarejo para aludir a los clientes de sus encargos.

García Castellón destacaba un episodio ocurrido el 10 de diciembre de 2013, cuando López Madrid se presentó en el despacho profesional de la doctora acompañado de Rafael Redondo, el socio de Villarejo. El empresario, según la grabación del encuentro, advierte a Elisa Pinto que la Policía está detrás de ella y que ha dejado “rastro” de que es la responsable de las llamadas amenazantes que asegura están recibiendo él y su entorno. En aquel momento no había ninguna investigación policial abierta, ni contra Elisa Pinto ni contra Javier López Madrid. 

Durante 2014, el comisario “se dedicó a hostigar a María Elisa Pinto, en cumplimiento de lo pactado con Javier López Madrid, con fines privados”, señala el auto de García Castellón. Villarejo habría realizado “seguimientos”, intentado impedir que la doctora denunciase al empresario por acoso, “empleó medios policiales para desacreditar a la mujer”, “accedió a su información privada sin autorización” e intentó “interferir” en la investigación policial, continúa el juez. 

Ayudado por la cúpula policial del PP, que lo protegía, Villarejo intentó escapar de la rueda de reconocimiento en la que la doctora lo reconoció como el hombre que la había pinchado mientras le tapaba la boca y le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. 

No solo Villarejo: policías al servicio de López Madrid

El auto del juez se detiene en un aspecto que transformó el caso y convirtió un conflicto entre particulares en una trama de corrupción policial: la “estrecha relación” que, según los guardias civiles que analizaron el teléfono de López Madrid, este mantenía con un grupo de destacados mandos policiales. García Castellón citaba al ex jefe de la unidad de “fontanería” de la Policía, Enrique García Castaño, y a Alberto Carba, comisario que rehizo la investigación para responsabilizar del acoso a la denunciante. Carba es hoy jefe de la Policía Judicial en Madrid, ascendido por el actual Ministerio del Interior. En ese teléfono también estaban los mensajes en los que los reyes de España arropaban a López Madrid después de que se publicaran las pruebas de sus gastos con la 'tarjeta black' de Caja Madrid y cuando estaba investigado por financiar irregularmente al PP de Madrid.

A excepción de Enrique García Castaño, aquejado de las graves consecuencias de un accidente cardiovascular, los policías que mantuvieron relación con López Madrid declararán como testigos en el juicio. A Carba hay que sumar el que entonces era jefe operativo de la Policía, Eugenio Pino, artífice de la brigada política, y para el que Anticorrupción solicita 15 años de cárcel en el caso Kitchen. 

Por el juicio por acoso a la mujer irán prestando su testimonio una parte importante de los miembros de aquella brigada política, procesados en el caso del espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. Es el caso de José Luis Olivera, también procesado en Kitchen y detrás del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. O Andrés Gómez Gordo, el policía de cabecera de María Dolores de Cospedal. 

En la causa constan numerosos contactos telefónicos entre López Madrid y Villarejo, así como un audio incautado al comisario que fue grabado el 26 de enero de 2017. En el mismo, Villarejo dice: “Cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito…. Ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un embolado y ni me has llamado para decirme (…) Le voy a decir: chiquitín, daños y perjuicios”.

El comisario basará su defensa en denunciar la contaminación de toda la macrocausa que lleva su nombre, un montaje según él para quitarle de en medio con el CNI como gran urdidor. En enero de 2018, tres antiguos directores operativos de la Policía, bajo cuyo mando trabajó Villarejo, remitieron sendas cartas a la Audiencia Nacional defendiendo la legalidad de la figura del policía “encubierto”. Esos tres ex DAO están llamados a declarar como testigos en el juicio que empieza el lunes a petición de Villarejo. La duda radica en cómo defenderán, si es que lo hacen, al comisario. Cuando han tenido que comparecer con posterioridad a presentar los escritos, ya fuera en fase de instrucción o en un juicio oral, han matizado mucho ese apoyo. 

Por su parte, la defensa de Javier López Madrid defenderá que nunca supo que Villarejo era un policía en activo cuando contactó con él a través del presidente de Societe Generale, que declarará como testigo, porque se lo presentó como un “ex policía”. Esta es la principal baza de la defensa si se atiende al desarrollo de otras causas del caso Villarejo, en las que el comisario, sorprendentemente, ha sido absuelto de cohecho bajo el argumento de que no se sirvió de la condición de policía para elaborar los dosieres que vendía a sus clientes privados. Asimismo, López Madrid defiende que no hubo “encargo”, solo una consulta insatisfecha, y que nunca pagó un euro al comisario. 

La proximidad de las fechas señaladas para los juicios a López Madrid devuelven a primer plano el ruido de la cloaca. Según desveló elDiario.es, el comisario jubilado Jaime Barrado, primer investigador del caso de acoso, acudió en octubre pasado a la Guardia Civil a denunciar el intento de soborno por parte de otro comisario jubilado, que estaría cumpliendo un encargo de López Madrid para Barrado contribuyera a que la dermatóloga retirara la acusación que se dirimirá en el Juzgado de lo Penal en febrero y el juicio no llegue a celebrarse.  

El hecho de que el juicio en la Audiencia Nacional, con mejores perspectivas para López Madrid y Villarejo que el que se celebrará en un Juzgado de lo Penal, arranque antes responde a una maniobra de la defensa del empresario que alegó razones médicas de uno de sus abogados y retrasó más de un año su inicio. 

La 'chapuza' de García Castellón

El 27 de octubre de 2023, el entonces juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón dictó auto de apertura de juicio oral, pero el caso aún viviría varios vaivenes antes del juicio que empieza el lunes. En febrero de 2025, la Sala de lo Penal rectificó la decisión del magistrado y ordenó el archivo de las actuaciones. Alegaba que la acusación particular, en este caso la doctora Pinto, no podía actuar por un delito como el cohecho, cometido contra la Administración pública. Al no acusar la fiscalía ni participar acusación popular alguna el juicio no debía celebrarse. 

Pero apenas un mes después, la propia Audiencia Nacional daba un nuevo giro al caso. La máxima instancia del tribunal especializado, la Sala de Apelación daba un rapapolvo a García Castellón por haber permitido que la doctora ejerciera la acusación particular y transformaba su condición a la de acción popular, ordenando que el juicio se llevara por fin a término. 

Como testigo también declarará Alejandro de Pedro, el gurú informático del caso Púnica, a quien López Madrid envió la dirección exacta de la doctora Pinto, según consta en los mensajes recuperados por la Guardia Civil del teléfono del empresario tras su detención en el caso Lezo. “He estado con los hackers que llevan los temas de policía”, le decía De Pedro. 

Javier López Madrid fue condenado por las tarjetas Black, absuelto –como el resto de los acusados en la causa matriz de Bankia– y aún tiene pendiente dos juicios por corrupción en el marco de los casos Púnica y Lezo. El juicio por acoso a la doctora hasta el martes, 20 de enero. El 4 de febrero arrancará en un juzgado de Madrid la otra vista por el acoso y la agresión con arma blanca contra Villarejo y el empresario. 

Diez años después de que estallara el caso de presunto acoso del empresario Javier López Madrid a la doctora Elisa Pinto vuelve a irrumpir la corrupción policial que evidenció cómo el poder económico parasita las instituciones. El yerno de Villar Mir utilizó a mandos policiales para amedrentar a la dermatóloga, luego consiguió que la cúpula de la Policía orientara la investigación a su favor y ahora, una década después, está acusado de recurrir a un comisario retirado para que el juicio que empieza en febrero nunca llegue a celebrarse. López Madrid se sentará en el banquillo junto al policía que más se implicó en esas tareas, el comisario Villarejo. 

elDiario.es reveló este viernes que el comisario jubilado Jaime Barrado, encargado de investigar en sus inicios el caso de presunto acoso, coacciones y agresión a la doctora Pinto, ha denunciado ante la Guardia Civil que Javier López Madrid ha intentado comprarle. En esta ocasión, el empresario ha recurrido a otro comisario jubilado, el ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía Fernando Moré, para hacerle llegar la oferta a Barrado, quien ha entregado al instituto armado conversaciones de WhatsApp, audios de un encuentro y de una llamada telefónica.

El caso del contencioso entre el empresario y la dermatóloga tenía todos los ingredientes para despertar el morbo: dos miembros de la clase privilegiada madrileña habían tenido una relación que había acabado con la comisión de delitos de uno contra el otro. Primero, denunció la doctora. Luego, López Madrid. Una década después, él se enfrenta, junto a Villarejo, a una petición de la Fiscalía de 13 años y dos meses de cárcel. La causa contra la mujer fue archivada en 2022.

El hecho que convirtió el caso en un retrato insólito de corrupción endémica fue consecuencia, como tantas veces, de un hallazgo casual. El empresario había encargado a unos profesionales limpiar su teléfono móvil antes de entregárselo a la titular del juzgado donde Elisa Pinto era la acusada. Pero el sistema utilizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrojó información que no habían podido hacer desaparecer. Unos mensajes que delataban la “relación estrecha” entre López Madrid y un grupo de relevantes comisarios ajenos al caso de acoso, tal y como escribió la UCO en su informe del 7 de mayo de 2015.

Comisario 'Nino' Conde: la alfombra roja para López Madrid

El primer movimiento registrado de estas maniobras policiales se produjo el 17 de marzo de 2014, cuando Javier López Madrid acudió a dependencias policiales a denunciar las amenazas telefónicas que aseguraba venía sufriendo desde octubre del año anterior. ¿En una comisaría? No exactamente. Fue en la Jefatura Superior de Policía, concretamente ante el Grupo V de Homicidios de la Policía. 

No todo el mundo puede acceder directamente a los equipos de investigación de la Policía para denunciar un hecho. Pero López Madrid apareció allí, en compañía de Javier Sánchez-Junco, abogado, ex fiscal Anticorrupción y un nombre que saltó a las informaciones por defender a Juan Carlos I. Hace años que Sánchez-Junco renunció a representar a López Madrid en la causa de la doctora Pinto y en las que tiene abiertas en la Audiencia Nacional.

Por el momento, cuatro sumarios judiciales recogen indicios del trato de favor que ha recibido López Madrid de la Policía, a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid decida abrir una investigación a partir del atestado que la Guardia Civil le ha remitido en los últimos días con la denuncia del comisario Barrado. Uno de esos sumarios es la causa que la jueza Concepción Jerez archivó en 2022 y en la que la doctora Pinto era la sospechosa de las llamadas y la situación de acoso. 

En el episodio de la Jefatura Superior adquiere protagonismo la figura de José Luis ‘Nino’ Conde, jefe entonces de la Policía Judicial de todo Madrid. El comisario, ahora jubilado, aseguró en 2019 a elDiario.es que fue la presencia de Sánchez-Junco lo que le hizo atender al empresario personalmente, aunque la jueza explica que López Madrid ya había hablado por teléfono con el mando policial antes de personarse en Jefatura. La magistrada Concepción Jerez recuperaba la declaración en sede judicial que prestó después el comisario Conde ante ella para reprochar que era “carente de credibilidad”.

“No explica [Conde] las razones lógicas por las cuales se le tomó declaración en dependencias del Grupo V de Homicidios, ni tampoco aclara por qué existían sospechas sobre Elisa Pinto, sobre todo teniendo en cuenta que inicialmente el denunciante no manifestó que existieran las mismas”. Se refiere la jueza a que López Madrid enmarcó en aquel momento las amenazas en el contexto de su relevante situación de empresario, sin mencionar a la mujer. Conde escapó de cualquier acusación judicial en su contra. 

'El Gordo', máximo experto antiterrorista, con el empresario

Antes y después de aquella visita a Jefatura, López Madrid habló por teléfono con Conde y con otro relevante miembro de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, imputado en varias piezas del caso Villarejo, incluida Kitchen, pero que no ha sido juzgado por las graves secuelas que padece de un accidente vascular. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, fue casi cuatro décadas jefe de la unidad de captación de fuentes, escuchas y vigilancias de la Policía, un fontanero cuyo rastro en la Policía alcanza tintes de leyenda. 

García Castaño aseguró a este periódico hace seis años que López Madrid llegó hasta él a través del jefe de seguridad de la empresa de Villar Mir, también policía, y que él le derivó a una unidad especializada por la vinculación personal que el denunciante tenía con el entonces heredero al trono de España. 

Esa relación entre López Madrid y Felipe VI quedaría de manifiesto dos años después de la denuncia y gracias al mismo volcado del teléfono que reveló sus relaciones con los comisarios. La Guardia Civil logró también recuperar unos mensajes en los que los reyes de España arropaban a López Madrid y cuyo contenido desveló elDiario.es. Los mensajes se produjeron tras la publicación de los gastos del empresario con una tarjeta black de Caja Madrid. 

Después de que los policías de Conde se hicieran cargo del caso, López Madrid siguió llamando al comisario antiterrorista García Castaño. El 30 de enero de 2015 habló con él quince minutos, antes de que el responsable de la empresa del volcado de su teléfono le avisara de que ya tenía el terminal listo para ir al juzgado, tal y como consta en la causa. Esa empresa colabora habitualmente con unidades especializadas de la Policía, según han confirmado a este medio responsables de las mismas. 

Villarejo, a sueldo de López Madrid

Ninguno de estos policías ha sido imputado por delito alguno. Quien sí va a ser juzgado junto a López Madrid es el comisario Villarejo. Ambos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional, a partir del 12 de enero, dentro de la macrocausa contra el comisario, en una pieza que juzga la contratación por parte del empresario de un funcionario de la Policía en activo. En febrero, otro tribunal, un Juzgado de lo Penal de Madrid entrará al fondo del caso de acoso. Es ahí donde Villarejo y López Madrid se enfrentan a más de 13 años de cárcel. 

Javier López Madrid llegó hasta el comisario Villarejo a través del presidente de Société Générale en España y Portugal, Donato González, cuyas oficinas están en Torre Picasso, donde el policía tenía la sede de sus empresas “de inteligencia”. López Madrid y Donato González compartían también amistad con Francisco Granados, el ex secretario general del PP madrileño procesado por corrupción.

La instrucción determinó que el 14 de abril de 2014, mientras la doctora se bajaba de su coche y en presencia de su hijo de diez años, Villarejo le dijo: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Al tiempo, el policía clavaba a la mujer un punzón en el costado.

La Dirección de la Policía, al rescate de Villarejo (y de López Madrid)

La cúpula policial de aquellos años en los que arrancó el caso es la misma que organizó una brigada política contra la oposición. Al frente de ella estaba Eugenio Pino, quien excusó en dos ocasiones de la rueda de reconocimiento a Villarejo alegando que estaba de viaje en el extranjero. Cuando estaba pendiente de acudir a la tercera, la Policía presentó unos nuevos informes que exculpaban a López Madrid y, en consecuencia, a Villarejo, del acoso, las amenazas y las agresiones a la mujer. 

El caso daba así un giro inesperado. Era la época de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y Villarejo, como ha quedado acreditado después, atesoraba innumerables secretos de los excesos cometidos en el departamento. Consecuencia de esos informes, la causa contra López Madrid y Villarejo fue archivada provisionalmente, pese a que la mujer ya denunciaba por entonces la existencia de “un montaje policial”.

Pero lo que sirvió a la jueza Belén Sánchez para cerrar el caso contra empresario y policía no convencía a los jueces de la Sección 15 de la Audiencia de Madrid. Ya en mayo de 2017, los magistrados pusieron en duda los informes policiales, ordenaron reabrir la causa y que la jueza Sánchez practicara de una vez la rueda de reconocimiento a Villarejo. Con la brigada política fuera de juego por las jubilaciones y el relevo en el Ministerio del Interior, aquella decisión resultaría catastrófica para Villarejo, que fue reconocido por la doctora y resultó imputado.

Alberto Carba: “Javier, este partido lo vamos a ganar”

Poco antes de que se reabriera la causa ocurrió algo que a la postre iba a tener una importancia determinante en demostrar el montaje policial contra la doctora. El 21 de abril de 2017, López Madrid fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo, un caso de corrupción que abarcaba la presunta financiación irregular del PP madrileño. Los agentes de la UCO le incautaron el teléfono. De nuevo, el dispositivo del empresario iba a deparar una importante sorpresa de la que, otra vez, la Guardia Civil iba a informar al juez. El policía que había dirigido la investigación en contra de la doctora intercambiaba mensajes con López Madrid, pese a estar imputado por acoso, en los que el inspector actuaba con complicidad y servilismo.

“Buenos días, Javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar”, decía uno de esos mensajes, tal y como publicó elDiario.es. El comisario en cuestión, entonces inspector jefe, es Alberto Carba.

La jueza Jerez dijo sobre la investigación de Alberto Carba: “Los contactos [de López Madrid con varios comisarios] ponen en duda los informes realizados por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, de la Dirección General de la Policía”. La entonces unidad de Carba “no realizó ningún informe sobre dichos contactos, ni sobre las relaciones con el comisario Villarejo (…) resultando incompleta su investigación”, añade. Su trabajo concluyó que la dermatóloga fingió el acoso, que fue ella quién asedió a López Madrid, y que para ello utilizó a su hijo de 10 años. Lo contrario de la verdad judicial, según la cual la mujer ha sido exonerada y López Madrid debe sentarse en el banquillo.

La carrera de Alberto Carba se estancó en la comisaría del Distrito Centro de Madrid, por otra parte la más grande de España. Desde allí dirigió la investigación contra el bailaor Rafael Amargo, que resultó absuelto después de ser objeto de un gran dispositivo contra el narcotráfico. También detuvo a Nacho Cano por unos delitos contra los trabajadores extranjeros que quedaron en nada. El pasado mayo, Carba se convirtió en el jefe de la Brigada de Policía Judicial en Madrid, el relevante puesto que ostentaba en 2014 Nino Conde, el policía que extendió la alfombra roja a López Madrid en su primera visita a dependencias policiales. 

Fernando Moré: un “dinerillo” para la jubilación

El comisario que ha elegido López Madrid en 2025 para el encargo del soborno, Fernando Moré, no es un policía cualquiera. Estuvo destinado como jefe del aeropuerto de Barajas y en 2017, ya con Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior, fue elegido para dirigir la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Moré siguió en el cargo con Fernando Grande-Marlaska hasta su jubilación, en 2022. 

Moré prometió a Jaime Barrado —el comisario que se atrevió a situar a Villarejo en el caso de la doctora Pinto— 200 o 300.000 euros si convencía a la doctora y a su abogada que retiraran las acusaciones contra López Madrid. Luego bajó la oferta a 20.000. Y siempre dijo que lo hacía por indicación de López Madrid, según las grabaciones desveladas por elDiario.es. Consultado por este medio asegura que realiza trabajos de consultoría de seguridad desde que se jubiló y que pensó en ganar “un dinerillo” con el contrato que podría firmar con López Madrid si se ganaba su favor.

elDiario.es ha tenido acceso a varios audios de reuniones y conversaciones celebradas en 2013 y 2017 entre el entonces comisario José Manuel Villarejo y la que en ese momento era secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que demuestran cómo la dirigente política estaba al tanto de las operaciones ilegales de la llamada brigada patriótica. Estas pruebas han estado dos años guardadas en un cajón del juzgado que investigaba la única operación de esta policía patriótica que hasta ahora ha llegado a juicio. 

Con José Manuel Romero, director adjunto y jefe de Política de elDiario.es, ponemos contexto y analizamos la relevancia de estas grabaciones. Con Pedro Águeda, periodista especializado en Tribunales, intentamos responder a la pregunta de por qué estas pruebas han estado guardadas tanto tiempo en un cajón y cuál es la situación actual de Villarejo, símbolo de las cloacas del Estado.

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El comisario José Manuel Villarejo, con decenas de procesos judiciales abiertos y tres condenas de cárcel, guardó en cientos de archivos con grabaciones y documentos sobre sus andanzas delictivas durante más de 20 años. Sus actividades fuera de la ley fueron amparadas y, en ocasiones, alentadas por los políticos que mandaban en el PP y en el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018), según las investigaciones judiciales.

La detención de Villarejo en noviembre de 2017 dio paso a la apertura de hasta 30 causas judiciales en la Audiencia Nacional dentro del caso tándem con decenas de personas imputadas, entre ellas directivos de bancos, empresarios, policías y cargos políticos.

Cinco años después de iniciada esa investigación, en la primavera de 2022, algunas víctimas de Villarejo entregaron a la Audiencia Nacional nuevas grabaciones y documentos que guardaba el comisario donde se acreditaban las maniobras ilegales desde el Ministerio del Interior contra independentistas catalanes, dirigentes de Podemos, o contra el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esas grabaciones también destapaban otras operaciones destinadas a proteger el patrimonio oculto del rey emérito en el extranjero o a la financiación ilegal del PP a través de una caja b que controlaba el extesorero Luis Bárcenas.

Manuel García Castellón, titular del juzgado de la Audiencia Nacional encargado de investigar el caso tándem, abrió a regañadientes una nueva pieza separada con esos audios de las cloacas a las órdenes del PP, la pieza número 34. Pero el juez la dejó morir entre el silencio y el olvido, según revela hoy elDiario.es, sin ordenar ni una sola diligencia para investigar todos indicios de los delitos que hoy siguen impunes.

La fabricación de pruebas falsas desde el ministerio del Interior contra los adversarios políticos del Gobierno tuvo como principal buzón de destino a determinados medios de comunicación que, sin contraste alguno, difundían los supuestos escándalos contra los adversarios políticos del PP. Esas pruebas falsas formaban parte de expedientes confidenciales del ministerio del Interior que deberían haber permanecido bajo secreto, pero que eran publicados en medios afines al PP mucho antes de que fueran archivados por falta de pruebas en los tribunales o en la propia dirección de la policía. Se trataba, entre otros, de múltiples delitos de revelación de secretos, esta vez sí, que el juez García Castellón no investigó y que, aún hoy, con un nuevo instructor en la Audiencia Nacional, siguen sin castigo.

Las víctimas de aquel juego sucio con dinero público desde los aparatos del estado son numerosas. Muchas de ellas están hoy fuera de la política con una sombra de sospecha casi imborrable: el exalcalde de Barcelona, Xavier Trías; el expresidente catalán, Artur Mas; el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias…

Los jueces que han tenido en sus manos todas las pruebas de esos delitos han decidido archivarlas –distintos juzgados desestimaron las querellas de Xavier Trías, de Pablo Iglesias, o de Artur Mas– sin pensar que, al menos, existía una revelación de secretos (falsos) muy evidente y muy fácil de acreditar.

El juzgado de la Audiencia Nacional que dirige Santiago Pedraz ha conseguido en los últimos meses recabar pruebas suficientes de que en el ministerio del Interior se abrieron investigaciones confidenciales sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos o sobre la existencia de una cuenta a nombre de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas alimentada por el régimen venezolano. Los primeros resultados de esas investigaciones confidenciales, antes de que la propia policía las archivara por falsas o por falta de pruebas, fueron publicados en determinados medios de comunicación para acusar de corrupción a los adversarios políticos del PP. El juez Pedraz ya conoce que hubo una revelación de secretos (falsos) aunque de momento no está investigando a fondo ese delito.

Pedraz heredó esa causa de García Castellón, que nunca quiso abrir una pieza con la denuncia de Podemos. García Castellón es el mismo juez que intentó imputar por corrupción a Pablo Iglesias –el Supremo lo desestimó–, pero nunca encausó a los policías o políticos que ordenaron el espionaje ilegal y la fabricación de noticias falsas contra Podemos, pese a contar en su juzgado con todas las pruebas.

El juez García Castellón también quiso encausar por terrorismo al expresidente Carles Puigdemont cuando se empezaba a tramitar la ley de amnistía –esa era una vía para que nunca se pudiera beneficiar de la futura norma– y el Supremo, que aceptó ese envite sin un solo indicio, tuvo que archivar el caso por la instrucción chapucera del magistrado, ya jubilado.

García Castellón anda estos días promocionando su libro de memorias y denunciando las prácticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Escuchar sus opiniones en las múltiples entrevistas que ha dado en medios afines al PP y a la ultraderecha acreditan que se trata de un juez jubilado e imparcial. Asegura García Castellón que el lawfare “es una forma de amedrentar a los jueces” y que ahora lo único que interesa “es extender la sospecha sobre el Poder Judicial”.  

El magistrado denuncia que algunos medios de comunicación están comprados por el Gobierno a través de la publicidad institucional aunque no se atreve a decir, de momento, cuáles son esos medios pero concluye: “Se utilizan para amplificar la descalificación de un juez (…) Hay ciertos medios de comunicación, que a mí me da vergüenza, hincados ante el poder político”. Palabra de Manuel García Castellón, el juez que durante su última actividad en la Audiencia Nacional evitó investigar o archivó algunas de las corruptelas más evidentes ocurridas durante los seis años de Gobierno de Mariano Rajoy.

Ya tenemos sentencia del Supremo sobre el ex fiscal general del Estado: el tribunal considera que Álvaro García Ortiz “o alguien de su entorno” filtraron la confesión de la pareja de Ayuso. Las juezas que ya emitieron un voto particular, Susana Polo y Ana Ferrer, consideran por su parte que “no ha quedado acreditado” que García Ortiz sea el que filtró ese correo.

La otra noticia del día es que la Audiencia Nacional ha tenido guardado desde finales de 2023 un informe de la Policía Nacional sobre las conversaciones del comisario Villarejo con la exsecretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal. En dicho informe se incluyen también las grabaciones de dichas conversaciones, audios que confirman que Cospedal trató de sabotear la investigación judicial de la caja B de su partido. Ningún juez de la causa contra Villarejo ha adoptado ninguna diligencia a partir de los audios. Puedes leer aquí la investigación completa.

Mientras, el PSOE pretende cerrar a lo largo de esta semana la investigación a 'Paco Salazar' —después de meses— y tomar dar un ejemplo contundente contra el acoso sexual, de lo que varias mujeres del partido habían acusado al adjunto a la Secretaría de Organización. De hecho, el Consejo de Ministros de este martes pretende cesar a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar en Moncloa, después de que elDiario.es desvelara cómo protegió los comportamientos de su jefe y amigo.

La Audiencia Nacional tiene en su poder desde octubre de 2023 un informe de la la Policía que incluye las grabaciones de tres conversaciones del comisario Villarejo con María Dolores de Cospedal en las que queda de manifiesto la implicación de la secretaria general del PP en las maniobras para sabotear la investigación judicial de la caja B del partido. Ni el anterior juez de la macrocausa contra Villarejo, Manuel García Castellón, ni el actual, Antonio Piña, adoptaron ninguna diligencia a partir del citado oficio policial, cuyo conocimiento ha sido hurtado estos dos años a las partes personadas en la pieza separada Kitchen.

Se trata del Oficio UAI (Unidad de Asuntos Internos) 3334/23 de 27 de octubre de 2023. En su página seis, el inspector jefe al frente de la investigación informa al juzgado de los audios que acompañan a su escrito. “La publicación consta de 18 carpetas, y en ella se incluyen todos los archivos de audio anteriormente subidos a la plataforma WeTransfer, otros que a continuación se enumeran, de los que se adjunta como Anexo 01 los denominados MDCospedal, para su adecuada valoración sobre su posible vinculación con los hechos objeto de investigación (pieza 7) por parte de su autoridad”. Esa valoración que solicita el policía nunca se hizo. 

El número 7 se identifica con la pieza separada del caso Villarejo conocida como Kitchen. En ella se investiga el sabotaje policial de la investigación judicial de la caja B del PP con cargo a los fondos reservados, unas maniobras acontecidas durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. La pieza será juzgada la próxima primavera. En el banquillo se sentarán un grupo de mandos policiales junto al secretario de Estado de Seguridad de la época, Francisco Martínez, y el que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Para los dos políticos, la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de prisión. 

Quien estuvo brevemente imputada y escapó de la investigación y el banquillo fue María Dolores de Cospedal. En contra del criterio de los fiscales Anticorrupción, el juez García Castellón archivó la querella contra ella en julio de 2021. Aquella decisión también supuso frenar en seco los indicios que apuntaban a Mariano Rajoy, que nunca llegó a estar investigado. Al año siguiente, cuando El País reveló nuevos audios que incriminaban a la ex secretaria general del PP, el juez se negó a reabrir el caso contra ella porque esas grabaciones publicadas no formaban parte de la causa. Ahora se conoce que la Policía incorporó los audios con posterioridad al procedimiento y entonces el juez García Castellón tampoco los investigó. 

Uno de esos audios fue publicado por El País. En la grabación, la número dos del PP habla con el comisario el 13 de enero de 2013: “La libretita sería mejor poderlo parar”. Cospedal se refiere a los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, la prueba manuscrita de que el PP manejó una caja B durante al menos veinte años nutrida con dinero negro de los empresarios, tal y como han acreditado ya varias sentencias judiciales, y que todavía no había salido a la luz.

Tras más de dos años en un cajón, el pasado 13 de noviembre, por fin las partes tuvieron acceso al oficio de Asuntos Internos. Los abogados fueron obligados a leerlo en el propio Juzgado y no se le dio traslado del mismo, pese a no estar secretas las actuaciones. Una vez pudo consultar el informe, la representación del PSOE, que actúa como acusación popular, solicitó la declaración del inspector jefe que firma el oficio.

La declaración del policía se produjo finalmente el pasado 25 de noviembre. Durante la misma, el inspector jefe Gonzalo Fraga explicó cómo Asuntos Internos incorporó a su informe los tres archivos “por si pudieran tener relación y para que los valorara una autoridad judicial y fiscal”. “Esos archivos de audio se escucharon por mi equipo y se incorporaron en el anexo íntegramente. No me consta que exista una transcripción de los mismos en el procedimiento”, declaró el mando policial. 

El juez actual al policía: “¡La pieza está cerrada!”

El inspector jefe relató que eran tres audios de Cospedal con Villarejo, uno de una hora de duración y fechado en 2017, y dos del año 2013. Contó que la responsable política y el policía hablan de varios temas y entre ellos de algunos que se podían “referir a los hechos” de la pieza 7 o caso Kitchen. Antes de que pudiera extenderse más, el actual titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, le interrumpió bruscamente. “¡No, no la pieza número 7 está valorada, enviada y cerrada!”, exclamó el juez, según un escrito que ha presentado la representación del PSOE. 

Los socialistas acaban de solicitar formalmente que Cospedal, López del Hierro y el Partido Popular, como persona jurídica, sean imputados en el caso Kitchen. “Se ignoró y se ignora deliberadamente y sin motivación alguna todas las pruebas de cargo que la Policía situó encima de la mesa de sus señorías y de la Fiscalía Anticorrupción relativas a la participación de la señora Cospedal en esta trama delictiva. No es una teoría conspirativa, tampoco una opinión, es desgraciadamente un hecho”, reza el escrito del PSOE.

En septiembre de 2022, al mismo tiempo que rechazaba reabrir la investigación contra Cospedal, García Castellón ordenó la apertura de una pieza nueva del caso Villarejo, la número 34, donde irían a parar el cúmulo de grabaciones publicadas por medios de comunicación, un canal de Telegram del ultra Alvise Pérez y las aportadas al propio juzgado por el empresario Javier Pérez Dolset, todas ellas realizadas por el comisario y cuyo contenido no ha sido nunca investigado. 

La única intención del juez era comprobar si todos esos audios figuraban entre el material intervenido a Villarejo –del que solo se ha desencriptado aproximadamente el 50%– o si se trataba de grabaciones que no estaban en la causa, según explicaba el propio García Castellón en su auto. 

La maniobra de García Castellón

Pero de la pieza número 34 nunca más se volvió a saber. Ninguna de las partes personadas en la causa han tenido acceso a esas grabaciones. Ahora, el escrito del PSOE plantea que la número 34 “no fue una pieza procesal sino una caja fuerte donde depositar aquello que no debía ver la luz”. Los socialistas hablan en su escrito de “una artimaña procesal para evitar la reapertura de la pieza separada 7 Kitchen o la apertura de una nueva para investigar estos hechos con claras apariencias de relevancia penal”.

El 18 de abril de 2024, García Castellón levantó el secreto sobre la pieza 34, pero el Oficio UAI 3334/23, donde los policías adjuntan los tres audios sobre Cospedal, “se excluyó del índice de la causa” y no se subió a la plataforma digital a la que acceden las partes personadas, según denuncia el PSOE. Solo una diligencia solicitada por los socialistas para prorrogar la investigación y que no prescribiera permitió aflorar el oficio policial el pasado mes de noviembre. 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón a García Castellón en su negativa a reabrir el caso Kitchen pero dejó una puerta abierta a las revelaciones que pudieran surgir en el marco de la pieza 34. Sin embargo, los audios quedaron aparcados sin que llegara a ser valorado su contenido. “Estas expectativas de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, compartidas por las acusaciones, se han visto defraudadas por la inacción y ocultación realizadas tanto por el Juzgado de Instrucción como por la propia Fiscalía Anticorrupción”, dice el PSOE en su escrito. 

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se había negado a que sus subordinados recurrieran la negativa de García Castellón a reabrir el caso, pero la Sala de lo penal se tuvo que pronunciar por la petición de la acusación popular. El actual juez del caso, Antonio Piña, fue advertido de la “inacción y ocultación” en ocho escritos presentados por la acusación que ejerce el PSOE. “No hizo nada, salvo manifestar reiteradamente en la declaración prestada [por el policía de Asuntos Internos] que la pieza separada 7 estaba cerrada, pero sin valorar los posibles hechos nuevos que parecía desconocer”, añaden los socialistas. 

Tres conversaciones entre Cospedal y Villarejo

20 de enero de 2013. El contexto más amplio de esta conversación hay que buscarlo años atrás, en julio de 2009, fecha a la que se remonta la primera reunión entre el mando policial en activo y la número dos del PP. Villarejo acude a Génova para encontrarse con Cospedal y su entonces marido, Ignacio López del Hierro. Ambos le encargan “trabajos puntuales” y le prometen una remuneración. En ese momento no saben que los problemas que les han surgido por el caso Gürtel y la “imputación provisional” de Luis Bárcenas terminarían estallando con el encarcelamiento del tesorero del partido. 

El Mundo publica el 18 de enero de 2013 que “Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP”. Circula el rumor que la caja B del partido está recogida en “una libretita”. Dos días después, en la primera grabación que la Audiencia Nacional no ha investigado, la número dos del PP llama desde un teléfono fijo al policía, que está destinado en la Dirección Operativa de la Policía, y le dice que quiere esas anotaciones y que hay que “pararlas”. No lo consiguió. Unos días después, el 31 de enero, El País publica los papeles de Bárcenas y estalla el escándalo de corrupción más grave en la historia del PP.  

26 de abril de 2013. De nuevo, Cospedal evita los móviles. No es casual. Ella misma explica a Villarejo que no ha realizado la llamada antes porque “no tenía un fijo a mano”. Durante la conversación explica que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, le ha entregado a ella antes que al juez del caso de la caja B un informe de la UDEF. “Me llama ayer por a noche diciéndome que voy a tener un día hasta que lo vea el juez”, afirma Cospedal al policía.

El comisario da cuenta a Cospedal de sus movimientos para abortar los avances del caso de la caja B. El presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, no puede estar entre los salpicados por el escándalo. Villarejo asegura haber estado con el inspector jefe al cargo de las investigaciones, Manuel Morocho, y con el jefe de este, el comisario José Luis Olivera, procesado en Kitchen y autor del montaje de la cocaína contra Miguel Urbán. “Estuve tomando una copa y luego se quedó José Luis comiéndole el tarro porque en el informe iba el nombre del presidente… No sé si sabes”, dice Villarejo. A lo que Cospedal responde que lo desconocía. 

Efectivamente, tres días después Morocho entrega el informe 39199/13. Solo aparece Rajoy de pasada: “Mariano Rajoy 2º trimestre” y “Trajs. Mariano”. Los apuntes de Bárcenas sobre el presidente no se desarrollan en el atestado policial. Morocho ha denunciado públicamente las presiones que sufrió durante su investigación de los casos Gürtel y PP. Lo ha hecho en sede judicial y en el Congreso de los Diputados. “Buscaban doblegarnos”, dijo en la Audiencia Nacional. 

12 de septiembre de 2017. Cuatro años después de los encargos para destruir el caso de la caja B, Villarejo sigue teniendo relación con Cospedal y el marido de ésta. El contexto ahora es el desafío independentista en Cataluña, pero Villarejo también está preocupado por su situación. Ya ha saltado su implicación en varios casos. El marido de Cospedal, para quien el PSOE vuelve a pedir la imputación, lo recoge y lo lleva hasta Cospedal, que ahora además de número dos del partido también es ministra de Defensa. “Yo hablo con quien tenga que hablar”, le dice Cospedal a Villarejo para su tranquilidad. 

La exmilitante socialista Leire Díez mantuvo una reunión con el fiscal Ignacio Stampa el pasado 7 de mayo en la que se presentó como “mano derecha” del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y como “la persona que ha puesto el PSOE”. “Yo traslado luego”, afirmó en el marco de esa conversación, informa Europa Press. Las afirmaciones aparecen en un audio, al que ha tenido acceso elDiario.es, que Stampa ha entregado al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, en el que Díez figura como uno de los investigados.

Díez aseguró en el encuentro, en el que también estaban presentes los empresarios Javier Pérez Dolset y Luis del Rivero, que era la reunión era “estrictamente confidencial”. “Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto”, manifestó.

Ante ello, Stampa le preguntó “detrás de qué” y Díez aludió a “irregularidades en gestiones, en informes policiales, irregularidades en facciones, en algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción”.

El fiscal le preguntó si ella era “la mano derecha de Santos Cerdán, el secretario de Organización del partido”, a lo que Díez contestó afirmativamente: “Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado”. Y Del Rivero deslizó la posibilidad de que Cerdán estuviera en el encuentro, pero Díez replicó que no iba a participar. “Ah, no, no. Yo traslado luego, luego tengo reunión con él”, abundó ella.

Por su parte, Pérez Dolset afirmó que cuando se conoció la imputación de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, “el presidente ya dijo que se limpie todo”, “sin límite”. “Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial”, dijo.

El juez Zamarriego investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho por las maniobras de Díez, Pérez Dolset y un periodista para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles. Díez se ha presentado como una periodista de investigación que ayuda a Pérez Dolset a desentrañar una conspiración en su contra, y que también ha afectado a otros investigados en la época del PP. Pérez Dolset está investigado por cuatro delitos en relación con un fraude en subvenciones que asciende a 30 millones.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado a su salida de los juzgados que el Gobierno español presidido por Mariano Rajoy estuvo detrás de la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA). “Sin duda”, ha afirmado a los periodistas, informa Europa Press.

Así lo ha afirmado a los medios tras declarar en calidad de testigo por la 'Operación Catalunya' en Andorra, donde ha asegurado haber explicado “la verdad a la jueza” y ha añadido que una operación de este calibre no la pudo realizar un comisario, un coronel del CNI, un guardia civil o un capitán comandante.

“Es una operación de alto nivel, donde desde presidencia del gobierno de un país y de otro intervienen en el tema, como ya aparece en mis notas de inteligencia. Como he declarado siempre y como es de cajón”, ha subrayado.

Por otro lado, ha rechazado dar más detalles de todo lo que ha declarado dentro de la sala y ha ironizado con el hecho de haber estado en prisión por riesgo de fuga. “Habrán visto que yo no me quiero ir. En todo caso tendrán que ir ellos, los delincuentes que me organizaron todo esto”, ha señalado.

Tal como estaba previsto, durante la mañana de este martes también han declarado los exministros de Finanzas y de Asuntos Exteriores del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca y Gilbert Saboya, respectivamente.

Las querellas que propiciaron la imputación de Rajoy y el resto de presuntos responsables de la brigada política fueron puestas hace casi cinco años en Andorra, de un lado por el lnstitut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) y el colectivo de juristas Drets, y de otro, por Higini Cierco, exmáximo accionista de la BPA.

Los escritos versan sobre una presunta operación, en una doble vertiente política y policial, y de supuestas coacciones al Gobierno del principado para obtener los datos bancarios de la BPA de la familia Pujol así como información sobre eventuales cuentas en Andorra de líderes independentistas que resultaron inexistentes.

En una resolución de 2022, la magistrada citó los seis delitos del Código Penal andorrano que se investigan: coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacción a órganos constitucionales andorranos y creación de documento inveraz por un funcionario.

Este verano, la jueza reactivó la causa en la que intenta esclarecer si el expresidente español Mariano Rajoy y sus exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro estuvieron implicados remitiendo nuevamente comisiones rogatorias a España después de que la Justicia española rechazara cooperar con Andorra.

La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional ha rebajado de 19 a 13 años de cárcel la condena al comisario jubilado José Manuel Villarejo por delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa y de particulares en las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' del 'caso Tándem', las tres primeras por las que fue juzgado dento de la treintena de piezas separadas que la Justicia ha llegado a abrir contra él.

En su sentencia, recogida por Europa Press, los magistrados reducen los años de prision que le impuso la Sección Cuarta de la Sala Penal al estimar parcialmente su recurso y absolverle del delito de falsedad en documento mercantil en dos de las piezas. En Iron, los tribunales analizaron su contratación por parte de un despacho de abogados para espiar a una empresa de la competencia. En Land, lis investigadores se centraron en su su empresa Cenyt fue contratada para espiar al dueño de Procisa en el marco de una pelea familiar por una herencia de los García Cereceda. En Pintor, finalmente, se indagó sobre si los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara le contrataron para espiar a un antiguo socio y su abogado, el exjuez Francisco Javier Urquía.

Esta sentencia, todavía recurrible ante el Tribunal Supremo, ya fue anulada una primera vez por esta misma Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Posteriormente el tribunal ha dictado más sentencias condenatorias contra él, aunque muy por debajo de las penas de cárcel que ha llegado a pedir la Fiscalía Anticorrupción. Ocho años de cárcel, por ejemplo, por los encargos que le hicieron Repsol y Caixabank.

El tribunal mantiene la absolución del delito de cohecho pasivo y activo que las acusaciones atribuían a Villarejo y otros acusados, además de rechazar la nulidad de la segunda sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala Penal.

Por su parte, al socio de Villarejo, Rafael Redondo, la Sala de Apelación lo condena a 9 años de cárcel, frente a los 13 años que le impuso la Sección Cuarta, ya que también le absuelve del delito de falsedad documental.

El PSOE ve indicios delictivos en el espionaje ordenado por altos cargos de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy al comisario Villarejo para utilizar datos de los negocios de la familia de Begoña Gómez para “matar políticamente” a Pedro Sánchez. El caso se remonta al año 2014 cuando el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, encargó al polémico comisario José Manuel Villarejo, condenado ya a 24 años de prisión e imputado en múltiples causas judiciales, recabar material sobre los negocios del padre de Begoña Gómez para utilizarlos contra el recién elegido secretario general del PSOE.

Las grabaciones fueron publicadas por elDiario.es y La Vanguardia en abril de 2024 y evidencian cómo el que era número dos de Interior en el Gobierno de Rajoy encargaba una investigación parapolicial a la familia de la mujer de Sánchez.

El resultado de las pesquisas pactadas por Francisco Martínez y el comisario hoy poliimputado se plasmó en un informe titulado RIESGO PS (las iniciales del presidente) donde Villarejo recopiló información acerca de las saunas que gestionaban el suegro de Pedro Sánchez junto a sus hermanos y que ha sido desvelado esta mañana por el programa Mañaneros de TVE. Esa “nota interna”, sin sello de ninguna unidad policial, revela que tras la conversación de Villarejo con Francisco Martínez se produjeron seguimientos, sin orden judicial, a quien era el secretario general del PSOE y también a su pareja Begoña Gómez y a las hijas de ambos.

El documento de Villarejo alude a “la urgencia de la superioridad”, los cargos políticos que encargaban esos dosieres a los policías corruptos, y subraya que por esas prisas los informes pueden contener “errores groseros”. Son esos papeles fabricados por las cloacas del Estado los que 11 años después está recuperando el PP, a raíz de la intervención parlamentaria de su líder, Alberto Núñez Feijóo, el pasado miércoles, para acusar a Sánchez de lucrarse con supuestos prostíbulos que gestionaba su suegro. Y eso a pesar de que la Audiencia Nacional ya estableció en junio de 2024 que el negocio de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, fallecido hace tres años se trataba de una “actividad privada lícita” y recriminó la “deplorable utilización partidista” de este tipo de informaciones. Así consta en el auto desvelado por la Cadena SER en el que la Audiencia Nacional rechazaba investigar la revelación de secretos denunciada por el PSOE entonces.

Fuentes socialistas aseguran que este nuevo informe conocido este viernes y que según TVE está en manos ya de la Fiscalía contiene material suficiente para reabrir el caso, una vez constatado que el comisario Villarejo asegura haber realizado seguimientos a la familia de quien era entonces el líder de la oposición.

Desde que el pasado miércoles, la totalidad de socios del Gobierno descartasen cualquier posibilidad de apoyar una moción de censura de la mano del Partido Popular y Vox, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, puso en marcha una campaña para acusar a Sánchez de haberse beneficiado económicamente de los negocios de su suegro que, a pesar de lo que estableció la Audiencia Nacional, el PP y algunos medios siguen relacionando con la prostitución y que se ha convertido en la última línea de ataque de las derechas contra el Gobierno.

Manolete, si no sabes torear pa qué te metes. Es una frase antes muy aplicada y cantada, aunque hoy moribunda, que servía para poner en evidencia la osadía de la gente más torpe o incluso, malintencionada.

En este caso, la traigo a lectura relacionada con la mentira publicada, da igual que sea en política, como en los ámbitos personales, profesionales. La mentira cotiza, porque produce beneficios económicos, políticos, influencia apandillada, a veces se miente simplemente porque se trata de una mentira de tu cuchipandilla, de tu mara mediática, porque crea identidad y grupo, es como la santa cofradía del bulo, con cofrades de cirio o de mantillas.

Es una actividad que empezó con el papel aunque hoy corre veloz por los hilos y por donde no hay hilos. Babeuf, el gran revolucionario y periodista francés, que padeció la maledicencia escrita de su tiempo, decía que la mentira cabalga sin rienda, premiada y costeada a toda velocidad, pero la verdad se tiene que ir abriendo camino, en cambio, puerta a puerta.

De todas maneras, cualquiera que sea el soporte, debe ser la tarea de un demócrata trabajar con la verdad, combatir la mentira, aunque, a veces, la mejor manera sea el quite del desprecio, ignorar a los ignorantes y más despreciables mentirosos.

Sin embargo, ciertas mentiras pueden considerarse mentiras de Estado y éstas deben ser combatidas en plenitud por la sociedad democrática porque no afectan solo al perjudicado por la mentira sino que lo hace a todo el sistema democrático en su totalidad. Pero hay esperanza y reside en que incluso a estos mentirosos con recursos se les pilla. La mentira burda es ciertamente la más corrosiva porque está construida sobre una cama mediática que además involucra a ciertas instituciones del Estado y suele producir daños irreparables.

Estas mentiras son un gravísimo problema para la estabilidad democrática ya que suelen ser herramientas de mafias del Estado profundo que tiene a sueldo a grupos enteros, comunicadores y periodistas

Es solo un ejemplo, pero lo podríamos poner como ilustración de lo escrito: el número dos del ministro de Interior de M. Rajoy ha reconocido que era una mentira a sabiendas que no había dinero en las Granadinas a favor de nadie de Podemos, un partido democrático de una democracia madura (sic). Un escenario mafioso de un partido en el Gobierno y de las cloacas mediáticas que lo apoyan y que no merecen otra denominación que no sea igualmente mafiosa. Un periódico de papel ha sido condenado por sus bulos, El Mundo, ciertamente acumula ya una generosa reputación. Incluyo esto porque es falso que la plaga de mentiras a sueldo procedan de las redes sociales, más bien de una acreditada red de redacciones sociales.

Insisto en que estas mentiras son un gravísimo problema para la estabilidad democrática ya que suelen ser herramientas de mafias del Estado profundo que tiene a sueldo a grupos enteros, comunicadores y periodistas.

Luego están las mentirijillas de los miserables, la de los agitadores de oscuros mentideros de la corte, sean tabernarios o de secano. No son tan peligrosos, solo algo molestos pero tiene un enemigo mortal, la verdad. Cuando la verdad reluce, no hay sombra que cobije sus mentiras, y el ridículo y el desprestigio profesional debería ser suficiente castigo.

Les queda mucho por aprender, por eso me acordé de Manolete, que no sabía de lo suyo pero aún y así se metía, quizá porque, en este caso, los novilleros quieren escalar a maestros de la mentira burda. A Manolete lo podía coger el toro, a éstos lo va a pillar la verdad.