Un tribunal de siete jueces del Tribunal Supremo con mayoría de sensibilidad conservadora juzgará y sentenciará al fiscal general del Estado. Los cinco magistrados que ya decidieron abrir la causa hace casi un año serán acompañados por los dos más antiguos de la Sala de lo Penal que no han intervenido en el proceso en un juicio por la filtración de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso con la ponencia en manos de la magistrada progresista Susana Polo.

La mayor parte del tribunal, como es habitual en las normas de reparto, está constituido por los cinco magistrados que ya en octubre de 2024 aceptaron la exposición razonada del Tribunal Superior de Madrid y decidieron abrir una causa contra Álvaro García Ortiz. La progresista Susana Polo, que fue ponente de aquel auto, junto con cuatro magistrados de corte conservador: el expresidente Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y la exmagistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Son los mismos cinco magistrados que en octubre del año pasado rechazaron dos querellas contra la vicepresidenta María Jesús Montero por hablar del caso de González Amador en los pasillos del Parlamento.

Los otros dos magistrados son Andrés Martínez Arrieta y Ana Ferrer. El primero es el magistrado más veterano de la sala y su nuevo presidente, considerado de tendencia progresista pero candidato apoyado por los conservadores del Consejo del Poder Judicial para hacerle presidente del departamento. Ferrer también es considerada progresista y era la candidata de los vocales progresistas, aunque ella misma se retiró del proceso para facilitar la renovación.

Según las normas de reparto, en este proceso no participarán los tres magistrados de la Sala de Apelaciones que han resuelto todos los recursos del caso en los últimos meses. Ni los dos jueces que avalaron en procesamiento de García Ortiz ni el tercer magistrado que, en un voto particular, defendió que debería archivarse el caso. El juicio contra García Ortiz todavía no tiene fecha aunque fuentes del Tribunal Supremo ubican el comienzo del proceso en la segunda quincena del próximo mes de noviembre.

El fiscal general pide la absolución

El caso contra Álvaro García Ortiz se encuentra pendiente de pocos pasos hasta el comienzo del juicio: que el Supremo establezca una fecha de inicio, la lista de testigos que tendrán que comparecer y, finalmente, resolver los recursos sobre la fianza de 75.000 euros impuesta por Ángel Hurtado. Tanto el fiscal general como la Fiscalía han solicitado la absolución mientras que las acusaciones, entre las que están la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Manos Limpias o la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), piden hasta seis años de prisión para él.

La lista de testigos todavía no ha sido establecida pero la mayor parte de las acusaciones y defensas han solicitado que, además del imputado y la fiscal provincial de Madrid, ahora exonerada y como testigo, declaren el propio González Amador, su abogado Carlos Neira, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, los fiscales que intervinieron en el caso y los periodistas que han declarado durante la fase de instrucción.

En su escrito de defensa presentado esta semana, la Abogacía del Estado reitera que no hay pruebas para condenar a García Ortiz por la filtración del correo en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía que “ciertamente” había defraudado 350.000 euros en plena pandemia. Asegura este escrito que se limitó a recopilar la información del caso para emitir un comunicado ante la “operación perfectamente orquestada” que Isabel Díaz Ayuso y su entorno estaban poniendo en marcha para “desviar el foco” sobre la acusación de fraude fiscal que pesa sobre su pareja.

La Audiencia Nacional ha reconocido una indemnización de 232.500 euros a Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, por los casi dos años que pasó en prisión provisional por orden de la jueza Carmen Lamela para, finalmente, ser absuelto. Los jueces entienden que debe resarcirse tanto su daño moral como el lucro cesante y, finalmente, los gastos de su familia para visitarle en la cárcel durante 645 días.

Sandro Rosell, presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014, fue enviado a prisión provisional por orden de Lamela en mayo de 2017. La magistrada investigaba si el empresario y varios de sus socios habían urdido un entramado de comisiones ilegales salidas de la organización de partidos de la selección de Brasil, así como de un contrato con una marca deportiva, todo encuadrado en graves delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

El expresidente del FC Barcelona salió de prision 645 días más tarde, en febrero de 2019. Dos meses antes de ser absuelto por la Sala de lo Penal y tras un juicio en el que la Fiscalía había llegado a pedir 11 años de cárcel y multas de 59 milones de euros para él. Empezó entonces una reclamación para que el Estado le indemnizara con hasta 30 millones de euros, teniendo en cuenta no solo el daño reputacional y los gastos en que había incurrido para pagar su defensa, sino el dinero que dejó de ganar por la rescisión de varios contratos laborales.

El Ministerio de Justicia se opuso a pagarle una indemnización y los jueces de la Audiencia Nacional, esta vez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, entienden que sí debe ser resarcido: 120.000 euros por el dinero que dejó de ganar por un contrato perdido, 50.000 euros por daños morales y 62.500 euros más por el dinero que invirtieron sus familiares en ir a verle, durante casi dos años, a Soto del Real.

Esta no es la primera indemnización que los tribunales dictan para uno de los absueltos en este caso que terminó en sentencia exoneratoria. Su socio Joan Besolí, que también pasó el mismo tiempo en prisión preventiva, pidió 4,6 millones de euros y la Audiencia Nacional le otorgó finalmente una indemnización de 70.000 euros.

En el caso de Rosell, la Audiencia Nacinal entiende que existió un daño reputacional y un daño psicológico al expresidente del FC Barcelona. Alude a sus circunstancias “profesionales, personales y familiares” así como a su “proyección y difusión pública”, la “separación del entorno familiar” que padeció y, finalmente, la duración de la cautelar impuesta por Lamela y confirmada varias veces por la Sala de lo Penal de la misma Audiencia.

La Audiencia Nacional ha obligado al Estado a indemnizar con 54.650 euros al activista de 'Straight Edge' –un grupo de anarquistas veganos– que pasó 16 meses en prisión provisional por una acusación de terrorismo de la que finalmente fue absuelto. Los jueces corrigen al Ministerio de Justicia y exigen indemnizar al joven no solo por el tiempo que pasó encarcelado de forma preventiva por un delito que no cometió, sino también por la depresión que padece desde entonces, el daño que la investigación hizo a su imagen y la dureza del régimen de aislamiento que padeció en los módulos más conflictivos de las cinco cárceles distintas en las que estuvo.

Este joven fue uno de los anarquistas detenidos en noviembre de 2015 en una operación lanzada por la Policía y que recayó en la jueza Audiencia Nacional Carmen Lamela. El objetivo, afirmaban entonces los investigadores, era desmantelar el grupo 'Straight Edge', al que acusaron de reventar cajeros con explosivos caseros además de “apoyar” en internet los ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Varios de estos anarquistas veganos detenidos en Madrid fueron enviados a prisión. Algunos de ellos pasaron unas pocas semanas entre rejas de forma preventiva. Otro, defendido por el abogado Eduardo Gómez de Red Jurídica, pasó 16 meses en la cárcel. El operativo fue bautizado y ampliamente difundido como 'operación Ice' y después de varios años de investigación terminó en nada.

Ni siquiera la Fiscalía, que había llegado a pedir más de 30 años de presidio entre todos los encausados, recurrió la absolución por enaltecimiento de terrorismo después de desistir de buena parte de las acusaciones que llevaba años impulsando. Un enaltecimiento que la Audiencia Nacional no vio por ningún lado: “No consta que hayan generado el riesgo de cometer actos de terrorismo, ni siquiera en abstracto”, dijeron los jueces. Sus comentarios denotaban “una oposición de rebeldía” pero “en modo alguno un ataque directo o indirecto al Estado y sus instituciones”, zanjó la Sala de lo Penal

Para entonces, el anarquista había pasado casi año y medio en prisión. Concretamente, desde el cuatro de noviembre de 2015 hasta el ocho de marzo de 2017. Fue puesto en libertad, explicó la jueza Lamela, porque la investigación “prácticamente” había terminado y teniendo en cuenta entonces el “arraigo familiar” que tiene en España. Para entonces había pasado por cinco cárceles y había estado en régimen de aislamiento en algunos de los módulos más conflictivos.

La labor instructora de la jueza Carmen Lamela, hoy magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se ha traducido en una nueva condena económica para el Estado. Uno de los absueltos pasó 16 días en prisión y, tal y como reveló elDiario.es, tuvo que ser indemnizado con 1.660 euros. Ahora ha sido la misma Audiencia Nacional la que ha condenado a la administración a indemnizar al joven anarquista con 54.650 euros por el tiempo que pasó entre rejas acusado de terrorismo antes de ser absuelto.

El “severo régimen penitenciario”

Los abogados del joven activista recurrieron a la sentencia del Tribunal Constitucional que desde 2019 obliga a resarcir a cualquier persona que haya pasado por la cárcel por un delito que no cometió. Existiera o no el hecho por el que fue acusado. Y la Audiencia Nacional empieza por recordar que ese matiz no es relevante: “El sacrificio y el daño en ambos casos ha sido el mismo”.

En el caso del recurrente, cuya reclamación recibió el silencio administrativo del Ministerio de Justicia y la oposición de la Abogacía del Estado, no solo hay que tener en cuenta el tiempo que pasó entre rejas. También que su etapa en la cárcel “se vio agravada al parecer por un severo régimen penitenciario aplicado en función del tipo de delito imputado”. Es decir, todo el tiempo que pasó en aislamiento acusado de terrorismo.

La sentencia también recoge las consecuencias de su encarcelamiento para cuantificar su indemnización: “Un trastorno de estrés postraumático así como una depresión grave”, tal y como acredita un informe pericial aportado al proceso. Finalmente, también reconoce una parte del resarcimiento por “el impacto negativo que para la honorabilidad del recurrente tuvo la repercusión del caso en los medios de comunicación, con particular incidencia en internet”.

En total, la indemnización escala hasta los 54.650 euros, según la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo que ha podido examinar este periódico, todavía recurrible ante el Tribunal Supremo. Una de las diez indemnizaciones más altas concedidas por los tribunales después de que, como es habitual, el Ministerio de Justicia se niegue a resarcir a estos presos preventivos inocentes después de que la Justicia haya borrado las acusaciones que pesaban sobre ellos.

La 'operación Ice' se sumó a otras desplegadas desde la Audiencia Nacional, igualmente archivadas, en un momento en el que el Gobierno de Mariano Rajoy intentó trasladar a la opinión pública que el terrorismo anarquista era un problema de seguridad en España tras un atentado en la Basílica del Pilar de Zaragoza. “El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país”, llegó a decir Ignacio Cosidó, entonces director general de la Policía Nacional, hace ahora una década. Investigaciones como como 'Pandora' o 'Piñata' terminaron igualmente en el archivo después de sonoras operaciones policiales contra el anarquismo radical con decenas de detenidos.

El Tribunal Supremo ha dictado una resolución en la que recuerda a Vox que los jueces no pueden “interferir” en la elección de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Los jueces, según ha sabido elDiario.es, han confirmado la inadmisión de una denuncia en la que el partido de Santiago Abascal pedía imputar al líder del PSOE y a representantes de los partidos independentistas por las negociaciones que desarrollaron para la investidura, incluyendo la ley de amnistía. Los jueces reprochan a la extrema derecha que haya intentado usar el Supremo para frenar un proceso político: “Son actos propios de la actividad política sobre los que esta Sala no puede interferir”, explica el tribunal.

Se trata de una de las múltiples denuncias y querellas que Vox interpuso contra Pedro Sánchez, otros miembros del Gobierno y los socios de investidura con el objetivo, según el propio partido, de frenar su nombramiento como Presidente del Gobierno.

En este caso, la denuncia atribuía delitos de conspiración para la rebelión, prevaricación, cohecho y malversación a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Félix Bolaños así como contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Arnaldo Otegi y los integrantes de la Mesa de Diálogo de Catalunya. Les acusaba de buscar “la subversión del orden constitucional” y “asegurar la impunidad absoluta en caso de ejecutar la separación de Cataluña del resto de España”.

La sala que preside Manuel Marchena, tal y como reveló este periódico, decidió inadmitir la denuncia al no ver indicios de delito en esas negociaciones políticas. Vox volvió a la carga con un recurso, ahora también rechazado, en el que decía que los hechos le daban la razón: lo que antes reconocen que eran “meras conjeturas” o “actos preparatorios” ahora, una vez nombrado Presidente, constituye hasta cuatro delitos distintos.

Los jueces, en primer lugar, reprochan a Vox que vaya añadiendo hechos políticos nuevos a sus denuncias para intentar que prosperen. Incluso, recuerdan, cuando la denuncia que afirman estar ampliando ya fue inadmitida en firme hace meses. Pero la magistrada Carmen Lamela, ponente del auto, va más allá en sus razonamientos y explica que las negociaciones políticas entre partidos para una investidura no pueden ser objeto de estudio penal.

“Las negociaciones entre las fuerzas políticas para articular una mayoría que permita la investidura de un Presiente de Gobierno son actos propios de la actividad política sobre los que esta Sala no puede interferir”, dice de forma clara la Sala de lo Penal a la petición de Vox de que el Presidente del Gobierno y parte de su gabinete sean imputados por buscar la investidura.

Sobre las alusiones a la ley de amnistía, los jueces explican que cualquier análisis sobre eso será cosa del Tribunal Constitucional y no del Supremo. “Correspondiendo al Tribunal Constitucional y no a este Tribunal determinar si efectivamente las leyes aprobadas o que puedan aprobarse son conformes con ordenamiento constitucional”, añade el auto antes de rechazar este recurso de Vox. “El archivo de las actuaciones era procedente”.

Intento fallido de paralizar la investidura

El partido de Santiago Abascal puso en marcha en varios frentes su oposición a la investidura de Pedro Sánchez. En el parlamento, donde votaron en contra, en la calle, apoyando las manifestaciones de la calle Ferraz que han terminado en disturbios, y finalmente en los tribunales. Intentaron sin éxito que el Supremo paralizara de forma cautelarísima los debates de investidura presentando una querella todavía pendiente de admisión o inadmisión.

Allí donde Vox vio una necesidad urgente de paralizar la investidura, el Supremo entendió que no existían elementos “que justifiquen la procedencia de suspensión del acto parlamentario dirigido a la investidura del presidente del Gobierno”.

En el caso de esta denuncia, el partido de extrema derecha ha ido presentando ampliaciones y recursos contra la primera inadmisión para intentar superar el primer filtro de los jueces de la Sala de lo Penal, algo que no han conseguido ni una sola vez en los últimos años con distintos pleitos interpuestos contra rivales políticos y miembros del ejecutivo central.

La dinámica habitual del partido de Abascal, consistente en anunciar y difundir sus querellas y denuncias y después callar cuando el Supremo les notifica auto tras auto de inadmisión y archivo, se repite en este caso. El auto del tribunal que revela hoy elDiario.es fue dictado a mediados del mes de diciembre y se trata de una resolución contra la que “no cabe recurso alguno”, dice el auto.

José Manuel Villarejo lleva toda la vida mintiendo y durante mucho tiempo no le fue nada mal. Sus engaños, revestidos de razón de Estado, servían a los intereses espurios del gobierno de turno. En nombre de ese Estado y con la cooperación imprescindible de no pocos periodistas (la mayoría aún siguen ejerciendo como tales) investigó a personas que no habían cometido ninguna ilegalidad, falseó documentos para inculparles o se inventó delitos fiscales en Venezuela. Todo para intentar frenar al independentismo y a Podemos. 

Eran maniobras sin amparo judicial que contaban con el beneplácito de la dirección del Ministerio del Interior cuyo titular era Jorge Fernández Díaz. Se superó cualquier límite democrático y con la misma falta de ética, Fernández Díaz, quien siempre se presentó como un fiel escudero de Mariano Rajoy, sigue todavía dando lecciones de moral en su tribuna en La Razón.   

Villarejo, tanto en los años en que tenía rango de comisario como cuando dejó de serlo, respondía a una estrategia política. Él se llenaba los bolsillos a cambio de cumplir con las misiones encomendadas. Fue así hasta que en 2014 un periodista, nuestro compañero Pedro Águeda, que a diferencia de otros nunca tomó parte, ni antes ni ahora, en la guerras entre el excomisario y algunos de sus antiguos colaboradores, destapó la Operación Catalunya.

El hedor de la cloaca se hizo cada vez más insoportable y los mismos que le dieron medios y recursos para que se encargase del trabajo sucio empezaron a renegar de él. Villarejo actúo como siempre, enfangando, pero para intentar salvarse de las causas judiciales que le acorralan, decidió que no caería solo. Mentiría lo que hiciese falta, nada se le da mejor, e incluso podría decir alguna verdad. O dejaría caer insinuaciones que sirviesen de munición informativa y el tiempo dirá si también serán motivo de alguna condena judicial. 

Con esa voluntad, la de salvarse y pasar cuentas, se sentó en un plató de TV3 en mayo del 2022. En su entrevista, apuntó directamente –aunque sin pruebas para corroborarlo– contra la magistrada Carmen Lamela, quien mantuvo a Sandro Rosell casi dos años en prisión preventiva para terminar absuelto, en un uso claramente desproporcionado del poder de los jueces de instrucción para enviar a alguien a la cárcel a la espera de juicio.

Esta fue la literalidad: “Se entendía que el Barça era un elemento digamos vinculado al independentismo que había de desestabilizar. Entonces se habló con una jueza que se llamaba Lamela y esa jueza estuvo de acuerdo y pidió una serie de cosas, entre otras cosas ir al Supremo, como luego fue”.  

El excomisario añadió que la jueza Lamela “tenía una vinculación tremenda con el CNI”, el enemigo que el comisario jubilado ve detrás de todos sus problemas judiciales. Y se ofreció a contar en sede judicial todo lo que había dicho en la entrevista en su propia “catarsis”.

Lo que sí sabemos es que la defensa de Rosell pidió hasta tres veces a la jueza Lamela la comisión rogatoria de EEUU con la que se inició su causa en la Audiencia Nacional, y que por tres veces la magistrada se la negó aduciendo que los papeles se habían devuelto a las autoridades estadounidenses. En cambio, cuando la causa pasó al tribunal que absolvió a Rosell, la comisión rogatoria apareció. Se debió a un “error” de Lamela que se subsanó, según la explicación que dio el Supremo cuando rechazó la querella de Rosell contra la magistrada de su mismo tribunal.

Aunque sea a partir de la palabra de alguien tan poco fiable como Villarejo, la Justicia tiene la oportunidad de investigar de una vez las maniobras contra el independentismo gracias a la querella interpuesta por el expresidente del Barça. Hasta ahora únicamente se ha castigado su movimiento más burdo, el intento de adulterar el caso Pujol. Pero los jueces no solo han rechazado investigar la Operación Catalunya en su totalidad sino que han impedido, de momento, el intento de la Justicia andorrana de averiguar hasta qué punto Mariano Rajoy tuvo conocimiento de las maniobras sin control judicial en el principado para dar con las cuentas de la familia Pujol.

En España, en cambio, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se negó en 2021 a investigar la Operación Catalunya alegando que Villarejo “captaba información” sobre corrupción. Con los mismos argumentos que le sirvieron para abrir la investigación sobre las maniobras del PP para hacerse con documentación comprometedora de Luis Bárcenas, el juez se negó a indagar sobre las maniobras contra el procés.

Los anteriores intentos de afectados por la cloaca policial acabaron igualmente en el archivo de los juzgados. Solo tres ejemplos: la querella de Xavier Trias por su falsa cuenta en Suiza; la del PDeCAT por la confabulación entre Fernández Díaz y el entonces director de la Oficina Antifrau Daniel de Alfonso; o la denuncia de los 33 jueces que firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir y vieron que sus fotos de DNI acabaron en La Razón. Este último caso terminó como otras tantas causas archivadas sobre asuntos sensibles para la unidad de España, con una condena del Tribunal de Estrasburgo al Estado por no haber investigado lo suficiente de qué unidad policial provino la filtración.

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El Tribunal Supremo ha absuelto a dos jóvenes condenados por abusar sexualmente en grupo de una adolescente de 13 años de edad. Los jueces de la sala de lo penal retiran a ambos las condenas de 10 años de cárcel que la Justicia valenciana les había impuesto por un delito de abuso sexual al entender que la menor tenía “una cierta experiencia en el ámbito de las relaciones sexuales” y que pudo existir una “simetría en cuanto a edad, desarrollo y madurez física y psicológica” entre ellos y la chica. Uno de ellos tenía en ese momento 20 años, el otro 19 y la adolescente acababa de cumplir los 13 años de edad.

La sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es explica que la adolescente y el más mayor de los dos absueltos mantenían una relación “en régimen de noviazgo”. El día de los hechos mantuvieron relaciones sexuales en su casa de Valencia. Poco después, el chico preguntó si ella tenía algún problema en que un primo suyo, de 19 años de edad, se les uniese en el domicilio. Cuando el segundo joven llegó, la Justicia declara probado en firme que “la menor mantuvo relaciones sexuales completas” con ambos de manera consentida.

El caso llegó a manos de la Justicia más de un año después, cuando la víctima contó los hechos a una profesora y esta a su familia, que terminó presentando una denuncia. Para entonces la joven ya había pasado por un intento de suicidio y los dos fueron condenados poco después. En un primer momento, la Audiencia Provincial de Valencia les impuso 8 años de cárcel a cada uno por un delito de agresión sexual y después el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana elevó la pena a 10 años de prisión aunque por un delito de abuso de menores en grupo. Esta segunda condena más alta pero por otro delito fue dictada estimando un recurso de la Fiscalía.

Ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha decidido absolver a los dos. No lo hace por falta de pruebas o porque no considere creíble el testimonio de la víctima. Lo hace porque entiende que no había tanta diferencia de edad entre la víctima y los dos adultos y que, además, no puede descartar que fuera una relación sexual simétrica entre la adolescente y los dos jóvenes “en cuanto a edad, desarrollo y madurez física y psicológica”. Los jueces de la sala de lo penal aplican el artículo 183 quater del Código Penal que permite exonerar a culpables de abusos si se cumplen estos requisitos.

El Tribunal Supremo, con el magistrado Ángel Hurtado como ponente y con Manuel Marchena de presidente del tribunal, establece por tanto su libre absolución, lo que no sólo retira la condena de 10 años de presidio: también la libertad vigilada y los 15.000 euros de indemnización que los tribunales valencianos habían fijado para la víctima. Los jueces rechazan todos los argumentos de los dos jóvenes sobre la falta de pruebas y la falta de credibilidad de la declaración de la adolescente, pero examinan de oficio y sin que nadie lo pidiese esa exoneración por la “proximidad” entre la adolescente de 13 años y los jóvenes de 20 y 19 años de edad.

La “cierta experiencia” sexual de la víctima

La sentencia que zanja el caso en firme con una doble absolución dice, en primer lugar, que “la distancia entre las edades de la menor y los acusados no nos parece tan lejana”, para después pasar a examinar la madurez de la denunciante y los acusados y afirmar que “la madurez de la menor en lo físico y en lo psicológico no era muy distante de la de los acusados en lo que es el ámbito de las relaciones sexuales”. Para los magistrados, una prueba de esta proximidad era el “régimen de noviazgo” existente en ese momento entre la adolescente de 13 años y el joven de 20 años.

Para el Supremo “también hay que tener en cuenta” que antes de mantener relaciones con los dos, ya “había mantenido relaciones sexuales completas con él” y que “no se opone” a que su primo se una, tal y como explicó ella misma en su declaración. Destacan incluso que una de sus profesoras, que declaró en el juicio, aseguró que encontró a la menor “madura”, lo que para el Supremo son “datos indicativos de una cierta experiencia en el ámbito de las relaciones sexuales, que permiten no descartar que la relación sexual de la menor con los dos acusados se encontraba tan próxima a la simetría en cuanto a edad, desarrollo y madurez física y psicológica”.

Estos argumentos llevan al Tribunal Supremo a exonerar a los dos jóvenes aplicando el artículo 183 quater del Código Penal. Dice textualmente que “el consentimiento libre del menor de dieciséis años, excepto en los casos del artículo 183.2 del Código Penal, excluirá la responsabilidad penal por los delitos previstos en este capítulo cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica”. Los hechos probados de la sentencia no reflejan actos intimidatorios o violentos contra la menor, lo que en primera y segunda instancia llevó el caso de una violación a un abuso sexual agravado.

El Supremo explica que, una vez declarado probado que el consentimiento de la menor no estuvo viciado, hay “dificultad” en valorar, en este tipo de casos, si se puede aplicar o no este artículo del Código Penal para exonerar a un pedófilo. La Ley, dice la sentencia, no contiene “un criterio cronológico puro” sino que combina “la relación de proximidad entre la edad del mayor y el menor, y la de simetría de madurez entre ambos”, unos factores que no están sujetos “a reglas fijas” y que dependen de la formación y condicionantes culturales de cada cual“.

De violación a absolución

La sentencia del Supremo refleja el recorrido que ha tenido este caso por los distintos tribunales: de una condena por violación a una absolución. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia les condenó a 8 años de cárcel por agresión sexual al entender que había existido algún tipo de violencia o intimidación hacia la adolescente. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia estimó un recurso de la Fiscalía y aumentó sus condenas a 10 años pero por abusos. Esa sentencia explicó que “el acometimiento sexual al participar los dos recurrentes en un mismo momento con penetraciones anales y vaginales disminuyó las posibilidades de defensa eficaz de la víctima al margen de la situación especialmente vejatoria”.

Los dos recurrieron al Tribunal Supremo cuestionando las pruebas que había contra ellos y que, además, se les hubiera aplicado la circunstancia agravante de haber actuado entre varios de forma conjunta. Sobre las pruebas, el Supremo explica que esa valoración de las pruebas está fuera de sus posibilidades pero avalan el testimonio de la víctima: “Constituye prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia” ya que viene corroborado por otras pruebas como las testificales de su madre, varios amigos y una profesora. También avalan que el TSJ les condenase por abusos y no por violación, dando por buenos los argumentos que usa “para descartar que el yacimiento fuese contra la voluntad de la menor y mediante el uso de intimidación”.

El Tribunal Supremo ha rechazado la querella del empresario y expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell contra la jueza de la Audiencia Nacional que lo mantuvo casi dos años en prisión provisional antes de ser absuelto y después fue ascendida a la Sala de lo Penal del propio Supremo, la magistrada Carmen Lamela. Los actuales compañeros de Sala de la magistrada descartan que Lamela cometiera los presuntos delitos prevaricación y de falsedad documental durante la instrucción de la causa contra Rosell.

Los magistrados del Supremo avalan en un auto la actuación de la magistrada Lamela cuestionada por el expresidente del Barça. Acusaba Rosell a la jueza Lamela de una “ocultación injustificada y deliberada” de un documento de más de 1.200 páginas clave para la causa. Para la Fiscalía en cambio fue un mero olvido, y para los togados que comparten Sala con Lamela la acusación de Rosell es una hipótesis que no tiene “un mínimo componente de razonable verosimilitud” ni “apariencia de realidad”.

Sandro Rosell fue absuelto de los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal que le atribuía la Fiscalía y por el que se le pedían seis años de cárcel, si bien la petición original era de 11. El Ministerio Público le acusó de encabezar una red de sociedades que habría permitido al expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol embolsarse casi 20 millones de euros en comisiones ilegales por derechos televisivos, a los que sumaba otros 12 para Rosell. Durante la instrucción, la propia Confederación brasileña negó el perjuicio que denunciaba la Fiscalía, pese a lo cual Lamela y la Sala de lo Penal negaron hasta un total de 13 veces la sustitución del encarcelamiento de Rosell por medidas cautelares menos graves.

La querella de Rosell se basaba en el hecho de que por tres veces durante la instrucción de la causa la magistrada Lamela negó haber guardado el documento con la comisión rogatoria que originó la investigación pese que figuraba en la causa y el tribunal que juzgó al expresidente del Barça lo encontró de inmediato.

El Supremo resta importancia a la acusación de Rosell. “El hecho de haber firmado dos años antes una providencia rutinaria y estereotipada, que no exige la menor reflexión, en la que se acordaba dejar copia de la comisión rogatoria al tiempo que se disponía el archivo del expediente no es indicio de nada para nadie que esté mínimamente familiarizado con una oficina judicial y la forma de trabajo que reina en ella”, reza el auto de inadmisión de la querella, del que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral.

La querella del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell contra la jueza que lo mantuvo casi dos años en prisión provisional antes de ser absuelto, Carmen Lamela, se ha encontrado con el primer escollo, la oposición de la Fiscalía del Tribunal Supremo a investigar a una magistrada de ese mismo tribunal. En un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, la fiscal María Ángeles Gullón atribuye al olvido de un mero trámite lo que la acusación considera una “ocultación injustificada y deliberada” de un documento de más de 1.200 páginas clave para la causa.

El documento es la comisión rogatoria internacional que Estados Unidos remitió a España y que cometía un error después aclarado sobre Sando Rosell, pero que sirvió a la Fiscalía para arrancar la investigación que llevó dos años en secreto contra el expresidente del Barça. En la querella presentada por Rosell se afirma: “La ahora querellada negó inicialmente la existencia de la comisión rogatoria internacional (CRI). Insistida por los querellantes, finalmente reconoció su existencia, pero alegó que aquella CRI ya no se encontraba a disposición del Juzgado por haberse remitido al órgano requiriente. Todo ello resultó ser falso, pues la información solicitada siempre obró en su juzgado”.

Frente a esto, la Fiscalía del Supremo considera “absurdo” que Lamela tuviera que “acordarse forzosamente del contenido de algo tan formal y en cierto modo rutinario, como la tramitación de una acto de auxilio judicial y de si había quedado, o no, copia íntegra de su contenido”, más aun “estando poco tiempo en un Juzgado y dado el volumen de trabajo del mismo”. La representación de Rosell atribuye a Lamela los delitos de prevaricación y falsificación de documento público.

Sandro Rosell fue absuelto de los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal que le atribuía la Fiscalía y por el que se le pedían seis años de cárcel, si bien la petición original era de 11. El Ministerio Público le acusó de encabezar una red de sociedades que habría permitido al expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol embolsarse casi 20 millones de euros en comisiones ilegales por derechos televisivos, a los que sumaba otros 12 para Rosell. Durante la instrucción, la propia Confederación brasileña negó el perjuicio que denunciaba la Fiscalía, pese a lo cual Lamela y la Sala de lo Penal fueron negando todas las peticiones de libertad provisional que presentaban los abogados.

La Sección Primera absolvió finalmente al expresidente del Barça por falta de pruebas en una sentencia que ratificó después la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. En el fallo, esta segunda instancia rechazó la pretensión de la defensa de Rosell de declarar la investigación a la que fue sometido como prospectiva y de que su prisión provisional, de las más altas para un acusado que luego fue absuelto, hubiera vulnerado su derecho a la defensa. El tribunal alegó que la comisión rogatoria internacional que estuvo desaparecida era una “noticia de delito” que obligó a la Fiscalía a investigar. A esta circunstancia alude la Fiscalía para reprochar a los querellantes que no aludan a que la sentencia ya abordó este asunto.

La fiscal Gullón alega que la adopción de una resolución injusta a sabiendas que requiere el delito de prevaricación no se da en el caso de Lamela. Ocurre, a su entender, cuando la jueza despacha la petición de la CRI sobre Rosell con una providencia en la que le recuerda que tiene la causa por completo a su disposición y que ahí puede buscarla. Aquí, la fiscal interpreta lo que pudo pasar, sin que la propia Lamela se haya pronunciado: “Se trata de una respuesta razonable aunque se admitiera que tal vez no se hubiera comprendido bien una de las peticiones”.

La representante del Ministerio Público expone también que una comisión rogatoria es un documento que parte de otro país y que por tanto no es raro que Lamela pensara que ella solo conservaba el trámite de haberla cumplimentado, más aun cuando la CRI fue recibida en un primer momento en la Fiscalía española aunque luego se judicializara.

La defensa de Rosell ya ha presentado un escrito en el que rebate los argumentos de la Fiscalía y recuerda el papel clave de ésta en abrir la causa contra el empresario y mantenerlo dos años en prisión provisional. “El Ministerio Público participó de forma activa en aquel proceso por lo que no puede considerársela ajena a los hechos denunciados y estas alegaciones, que a continuación se analizan, deberán valorarse con el contexto adecuado, pues la admisión de nuestra querella provocará la revisión de aquel procedimiento, una situación muy alejada de los intereses de la Fiscalía”, recoge ese escrito.

“La señora Lamela ocultó injustificada y deliberadamente, y hasta en tres ocasiones, la existencia de un conjunto de información (más de 1.200 folios) de gran relevancia para la causa”. Sobre esta acusación se erige la querella que el empresario Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, ha presentado en el Tribunal Supremo contra Carmen Lamela, la jueza que le mantuvo 22 meses en prisión provisional para que después fuera absuelto por la Audiencia Nacional.

Esos 1.209 folios a los que se refiere Rosell completan una comisión rogatoria internacional que Estados Unidos remitió a España y que desapareció del proceso hasta el comienzo de la vista contra los acusados, momento en el que el expresidente del Barça y su amigo Joan Basolí, también firmante de la querella contra Lamela, fueron por fin puestos en libertad. Los delitos que la representación legal de ambos atribuye a Lamela son los de prevaricación y falsificación en documento público.

La trascendencia de esa comisión rogatoria reside en que es el documento del que partió la Fiscalía de la Audiencia Nacional para comenzar a investigar a Rosell, un trabajo en secreto de dos años hasta tener lista la querella que desembocó en la apertura de la causa contra el empresario y su consiguiente detención. Mientras todo esto ocurría, los abogados de Rosell no tenían acceso al documento que había originado el proceso pese a solicitarlo en tres ocasiones.

“La ahora querellada negó inicialmente la existencia de la comisión rogatoria internacional (CRI). Insistida por los querellantes, finalmente reconoció su existencia, pero alegó que aquella CRI ya no se encontraba a disposición del Juzgado por haberse remitido al órgano requiriente. Todo ello resultó ser falso, pues la información solicitada siempre obró en su juzgado”, figura en la querella de Rosell, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

En el marco del caso Fifagate, Estados Unidos preguntó por transacciones financieras de varios sospechosos e incluyó una realizada supuestamente desde una cuenta bancaria de Rosell en la entidad Goldman Sachs a otra en La Caixa. Se trataba de un error. Hubo una transferencia y desde esa misma entidad, pero no procedente de Estados Unidos sino de una cuenta de Rosell en Reino Unido. En la causa aparece la petición de información estadounidense como el motivo por el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se interesa por los presuntos delitos de Sandro Rosell.

Para sostener su acusación de prevaricación, el abogado Andrés Maluenda enumera los indicios por los que Lamela habría adoptado una resolución injusta a sabiendas. Afirma el letrado que la jueza, ahora ascendida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo pero entonces titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, fue quien había cursado en persona y tramitado la comisión rogatoria dos años antes, un documento de extraordinario volumen como para ser distraído.

Pero sobre todo, destaca la representación legal de Rosell, ocurrió que fue la propia Carmen Lamela quien firmó una resolución en la que se ordena que quedara “una copia testimoniada” en su juzgado, providencia del 17 de junio de 2016 que adjunta la querella [imagen que encabeza esta información]. Ante la posibilidad de que la jueza pudiera alegar desconocimiento, la defensa de Rosell alega que solicitó en tres ocasiones el documento. “Y pese a ello, la querellada lo negó”, añade su escrito, que adjunta la providencia correspondiente de fecha 31 de mayo de 2018 [y que se reproduce a continuación de este párrafo]. Finalmente, “solo hizo falta una petición al órgano enjuiciador -el tribunal que absolvió a Rosell- para poder disponer de la referida comisión rogatoria internacional”, remata.

“Lo relatado no fue un error ni una negligencia de la magistrada. Si se tiene en cuenta en qué momento y condiciones se produjeron aquellos hechos, deberemos concluir necesariamente que los mismos no fueron fruto del azar sino por una aversión de la querellada respecto a los señores Rosell y Besolí, a quienes, en los más de 21 meses en que estuvieron privados de libertad, les denegó todas y cada una de las peticiones que su defensa técnica planteó. Todas y cada una”, remarca la querella.

La representación legal de los empresarios destaca el papel de la Fiscalía. Recupera que el Ministerio Público se pronunció en todas las peticiones que realizó a Lamela durante la instrucción excepto en las referentes a la desaparición de la comisión rogatoria. “La fiscal omitió pronunciamiento alguno en este punto tan conflictivo, a pesar de que debería haberse situado en defensa del investigado, quizás por ser ya conocedora del irregular actuar de la magistrada y no querer participar en aquel despropósito”, escribe el letrado.

La querella de la representación legal de Rosell y Besolí está pendiente del informe de la Fiscalía. Cuando éste se pronuncie, una sala de admisiones formada por compañeros de Lamela en la Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronunciará sobre su admisión a trámite. Como en el caso de cualquier aforado, el tribunal está presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, al que por reparto acompañan en este caso los magistrados Juan Ramón Berdurgo y Vicente Magro.

Sandro Rosell fue absuelto de los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal que le atribuía la Fiscalía y por el que se le pedían seis años de cárcel, si bien la petición original era de 11. El Ministerio Público le acusó de encabezar una red de sociedades que habría permitido al expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol embolsarse casi 20 millones de euros en comisiones ilegales por derechos televisivos, a los que sumaba otros 12 para Rosell. Durante la instrucción, la propia Confederación brasileña negó el perjuicio que atribuía la Fiscalía.

La Sección Primera absolvió al expresidente del Barça por falta de pruebas en una sentencia que ratificó después la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. En el fallo, esta segunda instancia rechazó la pretensión de la defensa de Rosell de declarar la investigación a la que fue sometido de prospectiva y de que su prisión provisional, de las más altas para un acusado que luego fue absuelto, hubiera vulnerado su derecho a la defensa. El tribunal alegó que la comisión rogatoria internacional que estuvo desaparecida era una “noticia de delito” que obligó a la Fiscalía a investigar.

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell presentó este viernes una querella ante el Tribunal Supremo (TS) contra la magistrada Carmen Lamela, que instruyó la causa contra él por blanqueo y de la que fue absuelto. El empresario y exdirigente barcelonista acusa a la jueza de los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental, según ha confirmado a Europa Press su abogado, Andrés Maluenda.

La querella asegura que la jueza Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional y actualmente magistrada del Supremo, “ocultó injustificada y deliberadamente hasta en tres ocasiones la existencia de un conjunto de información, más de 1.200 folios, de gran relevancia para la causa”, según ha publicado El Mundo.

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió en abril de 2019 a Rosell, junto a su socio Joan Besolí y a las otras cuatro personas acusadas de delitos de blanqueo al considerar que las pruebas no eran concluyentes. Rosell y Besolí pasaron 22 meses en prisión provisional acusados de presuntamente conformar una estructura estable con la que pudieron blanquear cerca de 20 millones de euros, aunque finalmente fueron absueltos.

Asimismo, según 'El Mundo', el expresidente azulgrana ultima una demanda contra el Estado para reclamar más de diez millones de euros por los perjuicios ocasionados a su imagen y las pérdidas económicas debido a su paso por prisión.

En varios apuntes en Twitter, Maluenda asegura que el motivo de la presentación de la querella es que la magistrada “negó en tres ocasiones la existencia de una documental -compuesta por 1.200 folios- que sí se encontraba en su Juzgado. Cuando se solicitó a otro órgano dicha información se consiguió rápidamente”.

Asegura que “su presentación no obedece a un ánimo de perjudicar la imagen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Supremo ni de la Justicia en general sino de depurar responsabilidades penales de una persona concreta en el ejercicio de su profesión, como se haría en cualquier otro sector”.

Si hacemos caso a los muchos expertos que se han pronunciado en este sentido, este juicio nunca habría debido de celebrarse en el Tribunal Supremo, sino en el Superior de Justicia de Cataluña. Según esas mismas fuentes, este organismo no habría decretado, y mantenido durante más de un año, la prisión provisional para la mayoría de los encausados. El tribunal de Schleswig Holstein no vio delito de rebelión. Se han denunciado varias irregularidades en la instrucción del juez Llarena. Para tapar todo eso el magistrado Marchena se ha hecho el encantador durante la vista oral. Pero al final le ha asomado el pelo de la dehesa. ¿Será una sentencia terrible el remate de toda esa infamia?

¿Cuántos, catalanes y no catalanes, se consolarían con que dentro de unos años los tribunales europeos cuestionaran esos procedimientos y hasta anularan el juicio? ¿De qué valdría eso si antes, en el mes de octubre, una sentencia condenatoria sin paliativos hubiera roto cualquier posibilidad de distensión entre el independentismo y la política española?

Una democracia no puede permitir que unos jueces, algunos de ellos de trayectoria cuando menos discutible, dicten la suerte de todo un país en función de su particular interpretación de unas leyes. La voluntad popular vale más que esa capacidad de decisión. Que dejen de mirar para otro lado quienes dicen que lo que está ocurriendo entra dentro de la normalidad institucional, de la separación de poderes. Que se vulnere el derecho de Oriol Junqueras a recoger su acta de diputado está fuera de cualquier normalidad. Javier Pérez Royo ha escrito que es un acto de prevaricación. En términos más llanos es un abuso que ningún demócrata puede tolerar.

¿A quién miran esos jueces cuando toman decisiones tan nefastas? ¿A la mayoría que espera de ellos que hagan justicia y que contribuyan a la convivencia entre españoles y a la estabilidad? ¿O a la minoría fanática que pretende erradicar el independentismo por la vía que sea y que además quiere limpiar con una sentencia cruel e injusta los muchos errores por ella cometidos en la gestión del problema?

Porque el juicio del procés nace de la inanidad y del fracaso de Mariano Rajoy y los suyos a la hora de canalizar dentro de los cauces democráticos la demanda independentista que se manifestó con fuerza a partir de 2012 y que fue creciendo imparable justamente como respuesta a la incapacidad el gobierno del PP para gestionar ese problema, para negociar soluciones que lo paliaran.

Cuando la presión independentista era ya muy fuerte pero aún controlable, Artur Mas quiso negociar con Rajoy un pacto fiscal que recogía algunas de sus demandas. Le cerraron la puerta en las narices. Antes el PP había interpuesto un recurso contra el Estatut de Autonomía, aprobado en referéndum por los catalanes. Y entre una y otra cosa y más adelante, Madrid sólo transmitió a Barcelona mensajes de intolerancia, de dureza y de incomprensión.

Presionado por la ultraderecha de su partido, por Aznar, Rajoy, confirmando su mediocridad política proverbial, fue incapaz de hacer algo distinto de lo que decían los columnistas más obtusos y fanáticos. Y permitió que las cosas llegaran al punto en que lo hicieron a principios de 2017. A que el independentismo, enfervorizado por su éxito popular que nunca creyeron que podía llegar tan alto, decidiera jugar sus cartas extremas. Seguramente con el fin primordial de doblar por la vía de la tremenda la rodilla a Madrid. No tanto con el objetivo de caminar, al menos en 2017, hacia una independencia real de Cataluña.

Rajoy volvió a equivocarse creyendo que los independentistas no iban a llegar a tanto. Y él, su ministro del Interior y sus personas de confianza en la policía, la Guardia Civil y los servicios secretos remataron ese camino de errores con el ridículo de la operación destinada a desmantelar los preparativos del referéndum. Hubo papeletas, hubo urnas, hubo colegios electorales y hubo una participación masiva el 1 de octubre.

Rajoy nunca había quedado en tan mal lugar. Y su delegado policial anti-referéndum, el teniente coronel Pérez de los Cobos, tampoco. La represión de los independistas congregados a la puerta de los colegios electorales pudo nacer de esa frustración, de la rabia que provoca un fracaso tan flagrante. Lo que está claro es que Pérez de los Cobos no olvidó esa afrenta. Porque hizo cuanto pudo para hundir a los procesados cuanto le tocó testificar en el juicio.

Rajoy nunca dio la cara tan expresamente. Pero sin tardar mucho encargó al fiscal general José Manuel Maza, un duro donde los hubiera, que redactara una querella para que los líderes del procés no volvieran a levantar la cabeza. Fue su manera de borrar la ignominia del 1-O. Cuando en España el ambiente político general, azuzado por unos medios desencadenados, no estaba para actitudes comprensivas hacia el independentismo. La jueza Carmen Lamela dictó la prisión provisional para la mayoría de los encausados y el juez Llarena siguió el camino que Maza le había trazado, cosechando los fracasos internacionales que se conocen.

En definitiva, que la sentencia que se va a redactar en los meses que vienen nace de algo parecido a una venganza en la que distintos exponentes del poder judicial han participado sin reparos. ¿Atenderá más Manuel Marchena a preservar su prestigio, reafirmando sus tesis, o se atreverá a salirse de ese rumbo infame, a valorar el asunto con frialdad profesional, teniendo además en cuenta que el ambiente social ha cambiado respecto del conflicto catalán, en España y en Cataluña también? Lo ocurrido este viernes no anima al optimismo.

Ni organización criminal ni blanqueo de capitales, solo negocios legales. La Audiencia Nacional ha absuelto al empresario y expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell de los dos delitos de los que le acusaba la Fiscalía. Una decisión que ha reabierto el debate –que nunca se ha cerrado del todo– sobre si los tribunales españoles, en especial instancias como la Audiencia Nacional, abusan de la prisión preventiva.

El caso de Rosell (y de su socio Joan Besolí, también absuelto) añade elementos específicos a la controversia. Ambos se han convertido en los imputados por delitos económicos que más tiempo han permanecido en prisión provisional en España, un total de 643 días. Finalmente, han resultado absueltos tras un proceso que su defensa, ejercida por los letrados Pau Molins y Andrés Maluenda, ha tildado de “caso paradigmático de lo que no debe ser un procedimiento penal”.

Tanto la Fiscalía, como la jueza instructora Carmen Lamela –que fue ascendida al Supremo– como los magistrados de la Audiencia Nacional que revisaron las órdenes de prisión denegaron hasta 13 veces la sustitución del encarcelamiento por medidas menos gravosas. Valoraron que permanecía el riesgo de fuga, denegando los argumentos de la defensa, que recordó que el patrimonio de Rosell permanecía embargado y que toda su familia residía en España.

La sentencia ha suscitado hasta un inusual comunicado del Consejo de la Abogacía Catalana, organismo oficial que agrupa a todos los colegios de abogados de la comunidad. El Consejo ha pedido “una reflexión serena y rigurosa” sobre la prisión provisional y la creación de la figura de un juez de garantías que la controle. La propuesta va en la línea que defienden varios juristas de cambiar el papel del juez instructor, que en España es a la vez el encargado de liderar las pesquisas y de velar por los derechos de los investigados. En la mayoría de países de nuestro entorno, la primera función recae en la Fiscalía y la segunda en un juez de garantías.

Cabe recordar, además, que la mayor parte de los elementos de descargo que la sentencia acoge para absolver a Rosell ya fueron puestos de manifiesto por la defensa desde el inicio de la investigación. Rosell nunca ha negado la existencia de los contratos que la Fiscalía y la jueza Lamela veían delictivos, pero los enmarcaba como remuneraciones legales por su trabajo de intermediación. Ahora, los magistrados de la sección 1ª de la Audiencia Nacional le han dado la razón.

El expresidente del Barça estaba acusado por tres operaciones: la comercialización de los derechos televisivos de partidos amistosos de la selección brasileña, la venta de su empresa Bonus Sports y un pago de Rosell al expresidente de la confederación brasileña, Ricardo Teixeira, derivado de la rescisión de un contrato con Nike. Por las dos primeras la Fiscalía acusaba al empresario de cobrar comisiones a través de Andorra, país desde el que el conjunto de los seis acusados habrían blanqueado 19 millones.

En la sentencia, además de no considerar probadas las tesis de la Fiscalía, los magistrados se decantan “por mayor preferencia” por las explicaciones de Rosell. Los magistrados concluyen que los emolumentos que recibió Rosell “sí pudieron ser retribuciones por actividades de negocio no reprochables penalmente”. De hecho, definen los 8,39 millones de la primera operación como “una cantidad que se encuentra dentro de los parámetros en los que se suelen moverse los porcentajes del mercado futbolístico”. Y tampoco ven probado el presunto blanqueo al considerar que las transferencias que llegaban a Andorra desde sociedades extranjeras “son producto de una actividad real”.

La defensa carga contra toda la investigación

Si bien los magistrados evitan censurar con dureza la investigación y rechazan apoyar la vulneración de derechos ocasionada por la prisión provisional denunciada por la defensa al emitir un fallo absolutorio, la sentencia sí cuestiona partes de la investigación contra el expresidente del F.C. Barcelona. Los magistrados se detienen en especial en los informes policiales de la UDEF y la UCO, base de la acusación de la Fiscalía, y que para la defensa se realizaron sin ningún tipo de control judicial.

En este sentido, los magistrados resaltan que el inspector jefe de la UDEF que lideró las pesquisas “transmitió al tribunal que no había conocido o manejado la información y documentación aportada por las defensas”. Otro agente de la Guardia Civil que participó en la investigación, recoge la sentencia, reconoció que valoró el conjunto de transferencias “como un todo, sin distinción de operaciones” y en base a una selección de antecedentes traídos de Andorra “cuyo control no conocemos”, destacan los togados.

“Si las operaciones se hubieran analizado una a uno, no se habría llegado a igual conclusión”, añaden los magistrados sobre lo declarado por otro agente. Y otro investigador, según recoge el fallo, reconoció en su declaración que una de las empresas propiedad de Rosell sí declaró gastos a la Agencia Tributaria, pero que “no lo tuvo en cuenta” en su informe, donde aseguró que la firma “no tenía gastos y que era una sociedad concebida con finalidades de ocultación”, algo que descartan los togados.

En una dura comparecencia, Molins –un abogado con experiencia en casos mediáticos: defendió a la infanta Cristina y representa a Santi Vila en el juicio del procés– no solo ha criticado a la jueza Lamela. “No podemos hablar de una sola persona, aquí ha fallado todo el sistema, porque la prisión no solo dependía de la instructora, sino también de la Fiscalía y de la revisión de los magistrados de la sección 3ª”, ha aseverado.

“Alguien se lo tendrá que hacer mirar y pedir disculpas”, ha apostillado. Molins ha evitado concretar si su cliente reclamará una indemnización por el encarcelamiento preventivo, ya que la Fiscalía, ha explicado, puede recurrir la sentencia. Cualquier petición se haría una vez el fallo sea firme, ha añadido. “Hoy vuelvo a confiar en la justicia”, ha concluido.

La Audiencia Nacional ha vuelto a corregir a la jueza Carmen Lamela, esta vez al absolver a Sandro Rosell. El fallo sorprende a la magistrada en su nuevo destino, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a donde fue ascendida por decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado julio. Además de insistir en que los indicios contra Rosell eran tan sólidos como para que no saliera de la cárcel antes del juicio, Lamela había enviado ocho meses antes a prisión provisional a 11 de los acusados en el juicio del procés y se había empeñado en investigar por terrorismo a los agresores de Alsasua.

La decisión de enviar al Tribunal Supremo a Lamela contó con el apoyo del bloque conservador del Poder Judicial y significativos miembros del progresista. Unos votos éstos últimos aún más significativos si se tiene en cuenta que competían por la plaza veteranos especialistas de derecho penal, ubicados en la esfera progresista, y que llevan destinados en la Audiencia Nacional desde mucho antes que la magistrada del 'caso Sandro Rosell'.

El sistema de reparto de la Audiencia Nacional había provocado que Carmen Lamela se hiciera cargo de relevantes investigaciones desde que puso un pie en el Juzgado de Instrucción Central número 3. La más importante, la causa abierta a raíz de la querella de la Fiscalía contra miembros del Govern y líderes de la sociedad civil catalana a cuenta del procés. A Jordi Sánchez y Jordi Cuixart los encarceló el 16 de octubre de 2017. El 2 de noviembre envió a prisión a 9 antiguos miembros del Govern.

Estos últimos habían sido citados por la jueza un festivo, el 1 de noviembre, con tan solo 24 horas de antelación. Sus defensas solicitaron aplazar una semana la vista, pero mientras esa petición era atendida para los aforados ante el Tribunal Supremo, Lamela la denegó. Jueces para la Democracia emitió un comunicado criticando la diferencia de trato para los investigados en la Audiencia Nacional, así como la decisión “excepcional” de enviarlos a prisión provisional.

En la primavera del año anterior, Lamela había sido uno de los siete candidatos a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No resultó elegida. El bloque conservador del CGPJ impuso su mayoría para designar a Concepción Espejel, pese a que esa Sala de lo Penal que iba a presidir había votado a favor de apartarla de cualquier juicio de corrupción con el PP en el banquillo por su proximidad al partido.

Un año después llegó otra oportunidad para Lamela. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que está juzgando el procés, es una de las máximas aspiraciones que puede tener un magistrado. El CGPJ tenía que cubrir la baja que había causado José Manuel Maza, fallecido cuando ejercía de fiscal general del Estado, pero con plaza en la citada Sala Segunda. En esta ocasión, Carmen Lamela obtuvo 13 de los 21 votos, mientras que los ocho restantes se repartieron entre el resto de candidatos, sin que sumara ninguno de ellos más de dos votos.

Esa votación denota que hubo alguna fuga de votos en el bloque conservador, pero sobre todo que el bloque progresista había prestado varios apoyos a la candidatura de Lamela, respaldada por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Entre los apoyos a Lamela figuró el de Clara Martínez Careaga, una de las más significativas representantes de los vocales progresistas, magistrada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y esposa de Cándido Conde-Pumpido, el juez con más ascendente en el sector progresista de la judicatura.

El acuerdo del CGPJ destaca que su “excelencia en la actividad jurisdiccional” se comprueba con la “simple lectura” de sus resoluciones en la Audiencia Nacional o la Audiencia de Madrid. Se da la circunstancia de que Carmen Lamela llegó al tribunal especial en 2014 y que, por ejemplo, una de sus oponentes a la plaza en el Supremo, Manuela Fernández de Prado, lleva ejerciendo 26 años en la Audiencia Nacional.

Otro magistrado que aspiraba a la plaza, Ramón Sáez, fue el número uno del concurso para la especialidad en derecho penal que convocó el Poder Judicial en 2011, que el Tribunal Supremo anuló después en parte y que ahora el mismo Alto Tribunal ha vuelto a poner en valor en una reciente sentencia, la que anula los nombramientos por parte del CGPJ de Enrique López y Eloy Velasco a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.

Una de las últimas sentencias que dictó esta nueva Sala de Apelación antes de la anulación del nombramiento de dos de sus tres magistrados (la tercera plaza la ocupaba de forma provisional el presidente de la Audiencia Nacional) es sobre la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en el municipio navarro de Alsasua. La Sala de Apelaciones ratificó el fallo de la Sala de lo Penal en el que se descarta una condena por terrorismo, el delito por el que Lamela rechazó que la causa fuera juzgada en Navarra y envió a prisión provisional a siete de los acusados, cifra que luego se rebajó a tres.

Tanto las decisiones del caso Alsasua, como en el procés o con Sandro Rosell fueron adoptadas a propuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y revisadas favorablemente por la Sala de lo Penal del tribunal especial. La Sección Tercera de esa Sala de lo Penal avaló hasta el final los 21 meses de prisión provisional de Rosell. La Primera, encargada de juzgarle, lo puso en libertad al arrancar la vista. El nombramiento de Lamela para el Supremo ha sido objeto de una querella ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la Associació Atenes Juristes pels Drets Civils, en la órbita del independentismo catalán.

Estoy completamente convencido de que los magistrados que componen la Sala Segunda del Tribunal Supremo que están juzgando a los exconsellers, a la expresidenta del Parlament y a los presidentes de ANC y Òmnium, tras la experiencia de estas tres primeras semanas de juicio, están arrepentidos de no se haya aprovechado la oportunidad que proporcionó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein, para haber dado una respuesta jurídicamente impecable al problema con el que tenían que enfrentarse.

Independientemente de que, en mi opinión, se debería haber evitado por encima de todo desviar la respuesta a los tribunales, una vez que la Fiscalía General del Estado decidió intervenir, los tribunales no tenían más remedio que acabar haciéndolo. La judicialización del conflicto resultaba ya inevitable.

Ahora bien, el que resultara inevitable, no quiere decir que únicamente pudiera hacerse de una manera, con acusación por un delito como el de rebelión y residenciando el asunto fuera de los tribunales radicados en Catalunya, Audiencia Provincial de Barcelona para la querella inicial y Tribunal Superior de Justicia de Catalunya después de las elecciones autonómicas del 21-D, que eran los “jueces naturales” para resolverlo.

En la instrucción ya empezó a verse que no era fácil encajar las conductas de los querellados en el tipo penal de la rebelión. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo cerraron filas, pero en cuanto se tuvo que convencer a los jueces de los distintos países de la Unión Europea o de Suiza, a donde se habían exiliado el expresident Carles Puigdemont y varios exconsejeros, resultó imposible.

Ni la orden de detención y entrega dictada por la jueza Carmen Lamela ni la dictada por el juez Pablo Llarena tuvo capacidad persuasiva de ningún tipo. La primera fue retirada antes de que se pronunciara sobre ella ningún tribunal de algún país europeo, pero sobre la segunda sí se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein en unos términos que doy por supuesto que los lectores conocen.

El tribunal alemán tomó la decisión como algo que resultaba tan evidente, que caía tan por su propio peso, que prácticamente lo que hizo fue no admitirla a trámite. Formalmente le dio una respuesta como tenía que darla, pero materialmente dejó clara en su argumentación que la orden de detención dictada por el juez instructor español no tenía ni pies ni cabeza, que no merecía siquiera que tuviera que ser admitida a trámite en lo que a los delitos de rebelión y sedición se refería. Sobre estos delitos no tuvo la menor duda. Tal vez podía apreciarse un delito de malversación y, por este motivo, acordó conceder la extradición de Carles Puigdemont.

En lugar de actuar de una manera no ajustada a derecho, que es lo que hizo el juez Llarena, al no aceptar la decisión del tribunal alemán y retirar posteriormente la orden de detención y entrega con carácter general, reconociendo implícitamente que ningún tribunal europeo iba actuar de forma diferente a como lo había hecho el tribunal alemán, se debería haber aprovechado la oportunidad para procesar a Carles Puigdemont y a todos los demás consellers.

Obviamente una acusación por malversación hubiera comportado que la causa hubiera sido devuelta al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y a que, previsiblemente, se hubieran levantado todas las medidas cautelares que se habían adoptado. Nos habríamos ahorrado buena parte del inmenso desbarajuste de este último año largo.

Con ello, el Tribunal Supremo habría evitado situarse en la situación imposible en que se encuentra, que, a medida que avanzan las semanas del juicio, resulta más patente. Después del interrogatorio de los procesados por el Ministerio Fiscal y después de los testimonios de Sáenz de Santamaría, Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido e Íñigo Urkullu, es muy difícil pensar que pueda defenderse que la conducta de los procesados encaja en el tipo penal de la rebelión. Y sin embargo, al Tribunal Supremo le resulta prácticamente imposible justificar a estas alturas del guión una condena solamente por malversación.

Jurídicamente no se entiende muy bien por qué, en lugar de entenderlo como un ataque, no se ha aceptado el burladero que ofreció la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein. Lo hemos intentado, pero un tribunal de la Unión Europea no lo ha hecho posible. Probablemente, ya se podría tener la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que, en todo caso, habría conducido a la inhabilitación de todos los procesados. Estaría abierto el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Y no nos encontraríamos, además, políticamente en el pantano en que nos encontramos.

“Ofender, menospreciar, desacreditar y humillar” a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la magistrada Carmen Lamela. Esta fue la intención con la que el actor Toni Albà publicó varios tuits contra los cuerpos de seguridad y la magistrada, según la Fiscalía contra los delitos de Odio de Vilanova y la Geltrú (Barcelona). El ministerio público pide que el cómico pague una multa de 19.200 euros por un delito de injurias a los cuerpos de seguridad y otro de injurias hechas con publicidad, al haberse realizado en una red social, Twitter, en la que el actor tiene miles de seguidores.

En concreto, el escrito de acusación al que ha tenido acceso este diario ve delictivos cuatro tuits del pasado mes de octubre, en los que el actor aseguró que Lamela “lame la mierda a gusto” y tildó de “terrorismo de estado” una fotografía de agentes de la Policía frente al barco donde estaban alojados el 1-O.

Finalmente, la fiscal no ha incluido en su escrito los tuits en los que el actor se refería a Mariano Rajoy y otros políticos como “francocainomanos”. Recuerda además la fiscal que el actor tiene una “importante proyección social y mediática por su trabajo como actor cómico de televisión y pregonero”.

Por su lado, Albà, conocido militante independentista, aseguró cuando compareció como imputado que sus tuits no buscaban ofender, por lo que no se arrepentía de haberlos hecho. Asimismo, alegó su condición de “bufón” para añadir que sus tuits buscaban “el sarcasmo”. Recibido el escrito de acusación de la Fiscalía, el juez ha enviado a juicio a Albà, que pedirá ser absuelto.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide que Josep Lluis Trapero, exmajor de los Mossos, 11 años de prisión por un delito de rebelión. Solicita la misma pena exdirector de los Mossos Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig. Para la intendente Teresa Laplana pide cuatro años de prisión por un delito de sedición. El escrito señala que la cúpula de los Mossos se sumó al plan secesionista “poniendo a disposición de este la actuación del cuerpo policial de Mossos d'Esquadra”.

El ministerio público considera que Trapero y sus superiores cometieron un delito de rebelión al tratar de declarar la independencia de una parte del territorio y al “sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno”. En su escrito, la Fiscalía recuerda que el Código Penal castiga a “los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años” de prisión.

En su escrito, la Fiscalía repasa los hechos del 20 y 21 de septiembre de 2017, cuando la Guardia Civil desplegó en Catalunya una operación contra los preparativos del referéndum y se encontraron con una manifestación en la calle: “La muchedumbre, ya desde por la mañana, rodeó los vehículos de la Guardia Civil que terminaron devastados y destrozados, interior y exteriormente, incluidas las armas que se encontraban en su interior”.

La Fiscalía recuerda que la letrada de la Administración de Justicia tuvo que abandonar la Consellería de Economía, donde se realizaban registros, por un edificio anexo debido a la concentración de manifestantes que había a las puertas. A pesar de que se informó a los superiores de los Mossos de esos incidentes, añade el escrito, no se adoptaron medidas para “proteger a quienes estaban cumpliendo el mandato judicial”.

Asi, acusan a Trapero y Laplana de “cooperar de forma decisiva, consciente e intencionada con los fines perseguidos por las instituciones catalanas”, para lo que impidieron las diligencias judiciales y “propiciando con su deliberada pasividad, la concentración durante horas de una gran masa de personas en actitud obstaculizadora y hostil”. Laplana, intendente de los Mossos, rechazó en varias ocasiones enviar apoyo a los agentes de la Guardia Civil, según la Fiscalía, que destaca la interlocución constante de Trapero con los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Todos se sumaron al “plan secesionista”

Según la Fiscalía, tanto Trapero como Puig y Soler “se sumaron al plan secesionista, poniendo a disposición de este la actuación del cuerpo policial de Mossos d'Esquadra”. Según el escrito entregado ya en la Audiencia Nacional, los acusados “alertaban de la actuación de otros cuerpos policiales y facilitaron información a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin del mismo, al tiempo que daban a estos cobertura y protección”.

En concreto, sobre Trapero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional señala que diseñó “de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos pudieran cumplir con las instrucciones dadas por el Ministerio Fiscal y con las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, que ordenó cerrar los colegios electorales e impedir que se utilizasen como centros de votación para el 1-O. Soler y Puig, destaca el escrito, eran conocedores de esta orden y estaban advertidos de sus responsabilidades penales si no cumplían con sus obligaciones.

Además, añaden que por su relación con los políticos independentistas “el responsable de los Mossos empleaba su máxima autoridad para informar de las investigaciones judiciales y policiales que estaban realizando”.

El escrito también hace mención a las distintas reuniones de coordinación con la Fiscalía de Catalunya y los responsables de la Policía y Guardia Civil. Sin embargo, argumenta la Fiscalía, los acusados idearon junto al exconseller Joaquín Forn -al que la Fiscalía del Supremo pide 17 años de prisión- “los pasos a seguir durante los días 29 de septiembre hasta el día 1 de octubre”.

“Aparentando el cumplimiento de las órdenes recibidas del Ministerio Fiscal y del Poder Judicial, diseñaron un plan de actuación fraudulento, en cuanto que deliberadamente ineficaz. De esta forma se promovió la inacción y dejación de funciones por parte de los miembros del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, contribuyendo de forma decisiva a la movilización ciudadana que, con su fuerza coactiva, pretendían el cumplimiento de los objetivos secesionistas”, añade la Fiscalía.

Un dispositivo insuficiente para el 1-O

La Fiscalía dedica una parte de su escrito a lo ocurrido durante la jornada del referéndum. Señala que se diseño un dispositivo que contemplaba un binomio de agentes por cada centro de votación para impedir que esta se celebrase, “lo que claramente resultaba insuficiente a los fines de lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)”.

Los Mossos no desplegaron a sus unidades de orden público. Además, destacan que en solo 24 locales se impidió la votación, pero añade la Fiscalía que “la mayoría de centros de votación que formalmente fueron cerrados por los Mossos d’Esquadra se trataba de centros que no habían llegado a abrir o donde la votación ya había concluido cuando los agentes intervinieron”.

En general, los Mossos mantuvieron “una actitud pasiva e intencionadamente tolerante con la votación. Incluso, en algunas ocasiones, se produjeron enfrentamientos con los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para impedir o dificultar que estos cumpliesen con lo ordenado por la autoridad judicial”. En algunos puntos, los ciudadanos entregaron a los Mossos las urnas “cuando ello ya no afectaba al éxito de la votación”.

“En definitiva, la presencia de agentes de este cuerpo fue, por indicación de los acusados, voluntariamente pasiva, como ya se ha dicho reiteradamente, sin que en ningún caso los mismos mostraran una actitud de colaboración hacia la actividad que realizaban los funcionarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil en cumplimiento de lo ordenado en el Auto del Tribunal Superior de Justicia, y sí de activa oposición en algunas ocasiones”, resume la Fiscalía.

De la sedición a la rebelión

Hasta ahora, la Fiscalía de la Audiencia no había acusado de rebelión, un delito castigado con hasta 30 años de cárcel, a los acusados en este proceso. La primera querella se presentó por un delito de sedición, y así se ha mantenido durante toda la instrucción.

De hecho, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó auto de procesamiento el pasado 5 de abril por los delitos de organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía -cuando una concentración dificultó una operación policial contra los preparativos de referéndum- en Barcelona y la jornada del 1 de octubre.

Además, la magistrada procesó por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al ex director de los Mossos Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig. La intendente Teresa Laplana fue también procesada por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa al exmajor de los Mossos Josep Lluis Trapero de un delito en la causa que por los hechos del 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía en Barcelona y la jornada del 1 de octubre.

Además, el Ministerio Público extiende esa acusación a al ex director de los Mossos Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, según ha adelantado la Cadena Ser y ha confirmado eldiario.es. La intendente de ese cuerpo, Teresa Laplana, será finalmente acusada de sedición.

Hasta ahora, la Fiscalía de la Audiencia no había acusado de rebelión, un delito castigado con hasta 30 años de cárcel, a los acusados en este proceso. La primera querella se presentó por un delito de sedición, y así se ha mantenido durante toda la instrucción.

De hecho, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó auto de procesamiento el pasado 5 de abril por los delitos de organización criminal y dos delitos de sedición por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía -cuando una concentración dificultó una operación policial contra los preparativos de referéndum- en Barcelona y la jornada del 1 de octubre.

Además, la magistrada procesó por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al ex director de los Mossos Pere Soler y al exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig. La intendente Teresa Laplana fue también procesada por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

En su auto, Lamela recopiló los indicios obtenidos durante la instrucción y concluyó que los procesados conformaron una organización destinada a conseguir la independencia de Catalunya y la proclamación de una república, al margen de las vías legales “alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario”.

Los Mossos, según Lamela, se mantuvieron al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil, con una conducta dirigida “a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”, siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente, dice la jueza, por los responsables políticos Joaquín Forn, Pere Soler y César Puig.

La jueza concluyó que Trapero, Soler y Puig formaban parte de una organización criminal donde los procesados obedecen a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas. La juez recuerdaba en su auto los requisitos que exige este tipo penal y que son el de jerarquía, permanencia en el tiempo, coordinación y cooperación, reparto de tareas y planificación para concluir que los tres procesados integraban una organización jerarquizada “bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el President de la Generalitat de Cataluña”.

Un anticonceptivo total y con pocos riesgos. Essure se vendió como una alternativa perfecta a la ligadura de trompas, unos pequeños muelles que se implantaban en una consulta ambulante y cuyos efectos secundarios eran “leves y poco frecuentes”. El pasado mes de julio Bayer anunció que lo retiraba del último país donde aún se comercializaba, Estados Unidos, mientras la compañía afronta miles de demandas por todo el mundo de mujeres que han sufrido las consecuencias de ese anticonceptivo.

Bayer empezó a comercializar Essure a principios de los 2000. Se calcula que desde sus inicios hasta que ha sido progresivamente prohibido unas 750.000 mujeres en todo el mundo optaron por este método anticonceptivo irreversible, unas 80.000 solo en nuestro país. A finales de 2002 el servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Reina Sofía de Córdoba convocó a los medios para anunciar que había implantado ese sistema por primera vez en seis mujeres.

Pronto empezó a extenderse, ayudado por la recomendación de Sanidad, que lo situaba como una mejor alternativa a la ligadura de trompas. Era más barato y no requería cirugía, se implantaba en una consola ambulante que no duraba más de una hora, entre el procedimiento y el reposo. En tres semanas se conseguía la esterilización.

“Un método anticonceptivo definitivo”

El método consistía en la implantación de dos pequeños muelles de metal -níquel y titanio- que contiene unas fibras de tereftalato de polietileno (PET) en las trompas de falopio a través del útero. En tres meses se genera una fibrosis en las trompas, que se adhieren al muelle por el contacto con el PET e impiden el paso del esperma. El método es irreversible, así que se recomendó para mujeres con hijos que tuviesen la clara intención de no volver a quedarse embarazadas. “Un método anticonceptivo definitivo”, defendía la SEGO.

Casi 16 años después de que se implantase el primero, un grupo de mujeres españolas está intentando abrir la vía penal contra Bayer con una querella que incluye también a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), un organismo dependiente del Ministerio de Sanidad. En el escrito que presentaron en la Audiencia Nacional recogen cómo se vendió este producto y las consecuencias que les ha provocado.

La AEMPS calificó el Essure como un producto sanitario de nivel 3, esto es, los que presentan mayores riesgos para los pacientes. Requiere un control total de sus posibles consecuencias, con un protocolo que combata los efectos secundarios que pueda provocar. Según la SEGO, esos posibles efectos eran minúsculos y el más habitual (en un 1,9% de las ocasiones) era un síncope vasovagal, un desmayo que “desaparece con el reposo en cama o sillón”. El resto, los dolores o que el muelle se desplazase solo se producían en un 0,02% de los casos.

No se informó de los riesgos

Sin embargo, las advertencias sobre el producto aumentaron con el paso de los años. La SEGO incluyó la alergia al titanio, aumentó el riesgo de desplazamiento del muelle y advirtió de que podrían darse complicaciones en aquellas mujeres con una “anatomía uterina atípica”. “Esta información nunca llegó a las mujeres que fueron aconsejadas sobre este método”, recoge la querella, que señala también que los consentimientos informados han ido cambiado desde que comenzó a implantarse el Essure.

El escrito recoge los testimonios que varias afectadas han ido ofreciendo en los últimos años sobre las consecuencias de este anticonceptivo. Sangrados abundantes, dolores por todo el cuerpo, cansancio constante, etc. Los casos de desplazamiento del dispositivo abundan: a algunas les perforó las trompas, migraciones al útero o incluso casos en los que se desplazó hasta el intestino. Algunos médicos también inciden en que quienes no insertaban no tenían la formación necesaria para un procedimiento tan complejo, lo que provocó que en muchos casos rasgaran las paredes de la trompa desde el momento de su colocación.

La lucha de las afectadas consiguió que hace un año, la AEMPS retirase Essure. Bayer anunció en septiembre de 2017 que paraba su venta “por motivos comerciales” en todos los países, salvo en Estados Unidos. Ahora también se va a retirar de ese país.

Aunque Bayer siempre se ha basado en esas razones comerciales para retirar Essure, lo cierto es que la web del producto incluye una gran advertencia sobre los efectos referidos por las mujeres afectadas y señala que “si se debe quitar el dispositivo para tratar tales efectos secundarios, será necesario un procedimiento quirúrgico”. En ese procedimiento a algunas mujeres hubo que practicarles una histerectomía, la retirada completa del útero.

La SEGO promocionó y defendió el producto

La denuncia recoge como hechos probados que la SEGO no dio la suficiente información a los ginecólogos y señala en concreto a un directivo de esa organización. El doctor Eduardo Arjona fue el gran impulsor del Essure, aparece en la fotografía que ilustra la rueda de prensa que anunció la colocación de los primeros, y la asociación de afectadas le acusa de haberlo promocionado “sin ofrecer una información adecuada, real y responsable” sobre su incidencia en la salud de las mujeres.

El escrito también incide en los problemas que han tenido las afectadas para que se relacionasen sus síntomas con el Essure, pues al principio se atribuyeron a multitud de causas antes que al anticonceptivo. Se las trataba como “locas”, dice la querella, debido a que los ginecólogos desconocían los efectos adversos del producto.

La SEGO, fuente de información para la mayoría de esos doctores, se convirtió “en la defensora médica del producto” por encima de Bayer. No admitió sus efectos negativos y no informó correctamente a las pacientes sobre los riesgos. “Es una omisión intencionada de información que provoca lesiones”, sostiene la querella.

Las denunciantes también se preguntan qué informes y criterios se utilizaron para que algunas comunidades autónomas decidiesen costear el dispositivo a las pacientes. “El laboratorio farmacéutico todavía tiene los datos de los ensayos clínicos. Ningún investigador independiente ha tenido acceso a dicha información esencial para poder analizar la seguridad y eficacia del producto”, indica la querella.

“Black box warning”

En EEUU, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) investigó el producto cuando se expidieron los casos de mujeres afectadas y llego a una serie de conclusiones. Por ejemplo, que Essure era más peligroso que otros métodos anticonceptivos y que los riesgos superaban a sus beneficios. También concluyó que no se había informado correctamente a las pacientes. El resultado fue que obligó a Bayer a incluir con Essure una “Black box warning”, una advertencia que señala que el producto es de alto riesgo y debe informase al detalle de sus posibles consecuencias.

La querella presentada en la Audiencia Nacional insiste en varios puntos en que, para aclarar la responsabilidad de Bayer, en necesario que se le requiera una serie de documentos que nunca han salido a la luz. Por ejemplo, las bases de datos sobre los efectos adversos que detectaron o la correspondencia interna en la que se hablase sobre los riesgos del producto. También reclaman las comunicaciones entre la SEGO, AEMPS y Bayer sobre Essure.

Sin embargo, las afectadas no van a tener fácil que al Audiencia Nacional investigue su caso. Tras un primer auto en el que la jueza Carmen Lamela veía indicios de una infracción penal, a principios de este mes dictó otro archivando las actuaciones por falta de competencia para investigar. La defensa de las mujeres afectadas ha presentado un recurso contra esa decisión.

Quieren unirse con esa acción a las miles de mujeres por todo el mundo que han denunciado a Bayer por los efectos que les provocó su anticonceptivo. La multinacional admitió que solo en 2016, el coste de abogados e indemnizaciones por el caso Essure había alcanzado los 413 millones de dólares.

La Audiencia Nacional ha rechazado investigar el caso de las mujeres afectadas por el anticonceptivo Essure, comercializado por la empresa Bayern. Un grupo de ellas presentó una querella por un delito de lesiones y estafa, pero el tribunal ha dictado un auto en el que archiva las actuaciones porque afirma no es competente para investigar. Los abogados de la Asociación Española de Afectados por Essure han presentado un recurso contra esa decisión.

La querella se presentó el pasado dos de julio ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Es el segundo caso que se presenta ante este tribunal, donde ya se abrió la vía del contencioso administrativo por una paciente afectada. El caso no ha avanzado desde hace meses.

En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional recorre los inicios de la comercialización de Essure en España, un método anticonceptivo irreversible que se vendió como alternativa a la ligadura de trompas. Consistía en implantar unos sencillos muelles en las trompas de falopio para provocar una fibrosis que las obstruyese. El problema es que al cabo de unos años, miles de mujeres empezaron a sufrir efectos secundarios de los que no habían sido advertidas.

Las afectadas experimentaron sangrados, dolores, infecciones o incluso desplazamiento del muelles provocando perforaciones internas. A muchas hubo que intervenirlas quirúrgicamente para retirarles el Essure y a algunas tuvieron que practicarles una histerectomía, la retirada completa del útero. En España, la asociación que agrupa a una treintena de ellas presentó una querella hace mes y medio.

El caso recayó en el juzgado número 6, el de la magistrada Carmen Lamela. El pasado 12 de julio dictó un auto en el que señalaba que los hechos descritos en la querella presentaban “características que hace presumir la posible existencia de una infracción penal”. Dio entonces traslado a la Fiscalía para que se pronunciase

El Ministerio Fiscal ya se ha pronunciado y lo ha hecho para pedir que se inadmita la querella por falta de competencia. La jueza Lamela dictó el pasado 1 de agosto un nuevo auto en el que recoge la posición de la Fiscalía y se pronuncia en los mismos términos: la Audiencia Nacional no es el tribunal indicado para investigar este caso.

Ni organización criminal, ni fuera de España

Lamela indica en su auto, al que ha tenido acceso eldiario.es, que la Audiencia Nacional es competente para investigar delitos de “tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias”.

Añade que el tribunal también puede hacerse cargo de “delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes y a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles”. Sin embargo, para la jueza no se dan ninguno de esos dos requisitos en la querella presentada por las afectadas por Essure.

“No se describe la existencia de una organización criminal, ya que no podría entenderse por tal las cuatro personas jurídicas querelladas, una de ellas una agencia estatal adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad”, sostiene Lamela.

Los querellados son responsables de la matriz de Bayer y de su filial en España, así como cargos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, a quienes las denunciantes acusan de haber promocionado Essure sin haber advertido correctamente de sus efectos secundarios. La querella también se dirige contra responsables de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, adscrita al Ministerio de Sanidad.

La jueza descarta que todos ellos pudiesen formar una “organización criminal” y añade que el relato de hechos descrito en la querella circunscribe la comisión de los posibles delitos a España. “Las menciones a la utilización de los dispositivos Essure en otros países afectan a mujeres que residen en los mismos y no se deduce tampoco de la querella que los hechos cometidos en tales países hayan afectado a mujeres en España”, escribe Lamela.

Así, la jueza se apoya en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para concluir que “debe inadmitirse la querella, al no ser este Juzgado competente para conocer de la misma”, y por tanto procede el archivo de las actuaciones. Contra el auto cabe recurso, que los abogados de las mujeres afectadas ya han presentado a través del Bufete Almodóvar & Jara.

La filial de Bayer está controlada desde Alemania

En el escrito, señalan que el auto solo menciona el delito de lesiones y obvia el de estafa. Añaden también que las afectadas que han presentado la querella solo se encuentran en España, pero en diferentes parte del territorio. “Es decir, el presunto delito de lesiones se produce en varias Audiencias Provinciales, por lo que procede inhibir las actuaciones al Juzgado Central de Instrucción que por turno corresponde”, apuntan.

De hecho, citan como ejemplo la investigación sobre el fármaco Agreal, un medicamento contra los efectos de la menopausia. El juzgado de Valencia en el que se inició el caso ese inhibió en favor de la Audiencia Nacional, que abrió diligencias a principios de este año. También señalan que los delitos pueden trascender nuestras fronteras, con lo que sería competente la Audiencia Nacional.

“Podemos presumir que algún delito pudo haberse cometido en Estados Unidos o Alemania, sedes centrales del laboratorio farmacéutico productor y comercializador del producto Essure”, sostiene la defensa de las afectadas, que recuerda que la filial de Bayer en España está controlada desde Alemania, y que es la matriz la responsable “de la cadena de transmisión de la información del producto Essure”.

“En casos parecidos, donde la Audiencia Nacional abre diligencias por delitos de lesiones producidos por un fármaco o producto sanitarios, donde se investiga la cadena de información, que, presumiblemente tiene como fuente un país distinto al español, la Audiencia Nacional asume la competencia de este tipo de casos”, resume el escrito. El recurso ya esta presentado, ahora las mujeres afectadas por el anticonceptivo tendrán que esperar a que el tribunal lo acepte e inicie la investigación o archive su querella.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado a tres nuevos magistrados para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Entre los elegidos está Carmen Lamela, la jueza de la Audiencia Nacional que mandó a prisión provisional al anterior Govern en la causa por el 1-O y que ha procesado al exmayor de los Mossos Josep Lluis Trapero por sedición.

Lamela, hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha sido elegida con 13 de los 21 votos del pleno del CGPJ. Desde ese puesto aceptó a trámite la denuncia de la Fiscalía General del Estado por los hechos del 1-O y mandó a prisión provisional a todos los exconsellers que se presentaron a declarar. Fue la primera que emitió órdenes europeas de detención contra Carles Puigdemont y el resto de fugados.

Poco después, el Supremo se quedó con la causa porque los exconsellers estaban aforados, pero Lamela continuó con la investigación contra los mandos de los Mossos por sedición. A finales de mayo envió a juicio al exmayor del cuerpo, Josep Lluis Trapero, al que también atribuye un delito de organización criminal.

En esa causa también están procesados exdirector de los Mossos Pere Soler, el exsecretario general César Puig y la intendente Teresa Laplana. De todos ellos dice que integraban una organización criminal que actuaba desde dos años antes y que en la “cúspide” de la misma estaba Puigdemont. Les acusa de de permitir los hechos “violentos” frente a la Conselleria de Economia y de impedir la actuación de Policía y Guardia Civil el 1-O.

El CGPJ también ha nombrado para la Sala de lo Penal a la jueza Susana Polo. Hasta ahora ocupaba una plaza en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde se encargó de investigar la filtración de los correos de Miguel Blesa, que permitieron descubrir la existencia de las tarjetas Black en Bankia.

Polo, que se vio obligada a apartarse del tribunal que iba a juzgar a Elpidio Silva, el juez que encarceló Blesa, trató de que esos mensajes no saliesen a la luz e imputó a Silva por revelación de secretos.

Lamela y Polo formarán parte de la Sala de lo Penal del Supremo, para la que el CGPJ también ha nombrado este martes a Eduardo Porres, hasta ahora presidente de la Audiencia Provincial de Madrid.