La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha inaugurado este martes las 19 viviendas protegidas de alquiler asequible que el Gobierno autonómico ha construido en Reinosa, en el sector 'Las Fuentes', tras una inversión cercana a los 2,9 millones de euros, 830.000 procedentes de fondos europeos.

Se trata de las primeras viviendas protegidas que se hacen en Campoo desde el año 2016, “una fecha para recordar” y “otro paso adelante” hacia el objetivo “irrenunciable” de duplicar esta legislatura el parque público de vivienda en Cantabria, ha dicho la presidenta.

Además, tal y como ha señalado en su intervención, de la que ha informado el Ejecutivo en nota de prensa, son una muestra más de que el Gobierno de Cantabria tiene “rumbo, compromiso y una hoja de ruta clara” para esta comarca, que “nadie va a frenar”. Y también, de que esta comarca “importa, cuenta y tiene futuro”.

Buruaga ha explicado que se trata de 19 viviendas de dos dormitorios, de entre 60 y 63 metros cuadrados, distribuidas en un “magnífico” edificio de cinco plantas más el semisótano, dotadas de plaza de garaje y trastero, con un “acabado excelente” y “máxima calificación energética”.

La jefa del Ejecutivo ha detallado que el siguiente paso será la entrega de las viviendas a jóvenes y familias que quieran desarrollar en Reinosa su proyecto de vida. “Porque eso es lo que suponen estas viviendas: oportunidades, arraigo y futuro”, ha señalado.

En este sentido, ha avanzado que el 31 de julio concluirá el plazo de presentación de solicitudes abierto por Gesvican el pasado 15 de junio y que todas aquellas personas que cumplan los requisitos -no disponer de otra vivienda en propiedad y no tener ingresos superiores a 4,5 veces el IPREM- entrarán en el sorteo para acceder a uno de estos alquileres, a un precio de 400 euros mensuales.

Al respecto, ha adelantado que el interés por estas viviendas está siendo “extraordinario”, puesto que las solicitudes, a día de hoy, ascienden a 123, multiplicando por seis la oferta y la disponibilidad, lo que evidencia “la realidad” del mercado de la vivienda en Cantabria: “hay demanda, pero sigue faltando oferta”.

También ha recordado que estas de Reinosa son las primeras que se empezaron a construir de las 285 destinadas al alquiler asequible que el Gobierno está levantando por toda la comunidad, dentro del primer plan autonómico de vivienda. De ese total, están concluidas otras 30 en Orejo, Santillana del Mar y estas 19 de Reinosa. Además, 97 se encuentran en ejecución y “muy pronto” arrancarán las restantes promociones en Piélagos, Santoña, Laredo, Bezana, Reinosa “nuevamente” y Torrelavega.

Al mismo tiempo, ha reiterado que la Consejería de Vivienda trabaja ya en un segundo plan que contempla al menos 550 viviendas más en las modalidades de compra y alquiler.

Buruaga pide “agilidad” al alcalde Balbotín

Aprovechando su presencia en la capital campurriana, Buruaga ha solicitado al alcalde, Sergio Balbontín (PSOE), “la máxima implicación y agilidad posible” para que el Ayuntamiento cumpla el acuerdo firmado en marzo y ceda a Gesvican las cinco viviendas de la Casa de los Maestros, que se destinarán al alquiler asequible y conceda la licencia municipal para poder construir otras 39 viviendas “ya adjudicadas” en la parcela de la antigua clínica de Reinosa, mediante la fórmula de la colaboración público-privada.

“Estamos hablando de una inversión adicional de 3,9 millones, únicamente pendiente de licencia municipal”, ya que “son otras 44 viviendas que Reinosa necesita desbloquear ya”, puesto que, además, según la presidenta tienen “gran valor” a la hora de fijar población en ese territorio. Por parte del Gobierno, tienes mi compromiso de máxima colaboración para dar respuesta a las necesidades de todos los reinosanos“, ha dicho al alcalde.

La presidenta ha manifestado su voluntad de “actuar en todos los frentes” para solucionar el problema de la vivienda en Cantabria, bajando los impuestos, mejorando las ayudas a la compra y al alquiler, incentivando la salida al mercado de viviendas vacías y, sobre todo, construyendo más viviendas y más viviendas protegidas.

El Gobierno de Cantabria subvenciona el transporte en taxi a los cántabros de zonas rurales donde en verano cierran los consultorios médicos. La garantía de un transporte alternativo solo se ofrece a los pueblos que no tienen autobús, porque entiende que los pacientes ya se pueden desplazar por su cuenta hasta los consultorios y centros de salud de cabecera.

El Boletín Oficial de Cantabria publica el decreto de concesión de estas ayudas municipales al transporte para que los usuarios afectados puedan acudir a sus centros de salud de referencia desde los municipios donde no habrá médico en verano.

En el listado publicado con este motivo aparecen referenciados 114 consultorios, solo en 9 habrá médico durante todo el verano. El resto, 105, o están cerrados o no tendrán médico durante algunos días entre junio y septiembre, en una horquila amplia: hay consultorios sin pasar consulta durante 37, 32 ó 27 días -alternos- y otros entre tres y diez días.

Aunque el consejero de Salud ha insistido en que no se cerrará ningún consultorio en el listado de más de un centenar -que aparece en la publicación oficial- hay ocho consultorios cerrados o sin médico asignado porque su plaza está vacante. Es el caso de Bejes, Castillo, Cillorigo, Cueto, La Gándara de Soba, Lamadrid, Polientes, Vega de Liébana y Villanueva de la Nía.

Si se excluyen estos 10 que están cerrados desde antes de este verano, según el listado del BOC resultaría que 97 consultorios no tendrán médico en algún momento del verano.

Un solo médico en zonas de alta afluencia turística

En otra decena de consultorios faltará en algunos momentos del verano algunos de los médicos asignados a estos centros, pero seguirán funcionando al menos con un solo facultativo. Lo cierto es que es una situación que precisamente afecta a algunas zonas de gran afluencia turística que aumentan su población en los meses de verano como Noja, Somo, Ajo-Bareyo, Comillas, Marina de Cudeyo, Miengo, Santillana del Mar o Unquera. Además de los consultorios de Puente Arce, San Felices, Castañeda, Mataporquera y Guriezo.

Solo 9 consultorios tendrán médico todo el verano

En realidad, de los 114 consultorios que hay en Cantabria solo nueve tendrán médico todo el verano: Arenas de Iguña, Cartes, Bostronizo, Cartes, Casar de Periedo, y Rasines. También se seguirá pasando consulta en Carmona, Pesquera y San Miguel de Aguayo, tres municipios donde de ordinario solo hay médico un día a la semana.

Los vecinos del resto de los ayuntamientos de Cantabria con consultorio no tendrán consultas médicas durante algunos días del verano. En Bóo de Piélagos, Cudón, Camaleño y Suesa estarán por lo menos treinta días sin médico entre junio y septiembre. Los vecinos de Ruiloba, Penagos, Solórzano, Campóo de Suso y Cóbreces también pasarán 27 días sin facultativo. 22 días en San Pedro del Romeral, 23 en Vargas, 25 en Herrerías y 24 en La Hermida.

Las ausencias afectan de distinta manera. Por ejemplo, en Espinama y Galizano solo habrá 6 y 4 días respectivamente sin médico pero de ordinario solo hay consulta una vez a la semana, con lo que el efecto es diferente a otros pueblos. Lo mismo sucede en Pujayo y Queveda donde solo se pasa consulta los jueves y que estarán tres y cuatro días sin atención médica.

En otros puntos como La Penilla, La Cavada, Entrabasaguas, Campóo de Suso, Casatablas, Treto, Ogarrio o San Pedro del Romeral los pacientes tendrán que desplazarse hacia otros centros de salud durante más de veinte días a lo largo del verano.

La Biblioteca Central de Cantabria lleva un año sin actualizar los libros que presta a los más de 400.000 usuarios que utilizan sus instalaciones. Las compras de fondos se paralizaron -según la explicación oficial- tras un cambio en la normativa de contrataciones públicas del Estado, que ya no permite que se adquieran mediante contratos menores. Aunque otras bibliotecas han encontrado la fórmula para seguir haciendo compras y han seguido adquiriendo fondos con normalidad. La cuestión es que Cultura aún no ha decidido poner en marcha un nuevo sistema de adquisición.

Hasta ahora, en la biblioteca del antiguo edificio de Tabacalera se invertían unos cien mil euros al año en comprar novedades literarias de manera rotatoria a las librerías de Cantabria. Repartían los pedidos una vez al mes, lo que permitía a los ciudadanos poder leer las últimas ediciones. Hace meses se interrumpió esta forma de trabajar y no se volvieron a comprar libros.

Sin embargo, este cambio de normativa no obliga a hacer un concurso público cuando, además, el precio de los libros es fijo con lo que todas las ofertas serían idénticas en lo económico: se limitarían a aplicar el único descuento posible para bibliotecas del 15%.

La Biblioteca Municipal de Santander, por ejemplo, solucionó el asunto optando por un acuerdo marco que determina unos requisitos y las librerías que se presentan pasan a estar homologadas dentro de ese sistema. Ha seguido comprando fondos sin problema y sin necesidad de recurrir a un concurso que permitiría presentar ofertas a librerías de toda España y que obligaría a adquirir uno o dos lotes anuales, lo que no garantiza una rapidez en la renovación de fondos que había hasta ahora al hacer compras una vez al mes.

En el caso de la Biblioteca Central, gestionada por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria, el asunto sigue sin resolverse aunque su directora, Alexia Loiña, subraya que de forma excepcional “se va a hacer una pequeña compra por el método clásico” de unos 15.000 euros -10.000 para fondo general y 5.000 para publicaciones infantiles- que no contribuye a aliviar el retraso que se ha generado en la adquisición de novedades.

En el año 2024, Cantabria invirtió 125.000 en comprar fondos y se hicieron 238.607 préstamos, solo de libros 217.000, a los que se unen publicaciones periódicas, películas o documentales.

La Biblioteca -según los últimos datos oficiales- supera los 400.000 usuarios, más que País Vasco, Asturias, Murcia o La Rioja y continúa incrementando el número. En 2024 se hicieron 2.316 carnés nuevos a personas adultas y casi seiscientos niños empezaron a leer cuentos y participar en las actividades que se desarrollan en talleres infantiles vinculados a la lectura.

La BCC abrió sus puertas en enero de 2010 y es cabecera del resto de las bibliotecas públicas de Cantabria.

Sin Bibliobús

Al retraso en la compra de libros se une la suspensión del servicio de Bibliobús, la biblioteca itinerante que da servicio a 46 pueblos. La empresa pública que lo gestiona, la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, ya ha dado orden de que no se hagan más préstamos y durante este mes de julio, el último en que prestará servicio, se recogerán los 1.100 que tiene prestados en este momento.

La directora de la Sociedad insiste en que el servicio se mantendrá activo y será asumido directamente por el personal de la Biblioteca, ya que actualmente estaba a cargo de una empresa externa con dos bibliotecarias. Pero, de momento, no hay fecha ni proyecto para reanudar la actividad del Bibliobús.

La glicinia que plantó la propia Concha Espina el día de su boda serpentea décadas después por la pared de su casa y estalla cada primavera en una explosión de color. Es ya una seña de identidad. En el interior, fotos, correspondencia, dedicatorias, mobiliario de la escritora y la biblioteca de Ramón de la Serna perfectamente conservados. La propiedad -construida en 1890- son en realidad dos casas adosadas, una antigua cuadra y una parada de postas que arregló y unió la escritora cuando empezó a ganar dinero, narra su bisnieta. 300 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y un jardín “silencioso y generoso” de más ochocientos metros. Allí vivió la escritora y ahora vive una de sus dos bisnietas.

En la casa hay recuerdos de todos los que la habitaron. Los papeles de la escritora, de su hija Josefina, casada con el guitarrista Regino Sainz de la Maza, y de su hija Paloma, la última propietaria. También hay una huella importante de Federico García Lorca, de las primas políticas de Concha Espina, María Blanchard, Matilde de la Torre y Consuelo Berges con quienes, en un momento de su vida, compartió lecturas y tejió afectos que en algún momento se quebraron.

Ahora, la casa de la escritora Concha Espina (1869-1955) en Mazcuerras, su Luzmela literario, podría pasar definitivamente a manos privadas. No será el museo público que ambicionaba su bisnieta Concha Muguerza. Al menos en el corto plazo. El Gobierno de Cantabria ha trasladado a sus herederas que renuncia a comprar la propiedad a precio de mercado, aunque no descarta hacer una oferta con una tasación oficial en el futuro si dentro de un año la casa sigue en venta y hay dinero para ello en los presupuestos.

La nieta de la escritora, Paloma Sainz de la Maza -recientemente fallecida el pasado 14 de junio- había puesto en venta la Casona, sobre la que pesa un préstamo hipotecario.

Tras el fallecimiento de la nieta de la escritora, la propiedad corresponde ahora a sus hijas, las hermanas Concha e Iciar Muguerza, únicas herederas tras el fallecimiento en 2023 de su hermano Íñigo, el escultor responsable entre otras piezas del monumento a los mineros en las cuevas El Soplao y la estatua de Concha Espina que hay en Mazcuerras.

Las herederas han intentado sin éxito negociar con Cultura la venta de la casa. Tras una dilatada negociación con la directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández, el acuerdo económico no se sustanció porque una parte exigía más dinero. “Yo prefiero vender más barato pero que se haga un museo”, explica Concha, una de las hermanas herederas, que ha dedicado grandes esfuerzos a reivindicar la figura de su bisabuela y a preservar su memoria.

La tensa relación familiar entre las bisnietas tampoco contribuyó a facilitar la operación pública puesto que no se permitió acceder al interior de la propiedad para hacer la tasación. El Gobierno de Cantabria quería inventariar el mobiliario y los objetos y documentos que se incluirían en la compra.

La vivienda salió al mercado inmobiliario a través de una agencia madrileña por 895.000 euros y al no llegarse a un acuerdo con el Gobierno se formalizó un contrato de arras con un particular interesado en adquirir la propiedad. Pero la venta que sigue pendiente de formalizarse porque, en paralelo, la Dirección General de Cultura y Patrimonio tomó la decisión de declarar Bien de Interés Cultural (BIC) la casa de la escritora -a petición del Ayuntamiento de Mazcuerras- para preservar un patrimonio que podría acabar por pasar a manos privadas y que obligará a sus futuros propietarios a cumplir unos requisitos de conservación.

Esta operación permitía a Cultura ejercer un derecho de tanteo -tener prioridad- para quedarse con la casa en un plazo de tiempo que ya ha vencido. Una opción que Cultura ya ha descartado en el corto plazo.

Tampoco el comprador particular parece ya tan interesado. Según fuentes cercanas a la familia podría estar intentando negociar la recuperación del dinero adelantado con el argumento de que, cuando se comprometió la compraventa, la casa no tenía ningún tipo de protección patrimonial.

A partir de ahora, el particular interesado tendría que formalizar la compra o perder el dinero que dejó en depósito para hacerse con la casa que conserva, además, un interior decorado con los muebles de la escritora y la biblioteca de Ramón de la Serna. Ello incrementa el valor de la propiedad de cara a un futuro museo público en un pueblo, Mazcuerras, que tiene a pocos metros otra casa relevante: Las Magnolias, donde residió hasta su fallecimiento en 2011 la también escritora leonesa Josefina Aldecoa. Hoy reconvertida en un centro de actividad artística, Aselart.

En estos momentos, la casa está habitada por una de las bisnietas que quedaron huérfanas de madre recientemente. Las herederas de Concha Espina necesitan vender cuánto antes la propiedad para evitar un embargo del banco.

Casa de José María de Pereda en Polanco

Cantabria conserva un escaso patrimonio de propiedades públicas vinculadas a los referentes literarios. Con las únicas excepciones de la Casona de José María de Cossio en Tundanca, y la casa y la Biblioteca de Menéndez Pelayo en Santander, que permanece vacía y cerrada desde hace siete años. 'San Quintín', la casa de Galdós en la Avenida Reina Victoria, ya ni siquiera existe. No se conservan las de Lope de Vega, Calderón de la Barca o Francisco de Quevedo, como apuntaban recientemente desde el Grupo Alceda dedicado a la protección del patrimonio.

Otro municipio cántabro, Polanco, que ya perdió la casa del poeta Jesús Cancio, sufre un proceso parecido a Mazcuerras con la casa natal del escritor José María de Pereda que también salió a la venta, el Ayuntamiento descartó comprarla por su elevado precio pero pidió a la Consejería que la declarase Bien de Interés Cultural (BIC).

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria ha solicitado a la Consejería de Salud que aclare qué ocurre con los pacientes que rechazan ser derivados al hospital privado Santa Clotilde -que recibirá 256 millones de dinero público en los próximos 16 años para privatizar servicios sanitarios- para hacerse una operación quirúrjica o pruebas diagnósticas. Si cuando se rechaza operarse allí “se respeta íntegramente su posición en la lista de espera del Servicio Cántabro de Salud para ser intervenido en un hospital público” -preguntan- “o si, por el contrario, ese rechazo supone algún tipo de perjuicio, retraso o pérdida de su lugar en la lista de espera”.

En paralelo, el coletivo denuncia que Santa Clotilde no dispone de todos los medios diagnósticos necesarios para asumir parte de la actividad que se le deriva, por lo que determinadas pruebas diagnósticas son subcontratadas a HT Médica, y carece del personal y las instalaciones que exige el convenio singular que entró en vigor en enero de 2026.

El colectivo ha puesto en marcha la campaña #YoPrefieroLaPública para denunciar el modelo de colaboración público-privada impulsado por el Gobierno de Cantabria y ha recibido numerosas consultas sobre la llamadas que están recibiendo los ciudadanos cántabros para derivarles al centro privado. Por ello, la Plataforma ha remitido un escrito a la Consejería de Salud “solicitando una aclaración sobre una cuestión fundamental: ¿Qué ocurre si un paciente rechaza ser derivado al Hospital Santa Clotilde?”.

Esta incertidumbre -según la Plataforma- “está generando preocupación entre muchas personas que desean seguir siendo atendidas exclusivamente en la sanidad pública, pero temen que ejercer esa decisión pueda tener consecuencias negativas”.

Los defensores de la salud pública consideran que cualquier paciente debe poder decidir libremente dónde quiere recibir asistencia sanitaria, “pero esa libertad solo es real cuando existe información clara, transparente y accesible sobre las consecuencias de aceptar o rechazar una derivación”, matizan. Por ello, han pedido a la Consejería que responda “de forma expresa y pública a esta cuestión” para ofrecer seguridad jurídica y tranquilidad a todos los pacientes de Cantabria.

Campaña de apoyo a la sanidad pública

La campaña #YoPrefieroLaPública, impulsada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria, comenzó el pasado 12 de junio divulgando ilustraciones creadas con inteligencia artificial para denunciar el modelo de colaboración público-privada impulsado por el Gobierno de Cantabria.

La campaña se presentó con mensaje: “Quiero que el dinero gastado en convenios con la sanidad privada para derivar pacientes, se inviertan en la pública para que derivar no sea necesario. El dinero público para la pública”.

La iniciativa surge como respuesta al convenio por el que el Gobierno de Cantabria destinará 256 millones de euros de dinero público durante los próximos 20 años al Hospital Santa Clotilde para privatizar servicios sanitarios.

Desde la Plataforma defienden que esos recursos deberían invertirse en reforzar el Servicio Cántabro de Salud, “aumentando el personal, la actividad quirúrgica y la capacidad diagnóstica de los hospitales públicos, de forma que las derivaciones al sector privado no fueran necesarias”.

La campaña ha ido creciendo en difusión y el pasado 4 de julio, durante la celebración de la Magosta de Vargas, decenas de personas se sumaron espontáneamente a la iniciativa fotografiándose con mensajes como “Yo me opero en la pública, no en Santa Clotilde” o “Para mi hijo no elijo Santa Clotilde, prefiero la pública”, incrementando la repercusión en redes sociales.

La Plataforma subraya que las publicaciones han llegado a miles de personas y han generado “un amplio número de reacciones, comentarios y compartidos, poniendo de manifiesto que existe una creciente preocupación social por el modelo de derivaciones a centros privados y por el futuro de la sanidad pública en Cantabria”.

La Plataforma espera que la Consejería de Salud responda en los próximos días a la consulta planteada porque, en su opinión, se trata de una cuestión que afecta directamente a los derechos de los pacientes y a su capacidad para decidir, con toda la información, dónde desean ser atendidos. En este sentido, insisten en que la ciudadanía tiene derecho a saber “si ejercer su libertad de elegir la sanidad pública puede tener alguna consecuencia sobre su posición en la lista de espera”. “La transparencia también forma parte del derecho a la salud”, concluyen.

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado este viernes en el municipio de Santa Cruz de Bezana las primeras 32 viviendas protegidas de iniciativa privada de la legislatura construidas por el Grupo Casado.

Son las primeras de las 212 que se anunciaron en seis ayuntamientos de la comunidad. A estas 212 se suman otras 285 viviendas en régimen de alquiler asequible en nueve municipios que tendrían que estar acabadas, según los cálculos iniciales, para las elecciones de mayo de 2027 de acuerdo al compromiso público adquirido por el Gobierno de Cantabria.

Las viviendas protegidas de iniciativa privada de Bezana son dos edificios -bautizados como Jade y Turmalina-de 16 viviendas cada uno con ocho adaptadas. Están ubicadas en la calle Murillo de Soto de la Marina y se venderán a un precio que oscila entre los 160.000 y los 178.000 euros en función de la superficie. Con ellos, se pone fin al sector 8 del municipio que se inició hace más de 20 años.

La presidenta ha agradecido el compromiso con Cantabria del Grupo Casado, que también va a levantar otras 100 viviendas protegidas en Suances. Al tiempo, ha dicho el precio de estas viviendas en el mercado libre se situarían entre los 280.000 y los 412.000 euros.

Su coste es posible -ha matizado- porque es el Gobierno el que fija el precio máximo de venta y supervisa los requisitos que deben cumplir los adjudicatarios: estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda de Cantabria y que los ingresos no superen en 4,5 veces el IPREM, es decir, 37.800 euros, si se trata de una sola persona, y hasta 50.400 euros, en el caso de una familia de cuatro miembros.

Por otro lado, Buruaga ha asegurado que estas “no van a ser las únicas viviendas protegidas que verán la luz en Bezana” en los próximos años, donde se están construyendo en estos momentos otras 16 y donde ha anunciado que “muy pronto” empezará una nueva actuación con 36 más en Mompía, junto al colegio María Torner. A ellas se sumarán otras 14 asociadas a un proyecto que el Ayuntamiento “tiene sobre la mesa”, que incluye también 58 viviendas destinadas al mercado libre, y dos más para alquiler asequible que Gesvican está gestionando en la antigua casa de los maestros.

Buruaga ha defendido la iniciativa privada en viviendas de protección porque “no sobra absolutamente nadie”, salvo “el sectarismo ideológico”. “Necesitamos a todos y estamos empeñados en buscar la unidad de acción en sumar la iniciativa privada a nuestro plan autonómico de vivienda”, ha dicho.

Para ello, ha detallado que el Gobierno ha actualizado en tres ocasiones el precio de referencia de las viviendas de protección oficial que “llevaba 10 años congelado”.

Con todo, ha explicado que entre la vivienda protegida y privada, se prevé la construcción de cerca de un centenar en el municipio.

En el acto de inauguración, al que han asistido varios adjudicatarios, han estado presentes el consejero de Vivienda, Roberto Media; la alcaldesa, Carmen Pérez, y el gerente del Grupo Casado, Pedro Pérez Eslava, entre otros, que ha agradecido la colaboración de la Consejería y del Ayuntamiento en lo referente a la tramitación administrativa, así como ha puesto en valor que la construcción de vivienda protegida de iniciativa privada es un “ejemplo” de “responsabilidad, corresponsabilidad e implicación con la sociedad”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, considera “patético” que el consejero de Salud, César Pascual (PP), “presuma de mantener abiertos consultorios sin médico” e intente “maquillar la realidad falseando los datos de su propia Consejería”.

Así ha rebatido este jueves en un comunicado las declaraciones que realizó este miércoles el consejero en rueda de prensa, en la que aseguró que en Cantabria “no hay ningún consultorio cerrado”.

Sin embargo, Hernando ha destacado que las informaciones publicadas por Salud “constatan que al menos siete permanecerán cerrados durante todo el verano, mientras que en otros 48 ha faltado el médico algún día desde el pasado 1 de junio”.

De hecho, ha recalcado que esta misma semana son “18 los consultorios sin facultativo, que se suman a los siete que permanecen cerrados”.

Para el portavoz regionalista, los datos “desmienten el triunfalismo sin sentido exhibido por Pascual”, a quien ha recomendado que “centre sus esfuerzos en solucionar el caos que su gestión está provocando en la sanidad cántabra, especialmente en la Atención Primaria del mundo rural”.

“Mientras el consejero resta importancia a la ausencia de médicos hablando de uno o dos días sin consulta, hay cientos de cántabros que padecen esa situación durante siete, ocho, diez días e incluso hasta tres semanas consecutivas, como está ocurriendo ahora mismo en el consultorio de Suesa”, ha sostenido.

Además, ha incidido en que para el vecino que acude a su consultorio y no encuentra al facultativo, el resultado es exactamente el mismo: “no recibe la atención que necesita en su pueblo”.

Ante esta situación, el regionalista ha cuestionado “la calidad asistencial decadente que defiende el Gobierno de Cantabria en manos del PP”, y ha considerado “inexplicable” que el consejero de Salud “se dedique a justificar lo injustificable, en un pobre intento de negar la realidad que la propia planificación de su Consejería reconoce”.

“Lo que debería estar haciendo Pascual es ofrecer soluciones para minimizar el impacto de la falta de profesionales durante el verano”, ha opinado.

En este sentido, ha insistido en que un consultorio sin médico “sirve de muy poco a quienes necesitan ser atendidos, especialmente en el medio rural, donde muchas personas mayores o con dificultades de movilidad dependen de la asistencia sanitaria de proximidad”.

Finalmente, tras reconocer el “esfuerzo” de los profesionales sanitarios para “mantener la atención”, Hernando ha lamentado que el consejero intente “desacreditar a la oposición por poner de manifiesto el retroceso que sufre la Atención Primaria cántabra, a partir de los datos que difunde su propio departamento”.

“Los cántabros no necesitan este tipo de debates, lo que quieren es saber que la próxima vez que acudan a su consultorio encontrarán a un médico preparado para atenderles”, ha concluido.

¿Qué interés público puede tener una instalación deportiva privada que solo está al alcance de quien pueda pagarlo? El Gobierno de Cantabria recalificará 100.000 metros cuadrados de terreno rústico en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte) mediante la figura urbanística del PSIR (Plan Singular de Interés Regional) para construir un centro de surf con una piscina de olas, alojamientos y restaurante.

Los promotores calculan que el 72% de sus clientes sean turistas y que solo una cuarta parte de los usuarios sean locales.

Al tiempo, advierten de que el municipio vecino (Ribamontán al Mar) es la primera reserva de surf de España, “pero se encuentra al límite de la saturación urbanística”. El PSIR Olucas Surf Center es “una oportunidad de descompresión”. “Una alternativa técnica -de entrenamiento de alto rendimiento- que no compite con el mar, sino que lo complementa”, explican.

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, respaldó la iniciativa en el debate de Orientación Política del Parlamento y estimó que tendrá unos 200.000 visitantes al año. Unos 547 al día, suponiendo que la instalación esté abierta todos los días del año.

La cifra procede del estudio de mercado que han hecho los promotores del proyecto, la empresa Olucas Cantabria, S.L. constituida hace un año, y que aspira a captar tres tipos de clientes: residentes locales (a menos de hora y media de distancia en coche), turistas y estudiantes.

Frente al interés público de la piscina, consideran usuarios potenciales a las personas entre 5 y 65 años “con capacidad económica suficiente” y han excluido “a la población en riesgo de pobreza”, un 22,2% de los habitantes de Cantabria y el 15,5% de los de la vecina Vizcaya.

Estos criterios les llevan a deducir que hay 1.150.000 residentes “susceptibles de ir al parque de olas”. El estudio también concluye que existen aproximadamente unos 70.000 surfistas -federados y no federados- viviendo a 90 minutos en coche de Olucas Surf Center.

En segundo lugar, cifra en 3.500.000 de turistas los potenciales clientes de esta instalación. Por último, en tercer lugar, suma a los 10.000 universitarios que calcula que hay en Cantabria -un mercado potencial fuera de temporada alta- y otros 80.000 estudiantes de colegios a los que propondrán visitas escolares. “Pueden ser un mercado valioso durante los periodos de menor afluencia de público y entre semana”, estiman los promotores.

Así, proponen que los meses más populares para las visitas escolares a la escuela de surf que construirá Wavegarden en Cantabria podrían ser mayo, septiembre y octubre, “cuando el tiempo es cálido y el surf es refrescante”, apuntan. El desarrollo de clubes de surf extraescolares “también podría ser una oportunidad”.

“Si un estudiante tiene una estimulante visita al Surf Park de Olucas, se convierte en un gran embajador de la instalación y muy a menudo animará a su familia a visitarlo en la próxima ocasión con él”, considera el estudio de demanda que también subraya que la instalación “tiene potencial para admitir fiestas de cumpleaños, fiestas y eventos corporativos”.

Más mujeres surfistas

Los promotores argumentan como interés público que se desestacionaliza la práctica del surf, genera empleo y riqueza en el municipio e -incluso- que se incrementará el número de mujeres surfistas porque “en las lagunas de surf [...] dada la cantidad de olas por hora producidas, el entorno promueve el compañerismo frente a la competitividad característica del surf en entornos naturales con una menor disposición de olas”. Es decir, que promueve la igualdad de género y además es accesible para personas con discapacidades porque “el entorno está controlado, lo que reduce riesgos y facilita la adaptación progresiva”.

El documento pone como ejemplo que la laguna de UrbnSurf (Melbourne, Australia), ha experimentado en los últimos años un rápido incremento (de 18% a 35% de usuarios) en los usuarios femenino y en la (Bristol, Reino Unido), ha crecido hasta un 25% el número de usuarios promedio femeninos.

Entre 60 y 120 empleos

Este tipo de parques crean entre 60 y 120 empleos directos en turismo, hostelería, comercio, mantenimiento y servicios. Según los promotores la llegada de visitantes durante todo el año “incrementa el consumo local, reduce la estacionalidad turística y favorece nuevas inversiones e infraestructuras en la zona”.

Los trabajadores que necesita son instructores de surf de nivel alto, técnicos de mantenimiento de tecnología de fluidos, gestores de eventos y personal de hostelería. “Una salida laboral atractiva para la población joven local, frenando el envejecimiento y éxodo demográfico detectado en la pirámide de población” del municipio de Ribamontán al Monte.

El centro de surf convertirá al municipio -dicen- en un centro de negocios deportivo que atraiga “rentas externas que no solo gastarán en el complejo, sino que generarán externalidades positivas en la restauración y el comercio local”.

Cantabria carece de piscinas deportivas de 50 metros para entrenar, pese a que la Federación Cántabra de Natación lleva más de 20 años demandándoselo al Gobierno autonómico. Hubo una, construida en 1999, en el complejo municipal de Deportes La Albericia, en Santander, pero en 2012 fue reducida a la mitad, le quitaron profundidad de competición y, despues, fue derribada la torre de saltos, evocan profesionales de la natación.

Cincuenta metros es la medida estándar de competición en España y en Europa, pero en Cantabria solo hay piscinas de 25 metros. Pese a esto, la respuesta del Gobierno de Cantabria ha sido recurrente: dicen que “es una inversión muy grande y que no están por la labor de destinar dinero en la construcción de una instalación de esas características”, sintetiza Alfredo Martínez, secretario técnico de la Federación Cántabra de Natación.

En Cantabria, hay 18 clubes de natación, con casi 1.300 nadadores federados, (60% son mujeres y 40%, hombres), con “muchas limitaciones para competir”, coinciden las fuentes consultadas. De éstos, alrededor de 30 se clasifican para los campeonatos de España y “parten en desventaja siempre”, dice Martínez.

Para entrenar, el mayor problema es que las piscinas, además de tener 25 metros, “suelen estar concedidas” a entidades privadas, que priorizan las calles y el espacio para usuarios y socios, a excepción -matizan- de la visión de piscina deportiva que tienen los ayuntamientos de Camargo y Torrelavega.

La única piscina “bien” dotada de competición, es la de Cross, en Maliaño, con cronometraje electrónico, con polletas, muro y corchas de de competición.

Sin piscina deportiva de 50 metros, esta histórica petición choca ahora con la decisión del Gobierno de Cantabria (PP) de tramitar la licencia como Proyecto de Interés Público Regional (PSIR) de un 'surf resort', en Villaverde de Pontones, en el que el proyecto estrella es una piscina de entrenamiento de olas para surf de unos 23.000 metros cuadrados. Un proyecto de la empresa Olucas Cantabria financiado con 43 millones de euros de capital privado.

Recelos sobre el proyecto de la piscina de surf

La proyectada piscina de surf necesitará cada año la cantidad de agua equivalente a 10 piscinas olímpicas, con la paradoja de que Cantabria no tiene ninguna. “Con 40 millones, se podrían hacer 4 piscinas de 50 metros, porque valen unos 9 o 10 millones”, cuestiona Jesús Herrán, expresidente del Club Natación Camargo, y exasambleísta de la Federación Nacional de Natación. Para Herrán, el Gobierno del PP podría haber pedido “a los mismos promotores de Olucas que promovieran una piscina de 50 también”, plantea. “Quiero que conste que una cosa no quita la otra, pero indica claramente cuáles son las preferencias”, añade.

A su posición se suma Oriol Buch, entrenador del Club Deportivo Camargo. Este profesional lleva 17 años en Cantabria y comprende el empleo que podría generar el proyecto de 'Olucas surf center', pero “tienen la natación abandonada”, en una comunidad con alrededor de 35 kilómetros de olas surfeables: “Es un agravio comparativo hacia la natación, nos vamos haciendo pequeños en vez de crecer como deporte”.

En España, solo existe una única competición, en invierno, en piscina de 25 metros. Fuera de Cantabria, las piscinas de 25 metros, actualmente, “no tienen prácticamente valor a la hora de de sacar buenos deportistas y de poder organizar campeonatos de España”, valora Alfredo Martínez, de la Federación Cántabra de Natación.

Los expertos explican que, en piscina de 25, pasados esos metros, tiene un giro, lo que beneficia para ser más rápido por debajo del agua. Pero el que nada en piscina de 50, solo tiene a los 50 metros, por lo que el nado es continuo. “Por ello, en pruebas exigentes como mariposa, se les hace eterno”, explica Herrán.

Para subsanar esta situación, la Federación Nacional hace desde hace décadas unas tablas de conversión en las competiciones deportivas. Pero el panorama de las conversiones de medidas se complica: “Hay una idea de que los tiempos de piscina de 25 no valgan para competir en piscina de 50”, advierte Herrán que, como asambleísta con voz y voto en la Federación Nacional durante 12 años, hasta en cuatro ocasiones frenó junto a otros compañeros la intención de anular las reconversiones de marcas de piscinas.

En Cantabria -ocurrió recientemente en el caso del nadador Joaquín Pardo, que se ha ido al Sant Andreu-, una persona profesional que tiene nivel de competición, se muda a otra comunidad autónoma. “Primero porque no hay mucha competitividad. Segundo, porque no se puede competir en piscina de 50 metros”, zanja Martínez, de la federación autonómica de natación.

La piscina para recrear olas de surf que se plantea construir en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte, Cantabria) —sobre unos terrenos rústicos recalificados por el Gobierno de Cantabria—necesita anualmente la misma cantidad de agua que 10 piscinas de tamaño olímpico. 30.000 metros cúbicos, según las cifras que la propia promotora Olucas Cantabria notifica en el proyecto urbanístico registrado oficialmente. Cada piscina con medidas reglamentarias para la competición tiene como mínimo 2.500 metros cúbicos.

No obstante, en la presentación pública del proyecto, el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, rebajo considerablemente las cifras. Dijo que el lago artificial se llenará con el agua equivalente a “dos piscinas convencionales”, la misma cantidad que en su opinión se utiliza “para mantener tres hoyos de un campo de golf”.

La piscina “consume menos agua que un campo de golf y similar a un campo de fútbol”, estima el proyecto. Todo ello en el contexto de un municipio que tiene problemas de abastecimiento de agua y que sufre algunas restricciones en verano.

En el documento de solicitud de declaración de Plan Singular de Interés Regional (PSIR) al que ha tenido acceso elDiario.es, se especifica que la empresa Wavegarden —que hará las obras— tiene un departamento dedicado exclusivamente al estudio del agua utilizada para llenar y mantener los lagos con los niveles de agua requeridos para generar las olas. Según ellos, el proyecto de Olucas Surf Center, dada su localización en Cantabria “tiene uno de los menores consumos de agua estimados hasta la fecha”.

Una circunstancia que a priori comparte con el también anunciado centro de datos Altamira, el proyecto de interés regional que se promociona entre Astillero y Guarnizo y que, también, según sus promotores y el Gobierno de Cantabria necesitará menos agua y energía que los que se instalan en otras zonas.

La información aportada por la promotora confirma que el lago requerirá de unos 30.000 metros cúbicos de agua y precisa que esta operación -para compensar la evaporación- se necesita hacer una vez al año “para mantener el nivel de agua estable”. “Lo que corresponde a una llenada durante todo un año”, matiza el documento.

La instalación utiliza un sistema de impermeabilización “único” llamado liner que permite que se puedan realizar tareas de mantenimiento sin vaciar la piscina. En caso de que esta operación sea necesaria, el agua se podrá reinyectar a la red o evacuar al río más cercano, en este caso el Miera, a su ubicación junto al cementerio de Villaverde de Pontones. De hecho, las tres opciones que se barajaron antes también eran terrenos cercanos a un río.

El lago diseñado por Wavegarden es un sistema cerrado que una vez lleno “no requiere de recirculación de agua añadida” solo hay que añadir “la compensación debida a las pérdidas por evaporación”.

El sistema prevé obtener agua proveniente de la lluvia y de filtraciones. La recolección de agua de lluvia se realizará a través de superficies y tuberías que nutren el lago: se recupera, filtra y se reinyecta en la piscina de olas de surf.

Por otro lado, la construcción del lago se planifica de modo a que, a través de un sistema de detección de filtraciones “si una zona del lago pierde agua, esta agua fluye hacia la parte profunda del lago y se reinyecta en el lago una vez pasado por el filtro de tratamiento de agua”.

Abastecimiento energético

Wavegarden asegura haber desarrollado un sistema de generación de olas único, a base de un sistema electromecánico que consume entre 0,3 y 1 kilovatios hora por ola, diez veces menos que los sistemas neumáticos de la competencia. Quiere decir que esta piscina de olas consumirá mucha menos energía que otras que hay en el mercado: solo 350 kilovatios frente a los 3.500 “de cualquier otra alternativa existente”.

También destacan que los motores funcionan a la vez como generadores por lo que se recupera la energía “a través del sistema de corrientes generado por la forma del lago”. El promotor dice que este sistema consigue recuperar parte de la energía inyectada al frenar las palas.

Debido al bajo consumo energético que necesitan este tipo de parques pueden ser totalmente solares, bastaría con unos 3.000 metros cuadrados de paneles —en función del clima local— y no serán necesarias otras opciones como baterías de litio, según precisa el estudio entregado al Gobierno cántabro.

La defensa de la sanidad pública se ha convertido en el caballo de batalla del sindicato UGT frente a las privatizaciones y convenios singulares. El secretario de Sanidad, Fernando Carmona, alerta de que “preocupa mucho” que se derive “hacia una sanidad como la madrileña” después del acuerdo de 256 millones de euros con el hospital privado Santa Clotilde. A día de hoy no hay un red privada de sanidad como para llegar la nivel de la sanidad madrileña “pero se está empezando a tejer”, advierte. En este contexto hace referencia a las huelgas médicas cuyo impacto real se desconoce porque la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria no les ha facilitado datos. “No se si esta huelga tiene mucho sentido, si se está utilizando o no con fines políticos”, considera. Por otro lado, el sindicato incide en que la falta de gestión de los recursos humanos en atención primaria volverá a provocar que este verano hay 80 consultorios sin médico.

La Consejería de Salud ha informado que este verano no habrá médico en 80 consultorios rurales, una cifra similar a años anteriores, ¿qué valoración hacen de esta situación?

Como todos los años, hay falta de previsión. La gerencia de Atención Primaria ha cambiado de gerente no hace mucho tiempo y no es extraño: ni que cambien de gerente ni que falte previsión. Es cierto que hay problemas para contratar médicos pero en realidad es gestión de personal y de plazos. Tampoco hay enfermeras. En Laredo faltan quince por contratar de cara al verano, en Sierrallana y en Valdecilla también faltan y también hay problemas para contratarlas. Hay falta de profesionales de enfermería, en momentos puntuales. Pero lo que tienes que hacer es gestionar los recursos humanos que tienes para poder llegar a cubrir todo el periodo vacacional, del 1 de junio al 30 de septiembre.

Pero la Consejería había mejorado las condiciones laborales para conseguir interesar a más médicos.

Han intentado salvar la situación con 37 contratos sin cupo asignado y es una posible solución si se emplea bien. Esas 37 plazas que se firmaron pueden ser una solución, si no tienes profesionales para ir cubriendo uno a uno todos los que faltan con este tipo de plazas asignas un área en un tiempo determinado. A ese profesional con tiempo suficiente le puede ir utilizando en función de las necesidades. Esta sería una fórmula. Al final es gestión.

Ahora hay problema con los facultativos porque han sacado a oposición 17 de estas plazas SCA (sin cupo asignado) creadas el año pasado con unas características especiales que se firmaron con todos los sindicatos. Las plazas tienen condiciones ventajosas para la administración y para los profesionales. Son de área y no funcionan por cupos. Es decir, no asignan una consulta fija con un número de pacientes fijo. En estas otras no hay cupo, hay un área asignado que son varios centros de salud, lo que da cierta flexibilidad a la administración siempre cumpliendo unas normas para cubrir todas las plazas que necesite cubrir.

Los médicos de atención primaria dicen que es negativo para el paciente porque pierdes el seguimiento, pero la compensación es que el tiempo trabajado en esas plazas puntúa más y, además, les pagan más. Unos 12.000 euros más al año. Esas 37 plazas que se firmaron pueden ser una solución, si no tienes profesionales para ir cubriendo uno a uno todos los profesionales con este tipo de plazas que a un profesional le asignas un área en un tiempo determinado, a ese profesional con tiempo suficiente les puedes ir utilizando en función de las necesidades. Esta sería una fórmula. Al final es gestión.

También es cierto que no hemos podido estudiar esta falta de profesionales y del cierre de los 80 consultorios rurales nos hemos enterado por la prensa. No se han sentado con los sindicatos o con los representantes de los trabajadores a decir tenemos esta falta de profesionales, cómo lo vamos a hacer. Directamente nos hemos encontrado con el titular en los medios de comunicación.

El Servicio Cántabro de Salud puede mantener abiertos los consultorios sin médico, con enfermeras y/o celadores ¿están de acuerdo con esta medida?

Estamos de acuerdo en que se atienda a la población, somos un servicio público y hay que dar cobertura. Si no hay médicos y hay que arreglarse con enfermeras, tendrás que hacerlo. ¿De acuerdo? no, creemos que tiene que haber una fórmula para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo con que el SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) de Reinosa se quede descubierto y no haya médicos? o el SUAP de San Vicente. No estamos de acuerdo. Pero entre cerrar el centro o que esté atendido por un celador y una enfermera...

Además de los consultorios que cierran o que están sin médico también se incrementa la carga de trabajo del SUAP con la saturación turística. ¿Tienen capacidad suficiente para gestionarlo?

Cantabria es una zona turística. Antes era estacional, ahora ya es prácticamente todo el año poque viene gente todo el año, especialmente los fines de semana. Vemos el éxodo que hay desde la comunidad vecina, País Vasco, pero ahora vienen también de Madrid, de Castilla-León. Se está viendo el problema tanto en los SUAPs como en los hospitales. Cada vez se atiende a más gente y la plantilla sigue siendo la misma. Si que es cierto que cuando se anunció que iban a cerrar consultorios pedimos reunión a la gerencia de Atención Primaria y nos expuso el plan de contingencias del verano y dentro de ese plan -aparte de tener médicos contratados para cubrir los SUAPS- se contemplaban un par de médicos más para cubrir los meses de verano en los SUAPs que más demandas tienen. Ha habido años que no ha habido años ni para reforzar. Este año en Meruelo, San Vicente e incluso Torrelavega se ha hablado de que los refuerzos se van a poder cubrir. De todos modos, no solo es el verano. Ha habido momentos del año en el que no ha habido médico en el SUAP de Reinosa, ni en el de San Vicente, pero hay médicos para hacer absorciones de demanda de tres a cinco, para eso no hay problema. No puedo entender como pueden estar cubiertas al absorciones de demanda, cubiertos SUAPS que cubren áreas geográficas menos expuestas como el de Polanco y puedan estar Reinosa sin médico, que hace a veces de UVI móvil porque se dota a una ambulancia medicalizada de enfermera y médico de SUAP. Cómo puedes tener cubierto Polanco o Puente San Miguel,que están relativamente cerca de un hospital, y no Reinosa.

El consejero de Salud insiste en que las huelgas médicas están perjudicando las listas de espera de la sanidad pública, ¿favorece esta situación que se estén desviando más operaciones hacia la privada?

Las huelgas médicas son convocadas a nivel nacional, no están hechan contra la Consejería sino que está promovida a nacional por unos sindicatos concretos y por unas comunidades concretas que tienen cierto sesgo ideológico y se traslada a las autonomías. Como las competencias están transferidas y las reivindicaciones que se hacen son a nivel nacional, a lo mejor en Cantabria no tendrían sentido, por condiciones de trabajo. Hay comunidades que están mejor y otras peor. Para nosotros, la huelga médica no tiene sentido porque están pidiendo un estatuto propio que es anticonstitucional. Están pidiendo una cosa que no tiene solución. Muchas de las cosas que piden como jornadas de trabajo o cargas laborales son de competencia autonómica y eso se tiene que solucionar a nivel sectorial, en la mesa autonómica. Nosotros desde UGT hemos hecho una propuesta, que hemos entregado por escrito al Gobierno: hay que elaborar una mesa de cargas de trabajo para analizar jornadas de trabajo reales. Hay que abordar una mesa retributiva y estamos esperando. No se si esta huelga tiene mucho sentido, si se está utilizando o no con fines políticos.

Pero, ¿qué efectos está provocando la huelga en Cantabria?

Está haciendo mucho daño. También le hemos pedido a la Consejería de Salud y a las distintas gerencias que nos pasen los datos de las nóminas de los dias de huelga, de la agendas de los días de huelga, de cuántos profesionales están haciéndola, porque en prensa salen muchas cifras, unas dadas por Consejería, otras por sindicatos convocantes. No nos pasan los datos y es difícil comprobar si se han anulado tantas cirugías y tantas consultas médicas. Que nos den los datos. No tenemos nada y no nos lo facilitan. Está solicitados por escrito y seguimos esperando. También estamos esperando información de cargas de trabajo y retribuciones por categorías. Cuando tengamos las cifras desmigaremos si todo lo que está saliendo es verdad o es una forma de meter presión a nivel central, desviar a la privada, pero no facilitan ningún dato.

Los profesionales que están haciendo huelga ¿también renuncian a hacer las peonadas, las jornadas extraordinarias voluntarias para reducir las listas de espera?

No. Se está haciendo huelga por la mañana y peonadas el mismo día por la tarde. Están aumentando las listas de espera y por lo tanto las peonadas, y los días que se hace huelga se hacen peonadas. Lo sabemos porque nos lo cuentan los trabajadores y afiliados de los centros. También nos cuentan que hay muchos profesionales que no es que estén haciendo huelga, sino que se están 'descitando' agendas. Nos lo trasladan los propios profesionales, por eso hemos pedido los datos para ver si eso es cierto.

Ahora mismo hay un debate público sobre las bajas laborales. La patronal las considera abusivas, dice que han subido mucho, y se refieren a ellas como 'absentismo laboral', ¿qué opinan de ello desde el sindicato?

Las bajas laborales son un derecho y pasan a través de un filtro que es el médico de Atención Primaria o la mutua correspondiente. Entiendo que todas las bajas están bien tramitadas y bien controladas y son las que son. Hay profesionales que se encargan de ellas que tienen toda mi confianza, Lo que sí nos consta es que las revisiones de las bajas se están endureciendo por parte de la administración y de las mutuas. Hay trabajadores a los que se está obligando a reincorporarse al mercado laboral cuando a lo mejor no están para ello. Hay personas a las que está penalizando este movimiento de la patronal.

Se habla mucho de no saturar las urgencias de Valdecilla, pero cada vez es más difícil para los ciudadanos tener una cita médica en su centro de salud en un plazo razonable ¿consideran que la atención primaria está suficientemente dotada?

La primera parte de mi vida laboral ha sido en Atención Primaria, vengo una atención primaria antigua que no tiene nada que ver con la de ahora, todo era cita presencial, todo pasaba por el mostrador a primera hora. No había ni cita electrónica ni estos sistemas que se han instalado a partir del COVID. De lo que yo viví a lo que vivo ahora no tiene nada que ver. Yo viví salas de espera de 15, 20 personas esperando sentados fuera de la consulta. Yo tenía compañeros médicos que veían 60 ó 65 personas, íbamos corriendo desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. De tres a cinco se hacía continuada dentro de la jornada, ahora se remunera. Era intenso. De aquello a ahora ha cmabiado mucho. Las agendas están super cerradas, fueron pactos con las organizaciones sindicales. Creo que el tope son 35 consultas al día, de las cuales 25 son presenciales y el resto para hacer atención telefónica, trámites, papeles. Ahora está todo más ordenado y las salas de espera están vacías. ¿Se tarda tanto en conseguir cita? no creo que la Atención Primaria esté infradotada y los últimos años las mejoras retributivas se están yendo a Atención Primaria, mejoras en los SUAPS, en el 061, mejoras en las agendas, en absorciones de demanda, en la autocobertura... miras los acuerdos y todas las mejoras y partidas van para Atención Primaria. ¿Que la cita previa conlleva que crezca la demora? puede que si. La administración debería hacer un estudio y evaluar los cambios, las agendas, las cargas de trabajo y esta transición de cuándo los profesionales estaban desbordados y de la actualidad. Una vez valorado, decidir si se deben ampliar las agendas o instalar otro tipo de medidas como ampliar plantilla. Las cosas hay que evaluarlas y llegar a un equilibrio en el que los profesionales y la atención al usuario sea la adecuada. A nivel retributivo, por ejemplo, hay un desfase entre Atención Primaria y Atención Especializada. Por ejemplo, en enfermería de Atención Primaria se ganan entre 400 y 800 euros más que en el hospital.

Una de las cuestiones más relevantes en este último año ha sido la movilización a favor de la sanidad pública frente a convenios como el de Santa Clotilde, que desvía 256 millones de euros a la sanidad privada ¿les preocupa esta utilización de fórmulas público-privadas de gestión de la sanidad pública?

Nos preocupa mucho. Formamos parte de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria. Nos preocupa que derivemos hacia una sanidad como la madrileña que es la que se pone de ejemplo cada vez que se habla de este tipo de convenios. Cuando haces convenios con la privada hay menos transparencia, menos control económico. Esto es un muy fácil: el dinero es lo que es. Si a parte de dar un servicio tienes que llevarte un beneficio... está todo dicho. En Cantabria, a día de hoy no hay una red privada de sanidad como para llegar la nivel de la sanidad madrileña pero se está empezando a tejer. Un ejemplo es el convenio con Santa Clotilde ¿cómo puedes hipotecar 256 millones de un servicio con una empresa que lo que estás firmando a día de hoy no te lo puede ofrecer porque tiene que hacer obras, porque tiene que contratar profesionales, porque tiene que hacer una gestión tan importante para dar ese servicio que a día de hoy no existe? No puedes hipotecarte tanto años con una empresa que a día de hoy no puede ofrecerte esos servicios. La pregunta está clara; si en la pública no tenemos profesionales para dar esos servicios ¿de dónde va a sacar profesionales la sanidad privada? No hay cirujanos, no hay anestesistas ¿cómo lo van a hacer?

El promotor del 'resort' turístico de Villaverde de Pontones busca inversores para conseguir los 43 millones de euros que necesita para instalar en el municipio el complejo deportivo privado con piscina de olas de surf, alojamientos y restaurante que ha anunciado el Gobierno de Cantabria.

El socio único de Olucas Cantabria S.L., Ignacio Martínez-Peñalver, promotor privado del proyecto registrado en la administración autonómica para solicitar un PSIR urbanístico que recalifique el terreno rústico que ya ha adquirido casi en su totalidad, admite que el proyecto Olas Surf no dispone todavía del dinero que necesita para sustanciarse.

Los más de cuarenta millones de euros que se iban a invertir -según anunció la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga- no están sobre la mesa.

La iniciativa turístico-deportiva “se encuentra en fase avanzada de estructuración de la financiación necesaria para el desarrollo del proyecto”, figura en el documento al que ha tenido acceso elDiario.es. Olucas Cantabria, S.L.

Martínez- Peñalber reconoce en el mismo que se están manteniendo contactos “con inversores privados de primer nivel” con experiencia en el sector turístico, inmobiliario y de ocio “que han mostrado interés en participar en la financiación del proyecto”.

El esquema de financiación previsto contempla “una combinación equilibrada de recursos propios, inversión privada y financiación bancaria”, lo que permitirá -en su opinión- cubrir las necesidades de inversión estimadas para la ejecución del proyecto, situadas en el entorno de 43 millones de euros. Es decir, la idea es conseguir dinero “con financiación externa procedente de entidades financieras”.

Un complejo deportivo y turístico

El promotor califica la iniciativa urbanística como un “modelo de desarrollo” basado en la “diversificación de usos y actividades”, “con distintas líneas de negocio complementarias”: piscina, restaurantes, tienda para alquiler y venta de material deportivo, zona para impartir formación, recepción y vestuarios, zona de eventos, un “graderío natural”, aparcamiento público y privado, escenario al aire libre y alojamiento tipo 'glamping' (acampada con glamour) tipo bungalows. En el proyecto se definen como cabañas para entre dos y seis huéspedes.

El documento desvela que la instalación también aspira a albergar “concentraciones, entrenamientos y eventos de carácter nacional e internacional” y que sea una “infraestructura de referencia para la formación y tecnificación deportiva”.

Los promotores dicen que la piscina de surf servirá para descongestionar las playas de Cantabria, caracterizadas “por una creciente presión” sobre las olas, especialmente en temporada alta, y que además contribuirá a “desestacionalizar” la actividad con independencia de las condiciones meteorológicas y del estado del mar.

La presidenta del Gobierno de Cantabria desveló en mitad de un discurso de cuatro horas en el Parlamento de Cantabria que se iba a construir una piscina de olas en Villaverde de Pontones. Media hora antes de que comenzase el Debate de Orientación Política los promotores -Olucas Cantabria, S.L.- registraron oficialmente el proyecto. A las ocho y media de la mañana del mismo día que se anunció.

En realidad, los promotores han presentado prácticamente un PSIR, un Plan Singular de Interés Regional, punto por punto con los argumentos para que el Gobierno declare que el proyecto urbanístico pasa directamente a ser gestionado por el Ejecutivo autonómico porque no podría hacerse de acuerdo a la normativa municipal del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte. Así lo reconoce el documento al que ha tenido acceso elDiario.es.

Es decir, han solicitado un PSIR al Gobierno porque la normativa municipal impide ejecutar el proyecto. “Una vez analizada la normativa urbanística que se aplica sobre cada una de las parcelas del ámbito, en virtud del planeamiento municipal, no resulta posible la ejecución del proyecto” -reconoce el documento- porque choca con la Ley del Suelo que establece los usos admisibles en suelo rústico de protección ordinaria. Si se aprueba ese plan de urbanismo -avalado por el Ejecutivo- la competencia pasa a ser exclusivamente autonómica, no municipal, lo que facilitaría su autorización.

También advierte de que se está negociando la compra de las parcelas privadas que forman parte de la actuación pero, si no se consigue el promotor pedirá una Junta de Compensación, como establece la Ley del Suelo de Cantabria. Actualmente dispone del 70% del terreno a falta de adquirir dos parcelas de unos 700 y 500 metros cuadrados cada una.

La declaración de 'interés regional' debe estar avalada por la Consejería de Ordenación del Territorio. En cuanto a su tramitación, los ayuntamientos y administraciones que pudieran resultar afectadas por la iniciativa tienen un mes para informar al Gobierno cántabro. Además, los Proyectos Singulares de Interés Regional promovidos por iniciativa privada -como es este caso- deberán ser sometidos “a conocimiento y debate” del Pleno del Parlamento de Cantabria.

La ordenación urbanística del territorio municipal principalmente corresponde a los municipios y la intervención de la Administración Autonómica se justifica cuando haya intereses de carácter supramunicipal que, según los promotores, “concurren” en este plan.

El proyecto se define como “establecimiento deportivo y alojamiento hotelero” y explica claramente que “tiene por objeto justificar, definir y ordenar la implantación del proyecto denominado Olucas Surf Center [...] solicitando su tramitación como Proyecto Singular de Interés Regional”. De hecho, argumenta que cualquier propuesta de actuación presentada para obtener la formal declaración de interés regional debe justificar al menos 7 aspectos de distinta índole del proyecto. El documento aborda los siete, redactado como si fuese ya el propio PSIR.

También informa de que Olucas Cantabria, S. L. ha firmado acuerdos con Wavegarden, como socio tecnológico para construir la piscina de surf; el equipo de arquitectura MOAH y la agencia de comunicación Babalua “responsable de la conceptualización, posicionamiento y desarrollo de la estrategia de marca y comunicación”. En el equipo redactor aparece el nombre de Emilio Misas.

Se barajaron otras ubicaciones

En el documento registrado en el Gobierno se explica que inicialmente se barajaron otras ubicaciones. Todas ellas cercanas a ríos. La primera alternativa fue situarlo en Astillero, en el entorno de la ría de San Salvador, pero se desestimó porque es un terreno afectado por Costas y complicaba notablemente la autorización.

Después se valoraron otros dos terrenos en Entrambasaguas. Uno, próximo al arroyo Cubón, un suelo rústico de especial protección afectado por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y con elevado riesgo de inundación. Otro, un área excesivamente parcelado -que obligaba a multiplicas las compraventas- clasificado alta capacidad de uso agrario “que dificulta significativamente la justificación de su transformación en el marco de un Proyecto Singular de Interés Regional, al entrar en conflicto con los principios de protección”, estima el propio promotor.

Tras analizar estas alternativas se eligió Villaverde de Pontones por ser el terreno más favorable para conseguir un PSIR: suelo rústico de protección ordinaria que “no requiere una justificación excepcional” para recalificarlo. Está próxima a un nucleo urbano, tiene buena red de carreteras y no afecta a espacios naturales protegidos.

La Federación de Sanidad y Servicios sociosanitarios de CCOO en Cantabria ha denunciado que los pacientes que requieren pruebas diagnósticas, como ecografías o endoscopias, se van a derivar a Santa Clotilde.

Así lo ha señalado el sindicato este miércoles en nota de prensa, en la que ha censurado que “la gestión de Sierrallana-Tres Mares no solo no reduce las derivaciones a Torrelavega, sino que ahora derivan a Santander, a la sanidad privada”.

La responsable de Acción sindical, María José Barrio, ha lamentado que “si ya es complicado llegar hasta Sierrallana desde Campoo, ir a Santa Clotilde puede suponer una odisea”, ya que “desde Reinosa se tardarían dos horas y media, pero desde cualquier pueblo de la comarca no hay posibilidad de llegar, salvo en coche particular, y muchas personas mayores no tienen esa posibilidad”.

Barrio ha criticado que las endoscopias se perdieron “hace tiempo” y la Gerencia “no ha querido recuperarlas”. “Es más fácil pagar horas extraordinarias y que los pacientes campurrianos se desplacen hasta Torrelavega solo en horario de tarde”, ha apostillado.

En cuanto a las ecografías, ha señalado que se han estado realizando en el Tres Mares “de manera programada y rutinaria”, pero al “recortar” la frecuencia se ha generado una lista de “varios meses”, por lo que se está utilizando de “excusa” para que se deriven también.

“El único interés de la Consejería de Salud es que prospere el negocio que ha hecho con la sanidad privada. Ya tienen pacientes y usuarios de tercera categoría, como consideran a los de Campoo”, ha manifestado Barrio, que ha apuntado que “ni siquiera es Santa Clotilde quien realiza las pruebas radiológicas, es una empresa subcontratada, HT médica, gestionado por un fondo internacional como es Fremman Capital”.

Ha aseverado que “la atención primaria está bajo mínimos, con la mayoría de consultorios rurales sin atención médica, lo que agrava la situación en el centro de salud, que aún no ha recuperado la atención bucodental y que ahora, debido a una incidencia sobrevenida, está desviando pacientes de pediatría a otros centros de salud”.

Para la responsable de Acción sindical, “la falta de profesionales no debe ser excusa, hay que reorganizar y gestionar los recursos disponibles para evitar, en lo máximo posible, los desplazamientos”.

La situación en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo, dependiente del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), permanece en un punto crítico que las trabajadoras califican de insostenible.

Tras las movilizaciones iniciadas en mayo para denunciar la falta estructural de personal y la degradación de la calidad asistencial, la plantilla advierte que las medidas temporales adoptadas no solo son insuficientes, sino que la presión asistencial ha aumentado con nuevos ingresos mientras el personal facultativo se reduce a niveles alarmantes.

Ante este escenario se ha convocado una nueva concentración de protesta el próximo 3 de julio a las 14:30 horas a las puertas del centro en Laredo, tras la llevada a cabo en la sede del ICASS, el pasado 28 de mayo.

Según recuerda Anjana González, auxiliar de enfermería del centro, el ICASS ofreció inicialmente la contratación de nueve efectivos de “acúmulo de tareas” por seis meses, una medida que los trabajadores veían como un parche temporal urgente bajo la promesa de modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), inalterada desde 2019.

Sin embargo, tras la intervención del comité de empresa (UGT, CCOO, TU y SIEP), la cifra se redujo a ocho acúmulos. “El comité interpretó que buscábamos negociar, cuando solo queríamos exponer una problemática y obtener soluciones”, ha explicado González. Solo el sindicato CSIF, junto a SUC y otros sindicatos independientes, han sido los únicos en desmarcarse del acuerdo para apoyar las reivindicaciones directas de la plantilla.

Actualmente solo quedan cuatro meses para que estos contratos temporales finalicen, sin que se vislumbre una solución estructural.

Un solo enfermero para cuatro plantas

La denuncia más grave que surge en las últimas semanas es la drástica reducción del personal de enfermería. “La decisión del ICASS de dejar a un solo enfermero por turno para cubrir las necesidades de las cuatro plantas del centro está obligando a las auxiliares y sociosanitarios a asumir tareas para las que no están capacitadas ni supervisadas”, lamenta González.

“Estamos supliendo funciones que no nos competen, como la administración de medicación, lo que repercute directamente en la seguridad y salud de los residentes”, advierte.

Esta situación se suma a la carga de trabajo ya denunciada anteriormente, donde el personal apenas dispone de 10 minutos para el aseo de grandes dependientes o se ve obligado a reducir el tiempo de comida de los usuarios a 15 minutos, cuando algunos requerirían hasta 45 por problemas de disfagia (dificultad para tragar).

Más ingresos de pacientes

La portavoz denuncia que a pesar de las protestas y de la evidente falta de manos, la administración no ha paralizado la entrada de nuevos residentes. “Este último mes se han contabilizado cuatro nuevos ingresos”, lo que ha llevado a algunas plantas a completar su aforo máximo, según González.

Desde el ICASS se alega que el centro cumple con los ratios legales, pero los trabajadores rebaten este argumento señalando que no se tiene en cuenta el perfil del usuario actual. “Trabajamos con grandes dependientes que requieren atención en parejas”, explican, subrayando que la organización del trabajo es imposible cuando “se necesitan cinco manos y solo tienes dos”.

Un problema que afecta a toda la ciudadanía

Ante lo que consideran una “falta de respuesta” por parte del Gobierno de Cantabria, la plantilla ha iniciado una ronda de reuniones con diversas asociaciones y partidos políticos para dar voz a lo que califican como “la punta del iceberg” de un problema de gestión pública.

Las profesionales insisten en que no se detendrán hasta que se garantice una atención de calidad, advirtiendo que la degradación del servicio es una problemática que afecta a toda la ciudadanía y al futuro de la atención a la dependencia en la región.

Los trabajos para demoler la Residencia Cantabria ya han comenzado y se prolongarán previsiblemente hasta el próximo verano. Derribar el edificio costará 16 millones de euros y generará 4.000 toneladas de amianto, material cancerígeno, que se almacenarán en el vertedero de Castañeda. En julio comenzará a extraerse. Después, quedará una parcela lista para ser nuevamente urbanizada y sobre ella se edificará el futuro Parque de lnnovación en Salud.

El Gobierno de Cantabria ha tenido claro desde el principio que la gestión del parque estará en manos de una fundación privada -con participación institucional- y ahora tendrá que valorar las cinco propuestas que ya ha recibido para definir exactamente cómo se concretará el proyecto. Fruto de un concurso de ideas convocado para transformar este solar en un espacio destinado a investigación, innovación y emprendimiento en salud.

Así, contará con laboratorios biomédicos, un nuevo centro de investigación, biobanco, espacios de innovación y simulación, incubadora de empresas, áreas administrativas y zonas comunes, con otros servicios complementarios.

El Gobierno de Cantabria asegura que tiene “la hoja de ruta perfectamente definida” y que está “avanzando en el proyecto científico y la captación de alianzas estratégicas”. “Vamos a jugar en primera división”, ha proclamado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

Será un parque dedicado a la medicina personalizada, a la salud digital y a la inteligencia artificial, y a las nuevas tecnologías médicas y la biotecnología. “Pero hay algo más importante aún: ayudar a que surjan empresas, atraer proyectos, retener talento y generar retorno económico, científico y social”, ha considerado.

Desde el año pasado, ya funciona un Consejo Consultivo constituido por la bioquímica y exsecretaria de Estado de Investigación en el Gobierno de Rajoy, Carmen Vela; el investigador cántabro José Carlos Flórez, profesor de Medicina de Harvard y jefe de endocrinología del Hospital General Massachusetts. La neurobióloga Mara Dierssen; Ángel Font, director del área de salud de la Fundación La Caixa, y el físico del Instituto de Física de la Universidad de Cantabria, Alberto Ruiz Jimeno, entre otros. Un organigrama que “ya ha abordado los pilares clave del proyecto”, reconoció la presidenta en el Debate de Orientación Política del Parlamento de Cantabria.

El futuro Parque de la Salud ya tiene redactado un borrador de los estatutos de la fundación responsable de su gobernanza cuyo nombre se desconoce. La fórmula será privada con participación institucional del Gobierno de Cantabria -no se ha concretado de qué manera- “porque este es el modelo de gestión ágil y flexible que necesita el sector de la innovación y la investigación para atraer fondos y talento”, ha dicho la presidenta.

El Parque de Innovación en Salud es -en su opinión- el proyecto estratégico “más transformador impulsado en esta legislatura y la apuesta más ambiciosa que ha hecho nunca esta comunidad para convertir la salud, la ciencia y la innovación en motor de progreso compartido y bienestar”. Buruaga ha ofrecido también algunos cálculos sobre su rentabilidad: por cada euro invertido, el retorno económico será de 1,3 “pudiendo alcanzar los 5 euros a los diez años de desarrollo del proyecto”, ha estimado.

El proyecto va a crecer “alrededor del mayor activo sanitario de Cantabria”: la excelencia asistencial, docente e investigadora del hospital Valdecilla, “de nuestros prestigiosos institutos de investigación y nuestra gran Universidad, porque esto es generación y transferencia de conocimiento que ya está aquí entre nosotros y que vamos a hacer crecer”, ha explicado.

En este sentido, ha consdierado “muy importante entender el concepto, o mejor dicho, el cambio de paradigma, porque estamos hablando de la sanidad no solo como servicio público esencial, sino como motor de desarrollo regional y una fuente de actividad económica, empleo cualificado y alto valor añadido”.

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, considera que la piscina de olas privada anunciada por la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en el debate sobre el estado de la región “huele a pelotazo” y rechaza la tramitación de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) “a la carta” para permitir su desarrollo en suelo rústico, cuando el interés público de la actuación es “muy cuestionable”.

Fernández ha respondido de este modo a las declaraciones realizadas este lunes por el consejero de Fomento, Roberto Media, a quien el Grupo Regionalista pedirá explicaciones formales en el Parlamento sobre “el supuesto interés público de una piscina de olas en una comunidad autónoma donde lo que sobran son las playas con olas”.

Mientras Media anuncia el inicio de los trámites para permitir esta obra en una superficie de 100.000 metros cuadrados de suelo público el Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte), el Ayuntamiento “solo ha recibido una llamada telefónica y no tiene ni el proyecto ni datos que le permitan valorar la viabilidad de una obra de esta magnitud”, recuerda.

La candidata regionalista ha cuestionado por ello “las prisas” del Gobierno del PP para poner en marcha un PSIR que permita a la empresa promotora construir la piscina en suelo rústico, cuando la legislación urbanística protege este tipo de suelos “precisamente para evitar actuaciones improvisadas y desarrollos ajenos al interés general”.

En este sentido, ha recordado que el PSIR es “un instrumento excepcional” y debe reservarse para “actuaciones de verdadero interés general para los cántabros, no para promover proyectos privados de ocio, con un interés empresarial más que claro”.

Fernández Viaña también ha expresado dudas sobre la capacidad de la empresa promotora -Olucas Surf Center- para llevar adelante una inversión que el Ejecutivo cántabro cuantifica en 40 millones de euros, cuando la sociedad fue constituida hace un año con un capital de apenas 3.000 euros, que ha ampliado recientemente hasta los 88.000.

“Un modelo turístico agresivo con el territorio”

Además, ha indicado que este tipo de piscinas han sido rechazadas por los gobiernos de otras comunidades autónomas, entre las que ha mencionado a Asturias y Galicia, precisamente por las “dudas” sobre su contribución al interés general, su impacto sobre el medio ambiente y su alineación con “un modelo turístico agresivo con el territorio”.

Por todo ello, ha reclamado al Gobierno de Cantabria que dé a conocer “todos los datos relacionados con la demanda hídrica, la afección ambiental, la movilidad, el impacto paisajístico y las necesidades de infraestructuras antes de continuar con la tramitación”.

“Antes de hablar de miles de olas, de cientos de miles de visitantes o de viviendas sociales asociadas al proyecto, lo primero que tienen que hacer la presidenta y el consejero de Fomento es explicar con detalle qué pretenden hacer, por qué consideran que existe interés regional y qué impacto tendrá la obra sobre el suelo rústico de Ribamontán al Monte”, ha recalcado.

Finalmente, la candidata regionalista ha señalado que su partido está a favor de la inversión privada y de la creación de actividad económica, pero “todos los proyectos deben tramitarse con las mismas reglas, por los cauces urbanísticos ordinarios y con pleno respeto a la autonomía municipal, sin privilegios ni trajes a medida”.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado indefinido-fijo a un trabajador laboral del Gobierno regional que aprobó una oposición sin obtener plaza pero que encadenaba una sucesión de contratos temporales, hasta 17 en doce años.

El demandante, que ha venido prestando sus servicios para el Ejecutivo regional desde julio de 2010 en la categoría de empleado de servicios, llevó su situación ante la justicia, y la Sala de lo Social del TSJC ha decretado su fijeza en una sentencia contra la que cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina.

El demandante pasa de indefinido a fijo tras el fallo del alto tribunal cántabro, que ha estimado su recurso -y desestimado el de la Consejería de Presidencia- frente a una resolución previa del Juzgado de lo Social número 6, que lo declaró como indefinido no fijo.

Pero el TSJC ha aplicado una sentencia del Tribunal Supremo dictada en mayo de este año y ha declarado la fijeza al haber aprobado la oposición (aunque no obtuviera plaza) porque ha acreditado el cumplimiento de los principios de mérito, capacidad, igualdad y libre concurrencia de un proceso selectivo convocado para la cobertura de plazas fijas, requisitos necesarios para el acceso al empleo público.

“Cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado pero no haya obtenido plaza porque el número de aspirantes que ha demostrado su capacitación sea superior al número de plazas ofertadas, como es el caso, si posteriormente suscribe contratos de duración determinada y se produce un abuso en la temporalidad, no resulta 'contra legem' la conversión de ese contrato en una relación laboral fija”, sentencia el TSJC.

En este sentido, el tribunal resalta que la persona en cuestión “ha participado en una prueba de acceso al empleo público fijo conforme a los requisitos de igualdad, mérito y capacidad” y añade la “ulterior vulneración” de la cláusula que evidencia una “necesidad estructural de trabajadores” y “obliga a dicha conversión”.

El criterio previo de la Sala de lo Social era no reconocer como superado el proceso selectivo salvo para aquellos aspirantes que hubieran obtenido plaza independientemente de la nota que se sacara, ya que las bases no permiten declarar aprobados a más candidatos que plazas convocadas.

Pero con esta sentencia se deja atrás ese principio, de modo que quien esté en una situación de abuso en la temporalidad, obtenga una puntuación en un proceso selectivo para plazas fijas suficiente para entender superada la prueba, y haya acreditado mérito y capacidad para el acceso al empleo público, podrá ser declarado fijo.

Un paso importante para el personal laboral

El trabajador acudió a la vía judicial a través de los servicios jurídicos del sindicato TU, que viene denunciado de forma pública y reiterada el incumplimiento de las directrices europeas y el exceso de temporalidad en las administraciones públicas.

En un comunicado, en la formación se muestran “muy contentos” por esta sentencia, que aunque no es firme confían en que no sea recurrida en casación (la del TSJC se basa precisamente en una del TS).

Según han indicado, el fallo supone “un gran logro”, pues abre la puerta en Cantabria a la declaración de fijeza de situaciones “análogas” para el personal laboral de las administraciones públicas.

La nueva Ley de Control Ambiental, aprobada con los votos del PP y del PRC, es un texto remendado con las aportaciones de la oposición que no ha dejado satisfecho a nadie. Ni al resto de formaciones parlamentarias, ni a los colectivos ecologistas. Ni siquiera a sus propios impulsores: el Gobierno del Partido Popular ya ha anunciado que la cambiará si consigue la mayoría absoluta en las próximas elecciones. Únicamente el Partido Regionalista de Cantabria parece moderadamente satisfecho con el resultado final al haberse incluído algunas de sus enmiendas.

“Detrás de esta ley hay una visión de que cualquier control es un obstáculo”, denunció el diputado socialista Pablo Zuloaga. “Un retroceso ambiental que levanta la mano en muchos aspectos”, valora Floren Enríquez de Ecologistas en Acción.

El PSOE considera una línea roja la eliminación la Comisión de Comprobación Ambiental con la excusa de promover la agilidad de trámites y sospecha que podría ser una vía para facilitar el desarrollo eólico.

La crítica más dura, sin embargo, ha venido de Vox. Desde la tribuna parlamentaria el diputado Armando Blanco ha denunciado que facilita la instalación de macroproyectos eólicos. Sospecha que las prisas del Gobierno “por aprobar esta chapuza de ley” está directamente relacionada con este asunto.

En su opinión, lo que pretende el Partido Popular es permitir el fraccionamiento discrecional de los parques eólicos evitando las evaluaciones ambientales conjuntas.

Los proyectos de aerogeneradores con una potencia de 250 megavatios deben someterse a la legislación y controles nacionales, mientras que los inferiores de 50 megavatios se rigen por las normas autonómicas. Todos los aerogeneradores conectados entre sí con una evacuación única constituyen un único parque eólico. Esto se ha utilizado hasta ahora para frenar proyectos que tenían potencia inferior a 50 megavatios que pretendian en la práctica trocear macroparques eólicos “para evitar el control estatal mediante una práctica bastante irregular”, explica el diputado.

La delimitación de lo que es un parque eólico viene regulado en la disposición adicional primera de la Ley, cuyo texto definitivo con las enmiendas aprobadas todavía no ha sido publicado oficialmente. Ahí se dice que cuando un promotor utilice la misma infraestructura para evacuar la energía producida por diferentes instalaciones de generación, esas infraestructuras compartidas se considerarán parte de cada uno de los proyectos.

Así, el control de las autorizaciones estará en manos de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, no dependerá de la administración del Estado.

De esta manera, según Blanco, lo que pretende el Partido Popular es “indultar” todos los proyectos que hasta ahora se han paralizado porque, a pesar de que tramitaban la autorización como parques presuntamente independientes, compartían la red de evacuación “y a todas luces eran macroparques troceados de manera artificiosa”. “Pretende saltarse la legislación nacional de los macroparques eólicos y muy probablemente regularizar la situación de aquellos que actualmente están siendo investigados”, ha dicho en la tribuna parlamentaria.

El pasado 7 de marzo la Fiscalía de Cantabria abrió diligencias por las posibles irregularidades en la tramitación de varios parques eólicos ante la posible fragmentación ilegal de proyectos en el sur de la comunidad, que habrían sido divididos para eludir controles ambientales y estatales. La denuncia de Podemos señala las instalaciones de Cotío, Morosos, Henestrosas y Ornedo promovidos por la empresa Green Capital Power SL en Campoo de Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible.

“Pretenden generar impunidad a determinados proyectos eólicos”, denuncia Blanco. “Con esta medida van a disparar la contaminación paisajistica de nuestras montañas”, concluyó el representante de Vox.

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado que ya se está promoviendo un primer Plan Singular de Interés Regional (PSIR) en Castro Urdiales para construir 1.700 viviendas sobre suelo rústico, de las que solo la mitad serán de protección oficial, gracias a la modificación introducida en la ley del suelo que permite facilitar suelo público para usos privados. En este caso para que un promotor particular construya viviendas a precio de mercado. Será la primera vez que se active este mecanismo, aprobado ya con cierta polémica por el Gobierno del Partido Popular.

De hecho, el PRC denunció en enero de 2025 que el Gobierno de Buruaga (PP) pretendía modificar el artículo 20 de la Ley del Suelo, a través del proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, para incluir en los PSIR (Planes Singulares de Interés Regional) la posibilidad de construir vivienda libre. “Es el pelotazo de la legislatura”, declaró entonces el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando.

La medida fue finalmente aprobada y ahora Castro será el primer municipio en el que se aplique.  El propio consejero de Fomento, Roberto Media (PP) reconoció que la intención era construir viviendas en los PSIR, un 30% de ellas protegidas. “Como cualquier promotor que desarrolla vivienda en suelo comprado por su bolsillo”, denunció Hernando.

Según Buruaga, el proyecto urbanístico de Castro es “de marcado carácter social” porque permitirá construir 808 viviendas a precios asequibles y un “triple objetivo”.

El primero será la cesión llave en mano al Gobierno de 100 viviendas que se integrarán en el parque público regional; otro la obtención de suelo público por parte del Gobierno para construir en su ámbito alrededor de otras 400 viviendas de protección oficial y, en tercer lugar, lograr suelo urbanizado para construir un Hospital de Alta Resolución de Castro Urdiales, que el Ayuntamiento “no ha podido o no ha querido” facilitar al Ejecutivo“, ha reprochado la presidenta.

El hospital fue una de las promesas electorales de Buruaga que no se verá satisfecha a estas alturas de legislatura para la próxima cita con las urnas en mayo de 2027.

“En esta legislatura vamos a lanzar al mercado más vivienda pública y protegida que en toda la historia de la comunidad y ello sin necesidad de declarar zonas tensionadas”, ha subrayado.

550 viviendas públicas

Buruaga también ha anunciado que el segundo plan autonómico de vivienda que va a lanzar el Gobierno regional para lo que resta de legislatura permitirá generar, al menos, 550 viviendas públicas más, en todas las modalidades de compra y alquiler en casi una veintena de municipios.

Concretamente, por ahora serán 17 los municipios beneficiados: Santander, Los Corrales de Buelna, Laredo, San Vicente de la Barquera, Ribamontán al Mar, Meruelo, Guriezo, Valdáliga, Val de San Vicente, Ruiloba, Penagos, Cabuérniga, Los Tojos, Valdeolea, Valdeprado del Río, la Hermandad de Campoo de Suso o Pesquera.

El desarrollo de las viviendas se llevará a cabo, bien en terrenos del propio Gobierno regional o con acuerdos de cesión de suelo con los ayuntamientos y también a través de la compra de inmuebles de la SAREB, como en Los Corrales, donde ya ha adquirido 63 viviendas sin finalizar por 2,6 millones. “No regala nada. No hay manera. Venga a hacer caja a costa de la gente que no tiene vivienda en Cantabria”, ha afeado Buruaga.

También en relación a la vivienda, Buruaga ha anunciado que Cantabria va a recuperar la fórmula de viviendas a precio tasado para aumentar la oferta y ayudar a las clases medias que quedan fuera del régimen de vivienda protegida pero que tienen dificultades para acceder al mercado libre.

'Plan Cantabria Alquila'

Además, va a poner en marcha el nuevo 'Plan Cantabria Alquila', que permitirá captar voviendas para el alquiler mediante un sistema que garantice el pago íntegro de la renta al propietario, la devolución del inmueble en el mismo estado de conservación y la estabilidad y seguridad también para el inquilino.

Entre las “múltiples ventajas” de este programa, que sustituirá al “fracasado” Plan Moviva, figura el pago adelantado de la renta del primer año a los propietarios, el acceso a incentivos fiscales y ayudas y una duración mínima garantizada de siete años.

Permitirá que los inquilinos tengan una vivienda “a previo asequibles, con una renta estable y las subidas previamente pactadas”.

“Este modelo nos permitirá sacar vivienda vacía al mercado, ofreciendo garantías a los propietarios y asegurando un alquiler asequible al inquilino”, ha resumido.