El director de Cohorte Cantabria, Javier Crespo, ha dicho en el Parlamento de Cantabria que “la mayor parte de las personas no leen las condiciones que firman, es verdad, pero el consentimiento es totalmente lícito”, en relación a la cesión de los datos de los más de 50.000 voluntarios de Cohorte Cantabria a un laboratior de Estados Unidos para hacer estudios de genómica. “Está clarísimamente expresado que puede haber una cesión a terceras partes siempre con datos anonimizados”, ha insistido.

“Como voluntario de Cohorte que soy” -añadió su antecesor en el cargo, Marcos López Hoyos- “yo me siento totamente tranquilo y seguro de que esos datos van a estar siempre en el sistema público de Cantabria”. El actual director del Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (IDIVAL) afirmó también- en la comisión parlamentaria de sanidad- que en el consentimiento informado que dan los voluntarios “expresamente saben que vamos a hacer cesiones a terceros” porque es el objeto de una cohorte poblacional. La salvaguarda que hacen con ese consentimiento -precisó- es que sea “prácticamente imposible” la reidentificación de las personas.

Ambos expertos afirmaron que el responsable del control de los datos que se van a compartir con Regeneron son “Cantabria y el IDIVAL”. Lo harán a través de un convenio que está sin cerrar y que se enviará antes de la firma final al Comité de Investigación y Medicamentos de Cantabria. “El Comité si ha autorizado las muestras de Cohorte Cantabria y por lo tanto el consentimiento informado que firman los voluntarios sí ha pasado ese filtro”, desveló el responsable de Cohorte.

López Hoyos ha dicho que “esas cuestiones jurídicas” se someten a los servicios jurídicos propios y externos. “En eso nos ayuda gente experta en los procesos de pseudoanomización” de los datos que luego aplican “nuestros ingenieros informáticos”. Cantabria va a proporcionar al laboratorio privado una parte del ADN para el estudio genómico y una parte de plasma para el estudio proteómico. “Absolutamente nada más, y en las claúsulas se establece que una vez hecho el estudio se debe eliminar”, remachó.

A cambio, Regeneraton “nos devuelve el dato genómico, el análisis estadísticos y la interpretación, porque ellos tienen asociaciones clínicas y relaciones para poder comparar con otras poblaciones de otras etnias. Eso va a venir a nuestros servidores y lo vamos a conservar nosotros”, explicó el experto del IDIVAL. Lo que quiere el laboratorio es encontrar variables genéticas que le permitan desarrollar un medicamento, “pero nunca se va a permitir identificar directamente al voluntario con los datos y la titularidad de las muestras es de Cohorte o del Biobanco”.

Datos pseudoanonimizados

Ambos expertos han aludido al concepto de pseudoanonimización de los datos, que hasta ahora no se había utilizado. En su opinión tiene la ventaja para el voluntario de que se puede “revertir” ese proceso de anonimización por si se descubre alguna cuestión médica o clínica de la que hay que advertir a esa persona. Crespo explicó que sí no no se podría retrotraer nunca la información para el individuo. Así, el dato es posible revertirlo pero exclusivamente a través de dos profesionales expertos en datos de Cohorte Cantabria a través de un código específico.

Crespo concluyó sus respuestas a las preguntas en el Parlamento del portavoz regionalista Pedro Hernando, diciendo que en Cantabria “no somos capaces” de hacer los análisis genómicos “porque no tenemos expertos, no tenemos personas capacitadas para hacerlo ni para entender el resultado de esos datos. ”Cantabria tiene que hacer una inversión enorme en personas, no en tecnologías“, ha insistido pero con la cartera de sueldos que tiene el IDIVL ”es un centro de entrenamiento para jóvenes que después se van a otro sitio“. Por ello, concluyó, hay que aprovechar los convenios ”que nos permiten aprovechar la tecnología de otros lugares“.

“Yo sí he leido el convenio, lo tengo en la mano pero yo creo que en este momento es confidencial”, espetó el director de Cohorte Cantabria mostrando unos papeles ante la comisión parlamentaria.

Javier Crespo dijo que no tiene “la potestad de enseñar el convenio hasta que no esté cerrado” porque no es “el responsable único”.

El acuerdo al que se refiere es al que se firmará para ceder los datos de más de 50.000 cántabros apuntados al proyecto Cohorte Cantabria a un laboratorio farmacéutico estadounidense. Una decisión de la Consejería de Salud que ha despertado recelos y polémica. “Hasta que no se firma debe permanecer en el ámbito confidencial”, insistió ante los diputados del Parlamento de Cantabria.

“No tengo la capacidad técnica de saber si la normativa que se articula es adecuada o no, pero ha estado expuesto a la valoración de los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad durante años” y añadió que en su opinión es un acuerdo habitual entre las empresas y las instituciones públicas. “Desde hace cincuenta años” la empresa privada se beneficia de la investigación pública y muchas veces desarrolla fármacos “a un precio escandaloso”, reconoció.

El Gobierno de Cantabria ha enviado a los directores del Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (IDIVAL) y Cohorte Cantabria a responder a las preguntas de la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cantabria.

Ni el consejero de Salud, César Pascual, ni ningún cargo de su departamento han acudido a explicar los detalles de la cesión de datos de Cohorte a un laboratorio farmacéutico estadounidense y del futuro parque de la salud de colaboración público-privada que se ubicará sobre la antigua Residencia Cantabria.

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, se ha mostrado “decepcionado por el contenido” de las intervenciones de los expertos que, sobre algunas de las cuestiones, han dicho que no sabían nada de lo que se les preguntaba. En este sentido, ha echado en falta que no hubiesen acudido responsables directos de la Consejería.

Respecto al parque de la salud el director científico de IDIVAL, Marcos López Hoyos, ha dicho que no “es cosa” suya aunque participa “a nivel voluntario” en el órgano consultivo “en el que estamos trabajando en muchas ideas”, sin precisar más información. “No me corresponde a mi contestar algo en relación a estas dos preguntas”, ha concluido en su breve y primera intervención.

“Desconozco cualquier información con respecto al parque tecnológico” -reiteró ante la comisión parlamentaria el director de Cohorte, Javier Crespo- “no conozco nada, no he leído el proyecto y no estoy inmerso en ello, por tanto no puedo opinar”.

“Tenemos pendiente una reunión con el IFCA”

Por contra, si han respondido a algunas cuestiones relativas a la cesión de datos de los 50.000 voluntarios de Cohorte Cantabria al laboratorio farmacéutico estadouniden Regeneron Pharmaceuticals propiedad del mayor fondo de inversión mundial, Blackrock. “No se ha firmado, ni hay nada todavía pero se está trabajando”, ha admitido López Hoyos.

Pedro Hernando ha preguntado por qué se ha optado por llegar a un acuerdo con esta empresa y si no existe en el ámbito público ningún otro organismo para hacerlo. El portavoz regionalista ha recordado que el consejero César Pascual dijo que ninguna otra empresa tiene capacidad para hacer un análisis genómico de la magnitud que se pretende. “El Centro Nacional de Análisis Genómico con financiación pública europea y nacional está desarrollando proyectos de este tipo, también el Centro de Regulación Genómica (CRG) e incluso tenemos ordenadores cuánticos en Cantabria”, ha matizado.

El director del IDIVAL, López Hoyos, ha dicho que han intentado “ver si había capacidad” de hacerlo en otro centro en España como el Centro de Genómica de Galicia del doctor Carracedo “pero no tiene capacidad para 50.000 voluntarios en el que vamos a hacer todo un exoma y toda una proteómica”. “Eso es imposible”, ha apostillado.

El experto ha dicho que también han valorado “la vía publica” porque van a hablar con instituciones de Cantabria como el IFCA. “Tenemos pendiente una reunión, pero todavía no ha habido el momento porque no tenemos sus datos”, ha justificado. De momento -ha explicado- “nuestros servidores cogen perfectamente esta información” y cuando lleguen a otra fase “es cuando vamos a necesitar los ordenadores del IFCA y vamos a contar con ellos para conservar esos datos”.

Ahora bien, ha asegurado que la capacidad para hacer exómica y proteómica, analizar y exportar datos “y luego trocearlos para poder incorporarlos a nuestros ordenadores” no lo tiene “nadie en el mundo”. Ha añadido que sus colaboradores en Singapur y en China le dijeron “you are crazy, my friend. Pero, ¿estás loco? ¡quién te hace eso!”. “Pues lo hace Regeneron porque es la única empresa en el mundo con capacidad para manejar 50.000 voluntarios, no hay nadie en el sistema público ni en Europa”, ha asegurado.

Aunque, en paralelo, ha admitido que si se hiciese por el sistema público costaría entre 150 y 180 millones de euros, “un coste imposible de abordar por Cantabria y los primeros datos que podríamos tener serán dentro de tres años”.

Así, ha añadido que con este acuerdo “en septiembre podríamos tener los datos de genómica para empezar con el hub de innovación [el futuro parque de la salud de la Residencia Cantabria], si no Cohorte Cantabria se queda parada. Tenemos que ir deprisa”, ha insistido.

“Regeneron es la única empresa en el mundo capaz de hacer estos estudios, analizarlos, trocearlos y darnos la información para poder trabajarlo”, ha zanjado en su comparencia parlamentaria.

“Claro que ellos obtienen beneficios, es un negocio, pero igual que nosotros. Es un retorno científico disponer de esos datos y poder explotarlos al nivel de otras colaboraciones científicas con gente alrededor del mundo por eso no hay una compra de datos ni una compra ni venta de muestras en todo esto”, ha argumentado el director de Cohorte, Javier Crespo.

En este sentido, ha reconocido que “probablemente sí hay otras empresas en el mundo que puedan hacer parte del proyecto y después juntarlo, lo cual tiene algunos inconvenientes, pero la única empresa en el mundo capaz de hacer simutáneamente exoma, proteoma y análisis de datos es Regeneron”. “Prácticamente todas las cohortes poblaciones del mundo han utilizado Renegation como empresa de referencia”, ha asegurado.

El portavoz del PRC también ha preguntado por qué además de ceder gratis los datos Cantabria tiene que hacerse cargo de los gastos de los traslados de las muestas a Estados Unidos. “He leído parte del convenio y no existe una compensación dineraria”, ha confirmado el director de Cohorte.

Crespo ha añadido que ningún miembro del IDIVAL cobra ninguna cantidad de dinero por este acuerdo, que no está previsto que haya ningún tipo de compensación económica para ningún investigador y que ningún miembro del IDIVAL forma parte del consejo asesor de esta empresa“, aunque ésto -ha matizado- ”no lo podría asegurar con absoluta firmeza“.

El Gobierno del Partido Popular de Cantabria ha recibido la carta enviada por el Ministerio de Hacienda para retomar las negociaciones para la reforma del sistema de financiación autonómica. La comunicación, un modelo estandar para todas las comunidades autonómicas, propone inicia una ronda de reuniones bilaterales de manera inmediata, con el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027. No obstante, según fuentes del Ejecutivo cántabro, en la carta no se propone ninguna fecha para el encuentro.

La carta ha llegado a Cantabria al mismo tiempo que se conocía la noticia en los medios de comunicación por una nota de prensa del propio Ministerio, que anuncia que las negociaciones con las autonomías las llevará el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Las reuniones son un primer paso antes de que el modelo de financiación se oficialice llevándolo al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -donde están el Ministerio que dirige Arcadi España y las comunidades- y de ahí al Consejo de Ministros para iniciar la tramitación parlamentaria.

La negociación de la polémica financiación autonómica se paralizó hace unos meses coincidendo con el salidad del Ministerio de María Jesús Montero y las citas electorales en diferentes autonomías.

La propuesta del Gobierno mantiene el mismo sistema que se debatió hace meses. Un sistema de reparto que supone 20.975 millones de euros extra a los recursos de las autonomías, porque se cede un porcentaje mayor de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

El Gobierno de Cantabria de María José Sáenz de Buruaga acogió con notorio recelo esta propuesta económica. Tanto ella como el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, advirtieron de que con este nuevo modelo de financiación autonómica no se podrán sostener los servicios públicos. Aunque, en realidad Cantabria en principio seguiría ingresando los mismos fondos del Estado.

Hasta ahora el mayor temor para Cantabria era salir perjudicada del nuevo sistema de financiación, un debate pospuesto durante varias legislaturas. El resultado del modelo propuesto por el Ministerio ni quita ni pone un euro a la comunidad, frente a otras comunidades que salen favorecidas. Es decir, se queda como está, pero no recibe nada extra de los 21.000 millones de euros que se van a repartir el resto. Excepto 46 millones de euros para garantizar que no pierde nada de lo que ya percibe en la actualidad.

La autonomía ha disfrutado hasta ahora de una posición que le favorece negociada en la reforma del año 2008, cuando se estableció el criterio de la población ajustada para distribuir los recursos entre comunidades. Esto quiere decir que el dinero que se recibe no lo determina solo el número de habitantes, sino otras variables como lo que cuesta prestar esos servicios a una población muy dispersa, por ejemplo, en el medio rural. Es decir, se valoran cuestiones como la superficie, densidad de población, envejecimiento o la población en edad escolar.

No obstante, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, criticó en su día esta cláusula de 'statu quo' que -en su opinión- provoca que Cantabria no perciba “ningún millón” de los previstos, “en un ejercicio de insolidaridad al dar por bueno que estamos sobrefinanciados”. Lo cierto es que el nuevo modelo ha sido fuertemente criticado por todas las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular y en ese sentido Cantabria no ha sido una excepción.

Tras la comunicación oficial el Ministerio dará cita a cada comunidad y será el momento de que los consejeros de Hacienda negocien directamente con el Gobierno las mejores condiciones para su autonomía en estos encuentros bilaterales que todavía no tienen fecha fijada.

Tras desmarcarse del acuerdo alcanzado entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y los sindicatos mayoritarios, la situación en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo sigue igual. Las trabajadoras mantienen sus movilizaciones, con una nueva concentración este jueves a las 11.00 horas frente a la sede del ICASS en Santander, al considerar que las medidas acordadas no resuelven la falta estructural de personal.

Uno de los puntos de mayor controversia es el uso indebido de los ocho “acúmulos de tareas” (contrataciones temporales) concedidos al centro. Según denuncian representantes de los trabajadores, la dirección del CAD de Laredo está utilizando estos refuerzos para cubrir necesidades estructurales, como vacaciones y bajas laborales, en lugar de para aumentar los efectivos reales en las plantas.

“El acuerdo firmado por los cuatro sindicatos indicaba que no se podía hacer uso de esos acúmulos para cubrir bajas o vacaciones, pero es exactamente lo que se está haciendo”, explica Anjana González, trabajadora del centro asistenicial. Con cerca de 12 compañeras de baja, el personal denuncia que la carga de trabajo sigue siendo la misma y que los refuerzos no llegan a mejorar el ratio de atención al residente. Además, lamentan que los turnos de noche siguen sin reforzarse y que, en muchas ocasiones, trabajan incluso sin personal de enfermería.

El factor humano: 10 minutos para un aseo completo

La falta de “manos” tiene una consecuencia directa en la calidad asistencial. Los trabajadores describen una situación de “atropello” constante donde apenas disponen de 8 o 10 minutos para asear, duchar y vestir a cada usuario. “Casi no les das tiempo ni a abrir el ojo cuando ya les estás lavando a las 8 de la mañana; vas a una velocidad que no permite una manipulación adecuada”, lamenta González.

Esta urgencia horaria afecta especialmente a los residentes con necesidades específicas. Por ejemplo, una persona con disfagia (riesgo de atragantamiento) requeriría unos 45 minutos para comer con seguridad; sin embargo, debido a la falta de personal, los trabajadores se ven obligados a reducir drásticamente el tiempo de comida de otros usuarios a apenas 15 minutos para poder atender a todos los usuarios. Esta situación, según explica a eldiario.es, genera un “alto nivel de estrés y frustración” entre los empleados, quienes sienten que no pueden ofrecer la dignidad y el cuidado que los mayores merecen.

Un problema de “organización”, según el ICASS

Desde su primera movilización, el pasado 8 de mayo, González explica que la subdirectora de Dependencia del Gobierno de Cantabria, Patricia Blanco, ha visitado en un par de ocasiones el centro y ha sugerido que el problema es de “organización” y no de número de personal. La trabajadora se muestra tajante al respecto: “Me puedo organizar muy bien, pero si necesito cinco manos y solo tengo dos, voy a seguir necesitando tres más por muy bien que me organice”.

Asimismo, existe un profundo malestar con los sindicatos mayoritarios firmantes del pacto con el ICASS (UGT, CCOO, SIEP y TU). Desde el CAD de Laredo sostienen que ninguna de estas organizaciones ha acudido al centro para supervisar si se está cumpliendo lo firmado o para pedir explicaciones sobre el uso de los contratos de refuerzo.

Ante la inacción de la administración, las trabajadoras pretenden ser escuchadas directamente por los responsables del ICASS que se encuentren en su jornada laboral este jueves y desean, a su vez, poder contar con el apoyo de compañeras y compañeros de otros CAD como el Santander o Torrelavega que quieran solidarizarse con su situación. “No vamos con intención de negociar, porque no somos órgano negociador, pero queremos que se nos escuche y se dé una solución real”, concluyen, advirtiendo que no pararán hasta que se garantice una atención de calidad en el centro.

Queriendo plantear un sarcasmo, el consejero de Turismo de Cantabria, Luis Martínez Abad (PP) ha hecho este martes, en el Parlamento, un juego de palabras: ha dicho que no es lo mismo la DGT (Dirección General de Turismo) que la DGT (Dirección General de Tráfico). Ha hecho esta puntualización para justificar que el Gobierno de Cantabria carece de competencia legal para prohibir el estacionamiento de autocaravanas en las calles.

Su aclaración ha derivado del nuevo decreto de autocaravanas de Cantabria que es, según ha defendido, “fruto del diálogo” con las asociaciones empresariales del sector, porque ofrece, en su opinión, “seguridad jurídica” al flexibilizar trámites para facilitar la apertura de nuevas áreas y eliminar el límite máximo de plazas en las áreas de servicio para autocaravanas.

Así se ha manifestado este martes el consejero en el pleno parlamentario, después de que el PRC cuestionase un decreto que, desde el punto de vista regionalista, “empeora la situación” generada por la saturación de caravanas y la acampada ilegal. El PRC ha subrayado el “estrés brutal” que supone para lugares como el parque natural de Oyambre, porque el decreto permite pernoctar a cualquier vehículo de cuatro ruedas en la vía pública a menos que los ayuntamientos lo prohíban específicamente.

El diputado López Estrada ha criticado que el decreto no prohíba el estacionamiento o la pernocta en las calles. El consejero le ha respondido con humor que si esperaba que un decreto de Turismo regulase el tráfico, es que desconoce “qué DGT” tiene las competencias.

“He disfrutado mucho de las autocaravanas”, ha matizado el diputado Javier López Estrada (PRC), antes de advertir de que no por eso iba a dejar de ser crítico. Ha advertido de que el texto “no protege” al sector hotelero y de campings y al calificar de “competencia desleal” las autocaravanas aparcadas en primera línea de playa “sin apenas regulación”. El diputado del PRC ha cuestionado que el decreto supone una carga para los ayuntamientos porque el Gobierno autonómico “le pasa la responsabilidad una vez más” a los ayuntamientos, tanto regulatoria como sancionadora, en referencia a la regulación de viviendas de uso turístico.

Por su lado, el consejero de Turismo ha eludido hablar de parques naturales protegidos y se ha enfocado en el sector empresarial: “Somos, por una parte los empresarios y por otra parte las administraciones los que tenemos que ir adaptándonos a estos cambios”, ha dicho sobre el crecimiento de las autocaravanas.

Ha insistido en garantizar para “todo aquel empresario o institución pública que quiera operar ( lo haga en las mismas condiciones”. Y ha citado el caso del futuro párking de autocaravanas de Liérganes, que ya anunció en 2023, solo que ahora lo ha presentado como un proyecto que supondrá 700.000 euros del Plan de Sostenibilidad Turística.

El consejero de Vivienda, Roberto Media, ha reconocido en el Parlamento de Cantabria que las medidas antiocupación están marcadas por una ley nacional y por el código penal y que el Gobierno de Cantabria no puede regular los desalojos inmediatos, como inicialmente había anunciado el Gobierno del Partido Popular para frenar “la impunidad de los okupas”.

Media, en su comparecencia para debatir las enmiendas a la totalidad de PSOE y Vox contra la Ley de Vivienda, ha mantenido que va a generar más seguridad jurídica frente a la ocupación pero solo lo hará “asesorando a los afectados y tratando de dar más herramientas a los polícias locales”. “El desalojo final no es nuestra competencia”, ha subrayado.

La realidad de las limitaciones de la ley corrijen las declaraciones de la propia presidenta María José Sáenz de Buruaga que, cuando se presentó la Ley en septiembre, anunció que la norma establecía protocolos de desalojo inmediato, además de medidas de protección, asistencia gratuita a través de la Oficina de Apoyo a las Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación, y otras de protección social para dar soluciones habitacionales alternativas ante situaciones de vulnerabilidad real.

No obstante, el consejero ha insistido en que la Ley si tiene medidas para tratar de evitar la okupación ilegal, como protocolos de desalojo inmediato en caso de flagrante okupación, en cuyo caso la Policía Local podrá -en el ámbito de sus competencias- proceder al desalojo inmediato de los ocupantes, respetando los procedimientos legales.

También ha citado la oficina de apoyo a las víctimas de okupación, asistencia jurídica a propietarios afectados y medidas sociales para garantizar soluciones habitacionales alternativas cuando existan situaciones de vulnerabilidad real.

Para Vox, el enfoque sobre el problema de la 'okupación' es “blando e insuficiente”. En su opinión, la tibieza de la Ley elimina un principio fundamental “que es el derecho a la propiedad privada”. “No han sido capaces de introducir el concepto de propiedad privada en ninguno de los artículos de la Ley”, ha reprochado Armando Blanco. El diputado considera que se llega “al absurdo” de que solo garantiza ayudas a la 'okupación' a aquellos propietarios que entregan su vivienda al fondo del alquiler social. El resto, quien decida ofrecer su vivienda en el mercado libre de alquiler, “que sepa que esta Ley del Partido Popular no les protege”.

El consejero de Vivienda ha insistido en que “esta ley protege al propietario frente al okupa y no al revés”. Media sostiene que la ocupación “es un drama” que saca del mercado del alquiler multitud de viviendas.

En 2025 hubo 10 demandas en juzgados civiles por ocupaciones ilegales de vivienda en Cantabria. Casi la mitad que el año anterior. Pero en los últimos cinco años se ha doblado el número de denuncias: de 52 a 115 por allanamiento o usurpación de inmuebles. Normalmente se corresponden con pisos deteriorados, en desuso y sin acabar que llevan tiempo abandonados, según la Fiscalía de Cantabria.

El Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Gesvican, puso en marcha a principios de año un teléfono para denunciar casos de 'okupación' ilegal de viviendas donde se les proporciona asistencia jurídica gratuita y se les aconseja presentar una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Nacional.

Los vecinos de San Felices protestaron el otro día porque van a cerrar la única oficina de banco que queda en el pueblo. Quedará solo un cajero automático, que es una de las soluciones que había propuesto el Gobierno de Cantabria para luchar contra la pérdida de población. En 2021 se subvencionó con dos millones de euros la instalación de 38 cajeros en lugares como Bárcena de Pie de Concha, Luena, Tudanca, Aguayo o Los Tojos. Los vecinos los utilizan fundamentalmente para sacar dinero: hasta ahora más de 22 millones de euros en cerca de 144.000 operaciones.

En Cieza, temen que cierre la escuela de Villasuso porque el próximo otoño no quedarán suficientes niños. En otros municipios de la geografía cántabra se quejan de la falta de comunicaciones.

Luena, por ejemplo, es un pueblo sin autobús de ida y vuelta. Si tienes que ir al médico o hacer un trámite en Santander no queda más remedio que hacer noche en la capital, si solo se depende del transporte público. El problema es que hay rutas en zonas rurales con muy pocos viajeros que no son rentables, aunque deberían mantenerse para evitar la desigualdad de servicios a sus vecinos. Precisamente por eso el Gobierno de Cantabria, ahora que está tramitando las nuevas concesiones de rutas, ha planteado el transporte a demanda para las zonas más despobladas. Pero parece que estos cambios no entrarán en funcionamiento durante esta legislatura.

Toros, cajeros automáticos, rebaja de impuestos y alojamientos turísticos. Hasta ahora las recetas para combatir la despoblación en los pueblos de Cantabria no está dando frutos. A duras penas se mantiene el equilibrio entre los escasos empadronamientos que se suman al censo rural y los fallecimientos de una población envejecida que no tiene relevo.

El Gobierno de Cantabria tramita estos días la ley de medidas fiscales contra la despoblación, que ya se puede consultar para hacer alegaciones. Un texto que parte del documento que elaboró el anterior Ejecutivo PRC-PSOE, que no llegó a tramitarse. La receta que propone es fomentar el turismo rural y establecer rebajas fiscales, deducciones y 'medidas de discriminación positiva' en la contratación pública, en las subvenciones y en el acceso al empleo público, para incentivar que los médicos, por ejemplo, acepten trabajar en estos lugares, lo cual cada día es más complicado.

Habrá incentivos administrativos, profesionales o económicos y también se facilitará el teletrabajo a los empleados públicos que residan en estos municipios. También se reservará una parte del crédito de las ayudas para los vecinos de estas zonas y se incrementará -como mínimo- un 20% “la intensidad”, dice el texto legal, de la ayuda.

El apoyo a los bares-tienda es otra de las soluciones que contempla la ley porque estos establecimientos son un servicio indispensable y centro social de la vida de los pueblos. El texto normativo también habla de favorecer el relevo generacional en comercios o actividades rurales, impulsar mercados estacionales y promocionar y dar visibilidad comercial a productos autóctonos, artesanales, ecológicos y de proximidad.

El documento mezcla muchos aspectos como la sanidad, la educación o la lucha contra la soledad no deseada y plantea soluciones en turismo, cultura y seguridad, además de combatir la brecha digital. Es decir, conseguir una buena cobertura para que funcionen sin dificultad los móviles y se pueda teletrabajar desde cualquier punto de la geografía cántabra. Algo que ahora no es posible, hay zonas de sombra y con dificultades de señal.

La nueva Ley garantizará que habrá escuelas abiertas en los municipios en riesgo de despoblamiento, donde se impartirán clases de educación infantil y primaria, con un mínimo de tres alumnos.

Expropiaciones para proyectos se interés público

Entre otras cuestiones, el proyecto de ley autoriza al Gobierno de Cantabria a hacer expropiaciones forzosas para proyectos o actuaciones declarados de interés público y “que puedan generar una significativa incidencia positiva en los municipios en riesgo de despoblamiento”.

Además, en todas las contrataciones del sector público autonómico se favorecerán “las adquisiciones de proximidad”: la utilización de productos locales, ecológicos, frescos y de temporada. En los contratos menores se solicitará la participación “preferentemente” de las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y autónomos para ejecutar las prestaciones de que se trate en municipios en riesgo de despoblamiento.

De hecho, en la preparación de los contratos y en los términos legalmente establecidos se procurará adaptar el tamaño de los contratos y su duración para facilitar la participación de las pymes, micropymes y personas trabajadoras autónomas locales.

Otras propuestas, para fijar población, sons recuperar antiguos oficios vinculados a la artesanía y a las artes, favorecer las oportunidades de empleo y asentamiento en el medio rural de personas jóvenes extutelados, dar servicios de cuidado para niños de hasta 3 años e impulsar lo que denominan 'casas amigas', como lugares para cuidar esos menores donde no exista infraestructura pública.

La futura ley quiere 'empoderar' a las personas mayores para garantizar “un envejecimiento activo” -y a la vez crear una red de voluntarios que las acompañen- y propone utilizar el helicóptero para emergencias sanitarias.

Otra de las cuestiones es que se apuesta por modelos de viviendas colaborativas para personas mayores, con discapacidad, necesidades especiales o en situación de soledad no deseada. Vivienda compartida o vivienda con apoyos e iniciativas compatibles con el cohousing, como modelos de comunidades autogestionadas, también se impulsan en esta nueva normativa.

81 pueblos con menos de diez habitantes

Actualmente hay 41 municipios en riesgo de despoblación de los 102 que tiene Cantabria. 81 pueblos de Cantabria tienen menos de diez habitantes. En seis pueblos solo está empadronada una persona. En otros, ya ha desaparecido hace años todo rastro humano. Porcieda lleva más de veinte años deshabitado y es un pueblo en venta que periódicamente es noticia en los medios. Sigue sin comprador. No es el único pueblo fantasma. Moroso, en Valderredible. Montabliz, en Bárcena de Pié de Concha. Beares y Enterría, en Camaleño. Vegaescobosa, en Luena. En todos ellos habita el silencio y el olvido.

Subvenciones taurinas para estimular empadronamientos

De todas las iniciativas que se ensayan contra la despoblación tal vez la más extravagante y controvertida es subvencionar corridas de toros en pueblos. La polémica medida del Gobierno autonómico del Partido Popular lleva tres años desarrollándose sin éxito: se han gastado 132.000 euros para conseguir cuatro nuevos habitantes en los cinco municipios rurales de Cantabria beneficiados con ayudas publicas para eventos taurinos: Rasines, Pesaguero, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y Tudanca. Es decir, cada empadronamiento cuesta 33.000 euros de dinero público.

En paralelo, el Ejecutivo cántabro ha apostado por facilitar la proliferación de alojamientos turísticos en los suelos rústicos, donde se están autorizando viviendas y apartamentos turísticos en suelo no urbanizable. La medida se justificó inicialmente para que los hijos pudiesen construirse una vivienda en el terreno de sus padres y quedarse a vivir en el pueblo. Aunque es común a todos los municipios, no solo como excepcionalidad en ayuntamientos despoblados. En cualquier caso, la normativa no permite específicamente el uso turístico del suelo rústico, pero se autoriza si el propietario lo registra como un único inmueble que integra diferentes apartamentos o alojamientos, por lo que en la práctica lo consiente. También en municipios sin problemas de despoblación.

Un texto legal contra la diáspora rural

Las medidas que propone el Gobierno en la futura Ley para hacer que los pueblos dejen de perder habitantes supone que todas las administraciones se sumen a la estrategia y que integren lo que denominan 'perspectiva demográfica' en todas sus decisiones y acciones. La idea es no solo atraer nuevos habitantes sino, en paralelo, “lograr que permanezcan quienes ya viven en el medio rural”, explica el Gobierno cántabro.

La normativa obliga a que el Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria presente un informe anual sobre la situación demográfica y territorial de Cantabria, que analizará las medidas adoptadas. Ese informe se aprobará en el Consejo de Gobierno y después se enviará al Parlamento de Cantabria.

Los municipios se clasificarán en tres categorías: riesgo de despoblamiento, riesgo grave de despoblamiento y municipios con tratamiento especial y diferenciado, aquellos que deben ser protegidos por su ruralidad, el envejecimiento de su población o su emplazamiento geográfico de alta montaña. Los requisitos concretos de estas categorías -que se revisarán cada dos años- los decidirá el Consejo de Gobierno.

El director de la Escuela Técnica Superior de Náutica de la Universidad de Cantabria (UC), Andrés Ortega, ha propuesto mejoras relacionadas con la sostenibilidad, la accesibilidad, el medio ambiente y la digitalización al proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de Cantabria, que se encuentra en tramitación en el Parlamento de Cantabria.

Para Ortega Piris, que realiza estas aportaciones como director de la Escuela y doctor en Marina Civil, el proyecto de Ley es “sólido”, pero la incorporación de estas competencias permitiría adaptar el transporte marítimo cántabro a los retos ambientales actuales; mejorar la experiencia y seguridad de los usuarios; ordenar de forma más eficiente la actividad portuaria; y proteger el patrimonio natural y cultural de la comunidad autónoma.

Según ha informado la UC, en materia de sostenibilidad y transición energética marítima ha considerado que se deben “establecer requisitos mínimos de eficiencia energética”; incentivar el uso de embarcaciones eléctricas híbridas o de bajas emisiones; proteger el patrimonio natural cántabro mediante la declaración de zonas de navegación limitada; regular las actividades vinculadas al transporte, tomando como ejemplo las propuestas puestas en marcha por otras comunidades autónomas, y delimitar las zonas de fondeo para las embarcaciones de recreo.

“Con estas propuestas se pretende alinear la ley con la conservación del entorno y el turismo sostenible”, ha explicado.

En cuanto a la accesibilidad, ha hecho hincapié en lo “poco” que profundiza el proyecto de ley en esta materia: “reconoce el derecho a la accesibilidad como un derecho de los usuarios, pero no define ni los estándares ni los mecanismos de control de esta accesibilidad”, ha indicado.

Por ello, ha recomendado que se establezcan unos requisitos técnicos mínimos, tanto para embarcaciones como para puntos de embarque, además de protocolos de asistencia para personas con movilidad reducida.

Además, para el director de la ETS de Náutica, la digitalización “es la clave” en la gestión moderna del transporte marítimo y ya se encuentra implementada tanto en el transporte pasajeros como de mercancías. Por ello, ha propuesto mejoras como un billete electrónico y sistemas de reserva digitales para mejorar la atención en casos de emergencias, o una regulación específica de transporte turístico para salvaguardar zonas de alto valor medio ambiental, como las bahías de Santoña, Laredo o Santander.

También, ha apuntado otras mejoras como la regulación del impacto acústico y visual de embarcaciones o la ordenación de los puntos de atraque y la capacidad portuaria.

“Todas ellas permitirían adaptar el transporte marítimo cántabro a los retos ambientales actuales, mejorar la experiencia y la seguridad de los usuarios, ordenar de forma más eficiente la actividad portuaria y proteger el patrimonio natural y cultural de Cantabria”, ha concluido.

El director de la ETS de Náutica ha realizado todas estas aportaciones durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Parlamento de Cantabria el 24 de marzo. Una comparecencia que aprovechó para cursar invitación a sus miembros a visitar las instalaciones de la Escuela.

Una visita que tuvo lugar este jueves y a la que han acudido su presidente, Alejandro Liz, y los miembros de la misma Armando Blanco, Rafael de la Gándara y Jorge Gutiérrez.

Durante la visita se ha realizado un recorrido por las distintas instalaciones de la Escuela haciendo especial hincapié en los simuladores de última generación de navegación, comunicaciones y controles de máquinas, así como en los laboratorios de los distintos grupos de investigación que en ella trabajan.

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha rechazado la propuesta del PSOE de que los médicos de los hospitales cántabros trabajen a turnos, como el resto del personal sanitario, para contribuir a reducir las listas de espera y evitar el elevado coste económico -65 millones de euros- de las 'peonadas', como se denomina a las horas extras que hacen por las tardes, y las derivaciones a centros privados. “Que operan en turnos de mañana y tarde”, ha puntualizado el diputado Rául Pesquera.

Ningún partido político ha apoyado la iniciativa que pedía al Gobierno de Cantabria “estudiar y negociar” en mesa sectorial este sistema de turnos que modifica los actuales horarios laborales restringidos a las mañanas. El PSOE considera que es momento de reflexionar por qué los médicos no quieren hacer guardias, como se reclama en las últimas huelgas médicas. “Hay otras alternativas”- subraya Pesquera- “y la gente quiere trabajar 35 horas semanales como el resto de las categorías porque los únicos que hacen guardias son los médicos”.

El diputado dice que los hospitales tienen que funcionar las 24 horas del día y solo hay dos opciones: “o hacemos guardias, o hacemos turnos, que es mucho más eficiente”. “Con el dinero que nos hemos gastado en ese plan de reducción de listas de espera y el que nos gastamos en las guardias, negocien los turnos”, ha planteado al Gobierno de Partido Popular. “Esto es competencia de la comunidad autónoma, no del Estatuto Marco”, ha apostillado.

En el debate parlamentario de esta propuesta, rechazada por la Cámara, el socialista Pesquera ha denunciado que Cantabria es la comunidad “con peores listas de espera de España” y ha abogado por “buscar soluciones”, “gestionar” la sanidad pública y no mandar a los pacientes a “hacerse pruebas a la privada”. El diputado considera que el plan de 65 millones de euros “ha fracasado. Somos los últimos”. “No nos resignamos a invertir más en la sanidad privada, que es de lo que va su política”, ha reprochado al consejero de Salud y tampoco se resignan a decir que “es imposible”.

Pesquera ha criticado que Cantabria vaya a destinar 256 millones de euros para que la sanidad privada abra más quirófanos “y así pueda operar más”. Frente a eso, los socialistas creen que la sanidad pública “hay que gestionarla, no dejarla al tran-tran para ir a la privada”.

De hecho, el diputado ha criticado la reciente externalización en un millón de euros las anatomías patológicas del Hospital de Laredo, “una nueva licitación para sacar fuera a que se informen”. Pesquera ha recordado que hace poco se decía que había mucha lista de espera y ahora lo externalizan: “es la solución que ustedes buscan sistemáticamente”.

Respuesta de los grupos parlamentarios

En la misma línea, desde el PRC la diputada Paula Fernández ha sostenido que las listas de espera en Cantabria son “un problema grave” del sistema de salud público y ha apostado por buscar nuevos modelos organizativos.

Sin embargo, el 'popular' Miguel Ángel Vargas ha defendido el plan de listas de espera y ha subrayado que “antes no hubo ninguna medida” por parte de anteriores gobiernos. Además, ha dicho que el sistema de turnos “es absolutamente inviable, ya se lo digo yo”.

Mientras, Vox cree que la propuesta de implantar un sistema obligatorio de turnos de tarde “no es más que una trampa retorcida” y se ha preguntado “de dónde se va a sacar el personal para duplicar los turnos adicionales”.

Los pacientes que necesiten acudir a Urgencias del Hospital Valdecilla desde la próxima semana tendrán que explicar sus síntomas a un asistente virtual a través de mensajes SMS por su teléfono móvil. El sistema se extenderá a todos los hospitales y centros de salud de Cantabria.

En paralelo, ya se está probando el sistema en pacientes de diabetes y depresión a quienes -antes de la consulta- una inteligencia artificial propone “un plan de acción” que el médico “puede validar, ajustar o desestimar según su criterio clínico”, explica el Gobierno de Cantabria.

El Ejecutivo dice que este asistente tecnológico reducirá las esperas en Urgencias, un servicio saturado que recibe cien pacientes más al día que antes de la pandemia. Lo que antes era un pico extraordinario hoy se ha convertido en una cifra cotidiana: todos los días hay más de 400 personas y en las jornadas más complicadas se han sobrepasado los 500 pacientes. A pesar de ello, sigue habiendo el mismo número de sanitarios y el mismo espacio físico, lo que inevitablemente deriva en una sobrecarga de trabajo, saturación de las instalaciones y demoras en la atención.

La Consejería de Salud ya ha ensayado esta iniciativa -bautizada como 'circuito digital'- que entra en funcionamiento en siete días. Cuando un paciente entra en Urgencias se registrará en la ventanilla, como es habitual, y después recibirá dos mensajes SMS a su móvil o al de su acompañante: uno tras la admisión y otro tras el triaje.

En el primer mensaje tendrá que responder un cuestionario con información sobre su historia clínica. Es decir, aquello que normalmente pregunta el médico al paciente cuando entra ya en un box. El paciente tiene que explicar el motivo de la consulta, episodios previos, último ingreso hospitalario o la medicación que toma, “lo que permite a los profesionales detectar señales de alarma y determinar con mayor profundidad lo que le ocurre al paciente”, explica la Consejería de Salud en una nota de prensa difundida a los medios de comunicación.

Además, desde el registro del paciente en admisión entra en acción un ‘agente de acompañamiento digital’. Otro asistente virtual telefónico -también a través de mensajes SMS- “con enlace a un visor-web en el móvil” que va informando al paciente de las pruebas que le han hecho, de su situación clínica o de dónde se encuentra el propio paciente. Según la Consejería así se podrá conocer en todo momento cuál es “la situación física y clínica”.

El Gobierno de Cantabria dice que este 'agente de acompañamiento' sirve para “restar incertidumbre, mejorar el estado de ánimo, generar empatía y acompañamiento, y persigue, sobre todo, reducir la angustia y aportar tranquilidad en un área tan sensible como las urgencias”. Durante las pruebas piloto desde el Servicio de Urgencias -dice la nota oficial- apuntan los beneficios de este método para agilizar las consultas y reducir tiempos de espera “que se convierten en proactivos, muy útiles para los profesionales”, recalcan.

El 'circuito digital' -aclaran- no sustituye la valoración profesional ni modifica los criterios de atención. “Complementa el proceso asistencial, con información aportada por el propio paciente, que hace la estancia en urgencias más segura”, subraya el comunicado oficial. “Optimizar el seguimiento y atención a los pacientes, o lo que es lo mismo, tratar de acortar y mejorar la seguridad durante los tiempos de atención en los casos de mayor espera, es el objetivo del nuevo circuito digital implantado en Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla”, concluyen desde el Gobierno.

Urgencias, diabetes y depresión

Esta iniciativa frma parte del Plan de Atención Digital Personalizada del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que se desplegará en todos los hospitales públicos y centros de salud de Cantabria. En las unidades de Endocrinología y Salud Mental se encuentra en fase de prueba un sistema similar para el seguimiento de pacientes con diabetes y depresión que reciben, también vía SMS, cuestionarios clínicos para informar sobre su evolución, síntomas, adherencia al tratamiento y otros aspectos relevantes antes de la valoración sanitaria.

Según la Consejería de Salud de César Pascual, el proyecto “está permitiendo” reducir la variabilidad en la práctica clínica, reforzar la continuidad asistencial entre niveles y mejorar la comunicación entre profesionales y pacientes, contribuyendo a una atención más segura, eficiente y de mayor calidad“.

En el caso de la diabetes, se recoge información antes de la consulta para proponer un plan de acción que el profesional sanitario puede validar, ajustar o desestimar según su criterio clínico.

En el caso de los pacientes con depresión, el seguimiento se realiza mediante cuestionarios periódicos y comunicaciones previas a la valoración clínica, para detectar cambios relevantes y actuar con mayor rapidez si se identifican señales de empeoramiento.

Mensajes oficiales y seguros

El SCS recuerda que estos SMS son comunicaciones oficiales y que no solicitan datos bancarios ni pagos. En caso de duda sobre el mensaje recibido, las personas usuarias pueden contrastar la información a través de los canales oficiales del SCS o de su centro sanitario de referencia.

El SCS da así un paso más en la incorporación de herramientas digitales para atender a los pacientes “con el uso inteligente de la tecnología”. Una solución tecnológica “que funciona como un GPS clínico”, que se integra con las historias clínicas electrónicas del SCS y permite un seguimiento remoto, continuo y seguro de los pacientes, “anticipando posibles descompensaciones clínicas y facilitando intervenciones tempranas por parte del equipo médico”, explica la Consejería de Salud.

El Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cantabria ha propuesto “estudiar” y “negociar” la implantación de un sistema de turnos para los profesionales de la medicina para reforzar el sistema sanitario público, mejorar la eficiencia de los hospitales, facilitar la accesibilidad a los ciudadanos que de esta manera podrían ser atendidos en franjas horarias más amplias, y eliminar el problema de las listas de espera.

La iniciativa se ha registrado como una moción que el Parlamento debatirá en una próxima sesión. Los socialistas plantean remodelar los horarios y pautas de trabajo de los médicos pero negociando las nuevas condiciones laborales “para que no existan pérdidas retributivas”. De hecho, la propuesta es destinar el dinero que se destina actualmente a pagar las guardias y los 65 millones de euros destinados al plan de choque de listas de espera para esa negociación de las nuevas condiciones retributivas.

Los 65 millones de euros para reducir las listas de espera en el Servicio Cántabro de Salud se utilizan fundamentalmente para financiar derivaciones de pacientes a hospitales privados y para costear las jornadas laborales adicionales de los profesionales sanitarios en lo que se conoce como 'peonadas'. Es decir, actividad sanitaria que se hace fuera del horario laboral para aligerar las listas de espera y que se paga como horas extras.

Por último, la petición de los socialistas solicita además que se amplie la plantilla de profesionales sanitarios todo lo que resulta necesario para incorporar esta actividad adicional.

La iniciativa del PSOE coincide con el anuncio del consejero de Salud, César Pascual, de la revisión del plan de choque contra las listas de espera porque las huelgas médicas han interferido en las previsiones. Aún así, Pascual admitió hace dos días en el Parlamento que ha descendido el número de pacientes que esperan una intervención quirúrgica en Cantabria, concretamente ahora había 580 personas menos pendientes de operarse.

En ese debate parlamentario, el diputado socialista Raúl Pesquera consideró que no es bueno apostar por las peonadas en lugar de establecer un sistema de turnos de trabajo que también afecte a los médicos, porque así se abrirían más quirófanos por las tardes.

El juez de la plaza número 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander ha anulado la provisión de 19 puestos de trabajo en el Gobierno de Cantabria que se cubrieron a través de la figura de comisión de servicio extraordinaria.

El magistrado ha estimado parcialmente un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Consejería de Presidencia por el Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP), al que acepta su petición de anular la provisión de estos puestos, pero no su segunda pretensión, consistente en que se condene a la Administración demandada a la cobertura reglamentaria de los referidos puestos mediante los instrumentos de provisión con arreglo a derecho.

Dada la estimación parcial, no impone las costas del procedimiento a ninguna de las partes, de manera que cada una deberá abonar las causadas a su instancia y las comunes por mitad, tal y como recoge la sentencia fechada el 11 de mayo y que ha dado a conocer SIEP.

El juez solo acepta una parte del recurso porque entiende que la pretensión del sindicato de que las plazas se cubran reglamentariamente “carece de objeto en este momento”, pues esos puestos de trabajo que se tramitaron por medio de comisión de servicio extraordinaria ya no se encuentran cubiertos de este modo, al haberse convocado todos ellos (menos uno, en el que se ha reincorporado su titular) para su cobertura por medio de comisión ordinaria.

Añade que no se pueden ofertar a concurso de méritos al contar la mayoría de ellos con un titular y otros estar sometidos a un proceso de modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), “lo que impide su provisión por el sistema que parece interesar la parte demandante”.

Por el contrario, considera que lo que no ha probado la Consejería es que cada uno de los motivos indicados en las memorias justificativas de la decisión de cubrir los puestos de trabajo mediante comisiones de servicio extraordinarias no pudieran solventarse con comisiones ordinarias.

Además, “no se justifica por la Administración demandada” que simultáneamente a la provisión de las plazas por este mecanismo excepcional se iniciara la provisión de los puestos de trabajo con publicidad. De este modo, sostiene que la convocatoria de las comisiones de servicio extraordinarias “no cumple las exigencias” que marca la normativa que las regula.

SIEP ha valorado en un comunicado “muy positivamente” esta sentencia y que “marque límites claros al uso abusivo de mecanismos excepcionales de provisión de puestos”, ya que considera que esta figura se utiliza “sin motivación ni justificación suficiente, sin publicidad, impidiendo el acceso a todos los funcionarios, quebrando los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad”.

“No se pueden convertir procedimientos excepcionales en una fórmula ordinaria de cobertura administrativa, cuyas prácticas irregulares tienen consecuencias negativas en la carrera administrativa de los funcionarios”, ha sentenciado.

Finalmente, ha pedido a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ponga fin a “esta huida hacia adelante que vienen practicando desde el inicio de la legislatura, que cumplan las sentencias y ajusten sus actuaciones administrativas a la legalidad vigente”.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) espera aprobar este año la planificación energética imprescindible para el proyecto del centro de datos Altamira, según ha reiterado en varias ocasiones el consejero de Empleo e Industria de Cantabria, Eduardo Arasti (PP). El proyecto precisa una potencia de 500 megawatios de los 3.800 contemplados para centros de datos de toda España, que se concederán en el marco del plan para el periodo 2025-2030 y que está en la actualidad en tramitación.

El departamento que dirige Sara Aagesen estudia las 1.200 alegaciones presentadas. Otra cosa es -como precisan las fuentes consultadas por Europa Press - que tras las alegaciones se incluya la línea eléctrica que precisa el proyecto Altamira: “La propuesta a información pública cambia y no es bueno dar nada por seguro”.

Arasti aseguró la semana pasada que este centro de datos, que prevé una inversión privada de 3.600 millones de euros, “solo” necesita la autorización del MITECO para conectarse a la red eléctrica. Si la obtiene, dijo, el proyecto se hará “con rapidez”, pero si no, la actuación se irá a “otro país”, alertó. Sin embargo, todavía falta también por recibir el preceptivo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para remitir después la propuesta a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso para su aprobación y, posteriormente, ha de elevarse al Consejo de Ministros para que entre en vigor.

Según fuentes del MITECO, “faltan meses” de tramitación y hay plazos que “no dependen” del MITECO, como los informes citados, aunque desde el MITECO esperan que la planificación energética esté aprobada este año.

Según defendió el consejero en una rueda de prensa, en la que negó “engaño” del Gobierno cántabro con este proyecto ante las críticas de la oposición y más en concreto del PRC, se trata de un proyecto “muy maduro”, ya que incluso los promotores han comprado por 9,5 millones de euros los terrenos en Piélagos y Villaescusa para la primera fase de desarrollo del campus tecnológico incluso sin tener esa autorización administrativa.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde en su reunión de este jueves al acuerdo alcanzado entre la Consejería de Educación y los sindicatos docentes para la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado.

El acuerdo, firmado el 19 de marzo tras año y medio de negociaciones, contempla la recuperación y actualización de mejoras salariales pendientes desde el año 2008, concretamente el tramo retributivo cuya aplicación quedó suspendida como consecuencia de las medidas adoptadas durante la crisis económica.

El Gobierno de Cantabria procede ahora a restablecer este incremento actualizado conforme al IPC, lo que se traduce en una mejora consolidada de las retribuciones del profesorado de 60,23 euros mensuales. Esta medida tendrá efectos retroactivos desde septiembre de 2025 y se abonará a partir de julio de 2026.

A esto se suma un calendario progresivo de incrementos retributivos adicionales hasta el año 2029, que permitirá alcanzar una mejora total consolidada de 180,23 euros mensuales, con carácter lineal y general para todos los cuerpos docentes no universitarios.

El acuerdo incorpora asimismo una revisión del sistema de reconocimiento de la formación permanente del profesorado a través de los denominados sexenios. Se establecen nuevas cuantías más elevadas y un modelo reforzado que incrementa la exigencia formativa -hasta 130 horas acreditadas- y mejora la progresión económica a lo largo de la carrera docente.

Esta medida permitirá incrementar las retribuciones asociadas a la formación, con mejoras adicionales de hasta 158,37 euros mensuales, vinculadas al desarrollo profesional continuo y a la mejora de la calidad educativa.

Además de las mejoras retributivas, el acuerdo contempla actuaciones complementarias orientadas al bienestar y desarrollo profesional del profesorado, como la promoción de políticas de salud laboral, el análisis de nuevos complementos específicos para determinados colectivos, especialmente en el ámbito de la Formación Profesional, y la creación de una comisión de seguimiento que garantice la correcta implantación de las medidas hasta 2029.

Un informe reciente de la Fundación Franz Weber (FFW) señala que los cinco municipios rurales de Cantabria beneficiados con ayudas publicas para eventos taurinos -Rasines, Pesaguero, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y Tudanca- han registrado cuatro nuevos habitantes en tres años. El coste de este 'éxito' demográfico asciende a 132.000 euros, de lo que se desprende que cada nuevo residente - financiado bajo la premisa de que los toros fijan población- ha costado a las arcas públicas unos 33.000 euros.

Rubén Pérez Sueiras, portavoz de incidencia política de FFW, advierte igualmente que varios de los municipios que organizan este tipo de eventos comparten una misma empresa organizadora: Tudanca Toros. El portavoz denuncia que estas ayudas son, en la práctica, un “mantenimiento artificial”. Las subvenciones, que en municipios como Tresviso o Valle de Villaverde pueden cubrir hasta el 100% del gasto, llegan a pagar desde la organización hasta la publicidad de los eventos. “Cubren absolutamente todo”, explica Pérez, “lo que permite a los promotores no arriesgar su propio dinero” y que resulte “un negocio redondo”.

Pérez trabaja para la fundación desde 2012 y se ha convertido en la sombra de las administraciones que intentan sostener artificialmente la tauromaquia. El activista antitaurino explica cómo en un informe de 14 páginas que el Ejecutivo de Sáenz de Buruaga (PP) le remitió el pasado mes de marzo -en respuesta a una consulta pública que realizó-, lejos de aclarar el impacto económico de las subvenciones a la tauromaquia, se enumeran una serie de medidas genéricas que no aclaran en ningún caso el impacto económico de las mismas. “Dedica páginas enteras a hablar de becas universitarias, mejoras en consultorios rurales, exenciones en el canon del agua o deducciones por gastos de guardería”, advierte el portavoz.

La “excusa” de la despoblación

En el documento firmado por el subdirector general de Seguridad y Protección Ciudadana José Manuel Rios Salinas, al que ha tenido acceso elDiario.es, hay únicamente dos menciones directas a la tauramoquia, asunto que motivaba la consulta. “El Gobierno de Cantabria no tiene la más mínima idea ni dato que sustente que estas subvenciones han tenido un impacto real”, afirma Pérez con rotundidad. “Te contestan con una relación de todas las actuaciones del Gobierno en todos los ámbitos, pero no resuelven la pregunta concreta sobre el impacto de los toros”.

La respuesta oficial que recibió la fundación no contiene cifras concretas sobre venta de entradas o movimiento de personas no empadronadas en estos eventos subvencionados. En su lugar, el Ejecutivo se limita a defender que la tauromaquia es una “medida favorecedora del desarrollo” y el “fomento de la economía”.

“Es un debate que debe darse a nivel político y social: ¿qué modelo de cultura u ocio necesitan estos municipios?”, reflexiona el portavoz. “Si el presupuesto de las fiestas se va en gran parte a los toros, no queda nada para ludotecas, actividades familiares o programación cultural de pequeño formato que sí podría ayudar a las familias”. Pérez subraya que, mientras el 97,7% de la ciudadanía cántabra declara no asistir a eventos taurinos, el Gobierno se empeña en una “dinamización” que solo beneficia a un lobby muy concreto.

Incluso es habitual inflar los datos de asistencia a estos eventos, según la FFW. Pérez menciona el caso de la última corrida de toros celebrada en Pesaguero, el pasado septiembre, donde el gobierno habló de 1.800 asistentes: “Vimos las fotos de aquel día y ahí no había esa cantidad ni de broma”. El portavoz cuestiona además cómo se barema la presencia en un encierro: “¿Cuentas a la gente que corre unos minutos o a los que se asoman a ver qué pasa?”, se pregunta.

Fomento de violencia animal entre menores

Más allá del despilfarro económico, el punto más crítico para la Fundación Franz Weber es la exposición de menores a la violencia. Recientemente, la entidad ha denunciado que el Ayuntamiento de Castañeda ha patrocinado entradas gratis para niños de 0 a 7 años para asistir a una suelta de vaquillas. Esta práctica ignora las advertencias directas del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que en 2018 y en febrero de este año reiteró su recomendación de alejar a los menores de 18 años de la violencia taurina.

“La participación de menores en la tauromaquia preocupa a la ONU, y Cantabria tiene que hacer los deberes si no quiere ser interpelada de nuevo”, advierte Pérez. El portavoz señala casos como la suelta de becerros en Rasines, donde se permite la participación infantil en un ambiente que refuerza la normalización del sufrimiento animal. La justificación del Gobierno cántabro para no sancionar estos eventos en 2025 fue, según Pérez, el “absurdo máximo”: alegaron que el animal no pertenecía a una raza brava y que, por tanto, no representaba un riesgo para los menores.

Desde un punto de vista científico, Pérez recuerda que existe un consenso sobre los efectos negativos de esta exposición: “Diferentes especialistas han advertido alteraciones en el comportamiento, niveles de agresividad y ansiedad posterior en menores expuestos a contenidos violentos”. Para la fundación, regalar entradas a niños de seis o siete años es una estrategia del lobby para buscar un “relevo generacional” a través de la insensibilización temprana.

Falsa vinculación con la identidad cántabra

Otro tema recurrente, denuncia Pérez, es la supuesta vinculación de la tauromaquia con la identidad cántabra, algo que la consejera de Cultura ha defendido recientemente. “Es algo impostado”, sostiene el activista. “Sociológicamente, Cantabria es cada vez más parecida a Asturias o Galicia, donde la afición es mínima fuera de ferias muy específicas sostenidas por turistas, como la de Santiago en Santander o la de Pontevedra”.

La conclusión de Pérez es clara: el dinero público debería destinarse a servicios básicos y no a financiar “sangre y violencia” bajo una excusa demográfica que los propios datos desmienten, ya que el conjunto de municipios rurales sigue perdiendo población.

Desde la Fundación Franz Weber adelantan que van a seguir vigilantes, analizando cada expediente de subvención y cada oferta infantil, en una Cantabria donde, en esta legislatura, las vaquillas parecen tener más prioridad presupuestaria que otro tipo de ocio en línea con la ley de bienestar animal.

La formación política Cantabristas ha criticado el “ridículo histórico” que está haciendo el Gobierno del PP de la presidenta Buruaga con el “humo en el que se ha convertido el centro de datos Altamira” y consideran que a la luz de la información que el propio ejecutivo autónomico va ofreciendo, el proyectado centro tecnológico “va a terminar en nada”.

Desde el partido, han recordado que Buruaga anunció que las obras comenzarían en el pasado enero de este año y que, incluso, “creó una figura legislativa ad hoc (Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria) para aupar al centro de datos, por no mencionar las portadas en periódicos que rellenó para promocionar su proyecto estrella”.

Anticipándose a la “maquinaria publicitaria del PP, el secretario general Paulu Lobete vaticina que ahora el Gobierno de Buruaga ”se enrocará“ en la excusa de que todo ha salido mal por culpa del gobierno central. ”Por culpa del famoso enchufe, la conexión energética necesaria para llevar adelante el proyecto“, explica. Sin embargo, Lobete ha cuestionado que, si la conexión eléctrica no estaba garantizada desde un inicio ”¿por qué Buruaga estuvo anunciando a bombo y platillo un proyecto de 3.600 millones de euros diciendo que era el proyecto de la legislatura y la mayor inversión empresarial de la historia de Cantabria?“.

El partido cantabrista, que desde un inicio dijo que el centro de datos Altamira parecía un proyecto “especulativo y poco realista”, también había mostrado su rechazo al mismo, argumentando sus “desastrosas consecuencias medioambientales” y el escaso beneficio que -en su opinión- ofrecen este tipo de proyectos a nivel de generación de empleo para la población local.

Para Lobete, el PP de Buruaga sencillamente “ha estado utilizando el centro de datos Altamira a sabiendas de que en realidad no tenían nada para sacar rédito político y fingir que hacen cosas para ocultar su absoluta inoperancia”.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha reconocido que el primer proyecto estratégico del Gobierno de Cantabria, el centro tecnológico Altamira, está en peligro y podría acabar instalándose en el extranjero porque aún no dispone del suministro eléctrico necesario para funcionar.

De momento, el proyecto -cuyas obras tenían que haber empezado en enero- sigue a la espera de si el Ministerio acepta las alegaciones de Cantabria al reparto de energía y finalmente autoriza el “enchufe” con la potencia que se ha solicitado a la central eléctrica de Penagos.

El centro de datos se ha estado promocionando sin tener confirmadas las condiciones para instalarse en los 636.000 metros cuadrados entre los municipios de Piélagos y Villaescusa que adquirió su promotor, el fondo de inversión Stoneshield. En origen se anunció una inversión privada de 3.600 millones de euros y la generación de miles de empleo.

Arasti ha aprovechado una comparencia ante los medios de comunicación para aclarar algunas dudas sobre la adquisición de las parcelas, después de que el Grupo Parlamentario Regionalista le preguntase en el Parlamento por este asunto. El consejero acusa al portavoz del PRC, Pedro Hernando, de sembrar “la insidia” de que los terrenos no habían sido comprados sino que podrían haber sido objeto de una mera opción de compra. Arasti ha dicho que una filial del grupo promotor, Tavira, compró por 9,5 millones de euros las parcelas para desarrollar la primera fase del campus tecnológico, incluso antes de tener esa autorización administrativa.

Así, de obtener dicha autorización, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Democrático, el proyecto se llevará a cabo “con rapidez”, pero en caso contrario se acometerá “en otro país”, ha avisado Arasti.

La operación de venta se realizó, además, con celeridad en Madrid. Al día siguiente, 4 de julio, de que el Consejo de Administración de la empresa pública VIPAR aprobase la venta ya se elevó a escritura pública, ha confirmado el consejero.

Cómo se gestó la compra

La promotora del centro de proceso de datos Altamira inició la compra de la mitad de los terrenos públicos donde se ubicará el futuro campus tecnológico tres meses antes de anunciarse públicamente el proyecto. Cuando en febrero de 2025 el Gobierno del Partido Popular de Cantabria y el fondo de inversión Stoneshield presentaron la millonaria inversión ya se había tramitado la adquisición del suelo industrial e incluso estaba redactado el trámite urbanístico del PSIR para la primera fase de las tres en las que se desarrollará el proyecto. Un Plan urbanístico cuya aprobación tenía que haberse producido en diciembre.

El proyecto se va a ubicar en una parcela de 636.432 metros cuadrados en el polígono de VIPAR, una sociedad mercantil pública creada en 2008 participada en un 85% por la empresa pública SEPIDES (Gobierno de España) y en un 15% por SICAN (Gobierno de Cantabria) para desarrollar y comercializar este suelo industrial, que lleva sin actividad alguna desde hace 18 años, en los términos municipales de Piélagos y Villaescusa. Una ubicación que la empresa considera “estratégica” en torno a un nudo de autovías: la A-8, la S-30 y su conexión con la A-67, además de su proximidad a dos infraestructuras: el puerto y el aeropuerto.

El 25 de noviembre de 2024, cuando aún no se conocía el proyecto, VIPAR sacó a la venta la denominada parcela Altamira 1, de 374.572 metros cuadrados, el 60% del terreno previsto para el centro de datos, con un precio mínimo de 7,8 millones (sin IVA). Ese mismo día se abrió el proceso en la Plataforma de Contratación del Estado y en la web de SEPIDES al que únicamente se presentó el grupo Stoneshield Capital. Lo hizo a través de otra sociedad, Tavira, que el pasado 23 de junio cambió de nombre a XDC North Coast, S.L.

Tres meses después, en mayo de este año, la empresa pública autorizó la venta definitiva de los terrenos del polígono industrial por el importe de salida, aunque al añadir el IVA el desembolso para la promotora asciende a 9.492.450 euros (7.845.000 euros más IVA). Sin embargo, la compra no se ha formalizado hasta el pasado 4 de julio a nombre de la última empresa.

“Es la crónica de un fracaso anunciado”, reprocha el PRC. “Este Parlamento no está para firmar cheques en blanco”, recela el PSOE. “Corremos el riesgo de que esto sea un espejismo”, advierte Vox.

El Campus Tecnológico de Centro de Datos 'Altamira', promovido por Stoneshield Capital, ha empezado a despertar recelos y desconfianza entre todos los grupos de la oposición que se han unido para exigir al Gobierno de Cantabria (PP) que presente, en el plazo de dos meses, toda la documentación sobre el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR). La modificación urbanística que el ejecutivo se comprometió a aprobar el pasado diciembre sobre el terreno situados a ambos lados de la Autovía S–30, en los municipios de Villaescusa y Piélagos.

Era solo el primero de estos planes. El proyecto era de tal calado que se iba a hacer en tres fases, con tres planes urbanísticos a medida diferentes. De hecho, la iniciativa ha sido declarada Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria (PSIR) por el Consejo de Gobierno, la primera en obtener esta declaración. Las obras tendrían que haber empezado en enero y finalizar en 2032 tras una inversión de 3.600 millones de euros.

Durante el debate en el Parlamento de una moción presentada por el PRC, también se han despertado las dudas sobre la compra de los terrenos por parte del promotor, Stonefields: un fondo de inversión creado en 2018, vinculado al mundo inmobiliario, propiedad de Felipe Morenés –hijo de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín– y su socio, Juan Pepa. Por ello va registrar una pregunta y una solicitud de documentación, “no vaya a ser que no se hayan pagado los 10 millones de los terrenos, no vaya a ser que lo que se haya firmado sea una opción de compra y no se hayan pagado íntegramente esos 10 millones”.

Al respecto, el diputado del Partido Popular Alejandro Liz no ha desmentido esta posibilidad. “La opción de compra -en caso de que así fuera, que lo desconozco-¿no es un contrato?”, ha replicado al regionalista. “¿Es que no obliga a vender una opción de compra”?“, ha insistido.

Exigencia de transparencia

Los grupos parlamentarios PRC, PSOE y Vox piden transparencia sobre el proyecto mientras el Gobierno de Cantabria reconoce que hace “todo lo posible por retener la inversión”. La moción que ha aprobado el Parlamento de Cantabria, a iniciativa de los regionalistas, evidencia que el proyecto atraviesa un momento de crisis, al menos en lo referente a la confianza en la inversión.

“Estamos ante una crónica de un fracaso anunciado, de una decepción palpable”, dice el portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando. En su opinión, hasta la semana pasada el Gobierno de Cantabria “anunciaba a bombo y platillo el gran proyecto de inversión de esta legislatura”, pero a partir de entonces, “ya empezaron a echar balones fuera”, lo que ha aumentado la “preocupación” de los regionalistas.

Hernando añade que en el Informe Anual de Centro de Datos en España, Spain DC 2025, presentado hace un mes por el lobby de los centros de datos españoles, Cantabria no aparece en “ninguna” de sus 95 páginas, cuando sí hay referencias a otros proyectos de menor envergadura en otros puntos de la geografia nacional.

El diputado Alejandro Liz, del Partido Popular, le ha reprochado la “irresponsabilidad de su alarmismo” y ha insistido en que “todo indica que el proyecto del Centro Altamira es sólido, solvente y maduro”. “No soportan que el anuncio de este proyecto haya sido bajo el Gobierno de Buruaga”, espetó.

El solar de la Universidad de Cantabria (UC) abandonado desde hace casi dos décadas en la Avenida de Los Castros número 55 de Santander albergará una residencia para estudiantes con 116 habitaciones individuales que estará terminada para el curso 2028-29. El edificio se construirá mediante la colaboración público-privada, con un modelo de concesión a largo plazo -durante 40 años- con el respaldo del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander. La Universidad de Cantabria aportará 3,4 millones de los 12,4 que se invertirán en este segundo intento de recuperar el antiguo colegio mayor.

Pero el proyecto no está todavía cerrado. La institución académica regulará a través de los pliegos de licitación el precio de las habitaciones para que sean “asequibles” para los universitarios y, en todo caso, más baratos que los del mercado del alquiler de vivienda. Contará además con espacios comunes, salas de estudio, áreas de encuentro y servicios compartidos, además de aparcamiento con más de 210 plazas distribuidas en tres plantas de sótano.

El proyecto ha sido presentado en rueda de prensa por la rectora, Conchi López; la vicerrectora de Sostenibilidad y Espacios, María Margallo; la alcaldesa, Gema Igual, y el consejero de Universidades, Sergio Silva.

El proyecto fracasado de 2011

La Universidad de Cantabria derribó hace 16 años el Colegio Mayor Juan de la Cosa, construido en 1974. Desde entonces ha sido un solar sin vida. La idea inicial fue levantar otro edificio más moderno en los más de cuatro mil metros cuadrados del número 55 de la Avenida de los Castros, frente a la Escuela de Caminos.

Trece años después el entonces presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, puso la primera piedra -que fue también la última- de un proyecto fracasado. Un inmueble de cuatro plantas que iba a financiar la empresa pública Gesvican con 89 habitaciones y tres plantas de aparcamiento subterráneo con capacidad para 210 vehículos. Se quedó sobre el papel.

La obra se paró en enero del 2013 con la ambición de conseguir autorización para elevar un piso más, de acuerdo a un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que finalmente no llegó a entrar en vigor. En paralelo, se decidió que optar por la colaboración público-privada para financiar los 7,6 millones de euros que se habían presupuestado.

Para entonces la empresa pública Gesvicán había invertido más de un millón de euros en la cimentación del edificio y tuvo que indemnizar con más de setecinetos mil euros a la empresa adjudicataria.

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha advertido este jueves que el Campus Tecnológico de Datos Altamira, del que a día de hoy “no se sabe nada”, puede convertirse en “la mayor especulación y el mayor engaño de la historia de Cantabria”.

“Si no sale adelante este año será el mayor engaño de la historia en el ámbito de los desarrollos industriales; 3.600 millones de engaño”, ha asegurado el diputado en rueda de prensa, quien ha pedido al Gobierno que “sea serio” y remita al Parlamento en dos meses toda la documentación que acredita la viabilidad del proyecto presentado por la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, el pasado mes de julio.

Con este objetivo, ha adelantado que en el Pleno del próximo lunes defenderá una moción que reclama la misma documentación que exige la normativa estatal para poner en marcha un centro de datos de estas características, con información sobre el consumo de energía y agua, la creación de empleo, la contribución a la cohesión territorial, el impacto económico, los potenciales clientes o el origen de los datos a procesar.

Esta petición surge ante la falta de explicaciones del consejero de Industria, Eduardo Arasti, en respuesta a la interpelación que el PRC le planteó la semana pasada, cuando “no dijo absolutamente nada” y “empezó a escurrir el bulto”, ha recordado.

Pedro Hernando ha destacado la disposición de los regionalistas a apoyar cualquier iniciativa industrial “siempre que sea real, seria y rentable”, condiciones que no cumple en este momento el proyecto Altamira, pese al anuncio del Gobierno de una inversión de 3.600 millones, más de 3.000 empleos y un calendario que incluía la aprobación del PSIR antes de finales de 2025 y el inicio de las obras en enero de 2026.

A punto de finalizar abril, “no hay nada de nada” y el espacio donde está previsto ubicar este campus sigue siendo “un 'prao' sin máquinas, sin PSIR y sin trabajadores”, del que el Ejecutivo “ya no habla” y que ni siquiera aparece en las páginas web de las empresas promotoras.

Según el diputado regionalista, Altamira tampoco figura en el informe anual que acaba de presentar la Asociación Española de Data Centers SpainDC y que incluye todos los proyectos previstos en España hasta el año 2030, con una inversión total de 70.000 millones de euros.

Minicentral nuclear

Por otro lado, y ante las alusiones de Arasti a problemas de abastecimiento de energía y la decisión del Gobierno de España de dar prioridad a la vivienda y los proyectos industriales, Hernando ha asegurado que los centros de proceso de datos barajan la energía nuclear como alternativa, a través de pequeños reactores modulares (SMR), con capacidad para generar hasta 300 megavatios de potencia.

“Queremos saber si este Gobierno va a aceptar que nos coloquen una minicentral nuclear en Villaescusa para dotar de energía a un proyecto especulativo, que por supuesto no va a generar 3.000 empleos y que está pensado para que algunos ganen mucho dinero”, ha recalcado.

En estas condiciones, la preocupación del PRC es “evitar que Cantabria caiga en el engaño del Gobierno”, que no ha presentado “ni un solo proyecto transformador, excepto Altamira”, porque todos los que están en marcha fueron iniciados en las legislaturas pasadas.

Por todo ello, Pedro Hernando ha exigido al Gobierno que presente “los papeles” para comprobar que todo lo anunciado es “verdad” y, en ese caso, el Grupo Regionalista lo apoyará, pero en ningún caso aceptará “engaños, ni especulación”.

“Esto se demuestra trayendo los papeles y eso es lo único que le pedimos a la presidenta, que nos diga la verdad, porque los ciudadanos de Cantabria se lo merecen”, ha concluido.