La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado que el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Llano de la Pasiega, en Piélagos, no está en vigor, porque no se ha publicado su texto íntegro en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

A juicio de la Sala, la publicación de una norma puede realizarse mediante la remisión a una página web de la administración porque eso plantea el problema de que “solo se puede comprobar el enlace el día en que se pincha, pero no se puede saber lo que se veía en el momento de la publicación, de la demanda, del juicio o de la sentencia”.

Para la Sala, “existe un problema de inseguridad o duda” acerca de lo que aparece tras ese enlace, de “si ese contenido puede variar con el tiempo y, de ser así, de qué factores depende”.

“Esto generaría dudas acerca de la fiabilidad del contenido y también sobre el momento de la entrada en vigor”, añade, porque “no existe ningún tipo de norma que permita este tipo de publicación alternativa, que regule o dé fiabilidad sobre el sistema, es decir, se desconoce en virtud de qué habilitación la publicación del proyecto se realiza a través de este mecanismo y por qué se escoge este y no otro posible”.

La sentencia, notificada ahora -contra la que no cabe recurso- resuelve un recurso planteado por el Ayuntamiento de Piélagos contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 de Santander de mayo de 2024.

En aquella resolución, la magistrada estimó el recurso de dos ciudadanos contra la liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles de sus fincas del año 2023. Hasta entonces, habían sido consideradas rústicas, y a partir de esa fecha les cobraron el IBI como urbanas en virtud del nuevo urbanismo planteado por el PSIR de La Pasiega que, presumiblemente, estaba en vigor.

Estos ciudadanos recurrieron la liquidación del IBI argumentando que sus fincas seguían siendo rústicas porque el PSIR no había entrado en vigor al no haberse publicado íntegramente en el BOC.

La realidad es que el 5 de mayo de 2022 el Boletín Oficial de Cantabria publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprobaba definitivamente el PSIR de La Pasiega y el índice de documentos que componen el proyecto singular, añadiendo que podía “consultarse y descargarse” en un enlace web.

Pues bien, contra esa sentencia que dio la razón a los dos particulares el Ayuntamiento de Piélagos presentó un recurso solicitando aclarar “si basta para la entrada en vigor de un PSIR la publicación del acuerdo de aprobación definitiva remitiendo a una web electrónica para el acceso al contenido íntegro del plan”.

La Sala ha respondido fijando la siguiente doctrina: “Para la entrada en vigor de un PSIR es necesaria la publicación de la resolución de aprobación definitiva junto con la publicación íntegra del texto del PSIR en el Boletín Oficial de Cantabria, sin que sea suficiente la publicación por medio de remisión a una página web de otra administración”.

Y añade que, en este caso concreto, “el PSIR no había entrado en vigor, la finca no tenía por lo tanto carácter de urbana y no podía liquidarse el IBI, y, en consecuencia, la sentencia de instancia es correcta”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, Pedro Hernando, ha reprochado al Gobierno de Cantabria el “fracaso, engaño y decepción” del proyecto del Centro de Datos Altamira anunciado hace once meses con “documentos censurados” y un informe de la Universidad de Cantabria que ha habido que forzar para que haya sido entregado al Parlamento. Las obras iban a comenzar en enero de 2026 y el PSIR tenía que haber estado aprobado en diciembre de 2025. “Todo lo dijo el promotor, Stoneshield Capital”, ha exculpado el consejero de Industria Eduardo Arasti. Los millones de euros, las cifras de empleo y los plazos.

El Gobierno de Cantabria, que hasta ahora se había empleado con energía en presentar y avalar el proyecto, empieza a tomar distancia. De hecho, el Campus Tecnológico de Centro de Datos 'Altamira', promovido por Stoneshield Capital, ha sido declarado Proyecto Empresarial Estratégico de Cantabria (PSIR) por el Consejo de Gobierno, por lo que se ha convertido en la primera iniciativa empresarial en obtener esta declaración.

“La realidad a día de hoy del Centro de Datos de Altamira es un 'prao' sin obreros, sin máquinas, ni PSIR”, ha subrayado Pedro Hernando.

El diputado regionalista ha llamado la atención sobre que ninguna de las empresas promotoras que han ido cambiando de nombre -Stoneshield Capital, XDC Properties, XDC North Coast y Tavira- tienen información sobre el proyecto en sus páginas web a excepción de “una sola foto”. “¡Pero si están los periódicos de España repletos de que el grupo Stoneshiled quiere invertir en Cantabria 3.600 millones!”, ha replicado el consejero. Aunque Hernando ha cuestionado “si es una realidad o va camino de convertirse en la quimera de este gobierno”.

En el debate del hemiciclo cántabro, Hernando ha subrayado que el consejero de Industria ha dado explicaciones en el Parlamento de Cantabria en seis ocasiones. “¿Sabe qué nos ha aportado? nada de nada, lo que es a día de hoy el proyecto Altamira”, ha aseverado. “Lo único que les pedimos es que tengan un proyecto serio y riguroso y allí nadie dijo que hacía falta energía”, ha añadido.

“Como no hay nada detrás de todo este proceso se han inventado la falta de energía” porque cuando se presentó el proyecto “no dijeron nada” sobre este asunto. El diputado regionalista ha reiterado que en su anterior intervención explicó que el País Vasco ha estado negociando más potencia energética mientras el Gobierno de Cantabria “no había hecho nada de nada”. Asimismo, ha comunicado que Red Eléctrica española asegura que el ejecutivo cántabro no se ha puesto en contacto con ellos, algo que ha negado el consejero afirmando que han tenido dos reuniones con la presidenta. “No vale decir que el problema de Altamira es que no tiene energía porque Pedro Sánchez no se la da” -ha considerado- “porque Cantabria está al cien por cien de su capacidad y si no hay subestaciones nuevas” -salvo la adjudicada para el Besaya- “no habrá proyectos tractores”. “Estamos en plena tramitación, la planificación se ha iniciado pero no se ha resuelto”, ha defendido Arasti, porque están a la espera de si el Ministerio estima sus alegaciones.

Hernando ha puesto de relieve que contrariamente a la realidad, el informe elaborado por la Universidad de Cantabria decía que la electricidad no iba a ser un problema “porque hacía muy buena temperatura en Cantabria”.

El 4 de junio de 2025 el Ejecutivo del Partido Popular anunció “a bombo y platillo” el proyecto de inversión privada “más importante de Cantabria” -3.600 millones de euros- y una ley a medida “creada para ellos en la Simplificación Administrativa para hacerles más fácil la tramitación”.

Hernando ha recordado que, al tiempo, “nos dijeron que el proyecto Altamira abre un abanico de posibilidades” y que iba a ser “el proyector tractor” de empresas como Meta o Google. Además, hablaron de plazos y de las tres fases del proyecto. La primera de ellas, el comienzo de las obras en enero de 2026 tras la tramitación de un PSIR que ya estaba redactado y que se iba a aprobar como tarde en diciembre del año pasado.

Los regionalistas quieren saber por qué no han empezado las obras, dónde están los documentos del PSIR de la las tres fases, el plan de inversiones concretas y el cumplimiento de los objetivos que se habían comprometido a desarrollar. El titular de Industria le ha replicado que este proyecto “no es un cuento” como fue, entre otros, el de 'La Ciudad del Cine' con el Gobierno del PRC y ha reivindicado la “madurez” de esta iniciativa. “He apoyado, apoyo y apoyaré el proyecto hasta que se haga, que se hará”, ha remachado.

El Gobierno de Cantabria ha aprobado la declaración de urgencia de la expropiación forzosa de terrenos para ejecutar la mejora de la carretera del puerto de montaña de Lunada, la CA‑643, entre La Concha (San Roque de Riomiera) y el Portillo de Lunada, para garantizar su seguridad y la circulación por esa vía.

Según informa en nota de prensa el Ejecutivo, esa declaración implica la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados para posibilitar la ejecución de las obras en los plazos previstos, un año después de que en marzo del año pasado murieran en ese tramo de carretera que ahora va a arreglarse cuatro jóvenes que viajaban en el mismo vehículo, que se cayó por una ladera..

El acuerdo permite agilizar los procedimientos administrativos necesarios para el inicio de las actuaciones, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los derechos de las personas propietarias afectadas. A finales de marzo, el consejero de Fomento, Roberto Media, anunció que esta obra comenzaría en el mes de abril.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha solicitado de nuevo la expatriación de los diez menores extranjeros tutelados que han llegado a la comunidad desde Ceuta y Canarias entre el 3 de febrero y el 23 de marzo. Un trámite que la administración autonómica hace cada vez que llega un niño migrante a Cantabria dentro del sistema de acogida del Estado justificándolo en que “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen”.

De hecho, es una medida recurrente. En la última ocasión, el Gobierno de Buruaga solicitó la devolución de cuatro menores extranjeros el mismo día que exigió a la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), paralizar la orden de cierre del centro de acogida que el Ejecutivo autonómico ha instalado en el municipio. Ambas decisiones, aparentemente contradictorias entre sí, se tomaron en la misma reunión del Consejo de Gobierno el pasado 5 de febrero y en plena polémica por la instalación de este hogar de emergencia para niños y niñas.

Ahora, el Consejo de Gobierno del 20 de marzo ha acordado autorizar a la Dirección General del Servicio Jurídico interponer un recurso contra las resoluciones de las delegaciones de Gobierno de Ceuta y Canarias por la que se traslada y reubica a las personas menores de edad que han llegado a Cantabria en las últimas semanas.

Cada vez que llega un menor procedente de Ceuta, Melilla o Canarias, el Gobierno del PP en Cantabria recurre lo que denomina “traslados forzosos” -en vocabulario de la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río- y la reubicación de estos niños por parte del Estado.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria exige que los datos de los voluntarios del proyecto Cohorte no se utilicen para “encarecer seguros o excluir a colectivos vulnerables”. En la misma línea, solicita al Gobierno de Cantabria la publicación íntegra del acuerdo, y de la memoria jurídica y ética que lo sustenta, con la farmacéutica estadounidense a la que se van a ceder los datos de los voluntarios que participaron en este estudio. El colectivo pide una explicación “en lenguaje comprensible” de qué implica para las 51.000 personas y la creación de un comité para permitir o no usos secundarios de datos sanitarios en Cantabria.

En conversación con elDiario.es, el colectivo considera que hacen falta “políticas claras de conflicto de interés” para investigadores y responsables públicos, así como cláusulas que impidan que los modelos genómicos se utilicen para discriminar, encarecer seguros o excluir a colectivos vulnerables. Para ello, proponen un órgano que supervise los convenios y evalúe los posibles riesgos de usos secundarios. “Una gobernanza independiente” que debería contar con la participación de pacientes, expertos en bioética y protección de datos y representantes de la sociedad civil, precisan.

En opinión de los portavoces de la plataforma, son pasos “mínimos” para preservar la confianza en el proyecto. “Sin transparencia, sin garantías y sin participación social, cualquier acuerdo público-privado en un terreno tan sensible corre el riesgo de erosionar precisamente aquello que se necesita fortalecer: la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, explica Antonio Jiménez, exjefe de Neumología y exdirector médico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander.

Cohorte Cantabria es un proyecto público que se sostiene sobre la confianza de miles de voluntarios “y esa confianza se alimenta de transparencia radical”, estima este experto. El colectivo subraya que la ciudadanía tiene derecho a saber qué va a hacer exactamente Regeneron Pharmaceuticals -una farmacéutica con sede en Boston propiedad de uno de los mayores fondos de inversión a nivel mundial- con los datos, qué obtiene la sanidad pública a cambio y qué riesgos existen. “Publicar el convenio -con las mínimas reservas comerciales- y los informes que lo sustentan no debería ser visto como una concesión, sino como un deber democrático”, apunta Jiménez en declaraciones a este periódico.

La plataforma reclama “hechos concretos” que avalen la afirmación de que el convenio entre Cohorte y el laboratorio farmacéutico estadounidense “se ajusta escrupulosamente a la legalidad y a la ética”, tal como han asegurado los impulsores del proyecto. “Cuando hablamos del uso de información de salud que se transfiere a una empresa privada, no basta con invocar buenas intenciones”, advierten.

Nuevo consentimiento

Desde el punto de vista jurídico, desde la plataforma consideran que un convenio de estas características exige una base legal bien definida “compatible con el consentimiento original”. Respecto a la cesión de datos de Cohorte, el colectivo considera necesario acreditar “que la finalidad es la investigación biomédica y la medicina de precisión, no una explotación comercial amplia”.

En su opinión, si los fines son comerciales o para desarrollar productos inaccesibles para el sistema público de salud, debería plantearse un nuevo consentimiento de los voluntarios en el proyecto. Así, la plataforma defiende que para respetar la autonomía de los participantes “se debe ofrecer un mecanismo sencillo de oposición o retirada para quienes no deseen que sus datos se utilicen en acuerdos con empresas privadas, sin perjuicio en su atención sanitaria”.

De hecho, advierten que debe garantizarse un beneficio recíproco y medible: acceso preferente a resultados para el sistema público, coautoría científica, participación en patentes o licencias y un retorno económico cuantificable. “No es aceptable que una farmacéutica reciba un activo enorme a cambio de contraprestaciones vagas”, concluye Antonio Jiménez.

Los colegios profesionales de arquitectos, geógrafos y agrónomos se han ausentado este miércoles de la votación del punto en el que se aprobaba de forma inicial el Plan Regional de Ordenación del Territorio de Cantabria (PROT) “ante la imposibilidad material de estudiarlo” para la reunión. Una cita convocada para el día antes del puente de Semana Santa y en mitad de las comparecencias en el Parlamento de los consejeros del Gobierno del Partido Popular para informar de los presupuestos de la comunidad. No obstante, tras este incidente, el consejero de Fomento, Roberto Media, compareció ante los medios de comunicación para valorar la aprobación del documento sin hacer mención al desencuentro con los representantes de los cuatro colegios profesionales.

“Somos plenamente conscientes de que este Gobierno cuenta con la mayoría necesaria para aprobar este instrumento independientemente del sentido de nuestro voto” -explican- “sin embargo, el hecho de que el resultado esté asegurado por la aritmética política no justifica el menoscabo de nuestra participación”.

La reacción se produce “ante la precipitada convocatoria del pleno” de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) que recibieron hace una semana, el 24 de marzocon la sorpresa de que en el orden del día aparecía la aprobación inicial del Plan de Regional de Ordenación del Territorio (PROT), el documento que regula la gestión urbanística y medio ambiental de la comunidad.

Dos días después, el Colegio de Arquitectos de Cantabria -“en tiempo y forma”, destaca el colectivo- registró un escrito de solicitud de retirada del punto del orden del día “ante la imposibilidad material de estudiarlo para poder emitir voto responsable y posibilitar una profunda presentación y debate en el ámbito de la CROTU”, puntualiza. Una solicitud que, en similares términos, también registraron los Colegios de Ingenieros Agrónomos, de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos y de Geógrafos.

Sin embargo, las solicitudes no se aceptaron por considerar que el registro fue extemporáneo, al haberse presentado menos de 48 horas antes de la celebración de la Comisión.

Arquitectos, geógrafos y agrónomos explican en una carta firmada conjuntamente, que leyeron en la Comisión, que a pesar de la importancia del documento y el interés que mostraron los Colegios por conocerlo de primera mano, la presentación de los documentos técnico y jurídico “duró escasamente una hora, sin que se abriera la posibilidad de un debate que nos permitiera obtener una visión global de la metodología, fuentes, fines, objetivos y soluciones propuestas y, mucho menos, debatir y aclarar las dudas que de la explicación surgieron”.

A continuación los representantes colegiales intervinieron para reclamar más tiempo para profundizar en el documento, pero la presidencia de la reunión “dejó clara su intención de aprobar si o sí el PROT”, bajo el argumento de que, trascurridos 20 años desde la regulación de la figura en la Ley del Suelo, su aprobación la considera de urgencia. Así, se remitió a los Colegios a que presentasen alegaciones tanto en el procedimiento de participación pública publicado en la web Territorio Cantabria, como en la próxima información pública.

Ante estas circunstancias, los representantes de los Colegios consideran necesario clarificar la naturaleza de este foro. “Esta Comisión no es un proceso de participación pública ni un trámite de audiencia ciudadana; es un órgano de gestión administrativa regulado por la Ley del Suelo” -argumentan- “y nuestra presencia aquí no es una concesión, sino el ejercicio de las funciones que la ley otorga a los colegios profesionales”. Por ello, subrayan que el acceso a la información y el tiempo de análisis “no son una solicitud de gracia”, sino una condición indispensable para el funcionamiento del órgano.

Los tres colegios recuerdan en el escrito que tienen “la obligación legal de votar, sin que quepa posibilidad de abstención”, y argumentan que es “irresponsable” obligarles a participar en una votación sin disponer del tiempo suficiente para emitir una opinión fundada. “No podemos, por ética profesional y responsabilidad ante la sociedad, validar con nuestro voto un documento que no ha podido ser analizado con el rigor técnico que su envergadura exige”, consideran.

En el escrito conjunto señalan que su presencia en este órgano tiene una clara voluntad de colaboración de forma “totalmente desinteresada” aportando conocimiento y experiencia al servicio de la ordenación del territorio y del interés general. “Entendemos que no escucharnos y denegar los tiempos mínimos de estudio como se manifestó en la Ponencia Técnica del pasado día 30 constituye otra falta de respeto más hacia nuestros colectivos y hacia los profesionales que representamos”, estiman. Los tres colectivos consideran que ignorar sus peticiones y no escuchar nuestras observaciones muestra un “desprecio” por su trabajo y vacía de contenido la esencia de esta Comisión.

“No queremos ser utilizados de forma falsaria y, por responsabilidad institucional, anunciamos que nos ausentamos de la votación en la CROTU”, expresó durante la comisión Paula Santillana, vocal del Colegio Profesional de Arquitectos de Cantabria, que leyó el escrito en la reunión.

El PRC ha dado un plazo de ocho días a la Consejería de Desarrollo Rural para cumplir su parte del acuerdo, en referencia al pago de ayudas al sector primario, por el que los regionalistas apoyarán el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 del Gobierno del PP.

En concreto, los regionalistas solicitan que antes del 9 de abril el Ejecutivo se comprometa a pagar las ayudas pendientes de 2024 y 2025 y a elaborar un calendario anual de la convocatoria y pago de las subvenciones al sector, como recoge el acuerdo presupuestario entre ambos partidos.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha recalcado este miércoles, en su comparecencia en el Parlamento de Cantabria para presentar su presupuestos, que van a cumplir, pero el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha asegurado sentirse “enormemente decepcionado y muy preocupado”.

Hernando ha dado de plazo hasta el 9 de abril, fecha en la que se debaten las enmiendas a la totalidad, para aportar los documentos que acrediten esos compromisos.

“No me vale con que usted diga que están todas pagadas (las ayudas), porque me lo dijo en octubre y no era verdad; me lo dijo en noviembre y no era verdad, y me lo dijo en diciembre y no era verdad”, ha afeado Hernando.

“Por mucho que alguna persona insista en trasladar la idea de que no pagamos o que debemos ayudas a los ganaderos, vuelvo a reiterar con absoluta claridad y responsabilidad, que el Gobierno de Cantabria no tiene pendiente de pago ninguna subvención fuera de los plazos establecidos por la normativa”, ha recalcado la consejera, quien ha recordado que en 2026 el presupuesto de su departamento será de 197,3 millones de euros, un 3,47 % más que en 2025.

Susinos ha dicho que, a día de hoy, el Ejecutivo ha abonado en ayudas más de 36 millones de euros, correspondientes a distintas líneas de apoyo al sector ganadero.

Según ha dicho, las que restan por pagar se encuentran dentro del plazo marcado por la normativa vigente y los representantes del sector ya tienen conocimiento de las fechas aproximadas en que se les abonarán. “No obstante, nuestro compromiso es claro: intentar acelerar la gestión todo lo posible y, si es viable, adelantarnos incluso a las fechas establecidas”, ha agregado. Y ha subrayado que ya están convocadas todas las ayudas de Desarrollo Rural correspondientes al año 2026.

Además, la consejera ha explicado que, “gracias a la buena gestión” del Ejecutivo, Cantabria va a recibir casi 400.000 euros adicionales, que se destinarán a reforzar otras ayudas.

PSOE y Vox reclaman más medidas

PSOE y Vox han señalado que este presupuesto “no cambia ni una coma” el presentado en noviembre y han echado en falta medidas destinadas a paliar los efectos del conflicto en Irán o más ayudas para afrontar las enfermedades animales.

“Se podía haber aprovechado para incluir de manera preventiva alguna partida que pueda paliar los efectos de los factores que están alterando el contexto global y que van a afectar al sector”, ha apuntado la socialista Eva Salmón, a lo que Susinos ha contestado que el Gobierno de Cantabria “no se va a apartar de articular las medidas que sean necesarias”.

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha sostenido que esta Consejería debería tener más recursos y ha reclamado una mayor cuantía para las enfermedades animales y una menor carga burocrática. Susinos ha coincidido en que hace falta rebajar la burocracia, porque “asfixia” a ganaderos y administraciones, y ha lamentado que se está trabajando con “una PAC muy compleja”. También está de acuerdo en que hace falta más dinero para el sector primario, pero ha recordado que “las necesidades son infinitas y el presupuesto limitado”.

El PRC y el PSOE han señalado este martes al consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, el popular Sergio Silva, que las reivindicaciones de los docentes van más allá del acuerdo salarial y le han pedido evitar “triunfalismos” porque “sólo ha cerrado un capítulo”.

Así se lo han trasladado los representantes parlamentarios de ambos grupos en la comisión parlamentaria en la que el consejero ha presentado las cuentas de su departamento para este ejercicio, que ascienden a 786 millones de euros, casi el 23 % del total del presupuesto de Cantabria, que contará con el apoyo del PRC en la Cámara para salir adelante.

La gratuidad en la primera matrícula en el acceso a la Universidad de Cantabria (UC), las becas de excelencia y las nuevas condiciones en el acceso a las becas de comedor, que incrementarán el número de beneficiarios, constituyen las principales novedades de los presupuestos de 2026 en este departamento.

En su intervención, el consejero ha puesto en valor el acuerdo salarial, cuya consignación presupuestaria para implementar esta medida, 17 de millones de euros, ya estaba contemplada en el presupuesto presentado en noviembre de 2025.

Ha apelado al apoyo de todos los grupos parlamentarios para beneficiar a un colectivo que alcanza a 8.500 docentes de la red pública y 2.600 de la concertada, ya que el acuerdo vigente entre el Ejecutivo y la educación concertada establece que el salario de los docentes de esta red no debe de ser inferior al 90 % del salario de los docentes de la red pública, ha recordado.

La alcaldesa de Comillas y diputada regionalista, Teresa Noceda, ha valorado que la adecuación retributiva es un “paso importante para rebajar la tensión” y acercar a la educación cántabra a la estabilidad, pero ha pedido “no caer en el triunfalismo”.

“Debemos seguir porque los docentes siguen planteando reivindicaciones legítimas”, ha subrayado Noceda, citando la reducción de la carga burocrática, la atención a la diversidad, la dotación de los centros o la estabilidad del profesorado.

Jorge Gutiérrez (PSOE) ha opinado que este presupuesto “no cierra el conflicto docente, no garantiza una ejecución real de las infraestructuras anunciadas, no cambia el sesgo estructural a favor de la concertada, no impulsa con la ambición necesaria la FP pública y no presenta un proyecto de transformación educativa”, y ha avanzado que su grupo presentará enmiendas.

El diputado de Vox Armando Blanco ha considerado una buena noticia la modificación de las becas de comedor para introducir el concepto de renta per cápita y ha pedido al consejero avanzar en la equiparación salarial de los docentes de la concertada y la pública.

Y el popular Álvaro Aguirre ha destacado que dos de cada diez euros del presupuesto se destinan a educación. “No alcanzo a comprender las críticas del PSOE, 107 millones de euros más de los que dejaron ellos presupuestados”, ha dicho.

Programa Concha Espina

Estas cuentas, ha subrayado Silva, recogen 1,9 millones de euros más respecto a las presentadas el pasado mes de noviembre (0,25 % más).

Entre las novedades ha destacado, en el ámbito universitario, la gratuidad de la primera matrícula en el acceso a la UC, una partida dotada con 1,6 millones de euros, que beneficiará a una horquilla de 1.700 a 1.800 cántabros, el 80 % de la matrícula de Cantabria. Se le denominará 'Programa Concha Espina de gratuidad de primera matrícula en la Universidad de Cantabria'.

De igual modo, ha resaltado la puesta en marcha de las becas de excelencia 'María Blanchard', cifradas en 300.000 euros.

También se ha referido a la mejora del servicio complementario de comedor escolar, que permitirá que más familias se beneficien de las ayudas en el próximo curso escolar, y al aumento de personal cuidador de los comedores que contemplan los presupuestos de este ejercicio, sobre todo en educación Infantil.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha crticado que el Gobierno del PP haya “vendido los datos donados por 50.000 cántabros y cántabras” para el proyecto Cohorte Cantabria gestionado por el Servicio Cántabro de Salud (SCS) a una empresa farmacéutica americana.

La reacción de los socialistas se produce tras el anuncio del consejero de Salud, César Pascual, de un acuerdo, que se firmará en las próximas semanas, para ceder los datos sanitarios y sociodemográficos de los voluntarios cántabros a la empresa estadounidense Regeneron Pharmaceuticals ubicada en Boston (Massachusetts), responsable del mayor banco genómico del mundo occidental. Pascual ha precisado que “no es un acuerdo económico, sino de colaboración” y que “cada una de las partes corre con sus gastos”. 

Quiñones considera que “se trata de algo muy grave” porque los voluntarios han aportado de forma altruista sus datos a Cohorte Cantabria para que puedan ser parte de ensayos clínicos dentro de la sanidad pública de Cantabria. Por ello, considera que el Gobierno de Cantabria tiene que aclarar cuanto antes “por qué ha decidido venderlos a una empresa farmacéutica americana”.

En este sentido, añade que los 'populares' tienen que explicar “quién les ha dado permiso para hacer negocio con los datos biomédicos de 50.000 cántabros”. 

“Una vez más, la sanidad pública convertida en una empresa y el derecho a la salud de los cántabros convertido en un negocio por el Gobierno del PP y de María José Sáenz de Buruaga”, ha denunciado.

Por último, la portavoz socialista ha expresado su preocupación por el futuro de la sanidad pública y los recortes junto al “deterioro y el desmantelamiento progresivo que sufre en Cantabria y que nos vuelve a dejar un último ejemplo muy sangrante como es privatizar hasta las donaciones de los cántabros”.

El Gobierno de Cantabria ha autorizado que las viviendas turísticas que aún no estén regularizadas puedan seguir funcionando mientras se resuelven los trámites burocráticos que exige el decreto que regula el sector en la comunidad. El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este viernes las instrucciones de la Dirección General de Turismo y Hostelería para “interpretar” y “aplicar” la fecha límite para regulalizarse, que finalizaba este 25 de marzo. Es decir, que se autoriza una prórroga para todas las solicitudes que estén tramitación o que se encuentren pendientes de resolución.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) estiman que Cantabria tiene casi 9.000 viviendas turísticas, prácticamente el doble de las que había antes de la pandemia. La comunidad se mantiene como la tercera autonomía con mayor porcentaje de estos alojamientos (2,3%), solo por detrás de Canarias (4,7%) y Baleares (4,1%). Es decir, la que mayor concentración tiene en territorio peninsular. 

El decreto que se aprobó el año pasado, después de media legislatura de retraso, daba ocho meses de plazo, pero la Consejería de Turismo hace ahora una excepción “para dar tranquilidad a los propietarios”, según comunican oficialmente, “a las viviendas previamente inscritas a la entrada en vigor del nuevo decreto o que hubieran presentado declaración responsable con posterioridad al 3 de abril”.

El departamento que dirige Luis Martínez Abad (PP) ha detectado “diferentes casuísticas” en las solicitudes de adaptación relacionadas con las acreditaciones requeridas por los propietarios a los ayuntamientos o comunidades de propietarios para cumplir los requisitos.

Nuevos plazos

En concreto, se autoriza el funcionamiento cuando el titular de una vivienda de uso turístico haya solicitado dentro del plazo establecido (antes del 25 de marzo de 2026) el informe municipal de compatibilidad urbanística al ayuntamiento correspondiente. “No se procederá a la cancelación de la inscripción en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria mientras dicho informe se encuentre pendiente de emisión”, dicen las instrucciones de la Consejería.

También se prorroga el plazo de autorización si el propietario ha recurrido el informe negativo municipal. Mientras esté pendiente de resolución la vivienda turística puede seguir abierta. En todo caso, el propietario deberá acreditar en la Consejería que se han presentado los documentos para poder acceder a la moratoria del plazo de regulación.

Con la publicación de las instrucciones en el BOC, Turismo “quiere tranquilizar a los propietarios” y su titular, Luis Martínez Abad, asegura que la Consejería “será garantista” para que los propietarios pueden concluir su adaptación a la nueva normativa.

Desde su departamento se han enviado cartas a la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) y a la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN) “para explicarles las instrucciones y trasladarles, igualmente, tranquilidad”.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia investiga desde hace un año a cuatro empresarios cántabros de la construcción por un posible reparto de licitaciones de obra pública. El organismo sospecha que las empresas podrían haber presentado ofertas ficticias a concursos convocados por el Gobierno de Cantabria, ayuntamientos y entidades públicas de la comunidad autónoma. También a “clientes privados, en relación con servicios de obra civil, edificación y otros servicios de construcción”.

Según adelanta Onda Cero Cantabria, que ha tenido acceso al documento de la investigación, Competencia apunta a indicios que señalan a los empresarios Óscar San Emeterio (vicepresidente de COPSESA), Juan Carlos Echevarría (director general de Cuevas Gestión de Obras), Álvaro Quintanal y Javier Palomera (de Palomera Obras y Proyectos).

Unas horas antes de que se haya hecho pública esta información, Palomera había dimitido como presidente de la Asociación de Constructores de Cantabria alegando “motivos personales” debido a una “imposibilidad sobrevenida”, sin más explicaciones. El comunicado añade que el cese se produce para “preservar el buen funcionamiento de la Asociación, garantizando que la actividad ordinaria, la representación institucional y la continuidad de los proyectos en curso no se vean perjudicados por su imposibilidad sobrevenida de dedicar al cargo la atención y disponibilidad que exige”.

Competencia, que inició esta investigación en marzo de 2025, considera que “existen indicios racionales” de “acuerdos o prácticas concertadas, así como intercambios de información comercialmente sensible, para la manipulación y reparto de las licitaciones”.

En concreto, se investiga si los cuatro empresarios cántabros “diseñaron y ejecutaron posibles conductas anticompetitivas” en el ámbito de la obra civil. Según el acuerdo de la directora de Competencia al que ha tenido acceso Onda Cero, se podrían enfrentar a sanciones de hasta 60.000 euros.

La trágica muerte de seis jóvenes -una séptima víctima continúa ingresada en el Hospital de Valdecilla- al desplomarse sobre los acantilados del litoral norte de Santander la pasarela junto a la playa de El Bocal ha llegado al Pleno del Parlamento de Cantabria, donde también ocupa un escaño como diputada la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP). Una pregunta del Grupo Parlamentario Vox ha servido para que el Gobierno del Partido Popular explique por primera vez la gestión de la llamada que hizo un vecino al servicio de emergencias 112 Cantabria unas horas antes del accidente alertando del peligro de colapso de esta estructura de madera.

“A lo largo de los días, y a pesar de estar todo bajo instrucción judicial, ya está más que de sobra contestada”, ha comenzado su intervención la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP). La respuesta ha servido para conocer, por primera vez desde que sucedió la tragedia, una explicación oficial sobre la gestión del aviso.

La responsable de las competencias en emergencias en la comunidad autónoma ha explicado que el 112 clasifica las llamadas en doce tipologías y que se calificó como “de deficiencia o desperfecto en vía de municipio”. Así, se hace una “transferencia” de la información de esa llamada a los centros de control y de mando a los organismos implicados y establecidos por cada ayuntamiento, ha apuntado. “Si hay Policía Local se traslada a ese centro de mando”, ha concretado, “al tratarse de un municipio de más de 20.000 habitantes”.

Según ha confirmado la consejera, la llamada se produjo a las 12:11 horas del martes 3 e marzo y dos minutos más tarde, a las 12:13 horas, se trasladó a la Polícia Local de Santander “alertando de que un puente de madera de la senda que va desde El Bocal hacia Cueto está roto y, si no se señaliza, el que pase por encima puede caer a los rocas”. Ese fue el mensaje que transmitió el vecino, Fernando Cabellos, tal y como confirmó él mismo a este periódico el día siguiente de la tragedia y con todo el dispositivo de emergencias en marcha para localizar el cuerpo de la última víctima.

“Se actuó de forma impecable en esta llamada”, ha considerado Urrutia, que ha hecho hincapié en que, de hecho, “el señor volvió a llamar a las 12:16 horas porque había tenido una llamada perdida en su teléfono fijo y quería comprobar si éramos nosotros, y ya se le informa de que su aviso ha sido trasladado a la Polícia Local”. Un aviso que, sin embargo, la agente de la Policía Local de Santander que recibió la llamada dejó sin atender, según ha reconocido la propia alcaldesa de la ciudad.

La consejera ha respondido a la pregunta notablemente incómoda después que la portavoz de Grupo Parlamentario Vox considerase que si al Gobierno de Cantabria esta gestión le parece“ejemplar” -como dijo la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP)- es necesario cambiar los protocolos. “Los cántabros que viven en Santander pagan tres servicios de Protección Civil: el municipal, con la alcaldesa a la cabeza; el estatal, que se gestiona desde la Delegación del Gobierno, y el del Gobierno de Cantabria. ”De los tres servicios que pagamos solo se llamó a uno“, ha denunciado Leticia Díaz.

Sin embargo, Urrutia ha acusado a la portavoz de Vox de “utilizar este tema para la carroña política que tanto les encanta” y ha añadido que el centro de emergencias 112 de Cantabria tiene una plataforma tecnológica de gestión, que está todo informatizado y que todo queda grabado. “Una plataforma tecnológica que se pone a disposición de todos los gestores, todos están en línea y todos ven lo que todo el mundo hace”, ha precisado al respecto.

La consejera ha añadido durante su intervención parlamentaria que “cuando hay otro operador que coge otra llamada y es de lo mismo lo vuelve a meter ahí, así se consigue además que en este control de llamadas y traslado de las incidencias todos los gestores actúen de la misma manera ante cualquier incidencia”. “Con agilidad, homogeneidad y eficacia”, ha remachado desde la tribuna. También ha destacado que el sistema cuenta con una categorización de los distintos tipos de llamadas, hasta 800, “y nunca se llama a otros organismos a no ser que se trate de una verdadera emergencia”. “Entonces, sí, entonces se activa la emergencia”. El 112 cuenta en Cantabria con una veintena de gestores y seis jefes de sala, que en el año 2025 han gestionado 283.000 llamadas.

El Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria han firmado este viernes en el Parlamento el tercer acuerdo de presupuestos de la legislatura. Se trata de un documento con 24 medidas y 5 cláusulas adicionales que incluye como aspecto más destacado el compromiso de llegar en el plazo de un mes a un acuerdo salarial con los docentes, tras el dilatado conflicto que han mantenido abierto con la Consejería de Educación.

También obliga al Gobierno de Cantabria a pagar antes de aprobar las cuentas públicas del presente ejercicio todas las subvenciones pendientes a los ganaderos y aprobar antes de junio la Ley de Patrimonio Cultural. Además, el Ejecutivo autonómico ingresará 200 euros anuales durante tres años en las 'cuentas vivienda' que tengan los menores de 36 años y pondrá en marcha diversas medidas destinadas a los jóvenes, así como rebajas fiscales y propuestas específicas para dotar de más fondos a la sanidad pública.

El acuerdo, rubricado en el Parlamento por la presidenta de Cantabria y líder del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga, y el expresidente y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, incluye medidas para los jóvenes como la gratuidad de la primera matrícula del primer curso de la universidad pública para los empadronados en la comunidad autónoma, que estará en vigor en el curso 2026-2027. También incluye becas de 'excelencia' para premiar a los mejores expedientes y un descuento del 70% en el transporte regional para menores de 30 años.

Respecto a las rebajas fiscales y ayudas económicas, ambos partidos políticos han pactado incluir en los Presupuestos una de deducción del 30% en gastos deportivos (hasta 150 euros), otra del 15% en el IRPF por compra o rehabilitación de vivienda para menores de 36 años, beneficios fiscales por aportaciones a 'cuentas vivienda' y una bonificación de hasta 100 euros por prácticas medioambientales y reciclaje.

En relación a la sanidad pública, el Partido Popular asume la petición del PRC de aumentar la financiación del Hospital de Laredo para el refuerzo del personal de enfermería, un plan de estímulos a la Atención Primaria con especial atención al medio rural y un Plan de Prevención del Cáncer dotado con 5 millones de euros “dentro del sistema público”, ha recalcado Paula Fernández, candidata electoral del PRC, que también ha participado en el acto y ha ejercido como portavoz regionalista tras la rúbrica del documento.

Asimismo, los futuros presupuestos contemplan la concertación de 200 nuevas plazas en residencias para personas dependientes y el pago del complemento de atención continuada al personal sanitario.

En el área de cultura habrá descuentos del 40% en el Pasaporte Cultura Cantabria y se aprobará una nueva Ley de Patrimonio Cultural antes de junio de 2026 que el PRC dice tener “prácticamente elaborada”.

Respecto al tejido industrial y empresarial, el presupuesto destinará 5 millones de euros en ayudas a empresas en Campoo y la comarca del Besaya y dará impulso a los denominados “proyectos estratégicos”.

Comité independiente de seguimiento

Una de las novedades del acuerdo es la creación de un “comité independiente” de seguimiento que evaluará el grado de cumplimiento del pacto y publicará informes sobre su ejecución. Estará formado por seis miembros -tres elegidos por el PRC y tres por el PP- y en octubre harán el primer informe, cuyos resultados serán públicos.

Las dos partes se comprometen a apoyar la tramitación por vía de urgencia y la reducción al máximo de los plazos y trámites parlamentarios para su aprobación en el menor plazo posible, que la presidenta de Cantabria ha situado “en los primeros días del mes de mayo” para que esté aprobado y en vigor.

El acuerdo incluye el compromiso de que los grupos parlamentarios del PRC y el PP puedan presentar, previo acuerdo entre ambos, enmiendas parciales por un máximo de un millón de euros cada uno, con la limitación de no superar los 100.000 euros por sección y los 50.000 euros por enmienda, salvo acuerdo unánime que permita ampliar al alza dichas cantidades, y una cláusula de cierre que obliga a que ninguno de los firmantes apoye enmiendas de otros grupos parlamentarios sin pactarlo previamente.

Respecto a la La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria, la conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, no incluirá modificaciones legislativas sin contenido económico o de organizacióna directa, a excepción de las que se pudieran pactar con el Gobierno de España derivadas de la Comisión Bilateral para evitar la inconstitucionalidad de normas legislativas cántabras.

La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria ha presentado un recurso contencioso para demandar la nulidad del “irregular y oscuro” convenio singular por el que el Servicio Cántabro de Salud (SCS), bajo las órdenes del consejero César Pascual (PP), ha puesto en manos del hospital privado Santa Clotilde (HSC) “una porción importante de determinadas áreas asistenciales que se sustraen del servicio público”. 

El convenio se firmó “en la oscuridad, sin anunciarse debidamente ni incluirse en el muy publicitado pero nada justificado ni argumentado económicamente Plan de Salud 2025-2029”, precisan desde la Plataforma. La adjudicación se firmó inicialmente por 216 millones y unas semanas después se incrementó en 40 millones más, una vez fue oficial.

Un acuerdo “con urgencia y grandes dosis de ocultismo” -ha subrayado una de las representantes del colectivo, Blanca Parra- que ha explicado que el convenio singular es “una figura excepcional que solo puede hacerse cuando existen razones objetivas, concretas y debidamente acreditadas”. Sin embargo, en este caso falta la memoria técnica -que la tiene que realizar la Subdirección de Asistencia Sanitaria y tiene que especificar por qué es singular y no está sometido a licitación pública- además de la memoria económica y el certificado de crédito adecuado y suficiente, según advierte.

El recurso lo han presentado cuatro asociaciones -Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria, Ecologistas en Acción, Asamblea de las Mujeres de Cantabria y Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca- porque la Plataforma no posee entidad jurídica propia y no puede ejercer esta acción en los tribunales.

Un convenio “peculiar”, “en diferido” y que “externaliza” las competencias estatutarias del Gobierno de Cantabria, ha explicado Fernando Rodero, que son los principales argumentos sobre los que está planteado el recurso contencioso administrativo.

El representante de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria ha explicado que es un convenio “dadivoso, generoso” porque -según ha admitido públicamente el propio consejero de Salud- la dotación se efectúa para “dar estabilidad” a la orden religiosa que lo gestiona, San Juan de Dios, porque “quiere hacer una inversión muy importante de casi 60 millones” y “pronto empezará a construir un bloque con nuevos quirófanos” y “a dotarse de tecnología que hasta ahora no tenía”. Por esta cuestión Rodero alude al concepto de “convenio diferido”.

La Plataforma estima que esta millonaria dotación presupuestaria a una empresa privada “obviamente impide mejorar los servicios correspondientes en los hospitales públicos que se pagan con nuestros impuestos”. “¿Cómo vamos a paliar los acuciantes problemas de dotación material y de personal que nuestro sistema público padece si el dinero destinado a tales mejoras se destina a un hospital privado y a un negocio particular?”, se ha preguntado Rodero.

En paralelo, Rodero ha señalado que el Gobierno de Cantabria, según sus estatutos, tiene la obligación de proporcionar asistencia sanitaria, pero ahora una parte importante de estas competencias las externaliza al sector privado.

Convenio sin competencia

El acuerdo se pactó rehuyendo el concurso con otros posibles prestadores y recurriendo a una disposición extraordinaria para la contratación directa introducida en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria para situaciones urgentes o excepcionales. “Pero se hizo, tal como aducirá nuestra demanda, sin cumplir las exigentes condiciones y justificaciones legales requeridas para tal excepcionalidad”, han asegurado.

La adjudicación puede considerarse además “un auténtico regalo o un chollo en cuanto a las exigencias de calidad”, pues una reciente adenda al contrato publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) establece que la máxima penalización económica al HSC por posibles incumplimientos será del 1%, si no se alcanza el 80% de los objetivos pactados, y del 0% si se supera ese umbral.

“Es una autentica tomadura de pelo a todas las cántabras”, ha criticado el médico Fernando Rodero, para el que “no se puede emplear el dinero público con esta ligereza”. También ha añadido que el convenio no se puede interrumpir cuando se quiera, sino que por el contrario “no se puede interrumpir por las buenas” porque responde a la Ley de Contratos Públicos. 

El borrador del futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) de Cantabria contempla límites muy poco exigentes respecto al número de viviendas turísticas en lo que cataloga como “zonas saturadas” de la comunidad autónoma. Por regla general, según los planes del Gobierno del PP, no podrán ser más del 25% del total de las viviendas con la excepción de los ayuntamientos de “vocación turística”, donde podrán alcanzar hasta el 50%.

Desde el borrador del PROT, al que ha tenido acceso elDiario.es, se definen como zonas saturadas a aquellas en las que más de la mitad del parque de viviendas es estacional, lo que provoca graves desequilibrios en la dotación de servicios estivales o la necesidad de sobredimensionar las infraestructuras.

Además, se considerará que un ayuntamiento tiene 'vocación turística' cuando la población flotante -de viviendas estacionales- supere “ampliamente” la población censada. Para cacularlo se computará una ocupación de 3 habitantes por vivienda estacional.

Dentro de esta categoría están Arnuero, Comillas, Noja, Ribamontán al Mar, San Vicente de la Barquera, Suances, Laredo, Santillana del Mar, Val de San Vicente y Liérganes, en la costa. En la zona interior, Camaleño, Cillorigo de Liébana y la Hermandad de Campoo de Suso. En todos ellos, la mitad de las viviendas podrán ser temporales, es decir, viviendas turísticas o segundas residencias sin empadronados. En el resto de Cantabria se establece ese límite en una cuarta parte, el 25%.

Las playas de mayor afluencia de Cantabria se sitúan en San Vicente de la Barquera, Comillas, Piélagos, Santander, Ribamontán al Mar, Laredo, Noja y Castro Urdiales. Según advierte el PROT, en la mayoría de estos municipios la tasa de vivienda de usos temporal y turístico supera el 50% del parque total de viviendas con muy baja oferta de plazas hoteleras.

Es decir, que el documento contempla limitar las viviendas de uso temporal -viviendas turísticas y de segunda residencia- cuando ya sean más de la mitad del parque total. Cuando un ayuntamiento o grupos de municipios superen este límite se considerará 'zona saturada'.

En estas áreas no se podrá acreditar la necesidad de nuevas viviendas de uso temporal, es decir, que en teoría no se autorizarían más pisos turísticos. La clasificación incluye además las viviendas de segunda residencia. En este caso será más complicado el control y la regulación y el documento no señala cuál sería el método para limitarlo.

En todo caso, es una clasificación diferente a las 'zonas tensionadas' que el Gobierno de Cantabria ha rechazado poner en marcha en Cantabria tras la aprobación de la Ley de Vivienda estatal y que hace referencia a zonas -no municipios completos- donde la demanda de pisos supera a la oferta y los precios son más elevados. Se supone que es una medida para templar el mercado y tratar de regular a la baja el precio de los alquileres.

Además, el pasado mes de julio de 2025 entró en vigor el decreto de viviendas turísticas en Cantabria que no limita el número y deja su aprobación en manos de los ayuntamientos. El PROT contabiliza 7.496 viviendas turísticas registradas en el momento de su elaboración.

El turismo residencial vinculado a la vivienda estacional es el más abundante en Cantabria, por encima del turístico. Segun estima el borrador del PROT consultado por elDiario.es, hay una población flotante vinculada a este tipo de turismo de 280.000 personas.

Las zonas más saturadas se sitúan en la costa oriental de Cantabria. Noja, con un 80%, es el municipio con mayor porcentaje de viviendas de segunda residencia, seguido de Laredo, con 70%, y Arnuero, con un 59%.

Áreas de necesidad de vivienda

El documento del PROT, que está en proceso de desarrollo recabando el análisis de las instituciones implicadas, establece las 'áreas de necesidad de vivienda' para aquellos municipios donde el esfuerzo para comprar o alquilar una vivienda sea superior al 30% de la renta media disponible de los hogares. Precisamente será en esas áreas donde se fomentará la promoción de viviendas asequibles en régimen de alquiler o compra.

De hecho, el borrador contempla que en Santander y Torrelavega -denominados 'centros rectores'- el parque público de vivienda sea, al menos, del 4% de vivienda de alquiler social. La situación se agrava en las zonas interiores de la comunidad, donde la oferta de vivienda en alquiler es prácticamente inexistente.

El PROT trabaja con algunos datos sin actualizar. Cuando analiza el mercado de alquiler utiliza cifras de 2021, cuando en Cantabria había 27.567 viviendas principales en régimen de alquiler, un 7,19% del total. Diez años antes eran 22.750.

El documento llega a la conclusión de que una medida efectiva para combatir la crisis de la vivienda es movilizar los pisos y casas que están vacíos hacia el alquiler mediante la dotación de incentivos a cambio de una rebaja del precio del alquiler, ofreciendo las suficientes garantías al propietario.

Viviendas vacías

El borrador del PROT, elaborado por la Consejería de Fomento, estima que en Cantabria hay 49.497 viviendas vacías, dato obtenido a partir de los consumos eléctricos y del Censo de población y vivienda de 2021. Una cifra -advierte el propio texto- que “no refleja la realidad actual” ya que no hay datos de muchas zonas rurales con viviendas deshabitadas o en ruinas.

Si se toma únicamente los ayuntamientos donde reside la mayor parte de la población la cifra baja hasta las 28.234 viviendas. La mitad de ellas se encuentran en cinco municipios: Santander (7.705), Torrelavega (2.436), Castro Urdiales (1.850), Piélagos (1.754) y Reinosa (1.224).

Radiografía de la vivienda en Cantabria

En los últimos 20 años ha ido descendiendo levemente el número de hogares cántabros que tienen una vivienda en propiedad. Actualmente es del 78,9%. En relación al precio de venta, el documento oficial del PROT recoge los datos de la web de compraventa online Idealista para hacer sus cálculos.

Llega a dos conclusiones. Por un lado, la vivienda es más cara en Ribamontán al Mar, Suances, Laredo, Noja, Santander, Castro Urdiales, Santoña y Comillas. Por el contrario, los municipos más baratos para comprar una casa son Reinosa, Valdáliga o Rasines.

En paralelo, advierte sobre la diferencia de precios entre el litoral y el interior de Cantabria: el coste de adquirir una vivienda en propiedad llega a multiplicarse por tres en la costa. El mayor esfuerzo para acceder a una vivienda en alquiler, según los datos de renta media disponible del INE, lo tienen que realizar los residentes en Santander y Castro Urdiales, cuya zona de influencia se extiende a los municipios de El Astillero, Santa Cruz de Bezana y Guriezo.

Por tanto, advierte el PROT, Santander y Castro Urdiales “tienen un problema de acceso a la vivienda tanto en régimen de compra como de alquiler” y se consideran zonas de necesidad de vivienda donde debe preverse suelo para la construcción de viviendas asequibles.

Dos empresas públicas gestionan los alquileres públicos

El parque público de vivienda de alquiler autonómico está gestionado principalmente por dos empresas públicas. Una del Gobierno de Cantabria, GESVICAN, y la del Ayuntamiento de Santander, SVS (Sociedad de Vivienda y Suelo).

GESVICAN gestiona 403 viviendas: 114 en Santander y 78 en Torrelavega, mientras que municipios como Castro Urdiales, con 32.000 habitantes, solo tiene seis a pesar de tener los alquileres más altos de Cantabria. Piélagos tiene 16 y Camargo 7.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santander, gestiona 191 viviendas de alquiler social con rentas que oscilan entre los 200 y los 400 euros. A ellas se añaden las 297 viviendas de la empresa pública SVS: 30 de alquiler asequible para jóvenes y 267 de alquiler con opción a compra.

En ese sentido, el PROT hace una recomendación: que los parques públicos de vivienda en alquiler deben reservar al menos un 30% de las viviendas para alquiler social.

Proyecciones de futuro

El PROT establece unos límites al crecimiento de la vivienda. Podrá haber tantas como habitantes. De hecho, se estima que el parque de viviendas no superará la cifra de 609.600 en el año 2040. El número de viviendas quedará limitado por la capacidad total de sistema autonómico de abastecimiento estimado en 1.250.000 habitantes. La idea es fijar cifras de nuevas viviendas en función de sus usos: residencial, estacional o turístico.

El documento establece tres categorías de municipios según las previsiones del número de vecinos en los próximos 15 años: municipios dinámicos serán aquéllos que tengan un 10% más de vecinos y una tasa de envejecimiento inferior al 20%. Los ayuntamientos que pierdan población y tengan una tasa de envejecimiento mayor (25%) serán considerados como municipios en retroceso demográfico. Por último, los municipios estables, donde aumentará el número de residentes y la tasa de envejecimiento oscilará entre el 20% y el 25%.

Pero además, el PROT también diferencia los municipios según su funcionalidad: base (sin fluctuaciones importantes de población con industrias y servicios), rurales (dependientes del sector primario) y municipios con vocación turística, con fluctuaciones importantes de población, alta tasa de hostelería y porcentaje elevado de vivienda turística y estacional.

El hospital Santa Clotilde de Santander tiene garantizada el 99% de la financiación aunque no cumpla los objetivos del convenio privatizador de servicios sanitarios que firmó con el Servicio Cántabro de Salud (SCS) del Gobierno de Cantabria el pasado 30 de octubre de 2025. Un convenio que supondrá una inyección de 256 millones de euros, 40 más de los que anunció el consejero de Salud, César Pascual (PP).

El dinero público que recibirá el centro privado religioso por la privatización de servicios sanitarios, 15,9 millones al año durante los próximos 20 años, estará sujeto al cumplimiento anual de objetivos, pero solo se penalizará con una merma del 1% de los ingresos cuando no alcance al menos el 80% de los objetivos. El Gobierno de Cantabria ya reconoció en su día que el convenio se ha firmado para “dar estabilidad” a la orden religiosa porque quiere hacer una inversión.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica ahora una adenda al convenio singular con Santa Clotilde que establece cómo se medirá la calidad del servicio con la salvedad de que la penalización económica será mínima: solo el 1% de la financiación es variable.

Una comisión de seguimiento se encargará de valorar el grado de cumplimiento en función de unos parámetros establecidos en este documento anexo. Por tanto, el convenio -ya en vigor desde el 1 de enero de 2026- se evaluará una vez al año y en el caso de que se detecten “desviaciones” del pliego, se elaborará un plan de mejora de seguimiento semestral.

Así, se valorarán varios conceptos. La mayor puntuación se la lleva la rapidez con la que atiendan a los pacientes, según el porcentaje de pacientes que atiendan en menos de dos meses y las consultas que realicen antes de que pasen 20 días desde que el enfermo sea derivado al hospital privado.

La actividad quirúrgica -en las diez especialidades que se contemplan- sumará otros 30 puntos, siempre que los índices de mortalidad, complicaciones y reingresos no superen los umbrales que establece el Servicio Cántabro de Salud. En este sentido, a las operaciones de traumatología -caderas, sobre todo-, oftalmología y cirugía general se añaden en el catálogo de servicios sanitarios privatizados cirugías vasculares, operaciones ginecológicas y de urología, maxilofacial, otorrinolaringología y cirugía plástica.

Por último, la tercera de las variables que computará para el cumplimiento de objetivos serán los índices de hospitalización de media y larga estancia.

Comisión de seguimiento

La comisión de seguimiento estará formada por diez miembros. Por parte del Servicio Cántabro de Salud estarán representados el gerente y los subdirectores de gestión económica y de asistencia sanitaria, y los responsables del área de gestión económica y de conciertos sanitarios. Por parte del hospital privado se integrarán el director del centro, el director médico, el director económico y otros dos responsables que designe Santa Clotilde. Actuará como secretario un funcionario adscrito al Servicio Cántabro de Salud designado por el presidente.

La Comisión se reunirá semestralmente para analizar el seguimiento del convenio y tratar las cuestiones que se le planteen en relación con él. Igualmente se reunirá cuando así se solicite por el Servicio Cántabro de Salud o por el Hospital Santa Clotilde.

Grupo de trabajo de los hospitales públicos

En paralelo, el convenio singular establece que se constituirá un grupo de trabajo permanente de coordinación y continuidad del cual formarán parte representantes de la subdirecciones del Servicio Cántabro de Salud con competencias en materia de asistencia sanitaria y en calidad y cuidados, de la dirección de los Hospitales Marqués de Valdecilla, Sierrallana y Laredo, de la dirección de la Gerencia de Atención Primaria y de la dirección del Hospital Santa Clotilde.

Este grupo de trabajo se reunirá, al menos, cada dos meses y tantas veces como se crea necesario, para una mejor coordinación entre los recursos asistenciales implicados en el convenio dando cuenta de su actuación a la Comisión de Seguimiento.

Polémico convenio de 256 millones de euros

El polémico convenio singular entre el SCS y el Hospital Santa Clotilde para la privatización de servicios sanitarios por un plazo de 16 años -prorrogable por otros cuatro- incluye además la gestión de los programas de cribado de cáncer de mama y colon con la realización de mamografías y endoscopias.

Precisamente, el día antes de publicarse en el BOC este añadido al contrato la formación política Podemos denunció que no han sido facilitados documentos esenciales que, en opinión de esta formación política, la ley exige para justificar este tipo de acuerdos.

La Unión del Trabajo Autónomo de Cantabria (TAEC-UATAE) reclama reforzar y actualizar el Plan de Apoyo al Empleo Autónomo tras la publicación de los últimos datos sobre bajas en el RETA y solicitudes de prestación por cese de actividad. Según los registros del Ministerio de Seguridad Social, entre enero y octubre de 2025 más de 4.130 trabajadores autónomos causaron baja en Cantabria, pero solo 197 solicitaron la prestación y de ellas, solo menos de la mitad, concretamente 92, obtuvieron una resolución favorable.

Estas cifras sitúan a Cantabria entre las comunidades autónomas con menor tasa de acceso al 'paro' de los autónomos, por debajo de la media estatal (45,7%). “Los datos vuelven a confirmar que el sistema de protección social de los autónomos sigue sin funcionar para quienes más lo necesitan”, señala Álvaro Gómez, portavoz de TAEC-UATAE.

La organización recuerda que buena parte de los que se dan de baja no llegan a generar derecho a la prestación. Muchos son autónomos estacionales o discontinuos, o proyectos que cesan poco después de finalizar la tarifa plana, cuando aún no han cotizado lo suficiente para acceder a esta cobertura. “Eso no puede seguir siendo excusa para mantener una red de protección que en la práctica deja fuera al 98% de quienes abandonan su actividad”, denuncia Gómez.

También reclaman activar una Oficina de Segunda Oportunidad autonómica, que permita a los autónomos en dificultades reestructurar deudas, recibir asesoramiento jurídico y evitar cierres traumáticos. Una iniciativa que se debatio en el último Pleno del Parlamento de Cantabria cuestión a través de una propuesta del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que fue rechazada. “En lo que va de año, solo una persona autónoma ha accedido en Cantabria a la Ley de Segunda Oportunidad. Eso demuestra que no hay recursos ni información suficientes para dar una segunda oportunidad real al colectivo”, advierte Gómez.

A nivel estatal, TAEC-UATAE vuelve a reclamar al Ministerio de Seguridad Social que convoque la Mesa del Diálogo Social del RETA, paralizada desde hace meses, y afronte una reforma integral del cese de actividad. “No pedimos nuevos derechos: pedimos que se cumplan los que ya cotizamos cada mes”, concluye el portavoz.

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha mostrado su intención de modificar el decreto de convivencia escolar para “poner el énfasis” en el carácter educativo de los protocolos y “no en el sancionador”, tras la condena a ocho alumnos del IES Garcilaso de la Vega (Torrelavega) por un delito contra la integridad moral respecto a un compañero, también menor, al que humillaron, amedrentaron y atacaron por su orientación sexual.

Además, Silva ha respaldado a los profesionales del instituto ante las “generalizaciones” y el “conocimiento parcial de los hechos” que ha dicho tener la Asociación Tolerancia 0 al Bullying, que “no ayudan nada a solucionar los casos aislados”, ha puntualizado, después de que su presidenta, Lourdes Verdeja, acusara a los equipos directivos de los centros educativos de “mirar hacia otro lado y no denunciar” las situaciones de acoso.

Sobre este caso concreto, también ha señalado que los protocolos y recursos disponibles “han funcionado razonablemente bien”. Sin embargo, ha afirmado que “todo es mejorable”, ya que “cuando hay un conflicto de convivencia, hay algo que no ha funcionado bien”.

El titular de Educación ha defendido que los profesionales de la educación regional --directivos, profesores e inspectores, entre otros-- hacen un trabajo “lo más profesional posible y con la mejor de las intenciones”, y, en este sentido, ha señalado que son los centros quienes tienen la información de los episodios, además del perfil y la trayectoria de las personas implicadas.

Por otra parte, ha manifestado que, más allá de los protocolos contra el acoso escolar, “son necesarios recursos humanos, legales y procedimentales” para resolver los casos. Y a pesar de que ha incidido en que desde 2023 hay “bastantes más recursos” para ello, ha enfatizado que “tampoco” se ha de ser “ingenuo” y pensar que “porque haya más recursos económicos las cosas van a funcionar siempre perfectas”.

Al respecto, el consejero ha apostado por “intentar detectar mejor los casos” y ha recordado que de los 147 protocolos abiertos en el pasado curso escolar, se han terminado por confirmar 31.

Por último, ha reiterado que “para poner el énfasis en que esos protocolos tengan carácter educativo, no tanto reactivo o sancionador (...)” se está impulsado un proyecto de Ley de Autoridad Docente y de la Convivencia, con el objetivo de tener antes de que acabe la legislatura un marco normativo “más pragmático y más centrado en la parte educativa”.

Silva ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación en la inauguración de las obras de ampliación del IES Lope de Vega de Santa María de Cayón.

El teléfono del secretario de UGT en Cantabria suena con mucha frecuencia y Mariano Carmona (Aes, Puente Viesgo, 1967) escucha, aconseja con paciencia a sus interlocutores. Trae de serie fuerza, convición, una voz enérgica y un carácter decidido, prestaciones muy útiles para lidiar con los conflictos sindicales y mantener viva la reivindicación ahora que corren tiempos difíciles y que “no está de moda decir que la gente tiene derecho a emigrar a otro país, sino que hay que echar a los inmigrantes”. A la tercera va la vencida. Carmona, que empezó a trabajar con 18 años, afronta su tercer y último mandato al frente del sindicato que revalidó el pasado febrero en un congreso sin rivales. Sigue reivindicando con firmeza lo público frente a las privatizaciones sanitarias y las colaboraciones público privadas. “No puede ser que un líder político se presente a unas elecciones con ánimo de privatizar lo público, que trabaje donde quiera, pero si ejerce un cargo público tiene que defender lo público”, expresa. El líder ugetista reacciona a las polémicas del absentismo laboral tras las quejas de la patronal -“lo primero es definir qué es”- y a la opinión favorable del sindicato a los presupuestos de Cantabria que rechazaron todos los grupos parlamentarios de la oposición. “Lo que tienen que hacer los partidos políticos es ponerse de acuerdo en qué presupuestos quieren porque yo tampoco he escuchado tantas propuestas”, replica.

¿Tiene vigencia la lucha sindical? ¿los trabajadores de hoy tienen menos conciencia sindical?

Las cosas han cambiado. Antes las empresas tenían mil personas, tres mil personas, y la representación sindical que había en esas empresas hacía de tractor de las empresas pequeñas. Siempre que había un problema la referencia era la sección sindical que había en tal empresa. Hoy ha cambiado. Las empresas cada vez son más pequeñas y están más atomizadas, por eso cuesta más. A eso se une el desgaste que sufrieron los sindicatos sobre todo en la época después de la crisis. El desgaste permanente que se empezó a hacer a los sindicatos porque éramos el último dique de contención. Fuimos los únicos que estuvimos permanentemente protestando contra los recortes de la crisis, contra la reforma laboral que se hizo sin consenso de nadie, contra la reforma de las pensiones, contra la retirada de las ayudas, reducciones en las prestaciones sociales... contra todas las medidas que se aprobaron en ese momento. Fuimos los únicos que aguantamos el tirón. A eso le unimos, en el contexto actual, la subida de los partidos de extrema derecha -no solo en España, sino en Europa y en todo el mundo- que no son casualidades. Es decir, al final la gente que tiene mucho dinero no lo quiere repartir con el resto de la sociedad. Es otra época, otra etapa que está perfectamente dirigida. Sobre todo con estos contenidos rápidos de las redes sociales, videos que duran veinte segundos. A la gente joven, por ejemplo, le gusta más lo radical. Y en este momento eso es lo más radcial. Ahora mismo no está de moda decir que la gente tiene derecho a emigrar a otro país, sino que hay que echar a los inmigrantes. Ahora están de moda cosas que son radicales. No quiere decir que sean justas, ni sociales ni que vayan a perdurar en el tiempo porque esa no es la forma de actuar. La sociedad tiene que ser justa y estar al servicio de las personas, no solamente al servicio de algunas personas.

Últimamente la patronal y el propio Gobierno de Cantabria hablan de absentismo laboral. Reprochan que las cifras son cada vez más elevadas. Pero hablar en estos términos puede inducir a pensar que los trabajadores no van a trabajan porque no quieren, que son faltas injustificadas.

Es un tema que tenemos bastante claro. En este sentido, tengo que reconocer que las declaraciones que hizo el consejero de Salud -que poco tiene que ver su forma de pensar con la mía- cuando le interpelaron sobre el tema del absentismo en el Parlamento lo primero que dijo fue que hay que definir lo que es absentismo. Efectivamente. Una persona que está de baja no es un absentista, pero las empresas dentro del absentismo lo meten absolutamente todo: los derechos, las libranzas por hospitalizaciones, los permisos sindicales, de matrimonio. Ellos consideran absentismo todo lo que no sea estar trabajando, y eso no es el absentismo.

Las empresas consideran absentismo todo lo que no sea estar trabajando

En cualquier caso, la parte que nos preocupa del absentismo no son los números sino la pérdida de salud de los trabajadores y las trabajadoras como consecuencia del desempeño del puesto de trabajo en unas condiciones que no sean aceptables. Para nosotros sería importante que se abriera un foro de debate en el que estuviesen representados todos los organismos que tienen que ver con ésto: representantes de los trabajadores, del Gobierno, Servicio Cántabro de Empleo, ICCAS, INSS, CEOE, las mutuas... Un foro para aliviar la situación pero no desde el punto de vista de cómo se está tratando ahora. A nosotros nos preocupa la parte de las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo. Sin duda podríamos mejorar todo esto ejerciendo una mejor labor en la prevención y agilizando los trámites para que a las personas se las pueda diagnosticar, tratar, en los tiempos adecuados. Estamos viendo que en muchos casos la falta de atención médica hace que se cronifiquen las lesiones y después es mucho más difícil la recuperación. Pero -insisto- hay que definir lo que es absentismo.

El presidente de la CEOE Enrique Conde si ha aludido a esta cuestión del absentismo ¿cómo es la relación con la patronal?

Algunas declaraciones -no de la CEOE, sino de Enrique Conde- me sorprenden pero soy respetuoso con ellas. La relación es normal, como la que intentamos tener con todos los partidos políticos, unas cosas me gustan más y otras menos pero estamos obligados a respetarnos y a trabajar juntos. Incluso quizá a intentar convencernos unos a otros de que la otra parte está equivocada. Yo tengo una buena relación con la mayoría de las personas que trabajan en la CEOE pero hay declaraciones concretas que se podrían tachar de cierta falta de respeto.

También se alude a un excesivo absentismo de los trabajadores jóvenes, ¿eso es una realidad?

La situación ha cambiado. No tiene las mismas necesidades una persona de 22 años de hoy -ahora que más o menos las coberturas sociales son relativamente buenas- que las que tenía mi abuelo o mi padre. Mi abuelo tuvo que tragar con todo, mi padre tuvo que tragar con mucho, yo con un poco menos y mis hijos tragan con bastante menos de lo que tragué yo. ¿Esto quiere decir que trabajen peor? No. El entorno es diferente, la sociedad ha cambiado. Ahora mismo quizá hay jóvenes que no están dispuestos a asumir algunas cosas que se asumían primero. Tengo algún recuerdo de mis primeras laborales en las que estaba yo solo montando tres cuerpos de andamio, colocando canaletas un sábado por la tarde en un polígono. Si te caes allí te encuentra alguien el lunes en el mejor de los casos. Hoy un chaval dice: mira, esto lo va a hacer quien yo te diga. No son menos trabajadores y tampoco pasa lo mismo en todas las empresas. Las hay que tienen plantillas estables, que hacen imán con los trabajadores. Si vas a trabajar a un sitio que te dicen que tu jornada va a ser de 25 horas semanales y vas a trabajar los sábados por la tarde y los domingos entonces el trabajador dice: no me interesa. Hay empresas que no tienen problemas para mantener sus plantillas estables, pero hay otras que sí. Igual que hay sectores que no tienen problemas para encontrar gente y otros que si.

¿Qué salud tiene el mercado de trabajo en Cantabria?

La primera legislatura, cuando entramos en el sindicato, prácticamente doblábamos los parados que hay ahora mismo y era una situación compleja. Ahora la economía crece y como consecuencia de ello hay trabajo. Lo que pasa es que aunque ha subido muchísimo el salario mínimo y se han mejorado en muchísimas cosas sigue habiendo trabajos o sectores muy malos que están muy precarizados y en los que cuesta mucho encontrar mano de obra estable. Si lo trasladas a otras comunidades no es diferente y donde tienen muy desarrollado el sector primario, por ejemplo, también tienen que traer mano de obra extranjera. No tiene tanto que ver con la actividad del trabajo sino con las condiciones, los salarios, las coberturas. Normalmente tienen que más que ver con el 'por qué' y el 'por cuánto'. Considero que Cantabria ahora mismo tiene unas cifras de paro asumibles aunque la situación ideal es que no hubiese ningún parado. Todo el mundo habla permanentemente de la industria pero creo que una solución para la región sería el desarrollo pleno del sector primario porque nos haría una comunidad más sostenible más equilibrada, más estable ante los vaivenes económicos, fijaría población en el medio rural, facilitaría y colaboraría con el mantenimiento del entorno... ayudaría a la estabilidad económica de Cantabria porque no depende tanto de la coyuntura mundial. En situaciones complejas como la pandemia proporcionaría producto y comercio cercano.

Una de las quejas del Gobierno es que faltan médicos en Cantabria ¿Hay dificultades para encontrar trabajadores en otros sectores?

En la hostelería, por ejemplo, se gana 1.300 o 1.200 euros. Con el registro horario las condiciones son un poco más aceptabless. Pero la hostelería tiene la mala fama de lo que ha estado haciendo hasta ahora. Con la construcción pasa lo mismo. ¿Tiene un mal convenio? no. Es aceptable. Pero la construcción viene de los años dos mil cuando un encofrador ganaba cinco mil euros y ahora mil quinientos. Primero trabajaba por horas, a destajo. Pero ahora una persona que estaba ganando eso igual ya no está dipuesta a hacerlo por mucho menos dinero. Eso no quiere decir que no haya otras personas dispuestas a hacerlo. Insisto, no creo que las profesiones o los sectores sean buenos o malos. Los empleos son buenos y malos por las condiciones y el salario.

Las malas condiciones y los salarios bajos quedan para la mano de obra extranjera.

Son personas que normalmente vienen de situaciones peores o más desregularizadas y esas condiciones no les parecen tan malas. Si esas circunstancias las unimos al tema de la vivienda... es terrible cómo están, viviendo en habitaciones.

Quien ejerce un cargo público tiene que defender lo público

Situación de la industria. Los ERES de fábricas como Bridgestone o Teka ¿cómo repercuten en el sector industrial de Cantabria? ¿Cuántos empleos se han perdido en los últimos años en las fábricas?

Se han perdido muchos. Si hacemos memoria de lo que eran las fábricas de la zona de Buelna, del Besaya, Campoo, Camargo... estaremos hablando de que se han perdido más de la mitad de los puestos de trabajo industriales. Sí que es verdad que han surgido otros grupos, como lo que empezó siendo el grupo Bravo en Ampuero, o empresas como Maflow en Guarnizo. Siempre se debilitan las matrices y van surgiendo otras industrias más pequeñas que normalmente llevan aparejados salarios más pequeños y condiciones más precarias. Nada tiene que ver lo que era la antigua Standard con lo que es ahora. Es la evolución, la deslocalización. En algunos casos se apuesta por países del este. Primero fue la globalización y ahora es la 'desglobalización' pero aunque sea dentro del propio continente siempre buscando países de bajo coste, mano de obra barata. Pero también sin regulaciones medioambientales, de salud laboral, sin regulaciones en seguridad e higiene, sin prestaciones sociales. Intentando no repartir la riqueza que se genera en las empresas. Porque, al final, detrás de todo esto siempre subyace lo mismo: el intentar no repartir el dinero que se genera. Es lo que está pasando en la sociedad en general.

Ayer escuchaba a unas empresas que contaban las dificultades que tenían para vender en Navidad frente a las grandes cadenas nacionales o la compra por internet. No nos damos cuenta de que un comercio de Santander pagará el 20, 25 ó 30 por ciento de impuestos y una cadena internacional pagará el 1% de impuestos en España y el resto, en caso de que pague algo más, lo pagará en Bruselas o en cualquier otro sitio.

También surgen muchos conflictos laborales y quejas por los servicios privatizados desde lo público: las basuras en Santander, por ejemplo, o las ambulancias. ¿Debería exigirse que la gestión de lo público también siempre fuese pública?

Yo, sin duda, preferiría que fuera público. Detrás de todos estos contratos hay trabajadores desempeñando su trabajo en condiciones precarias. Los ciudadanos que tienen que soportar que una ciudad está sucia o los pacientes esperar hasta las dos de la madrugada para tener una ambulancia. Entonces, en estas colaboraciones público-privadas, ¿quién se beneficia de ésto? ¿Dónde se queda el beneficio de estas empresas? En la prestación del servicio, no. En los trabajadores, tampoco. Se convierten en negocios. Ahora lo hemos visto en la Comunidad de Madrid [caso hospital de Torrejón] o en Andalucía con el cribado de cáncer de mama. Todos los servicios públicos cuando pasan a ser colaboraciones público-privadas se convierten en negocios, el carácter de lo público desaparece. Además, hay un mantra que está calando en la sociedad como que es más barato -no es verdad- o que la gestión es más eficiente, que tampoco es verdad. Ni es más barato ni más eficiente.

Hace unas semanas en Cantabria se desvelaba la privatización de servicios sanitarios, cribado de cáncer de mama y colon, dentro de un nuevo convenio singular con el Hospital Santa Clotilde: 216 millones que luego han resultado ser 40 más: 256 que se pueden extender hasta 20 años. ¿Está UGT de acuerdo con esta medida? ¿está amenazada la sanidad pública por los propios gestores públicos?

No tengo absolutamente nada en contra de ningún hospital privado. Pero me parece un error. La sanidad tiene que ser pública, gratuita y solo eso va a garatizar una buena atención a las personas y unos medios adecuados. Lo otro se acaba convirtiendo en negocios. Hemos visto los últimos ejemplos pero es que van a salir más. Las declaraciones que ha hecho el CEO del hospital público de gestión privada de la comunidad de Madrid son absolutamente indecentes. No puede ser que se tomen la sanidad pública como si fuese un negocio privado. Para ser un servidor público hay que tener unos valores. La sanidad en España es una maravilla, otra cosa es que hay dotar de más recursos a los centros de atención primaria, a los consultorios, que haya que cubrir las vacantes y plazas. No se pueden hacer discursos para cagársela como se intentó en su día con las pensiones. ¿Cómo que no es sostenible? Lo será siempre que queramos que lo sea. Los dirigentes políticos que son servidores públicos -me da igual del partido que sean- lo primero que tienen que tener es la voluntad de creer en lo público. Y sino que se monten sus propias empresas de gestión de servicios. Lo que no puede ser es que se presenten a unas elecciones con ánimo de privatizar lo público, que trabaje donde quiera, pero si ejerce un cargo público tiene que defender lo público.

Algunas declaraciones del consejero de Educación no considero que sean el caldo de cultivo adecuado para llegar a un acuerdo

Privatizaciones sanitarias, un conflicto salarial enquistado en educación, ¿Cómo valora el sindicato la acción del Gobierno de Buruaga en cuanto a la gestión de servicios públicos?

Me parece que no se debe dividir a la gente entre lo público y lo privado. Algunas declaraciones del consejero de Educación no considero que sean el caldo de cultivo adecuado para llegar a un acuerdo. La experiencia que yo tengo es que en las negociaciones hay que mostrar muchísimo respeto a la otra parte. Con la falta de respecto no se consigue nada. Cuando he tenido que negociar temas difíciles en mi empresa y en otros sitios intento mostrar un respeto terrible a la otra parte de la mesa, intento convencerles de lo que yo creo que es justo, escucho sus razonamientos, intento buscar soluciones, propongo cosas diferentes. Lo que nunca hago es faltar al respeto a la otra parte o intentar dividir. Eso no es creer en la negociación colectiva. La negociación y el diálogo social son otra cosa. El Gobierno -en este caso, el consejero- tendría que haber asumido esta negociación mostrando respeto a la otra parte y pidiendo respeto cuando no se lo mostrasen a él. Al final aquí hay una parte que tiene más responsabilidad que la otra, y en este caso es la Consejería la que tiene que imponer el sentido común. Y si no le hay, pedirle. En cualquier caso, las subidas salariales que tienen pactadas en ningún caso pueden estar sujetas a la cláusula Silva. Eso, que quede claro porque son amenazas veladas y las amenazas no caben en las mesas de negociación, no son buenas para nadie.

El Parlamento de Cantabria ha rechazado el Presupuesto propuesto por el Gobierno del PP con los votos en contra de toda la oposición, izquierda y derecha. Cuando paradójicamente, este gobierno que privatiza la sanidad pública, entre otras cuestiones, contaba con el visto bueno de los sindicatos y la patronal ¿Por qué consideran que era bueno?

UGT no se presenta a las elecciones. Participamos en el diálogo social y yo tengo que reconocer que el Partido Popular que gobierna ahora en Cantabria se ha presentado con un programa y lo que está haciendo es llevarlo a cabo. ¿A mi me gusta? No, pero tengo que respetarlo. ¿Los presupuestos son buenos? Tienen más de doscientos millones de euros más. Si hay 221 días de trabajo hay casi para gastar un millón más al día el próximo año en Cantabria. Los números son buenos. La cláusula Silva, no. La privatización de Santa Clotilde tampoco. Pero es que eso lo tiene que dilucidar los partidos políticos en el Parlamento, no la UGT ni Comisiones Obreras. Que se pongan de acuerdo en dónde hay que poner estas candidades de dinero, eso es lo que yo he dicho en el Parlamento. ¿Parecería normal que los profesores, los médicos o cualquier trabajador tuviesen a la comunidad de rehén solo por aprobar su subida salarial? Algunos empresarios dicen: que me ayude el Gobierno. Y algunos trabajadores ya empiezan a decir que la diferencia entre lo que pedimos nosotros y lo que nos da la empresa que lo ponga el Gobierno. Vamos a centrarnos un poco. Los números generales de los presupuestos son buenos. Que se pongan de acuerdo dónde lo tienen que gastar que es su obligación. De todos modos, nosotros hemos presentado 60 ó 70 alegaciones y más o menos nos han aceptado la mitad. El año pasado prácticamente lo mismo. Eso no quiere decir que nos gusten los presupuestos al cien por cien. Lo hemos dicho públicamente, que no estamos de acuerdo con las privatizaciones ni con algunas colaboraciones público privadas y que yo quiero que se defiendan los pilares fundamentales del estado del bienestar. De esto estamos hablando todos los días. ¿Es mejor estar sin presupuestos? No. Lo que tienen que hacer los partidos políticos es ponerse de acuerdo en qué presupuestos quieren porque yo tampoco he escuchado tantas propuestas, ni a unos ni a otros.

¿Los grupos parlamentarios se han dirigido a ustedes, al sindicato UGT, para recabar su opinión sobre el presupuesto?

No, no nos han llamado para nada. Normalmente tengo la sensación de que solo me llaman cuando les interesa.

UGT se ha considerado el sindicato hermano del Partido socialista ¿se mantiene esta sintonía político-sindical? ¿qué relación tiene con la cúpula del PSOE en Cantabria?

Yo no estoy afiliado al partido socialista. La trayectoria del PSOE y la UGT hasta hace unos cuantos años ha ido de la mano, de hecho había dirigentes políticos y sindicales que prácticamente compartían la militancia. He tenido una excelente relación con las diferentes directivas del PSOE, con los anteriores a Zuloaga, tuve una buena relación con Zuloaga e intento tener una buena relación con los que están ahora, pero me pasa lo mismo con cualquier otro partido político. Con el PSOE compartimos muchas ideas: somos un sindicato progresista, feminista. En otras cosas no estamos de acuerdo, pero hay que respetarse. Mi obligación es trabajar con todos los partidos. Estoy muy lejos de la situación social actual de odiar al que piensa diferente y de estar todo el día en esa crispación.

El Gobierno de Cantabria ha recibido un total de 908 solicitudes al Bono Alquiler Joven del Ministerio de Vivienda, una convocatoria para la que la comunidad autónoma recibe 3,8 millones.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), que ha recordado que es el Gobierno de Cantabria el que gestiona y tramita estas ayudas y ha vuelto a quejarse de la complejidad del decreto del Bono Alquiler Joven.

“Los jóvenes prefieren las ayudas que da el propio Gobierno (de Cantabria), que son mucho mejores que las que vienen de ese Bono Alquiler Joven, que son inferiores y mucho más complicadas de justificar”, ha dicho Media.

La cuantía del Bono Alquiler Joven del Ministerio asciende a 250 euros al mes y se concede por dos años, mientras que las ayudas del Gobierno de Cantabria oscilan entre los 350 y 450 euros, han explicado desde la Consejería.

El consejero ha explicado que hubo que ampliar un mes el plazo de presentación de solicitudes ya que con las presentadas no se llegaba al importe aportado desde el Ministerio.

Media ha indicado que, en estos momentos, los funcionarios de la Consejería de Vivienda están comprobado toda la documentación de las solicitudes y han advertido que “muchas” no están bien presentadas.

Por eso, los funcionarios se están poniendo en contacto con los solicitantes para intentar “subsanar todo aquello que sea subsanable” para intentar que puedan llegar a cobrarlo “el máximo posible” de ellos.

El objetivo del Gobierno es resolver las ayudas lo antes posible, según han indicado desde el Ejecutivo.