La empresa Cantares de Santander S.A. (CANDESA) ha solicitado autorización para abrir una planta de tratamientos de residuos de construcción y demolición en Herrera de Camargo, junto a la cantera de áridos destinados principalmente a obra civil, edificación e infraestructuras, y las plantas de hormigón y de mezclas asfálticas.

La instalación, que ocupará 13.000 metros cuadrados en el Barrio La Verde, se destinará a generar áridos reciclados para reducir los vertidos a partir de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos principalmente. La planta, ubicada en una nave de diez metros de altura, dará servicio a la zona de Camargo, Santander y otros municipios cercanos. Dará trabajo a siete empleados.

El proyecto invertirá 2,3 millones de euros y no contempla la gestión de residuos peligrosos. Se plantea “como una nueva línea de negocio centrada en la producción de áridos reciclados” que complemente al árido natural, explica la memoria registrada en la Dirección General de Urbanismo que ha salido a información pública.

La planta incorporará todas las fases necesarias para el tratamiento de este tipo de residuos: admisión, separación manual y mecánica, trituración, limpieza y cribado. A partir de este proceso se obtendrán materiales reutilizables para ser comercializados, para labores de restauración minera o para nuevas aplicaciones constructivas.

La capacidad máxima de tratamiento de la instalación será de hasta 250.000 toneladas anuales, aunque se estima una entrada inicial de aproximadamente 120.000 toneladas al año durante los primeros años.

Los camiones accederán por la entrada situada al norte del emplazamiento, hasta llegar a la báscula y el punto de inspección, para realizar la descarga en el interior de la planta, y saldrán por el extremo opuesto del recinto sin acceder en ningún momento al área de explotación minera.

La parcela sobre la que se ubicará la planta está calificada como suelo urbanizable y es un terreno que fue utilizado como zona de acopio de materiales durante las obras de ejecución de la autovía S-30 en sus inmediaciones. Por precaución, se extenderá una losa de hormigón impermeable sobre toda la superficie para evitar infiltraciones al terreno.

El Gobierno de Cantabria ha pagado 4,2 millones de euros al hospital religioso Santa Clotilde por los servicios sanitarios -estancias de pacientes y operaciones- corrrespondientes a los tres primeros meses del año. La cantidad facturada de enero a marzo es la mitad de lo que se venía pagando hasta ahora -8,4 millones- antes de que entrase en vigor el contrato singular de privatización impulsado por la Consejería de Salud que incrementa notablemente esta cantidad hasta los 16 millones al año.

El acuerdo, según expresó el propio consejero César Pascual, se firmó para “dar estabilidad” a la orden religiosa “que quiere hacer una inversión muy importante de casi 60 millones”, y que “pronto empezará a construir un bloque con nuevos quirófanos” y a dotarse “de tecnología que hasta ahora no tenían”. Una tecnología y unas dotaciones exigidas en el convenio y que el hospital está lejos de cumplir porque todavía no ha empezado las obras de ampliación del centro sanitario necesarias.

Las intervenciones quirúrjicas realizadas en Santa Clotilde son sobre todo operaciones de rodilla y cadera, varices, hernias y lesiones cutáneas. Además de 470 operaciones de cataratas, según los datos aportados por el Gobierno de Cantabria al Parlamento.

Aunque estaba incluido inicialmente en el convenio, y justificó el incremento del precio, no se están realizando cribados de cáncer de mama y de colon como anunció el propio consejero. Ambos programas de prevención de cáncer se siguen haciendo en la sanidad pública.

La cantidad facturada por Santa Clotilde se desglosa de la siguiente forma. Los meses de enero y febrero han sido prácticamente idénticos, con 1,3 milllones, mientras que en marzo el coste ha subido hasta superar de largo los 1,5 millones de euros.

El convenio singular para privatizar servicios sanitarios públicos con el Hospital Santa Clotilde estima abonar 16 millones anuales durante los próximos 16 años, lo que hace un total de 256 millones. Existe, además, la posibilidad de prorrogar la privatización de servicios sanitarios durante cuatro anualidades más, hasta el año 2046.

El Ayuntamiento de Santoña ha intentado salvar de la Ley de Memoria Democrática la estatua del que fuera vicepresidente del Gobierno de Franco, Carrero Blanco, argumentando que también fue víctima del terrorismo, ya que perdió la vida como consecuencia de un atentado de ETA. La estrategia no ha funcionado.

La Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática ha emitido una resolución el 2 de septiembre que ordena su derribo en el plazo máximo de seis meses al ser contrario a la ley.

En paralelo, el Ayuntamiento santoñés recurrió a la reciente normativa autonómica y, amparándose en una Ley de Víctimas del Terrorismo de Cantabria, solicitó sin éxito a la Consejería de Presidencia que reconociese que Carrero Blanco es una víctima. El Gobierno de Buruaga respondió que no tiene competencia para el reconocimiento de víctima de terrorismo en su normativa. Por esta razón, le indicó que debía dirigirse a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, como órgano encargado de certificar la condición de víctima del terrorismo, donde tampoco han accedido a su petición.

Las autoridades locales pretendían que se autorizase la 'resignificación' del monumento para que permanezca en el paseo marítimo de la localidad. Una obra de 40 metros de altura del escultor Juan de Ávalos con un ángel en la cúspide y una rosa de los vientos, que hace alusión a la condición de marino de Carrero Blanco.

No fueron los únicos en solicitar el indulto, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) de Miguel Ángel Revilla apoyó en el Parlamento autonómico declararlo Bien de Interés Cultural para protegerlo de la Ley de Memoria y evitar su retirada. Además de “antidemócrata” también “fue un benefactor del pueblo de Santoña”, justificó el portavoz regionalista Pedro Hernando.

Reacción

La Asociación Héroes de la República y la Libertad considera que tanto el Ayuntamiento de Santoña como el Gobierno de Cantabria (PP) “han hecho verdaderos malabares para intentar colar por Bien de Interés Cultural la nostalgia que aún destilan de franquismo”.

En un comunicado, su presidente Jorge Suárez, reivindica esta resolución como “un paso importante de higiene democrática”.

La resolución ministerial puede ser recurrida.

El Gobierno de Cantabria ha anunciado la convocatoria de una línea de subvenciones, dotada con 300.000 euros, destinada a apoyar la inserción laboral de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.

Estas ayudas, que se publicarán este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), tienen como finalidad reforzar los servicios que permiten superar las barreras, obstáculos o dificultades que encuentran las personas con discapacidad, tanto en su incorporación a un puesto de trabajo como durante su permanencia y progresión en el mismo.

La convocatoria, que se enmarca en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno, contempla actuaciones dirigidas a colectivos con mayores dificultades de acceso o permanencia en el mercado laboral, con especial atención a las personas con discapacidad contratados en centros especiales de empleo inscritos en el Registro de Centros Especiales de Empleo de Cantabria.

En concreto, se incluyen las personas con parálisis cerebral, trastorno de la salud mental, discapacidad intelectual o trastorno del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, así como las personas con discapacidad física o sensorial con un grado igual o superior al 65%.

Las unidades de apoyo a la actividad profesional están integradas por equipos multiprofesionales encargados de identificar las necesidades de cada trabajador y establecer los apoyos necesarios para el desarrollo de su actividad profesional.

Entre sus funciones se encuentran también la formación para la adaptación al puesto de trabajo y a las nuevas tecnologías y procesos productivos, así como el establecimiento de apoyos individualizados.

Además, estos equipos trabajan para favorecer la autonomía e independencia de los trabajadores, facilitar la incorporación de nuevos empleados al centro especial de empleo y acompañarles, cuando sea posible, en el tránsito hacia enclaves laborales y el mercado ordinario de trabajo.

También intervienen ante posibles procesos de deterioro evolutivo para evitar o atenuar sus efectos.

La convocatoria establece una subvención fija anual de 1.440 euros por cada persona trabajadora con discapacidad con mayores dificultades de inserción cuando esté contratada de forma indefinida a jornada completa o mediante un contrato temporal a jornada completa de una duración igual o superior a seis meses. El importe se reducirá proporcionalmente en función de la duración del contrato y de la jornada cuando corresponda, sin que puedan subvencionarse contratos cuya duración sea inferior a seis meses.

Las ayudas podrán ser objeto de cofinanciación por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Público de Empleo Estatal.

Podrán beneficiarse de estas subvenciones las entidades titulares de los centros especiales de empleo que desarrollen su actividad en Cantabria, figuren inscritos en el correspondiente registro y cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, entre ellos disponer de las unidades de apoyo con la composición exigida.

Refuerzo de los equipos profesionales

La convocatoria establece diferentes módulos de personal en función del número de trabajadores con discapacidad con mayores dificultades de inserción atendidos por cada centro.

Así, los centros de hasta 15 trabajadores deberán disponer, al menos, de un técnico con una dedicación mínima del 20% de su jornada y un encargado de apoyo a la producción a tiempo completo, incrementándose progresivamente estos recursos conforme aumenta el número de trabajadores atendidos.

Las personas que desempeñen funciones técnicas deberán contar con la titulación y experiencia requeridas, preferentemente en ámbitos educativos, sanitarios, asistenciales, pedagógicos, psicosociales, terapéuticos o sociolaborales, mientras que los encargados de apoyo a la producción deberán acreditar experiencia en integración social o laboral de personas con discapacidad o conocimientos relacionados con sus funciones.

El periodo al que se extienden las acciones subvencionables comprende desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026 y cada entidad podrá presentar una única solicitud.

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por medios telemáticos y el plazo será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado que esta convocatoria refuerza el compromiso del Gobierno de Cantabria con una inclusión laboral “efectiva”, especialmente de aquellas personas con discapacidad que encuentran mayores dificultades para acceder o mantenerse en el empleo.

“No se trata únicamente de facilitar el acceso a un puesto de trabajo, sino de proporcionar los apoyos necesarios para que las personas puedan desarrollar su actividad profesional, ganar autonomía y avanzar en su trayectoria laboral”, ha indicado.

La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria tramita la construcción de un hotel rural de quince habitaciones con piscina en Tagle (Suances) sobre suelo rústico. Una parcela segregada pediente de autorización de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria) que aún no está inscrita en el castastro, según explica la documentación sometida a información pública que notifica el Boletín Oficial de Cantabria.

El establecimiento hostelero se edificará sobre una superficie de casi 900 metros cuadrados en dos plantas con sótano, configurado por dos alas entorno a un patio frontal coronado con cubierta a dos aguas. En la planta baja habrá cinco habitaciones, salón acristalado con acceso a una terraza exterior y recepción. Las otras diez habitaciones con terraza se ubican en el piso superior.

El proyecto contempla instalar una piscina exterior, zonas de terraza, jardines, arbolado y aparcamiento.

El proyecto, registrado por un particular de la zona, aspira a aprovechar las ventajas turísticas de Suances con “un edificio abierto al paisaje, en el que junto con la oferta de alojamiento se ofrezca al cliente la experiencia de descubrir el litoral de Suances, hoy incluido en el Geoparque Costa Quebrada”, una excepcional joya natural incluida en la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO, explica el proyecto.

La edificación se ha diseñado un mirador para que “el cliente se conecte con el territorio mediante terrazas y miradores que le permitan disfrutar de las vistas que ofrece la parcela hacia las islas por el este, hacia Picos de Europa por el oeste, y hacia la mar por el norte”.

Este hotel se une a otros proyectos de alojamientos turísticos sobre suelo rústico tramitados a lo largo de este año. Entre ellos, dos establecimientos en Liencres de 6 y 8 apartamentos turísticos, y otro edificio de cuatro apartamentos con piscina en Valdáliga.

El Gobierno de Cantabria ha adquirido un terreno en desuso en la calle San Francisco de Laredo, en la Puebla Vieja, donde la Consejería de Fomento ha dicho que construirá alrededor de 27 viviendas públicas.

Así lo ha anunciado este martes el consejero del área, Roberto Media, quien ha avanzado que durante la primera quincena de septiembre -antes de La Bien Aparecida, según ha precisado- se licitará la redacción del proyecto por un importe de 220.000 euros. Así, la licitación se publicará en el Perfil del Contratante antes del 15 de septiembre.

La actuación global supondrá una inversión de 3,23 millones y se incluye dentro del programa 'Plan Cantabria Alquila', anunciado en junio por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.

Las 27 viviendas de Laredo se sumarán a las 550 que la Consejería prevé promover en 17 municipios para ampliar el parque residencial de la comunidad autónoma.

Por otro lado, en su visita a Laredo, el consejero ha señalado que avanza “a buen ritmo” la construcción de otros tres bloques residenciales (37 pisos en total) en el sector 4 del municipio, junto al Hospital Comarcal.

Estas edificaciones dispondrán de 8, 11 y 18 viviendas de uno o dos dormitorios, con un diseño modular, flexible y de alta eficiencia energética. Además, el complejo contará con locales comunes, trasteros y plazas de garaje.

Esta obra dispone de un presupuesto cercano a los 5 millones de euros -cofinanciados con fondos europeos y regionales- y forma parte del paquete de 212 viviendas proyectadas mediante colaboración público-privada.

Media ha realizado este anuncio durante la inauguración de tres viviendas de alquiler social habilitadas por la empresa pública Gesvican en antiguos bajos comerciales en el casco histórico de la villa pejina que llevaban más de diez años cerrados y en cuya transformación Fomento ha invertido 242.987 euros.

El consejero de Fomento, Roberto Media (PP), ha indicado que el Gobierno de Cantabria está analizando si la región se adherirá al abono único que el Ministerio de Transportes ha extendido a las redes autonómicas y municipales que quieran sumarse, con una opción más barata para jóvenes, y ha señalado que lo hará siempre y cuando no sea “un brindis al sol”.

El departamento que dirige Óscar Puente (PSOE) ha articulado un mecanismo de compensación económica destinado a cubrir los posibles “impactos financieros negativos” y el aumento de costes que sufran las comunidades autónomas, entidades locales y consorcios de transporte al incorporarse al sistema del abono único.

Sin embargo, el titular de Fomento de Cantabria ha subrayado que analizará esta nueva propuesta y, si es buena para los cántabros, la llevará adelante. Pero, “si son un brindis al sol, como suelen ser muchas de las propuestas del PSOE”, explicará a los ciudadanos de la región “que no es razonable” adherirse.

Aún así, Media ha destacado que, “como cualquier propuesta del Ministerio de Transportes”, el Ejecutivo regional lo analizará y tomará una decisión.

Además, ha puntualizado que Cantabria, antes de que el Gobierno de España informara que iba a continuar con los descuentos, ya anunció que iba a continuar con esta medida. “Eso lo hemos hecho a lo largo y ancho de toda Cantabria dentro de lo que son nuestras competencias”, ha apostillado.

Por último, ha insistido en que todas las medidas, “siempre que sean buenas para los ciudadanos de Cantabria”, el Gobierno autonómico las respaldará.

El coordinador de Izquierda Unida de Cantabria y candidato de IU-Podemos a la Presidencia autonómica, Israel Ruiz Salmón, ha exigido que el Plan Económico-Financiero (PEF) que el Gobierno de María José Saénz de Buruaga (PP) está obligado a hacer tras incumplir la regla de gasto “no se utilice como justificación para aplicar ajustes en los servicios públicos”.

“La ciudadanía de Cantabria no es responsable de las leyes del PP y no puede ser quien pague las consecuencias. Nos opondremos frontalmente a cualquier recorte que afecte a la sanidad, la educación, la dependencia o las inversiones públicas”, ha aseverado este sábado en un comunicado, en el que ha subrayado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) mantiene riesgos de incumplimiento para los próximos ejercicios.

Al respecto, Ruiz Salmón ha calificado de “paradójico” que el Ejecutivo cántabro critique la obligación de presentar este documento cuando dicha exigencia “deriva de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada por el propio Partido Popular en 2012, cuando gobernaba Mariano Rajoy”.

“El PP se presenta ahora como víctima de una situación provocada por una ley que aprobó y defendió durante años”, ha sostenido, para afirmar que desde IU se votó en contra de “ese corsé fiscal porque limita la capacidad de las administraciones para responder a las necesidades de la ciudadanía”.

Una fiscalidad “más justa”

Por su parte, la coordinadora de Podemos Cantabria, Mercedes González, ha criticado que el Ejecutivo autonómico haya optado en los últimos años por “reducir ingresos mediante rebajas fiscales” mientras ahora “se plantea la necesidad de corregir desviaciones presupuestarias”.

“El Gobierno de Cantabria ha aprobado beneficios fiscales en figuras como Sucesiones o Transmisiones Patrimoniales que favorecen especialmente a quienes más patrimonio tienen. Si existe un problema de ingresos, lo razonable sería revisar esas decisiones antes que plantear recortes”, ha manifestado.

González ha defendido que el PEF debería contemplar medidas para reforzar la recaudación mediante una mayor contribución de las rentas y patrimonios más elevados, “en lugar de trasladar el ajuste al conjunto de la ciudadanía”.

“Hay una alternativa a los recortes y pasa por una fiscalidad más justa. Lo que no aceptaremos es que se mantengan regalos fiscales para una minoría mientras se ponen en riesgo servicios públicos esenciales para la mayoría social”, ha concluido.

El Gobierno de Cantabria cederá la gestión de la Finca de Rosequillo, ubicada en la localidad de La Concha y declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985, al Ayuntamiento de Villaescusa, e incluirá tanto lo referente al parque como al edificio del bar que lleva sin actividad desde la pandemia de la COVID-19 y que tendrá un uso sociocultural.

Así lo ha avanzado este viernes en declaraciones a los medios de comunicación la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia (PP), tras la reunión del Consejo Rector del Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP), que ha tenido lugar esta mañana en la sede del Ejecutivo en Peña Herbosa.

Este consejo ha informado favorablemente sobre la modificación del convenio del año 1987 entre el Ejecutivo y el Consistorio para la instalación de la sede principal del instituto en este espacio.

Urrutia ha valorado que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga haya atendido “una petición histórica” de este Ayuntamiento, quien viene reclamando la cesión de la finca desde el 2007, no solo para el disfrute de vecinos y visitantes, sino también para la gestión del arbolado que cuenta con cinco especies diferentes catalogadas como singulares de Cantabria.

Según ha detallado, el convenio de cesión al ICAP se firmó en 1987 con una duración de 50 años, con lo que estaría en vigor hasta 2037. Sin embargo, ha sostenido que el Ayuntamiento es el que tiene que “disfrutar y gestionar” el parque, ya que el Gobierno está “totalmente al margen de las decisiones de lo que en él se hace a diario”.

En este sentido, la titular de Presidencia ha recalcado que el Ejecutivo ha invertido 70.000 euros desde el 2023 en la finca para mantener anualmente la instalación, que no incluyen su limpieza ni la responsabilidad de lo que allí se hace.

Por ello, ha afirmado que el Gobierno del PP da “un paso importantísimo” en este asunto, algo que “otros no han hecho en los últimos años”, ha criticado para lamentar que el alcalde, Constantino Fernández (PRC), saliera esta semana públicamente en un comunicado a hacer un llamamiento a la Consejería para la cesión, “el mismo día” en el que el Ejecutivo convocaba al Consejo Rector del ICAP, del que forma parte el Consistorio, y que “ya sabía que habíamos iniciado el trámite”.

“Entiendo que el alcalde se debe a su partido político y que hay algunos que están más al vídeo, al tuit, al TikTok”, ha dicho Urrutia, quien ha afirmado no importarle el color político de los ayuntamientos porque ella está “al trabajo, a la gestión, al buscar soluciones a los problemas. No entro en polémicas”.

En este sentido, ha defendido “la política de los hechos, de la lealtad institucional y del trabajo conjunto” frente a “la política de los titulares”.

Además de la cesión del parque, también se cederá el uso del edificio del bar situado junto a la zona administrativa y de formación del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC).

Desde la pandemia en 2020 el inmueble está sin actividad a pesar de que el Gobierno ha intentado licitar y externalizar el servicio en tres ocasiones, pero en todas quedó desiertas, ha explicado la consejera.

Por último, ha trasladado la intención del regidor, que ha participado en la reunión por vía online, de destinar el edificio a un uso sociocultural.

La Finca de Rosequillo está compuesta por dos edificaciones, una del siglo XVIII y otra del siglo XIX, que se utilizan como sede del ICAP, además del local que se ha utilizado como bar y de un parque público con más de 35 especies, cinco de ellas catalogadas como árboles singulares de Cantabria.

El Gobierno de Cantabria va a destinar un paquete extraordinario de 3 millones de euros a un total de 2.309 ganaderos a título principal de la comunidad autónoma. Esta medida busca amortiguar las gravísimas consecuencias económicas con las que ha azotado la sequía, desde el mes de abril, a la región. Esto ha causado que los pastos hayan mermado, que el suelo esté completamente seco y que los costes de la alimentación de las explotaciones hayan sufrido una subida abismal.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha señalado que la caída de la producción forrajera –Jacobo Alonso, Director General de Agrocantabria estima que la subida del forraje de un año a otro es del 40%– se suma al incremento que los ganaderos vienen soportando desde hace tiempo en los costes de producción, especialmente en fertilizantes y combustibles, así como a las dificultades derivadas de las enfermedades que afectan al sector.

Según los datos elaborados por el Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA), la pérdida media de producción forrajera en Cantabria se sitúa actualmente entre el 18,62% y el 32,07%, con una media regional del 25,53%. El impacto varía según las comarcas y alcanza sus niveles más elevados en algunas zonas: la más afectada es Pas-Iguña, con una pérdida del 32,07%, seguida de la comarca Costera, con un 28,23%; Reinosa, con un 25,31%; y Tudanca-Cabuérniga, con un 23,43%. En Liébana, donde se registra el menor descenso, la pérdida alcanza el 18,62%, una cifra que continúa siendo preocupante.

La ayuda económica se ha fomentado tras detectar la urgente situación, a pesar de que no estaba prevista en los presupuestos para el ejercicio de 2026. Susinos ha trasladado formalmente esta decisión a los representantes del sector durante una reunión previa con las Organizaciones Profesionales Agrarias, la Federación de Razas Cárnicas y la Asociación de Frisona Cantabria, para anunciarles las medidas acordadas por el Ejecutivo para paliar esta situación.

Para que estos fondos lleguen con la mayor rapidez a sus destinatarios, el Ejecutivo tramitará la ayuda mediante un decreto de concesión directa que se prevé abonar antes de finalizar el curso. El procedimiento se calculará estudiando caso por caso la superficie máxima declarada en cualquiera de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), priorizando de esta forma la opción más ventajosa para cada explotación.

De forma complementaria, el Gobierno regional ha remitido un informe de la situación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, solicitando formalmente que el Ejecutivo central articule ayudas de emergencia inmediatas para el sector primario cántabro. Asimismo, la administración autonómica deja la puerta abierta hacia Europa, señalando que cualquier ayuda o fondo extraordinario procedente de Bruselas será bienvenido.

Luis Cubría Falla ha sido nombrado nuevo director ejecutivo de operaciones y Talento de Cantur, la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística, tras superar el proceso de selección convocado por la empresa pública el pasado 29 de julio -y para el que se abrió un plazo de presentación de candidaturas de tan solo seis días- para ocupar esta plaza directiva que “estaba vacante”, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Natural de Santander (1968), Luis Cubría es licenciado en Derecho y diplomado en la especialidad Jurídico-Económica por la Universidad de Deusto. Cuenta con un posgrado MBA en administración de empresas por el IESE de Barcelona. Hasta la fecha ha sido gerente del Plan de Sostenibilidad Turística del Ayuntamiento de Comillas.

El Ejecutivo destaca que Cubría es “un profesional de reconocido prestigio” en la planificación turística del sector público y que ha asesorado al Gobierno de Cantabria desde 2012 en varios proyectos en la materia, como el Plan de Marketing Turístico regional, la estrategia de España Verde o la hoja de ruta del Turismo de Cruceros.

Ha trabajado como asesor para otras administraciones regionales como las de Castilla y León y País Vasco, así como para entidades locales como los ayuntamientos de Santander, Bilbao, San Sebastián, Noja, Comillas o Liérganes.

Cuenta además con amplia experiencia en el sector privado, incluidos puestos de senior manager en PwC Consultants y Hicks Consulting Group, con más de 30 años en proyectos de transformación en sectores como la energía, telecomunicaciones, consumo, salud e implantación de software y nuevas tecnologías.

Cubría es a su vez colaborador en varios medios de comunicación y un “apasionado” del turismo de naturaleza y cultural. El nuevo alto cargo de Cantur ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada.

La Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO ha denunciado “deficiencias” en la nueva unidad móvil de cribado del cáncer de mama en las zonas rurales y ha acusado al Gobierno de Cantabria (PP) de poner “en riesgo” este programa “con su deterioro progresivo”.

El sindicato ha realizado esta denuncia con motivo de la puesta en marcha de esta nueva unidad móvil que comenzó a operar hace unos días en Selaya y que fue visitada allí por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y por el consejero de Salud, César Pascual.

CCOO ha apuntado que esta unidad móvil, que, según señala, es alquilada, no supone una más sino que sustituye a una que ya existía y que se ha averiado “por falta de mantenimiento”.

En ella, aprecia “falta de seguridad en la custodia y protección de datos de las personas usuarias, con los datos del mamógrafo custodiados solo por una mampara de cristal, así como importantes deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, e incluso falta de servicio de limpieza desde que ha iniciado su actividad”.

Además, ha señalado que el personal ha comenzado a trabajar coincidiendo con el inicio de las citaciones de las mujeres de la zona, “sin una adaptación previa al puesto, con escasa formación en el nuevo mamógrafo, sin evaluación de riesgos laborales ni plan de prevención, obligatorio al tratarse de una nueva unidad de trabajo”.

Las condiciones del espacio “tampoco garantizan unas condiciones adecuadas para profesionales y usuarias”, aseguran desde el sindicato.

“Las profesionales no disponen, ni siquiera, de una silla para desarrollar su trabajo, mientras que el acceso mediante escaleras y la propia configuración de la unidad generan incomodidad para las mujeres y requieren mantener posturas que complican la técnica de la mamografía y la posibilidad de tener que repetir por falta de claridad”, ha apuntado la delegada de CCOO en el programa de prevención del cáncer de mama, Leire Aguirre.

“Este Gobierno parece pensar que cualquier cosa vale en zonas rurales”, ha censurado.

Para Aguirre, el “buque insignia” de la prevención del cáncer de mama en Cantabria era un equipo humano altamente especializado, una organización que permitía realizar las citaciones sin demoras excesivas y unos recursos técnicos muy avanzados “que han dejado en el olvido”.

Y es que, según ha indicado, en la actualidad, “falta personal y una organización del programa que respete los derechos de la plantilla en cuestión de horarios y planificación”.

En este sentido, el sindicato ha criticado que se pretenda ampliar la franja de edad del cribado, algo que CCOO llevaba tiempo reclamando, “sin incrementar los recursos del programa”.

Además, ha advertido de que “la obsolescencia de los propios equipos y la falta de mantenimiento están provocando retrasos y, sobre todo excusas”. Por todo ello, teme que “se trate de otra maniobra para privatizar otra joya más de la salud de las cántabras”.

Cantabria ha registrado en los últimos tres meses -junio, julio y lo que va de agosto- un total de 58 incendios forestales y 120 hectáreas quemadas. En concreto, 17 incendios tuvieron lugar en junio, 29 en julio y 12 este mes de agosto, ha informado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, este martes en declaraciones a la prensa, en las que ha señalado que “tenemos que seguir vigilantes y seguir estando ahí, al pie del cañón”.

Según ha señalado la consejera, estos incendios se suman a los otros 738 focos que se registraron en los cinco primeros meses del año -de enero a mayo- y que afectaron a más de 15.500 hectáreas en la comunidad autónoma, superando la media de los últimos años.

Urrutia, que se ha reunido con alcaldes para presentar las guías de respuesta contra incendios forestales, en el CIMA, ha destacado la importancia de trabajar junto a los consistorios para prevenir, anticiparse y dar una respuesta rápida ante estas emergencias.

Cuestionada sobre las oposiciones de bomberos forestales y agentes del medio natural, la consejera ha indicado que el proceso selectivo, que ya ha comenzado, continuará en septiembre y espera que en el último trimestre del año se puedan cubrir las plazas.

Según ha apuntado, con la nueva normativa que aprobó el Gobierno de España, se ha producido una jubilación “masiva” y “muy rápida” de “muchos” agentes y bomberos forestales.

Así, ha aseverado que, pese a que la región tiene una plantilla con “bastante temporalidad” y la lista está “agotada”, el Ejecutivo autonómico ha puesto encima de la mesa “todas las medidas” para poder seguir cubriendo y reforzando “cuanto antes” el Servicio de Prevención de Incendios Forestales.

Asimismo, ha aclarado que este servicio seguirá en la Consejería de Desarrollo Rural, pese a que la emisora de atención a emergencias cambiará su lugar físico y pasará a estar en la sala 112.

El Gobierno de Cantabria ha firmado dos convenios con los Bomberos Voluntarios de Santander, uno de ellos nuevo, con los que el Ejecutivo destina un total de 45.000 euros para el mantenimiento de la actividad del Cuerpo y para inversiones en sus infraestructuras.

En concreto, se ha renovado el vigente convenio con el que el Ejecutivo dedica 15.000 euros para la actividad diaria de los voluntarios y la compra de materiales; mientras que se ha rubricado otro documento dotado con 30.000 euros para las mejoras que necesita el edificio que alberga el parque, construido en 1921, de la plaza Numancia.

Así lo ha informado este lunes la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, quien ha destacado la labor que realizan los bomberos voluntarios, casi una veintena, que, además de la capital cántabra, cubren toda la región.

Urrutia ha hecho hincapié que con el nuevo convenio, “pionero” en esta legislatura gracias a la aprobación de los presupuestos, el Gobierno ayudará a “recuperar” el histórico inmueble ya que se prevé que se continúe con la reparación e impermealización de la cúpula, además del refuerzo estructural de las vigas del edificio y del balcón de la fachada principal. Asimismo, se reparará toda la carpintería interior.

Todo ello con el fin de garantizar “la estabilidad, la seguridad y la estanqueidad” del inmueble, ha detallado.

Al hilo, la titular de Presidencia ha valorado que desde 2023 las cuantías que su departamento ha destinado a este Cuerpo se han incrementado de 12.000 euros a los 45.000, lo que supone un 275% más de inversión “en ayuda, en acompañamiento y en inversión” para este parque.

Y es que ha destacado que este montante se destina “a hacer crecer y mantener” sus actuaciones y para que el Cuerpo siga dando ayuda en las labores de prevención que “de forma permanente” presta al Gobierno de Cantabria, al Ayuntamiento de Santander, al sistema de Protección Civil y, en general, a la gestión de las emergencias.

En este punto, la consejera ha especificado que los bomberos voluntarios han participado en 68 ocasiones en 2025 a requerimiento del Centro de Atención a Emergencias 112, y en lo que va de año, en 56, a las que se suman otras casi 150.

Una de ellas, ha resaltado, cuando la semana pasada formaron parte del “espectacular” dispositivo que el Gobierno cántabro puso en marcha con motivo del eclipse total de Sol. Su destino fue el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Liencres donde ayudaron a la extinción del incendio que se declaró por la tarde en Los Pinares.

Por último, Urrutia ha agradecido la colaboración que “siempre” realizan los bomberos voluntarios de Santander, tanto en concienciación como prevención de las emergencias, labor que para el Ejecutivo es “importantísima”.

“Estamos hablando de 350 actuaciones anuales, lo cual es casi todos los días trabajando para ayudar a los demás”, ha ensalzado.

Por su parte, el presidente de la Junta de la Agrupación de los Bomberos Voluntarios, Mariano Linares, ha agradecido al Gobierno regional las ayudas y ha indicado que los 30.000 euros son “muy necesarios” para poder “rematar” el mantenimiento del parque, el cual quedará ya “casi en óptimas condiciones” en cuanto a seguridad. Linares ha hecho extensible el agradecimiento al Ayuntamiento de Santander puesto que las subvenciones de ambos “permiten mantener el espíritu del voluntariado con una casa digna y en buen estado de salud”, ha concluido.

La avería del aparato de la unidad móvil de detección de cáncer de mama de la zona de Selaya ha provocado retrasos en las mamografías desde abril, la fecha en la que se produjo la incidencia. La Consejería de Salud resolvió alquilar otro aparato, tras tratar sin éxito de reparar el anterior. El problema es que el personal no está familiarizado con el funcionamiento del nuevo mamógrafo y no se le ha facilitado formación, lo que ha generado un retraso en el funcionamiento de la unidad y, por tanto, del programa de cribado para las pacientes de la zona.

Hace unos días, la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, y el consejero de Salud, César Pascual, anunciaron públicamente que en unos días llegaría a Selaya “un nuevo mamógrafo de última tecnología”, cuando en teoría el aparato -presumiblemente de alquiler- ya estaba en la unidad móvil de la zona donde “serán examinadas cerca de 900 mujeres y se utilizará para garantizar la continuidad del programa mientras se dota de un nuevo mamógrafo de última tecnología y se actualiza la anterior”. La nota oficial no aclara si se trata del mismo equipo, de otro nuevo o de la reparación del mamógrafo que se averió hace cuatro meses.

Ante estas dudas, la diputada del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) Paula Fernández ha registrado unas preguntas sobre este asunto en el Parlamento autonómico para conocer, en primer lugar, si el aparato con tecnología de tomosíntesis de la unidad móvil de cribado de cáncer de mama de Selaya que se incorporó recientemente ha sido comprado, alquilado o cedido, cuál es el periodo previsto de utilización y que pasará con el anterior.

La regionalista también ha solicitado documentación de las incidencias técnicas y averías, el expediente de la compra o alquiler del aparato y las modificaciones, suspensiones o reprogramaciones del calendario de citas que se hayan producido desde abril “como consecuencia de incidencias en su equipamiento”.

Además, la candidata regionalista a la presidencia de Cantabria ha pedido información sobre el personal destinado actualmente al Programa de Detección Precoz del Cáncer de mama y si se han producido variaciones en la plantilla desde principios de año.

Al hilo de esta cuestión, también quiere conocer si se le ha dado formación específica al nuevo personal contratado para manejar los nuevos equipos de mamografías.

Marcha atrás privatización

Tras el intento de privatización de la realización de mamografías con el convenio singular firmado con el hospital privado de Santa Clotilde, la sanidad pública sigue encargándose por ahora del programa de cribado que el consejero de Salud, César Pascual, anunció que se derivaría al centro religioso y cuyo coste ya estaba contemplado en los 256 millones de euros que recibirá en las próximas dos décadas.

El cambio de opinión no se refleja en una disminución de la cantidad que percibirá Santa Clotilde que incluía la prestación de este servicio. Tampoco se ha anunciado oficialmente la renuncia del Gobierno de Cantabria ni se han explicado los motivos, cuando anteriormente se insistía en la imposibilidad de realizarlo con medios públicos.

La única circunstancia que ha cambiado tiene relación con el acuerdo entre el Gobierno del Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria para aprobar los presupuestos de la comunidad correspondientes al año en curso. El PRC puso, entre otras, la condición de que se destinasen cinco millones de euros para reforzar los programas públicos de prevención y detección precoz del cáncer de mama. De esta exigencia, podría derivar el cambio de planes del ejecutivo popular y la decisión de que la sanidad pública siga prestando este servicio de cribado.

Una promotora cántabra ha solicitado autorización a la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria para construir cinco chalets en La Arnía (Ayuntamiento de Piélagos) sobre una parcela compuesta por tres fincas donde hay una zona afectada por la protección de Costas.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica el expediente de solicitud de autorización, que fue registrado el pasado mes de marzo por los arquitectos encargados del proyecto, que ha salido a información pública a objeto de que cualquier ciudadano pueda presentar las alegaciones correspondientes. Las construcciones se ubican en una zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre del barrio Arnía, en el municipio de Piélagos.

Residencial Villimar Siglo XXI, S.L. proyecta edificar las viviendas unifamiliares sobre cerca de cuatro mil metros cuadrados de suelo residencial en La Arnía, en el entorno de Costa Quebrada incluida en la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO.

Según consta en el proyecto remitido a Urbanismo, la edificación ocupará algo más de mil metros del total del terreno. Las casas tendrán una altura. En la planta baja se ubican el garaje, un dormitorio, un baño, un aseo y un espacio único destinado a salón comedor y cocina. En la planta primera habrá tres dormitorios con baño y un cuarto de estar, volcado a la doble altura sobre la zona de comedor, donde se coloca un gran ventanal orientado a las vistas de la costa.

El presupuesto previsto para la construcción de las cinco viviendas unifamiliares se ha calculado en 2,6 millones de euros.

El PSOE de Cantabria ha pedido la paralización del proceso para crear un puesto de alta dirección en Cantur “a dedo y por la puerta de atrás”. “Una convocatoria de una plaza de alta dirección convocada el 31 de julio, con solo seis días para presentarse y que no exige ni titulación ni ninguna experiencia ni en recursos humanos ni en dirección de empresas es una plaza que tiene nombre y apellidos”, ha denunciado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones.

“La falta de transparencia es el primer signo de quienes quieren crear una red clientelar por la puerta de atrás”, ha reprochado.

La empresa pública Cantur dependiente de la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria ha publicado una convocatoria de selección de empleo para contratar un director efectivo de Operaciones y Talento, un perfil de alta dirección de nueva creación que se suma al organigrama cuyas funciones coinciden en su mayoría con las que en teoría ya realiza la directora, Inés Mier. Para optar a la plaza solo hay un plazo de seis días y no se pide ninguna titulación.

Para Quiñones, “el Gobierno del Partido Popular vuelve a demostrar que no tiene ningún interés en gobernar para mejorar la vida de los cántabros, recortando permanentemente los servicios públicos mientras engorda de cargos públicos a dedo su organigrama”.

“Las prioridades de Buruaga y el PP no son las prioridades de Cantabria”, ha criticado la portavoz de los socialistas cántabros, que ha considerado que Cantur “ya acumula en tres años demasiados escándalos, destituciones y cambios de personal para seguir ahondando en el deterioro de esta empresa pública”.

Para Quiñones, “Cantur se ha convertido para el PP en el canal desde donde colocar a todos sus amiguetes y la convocatoria de esta plaza en pleno verano, sin margen para presentarse y con unos criterios de selección tan poco rigurosos es una muestra más de ello”.

Para los socialistas cántabros, “este turbio proceso para crear una plaza innecesaria en Cantur exige explicaciones en el Parlamento y la retirada del procedimiento”.

“Si el PP no quiere manchar el nombre de Cantur y seguir deteriorando el buen nombre de una empresa pública referente para el sector turístico regional lo único que puede hacer es paralizar este despropósito de proceso de selección a dedo”, ha señalado.

Por último, Ainoa Quiñones ha afirmado que el Gobierno del PP “no puede permitirse un escándalo más”. “Están dinamitando el buen nombre de las instituciones y empresas públicas de esta tierra con sus políticas caciquiles”, ha concluido.

Silencio del gobierno, defensa del PP

“El PSOE vuelve a mentir: no se crea ningún puesto nuevo en Cantur, ni aumenta el gasto público”, ha respondido el diputado autonómico del Partido Popular, Alejandro Liz.

El portavoz de Turismo ha explicado que la convocatoria pública para cubrir la dirección ejecutiva de Operaciones y Talento no corresponde a la creación de un nuevo cargo “sino a la adaptación del puesto que hasta ahora ocupaba la dirección de Recursos Humanos”. Por tanto, ha dicho, “se actualiza su denominación y se amplían sus funciones para dar respuesta a los grandes proyectos estratégicos que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ya está desarrollando”.

El portavoz de Turismo también ha desmentido que esta reorganización tenga impacto económico. “Es rotundamente falso que suponga un incremento del gasto público. No se crea ninguna plaza nueva y, por tanto, no existe ningún aumento de la masa salarial”, ha subrayado.

La empresa pública Cantur dependiente de la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria ha publicado una convocatoria de selección de empleo para contratar un director ejectivo de Operaciones y Talento, un perfil de alta dirección de nueva creación que se suma al organigrama cuyas funciones coinciden en su mayoría con las que en teoría ya realiza la directora, Inés Mier.

La convocatoria se ha publicado en pleno verano, el 29 de julio, y los aspirantes solo tienen seis días, hasta el 5 de agosto para presentarse a la plaza. Tampoco se ha anunciado públicamente el proceso del nuevo puesto que tendrá una retribución de 61.416 euros anuales.

Para el perfil profesional se exige genéricamente “estar capacitado para el desempeño de las funciones que se requieren en el puesto”, no se piden titulaciones ni grados en ningún área específica de administración de empresas, economía o gestión ni recursos humanos. Ni siquiera unos estudios mínimos de bachillerato. Los candidatos únicamente necesitan acreditar experiencia en “puestos de responsabilidad directiva en empresas públicas o privadas o en cargos de representación pública o en organización y dirección de equipos humanos”, explica la convocatoria colgada en la web de Cantur.

Las solicitudes tienen que presentarse presencialmente en el registro de Cantur, en el Parque Tecnológico, o por correo postal entre el 30 de julio y el 5 de agosto.

En cuanto a la documentación a presentar bastará con un curriculo profesional, una declaración responsable de que se cumplen los requisitos exigidos y una copia del DNI.

La selección del nuevo alto cargo directivo la realizará un “órgano de valoración” designado por el Consejo de Administración de Cantur compuesto por tres miembros y un secretario -con voz pero sin voto- que certificará la resolución. Previamente a esta designación se podrá convocar a los aspirantes “que se considere puedan cumplir con las aptitudes requeridas” a una entrevista personal que tiene que reflejarse en un acta motivada.

El Consejo de Administración de Cantur está presidido por el consejero de Turismo, Luis Martínez, y nueve vocales: Jesús Celada, Pedro Manuel Martínez, Pedro Luis Gutiérrez, Jesús Cobo, Juan Carlos García Diego, Santiago Gutiérrez, Enrique Munárriz y Alejandra Perales. Como secretario actúa Alejandro Liz Sánchez.

Competencias del nuevo alto cargo

El nuevo directivo de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur), bajo el paraguas del consejero Luis Martínez Abad, coordinará la actividad de las instalaciones y servicios y, en paralelo, gestionará las necesidades de personal.

Al tiempo, se le atribuyen competencias en el área de recursos humanos ya que dirigirá y supervisará a los responsables de áreas y equipos de trabajo, supervisará los turnos y cargas de trabajo, y participará en proceso de negociación colectiva.

Al director de Operaciones y Talento se le adjudicará también la competencia para “resolver incidencias organizativas y conflictos laborales”, según explican las bases de la convocatoria.

Además, impulsará la modernización de los procesos de gestión y ejecutará las directrices de la dirección general de empresa pública.

Una empresa pública que gestiona ocho instalaciones turísticas

La Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur, S.A.), es una sociedad pública del Gobierno de Cantabria adscrita a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que funciona desde 1969.

Actualmente, gestiona instalaciones turísticas y genera una media de 400 empleos directos, según la información que figura en su web: Cabárceno, Fuente Dé y el Hotel Áliva, la estación de Alto Campoo, los campos de golf del Abra del Pas y Nestares, Peña Cabarga y el restaurante Fontibre.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha inaugurado este martes las 19 viviendas protegidas de alquiler asequible que el Gobierno autonómico ha construido en Reinosa, en el sector 'Las Fuentes', tras una inversión cercana a los 2,9 millones de euros, 830.000 procedentes de fondos europeos.

Se trata de las primeras viviendas protegidas que se hacen en Campoo desde el año 2016, “una fecha para recordar” y “otro paso adelante” hacia el objetivo “irrenunciable” de duplicar esta legislatura el parque público de vivienda en Cantabria, ha dicho la presidenta.

Además, tal y como ha señalado en su intervención, de la que ha informado el Ejecutivo en nota de prensa, son una muestra más de que el Gobierno de Cantabria tiene “rumbo, compromiso y una hoja de ruta clara” para esta comarca, que “nadie va a frenar”. Y también, de que esta comarca “importa, cuenta y tiene futuro”.

Buruaga ha explicado que se trata de 19 viviendas de dos dormitorios, de entre 60 y 63 metros cuadrados, distribuidas en un “magnífico” edificio de cinco plantas más el semisótano, dotadas de plaza de garaje y trastero, con un “acabado excelente” y “máxima calificación energética”.

La jefa del Ejecutivo ha detallado que el siguiente paso será la entrega de las viviendas a jóvenes y familias que quieran desarrollar en Reinosa su proyecto de vida. “Porque eso es lo que suponen estas viviendas: oportunidades, arraigo y futuro”, ha señalado.

En este sentido, ha avanzado que el 31 de julio concluirá el plazo de presentación de solicitudes abierto por Gesvican el pasado 15 de junio y que todas aquellas personas que cumplan los requisitos -no disponer de otra vivienda en propiedad y no tener ingresos superiores a 4,5 veces el IPREM- entrarán en el sorteo para acceder a uno de estos alquileres, a un precio de 400 euros mensuales.

Al respecto, ha adelantado que el interés por estas viviendas está siendo “extraordinario”, puesto que las solicitudes, a día de hoy, ascienden a 123, multiplicando por seis la oferta y la disponibilidad, lo que evidencia “la realidad” del mercado de la vivienda en Cantabria: “hay demanda, pero sigue faltando oferta”.

También ha recordado que estas de Reinosa son las primeras que se empezaron a construir de las 285 destinadas al alquiler asequible que el Gobierno está levantando por toda la comunidad, dentro del primer plan autonómico de vivienda. De ese total, están concluidas otras 30 en Orejo, Santillana del Mar y estas 19 de Reinosa. Además, 97 se encuentran en ejecución y “muy pronto” arrancarán las restantes promociones en Piélagos, Santoña, Laredo, Bezana, Reinosa “nuevamente” y Torrelavega.

Al mismo tiempo, ha reiterado que la Consejería de Vivienda trabaja ya en un segundo plan que contempla al menos 550 viviendas más en las modalidades de compra y alquiler.

Buruaga pide “agilidad” al alcalde Balbotín

Aprovechando su presencia en la capital campurriana, Buruaga ha solicitado al alcalde, Sergio Balbontín (PSOE), “la máxima implicación y agilidad posible” para que el Ayuntamiento cumpla el acuerdo firmado en marzo y ceda a Gesvican las cinco viviendas de la Casa de los Maestros, que se destinarán al alquiler asequible y conceda la licencia municipal para poder construir otras 39 viviendas “ya adjudicadas” en la parcela de la antigua clínica de Reinosa, mediante la fórmula de la colaboración público-privada.

“Estamos hablando de una inversión adicional de 3,9 millones, únicamente pendiente de licencia municipal”, ya que “son otras 44 viviendas que Reinosa necesita desbloquear ya”, puesto que, además, según la presidenta tienen “gran valor” a la hora de fijar población en ese territorio. Por parte del Gobierno, tienes mi compromiso de máxima colaboración para dar respuesta a las necesidades de todos los reinosanos“, ha dicho al alcalde.

La presidenta ha manifestado su voluntad de “actuar en todos los frentes” para solucionar el problema de la vivienda en Cantabria, bajando los impuestos, mejorando las ayudas a la compra y al alquiler, incentivando la salida al mercado de viviendas vacías y, sobre todo, construyendo más viviendas y más viviendas protegidas.

El Gobierno de Cantabria subvenciona el transporte en taxi a los cántabros de zonas rurales donde en verano cierran los consultorios médicos. La garantía de un transporte alternativo solo se ofrece a los pueblos que no tienen autobús, porque entiende que los pacientes ya se pueden desplazar por su cuenta hasta los consultorios y centros de salud de cabecera.

El Boletín Oficial de Cantabria publica el decreto de concesión de estas ayudas municipales al transporte para que los usuarios afectados puedan acudir a sus centros de salud de referencia desde los municipios donde no habrá médico en verano.

En el listado publicado con este motivo aparecen referenciados 114 consultorios, solo en 9 habrá médico durante todo el verano. El resto, 105, o están cerrados o no tendrán médico durante algunos días entre junio y septiembre, en una horquila amplia: hay consultorios sin pasar consulta durante 37, 32 ó 27 días -alternos- y otros entre tres y diez días.

Aunque el consejero de Salud ha insistido en que no se cerrará ningún consultorio en el listado de más de un centenar -que aparece en la publicación oficial- hay ocho consultorios cerrados o sin médico asignado porque su plaza está vacante. Es el caso de Bejes, Castillo, Cillorigo, Cueto, La Gándara de Soba, Lamadrid, Polientes, Vega de Liébana y Villanueva de la Nía.

Si se excluyen estos 10 que están cerrados desde antes de este verano, según el listado del BOC resultaría que 97 consultorios no tendrán médico en algún momento del verano.

Un solo médico en zonas de alta afluencia turística

En otra decena de consultorios faltará en algunos momentos del verano algunos de los médicos asignados a estos centros, pero seguirán funcionando al menos con un solo facultativo. Lo cierto es que es una situación que precisamente afecta a algunas zonas de gran afluencia turística que aumentan su población en los meses de verano como Noja, Somo, Ajo-Bareyo, Comillas, Marina de Cudeyo, Miengo, Santillana del Mar o Unquera. Además de los consultorios de Puente Arce, San Felices, Castañeda, Mataporquera y Guriezo.

Solo 9 consultorios tendrán médico todo el verano

En realidad, de los 114 consultorios que hay en Cantabria solo nueve tendrán médico todo el verano: Arenas de Iguña, Cartes, Bostronizo, Cartes, Casar de Periedo, y Rasines. También se seguirá pasando consulta en Carmona, Pesquera y San Miguel de Aguayo, tres municipios donde de ordinario solo hay médico un día a la semana.

Los vecinos del resto de los ayuntamientos de Cantabria con consultorio no tendrán consultas médicas durante algunos días del verano. En Bóo de Piélagos, Cudón, Camaleño y Suesa estarán por lo menos treinta días sin médico entre junio y septiembre. Los vecinos de Ruiloba, Penagos, Solórzano, Campóo de Suso y Cóbreces también pasarán 27 días sin facultativo. 22 días en San Pedro del Romeral, 23 en Vargas, 25 en Herrerías y 24 en La Hermida.

Las ausencias afectan de distinta manera. Por ejemplo, en Espinama y Galizano solo habrá 6 y 4 días respectivamente sin médico pero de ordinario solo hay consulta una vez a la semana, con lo que el efecto es diferente a otros pueblos. Lo mismo sucede en Pujayo y Queveda donde solo se pasa consulta los jueves y que estarán tres y cuatro días sin atención médica.

En otros puntos como La Penilla, La Cavada, Entrabasaguas, Campóo de Suso, Casatablas, Treto, Ogarrio o San Pedro del Romeral los pacientes tendrán que desplazarse hacia otros centros de salud durante más de veinte días a lo largo del verano.