El Gobierno de Cantabria ha comunicado que el PSIR de Real de Piasca derribará menos viviendas de las previstas inicialmente. Según la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, las 35 viviendas afectadas se reducen a 12, la mitad de ellas en el barrio santanderino de Rucandial. “De acuerdo con la nueva delimitación, el núcleo principal de Rucandial queda por completo fuera del ámbito de actuación del PSIR”, asegura el comunicado oficial.

La noticia se ha conocido tras la reunión que Buruaga y el consejero de Fomento y Vivienda Roberto Media han mantenido con los representantes de los vecinos de Rucandial, a quienes han recibido dos semanas después de anunciarse públicamente el proyecto que contemplaba derribar 35 casas en el barrio de Rucandial.

La presidenta ya había anunciado el viernes que, tras la polémica pública, había pedido a Real de Piasca -la promotora inmobiliaria que plantea hacer casi 8.000 viviendas en la zona, la mayoría para venderlas a precio de mercado- que “minimizase al máximo el impacto en este barrio del proyecto Bosques de Santander”.

Buruaga, además, se ha comprometido a mediar con la empresa promotora para que les facilite toda la información y eliminar así la incertidumbre que ha generado el proyecto, “puesto que se trata de una iniciativa privada y el Gobierno no es el promotor”, puntualiza el comunicado oficial obviando que el PSIR lo aprueba el Ejecutivo de Cantabria, no depende del inversor particular.

En este sentido, la presidenta ha dicho que el Gobierno “solo interviene en la declaración del interés público del proyecto”. También ha incidido en que incluye la construcción de casi 3.200 viviendas de protección oficial “a precios asequibles, la Ciudad de la Justicia y la cesión a Santander de 650.000 metros cuadrados del Parque Litoral Norte”.

La Consejería de Fomento ha sacado a licitación las obras de restauración del edificio de la lonja de pesca del puerto de Comillas con un presupuesto de 222.934 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto tiene como objetivo mejorar el estado de conservación y la funcionalidad de este inmueble portuario mediante una intervención integral en aquellos elementos que presentan un mayor desgaste debido a su exposición al entorno marítimo, ha informado el Ejecutivo.

Los trabajos contemplan la renovación completa de la cubierta para resolver los problemas de filtraciones detectados en el edificio, así como la reparación y acondicionamiento de las fachadas, la sustitución de carpinterías exteriores e interiores deterioradas y la mejora de distintos espacios interiores.

Además, la actuación incluye la ampliación del acceso principal de la lonja para facilitar las tareas de carga y descarga vinculadas a la actividad pesquera, la mejora del pavimento de la zona de operaciones y la adecuación de otros espacios del inmueble.

Asimismo, se llevarán a cabo trabajos de reparación y renovación de diferentes acabados con el fin de reforzar la durabilidad del edificio y garantizar unas mejores condiciones de uso.

La actuación permitirá conservar la imagen característica de la lonja, manteniendo materiales y colores similares a los actuales, al tiempo que se mejora su adaptación a las necesidades de la actividad que alberga.

La licitación ya ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 4 de noviembre para presentar sus ofertas.

El Plan Singular de Interés Regional (PSIR) para el proyecto Olucas que ha aprobado el Consejo de Gobierno de Cantabria supone la expropiación de terrenos privados en el barrio Trapa de Villaverde de Pontones. Los promotores de la piscina de olas de surf no tienen la propiedad de todas las parcelas sobre las que se construirá el complejo turístico-deportivo privado con un lago, alojamientos, restaurante, bar y tienda en el municipio de Ribamontán al Monte. La iniciativa supone recalificar 100.000 metros cuadrados de terreno rústico.

Un proyecto que ha despertado recelos porque cuestiona el interés público de un negocio privado. El Ejecutivo de la presidenta Buruaga justifica que contribuirá a diversificar la oferta turística y deportiva de Cantabria. El informe del Ayuntamiento de Ribamontán al Monte, que mantiene silencio público, da el visto bueno al proyecto con dos condiciones: que se cree un acceso nuevo y no pase por el medio del pueblo y que se garantice el agua, ya que el municipio tiene problemas de suministro. Este verano ha afectado a Liermo, donde “no se podía llenar ni una piscina inflable infantil”, ironizan los vecinos en relación al agua que necesitará la piscina de surf, el equivalente a diez piscinas olímpicas según señala el proyecto.

Antes de conocerse públicamente el proyecto, impulsado como cara visible por Ignacio Martínez-Peñalber, algunos vecinos recibieron ofertas por sus parcelas de suelo rústico sobre las que hasta ahora no se podía construir. Esa circunstancia cambia con la aprobación del PSIR, en realidad una figura administrativa que en aras del bien común recalifica los terrenos para poder edificar, en este caso, la instalación de Olucas.

Para reunir todos los terrenos que incluye el proyecto la previsión es expropiar a aquellos que no vendieron o a quienes no se les ha hecho ninguna oferta. Seis parcelas, según calculan los vecinos y afectados directos que ya tienen todo preparado para constituir una asociación para defenderse de los perjucios que provocará esta instalación en el corazón de un pueblo de unos 470 habitantes.

Dos parcelas de 9.000 metros cuadrados cada una, propiedad de unos vecinos de toda la vida del barrio Trapa, donde hasta poco pastaba el ganado. Una de ellas al lado de la casa familiar, que quedaría totalmente afectada por la construcción a pocos metros de la piscina de surf. “Las dos entran dentro del proyecto”, lamenta Gloria Viadero.

Otros dos terrenos más son de la Junta Vecinal y a ellos se suman otros tantos de particulares con quienes no se ha contactado.

En realidad, como ha ocurrido en el anunciado PSIR de Real de Piasca en Santander, al barrio Trapa le ha sucedido lo mismo que a Rucandial: que se han enterado de que les quitan sus propiedades por los medios de comunicación. En el caso de Rucandial se van a derribar 35 casas. Aquí en Villaverde de Pontones se expropiarán solo parcelas pero, para algunos afectados, supondrá alterar su modo de vida y tener su casa pegada al complejo deportivo y turístico.

“Nosotros no bailamos por dinero”, dice Gloria en referencia a su familia. “No queremos vender y no queremos la piscina” -protesta- “lo que tenemos aquí es porque mis abuelos han trabajado mucho, no se puede expropiar por capricho”.

La normativa municipal no permite hacer el surf-resort con piscina de olas, alojamientos y hostelería que proyecta Olucas, S.L. de ahí que se haya optado por tramitar como un PSIR, con lo cual las competencias desde el punto de vista urbanístico pasan a ser responsabilidad exclusiva del Gobierno de Cantabria.

Olucas Cantabria, S. L. ha firmado acuerdos con Wavegarden, como socio tecnológico para construir la piscina de surf sobre un terreno que -como el propio consejero de Fomento, Roberto Media, admitió en el Parlamento- se proyecta sobre un yacimiento paleolítico con la misma protección que un Bien de Interés Cultural.

El proyecto se registró media hora antes de que comenzase el Debate de Orientación Política de finales de junio en el Parlamento de Cantabria, donde la presidenta lo anunció. En él advierte de que se está negociando la compra de las parcelas privadas que forman parte de la actuación pero, si no se consigue el promotor pedirá una Junta de Compensación, como establece la Ley del Suelo de Cantabria. Cuando presentó el proyecto disponía del 70% del terreno.

Financiación

Respecto a la financiación, el propio documento que registró oficialmente admite que se está buscando los 43 millones de euros que necesita, y reconoce que se están manteniendo contactos “con inversores privados de primer nivel” con experiencia en el sector turístico, inmobiliario y de ocio.

La promotora de la piscina de surf, Olucas Cantabria Sociedad de Responsabilidad Limitada, se constituyó hace un año -en mayo de 2025- con el objeto social declarado de gestionar, explotar y desarrollar instalaciones deportivas “con especial enfoque en la construcción y operación de una piscina de olas artificial para la práctica de surf y otras actividades recreativas y deportivas”, según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

La sociedad, que figura a nombre de Ignacio Martínez-Peñalver como socio único, se constituyó con el capital social mínimo de 3.000 euros e hizo una ampliación de 85.000 euros la semana después de anunciarse públicamente.

El promotor califica la iniciativa urbanística como un “modelo de desarrollo” basado en la “diversificación de usos y actividades”, “con distintas líneas de negocio complementarias”: piscina, restaurantes, tienda para alquiler y venta de material deportivo, zona para impartir formación, recepción y vestuarios, zona de eventos, un “graderío natural”, aparcamiento público y privado, escenario al aire libre y alojamiento tipo 'glamping' (acampada con glamour) tipo bungalows. En el proyecto se definen como cabañas para entre dos y seis huéspedes.

El PSOE de Cantabria ha denunciado que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga y el PP demuestran con Olucas Surf que “su único interés regional son los pelotazos urbanísticos que destrozan Cantabria”.

Así lo ha expresado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones, que ha señalado que la declaración de interés regional hoy en el Consejo de Gobierno del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) “es el mayor golpe al litoral cántabro y al entorno natural y paisajístico de Cantabria”.

Quiñones ha afirmado que “detrás de esa piscina de olas artificial esconden un golpe de enorme impacto ambiental y paisajístico con un complejo hotelero que solo beneficia a un promotor privado al que Buruaga le hace la ola no sabemos a cambio de qué”.

“Aquí la única socia de lo sucio es ella”, ha afirmado la portavoz de los socialistas cántabros, respondiendo a los insultos de Buruaga, y ha señalado que “detrás de este proyecto de piscina de olas artificial a 5 kilómetros de la mayor piscina natural para hacer surf, que es el mar cantábrico, todo lo que hay huele mal”.

Para la portavoz socialista, “los argumentos del Gobierno no se sustentan porque aquí no hay ningún interés que trascienda al ámbito municipal, lo único que trasciende es su interés por vender Cantabria al mejor postor convirtiendo nuestra tierra en un parque temático para los que nos visitan”.

Además, hablan de informes de las direcciones generales de Deportes y de Turismo “como si fueran entes ajenos al propio gobierno que quiere declarar como PSIR un pelotazo urbanístico cuando forman parte de una Consejería en la que han cesado o han dimitido más de 15 altos cargos en tres años, que evidencia el caos, la negligencia y la nefasta gestión”.

“Cantabria no necesita piscinas de olas artificiales ni megaproyectos como Bosques de Santander, necesita inversión pública en vivienda asequible y necesita que los mayores recursos públicos que llegan con el sistema de financiación del Gobierno de Pedro Sánchez se inviertan en fortalecer la Sanidad o la Educación públicas en vez de recortarlas”, ha censurado.

Por último, Ainoa Quiñones sobre el objetivo de desestacionalizar el turismo con este proyecto ha destacado que “lo único que se desestacionaliza con el PP con sus ansias por especular con el suelo rústico de nuestra tierra a cambio de no se sabe nunca que beneficio para Cantabria y los cántabros”.

“Hay muchas inversiones urgentes para fortalecer los servicios públicos o la vivienda asequible que el Gobierno de Buruaga no atiende y no responde pero cuando se trata de inversiones privadas cambian la Ley del Suelo con tal de que unos cuantos hagan negocio con nuestra tierra”, ha concluido.

El Gobierno de Cantabria ha declarado este jueves de interés regional la propuesta de Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) OLUCAS Surf Center, el complejo proyectado en Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte) vinculado al surf, que incluye una piscina de olas y alojamientos turísticos.

Tras este paso del Consejo de Gobierno en su reunión semanal --tal y como ya avanzó el lunes el consejero de Fomento y Ordenación del Territorio, Roberto Media, en el Pleno del Parlamento--, la tramitación continuará conforme a la normativa autonómica de ordenación territorial.

El Ejecutivo sustenta esta declaración en que “el proyecto presenta características que pueden trascender el ámbito estrictamente municipal por su dimensión, singularidad y potencial incidencia sobre la actividad deportiva y turística”, contribuyendo a su “diversificación”, según ha justificado en un comunicado.

Durante la tramitación se han recabado informes de distintas administraciones y organismos afectados. Los emitidos por las direcciones generales competentes en materia de Deporte y Turismo fueron favorables al interés regional de la iniciativa, mientras que el Ayuntamiento consideró que concurren elementos suficientes para continuar la tramitación, “sin que ello suponga una aprobación anticipada del proyecto definitivo”.

Así, el Gobierno ha aclarado que el desarrollo del futuro PSIR deberá atender los condicionantes ambientales, sectoriales y funcionales que resulten de la tramitación posterior, “prestando especial atención a cuestiones relacionadas con las infraestructuras hidráulicas, el saneamiento, la movilidad y los accesos, así como a la adecuada integración territorial y paisajística de la actuación”.

La actuación, proyectada por OLUCAS Cantabria SL, contempla, además de las instalaciones específicamente vinculadas a la práctica y tecnificación del surf, una serie de espacios complementarios destinados al alojamiento, la formación y la prestación de servicios asociados a la actividad deportiva.

Según ha apuntado el Gobierno, el conjunto ha sido concebido como un equipamiento “integrado que busca dar respuesta a diferentes perfiles de usuarios y contribuir a la desestacionalización de la actividad turística vinculada al medio natural y al deporte, dentro del marco de desarrollo territorial previsto para la zona”.

Acuerdo marco para el suministro de medicamentos

En materia sanitaria, el Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo marco para el suministro de medicamentos exclusivos destinados a las gerencias del Servicio Cántabro de Salud (SCS), con un valor estimado de 8,32 millones de euros. Incluye los principios activos baricitinib, mirikizumab y selpercatinib, utilizados en distintos tratamientos especializados, para garantizar su abastecimiento.

También se ha autorizado la firma de un convenio entre el SCS y la Fundación Cultura en Vena, por cuatro años prorrogables, para desarrollar actividades artísticas y culturales en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla dirigidas a pacientes, familiares, acompañantes y profesionales sanitarios.

Asimismo, se ha autorizado otro convenio con la Asociación Kalyan para un programa de acompañamiento emocional dirigido a pacientes infanto-juveniles de Valdecilla con enfermedades graves, crónicas, oncológicas o hematológicas que requieran largas estancias en el hospital, así como a sus familias. La actuación, basada en el uso de la arteterapia, se desarrollará durante 12 meses prorrogables.

Refuerzo de la asistencia lingüística en los centros educativos

Entre los acuerdos en materia educativa, el Gobierno ha dado luz verde a la contratación del servicio de ayudantía lingüística en centros sostenidos con fondos públicos que desarrollan programas, planes y proyectos de integración lingüística. El contrato, con un presupuesto base de licitación que supera los 240.000 euros, permitirá reforzar la presencia de auxiliares lingüísticos en los centros participantes.

También se ha aprobado un convenio con STEC, por cinco años prorrogables, para el desarrollo de actividades de formación permanente dirigidas al profesorado de la comunidad autónoma “y que deberán ajustarse a las líneas prioritarias y objetivos fijados en los planes regionales de formación impulsados por la Consejería”.

Además, se ha dado luz verde a una subvención nominativa de 275.000 euros a la Fundación Diagrama-Intervención Psicosocial para desarrollar un programa destinado a favorecer la integración socioeducativa de alumnado y familias en situación de vulnerabilidad mediante actuaciones de acompañamiento, mediación e intervención especializada. También se ha aprobado otra de 70.000 euros a la Cámara de Comercio para un programa de orientación académica y profesional.

Otros acuerdos

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado un convenio entre la comunidad autónoma y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para desarrollar durante este año el marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

En virtud del convenio, la Administración General del Estado aportará a Cantabria 25,39 millones de euros, cantidad que será complementada con una aportación de la comunidad autónoma por el mismo importe. Los recursos se destinarán al sostenimiento y mejora de prestaciones y servicios dirigidos a personas en situación de dependencia.

Entre los objetivos figuran la reducción de los tiempos de tramitación y de las listas de espera; la mejora de la calidad de los servicios; el impulso de la teleasistencia avanzada; el incremento de plazas y prestaciones del sistema; y el refuerzo de actuaciones orientadas a promover la autonomía personal y la atención centrada en la persona.

El convenio incluye asimismo medidas vinculadas a la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector de la dependencia, así como mecanismos de seguimiento, evaluación y justificación de los fondos aportados por ambas administraciones para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado un encargo a medio propio a la empresa pública TRAGSA para reforzar la protección del refugio climático de Monte Hijedo, con una inversión máxima de unos 250.000 euros.

La Asociación de Vecinos Afectados por el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) 'Bosques de Santander', constituida por aquellos que viven en el barrio Rucandial de la capital cántabra, se ha organizado en varios grupos de trabajo para defender sus derechos y reclama una reunión con las instituciones públicas implicadas, como son el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.

En el seno de la asociación, se ha establecido un equipo técnico encargado de estudiar los planos del proyecto y la documentación urbanística, identificar posibles afecciones y analizar las características del proyecto.

Además, se ha dispuesto un equipo jurídico que se encargará del asesoramiento legal, del estudio de los procedimientos administrativos y la defensa de los derechos de los afectados y otro que se dedicará a todo lo que tiene que ver con comunicación y organización de acciones reivindicativas, ha detallado esta nueva asociación en un comunicado.

Con la asociación constituida, cuyo trámite registral ya ha sido presentado, persigue conseguir la paralización del proyecto urbanístico promovido por Real de Piasca y defender la continuidad de sus viviendas y de su barrio.

El proyecto 'Bosques de Santander' prevé construir en terrenos de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo la construcción de 7.850 viviendas --4.710 libre y 3.140 protegida a precio asequible-- y acoger la futura Ciudad de la Justicia.

La asociación defiende “una interlocución colectiva con las instituciones y rechaza que el futuro del barrio se aborde exclusivamente mediante negociaciones individuales con la empresa promotora”.

Además, cuestiona la necesidad de destruir viviendas más de una treintena de viviendas en Rucandial para desarrollar el proyecto.

Uno de los principales motivos de oposición al PSIR es que, según los residentes, Real de Piasca ya dispone de una importante superficie de terrenos para desarrollar las miles de viviendas anunciadas sin necesidad de intervenir sobre los hogares consolidados de Rucandial.

Los vecinos cuestionan que una actuación urbanística de esta magnitud deba contemplar la desaparición de viviendas existentes cuando “hay suelo suficiente para desarrollar el proyecto sin desplazar a las familias”.

Por ello, reclaman que se justifique técnicamente la necesidad de incorporar estas propiedades y que se haga pública la documentación que sustenta la delimitación propuesta.

La asociación insiste en que su reivindicación no consiste en mejores condiciones económicas ni aceptar alternativas de realojo, sino que lo que busca es la paralización del PSIR Bosques de Santander, al que se oponen sobre el territorio y, especialmente, al que se opornen “por su impacto sobre el territorio y, especialmente, por la amenaza que representa para las viviendas y la continuidad del barrio”.

Un informe elaborado por juristas para la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública advierte que el proyecto de Ley de Salud Digital que tramita el Gobierno de Cantabria expone el historial médico de los ciudadanos a empresas privadas, carece de controles suficientes y podría ser inconstitucional.

Tras analizar a fondo el texto legal, la Plataforma concluye “que abre la puerta de par en par a un tratamiento masivo y comercial de los datos de los cántabros sin dar las garantías mínimas que exige la Constitución ni la normativa europea”.

Entre las cuestiones “más preocupantes” destacan la venta o rentabilización de los datos médicos. La Ley encarga a la Consejería de Salud “promover el retorno económico” del dato sanitario público. Esto facilita ceder historiales a empresas privadas sin dejar claro para qué, ni permitir que el paciente se oponga.

La Plataforma lanza la voz de alarma también sobre la conexión entre sanidad pública y privada regulada en otro de los artículos. Se permite que centros públicos y privados compartan el acceso a las historias clínicas. Sin embargo, no se garantiza el derecho del paciente a bloquear este acceso ni a saber quién consulta sus datos.

Por otro lado, el proyecto Cohorte Cantabria se posiciona como la vía principal de investigación “sin fijar reglas claras para proteger muestras biológicas o datos genéticos, rozando el límite de la Ley de Investigación Biomédica”, advierte el informe.

Respecto al uso de Inteligencia Artificial y datos 'sintéticos', la norma intenta declarar estos datos fuera de las leyes de protección de datos “ignorando que para crearlos se utilizan historiales médicos reales de personas”, apostilla el análisis.

El problema es lo que deja sin regular

Según el informe, el problema del proyecto de Ley –aprobado por el Consejo de Gobierno y remitido en septiembre al Parlamento de Cantabria– no es lo que prohíbe, sino “lo que habilita sin garantías y lo que deja sin regular”. Es decir, lo que permite hacer sin control adecuado.

Según doctrina fijada por el Tribunal Constitucional (Sentencia 76/2019), la protección de datos tan sensibles como las enfermedades, tratamientos o análisis genéticos debe quedar completamente blindada dentro de la propia ley “y no dejarse para que los políticos o la Consejería lo regulen más adelante mediante reglamentos o decretos”, estima el análisis jurídico.

“Cantabria no puede rebajar los derechos de los pacientes”, estima la Plataforma que recuerda que ya existe un precedente clave en los tribunales. En 2019, el Tribunal Supremo confirmó la anulación de una norma del Gobierno cántabro (la Orden SAN/38/2015). “Aquella sentencia dejó muy claro el límite: Cantabria puede mejorar las leyes de salud de España, pero nunca empeorarlas ni quitar derechos básicos fijados por el Estado, como la Ley de Autonomía del Paciente”, explican desde el colectivo ciudadano. “Decidir quién, cómo y cuándo se entra a una historia médica forma parte de ese núcleo de derechos sagrados que la ley autonómica no puede recortar”, reivindican.

“Fallos graves” en su tramitación

El análisis detecta además importantes irregularidades debido a “fallos graves en su tramitación”: no hay informe de Protección de Datos y falta el dictamen obligatorio de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Tampoco propone sanciones para los fallos de la IA. La ley exige registrar los sistemas de Inteligencia Artificial, pero no fija sanciones ni aclara quién responde en caso de fuga de datos o errores médicos causados por algoritmos.

Se escucha a las empresas, no a los ciudadanos: El órgano de participación da espacio a asociaciones empresariales, pero excluye a sindicatos y colectivos en defensa de la sanidad pública.

De la vía parlamentaria a los tribunales

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública pedirá a los partidos políticos de la oposición en el Parlamento de Cantabria que presenten una enmienda a la totalidad “para frenar la ley tal y como está redactada”.

De ser aprobada sin cambios, el colectivo adelanta que promoverá un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y que acudirá a los tribunales autonómicos para suspender cualquier reglamento que vulnere la intimidad o los derechos de los pacientes.

Detrás de cada PSIR hay un nombre propio, un interés privado al que los afectados atribuyen la operación de expropiación y recalificacion de sus casas y sus fincas y contra el que están dispuestos a luchar.

El PSIR de Olucas, para hacer una piscina de surf en Villaverde de Pontones beneficia a su propio promotor privado. El polígono de Solía (Federico Cobo) al fondo inmobiliario norteamericano que ahora controla Stoneshields, la promotora del Centro de Datos Altamira. Real de Piasca plantea hacer 8.000 viviendas en Santander y la plataforma contra el polígono de las Excavadas siempre ha denunciado el interés del grupo Armando Álvarez por la operación.

Los afectados por los PSIR cuestionan el interés público de estas operaciones y se han organizado en asociaciones y plataformas. Ahora se están coordinando entre ellos para actuar de forma conjunta porque consideran que esta excepción urbanística -que se lleva por delante sus casas y terrenos- se está utilizando como un negocio para beneficiar a promotores privados.

La más reciente constituida esta misma semana de urgencia, la Asociación de vecinos afectados por el PSIR Bosques de Cantabria, ya trabaja en red con la Plataforma ciudadana La Mancha Gris (PSIR de Solía y el Centro de Datos Altamira), el Grupo de Afectados por el PSIR de Laredo, los vecinos de Olucas que están en contra del proyecto, o la veterana Plataforma en Defensa de las Excavadas de Torrelavega que lleva una década de lucha contra el proyecto.

Es decir, hay movilizaciones ciudadanas en varios ayuntamientos: Astillero, Villaescusa, Piélagos, Villaverde de Pontones, Laredo, Torrelavega y Ribamontán al Monte.

El Gobierno de Cantabria ha cambiado considerablemente el criterio de los PSIR, los Planes Singulares de Interés Regional. Es decir, una excepción urbanística que permite recalificar suelo e incluso expropiar en aras del bien común.

La norma concibe esta figura para proyectos estratégicos de alcance supramunicipal “pero se está utilizando para eludir el planeamiento urbanístico ordinario de los ayuntamientos afectados”, estiman desde La Mancha Gris, la asociación contra el PSIR de Solía (polígono Federico Cobo) y la instalación del marco centro de datos Altamira. “Se vulnera la singularidad y el interés regional”, advierten.

Durante esta legislatura ha anunciado 6 PSIR de promoción privada que, en algunos casos, como la piscina de olas de surf de Villaverde de Pontones, cuestionan el interés público de la operación. ¿En qué beneficia Olucas a los ciudadanos si ni siquiera podrán acceder a ella gratis? El Gobierno de Cantabria lo justifica, en este caso, porque la comunidad puede situarse a la vanguardia del surf.

Otros, como los PSIR anunciados en Castro Urdiales o en Santander, promocionado por Real de Piasca, son operaciones básicamente inmobiliarias para construir también vivienda libre, a precio de mercado. Algo que es posible desde que PP y Vox lo aprobaron en la Ley de Simplificación Administrativa.

Ahora, el Gobierno de Cantabria puede expropiar una propiedad privada para que un promotor haga negocio construyendo viviendas.

Ese es precisamente el planteamiento del PSIR de Real de Piasca en Santander -8.000 viviendas que se llevan por delante 35 casas- o el de Castro Urdiales, donde la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga anunció 1.700 viviendas. Un proyecto, por cierto, rodeado de silencio sobre el que no se ha dado ningún paso y que despertó los recelos de los grupos de la oposición.

“Ya no se expropia para hacer una carretera, se expropia para levantar promociones inmobiliarias privadas”, explica un afectado.

Los seis proyectos privados han levantado un sonoro rechazo ciudadano, hasta el punto de que ya casi todos tienen su plataforma de afectados. La novedad, además, es que han entrado en contacto y están empezando a funcionar de manera coordinada porque es un problema que se está intensificando en Cantabria. Una excepción urbanística que se está convirtiendo en habitual.

Hace unas semanas algunos de los afectados coincidieron en una reunión en Hazas de Cesto convocada por Cantabria No Se Vende. Las antiguas escuelas no dieron abasto para acoger a todas las personas que acudieron a la llamada

Allí fueron tomando la palabra representantes de los PSIR de Laredo, las Excavadas, Solía y especialmente Olucas. El proyecto para hacer una piscina de olas de surf un poco más lejos, en Villaverde de Pontones, que amenaza con llevarse por delante la tranquilidad y la calidad de vida de sus vecinos, según expresaron.

El rechazo a esta figura urbanística y las consecuencias sobre la vida de los vecinos desgranó historias personales y apeló al tiempo a la conciencia medioambiental y patrimonial. En este sentido, la intervención de Carlos García, en nombre de la asociación ARCA puso en evidencia que los PSIR se están ejecutando sobre los terrenos más fértiles de Cantabria, como La Pasiega o Las Excavadas.

Los ciudadanos afectados coinciden en señalar a los beneficiados de estas operaciones que se venden como interés público. La Asamblea en Defensa de Las Excavadas denunció hace años que detrás del Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del parque empresarial de Las Excavadas hay una “maniobra especulativa” del grupo empresarial Armando Álvarez para liberar sus suelos en el casco urbano de Torrelavega.

En el caso del polígono La Solía, al que quieren bautizar con el nombre de Federico Cobo, desde La Mancha gris ven indicios de arbitrariedad, opacidad urbanísticas y conflicto de intereses en la tramitación del PSIR, para alojar las fesas 2 y 3 del proyecto Altamira, y en el Centro de Procesamiento de Datos.

Los vecinos de Ribamontán al Monte consideran que Olucas no tiene interés público, sino privado, y que solo beneficia a su promotor particular. Los afectados por el derribo de sus casas en Rucandial ven claro que el PSIR es una negocio para Real de Piasca.

Desde La Mancha Gris cuestionan la figura del PSIR incluso cuando se promueve desde lo público porque existe una duplicidad de roles en la administración autonómica “que actúa como promotor y juez al mismo tiempo”. En este sentido, explican que la empresa pública SICAN (dependiente del Gobierno de Cantabria) y la Consejería de Fomento actúan como impulsoras directas del PSIR Federico Cobo y del Centro de Datos Altamira. “Mientras que el propio Gobierno autonómico es la autoridad que debe dictar la aprobación ambiental y urbanística”, explican. Una convergencia de intereses que, en su opinión, anula la independencia de los órganos evaluadores, “provocando que los informes sectoriales se orienten a validar decisiones políticas tomadas de antemano”.

La batalla de las plataformas ciudadanas no es solo tratar de neutralizar su propio PSIR, sino cuestionar la utilización de esta excepción que debe restringirse exclusivamente a un interés público.

La Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Cantabria ha sacado a información pública un proyecto particular para construir cinco apartamentos turísticos sobre suelo rústico en Langre, cerca de la costa, en el municipio de Ribamóntán al Mar.

Los alojamientos se habilitarán sobre dos antiguos almacenes ya existentes, en el número 6 de la calle Usera, que precisan una ampliación y una reforma integral presupuestada en cerca de 300.000 euros. Las edificaciones de sillería y mampostería, con madera en la cubierta, son anteriores a 1950.

El expediente registrado en agosto en el Gobierno de Cantabria estima que la superficie a construir será cercana a los 500 metros cuadrados. Cuatrocientos de ellos en la edificación principal donde se ubicarán cuatro apartamentos. El quinto se construirá en la edificación secundaria de unos 70 metros cuadrados. Los apartamentos estarán ubicados al lado de la carretera y a un kilómetro y medio de distancia hasta la playa de Langre.

La tramitación de este proyecto turístico -promovido por dos particulares- ya está en marcha con la publicación del expediente para reforma, ampliación y cambio de uso durante quince días para que se puedan presentar alegaciones.

La utilización del suelo rústico para alojamientos turísticos se ha incrementado notablemente. De hecho, recientemente desde la propia Consejería de Vivienda se ha pedido a los ayuntamientos cántabros que no pongan trabas a los usos turísticos del suelo rústico en sus respectivos municipios.

Solo hasta abril en Cantabria se han tramitado 24 proyectos de alojamientos turísticos. 14 de ellos se localizan en el pueblo de Liencres, dentro del municipio de Piélagos, a través de dos proyectos distintos.

A ellos se suma la construcción de un edificio de cuatro apartamentos turísticos en una parcela de suelo rústico en Valdáliga y otros seis más en Ramales.

Más recientemente, un promotor ha pedido autorización para construir tres apartamentos turísticos sobre suelo rústico de especial protección en Meruelo.

La tramitación del proyecto privado de una piscina de olas de surf en Villaverde de Pontones como un proyecto de interés general está encontrando una fuerte resistencia en la calle y en el propio Parlamento. Cantabristas ha organizado una protesta el 31 de octubre y después de una tormentosa comparencia parlamentaria en la Comisión de Fomento del 24 de setiembre del consejero de Vivienda, Roberto Media, en la que se subió el tono de los reproches, el PSOE ha solicitado su reprobación. Por su ineficaz gestión de la vivienda y por sus “menosprecios y descalificaciones constantes” cada vez que habla en el Parlamento,

El PSOE considera que mientras informaba del proyecto Olucas Media “perdió toda la compostura, una actitud habitual que degrada el funcionamiento de esta Cámara y que es impropia de un miembro del Gobierno de Cantabria”.

Pero los socialistas se han quedado solos. Vox reconoce que Media “se pasó de frenada” y que se dedicó a insultar, pero en su escala de valores es el PSOE quien merece ser reprobado porque “ustedes son los que han traído el caos, los que necesitan los votos de los okupas, de los vagos y de los envidiosos para no ahogarse electoralmente”, espetó el diputado Armando Blanco.

El PRC se inclinó finalmente por la abstención para salvar al consejero de la reprobación y “dar una oportunidad a alguien que va a apoyar nuestras enmiendas a la Ley de Vivienda”. “Esa es la razón por la que vamos a facilitar que no salga adelante su reprobación”, reaccionó el portavoz regionalista Pedro Hernando. “Aunque su incapacidad, su falta de educación parlamentaria, su desprecio a la trasparencia, a la información o a la verdad sería suficiente como para reprobarle”, admitió en sintonía con el resto de la oposición parlamentaria.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Iglesias, ha hecho un repaso de los motivos por los que merece esta acreditación simbólica, ya que la desaprobación de la gestión de un consejero no tiene consecuencias administrativas ni legales, es únicamente un toque de atención.

Iglesias considera que a la situación actual de la vivienda “se ha llegado por decisiones concretas, puntuales, con nombre, fecha y responsable”. La primera de esta legislatura: “una burda mentira”, liberalizar el suelo rústico para permitir a los hijos y nietos construir una casa en el terreno de su familia.

“Así abrieron la puerta a la especulación desbocada sobre nuestro territorio” y aquella modificación “no fijó población”. Lo que sí ha traído “es la propagación de segundas residencias y viviendas turísticas y con ellas una presión del precio de la vivienda sin precedente en Cantabria” -denuncia- “el PP protege a quien especula con las casas”.

“Todo forma parte de un modelo de gobierno que se repite allí donde mira el consejero Roberto Media”, argumenta. Sucede con los PSIR que, en su opinión, deberían ser una herramienta excepcional y que este gobierno ha convertido en una vía rápida para la masificación turística con el ejemplo de la piscina de olas artificiales en suelo rústico en Villaverde de Pontones.

“Otro mérito” de la presidenta Buruaga y del consejero Media “es que han convertido a Cantabria en líder de aumento del precio de la vivienda el pasado mes de junio”, con un incremento del 41,6% y así “es imposible” mejorar la tasa de emancipación juvenil “que también está a la cola del país”.

El portavoz socialista cree que la futura Ley de Vivienda de Cantabria, actualmente en tramitación, no va a solucionar los problemas porque además de hablar más de ocupación que de alquileres imposibles, renunciaba a hacer efectivo el derecho a una vivienda digna.

Suelo público hipotecado durante 19 legislaturas

En la Ley hay cuestiones “que deberían escandalizar a cualquiera” como entregar suelo público a promotores privados durante 75 años. “Tres generaciones, 19 legislaturas”, apostilla, “y además con los fondos de inversión reconocidos expresamente como beneficiarios de esas cesiones y permutas”. “Ese es su modelo: el suelo de todos al servicio de unos pocos”, ha espetado Iglesias.

El diputado socialista reprocha que mientras todo esto sucede se siguen negando a declarar zonas tensionadas y que su propia ley es una renuncia expresa a solucionar el problema de la vivienda en Cantabria. “Ustedes están gobernando exclusivamente para hacer oposición al gobierno central”, aduce.

Iglesias ha preguntado al consejero dónde está el plan de vivienda que anunció en junio en el Parlamento. Los socialistas se lo pidieron y Media se excusó pidiendo una prórroga por el elevado volumen de la información. Al final, llegó una respuesta de tres líneas “en las que reconocer que no hay plan”. También le solicitaron los informes técnicos y económicos. Contestaron con cinco líneas más: que están comprando terremos y negociando con suelos.

“Mucho anuncio, mucha foto y mucho titular pero eso no logra tapar el vacío: no tienen plan para garantizar una vivienda libre y asequible”, explica.

“Aquí se viene a hacer política para adultos”, reprocha el PP

El portavoz del grupo parlamentario popular: “A este Parlamento de viene llorado de casa”. “Se viene a hacer política para adultos”, reprocha Juan José Alonso en alusión a las críticas al tono bronco del consejero Roberto Media en la comisión. “Una política en la que uno puede decir lo que crea conveniente, pero con el riesgo de escuchar lo que no quiere escuchar, que es lo que les pasa a ustedes”, ha zanjado. Alonso considera que eso esconde la cortina de humo de los socialistas con esta reprobación “porque no les gusta que se les diga a la cara lo que ustedes merecen”.

“¿Cómo van a borrar un barrio?”, pregunta Jesús con incredulidad. Rucandial se ha convertido en el epicentro político y social de Cantabria desde que se desveló que un constructor, con el apoyo del Gobierno de Cantabria (PP), va a expropiar 35 casas para recalificar 2,3 millones de metros cuadrados de suelo rústico y levantar un macrocomplejo inmobiliario de 8.000 pisos, hostelería y una Ciudad de la justicia en Santander. “El culpable es quien se lo autorice”, señala, “porque esto no es una expropiación para hacer una carretera ni un carril bici, esto es un negocio”.

Rucandial es un barrio en pie de guerra para defender sus casas. El drama de la anunciada expropiación ya tiene un nombre propio: María Jesús, con sus 84 años. “Voy para 85” matiza. Una mujer que llegó al barrio desde su Peñacastillo natal hace 57 años, cuando se casó. Junto a su marido, fallecido hace 28 años, construyó la casa que habita con sus propias manos. En la planta de abajo vive una de sus hijas. Otra sigue con ella en la vivienda de arriba. La casa con terreno, por donde corretea un perro blanco y gris de pelo rizado, está cerca del pequeño parque infantil del barrio. Sobre la fachada una pancarta: 'Aquí vive María Jesús, 84 años. Casa hecha por ella y su marido“. ”Ahora se la tiran, ¿queréis otra Maricarmen?“ interroga el lienzo blanco.

Pero en cada casa hay una historia. Álbumes de fotografías cargadas de recuerdos. Detrás de cada puerta hay una memoria sentimental. Una casa es algo más que cuatro paredes, es un hogar. Las seis generaciones familiares de Andrea, la hipoteca que sigue pagando Jesús, la vivienda que compró hace dos meses con todo su entusiasmo una pareja joven con un niño pequeño, las casas de Pulito, Maxi, Rafa, Jesús, Ana, Mariano y Magdalena. La del abuelo de Ángela o la de Luis, completamente reformada. De repente, ya no valen nada con la setencia de muerte del PSIR.

María Jesús es la propietaria de su casa de dos pisos y un terreno alrededor donde la altura y la envergadura de los árboles dan testimonio del paso del tiempo. Al fondo, un sauce llorón parece acariciar la hierba perfectamente recortada. Ella llega bien abrigada al parque para reunirse con los vecinos y hablar con elDiario.es, arropada por sus cuatro hijos y el resto de su familia. Sacan un cojín para que se siente más cómodamente en el banco de madera.

Es otoño en Santander y la tarde azul hace brillar el verde de los 'praos' -en el habla local- que rodean el barrio a las afueras de Santander. Alrededor, todo es silencio. Al fondo, la urbanización de chalés de Soto de la Marina, que ya tiene algunas décadas y que está fuera de la línea roja del PSIR, el Plan Singular de Interés Regional que ha anunciado el Gobierno de Cantabria para recalificar ocho kilómetros de terrenos rústicos, en su mayoría propiedad de Real de Piasca, que lleva veinte años intentando sacar adelante esta operación inmobiliaria.

“Yo no me marcho, me tiran la casa encima”

En Rucandial todavía se escucha cantar a los pajaros por la mañana. Al lado del parque suena el murmullo del manantial que abastece al antiguo lavadero de piedra donde María Jesús hacia la colada y recogía el agua de la fuente, porque entonces el barrio no tenía ni luz ni saneamiento.

Aquí no había nada. “Todos los vecinos tenían vacas, además de su trabajo de jornal”, revive. Dice que aprendió a ordeñar de casada y que aquellos días empezaban en la cuadra a las seis de la mañana y después seguían con la casa y la crianza de cuatro hijos.

“Si me tiran la casa me muero, y que echen la culpa a Sánchez”, ironiza. Ella -que está muy pendiente de la actualidad informativa- se enteró el domingo por la mañana. Se lo dijo su yerno. “Hemos estado abandonados de todo, no hace tanto estábamos sin autobús, que había que bajar a San Román o Peñacastillo, y ahora nos hacen caso para esto”, protesta.

“Yo no me marcho, me tiran la casa encima”, la Maricarmen de Rucandial se parece más a Amparo, la mujer que murió en el hospital mientras el Ayuntamiento derribaba su casa, también expropiada para hacer un vial en la zona de Las Llamas de Santander hace once años.

Los vecinos dicen que María Jesús es una gran cocinera y que hace una leche frita de primera. “Hacía”, sonríe ella. Parece mucho más preocupada por los movimientos de la promotora. “A 40 euros el metro cuadrado están ofreciendo”, dice.

La mujer pone el acento en ese contorno irregular del PSIR, algunas de las propiedades que esquiva con un requiebro esa línea roja que supone el derribo. “Mucho elegido, los huecos del plano que no se tiran son de los ricos del pueblo”, espeta. “No habrán querido decir que van ahora con todo”, apunta otro propietario.

Un barrio construido por los propios vecinos

“Aquí casi todos hemos nacido en casa, cuando no había costumbre de ir al hospital” -explica otra vecina- “y también queremos morirnos aquí, en nuestras casas”. Rafa y Ana son hermanos, él vive en la casa de sus padres y ella en la que se hizo al lado. Una tiene 40 años y la otra 20. Rafa recuerda cómo era la vida en el barrio. Las coladas blancas en el lavadero y el trabajo del campo. Las vacas en el prao.

Cuando María Jesús y su marido se casaron, hace casi seis décadas, no había nada. El barrio lo construyeron los vecinos, con sus propias manos. En los años 70, el entonces alcalde Juan Hormaechea les dijo: no hay dinero para hacer las obras pero puedo compraros los materiales.

Así se hizo y los vecinos durante año y medio estuvieron haciendo las zanjas para el saneamiento, colocando las tuberías para que saliera agua de los grifos y metiendo los cables de la luz, porque Rucandial estaba aislado y a oscuras.

Una vecina recuerda que cuando fue a dar a luz estaba todo el pueblo en obras y tuvo que ir saltando por los praos con las contracciones del parto para poder llegar al hospital.

A Rafa también le preocupa qué va a pasar con el encinar de más de 200 años de Corbán, cerca del seminario. No vaya a ser que el proyecto 'Bosques de Cantabria' las quite para plantar algunos otros árboles jóvenes. “Uno de los tres plátanos más importantes de la ciudad, que nunca ha sufrido una poda, está allí y lo pasan por en medio”, advierte con notable preocupación e interés por el ecosistema de la zona.

A la vez, reconoce que el daño psíquico a los vecinos es irreparable. “La mejor política social es hacer feliz a la gente y aquí va a haber daños irreversibles”. Por eso lanza un ruego: que no lleven a la gente a la desesperación “porque entonces el raciocinio ya no existe”, advierte.

“Es vergonzoso que te tengas que enterar por un vecino”

Pulito no se enteró hasta al día siguiente. Fue el único del barrio que llegó tarde a la noticia. “Es vergonzoso que te tengas que enterar porque te lo dice un vecino y no el Ayuntamiento o el Gobierno”, reprocha. “Nadie de ese barrio ha puesto la casa venta”, afirma.

En la conversación, Jesús explica que todavía está pagando la hipoteca de “una casuca vieja, un poco arreglada” con un pequeño terreno que compró hace cinco años, cuando se vino a Rucandial desde Peñacastillo. Justo ahora que se acaba de jubilar y se quebrado el sueño de tener una vida tranquila. “Parece mentira que nos traten así a los ciudadanos” -protesta- “¿Esto es un gobierno? aquí no mandan los políticos, manda el constructor”.

“Encima quieren cambiarnos de municipio porque la localización de los pisos que nos ofrecen no es la misma. Yo soy vecino de Santander, no entiendo que me puedan cambiar a Bezana”, protesta Manuel. Maxi añade que les van a quitar su casa y el terreno “desde dónde vemos el mar y los Picos de Europa para meternos ahí abajo en un agujero”, dice mientras señala las parcelas donde en teoría se ubicarán las nuevas construcciones.

Ángela se presenta como la nieta del Paloma, 'el dedos'. “Yo todos los días paraba a hablar con tu abuelo”, recuerda Manuel. Ella y Andrea son algunas de las jóvenes que estan decididas a luchar por las casas familiares donde se han criado varias generaciones. “Estamos en rojo, familias de toda la vida”, suspira otra voz. “No han contado con el factor del arraigo familiar”, interveniene otro joven.

Recuperar la esencia de barrio “cargándose el nuestro”

Una de las cuestiones que más irrita a los vecinos es que el proyecto 'Bosques de Cantabria' pretende recuperar la esencia del barrio “cargándose uno, el nuestro”, afea Luis. De hecho, la propia tipología de las casas, alejada de la uniformidad estética de las urbanizaciones más modernas, precisamente le confiere esa esencia. Con la diferencia que no es una recreación, sino que es auténtico.

Otra de las múltiples dudas que despierta la operación inmobiliaria para construir 8.000 pisos en Santander es que esta zona está en la línea de influencia del aeropuerto -es una área de servidumbre aeronáutica- y los vecinos han tenido que pedir permisos hasta para elevar un poco sus tejados. ¿Cómo es posible entonces que se vaya a hacer un rascacielos y torres de pisos?, se preguntan.

Algunos vecinos no es la primera vez que se enfrentan a una expropiación. “A mi me llevaron un buen terreno para hacer la carretera y la acera, pero qué vas a hacer, es para el bien común. Esto otro, no”, apostilla una de las vecinas desde la puerta de su casa, en la calle donde para el autobús. “Primero lo del PCTCAN y ahora ésto, ya me llevaron terreno para ensanchar la carretera”, cuenta otra afectada que también se quedara sin casa.

Por su parte, Magdalena lleva años pidiendo que pongan un badén delante de su casa para frenar a los coches que pasan a mucha velocidad. “He bajado cuatro veces al Ayuntamiento de Santander, he estado con los concejales de barrios, de urbanismo”, cuenta. Acabaron por decirl que ya habían puesto muchos en otras zonas y que los conductores de los autobuses municipales se quejaban de que se les resiente la espalda cuando pasan por los badenes. “En los badenes no hay para repartir, pero en esto sí. Esa es la diferencia”, zanja otro vecino que escucha a su lado.

“Aquí no ponen ni un árbol de Navidad y ahora vienen con ésto, ahora se acuerdan de nosotros para hacer la Ciudad de la Justicia, ¿dónde está la justicia?”, pregunta Jesús.

“Tienen mucha prisa”, comenta una vecina de Rucandial, el barrio de Santander con sentencia de muerte tras el anuncio de un proyecto inmobiliario de un promotor privado que planea edificar una miniciudad de casi 8.000 viviendas sobre sus 35 casas.

Mientras tanto, un grupo de jóvenes y niños van colgando carteles contra el proyecto en los postes y los cercados. De las ventanas cuelgan pancartas escritas a mano sobre lienzos blancos, amarradas a las cercas que rodean las casas. Las fachadas gritan 'No al pelotazo urbanístico', 'Rucandial no se vende' y una de sus mayores revindicaciones: 'Por las mañanas nos gusta ver las vacas', porque el barrio está hecho de casas de pueblo y 'praos'.

Cuando uno se baja de la línea 13 del autobús municipal -pasa cada media hora- se siente el aroma de lo rural, de los animales y los pastos. Silencio, tranquilidad y unas vistas privilegiadas. Hacia el norte se ve el mar y desde otros puntos cardinales asoman los Picos de Europa. Una gran lengua verde salpicada de casas individuales con terreno, algunas en hilera formando calles con aceras recién renovadas. Otras más dispersas, de algunos otros habitantes del barrio que hasta ahora apenas se frecuentaban.

Desde que se desveló hace menos de una semana que el Gobierno de Cantabria apoya recalificar y expropiar su barrio vía PSIR (la figura administrativa de Plan Singular de Interés Regional), los acontecimientos se precipitan con celeridad.

Asustan a la gente que se puede ver presionada para firmar un acuerdo demasiado rápido

La única ayuda ha venido de los vecinos de Peñacastillo. La Asociación Virgen de Loreto se puso en contacto con la promotora del PSIR, Real de Piasca, que a través de un representante les ha informado que van a recibir cartas certificadas de la empresa privada, presumiblemente comunicando el derribo de su casa o la oferta que les hacen a cambio de ella. Los afectados, una gran familia que se ha unido desde el primer día en la desgracia, han decidido devolverlas. No piensan abrir los sobres. Menos, cuando hasta ahora no tienen ninguna información oficial de las consecuencias del PSIR que avala el Ejecutivo de Buruaga.

Al tiempo, desde la promotora se les ha remitido por correo electrónico un listado de las referencias catastrales y direcciones de las casas y las fincas que se van a expropiar. 'Listado de viviendas y otros inmuebles no propiedad de Real de Piasca afectados por la delimitación inicial del PSIR', dice el encabezamiento del documento.

El concepto de 'inicial' ha despertado mayores recelos entre los vecinos sobre la operación y temen que finalmente haya más perjudicados. “Ellos mismos han dicho a la asociación de Peñacastillo que están abiertos a que sean 60 las viviendas expropiadas finalmente”, advierte un afectado de Rucandial. Esto supondría más del doble de las inicialmente anunciadas. Por ahora, la lista negra suma 35 casas y otros diez inmuebles en otro listado anexo del documento que les han facilitado.

“Aquí no ha venido nadie”

Los vecinos se han movido rápido, se han puesto en contacto con los medios de comunicación, han colgado pancartas y carteles reivindicativos y han escrito un correo electrónico a la alcaldesa de Santander. Gema Igual les ha respondido diciendo que se reunirá con ellos cuando tengan una directiva que les represente. Este sábado han celebrado una reunión para formar su propia Asociación de Vecinos Afectados por el PSIR Bosques de Santander con diferentes grupos de trabajo para organizar la batalla contra el PSIR. Estará presidida por Luis Díaz y Andrea Oria será la portavoz. Mientras tanto, a pesar de alarma desatada, “aquí no ha venido a nadie”, se quejan.

Que vengan Buruaga o la alcaldesa y expliquen en qué condiciones se va a hacer ésto

“Que vengan Buruaga o la alcaldesa y expliquen en qué condiciones se va a hacer ésto”, reclama Andrea, una de las vecinas que lidera la oposición al proyecto. “Porque que nos tiren la casa para hacer un hospital puede ser lógico, pero ¿para hacer pisos justo sobre nuestras casas con todos los praos que tiene el promotor? Eso no”, advierte.

Lo primero que sorprende y enfada a los vecinos es cómo es posible que sin haberse movido ni un papel oficial, ya “hay un señor intentando negociar con cada vecino de forma individual”, denuncia una afectada. Helio. Un personaje sin apellido que se ha convertido en el único interlocutor en este amargo proceso que, por otro lado, todavía no ha empezado a tramitarse.

Por ahora, es únicamente una infografía presentada en el periódico local El Diario Montañés y avalada por el Gobierno de Cantabria que espera que “en días o en semanas” –ha dicho el consejero de Vivienda, Roberto Media– Real de Piasca registre oficialmente la petición de un PSIR para empezar a tramitar el macroproyecto inmobiliario en el barrio Rucandial de Santander.

“Hacen amenazas un poco elegantes”, explica una vecina. Si no aceptan sus propuestas de compensación económica, les dicen que habrá que expropiar sus casas con un justiprecio o ir a una Junta de compensación donde, el propietario mayoritario, Real de Piasca, podrá imponer su voluntad. “Asustan a la gente que se puede ver presionada para firmar un acuerdo demasiado rápido sin que ni siquiera esté aprobado oficialmente el proyecto”, considera Andrea. Tampoco hay nadie que les asesore y les defienda de esta operación.

“Hay bastantes personas, sobre todo mayores, que tienen miedo y piensan que si no venden rápido se van a quedar sin nada. Quieren que las vendan antes de tiempo para ahorrarse muchos trámites y problemas”, calcula otra vecina. “El Partido Popular dice que defiende la propiedad privada, pues mira tú”, censura esta propietaria en alusión al apoyo al PSIR del Gobierno de Cantabria.

Presiones y ofertas individuales

Los vecinos cuenta que Helio ha pedido a la Asociación de Vecinos Virgen de Loreto de Peñacastillo que les ponga en contacto con ellos, los afectados por la expropiación. 35 casas y algunas parcelas más, aunque se ha sembrado mayor inquietud cuando, según los testimonios de algunos afectados, el representante de la empresa presuntamente ha dicho que el proyecto no es exactamente el mismo que el del plano publicado en el periódico local El Diario Montañes. La única referencia gráfica que hay de la macro operación inmobiliaria que, incluso la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, dice desconocer. “Su idea es destrozar toda la zona”, suspira otro vecino.

Algunos afectados por la línea roja del PSIR de Real de Piasca están recibiendo llamadas para hacerles ofertas de compra de manera muy insistente. Los vecinos se sienten presionados por la promotora y muestran su extrañeza: “¿Cómo han podido conseguir nuestros contactos?”, se preguntan. Dicen que la promotora quiere negociar de forma individual con cada uno de ellos, pero ellos dicen que el barrio es de todos “y lo tenemos que salvar juntos”, asegura Andrea Oria, que se ha convertido en portavoz de la nueva asociación de vecinos. Ella es la sexta generación familiar que habita el barrio.

Una de las vecinas que “por ahora” no está afectada -“seguro que mi casa cae en la segunda fase”, advierte- ha contado hasta el número de solares vacíos que hay en Santander para ediificar: 353 que ya tienen suministros. “Ahí pueden construir sin echar a nadie de su casa”, remacha.

“No puede jugar con mi casa, esto es Cantabria, esto siempre ha sido un 'prao' y nos gusta vivir en esta tranquilidad”, aduce Andrea. Una tranquilidad que se ha quebrado desde el fatal anuncio del PSIR. “No van a poder mejorar la vivienda y la calidad de vida que tenemos”, valora otro afectado.

“No somos ocupas, pero tenemos el sentimiento de que nos están ocupando a nosotros”, ironizan.

La junta de personal funcionario del Gobierno de Cantabria ha denunciado una “falta sistemática de transparencia” y un “bloqueo negociador” por parte de la Consejería de Presidencia y la Dirección General de Función Pública, que le ha llevado a recurrir al Consejo Nacional de Transparencia para acceder a información sobre el coste de los procesos judiciales perdidos por la Administración en materia de personal.

En un comunicado, el órgano representativo ha puesto de manifiesto que “la falta de contestación a escritos solicitando información es la tónica habitual” y ha tenido que acudir a instancias superiores tras la inadmisión de una petición “clave” a su juicio como es conocer el gasto exacto abonado por el Gobierno de Cantabria en los varios procesos judiciales en materia de personal que ha perdido en los tribunales.

“La Administración continúa recurriendo sentencias desfavorables, incluso mediante recursos de casación que terminan siendo desestimados o directamente inadmitidos, en ocasiones sobre cuestiones sustancialmente idénticas a otras ya resueltas mediante sentencia firme”, ha apostillado.

La junta ha señalado que esta “falta de transparencia” se extiende a las relaciones con la representación de los empleados públicos, ya que la Administración “no responde a numerosas solicitudes formales de información realizadas en el ejercicio de los derechos de representación y libertad sindical”. Como ejemplo, la Junta señala que tuvo que esperar el pasado año, desde marzo, cuando solicitó formalmente una reunión con la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, hasta el 16 de julio para ser recibida.

Además, ha alertado sobre la tramitación de la futura Ley de Función Pública de Cantabria, ya que aunque la Administración entregó un borrador en agosto anunciando su intención de someterlo a información pública, “hasta la fecha no se ha convocado a las organizaciones sindicales para negociar su contenido”, por lo que “difícilmente puede hablarse de consenso cuando se prescinde de la negociación”.

Parálisis negociadora

Además, ha denunciando una “parálisis negociadora alarmante” que “mantiene bloqueados” asuntos como el teletrabajo, la regulación del cambio de puesto por motivos de salud y la puesta al día de las fichas de puesto de trabajo.

Por todo ello, ha exigido un “cambio de actitud urgente” a las responsables del Gobierno en materia de Función Pública, porque “las organizaciones sindicales no somos un mero trámite ni parte del decorado: somos la representación constitucional de los empleados públicos y exigimos respeto, margen de participación y una reactivación seria de la negociación colectiva” antes de que finalice la legislatura.

La política industrial del Gobierno de Cantabria se ha tratado de dibujar a golpe de PSIR, un urbanismo a la carta para poder ejecutar proyectos algunos de ellos de promoción privada, como las iniciativas de Olucas, del Centro de Datos Altamira, de Real de Piasca en Santander, de Castro Urdiales y del polígono de Solía. Quizá el más llamativo sea el PSIR para que una empresa madrileña construya un hotel de lujo sobre un palacio del siglo XVII entre Santillana del Mar y Suances, el Palacio del Corro.

Las siglas de Proyecto Singular de Interés Regional cada vez están causando más rechazo entre los ciudadanos y, por otro lado, es una figura que utiliza cada vez más mayor frecuencia el Gobierno de Cantabria para desarrollar cualquier iniciativa.

Es un instrumento que agiliza los trámites para construir un polígono u otro tipo de equipaciones siempre que el proyecto tenga un interés público. La figura se ha ido desdibujando con sucesivas reformas legislativas hasta el punto de que, en estos años de gobierno del Partido Popular en Cantabria ya se permite aplicar para construir vivienda libre, a precios de mercado. Es decir, que el Gobierno puede expropiar casas y propiedades de cualquier ciudadano para que un promotor privado haga negocio siempre que, también añada alguna equipación pública.

La novedad de la legislatura, reflejada en los últimos proyectos, es que se ha abierto la puerta a declarar un PSIR para construir vivienda libre. Lo aprobaron el PP y Vox con sus votos cuando dieron el visto bueno a la Ley de Simplificación Administrativa –cambió 24 leyes y 22 decretos– cuyo articulado escondía este cambio.

De hecho, dos de ellos se han abrazado a esta vía. El PSIR que anunció la presidenta Buruaga en Castro Urdiales para hacer 1.700 viviendas –libres, en su mayoría– que reserva terreno para el hospital que prometió en la campaña electoral, y el PSIR también de promoción privada de Real de Piasca en Santander: cerca de 8.000 viviendas y la ciudad de la justicia, que justifica el interés público. Un proyecto que, por sus dimensiones –supone recalificar ocho kilómetros de terrenos rústicos– condiciona el desarrollo urbanístico de Santander con una iniciativa privada que diseña una miniciudad paralela sin intervención pública, siguiendo un proyecto de un arquitecto norteamericano.

La operación ha alarmado a los vecinos de Rucandial tras el anuncio de que se van a derribar 37 casas. También llama la atención que se haya desarrollado a espaldas del Ayuntamiento de Santander, principal afectado. El proyecto es un macro PSIR que incluye construir calles, plazas, puentes, aparcamientos y una torre comercial de 30 pisos. A cambio, como es preceptivo, cederá para uso público la franja de terreno más cercana a la costa, sobre la que en teoría no se puede construir pero que también va incluida en el PSIR.

Conviene tener en cuenta que para que un PSIR salga adelante el promotor tiene que presentar un aval por el 4% de la inversión proyectada. En el caso de Real de Piasca o Altamira esta garantía adquiere una proporción millonaria.

Olucas, el presunto interés público de una piscina de surf privada

En los últimos meses, el Ejecutivo del Partido Popular ha anunciado otros dos Planes Singulares de Interés Regional que han levantado polémica. Olucas, una piscina artificial de surf en el corazón del pueblo de Villaverde de Pontones que estima atraer a 200.000 visitantes al año y el PSIR del polígono de Solía, que se pretende hacerse sobre terrenos rústicos protegidos modificando la ley del POL.

Respecto a la piscina de Olucas, un proyecto de promoción privada, no ha quedado acreditado por el momento el interés público de una iniciativa que ha levantado recelos en el propio pueblo, aunque el Gobierno de Cantabria defiende que será -de manera genérica- “una oportunidad única de generar empleo, riqueza y nuevas oportunidades para Cantabria”, en palabras del consejero de Fomento, Roberto Media, en la Comisión parlamentaria para explicar el proyecto a los grupos políticos. Una comparecencia que generó una fuerte polémica y los recelos de todos los grupos parlamentarios hacia el proyecto. Nadie acaba de ver claro que la piscina de surf privada tenga un interés público que justifique el PSIR y que, por otro lado, necesita el equivalente de agua de diez piscinas olímpicas.

Cantabristas ha convocado una manifestación contra el proyecto el sábado 31 de octubre a las doce de la mañana.

Altamira y Solía

El proyecto Altamira, para instalar un centro de datos, ha sido una de las iniciativas más cuestionadas porque ni siquiera tiene todavía la potencia eléctrica necesaria para funcionar, aunque el Gobierno de Cantabria insistió en un principio con que bastaba con enchufarse a la estación de Penagos. Después, ya admitió la falta de energía y ahora trata de que el Ministerio rectifique el reparto inicial de megavatios a nivel nacional y la comunidad reciba la potencia de 500 megavatios que requiere esa instalación.

El proyecto Altamira está impulsado por una sociedad privada, Stoneshield Capital, cuya mayoría de acciones han pasado hace poco a manos de un fondo inmobiliario extranjero. En principio, se anunció una inversión de 3.600 millones de euros. Las obras iban a empezar en enero de este año, pero no se ha dado ningún paso.

Es un proyecto que se anunció en tres fases. Solo se ha adquirido parte del terreno para la primera. El resto del parque tecnológico Altamira se proyecta sobre los terrenos del polígono de Solía, que se bautizará con el nombre de Federico Cobo. Esta zona está protegida por el Plan de Ordenación del Litoral –al estar en los márgenes de la ría– y sobre ella no se puede actuar. Por eso, el Gobierno de Cantabria va a modificar el POL aprovechando la Ley de Vivienda de Cantabria. En una disposición final pretender aprobar esta reforma para desproteger el suelo y dar vía libre al polígono para asentar el Campus Altamira, de iniciativa privada.

Laredo y La Pasiega

Otros PSIR vienen de atrás como La Pasiega, que se proyecta sobre algunos de los terrenos más fértiles de Cantabria, que hasta ahora ha avanzado con dificultades, o el de Laredo, quizá el más dramático de todos por la cantidad de personas afectadas que perderán sus casas. Un macroparque industrial de medio millon de metros cuadrados que afectaba a tres barrios con más de 50 viviendas y 300 parcelas.

Finalmente, el Gobierno de Cantabria reculó y redujo un 65% su tamaño. La superficie pasa de 533.814 metros cuadrados, del plan inicial, a 187,721 metros cuadrados en la nueva propuesta, con un 65% menos de terreno. Respecto a las viviendas, se reducen de 47 a 11, mientras que los vecinos afectados descienden de 307 a 102, tras la fuerte presión de los vecinos.

Otros PSIR, como el de las Excavadas en una zona de praderías entre Torrelavega y Cartes, son la historia interminable de un conflicto dramático para los afectados que llevan una década con la amenaza de la expropiación. En mayo, la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio dio el visto bueno a la declaración ambiental estratégica. A pesar de que la Asamblea en Defensa de Las Excavadas lleva años denunciando el impacto que supondrá eliminar estos terrenos agrícolas.

“Los PSIR se proyectan sobre los terrenos más fértiles”, expuso Carlos García, de ARCA en un reciente encuentro organizado por Cantabria no se vende en Hazas de Cesto para hablar de esta figura urbanística. “Ni la Thatcher tocaba el suelo rústico” -apostilló- “pero Cantabria lo hormigona, acaba con miles de años de evolución”. García argumentó que las mieses tardan miles de años en formarse y que en Europa y en otras comunidades autónomas están muy protegidas“.

Cada vez que hay algo bueno para Cantabria, cada vez que hay algo ilusionante, cada vez que empezamos a ver soluciones a problemas grandes como es, en este caso el de la vivienda, siempre hay gente que habla de pelotazos, siempre es el mismo cuento: esto es un pelotazo, aquí hay intereses ocultos, están favoreciendo a un privado, y no es esa la realidad“.

“Esto es un proyecto cien por cien privado que se presentará en los próximos días o en las próximas semanas por el registro”, anuncia. A partir de ahí, el consejero explica que se presentarán los informes “para ver si tiene interés regional que, lógicamente, ya con las cosas que hemos visto -que es una cosa que se viene trabajando durante años-, simplemente los datos: 8.000 viviendas, de ellas más de 3.100 de protección oficial, el parque público de Cantabria tiene 450 viviendas, estamos hablando de multiplicar esas viviendas de protección oficial por unos números inimaginables”

¿Por qué al PSOE le molesta tanto que haya vivienda para los jóvenes como las que entregamos ayer en Orejo? ¿Por qué la molesta tanto que pueda haber jóvenes que tengan un proyecto de vida en esas nuevas viviendas? ¿qué lo promueve la iniciativa privada? lógicamente. Nosotros como Gobierno de Cantabria no tenemos capacidad suficiente sin la empresa privada conseguir llegar a los números que necesitamos. Ahora mismo entre el PSIR de Castro Urdiales con 808, más de 3.100 en este Santander más los dos planes de vivienda que está haciendo el Gobierno de Cantabria que tiene algunas ya en construcción, otras acabadas y otras que en breve arrancarán todo su proceso, estamos hablando de cinco mil nuevas viviendas de protección oficial.

El PSOE está en modo campaña diciendo no a todo y eso es lo único que les preocupa. Ven humo negro donde otros vemos posibilidades de futuro para nuestros jóvenes, ven despropósitos e intereses privados cuando nosotros vemos un interés público clarísimo detras de esta actuación. eso es lo que hay que poner encima de la mesa.

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado en el Parlamento la documentación e información del macroproyecto 'Bosques de Santander', que contempla la construcción de 7.850 viviendas -4.710 libre y 3.140 protegida a precio asequible-, la futura Ciudad de la Justicia, un aparcamiento disuasorio de 1.300 plazas y zonas verdes entre los municipios de Santander, Santa Cruz de Bezana y Camargo.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, junto con el secretario general de la Agrupación de Santander y portavoz municipal, Daniel Fernández, y el portavoz parlamentario, Mario Iglesias, después de que el lunes la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga (PP), confirmara que su promotor, el Grupo Empresarial Real de Piasca, presentará un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) para tal fin.

Quiñones ha calificado el anuncio, “a bombo y platillo”, de 'Bosques de Santander' como un “despropósito fantasma”, como si fuera “una promoción de vivienda privada por parte del Gobierno autonómico, por parte de la señora Buruaga”.

Ha apuntado que el “problema” es que detrás del mismo están “intereses privados, con nombres y apellidos”, pero quien lo anuncia es el Ejecutivo regional que, “por encima de todo” está “para defender los intereses de la ciudadanía”.

“Es humo negro. Es un anuncio desesperado del Gobierno de Buruaga, que ha dejado pasar una legislatura entera sin hacer nada”, ha aseverado la dirigente socialista, que ha acusado a la presidenta de estar “totalmente escondida” durante más de tres años y, ahora, presentar “megaproyectos con muchas infografías e inteligencia artificial que se van a llevar a cabo en la próxima década”.

También la ha reprochado que en esta legislatura “no haya hecho ni una sola inversión”, algo, ha afirmado, que “es lo que le pesa”, ya que “se va a tener que presentar a las urnas en unos meses sin nada que ofrecer a la ciudadanía, sin nada que decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria. ¿Qué ha hecho por mejorar su vida? No ha hecho absolutamente nada”, salvo “recortar en derechos”. “Una legislatura en blanco”, ha resumido.

“Cantabria no merece un Gobierno que pasa de estar escondido a venderla a los especuladores y a los intereses particulares. No puede estar en manos de quienes no defienden el interés general, no defienden lo público, sino los intereses particulares de unos pocos especuladores que ven en este Gobierno algo bueno para hacer su propio negocio”, ha dicho.

Mientras, ha aseverado Quiñones, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), “dice no tener la información y que estudiará su viabilidad”.

“Buruaga ha soñado con su Disneyland particular e Igual ha puesto los pies en la tierra. ¿Quién lo iba a decir?”, ha ironizado, para enfatizar que dos mandatarias del PP son “incapaces de ponerse de acuerdo” mientras se está “jugando” con los intereses de los vecinos de Rucandial.

“Los santanderinos y los cántabros tenemos derecho a conocer todo el detalle de qué se va a construir, dónde, qué impacto va a tener en ese suelo, en los espacios naturales y qué infraestructuras serán necesarias; qué compromisos asumirá la iniciativa privada y qué beneficio público tiene para que sea anunciado un PSIR”, ha incidido la socialista.

Finalmente, se ha preguntado respecto a la aprobación del PSIR “qué garantías tiene la ciudadanía de que el interés general va a estar por encima de cualquier interés particular”.

Nuevo PGOU

En esta línea, Daniel Fernández ha reclamado la necesidad de que Santander tenga un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

“Necesitamos planificar de forma integral nuestra ciudad y decidir dónde queremos vivienda, dónde queremos actividad económica, dónde queremos zonas verdes, cómo queremos movernos, qué suelo queremos proteger y cómo queremos que sea esta ciudad dentro de veinte años. No tiene sentido tener bloqueado el Plan General y pretender sustituir la planificación de Santander por el PSIR de un promotor privado”, ha señalado.

Respecto al PSIR, el portavoz socialista ha dejado claro que “no es un trámite sin importancia” y que, si finalmente obtiene la declaración de interés regional y supera toda la tramitación, “puede transformar suelo, ordenar usos y condicionar el planeamiento urbanístico”.

Desde el Grupo Municipal Socialista se oponen a esta iniciativa porque no comparten el supuesto interés general defendido por la presidenta Buruaga y consideran que una actuación de estas características no puede plantearse al margen de una planificación global de la ciudad.

Fernández también ha trasladado su apoyo a los vecinos de Rucandial, con quienes ha asegurado que ya ha mantenido contacto y con los que se reunirá en los próximos días.

“Mientras nosotros llevamos cinco días leyendo noticias sobre este proyecto, ellos llevan muchos años viviendo allí. Allí están sus casas, sus familias, sus recuerdos. Por eso, vamos a exigir que cualquier decisión que pueda afectar a sus viviendas cuente con ellos desde el principio, porque el interés general del que habla Buruaga también son ellos”, ha añadido.

Por último, el portavoz municipal ha planteado además otro debate que, a su juicio, Santander “debe abordar”. “El PCTCAN está prácticamente lleno. Tenemos la Universidad de Cantabria, tenemos talento y tenemos jóvenes que se marchan porque no encuentran aquí las oportunidades laborales que necesitan”, ha enfatizado.

“¿De verdad uno de los últimos grandes espacios de Santander solo puede pensarse desde la vivienda? ¿Por qué no pensamos también en ampliar el PCTCAN? ¿Por qué no reservamos suelo para atraer empresas? ¿Por qué no pensamos en innovación, conocimiento y empleo cualificado?”, ha concluido.

El Partido Popular de Cantabria propone utilizar la futura Ley de Vivienda para modificar otra dos leyes. El grupo parlamentario popular ha presentado dos enmiendas a su propia Ley de Vivienda para incluir dos modificaciones del Plan de Ordenación del Litoral (POL) y de la Ley de Carreteras.

El proyecto de ley, que tramita en estos momentos el Parlamento de Cantabria, ha sido redactado por el Gobierno de Buruaga pero, aún así, su propio grupo parlamentario ha presentado 27 enmiendas parciales al texto para añadir o modificar el texto inicial remitido desde la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Roberto Media.

Así, el Partido Popular plantea aprovechar la futura Ley de Vivienda para modificar el POL e incluir la nueva actuación integral estratégica productiva Solía, el futuro y polémico polígono industrial donde se ejecutarán la segunda y tercera fase del Centro de Datos Altamira.

Una área de 61 hectáreas entre Astillero, Piélagos, Villaescusa y Camargo de suelo rústico protegido donde no se puede actuar. Para ello, el Gobierno de Cantabria necesita recalificar el terreno. De ahí que se plantee esta modificación del POL para desproteger el terreno y poder utilizarlo para usos industriales. el PP aprovechará la Ley de Vivienda para corregir otra Ley, la del POL.

La operación estaba impulsada también inicialmente por el PRC mediante otra vía más rápida, aunque finalmente renunció a ello. Los afectados por el PSIR -que supone recalificaciones y expropiaciones- se han unido en una plataforma ciudadana bautizada como La mancha gris que alerta sobre “las modificaciones ad hoc”, es decir, a medida de los intereses de los promotores interesados en el proyecto.

La iniciativa del Partido Popular justifica que ya se ha agotado el polígono industrial de Morero y que hace falta más espacio: reservas de suelo “para implantar nuevas actividades económicas”.

Por ello, propone sacar del POL los terrenos, excepto una avenida arbolada con plátanos que conduce a la casa palacio de Juenga y añade que en los 200 metros alrededor de la ribera de la ría “solo se ubicarán los sistemas de espacios libres”.

La idea de convertir una zona protegida en suelo urbanizable necesita que se modifique la Ley del Plan de Ordenación del Litoral y que se plantee un PSIR, un Plan Singular de Interés Regional protegido junto a la ría que ejecutará la recalificación y, en su caso, las expropiaciones donde se ubicarán las fases dos y tres del Proyecto Altamira.

Modificación de la Ley de Carreteras

La Ley de Vivienda también servirá de comodín para aprobar otra modificación de la Ley de Carreteras, que el grupo parlamentario popular ha planteado como otra enmienda al proyecto.

En concreto pretenden modificar un artículo de la Ley para que, a partir de ahora, solo se necesite una declaración responsable -comunicar a la administración la buena voluntad de cumplir con la normativa- para hacer obras en las edificaciones que invaden la zona de protección de la carreteras. Es decir, aquellas que quedan dentro de las franjas que hay a cada lado de la vía y que delimitan la línea a partir de la cual se puede construir.

También se permitiría levantar -en estos márgenes de las vías- levantar “instalaciones fácilmente desmontables y aquellas otras destinadas al servicio de la carretera”, solo con una declaración responsable. Hasta ahora, para ello, era necesario el permiso de la Consejería de Obras Públicas.

Con la modificación de la Ley que plantea el PP, se podrían pintar fachadas, reparar tejados, cambiar ventanas y puertas, reparar el interior o hacer otras de mantenimiento, sin permiso, solo con la declaración responsable.

Una Ley de Vivienda en cuestión

El PSOE ya ha anunciado su rechazo: “queremos una ley que ponga en el centro a las personas y no al mercado como prioridad”, argumentó. Los socialistas dicen que el PP propone lo de siempre: liberalizar y confiar en que el mercado lo resolverá. Pero, en su opinión, si no se interviene el problema no se resuelve, empeora. 

La postura del PRC es un poco más ambigua, inicialmente facilitó su tramitación y votó en contra de las enmiendas a la totalidad para que el proyecto siguiese adelante, pero consideran que es insuficiente y que necesita cambios. Los regionalistas han presentado cien aportaciones que consideran “imprescindibles” y ha advertido de que, si no son incorporadas, la futura norma no contará con su apoyo.

El comité de empresa del Gobierno de Cantabria (CSIF, UGT, CCOO, SIEP, TU, SUC e Independientes) ha denunciado que el ICASS ha procedido a retirar del CAD de Sierrallana una pancarta reivindicativa del nuevo convenio colectivo, lo que en su opinión evidencia “una actuación coordinada del Ejecutivo autonómico contra las movilizaciones sindicales”.

El comité, tras recoger la pancarta, ha calificado el hecho como “sin precedentes en su trayectoria reivindicativa”. “Nunca en la historia de lucha de este comité, en sus numerosas batallas, el Gobierno había retirado una pancarta reivindicativa”, ha señalado en un comunicado el órgano de representación de los trabajadores.

Según ha explicado, la pancarta con el lema 'En lucha por un IX Convenio Colectivo justo y digno' había comenzado su recorrido por distintos centros de trabajo dentro de las movilizaciones por el nuevo convenio, pero fue retirada “en pocas horas” por el ICASS.

Los representantes sindicales han considerado que la actuación podría responder a una “consigna dada por Presidencia de Gobierno a todas las consejerías”, y han vinculado la retirada con lo que consideran una “falta de diálogo” por parte del Ejecutivo autonómico.

Para el comité, se trata de “un hecho más de la actitud dictatorial y antisindical que mueve diariamente sus acciones” y ha denunciado que la decisión afecta al derecho a informar sobre sus reivindicaciones.

“A las personas, no solo a los trabajadores, les han impedido una acción habitual en toda reivindicación, como es informar a la ciudadanía de lo que estamos sufriendo hace dos años, del porqué de nuestra lucha”, han señalado los representantes de los trabajadores.

Asimismo, ha criticado la forma en que el ICASS habría comunicado las indicaciones sobre la pancarta, utilizando “la aplicación informática para el control diario del bienestar de los usuarios para trasladar artículos de la LOLS y señalar que la pancarta debía colocarse en el tablón informativo”, lo que en su opinión “raya lo ridículo”.

El órgano de representación ha expresado su preocupación por la situación generada entre los trabajadores del centro que salieron a apoyar al comité cuando sus representantes acudieron a retirar la pancarta, ya que, según ha afirmado, “se les había advertido de que se les podría descontar de la nómina el tiempo correspondiente incluso por salir un minuto a mostrar su apoyo”.

Pese a lo sucedido, el comité ha asegurado que mantendrá su respaldo a los distintos centros de trabajo y las movilizaciones por un IX Convenio Colectivo “justo y digno”. “El comité de empresa apoya a los centros de trabajo y manifestamos nuestra firmeza en la lucha que hemos iniciado”, ha concluido el órgano de representación, que ha considerado que lo ocurrido evidencia “una actuación coordinada del Ejecutivo autonómico contra las movilizaciones sindicales”.

La Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Cantabria ha sacado a información pública el proyecto de un promotor, el Grupo Matienzo, para rehabilitar una vivienda y convertirla en tres apartamentos turísticos sobre suelo rústico de especial protección en el municipio de Meruelo. Para favorecer “el desarrollo de la comarca” –justifica la memoria presentada oficialmente– y “para dotar al municipio de un servicio que se sabe que hace tiempo necesitan y en pleno auge”.

Los impulsores del proyecto –registrado en mayo– solicitan autorización para reformar una antigua edificación del año 1900 y “convertir su uso a vivienda con fines turísticos” en la que se construirán los tres alojamientos extrahoteleros independientes con categoría de una llave.

La edificación actual, situada en el número 5 del Barrio San Miguel de la localidad cántabra, tiene dos plantas construidas sobre 203 metros cuadrados de superficie y se encuentra incluida –precisa el proyecto– en el Catálogo de Edificios en Suelo Rústico de Meruelo. La parcela tiene en total casi 18.000 metros cuadrados.

En la actualidad no existe de red de saneamiento municipal por lo que se pretende instalar una fosa séptica “con filtración al terreno” que tendrá que autorizar la Confederación Hidrográfica.

El promotor –que invertirá 122.000 euros en la reforma– se compromete a que los rótulos y cartelería de establecimiento sean discretos y respetuosos –apuntan– con los valores arquitectónicos del edificio.

La ubicación de la vivienda no se encuentra en ningún espacio natural protegido –argumenta el Grupo Matienzo– por lo que considera que el fomento de la actividad turística “supondrá una pequeña ayuda a la economía del municipio y colaborará a la fijación de la población que deba dar servicio a la nueva actividad”.

Para proceder a la rehabilitación se derribarán dos fachadas laterales y la cubierta y se añadirá un porche de madera. La parcela se cerrará con un muro de mampostería de un metro de altura. Se construirá un apartamento de 68 metros cuadrados y otros dos prácticamente con la mitad de tamaño.

Todas las viviendas constará, como mínimo, de una habitación para estar, comer y cocinar; un cuarto de baño con bañera o ducha, inodoro y lavabo, y un dormitorio doble. Salvo en el caso de vivienda–estudio en la que el dormitorio podrá estar incorporado a la sala de estar.

El Partido Regionalista de Cantabria ha reaccionado al anuncio del macroPSIR de interés privado en Santander, avalado por el Gobierno de Cantabria (PP) que permita a Real de Piasca edificar casi ocho mil viviendas sobre terreno rústico que será recalificado para incluir, además una parcela para la futura Ciudad de la Justicia, lo que justificaría el interés general exigible a un proyecto de estas características.

“Un PSIR es la herramienta para hacer viable la promoción de vivienda pública que la gente pueda pagar” -considera la candidata a la presidencia del PRC, Paula Fernández- “esto que hemos visto no nos gusta nada”. Aunque ha resaltado que “solo son infografías” y no se conoce el contenido de ese proyecto. “Un PSIR es para que el cien por cien sea público”

Por su parte, el secretario general Miguel Ángel Revilla ha considerao que “esto no responde a lo que nosotros en el Gobierno redactamos como fórmula para desbloquear el que la gente humilde pudiera tener un piso o que en donde había una actividad agrícola abandonado pudiera haber un polígono industrial”.

“Esto que se presenta aquí es Marina d'Or ciudad de vacaciones, no creo que Cantabria deba iptar a pelotazos urbanísticos de este nivel”, ha apostillado.

Además, ha añadido que algunos de esos pisos “van a ser carísimos” y que los va a comprar “gente de Barcelona, de Madrid, como una inversión para el veranos, y que la mayoría de ellos van a estar vacíos” porque a esos precios no los va a poder adquirir la gente joven.

El expresidente de Cantabria ha destacado que cuando estuvo al frente de la Consejería de Obras Públicas entregó 3.500 llaves en sorteos a personas que tenían una condiciones de renta mínima que les imposibilitaba para comprar vivienda. “Hay que volver a esa situación, a hacer viviendas ahora de 120.000 euros, que se pueden hacer si se pone a disposición de la gente el suelo y se quita el IVA”, ha demandado. “Se pueden poner viviendas al 40% del coste de la vivienda privada”, ha dicho.

Revilla ha dicho que en Cantabria hay que hacer vivienda “pero para gente que no tiene posibilidad de compra” y no para que se llene de personas del resto del mundo y que vengan verano sabiendo que se va a revalorizar su inversión. “Eso no es el objetivo de un PSIR”, ha zanjado.