Denuncias de trabajadores del hospital con el que se privatizó la sanidad pública en Cantabria: un convenio caducado, falta de personal y represalias laborales

Los trabajadores del Hospital Santa Clotilde de Santander, que acaba de firmar un convenio de privatización de servicios sanitarios con el Gobierno de Cantabria por importe de 256 millones de euros hasta el año 2042, han iniciado movilizaciones para denunciar que la dirección del centro religioso está bloqueando el convenio colectivo, caducado en 2024, y la falta de personal “en áreas fundamentales”.

Los trabajadores del centro sanitario estiman que la actual plantilla de 220 empleados ya está “al límite” y que “será difícil” hacer frente a todos los compromisos adquiridos en el convenio singular con el Servicio Cántabro de Salud, que incorpora nuevos servicios sanitarios hasta ahora se prestaban exclusivamente en lo público como los cribados de cáncer de mama y colon.

“Tendrán que invertir en personas”, reclama María José Barrio, responsable de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios del sindicato Comisiones Obreras. El convenio singular exige unas condiciones de infraestructuras -número de camas, quirófanos, consultas, etcétera- y un número de personal sanitario que el hospital no cumple. “El problema es que el documento tampoco establece plazos para que se cumplan los requisitos”, explica Barrio. De hecho, entró en vigor el 1 de enero de 2026 sin haber resuelto esta cuestión.

En paralelo, se produce otra situación. Parte del personal que trabaja en Santa Clotilde no son trabajadores del hospital de la Orden de San Juan de Dios, sino que pertenecen a la empresa que gestiona el servicio de radiodiagnóstico desde dentro del centro sanitario. Los empleados de HT Médica no están incluidos en la plantilla de 220 personas del hospital.

El pasado 10 de marzo el centro religioso, en el acto de celebración de su patrón San Juan de Dios, anunció unas obras de ampliación que estarán acabadas a final de año. Como adelantó elDiario.es, el Ayuntamiento de Santander recalificó la parcela del hospital para permitir construir otro edificio.

Ese día, en la celebración, después de asistir a misa en la capilla del centro, el consejero de Salud, César Pascual (PP), aprovechó para reivindicar la privatización de servicios sanitarios: “No es una concesión, no es un privilegio, no es una anomalía. Es una herramienta de gestión sanitaria perfectamente legal utilizada en muchas comunidades autónomas y diseñada con un objetivo muy sencillo: poner todos los recursos disponibles en Cantabria al servicio de los pacientes”, recalcó.

CCOO denuncia “represalias”

La realidad es que los trabajadores del centro han empezado a movilizarse: no hay convenio colectivo, la plantilla es insuficiente y, además, CCOO ha denunciado “represalias” por parte de la Dirección de Personas y Valores del Hospital que “ha advertido de posibles sanciones a quiénes participen en las movilizaciones”.

“Una actuación incompatible con el ejercicio del derecho fundamental de la libertad sindical”, subrayan desde el sindicato. La directora de Personas y Valores es Eva Salmón, la diputada del PSOE en el Parlamento de Cantabria, que dirige los recursos humanos del hospital y es una de las dos personas designadas por la dirección para sentarse a negociar con el comité de empresa, como ha venido haciendo en ocasiones predecentes. Desde el Comité de Empresa comunican que la empresa parece interesada en retomar las negociaciones “con exigencias reales” para finales de marzo.

Los trabajadores iniciaron las movilizaciones de protesta el pasado 4 de marzo con una concentración a la puerta del hospital convocada por el Comité de Empresa ante “la indiferencia y dejación de la dirección que mantiene paralizada la negociación”.

La presidenta del órgano sindical del centro hospitalario, Inmaculada Martínez (UGT) considera “que hace falta gente, necesitamos más personal porque los ratios son muy generales, no están especificados y hay falta de categorías o algunas de ellas están muy escuetas”. “Se necesita como mínimo contratar a 15 personas y de ahí para arriba”, añade. Además, ha criticado que “las infraestructuras están muy anticuadas, falta espacio para trabajar y todo ello provoca problemas físicos y psicosociales”.

El convenio privatizador exige 27 trabajadores más

Hace algunas semanas, la Plataforma de Defensa de la Sanidad Publica de Cantabria ya denunció públicamente que se desvía dinero público a Santa Clotilde “sin que la entidad concesionaria disponga de los recursos necesarios para suplantar a la Sanidad pública en las prestaciones correspondientes”.

Para cumplir las condiciones del acuerdo económico millonario, que inyectará cerca de 256 millones de dinero público a lo largo de las próximas dos décadas, el hospital tendrá que ampliar la plantilla contratando a 27 trabajadores más para pasar de 78 a 105 sanitarios. Entre ellos, 22 enfermeras, 27 auxiliares de enfermería, 7 médicos de diferentes especialidades, un psicólogo, 8 fisioterapeutas, 4 terapeutas ocupacionales y 3 logopedas.