Cuando la política eclipsa la gestión

Ahora que la Asamblea Regional de Murcia ha cerrado su segundo periodo ordinario de sesiones —el Estatuto fija dos, de septiembre a diciembre y de febrero a junio—, el verano permite observar la política regional con cierta distancia y preguntarnos qué queda de la acción de un Gobierno cuando se apaga temporalmente el ruido parlamentario y la confrontación diaria.

No siempre una buena gestión se convierte en buena política. Cuanto más discreto y técnico es el trabajo de una administración, más fácil resulta que pase inadvertido, mientras una polémica o una concesión puede acabar definiendo una etapa entera. Gestionar es resolver problemas y hacer funcionar los servicios públicos; hacer política es explicar para quién se gobierna, defender lo logrado y establecer límites. La gestión muestra qué se hace; la política, por qué y desde qué convicciones.

En política social esta diferencia es especialmente visible. Sus avances rara vez producen grandes titulares. Se reconocen en logros cotidianos: simplificar un trámite para una familia numerosa, reducir una espera, favorecer la autonomía de una persona mayor, garantizar apoyos a una persona con discapacidad, proteger a una mujer frente a la violencia o avanzar en igualdad y no discriminación. También en atender a quienes viven situaciones de vulnerabilidad, escuchar a las entidades sociales y recordar que detrás de cada expediente hay una vida.

Cuando estos avances funcionan, el problema deja de verse. Pero el silencio de la buena gestión tiene un riesgo: si quien gobierna no explica lo que hace, otros lo harán desde sus intereses y con el marco político que más les convenga.

La política no tolera los espacios vacíos.

Vox ha demostrado en la Región de Murcia entender bien esta lógica. Con un peso institucional limitado, puede ejercer una influencia mayor si consigue decidir de qué se habla y con qué palabras. La paradoja es que parece ejercer incluso más fuerza cuando no gobierna que cuando forma parte del Gobierno. Liberado de gestionar, explicar sus contradicciones y asumir las consecuencias de sus decisiones, puede marcar la agenda y exigir respuestas sin cargar con sus costes. Su poder reside en delimitar el terreno en el que obliga al Partido Popular a moverse.

Cuando un Gobierno acepta el marco que le impone otro, la gestión queda eclipsada. El trabajo realizado y los criterios técnicos pierden importancia; todo se interpreta como victoria, derrota, cesión o rectificación. La administración sigue funcionando, pero la política ya ha impuesto el significado de lo que sucede.

Esto no afecta solo a quien ocupa una responsabilidad pública, sino a la credibilidad de todo el Gobierno. Cuando una decisión nace de una negociación colectiva, pero su coste recae sobre quien debe ejecutarla o explicarla, se produce un desequilibrio injusto y políticamente desacertado. Un Gobierno debe respaldar la gestión que considera valiosa y explicar sus avances.

No se puede exigir lealtad en la gestión y ofrecer soledad en la política.

Como he escrito en otra ocasión, gobernar desde el centro de uno mismo no significa renunciar a los acuerdos, sino negociar sin perder la identidad, escuchar sin asumir siempre el marco del otro y comprender que aprobar unos presupuestos no debería implicar ceder la dirección política.

Porque también se gobierna cuando se decide qué no se negocia.

La política social no puede quedar reducida a una partida presupuestaria ni convertirse en moneda de cambio. En ella se expresa la idea que un Gobierno tiene de la dignidad, la igualdad de oportunidades y la protección de las personas vulnerables. Subordinarla al ruido o a la urgencia parlamentaria debilita la identidad de todo un proyecto político.

Comunicar la gestión tampoco consiste en acumular cifras, sino en explicar cómo cambia la vida de las personas y qué idea del servicio público sostiene cada decisión. Un Gobierno no es más sólido únicamente porque apruebe sus presupuestos, sino cuando la ciudadanía sabe qué ha mejorado, hacia dónde avanza y qué principios lo orientan.

Cuando la política eclipsa la gestión no pierde solamente quien gestiona. Pierde el Gobierno que deja de tener voz propia y la ciudadanía, que ya no alcanza a ver lo que las instituciones hacen —o podrían hacer— por ella.

La buena gestión merece una política a su altura.