¿Una política de atención o una política de reconocimiento?

Murcia no se entiende sin sus pedanías. Así lo ha afirmado recientemente la alcaldesa Rebeca Pérez, y conviene tomar esa frase en serio.

Recuerdo haber escrito hace años que la periferia no debía entenderse como un lugar menor, sino como el contorno vivo desde el que también se construye una ciudad. Por aquel entonces, coordinaba el Auditorio y Centro de Artes Escénicas de Beniaján, una experiencia que me llevaba a pensar la periferia desde la cultura: desde los centros culturales y los proyectos capaces de democratizar la creación. Hoy creo que aquella intuición se quedó corta. En Murcia, hablar de periferia es hablar de transporte, colegios, aceras, limpieza, seguridad vial, consultorios, juventud, mayores, comercio de proximidad, presupuesto, dignidad territorial y, sobre todo, capacidad de acción y competencias.

La frase de Rebeca Pérez no debería interpretarse como un eslogan amable, sino como una afirmación política de primer orden. En una entrevista reciente, la alcaldesa afirmaba que “Murcia no es Murcia sin sus pedanías” y recordaba que siete de cada diez habitantes residen en pedanías y barrios periféricos. También hablaba de un plan de inversión de 3,6 millones de euros, de juntas de gobierno itinerantes y de un contrato de mantenimiento y conservación de la vía pública en pedanías que supera los 12,6 millones de euros. Son cifras importantes. Pero precisamente porque lo son, obligan a formular una pregunta más exigente: ¿estamos ante una política de atención o ante una política de reconocimiento?

No es lo mismo atender que reconocer. La atención llega, escucha, arregla, programa, visita, inaugura, responde. Pero el reconocimiento va más allá. Reconocer un territorio es aceptar que no solo debe ser atendido desde el centro, sino que también debe poder pensar, decidir y construir el futuro del municipio desde sí mismo, con la participación activa de sus habitantes y desde las necesidades específicas de cada territorio.

La atención escucha una demanda. El reconocimiento convierte esa demanda en parte real de la planificación municipal. La atención mira hacia las pedanías. El reconocimiento obliga a mirar desde ellas.

Durante años, las pedanías de Murcia siguieron siendo nombradas en el discurso institucional, pero nombrar un territorio no significa permitirle decidir sobre sí mismo. En 2005, durante el mandato de Miguel Ángel Cámara, el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos unificó la regulación sobre participación, juntas de vecinos y distritos. Sobre el papel, hablaba de participación ciudadana y gestión desconcentrada; en la práctica, las juntas municipales ejercían las competencias conferidas por el alcalde o la Junta de Gobierno. Las pedanías podían gestionar parte de la vida cotidiana, pero el centro político seguía estando en La Glorieta.

Aquella arquitectura institucional no las eliminó; las domesticó administrativamente. Les dejó mantenimiento, fiestas, informes, propuestas, voz vecinal y gestión de proximidad, pero reservó para el centro la decisión estratégica, el presupuesto fuerte y la última palabra. No fue una desaparición. Fue una pérdida progresiva de peso político.

Ahí está una de las claves del debate actual. Las pedanías necesitan dejar de ser tratadas como espacios menores de gestión. Una pedanía no es solo el lugar donde se coloca un escenario en la plaza, se encienden las luces de Navidad o se arregla un carril. Una pedanía es una comunidad política. Tiene necesidades propias, ritmos propios, memoria propia y también conflictos propios.

La Glorieta es mucho más que una sede institucional. Es también una metáfora. Allí se firma, se decide, se anuncia, se ordena y se administra. Pero Murcia no cabe entera en La Glorieta. Murcia se extiende por acequias, carriles y veredas. Respira en realidades que no son periferia por estar lejos, sino porque durante demasiado tiempo fueron miradas desde una distancia administrativa.

El problema no es que exista un centro. Ocurre cuando el centro confunde coordinar con absorber, escuchar con decidir por otros y visitar con compartir poder. Descentralizar es preguntarse quién decide, con qué presupuesto, con qué autonomía y con qué capacidad de rendición de cuentas.

Por eso el debate abierto por Rebeca Pérez puede ser una oportunidad si no se queda en una política de proximidad entendida como presencia. Que una alcaldesa diga que Murcia no se entiende sin sus pedanías es importante. Que el Ayuntamiento hable de inversiones, juntas de gobierno itinerantes, mantenimiento de la vía pública o mejoras en transporte público también lo es. Pero el reto de fondo es pasar de mirar las pedanías como territorios a los que se llega, a reconocerlas como territorios desde los que también se gobierna Murcia.

Hace años defendía que los centros culturales periféricos podían convertirse en espacios de creación, participación vecinal y desarrollo comunitario. Hoy mantengo aquella idea, pero la ampliaría: lo que entonces llamábamos cultura periférica debe convertirse ahora en ciudadanía periférica. Porque la periferia no es un margen vacío ni una categoría menor. Es una forma concreta de vivir en el municipio.

Murcia tiene ahora la posibilidad de hacerse una pregunta honesta: ¿quiere aplicar una política de atención o una política de reconocimiento? La primera puede mejorar servicios. La segunda puede transformar la relación entre el Ayuntamiento y sus territorios. La primera responde a demandas. La segunda redistribuye poder.

Porque Murcia no cabe en La Glorieta. Y quizá ha llegado el momento de que La Glorieta aprenda, de una vez, a no querer contenerla entera.