La última oportunidad del Gobierno central

Tenemos a un Gobierno central acosado y tocado. En 2019, a los pocos meses de ganar Pedro Sánchez la moción de censura frente al gobierno de Rajoy, el presidente socialista publicó un libro con un título premonitorio, 'Manual de resistencia“. Pareciera que ha aplicado a rajatabla ese manual para mantenerse en el poder, con un ex secretario de Organización de su partido condenado a 24 años de cárcel por corrupción y a otro inmerso en la fase de instrucción, investigado por los delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias.

Al margen de los casos de su esposa y de su hermano que partieron de denuncias provenientes de organizaciones ultras como son Hazte Oír y Manos Limpias y que, a falta del juicio con jurado en el primer caso y de que se acabe el juicio oral contra David Sánchez, levantan muchas dudas entre sectores de la judicatura en cuanto a su desarrollo, los casos que afectan directamente a ex altos cargos de su partido le hacen mucho daño tanto a la imagen de Pedro Sánchez como a su gobierno, a lo que hay que sumar el enriquecimiento de Zapatero, que los tribunales deben dilucidar si fue de forma lícita o no.

Esta travesía agónica del gobierno de Sánchez en la recta final de la legislatura constituye una decepción sobre todo para la gente de izquierdas, tanto para los que le han votado como para los que han optado por los partidos que le han apoyado en la investidura y sostenido durante estos tres años. Aunque es cierto que este gobierno ha aprobado medidas que favorecen a la mayoría, sobre todo desde el ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz a la cabeza, con los aumentos del SMI, la reforma laboral que ha impulsado la creación de empleo a unas tasas que no se veían desde 2008, los ERTE que salvaron a miles de empresas durante la pandemia, además de otras medidas como la revalorización de las pensiones según el IPC, la gestión de los fondos europeos, y la aprobación de leyes como la de Vivienda, la de Paridad o la de Eutanasia, mucha gente no nota en el día a día esas mejoras, por la dificultad de llegar a fin de mes, de encontrar una vivienda digna o de llenar la cesta de la compra.

Porque, como advierte de forma acertada el diputado Gabriel Rufián, que se ha convertido en un referente para la izquierda, la alternativa al actual gobierno es mucho peor: una coalición PP-Vox, con el apoyo de Junts y tal vez PNV, que, ademas de desmontar los avances conseguidos por el gobierno en materia social, seguramente aplicarán medidas que harán más difícil la vida a colectivos como inquilinos, inmigrantes, LGTBIQ+, pensionistas, víctimas de violencia machista y personas vulnerables en general, además de defender los intereses de los más ricos, como ya se está viendo en las comunidades autónomas en las que gobiernan. Además, aspectos como la lucha contra el cambio climático, los derechos de las mujeres, la memoria histórica y los servicios públicos en general sufrirán un retroceso, ya anunciado no solo con palabras en sus respectivos programas electorales sino con hechos en los territorios que gestionan.

Sólo hay que ver lo que está ocurriendo en la Región de Murcia ante la pasividad de la mayoría de la población, empezando por el presunto fraude al Servicio Murciano de Salud (SMS) de 6,8 millones de euros por sobrecostes de servicios quirúrgicos en centros privados y uso de prótesis y productos caducados, siguiendo con el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a 2023 en el que se revelaría un remanente negativo de más de 1.800 millones de euros y un déficit del 2,3% del PIB, además de un agujero en el SMS de más de 3.700 millones de euros. Y no solo las cuentas salen mal paradas en nuestra región: los centros educativos de titularidad pública son auténticos hornos, con temperaturas que superan con creces los 27ºC, límite establecido para poder desarrollar las clases; somos menos productivos y más pobres y los salarios son más bajos que la media española; la vivienda sube un 20% anual, el alza de precios más alto del país; el Mar Menor sigue en peligro, con el descenso de la salinidad debida a la entrada de agua dulce cargada de nitratos proveniente de la agricultura, con el peligro que ello conlleva de riesgo de eutrofización. Está pendiente la aprobación de los Presupuestos de la Región de Murcia, con la espada de Damocles de las exigencias de Vox que, presumiblemente, irán en la linea de lo establecido en otras comunidades autónomas.

Al gobierno de Pedro Sánchez le queda una sola oportunidad para actuar como un verdadero gobierno progresista si quiere recuperar la confianza de sus votantes y de sus socios. Deberá abordar con valentía aspectos que afectan directamente a la ciudadanía, como la situación de la vivienda y de los servicios públicos, principalmente la sanidad y la educación, limitando la creación de centros privados; revisar la situación de la justicia, impidiendo su politización y su uso torticero para retorcer las leyes que favorezcan a determinadas ideologías, reafirmando su independencia. Deberá convertir las fuerzas de seguridad del Estado en garantes del estado de derecho, sancionando los excesos policiales, así como garantizar la independencia de los medios de comunicación, limitando la aportación institucional de comunidades autónomas y ayuntamientos a su financiación. También deberá completar la Transición Ecológica mediante el impulso de las energías renovables, la descarbonización industrial, la fiscalidad verde, y una fuerte inversión en movilidad sostenible, garantizando al mismo tiempo una “transición justa” que proteja el empleo y a las comunidades más vulnerables.

Estas y otras medidas son las que demanda el votante progresista. El tiempo se acaba y el gobierno actual debería pisar el acelerador antes de las siguientes elecciones si quiere recuperar la confianza perdida.