La larga espera de las personas dependientes murcianas

A nadie le gusta esperar. Imaginen, además, tener que hacerlo incómodas, al sol, con calor, sed y hambre. Algo parecido les ocurre a nuestras personas dependientes, solo que sus dificultades van mucho más allá de la mera necesidad de una sombra.

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las personas dependientes deben esperar, en la mayoría de los casos, una media de 650 días. Cuando hablamos de este colectivo, nos referimos, por supuesto, a personas mayores cuya edad las ha llevado a necesitar atención urgente para su día a día pero también hablamos de jóvenes e incluso de menores con enfermedades degenerativas que, sin ayuda asistencial y de cuidados, no pueden normalizar su situación.

Recientemente, el Parlamento aprobó, a propuesta del Gobierno de España, una reforma de la Ley de Dependencia que afecta a muchísimas familias. La Federación de Pensionistas de CCOO ha saludado esta medida, principalmente porque llevaba muchos años reclamando su llegada.

Esta modificación duplica la cantidad de dinero que aportaba el Ejecutivo central para las personas dependientes del país, sumando un incremento de 2.200 millones de euros para el año 2026. Esto eleva el presupuesto estatal para la dependencia a un total de 6.200 millones de euros. Es decir, el Gobierno del Estado duplica su aportación actual y se compromete a cubrir el 50% del gasto total en cada comunidad autónoma, puesto que son estas las que tienen las competencias exclusivas en la materia.

Para entender el impacto real de esta reforma, conviene mirar la precaria situación actual en la CARM. Hoy en día, las cuantías máximas que pueden cobrar las personas dependientes murcianas por cuidados en el entorno familiar son totalmente insuficientes: un máximo de 180 euros al mes para la dependencia moderada, 315 euros para la dependencia severa y 455 euros para la gran dependencia. Lo más grave es que, debido a las múltiples trabas y criterios que se aplican a la hora de concederlas, muy pocas personas logran cobrar estas cantidades máximas.

Con la nueva ley, estas asignaciones se triplicarán, mejorando significativamente la gran dependencia y la dependencia de segundo grado (severa), cuya ayuda mensual media pasará de los 290 euros actuales a los 660 euros. Estarán de acuerdo conmigo en que este montante económico sabrá a gloria a las familias con necesidades de cuidados. Se trata de una inyección económica crucial que aporta estabilidad y calidad al empleo, además de mejorar sustancialmente el servicio.

Destaca, sobre todo, la ampliación de la figura del asistente personal. Hasta ahora, este servicio se limitaba al domicilio, con pocas horas y escasos medios; con el cambio, podrá acompañar en el día a día a la persona dependiente para que pueda seguir viviendo en su hogar sin necesidad de ingresar en una residencia. Este último es otro dato que nos duele: cabe recordar la carencia de la Región de Murcia en esta materia, ya que el Gobierno regional apuesta casi exclusivamente por las plazas privadas.

La calidad de vida de las personas dependientes y de sus familias es lo primordial. Al fortalecer la teleasistencia (algo que la nueva ley recoge ahora como un derecho), se garantiza que puedan continuar en sus entornos habituales. No es que este servicio no existiera antes, es que los medios eran testimoniales y requería solicitarlo con dos años de anticipación; todo un periplo burocrático para conseguir su aprobación. Asimismo, la reforma reconoce como derecho subvencionado la accesibilidad y adaptación de la vivienda. Miles de dependientes y personas vecinas de Murcia carecen de medios para adaptar sus hogares, lo que se traduce, en ocasiones, en años enteros sin poder salir a la calle.

Por último, la ley establece otro criterio fundamental: la profesionalización del sector. Esto va ligado directamente a la estabilidad del empleo y erradica la precariedad actual, la cual perjudica tanto a las personas que necesitan atención como a los y las profesionales que prestan el servicio.

Desde la Federación de Pensionistas de CCOO Región de Murcia no podemos permitir que el bienestar de las personas dependientes murcianas dependa de la falta de sintonía política entre administraciones. El incremento presupuestario del Gobierno central ofrece una oportunidad histórica, pero el Ejecutivo regional necesita responder con la misma firmeza, simplificando una burocracia que a menudo desborda a las familias. Es necesario equilibrar la oferta y priorizar el apoyo al cuidado en el entorno familiar. Detrás de la cifra de 650 días de espera hay realidades humanas muy duras: mayores con necesidades urgentes y familias sobrepasadas por la carga económica y emocional. La nueva normativa autonómica debe implementarse con urgencia y sin dilaciones competenciales; la salud de nuestra ciudadanía merece estar en el centro de todas las políticas.

José Canovas Martínez es secretario de Institucional y Políticas Sociales de la Federación de Pensionistas de CCOO Región de Murcia