A vueltas con el problema de la vivienda

Hay una idea que, desde los medios de comunicación, incluidos los medios públicos, no paran de repetirnos, que en España faltan viviendas, y que esa escasez de la oferta es la principal causa de los altos precios tanto de compra como de alquiler. Sin embargo, si se hace una búsqueda rápida en un portal especializado en viviendas, se comprueba que, a día de hoy, hay disponibles, sólo en el municipio de Murcia, más de 3.500 viviendas listas para ser adquiridas, y más de 800 de alquiler. Si ampliamos la búsqueda a toda la región, esas cifras suben a 11.000 a la venta y unas 2.000 en alquiler. La oferta de venta de viviendas en toda España asciende a unas 700.000 y a más de tres millones en alquiler.

El problema no es, desde luego, la falta de oferta, sino los disparatados precios que se piden para que este bien de primera necesidad cambie de mano, con un abismo entre las condiciones de habitabilidad de esas viviendas, muchas de las cuales rozan la categoría de infravivienda, con los precios que demandan los propietarios, muy por encima de salarios reales de la población. La ideología 'liberal', además, y de nuevo, clama contra los impuestos, cuya existencia responsabiliza de los altos precios, y nunca a la avaricia y el ansia de obtener los máximos beneficios con el menor esfuerzo posible.

En las grandes ciudades los llamados 'fondos buitre', principalmente Blackstone y CaixaBank, poseen más de 100.000 viviendas, que mantienen apalancadas a la espera de que la especulación les sea favorable, mientras que el 10% de las casas pertenecen a grandes tenedores. A esto se suma el auge del alquiler turístico, con unos 330.000 pisos de este tipo en España, un 1,24% del parque total, aunque esa cifra aumenta hasta el 10% en ciudades como Málaga, provocando un verdadero problema al influir en los precios generales de alquiler en determinadas zonas.

El lobby de la construcción nos repite que es necesario construir en nuestro país entre 500.000 y 700.000 viviendas nuevas, mientras que los datos del Instituto Nacional de Estadística cifran en 3,8 millones de viviendas vacías en España, el 58% de las cuales se encuentran en poblaciones de menos de 50.000 habitantes. La Región de Murcia cuenta con más de 100.000 viviendas vacías, cerca de la tercera parte del parque total de viviendas, siendo una de las cifras más elevadas de nuestro país.

Y tampoco es cierto que la construcción de cientos de miles de viviendas nuevas vaya a rebajar el precio global, según la teoría de la 'mano invisible' de Adam Smith. El 'boom' inmobiliario que transformó el paisaje de nuestro país entre 1997 y 2007, en la que se construyeron más de cinco millones de viviendas, más que en el conjunto de Francia, Gran Bretaña y Alemania, no supuso la baja de precios, sino todo lo contrario, con un alza de más del 140% en siete años, y provocó la crisis subsiguiente de 2008, con los resultados que conocemos de cifras de paro del 27%.

El gobierno va a aprobar en Consejo de Ministros el Plan de Vivienda 2026-2030, dotado de 7.000 millones de euros, cuyos objetivos son aumentar el parque público de viviendas, sobre todo destinado al alquiler, y el fomento de la rehabilitación, así como el blindaje permanente del parque público de vivienda para evitar su venta. Sin embargo, no incide en el principal problema de la vivienda, los precios abusivos tanto de venta como de alquiler. La medida de este plan que consiste en ayudas al alquiler de 300 euros al mes para jóvenes y de 600 euros al mes para alquileres en general no es sino un parche, ya que solo alcanzará a un número limitado de personas, además de que su cumplimiento depende de las comunidades autónomas, que serán las responsables de su aplicación.

Ya se ha visto que la reciente Ley de Vivienda, que incluye el límite de los precios de los alquileres en zonas tensionadas, la redefinición de los grandes tenedores, pasando a esa categoría los propietarios de más de cinco viviendas y la declaración de zonas tensionadas cuando el precio del alquiler o hipoteca supera el 30% de los ingresos medios de las familias, no ha funcionado sobre todo por la negativa de las comunidades autónomas a aplicar dicha ley, incluido el Gobierno regional de López Miras.

Precisamente, el Gobierno regional se jacta de su propio plan de vivienda, consistente principalmente en avales a menores de 35 años para la compra de la primera vivienda. Por lo visto, López Miras no conoce la realidad de la juventud murciana. La precariedad en el empleo en la juventud es un obstáculo para siquiera pensar en comprar un piso, por lo que dudo de que esta medida alcance a mucha gente.

Aún queda mucho por hacer para que se cumpla el articulo 47 de la Constitución, aquel que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y, sobre todo, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias, regular el uso del suelo conforme al interés general para evitar la especulación y garantizar la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas. Habrá que calibrar y corregir el desequilibrio que existe entre la obtención de beneficios desorbitados frente a la consecución de un derecho fundamental sancionado por la Carta de Derechos Humanos desde 1948.