Mi experiencia con la sanidad murciana

Hace tiempo que vienen acumulándose protestas sociales, informes técnicos, investigaciones parlamentarias y denuncias judiciales por el mal funcionamiento del Servicio Murciano Salud (SMS), cuya gestión fue transferida a la comunidad autónoma murciana en diciembre de 2001, hace casi veinticinco años. Durante todo ese tiempo, el gobierno regional ha estado en manos del PP y el sistema sanitario público ha ido degradándose como consecuencia de una gestión política desastrosa.

El último escándalo ha sido la detención de once personas y la investigación de otras dos (funcionarios del SMS, personal sanitario y comerciales de empresas privadas) por un fraude de casi siete millones de euros, llevado a cabo mediante la compra de productos sanitarios inflados de precio, no homologados para su uso e incluso caducados.

Este fraude no es una excepción en un sistema que funcionaría correctamente, pues se ha producido en el marco de un irregular modelo de gestión privatizadora denunciado por el Tribunal de Cuentas en un informe de 2024. Ese modelo incluye la realización de operaciones médicas derivadas desde el SMS a centros privados concertados sin justificación alguna, así como la ausencia de licitaciones públicas en la compra de material sanitario, todo ello contraviniendo la Ley de Contratos del Sector Público. Este informe demoledor llevó a la creación, en febrero de 2025, de una comisión especial de investigación propuesta por el grupo parlamentario Podemos-IU-AV, que contó con los votos a favor del PSOE y de Vox, y con la oposición del PP.

La mala gestión del SMS ha generado una deuda que a finales de 2023 superó los 3.600 millones, un 30% de la deuda total de la CARM. El reciente fraude de las prótesis caducadas ha sido la gota que ha colmado el vaso. Por eso, el presidente regional ha aprovechado la ocasión para cesar al Consejero de Salud y tratar de acallar las críticas.

Pero no quiero abundar en hechos que han venido siendo denunciados por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia, por la recién creada Alianza por la Defensa de la Sanidad Pública, por los partidos de la oposición parlamentaria, por la UDEF y por el ya citado Tribunal de Cuentas.

Quiero contar aquí mi propia experiencia personal. El feminismo popularizó el lema «lo personal es político», dado que lo político, a su vez, tiene consecuencias directas en la vida de las personas. Por eso, la sociología crítica no se limita a manejar estadísticas y elaborar hipótesis sino que también recurre al estudio de casos y a las historias de vida. Creo que mi pequeña historia puede servir de ejemplo para comprender cómo funciona la sanidad murciana. No porque sea un caso extraordinario, sino todo lo contrario: porque revela unas pautas que han podido experimentar otros muchos usuarios del SMS.

El año pasado me diagnosticaron un cáncer de próstata. Es una enfermedad muy común en los varones a partir de los sesenta años, como sucede con el cáncer de mama en las mujeres de cierta edad. Dado que, en ambos casos, es un fenómeno frecuente y estadísticamente previsible, es imprescindible que el sistema sanitario cuente con programas preventivos de detección precoz. Otro de los escándalos que han salido a la luz pública, tanto en Andalucía como en Murcia, ha tenido que ver precisamente con el cribado de los cánceres de mama: en ambas comunidades, una política de degradación y de privatización de la sanidad pública por parte del PP ha conducido a la reducción del número de pruebas y a su dilatación en el tiempo, lo que en muchos casos ha repercutido en el agravamiento de la enfermedad, en la necesidad de recurrir a tratamientos muy agresivos e incluso en muertes evitables.

Afortunadamente, mi caso ha sido diferente. A partir de un análisis rutinario de sangre, mi médica de familia detectó que el indicador PSA era un poco más alto de lo normal e informó al servicio de urología del Hospital Reina Sofía de Murcia. Al cabo de seis meses me citaron a la consulta de urología, me hicieron un segundo análisis y resultó que el PSA había subido un poco más. Así que mi uróloga me mandó una resonancia magnética y el resultado fue que tenía una pequeña lesión «potencialmente cancerosa». Ante esto, la doctora me mandó una biopsia. Me pusieron en lista de espera y me llamaron con dos días de antelación para hacerme la prueba en un centro privado concertado, el Hospital Quirón. Pedí que me la hicieran en el Reina Sofía, pero me advirtieron que eso retrasaría notablemente la realización de la prueba, así que tuve que aceptar. Pero presenté una queja por escrito en el Servicio de Atención al Usuario. Me respondieron al cabo de varios meses diciéndome que todo se había hecho de manera correcta.

La primera biopsia evidenció que tenía un cáncer de próstata de riesgo bajo, así que me propusieron acogerme a un «Protocolo de vigilancia activa/observación en cáncer de próstata». Pero una segunda biopsia realizada ocho meses después —aunque el Protocolo establecía un plazo de seis meses—, nuevamente en el Hospital Quirón —haciendo caso omiso de mi queja—, dio peores resultados, así que mi uróloga me recomendó la extirpación de la próstata. Y el 11 de mayo del presente año me la extirparon en el Reina Sofía mediante laparoscopia asistida por un robot.

A la largo de los dos años que ha durado todo este proceso, he podido conocer de primera mano el funcionamiento del SMS. Lo que más me ha sorprendido ha sido el enorme desajuste entre la admirable atención prestada a los pacientes por el personal sanitario y la desastrosa gestión organizativa de las listas de espera.

Una vez ingresé en el Reina Sofía, la atención que recibí fue óptima, así que me siento profundamente agradecido a los cirujanos, enfermeras, auxiliares, celadores y estudiantes en prácticas. En cambio, todos los trámites que he tenido que realizar para llegar hasta el ingreso hospitalario han sido una verdadera carrera de obstáculos.

De hecho, no ha sido el SMS quien ha realizado la «vigilancia activa» de mi enfermedad, sino que he sido yo quien he tenido que «vigilar activamente» al SMS para que actuase conforme a lo prescrito médicamente. Ante cada prescripción de los facultativos, que tenía siempre un plazo de ejecución determinado —la segunda biopsia, la consulta con la uróloga, las pruebas preoperatorias, la revisión tras la operación—, he tenido que ser yo quien acuda al Reina Sofía para exigir el cumplimiento de tales prescripciones, es decir, para corregir el profundo desequilibrio entre la atención médica y la gestión organizativa.

Ahora bien, si mi «vigilancia activa» del SMS ha tenido éxito, ha sido gracias a la eficiente labor de una sola persona, siempre la misma persona, una administrativa de la secretaría de urología a la que desde aquí envío mi más profundo agradecimiento.

Este último hecho es muy significativo: pese a la incompetencia e irresponsabilidad de la Consejería de Salud de la CARM, pese al profundo desequilibrio entre la atención sanitaria y la gestión organizativa, pese al empeño político en privatizar, reducir y devaluar la sanidad pública, si todo ello no causa mayores estragos es porque hay personas admirables, comprometidas con su trabajo como empleadas públicas, que tratan de subsanar en la medida de sus posibilidades los continuos desaguisados de un gobierno regional que pretende convertir la salud en el negocio de unos pocos, contraviniendo así el artículo 43 de la Constitución española que reconoce el derecho a la salud de toda la ciudadanía y la obligación de garantizar ese derecho por parte de los poderes públicos.