La periodista y escritora Rosa María Artal, colaboradora de elDiario.es desde su fundación, será reconocida el próximo jueves 22 de octubre con el X Premio por la memoria y la paz de la Asociación 11M de Afectados del Terrorismo en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la verdad sobre los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Madrid en marzo de 2004.

La asociación de víctimas del terrorismo ha elegido a la periodista en esta décima edición de su galardón, cuya entrega tendrá lugar esta semana en el Espacio Mujer Madrid en la sede de la Fundación José María de Llanos, por su trayectoria profesional y, especialmente, por “su compromiso con la verdad respecto a los atentados del 11 de marzo de 2004”.

La informadora considera “un orgullo recibir un premio con los símbolos de la Paz y la Memoria”. Artal recuerda que los atentados de 2004 fueron los mayores ocurridos en España y en Europa y reconoce que se sintió “muy vinculada” a sus víctimas desde el primer momento.

“Aquella sucesión de bombas parecían tener un sello distinto al terrorismo que por desgracia veníamos sufriendo en nuestro país”, rememora la periodista, quien tuvo claro que “algo raro estaba pasando” cuando vio “la obstinación del gobierno del PP, desde la misma mañana del día 11 de marzo, por centrarse en aquel 'No hay duda, ha sido ETA' que dijo el ministro del Interior, Ángel Acebes, en su primera comparecencia”. “Y así era”, apostilla.

“El PP se esforzó tanto en disuadir otra autoría que no fuera ETA que se saltó todos los límites. Aznar llamó a los directores de los medios para dictarles las portadas y hasta consiguieron que la Asamblea General de la ONU condenara a ETA por primera vez en su historia sin el menor dato de comprobación”, apunta Artal, que recuerda que la prensa internacional “ya hablaba de la autoría del terrorismo yihadista” en aquellos momentos posteriores a los atentados.

Rosa María Artal decidió indagar y recoger todo lo que pudiera de las fuentes fiables para escribir un libro que terminó publicándose apenas un mes después, 11M-14M Onda Expansiva.

“Visto desde hoy, compruebo que fue el comienzo de una brutal mentira política para tratar de no perder las elecciones, sobre la muerte y el dolor de muchos ciudadanos. Que se llegó a culpabilizar a las víctimas para conseguirlo, sobre todo en la persona de Pilar Manjón, cuyo hijo murió en uno de los trenes”, afirma. Una táctica, la de utilizar la mentira en política con fines electorales, que considera se viene repitiendo “muy lamentablemente” hasta la actualidad, y cita como ejemplo el caso del desahucio de Maricarmen.

Artal considera que el uso político del 11M fue el inicio además “de una manipulación mediática cómplice de graves consecuencias”, pero también de “la irrupción de otras formas de información que aportaron datos”. “Concretamente, yo seguí los blogs Escolar.net o GuerraEterna junto a los principales medios internacionales”, recuerda, sobre ambos blogs que están en el origen de elDiario.es, y argumenta que “todo se iba confirmando”.

La periodista y escritora recuerda que el Financial Times británico “tituló un artículo tras las elecciones que ganó el PSOE de Zapatero 'Un día en la historia de la infamia”. Y explica que ese texto indicaba “que el Gobierno de Aznar puso en riesgo a Europa por retener información e insistir en la falsa autoría de ETA”.

Al mismo tiempo, Artal destaca que en aquel momento, nuestro país se convirtió “en el corazón del mundo, que no dejó de alabar la valentía, el coraje y la sensatez del pueblo español ante semejante tragedia, en la que lo primero fue siempre ayudarse los unos a los otros”. “Es tal la diferencia con el momento actual que me sobrecoge. Confío en que ese poso sigue existiendo en este pueblo y saldrá para dar de nuevo lecciones de madurez. De memoria”.

Con una extensa carrera en RTVE, como presentadora de informativos, corresponsal y reportera de Informe Semanal, Artal fue corresponsal de El País en Aragón y coordinó los libros 'Reacciona' (2011) o 'Derribar los muros' (2019), y es autora también de 'La energía liberada' y 'La Bolsa o la vida', sobre la crisis del coronavirus.

El Premio por la memoria y la paz es un reconocimiento con el que la Asociación 11M de Afectados del Terrorismo distingue a personas e instituciones “que han contribuido de manera relevante a la defensa de la memoria de las víctimas del terrorismo y de los valores democráticos”.

Esta asociación reconoce en Artal su defensa “ejemplar” del periodismo basado en los hechos, las pruebas y el respeto a la verdad, unos valores que consideran “imprescindibles para la convivencia democrática” y para “la preservación de una memoria colectiva fiel y completa de lo sucedido”.

“A lo largo de estos veintidós años, Rosa María Artal ha contribuido de forma rigurosa y constante a esclarecer los hechos, desmontando falsedades, bulos y las insidiosas teorías conspirativas que tanto daño nos han causado a víctimas y familiares”, expone la asociación, que destaca además que su trabajo “fue y sigue siendo una defensa ejemplar del periodismo basado en los hechos, las pruebas y el respeto a la verdad”.

A la tercera va la vencida, pudo pensar la familia de José Miguel Etxeberria, más conocido como 'Naparra'. Pero se ha llevado un disgusto. Una vez más, el Ministerio del Interior ha rechazado la solicitud para reconocer a 'Naparra' como víctima del terrorismo. La noticia la han anunciado este jueves Agus Hernán, por parte de Giza Eskubideen Behatokia (GEBehatokia); Pilar Garaialde, portavoz de Egiari Zor, y Eneko Etxeberria, hermano del desaparecido. Aunque aún no han agotado todas las vías administrativas, la familia no recurrirá la resolución debido al cansancio y al gasto económico que implicaría. Aun así, exige que se revise y que el Ministerio presente una disculpa pública a la familia.

El 11 de junio de 1980, 'Naparra', con 22 años, acudió a una cita que tenía concertada con unos miembros de ETA en San Juan de Luz. El objetivo era compartir sus contactos de traficantes de armas con la banda terrorista. Después de ese día, no se le volvió a ver y su cuerpo nunca ha sido encontrado; solo apareció su coche. El desaparecido formó parte de los comandos especiales de ETA político-militar, más tarde se integró principalmente en ETA militar y terminó abandonándola para unirse a los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA). Para cuando desapareció, ya era uno de los líderes de los CAA.

Según expone el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), se trata de un caso de desaparición cuya autoría es “confusa”. El Batallón Vasco Español (BVE) reivindicó el secuestro de 'Naparra' el 24 de junio de 1980, argumentando que la persona se encontraba en España y que corría “con la misma suerte que los asesinados por ETA”. Días después, se difundió la información de que había sido asesinado por sus propios compañeros de los CAA en Francia, adonde Etxeberria había huido en 1978. Sin embargo, en julio, los CAA hicieron público un comunicado en el que ponían en duda la posible autoría del BVE, al considerar que había mentido sobre su secuestro y ocultado su asesinato.

La familia, por el contrario, siempre ha mostrado su enfado por los intentos de señalar a ETA por estos hechos. “¿Alguien puede pensar que si ETA hubiera reivindicado tres veces un acto se hubiera puesto en duda su autoría? ¿Qué intencionalidad hay para intentar construir una hipótesis falsa?”, protestaron este año cuando el Memorial de víctimas de Vitoria, dependiente del Gobierno de España lanzara interrogantes.

A la familia Etxeberria le han rechazado en tres ocasiones la solicitud para que se aplique a su familiar la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo: en 2008, en 2013 y ahora, en 2026. La falta de autoría es uno de los motivos por los que el Ministerio del Interior justifica su rechazo. GEBehatokia ha citado el siguiente fragmento de la resolución: “al no poder determinarse la relación de casualidad necesaria y suficiente entre la desaparición y fallecimiento y un hecho de naturaleza terrorista”.

Hernán, de GEBehatokia, asegura que el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha recurrido al “copia-pega” de las resoluciones anteriores, a pesar de que la familia ha aportado más argumentos a su favor. Entre ellos, destaca la contextualización de la época, marcada por numerosos atentados parapoliciales en Iparralde, así como varias certificaciones del BVE y de otros organismos que respaldarían la versión del secuestro por bandas parapoliciales.

En la misma línea, Garaialde, de Egiari Zor, ha insistido en que “no hay debate posible”: 'Naparra' es una víctima del terrorismo. La portavoz ha recordado que tanto el Gobierno vasco como las Naciones Unidas reconocen el caso como una desaparición forzada, al igual que el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en Vitoria. Este último resalta a la vista, ya que el propio Ministerio del Interior participa en el patronato del Memorial, que incluso ha incluido a 'Naparra' en la exposición 'Ausencias presentes', dedicada a personas desaparecidas por terrorismo en España.

Con estos argumentos sobre la mesa, ambas entidades han mencionado el caso de los tres gallegos a quienes sí se les ha aplicado la ley. Trabajaban en Irún y, el 24 de marzo de 1973, desaparecieron al otro lado de la muga, a donde habían ido a ver una película. Sus cuerpos tampoco fueron encontrados y, a diferencia de 'Naparra', nadie reivindicó su secuestro. Además, la justicia no ha esclarecido las circunstancias “exactas” de su desaparición y, aun así, “nadie puede dudar de la naturaleza del hecho doloroso”. “Debían ser reconocidos y lo fueron”, ha concluido Garaialde.

El portavoz de GEBehatokia ha sido directo: “si se tratara de una víctima de ETA, este rechazo nunca se hubiera producido”. Garaialde ha coincidido con él y ha calificado la decisión de “repugnante acto de discriminación”. Este jueves, ambas entidades no han denunciado “un laberinto burocrático ni un vacío legal”, sino “una decisión política, consistente, sistemática y vergonzosa”. También han insistido en la “revictimización” que está sufriendo la familia Etxeberria, condenada a “vivir una discriminación inaceptable de por vida”, según ha afirmado Hernán.

Por su parte, Eneko Etxeberria, hermano de 'Naparra' y familiar presente en la comparecencia, ha completado las declaraciones compartiendo la odisea que ha vivido para lograr que a su hermano se le aplique la ley. Desde conseguir que el Defensor del Pueblo de Navarra colaborara con la causa hasta recibir una carta personal de Ana Ollo, consejera y vicepresidenta primera del Gobierno de Navarra, en la que compartía su “impotencia”. “Todo se reduce en la voluntad de hacerlo”, ha cerrado Etxeberria.

Debido al cansancio y al coste económico que implica, la familia ha desistido de volver a recurrir. “Cada rechazo es una frustración”, ha declarado Hernán. Por ello, Egiari Zor pide que se revise “inmediatamente” la resolución, que se garantice la “equiparación efectiva en el trato a todas las víctimas del terrorismo” y que se presente una disculpa pública a la familia Etxeberria por las cuatro décadas de negación institucional.

La aplicación de la ley a 'Naparra' podría significar mucho para su familia. Sus hermanos, además de recibir una indemnización de al menos 250.000 euros, podrían contar con asistencia psicológica y jurídica gratuita. Pero, sobre todo, su ser querido sería honrado, respetado y recordado en la memoria pública de España.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco informará directamente a las víctimas acerca de los permisos penitenciarios que se conceden a los reclusos, una medida adoptada ante la constatación de que el sistema de anterior, basado en las comunicación a las asociaciones de damnificados, era “inadecuado” ante la falta de transmisión de avisos a las víctimas, en algunos casos, y “la filtración de aspectos sensibles y protegidos” de algunos expedientes.

Con el objetivo de implementar el nuevo sistema, el Ejecutivo autonómico ha habilitado un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para que quien lo desee pueda recibir la información que legalmente le corresponde de forma personalizada y “con todas las garantías de confidencialidad y protección de datos”, según ha informado el propio Gobierno vasco en un comunicado que recoge Europa Press.

La decisión supone un cambio en el criterio aplicable a la notificación de los permisos penitenciarios. A partir de ahora, las comunicaciones se harán atendiendo al derecho de las víctimas a ser informadas directamente por parte del Gobierno vasco, de manera individualizada. Esta modificación busca compatibilizar el derecho de las víctimas a recibir información relevante con una gestión “más eficiente y homogénea” de las comunicaciones, según ha indicado el Departamento de Justicia.

Según ha recordado, hasta este momento se avisaba de estos permisos mediante la comunicación de las resoluciones a las asociaciones de víctimas, con el fin de que estas pudieran hacer llegar a sus asociados con antelación la existencia de resoluciones que les afectaran emocionalmente. Además, ha explicado que se ha comprobado que este método es “inadecuado” por la falta de transmisión de los avisos a las víctimas, en algún caso, y por “la filtración de aspectos sensibles y protegidos de los expedientes” en otros casos. La modificación no implica alteración alguna de los derechos reconocidos a las víctimas, que continuarán siendo informadas en aquellos supuestos legalmente previstos, y siempre que ellas lo deseen.

Asimismo, se mantiene el compromiso institucional de protección, atención y acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso. A partir de este momento, cualquier víctima que desee ser informada de los permisos penitenciarios en los casos previstos por la ley, puede solicitarlo directamente al Gobierno vasco a través de los canales habilitados para ello: el teléfono 945 01 66 28 y el correo electrónico atencionvictimas@euskadi.eus. La Dirección de Atención a Víctimas le atenderá de forma personalizada, resolverá sus dudas y le facilitará la información que legalmente le corresponda recibir, “siempre con las debidas garantías de confidencialidad y protección de sus datos”, se informa.

“Intento de obstaculizar”

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado que el Gobierno vasco “cierra el acceso a la información penitenciaria a las asociaciones de víctimas para obstaculizar la fiscalización de su política con los presos de ETA”. En un comunicado, la presidenta, Consuelo Ordóñez, ha criticado la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco de “dejar de comunicar las resoluciones penitenciarias relativas a los presos de ETA a las asociaciones de víctimas”. Para el colectivo, esta medida constituye “un ataque frontal a nuestro derecho de conocer y denunciar decisiones que afectan directamente al derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo”, además, de “un intento de obstaculizar nuestra legítima denuncia pública de la política penitenciaria que está llevando a cabo ese Ejecutivo autonómico”.

Ordóñez ha criticado que el Gobierno vasco “utilice su obligación de informar directamente a las víctimas (Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito) como excusa para dejar de informar también a las asociaciones que las representan”. “Que informen directamente a las víctimas afectadas por sus resoluciones es lo que deben hacer”, ha subrayado. La presidenta de Covite ha incidido en que “esa obligación no exige cerrar el canal de información con las asociaciones que ellas han elegido libremente para que las representen, les informen y defiendan sus derechos”. “Ambos canales son compatibles y complementarios”, ha opinado.

A juicio de Covite, resulta “especialmente grave que el Departamento justifique su decisión atribuyendo a las asociaciones falta de transmisión de información y filtración de aspectos protegidos de los expedientes, sin identificar en su nota los hechos concretos ni las entidades a las que se refiere”.

Según Ordóñez, “no pueden lanzar sospechas sobre el conjunto de las asociaciones y utilizarlas para imponer un cierre general de información”. “Si tienen alguna acusación que formular, que la concreten y la acrediten”, ha afirmado, para subrayar a continuación que, “lo que resulta inaceptable es desacreditar públicamente a quienes defendemos a las víctimas para justificar una decisión que dificulta nuestro trabajo”. Ordóñez ha señalado que el Gobierno vasco “culpa” a Covite “de que algunas víctimas no hayan recibido información, cuando es su obligación garantizar que la reciban” y cuando, además, algunas “víctimas, también las que no están asociadas, se están enterando de sus decisiones penitenciarias gracias a nuestras denuncias públicas”.

“Es una contradicción absoluta: nos acusan de no informar y al mismo tiempo nos cierran el acceso a la información que nos permite hacerlo”, ha aseverado. Para Ordóñez, la medida adoptada por el Ejecutivo Vasco supone “una represalia contra la denuncia pública de los terceros grados y de las aplicaciones del artículo 100.2 a presos de ETA que no han mostrado un arrepentimiento real y público”. Por otro lado, ha censurado que ha conocido esta decisión “por los medios de comunicación, sin que el Gobierno vasco se la haya comunicado directamente”. Finalmente, ha incidido en que la medida supone “un maltrato institucional a las víctimas y a las asociaciones que libremente han elegido para que las representen” y ha advertido al Gobierno vasco que no va a conseguir silenciarles cerrándoles el acceso a la información.

Desestimado el recurso de un preso

Asimismo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado el recurso interpuesto por un preso que solicitaba la nulidad de la decisión administrativa de la dirección de Justicia del Gobierno vasco que acordó su traslado del centro penitenciario de Bizkaia (Basauri) al de Álava (Zaballa) para cumplir la pena. Según ha informado el Alto Tribunal vasco, el recluso pidió al TSJPV la anulación del traslado y argumentó, entre otras cuestiones, el “evidente efecto desocializador” que conllevaba su traslado a la prisión alavesa, ya que su núcleo familiar estrecho tenía que trasladarse para poder visitarle, “implicando un gravamen económico de muy difícil asunción”.

Por otro lado, el Departamento de Justicia defendió la legalidad del acto impugnado y la desestimación del recurso alegando que la decisión estuvo debidamente motivada, que el ingreso inicial en el centro penitenciario de Bizkaia tenía “carácter provisional hasta la designación del centro de cumplimiento”, y que la capacidad de las instalaciones de la prisión vizcaína “determina que no pueda ser el centro de destino con todos los internos que lo solicitan” o que “mantengan vinculaciones con el entorno de Bizkaia”. El TSJPV ha rechazado finalmente las alegaciones del recurrente y ha recordado, en su resolución, que “no existe un derecho de los penados a elegir a su conveniencia un centro de cumplimiento”.

El tribunal ha añadido que, en este caso, la decisión de la dirección de Justicia que acordó su traslado se adoptó sobre la base del expediente de la junta de tratamiento del centro penitenciario vizcaíno. “En la medida que la propia decisión aquí impugnada se apoya en la previa decisión de la junta de tratamiento no cabe pues entender que se trate de una mera decisión arbitraria o carente de toda justificación”, afirma la sentencia.

El TSJPV también indica que las razones aducidas por el preso para cumplir la pena en la prisión vizcaína “se muestran un tanto endebles dada la cercanía entre ambos centros, lo que ”no constituye obstáculo de entidad ni para su posterior resocialización ni tampoco“ para mantener el contacto con sus familiares. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

El catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Reinares, ha sido propuesto para ser el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, en Vitoria, tras la jubilación del actual, el periodista Florencio Domínguez, según ha contado 'El Correo' y ha confirmado este periódico.

Este martes se ha reunido en Madrid la comisión ejecutiva del patronato del Memorial, recoge la Agencia Efe, donde se ha propuesto este nombre, que deberá ser ratificado en la reunión del patronato —que preside el presidente del Gobierno— del próximo día 13.

Reinares es un académico experto en terrorismo internacional, sobre todo yihadista, sobre el que ha escrito varios ensayos, aunque también escribió un libro, 'Patriotas de la muerte', sobre las motivaciones de los jóvenes para ingresar en ETA. Desde 2004, cuando ocurrieron los atentados yihadistas en Madrid, a 2006 fue asesor para asuntos de política antiterrorista del ministro del Interior José Antonio Alonso, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y fue el primer presidente del Grupo de Expertos en Radicalización Violenta de la Comisión Europea (2007-2009).

Domínguez, periodista e investigador, asumió la dirección del Memorial en 2015, más de cinco años de la inauguración.

Pello Salaburu Etxeberria (Arizcun, 1951) recuerda como uno de los momentos más “impactantes” de su carrera el acto celebrado en el aula magna de la Universidad pública vasca (ahora conocida como EHU) para condenar el asesinato semanas antes de Tomás y Valiente. El jurista e historiador —y expresidente del Tribunal Constitucional— que entonces ejercía como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid fue acribillado de tres disparos en su despacho del centro académico por un miembro de ETA. “La sociedad vasca no va a aguantar más a estos sembradores de huérfanos. No pasarán, ni ellos ni quienes en cada elección avalan con su voto el asesinato”, entonó en el campus de Leioa hace 30 años. Era 1996, primer año de su mandato como rector de dicha institución, la cual “no supo ponerse al frente” en los “momentos duros de ETA”, considera.

El año pasado, Salaburu publicó en euskera la primera versión de su libro. Es 'Panfleto contra el olvido', y esta semana lo ha presentado en Pamplona en castellano. Según confiesa, en un primer momento el 'panfleto' fueron unas 40 o 50 páginas escritas “del tirón” para denunciar el “cambio súbito de la izquierda abertzale” estos últimos años respecto al terrorismo de ETA. Los critica sin paliativos. “Siempre hemos pedido que dejasen el terrorismo y participasen en la vida política, pero ahora dan el paso olvidando todo lo que han hecho”, argumenta. En el libro, Salaburu reconstruye testimonios de víctimas de distintas épocas y lugares, intentando impedir que el tiempo las convierta en algo abstracto y las olvide, y reflexiona sobre la memoria, la reconciliación y la democracia para explicar la era posterior a ETA. Porque, a su juicio, la sociedad “quiere olvidar” para mirar hacia adelante, pero implica que a las víctimas “se les robe la palabra, como siempre”.

En la introducción afirma que fueron las “convicciones íntimas” las que le llevaron a escribir este libro, ¿esas convicciones han sido siempre las mismas?

Sí, siempre he tenido esa preocupación. Lo que pasa es que siempre había escrito en el periódico y hace unos años dije: “Me estoy repitiendo. No tengo nada más que decir”.

Y quiso escribir sobre algo diferente...

Siempre me han interesado los testimonios de personas relacionadas con conflictos, las víctimas, a las que se les roba la palabra.

¿Cuál es el relato que más le ha impactado?

Me impactó mucho el testimonio de [Geraldine] Schwarz [que disecciona la pulsión francesa por el olvido tras la II Guerra Mundial] o cuando me di cuenta de que [Konrad] Adenauer uno de los fundadores de la nueva Europa, al cabo del año de estar en el poder, comienza a meter nazis o filonazis en toda la Administración.

¿Le impacta más la indiferencia que un testimonio aislado y concreto?

Sí. La indiferencia en ese caso es el olvido, que es de lo que va el libro. Fomentar un olvido cuidadoso de cosas que no te molesten. Yo lo que quería meter en aquel 'panfleto' inicial es decir: “Mira, aquí queremos olvidar”. Eso es tremendo porque siempre hay unos perdedores sistemáticos, que son las víctimas.

Cuando se le puso una medalla a Rodríguez Galindo, responsable del asesinato de Lasa y Zabala, se lanza un mensaje tremendo a la sociedad

Pello Salaburu — Exrector de la universidad pública vasca EHU y escritor

A las víctimas siempre se les roba la palabra, pero también es cierto que son un grupo muy heterogéneo y muchas mantienen un “perfil bajo”. ¿Cree usted que habría que intentar fomentar e incitar a que recuperen esa autoridad moral? ¿Es posible sin sobreexponerlas?

Yo creo que a las víctimas hay que apoyarlas por encima de todo, eso es lo primero. También por encima de su papel social. Podemos animarlas o ayudarlas, pero yo parto siempre de un profundo respeto, porque además cada una responde de manera muy diferente.

Por lo que parece, el olvido es un comportamiento humano y sistemático en todos los tiempos y lugares; ¿exime eso de una responsabilidad particular a la sociedad?

No exime para nada, hay que asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros hemos tenido en toda esta historia. Es criminal para la sociedad intentar mirar hacia adelante con esa base tan débil, con esa base tan podrida. Es una responsabilidad personal y una responsabilidad colectiva, aunque la responsabilidad personal siempre se tiende a diluir en la responsabilidad colectiva. También [tiene responsabilidad] el Gobierno. Cuando se le puso una medalla a Rodríguez Galindo, responsable de cosas horrorosas en el cuartel de Intxaurrondo –entre otras, la desaparición y el asesinato de Lasa y Zabala– [y esas condecoraciones no han sido retiradas] se lanza un mensaje tremendo a la sociedad. Eso es inadmisible.

La sociedad ha fallado mucho a los 'nanclares', no se les ha recibido como se debería y eso no beneficia a nadie

Pello Salaburu — Exrector de la universidad pública vasca EHU y escritor

¿La sociedad tiene que ser acogedora con aquellos terroristas de ETA arrepentidos? ¿Comparte la consigna de “ni olvido ni perdón”?

No la comparto. [La sociedad] tiene que ser mucho más acogedora con quienes deciden dar el paso realmente en serio. La sociedad ha fallado mucho a los 'nanclares', tenía que haberles dado mucha más importancia. Más acogida. Aunque igual ellos [los presos que se desmarcaron de ETA en la denominada 'vía Nanclares'] no quieran meterse más... Pero no se les ha recibido como se debería y eso no beneficia a nadie. Todos tenemos derecho a vivir y, si nos hemos equivocado, a tener una segunda oportunidad. Hay víctimas que [el perdón] lo han apoyado de forma sincera y la sociedad tiene que ser coherente.

La frase de Soares Gamboa, etarra arrepentido, de “un voto a HB [Herri Batasuna] es una bala regalada a ETA” aparece un par de veces en el libro y se incide concienzudamente en ella. Trayéndola a la actualidad, ¿cree que hoy un voto a EH Bildu es regalar un palo en la rueda al reconocimiento de las víctimas de ETA?

Sí. Hoy en día el voto que se le da a [EH] Bildu es un voto que se da a un olvido particular, buscado. Un olvido que se está dando en la sociedad y que repercute negativamente en las víctimas. Mientras ellos no sean capaces de cambiar y de asumir la responsabilidad que han tenido, yo creo que es así. Las víctimas son quienes tendrían que decirlo.

En el caso de la izquierda abertzale, ¿cuál cree que puede ser la razón de evitar ese reconocimiento a nivel particular e individual por parte de sus miembros? ¿Por qué a nivel de organización no les cree?

Es muy difícil asumir una biografía. No sé por qué no lo hacen, tendrían que decirlo ellos. Hubo compañeros suyos que sí lo hicieron. [A nivel de organización] hubo líneas rojas que se marcaron a los presos por parte de los grupos de apoyo [a los convictos abertzales]. “No te puedes arrepentir y no puedes delatar”, porque si no te echamos del colectivo. Y nadie puede marcar líneas rojas a personas que decidan repasar su pasado, mucho menos desde la comodidad de un despacho. Tampoco son creíbles cuando dicen que “la memoria sí” y reivindican la de hace 80 años, pero al mismo tiempo no reivindican la suya [como victimarios]. Hay que reivindicar la memoria del franquismo, del posfranquismo, las barbaridades que en momentos hicieron los republicanos, lo que hizo ETA y quienes la apoyaron... Todo eso forma parte de un todo, que es la memoria. No se puede seleccionar.

La responsaiblidad de enseñar a los jóvenes es de la sociedad, la familia y la Educación

Pello Salaburu — Exrector de la universidad pública vasca EHU y escritor

¿Cree que debía haber una memoria de mínimos para alcanzar la convivencia?

Tiene que haber una memoria de máximos.

¿No es eso excesivamente difícil de conseguir?

Probablemente, pero cada uno tendrá que asumir lo que ha hecho. La complicación está ahí, aunque yo creo que eso hay que exigirlo.

A los jóvenes se les culpa de “olvidar lo que pasó”, cuando realmente hay muchos que no vivieron muchos acontecimientos, ¿a quién habría que atribuir ese desconocimiento?

Desde luego, a los jóvenes no. Los jóvenes deberían saber estas cosas desde las familias. Yo nací después de la guerra y en mi casa no se hablaba de Franco, cuando había que hablarlo porque [todavía entonces] estaban matando personas.

¿Deberían las nuevas generaciones preguntar más?

Los jóvenes deben de preguntar sobre todos los asuntos. Y, sobre todo, hablar con un poco de conocimiento de causa. No se puede ir inventando el mundo en cada generación. De todas formas, yo creo que la responsabilidad de enseñar a los jóvenes es de la sociedad, la familia y la Educación.

Este mismo mes, la también exrectora de la EHU Eva Ferreira declaraba en una mesa redonda, a la que usted también asistió, que "la Universidad [pública vasca], más que a la vanguardia, ha ido por detrás de la sociedad” en lo que a la condena de la violencia se refiere. ¿Por qué?

En los momentos duros de ETA, la Universidad no ha sido capaz de ponerse al frente de lo que eso suponía para la sociedad. Tenía que haber sido mucho más sistemático y mucho más claro. Aunque desde dentro no tienes la misma visión que desde fuera.

La izquierda abertzale ha sacado el rector de la EHU que quería

Pello Salaburu — Exrector de la universidad pública vasca EHU y escritor

¿Y qué lo impedía?

No lo sé. Pero, al final, los profesores de universidad estamos contratados para enseñar determinadas cosas y hacer determinadas investigaciones. Además de eso, somos parte de la inteligencia del país. Aunque yo esperé más de la universidad.

En el 2000, cuando usted acabó su mandato de rector, seguía habiendo pintadas, pancartas y dibujos de dianas. A finales de ese mismo año, ETA puso una bomba en uno de los ascensores de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. ¿Cree que, como rector, le faltó contundencia en algunas cosas?

Yo creo que honestamente hice lo que pude. Hay manifestaciones mías muy duras. Pero había un sector en la Universidad, y yo creo que sigue habiéndolo, la han patrimonializado. Cuando tienes un sector dispuesto a decir que solo ellos tienen la razón y nadie más, porque si no eres un fascista, y no tienes apoyo desde el exterior, es muy difícil. La Policía, aunque han entrado con todos los rectores, nunca eran partidarios de actuar en la universidad. Y eso es bueno, pero al mismo tiempo te da una pata coja, porque es un recurso que no [siempre] puedes usar.

En febrero de este mismo año, el campus de Vitoria de la EHU se cerró y quedó protegido por un fuerte dispositivo policial con motivo de la visita de Vox. Al mediodía, el rector Joxerramon Bengoetxea destacó la “total normalidad” de la jornada. ¿Considera adecuada esa respuesta institucional?

No, yo no hubiera cerrado la Universidad. Se lo dije el otro día [a Bengoetxea] tras una mesa redonda. Si yo hubiera actuado como lo hizo él, habría tenido la mitad de mis centros cerrados durante los años que estuve en el mandato. Yo no quiero criticarlo. Creo que la izquierda abertzale ha sacado el rector que quería. Lo han dicho públicamente, no estoy diciendo nada nuevo. A partir de ahí no puedo decir mucho.

Me da la impresión de que ha habido una falta de protección con un grupo de profesores importantes de Vitoria

Pello Salaburu — Exrector de la universidad pública vasca EHU y escritor

¿Cree que actualmente los profesores están protegidos de intimidaciones o actos que se han ido denunciando a lo largo de los últimos años?

No lo conozco. Me da la impresión de que ha habido una falta de protección con un grupo de profesores importantes de Vitoria, pero no conozco los casos más allá de la prensa. No he hablado con ellos.

¿Ha desconectado de este ámbito?

Por completo.

Ahora, con el estreno de 'La bola negra', hay muchos testimonios de la generación Z en los que se sorprenden de que la paz y la democracia son más débiles de lo que pensaban, cuando la daban por sentado. Una sensación que usted lo expresa con el término “nativos democráticos”.

No he visto la película, la tengo pendiente. Desde mi punto de vista, los jóvenes se dejan seducir por las recetas simples como solución a los problemas complejos. Y a veces pueden no saber dónde se están metiendo. Pensamos que las democracias son sistemas asentados, pero y son tremendamente frágiles, se pueden caer en cualquier momento. Lo hemos visto con lo que ha pasado en Estados Unidos, donde los poderes se oponían unos a otros y había un contrapeso muy fuerte. Trump ha ido rompiendo sistemáticamente todo. El ICE es una buena muestra, toda esa persecución a los inmigrantes. Una barbaridad. Esa es una muestra exacta de la debilidad de los sistemas democráticos.

Me da miedo que sean víctimas de una sociedad que no sé hacia dónde va y que puedan acabar siendo victimarios, porque los asesinos muchas veces era gente corriente

Pello Salaburu — Exrector de la universidad pública vasca EHU y escritor

En la introducción de 'Panfleto contra el olvido' cuenta que, cada vez que pulsaba una tecla, pensaba en sus nietos, Beñat e Ibon; ¿le preocupa que sus propios nietos pudieran llegar a ser victimarios antes que víctimas silenciadas?

Me da miedo las dos cosas. Me da miedo que sean víctimas de una sociedad que no sé hacia dónde va y que, como personas normales, puedan acabar siendo victimarios. Porque los asesinos muchas veces era gente corriente. Pienso más en la primera, no quiero pensar en la segunda.

¿Pero tiene esperanza?

Yo siempre tengo esperanza, pero la preocupación no me tapona la esperanza. Y tampoco la esperanza me tapona la preocupación.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, ha presidido este miércoles un acto celebrado en Vitoria en el que se ha hecho entrega a familiares de víctimas del terrorismo de unos cuadernos de memoria que recuperan su historia. Son veinte dosieres con información sobre personas asesinadas entre los años 1985 y 1989 por la banda terrorista ETA y dos más de víctimas de Iraultza de ese mismo periodo. En todos estos casos, no ha habido un esclarecimiento total de los hechos, bien sea porque no se han llegado a identificar los autores materiales o porque los sumarios han sido expurgados, entre otros supuestos. “Una víctima no puede quedar reducida a una fecha, a un expediente o a las circunstancias de su muerte. Antes que víctimas fueron personas”, ha incidido la consejera. Desde 2021 y con estos últimos, son ya 225 los cuadernos entregados a familiares.

Se les han puesto nombre y apellidos a las veintidós vícitimas, y algunas de ellas se han podido acompañar de fotografía. Son Jesús Ildefonso García Vadillo, Moisés Cosme Herrero Luengo, Eugenio Recio García, Juan Merino Antúnez, Antonio Jesús Trujillo Comino, Fernando Amor Calvo, José Expósito Afán, Alejandro Sáenz Sánchez, Manuel Fuentes Pedreira, José Miguel Moros Peña, Adrián González Revilla, Ignacio Mateu Istúriz, Julio César Sánchez Rodríguez, María Luisa Sánchez Ortega, Vicente Montoya Salazar, Pedro Ballesteros Rodríguez, José Luis Barrios Capetillo, Cristóbal Díaz García, José Calvo de la Hoz, Juan Bautista Castellanos Martín, Luis Reina Mesonero e Ignacio Bañuelos Lasso.

Según se indica desde el departamento, los cuadernos, confeccionados en colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), recogen la historia personal de cada víctima, con el contexto del asesinato, la situación judicial y material gráfico. La consejera firma, además, un mensaje institucional en el que transmite el reconocimiento oficial del Gobierno vasco. “El silencio también tiene consecuencias. Cuando una historia queda fuera del relato colectivo, cuando un asesinato acaba reducido a un expediente o a una noticia del pasado, ese silencio puede convertirse en una nueva forma de sufrimiento”, ha subrayado San José, para recalcar la importancia de preservar la memoria de las víctimas.

Los familiares de tres de estos asesinados han participado en el acto de este miércoles, celebrado en el museo Artium de la capital alavesa. Celso Recio es hijo de un cabo de la Guardia Civil asesinado en Santurtzi. El padre de Nerea Barrios, dueño de un restaurante, también fue asesinado en esa localidad vizcaína. El padre de Cristóbal Díaz, policía nacional, fue asesinado en Bilbao. Han relatado sus memorias, han hablado del recuerdo que les queda de sus padres y han coincidido en que las víctimas cuyos casos no se han resuelto son “de segunda”. Han convenido también en la necesidad de preservar la memoria histórica y en transmitir a las nuevas generaciones lo que fueron los años del terrorismo para que situaciones como aquellas no vuelvan a suceder. “La mayor derrota que puede tener una víctima del terrorismo es el olvido”, ha sostenido Barrios.

“No solo lo mataron, sino que querían quitar lo bueno de él”

Hija de un hombre conocido en el pueblo, con un negocio muy frecuentado, Barrios recuerda que, además del asesinato, lo que le hizo mucho daño fue que se intentase tejer una historia falsa sobre su padre después de muerto. “Se intentó vender una idea de que era una persona que tenía que ver con el narcotráfico, con la trata de blancas, que era confidente de la Policía. No sé ni cuántas cosas se pudieron decir en pasquines para amedrentar a la gente y que nadie fuera a la manifestación”, ha recordado. Ella encabezaba la protesta y rememora que había quienes les retiraban la mirada después de que se hubiesen difundido aquellos infundios. “No solo lo mataron, sino que querían quitar lo bueno de él”, ha lamentado.

Mientras se manifestaba, la familia de Barrios fue recorriendo el pueblo. La Casa del Pueblo socialista, recuerda, estaba de luto y el 'batzoki' también se había sumido en el silencio. “Cuando pasamos por la 'herriko taberna', sacaron los bafles a la calle, pusieron la música a tope y se pusieron a bailar como posesos. Han pasado 37 años y todavía recuerdo la canción: 'Mándalos, mándalos, mándalos a la mierda, que se piquen, que se piquen ellos y sus amigos los maderos como si estuvieran en las 'txosnas' de Bilbao'”, ha relatado. En esa misma línea, Díaz, hijo de policía, ha contado que, mientras se velaba a su padre en el tanatorio, fuera se oía la algarabía de personas que celebraban el asesinato de otro agente de la Policía Nacional.

Los tres casos se cerraron pronto, sin resolver, sin encontrar a los autores materiales de los asesinatos. Esa circunstancia, han coincidido los tres hijos, los relegó a una categoría inferior entre las víctimas, de segunda. No solo han accedido a compensaciones económicas muy inferiores a las del resto, se han quejado, sino que también han tenido muchas menos oportunidades de relatar su caso y homenajear a sus progenitores.

En cualquier caso, han incidido en la “calidad humana” de la que están dotadas las víctimas del terrorismo, a las que Díaz ha calificado de “abanderadas de la paz”. “La memoria histórica debería ser obligatoria”, ha exigido Barrios. Díaz ha pedido que se siga escuchando a las víctimas y que se les dé la posibilidad de que cuenten su historia. “A través de ese testimonio y ese ejemplo de las víctimas del terrorismo se construye una sociedad mucho mejor. Que las generaciones venideras sepan lo que ha costado tener esta paz que hoy disfrutamos y que la sepan valorar”, ha apostillado.

Al acto han acudido varias autoridades, incluidos la alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria; la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia; el director de Gogora, el Instituto de la Memoria vasco, Alberto Alonso, y Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.

“Volver a mi pueblo después de tanto tiempo en que se me han cerrado las puertas, seguir teniendo una vida independiente y seguir queriéndonos, es todo lo que puedo desear, es lo máximo, el sumum y además con un niño merodeando por allá. Demasiada felicidad. Demasiado soñar”. El sueño de Dolores González Katarain, 'Yoyes', la primera mujer en alcanzar la cúpula de ETA, se cumplió brevemente. Pero el 10 de septiembre de 1986, hace 40 años, la organización terrorista la mató.

Llevaba apenas once meses en Gipuzkoa, después de más de doce años sin pisar su tierra, cuando, en pleno miércoles de mercado en Ordizia (Gipuzkoa), José Antonio López Ruiz, 'Kubati', se le acercó, cuando ella estaba con su hijo Arkaitz, de algo más de tres años y medio, y le disparó tres veces tras anunciarle que era de ETA y había ido a “ejecutarla”.

Mano derecha de Argala

Nacida en Ordizia en 1954, se integró en ETA muy joven y en 1973 huyó a Iparralde, donde fue escalando en el escalafón hasta convertirse en la primera mujer dirigente. Fue la mano derecha de José Miguel Beñarán, 'Argala', asesinado en 1978 por el Batallón Vasco Español (BVE), a quien sucedió brevemente como responsable política. Pero en 1979 decidió abandonar ETA por las diferencias con el devenir de la banda y porque la militancia le impedía desarrollar su proyecto de vida. Quería estudiar y poder tomar sus propias decisiones.

Lourdes Auzmendi, viuda de Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', y exmilitante de ETA-pm, sitúa la ruptura de Yoyes en el momento del desembarco de los llamados 'berezis' (los comandos especiales liderados por Francisco Mujika Garmendia, 'Pakito') en la cúpula de ETA militar. “La llegada de los 'berezis' no le dan la posibilidad de hacer ni lo más mínimo de lo que ella quisiera. Ahí es donde ella rompe y dice 'hasta aquí'”, rememora en declaraciones a EFE. Auzmendi apunta a que 'Pakito', que era de Ordizia, conocía bien a Yoyes y “no la perdonó”.

Marcha a México

Tras intentos infructuosos por marchar a Cuba, 'Yoyes' se instala a principios de enero de 1980 en México, donde pasa cinco años en los que culmina sus estudios de Sociología y da a luz a su hijo Arkaitz, una de las grandes motivaciones que abonaron su sueño de volver a Euskadi. Toda esta peripecia vital está documentada en el libro 'Yoyes, desde su ventana', que su familia editó un año después del asesinato y que recoge sus diarios.

ETA ocultó la ruptura de 'Yoyes', mientras que su nombre se mitificaba entre su propia militancia. “Parece que los últimos no quieren aceptarlo, como si fuera un marido al que la mujer ha dejado pero que, mientras no todo el mundo lo sabe, mantiene la esperanza de que ella vuelva”, escribió en agosto de 1984. Auzmendi recuerda que el papel de la mujer en ETA en aquellos años 70 “no era el que cabría pensar en una organización que se llama revolucionaria”. “Tenían que estar criando hijos, siendo el reposo del guerrero. Éramos propiedad de los hombres, literalmente”, explica. Pero 'Yoyes' rompió moldes al alcanzar “la vanguardia” de ETA.

Tras el nacimiento de su hijo Arkaitz en 1982, 'Yoyes' comienza a preparar su regreso, pero es consciente del riesgo y deja escrito varias veces que sabe que puede ser asesinada. Después de algunas gestiones con personas que conoció en México y que formaban parte del Gobierno de Felipe González, vuelve en 1985 a Euskadi, pero no acogida a las medidas de reinserción, como se dijo entonces, sino porque no existía causa alguna contra ella en España y podía beneficiarse de la amnistía de 1977.

Su asesinato significó un terrible impacto social. Kepa Korta, quien un año después se convertiría en alcalde de Ordizia por Euskadiko Ezkerra, integró una plataforma de protesta que logró reunir 8.000 firmas para sustentar un manifiesto de rechazo, 1.500 de ellas de vecinos de la propia localidad. “Hubo un antes y un después en la contestación contra ETA. Luego pegó otro salto con Miguel Ángel Blanco”, sostiene Korta en conversación con EFE, en la que recuerda que recogieron las firmas en las fábricas, en los comités de empresas y en todos los ámbitos de la localidad.

A su juicio, la reacción social al asesinato de Yoyes fue un precedente de movimientos masivos posteriores contra la violencia, de cuyo calado no fueron conscientes entonces, pero que “hacían mucho daño a ETA”. Recuerda también que José Miguel Latasa Getaria, otro vecino de Ordizia, el miembro de ETA que identificó a Yoyes para que Kubati la asesinara, fue víctima de su mismo crimen. Al dejar ETA, aparecieron en el pueblo pintadas que le tildaban de “traidor” y le amenazaban de muerte.

“Una mujer valiente”

Las que aparecieron contra Yoyes se pudieron ver al poco de su regreso a Euskadi, después de que un medio de comunicación desvelara su retorno. “Es como si todos se hubieran puesto de acuerdo para matarme”, escribió en su diario. En noviembre de 1985 Yoyes rechaza las acusaciones de colaboracionismo que se vierten contra ella —nunca se arrepintió de sus actos ni colaboró con la Justicia— y escribe en su diario: “¿Cómo voy a apoyar a un HB [Herri Batasuna] convertido en payaso del militarismo de corte fascista? ¿Cómo me voy a identificar con dirigentes que lo único que saben hacer es aplaudir los atentados de ETA y pedir más muertos?”.

Diez meses después se cumplieron sus oscuros vaticinios y fue asesinada por ETA. HB no condenó nunca el atentado. “Fue una mujer valiente, que sabiendo que la podían matar y que era muy probable que la mataran, no quiso doblegarse, dijo 'yo quiero hacer mi vida' y la mataron”, rememora Auzmendi.

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado al preso de ETA Henri Parot, condenado por el asesinato de 39 personas. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado la concesión de un tercer grado que ha tachado de “fraudulento” a Henri Parot, “uno de los asesinos más sanguinarios de ETA”. En un comunicado recogido por Europa Press, la presidenta, Consuelo Ordóñez, ha calificado de “inaceptable” que el Ejecutivo vasco “conceda la semilibertad a un terrorista condenado por el asesinato de 39 personas sin que haya mostrado un arrepentimiento real, público y verificable”.

Tras recordar que entre los crímenes de Parot está “la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, en la que fueron asesinadas once personas, entre ellas cinco niños, y otras 88 resultaron heridas” y acumuló “condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinatos, asesinatos en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda terrorista, entre otros delitos”, ha subrayado que es “inaceptable” que ahora este preso de ETA vea “flexibilizada su condena por el Gobierno vasco mediante un tercer grado basado nuevamente en escritos privados y en formulaciones genéricas contra la violencia”.

“Henri Parot no ha mostrado públicamente un arrepentimiento sincero por sus crímenes ni ha realizado una ruptura clara, inequívoca y verificable con ETA y con el entorno político y social que justificó y legitimó sus asesinatos”, ha denunciado. Ordóñez ha incidido en la progresión al tercer grado de Parot confirma “que el Ejecutivo autonómico continúa avanzando en su política sistemática de excarcelación progresiva de los presos de ETA, una amnistía encubierta”.

“No estamos ante una verdadera política de reinserción, sino ante una política penitenciaria puesta al servicio de la izquierda abertzale y de su objetivo histórico de vaciar las cárceles de presos de ETA sin exigirles arrepentimiento”, ha lamentado, para añadir que “es una consecuencia más del final negociado de ETA que las víctimas padecemos desde el año 2011”.

Permiso en 2025

Parot, que ingresó en prisión en 1990 y cumple una condena acumulada de 40 años, ya salió de permiso penitenciario en 2025. Lo avaló el juez de vigilancia de la Audiencia Nacional, que tuvo en cuenta una misiva en la que nombraba a sus asesinados y admite que el daño “nunca hubiese tenido que ocurrir”, según recogió entonces Efe. Enumeraba con nombres y apellidos a un total de 33 víctimas. “Creo que es necesario reconocer el sufrimiento ocasionado por mi antigua pertenencia a ETA y tratar, en la medida de lo posible, repararlo”, escribió Parot entonces.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) concederá su Medalla de Honor, conocida como Cruz de la Dignidad, a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, en reconocimiento a su compromiso con la defensa, el reconocimiento y el acompañamiento a las víctimas del terrorismo.

La entrega tendrá lugar el próximo 22 de octubre, durante el acto ‘Dignidad y memoria frente al terrorismo: un compromiso de Estado’, organizado por la AVT como homenaje a las víctimas y para distinguir a personas e instituciones que han destacado por su defensa de su memoria y dignidad.

Guardiola será una de las personalidades que recibirán este reconocimiento, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la alcaldesa de Ronda, María Paz Fernández; el decano del Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, Francisco Javier Sánchez, y el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo, que recibirá la distinción a título póstumo, entre otros galardonados.

La AVT explica que la Medalla de Honor se concede a quienes, desde sus respectivos ámbitos, han contribuido de forma destacada a la defensa y reconocimiento de las víctimas del terrorismo, así como a su acompañamiento.

La UCO, Premio ‘Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia’

Durante el mismo acto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibirá el XIV Premio de la AVT ‘Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia’.

La asociación reconoce con este galardón la trayectoria de la unidad, su labor en defensa del Estado de Derecho y su compromiso en la lucha contra el terrorismo.

La ceremonia se celebrará bajo el lema ‘Dignidad y memoria frente al terrorismo: un compromiso de Estado’ y servirá también para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo y reivindicar su memoria.

Con estos reconocimientos, la AVT pretende distinguir tanto la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la de aquellas personas e instituciones que, desde distintos ámbitos, han mantenido un compromiso con las víctimas y con la defensa de su dignidad y memoria.

Las víctimas del terrorismo en Extremadura han exigido este viernes que los condenados por esta “barbarie” cumplan íntegramente sus penas de prisión y han reclamado al conjunto de la sociedad firmeza para evitar que se “reescriba” el relato de los atentados. La demanda ha centrado el acto conmemorativo del Día de Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo Extremeñas, un homenaje institucional al que han asistido representantes políticos, sociales, de asociaciones de afectados y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El rechazo a las medidas que flexibilizan la estancia en prisión de los condenados ha sido compartido de forma explícita por el Gobierno regional. El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha suscrito la crítica hacia la legislación penitenciaria y ha dejado clara la posición autonómica: “Las condenas deben cumplirse íntegramente. Desde Extremadura queremos decirlo con toda claridad: no aceptamos atajos”.

Bautista ha defendido que el homenaje no es “un acto más de la agenda”, sino una obligación de la conciencia colectiva para impedir que el paso del tiempo relegue a las víctimas al olvido. En este sentido, ha advertido de que, cuando los hechos del pasado se desdibujan, “se abre la puerta a que otros intenten construir un relato diferente”, destacando iniciativas regionales como el programa 'Educar para la convivencia' para llevar el testimonio directo de las víctimas a las aulas.

Críticas a los beneficios penitenciarios y apelación a la unidad

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz García, ha censurado que la normativa penitenciaria conceda “beneficios” a los reos por encima de los derechos de los afectados. Ruiz ha detallado que, de los 120 presos de ETA en la actualidad, solo 32 permanecen en régimen ordinario, mientras que el resto cuenta con medidas flexibilizadas, una circunstancia que, según ha denunciado, “genera dolor e incomprensión”. Asimismo, ha lamentado que los sectores políticos herederos de la violencia sean tratados como “socios preferentes” en el ámbito estatal.

Desde una perspectiva de cohesión, el presidente de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (Asexvite), José María Antón, ha pedido a la clase política trabajar para “apaciguar” el clima de crispación y ha solicitado expresamente que la memoria de los fallecidos no sea empleada como un arma o instrumento de confrontación partidista.

La lacra terrorista se ha cobrado a lo largo de la historia la vida de 63 extremeños: 55 de ellos víctimas de la banda ETA, 5 del GRAPO, dos del terrorismo yihadista y una a manos de la extrema derecha.

Durante la ceremonia se ha procedido también a la entrega de las Medallas a la Defensa de las Víctimas del Terrorismo en Extremadura, otorgadas este año al magistrado Ángel Juanes Peces, la fiscal Ángela Gómez-Rodulfo, la entidad Cocemfe Cáceres y la Asociación de Vecinos de Nuevo Cáceres. Asimismo, Ainara López Frías ha recogido la Medalla a las Víctimas en representación del legado y la entereza de las familias que no llegaron a conocer a sus allegados arrebatados por la violencia.

La Audiencia Nacional condenó en abril a dos años de prisión y al pago de una multa doce meses con seis euros de cuota diaria, a un hombre afincado en Zaragoza por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas de ETA cometido de forma continuada a través de una red social.

La investigación se inició en junio de 2024, cuando la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en Navarra tuvo conocimiento de la existencia de varios perfiles en una conocida red social en los que el usuario estaría cometiendo de forma indiciaria y mantenida en el tiempo un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a sus víctimas, así como realizando amenazas de carácter grave a diversas personalidades públicas.

Desde ese momento, se procedió a realizar un seguimiento continuado de los mismos y se observó que tras el cierre de alguno de estos perfiles, presumiblemente por denuncias a la red social de otros usuarios de la red, aparecían casi de forma simultánea otros perfiles similares con el mismo nombre, imágenes y vídeos publicados.

Los datos fueron puestos en conocimiento de la Audiencia Nacional dando lugar a una investigación por un presunto delito de enaltecimiento basado en terrorismo, humillación a sus víctimas y difusión de mensajes terroristas a través de internet.

Tras varios meses de investigación con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Aragón se llevó a cabo la detención de un ciudadano afincado en la provincia de Zaragoza al cual se le intervinieron varios dispositivos. Tras el análisis de estos quedan debidamente acreditados los delitos antes mencionados, así como otro de pornografía infantil.

“A mí me gustaría, si puede ser, que vengan los tres [miembros de ETA que lo asesinaron]. Incluso Ainhoa Múgica [la exdirigente de la banda terrorista que ordenó el atentado]. Y que me miren y me digan: 'Lo sentimos'. Entonces yo les daré el perdón”. Reyes Zubeldia se encontraba en casa, junto con dos de sus hijos, cuando hacia las diez de la mañana del 14 de julio de 2001 escuchó la explosión de la bomba-lapa que mató a su marido, José Javier Múgica, concejal de UPN en Leitza, al norte de Navarra. “Fue terrible”, recuerda la mujer 25 años después junto a su hija. Raquel Múgica, la menor de los hijos del matrimonio, siente que recordar el asesinato de su padre sirve para evitar “que se olvide lo que pasó, o se recuerde de una forma distinta a la que fue”. “Mi padre lo que quería era unir [al pueblo] y cambiar esa tónica de división [política de la época]. Y creo que eso a veces molestaba”, sostiene.

Ese mismo día, a última hora, ETA asesinó en Leaburu (Gipuzkoa), al mando de la Ertzaintza Mikel Uribe. La organización continuaba su campaña iniciada tras las autonómicas vascas de mayo de ese año. Después de las elecciones, atentó contra Gorka Landaburu, que salvó la vida, y mató al comercial de 'El Diario Vasco' Santiago Oleaga. Hubo también atentados en Madrid y en Vitoria. El día del doble crimen era sábado y, en Gernika, juraba como lehendakari para un segundo mandato Juan José Ibarretxe, del PNV. Los actos solemnes tuvieron lugar entre uno y otro asesinato.

“Mi padre —prosigue la familia de Múgica— no tenía vocación de política en sí, sino voluntad de mejorar un pueblo pequeño y su convivencia. [Su hermano] le pidió si podía meterse en política para resolver ciertos asuntos del pueblo, como un problema con una casa abandonada. [Primero] estuvo colaborando con un partido [local] independiente (Unión Independiente de Leiza), les ayudaba en el día a día. Luego ya decidió dar el paso con UPN para conseguir más apoyos. Pero veía problemas locales del pueblo, no problemas políticos”, recuerda su hija.

“Él quería mejorar la situación del pueblo, de sus vecinos, ayudaba a todo el que podía, no miraba si eran nacionalistas o no. Una vez organizó a unos cuantos chicos sin trabajo para ir con ellos a limpiar los ríos, a trabajar juntos para que viesen que eran útiles. Durante varios años fue profesor de autoescuela, años después aunque ya había dejado esa profesión seguía ayudando a muchas personas a quitarse el miedo a conducir. Si alguien había perdido el autobús o no tenía forma de ir a su caserío estaba dispuesto a acercarle donde necesitase. Cuando nevaba siempre salía con su furgoneta por las calles del pueblo por si podía ayudar a alguien a sacar el coche de la nieve. También colaboró en la asociación de saharauis para que los niños del Sahara pudiesen venir a Navarra a pasar el verano con familias de acogida. [Era un hombre que] ayudaba en todo lo que podía ayudar”.

José Javier Múgica había vuelto la tarde del viernes 13 de julio a casa tras haber pasado “dos o tres días” de vacaciones con su mujer en Fitero. “El sábado por la mañana mi marido tenía una boda”, pues tenía un encargo como fotógrafo en la celebración, recuerda Zubeldia. Ese día, el concejal regionalista —que a pesar de las amenazas había renunciado a portar escolta— “después de desayunar” salió de su casa, bajó las cinco plantas por las escaleras y cuando “arrancó el coche, explotó”. Su mujer, que estaba en casa junto a dos de sus hijos, se asomó al balcón al escuchar el estruendo y lo vió “en el suelo quemándose” a unos metros de la furgoneta, también envuelta en llamas a causa de la explosión.

“Eso no se puede olvidar, al menos yo no. Y van a hacer 25 años, que no son cinco. Son ya 25”, confiesa la mujer. “Por el portal no se podía bajar, porque la furgoneta estaba justo donde las ventanas del portal y entraba el humo”, recuerda su hija, en aquel momento de 21 años, y relata que tuvieron que “atravesar un balcón” para poder llegar a la calle. Una vez la familia consiguió salir del edificio, Zubeldia quiso ver a su marido. “Desde arriba vi cómo [José Javier] se quemaba y pensé: '¿Cómo estará ahora?'. Él y yo éramos uno, y no podía dejarle. Tampoco en ese momento”, recuerda. Aunque los cuerpos de seguridad no la dejaban.

Fue Miguel Sanz, presidente del Gobierno de Navarra y de UPN por aquel entonces, que acudió al lugar al conocer el atentado, quien intermedió por ella y la acompañó. “[Sanz] estaba allí y les preguntó '¿ella qué quiere?'. 'Pues si me dejan ir con ella yo le acompaño', les decía”. “Usted se hace entonces responsable”, recuerda Zubeldia que le respondían al presidente navarro.

La investigación posterior revelaría que, en un hueco escondido en los bajos del vehículo, el 'comando Argala' había instalado una “bomba compuesta por 3 kilos de dinamita, tipo 'titadyne', provista con un mecanismo de iniciación eléctrico”, tal y como se reflejó en la sentencia que diez años después condenó a Andoni Otegi, Óscar Celarain, Juan Carlos Besance y Francisco Javier García Gaztelu 'Txapote' por el asesinato del concejal leitzarra. La orden de su asesinato la dio Ainhoa Múgica Goñi, alias 'Olatz', exjefa de ETA, tal y como reconoció en diciembre de 2025 en la Audiencia Nacional. Con un escueto “sí”, admitió haber indicado al comando de la banda terrorista asesinar con un coche-bomba al concejal de UPN en 2001. La exdirigente, junto a Otegi, “elaboró un manuscrito” con las indicaciones necesarias para que el 'comando Argala' llevase a cabo el atentado.

“Él se definía como vasco, navarro y español. Él era euskaldun y en casa siempre hemos hablado en vasco. Te sientes vasco porque has recibido una cultura, las tradiciones y hablas la lengua. Aunque eres navarro, y por tanto también español, lógicamente”, describe la pequeña de los Múgica junto con su “ama”. “Ese concepto”, a su juicio, “también les duele a los nacionalistas”.

Desde hacía algunos años, Múgica ya había recibido amenazas. Incluso “antes de entrar en las listas” del partido regionalista. “Nos pintaban dianas en la tienda” de fotografía, “luego nos robaron las máquinas y las cámaras fotográficas de la tienda”, después “nos quemaron la furgoneta”, describe la hija del concejal. “Y luego pasó lo que pasó”, concluye Zubeldia, que nunca pensó que pudieran asesinar a su marido. A pesar de que “él miraba todas las mañanas los bajos” del coche y hubiera recibido “ciertos consejos” por su condición como figura política, Múgica “no trasmitía ese miedo” a su familia. De hecho, rechazo tener escolta.

“No quiso. Me decía: '¿Cómo voy a ser fotógrafo con escolta? ¿Te vas a una boda con la escolta?”, recuerda Zubeldia. Sin embargo, su hijo Daniel, que siguió los pasos de su padre y se unió a UPN poco después del atentado, sí que estuvo custodiado. Su familia, a pesar de los antecedentes, nunca temió por su vida. “Igual éramos unas ingenuas”, reflexiona Raquel Múgica, que nunca pensó que ETA se fuera “a ensañar” con la familia de esa manera. “Tener escolta te da confianza y lo vives ya distinto. Y luego dices, han matado a mi padre, ¿van a matar también a mi hermano?”.

Tras el asesinato de su marido y padre, la familia siempre ha sentido el cariño del pueblo, en el que continuaron viviendo años después y al que han vuelto todos los años. Porque se sienten acompañados, y para “acompañar a los que estuvieron [con Múgica y su familia], aunque tuvieran miedo”.

Un cariño que no fue “inmediato”. Cuando se conoció el atentado “la gente no sabía ni qué hacer”, recuerda la viuda. “Mucha gente tenía miedo de saludarnos” y se quedaron “bloqueados”, aunque recibían “el cariño a escondidas”. Ante la pregunta de a qué se refiere con esta última frase, ella lo explica con mucha calma. “Yo a mi marido lo incineré. La gente, como nosotros éramos muy montañeros, igual pensaban que lo echaría por allí, pero no. Lo traje a casa, porque él quería estar conmigo y yo con él. Me daba paz. Y cuando la gente lo supo me preguntaba si podía venir, a escondidas [a verlo]”, relata. Y afirma que todavía hay personas que no asisten a los homenajes “por cierto miedo”, a pesar de que han “pasado por su casa”.

“No sé si [las personas] se pueden hacer una idea de cómo era el ambiente en esa época”, recuerda Raquel Múgica, que paradójicamente siente que tuvieron “suerte”. Aunque algunos de sus amigos “cuando había un asesinato o un secuestro” de ETA verbalizaban ese pensamiento de “algo habrá hecho”, la hija del concejal se siente afortunada porque en 2001 “ya se empezaba la gente a movilizar”. “Hubo una manifestación multitudinaria [cuando mataron a mi padre] aquí en Pamplona y nos acompañaron [muchísimas personas]. Años antes no había nada. O sea, la gente empezó a quitarse el miedo de mostrar públicamente el rechazo y eso te da más fuerza”.

En 2011 se condenó a los miembros del comando 'Argala' a 50, 58 y 60 años de prisión por asesinato de Múgica, una sentencia que dejó “alivio” en la familia. Por una parte, porque les pareció una pena “justa”, y por otra porque pudieron “saber quienes fueron” los responsables. Durante el juicio, Zubeldia testificó en sin biombo y, ante la sorpresa de muchos de los presentes, quiso mirarles. “¿Les puedo mirar a estos chicos?”, le preguntó a la magistrada, aunque no esperó su respuesta para girarse. “Ahora mismo también lo haría”, pronuncia con rotundidad 15 años después. “Si vienen a casa a pedirme perdón, les daré el perdón. Pero si no vienen, ¿a dónde irán? Al menos si piden perdón irán con mi marido”, expresa la mujer, que ha intentado contactar con los terroristas e incluso “quería ir a la cárcel” a encontrarse con ellos, aunque no ha obtenido respuesta. Una circunstancia que le duele especialmente es la concesión de terceros grados a algunos de ellos.

“Yo no necesito, como mi madre, el perdón. No necesito estar con ellos. Hombre, si a ellos les hace bien venir y pedir perdón, estoy dispuesta también, pero no tengo necesidad de verles o hablar con ellos. Estoy en paz”, expresa su hija, y preguntada por este periódico, define algunas de las medidas penitenciarias concedidas a etarras como “injustas”. “No nos parece justo a nosotros, y entiendo que a ninguna víctima, esas libertades sin perdón, arrepentimiento o sin colaborar con la justicia. Porque hay muchísimas familias que no saben quiénes asesinaron a su padre, su madre o su hermano. Y eso lo podrían aliviar...”, opina. Aunque, consciente de cómo se pueden interpretar sus palabras, matiza: “No sentimos odio hacia los terroristas, sentimos un profundo dolor y una injusticia”.

Mikel Uribe, asesinado a 20 kilómetros

Se da la circunstancia de que, justo el mismo día, unas horas después, ETA asesinó también al agente de la Ertzaintza Mikel Uribe, de 44 años. El crimen se produjo en la localidad guipuzcoana de Leaburu, a apenas 20 kilómetros de Leitza. Según explica Covite, el policía “se disponía a cenar en la sociedad Zazpi Bide con unos amigos y mientras aparcaba su vehículo se le acercaron tres etarras en un coche robado”. Uribe fue descrito como “abertzale, euskaldun y afiliado a ELA”. Cuatro personas fueron condenadas por el crimen con 36 años de cárcel por cabeza.

“Aguardaron en una explanada emplazada detrás del Ayuntamiento hasta que un miembro del grupo criminal les avisó de que el ertzaina estaba llegando a la sociedad gastronómica. Otro etarra condujo el vehículo hasta el todoterreno de Mikel Uribe, facilitando que un tercer terrorista lo ametrallara con un subfusil. A continuación, uno de los miembros del comando se apeó del vehículo y disparó varias veces, vaciando el cargador de su pistola contra el policía malherido. La víctima fue trasladada gravemente herida al hospital Donostia, donde falleció poco después”, describe la entidad que preside Consuelo Ordóñez.

“Al día siguiente, un grupo de compañeros de Mikel Uribe, entre los que se encontraba su hermano, también ertzaina, se concentraron en la plaza del ayuntamiento para repudiar el asesinato. Mientras tanto, ninguno de los vecinos de Leaburu salió a la calle y tuvieron que ser los agentes los que entraran en el consistorio, gobernado por Herri Batasuna, para colocar la ikurriña a media asta y ponerle un crespón negro”, critica Covite. En una entrevista en 'El Diario Vasco', Ibai Uribe, hijo de la víctima, relata que ha escrito unos bertsos en euskera en su memoria: “Ixildu da bonba hotsa, desagertu tiroketa. Nik lan egingo dut inoiz berriro ez dadin gerta”.

“Yo perdono pero no olvido”, dijo aquel sábado luctuoso Miguel Sanz, presidente navarro de UPN. El lehendakari Ibarretxe, recién iniciada su segunda legislatura, tuvo que estrenar la agenda con un viaje a la capilla ardiente del agente asesinado. Estuvo acompañado del consejero de Interior, Javier Balza, también del PNV. Estuvieron presentes, igualmente, el ministro del Interior, Mariano Rajoy, y los directores de la Policía Nacional, Juan Cotino, y de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, del PP.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de casi 2,2 millones de euros para la creación del Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, un espacio vinculado al monumento de Atocha en recuerdo al 11 de marzo de 2004. Se situará en el número 13 de la Carrera de Sam Jerónimo, donde está la sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas. La apertura al público está prevista para el primer trimestre de 2027, aunque las fechas pueden variar según avancen las obras.

Uno de sus principales reclamos será una recreación interativa que remite Tendrá al memorial cilíndrico de 11 metros que rindió tributo hasta 2023 a las víctimas del 11-M, el mayor atentado terrorista en España. La adaptación incorporará avances tecnológicos y cambiará la forma de homenajearles.

El 11 de marzo de 2004 murieron 192 personas, muchas de ellas en Atocha, por eso años más tarde se instaló junto a la estación de tren un monumento de 160 toneladas hecho con ladrillos de vidrio que en su interior guardaba una sala diáfana. Las paredes eran azules y estaban llenas con nombres de víctimas, grabados para el recuerdo. Tuvo que empezar a desmantelarse por las obras para ampliar la red de Metro, y en su lugar se colocó una placa conmemorativa.

La mayor novedad es que se imprimirá un carácter interactivo al memorial, con visualizaciones proyectadas mediante tecnología de última generación y una réplica a pequeña escala del cilindro que formó parte del memorial original. Este incluye, además, ladrillos antiguos de la estructura desmontada.

En un comunicado, la Consejería de Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid ha informado de que las futuras instalaciones ocuparán tres plantas, distribuidas entre áreas de exposiciones, salón de conferencias con equipamiento audiovisual y otras dos salas polivalentes. La planta primera tendrá una finalidad “eminentemente didáctica”, con biblioteca, sala inmersiva y área para talleres a disposición de todos los usuarios. A lo largo del año se programarán actividades para jóvenes, presentaciones, debates u otros encuentros.

Además, una cuarta planta dispondrá zonas de trabajo para las asociaciones de víctimas con presencia en la región. El recorrido, tal y como especifica el Gobierno regional, comenzará con un panel iluminado sobre la historia del terrorismo en España, que dará acceso al itinerario permanente. El espacio dedicado a las muestras temporales reunirá objetos personales cedidos por los familiares de las víctimas, entre ellos la batería del concejal Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA en 1997 y el monopatín del joven Ignacio Echeverría, asesinado en los atentados yihadistas de Londres de 2017.

La zona central del edificio contará con un conjunto de luminarias suspendidas del techo, distribuidas a lo largo de los tres niveles principales del Centro, en recuerdo de los fallecidos en atentados terroristas y un espacio polivalente acristalado equipado con una pantalla para la proyección de documentales y material de archivo que podrá acoger conferencias, presentaciones y otras actividades organizadas por la Comunidad de Madrid o por las asociaciones.

Esta historia comenzó el 10 de julio de 1997 y concluyó dos días después, el 12 de julio. La banda terrorista ETA secuestró en Ermua a un joven concejal de la localidad vizcaína, Miguel Ángel Blanco, y lanzó una amenaza: si el Gobierno entonces en manos de José María Aznar no acercaba a los presos de la banda a cárceles del País Vasco, Blanco sería asesinado. Y así ocurrió. Pasadas las 16.30 de aquel 12 de julio de hace 29 años el joven político apareció en Lasarte con dos disparos en la cabeza. Murió en unas horas.

Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo, el documental que Netflix estrena el próximo viernes, 10 de julio, narra esos dos días que revolucionaron a la sociedad vasca. Hubo muchos hitos, pero el principal fue la movilización ciudadana sin precedentes rogando e incluso suplicando a los terroristas que no mataran al edil del PP. Los manifestantes no consiguieron salvar la vida del concejal, pero sí lograron que empezara a remitir el miedo en el que quienes apoyaban a ETA habían inmerso a los vascos que no respaldaban la violencia durante 40 años.

Jon Sistiaga y Juanjo López, directores del documental, se pasaron por la redacción de elDiario.es para explicar su trabajo, que cuenta con numerosos testimonios, desde los amigos de Miguel Ángel Blanco y su hermana hasta Aznar; el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja; y el ahora rey, Felipe VI, que en 1997, cuando aún era príncipe, se desplazó hasta Ermua para solidarizarse con el pueblo.

Quería comenzar como empieza el documental: recuerdo perfectamente dónde estaba cuando murió Miguel Ángel. Yo tenía 12 años, estaba en la casa de mis aitonas en Oiartzun y recuerdo un grito terrible de mi amona. ¿Cómo creéis que nos ha marcado a las personas que vivimos ese momento y que nos acordamos de esto?

Jon Sistiaga: Ese grito de tu amona fue el de la mía, el de mi madre, el de todas las madres y el de todos los que tenemos un recuerdo y que estábamos allí. Fíjate que yo estaba allí y lo mío fue más una desolación de decir: “¡Joder, qué hijos de puta, se lo han cargado!”. Pero el resto de Euskadi creo que se acuerda perfectamente de dónde estaba en el arranque del secuestro y, sobre todo, en el final. Porque era una cuenta atrás y aunque era un sábado tórrido de julio, aunque estuvieras en la playa... Cuánta gente nos ha dicho: “Tengo la sensación de que la playa se quedó en silencio”. Hay muy pocas veces, quizá un 11M o un 11S, en que te acuerdas perfectamente de dónde estabas.

Juanjo López: Hay noticias que pasan durante esas 48 horas de las que te acuerdas perfectamente dónde estabas: el momento en el que le secuestran, hay gente que nos ha dicho era la primera manifestación a la que fue y otra, que se acordaba de las vigilias. Por un lado, estamos los que nos acordamos perfectamente y luego los que están con los ojos así como dos lavadoras vacías [hace el gesto] pensando: ¿pero esto pasó?

Sistiaga: Había gente que estaba viendo el Tour [de Francia] y escuchando la radio a la vez. Y no sé si ha vuelto a pasar, pero las televisiones, justo antes de las cuatro de la tarde, se fueron todas a negro durante un minuto con un cartel que decía: “Miguel Ángel, te esperamos”.

En cambio, tú, Jon, eras optimista. Pensabas que la movilización ciudadana vasca iba a tener algún tipo de reacción en ETA y no la tuvo.

Sistiaga: Todo el entorno abertzale y cercano a los colectivos de refugiados que yo controlaba era muy pesimista. Yo de alguna manera empezaba a ver que algo había cambiado en aquellas 48 horas y que ETA había cometido un fallo de estrategia como organización que se dedica a utilizar la violencia y no había medido el impacto emocional que estaba teniendo esa acción que ellos habían pensado como impactante para el Gobierno. Y se les estaba yendo de las manos. De alguna manera pensaba que incluso el propio comando tendría la autonomía necesaria como para decir: “Aunque no podemos contactar con la dirección, seguro que la dirección va a pensar que efectivamente no hay que hacerlo y le vamos a meter un tiro en la rodilla”.

Pero no, porque no era un comando que fuese a reflexionar, sino que en el documental se habla de que eran matones.

López: Cuando hemos hablado con las fuerzas de seguridad todos nos decían lo mismo, que la “mala suerte” es que [el secuestro de Blanco] recae en [Francisco Javier García Gaztelu] Txapote, que era un psicópata. Y era alguien que no se iba a dejar llevar por esa especie de corriente o presión de la gente que por primera vez dice “hasta aquí. Basta”. Sobre todo la gente de Euskadi, con Carlos Totorika a los mandos como alcalde de Ermua. Es la primera vez que dicen 'no, ya no vamos a callar, vamos a salir a la calle, vamos a presionar'. Pero es que cae en manos de uno de los peores.

Sistiaga: Todo era nuevo. En aquellas 48 improvisamos todos. Los periodistas, que muchos nos rompimos. Hubo periodistas que se pusieron a llorar en directo.

Es el caso de Verónica Elorza, de Televisión Española.

Sistiaga: Por ejemplo, pero muchos más, incluso los que llamamos plumillas [profesionales de los medios escritos], que no tenían una cámara que les estuviera mirando, y operadores de cámara que dejaron de grabar porque no podían más o que dejaron las cámaras y se pusieron de rodillas con las manos en la nuca también a gritar. Es decir, estábamos todos improvisando qué estaba ocurriendo. Entonces, elucubrar sobre si lo iban a hacer o no era lícito y lo podíamos hacer todos. Ya no hacía falta ser experto en ETA o del País Vasco, de la Gipuzkoa más o menos profunda. Todo podía ocurrir. Lo que no sabíamos es exactamente quién lo tenía. Porque si llega a caer en otro comando, a lo mejor sí que hubiera sido permeable a esa sensación.

No pretendo enmendar el titular del documental, pero decís que esas 48 horas lo cambiaron todo. Durante 15 años más, ETA estuvo matando. ¿Qué cambiaron esas 48 horas?

López: Cambian algo muy importante, que es que la sociedad vasca perdió el miedo.

Sistiaga: Se perdió el miedo y la sensación de que las cosas eran así y llevaban siendo así 40 años e íbamos a seguir pasándolo de esa manera. Se perdió la sensación de que la calle era solamente de una pequeña parte de los vascos que votaban a HB o que eran más afines a la violencia terrorista. Se aprendió a mirar a la gente a la cara y decirles: “Os estáis pasando, os habéis pasado tres pueblos”. Pero sobre todo se perdió el miedo dentro de la propia comunidad de votantes abertzales de poder decir: “Joder, nos estamos pasando”.

Está el ejemplo de Patxi Zabaleta, que es verdad que antes también se había pronunciado en contra de la violencia. El secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿fue el inicio del fin del terrorismo o fue quizás el principio de la deslegitimación de ETA?

Sistiaga: Ambas cosas son iguales. El principio del fin empieza por deslegitimar la violencia terrorista y, sobre todo, por quitar el miedo a poder decirlo en alto. Prácticamente un año después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ETA decreta una tregua porque tiene que repensarse a sí misma entera, porque sus propios cuadros dirigentes no acaban de valorar si lo que han hecho ha sido bueno o malo para los fines de la banda y porque su propio entorno de apoyo les está criticando. ¿ETA se podía haber acabado el año siguiente? Sí, si las negociaciones que se iniciaron en el año 1999 hubieran llegado a buen puerto. Al final, ETA decretó el fin de la tregua y se produjo una nueva oleada de atentados muy bestia. Pero al final era el canto del cisne, porque ya no tenían apoyo ni entre sus propias filas. Así que llamémosle el principio del fin aunque fue una lenta agonía y sesenta y tantos muertos. Sí. Llamémosle el inicio de la de la ofensiva ciudadana de poner pie en pared y decir: “ya está bien”. Los que éramos de allí pudimos mirar a la cara a alguna gente a la que antes no nos atrevíamos porque luego igual tenías una pintada o tenías que mirar debajo del coche y decirle: “ya está, se acabó”.

En aquellos días se produjeron algunos hitos: la movilización ciudadana, la presencia del ahora rey en Ermua o el momento en el que hay una manifestación frente a la sede de Herri Batasuna en la calle Urbieta de Donostia y los ertzainas se quitan el pasamontañas. No sé si fue un momento de euforia del que luego la gente quizá se pudo arrepentir porque el terrorismo siguió adelante o si la gente se sintió más segura a partir de ese momento.

López: El propio Imanol [uno de los ertzainas que aparece en el documental] dice: “En ese momento pensé que me iba a caer un paquete”.

Sistiaga: Sí, dice: “Me van a meter un expediente por quitarme el verduguillo”. ETA ya había matado a siete u ocho ertzainas y luego fueron asesinados unos cuantos más. Pero sí es de esos momentos que los que tienen una cierta edad recuerdan también perfectamente por la emocionalidad que se transmitió. Una policía vasca que está defendiendo la sede de los que apoyan a los que les asesinan. ¿Todo muy loco, no? Pero están cumpliendo su labor de policía del pueblo, que es defender a los que en ese momento están siendo acosados. ¿Cómo rompió ese momento de tensión que podía haber estallado de cualquier manera, quemando la sede abrasando a los de dentro, la Ertzaintza atacando a los manifestantes para tratar de pararlos? Quitándose el verduguillo y diciendo: “Voy a dar mi cara”. ¿Y qué ocurrió? Que hubo un momento de catarsis, que es uno de esos momentos que históricamente tiene una importancia y que luego ha trascendido porque logró parar a la masa.

Totorika puso a andar a los vecinos de Ermua.

López: Sí, a ver si les cansaba.

Sistiaga: Exacto.

Una compañera de Vocento, Lourdes Pérez, recuerda en el documental cómo en aquella época en Euskadi unos señalaban, los famosos chivatos, ETA ejecutaba y luego había quien lo justificaba y lo amparaba. ¿Qué ha sido de esa gente? ¿Creéis que han hecho el trabajo suficiente?

Sistiaga: Uno de los fines de este documental era no solo traer otra vez una historia que ocurrió hace 29 años y que se ha olvidado, sino volver a hacer recordar a generaciones que no lo vivieron que esta historia fue muy potente, ocurrió en un momento determinado y cambió muchas cosas, pero que también explica cómo somos ahora. Porque esta historia no se cuenta en los libros de la EBAU. Por primera vez en la PAU del País Vasco han entrado los años 80, los años de plomo, y estamos en el 2026. Es decir, no se cuenta nuestro pasado de acoso terrorista y creíamos que este documental iba a servir para explicar unas cuantas cosas. Pero también hay otro mensaje. Muchos se fueron de rositas y otros no han hecho el tránsito ético de decir: “Hostias, ¿cómo pude yo apoyar esto?” Tengo esa pequeña satisfacción de pensar que desde el sofá mucha gente que estaba en el lado equivocado en ese momento, con sus ideas políticas legítimas, pero que no era capaz de saltar ese silencio, de dejar de apoyar [la violencia] a través del partido que además sostenía a la organización terrorista, diga: “¡Joder, tío, que nos pasamos tres pueblos!”

Generar un poquito de incomodidad, ¿no?

Sistiaga: Mucha gente ha hecho el tránsito, pero algunos no. Todavía le falta a la dirección actual de Sortu decirlo de verdad: “Todo aquello fue una mierda, lo apoyamos y nos sentimos fatal. Lo sentimos”.

López: Es verdad que hemos estado con gente que sí ha hecho ese tránsito.

Sistiaga: Claro que los hay, hay muchos. Pero, a ver, que lo veas desde tu casa en Netflix, sepas que lo tiene todo el mundo y pensar: “Quería salir en una manifestación, pero yo no podía”.

López: O a lo mejor conseguimos que esa persona que esté al lado, que sea alguien joven, esté sentada con su ama o su aita y le diga: “¿Pero, y tú, dónde estabas?” Y se provoque una conversación que puede ser incómoda. Eso es lo que nos gusta de este documental.

En esas 48 horas, ¿hubo algún contacto entre el Gobierno de José María Aznar y ETA o el entorno de ETA para intentar parar el asesinato de Miguel Ángel Blanco?

Sistiaga: Se permitieron contactos indirectos. Una de las exclusivas del documental es que el Gobierno de José María Aznar estaba al tanto de que había algunas personas que intentaron acercarse a la organización terrorista ETA y que no actuaban en nombre del Gobierno, ni de parte del Gobierno, ni estaban autorizadas a hacer ninguna propuesta oficial por parte del Gobierno. Pero que si llegaban a buen puerto, pues estupendo, porque salvaban una vida. Es decir, el Gobierno lo tenía muy claro: no iba a negociar bajo chantaje con una organización terrorista. ¿Qué significa eso? Miguel Ángel Blanco Garrido está muerto. Ahora, si hay alguien que quiera hacer algo –el Papa, el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel que habla con Antxon en la República Dominicana– o si alguien tiene que entrar en una cárcel bueno, pues se hacía alguna gestión para que entre en la cárcel. Pero no es su gestión.

En Euskadi, la mayor parte de los jóvenes no saben muy bien qué ocurrió en los años del terrorismo según varias encuestas y muchos adultos han tirado para adelante y quizás esto lo han aparcado. ¿Es una manera de supervivencia?

Sistiaga: Es una manera de supervivencia sobre todo para aquellos que estaban en el lado oscuro. Pero sí es verdad que en Euskadi desde hace años se ha instalado una especie de dulce amnesia que es beneficiosa para todo el mundo, porque pasas página enseguida, porque los que no podían salir a potear por 'lo viejo' porque llevaban escolta desde hacía 15 o 20 años, pueden ir a tomar algo, porque los que siempre votaron por opciones no nacionalistas sienten que ha llegado su momento de poder salir a la calle tranquilamente. Pero sobre todo para que aquellos que sí que apoyaron la violencia esa dulce amnesia de todos, hace que puedan seguir saliendo a la calle sin que le digas: “tío, pide perdón, macho, que me pusiste una pintada en la puerta hace 20 años y que eso significaba el inicio de una estigmatización que menos mal que acabasteis con todo, pero podía luego acabar en un bombazo”. Esa dulce amnesia que se ha instalado en toda la comunidad hace que los padres no le hayan contado nada a sus hijos, ni los más abertzales, ni los más proetarras, ni los menos nacionalistas. Nadie ha hablado.

¿Y creéis que es un riesgo el hecho de que no se haya hablado?

Sistiaga: Claro. Este documental es porque existe ese riesgo. La ventaja de contarlo en una plataforma como Netflix es que llegas a todo dios, pero además lo contamos casi en un formato thriller. Así que las nuevas generaciones que tienen esa visión tan sincopada de ver las cosas, que digan: “uy, me quedo a ver qué está pasando, a ver si es un thriller vertiginoso”.

Dentro de la moda del true crime.

Sistiaga: Sí, pero en serio. O sea, sin florituras, sin dramatizaciones que no existen ni nada. Te vamos a contar todo porque es que además pasó en 48 horas. Solo tengo que empezar desde el principio y hacer la cuenta atrás.

López: Claro que es peligroso que esto no se sepa. Creo que es necesario saberlo. Y, de hecho, la forma de contarlo ha sido muy desde la piel.

Según un último estudio, un 60% de los jóvenes vascos no recordaba el nombre de una sola víctima de ETA y más de la mitad no había escuchado nunca el testimonio de una de ellas.

Sistiaga: ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué nos está pasando como país? No solo a Euskadi, sino también al resto del Estado. ¿Cómo es que no sabemos nuestra historia reciente? ¿Sabemos cuántos goles ha metido Messi en un Mundial y no sabemos cuántas víctimas ha habido en este país por violencia terrorista? Algo estamos haciendo mal. Por mucho que vengan en el temario, al final en los colegios no se llega nunca a la Transición, los años de plomo, los atentados de ETA o el cese de la violencia terrorista. Y de estos polvos vienen algunos lodos.

Unos lodos son, por ejemplo, que en la sede del Parlamento se siga utilizando a ETA como arma para atacar al adversario.

Sistiaga: Es escandaloso que se siga hablando de ETA para atacar al adversario político. ETA dejó de matar hace 15 años y se disolvió hace 8. Y no existe gracias a la enorme labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que acabaron con esa organización terrorista y a que la sociedad hizo frente a los que apoyaban a los terroristas. Este documental enseña que ETA empezó a desaparecer en 1997 y desapareció por completo hace ya casi diez años.

Entrevista completa a Jon Sistiaga y Juanjo López:

Vídeo: Alejandro Corral

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas celebraron este 19 de junio las I Jornadas sobre Terrorismo en Canarias: Terrorismo Global y Radicalización, un espacio de encuentro, reflexión y sensibilización que reunió a profesionales, estudiantes y ciudadanía interesada en comprender el impacto del terrorismo desde una perspectiva histórica, social, jurídica y humana. 

La jornada, celebrada en las instalaciones de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, abordó diferentes aspectos relacionados con el fenómeno del terrorismo, su evolución a lo largo del tiempo y los retos que continúa planteando en la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. 

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la participación de víctimas del terrorismo, quienes compartieron sus experiencias personales y trasladaron a los asistentes el impacto que estos hechos han tenido en sus vidas y en las de sus familias. Sus testimonios pusieron de manifiesto la importancia de preservar la memoria, reconocer a las víctimas y promover una sociedad comprometida con la convivencia y el respeto a los valores democráticos. 

A lo largo de las distintas ponencias también se analizó el contexto histórico del terrorismo en España, así como su evolución y transformación en otros países, permitiendo a los asistentes comprender mejor la complejidad de un fenómeno que continúa siendo objeto de estudio y reflexión. 

Asimismo, expertos del ámbito jurídico abordaron los avances logrados en materia de reconocimiento y protección de las víctimas, al tiempo que señalaron algunos de los desafíos que aún persisten para garantizar una atención integral y una adecuada reparación a las personas afectadas y sus familias. 

Estas primeras jornadas nacen con el objetivo de fomentar el conocimiento, la sensibilización y la reflexión colectiva sobre las consecuencias del terrorismo, destacando la importancia de la memoria, la prevención y el compromiso social como herramientas fundamentales para construir una sociedad más consciente y comprometida frente a cualquier forma de violencia y radicalización. 

La Asociación Víctimas del Terrorismo y el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas han valorado muy positivamente el desarrollo de esta primera edición, que ha permitido generar un espacio de diálogo y aprendizaje en torno a una realidad que ha marcado profundamente la historia reciente de nuestro país.

La Justicia ha absuelto al acusado de vandalizar con pintura negra y embadurnar de heces la tumba de Fernando Buesa, político del PSE-EE asesinado por ETA en el año 2000. La sentencia de la plaza 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vitoria, firmada por el magistrado Roberto Ramos, recoge que ha quedado acreditado que junto al panteón se encontró “un trozo de una bolsa de plástico blanco en la cual fueron localizadas sendas huellas correspondientes a los dedos pulgares de ambas manos del acusado”. El acusado alegó, sin embargo, que regenta una tienda en la que se ofrecen bolsas de ese tipo con los productos y que por ello podían encontrarse sus huellas dactilares. La sentencia suscribe la tesis de que esta prueba no resulta “suficiente como para fundar o basar” en ella una condena. “Tal versión exculpatoria o alternativa [ofrecida por el acusado] no resulta del todo extraña, descabellada, inverosímil o increíble”, recoge.

El mausoleo de la familia de la esposa de Fernando Buesa, en el que está enterrado también el que fuera vicelehendakari y dirigente del PSE-EE, se encuentra en el cementerio de Santa Isabel. En apenas 24 horas, entre el 4 y el 5 de octubre de 2023, hubo dos ataques contra su memoria. Primero, el monolito que recuerda tanto a él como a su escolta —Jorge Díez, asesinado en el mismo atentado— apareció pintado de negro. Poco después, se produjo el ataque con pintura y heces, que acarreó contundentes mensajes de repulsa de las principales autoridades vascas, incluido el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu. “Este nuevo ataque a la tumba me ha golpeado muy adentro. Respiro mi dolor y me repito: que el hielo no penetre en mi corazón, que nunca deje de sentir ni pierda la sensibilidad ante el dolor ajeno. Seguiré cultivando semillas de amor y compasión frente al odio y la barbarie”, escribió entonces Sara Buesa, hija del político asesinado.

La sentencia, fechada este lunes, sostiene que la versión del acusado ahora absuelto concordaba con “el hecho común de que la persona que regenta una tienda o comercio proceda a abrir una bolsa para introducir en su interior el producto comprado por el cliente, para lo cual el dependiente de forma usual introduce sus manos o alguno de sus dedos en la bolsa para abrirla y tener fácil acceso a su interior (ya que las bolsas habitualmente están pegadas y muy juntas)”. “Y la versión ofrecida por el acusado resulta suficiente como para contradecir la versión incriminatoria que se realiza contra él”, abunda.

El magistrado recrimina a la Policía local, que fue la encargada de confeccionar el atestado, que no practicase una prueba de ADN a las heces, lo que, considera, habría resultado “muy útil, claramente concluyente y esclarecedor sobre la autoría de los hechos”. El agente municipal alegó que le constaba que la Policía científica no analiza heces y que estas habitualmente no contienen manterial genético que permita cincelar un perfil. “Más allá de la experiencia que pudiera tener dicho agente en supuestos similares, creo que es más que dudoso desde un punto de vista científico o técnico que no se pueda obtener un perfil genético o una muestra de ADN de restos de heces”, le reprocha el juez.

Tanto la Fundación Fernando Buesa Blanco, que honra la memoria del político asesinado, como el Ayuntamiento de Vitoria ejercían la acusación particular. Contra la sentencia cabe la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava.

Pasadas las ocho y media de la mañana del 24 de mayo de 2001, Santiago Oleaga se encontraba en la Fundación Matia, ubicado en el barrio El Antiguo de Donostia, para continuar con la rehabilitación de una lesión de hombro causada por su afición a la pala. Mientras, miembros de ETA le esperaban en las inmediaciones del centro médico. Al identificar a Oleaga descendiendo de su coche, los terroristas no dudaron en disparar siete tiros por la espalda que acabaron con la vida de Oleaga. Así fue como hace 25 años el director financiero 'El Diario Vasco' fue asesinado por ETA.

Oleaga, nacido en Durango en 1947, trabajaba como director financiero de El Diario Vasco cuando fue asesinado. Estaba casado con Amaia Guridi y tenían dos hijos. Durante el homenaje celebrado este viernes en la sede de periódico, el presidente del grupo editor, José María Bergareche, le ha definido conmovedoramente como “un hombre íntegro” y “bueno”. A su vez, el director, David Taberna, recordaba que, después de su familia, “su prioridad era el periódico”.

La organización terrorista había puesto fin al alto el fuego en el año 2000. En aquellos meses, los periodistas se convirtieron también en uno de sus objetivos. Apenas diez días antes del asesinato de Oleaga, el periodista Gorka Landaburu había resultado gravemente herido tras abrir un paquete bomba enviado por la organización a su domicilio en Zarautz. Bergareche cataloga a su difunto colega como “la dignidad de quienes decidieron no callar”, aunque la propia víctima, según recoge la ficha Covite, no se consideraba objetivo de ETA. Tras el atentado de Oleaga, Covite relata en su ficha que los asesinos huyeron en un coche cargado de explosivos que abandonaron posteriormente en el barrio de Aiete. El vehículo estalló en una zona residencial y pudo haber causado una matanza mayor.

Con motivo del 25 aniversario del asesinato, 'El Diario Vasco' ha celebrado este viernes la primera edición del Premio Santiago Oleaga, un galardón anual a partir de ahora destinado a reconocer a periodistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la libertad de información. Este primer premio fue entregado a la periodista colombiana Jineth Bedoya, secuestrada, torturada y violada en el año 2000 mientras realizaba un trabajo periodístico en el contexto del conflicto armado colombiano.

Durante el acto del aniversario del atentado, Taberna ha defendido la necesidad de que el periódico asumiera en esta ocasión el relato del recuerdo. Ha explicado que no querían seguir pidiendo a la familia, especialmente a la viuda, que compartiera su dolor públicamente, y subrayó el papel del periodismo en los años de violencia en Euskadi, cuando “las crónicas y las imágenes” eran la voz de una sociedad sometida al miedo. Los medios son como “voz de la ética y la razón” frente a la violencia, reivindicaba Taberna, y ha alertado de que hoy ese compromiso sigue siendo necesario ante la polarización y la desinformación. Por su parte, el presidente de la cabecera de Vocento, José María Bergareche, ha enmarcado el asesinato de Oleaga en la historia de una Euskadi marcada por décadas de violencia. “Hubo un tiempo en el que discrepar podía costar la vida”, ha apuntado.

El Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón, el PP y familiares y amigos de Manuel Giménez Abad, presidente del PP Aragón y senador asesinado por la banda terrorista en 2001, hoy hace 25 años, le han rendido un homenaje realizando una ofrenda floral en el lugar donde falleció, junto al número 9 de la calle Cortes de Aragón, en el centro de Zaragoza. “La democracia es frágil y las víctimas nos recuerdan que no la tenemos garantizada”, ha afirmado su hijo mayor, Manuel Giménez Larraz.

En la tarde del 6 de mayo de 2001, Manuel Giménez Abad caminaba por la calle de Cortes de Aragón acompañado de su hijo Borja para asistir en La Romareda al Real Zaragoza-Numancia. El terrorista de ETA Mikel Carrera Sarobe, quien en 2023 fue condenado a 30 años de prisión por estos hechos, le asesinó a tiros.

La viuda de Giménez Abad, Ana Larraz, y sus hijos, Manuel y Borja Giménez Larraz, acompañados de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, junto con el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, la secretaria general del PP regional, Ana Alós, y otros miembros del PP autonómico, han depositado un centro de flores, junto con dos velas encendidas sobre la placa que recuerda dónde fue asesinado el político aragonés.

Entre otros, han estado presentes la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; el vicepresidente primero del Parlamento, Fernando Ledesma; el secretario primero, Gerardo Oliván; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la portavoz parlamentaria del PP, Ana Marín, y diputados de este partido, como Elena Allué y José Luis Bancalero Flores, entre otros.

“Nuestros derechos y libertades tiene que ser defendidos a diario”, ha realzado Manuel Giménez Larraz, observando que “la Historia no es un proceso únicamente ascendente en materia de progreso, de tolerancia, de democracia e, incluso, de compasión”.

“Un ejercicio de memoria”

“Hoy hacemos un ejercicio de memoria, 25 años después de que, aquí mismo, unos asesinos acabaran con la vida de mi padre”, ha explicado Manuel Giménez Larraz a los medios de comunicación, para dejar claro que “la memoria de las víctimas del terrorismo sigue siendo más pertinente que nunca, más necesaria que nunca también”.

Ha argumentado que todavía hay 300 crímenes de ETA sin resolver: “300 familias rotas que están esperando que, en algún momento, se les resarza jurídica y penalmente de una pérdida que cambió su vida para siempre”, ha señalado, y ha añadido que “renunciaron a la violencia y el Estado les tiene que resarcir”.

El acto de hoy “es un ejercicio de memoria pública necesaria porque es conveniente recordar que a mi padre no lo asesinaron por ser un tipo estupendo, por ser un padre fantástico”, sino que “lo asesinaron por representarnos a todos los ciudadanos, por representar nuestros derechos y libertades, y eso no se puede olvidar”.

También ha mostrado su confianza en el valor de las víctimas del terrorismo y “del proceso histórico que condujo a acabar con ETA” porque “a veces es bueno recordar que en España eso ha sido una excepción de la que podemos sentirnos orgullosos” ya que “ni Francia, ni Israel, ni el Reino Unido, ni Alemania en su momento mantuvieron ante la amenaza terrorista la misma firmeza de convicciones y el mismo respeto a su Estado de Derecho que nuestra democracia”. “El recuerdo de las víctimas nos recuerda precisamente esto, lo largo que ha sido el camino para sentar la democracia que todos podemos disfrutar”.

“Un hombre bueno”

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, ha señalado que la banda terrorista ETA “asesinó a un hombre bueno, a un padre de familia, a un político que encarnaba los valores más importantes de nuestra democracia, además de una forma firme y moderada, pero contundente”.

“Fue por ello por lo que lo asesinaron, porque representaba lo mejor de nuestra sociedad, la defensa de la libertad, de la justicia, de la dignidad y de la igualdad”, ha continuado Ana Alós, añadiendo: “Acabaron con su vida, pero no consiguieron acabar con lo que representaba, con la defensa de esos valores que 25 años después venimos hoy también aquí a recordar”. “El Partido Popular de Aragón, cada año, durante estos 25 años, hemos venido aquí a honrar su memoria y a recordar su vida y todo aquello que defendió”, ha enfatizado.

Alós ha proseguido afirmando que “a día de hoy, lamentablemente, es más importante que nunca seguir defendiendo esos valores, en un momento en el que estamos viendo que se está mancillando la memoria de las víctimas, cuando estamos viendo cómo se está excarcelando terroristas asesinos a cambio de votos”.

Cosme Delclaux, abogado que fue secuestrado por ETA en 1996 y pasó 232 días en un minúsculo zulo hasta su liberación, ha fallecido este sábado en Bilbao. Apareció maniatado a un árbol el mismo día que la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara de otro secuestro también ejecutado por la banda terrorista.

Años después del secuestro, en una declaración ante la Audiencia Nacional, Delclaux relató, según recogió Europa Press entonces, que un hombre lo abordó con un arma y lo introdujo en un coche con otros desconocidos. Poco después, y tras inyectarle un calmante, lo cambiaron al maletero de otro coche, del que salió para acabar en el zulo en el que estuvo secuestrado durante ocho meses.

Las dimensiones del zulo no superaban los 90 centímetros de ancho por 3 de largo, con una altura de apenas 1,94 metros. “Todos los días eran iguales. Me apagaban la bombilla para dormir, a la mañana me despertaban y me daban una taza de algo y galletas. Luego abrían la puerta e introducían un ventilador y me daban un pitillo. Después me metían una palangana y un poco de jabón y, cuando tocaba, me abrían y fumaba otro pitillo”, rememoraba.

El padre del secuestrado, Álvaro Delclaux, también compareció ante la Audiencia Nacional y confesó que, a través de otro de sus hijos, pagó un rescate, abonando a la banda terrorista un total de mil millones de pesetas. “Pagué. ¿Qué quería que hiciese?”, le preguntó al fiscal, después de aseverar que la banda le había remitido unas cartas en las que amenazaba con ejecutar a su hijo en caso de que no hiciese entrega del dinero requerido.

El de Delclaux fue uno de los secuestros de mayor duración de entre los ejecutados por ETA. Lo superan, sin embargo, otros tres: según datos del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara estuvo secuestrado (también en 1996) durante 532 días antes de su liberación; el empresario José María Aldaya (en 1995), 342, y Emiliano Revilla (en 1998), 249. ETA exigía el acercamiento a cárceles vascas de los presos de la banda. En una fotografía remitida durante el secuestro al diario 'Egin', se puede ver a Delclaux sujetando un periódico con un titular que reza “El acercamiento [de presos] fue rechazado por UPN y PSN”.

Declaux fue liberado el 1 de julio de 1997. Apareció maniatado a un árbol, en un paraje del municipio vizcaíno de Elorrio. Ese mismo día, unas pocas horas después, la Guardia Civil liberó a Ortega Lara.

La familia de José Miguel Etxeberria Álvarez, 'Naparra', miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) desparecido el 11 de junio de 1980, ha exigido al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que retire las referencias a él de una exposición temporal en su sede. El Memorial inauguró el pasado martes la exposición 'Ausencias presentes. Desaparecidos por terrorismo en España', que recuerda a las seis víctimas del terrorismo en España cuyos cuerpos nunca fueron hallados, entre ellos el de Etxeberria.

Según se recuerda en la exposición, los Comandos Autónomos sostuvieron que fueron miembros de ETA los que le hicieron desaparecer por una disputa sobre un traficante de armas que ambas organizaciones compartían, pero fue el Batallón Vasco Español (BVE) en varias llamadas a periódicos el que reivindicó el crimen, algo que también se apunta en la muestra del Memorial. En el panel correspondiente se explica que las investigaciones policiales y judiciales llevadas a cabo “no permiten señalar de manera concluyente ninguna de las versiones como probada”, según recoge Efe.

En una comparecencia ante los medios de comunicación este viernes en Vitoria, Eneko Etxebarria, hermano de 'Naparra', ha acusado al Memorial de intentar generar confusión, cuando debería ser garante del “rigor histórico”. Ha recordado que el BVE reivindicó hasta en tres ocasiones el secuestro y asesinato de su hermano y el Memorial apunta como “hipótesis principal” la autoría de ETA, cuando “no hay ningún soporte” para mantenerla. Ha señalado que esto supone una “revictimización” para la familia, con un relato que intenta tapar la “violencia del Estado contra miles de víctimas que nunca van a tener sitio en ese Memorial, y si lo tuvieran estaría manipulado”.

El hermano de 'Naparra' ha asegurado que desde un primer momento pidieron que no se incluyera este caso en la exposición y ha instado la “retirada inmediata” de los contenidos que hacen referencia a su caso y una “rectificación pública”. Se ha preguntado por qué el Estado no ha reconocido a Etxebarria como víctima del terrorismo, algo que su familia solicitó en dos ocasiones, si la autoría de su desaparición hubiera sido de ETA y ha pedido al Ministerio del Interior que desclasifique los documentos que haya sobre el caso.

El Memorial, también según Efe, ha asegurado que la información es “ajustada a lo que se conoce del mismo, sin descartar ninguna de las hipótesis posibles”, por lo que considera que “no procede retirar” el panel. “Al igual que la historia de las otras víctimas recogidas en la muestra, se trata de un caso histórico de interés general y su inclusión en la exposición busca recordar la injusticia cometida con estas personas, con independencia de los grupos terrorista que perpetraran los asesinatos e hicieran desaparecer a sus víctimas”, argumenta.

“Derecho a la memoria”

El hermano de 'Naparra' ha explicado que el comité de la ONU contra las desapariciones forzadas asumió en 2014 la autoría del BVE de la desaparición de 'Naparra' y ha reclamado el “derecho a la memoria” para la víctima y su familia. Eneko Etxebarria ha recordado que la familia está a la espera de que el Gobierno Vasco responda a su petición hecha en 2021 para que se reconozca a su hermano en el marco de la ley de víctimas policiales, y que el Gobierno de Navarra tiene “paralizado” el expediente correspondiente porque la ley de víctimas de violencia política no contempla los casos cuya vía judicial no esté totalmente agotada.

A este respecto, ha considerado que esa vía está cerrada después de que el juez Ismael Moreno archivara el caso en 2004 al considerar que no existían indicios de que se hubiera producido una desaparción forzada, algo que solo se podría revertir si se desclasifican los documentos secretos sobre el caso.