“A mí me gustaría, si puede ser, que vengan los tres [miembros de ETA que lo asesinaron]. Incluso Ainhoa Múgica [la exdirigente de la banda terrorista que ordenó el atentado]. Y que me miren y me digan: 'Lo sentimos'. Entonces yo les daré el perdón”. Reyes Zubeldia se encontraba en casa, junto con dos de sus hijos, cuando hacia las diez de la mañana del 14 de julio de 2001 escuchó la explosión de la bomba-lapa que mató a su marido, José Javier Múgica, concejal de UPN en Leitza, al norte de Navarra. “Fue terrible”, recuerda la mujer 25 años después junto a su hija. Raquel Múgica, la menor de los hijos del matrimonio, siente que recordar el asesinato de su padre sirve para evitar “que se olvide lo que pasó, o se recuerde de una forma distinta a la que fue”. “Mi padre lo que quería era unir [al pueblo] y cambiar esa tónica de división [política de la época]. Y creo que eso a veces molestaba”, sostiene.

Ese mismo día, a última hora, ETA asesinó en Leaburu (Gipuzkoa), al mando de la Ertzaintza Mikel Uribe. La organización continuaba su campaña iniciada tras las autonómicas vascas de mayo de ese año. Después de las elecciones, atentó contra Gorka Landaburu, que salvó la vida, y mató al comercial de 'El Diario Vasco' Santiago Oleaga. Hubo también atentados en Madrid y en Vitoria. El día del doble crimen era sábado y, en Gernika, juraba como lehendakari para un segundo mandato Juan José Ibarretxe, del PNV. Los actos solemnes tuvieron lugar entre uno y otro asesinato.

“Mi padre —prosigue la familia de Múgica— no tenía vocación de política en sí, sino voluntad de mejorar un pueblo pequeño y su convivencia. [Su hermano] le pidió si podía meterse en política para resolver ciertos asuntos del pueblo, como un problema con una casa abandonada. [Primero] estuvo colaborando con un partido [local] independiente (Unión Independiente de Leiza), les ayudaba en el día a día. Luego ya decidió dar el paso con UPN para conseguir más apoyos. Pero veía problemas locales del pueblo, no problemas políticos”, recuerda su hija.

“Él quería mejorar la situación del pueblo, de sus vecinos, ayudaba a todo el que podía, no miraba si eran nacionalistas o no. Una vez organizó a unos cuantos chicos sin trabajo para ir con ellos a limpiar los ríos, a trabajar juntos para que viesen que eran útiles. Durante varios años fue profesor de autoescuela, años después aunque ya había dejado esa profesión seguía ayudando a muchas personas a quitarse el miedo a conducir. Si alguien había perdido el autobús o no tenía forma de ir a su caserío estaba dispuesto a acercarle donde necesitase. Cuando nevaba siempre salía con su furgoneta por las calles del pueblo por si podía ayudar a alguien a sacar el coche de la nieve. También colaboró en la asociación de saharauis para que los niños del Sahara pudiesen venir a Navarra a pasar el verano con familias de acogida. [Era un hombre que] ayudaba en todo lo que podía ayudar”.

José Javier Múgica había vuelto la tarde del viernes 13 de julio a casa tras haber pasado “dos o tres días” de vacaciones con su mujer en Fitero. “El sábado por la mañana mi marido tenía una boda”, pues tenía un encargo como fotógrafo en la celebración, recuerda Zubeldia. Ese día, el concejal regionalista —que a pesar de las amenazas había renunciado a portar escolta— “después de desayunar” salió de su casa, bajó las cinco plantas por las escaleras y cuando “arrancó el coche, explotó”. Su mujer, que estaba en casa junto a dos de sus hijos, se asomó al balcón al escuchar el estruendo y lo vió “en el suelo quemándose” a unos metros de la furgoneta, también envuelta en llamas a causa de la explosión.

“Eso no se puede olvidar, al menos yo no. Y van a hacer 25 años, que no son cinco. Son ya 25”, confiesa la mujer. “Por el portal no se podía bajar, porque la furgoneta estaba justo donde las ventanas del portal y entraba el humo”, recuerda su hija, en aquel momento de 21 años, y relata que tuvieron que “atravesar un balcón” para poder llegar a la calle. Una vez la familia consiguió salir del edificio, Zubeldia quiso ver a su marido. “Desde arriba vi cómo [José Javier] se quemaba y pensé: '¿Cómo estará ahora?'. Él y yo éramos uno, y no podía dejarle. Tampoco en ese momento”, recuerda. Aunque los cuerpos de seguridad no la dejaban.

Fue Miguel Sanz, presidente del Gobierno de Navarra y de UPN por aquel entonces, que acudió al lugar al conocer el atentado, quien intermedió por ella y la acompañó. “[Sanz] estaba allí y les preguntó '¿ella qué quiere?'. 'Pues si me dejan ir con ella yo le acompaño', les decía”. “Usted se hace entonces responsable”, recuerda Zubeldia que le respondían al presidente navarro.

La investigación posterior revelaría que, en un hueco escondido en los bajos del vehículo, el 'comando Argala' había instalado una “bomba compuesta por 3 kilos de dinamita, tipo 'titadyne', provista con un mecanismo de iniciación eléctrico”, tal y como se reflejó en la sentencia que diez años después condenó a Andoni Otegi, Óscar Celarain, Juan Carlos Besance y Francisco Javier García Gaztelu 'Txapote' por el asesinato del concejal leitzarra. La orden de su asesinato la dio Ainhoa Múgica Goñi, alias 'Olatz', exjefa de ETA, tal y como reconoció en diciembre de 2025 en la Audiencia Nacional. Con un escueto “sí”, admitió haber indicado al comando de la banda terrorista asesinar con un coche-bomba al concejal de UPN en 2001. La exdirigente, junto a Otegi, “elaboró un manuscrito” con las indicaciones necesarias para que el 'comando Argala' llevase a cabo el atentado.

“Él se definía como vasco, navarro y español. Él era euskaldun y en casa siempre hemos hablado en vasco. Te sientes vasco porque has recibido una cultura, las tradiciones y hablas la lengua. Aunque eres navarro, y por tanto también español, lógicamente”, describe la pequeña de los Múgica junto con su “ama”. “Ese concepto”, a su juicio, “también les duele a los nacionalistas”.

Desde hacía algunos años, Múgica ya había recibido amenazas. Incluso “antes de entrar en las listas” del partido regionalista. “Nos pintaban dianas en la tienda” de fotografía, “luego nos robaron las máquinas y las cámaras fotográficas de la tienda”, después “nos quemaron la furgoneta”, describe la hija del concejal. “Y luego pasó lo que pasó”, concluye Zubeldia, que nunca pensó que pudieran asesinar a su marido. A pesar de que “él miraba todas las mañanas los bajos” del coche y hubiera recibido “ciertos consejos” por su condición como figura política, Múgica “no trasmitía ese miedo” a su familia. De hecho, rechazo tener escolta.

“No quiso. Me decía: '¿Cómo voy a ser fotógrafo con escolta? ¿Te vas a una boda con la escolta?”, recuerda Zubeldia. Sin embargo, su hijo Daniel, que siguió los pasos de su padre y se unió a UPN poco después del atentado, sí que estuvo custodiado. Su familia, a pesar de los antecedentes, nunca temió por su vida. “Igual éramos unas ingenuas”, reflexiona Raquel Múgica, que nunca pensó que ETA se fuera “a ensañar” con la familia de esa manera. “Tener escolta te da confianza y lo vives ya distinto. Y luego dices, han matado a mi padre, ¿van a matar también a mi hermano?”.

Tras el asesinato de su marido y padre, la familia siempre ha sentido el cariño del pueblo, en el que continuaron viviendo años después y al que han vuelto todos los años. Porque se sienten acompañados, y para “acompañar a los que estuvieron [con Múgica y su familia], aunque tuvieran miedo”.

Un cariño que no fue “inmediato”. Cuando se conoció el atentado “la gente no sabía ni qué hacer”, recuerda la viuda. “Mucha gente tenía miedo de saludarnos” y se quedaron “bloqueados”, aunque recibían “el cariño a escondidas”. Ante la pregunta de a qué se refiere con esta última frase, ella lo explica con mucha calma. “Yo a mi marido lo incineré. La gente, como nosotros éramos muy montañeros, igual pensaban que lo echaría por allí, pero no. Lo traje a casa, porque él quería estar conmigo y yo con él. Me daba paz. Y cuando la gente lo supo me preguntaba si podía venir, a escondidas [a verlo]”, relata. Y afirma que todavía hay personas que no asisten a los homenajes “por cierto miedo”, a pesar de que han “pasado por su casa”.

“No sé si [las personas] se pueden hacer una idea de cómo era el ambiente en esa época”, recuerda Raquel Múgica, que paradójicamente siente que tuvieron “suerte”. Aunque algunos de sus amigos “cuando había un asesinato o un secuestro” de ETA verbalizaban ese pensamiento de “algo habrá hecho”, la hija del concejal se siente afortunada porque en 2001 “ya se empezaba la gente a movilizar”. “Hubo una manifestación multitudinaria [cuando mataron a mi padre] aquí en Pamplona y nos acompañaron [muchísimas personas]. Años antes no había nada. O sea, la gente empezó a quitarse el miedo de mostrar públicamente el rechazo y eso te da más fuerza”.

En 2011 se condenó a los miembros del comando 'Argala' a 50, 58 y 60 años de prisión por asesinato de Múgica, una sentencia que dejó “alivio” en la familia. Por una parte, porque les pareció una pena “justa”, y por otra porque pudieron “saber quienes fueron” los responsables. Durante el juicio, Zubeldia testificó en sin biombo y, ante la sorpresa de muchos de los presentes, quiso mirarles. “¿Les puedo mirar a estos chicos?”, le preguntó a la magistrada, aunque no esperó su respuesta para girarse. “Ahora mismo también lo haría”, pronuncia con rotundidad 15 años después. “Si vienen a casa a pedirme perdón, les daré el perdón. Pero si no vienen, ¿a dónde irán? Al menos si piden perdón irán con mi marido”, expresa la mujer, que ha intentado contactar con los terroristas e incluso “quería ir a la cárcel” a encontrarse con ellos, aunque no ha obtenido respuesta. Una circunstancia que le duele especialmente es la concesión de terceros grados a algunos de ellos.

“Yo no necesito, como mi madre, el perdón. No necesito estar con ellos. Hombre, si a ellos les hace bien venir y pedir perdón, estoy dispuesta también, pero no tengo necesidad de verles o hablar con ellos. Estoy en paz”, expresa su hija, y preguntada por este periódico, define algunas de las medidas penitenciarias concedidas a etarras como “injustas”. “No nos parece justo a nosotros, y entiendo que a ninguna víctima, esas libertades sin perdón, arrepentimiento o sin colaborar con la justicia. Porque hay muchísimas familias que no saben quiénes asesinaron a su padre, su madre o su hermano. Y eso lo podrían aliviar...”, opina. Aunque, consciente de cómo se pueden interpretar sus palabras, matiza: “No sentimos odio hacia los terroristas, sentimos un profundo dolor y una injusticia”.

Mikel Uribe, asesinado a 20 kilómetros

Se da la circunstancia de que, justo el mismo día, unas horas después, ETA asesinó también al agente de la Ertzaintza Mikel Uribe, de 44 años. El crimen se produjo en la localidad guipuzcoana de Leaburu, a apenas 20 kilómetros de Leitza. Según explica Covite, el policía “se disponía a cenar en la sociedad Zazpi Bide con unos amigos y mientras aparcaba su vehículo se le acercaron tres etarras en un coche robado”. Uribe fue descrito como “abertzale, euskaldun y afiliado a ELA”. Cuatro personas fueron condenadas por el crimen con 36 años de cárcel por cabeza.

“Aguardaron en una explanada emplazada detrás del Ayuntamiento hasta que un miembro del grupo criminal les avisó de que el ertzaina estaba llegando a la sociedad gastronómica. Otro etarra condujo el vehículo hasta el todoterreno de Mikel Uribe, facilitando que un tercer terrorista lo ametrallara con un subfusil. A continuación, uno de los miembros del comando se apeó del vehículo y disparó varias veces, vaciando el cargador de su pistola contra el policía malherido. La víctima fue trasladada gravemente herida al hospital Donostia, donde falleció poco después”, describe la entidad que preside Consuelo Ordóñez.

“Al día siguiente, un grupo de compañeros de Mikel Uribe, entre los que se encontraba su hermano, también ertzaina, se concentraron en la plaza del ayuntamiento para repudiar el asesinato. Mientras tanto, ninguno de los vecinos de Leaburu salió a la calle y tuvieron que ser los agentes los que entraran en el consistorio, gobernado por Herri Batasuna, para colocar la ikurriña a media asta y ponerle un crespón negro”, critica Covite. En una entrevista en 'El Diario Vasco', Ibai Uribe, hijo de la víctima, relata que ha escrito unos bertsos en euskera en su memoria: “Ixildu da bonba hotsa, desagertu tiroketa. Nik lan egingo dut inoiz berriro ez dadin gerta”.

“Yo perdono pero no olvido”, dijo aquel sábado luctuoso Miguel Sanz, presidente navarro de UPN. El lehendakari Ibarretxe, recién iniciada su segunda legislatura, tuvo que estrenar la agenda con un viaje a la capilla ardiente del agente asesinado. Estuvo acompañado del consejero de Interior, Javier Balza, también del PNV. Estuvieron presentes, igualmente, el ministro del Interior, Mariano Rajoy, y los directores de la Policía Nacional, Juan Cotino, y de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, del PP.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de casi 2,2 millones de euros para la creación del Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, un espacio vinculado al monumento de Atocha en recuerdo al 11 de marzo de 2004. Se situará en el número 13 de la Carrera de Sam Jerónimo, donde está la sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas. La apertura al público está prevista para el primer trimestre de 2027, aunque las fechas pueden variar según avancen las obras.

Uno de sus principales reclamos será una recreación interativa que remite Tendrá al memorial cilíndrico de 11 metros que rindió tributo hasta 2023 a las víctimas del 11-M, el mayor atentado terrorista en España. La adaptación incorporará avances tecnológicos y cambiará la forma de homenajearles.

El 11 de marzo de 2004 murieron 192 personas, muchas de ellas en Atocha, por eso años más tarde se instaló junto a la estación de tren un monumento de 160 toneladas hecho con ladrillos de vidrio que en su interior guardaba una sala diáfana. Las paredes eran azules y estaban llenas con nombres de víctimas, grabados para el recuerdo. Tuvo que empezar a desmantelarse por las obras para ampliar la red de Metro, y en su lugar se colocó una placa conmemorativa.

La mayor novedad es que se imprimirá un carácter interactivo al memorial, con visualizaciones proyectadas mediante tecnología de última generación y una réplica a pequeña escala del cilindro que formó parte del memorial original. Este incluye, además, ladrillos antiguos de la estructura desmontada.

En un comunicado, la Consejería de Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid ha informado de que las futuras instalaciones ocuparán tres plantas, distribuidas entre áreas de exposiciones, salón de conferencias con equipamiento audiovisual y otras dos salas polivalentes. La planta primera tendrá una finalidad “eminentemente didáctica”, con biblioteca, sala inmersiva y área para talleres a disposición de todos los usuarios. A lo largo del año se programarán actividades para jóvenes, presentaciones, debates u otros encuentros.

Además, una cuarta planta dispondrá zonas de trabajo para las asociaciones de víctimas con presencia en la región. El recorrido, tal y como especifica el Gobierno regional, comenzará con un panel iluminado sobre la historia del terrorismo en España, que dará acceso al itinerario permanente. El espacio dedicado a las muestras temporales reunirá objetos personales cedidos por los familiares de las víctimas, entre ellos la batería del concejal Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA en 1997 y el monopatín del joven Ignacio Echeverría, asesinado en los atentados yihadistas de Londres de 2017.

La zona central del edificio contará con un conjunto de luminarias suspendidas del techo, distribuidas a lo largo de los tres niveles principales del Centro, en recuerdo de los fallecidos en atentados terroristas y un espacio polivalente acristalado equipado con una pantalla para la proyección de documentales y material de archivo que podrá acoger conferencias, presentaciones y otras actividades organizadas por la Comunidad de Madrid o por las asociaciones.

Esta historia comenzó el 10 de julio de 1997 y concluyó dos días después, el 12 de julio. La banda terrorista ETA secuestró en Ermua a un joven concejal de la localidad vizcaína, Miguel Ángel Blanco, y lanzó una amenaza: si el Gobierno entonces en manos de José María Aznar no acercaba a los presos de la banda a cárceles del País Vasco, Blanco sería asesinado. Y así ocurrió. Pasadas las 16.30 de aquel 12 de julio de hace 29 años el joven político apareció en Lasarte con dos disparos en la cabeza. Murió en unas horas.

Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo, el documental que Netflix estrena el próximo viernes, 10 de julio, narra esos dos días que revolucionaron a la sociedad vasca. Hubo muchos hitos, pero el principal fue la movilización ciudadana sin precedentes rogando e incluso suplicando a los terroristas que no mataran al edil del PP. Los manifestantes no consiguieron salvar la vida del concejal, pero sí lograron que empezara a remitir el miedo en el que quienes apoyaban a ETA habían inmerso a los vascos que no respaldaban la violencia durante 40 años.

Jon Sistiaga y Juanjo López, directores del documental, se pasaron por la redacción de elDiario.es para explicar su trabajo, que cuenta con numerosos testimonios, desde los amigos de Miguel Ángel Blanco y su hermana hasta Aznar; el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja; y el ahora rey, Felipe VI, que en 1997, cuando aún era príncipe, se desplazó hasta Ermua para solidarizarse con el pueblo.

Quería comenzar como empieza el documental: recuerdo perfectamente dónde estaba cuando murió Miguel Ángel. Yo tenía 12 años, estaba en la casa de mis aitonas en Oiartzun y recuerdo un grito terrible de mi amona. ¿Cómo creéis que nos ha marcado a las personas que vivimos ese momento y que nos acordamos de esto?

Jon Sistiaga: Ese grito de tu amona fue el de la mía, el de mi madre, el de todas las madres y el de todos los que tenemos un recuerdo y que estábamos allí. Fíjate que yo estaba allí y lo mío fue más una desolación de decir: “¡Joder, qué hijos de puta, se lo han cargado!”. Pero el resto de Euskadi creo que se acuerda perfectamente de dónde estaba en el arranque del secuestro y, sobre todo, en el final. Porque era una cuenta atrás y aunque era un sábado tórrido de julio, aunque estuvieras en la playa... Cuánta gente nos ha dicho: “Tengo la sensación de que la playa se quedó en silencio”. Hay muy pocas veces, quizá un 11M o un 11S, en que te acuerdas perfectamente de dónde estabas.

Juanjo López: Hay noticias que pasan durante esas 48 horas de las que te acuerdas perfectamente dónde estabas: el momento en el que le secuestran, hay gente que nos ha dicho era la primera manifestación a la que fue y otra, que se acordaba de las vigilias. Por un lado, estamos los que nos acordamos perfectamente y luego los que están con los ojos así como dos lavadoras vacías [hace el gesto] pensando: ¿pero esto pasó?

Sistiaga: Había gente que estaba viendo el Tour [de Francia] y escuchando la radio a la vez. Y no sé si ha vuelto a pasar, pero las televisiones, justo antes de las cuatro de la tarde, se fueron todas a negro durante un minuto con un cartel que decía: “Miguel Ángel, te esperamos”.

En cambio, tú, Jon, eras optimista. Pensabas que la movilización ciudadana vasca iba a tener algún tipo de reacción en ETA y no la tuvo.

Sistiaga: Todo el entorno abertzale y cercano a los colectivos de refugiados que yo controlaba era muy pesimista. Yo de alguna manera empezaba a ver que algo había cambiado en aquellas 48 horas y que ETA había cometido un fallo de estrategia como organización que se dedica a utilizar la violencia y no había medido el impacto emocional que estaba teniendo esa acción que ellos habían pensado como impactante para el Gobierno. Y se les estaba yendo de las manos. De alguna manera pensaba que incluso el propio comando tendría la autonomía necesaria como para decir: “Aunque no podemos contactar con la dirección, seguro que la dirección va a pensar que efectivamente no hay que hacerlo y le vamos a meter un tiro en la rodilla”.

Pero no, porque no era un comando que fuese a reflexionar, sino que en el documental se habla de que eran matones.

López: Cuando hemos hablado con las fuerzas de seguridad todos nos decían lo mismo, que la “mala suerte” es que [el secuestro de Blanco] recae en [Francisco Javier García Gaztelu] Txapote, que era un psicópata. Y era alguien que no se iba a dejar llevar por esa especie de corriente o presión de la gente que por primera vez dice “hasta aquí. Basta”. Sobre todo la gente de Euskadi, con Carlos Totorika a los mandos como alcalde de Ermua. Es la primera vez que dicen 'no, ya no vamos a callar, vamos a salir a la calle, vamos a presionar'. Pero es que cae en manos de uno de los peores.

Sistiaga: Todo era nuevo. En aquellas 48 improvisamos todos. Los periodistas, que muchos nos rompimos. Hubo periodistas que se pusieron a llorar en directo.

Es el caso de Verónica Elorza, de Televisión Española.

Sistiaga: Por ejemplo, pero muchos más, incluso los que llamamos plumillas [profesionales de los medios escritos], que no tenían una cámara que les estuviera mirando, y operadores de cámara que dejaron de grabar porque no podían más o que dejaron las cámaras y se pusieron de rodillas con las manos en la nuca también a gritar. Es decir, estábamos todos improvisando qué estaba ocurriendo. Entonces, elucubrar sobre si lo iban a hacer o no era lícito y lo podíamos hacer todos. Ya no hacía falta ser experto en ETA o del País Vasco, de la Gipuzkoa más o menos profunda. Todo podía ocurrir. Lo que no sabíamos es exactamente quién lo tenía. Porque si llega a caer en otro comando, a lo mejor sí que hubiera sido permeable a esa sensación.

No pretendo enmendar el titular del documental, pero decís que esas 48 horas lo cambiaron todo. Durante 15 años más, ETA estuvo matando. ¿Qué cambiaron esas 48 horas?

López: Cambian algo muy importante, que es que la sociedad vasca perdió el miedo.

Sistiaga: Se perdió el miedo y la sensación de que las cosas eran así y llevaban siendo así 40 años e íbamos a seguir pasándolo de esa manera. Se perdió la sensación de que la calle era solamente de una pequeña parte de los vascos que votaban a HB o que eran más afines a la violencia terrorista. Se aprendió a mirar a la gente a la cara y decirles: “Os estáis pasando, os habéis pasado tres pueblos”. Pero sobre todo se perdió el miedo dentro de la propia comunidad de votantes abertzales de poder decir: “Joder, nos estamos pasando”.

Está el ejemplo de Patxi Zabaleta, que es verdad que antes también se había pronunciado en contra de la violencia. El secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿fue el inicio del fin del terrorismo o fue quizás el principio de la deslegitimación de ETA?

Sistiaga: Ambas cosas son iguales. El principio del fin empieza por deslegitimar la violencia terrorista y, sobre todo, por quitar el miedo a poder decirlo en alto. Prácticamente un año después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ETA decreta una tregua porque tiene que repensarse a sí misma entera, porque sus propios cuadros dirigentes no acaban de valorar si lo que han hecho ha sido bueno o malo para los fines de la banda y porque su propio entorno de apoyo les está criticando. ¿ETA se podía haber acabado el año siguiente? Sí, si las negociaciones que se iniciaron en el año 1999 hubieran llegado a buen puerto. Al final, ETA decretó el fin de la tregua y se produjo una nueva oleada de atentados muy bestia. Pero al final era el canto del cisne, porque ya no tenían apoyo ni entre sus propias filas. Así que llamémosle el principio del fin aunque fue una lenta agonía y sesenta y tantos muertos. Sí. Llamémosle el inicio de la de la ofensiva ciudadana de poner pie en pared y decir: “ya está bien”. Los que éramos de allí pudimos mirar a la cara a alguna gente a la que antes no nos atrevíamos porque luego igual tenías una pintada o tenías que mirar debajo del coche y decirle: “ya está, se acabó”.

En aquellos días se produjeron algunos hitos: la movilización ciudadana, la presencia del ahora rey en Ermua o el momento en el que hay una manifestación frente a la sede de Herri Batasuna en la calle Urbieta de Donostia y los ertzainas se quitan el pasamontañas. No sé si fue un momento de euforia del que luego la gente quizá se pudo arrepentir porque el terrorismo siguió adelante o si la gente se sintió más segura a partir de ese momento.

López: El propio Imanol [uno de los ertzainas que aparece en el documental] dice: “En ese momento pensé que me iba a caer un paquete”.

Sistiaga: Sí, dice: “Me van a meter un expediente por quitarme el verduguillo”. ETA ya había matado a siete u ocho ertzainas y luego fueron asesinados unos cuantos más. Pero sí es de esos momentos que los que tienen una cierta edad recuerdan también perfectamente por la emocionalidad que se transmitió. Una policía vasca que está defendiendo la sede de los que apoyan a los que les asesinan. ¿Todo muy loco, no? Pero están cumpliendo su labor de policía del pueblo, que es defender a los que en ese momento están siendo acosados. ¿Cómo rompió ese momento de tensión que podía haber estallado de cualquier manera, quemando la sede abrasando a los de dentro, la Ertzaintza atacando a los manifestantes para tratar de pararlos? Quitándose el verduguillo y diciendo: “Voy a dar mi cara”. ¿Y qué ocurrió? Que hubo un momento de catarsis, que es uno de esos momentos que históricamente tiene una importancia y que luego ha trascendido porque logró parar a la masa.

Totorika puso a andar a los vecinos de Ermua.

López: Sí, a ver si les cansaba.

Sistiaga: Exacto.

Una compañera de Vocento, Lourdes Pérez, recuerda en el documental cómo en aquella época en Euskadi unos señalaban, los famosos chivatos, ETA ejecutaba y luego había quien lo justificaba y lo amparaba. ¿Qué ha sido de esa gente? ¿Creéis que han hecho el trabajo suficiente?

Sistiaga: Uno de los fines de este documental era no solo traer otra vez una historia que ocurrió hace 29 años y que se ha olvidado, sino volver a hacer recordar a generaciones que no lo vivieron que esta historia fue muy potente, ocurrió en un momento determinado y cambió muchas cosas, pero que también explica cómo somos ahora. Porque esta historia no se cuenta en los libros de la EBAU. Por primera vez en la PAU del País Vasco han entrado los años 80, los años de plomo, y estamos en el 2026. Es decir, no se cuenta nuestro pasado de acoso terrorista y creíamos que este documental iba a servir para explicar unas cuantas cosas. Pero también hay otro mensaje. Muchos se fueron de rositas y otros no han hecho el tránsito ético de decir: “Hostias, ¿cómo pude yo apoyar esto?” Tengo esa pequeña satisfacción de pensar que desde el sofá mucha gente que estaba en el lado equivocado en ese momento, con sus ideas políticas legítimas, pero que no era capaz de saltar ese silencio, de dejar de apoyar [la violencia] a través del partido que además sostenía a la organización terrorista, diga: “¡Joder, tío, que nos pasamos tres pueblos!”

Generar un poquito de incomodidad, ¿no?

Sistiaga: Mucha gente ha hecho el tránsito, pero algunos no. Todavía le falta a la dirección actual de Sortu decirlo de verdad: “Todo aquello fue una mierda, lo apoyamos y nos sentimos fatal. Lo sentimos”.

López: Es verdad que hemos estado con gente que sí ha hecho ese tránsito.

Sistiaga: Claro que los hay, hay muchos. Pero, a ver, que lo veas desde tu casa en Netflix, sepas que lo tiene todo el mundo y pensar: “Quería salir en una manifestación, pero yo no podía”.

López: O a lo mejor conseguimos que esa persona que esté al lado, que sea alguien joven, esté sentada con su ama o su aita y le diga: “¿Pero, y tú, dónde estabas?” Y se provoque una conversación que puede ser incómoda. Eso es lo que nos gusta de este documental.

En esas 48 horas, ¿hubo algún contacto entre el Gobierno de José María Aznar y ETA o el entorno de ETA para intentar parar el asesinato de Miguel Ángel Blanco?

Sistiaga: Se permitieron contactos indirectos. Una de las exclusivas del documental es que el Gobierno de José María Aznar estaba al tanto de que había algunas personas que intentaron acercarse a la organización terrorista ETA y que no actuaban en nombre del Gobierno, ni de parte del Gobierno, ni estaban autorizadas a hacer ninguna propuesta oficial por parte del Gobierno. Pero que si llegaban a buen puerto, pues estupendo, porque salvaban una vida. Es decir, el Gobierno lo tenía muy claro: no iba a negociar bajo chantaje con una organización terrorista. ¿Qué significa eso? Miguel Ángel Blanco Garrido está muerto. Ahora, si hay alguien que quiera hacer algo –el Papa, el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel que habla con Antxon en la República Dominicana– o si alguien tiene que entrar en una cárcel bueno, pues se hacía alguna gestión para que entre en la cárcel. Pero no es su gestión.

En Euskadi, la mayor parte de los jóvenes no saben muy bien qué ocurrió en los años del terrorismo según varias encuestas y muchos adultos han tirado para adelante y quizás esto lo han aparcado. ¿Es una manera de supervivencia?

Sistiaga: Es una manera de supervivencia sobre todo para aquellos que estaban en el lado oscuro. Pero sí es verdad que en Euskadi desde hace años se ha instalado una especie de dulce amnesia que es beneficiosa para todo el mundo, porque pasas página enseguida, porque los que no podían salir a potear por 'lo viejo' porque llevaban escolta desde hacía 15 o 20 años, pueden ir a tomar algo, porque los que siempre votaron por opciones no nacionalistas sienten que ha llegado su momento de poder salir a la calle tranquilamente. Pero sobre todo para que aquellos que sí que apoyaron la violencia esa dulce amnesia de todos, hace que puedan seguir saliendo a la calle sin que le digas: “tío, pide perdón, macho, que me pusiste una pintada en la puerta hace 20 años y que eso significaba el inicio de una estigmatización que menos mal que acabasteis con todo, pero podía luego acabar en un bombazo”. Esa dulce amnesia que se ha instalado en toda la comunidad hace que los padres no le hayan contado nada a sus hijos, ni los más abertzales, ni los más proetarras, ni los menos nacionalistas. Nadie ha hablado.

¿Y creéis que es un riesgo el hecho de que no se haya hablado?

Sistiaga: Claro. Este documental es porque existe ese riesgo. La ventaja de contarlo en una plataforma como Netflix es que llegas a todo dios, pero además lo contamos casi en un formato thriller. Así que las nuevas generaciones que tienen esa visión tan sincopada de ver las cosas, que digan: “uy, me quedo a ver qué está pasando, a ver si es un thriller vertiginoso”.

Dentro de la moda del true crime.

Sistiaga: Sí, pero en serio. O sea, sin florituras, sin dramatizaciones que no existen ni nada. Te vamos a contar todo porque es que además pasó en 48 horas. Solo tengo que empezar desde el principio y hacer la cuenta atrás.

López: Claro que es peligroso que esto no se sepa. Creo que es necesario saberlo. Y, de hecho, la forma de contarlo ha sido muy desde la piel.

Según un último estudio, un 60% de los jóvenes vascos no recordaba el nombre de una sola víctima de ETA y más de la mitad no había escuchado nunca el testimonio de una de ellas.

Sistiaga: ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué nos está pasando como país? No solo a Euskadi, sino también al resto del Estado. ¿Cómo es que no sabemos nuestra historia reciente? ¿Sabemos cuántos goles ha metido Messi en un Mundial y no sabemos cuántas víctimas ha habido en este país por violencia terrorista? Algo estamos haciendo mal. Por mucho que vengan en el temario, al final en los colegios no se llega nunca a la Transición, los años de plomo, los atentados de ETA o el cese de la violencia terrorista. Y de estos polvos vienen algunos lodos.

Unos lodos son, por ejemplo, que en la sede del Parlamento se siga utilizando a ETA como arma para atacar al adversario.

Sistiaga: Es escandaloso que se siga hablando de ETA para atacar al adversario político. ETA dejó de matar hace 15 años y se disolvió hace 8. Y no existe gracias a la enorme labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que acabaron con esa organización terrorista y a que la sociedad hizo frente a los que apoyaban a los terroristas. Este documental enseña que ETA empezó a desaparecer en 1997 y desapareció por completo hace ya casi diez años.

Entrevista completa a Jon Sistiaga y Juanjo López:

Vídeo: Alejandro Corral

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas celebraron este 19 de junio las I Jornadas sobre Terrorismo en Canarias: Terrorismo Global y Radicalización, un espacio de encuentro, reflexión y sensibilización que reunió a profesionales, estudiantes y ciudadanía interesada en comprender el impacto del terrorismo desde una perspectiva histórica, social, jurídica y humana. 

La jornada, celebrada en las instalaciones de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, abordó diferentes aspectos relacionados con el fenómeno del terrorismo, su evolución a lo largo del tiempo y los retos que continúa planteando en la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. 

Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la participación de víctimas del terrorismo, quienes compartieron sus experiencias personales y trasladaron a los asistentes el impacto que estos hechos han tenido en sus vidas y en las de sus familias. Sus testimonios pusieron de manifiesto la importancia de preservar la memoria, reconocer a las víctimas y promover una sociedad comprometida con la convivencia y el respeto a los valores democráticos. 

A lo largo de las distintas ponencias también se analizó el contexto histórico del terrorismo en España, así como su evolución y transformación en otros países, permitiendo a los asistentes comprender mejor la complejidad de un fenómeno que continúa siendo objeto de estudio y reflexión. 

Asimismo, expertos del ámbito jurídico abordaron los avances logrados en materia de reconocimiento y protección de las víctimas, al tiempo que señalaron algunos de los desafíos que aún persisten para garantizar una atención integral y una adecuada reparación a las personas afectadas y sus familias. 

Estas primeras jornadas nacen con el objetivo de fomentar el conocimiento, la sensibilización y la reflexión colectiva sobre las consecuencias del terrorismo, destacando la importancia de la memoria, la prevención y el compromiso social como herramientas fundamentales para construir una sociedad más consciente y comprometida frente a cualquier forma de violencia y radicalización. 

La Asociación Víctimas del Terrorismo y el Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas han valorado muy positivamente el desarrollo de esta primera edición, que ha permitido generar un espacio de diálogo y aprendizaje en torno a una realidad que ha marcado profundamente la historia reciente de nuestro país.

La Justicia ha absuelto al acusado de vandalizar con pintura negra y embadurnar de heces la tumba de Fernando Buesa, político del PSE-EE asesinado por ETA en el año 2000. La sentencia de la plaza 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vitoria, firmada por el magistrado Roberto Ramos, recoge que ha quedado acreditado que junto al panteón se encontró “un trozo de una bolsa de plástico blanco en la cual fueron localizadas sendas huellas correspondientes a los dedos pulgares de ambas manos del acusado”. El acusado alegó, sin embargo, que regenta una tienda en la que se ofrecen bolsas de ese tipo con los productos y que por ello podían encontrarse sus huellas dactilares. La sentencia suscribe la tesis de que esta prueba no resulta “suficiente como para fundar o basar” en ella una condena. “Tal versión exculpatoria o alternativa [ofrecida por el acusado] no resulta del todo extraña, descabellada, inverosímil o increíble”, recoge.

El mausoleo de la familia de la esposa de Fernando Buesa, en el que está enterrado también el que fuera vicelehendakari y dirigente del PSE-EE, se encuentra en el cementerio de Santa Isabel. En apenas 24 horas, entre el 4 y el 5 de octubre de 2023, hubo dos ataques contra su memoria. Primero, el monolito que recuerda tanto a él como a su escolta —Jorge Díez, asesinado en el mismo atentado— apareció pintado de negro. Poco después, se produjo el ataque con pintura y heces, que acarreó contundentes mensajes de repulsa de las principales autoridades vascas, incluido el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu. “Este nuevo ataque a la tumba me ha golpeado muy adentro. Respiro mi dolor y me repito: que el hielo no penetre en mi corazón, que nunca deje de sentir ni pierda la sensibilidad ante el dolor ajeno. Seguiré cultivando semillas de amor y compasión frente al odio y la barbarie”, escribió entonces Sara Buesa, hija del político asesinado.

La sentencia, fechada este lunes, sostiene que la versión del acusado ahora absuelto concordaba con “el hecho común de que la persona que regenta una tienda o comercio proceda a abrir una bolsa para introducir en su interior el producto comprado por el cliente, para lo cual el dependiente de forma usual introduce sus manos o alguno de sus dedos en la bolsa para abrirla y tener fácil acceso a su interior (ya que las bolsas habitualmente están pegadas y muy juntas)”. “Y la versión ofrecida por el acusado resulta suficiente como para contradecir la versión incriminatoria que se realiza contra él”, abunda.

El magistrado recrimina a la Policía local, que fue la encargada de confeccionar el atestado, que no practicase una prueba de ADN a las heces, lo que, considera, habría resultado “muy útil, claramente concluyente y esclarecedor sobre la autoría de los hechos”. El agente municipal alegó que le constaba que la Policía científica no analiza heces y que estas habitualmente no contienen manterial genético que permita cincelar un perfil. “Más allá de la experiencia que pudiera tener dicho agente en supuestos similares, creo que es más que dudoso desde un punto de vista científico o técnico que no se pueda obtener un perfil genético o una muestra de ADN de restos de heces”, le reprocha el juez.

Tanto la Fundación Fernando Buesa Blanco, que honra la memoria del político asesinado, como el Ayuntamiento de Vitoria ejercían la acusación particular. Contra la sentencia cabe la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava.

Pasadas las ocho y media de la mañana del 24 de mayo de 2001, Santiago Oleaga se encontraba en la Fundación Matia, ubicado en el barrio El Antiguo de Donostia, para continuar con la rehabilitación de una lesión de hombro causada por su afición a la pala. Mientras, miembros de ETA le esperaban en las inmediaciones del centro médico. Al identificar a Oleaga descendiendo de su coche, los terroristas no dudaron en disparar siete tiros por la espalda que acabaron con la vida de Oleaga. Así fue como hace 25 años el director financiero 'El Diario Vasco' fue asesinado por ETA.

Oleaga, nacido en Durango en 1947, trabajaba como director financiero de El Diario Vasco cuando fue asesinado. Estaba casado con Amaia Guridi y tenían dos hijos. Durante el homenaje celebrado este viernes en la sede de periódico, el presidente del grupo editor, José María Bergareche, le ha definido conmovedoramente como “un hombre íntegro” y “bueno”. A su vez, el director, David Taberna, recordaba que, después de su familia, “su prioridad era el periódico”.

La organización terrorista había puesto fin al alto el fuego en el año 2000. En aquellos meses, los periodistas se convirtieron también en uno de sus objetivos. Apenas diez días antes del asesinato de Oleaga, el periodista Gorka Landaburu había resultado gravemente herido tras abrir un paquete bomba enviado por la organización a su domicilio en Zarautz. Bergareche cataloga a su difunto colega como “la dignidad de quienes decidieron no callar”, aunque la propia víctima, según recoge la ficha Covite, no se consideraba objetivo de ETA. Tras el atentado de Oleaga, Covite relata en su ficha que los asesinos huyeron en un coche cargado de explosivos que abandonaron posteriormente en el barrio de Aiete. El vehículo estalló en una zona residencial y pudo haber causado una matanza mayor.

Con motivo del 25 aniversario del asesinato, 'El Diario Vasco' ha celebrado este viernes la primera edición del Premio Santiago Oleaga, un galardón anual a partir de ahora destinado a reconocer a periodistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la libertad de información. Este primer premio fue entregado a la periodista colombiana Jineth Bedoya, secuestrada, torturada y violada en el año 2000 mientras realizaba un trabajo periodístico en el contexto del conflicto armado colombiano.

Durante el acto del aniversario del atentado, Taberna ha defendido la necesidad de que el periódico asumiera en esta ocasión el relato del recuerdo. Ha explicado que no querían seguir pidiendo a la familia, especialmente a la viuda, que compartiera su dolor públicamente, y subrayó el papel del periodismo en los años de violencia en Euskadi, cuando “las crónicas y las imágenes” eran la voz de una sociedad sometida al miedo. Los medios son como “voz de la ética y la razón” frente a la violencia, reivindicaba Taberna, y ha alertado de que hoy ese compromiso sigue siendo necesario ante la polarización y la desinformación. Por su parte, el presidente de la cabecera de Vocento, José María Bergareche, ha enmarcado el asesinato de Oleaga en la historia de una Euskadi marcada por décadas de violencia. “Hubo un tiempo en el que discrepar podía costar la vida”, ha apuntado.

El Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón, el PP y familiares y amigos de Manuel Giménez Abad, presidente del PP Aragón y senador asesinado por la banda terrorista en 2001, hoy hace 25 años, le han rendido un homenaje realizando una ofrenda floral en el lugar donde falleció, junto al número 9 de la calle Cortes de Aragón, en el centro de Zaragoza. “La democracia es frágil y las víctimas nos recuerdan que no la tenemos garantizada”, ha afirmado su hijo mayor, Manuel Giménez Larraz.

En la tarde del 6 de mayo de 2001, Manuel Giménez Abad caminaba por la calle de Cortes de Aragón acompañado de su hijo Borja para asistir en La Romareda al Real Zaragoza-Numancia. El terrorista de ETA Mikel Carrera Sarobe, quien en 2023 fue condenado a 30 años de prisión por estos hechos, le asesinó a tiros.

La viuda de Giménez Abad, Ana Larraz, y sus hijos, Manuel y Borja Giménez Larraz, acompañados de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, junto con el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, la secretaria general del PP regional, Ana Alós, y otros miembros del PP autonómico, han depositado un centro de flores, junto con dos velas encendidas sobre la placa que recuerda dónde fue asesinado el político aragonés.

Entre otros, han estado presentes la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; el vicepresidente primero del Parlamento, Fernando Ledesma; el secretario primero, Gerardo Oliván; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la portavoz parlamentaria del PP, Ana Marín, y diputados de este partido, como Elena Allué y José Luis Bancalero Flores, entre otros.

“Nuestros derechos y libertades tiene que ser defendidos a diario”, ha realzado Manuel Giménez Larraz, observando que “la Historia no es un proceso únicamente ascendente en materia de progreso, de tolerancia, de democracia e, incluso, de compasión”.

“Un ejercicio de memoria”

“Hoy hacemos un ejercicio de memoria, 25 años después de que, aquí mismo, unos asesinos acabaran con la vida de mi padre”, ha explicado Manuel Giménez Larraz a los medios de comunicación, para dejar claro que “la memoria de las víctimas del terrorismo sigue siendo más pertinente que nunca, más necesaria que nunca también”.

Ha argumentado que todavía hay 300 crímenes de ETA sin resolver: “300 familias rotas que están esperando que, en algún momento, se les resarza jurídica y penalmente de una pérdida que cambió su vida para siempre”, ha señalado, y ha añadido que “renunciaron a la violencia y el Estado les tiene que resarcir”.

El acto de hoy “es un ejercicio de memoria pública necesaria porque es conveniente recordar que a mi padre no lo asesinaron por ser un tipo estupendo, por ser un padre fantástico”, sino que “lo asesinaron por representarnos a todos los ciudadanos, por representar nuestros derechos y libertades, y eso no se puede olvidar”.

También ha mostrado su confianza en el valor de las víctimas del terrorismo y “del proceso histórico que condujo a acabar con ETA” porque “a veces es bueno recordar que en España eso ha sido una excepción de la que podemos sentirnos orgullosos” ya que “ni Francia, ni Israel, ni el Reino Unido, ni Alemania en su momento mantuvieron ante la amenaza terrorista la misma firmeza de convicciones y el mismo respeto a su Estado de Derecho que nuestra democracia”. “El recuerdo de las víctimas nos recuerda precisamente esto, lo largo que ha sido el camino para sentar la democracia que todos podemos disfrutar”.

“Un hombre bueno”

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, ha señalado que la banda terrorista ETA “asesinó a un hombre bueno, a un padre de familia, a un político que encarnaba los valores más importantes de nuestra democracia, además de una forma firme y moderada, pero contundente”.

“Fue por ello por lo que lo asesinaron, porque representaba lo mejor de nuestra sociedad, la defensa de la libertad, de la justicia, de la dignidad y de la igualdad”, ha continuado Ana Alós, añadiendo: “Acabaron con su vida, pero no consiguieron acabar con lo que representaba, con la defensa de esos valores que 25 años después venimos hoy también aquí a recordar”. “El Partido Popular de Aragón, cada año, durante estos 25 años, hemos venido aquí a honrar su memoria y a recordar su vida y todo aquello que defendió”, ha enfatizado.

Alós ha proseguido afirmando que “a día de hoy, lamentablemente, es más importante que nunca seguir defendiendo esos valores, en un momento en el que estamos viendo que se está mancillando la memoria de las víctimas, cuando estamos viendo cómo se está excarcelando terroristas asesinos a cambio de votos”.

Cosme Delclaux, abogado que fue secuestrado por ETA en 1996 y pasó 232 días en un minúsculo zulo hasta su liberación, ha fallecido este sábado en Bilbao. Apareció maniatado a un árbol el mismo día que la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara de otro secuestro también ejecutado por la banda terrorista.

Años después del secuestro, en una declaración ante la Audiencia Nacional, Delclaux relató, según recogió Europa Press entonces, que un hombre lo abordó con un arma y lo introdujo en un coche con otros desconocidos. Poco después, y tras inyectarle un calmante, lo cambiaron al maletero de otro coche, del que salió para acabar en el zulo en el que estuvo secuestrado durante ocho meses.

Las dimensiones del zulo no superaban los 90 centímetros de ancho por 3 de largo, con una altura de apenas 1,94 metros. “Todos los días eran iguales. Me apagaban la bombilla para dormir, a la mañana me despertaban y me daban una taza de algo y galletas. Luego abrían la puerta e introducían un ventilador y me daban un pitillo. Después me metían una palangana y un poco de jabón y, cuando tocaba, me abrían y fumaba otro pitillo”, rememoraba.

El padre del secuestrado, Álvaro Delclaux, también compareció ante la Audiencia Nacional y confesó que, a través de otro de sus hijos, pagó un rescate, abonando a la banda terrorista un total de mil millones de pesetas. “Pagué. ¿Qué quería que hiciese?”, le preguntó al fiscal, después de aseverar que la banda le había remitido unas cartas en las que amenazaba con ejecutar a su hijo en caso de que no hiciese entrega del dinero requerido.

El de Delclaux fue uno de los secuestros de mayor duración de entre los ejecutados por ETA. Lo superan, sin embargo, otros tres: según datos del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara estuvo secuestrado (también en 1996) durante 532 días antes de su liberación; el empresario José María Aldaya (en 1995), 342, y Emiliano Revilla (en 1998), 249. ETA exigía el acercamiento a cárceles vascas de los presos de la banda. En una fotografía remitida durante el secuestro al diario 'Egin', se puede ver a Delclaux sujetando un periódico con un titular que reza “El acercamiento [de presos] fue rechazado por UPN y PSN”.

Declaux fue liberado el 1 de julio de 1997. Apareció maniatado a un árbol, en un paraje del municipio vizcaíno de Elorrio. Ese mismo día, unas pocas horas después, la Guardia Civil liberó a Ortega Lara.

La familia de José Miguel Etxeberria Álvarez, 'Naparra', miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) desparecido el 11 de junio de 1980, ha exigido al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que retire las referencias a él de una exposición temporal en su sede. El Memorial inauguró el pasado martes la exposición 'Ausencias presentes. Desaparecidos por terrorismo en España', que recuerda a las seis víctimas del terrorismo en España cuyos cuerpos nunca fueron hallados, entre ellos el de Etxeberria.

Según se recuerda en la exposición, los Comandos Autónomos sostuvieron que fueron miembros de ETA los que le hicieron desaparecer por una disputa sobre un traficante de armas que ambas organizaciones compartían, pero fue el Batallón Vasco Español (BVE) en varias llamadas a periódicos el que reivindicó el crimen, algo que también se apunta en la muestra del Memorial. En el panel correspondiente se explica que las investigaciones policiales y judiciales llevadas a cabo “no permiten señalar de manera concluyente ninguna de las versiones como probada”, según recoge Efe.

En una comparecencia ante los medios de comunicación este viernes en Vitoria, Eneko Etxebarria, hermano de 'Naparra', ha acusado al Memorial de intentar generar confusión, cuando debería ser garante del “rigor histórico”. Ha recordado que el BVE reivindicó hasta en tres ocasiones el secuestro y asesinato de su hermano y el Memorial apunta como “hipótesis principal” la autoría de ETA, cuando “no hay ningún soporte” para mantenerla. Ha señalado que esto supone una “revictimización” para la familia, con un relato que intenta tapar la “violencia del Estado contra miles de víctimas que nunca van a tener sitio en ese Memorial, y si lo tuvieran estaría manipulado”.

El hermano de 'Naparra' ha asegurado que desde un primer momento pidieron que no se incluyera este caso en la exposición y ha instado la “retirada inmediata” de los contenidos que hacen referencia a su caso y una “rectificación pública”. Se ha preguntado por qué el Estado no ha reconocido a Etxebarria como víctima del terrorismo, algo que su familia solicitó en dos ocasiones, si la autoría de su desaparición hubiera sido de ETA y ha pedido al Ministerio del Interior que desclasifique los documentos que haya sobre el caso.

El Memorial, también según Efe, ha asegurado que la información es “ajustada a lo que se conoce del mismo, sin descartar ninguna de las hipótesis posibles”, por lo que considera que “no procede retirar” el panel. “Al igual que la historia de las otras víctimas recogidas en la muestra, se trata de un caso histórico de interés general y su inclusión en la exposición busca recordar la injusticia cometida con estas personas, con independencia de los grupos terrorista que perpetraran los asesinatos e hicieran desaparecer a sus víctimas”, argumenta.

“Derecho a la memoria”

El hermano de 'Naparra' ha explicado que el comité de la ONU contra las desapariciones forzadas asumió en 2014 la autoría del BVE de la desaparición de 'Naparra' y ha reclamado el “derecho a la memoria” para la víctima y su familia. Eneko Etxebarria ha recordado que la familia está a la espera de que el Gobierno Vasco responda a su petición hecha en 2021 para que se reconozca a su hermano en el marco de la ley de víctimas policiales, y que el Gobierno de Navarra tiene “paralizado” el expediente correspondiente porque la ley de víctimas de violencia política no contempla los casos cuya vía judicial no esté totalmente agotada.

A este respecto, ha considerado que esa vía está cerrada después de que el juez Ismael Moreno archivara el caso en 2004 al considerar que no existían indicios de que se hubiera producido una desaparción forzada, algo que solo se podría revertir si se desclasifican los documentos secretos sobre el caso.

La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo han desarrollado una web (victimaseducadoras.es) sobre víctimas del terrorismo de ETA, del yihadismo, de la extrema derecha, de los GAL y de los GRAPO, un espacio interactivo que recoge las preguntas que habitualmente plantean los jóvenes tras escuchar los testimonios de damnificados por el terrorismo que participan en programas educativos, junto con las respuestas que 23 de estas personas ofrecen a partir de sus propias vivencias.

En España, más de un centenar de víctimas participan en encuentros en institutos y universidades para compartir su experiencia, según han recordado durante su presentación el responsable del área de Educación y Exposiciones del Memorial, Raúl López Romo, el responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, Eduardo Mateo, y Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, quien participa en el proyecto a través de su testimonio.

El proyecto de esta web, que se pondrá a disposición de la comunidad educativa y de toda la ciudadanía, reúne los testimonios de 23 personas afectadas por ETA, el terrorismo yihadista, el de la extrema derecha, los GAL y los GRAPO. Las grabaciones se realizaron durante coloquios con alumnado desde 2023 hasta la actualidad. La web permite buscar las preguntas más habituales que los jóvenes plantean a los afectados por terrorismo, ya sea por víctima o por temática. Se han identificado 29 temas recurrentes y, en total, la plataforma recoge 234 preguntas con sus correspondientes respuestas, según recoge Europa Press.

Las cuestiones más frecuentes abordan aspectos personales —como el impacto de los atentados en la familia y el entorno cercano o los sentimientos de las víctimas—, así como temas más generales, entre ellas, la justicia, el odio o el perdón. Se trata de una muestra amplia y representativa de víctimas con experiencia en el ámbito educativo en España. Cada víctima cuenta su historia, aunque todas coinciden en su “rechazo al odio y a la venganza”.

Han tomado parte en calidad de víctimas educadoras Alberto Muñagorri, Albino Machado, Ana Aizpiri, Ángel Altuna, Antonio Utrera, Asun Olaeta, Aurora Intxausti, Begoña Elorza, Esther Sáez, Iñigo Pascual, José Aguilar, Joseba Abaitua, Josu Elespe, Juan Carlos Cuervo, Koldo San Martín, Lourdes Legasa, Maider García, Manuel López Represa, Marina Irigoyen Caballero, Marta Buesa, Naiara Zamarreño, Sara Buesa y Teo Uriarte.

Según ha explicado Eduardo Mateo, “es un proyecto abierto donde se pueden incorporar más testimonios en el futuro”; mientras que para Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, el dirigente socialista vasco asesinado por ETA en 2000, su participación en esta web es para “compartir la historia de mi vida, algo que me remueve y un legado para las nuevas generaciones y que sirve para deslegitimar la violencia y el terrorismo”. A su juicio, “es importante nombrar lo innombrable: el miedo, la pérdida y el vacío”. “Hablar del trauma y el proceso de curación, es un granito de arena, pero muy real”, ha añadido para agradecer “cómo los chavales nos escuchan sin prejuicios y conectan con el dolor”.

La Fundación Fernando Buesa y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo consideran que impulsar iniciativas como esta web “resulta fundamental para deslegitimar la violencia política, preservar la memoria de nuestro pasado reciente y formar ciudadanos críticos y comprometidos con los valores democráticos”.

El concejal de Vox en Santoña, Salvador Sarabia, ha presentado una moción para que el monumento en honor a Luis Carrero Blanco, erigido en el Paseo Marítimo, sea declarado bien de interés cultural (BIC) para protegerlo por considerar su “gran valor arquitectónico”. Según ha explicado Sarabia en un vídeo publicado en las redes sociales de Vox Santoña, el objetivo es que “no se mueva alguna piedra” por ser, según Vox, “un monumento de primera línea que tenemos que proteger cueste lo que cueste”, pese

Este es un paso más, después de que el Ayuntamiento de Santoña recurriese recientemente a la reciente normativa autonómica y, amparándose en una Ley de Víctimas del Terrorismo de Cantabria, para que el Gobierno de Cantabria reconociese a Carrero Blanco como víctima. Sin embargo, el gobierno autonómico instó al consistorio a dirigirse a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, por carecer de competencias.

En 2025, la Fiscalía de Memoria Democrática de Cantabria pidió información a una quincena de ayuntamientos de la comunidad que con monumentos o calles que honrasen a la Falange o a figuras relacionadas con la Guerra Civil que les facilitase información porque éstas irían en contra de la Ley de Memoria Democrática.

El concejal de Vox, por su parte, ha argumentado que, más allá de la interpretación que se le pueda dar a la Ley de Memoria Democrática, Carrero Blanco, nacido en Santoña, “debe ser considerado como víctima del terrorismo” al haber sido asesinado por ETA cuando fue presidente del Gobierno durante la dictadura de Franco. Por ello, pretende que el Parlamento autonómico inste a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para que el monumento sea declarado BIC. Con ese objetivo, Vox Santoña ha registrado primero una moción este miércoles en el Ayuntamiento de Santoña en la que expone la autoría y las características del monumento.

“El monumento, por su gran valor arquitectónico supera con creces la dimensión local por lo que entendemos que debe ser declarado BIC, para lo cual entendemos bueno, oportuno y necesario que la entidad que promueva dicha declaración sea el máximo órgano de representación popular de la Comunidad Autónoma de Cantabria, esto es, el Parlamento de Cantabria”, ha alegado Sarabia.

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al preso de ETA Jon Bienzobas, condenado entre otros atentados por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996. Las asociaciones de víctimas Covite y AVT han confirmado la concesión del tercer grado a Bienzobas, a quien le queda menos de un año para liquidar sus penas, que suman cientos de años de prisión.

Según ha indicado Covite en un comunicado, el Departamento de Justicia ha concedido a Bienzobas el tercer grado en virtud del artículo 83 del reglamento penitenciario, en atención a su buena conducta en la cárcel, a que dispone de una oferta de trabajo y a que ha escrito una carta en la que expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz, según recoge Efe.

Jon Bienzobas Arretxe, 'Karaka', (Bilbao, 1969), quien cumple sus condenas en la prisión alavesa de Zaballa, acumula penas que suman los 266 años de prisión por varios atentados. Entre las penas impuestas figura una condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, cometido el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid.

También fue condenado a otros 30 años de prisión por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, cometido el 10 de junio de 1990 en Getxo (Bizkaia), donde la víctima recibió varios disparos mientras desayunaba en una cafetería. Bienzobas fue arrestado el 30 de noviembre de 1999 en Pau (Francia), país en el que fue condenado a 18 años de cárcel por el robo de dinamita cometido en Plévin.

Covite ha tachado de “fraudulenta” la concesión de este tercer grado, ya que “lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene que dar por buenas, y menos aún las víctimas”. “Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad”, ha denunciado la presidenta de Covite.

Ha recordado que una sentencia de la Audiencia Nacional de 2023 relativa a Xabier Atristain estableció que estas cartas no tienen validez si no van acompañadas de “signos inequívocos de desvinculación” del terrorismo. Además Covite ha denunciado que el 90 % de los terceros grados concedidos a etarras se están ejecutando en la modalidad del artículo 86, “un régimen más parecido a la semilibertad”, ya que permite permanecer en el exterior de la prisión con una pulsera telemática.

“El Gobierno Vasco nos notifica una cosa, pero luego no nos informa de que en la mayoría de los casos esos terceros grados pasan a ejecutarse a través del artículo 86. Estamos ante un engaño intolerable. Hemos exigido al Gobierno Vasco que nos notifiquen el momento en que se produzca el cambio de modalidad del artículo 83 al artículo 86”, ha denunciado Ordóñez. La presidenta de Covite ha señalado también a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en muchos caos está otorgando validez a los terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco en lugar de recurrirlos.

La Comunidad de Madrid ha organizado una serie de charlas sobre terrorismo en distintos colegios mayores universitarios bajo el título 'Tu historia, mi memoria', donde participarán víctimas de ETA “para dar a conocer la historia reciente de España”. Según ha publicado El País, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, aseguró durante su intervención en este ciclo que el terrorismo “es un asunto de plena actualidad”, a pesar de los que se esfuerzan “por bloquearlo, e incluso negarlo, con el único objetivo de seducir a aquellos que antes ponían bombas y ahora ponen su voto para condicionar la gobernabilidad de España”.

Estas conferencias se celebrarán hasta el mes de octubre en 13 centros de la comunidad, en colaboración con la Asociación de Colegios Mayores. En la misma presentación del programa participaron cuatro mujeres cercanas a alguna víctima del terrorismo de ETA, y compartieron su experiencia, además de recordar a sus seres queridos: María San Gil, expresidenta del PP del País Vasco y compañera de Gregorio Ordóñez, que fue asesinado en su presencia; Claudia Múgica, perteneciente a la asociación Ego Non y nieta del exdirigente del PSE-EE en Gipuzkoa Fernando Múgica; la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, y la representante de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta, que perdieron a sus padres.

María San Gil afirmó que “es un proyecto político que sigue vivo”, además de añadir que Sortu y Bildu tienen “un líder político que es Arnaldo Otegi, que estuvo condenado por apología del terrorismo, que estuvo en la cárcel y que no se ha arrepentido de su pasado terrorista”. Según el mismo diario, San Gil comparaba el terrorismo en España con la Alemania de Hitler: “En la Alemania nazi hubo un juicio, el de Núremberg, y aquí no hemos juzgado el proyecto político por el que se ha asesinado a 853 personas”.

Maite Araluce acusó al Gobierno de “facilitar la vida de los terroristas” haciendo referencia a la salida de prisión de la exdirigente de ETA, Soledad Iparragirre (alias Anboto) cuando accedió al régimen de semilibertad después de ser condenada a 800 años de cárcel acusada de 14 asesinatos, mientras a las víctimas de terrorismo “nos machacan”. Por su parte, San Gil insistía en que ETA “sigue influyendo” en la política española, como también hizo durante su actividad, porque “no hemos derrotado a ETA”: “ETA no es una historia del pasado, ETA es una historia del presente, y si no lo hacemos bien, será una historia del futuro”.

Según relata El País, la expresidenta del PP del País Vasco opina que los jóvenes recogen un legado que debe cambiar “con los siguientes gobiernos”, e insistió en su apoyo a partidos como PP y Vox, puesto que “ambos han entendido muy bien lo que las víctimas piden”.

Asociaciones como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) han rechazado las palabras de San Gil en declaraciones a El País. “Cuando se mete la política por medio no solo pervierten nuestra causa, sino que atacan nuestra dignidad”, han respondido desde la asociación. Covite, presidido por Consuelo Ordóñez, cree que en estas charlas organizadas por la Comunidad de Madrid “lo que menos les importa” son las víctimas: “Van a lo que van, a tratarnos como mercancía política”, a lo que añadió: “Exigimos respeto”.

No es la primera vez que Covite se expresa en estos términos. En 2013, exigieron al Gobierno de Mariano Rajoy “que cesara en su empeño de instrumentalizar a las víctimas para disimular su parte de responsabilidad en la decisión de Estrasburgo”, y criticaron la actitud de los políticos españoles: “Todos los gobiernos que hemos tenido en este país tienen mucho que callar. Hoy lo que vivimos es un final de ETA negociado. Es indecente que con dinero público se esté financiando este programa y que San Gil se dedique a pedir el voto a dos partidos, PP y Vox, porque eso es lo que está haciendo”.

La exjefa de ETA María Soledad Iparraguire, 'Anboto', ha salido este martes pasadas las 10:00 horas de la cárcel de Martutene de Donostia en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir. Iparraguirre ha salido al exterior de la cárcel donostiarra, donde le aguardaba una decena de personas que se han puesto delante de ella para tratar de evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación.

Ataviada con unas gafas de sol oscuras, una cazadora verde y unos vaqueros, la exdirigente de ETA se ha abrazado con algunas de las personas que se encontraban en el exterior tras lo cual se ha subido a un coche y ha abandonado el lugar. El Gobierno vasco ha concedido a la exdirigente de ETA una flexibilización del segundo grado que permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir durante estos días, según recoge Efe.

Para su concesión el recluso debe entregar un “plan de ejecución”, en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha considerado “escandaloso e injustificable” la concesión de este régimen de semilibertad a una exjefa de ETA que, según denuncia, cuenta con un “historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos”. El mismo régimen de semilibertad en aplicación de dicho artículo fue concedido recientemente, en febrero, al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', lo que también provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha subrayado este martes que la salida de 'Anboto' de prisión entre semana “no supone ni tercer grado ni cumplimiento definitivo de la condena”. “Entendemos que cause dolor, por supuesto”, ha concedido, pero ha insistido en que el Gobierno vasco “no ha adoptado una medida discrecional”, sino que es la aplicación del 100.2.

María Soledad Iparraguirre nació en Eskoriatza (Gipuzkoa) en 1961. En octubre de 2004 fue detenida en Francia junto al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, 'Antza', en una casa de Salies-de-Béarn en la que ambos vivían desde hacía años junto a su hijo. En el momento de su detención Iparraguirre era supuestamente la encargada de dirigir el aparato de extorsión de la banda terrorista. En 2018 fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea, alias 'Ternera', de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista.

El 20 de marzo de 2001, hace ahora un cuarto de siglo, la banda terrorista ETA asesinó a Froilán Elespe, concejal del PSE-EE en Lasarte-Oria, donde se desempeñaba como primer teniente de alcalde. Fue el primer concejal socialista que murió a manos de la organización terrorista, aunque antes había habido otros asesinatos, como el del exvicelehendakari Fernando Buesa o el exministro Ernest Lluch, ambos en 2000.

Elespe, que tenía 54 años, militaba tanto en el PSOE como en UGT. Estaba casado y tenía dos hijos. Solía acercarse a un céntrico bar de la localidad. Aquel 20 de marzo de hace 25 años, un terrorista de ETA se le acercó por la espalda a rostro descubierto y le descerrajó dos tiros. Otro terrorista esperaba fuera a su compañero.

Elespe había renunciado a portar escolta. “El día del atentado la Ertzaintza dejó un mensaje en el contestador. Decía que la próxima escolta disponible era para él”, relataba años después Josu Elespe, uno de sus hijos, en una entrevista concedida a 'El Correo'. “Creo que mi aita vivía sin temor, pensaba que ETA no le iba a imponer el miedo. De hecho, el sábado anterior al atentado entramos a un bar a ver un partido de la Real [Sociedad], su gran pasión, y se puso de espaldas a la puerta. No le vi ninguna preocupación”, añadía su hijo.

Apenas un mes antes, el 22 de febrero, ETA había asesinado a José Ángel Santos Laranga y Josu Leonet Azkune, trabajadores de la empresa Elektra. Murieron por el estallido de un coche-bomba cuyo objetivo real era Ignacio Dubreuil, concejal del PSE-EE en Ordizia. Aunque herido grave, Dubreuil sobrevivió. Cuando estaba convaleciente en el hospital, Elespe lo había visitado, tal y como recordaba cinco lustros después en una entrevista con 'El Diario Vasco'. “Había estado viéndome en la habitación del hospital y le dije: 'Ya ves que esto no es broma'. Froilán [Elespe] estaba sin escolta, no le dio tiempo a que se la pusieran”, rememoraba.

ETA había inaugurado unos años atrás la campaña conocida como 'socialización del sufrimiento', que conllevó asesinatos de cargos tanto del PSE-EE como del PP por pensar diferente. Elespe fue la primera víctima mortal de entre los concejales socialistas de esta fase del terrorismo de ETA que se cebó con los vascos no nacionalistas. Como explican Gaizka Fernández Soldevilla y Sara Hidalgo García de Orellán, la campaña de asesinatos que tuvo como primera víctima a Gregorio Ordóñez, del PP, “cercenó el pluralismo y las libertades democráticas”. “ETA y su entorno juvenil se dedicaron a amenazar, hostigar, atemorizar, herir y asesinar a las cabezas visibles de los vascos y navarros no nacionalistas. La banda puso en su punto de mira a las bases y direcciones del PP y otras formaciones conservadoras con implantación regional como UPN y Unidad Alavesa, así como a las del PSOE”, añaden.

Un año y un día después del asesinato de Elespe, ETA asesinó también a Juan Priede, concejal del PSE-EE en Orio. Este mismo sábado, el PSE-EE de Gipuzkoa le ha rendido homenaje. El secretario general de la formación en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha calificado el asesinato de “ruin y cruel” y ha dicho que se produjo porque Priede “defendía la libertad y los derechos humanos”. Ha denunciado, asimismo, que la derecha y la ultraderecha utilizan la memoria de las víctimas como “instrumento” para atacar a quienes “derrotamos democráticamente a ETA”, según recoge Europa Press.

Un tenso pleno

El mismo día del asesinato de Elespe, por la tarde, se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Lasarte-Oria una sesión extraordinaria cargada de tensión. Según recogía entonces un teletipo de Efe, un nutrido público recibió a los concejales de EH —Euskal Herritarrok, por entonces la marca de la izquierda abertzale— con gritos de “asesinos”, “fascistas” y “nazis fuera”. La alcaldesa, la también socialista Ana Urchueguia, leyó un texto consensuado por su partido, el PP y el grupo de Eusko Alkartasuna y PNV. EH, por su parte, se abstuvo. El escaño vacío del asesinado Elespe, mientras hablaba la alcaldesa, lo cubría un ramo de flores.

El texto destacaba el compromiso de Elespe “con las libertades y la democracia desde tiempos del franquismo” y su trayectoria “en favor de la convivencia, la paz, el progreso y el bienestar de sus convecinos”. Dirigía también unas palabras a sus asesinos, a los que les recalcaba “la inutilidad de este nuevo acto de barbarie”. El portavoz de EH intentó leer su propio comunicado, pero se vio interrumpido por gritos de “asesinos”, “sin pistolas no sois nada” y “sois escoria”.

En una entrevista concedida a elDiario.es/Euskadi en 2015, Josu Elespe, uno de los hijos del edil socialista asesinado por ETA, lamentaba que durante años los políticos de PSE-EE y PP no hubieran podido hacer política “con naturalidad”. “Los culpables tienen nombres y apellidos, son personas individuales que decidieron asesinar o que hicieron un discurso legitimador de esa violencia”, aseveraba. “Para mí es muy importante la memoria y el relato de lo que se cuente a las generaciones futuras. Siempre digo que al final yo moriré con esta carga y nuestra generación está marcada por el terrorismo de ETA y moriremos marcados por esa violencia, pero por lo menos que mis hijos, las nuevas generaciones, no crezcan con esa carga. Y sin rencor ni odio, en una sociedad normalizada y sin prejuicios ni odios”, aseguraba.

El hijo de Elespe llegó a tener dos encuentros, en el marco de la 'vía Nanclares', con presos de ETA arrepentidos. “Escuchar a una persona que ha sido capaz de hacer lo que ha hecho, que ha aseinado a seres humanos inocentes, reconocer con sinceridad que su vida como miliatante de ETA ha sido un fracaso y que siente que está en deuda con las víctimas y con este país, oír a una persona con semejante giro te reconforta muchísimo y te da mucha esperanza en el futuro”, decía al respecto.

Hace unos meses tuve conocimiento de que Iñaki Soto, director del periódico 'Gara', realizó una última entrevista a la dirección de ETA en 2018, poco antes de la disolución de la banda terrorista. Supe también que la entrevista fue publicada en un libro en 2019 por la editorial Txalaparta. Y supe que en ella Soto y los entrevistados se refirieron a Humberto Fouz Escobero, a Fernando Quiroga Veiga y a Jorge García Carneiro, los tres jóvenes coruñeses residentes en Irún que desaparecieron el 24 de marzo de 1973 tras pasar a Francia para ir al cine.

Una casualidad me llevó a esa entrevista. Era junio de 2025 y preparando la presentación en A Coruña de la novela 'Manto de silencio, de Iñaki Martínez, me llamó la atención un titular de prensa de finales de 2021 que decía así: “Durante unas semanas de 2019 creímos haber encontrado los restos de ‘Pertur’.” Eran palabras del historiador Iñaki Egaña en 'Naiz' (la versión digital del periódico 'Gara'). Presentaba su libro 'Objetos perdidos', sobre desaparecidos “en el contexto del conflicto vasco”, según sus propias palabras. Casi al final comenta el caso de “los tres gallegos” y remite a esa entrevista con la última dirección etarra.

Me hice con un ejemplar del libro de Soto y busqué la referencia a Humberto, a Fernando y a Jorge. No encontré más que lo que ya se recogía en 'Naiz'.

Como creo que no es necesario añadir ningún comentario a las respuestas de los dirigentes de la banda terrorista —esas respuestas demuestran por sí solas un nivel de infamia insuperable—, me limitaré a transcribirlas para que los lectores juzguen por sí mismos.

Soto plantea a modo de pregunta: “Dicen que ETA los secuestró y los hizo desaparecer…”. Los miembros de la dirección etarra responden señalando que ETA no lo ha asumido pero que no negarán “completamente que pudo ocurrir aquel hecho oscuro y lamentable”. “Nos parece legítimo que el suceso se aclare. Las familias lo merecen”, añaden. Quiero subrayar que se refieran a esos asesinatos como hecho y como suceso. Sabiendo que la elección de las palabras que se emplean no suele ser inocente, optar por estas dos palabras parece aludir a algo de carácter fortuito, a algo que sucede accidentalmente...

A continuación dicen que “si se hubieran dado las condiciones adecuadas en un proceso de soluciones, también nosotros podríamos esforzarnos más, con dos objetivos: por una parte, aclarar la responsabilidad de la propia ETA y, de confirmarse que tuvo responsabilidad, asumir tal responsabilidad; por otra parte, encontrar los cadáveres.” Acto seguido, con un repugnante cinismo, dicen que “no se ha podido hacer tal cosa” y achacan la responsabilidad, ¡cómo no!, “a un Estado que tiene tanto que ocultar” y para el que, añaden, los desaparecidos no son un tema atractivo. El Gobierno español, dicen, “nunca ha planteado estos temas en las conversaciones” y “nadie se ha acercado a nosotros a tratar de ello seriamente”. Aunque la rotundidad que pretenden trasladar se tambalea inmediatamente, cuando añaden que “si alguna vez ha habido algo así, no nos consta” y, sobre todo, cuando acto seguido concluyen reconociendo que “ha habido interpelaciones públicas, pero con poca seriedad”.

¡Qué desfachatez! ¡Cuánta ruindad! Pregunto públicamente a esos miembros de la última dirección de ETA qué seriedad otorgan a la interpelación realizada el 24 de marzo de 2023, en el marco del homenaje celebrado en el 50.º aniversario de la desaparición de Humberto, Fernando y Jorge, y secundada por los Gobiernos vasco y español, así como por todas las instituciones, colectivos de víctimas y ciudadanos que ese día acompañaron a las familias de los tres jóvenes.

Siguiendo con la entrevista, un poco más adelante responden que querrían “que se aclarara, por duro que sea y aunque ensucie el nombre de ETA. Si buceando en la historia de ETA se pueden hallar aclaraciones, creemos que esa aportación se hará.” ¿A qué están esperando? Han pasado ya casi 8 años. ¿Por qué siguen callando?

Hemos tardado en saber de esta entrevista. Podrían habernos hablado de ella los dirigentes de la izquierda abertzale a los que hemos interpelado en privado y públicamente en más de una ocasión. Pero no lo han hecho. Han preferido guardar silencio. Pese a ello hemos podido leerla. Tarde, y por casualidad, pero hemos podido comprobar cómo los dirigentes de ETA vienen a reconocer, aunque lo hagan por la puerta trasera, la responsabilidad de la banda terrorista en la desaparición de Humberto, de Fernando y de Jorge.

Como tengo la impresión de que en 2018 y 2019 la conversación de los dirigentes etarras con el periodista de 'Gara' tuvo escasa repercusión fuera de los canales de comunicación abertzales, voy a aprovechar este nuevo aniversario que se acerca —ya van 53—, para tratar de difundir esta pequeña parte de esa entrevista.

Al mismo tiempo que seguimos mimando la memoria de mi tío y de sus dos amigos, vuelvo a interpelar públicamente en nombre de estas tres familias a quienes fueron dirigentes de ETA. CON ABSOLUTA SERIEDAD. Con la seriedad con la que siempre les hemos interpelado. Les decimos alto y claro: déjense de excusas y pónganse, de una vez por todas, a bucear en su historia —estoy segura de que no han de bucear ni muy profundo ni durante demasiado tiempo—, reconozcan la verdad y dígannos dónde están los restos de Humberto, de Fernando y de Jorge.

Y no teman ensuciar el nombre de ETA. Aunque muchos etarras y exetarras, y muchos de quienes les apoyaron y jalearon, aún no hayan tenido la decencia ni el coraje de reconocerlo, el nombre de ETA lleva sucio desde el momento en que decidieron empuñar un arma y asesinar a su primera víctima.

El programa Adi-Adian dio comienzo en 2014. Le precedió el Plan para la Convivencia Democrática y la Deslegitimación del Terrorismo, del Gobierno socialista de Patxi López, en el que se incluía un proyecto de materiales didácticos para deslegitimar el terrorismo y llevará a las aulas testimonios directos de víctimas del terrorismo. Desde entonces este ha venido trabajando en las aulas de los centros escolares de Euskadi con los testimonios de diferentes víctimas del terrorismo. 

El uso de testimonios ayuda a humanizar lo sucedido, permitiendo que nuestros estudiantes conecten emocionalmente con la vivencia de la víctima. A través del relato directo de estas víctimas educadoras, se promueve el desarrollo de la empatía y el análisis crítico sobre las consecuencias del uso de la violencia. Al mismo tiempo, actúa como una herramienta para generar rechazo a la violencia.

Al participar en estas sesiones, tanto el alumnado como el centro educativo se convierten en agentes de memoria. Es decir, asumen la responsabilidad de mantener vivo el recuerdo para evitar el olvido.

A nivel pedagógico permite trabajar conceptos sobre los derechos humanos que, de otro modo, el alumnado suele desconocer debido a su falta de saber respecto al contexto sociopolítico de la época. Se fomenta la involucración del estudiante de manera significativa en su propio aprendizaje ético. Finalmente, ayudan a los jóvenes a comprender realidades que, en ocasiones, han sido silenciadas dentro de sus propias familias. No pocas veces hay alumnos que son conscientes de lo que estaba sucediendo en sus casas tras escuchar el relato de una víctima del terrorismo y la violencia por motivación política.

La importancia del programa es evidente, pero surgen varias preguntas: ¿Por qué tiene tan poco impacto a nivel social? ¿Por qué se llega a tan pocos estudiantes? ¿Qué se podría hacer para que esto dejase de ser así?

El principal hándicap que tiene el programa Adi-Adian es que se trata de un programa voluntario. Es decir, no está dentro del programa lectivo de las etapas de secundaria obligatoria, secundaria o estudios superiores. Por lo tanto, el programa depende exclusivamente de la sensibilidad y el compromiso personal de directores o profesores específicos (normalmente de áreas como Geografía e Historia, Valores Éticos o Filosofía). Este es el principal escollo por el que su alcance no sea mayor o total y, por lo tanto, por lo que se generan los siguientes inconvenientes.

Sin embargo, si ese docente comprometido cambia de centro o se jubila el programa suele desaparecer de ese centro educativo. En la mayor parte de los casos no es un compromiso institucional del centro, sino un esfuerzo individual. También debemos tener en cuenta la sobrecarga de trabajo, los docentes deben buscar el hueco en un currículo muy completo, lo que muchas veces lleva a que se sacrifiquen las sesiones de preparación previa a la visita de la víctima o de reflexión posterior. Es decir, no hay un trabajo previo con el alumnado. Algo absolutamente necesario para preparar a los oyentes para escuchar el testimonio que van a escuchar. En otras ocasiones también suele suceder que no hay trabajo posterior con el alumnado. 

El número de centros escolares que participan en el programa es pequeño. Según los datos del Eustat de 2023/2024, publicado en julio de 2025, la CAV tenía al menos 1.200 centros escolares no universitarios. De estos, alrededor de 333 impartían Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 210 Bachillerato. De los 333 centros, 132 son públicos y 201 son privados. De estos últimos, 97 son concertados. En 2024, por ejemplo, el programa llegó a 31 centros educativos de secundaria. Es decir, se llegó únicamente al 9,30% de los centros educativos de esas etapas y la mayoría eran centros educativos concertados.

Según los datos del Diagnóstico del sistema educativo vasco de 2025, publicado en febrero de este año, había un total de 123.059 estudiantes de ESO y Bachillerato. En 2024, por ejemplo, el número de alumnos que participaron en Adi-Adian fue de 2630. Es decir, se llegó a un 2,13% del total de los alumnos y las alumnas de la etapa Secundaria.

Ante estos datos, la conclusión es clara: la voluntariedad del programa genera una desigualdad en el acceso a la Memoria. El alumnado que recibe este impacto no lo hace por un derecho educativo garantizado, sino por suerte según el centro donde estudie. Esto impide que la deslegitimación de la violencia sea un estándar de aprendizaje común para toda la juventud vasca, dejando fuera a la mayor parte de los centros que, por falta de tiempo, desconocimiento o reticencia, deciden no solicitarlo. En definitiva, no todos los jóvenes vascos reciben la misma formación en memoria y convivencia, lo que genera una brecha en la base ética común de las nuevas generaciones.

Al no ser parte del programa lectivo, Adi-Adian es percibido a veces como una charla puntual en lugar de un proceso pedagógico serio. A esto debemos añadir que, al no estar integrado en el programa lectivo, los contenidos no suelen ser evaluables, lo que puede relajar la atención de una parte del alumnado que lo percibe como un descanso de las materias importantes. Podríamos decir que existe una desconexión curricular en el que cuesta más conectar el testimonio de la víctima educadora con los temas que el alumno está estudiando en ese momento (Derechos Humanos, Dictadura, Transición, etc.), perdiéndose la oportunidad de que el testimonio sirva como fuente primaria de estudio histórico.

Todo esto provoca inconvenientes como que las entidades que trabajan con este programa no puedan prever cuántos centros lo solicitarán cada año y se generen picos de demanda en fechas señaladas (como el Día de la Memoria), mientras que el resto del año el programa tiene menos actividad, lo que complica la gestión de las agendas de las víctimas.

Vinculado a ello hay otro problema externo: el número de víctimas es reducido. Apenas una veintena de ellas, entre las que se encuentran tanto víctimas de ETA como de grupos terroristas de extrema derecha o de violencia del Estado, participan en el programa. Aquí se observan diferentes factores: el hecho de que haya víctimas que no deseen participar por no encontrarse preparadas para hablar de ello en público; los que al contrario, sin dejar de lado el recuerdo, han decidido seguir con su vida; o los que tras participar en múltiples visitas al aula necesitan un descanso o entienden que ya han cumplido. Todos estos factores son comprensibles, entendibles y absolutamente respetables.  

A esto le sumamos que el número de víctimas de primera fuente de información se va reduciendo por edad. El envejecimiento de estas víctimas, está empezando a crear y creará una limitación de estos testimonios de manera directa en un breve tiempo. Por ese motivo, es fundamental que se abra el espectro añadiendo a víctimas de persecución. Así como a víctimas de segunda generación o material audiovisual de los testimonios de las víctimas de primera fuente.

La integración de Adi-Adian en el programa lectivo por parte del Departamento de Educación es fundamental para garantizar que la formación en memoria y convivencia sea un derecho educativo garantizado y no una cuestión de azar según el centro. Se evitaría que el proyecto desaparezca cuando un docente comprometido se traslada o se jubila, convirtiéndolo en un compromiso institucional. Aseguraría que existan espacios curriculares específicos para el trabajo previo y posterior con el alumnado, fundamentales para la asimilación ética del testimonio. Estabilizaría la gestión de las entidades y las agendas de las víctimas, evitando picos de demanda estacionales y permitiendo una planificación pedagógica seria y evaluable.

En definitiva, transformar Adi-Adian en una pieza troncal del currículo es el paso necesario para que el testimonio de las víctimas deje de ser una charla puntual y se convierta en una herramienta sistemática de deslegitimación de la violencia y de construcción de una base ética sólida para las futuras generaciones.

Este 11 de marzo se cumplen 22 años de los atentados ocurridos en la línea de trenes de Cercanías de Madrid, un suceso que este mismo día en 2004 se cobró la vida de 193 personas, entre ellas una treintena vivían o estaban vinculadas a Castilla-La Mancha. Algunas localidades de la región como Azuqueca de Henares, Alcázar de San Juan o Guadalajara, han rendido homenaje a las víctimas.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha participado en un homenaje en Azuqueca de Henares -cuatro víctimas estaban ligadas al municipio- señalando que “solo con unidad y solidaridad” se logra hacer frente de manera efectiva al terrorismo.

El acto convocado por el Ayuntamiento de Azuqueca, en el que han participado también el alcalde Miguel Óscar Aparicio, integrantes de la Corporación Municipal, el exalcalde Florentino García Bonilla y, entre otras autoridades, el comisionado para la Accesibilidad del Gobierno Regional, el también azudense José Luis Escudero, se ha celebrado un año más en el monolito de la Estación de Ferrocarril, en una fecha que la Comisión Europea hace coincidir con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

En una atención a medios de comunicación, Bellido ha manifestado su “solidaridad permanente con todas las víctimas del terrorismo y, particularmente, con las de nuestros vecinos y vecinas”, así como el “compromiso por defender la democracia, la libertad y la paz”. Así, ha recordado que toda victoria frente al terrorismo de ETA o yihadista se ha logrado “siempre gracias a la unidad y a este sentimiento de solidaridad interna que nos acompaña a todos los españoles y españolas y que también, evidentemente, es seña de identidad de Castilla La Mancha, de Guadalajara y Azuqueca”.

“Su ausencia seguirá atravesando esta tierra”

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera-portavoz, Esther Padilla, ha aludido a la incertidumbre que se vivió en el “mayor antentado terroriista de la historia de España”. Ante el recuerdo del 11M, la portavoz se ha acordado de las 193 personas que perdieron la vida y ha querido trasladar el afecto y profundo respeto del Gobierno de García-Page a sus familias, así como a aquellas que resultaron heridas.

Se trata de un ataque que afectó de forma directa a Castilla-La Mancha. Uno de los trenes había partido de Guadalajara rumbo a Madrid, en el trayecto cotidiano de miles de trabajadores y estudiantes del corredor del Henares. “Personas que formaban parte de nuestros pueblos y ciudades, de nuestras familias, y cuya ausencia seguirá atravesando esta tierra”, ha continuado la portavoz, quien ha remarcado que, por supuesto, siguen viviendo en el recuerdo de sus seres queridos, pero también en “la conciencia democrática de un país que no puede ni debe olvidar”.

La portavoz también ha reconocido la entrega de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Entre ellos ha mencionado al inspector del Grupo Especial de Operaciones Francisco Javier Torronteras, que perdió la vida durante la operación policial contra los terroristas días después y cuya dedicación representa, en palabras de Padilla, el máximo exponente del compromiso con el que nuestro país respondió al terrorismo.

En este sentido, ha recordado que la sociedad española respondió al odio y al fanatismo con una solidaridad y una serenidad ejemplares. En un contexto como el actual, en el que la polarización “vuelve a hacer mella” en el debate público, Padilla ha reivindicado la necesidad de recordar aquel 11 de marzo “para tener muy presente la importancia de trabajar, día a día, por la convivencia”. Según ha señalado, ese es el mejor homenaje que puede hacer la sociedad a las víctimas: “honrar su memoria y defender un Estado de Derecho y unos valores democráticos que nos protegen a todas y todos”.

El Gobierno extremeño ha guardado este miércoles un minuto silencio con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, un homenaje que también se repetirá en los consistorios de la región y que tendrá su acto más simbólico en Badajoz.

A las puertas de la Presidencia de la Junta de Extremadura se han concentrado, a las 10 horas de este miércoles, miembros del Ejecutivo regional en funciones con su presidenta a la cabeza, María Guardiola. Junto a ella han asistido altos cargos de la Administración regional, trabajadores de esta y también el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, que ha estado representado por su presidente y su portavoz, José María Vergeles y Piedad Álvarez, respectivamente.

También ha estado presente el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en el que constituye el primer minuto de silencio de los convocados este miércoles en la región, día el que se recuerda a las víctimas los terribles atentados en Madrid del 11 de marzo de 2004, que dejaron 193 muertos y más de 2.000 heridos.

El acto central de esta jornada, organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en diversos puntos de España, tendrá lugar a las 12 horas en Badajoz con la participación del delegado del Gobierno, José Luis Quintana; el presidente del Parlamento regional, Manuel Naharro; y el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, entre otras autoridades. Además, la Federación Española de Municipios y Provincias ha invitado a las entidades locales a convocar a las 12:00 horas un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. 

El Gobierno de España ha modificado en tiempo récord una ley estatal para garantizar el reconocimiento de víctima de la represión policial a Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño muerto de un disparo durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977. La reforma legal garantiza a su familia una indemnización de 250.000 euros por el fallecimiento del muchacho, símbolo de la lucha andalucista.

A través de una reforma ad hoc de la Ley de Memoria Democrática, impulsada políticamente por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, el Gobierno de PSOE y Sumar se corrige a sí mismo en apenas una semana. El martes pasado, la Dirección General de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio de Interior, comunicó por carta a la familia que denegaba la condición de víctima del terrorismo de Estado a García Caparrós, alegando que su caso “no tenía encaje” en la ley.

Para enmendar esa decisión, que desató un terremoto político en la izquierda andaluza a las puertas del 28F (Día de Andalucía), no se ha modificado la Ley de Ayudas a Víctimas del Terrorismo (2011), que dejaba fuera a García Caparrós, sino la Ley de Memoria Democrática, ampliando el periodo de reconocimiento y reparación integral de las víctimas del tardofranquismo o, en este caso, de los primeros años de la Transición y el proceso autonomista.

La primera Ley de Memoria Histórica, de 2007, iba desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977, y el Real Decreto ley aprobado este martes amplía el periodo hasta el 29 de diciembre de 1978, cuando entra en vigor la Constitución Española. Sin embargo, esta prolongación del plazo legal no es la que mete dentro a García Caparrós, puesto que él fue asesinado el 4 de diciembre del 77 y ya estaba dentro del periodo recogido en la legislación anterior.

La reforma legal que acaba de aprobar el Consejo de Ministros recoge un artículo único, que modifica la segunda Ley de Memoria Democrática (2022), y añade seis disposiciones finales. Es en esas disposiciones donde se incluye el derecho a una indemnización “a las personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, así como de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes”, siempre que no hubieran sido ya indeminizadas con la primera Ley de Memoria.

La Ley de Memoria de 2022 suprimió las indemnizaciones a las víctimas del franquismo, recogidas en el artículo 10 de la ley anterior. El Real Decreto ley recupera esas ayudas, con 250.000 euros por víctima fallecida (la misma cantidad que contempla la Ley de Ayudas a Víctimas del Terrorismo (2011), que es la que esgrimieron las hermanas de García Caparrós para exigir una compensación al Estado).

La reforma legal incluye como perceptores de las ayudas a hijos y cónyuge o quienes hubieran convivido con la persona fallecida con análoga relación de afectividad, y añade la posibilidad de concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes, actualizándose las cuantías a 180.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta y a 500.000 euros en caso de gran invalidez. Estas ayudas no podrán recibirlas “quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados terroristas”.

Las hermanas García Caparrós -Purificación, Dolores y Francisca- tienen ahora un año de plazo para presentar la solicitud de su indemnización, prorrogable un año más con acuerdo del Consejo de Ministros. Al tratarse de un Real-Decreto ley, lo dispuesto en la norma entra en vigor de inmediato (en cuanto se publique en el BOE), pero deberá ser convalidado por el Congreso en 15 días. Entonces, serán los grupos quienes se retraten votando a favor o en contra.

El PSOE andaluz, que anunció la semana pasada en el Parlamento esta modificación ad hoc de la Ley de Memoria, ya ha conminado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, a que ejerza su influencia en el PP de Alberto Núñez Feijóo para que todos sus diputados voten a favor en la Cámara Baja, garantizando así el reconocimiento como víctima de García Caparrós y la compensación económica a sus hermanas, que llevan reclamando casi 50 años.