La familia de José Miguel Etxeberria Álvarez, 'Naparra', miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) desparecido el 11 de junio de 1980, ha exigido al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que retire las referencias a él de una exposición temporal en su sede. El Memorial inauguró el pasado martes la exposición 'Ausencias presentes. Desaparecidos por terrorismo en España', que recuerda a las seis víctimas del terrorismo en España cuyos cuerpos nunca fueron hallados, entre ellos el de Etxeberria.

Según se recuerda en la exposición, los Comandos Autónomos sostuvieron que fueron miembros de ETA los que le hicieron desaparecer por una disputa sobre un traficante de armas que ambas organizaciones compartían, pero fue el Batallón Vasco Español (BVE) en varias llamadas a periódicos el que reivindicó el crimen, algo que también se apunta en la muestra del Memorial. En el panel correspondiente se explica que las investigaciones policiales y judiciales llevadas a cabo “no permiten señalar de manera concluyente ninguna de las versiones como probada”, según recoge Efe.

En una comparecencia ante los medios de comunicación este viernes en Vitoria, Eneko Etxebarria, hermano de 'Naparra', ha acusado al Memorial de intentar generar confusión, cuando debería ser garante del “rigor histórico”. Ha recordado que el BVE reivindicó hasta en tres ocasiones el secuestro y asesinato de su hermano y el Memorial apunta como “hipótesis principal” la autoría de ETA, cuando “no hay ningún soporte” para mantenerla. Ha señalado que esto supone una “revictimización” para la familia, con un relato que intenta tapar la “violencia del Estado contra miles de víctimas que nunca van a tener sitio en ese Memorial, y si lo tuvieran estaría manipulado”.

El hermano de 'Naparra' ha asegurado que desde un primer momento pidieron que no se incluyera este caso en la exposición y ha instado la “retirada inmediata” de los contenidos que hacen referencia a su caso y una “rectificación pública”. Se ha preguntado por qué el Estado no ha reconocido a Etxebarria como víctima del terrorismo, algo que su familia solicitó en dos ocasiones, si la autoría de su desaparición hubiera sido de ETA y ha pedido al Ministerio del Interior que desclasifique los documentos que haya sobre el caso.

El Memorial, también según Efe, ha asegurado que la información es “ajustada a lo que se conoce del mismo, sin descartar ninguna de las hipótesis posibles”, por lo que considera que “no procede retirar” el panel. “Al igual que la historia de las otras víctimas recogidas en la muestra, se trata de un caso histórico de interés general y su inclusión en la exposición busca recordar la injusticia cometida con estas personas, con independencia de los grupos terrorista que perpetraran los asesinatos e hicieran desaparecer a sus víctimas”, argumenta.

“Derecho a la memoria”

El hermano de 'Naparra' ha explicado que el comité de la ONU contra las desapariciones forzadas asumió en 2014 la autoría del BVE de la desaparición de 'Naparra' y ha reclamado el “derecho a la memoria” para la víctima y su familia. Eneko Etxebarria ha recordado que la familia está a la espera de que el Gobierno Vasco responda a su petición hecha en 2021 para que se reconozca a su hermano en el marco de la ley de víctimas policiales, y que el Gobierno de Navarra tiene “paralizado” el expediente correspondiente porque la ley de víctimas de violencia política no contempla los casos cuya vía judicial no esté totalmente agotada.

A este respecto, ha considerado que esa vía está cerrada después de que el juez Ismael Moreno archivara el caso en 2004 al considerar que no existían indicios de que se hubiera producido una desaparción forzada, algo que solo se podría revertir si se desclasifican los documentos secretos sobre el caso.

La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo han desarrollado una web (victimaseducadoras.es) sobre víctimas del terrorismo de ETA, del yihadismo, de la extrema derecha, de los GAL y de los GRAPO, un espacio interactivo que recoge las preguntas que habitualmente plantean los jóvenes tras escuchar los testimonios de damnificados por el terrorismo que participan en programas educativos, junto con las respuestas que 23 de estas personas ofrecen a partir de sus propias vivencias.

En España, más de un centenar de víctimas participan en encuentros en institutos y universidades para compartir su experiencia, según han recordado durante su presentación el responsable del área de Educación y Exposiciones del Memorial, Raúl López Romo, el responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, Eduardo Mateo, y Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, quien participa en el proyecto a través de su testimonio.

El proyecto de esta web, que se pondrá a disposición de la comunidad educativa y de toda la ciudadanía, reúne los testimonios de 23 personas afectadas por ETA, el terrorismo yihadista, el de la extrema derecha, los GAL y los GRAPO. Las grabaciones se realizaron durante coloquios con alumnado desde 2023 hasta la actualidad. La web permite buscar las preguntas más habituales que los jóvenes plantean a los afectados por terrorismo, ya sea por víctima o por temática. Se han identificado 29 temas recurrentes y, en total, la plataforma recoge 234 preguntas con sus correspondientes respuestas, según recoge Europa Press.

Las cuestiones más frecuentes abordan aspectos personales —como el impacto de los atentados en la familia y el entorno cercano o los sentimientos de las víctimas—, así como temas más generales, entre ellas, la justicia, el odio o el perdón. Se trata de una muestra amplia y representativa de víctimas con experiencia en el ámbito educativo en España. Cada víctima cuenta su historia, aunque todas coinciden en su “rechazo al odio y a la venganza”.

Han tomado parte en calidad de víctimas educadoras Alberto Muñagorri, Albino Machado, Ana Aizpiri, Ángel Altuna, Antonio Utrera, Asun Olaeta, Aurora Intxausti, Begoña Elorza, Esther Sáez, Iñigo Pascual, José Aguilar, Joseba Abaitua, Josu Elespe, Juan Carlos Cuervo, Koldo San Martín, Lourdes Legasa, Maider García, Manuel López Represa, Marina Irigoyen Caballero, Marta Buesa, Naiara Zamarreño, Sara Buesa y Teo Uriarte.

Según ha explicado Eduardo Mateo, “es un proyecto abierto donde se pueden incorporar más testimonios en el futuro”; mientras que para Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, el dirigente socialista vasco asesinado por ETA en 2000, su participación en esta web es para “compartir la historia de mi vida, algo que me remueve y un legado para las nuevas generaciones y que sirve para deslegitimar la violencia y el terrorismo”. A su juicio, “es importante nombrar lo innombrable: el miedo, la pérdida y el vacío”. “Hablar del trauma y el proceso de curación, es un granito de arena, pero muy real”, ha añadido para agradecer “cómo los chavales nos escuchan sin prejuicios y conectan con el dolor”.

La Fundación Fernando Buesa y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo consideran que impulsar iniciativas como esta web “resulta fundamental para deslegitimar la violencia política, preservar la memoria de nuestro pasado reciente y formar ciudadanos críticos y comprometidos con los valores democráticos”.

El concejal de Vox en Santoña, Salvador Sarabia, ha presentado una moción para que el monumento en honor a Luis Carrero Blanco, erigido en el Paseo Marítimo, sea declarado bien de interés cultural (BIC) para protegerlo por considerar su “gran valor arquitectónico”. Según ha explicado Sarabia en un vídeo publicado en las redes sociales de Vox Santoña, el objetivo es que “no se mueva alguna piedra” por ser, según Vox, “un monumento de primera línea que tenemos que proteger cueste lo que cueste”, pese

Este es un paso más, después de que el Ayuntamiento de Santoña recurriese recientemente a la reciente normativa autonómica y, amparándose en una Ley de Víctimas del Terrorismo de Cantabria, para que el Gobierno de Cantabria reconociese a Carrero Blanco como víctima. Sin embargo, el gobierno autonómico instó al consistorio a dirigirse a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, por carecer de competencias.

En 2025, la Fiscalía de Memoria Democrática de Cantabria pidió información a una quincena de ayuntamientos de la comunidad que con monumentos o calles que honrasen a la Falange o a figuras relacionadas con la Guerra Civil que les facilitase información porque éstas irían en contra de la Ley de Memoria Democrática.

El concejal de Vox, por su parte, ha argumentado que, más allá de la interpretación que se le pueda dar a la Ley de Memoria Democrática, Carrero Blanco, nacido en Santoña, “debe ser considerado como víctima del terrorismo” al haber sido asesinado por ETA cuando fue presidente del Gobierno durante la dictadura de Franco. Por ello, pretende que el Parlamento autonómico inste a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para que el monumento sea declarado BIC. Con ese objetivo, Vox Santoña ha registrado primero una moción este miércoles en el Ayuntamiento de Santoña en la que expone la autoría y las características del monumento.

“El monumento, por su gran valor arquitectónico supera con creces la dimensión local por lo que entendemos que debe ser declarado BIC, para lo cual entendemos bueno, oportuno y necesario que la entidad que promueva dicha declaración sea el máximo órgano de representación popular de la Comunidad Autónoma de Cantabria, esto es, el Parlamento de Cantabria”, ha alegado Sarabia.

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al preso de ETA Jon Bienzobas, condenado entre otros atentados por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996. Las asociaciones de víctimas Covite y AVT han confirmado la concesión del tercer grado a Bienzobas, a quien le queda menos de un año para liquidar sus penas, que suman cientos de años de prisión.

Según ha indicado Covite en un comunicado, el Departamento de Justicia ha concedido a Bienzobas el tercer grado en virtud del artículo 83 del reglamento penitenciario, en atención a su buena conducta en la cárcel, a que dispone de una oferta de trabajo y a que ha escrito una carta en la que expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz, según recoge Efe.

Jon Bienzobas Arretxe, 'Karaka', (Bilbao, 1969), quien cumple sus condenas en la prisión alavesa de Zaballa, acumula penas que suman los 266 años de prisión por varios atentados. Entre las penas impuestas figura una condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, cometido el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid.

También fue condenado a otros 30 años de prisión por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, cometido el 10 de junio de 1990 en Getxo (Bizkaia), donde la víctima recibió varios disparos mientras desayunaba en una cafetería. Bienzobas fue arrestado el 30 de noviembre de 1999 en Pau (Francia), país en el que fue condenado a 18 años de cárcel por el robo de dinamita cometido en Plévin.

Covite ha tachado de “fraudulenta” la concesión de este tercer grado, ya que “lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene que dar por buenas, y menos aún las víctimas”. “Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad”, ha denunciado la presidenta de Covite.

Ha recordado que una sentencia de la Audiencia Nacional de 2023 relativa a Xabier Atristain estableció que estas cartas no tienen validez si no van acompañadas de “signos inequívocos de desvinculación” del terrorismo. Además Covite ha denunciado que el 90 % de los terceros grados concedidos a etarras se están ejecutando en la modalidad del artículo 86, “un régimen más parecido a la semilibertad”, ya que permite permanecer en el exterior de la prisión con una pulsera telemática.

“El Gobierno Vasco nos notifica una cosa, pero luego no nos informa de que en la mayoría de los casos esos terceros grados pasan a ejecutarse a través del artículo 86. Estamos ante un engaño intolerable. Hemos exigido al Gobierno Vasco que nos notifiquen el momento en que se produzca el cambio de modalidad del artículo 83 al artículo 86”, ha denunciado Ordóñez. La presidenta de Covite ha señalado también a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en muchos caos está otorgando validez a los terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco en lugar de recurrirlos.

La Comunidad de Madrid ha organizado una serie de charlas sobre terrorismo en distintos colegios mayores universitarios bajo el título 'Tu historia, mi memoria', donde participarán víctimas de ETA “para dar a conocer la historia reciente de España”. Según ha publicado El País, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, aseguró durante su intervención en este ciclo que el terrorismo “es un asunto de plena actualidad”, a pesar de los que se esfuerzan “por bloquearlo, e incluso negarlo, con el único objetivo de seducir a aquellos que antes ponían bombas y ahora ponen su voto para condicionar la gobernabilidad de España”.

Estas conferencias se celebrarán hasta el mes de octubre en 13 centros de la comunidad, en colaboración con la Asociación de Colegios Mayores. En la misma presentación del programa participaron cuatro mujeres cercanas a alguna víctima del terrorismo de ETA, y compartieron su experiencia, además de recordar a sus seres queridos: María San Gil, expresidenta del PP del País Vasco y compañera de Gregorio Ordóñez, que fue asesinado en su presencia; Claudia Múgica, perteneciente a la asociación Ego Non y nieta del exdirigente del PSE-EE en Gipuzkoa Fernando Múgica; la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, y la representante de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta, que perdieron a sus padres.

María San Gil afirmó que “es un proyecto político que sigue vivo”, además de añadir que Sortu y Bildu tienen “un líder político que es Arnaldo Otegi, que estuvo condenado por apología del terrorismo, que estuvo en la cárcel y que no se ha arrepentido de su pasado terrorista”. Según el mismo diario, San Gil comparaba el terrorismo en España con la Alemania de Hitler: “En la Alemania nazi hubo un juicio, el de Núremberg, y aquí no hemos juzgado el proyecto político por el que se ha asesinado a 853 personas”.

Maite Araluce acusó al Gobierno de “facilitar la vida de los terroristas” haciendo referencia a la salida de prisión de la exdirigente de ETA, Soledad Iparragirre (alias Anboto) cuando accedió al régimen de semilibertad después de ser condenada a 800 años de cárcel acusada de 14 asesinatos, mientras a las víctimas de terrorismo “nos machacan”. Por su parte, San Gil insistía en que ETA “sigue influyendo” en la política española, como también hizo durante su actividad, porque “no hemos derrotado a ETA”: “ETA no es una historia del pasado, ETA es una historia del presente, y si no lo hacemos bien, será una historia del futuro”.

Según relata El País, la expresidenta del PP del País Vasco opina que los jóvenes recogen un legado que debe cambiar “con los siguientes gobiernos”, e insistió en su apoyo a partidos como PP y Vox, puesto que “ambos han entendido muy bien lo que las víctimas piden”.

Asociaciones como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) han rechazado las palabras de San Gil en declaraciones a El País. “Cuando se mete la política por medio no solo pervierten nuestra causa, sino que atacan nuestra dignidad”, han respondido desde la asociación. Covite, presidido por Consuelo Ordóñez, cree que en estas charlas organizadas por la Comunidad de Madrid “lo que menos les importa” son las víctimas: “Van a lo que van, a tratarnos como mercancía política”, a lo que añadió: “Exigimos respeto”.

No es la primera vez que Covite se expresa en estos términos. En 2013, exigieron al Gobierno de Mariano Rajoy “que cesara en su empeño de instrumentalizar a las víctimas para disimular su parte de responsabilidad en la decisión de Estrasburgo”, y criticaron la actitud de los políticos españoles: “Todos los gobiernos que hemos tenido en este país tienen mucho que callar. Hoy lo que vivimos es un final de ETA negociado. Es indecente que con dinero público se esté financiando este programa y que San Gil se dedique a pedir el voto a dos partidos, PP y Vox, porque eso es lo que está haciendo”.

La exjefa de ETA María Soledad Iparraguire, 'Anboto', ha salido este martes pasadas las 10:00 horas de la cárcel de Martutene de Donostia en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir. Iparraguirre ha salido al exterior de la cárcel donostiarra, donde le aguardaba una decena de personas que se han puesto delante de ella para tratar de evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación.

Ataviada con unas gafas de sol oscuras, una cazadora verde y unos vaqueros, la exdirigente de ETA se ha abrazado con algunas de las personas que se encontraban en el exterior tras lo cual se ha subido a un coche y ha abandonado el lugar. El Gobierno vasco ha concedido a la exdirigente de ETA una flexibilización del segundo grado que permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir durante estos días, según recoge Efe.

Para su concesión el recluso debe entregar un “plan de ejecución”, en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha considerado “escandaloso e injustificable” la concesión de este régimen de semilibertad a una exjefa de ETA que, según denuncia, cuenta con un “historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos”. El mismo régimen de semilibertad en aplicación de dicho artículo fue concedido recientemente, en febrero, al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', lo que también provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha subrayado este martes que la salida de 'Anboto' de prisión entre semana “no supone ni tercer grado ni cumplimiento definitivo de la condena”. “Entendemos que cause dolor, por supuesto”, ha concedido, pero ha insistido en que el Gobierno vasco “no ha adoptado una medida discrecional”, sino que es la aplicación del 100.2.

María Soledad Iparraguirre nació en Eskoriatza (Gipuzkoa) en 1961. En octubre de 2004 fue detenida en Francia junto al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, 'Antza', en una casa de Salies-de-Béarn en la que ambos vivían desde hacía años junto a su hijo. En el momento de su detención Iparraguirre era supuestamente la encargada de dirigir el aparato de extorsión de la banda terrorista. En 2018 fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea, alias 'Ternera', de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista.

El 20 de marzo de 2001, hace ahora un cuarto de siglo, la banda terrorista ETA asesinó a Froilán Elespe, concejal del PSE-EE en Lasarte-Oria, donde se desempeñaba como primer teniente de alcalde. Fue el primer concejal socialista que murió a manos de la organización terrorista, aunque antes había habido otros asesinatos, como el del exvicelehendakari Fernando Buesa o el exministro Ernest Lluch, ambos en 2000.

Elespe, que tenía 54 años, militaba tanto en el PSOE como en UGT. Estaba casado y tenía dos hijos. Solía acercarse a un céntrico bar de la localidad. Aquel 20 de marzo de hace 25 años, un terrorista de ETA se le acercó por la espalda a rostro descubierto y le descerrajó dos tiros. Otro terrorista esperaba fuera a su compañero.

Elespe había renunciado a portar escolta. “El día del atentado la Ertzaintza dejó un mensaje en el contestador. Decía que la próxima escolta disponible era para él”, relataba años después Josu Elespe, uno de sus hijos, en una entrevista concedida a 'El Correo'. “Creo que mi aita vivía sin temor, pensaba que ETA no le iba a imponer el miedo. De hecho, el sábado anterior al atentado entramos a un bar a ver un partido de la Real [Sociedad], su gran pasión, y se puso de espaldas a la puerta. No le vi ninguna preocupación”, añadía su hijo.

Apenas un mes antes, el 22 de febrero, ETA había asesinado a José Ángel Santos Laranga y Josu Leonet Azkune, trabajadores de la empresa Elektra. Murieron por el estallido de un coche-bomba cuyo objetivo real era Ignacio Dubreuil, concejal del PSE-EE en Ordizia. Aunque herido grave, Dubreuil sobrevivió. Cuando estaba convaleciente en el hospital, Elespe lo había visitado, tal y como recordaba cinco lustros después en una entrevista con 'El Diario Vasco'. “Había estado viéndome en la habitación del hospital y le dije: 'Ya ves que esto no es broma'. Froilán [Elespe] estaba sin escolta, no le dio tiempo a que se la pusieran”, rememoraba.

ETA había inaugurado unos años atrás la campaña conocida como 'socialización del sufrimiento', que conllevó asesinatos de cargos tanto del PSE-EE como del PP por pensar diferente. Elespe fue la primera víctima mortal de entre los concejales socialistas de esta fase del terrorismo de ETA que se cebó con los vascos no nacionalistas. Como explican Gaizka Fernández Soldevilla y Sara Hidalgo García de Orellán, la campaña de asesinatos que tuvo como primera víctima a Gregorio Ordóñez, del PP, “cercenó el pluralismo y las libertades democráticas”. “ETA y su entorno juvenil se dedicaron a amenazar, hostigar, atemorizar, herir y asesinar a las cabezas visibles de los vascos y navarros no nacionalistas. La banda puso en su punto de mira a las bases y direcciones del PP y otras formaciones conservadoras con implantación regional como UPN y Unidad Alavesa, así como a las del PSOE”, añaden.

Un año y un día después del asesinato de Elespe, ETA asesinó también a Juan Priede, concejal del PSE-EE en Orio. Este mismo sábado, el PSE-EE de Gipuzkoa le ha rendido homenaje. El secretario general de la formación en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha calificado el asesinato de “ruin y cruel” y ha dicho que se produjo porque Priede “defendía la libertad y los derechos humanos”. Ha denunciado, asimismo, que la derecha y la ultraderecha utilizan la memoria de las víctimas como “instrumento” para atacar a quienes “derrotamos democráticamente a ETA”, según recoge Europa Press.

Un tenso pleno

El mismo día del asesinato de Elespe, por la tarde, se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Lasarte-Oria una sesión extraordinaria cargada de tensión. Según recogía entonces un teletipo de Efe, un nutrido público recibió a los concejales de EH —Euskal Herritarrok, por entonces la marca de la izquierda abertzale— con gritos de “asesinos”, “fascistas” y “nazis fuera”. La alcaldesa, la también socialista Ana Urchueguia, leyó un texto consensuado por su partido, el PP y el grupo de Eusko Alkartasuna y PNV. EH, por su parte, se abstuvo. El escaño vacío del asesinado Elespe, mientras hablaba la alcaldesa, lo cubría un ramo de flores.

El texto destacaba el compromiso de Elespe “con las libertades y la democracia desde tiempos del franquismo” y su trayectoria “en favor de la convivencia, la paz, el progreso y el bienestar de sus convecinos”. Dirigía también unas palabras a sus asesinos, a los que les recalcaba “la inutilidad de este nuevo acto de barbarie”. El portavoz de EH intentó leer su propio comunicado, pero se vio interrumpido por gritos de “asesinos”, “sin pistolas no sois nada” y “sois escoria”.

En una entrevista concedida a elDiario.es/Euskadi en 2015, Josu Elespe, uno de los hijos del edil socialista asesinado por ETA, lamentaba que durante años los políticos de PSE-EE y PP no hubieran podido hacer política “con naturalidad”. “Los culpables tienen nombres y apellidos, son personas individuales que decidieron asesinar o que hicieron un discurso legitimador de esa violencia”, aseveraba. “Para mí es muy importante la memoria y el relato de lo que se cuente a las generaciones futuras. Siempre digo que al final yo moriré con esta carga y nuestra generación está marcada por el terrorismo de ETA y moriremos marcados por esa violencia, pero por lo menos que mis hijos, las nuevas generaciones, no crezcan con esa carga. Y sin rencor ni odio, en una sociedad normalizada y sin prejuicios ni odios”, aseguraba.

El hijo de Elespe llegó a tener dos encuentros, en el marco de la 'vía Nanclares', con presos de ETA arrepentidos. “Escuchar a una persona que ha sido capaz de hacer lo que ha hecho, que ha aseinado a seres humanos inocentes, reconocer con sinceridad que su vida como miliatante de ETA ha sido un fracaso y que siente que está en deuda con las víctimas y con este país, oír a una persona con semejante giro te reconforta muchísimo y te da mucha esperanza en el futuro”, decía al respecto.

Hace unos meses tuve conocimiento de que Iñaki Soto, director del periódico 'Gara', realizó una última entrevista a la dirección de ETA en 2018, poco antes de la disolución de la banda terrorista. Supe también que la entrevista fue publicada en un libro en 2019 por la editorial Txalaparta. Y supe que en ella Soto y los entrevistados se refirieron a Humberto Fouz Escobero, a Fernando Quiroga Veiga y a Jorge García Carneiro, los tres jóvenes coruñeses residentes en Irún que desaparecieron el 24 de marzo de 1973 tras pasar a Francia para ir al cine.

Una casualidad me llevó a esa entrevista. Era junio de 2025 y preparando la presentación en A Coruña de la novela 'Manto de silencio, de Iñaki Martínez, me llamó la atención un titular de prensa de finales de 2021 que decía así: “Durante unas semanas de 2019 creímos haber encontrado los restos de ‘Pertur’.” Eran palabras del historiador Iñaki Egaña en 'Naiz' (la versión digital del periódico 'Gara'). Presentaba su libro 'Objetos perdidos', sobre desaparecidos “en el contexto del conflicto vasco”, según sus propias palabras. Casi al final comenta el caso de “los tres gallegos” y remite a esa entrevista con la última dirección etarra.

Me hice con un ejemplar del libro de Soto y busqué la referencia a Humberto, a Fernando y a Jorge. No encontré más que lo que ya se recogía en 'Naiz'.

Como creo que no es necesario añadir ningún comentario a las respuestas de los dirigentes de la banda terrorista —esas respuestas demuestran por sí solas un nivel de infamia insuperable—, me limitaré a transcribirlas para que los lectores juzguen por sí mismos.

Soto plantea a modo de pregunta: “Dicen que ETA los secuestró y los hizo desaparecer…”. Los miembros de la dirección etarra responden señalando que ETA no lo ha asumido pero que no negarán “completamente que pudo ocurrir aquel hecho oscuro y lamentable”. “Nos parece legítimo que el suceso se aclare. Las familias lo merecen”, añaden. Quiero subrayar que se refieran a esos asesinatos como hecho y como suceso. Sabiendo que la elección de las palabras que se emplean no suele ser inocente, optar por estas dos palabras parece aludir a algo de carácter fortuito, a algo que sucede accidentalmente...

A continuación dicen que “si se hubieran dado las condiciones adecuadas en un proceso de soluciones, también nosotros podríamos esforzarnos más, con dos objetivos: por una parte, aclarar la responsabilidad de la propia ETA y, de confirmarse que tuvo responsabilidad, asumir tal responsabilidad; por otra parte, encontrar los cadáveres.” Acto seguido, con un repugnante cinismo, dicen que “no se ha podido hacer tal cosa” y achacan la responsabilidad, ¡cómo no!, “a un Estado que tiene tanto que ocultar” y para el que, añaden, los desaparecidos no son un tema atractivo. El Gobierno español, dicen, “nunca ha planteado estos temas en las conversaciones” y “nadie se ha acercado a nosotros a tratar de ello seriamente”. Aunque la rotundidad que pretenden trasladar se tambalea inmediatamente, cuando añaden que “si alguna vez ha habido algo así, no nos consta” y, sobre todo, cuando acto seguido concluyen reconociendo que “ha habido interpelaciones públicas, pero con poca seriedad”.

¡Qué desfachatez! ¡Cuánta ruindad! Pregunto públicamente a esos miembros de la última dirección de ETA qué seriedad otorgan a la interpelación realizada el 24 de marzo de 2023, en el marco del homenaje celebrado en el 50.º aniversario de la desaparición de Humberto, Fernando y Jorge, y secundada por los Gobiernos vasco y español, así como por todas las instituciones, colectivos de víctimas y ciudadanos que ese día acompañaron a las familias de los tres jóvenes.

Siguiendo con la entrevista, un poco más adelante responden que querrían “que se aclarara, por duro que sea y aunque ensucie el nombre de ETA. Si buceando en la historia de ETA se pueden hallar aclaraciones, creemos que esa aportación se hará.” ¿A qué están esperando? Han pasado ya casi 8 años. ¿Por qué siguen callando?

Hemos tardado en saber de esta entrevista. Podrían habernos hablado de ella los dirigentes de la izquierda abertzale a los que hemos interpelado en privado y públicamente en más de una ocasión. Pero no lo han hecho. Han preferido guardar silencio. Pese a ello hemos podido leerla. Tarde, y por casualidad, pero hemos podido comprobar cómo los dirigentes de ETA vienen a reconocer, aunque lo hagan por la puerta trasera, la responsabilidad de la banda terrorista en la desaparición de Humberto, de Fernando y de Jorge.

Como tengo la impresión de que en 2018 y 2019 la conversación de los dirigentes etarras con el periodista de 'Gara' tuvo escasa repercusión fuera de los canales de comunicación abertzales, voy a aprovechar este nuevo aniversario que se acerca —ya van 53—, para tratar de difundir esta pequeña parte de esa entrevista.

Al mismo tiempo que seguimos mimando la memoria de mi tío y de sus dos amigos, vuelvo a interpelar públicamente en nombre de estas tres familias a quienes fueron dirigentes de ETA. CON ABSOLUTA SERIEDAD. Con la seriedad con la que siempre les hemos interpelado. Les decimos alto y claro: déjense de excusas y pónganse, de una vez por todas, a bucear en su historia —estoy segura de que no han de bucear ni muy profundo ni durante demasiado tiempo—, reconozcan la verdad y dígannos dónde están los restos de Humberto, de Fernando y de Jorge.

Y no teman ensuciar el nombre de ETA. Aunque muchos etarras y exetarras, y muchos de quienes les apoyaron y jalearon, aún no hayan tenido la decencia ni el coraje de reconocerlo, el nombre de ETA lleva sucio desde el momento en que decidieron empuñar un arma y asesinar a su primera víctima.

El programa Adi-Adian dio comienzo en 2014. Le precedió el Plan para la Convivencia Democrática y la Deslegitimación del Terrorismo, del Gobierno socialista de Patxi López, en el que se incluía un proyecto de materiales didácticos para deslegitimar el terrorismo y llevará a las aulas testimonios directos de víctimas del terrorismo. Desde entonces este ha venido trabajando en las aulas de los centros escolares de Euskadi con los testimonios de diferentes víctimas del terrorismo. 

El uso de testimonios ayuda a humanizar lo sucedido, permitiendo que nuestros estudiantes conecten emocionalmente con la vivencia de la víctima. A través del relato directo de estas víctimas educadoras, se promueve el desarrollo de la empatía y el análisis crítico sobre las consecuencias del uso de la violencia. Al mismo tiempo, actúa como una herramienta para generar rechazo a la violencia.

Al participar en estas sesiones, tanto el alumnado como el centro educativo se convierten en agentes de memoria. Es decir, asumen la responsabilidad de mantener vivo el recuerdo para evitar el olvido.

A nivel pedagógico permite trabajar conceptos sobre los derechos humanos que, de otro modo, el alumnado suele desconocer debido a su falta de saber respecto al contexto sociopolítico de la época. Se fomenta la involucración del estudiante de manera significativa en su propio aprendizaje ético. Finalmente, ayudan a los jóvenes a comprender realidades que, en ocasiones, han sido silenciadas dentro de sus propias familias. No pocas veces hay alumnos que son conscientes de lo que estaba sucediendo en sus casas tras escuchar el relato de una víctima del terrorismo y la violencia por motivación política.

La importancia del programa es evidente, pero surgen varias preguntas: ¿Por qué tiene tan poco impacto a nivel social? ¿Por qué se llega a tan pocos estudiantes? ¿Qué se podría hacer para que esto dejase de ser así?

El principal hándicap que tiene el programa Adi-Adian es que se trata de un programa voluntario. Es decir, no está dentro del programa lectivo de las etapas de secundaria obligatoria, secundaria o estudios superiores. Por lo tanto, el programa depende exclusivamente de la sensibilidad y el compromiso personal de directores o profesores específicos (normalmente de áreas como Geografía e Historia, Valores Éticos o Filosofía). Este es el principal escollo por el que su alcance no sea mayor o total y, por lo tanto, por lo que se generan los siguientes inconvenientes.

Sin embargo, si ese docente comprometido cambia de centro o se jubila el programa suele desaparecer de ese centro educativo. En la mayor parte de los casos no es un compromiso institucional del centro, sino un esfuerzo individual. También debemos tener en cuenta la sobrecarga de trabajo, los docentes deben buscar el hueco en un currículo muy completo, lo que muchas veces lleva a que se sacrifiquen las sesiones de preparación previa a la visita de la víctima o de reflexión posterior. Es decir, no hay un trabajo previo con el alumnado. Algo absolutamente necesario para preparar a los oyentes para escuchar el testimonio que van a escuchar. En otras ocasiones también suele suceder que no hay trabajo posterior con el alumnado. 

El número de centros escolares que participan en el programa es pequeño. Según los datos del Eustat de 2023/2024, publicado en julio de 2025, la CAV tenía al menos 1.200 centros escolares no universitarios. De estos, alrededor de 333 impartían Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 210 Bachillerato. De los 333 centros, 132 son públicos y 201 son privados. De estos últimos, 97 son concertados. En 2024, por ejemplo, el programa llegó a 31 centros educativos de secundaria. Es decir, se llegó únicamente al 9,30% de los centros educativos de esas etapas y la mayoría eran centros educativos concertados.

Según los datos del Diagnóstico del sistema educativo vasco de 2025, publicado en febrero de este año, había un total de 123.059 estudiantes de ESO y Bachillerato. En 2024, por ejemplo, el número de alumnos que participaron en Adi-Adian fue de 2630. Es decir, se llegó a un 2,13% del total de los alumnos y las alumnas de la etapa Secundaria.

Ante estos datos, la conclusión es clara: la voluntariedad del programa genera una desigualdad en el acceso a la Memoria. El alumnado que recibe este impacto no lo hace por un derecho educativo garantizado, sino por suerte según el centro donde estudie. Esto impide que la deslegitimación de la violencia sea un estándar de aprendizaje común para toda la juventud vasca, dejando fuera a la mayor parte de los centros que, por falta de tiempo, desconocimiento o reticencia, deciden no solicitarlo. En definitiva, no todos los jóvenes vascos reciben la misma formación en memoria y convivencia, lo que genera una brecha en la base ética común de las nuevas generaciones.

Al no ser parte del programa lectivo, Adi-Adian es percibido a veces como una charla puntual en lugar de un proceso pedagógico serio. A esto debemos añadir que, al no estar integrado en el programa lectivo, los contenidos no suelen ser evaluables, lo que puede relajar la atención de una parte del alumnado que lo percibe como un descanso de las materias importantes. Podríamos decir que existe una desconexión curricular en el que cuesta más conectar el testimonio de la víctima educadora con los temas que el alumno está estudiando en ese momento (Derechos Humanos, Dictadura, Transición, etc.), perdiéndose la oportunidad de que el testimonio sirva como fuente primaria de estudio histórico.

Todo esto provoca inconvenientes como que las entidades que trabajan con este programa no puedan prever cuántos centros lo solicitarán cada año y se generen picos de demanda en fechas señaladas (como el Día de la Memoria), mientras que el resto del año el programa tiene menos actividad, lo que complica la gestión de las agendas de las víctimas.

Vinculado a ello hay otro problema externo: el número de víctimas es reducido. Apenas una veintena de ellas, entre las que se encuentran tanto víctimas de ETA como de grupos terroristas de extrema derecha o de violencia del Estado, participan en el programa. Aquí se observan diferentes factores: el hecho de que haya víctimas que no deseen participar por no encontrarse preparadas para hablar de ello en público; los que al contrario, sin dejar de lado el recuerdo, han decidido seguir con su vida; o los que tras participar en múltiples visitas al aula necesitan un descanso o entienden que ya han cumplido. Todos estos factores son comprensibles, entendibles y absolutamente respetables.  

A esto le sumamos que el número de víctimas de primera fuente de información se va reduciendo por edad. El envejecimiento de estas víctimas, está empezando a crear y creará una limitación de estos testimonios de manera directa en un breve tiempo. Por ese motivo, es fundamental que se abra el espectro añadiendo a víctimas de persecución. Así como a víctimas de segunda generación o material audiovisual de los testimonios de las víctimas de primera fuente.

La integración de Adi-Adian en el programa lectivo por parte del Departamento de Educación es fundamental para garantizar que la formación en memoria y convivencia sea un derecho educativo garantizado y no una cuestión de azar según el centro. Se evitaría que el proyecto desaparezca cuando un docente comprometido se traslada o se jubila, convirtiéndolo en un compromiso institucional. Aseguraría que existan espacios curriculares específicos para el trabajo previo y posterior con el alumnado, fundamentales para la asimilación ética del testimonio. Estabilizaría la gestión de las entidades y las agendas de las víctimas, evitando picos de demanda estacionales y permitiendo una planificación pedagógica seria y evaluable.

En definitiva, transformar Adi-Adian en una pieza troncal del currículo es el paso necesario para que el testimonio de las víctimas deje de ser una charla puntual y se convierta en una herramienta sistemática de deslegitimación de la violencia y de construcción de una base ética sólida para las futuras generaciones.

Este 11 de marzo se cumplen 22 años de los atentados ocurridos en la línea de trenes de Cercanías de Madrid, un suceso que este mismo día en 2004 se cobró la vida de 193 personas, entre ellas una treintena vivían o estaban vinculadas a Castilla-La Mancha. Algunas localidades de la región como Azuqueca de Henares, Alcázar de San Juan o Guadalajara, han rendido homenaje a las víctimas.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha participado en un homenaje en Azuqueca de Henares -cuatro víctimas estaban ligadas al municipio- señalando que “solo con unidad y solidaridad” se logra hacer frente de manera efectiva al terrorismo.

El acto convocado por el Ayuntamiento de Azuqueca, en el que han participado también el alcalde Miguel Óscar Aparicio, integrantes de la Corporación Municipal, el exalcalde Florentino García Bonilla y, entre otras autoridades, el comisionado para la Accesibilidad del Gobierno Regional, el también azudense José Luis Escudero, se ha celebrado un año más en el monolito de la Estación de Ferrocarril, en una fecha que la Comisión Europea hace coincidir con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

En una atención a medios de comunicación, Bellido ha manifestado su “solidaridad permanente con todas las víctimas del terrorismo y, particularmente, con las de nuestros vecinos y vecinas”, así como el “compromiso por defender la democracia, la libertad y la paz”. Así, ha recordado que toda victoria frente al terrorismo de ETA o yihadista se ha logrado “siempre gracias a la unidad y a este sentimiento de solidaridad interna que nos acompaña a todos los españoles y españolas y que también, evidentemente, es seña de identidad de Castilla La Mancha, de Guadalajara y Azuqueca”.

“Su ausencia seguirá atravesando esta tierra”

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera-portavoz, Esther Padilla, ha aludido a la incertidumbre que se vivió en el “mayor antentado terroriista de la historia de España”. Ante el recuerdo del 11M, la portavoz se ha acordado de las 193 personas que perdieron la vida y ha querido trasladar el afecto y profundo respeto del Gobierno de García-Page a sus familias, así como a aquellas que resultaron heridas.

Se trata de un ataque que afectó de forma directa a Castilla-La Mancha. Uno de los trenes había partido de Guadalajara rumbo a Madrid, en el trayecto cotidiano de miles de trabajadores y estudiantes del corredor del Henares. “Personas que formaban parte de nuestros pueblos y ciudades, de nuestras familias, y cuya ausencia seguirá atravesando esta tierra”, ha continuado la portavoz, quien ha remarcado que, por supuesto, siguen viviendo en el recuerdo de sus seres queridos, pero también en “la conciencia democrática de un país que no puede ni debe olvidar”.

La portavoz también ha reconocido la entrega de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Entre ellos ha mencionado al inspector del Grupo Especial de Operaciones Francisco Javier Torronteras, que perdió la vida durante la operación policial contra los terroristas días después y cuya dedicación representa, en palabras de Padilla, el máximo exponente del compromiso con el que nuestro país respondió al terrorismo.

En este sentido, ha recordado que la sociedad española respondió al odio y al fanatismo con una solidaridad y una serenidad ejemplares. En un contexto como el actual, en el que la polarización “vuelve a hacer mella” en el debate público, Padilla ha reivindicado la necesidad de recordar aquel 11 de marzo “para tener muy presente la importancia de trabajar, día a día, por la convivencia”. Según ha señalado, ese es el mejor homenaje que puede hacer la sociedad a las víctimas: “honrar su memoria y defender un Estado de Derecho y unos valores democráticos que nos protegen a todas y todos”.

El Gobierno extremeño ha guardado este miércoles un minuto silencio con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, un homenaje que también se repetirá en los consistorios de la región y que tendrá su acto más simbólico en Badajoz.

A las puertas de la Presidencia de la Junta de Extremadura se han concentrado, a las 10 horas de este miércoles, miembros del Ejecutivo regional en funciones con su presidenta a la cabeza, María Guardiola. Junto a ella han asistido altos cargos de la Administración regional, trabajadores de esta y también el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, que ha estado representado por su presidente y su portavoz, José María Vergeles y Piedad Álvarez, respectivamente.

También ha estado presente el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, en el que constituye el primer minuto de silencio de los convocados este miércoles en la región, día el que se recuerda a las víctimas los terribles atentados en Madrid del 11 de marzo de 2004, que dejaron 193 muertos y más de 2.000 heridos.

El acto central de esta jornada, organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en diversos puntos de España, tendrá lugar a las 12 horas en Badajoz con la participación del delegado del Gobierno, José Luis Quintana; el presidente del Parlamento regional, Manuel Naharro; y el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, entre otras autoridades. Además, la Federación Española de Municipios y Provincias ha invitado a las entidades locales a convocar a las 12:00 horas un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. 

El Gobierno de España ha modificado en tiempo récord una ley estatal para garantizar el reconocimiento de víctima de la represión policial a Manuel José García Caparrós, el joven sindicalista malagueño muerto de un disparo durante la manifestación por la autonomía plena andaluza del 4 de diciembre de 1977. La reforma legal garantiza a su familia una indemnización de 250.000 euros por el fallecimiento del muchacho, símbolo de la lucha andalucista.

A través de una reforma ad hoc de la Ley de Memoria Democrática, impulsada políticamente por la vicepresidenta primera María Jesús Montero, el Gobierno de PSOE y Sumar se corrige a sí mismo en apenas una semana. El martes pasado, la Dirección General de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio de Interior, comunicó por carta a la familia que denegaba la condición de víctima del terrorismo de Estado a García Caparrós, alegando que su caso “no tenía encaje” en la ley.

Para enmendar esa decisión, que desató un terremoto político en la izquierda andaluza a las puertas del 28F (Día de Andalucía), no se ha modificado la Ley de Ayudas a Víctimas del Terrorismo (2011), que dejaba fuera a García Caparrós, sino la Ley de Memoria Democrática, ampliando el periodo de reconocimiento y reparación integral de las víctimas del tardofranquismo o, en este caso, de los primeros años de la Transición y el proceso autonomista.

La primera Ley de Memoria Histórica, de 2007, iba desde el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977, y el Real Decreto ley aprobado este martes amplía el periodo hasta el 29 de diciembre de 1978, cuando entra en vigor la Constitución Española. Sin embargo, esta prolongación del plazo legal no es la que mete dentro a García Caparrós, puesto que él fue asesinado el 4 de diciembre del 77 y ya estaba dentro del periodo recogido en la legislación anterior.

La reforma legal que acaba de aprobar el Consejo de Ministros recoge un artículo único, que modifica la segunda Ley de Memoria Democrática (2022), y añade seis disposiciones finales. Es en esas disposiciones donde se incluye el derecho a una indemnización “a las personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, así como de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes”, siempre que no hubieran sido ya indeminizadas con la primera Ley de Memoria.

La Ley de Memoria de 2022 suprimió las indemnizaciones a las víctimas del franquismo, recogidas en el artículo 10 de la ley anterior. El Real Decreto ley recupera esas ayudas, con 250.000 euros por víctima fallecida (la misma cantidad que contempla la Ley de Ayudas a Víctimas del Terrorismo (2011), que es la que esgrimieron las hermanas de García Caparrós para exigir una compensación al Estado).

La reforma legal incluye como perceptores de las ayudas a hijos y cónyuge o quienes hubieran convivido con la persona fallecida con análoga relación de afectividad, y añade la posibilidad de concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes, actualizándose las cuantías a 180.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta y a 500.000 euros en caso de gran invalidez. Estas ayudas no podrán recibirlas “quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados terroristas”.

Las hermanas García Caparrós -Purificación, Dolores y Francisca- tienen ahora un año de plazo para presentar la solicitud de su indemnización, prorrogable un año más con acuerdo del Consejo de Ministros. Al tratarse de un Real-Decreto ley, lo dispuesto en la norma entra en vigor de inmediato (en cuanto se publique en el BOE), pero deberá ser convalidado por el Congreso en 15 días. Entonces, serán los grupos quienes se retraten votando a favor o en contra.

El PSOE andaluz, que anunció la semana pasada en el Parlamento esta modificación ad hoc de la Ley de Memoria, ya ha conminado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, a que ejerza su influencia en el PP de Alberto Núñez Feijóo para que todos sus diputados voten a favor en la Cámara Baja, garantizando así el reconocimiento como víctima de García Caparrós y la compensación económica a sus hermanas, que llevan reclamando casi 50 años.

El 3 de marzo es un día señalado en el calendario de Vitoria desde 1976. Desde el jueves de 1977 en que se conmemoró el primer aniversario del asesinato a manos de la Policía Armada de cinco personas, la fecha ha estado marcada por los actos de homenaje, que han ido acompañados de nuevas protestas y manifestaciones, de cargas de las diferentes Policías, incluida la Ertzaintza en tiempos más modernos, de reconocimientos rodeados de más o menos debate e incluso de asesinatos de la banda terrorista ETA a tiro de piedra del lugar de los hechos.

En los últimos años, además, los anuncios relativos al avance de las negociaciones primero y los trabajos después para la adecuación de la iglesia de San Francisco de Asís como lugar de memoria han copado las noticias de los días que rodean al 3 de marzo.

1977, el primer aniversario

Ya desde febrero de 1977, se tenía constancia de que el primer aniversario de la muerte de los trabajadores en huelga a manos de la Policía Armada iba a propiciar la celebración de manifestaciones y el llamamiento a una huelga general. Así se advertía en una nota remitida al Gobierno Civil. Ya entonces estaban adoptadas “medidas para evitar la alteración del orden público”. El 2 de marzo, en la víspera del aniversario, los servicios de Información del Cuerpo General de Policía remitieron al gobernador civil de la provincia de Álava una nota relativa a la “profusa y variada siembra de propaganda subversiva” que se estaba detectando en los días previos a la efeméride. El objetivo de esta propaganda, se detallaba, era conseguir una huelga general para el día 3. La misiva iba firmada por el comisario jefe provincial y el comisario jefe de la brigada. Adjuntaba, además, un ejemplar de cada una de las propagandas descritas, a saber: una propuesta de huelga general, propaganda comunista y de KAS, la coordinadora abertzale socialista, y fotografías del rostro de las tres personas asesinadas el año anterior que fallecieron el propio día 3: Francisco Aznar, Pedro María Martínez Ocio y Romualdo Barroso. Las otras dos víctimas mortales, José Castillo y Bienvenido Pereda, perecieron en las jornadas siguientes.

El llamamiento a la huelga por el primer aniversario efectuado por la Coordinadora de Comisiones Representativas de Fábricas y Talleres de Álava redoblaba las apelaciones a la “unidad”, pues se sostenía que había que “unificar puntos de vista y esfuerzos”. “Durante estas fechas nos parece oportuno hechar [sic] una mirada hacia atrás para sacar algunas lecciones importantes, pero antes se nos impone nuestro recuerdo a la memoria de los compañeros asesinados, cuyos nombres (Francisco Aznar, Pedro Mª Ocio, Romualdo Barroso, J. Castillo, Pereda) estarán grabados en nuestra memoria con letras de oro”, se puede leer en aquellas líneas. “Para que la sangre de nuestros hermanos trabajadores no halla [sic] sido derramada en vano, nosotros, trabajadores de Vitoria, hemos de seguir luchando por aquello por que ellos murieron: el reconocimiento de las asambleas y Comisiones Representativas, órganos de verdadera representatividad de la clase obrera y el pueblo trabajador”, se alentaba unos párrafos después.

Otro de los documentos adjuntos al informe es el firmado por la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) de Álava, que exigía, entre otras cosas, “libertades democráticas”, “amnistía total”, “esclarecimiento y responsabilidades del 3 de marzo”, “disolución de cuerpos represivos” y “una sociedad vasca reunificada y sin clases”. “La represión sobre nuestro pueblo no cesa y toma diversas formas, desde la carestía de la vida hasta fusilamientos de la misma forma que hicieron el 3 de Marzo en Zaramaga, pero sí hay un denominador común. Ese denominador común es la masacre, el asesinato que se comete sobre un pueblo que intenta caminar hacia su liberación nacional y de clase; asesinatos que tienen sus víctimas en aquellas clases más interesadas en la revolución y principalmente en la clase obrera”, aseveraba, tanto en castellano como en euskera. Se pedía, además, convertir el 3 de marzo en “símbolo de todos los caídos por la causa del pueblo”.

El 3 de marzo de 1977 amaneció ya con un ambiente cargado de tensión. Según recogen crónicas del día, “centenares” de antidisturbios, de nuevo de la Policía Armada, patrullaban las calles de la ciudad. Las fábricas detuvieron su producción y los trabajadores, “reflejando en sus caras seriedad, preocupación y hasta miedo”, atendieron al llamamiento a la huelga general y se concentraron a las 11:00 horas en torno a la catedral, que iba a acoger el funeral en recuerdo de los fallecidos un año antes.

La homilía que se leyó durante el funeral hablaba de “tan triste suceso, término lamentable de unos meses de profunda tensión socio-laboral” y llamaba a “la oración por los difuntos y al compromiso de esforzarnos más intensamente por lograr una sociedad presidida por la paz, fundada en la verdad, en la justicia y en la auténtica libertad”. La vida de los fallecidos, se pedía también, habría de ser “precio de reconciliación”, la herramienta para percatarse de que la sociedad estaba “enferma”. “Los problemas, las dificultades y las tensiones no se solucionan cuando las personas y los grupos humanos aceptan pasivamente una situación, pero no obstante si el diálogo y el respeto mutuo son ahogados por el insulto y el recíproco desprecio, si el odio y el deseo de revancha se imponen al espíritu de reconciliación, nadie es capaz de preveer [sic] la capacidad de destrucción mutua que podemos alcanzar”, se añadía.

En el discurso, se llamó también a “defender los derechos humanos de todos los ciudadanos” y a “apoyar a los más pobres, débiles y marginados”. En ningún momento, sin embargo, se aludió a la causa de la muerte de los trabajadores en huelga. “Sus muertos fueron el trágico resultado de una lucha en la que todos fuimos responsables, aunque no todos fuéramos responsables en la misma manera y en la misma proporción. Justo es que ahora todos nos sintamos solidarios en una plegaria común”, concluía la homilía.

Durante la jornada, una docena de personas resultaron heridas y fueron detenidas otras siete. Las manifestaciones no contaban con autorización y hubo enfrentamientos con las autoridades, que disolvieron valiéndose de botes de humo algunas de las concentraciones espontáneas. En algunas de las fotografías tomadas aquel día, se ve, difuminados entre el humo, a manifestantes que portan coronas de flores.

Según la información publicada en el 'Norte Exprés' del día siguiente, el 4 de marzo todavía continuaban en dependencias policiales Tomás Echave, trabajador de la fábrica Forjas Alavesas, y uno de los líderes de las Comisiones Representativas, cuyo nombre no se detallaba. El periódico, que hablaba de “360.000 horas perdidas en la jornada de huelga” y de “300.400.000 pesetas perdidas en producción”, redactó un editorial muy crítico con la forma de expresar las reivindicaciones. “Se desnaturalizó el funeral, y, en lugar de limitarse éste a los ritos religiosos, se leyeron escritos que nunca deben ser leídos en la Casa de Dios”, se lamentaba el diario vitoriano. “La democracia no se gana con revueltas y paros, ni la libertad ni la justicia pueden florecer en estos ambientes”, se quejaba.

1978, ETA acribilla a tres policías

El 5 de marzo de 1978, en la calle de los Reyes de Navarra, a tiro de piedra de la iglesia en la que sucedieron los hechos de 1976, ETA acribilló a tiros un vehículo de la Policía Armada en el que se encontraban un cabo y cinco agentes. Según las informaciones que se publicaron al poco tiempo, dos o tres individuos dispararon varias ráfagas, con al menos cinco decenas de disparos. El cabo —el único ileso, según cuenta el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite)— logró salir del coche y pedir ayuda con el teléfono de una cabina. “El chófer, Miguel Raya Aguilar, salió del coche, pero se desplomó muerto junto a la rueda delantera, el agente Joaquín Ramos Gómez falleció poco después y José Vicente del Val del Río resultó gravemente herido y finalmente falleció 25 días después. Otros dos policías, Armando Doval González y Santiago del Canto de los Reyes, lograron sobrevivir a pesar de las heridas”, relata Covite. El coche robado por los terroristas, un Seat 1430 con matrícula M-804230 de Madrid y sustraído en el barrio de Txagorritxu, apareció horas más tarde, abandonado.

Si bien ETA no reivindicó el atentado y en las primeras informaciones publicadas en prensa se deconocía su autoría, más tarde se supo que los asesinatos habían corrido a cargo del 'comando Araba' de ETA militar. “Varios vecinos trataron de socorrer a los otros ocupantes del coche. [...] La escena impactó a los vecinos del barrio. Algunos recordaban los trágicos sucesos ocurridos dos años antes muy cerca del lugar del atentado, a la salida de la iglesia de San Francisco”, se relata en el primer volumen de la 'Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco', obra coordinada por José Antonio Pérez Pérez. Los autores de este libro sostienen que, mientras que los cinco obreros muertos a manos de la Policía Armada cuentan con memoriales, “prácticamente nadie es capaz de recordar el asesinato que se produjo apenas a cien metros de allí dos años más tarde, ni por supuesto el nombre de los tres policías que resultaron asesinados”. La imagen que acompaña estas líneas es la de la placa ubicada muy próxima a la iglesia del 3 de marzo.

2005 y 2008, la Medalla de Oro rechazada y luego aceptada

En 2005, el diputado general de Álava, Ramón Rabanera, del PP, concedió la Medalla de Oro de la provincia a las víctimas del 3 de marzo. La asociación Martxoak 3 no aceptó el galardón, pues consideraban la entrega por el PP “una farsa” y se quejaban de que los 'populares' no aceptaban “una revisión de aquellos hechos”. Manuel Fraga, ministro del Interior en 1976, fue luego el fundador de ese partido. Tres años después, ya con Xabier Agirre del PNV de diputado general, la asociación sí aceptó la concesión del reconocimiento.

2006, debate y “terrorismo”

En 2006, cuando se iba a cumplir el trigésimo aniversario de la masacre, hubo debates en las Juntas Generales (el Parlamento foral). El PNV presentó una moción urgente en la que instaba al Gobierno de España a brindar a las víctimas del 3 de marzo la misma consideración que al resto de víctimas amparadas por la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. “Ni su consideración como víctimas del terrorismo, ni el esclarecimiento de los hechos y la consecuente depuración de responsabilidades se han conseguido materializar en todo este tiempo”, se quejaban los 'jeltzales' en el texto.

Los partidos registraron varias enmiendas. Finalmente, mucho después del aniversario, el 1 de junio de 2006, se aprobó una enmienda transaccional que reconocía “su condición de víctimas del terrorismo” a los cinco fallecidos en la masacre del 3 de marzo de 1976. Ese apunte, sin embargo, no estaba mecanografiado como el resto del texto, sino añadido de puño y letra. Las Juntas Generales, se leía en el escrito, “se solidarizan afectiva y efectivamente una vez más con las víctimas” y “condenan nuevamente los cinco asesinatos y las brutales agresiones cometidas por las Fuerzas del Orden Público en la Iglesia de San Francisco de Vitoria-Gasteiz y sus alrededores”. El documento estaba rubricado por Unidad Alavesa, Izquierda Unida, Eusko Alkartasuna, PSE-EE y PNV, y apoyado igualmente por la marca de entonces de la izquierda abertzale, ANV. Figura también el encabezado para la firma del PP, pero el hueco quedó en blanco. El portavoz 'popular', Santiago Abascal padre, expuso que precisamente ese añadido era el motivo del rechazo.

Cargas en los aniversarios

Algunos años con más intensidad y otros con menos, pero las movilizaciones en homenaje a los cinco obreros asesinados el 3 de marzo de 1976 han sido una constante en cada aniversario desde la masacre. Y muchas de ellas han acabado con cargas de la Ertzaintza. En 2006, por ejemplo, la Ertzaintza exigió retirar unos símbolos que encabezaban la manifestación y detuvo al portavoz de la asociación Martxoak 3, Andoni Txasko, que precisamente había resultado herido tres décadas antes a causa de las cargas de la Policía Armada. Según recoge 'Naiz', una manifestante gritó “Le vais a dejar ciego otra vez” a la Policía vasca, cuyo agente habría respondido “Si ya estaba ciego, no se le puede dejar ciego otra vez”. Txasko y otros manifestantes fueron juzgados dos años después, aunque resultaron absueltos.

En 2024, el 3 de marzo fue domingo. Y hubo nuevamente cargas durante la manifestación anual en memoria de las víctimas. En respuesta al lanzamiento de adoquines, botellas de vidrio y otros objetos contundentes como mesas y sillas de terrazas, la Brigada Móvil de la Ertzaintza respondió con unas cargas que dejaron varios heridos y contusionados, incluidos siete agentes de la Policía autonómica. En la lista, sin embargo, no figuraba un 'askatu' (o agente infiltrado) que también fue golpeado por sus compañeros, según confirmaron entonces fuentes internas.

El 'askatu' portaba una porra extensible de dotación. Es habitual que en este tipo de movilizaciones participen de modo discreto agentes de paisano para informar a las dotaciones uniformadas de posibles movimientos extraños o incidencias. Es menos habitual que esos funcionarios acaben siendo golpeados, ya que existen códigos internos para que sean identificados y para que, además, lo sean con seguridad para no ser descubiertos.

2008, norma foral y reconocimiento de las víctimas

El Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava del 19 de noviembre de 2008 incluía el articulado de una norma foral que reconocía a las víctimas del 3 de marzo. Ocupaba el cargo de diputado general Xabier Agirre, del PNV, que gobernaba con el apoyo de EA y Aralar. Señalaba el texto que “en 1976 no había un régimen democrático” y que el Gobierno de entonces “aplicaba con rigor métodos represivos frente a los movimientos que luchaban por las libertades y frente a las legítimas demandas sociales”. El 3 de marzo de 1976, concretamente, “un legítimo movimiento social reivindicativo de unas mejoras laborales” fue “reprimido de manera injusta y abusiva por el Gobierno produciendo 5 fallecidos y más de 100 heridos”.

Añadía el texto de la norma: “[...] la sociedad es realmente consciente de lo que sucedió y rechaza la versión construida por los responsables de la masacre para eludir sus responsabilidades”. Tildaba lo sucedido de “injustificada masacre ordenada por un Gobierno no democrático frente a unos trabajadores que reivindicaban pacíficamente la mejora de sus condiciones de vida”.

Se reconocía que más de tres décadas después de los hechos, las víctimas no habían recibido aún “ningún tipo de compensación”, todo ello pese a que “la sociedad y las instituciones representativas más cercanas [habían] mostrado su reconocimiento y su solidaridad”. La norma preveía una indemnización de 138.232,78 euros a la familia de cada una de las cinco víctimas mortales. Asimismo, se estipulaban más de 390.000 euros por gran invalidez, más de 96.000 por incapacidad permanente absoluta, más de 48.000 por incapacidad permanente total y más de 36.000 por incapacidad permanente parcial.

2019, estreno de la película

El 1 de mayo de 2019, se estrenó en cines en toda España —después de un preestreno exclusivo en la capital alavesa— la película 'Vitoria, 3 de marzo', dirigida por Víctor Cabaco y con guion de Héctor Amado y Juan Ibarrondo. Formaron parte del elenco actores como Amaia Aberasturi, Ruth Díaz y José Manuel Seda. Meses antes, durante 2018, se rodó el filme en las calles de Vitoria. “Cuando estábamos en Vitoria con la preproducción, todo el mundo te decía 'yo ese día estaba no sé donde', todos recuerdan qué estaban haciendo el 3 de marzo y todos te cuentan el silencio que había ese día en la ciudad”, contaba el director a este periódico.

Durante el rodaje, volvieron a verse por las calles vehículos decorados como si fuesen de la Policía Armada. “Como la peli era de un presupuesto no muy amplio, pedimos voluntarios y en Vitoria cantidad de gente se animó a participar. Pedíamos que viniesen por la mañana o por la tarde para hacer de extras, y la colaboración ha sido espectacular, la gente venía vestida de su casa con sus propias ropas de los 70, ha sido increíble”, añadía Cabaco. La película recibió elogios por la ambientación de las escenas de época, pero no suscitó tan buenas opiniones en lo referente al plano narrativo.

2021: 45.º aniversario, presentación con mascarillas del Memorial

Unos días antes del cuadragésimo quinto aniversario, el Gobierno vasco, la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria firmaron un convenio con el obispo de la Diócesis de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, para activar la cesión del templo, de tal manera que se pudiese poner en marcha un centro memorial. Beatriz Artolazabal, Ramiro González y Gorka Urtaran, equipados con mascarillas por la pandemia de COVID-19 y en representación de las tres instituciones, participaron en la firma.

“Un 3 de marzo de 1976 esta iglesia fue escenario de unos trágicos y luctuosos sucesos. Hoy ponemos la primera piedra para que a partir de ahora sea lugar de memoria y faro para la convivencia”, dijo entonces Artolazabal. Se escudó, además, en que “el derecho a la memoria, a la verdad y al reconocimiento no prescriben”. “Todas las víctimas de la violencia tienen derecho a verdad, reparación y justicia”, defendió, por su parte, el diputado general, que subrayó que las víctimas “muchas veces” se habían sentido “huérfanas de reconocimiento y apoyo institucional”. Aludió, asimismo, al reconocimiento institucional de 2008. El entonces alcalde, Urtaran, redobló las exigencias de “justicia por el asesinato”. “Hoy damos un paso importante para que los cinco trabajadores asesinados en Vitoria-Gasteiz en 1976, que todavía no han recibido el merecido reconocimiento, por fin sean reconocidos como víctimas de abusos policiales, equiparables a víctimas del terrorismo”, expresó.

Un lustro más tarde, ese Memorial no está en marcha. Las obras, de hecho, solamente han empezado a finales de este mes de febrero. El templo lleva tiempo sin culto, pero acogía una exposición permanente de belenes. La recolocación de esos pesebres ha sido objeto de polémica hasta fechas muy recientes. Entretanto, el edificio, de Luis Peña-Ganchegui, ha ido deteriorándose con goteras, caída de las tejas de pizarra, maleza y otros males arquitectónicos.

2023: 47.º aniversario, presentación del documental

El 2 de marzo de 2023, un día antes del aniversario, se presentó el documental 'M-3 Gogoetak-Recuerdos del 3 de marzo', bajo la dirección de Eloy González Gavilán. La primera proyección tuvo lugar en el Vital Fundazioa Kuturunea, en Dendaraba. En el documental, que contó con el impulso de las comisiones de personas usuarias e integrantes del programa 'Activa tu barrio' del Bizan de Zaramaga, se recogen veinticinco testimonios de gente que vivió en primera persona los hechos del 3 de marzo. Se acompañaron las palabras de imágenes cedidas por TVE y también de fotografías recopiladas por el Archivo Municipal de la ciudad y de particulares como Koldo Larrañaga y Luis Ziarrusta.

Por esas fechas, asomó también una sorpresa urbanística, pues se descubrió que el templo de San Francisco de Asís en el que se produjeron las cargas de la Policía Armada nunca fue de la Iglesia. El edificio como tal -“el vuelo”- sí fue sufragado por la Iglesia y era de su propiedad a todos los efectos, pero antes de acometer la cesión para crear el Memorial, se vio que era necesario hacer un “ajuste” urbanístico o “reparcelación”. “Las cosas se hacían como se hacían... Ahora lo que hay que hacer es reordenar. Es un trámite y ya están los técnicos en ello, pero llevará varios meses”, explicaban entonces fuentes consultadas.

La familia de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que con 18 años fue asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación por la autonomía plena andaluza, ha denunciado que “el Estado tiene que asumir su responsabilidad histórica” con su muerte, en respuesta a la carta del Ministerio del Interior que deniega su consideración como víctima del terrorismo.

Dolores, Francisca y Purificación --las hermanas de Manuel José--, junto a Joaquín Recio, portavoz de la asociación Manuel José García Caparrós, han expresado este viernes en rueda de prensa que tras el varapalo que supone la comunicación del Gobierno, su próxima esperanza es que el Consejo de Ministros apruebe este martes una modificación de la ley de víctimas del terrorismo, como ya ha confirmado el Ejecutivo a este periódico.

La asociación y la familia García Caparrós ha dado lectura a un comunicado en el que, en primer lugar, han dicho que no saben cómo la carta con la comunicación ha llegado a manos de la prensa: “Nosotras no la hemos movido. Siempre hay cosas raras en torno a nuestro caso”, han señalado.

Tras recordar que Manuel José García Caparrós es hijo predilecto de la ciudad de Málaga, de la provincia de Málaga e hijo predilecto de Andalucía, han insistido en que “fue asesinado vilmente por un policía de la policía armada, la policía del Régimen, el 4 de diciembre de 1977, dos años después de la muerte del dictador. Porque el régimen siguió matando después de muerto el dictador, como le ocurrió a mi hermano y a muchos jóvenes más en esa sangrienta transición”.

La familia del joven asesinado ha puesto especial hincapié en resaltar varias ideas, tales y como que a Manuel José “no lo mató una bala que cayó del cielo. Fueron a matar y lo mataron”; también insisten en que su caso “no es el único en el que desaparecen las pruebas, en el que se hace un juicio farsa y en el que se vilipendia su memoria”; y además consideran que “la Transición no fue modélica. Ya está bien. Hubo un plan del régimen franquista, ya sea institucional o no, para acallar la juventud que pedía más libertad y más derechos”.

En este punto de la comunicación, subrayan: “Nuestro caso es un caso de vulneración de los derechos humanos, de terrorismo de Estado. Hubo un plan por parte de la ultraderecha para generar tensión y miedo, y en eso entraban también sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad como la policía armada. No son casos aislados como han demostrados las tesis doctorales, los documentales, las investigaciones...”.

“Manto de impunidad”

La asociación y la familia García Caparrós ha expresado que, en su opinión, “lo que hay es un manto de impunidad que llega hasta hoy”, punto en el que señalan no entender como la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo “en vez de buscar soluciones que ayuden a mejorar la calidad democrática, nos deniega el derecho al reconocimiento como víctima del terrorismo”.

“Por supuesto que creemos que el Estado es el que tiene que asumir su responsabilidad histórica en este asesinato y en tantos otros. Pónganse señores diputados a trabajar por cambiar la ley, han tenido que pasar 20 años para recibir una contestación, consideramos que ya ha habido tiempo para cambiar lo que es injusto ¿no?”, han expresado Loli, Paqui y Puri.

Además, han considerado que “la falta de empatía y corresponsabilidad para con las víctimas como demuestra esta carta de contestación lo hace aún más grave, más inhumano”.

Para las hermanas y la asociación Manuel José García Caparrós, el joven está “en el limbo de la burocracia por leyes injustas que protegen a los victimarios, no a las víctimas”. Y al respecto han reclamado que “si el problema es la ley en la que no encaja, entonces cambien la ley. Que el Congreso de los Diputados y este Gobierno cambien lo que tengan que cambiar para no proteger a los terroristas que mueren en su casa sin ninguna responsabilidad amparados por el Estado”.

Las hermanas de Manuel José han denominado a la contestación que les ha dado el Ministerio de Interior como “la carta de la vergüenza”, y han pedido que “Andalucía se movilice por la dignidad y memoria de aquel que luchó por su autogobierno. Aquella Andalucía por la que murió nuestro hermano, deben abanderar la lucha contra la impunidad”.

Por último, han insistido en que la misiva de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo ha sido para ellas “la más dura que hemos recibido nunca”.

“Murió por Andalucía”

En el turno de preguntas, Loli García Caparrós ha pedido explícitamente al Partido Popular que apoye una modificación de la ley de víctimas del terrorismo. “Espero que el partido que gobierna Andalucía no vote que no”, ha dicho la hermana de Manuel José, que ha añadido: “Él murió por Andalucía y yo creo que la Junta de Andalucía es el primero que debería de apoyar el caso de García Caparrós”.

Sobre el debate generado tras la publicación de la carta, el portavoz de la asociación, Joaquín Recio, ha dicho que están de acuerdo con que el joven “sea parte del debate político de Andalucía”. “NOs parece necesario que las víctimas de la Transición estén ahí y nuestro Manuel José García Capadón, malagueño, asesinado por la Policía Armada el 4 de diciembre del 77, tiene que estar ahí en ese debate, siempre que se hable de dignidad y memoria”. “Nos parece que el debate es necesario para hablar de una transición bastante oscura en ese sentido y que hace falta arrojar luz”, ha añadido.

Y en cuanto a la modificación de la ley de víctimas del terrorismo, Recio ha precisado que, si bien no han sabido nada oficialmente por parte del Gobierno, lo que están viendo “por la prensa” es la posibilidad de que el próximo Consejo de Ministros promueva la modificación tomando como base “un artículo que se perdió de la ley de Memoria Histórica de 2007”.

“Es cierto que en la comisión parlamentaria Marlaska dijo que lo que había que intentar a lo mejor era restituir un artículo que se perdió de la ley de Memoria donde se podía dar amparo a víctimas como Manuel José. El tema es que la burocracia en la que está siempre Manuel José se termine y que se pongan a trabajar que sabemos que están trabajando los diputados pero que se pongan a trabajar en este sentido y que acaben con esta situación que es injusta, y las leyes están para cambiarlas”, ha insistido Recio.

Por último, y preguntadas por el hecho de que este sábado se celebra el Día de Andalucía, Loli, Puri y Paqui García Caparrós han mantenido que para ellas, y “en su corazón” el Día de Andalucía siempre será el 4 de diciembre “porque García Caparrós es un símbolo para Andalucía y siempre lo será”. “Nosotros nos iremos, pero el símbolo, pero la memoria y el nombre de Caparrós seguirán vivos toda la vida”.

También han insistido en que las ha sorprendido que en la carta “dijo que la policía estaba para proteger a los ciudadanos, supuestamente en el año 77”. “Yo le voy a decir a esta señora, a la que ha escrito la carta, que si me está hablando de la policía de ahora, pues todavía lo respeto y le digo que vale, pero la de 77 no estaba para proteger a los ciudadanos estaba para asustar a los habitantes, y es lo que le pasó, porque mi hermano no hizo nada para que le dieran un disparo”.

“A él lo mató un policía por la espalda por el simple hecho de llevar una bandera en la mano, como íbamos todos los andaluces con una bandera. No hubo provocación, no hubo nada más”, ha concluido Puri García Caparrós, que ha reclamado que su hermano no fue “una víctima de segunda”.

La negativa del Gobierno de PSOE y Sumar de conceder el reconocimiento de víctima del terrorismo de Estado a Manuel Jesús García Caparrós ha soliviantado a todos los grupos de la izquierda andaluza en la antesala del 28 de febrero (28F), Día de Andalucía. Y no de cualquier 28F, sino del último de la legislatura, a pocos meses para unas elecciones donde el espacio progresista busca unidad y movilización.

El joven sindicalista malagueño murió asesinado por un disparo de la Policía militar durante la multitudinaria manifestación por la autonomía plena andaluza, el 4 de diciembre de 197 en una calle de Málaga. Hoy es considerado por todos los partidos, excepto Vox, una suerte de mártir de la conquista del autogobierno, y tiene el título póstumo de Hijo Predilecto de Andalucía, máxima distinción que otorga el Gobierno autonómico.

La resolución del Ministerio de Interior que deniega la condición de víctima a García Caparrós -y la consecuente indemnización a su familia- ha provocado una reacción unánime de rechazo en todos los partidos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía-, pero también ha desatado un cabreo monumental y ha precipitado una pelea entre ellos, a las puertas de unas elecciones autonómicas inminentes.

La formación soberanista y andalucista, fundada por Teresa Rodríguez, ha sido la más dura, al exigir la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y lanzar un severo reproche al Gobierno más progresista de la historia“. Pero también la coalición Por Andalucía, donde está integrado Sumar (socio del Ejecutivo de Pedro Sánchez), ha expresado su rechazo: ”Es una injusticia y está fuera del sentido común“, ha valorado la diputada Esperanza Gómez, tras añadir que ”si no encaja en la ley, habrá que darle solución para responder al anhelo del pueblo andaluz“.

Más duro ha sido el secretario general del Partido Comunista en Andalucía (PCA) y candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, que ha acusado al PSOE de “incumplir su palabra” y ha exigido a Sánchez que que cumpla su compromiso y ordene el reconocimiento inmediato de Caparrós como víctima del Estado, apelando a la “verdad, justicia y reparación que la familia lleva casi medio siglo reclamando”

La posición más comprometida era la del PSOE andaluz, pilotado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dado que el portazo a las reivindicaciones de las hermanas de García Caparrós parte de su Gobierno. Los socialistas han dado un volantazo de 180 grados, desviando el foco hacia el Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno, para anunciar que registrarán una iniciativa parlamentaria para instar a la Junta a reconocer al joven malagueño como “víctima de la violencia institucional”, en el marco de la Ley andaluza de Memoria Histórica, y la posibilidad de “una compensación económica para la familia”.

La Ley andaluza de Memoria, aprobada por el Parlamento en 2017 sin ningún voto en contra, no contempla la figura de “víctima del terrorismo” ni el término “violencia institucional”, que ha usado este miércoles el diputado socialista Rafael Recio. El artículo 3.2, sin embargo, sí habla del “derecho a la reparación plena, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de la violación y al daño sufrido, que supone la aplicación de medidas individuales y colectivas, la reparación moral, así como las de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción”.

“García Caparrós es víctima de Estado y el impedimento para reconocerlo es una ley del Gobierno de Rajoy, de 2011. El PSOE actúa con conciencia y pide a la Junta fortalecer ese reconocimiento”, ha dicho Recio, que también ha dejado abierta la puerta a que se reforme la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo (2011), en la que se ha basado la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, dependiente de Interior, para denegar la solicitud cursada por las hermanas de García Caparrós.

“Hoy por hoy, hay una ley de Rajoy que imposibilita llegar adonde pretende la familia”, ha subrayado el coportavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, que ha demandado también al Gobierno central un “estudio de las posibilidades” para que Caparrós sea reconocido como víctima de Estado. Recio ha defendido el papel del Ejecutivo de Sánchez y de su partido que, desde la Mesa del Congreso, logró desclasificar el expediente secreto sobre el asesinato del joven malagueño, conservado bajo llave en los archivos de la Cámara Baja desde hace casi 50 años.

Ésta era una de las reivindicaciones históricas de las hermanas de Caparrós -Dolores, Purificación y Francisca- que el pasado noviembre, finalmente, se personaron en el Congreso y tuvieron acceso a las actas de la comisión que investigó la muerte del joven. Las otras dos demandas, que hicieron llegar al presidente Sánchez por carta, fue el reconocimiento de víctima del terrorismo de Estado y una reunión con el mandatario. Ninguna de estas dos cosas se ha cumplido aún.

La carta que Interior ha enviado esta semana a las hermanas Caparrós, adelantada en exclusiva por este periódico, concluía que los hechos que rodearon el asesinato del joven malagueño en el 77 son “execrables” y de una “extrema gravedad”, pero advertía que esos hechos “no tienen encaje en el ámbito de aplicación de la Ley (...), teniendo en cuenta que el cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos”.

Esa norma establece que para ser destinatario de las ayudas y prestaciones reguladas en ella es necesario que concurra alguno de los dos siguientes supuestos: “Que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley”; o, en el caso de que no exista tal sentencia, “que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”.

El PP andaluz no ha querido pronunciarse sobre la resolución del Ministerio de Interior hasta no conocer al detalle el expediente. El diputado Pablo Venzal sí ha querido defender que, sobre este aspecto, el Gobierno de Moreno “ha hecho todo lo que tenía que hacer en el marco de sus competencias”.

La portavoz de la Junta de Andalucía y consejera de Hacienda, Carolina España, también ha evitado pronunciarse sobre la decisión del Ministerio de Interior. “No han reconocido la condición de víctima ni la indemnización a la familia, en eso nosotros no entramos. Desde la Junta siempre hemos tenido presente a García Caparrós”, ha asegurado.

La familia de García Caparrós tiene un mes de plazo para presentar un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Interior por la vía administrativa y, si éste tampoco prospera, en última instancia podrá recurrirla judicialmente ante un tribunal de lo Contencioso Administrativo. Las hermanas han convocado este viernes a la prensa en Málaga para anunciar su decisión y expresar su malestar por el portazo del Gobierno.

Sara Buesa, hija del dirigente del PSE-EE Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000, ha dicho ser “consciente” de que el momento de la puesta en libertad o de disfrute de beneficios penitenciarios de los condenados por el atentado contra su padre y su escolta “tenía que llegar” y se ha preguntado si, después de 25 años en prisión, los asesinos de su padre hacen “una lectura crítica” de su militancia en ETA, si “se cuestionan que arrebataron vidas” y si son capaces de sentir “el inmenso daño que nos causaron”.

Sara Buesa ha intervenido este sábado en el actual anual de la Fundación Fernando Buesa Blanco, de la que es vicepresidenta, el 'in memoriam' en honor de su padre y del escolta de este, el ertzaina Jorge Díez, asesinados en 2000 por ETA en un atentado con coche bomba en Vitoria. El acto, que se ha celebrado en el palacio de congresos Europa, ha contado con la participación especial de Alejandro Ruiz-Huerta, sobreviviente del atentado de los abogados de Atocha.

La hija del político socialista ha señalado que “ahora estamos en otro tiempo, un tiempo de paz” y “el terrorismo y la convivencia ya no figuran entre las principales preocupaciones de la sociedad vasca”. “A la gente le preocupan la vivienda, el empleo, la sanidad, la seguridad ciudadana, cosas que impactan en la vida cotidiana y es normal”, ha dicho, para reconocer que no puede evitar “cierta desazón”, porque para ella “no es un ciclo cerrado ni superado”, según recoge Europa Press.

“Hay heridas abiertas que escuecen. Asumo que la realidad siempre va a ser imperfecta a nuestros ojos, que es imposible tener una reparación a la altura de nuestro daño”, ha manifestado, para añadir que “hay situaciones difíciles, con las que tenemos que convivir, aunque nos duelan, porque creemos en los principios democráticos de los que nos hemos dotado para la vida en común”. En ese sentido, ha recordado que las personas que asesinaron a su padre y a su escolta, Luis Mariñelarena Garciandía, Diego Ugarte López de Arkaute y Asier Carrera Arenzana, han salido de prisión en tercer grado los dos primeros y en libertad condicional el tercero.

Tras reconocer que era “consciente de que este momento tenía que llegar”, ha explicado que para su familia “fue importante que se hiciera justicia, que se supiera la verdad de quién dio la orden de matar a aita, quien lo planificó, quien lo ejecutó, que esas personas fueran juzgadas y hayan cumplido sus penas”. Ahora, según ha dicho, lo más significativo para ella “no es tanto el tiempo en prisión, 25 años no son pocos, sino el proceso personal de reflexión que hayan podido hacer”. “Si hacen una lectura crítica de su militancia en ETA. Si se cuestionan que arrebataron vidas. Si Asier, Luis y Diego son capaces de ver las personas que eran Fernando y Jorge, de conectar con el dolor y sentir el inmenso daño que nos causaron”.

Sara Buesa ha recordado que el pasado mes de enero “30.000 personas se manifestaron recientemente exigiendo el final de la política de excepción para los presos de ETA”, pero ha lamentado que “nunca esas reivindicaciones van acompañadas de una consideración o mensaje de empatía hacia las víctimas”. Según ha señalado, Etxerat “denuncia que están naciendo niños que tienen a sus abuelos en prisión y que eso no es normal, pero ni mis hijos ni ninguno de los siete nietos y nietas de aita conocieron a su abuelo, porque otros abuelos decidieron que así fuera”. “Y, como ellos, cientos de niños y niñas no han podido conocer a sus abuelos porque ETA acabó con sus vidas”, ha advertido.

Sara Buesa ha asegurado entender “la dureza que supone para la vida de un niño o niña tener a su aita, su ama, o su abuelo en prisión” y ha considerado que “hay reivindicaciones legítimas, como el acercamiento de presos a sus familiares”, pero se ha preguntado “cómo puede ignorarse el drama humano de tantas vidas segadas y familias destrozadas”.

La hija de Buesa ha explicado que cuando se vive una experiencia traumática, “las muestras de solidaridad y los gestos de cariño alivian esa sensación de desarraigo y soledad, sostienen en el dolor”, pero ha lamentado que las víctimas de ETA “sufríamos la frialdad, la crueldad y la falta de empatía de una parte de la sociedad vasca, que, en lugar de arroparnos, celebraba el asesinato de nuestros familiares”. Según ha manifestado, “la necesidad de sentir el abrazo social en nuestra tierra sigue en nosotras y los ecos de épica y legitimación que todavía persisten en torno al terrorismo de ETA nos siguen doliendo y son rescoldos que contaminan nuestro ambiente”.

“La violencia vuelve a ganar espacio”

Por otro lado, ha advertido que “la violencia vuelve a ganar espacio en nuestras calles” y que “las generaciones jóvenes de hoy toleran y justifican más la violencia que las de hace una década”. “Los extremos y la radicalidad crecen, frente a la moderación, que no está de moda”, ha alertado, para apuntar que “casi un 25% de la juventud vasca de entre 18 y 25 años se identifica con posiciones de extrema izquierda o de extrema derecha, todo ello en un contexto global en el que cada vez se valoran y respetan menos la democracia y las instituciones”.

En un mundo en el que, según ha indicado, “imperan las lógicas de poder, las injusticias y las desigualdades, se va instalando un clima de desconfianza, en el sistema, en la justicia, en la política, en los medios de comunicación y en las propias personas”. “La insatisfacción y el malestar crecientes son el caldo de cultivo para el miedo, los discursos de odio y la violencia”, ha advertido, para afirmar que “donde la polarización prevalece, la cooperación desaparece y se extienden la desesperanza y la desafección”. A veces, ha reconocido, dan ganas de “bajarse” de este mundo, de “tirar la toalla”, pero, según ha afirmado, “situarnos en una posición catastrofista no ayuda”.

Sara Buesa ha deseado que “todas las personas puedan ejercer su libertad, respetándonos y conviviendo las unas con las otras” y ha subrayado que “la democracia es un proyecto de vida en común”. “Hay personas con las que sentimos que no tenemos nada que ver, que tienen comportamientos despreciables que nos hacen daño, a veces mucho daño, y, aun así, son seres humanos, con dignidad y con derechos”, ha dicho. Para concluir, ha asegurado que “solo hay una única comunidad integradora posible, la enraizada en los derechos humanos y, como decía aita, en la condición de ciudadanía, que es la que nos da derechos y obligaciones, sin hacer distinciones ni discriminar a nadie”.

Tras su intervención, Sara Buesa ha mantenido un diálogo con Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, último sobreviviente del atentado de los abogados de Atocha ocurrido el 24 de enero de 1977, que ha versado en gran parte sobre su último libro titulado “Violencia, compasión, memoria”. Para finalizar el acto, tres bailarinas de Noralai-Escuela de Danza de Vitoria han interpretado una pieza que ha resumido todo lo abordado en el acto.

El Govern balear, a través de la Conselleria d'Educació i Universitats, celebrarà els propers 13 i 14 de març unes jornades dirigides a “sensibilitzar el professorat, proporcionar indicadors per detectar processos de radicalització” i oferir eines “per prevenir i abordar situacions de violència a l'aula”.

En concret, l'esdeveniment 'Quan educar és protegir. Jornades de formació docent de Memòria i Prevenció del terrorisme' dedica una part substancial del seu programa a la història del terrorisme a Espanya i al paper de la memòria a les aules. Entre les ponències figura 'El terrorisme a Espanya. Història i present', a càrrec de Florencio Domínguez, director del Centre Memorial de les Víctimes del Terrorisme, així com una sesió sobre com abordar el terrorisme a classe i el testimoni d'una víctima educadora: Ana Iríbar, vídua del dirigent del PP Gregorio Ordóñez, assassinat per ETA el 1995. També intervindrà la subdirectora general de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior, Belén Sanz.

La sesió específica sobre prevenció de la radicalització en contextos educatius anirà a càrrec de Juan Pedro Carrasco, representant del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) i d'un membre de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a les Balears.

Es tracta de ponències que, tal com assenyala la Conselleria de Comunicació en un comunicat, suposen una “valuosa eina educativa per a la convivència pacífica”, mentre que docents i experts educatius “proporcionaran estratègies, materials i recursos per treballar el terrorisme i les situacions de violència social a les aules, tant amb els alumnes d'educació primària com amb els d'etapes posteriors”.

Les jornades han estat organitzades per la Direcció General d'Universitats, Investigació i Ensenyaments Artístics Superiors i s'inscriuen en el projecte estatal 'Memòria i Prevenció del Terrorisme', impulsat pel Ministeri de l'Interior i el Ministeri d'Educació en col·laboració amb el Centre Memorial de les Víctimes del Terrorisme, que en els últims anys ha desenvolupat materials didàctics i sessions formatives en diferents comunitats autònomes.

La formació va adreçada, en concret, al professorat de primària, secundària, Formació Professional, educació d'adults, ensenyaments de règim especial i inspectors, tindrà una durada de vuit hores i s'impartirà de forma presencial a Mallorca i per videoconferència a Menorca, Eivissa i Formentera. Les inscripcions romandran obertes fins al 8 de març a través del portal del personal docent.

El Govern balear, a través de la Conselleria de Educación y Universidades, celebrará los próximos 13 y 14 de marzo unas jornadas dirigidas a “sensibilizar al profesorado, proporcionar indicadores para detectar procesos de radicalización” y ofrecer herramientas “para prevenir y abordar situaciones de violencia en el aula”.

En concreto, el evento 'Cuando educar es proteger. Jornadas de formación docente de Memoria y Prevención del terrorismo' dedica una parte sustancial de su programa a la historia del terrorismo en España y al papel de la memoria en las aulas. Entre las ponencias figura 'El terrorismo en España. Historia y presente', a cargo de Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, así como una sesión sobre cómo abordar el terrorismo en clase y el testimonio de una víctima educadora: Ana Iríbar, viuda del dirigente del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995. También intervendrá la subdirectora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Belén Sanz.

La sesión específica sobre prevención de la radicalización en contextos educativos correrá a cargo de Juan Pedro Carrasco, representante del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Balears.

Se trata de ponencias que, tal como señala la Conselleria de Comunicación en un comunicado, suponen una “valiosa herramienta educativa para la convivencia pacífica”, mientras que docentes y expertos educativos “proporcionarán estrategias, materiales y recursos para trabajar el terrorismo y las situaciones de violencia social en las aulas, tanto con los alumnos de educación primaria como con los de etapas posteriores”.

Las jornadas han sido organizadas por la Dirección General de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores y se inscriben en el proyecto estatal 'Memoria y Prevención del Terrorismo', impulsado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación en colaboración con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que en los últimos años ha desarrollado materiales didácticos y sesiones formativas en distintas comunidades autónomas.

La formación va dirigida, en concreto, al profesorado de primaria, secundaria, Formación Profesional, educación de adultos, enseñanzas de régimen especial e inspectores, tendrá una duración de ocho horas y se impartirá de forma presencial en Mallorca y por videoconferencia en Menorca, Eivissa y Formentera. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 8 de marzo a través del portal del personal docente.

El Gobierno de Navarra ultima ya una nueva ley de víctimas del terrorismo “más integral” y que actualizará a la actual, del año 2010, con el objetivo de introducir “mejoras prácticas” para las víctimas en un ámbito en el que, ha recordado, “es el Estado quien tiene la potestad de reconocer oficialmente a este tipo de víctimas”.

La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha reivindicado una “memoria integral, deslegitimando la violencia como instrumento político desde un suelo ético que nos insta a reconocer a todas las víctimas de las distintas violencias, sin equiparaciones ni diluciones, pero todas con los mismos derechos de verdad, justicia, reconocimiento y reparación”. En este sentido, ha advertido: “No vivimos buenos tiempos para la memoria y la convivencia con una ultraderecha que convierte al adversario en enemigo y a las personas en cosas”.

Ollo ha afirmado que Navarra es “referente estatal y europeo en materia de memoria y convivencia, con políticas públicas referenciales y consolidadas”, poniendo en valor los trabajos sobre la Guerra Civil, el franquismo, el terrorismo de ETA y la violencia practicada por funcionarios públicos o grupos de extrema derecha. En este marco, ha destacado que el objetivo del II Plan de Convivencia es “abordar los nuevos retos sobre convivencia en una sociedad cada vez más diversa como la navarra”.

La consejera ha señalado que “para avanzar en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas” es necesaria “voluntad política”, instrumentos “legales y operativos” y financiación, y ha opinado que “se están dando pasos en los tres”. Ha destacado las medidas impulsadas desde su Departamento como la iniciativa 'Escuelas con memoria', las exhumaciones de fosas o diversos actos de reconocimiento, y ha avanzado que “en cuestión de meses” se inaugurará el Centro de Memoria y Convivencia que se ubicará en el antiguo palacio de Rozalejo.

Ollo también ha avanzado que “pronto” se organizará un tercer acto público a las personas reconocidas en la Comisión de Reconocimiento y Reparación como víctimas de violencia policial o grupos de extrema derecha.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado sin tramitar la solicitud para reconocer como víctima del terrorismo de Estado a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado por la Policía durante la masiva movilización de andaluces por una autonomía plena que tuvo lugar en Málaga el 4 de diciembre de 1977, hace ahora 48 años.

El pasado mes de junio, las hermanas de García Caparrós -Dolores, Francisca y Purificación- enviaron una carta al presidente del Gobierno con una serie de reclamaciones: la desclasificación y acceso al expediente secreto del asesinato de Manuel José, que alberga el Congreso de los Diputados, el reconocimiento como víctima del terrorismo y una reunión con el presidente.

El 22 de octubre, recibieron una carta de vuelta firmada por el director de gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, “en nombre del presidente”, informándoles de que el reconocimiento de víctima de terrorismo era una competencia del Ministerio de Interior, y de que se derivaba su solicitud a este departamento para que lo gestionara.

“En relación con su solicitud de reconocimiento a su hermano como víctima del terrorismo, le informamos de que esta materia corresponde al Ministerio del Interior, órgano competente a través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. En consecuencia, damos traslado de su carta a dicho ministerio para que estudie y valore su petición conforme a la normativa vigente”, reza la misiva.

El reconocimiento civil de víctima del terrorismo no es una simple consideración administrativa, supondría colocar al joven malagueño en el mismo estatus que los asesinados por ETA, por los GAL, por el Grapo o por organizaciones yihadistas, y abriría la puerta a sus familiares a ayudas económicas, asistencia jurídica y exenciones fiscales.

Sin embargo, dos meses después de la carta y habiéndose celebrado el pasado 4 de diciembre los actos de homenaje por el aniversario de la muerte del joven sindicalista, y habiéndose reunido ese mismo día la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, con las hermanas García Caparrós, en Málaga, la petición de éstas no ha sido tramitada por el Gabinete del Presidente del Gobierno, pese al anuncio de su misiva.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska asegura a este periódico que “no ha entrado” la solicitud de la familia para iniciar el proceso administrativo para el reconocimiento como víctima de terrorismo. Y desde el Gabinete de la Presidencia reconocen que la petición no se ha gestionado aún, pero no aclaran por qué ha quedado varada la tramitación ni por qué no se ha remitido la solicitud al Ministerio de Interior desde que respondieron a la carta de las hermanas, hace dos meses.

El pasado 4 de diciembre, ante la ausencia prolongada de respuesta por parte del Gobierno, Francisca, Purificación y Dolores escribieron una segunda misiva, esta vez dirigida a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, para saber si Presidencia les había derivado su solicitud. “Instamos a que se nos informe de cómo podemos comenzar a hacer efectivo esta consideración de víctima de terrorismo para nuestro hermano, vilmente asesinado por la espalda en una manifestación pacífica donde se creó terror por parte de la policía armada”, reza la carta.

La figura de Manuel José García Caparrós está reconocida como una suerte de mártir del proceso autonomista andaluz. La Junta le nombró Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo, y todas las fuerzas políticas -excepto Vox- votaron hace unos años en el Parlamento para que el Congreso facilitara a la familia el expediente de la comisión que investigó su asesinato, en 1987, con información bajo secreto.

Después de muchas gestiones y lances políticos, la Cámara Baja aprobó una reforma del reglamento de archivos que sirvió para sortear la Ley de Secretos Oficiales y permitir a las García Caparrós consultar el expediente íntegro de hermano el pasado 18 de noviembre.

La otra reclamación histórica de la familia es el reconocimiento del joven como víctima del terrorismo de Estado, que podía suponer alguna indemnización para las hermanas por el asesinato de Manuel José. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, gestiona este recocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo en España, regulado por una ley de 2011.

El Gobierno ofrece ayudas económicas, asistencia psicológica y jurídica a los familiares y un certificado oficial para acreditar su condición de víctima, que le permite acceder a beneficios como excenciones fiscales para la vivienda o en el pago de determinadas tasas. La Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo amplió el marco temporal para la consideración de víctima, pero desde Interior aseguran que se gestionan los expedientes que llegan sin mirar la fecha.

Fuentes del Ministerio de Interior aseguran que no han tramitado nunca una petición de reconocimiento de víctima del terrorismo por excesos policiales durante la transición o el periodo preautonómico, pero sí para víctimas de grupos de extrema derecha. En febrero de 2023, el Consejo de Ministros concedió la Gran Cruz del Reconocimiento Civil a Vicente Cuervo Calvo, con una asunción automática de su condición de víctima del terrorismo.

Cuervo, un joven militante de la CNT que no había cumplido aún los 22 años, fue asesinado por elementos ultraderechistas en Vallecas, en Madrid, el 10 de febrero de 1980.