Artur Mas es el expresident de la Generalitat que gasta más recursos, 41.877 euros en 2024, a pesar de que reduce gastos en 3.000 euros con respecto a 2023. Así se desprende de los datos del Portal de Transparencia de la Generalitat consultadas por la ACN. Quién utilizó menos dinero el año pasado fue Carles Puigdemont, a causa de la baja médica de siete meses del responsable de su oficina, Josep Lluís Alay. Redujo gastos en 15.000 euros hasta el mínimo histórico de 2.862 euros. José Montilla hace constar un gasto de 33.879 euros, poco menos que en 2023; Joaquim Torra ha ahorrado unos 5.000 euros y Pere Aragonès ha destinado 18.160 euros en arrancar su oficina.

Los presupuestos de la Generalitat dedican cada año un máximo de 60.000 euros a cada oficina de los expresidentes, que sirven para pagar la seguridad, traslados, desplazamientos y la organización de actos y conferencias que hagan tanto en Catalunya como fuera. Ninguno de los expresidentes ha llegado al máximo que puede consumir.

En cambio, los gastos de personal, alquiler, consumos y mantenimiento de las oficinas de los expresidentes se atienden directamente desde la Presidencia de la Generalitat, que asume los costes. Por lo tanto, los recursos gastados que los expresidentes argumentan en sus memorias anuales no incluyen la factura del funcionamiento de la oficina.

Ninguno de los expresidentes de la Generalitat aumento los gastos en 2024 con respecto a 2023. Todos los reducen en menor o mayor medida. Mas es el que ha gastado más dinero en los últimos tres años. Los que han gastado menos son Torra, con 15.763 euros, 5.265 menos que el año anterior, y Puigdemont, con un mínimo histórico de 2.862 euros.

Puigdemont, condicionado por la baja de Alay

Según la memoria, el gasto de la oficina de Puigdemont se ha reducido considerablemente en 2024 respecto con otros años a causa de la baja por motivos de salud del responsable de su oficina, Josep Lluís Alay, entre el primero de febrero y el 31 de agosto del 2024. Una baja de siete meses que, según fuentes de la oficina, condicionó tanto la actividad como el gasto de la misma oficina. Concretamente, los recursos gastados han caído en más de 15.000 euros pasando de los 18.665 el 2023 a los 2.862 euros el 2024, la cifra más baja desde que el 2018 Puigdemont estrenó su oficina de expresidente.

Entre los viajes que constan en la memoria está el del 8 de agosto del año pasado cuando lo también presidente de Junts asistió al acto celebrado al Arco del Triunfo, en Barcelona, coincidiendo con el pleno de investidura de Salvador Illa. Justo después del acto dribló la presencia policial, que no lo detuvo, y volvió a marcharse a Bruselas, donde vive desde el 2017.

La oficina de Puigdemont afirma que no tiene ningún gasto de alquiler ni de seguridad, puesto que “el Departamento de Interior no autoriza la seguridad que correspondería al presidente Puigdemont de acuerdo con la Ley 6/2003 de 22 de abril, del estatuto de los expresidentes de la Generalitat”.

Mas, 12.200 euros para su videopodcast

De los 41.877 euros que Mas gastó en 2024, la partida más importante, 15.000 euros, se destina a seguridad. Y, en segundo lugar, figuran 12.200 euros que ha dedicado a su videopodcast 'A favor de la política'. Por ejemplo, según compilación de su memoria, publicó una conversación con el expresident Jordi Pujol sobre Catalunya.

En 2024 Mas viajó a China, donde participó en el acto central del 20º aniversario de la presencia en el país del grupo industrial catalán Relats. También visitó la empresa catalana Ficosa, también con actividad industrial en China desde hace años.

Montilla se mantiene en segunda posición

De los casi 34.000 que la oficina de Montilla utilizó en 2024, 15.684 euros corresponden a seguridad y 18.195 a gastos ordinarios. En la memoria anual, el expresidente Montilla hace constar que ha gastado 2.464 euros en ornamentos de la oficina; 2.990 euros en prensa; y casi 8.000 euros para mantener su página web.

Montilla trabaja como consejero de Enagás desde 2020. Justifica su cargo por su experiencia y conocimiento del sector energético y gasístico, al haber ejercido como ministro de Industria.

Según explica en la memoria, la oficina de Montilla ha continuado gestionando el archivo documental del expresidente, informatizando y registrando los documentos en el archivo y en la biblioteca. También se ha trabajado en la creación y mantenimiento de un archivo fotográfico que recoge imágenes de su actividad pública desde el año 1979 hasta la actualidad.

Los primeros cuatro meses de Aragonés como expresidente

En el último cuatrimestre del 2024, Pere Aragonès puso en marcha su oficina de expresidente ubicada en el Pabellón Norte de los Jardines de Pedralbes, después de pasar el relevo de la presidencia de la Generalitat a Salvador Illa en agosto.

En los primeros cuatro meses de expresidente, Aragonés viajó a Roma para participar en un foro sobre políticas industriales y mantener varias reuniones. También destacan los encuentros que mantuvo con el lehendakari Iñigo Urkullu y con el expresidente José Montilla, tal como detalla su memoria.

Del total de 18.160 euros gastados de septiembre en diciembre del 2024, las partidas más relevantes corresponden al diseño gráfico de la página web (5.324 euros), a la seguridad (8.541 euros) y a formación (2.580 euros).

Torra reduce los gastos en 5.000 euros

El expresidente Torra declara que en 2024 gastó 15.763 euros. Unos 8.000 euros corresponden al servicio de seguridad del presidente, concretamente a la manutención, alojamiento y desplazamientos del personal de seguridad. El resto de los 7.700 euros hacen referencia a gastos ordinarios, que incluyen alojamiento y desplazamientos de los miembros de la oficina, mantenimiento de la página web y suscripciones a los medios de comunicación, entre otros.

Torra interrumpió temporalmente su agenda por la muerte de su esposa, Carola Miró, en mayo del 2024.

El caso de Pasqual Maragall no es comparable con el resto de expresidentes de la Generalitat. El Gobierno acordó en 2020 transferirle la dotación presupuestaria que le corresponde para atender sus necesidades personales y sociales básicas, al padecer Alzheimer.

Según la memoria del ejercicio de 2024, Maragall recibió una aportación directa de 42.350 euros y alega gastos corrientes por un valor de 3.670 euros, que corresponden a las dietas de los escoltas. En total, suma 46.020 y son 2.590 euros menos que el 2023.

Por último, Jordi Pujol, está sin oficina desde e 2014. El julio renunció tanto a su sueldo como a su oficina de expresidente después de revelar que su familia tenía dinero sin regularizar en el extranjero, herencia de su abuelo.

La documentación que la exmilitante socialista Leire Díez puso en manos del PSOE y este entregó a la Fiscalía incluye unos audios de 2012 entre el comisario Villarejo y la entonces líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, donde detallan los planes para hundir al independentismo ante la posibilidad de que Artur Mas tuviera mayoría absoluta con CiU en las elecciones de aquel año, tal y como ha desvelado El País.

Aquel encuentro que grabó el propio Villajero, celebrado el 6 de noviembre de 2012 –apenas 19 días antes de las elecciones catalanas–, habría sido propiciado por la secretaria general del PP en ese entonces, María Dolores de Cospedal, y la grabación demostraría la existencia de la conocida como Operación Cataluña que promovió el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy para acabar con el independentismo desacreditando a sus líderes con noticias fabricadas o directamente falsas.

En la conversación publicada ahora por El País, el comisario cuenta que hace trabajos para Interior y que tienen gente “dentro” infiltrada en los partidos independentistas, aunque la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría (“tu amiga la pequeñita”, le dice a Sánchez Camacho) no quiere que les hagan escuchas telefónicas.

Villarejo explica a Sánchez Camacho que el plan es descubrir dónde guardan el dinero negro los grandes líderes independentistas y que especialmente les interesa poner “toda la atención en los Pujol”. “Casi todas estas actuaciones las estamos haciendo con los medios de comunicación”, dice Villarejo refiriéndose a las filtraciones.

“A partir del día 12 [de noviembre] vamos a pegar un apretón y desde el 15 hasta el 25 apretón brutal. Yo confío en que de alguna manera no fallen los medios”, apunta el comisario. “Ellos tienen una encuesta en la que sacan mayoría absoluta, lo que pasa es que están callados como putas (…) Esta guerra que vamos a hacer es para que estos tipos no saquen mayoría absoluta”, abunda.

En las dos semanas de campaña electoral, varios medios de comunicación difundieron supuestos informes policiales sobre diversas corruptelas de la familia del expresidente Jordi Pujol, los principales dirigentes de CiU y del Gobierno catalán. Muchas de las informaciones resultaron ser falsas.

CiU ganó finalmente las elecciones de 2012, pero no obtuvo mayoría absoluta y perdió 12 escaños, lo que les obligó a pactar con ERC para mantenerse en el Govern.

Artur Mas ha presentado en un juzgado de Barcelona la querella que anunció por la operación Cataluña y el espionaje con Pegasus contra altos responsables del gobierno de Mariano Rajoy y la empresa israelí NSO. Así lo ha anunciado este miércoles el expresident, quien ha detallado que por ahora se dirige contra el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el exsecretario de estado de Seguridad, Francisco Martínez, y altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía. Les imputa delitos como organización criminal, falsedad documental, malversación o lesión de derechos fundamentales. No descartó ampliarla a Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría si recogen más pruebas.

La querella, elaborada por el abogado Jordi Pina, se ha presentado a raíz de las comparecencias en la comisión de investigación de la operación Cataluña del Congreso de los Diputados. Engloba tanto la operación Cataluña como el espionaje con Pegasus porque, según Mas, existía “una sola finalidad: desprestigiar o incluso destruir la posibilidad electoral de una serie de gente y partidos”.

El documento consta de 130 páginas y apunta a 8 presuntos delitos cometidos entre 2012 y 2020: organización criminal, falsedad de funcionario en documento oficial, malversación de recursos públicos, descubrimiento y revelación de secretos, intrusión no autorizada en equipos informáticos, intercepción ilegal de comunicaciones y espionaje informático. Fuentes del equipo legal del presidente señalan que no ha habido prescripción.

Los querellados, por ahora, son 15. Por parte del gobierno español, el ministro del Interior entre 2011 y 2016, Jorge Fernández Díaz; la exministra de defensa y secretaria general del PP entre 2008 y 2018, María Dolores de Cospedal, y el secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, Francisco Martínez.

Artur Mas también se dirige contra los excomisarios de la policía española José Manuel Villarejo, Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas; el exinspector Antonio Giménez; los ex directores del CNI Félix Sanz Roldán y Paz Esteban. Por último, también señala contra las empresas NSO, OSY Technologies y Que Ciber Technologies y sus máximos responsables.

En rueda de prensa, el expresident de la Generalitat no descartó que en un futuro se pueda ampliar la querella con Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría, a la espera de “más pruebas” de que confirmen su presunta participación. En cualquier caso, aseguró que “estaban y tenían gran poder e influencia”.

También ha precisado que se ha presentado “de entrada” en Barcelona porque ya existen “precedentes” por el caso del espionaje con Pegasus, pero no ha descartado que la querella acabe teniendo recorrido “parcial o total” en Madrid.

Pide “llegar hasta el fondo”

Tras el anuncio de la querella, registrada el pasado viernes, Artur Mas ha reclamado que “se llegue hasta el fondo de la cuestión” por parte de la justicia. “Lo que no es admisible es que gente que hemos estado ante el proyecto soberanista hayamos tenido y todavía tengamos castigos terribles, y que la banda agresora, con espionaje, informes falsos y conjuras de todo tipo, salga completamente ilesa”, ha alertado.

En este sentido, el exjefe del Govern ha asegurado que esta querella “debería comportar un juicio contra estas personas”. Pese a que no ha incluido a los periodistas de El Mundo en esta querella, ha subrayado que “formaron parte de la conjura” y ha lamentado que no se tramitara la querella en su día.

Además, ha subrayado que de la comisión de investigación de la operación Cataluña del Congreso de los Diputados tendrán que salir unas conclusiones. “No es imposible que se diga por parte del Congreso que se debe poner todo esto en conocimiento de la Fiscalía para que actúe”, ha dicho. Ha añadido que, a su criterio, “ya debería haberlo hecho desde hace muchos años”.

Asesoramiento ofrecido por Isla

Artur Mas ha explicado que ha hablado “informalmente” de esta querella con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, “que siempre ha ofrecido el asesoramiento legal para llegar hasta el fondo” de la cuestión. “Hemos hablado más de espionaje que de operación Cataluña, pero ambas cosas van ligadas. Por eso es una sola querella”, ha puntualizado.

El expresidente de la Generalitat de Catalunya Artur Mas ha anunciado este lunes en el Congreso que presentará una querella contra los responsables de “maquinar” la Operación Cataluña, pero no ha detallado contra qué dirigentes políticos o policiales la interpondrá.

“Han cometido ilegalidades y no se les ha ni investigado. Vienen aquí y hacen ver que no saben nada. No entiendo su cobardía, se esconden como conejos cuando les han pillado, no fuera a ser que hubiera alguna lesión personal”, ha clamado Mas, conteniendo su enfado, contra los exministros del PP que han negado en la comisión parlamentaria la existencia de la Operación Cataluña.

“Algún día los responsables de querer destruir la voluntad popular tendrán que asumir responsabilidades”, ha dicho Mas en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Cataluña en la que ha avanzado la interposición de la acción legal.

Las maniobras ilegales que partieron del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy contra empresarios y políticos y funcionarios han provocado decenas de querellas de las víctimas, pero hasta hoy solo una condena: la del exjefe de la brigada política Eugenio Pino, por intentar adulterar el caso Pujol. El resto de querellas y denuncias han sido archivadas sin practicar apenas diligencias.

En su comparecencia parlamentaria, Mas ha recordado que el expresidente nunca le advirtió de cualquier actuación irregular contra él si proseguía adelante con el proceso soberanista. “Pensé que en algún momento el presidente Rajoy vería lo que pasaba en Catalunya y que el pacto fiscal era una salida lo que yo le ponía sobre la mesa”, ha lamentado el expresident.

Mas ha atribuido al Gobierno del PP el objetivo de “querer destruir” al soberanismo “a través de medios legales o ilegales” tras “constatar que no podrían ganar unas elecciones”. Que los participantes de las maniobras contra el soberanismo asuman responsabilidades “es la única manera de curar las heridas que la Operación Cataluña ha provocado en el sistema democrático español”, a juicio del expresident.

“No se trataba de eliminar terroristas, sino soberanistas; de eliminarnos políticamente, civilmente, llevarnos hasta la muerte civil”, ha enfatizado Mas en una larga intervención que ha concluido con la denuncia del espionaje con Pegasus, posterior a la Operación Cataluña.

Especialmente duras han sido las palabras de Mas contra la exlíder del PP catalán y actual senadora, Alícia Sánchez Camacho, de quien ha recordado que mientras negociaba con él los presupuestos catalanes de 2012, mantenía contactos con el excomisario José Manuel Villarejo: “Por un lado, venía a hacerse fotos a la Generalitat, y por el otro ayudaba a confeccionar listas negras”.

Mas ha insistido en que no le mueve un ánimo de “venganza”, sino de esclarecer la verdad. “No me inspira el odio hacia nadie, lo que pasó, ya ha pasado, pero hay que asumir responsabilidades”, ha aseverado. Y no solo por él, ha agregado, sino “porque las víctimas últimas de la Operación Cataluña son los ciudadanos que vieron alterado su voto”.

“Se puede negar tantas veces como se quiera, pero los hechos son los hechos”, ha apostillado Mas en referencia al silencio y negación general de la Operación Cataluña que han mantenido en la comisión los exministros del PP y el expresidente Rajoy.

Este mismo lunes, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha negado cualquier maniobra policial contra el independentismo catalán. Como la exministra Cospedal, Sáenz de Santamaría ha denunciado el proceso soberanista y, en su caso, ha destacado la labor que realizó el Ejecutivo frente a la crisis económica del momento.

Artur Mas fue el primer político espiado con Pegasus en España, según un reciente informe de Citizen Lab desvelado por Rac1. El móvil del expresident estuvo infectado con el programa espía al menos desde julio de 2015, cuando todavía era president de la Generalitat, y hasta mayo de 2020.

El expresident ya aparecía en 2022 en el informe del grupo de expertos en ciberseguridad Citizen Lab que destapó que unos de 65 políticos y activistas vinculados al procés habían sido investigados. Lo que se ha conocido ahora es que el teléfono móvil de Mas recibió 32 infecciones coincidiendo con eventos o reuniones políticas importantes del político catalán.

La noticia ha trascendido el día que Mas y la exvicepresidenta del Gobierno central Soraya Sáenz de Santamaría comparecen en la comisión del Congreso que investiga la operación Catalunya. Sáenz de Santamaría fue la máxima responsable del CNI entre 2011 y 2018.

Mas recibió las primeras infecciones en su dispositivo móvil en julio del 2015, cuando todavía era presidente de la Generalitat. La primera, el 14 de julio, fue el día en que CDC y ERC llegaron a un acuerdo por la lista conjunta JxSí en las elecciones catalanas. Así, Mas fue víctima del primer ataque documentado en España.

Luego se fueron sucediendo las infecciones en el móvil en días clave como el 3 de agosto de 2015, cuando anunció la fecha de las elecciones del 27 de septiembre de 2015; el mismo día de las elecciones; el 4 de julio de 2016, cuando se reunió en privado con el ya president de la Generalitat Carles Puigdemont; y en febrero del 2020 coincidiendo con otro encuentro con Puigdemont, esta vez en Waterloo.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas defendió en la tarde de ayer que Junts debe poder “hablar con Aliança Catalana” aunque sin “montar estrategias conjuntas”. Lo dijo en una entrevista con el digital 'Diari de Barcelona' en la que ha asegurado que “cortar cualquier tipo de diálogo con la gente de Aliança Catalana” sería “como si en su momento se hubiera cortado cualquier posible conversación con la CUP, que nunca se hizo”.

“Hay que diferenciar entre qué significa hablar, que en democracia se debe hacer siempre, y llegar a acuerdos estratégicos”, añadió y subrayo a continuación la diferencia “entre hablar con Aliança Catalana y hacer estrategias conjuntas”. Así, cree que se pueden tener contactos con los miembros del grupo parlamentario pero no “lo que han hecho Junts y ERC en algún momento y en su momento Convergència y ERC”. “Como mínimo hay que poder hablar”, insisitió Mas, aunque admitió que la formación liderada por la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, es “de ultraderecha” y “no es lo mismo” que la CUP aunque sean “extremos”.

La respuesta desde Junts no se ha hecho esperar. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho este domingo que quiere tener en consideración las polémicas palabras del expresidente. “Los consejos son siempre bienvenidos, pero la política de pactos y relación con el resto de partidos políticos la deciden los órganos de dirección de Junts”, ha espetado Turull durante una visita a la Feria de la Candelaria de Molins de Rei. Turull ha añadido que el partido no se piensa “apartar” de la línea actual con el único objetivo de “servir más y mejor a los ciudadanos”.

Turull avisa a PSOE

Durante la visita, Turull también ha insistido al PSOE en que debe llenar el “cesto de compromisos” si quiere rehacer puentes. En este sentido, el líder de Junts ha recordado que la relación con los socialistas no se ha perdido “nunca” y espera que en las próximas semanas se pueda “encauzar” a medida que el PSOE concrete sus compromisos con Catalunya. Turull ha hecho referencia a la situación del catalán en Europa y a las competencias con inmigración. Finalmente, también ha pedido a los socialistas que concreten cuál es su “relato” sobre la relación con Catalunya y reprocha al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que diga que ya no hay conflicto. “Si el relato es éste, a nosotros ya no nos necesitan para nada”, avisó.

Por otro lado, desde las fuerzas de izquierda en la política catalana también ha habido reacciones contundentes. La CUP consideró “extremadamente grave” que Mas haya comparado a la formación anticapitalista con Aliança Catalana. “No es lo mismo defender derechos para todo el mundo que querer negarlos. Exigimos una rectificación”, ha publicado la CUP en X, donde ha lamentado que “Artur Mas reaparece para blanquear la extrema derecha”.

También el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, cargó ayer por la noche contra el expresident por sus declaraciones. En un mensaje a X, Cid aseguró que “equiparar a CUP y Alianza sería lo mismo que equipar al Frente Popular o al PSUC con el fascismo”. “Da vergüenza ver a un expresidente de mi país diciendo esto, sólo por los complejos de Junts”, afirmó, y preguntó si “abrir diálogo con la extrema derecha” quiere decir “con Vox también”.

Nuevo acto en honor de Jordi Pujol. La plana mayor de la antigua CiU ha homenajeado este viernes al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, al que han reivindicado como “padre de la nación catalana moderna”. En recuerdo de esos tiempos en que Pujol arengaba a los suyos, el expresident ha tomado la palabra para asegurar que Catalunya “no será independiente” ni ahora ni en 15 años.

La confesión del expresident de su fortuna oculta en Andorra durante cuatro décadas (que se juzgará dentro de un año) y los casos de corrupción de Convergència contribuyeron a poner fin a la coalición nacionalista fundada por Pujol. Durante 20, CiU años fue una máquina de ganar elecciones en Catalunya y un partido bisagra clave en la estabilidad de los Gobiernos de PSOE y PP.

Los tiempos han cambiado, pero no tanto. En el acto de este viernes numerosos dirigentes de la extinta CiU, como Artur Mas, Núria de Gispert, Xavier Trias o Felip Puig, pero también algunos destacdos integrantes de Junts, como el adjunto a la secretaría general, David Saldoni, el exconseller de Economía Jaume Giró o el portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, además del exsecretario general Jordi Sànchez.

La conmemoración ha llegado días después del 50 aniversario de la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el 17 de noviembre de 1974 en Montserrat (Barcelona). Bajo el nombre de 'Hay País', ha sido organizado por la Associació d'Amics d'Enric Prat de la Riba.

Al final del acto de homenaje, Pujol ha tomado la palabra en una intervención que ha durado más de media hora, y en la que ha dicho que “habría merecido la pena mantener Convergència”.

La vía de supervivencia del partido, ha señalado Pujol, pasaba por ser “capaz de superar un trauma”, del que ha dicho sentirse “responsable”, y que el resto del partido “siguiese adelante”: “Aquello se podía salvar”, ha indicado.

“Esto no ha ido bien así, pero todavía estáis a tiempo, todos vosotros. Tenéis que seguir, en el grado que podáis, manteniendo todo aquello que hacíamos, y aquella política” ha indicado el expresident.

Según Pujol, con 19 años ya le dijo a su amigo Pere Figuera, que era muy independentista, que no sería posible: “Esto ahora casi no se puede decir. Ahora se puede decir algo más porque se ha visto en los últimos años que esto de la independencia es muy difícil”.

El expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha admitido que ve en Salvador Illa, actual líder del Ejecutivo catalán, un “talante” que le recuerda en algunos aspectos a su antiguo partido, Convergència i Unió (CiU). “Tiene un talante que intenta ser constructivo y positivo”, ha dicho del socialista en una entrevista en Catalunya Ràdio. “En esto le reconozco que tiene ese talante [convergente]”.

Mas ha matizado que, a pesar de sus palabras, “sabe dónde está cada uno” para después reconocer que en su partido había tenido a políticos con el mismo perfil que Salvador Illa. “Yo mismo cuando llegué a la presidencia del Govern en 2010 incorporé a personas que venían del PSC”, ha remachado en alusión a los fichajes de Illa de cargos vinculados al catalanismo conservador.

Sobre la renuncia del presidente de Junts, Carles Puigdemont, a ejercer de líder de la oposición, Mas lo ha considerado “lógico” porque “no es fácil” ejercer ese cargo cuando previamente se ha sido president de la Generalitat. Aun así, se ha mostrado partidario de que alguien de la formación ejerza esa responsabilidad. “Si no es él, lo tiene que hacer alguien”, ha añadido.

Según Mas, el “principal reto” de Junts es que el partido sea visto por los votantes como “alternativa” al actual Govern. “No solo tiene que ser un partido que resiste en las elecciones sino que sea capaz de organizarse para ser una alternativa potencialmente ganadora”, ha añadido.

Financiación singular y pacto fiscal

Mas se ha referido a la financiación pactada entre PSC, el Gobierno y ERC comparándola con el concierto económico que él reclamó en 2012 cuando presidía la Generalitat. “Le han cambiado el nombre pero es exactamente lo mismo”, ha defendido.

En cuanto a la actitud de Junts ante esta negociación, Mas considera que el hecho de que el partido no haya formado parte del pacto inicial no tiene porque implicar que se oponga al acuerdo. “Lo que se tiene que procurar es que salga lo mejor posible”, ha añadido.

“Cuando llegue [el acuerdo] al puerto final, cuando haya las leyes en el Congreso, entonces veremos el posicionamiento de cada uno. Si el modelo va en la línea que se dice, que es un concierto económico, yo estoy seguro que Junts ayudará a que esto sea, incluso, algo mejor”, ha afirmado el expresident. “No me puedo plantear un escenario diferente a este”, ha concluido.

El bárbaro no puede sustraerse a la idea de que él, porque es él, puede simultáneamente faltar a la ley y reclamar su amparo

G.K.Chesterton

Una barca infestada de monos va a la deriva mientras un delirante Klaus Kinski le grita al mundo su deseo de gobernar el continente americano teniendo a su fallecida hija como esposa. Es lo que tenían las grandes películas, que se grababan en la mente. Hasta Coppola reconoció la influencia que Aguirre, der Zorn Gottes tuvo en su concepción de Apocalypse Now. Mejor no me pregunten cómo todo esto me ha venido al consciente ahora, dejémoslo en que la enajenación de Lope de Aguirre lo convierte en un personaje imperecedero. Cuatrocientos monos compró el director de la cinta para filmar esa única escena. Los simios que acompañan el delirio. Nunca faltan. 

El juez Joaquín Aguirre ha decidido esa semana desobedecer a sus superiores y buscarse una burda estratagema jurídica para imputar a Puigdemont, Artur Mas y otros un terrible delito de traición a la patria que, casualmente, porque no es causal, ¿no?, es uno de los excluidos de la Ley de Amnistía. Lleva siete años intentado convertir ese asunto en un delito de traición y el año pasado la Audiencia Provincial le ordenó que se dejara de gaitas y lo cerrara como de hecho lo cerró. No contaban con que un juez iluminado pensara que la historia le contempla –lo dice él en un auto, no yo– y que le aguarda una misión que le sitúa por encima de la ley y de la pirámide jurisdiccional: “Por razones de equidad y justicia, así como por las de importancia histórica para la UE este magistrado se vio obligado a pensar una solución alternativa a las objeciones técnico-procesales planteadas por la Audiencia Provincial para anular las prórrogas del procedimiento”, escribe. 

Probablemente es lo más cerca que van a estar de una especie de autoinculpación por prevaricación de un juez, que asume que le han ordenado que no siga pero que considera que algo superior a sus controladores jurisdiccionales le impele a dictar una resolución tras “pensar una solución alternativa” a la dictada. La querella se la va a llevar puesta, veremos con qué recorrido en un caso como digo muy palmario, y el recurso a ese auto de nuevo a la Audiencia para que lo metan en cintura y le recuerden sus obligaciones también. Me gustaría que los jueces que tanto hablan públicamente para defender el buen hacer de sus compañeros se dejaran caer con una crítica a una actuación imposible como esta; decírmelo a mí está muy bien, pero mejor y más coherente es no callar en esto si no callas en nada.

El juez Aguirre quiere ahora saltarse a los que durante siete años ha admitido como jurisdicción superior para enviar el tema al Tribunal Supremo “dado que Puigdemont está aforado”. Lo cierto es que ahora mismo, siendo diputado del Parlament de Catalunya, está aforado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no veo qué extraño salto de conexidad pretende dar. Por algún motivo que ustedes y yo alcanzamos a comprender, considera que lo que no le han permitido en la Audiencia se lo van a permitir los señores de la Sala II y lo cree porque parece considerar que están dispuestos a cualquier cosa con tal de parar la amnistía a un tal Puigdemont. Cómo o qué han hecho esos altos magistrados para que este juez fantasee con que le va a valer saltarse lo más sagrado si llega a ponerse bajo su ala es algo que debería llevarles a reflexión. 

Les explicaría ahora por qué es loco intentar imputar por traición a personas que no tenían en sus manos cumplir los tipos penales ni sus verbos rectores, pero es que si hay algo que no admite discusión para un juez instructor es que, si te ordenan una cosa los que revisan tus recursos, la cumples o la cumples... o prevaricas. Por ese motivo el instructor del caso Oltra ha tenido que dictar auto de transformación en procedimiento abreviado (el equivalente a sentar en el banquillo) arguyendo como único fundamento jurídico “por imperativo legal” como forma de mostrar su rebote, ya que se lo ha ordenado la Audiencia Provincial de Valencia. No se le ha ocurrido buscar “una solución alternativa” como predica Aguirre porque, frente a lo que se diga en los escalones superiores de la pirámide jurisdiccional, al juez solo le cabe acatar. 

Me gustaría responder a unas declaraciones de Compromís en el Parlament valenciano: “El Poder Judicial tiene que estar también dentro del espacio de fiscalización y democratización y en esta cuestión tenemos que ir más allá”, solicitándole a los socialistas la búsqueda de medios para “fiscalizar” la actuación de los jueces. Esa fiscalización existe en todos los estados democráticos y se lleva a cabo por las diferentes instancias jurisdiccionales que revisan la actuación de los escalones inferiores. El mero hecho de insinuar que podría haber otra fiscalización diferente es profundamente antidemocrático y debe ser conjurado. He oído ya varios coqueteos de los partidos a la izquierda del PSOE sobre “fiscalizar” a los jueces y eso es más peligroso que la actuación puntual errónea o espuria de algunos magistrados. No hay otra opción democrática ni dentro del Estado de Derecho. 

Volviendo a Aguirre y a su sindiós, él mismo reconoce en el auto que, tras siete años, no sabe en cuál de los delitos de traición podría enmarcarse su estrambótica instrucción, que se resume a algunos contactos de independentistas con empresarios o personas rusas en unos años en los que ni Rusia era un enemigo ni estaba en guerra con nadie –ni híbrida como él dice ni convencional ni de Gila–. En los años de esos contactos recibieron a Putin desde el Papa a Merkel pasando por Macron o Renzi y si Rajoy no tuvo el gusto fue porque no pintamos demasiado. No sabe qué tipo aplicar porque si leen los artículos verán que ni Mas ni Puigdemont ni el resto de imputados podían “inducir a potencia a declarar la guerra”, “allegar tropa española”, “tomar las armas contra España con bandera enemiga”, “suministrar armas al enemigo”, “favorecer a potencia extranjera con información clasificada”, “provocar una declaración de guerra”, “ejecutar orden de potencia extranjera”, “violar tregua”... Era imposible que lo hicieran ni ellos ni usted ni yo y mucho menos incumplir el resto de los artículos referidos a tiempo de guerra. Por cierto, es curioso pero en 2012 la Asociación de Militares Españoles, esa de los manifiestos alabando el Glorioso Alzamiento, ya advirtió en un comunicado a Mas de la posibilidad de incurrir en alta traición y ahora ya ven, va éste señor y le imputa. 

¿Clamamos ya lawfare? El verdadero lawfare precisaría de que la eficacia del sistema jurisdiccional se viera anulada por la voluntad concertada de las diversas instancias de perjudicar a alguien por motivos políticos e impedirle defenderse. Así que no basta con que un juez individual intente incluso hacer política, sino que es necesario que esa actitud no sea corregida por la pirámide jurisdiccional en una connivencia antijurídica: así, tras un juez revistan tres en recurso, otros tres diferentes en enjuiciamiento, tres más en el TSJ y cinco si llega al TS y nos ponemos como poco en quince profesionales. Si entre esos quince se llegara a un resultado injusto y político por una concertación entonces podríamos hablar de guerra jurídica. Vengo a decirles que eso es muy difícil en el procedimiento español y en la judicatura española. Eso es lo que sucedió precisamente en el caso de los políticos catalanes, con la asunción extraña y discutible de la competencia por parte de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo y con la aquiescencia de todas las fuerzas de opinión pública y políticas, incluido el PSOE, excepto Podemos e IU. En este caso de la traición rusa cabe recurso a la Audiencia Provincial, se interpondrá la querella contra el juez y es de esperar que la Sala II no tenga la desfachatez de asumir la causa. Si todo esto fallara, entonces les diré otra cosa. 

Si todo es lawfare nada es lawfare. Y si se produce hay que demostrarlo con argumentos basados en el desarrollo jurídico de los procedimientos, no en si el juez un día absolvió a unos fachas o si viste de Prada o tiene un problema en la comunidad de vecinos sino espurgando y razonando por qué la actuación jurisdiccional es deficiente o manifiestamente contraria a derecho. Quien lleva haciendo eso años -muchas veces en solitario- no puede ver sino con preocupación esa ordalía de descalificaciones globales a todos los jueces, a todo el sistema, a todos los procedimientos que no me gustan, a todo lo que políticamente no me interesa. 

Lo de Aguirre es tan claro no por quien sea él o por como sea sino porque la ley le impide de forma taxativa hacer lo que ha hecho. No hay discusión posible. 

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha evitado pronunciarse sobre si la actuación del juez Aguirre reabriendo el 'caso Volhov' es prevaricación, tal como ha apuntado el abogado de Puigdemont. “Mi estilo no es expresarme en estos términos”, ha afirmado, para añadir que sin embargo cree que el magistrado actúa “con poco sentido de la justicia total y absoluta”, “no es justicia”, ha insistido.

En una entrevista en Rac1, Mas ha acusado al juez Aguirre de “intentar” que no se aplique la ley de amnistía después de que este viernes reabriera el 'caso Volhov' en una pieza separada, esta vez por delito de traición, que no está incluido en la amnistía, y malversación de fondos públicos.

Mas ha explicado que la próxima semana empezará a preparar su defensa jurídica, a pesar de que ha señalado que el caso se podría acabar archivando. También ha manifestado la voluntad de “definir un esquema más o menos común” con la defensa de Puigdemont, a pesar de que se ha distanciado de la querella que ha anunciado su abogado esta mañana contra el juez.

“No se trata de poner el ojo en posibles delitos en este o en aquel, sino de hacer entender que un juez que se le ha pedido que archive las investigaciones y abre de nuevas en relación con el mismo caso, es una persona que no está actuando correctamente”, ha subrayado.

Repetición electoral

Mas también se ha referido a las negociaciones por la investidura y ha afirmado que lo que ve más viable es una repetición electoral. “No creo que sea un gran escenario, ni lo querido, ni el deseable”, ha añadido a continuación. Si se diera el caso, el expresidente ha insistido en la fuerza que tendría una lista conjunta del independentismo. “Probablemente volvería a quedar primera”, ha valorado recordando la candidatura de Junts pel Sí en 2015.

“En el siglo XXI la guerra ya no es lo que era”. “La relación ruso-catalana ya fue en su día objeto de análisis y de inmerecido descrédito por parte de la izquierda española y los partidos nacionalistas”. Estas son solo dos de las expresiones que se pueden encontrar en el auto del juez Joaquín Aguirre (consultable en su totalidad al final de esta información) por el que intenta excluir a Carles Puigdemont, al expresident de la Generalitat Artur Mas y a otras diez personas, entre ellas al periodista Carles Porta, de la amnistía.

La resolución, llena de tesis políticas sobre el procés y la geopolítica internacional, se dedica a reiterar los indicios de los que ya disponía el juez desde hacía años. Lo que es más relevante es que el magistrado abre una nueva investigación pese a que la Audiencia de Barcelona había impedido al juez seguir con las pesquisas sobre la denominada trama rusa del procés.

De las 56 páginas del auto, el juez dedica una a reprochar, de forma velada, a la Audiencia de Barcelona, la orden para que dejara de investigar la trama rusa. Incluso constata que esa orden “abocaba a un sobreseimiento de la injerencia rusa”, que, no obstante, el juez ha decidido no acordar.

Después, a lo largo de 15 páginas, el juez se adentra en una serie de consideraciones sobre geopolítica internacional que él mismo aplica al procés. Arranca con un prólogo sobre “el contexto de evolución tecnológica desarrollada desde la segunda guerra mundial”, para después explicar que debe “describir algunos conceptos básicos de lo que se ha dado en llamar guerra de nueva generación o guerra híbrida”. 

“El término amenaza híbrida se popularizó tras el choque entre Israel y Hezbolá en el año 2006, también llamada la Guerra del Líbano”, prosigue el juez, que a continuación repasa otros conceptos como “ciberterrorismo”, “hacktivismo” o grupos como Anonymous. “Como conclusión, se puede decir, sin duda, que la zona gris y las amenazas híbridas se han convertido en la nueva técnica militar de nuestro tiempo”, apostilla. 

Aplicado al procés, el juez llega a apuntar a una “coincidencia histórica” entre el inicio de su investigación contra la trama rusa en 2018 y la sentencia del caso Gürtel de corrupción del PP que provocó la moción de censura y la entrada del PSOE al Gobierno.

“Si en el futuro a algún historiador le interesara hacer una investigación sobre la injerencia rusa en el procès como ejemplo de lo que, según la Prensa, parece haber sucedido en otros países de Europa, situaría como fecha de inicio real de la investigación judicial de tal injerencia el día 18 de mayo de 2018, casualmente el mismo día en que se firmó la sentencia del llamado caso GÜRTEL, que se notificó una semana más tarde. Dicha sentencia hizo caer el Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy y dio entrada al gobierno a una coalición liderada por el PSOE junto con otros partidos políticos de corte marcadamente independentista. Esta coincidencia histórica marcaría el devenir de la investigación judicial de la injerencia rusa tal como luego se verá”, asevera el magistrado.

A continuación, el instructor pasa a desarrollar su propia teoría sobre el proceso independentista en un fragmento sin contenidos jurídicos. Culpa al expresident Artur Mas de “elegir la reivindicación identitaria catalana como medio para propulsar su permanencia en el poder [...] siendo el enemigo de la colectividad catalana Espña”.

“Este Magistrado por su parte puede añadir que, habiendo desaparecido el elemento cohesionador de la religión debido al avance de la ciencia, si se quiere obtener por un grupo político un nuevo relato que cohesione a una comunidad se debe elegir una idea común a la mayoría de los habitantes de una zona geográfica y que sea de la suficiente importancia como para tenerla muy arraigada en su interior, una idea que forme parte de la vivencia habitual de esa mayoría de ciudadanos de un territorio”, llega a apostillar el juez.

La veintena de páginas restantes del auto se dedican a recopilar indicios que ya estaban en la causa, algunos incluso desde hacía cinco años. Según el juez, se trataría de “la obtención de ayuda económica, reconocimiento internacional y soporte financiero de los gobiernos de China y Rusia para una supuesta República Catalana escindida del Reino de España), sea mediante su influencia en las estructuras financieras con el desarrollo de infraestructuras digitales de criptomonedas”.

La amnistía se ha encontrado los primeros obstáculos para su puesta en práctica a los pocos minutos de su entrada en vigor. El Tribunal de Cuentas ha sido la primera instancia encargada de aplicar la amnistía que ha planteado abiertamente la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas que, según el ente fiscalizador, genera la norma ante el Derecho de la UE.

En una providencia, el Tribunal de Cuentas (una instancia administrativa y no penal) ha dado diez días a la Fiscalía y a las defensas de la veintena de dirigentes soberanistas encausados en la causa sobre los gastos del procés y la acción exterior de la Generalitat –entre ellos, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas– para que se pronuncien sobre el planteamiento de una cuestión prejudicial.

En la misma resolución, el ente fiscalizador también deja en suspenso el plazo para dictar sentencia sobre la causa contable de los gastos del procés hasta resolver si eleva al TJUE sus dudas sobre la amnistía.

Según el Tribunal de Cuentas, hay varios artículos de la ley de amnistía sobre los que pedir “interpretación” al TJUE. La norma de olvido penal del procés, argumenta el ente fiscalizador en una nota de prensa, podría afectar a la “lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE”, al “principio de cooperación leal”, a los “principios de igualdad y de no discriminación” y a los “principios de seguridad jurídica y confianza legítima” y al “principio del Estado de Derecho”.

Cualquier juez encargado de aplicar la amnistía y que tenga dudas sobre su constitucionalidad o sobre su encaje en el Derecho de la UE pueda plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el TJUE. Ello deja en suspenso la aplicación de la norma y las sentencias pendientes. De media, el TJUE tarda 16 meses en resolver una cuestión prejudicial.

La publicación de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha comportado un goteo de resoluciones judiciales este martes para empezar a aplicar la norma. Tal y como marca la ley, el primer paso de los jueces es preguntar a la Fiscalía y al resto de partes de un caso sobre la aplicación de la norma. Así lo han hecho el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y el TSJ catalán, pero, a diferencia del Tribunal de Cuentas, no han explicitado ninguna intención de llevar la norma al TJUE.

Los que sí anticiparon su intención de pedir que la amnistía acabe en el TJUE fueron los cuatro fiscales del caso del procés en el Supremo, los mismos que acusaron de rebelión a los exconsellers. En un informe que todavía no se ha presentado, los fiscales consideraron que el Supremo debía preguntar al TJUE si es compatible con el derecho de la UE negociar una amnistía con quien resulta “beneficiado” de ella.

David Madí i Cendrós (Barcelona, 1971) es uno de los personajes centrales del nacionalismo catalán de los últimos 25 años, aunque en buena parte desconocido por el gran público porque casi siempre se ha movido en la penumbra, lo que ha contribuido a exacerbar una imagen de todopoderoso poder en la sombra tanto por los que le idolatran como por los que le atribuyen todos los males: un Fouché catalán contemporáneo, nieto del rico empresario Joan B. Cendrós (1916-1986), mecenas del pujolismo y cofundador de Òmnium Cultural, y uno de los líderes de las nuevas generaciones convergentes que se conjuraron para jubilar a Jordi Pujol y ganar con ello ambición nacional, que alcanzaron el cenit de poder con Artur Mas, junto al que desencadenaron el procés, que luego se les escapó de las manos y les acabó devorando.

Madí fue la mano derecha de Mas durante casi tres lustros, hasta que en 2010 le dejó por fin instalado en la presidencia de la Generalitat y abrió una polémica carrera empresarial sin perder ni un ápice de su ascendente sobre él, con lo que muchas corporaciones -incluidas algunas de las más poderosas del Ibex35 con sede en Madrid- hacían cola para contratarle antes de que el procés lo dinamitara todo. Ahora publica Merecer la victoria, editado por Planeta (Destino en castellano, Columna en catalán), un recorrido personal por estos años salvajes con mucha y valiosa información para entenderlos -incluso cuando se discrepe fuertemente de sus valoraciones-, sobre todo desde la perspectiva de la parte catalanista de la clase dominante en Catalunya, y que busca explorar vías para deshacer los nudos que se han amontonado.

Se trata de un relato inhabitual, por su crudeza, que también aspira a derribar algunos de los tópicos más asentados del propio campo soberanista y por ello propone una explicación “para adultos”, que pasa por esquivar el maniqueísmo, que sitúa toda la culpa en el campo contrario, y por modificar el error garrafal de considerar que España es un Estado fallido, una premisa que condicionó buena parte el azaroso y a menudo improvisado desafío del procés, que Madí da por finiquitado.

¿Por qué pone a Winston Churchill en portada?

Soy un gran admirador y lector de Churchill. Me parece el gran líder democrático del siglo XX. Esta portada, modernizada, es el póster que se colgó en Londres, Deserve Victory [Merecer la victoria], durante el año y pico que resistieron en solitario ante el avance de las tropas nazis por Europa. El concepto me parece necesario contra el infantilismo del que a veces hace gala el catalanismo.

Pero después apenas lo cita ya en el libro. ¿Quizá no se atreve a ir hasta las últimas consecuencias de lo que insinúa?

Igual no le he convencido, pero este no es un tipo de libro de catalanet. Es un libro más anglosajón y churchilliano.

La frase emblemática de Churchill en este periodo es: “Sangre, sudor y lágrimas”. ¿Se puede culminar una independencia sin “sangre, sudor y lágrimas”?

En el libro explico el dilema que hubo después del 1 y el 3 de octubre y el debate sobre cómo continuábamos. Por un lado se plantea la revuelta pacífica: declarar la independencia y defenderla pacíficamente. Por el otro, convertir todo aquel capital político generado en energía política y convocar elecciones con lista única y reforzar la presión política. Pero no se elige ni una ni otra, sino una tercera opción, más improvisada y con menos base.

Siguiendo su lógica de independentismo para adultos: ¿se puede culminar una independencia unilateral sin sangre, sudor y lágrimas? ¿Sí o no?

En los países bálticos se hizo.

Siempre hay algún muerto.

La perfección no existe en ningún sentido.

En los países bálticos, como en otros casos de éxito, la independencia se logra aparejada a un cambio de bloque geopolítico. Pero imagino que usted, como “liberal” y “churchiliano”, no querrá salirse del bloque occidental, y pasarse al ruso o al chino, ¿no?

No hay ningún catalanista o soberanista que haya planteado en ningún momento pasar a un mundo de alianzas chinas o rusas, a pesar de que alguien se lo ha querido inventar. Es absolutamente falso. Lo que queremos los catalanes es la independencia dentro de Europa, con la vocación geoestratégica de ejercer de capital del Mediterráneo. Es básico dejarse de ingenuidades y de infantilismo.

Sin ingenuidades, pues: vamos a imaginar que su admirado Churchill es presidente del Gobierno español durante el 1-O. Con lo que sabemos de él, ¿cómo cree que habría reaccionado?

Sin duda enviando las tropas.

¿Literalmente?

Literalmente. No tengo ninguna duda.

Seguramente soy el soberanista más pro-Madrid que hay

El independentismo en cambio considera que España es especialmente cafre.

Es un error. Soy un liberal y un soberanista, pero de ninguna manera un antiespañol ni anti-Madrid. Seguramente soy el soberanista más pro-Madrid que hay. Los líderes del independentismo no conocían suficientemente lo que era Madrid y España, que tiene una cultura del poder forjada a base de muchos siglos de guerras, violencias, guerras civiles, de un imperio que ya no existe pero se siente… En cualquier caso: una cultura de poder fuerte. La de los catalanes es muy diferente, porque nos ha tocado la parte de la historia de defendernos y no de atacar. Por tanto, la nuestra es una cultura de resistir y resistir es el contrario de ganar. En Catalunya tenemos que desarrollar una cultura del poder mucho más fuerte de la que tenemos.

Se habla de una represión brutal, cuando está a años luz de lo que usted mismo esperaría de su admirado Churchill.

Tampoco pueden obviarse los usos y costumbres de las épocas, por suerte. Miremos incluso 15 o 20 años atrás: la única diferencia entre el GAL-1, contra ETA, y el GAL-2, contra los independentistas, es que ahora no se mata a personas físicamente. Pero el montaje es el mismo en su diseño, en su forma de actuar, en su arquitectura judicial…

¿Todo son montajes?

El primer montaje es contra Pujol. Hablemos claro: su problema es que es un hombre de la Transición con un partido de la Transición. Y el pecado original de la Transición, que permite pasar de una dictadura a una democracia en tiempo récord, reposa en términos políticos en una bolsa enorme de financiación ilegal, que afecta a todos los partidos y a todas las constructoras, los bancos y, por encima de todo, a la monarquía. Visto con ojos de hoy puede parecer horrible, pero ayuda a explicar por qué no hubo un baño de sangre. Esto da un sistema político determinado, que hay que ir corrigiendo. En el caso de Pujol, que es el inicio de este GAL-2, el objetivo nunca ha sido limpiar el sistema, sino utilizar una parte de esto, que era menor que en otros, para romper el procés. Hay una reflexión estratégica detrás: el problema catalán siempre se ha afrontado con la famosa fórmula orteguiana de la conllevancia, y en un momento dado, siguiendo el patrón vasco, dicen que esto tiene que acabar y que hay que romperlos. Y a partir de ahí se actúa.

¿Por qué Pujol, si siempre habían pactado?

En términos de la cultura de poder de Madrid, que conozco bien, se considera que es un tema de Estado y deciden ir a por la cabeza. Pujol es la cabeza del elemento más peligroso de este asunto: si el partido de las clases medias de Catalunya bascula hacia este lado, tienen realmente un problema y quieren atajarlo.

Pero en Catalunya hay actuaciones poco escrupulosas acreditadas, también en la familia Pujol.

Evidentemente, no voy a ir de purista por la vida y sé que se cuecen habas en todas partes. Pero la vocación de la campaña es política. La amnistía se sitúa a partir de 2012, que es donde empiezan estas operaciones, todas con el mismo patrón, y que revelan un problema de calidad democrática enorme, que podemos ver también en el caso de Begoña Gómez: se repite el mismo modus operandi de un poder judicial en convivencia con los medios, que construyen casos.

Sin embargo, varias de estas causas de presunta corrupción en Catalunya resulta que las arrancan los Mossos.

Desgraciadamente, algunos practican los métodos sucios que hemos visto en los casos de Villarejo. Más pronto que tarde se empezará a saber.

El libro es muy duro con Josep Lluís Trapero y su etapa en los Mossos.

No me lo parece… Lo que cuento es que en una crisis nacional, y el procés lo es, todo el mundo hace política y en una democracia esto no tiene por qué ser malo. En el caso de los Mossos, creo que en el libro se explica por primera vez qué sucedió y ello ayuda a entender las posteriores perturbaciones que ha habido en el cuerpo.

¿Incluidas las causas judiciales?

Incluida alguna de las causas judiciales.

¿Qué habría podido hacer un cuerpo de Mossos más catalanista sin poner en riesgo la paz? Se trata de un cuerpo armado…

El pueblo catalán ha demostrado que en ningún momento iba a utilizar la violencia. Lo que acaba pasando el 1-O no era el escenario más probable. El Estado no había detectado la organización creada bajo radar para el referéndum, pero sabía que había 2.300 puntos de votación públicos y lo lógico era elegir 500 y en sus inmediaciones intervenir el material para invalidar la votación. Pero sucedió lo inesperado: toda la cadena de mandos del Estado afirmaba que no iba a votar nadie, pero hacen un gran ridículo y no intervienen nada. Aún no se ha explicado qué pasó ahí; ojalá algún día se sepa. Creo que esta situación precipita un ataque de nervios y ahí se da la orden de las porras, se pierde el control y podían pasar muchas cosas: que los catalanes tuvieran miedo y se retiraran, un escenario violento descontrolado o una resistencia pacífica, que es lo que pasó, sin estar prevista ni controlada. Es la demostración de que nadie en Catalunya quería violencia. En ninguna circunstancia.

¿Mereció la pena el procés, con el balance que arroja? CiU ya no existe, el nacionalismo acaba de cosechar los peores resultados desde 1980…

Esto de que CiU no existe… Convergència es un estado de ánimo y le aseguro que existe. En cualquier caso: el balance es muy simple: todos los sacrificios y todas las penurias merecían la pena si había independencia. ¿Hay independencia? No. Pues eso.

¿Imagina que verá usted algún nuevo envite al Estado?

Esto es una sesión continua. Y el catalanismo va a seguir siendo mayoritario. Ahora vendrá una época de reflexión y catarsis y el catalanismo puede cambiar de carril cuantas veces le convenga mientras siga avanzando. Pero evidentemente esta vía ha llegado al final de su recorrido.

¿Realmente está asumido esto?

Yo me dediqué muchos años a las elecciones y al análisis electoral y aprendí algo básico: todas las elecciones, sin excepción, tienen un mandato electoral, te guste o no. El mandato electoral de las últimas elecciones es el que es: el soberanismo ha perdido la mayoría en el Parlament por primera vez desde 1980 como fruto del último quinquenio cainita. Y del otro lado, el PSC ha aglutinado todas las fuerzas de los que quieren pasar página, pero sin una victoria suficiente. Por tanto, el mandato es: final de recorrido, pero entiéndanse. Equivocarse en el mandato electoral suele llevar a desastres.

¿Le ve cabida en el “mandato electoral” del 12-M la idea de “restitución” de Puigdemont?

Legítimamente, el president Puigdemont ha perseverado en esta idea. No tengo claro que una gran parte de la población de Catalunya lo perciba de forma similar. En cualquier caso, espero que pronto esté aquí y se haga cierto lo que se ha dicho tantas veces: se sacó de la política lo que era un problema político y se ha convertido en un desastre. Volvamos a la política, hagamos política.

¿Se puede volver a la política con los mismos protagonistas? ¿O deberían hacer un paso al lado los políticos vinculados al procés como el que hizo Artur Mas?

Básicamente, de los padres reales del 1-O ya no queda ni uno. No olvide que Puigdemont sale a la pista solo al final de un partido que empieza mucho antes. Y luego viene un quinquenio cainita, que lleva a esta situación. Estamos en una nueva fase, y las nuevas fases exigirán liderazgos nuevos. Esto se tiene que hacer con tranquilidad y con las estrategias bien trazadas.

El mandato electoral del 12-M obliga al PSC y a los soberanistas a entenderse

Las recetas de salida política que usted propone en su libro suenan a pujolismo.

Estamos ahí porque no hemos podido ganar y hay que aterrizarlo en la realidad. Pero discrepo de su observación: esta propuesta tiene muchas más implicaciones en términos de poder real y de estrategia en el Estado que la fase del pujolismo.

¿No es una nueva etapa, más ambiciosa, del mismo esquema pujolista?

Nuestra conjura generacional, hace más de 25 años, nunca fue la independencia, sino situar las cosas en el último peldaño. Siempre me he declarado soberanista, no independentista, que me parece un concepto antiguo. Soy partidario de “cuánto más poder, mejor”. Y aunque respeto mucho el pujolismo, esto ya es otra cosa: la expresión de las clases medias catalanas, que quieren autogobernarse, manejar los resortes del poder y que su finalidad sea la nación catalana y no España. Esto es lo que marca la diferencia.

Con la CUP es brutal en el libro.

Con razones.

¿Cuáles?

De la mayoría sociológica electoral hay una parte de fracción de partidos que corresponde a la CUP, que es la parte más tóxica y corrosiva del soberanismo. Responden a una mayoría social que votaría “sí” en un referéndum pero son de una esfera política incompatible. Yo soy anticomunista y liberal, pero me considero un buen estudioso de la historia de los diferentes comunismos y la CUP es una subespecie degradada de todo esto. Basan su ideología en una teoría revolucionaria de la desestabilización: ya no vamos a tomar el Palacio de Invierno ni hacer la revolución, sino que a través de la desestabilización hacen su arma de revolución. En todos los momentos importantes del procés han actuado bajo esta premisa, lo cual les hace operativamente inútiles.

¿Usted ha leído El eco de los pasos, la autobiografía del anarquista Joan Garcia Oliver?

No.

Es un libro de referencia en algunos sectores de la CUP, que entronca con la CNT, de gran arraigo histórico en Catalunya. Si lo hubiera leído quizá se le habría hecho evidente que su objetivo no era solo la independencia, sino también destruir al partido de la burguesía, y diría que esto último lo consiguieron, no? En el libro les llama ignorantes. ¿Y si los ignorantes eran ustedes al no entender bien esta tradición política?

No quiero que se ofendan, pero ahora están en cuatro diputados, que es el espacio normal en Catalunya de lo que es este tipo de generación del comunismo-litronero. Pero leeré El eco de los pasos.

Escribe que la CUP “estaba infiltrada por los cuatro costados por el CNI” ¿De dónde lo saca?

Es una constatación, además derivada de grabaciones del caso Tándem. Hay una conversación entre el secretario de Estado y Villarejo en la que le explica que le están informando en tiempo real de la asamblea de la CUP. Es un hecho.

¿Teme un golpe de Estado judicial para parar la amnistía?

En España existen muchos Villarejos, grandes y pequeños. Funcionarios que no sirven al Estado, sino que creen poseerlo: en la judicatura, en los cuerpos de seguridad, en la Agencia Tributaria, que es la digna heredera de la Inquisición española… Todos los demócratas deberían ponerse de acuerdo para hacer una ley de abuso de funcionario público porque se pueden destrozar muchas vidas con total impunidad. Hay que afrontarlo.

¿Pero da por hecho la amnistía, como parece que hacen muchos independentistas?

Se tiene que sancionar y publicar en pocos días y ya veremos. Sería gravísimo que se parara, pero la realidad es que uno de los poderes fundamentales del Estado, el judicial, se está manifestando en clara rebelión contra esta decisión democrática.

En España existen muchos Villarejos, grandes y pequeños

Siguiendo su idea de “independentismo para adultos”, quizá también se podría hablar de “capitalismo para adultos”. ¿No le parece ingenuo pretender representar a empresas estratégicas españolas, con fuertes vinculaciones con el Estado, y al mismo tiempo trabajar activamente para la independencia de Catalunya?

Todo el mundo hacía política y el mundo de la empresa también. Lo que pasa es que yo estaba en el lado perdedor, simplemente. Pero hablemos del “capitalismo para adultos”: tenemos una degradación importante de la vida política. Soy muy anglosajón: partidario de una política abierta, de que la gente entre y salga con facilidad. Hemos creado un sistema de casta política, porque el problema no es que el talento profesional que entra y sale, sino que se queden 25 o 30 años… No podemos dificultar tanto la salida de la política. Cuando se habla de puertas giratorias yo siempre digo: ¡puertas obligatorias!

¿Puertas obligatorias?

Si después de prestar un servicio público lo único que se puede hacer es de camarero en un bar, pues habrá que subvencionarle el resto de la vida. Esto es una estupidez y tenemos que optar por la sensatez. Aquí, con tanta incompatibilidad, hemos llevado a la política a un punto en el que es incapaz de captar talento. Otro tema: el de los familiares de los políticos, como el caso de Begoña Gómez. ¿Cómo solucionamos este debate? ¿Hasta qué grado de familiaridad? Es un debate sobre la calidad política y en España lo estamos convirtiendo en una política pobre, a la que solo podrán dedicarse aventureros, ricos o aspirantes al último escalafón funcionarial. Y soy firmemente partidario de la colaboración público-privada, con gente que conozca los dos mundos.

Apliquemos pues criterios anglosajones a la posición que usted tuvo en Endesa: ¿se imagina en el mundo anglosajón una empresa estratégica para el Estado con directivos que buscan la destrucción del Estado?

Creo que no era mi caso.

Usted era delegado en Catalunya de Endesa, una empresa estratégica para España, y al mismo tiempo, como explica en el libro, recibía a gente de la CUP en Endesa con su fiambrera de gazpacho.

No lo diga así. En mi caso, como presidente del Consejo Territorial de Endesa en Catalunya, yo tenía la obligación de llevar las relaciones institucionales. Y este caso concreto de la CUP es en realidad al revés: retrasé varias veces la reunión porque temía que quisieran utilizarla para ocupar la sede con el colectivo de la pobreza energética. Las grandes compañías, contrariamente a lo que sostienen las teorías conspiranoicas, cuando llegan las elecciones rehúyen tanto como pueden tener connotaciones políticas porque las empresas no votan. Votan las personas y cada una es de su padre y de su madre.

¿Y cómo encajan los criterios anglosajones en Nubul, la consultoría que creó tras dejar a Mas en la presidencia de la Generalitat? Como queda claro en el libro, usted mantuvo una relación extraordinaria con el presidente Mas y muchos de sus clientes aspiraban a participar en licitaciones públicas de la Generalitat. Su activo principal era el acceso a Mas.

Pues parece que su criterio es muy empobrecedor para mí. Yo tengo un espectro bastante más amplio. Mi último cargo público fue en 2003, mi última incompatibilidad en 2005 y mi última militancia de partido en 2010. Y no he tenido ni un solo ingreso de una empresa pública en todos estos años en un país en que esto parece casi imposible.

¿No debería publicitarse cuando una empresa privada contrata a un consultor que es la puerta de entrada al presidente?

Seguramente usted no entiende mi filosofía en los muchos negocios que he hecho. No hay nada más democrático en un país que cómo se defienden los intereses privados. Tenemos administraciones absolutamente ineficaces y autistas, que toman decisiones catastróficas y que viven al margen del mundo de la empresa. Este modelo público-privado que tenemos en España no me gusta. El Estado tiene que hacer lo que le toca y nada más. Generar funcionarios no es generar riqueza.

Europa cierra la puerta a Artur Mas por falta de interés del expresident. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado la demanda del expresident de la Generalitat por su condena por la votación soberanista del 9 de noviembre de 2014 al no haber contestado el expresident a las alegaciones solicitadas por el tribunal.

Según la resolución del TEDH de este jueves, el tribunal trasmitió sus observaciones a Mas y a su defensa, que ejerce el abogado Xavier Melero, en octubre de 2023, y le dio un mes para contestar a sus preguntas (un procedimiento habitual en este tribunal). Sin embargo, el tribunal “no recibió respuesta” de Artur Mas, indican los togados.

Mediante carta enviada a través del servicio de comunicación electrónica del TEDH el 4 de diciembre de 2023, el tribunal notificó a Artur Mas que el plazo previsto para la presentación de sus observaciones había expirado y que no se había solicitado ninguna prórroga, explica la corte europea.

El 17 de enero de 2024, la secretaría envió otra carta a Mas por correo certificado, invitándole a presentar observaciones a más tardar el 12 de febrero de 2024. En esta última comunicación, los magistrados incluso advirtieron al expresident de que la normativa del tribunal permite archivar un caso “cuando las circunstancias lleven a la conclusión de que el solicitante no tiene intención de continuar”, tal y como ha terminado ocurriendo en el caso del 9-N.

El abogado de Mas, añade el tribunal, se conectó al servicio de comunicaciones del TEDH el 19 de enero de este año. “Sin embargo, no se recibió respuesta del solicitante [Mas] ni de su representante [Melero]”, concluye el tribunal para archivar el caso

En su demanda ante el TEDH, Mas alegaba que la suspensión de la consulta por parte del Constitucional “no fue suficientemente precisa, concreta y categórica”. Por ello, consideraba que la condena por el 9-N vulneró el artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que impide condenar a alguien por “una acción u omisión que, en el momento de ser cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional”.

El Tribunal Supremo redujo a un año y un mes de inhabilitación la condena a Mas, once meses menos que los dos años que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), al concluir que el entonces president desobedeció de forma abierta a prohibición de la consulta del 9-N decretada por el Tribunal Constitucional.

Al haber costeado los gastos de la consulta antes de su suspensión por parte del Constitucional, Mas y los exconsellers se salvaron del delito de malversación de fondos públicos en su causa penal. No obstante, el Tribunal de Cuentas les condenó en otro procedimiento a pagar 4,9 millones de euros.

Mas, por su parte ha calificado el archivo de su causa de “malentendido procedimental”. En declaraciones a varios medios recogidas por la agencia ACN, Mas ha explicado que su defensa creía que no era obligatorio ampliar las alegaciones presentadas, como le había pedido el tribunal, y por tanto lo atribuye a “un malentendido entre las partes”.

Según Mas la situación es “una lástima” porque, si hubiera ganado el caso, habría sido “una victoria política y moral”. De todos modos, el expresidente subraya que el archivo “no asienta ningún precedente” porque el tribunal no ha entrado en el fondo de la causa, que Mas considera “preservado”.

¿Se imaginan qué hubiera pasado el 20 de septiembre de 2012 si cuando Artur Mas le planteó el pacto fiscal a Mariano Rajoy el presidente del Gobierno, en vez de decirle con buenas palabras que podía irse por donde había entrado, hubiese optado por plantearle alguna alternativa? Pensar que tal vez el procés habría sido distinto es una ucronía pero ciertamente el fracaso de esa reunión en la Moncloa fue lo que el entonces presidente de la Generalitat utilizó como argumento para iniciar un camino cuyas consecuencias, una década después, son conocidas. 

Tras ese encuentro, Mas decidió adelantar las elecciones y CiU se presentó con un programa en el que defendía un Estado propio “para vivir mejor” y prometía ya un referéndum de autodeterminación para la siguiente legislatura. Parafraseando a Gerard Piqué, con él empezó todo. Por eso es especialmente interesante que sea el propio Mas quien hace solo unos días haya reconocido que el proyecto independentista hoy “no tiene las condiciones para salir adelante” y haya apuntado que, sin renunciar a reclamar el referéndum, “el gran tema” a negociar debe ser el pacto fiscal. 

Tanto Junts como ERC insisten e insistirán en pedir un referéndum que Pedro Sánchez sigue negándoles (lo volvió a hacer esta semana) y del que el PSC, que tiene la vista puesta en las próximas autonómicas, no quiere ni oír hablar. En cambio, los socialistas están dispuestos a hablar de financiación, cosa que no es lo mismo que negociar un pacto fiscal. ¿Existe margen entre limitarse a corregir el actual modelo, caducado desde hace una década, y plantear un sistema similar al del concierto vasco, que ni el PSOE ni el PP están dispuestos a negociar? La respuesta podría ser un sí puesto que existe un primer punto de partida y está en el Estatut. Se trata del consorcio tributario, un organismo que lleva 15 años pendiente.

El artículo 204 del Estatut prevé que la gestión, recaudación, liquidación e inspección de impuestos del Estado puede ser delegada a la Generalitat a través de un “consorcio o ente equivalente con participación paritaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Agencia Tributaria de Catalunya”. Ese organismo, según la misma ley, podría convertirse en la Administración Tributaria en Catalunya. 

Ese podría ser un punto de partida aunque no el único. Las formaciones independentistas llevan años reclamando que el Ministerio de Economía publique las balanzas fiscales. El último cálculo que hizo el Govern cifra el déficit fiscal en 22.000 millones de euros, el más alto de las dos últimas décadas, siempre en base a las cifras del Ejecutivo catalán. “Es un castigo sostenido, injusto y deliberado”, argumenta la consellera de Economia, Natàlia Mas. Desde la época de Pedro Solbes no se han ofrecido estos datos de manera oficial por parte del Ministerio. 

En su reciente visita a Barcelona, Sánchez se mostró dispuesto a hacer “un ejercicio de transparencia” respecto a las balanzas fiscales. No dijo más, del mismo modo que tampoco cerró la puerta a abordar un nuevo modelo de recaudación tributaria para Catalunya. Si es más o menos “singular”, tal y como reclamó el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en su discurso de Navidad está por ver, pero es bastante previsible que esa será la auténtica batalla (y no solo con los partidos independentistas sino también con las comunidades del PP).  

En el pacto entre el PSOE y Junts, los socialistas se comprometieron a impulsar un “diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya” mientras que el partido de Puigdemont reclama una modificación de la LOFCA que establezca “una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan” en esta comunidad.

Sin abandonar la reclamación de un referéndum (aunque por la vía de los hechos han aparcado la vía unilateral), las formaciones independentistas han ido desandando camino hasta llegar a la casilla inicial, esa reunión en la Moncloa, en la que Mas ha asegurado a posteriori que no llegaron a hablar de un cupo ni de cifras concretas sino de un modelo propio para Catalunya.

La versión que Rajoy dio tiempo después de ese encuentro fue que el entonces ‘president’ le planteó un “lo tomas o lo dejas” y que le amenazó con que si no aceptaba un sistema similar al concierto vasco para Catalunya debería atenerse a las consecuencias. La partida ahora vuelve a empezar allí donde la dejaron ellos.

La derivada económica de la causa penal por el procés que ya sentenció el Tribunal Supremo en 2019 ha seguido adelante en el Tribunal de Cuentas a la espera de la ley de amnistía. El máximo órgano fiscalizador ha acordado mantener el juicio contable contra 35 ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya —entre los que están los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras— por el dinero público desviado para la organización del referéndum del 1-O y la promoción exterior del secesionismo. 

La consejera Elena Hernáez ha decidido mantener la vista a pesar de que las defensas de Junqueras  y el resto de encausados de ERC solicitaron aplazarla invocando la proposición de ley de amnistía. Esa norma dejará previsiblemente en papel mojado cualquier multa por el supuesto desvío de fondos públicos en el procés al considerar “extinguidas” las responsabilidades civiles y contables derivadas de esos actos. Hernáez ha anunciado que se pronunciará por escrito sobre la petición de suspender el procedimiento, aunque ha acordado mantener la vista de celebración de prueba, en la que han comparecido los testigos.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas se ha posicionado en contra de la petición de las defensas al considerar que el mero registro de una proposición de ley no figura entre las causas previstas para suspender una vista que ya está señalada. “La suspensión no se puede subordinar a un acontecimiento futuro de una certeza cuya existencia no se puede afirmar”, ha aseverado el fiscal jefe del órgano fiscalizador, Manuel Martín-Granizo.

El objetivo de este procedimiento es concretar la cantidad de dinero público que se empleó indebidamente y se malversó en el procés, pues el Supremo incluyó el delito de malversación en su sentencia, pero dejó en manos del Tribunal de Cuentas la fijación de la cantidad a reclamar. La sesión se ha celebrado sin la presencia de Puigdemont, que estaba citado como testigo y para quien el tribunal rechazó que compareciera por videoconferencia. Su abogado, Gonzalo Boye, ha afirmado que no planteó la petición de que declarara de forma telemática hasta el pasado lunes porque hasta el “último momento” no sabía si podía acudir por la ley de amnistía. La orden de detención nacional contra Puigdemont decaerá si prospera esa norma, pero por el momento continúa vigente. Después, a preguntas de los medios, Boye ha afirmado que su cliente no había acudido porque tenía “agenda” en Bruselas, donde es eurodiputado.

5,4 millones de fianza

Así las cosas, la vista se ha celebrado con la incógnita de si el procedimiento queda finalmente suspendido a raíz de esa proposición de ley, que deja en el aire cualquier multa por el supuesto desvío de fondos públicos en el procés. Los 35 encausados quedarán exonerados de restituir esos fondos al erario público si se aprueba la ley de amnistía en los términos en los que se registró en el Congreso esta semana.

En el marco de esta causa contable, el Tribunal de Cuentas impuso en junio de 2021 fianzas de 5,4 millones de euros a los 35 exdirigentes y funcionarios encausados que el Govern cubrió con un fondo especial para que no tuvieran que vender propiedades o afrontarlo de su propio bolsillo. Sin embargo, el ente rechazó ese aval y procedió embargó a los encausados. Las cuantías se terminaron abonando mediante la Caja de Solidaridad con aportaciones del movimiento soberanista.

En todo caso, el Tribunal de Cuentas no podría condenar a los encausados por una responsabilidad contable mayor que la que reclaman las acusaciones. La Fiscalía solicita 3,4 millones de euros, mientras que Sociedad Civil Catalana (SCC) eleva esa cifra a 5,3 millones de euros, aunque únicamente dirige el procedimiento contra los 11 ex altos cargos que tenían los puestos más destacados. En este caso, los dirigentes soberanistas no han pagado todavía ninguna multa porque no han sido condenados, sino que tan sólo han abonado fianzas. Precisamente sobre estas fianzas, la ley de amnistía establece que “se procederá” a su levantamiento, lo que deja vía libre a su devolución.

La interventora dice que “nunca” controló gastos

Durante su interrogatorio como testigo, la que fuera interventora de la Administración del Estado en Catalunya en la fecha del referéndum, María Luisa Lamela, ha asegurado que “nunca llegó a controlar” los gastos del procés porque no tenía ni capacidad ni competencia para hacerlo. “Lo que interesaba es que todo viniera firmado por la interventora general de Catalunya”, ha aseverado. 

En un momento de su declaración, la defensa de Puigdemont ha puesto de manifiesto que la entonces interventora del Estado es hermana de la primera jueza instructora del procés, Carmen Lamela. Fue entonces cuando el fiscal señaló al letrado que, en ese caso, debería haber impugnado su intervención, no haberla propuesto, y la consejera ha dicho a la testigo que no tiene por qué explicarse. En todo caso, Lamela ha asegurado que no habla con su hermana de temas profesionales. 

También ha comparecido como testigo Antoni Millet, director de la escuela diplomática de Barcelona y antiguo miembro del comité ejecutivo del Diplocat. Ha afirmado que el ente no se llegó a disolver después de la aplicación del artículo 155, pero que no se reunió hasta principios de 2018. El tercer testigo ha sido Alfonso González Bondía, el profesor de la Universitat Rovira i Virgili contratado para elaborar un censo de tratados internacionales suscritos por el Estado español. Ha detallado que ese contrato data de 2015 y que el precio se fijó tras analizar los baremos de la fundación de la universidad. 

El expresident Artur Mas ha aconsejado al que fue su sucesor en Palau de la Generalitat, Carles Puigdemont, ser “más exigente que intransigente” para evitar una repetición electoral. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Mas ha reclamado que ERC y Junts definan una “estrategia conjunta” a la hora de negociar una investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

“La fuerza es absolutamente determinante, tanto para decir que 'sí' como 'no'”, ha argumentado y ha insistido en que él preferiría evitar unas nuevas elecciones: “No es el escenario deseable”. Mas también ha apuntado que PSOE y Sumar deben entender que si no abordan la solución del conflicto político, la negociación por parte de los partidos independentistas “no será fácil”.

El exlíder de Convergència también ha opinado sobre el artículo que firman los principales dirigentes de ERC este lunes el diario 'Ara', donde los republicanos subrayan que “todos los votos independentistas son imprescindibles”. “Nos obliga a sumar esfuerzos”, apuntan en ERC. Mas ha explicado que está al 100% de acuerdo, pero “si es verdad”. Y para marcar mayor distancia con los republicanos ha añadido que, en su opinión, se ha constatado que hasta ahora no ha sido así: “Si a partir de ahora lo es, estupendo”.

El Tribunal de Cuentas ha acordado este lunes mantener la multa que impuso al expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas y varios exconsellers por el uso indebido de fondos públicos en la consulta independentista del 9N de 2014. 

En un comunicado, el órgano fiscalizador ha informado de que su Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha desestimado por unanimidad el recurso de apelación que presentó el exconseller de la Generalitat de Catalunya Francesc Homs contra la liquidación de intereses practicada en esa condena. A ese recurso se adhirieron el expresident Artur Mas y otros altos cargos. De esta forma, la Sala de Justicia confirma el auto del pasado 28 de julio con el que la Sección de Enjuiciamiento desestimó las impugnaciones de la liquidación de intereses practicada.

El Tribunal de Cuentas cifró en 4,95 millones de euros el coste para las arcas de la Generalitat que supuso esa consulta y condenó a Mas y a nueve antiguos miembros de su Govern a devolver esa cantidad. A esa cifra se sumaba más de un millón de euros por los intereses devengados. Homs, a cuyas alegaciones se adhirieron Mas, Irene Rigau, Joana Ortega, Josefina Valls y Jordi Vilajoana, pretendía que los intereses quedaran fijados en 590.547,63 euros.

El centro de la discrepancia era la manera de calcular el periodo en el que el montante reclamado por el órgano fiscalizador dio lugar al incremento de la deuda con la Generalitat. En su recurso, Homs defendía que el cómputo de los intereses debería haber quedado paralizado desde el momento en que se hicieron las sucesivas consignaciones: en noviembre de 2017 y en julio de 2019, cuando se aportaron las cantidades reclamadas para hacer frente a la posible responsabilidad contable que era objeto de investigación. 

La Fiscalía se opuso al recurso de apelación de Homs, al considerar que la consignación de dichas cantidades no tenía por qué detener la contabilización de los intereses con el argumento de que no se habían manifestado por los encausados “su voluntad de aceptar y pagar la condena impuesta”.

Desjudicializar el procés va camino de convertirse en imposible. La Audiencia de Barcelona ha ordenado a la jueza que investiga la promoción en el extranjero del referéndum de 2017 incluir en la causa gastos que había descartado considerar delictivos y que versan sobre la consulta del 9 de noviembre de 2014, pese a que ni Artur Mas ni el resto de exconsellers condenados por esa votación fue acusado siquiera de malversación de fondos públicos.

La causa de los gastos exteriores es uno de los coletazos judiciales del procés pendientes de resolver en los juzgados catalanes. El caso nace a partir de una denuncia de la Fiscalía, a su vez basada en un macroinforme del del Tribunal de Cuentas sobre la actividad exterior de la Generalitat entre los años 2011 y 2018 que PP, PSOE y Ciudadanos encargaron al ente fiscalizador en 2017.

En un primer momento, la jueza instructora acotó la pluralidad de gastos denunciados por la Fiscalía –que afectaban a las dos votaciones soberanistas, la del 2014 y la del 2017– y los limitó a los efectuados por el Govern de Carles Puigdemont. Entendió la instructora que como la investigación judicial a Artur Mas había concluido sin una condena por malversación, no procedía ahora investigar a altos cargos de sus gobiernos por este delito.

Cabe recordar que fue la propia Fiscalía quien, en la causa contra el expresident por el 9-N, descartó acusar a Mas de malversación porque todos los gastos efectuados del Govern para la votación fueron anteriores a su suspensión por parte del Tribunal Constitucional el 4 de noviembre de 2014. El expresident solo fue condenado por desobediencia. Ello no impidió la apertura de un procedimiento en el Tribunal de Cuentas en el que Mas y varios altos cargos fueron condenados a indemnizaciones millonarias.

La Fiscalía, sin embargo, recurrió la decisión de la instructora de la causa de los gastos exteriores del procés de dejar fuera del caso los gastos del 9-N. Según argumentó el Ministerio Público, sí debían investigarse por malversación y prevaricación el viaje pagado a ocho parlamentarios europeos para asistir de observadores de la votación (10.00,74 euros) así como los vídeos por valor de 48.230 euros encargados a una productora para promocionar la votación.

Ambos gastos fueron abonados por el consorcio público–privado Diplocat, en el que participan Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona, patronales, sindicatos y hasta el F.C. Barcelona, y dirigido hasta 2017 por Albert Royo, uno de los imputados del caso y también en la causa por los preparativos del 1-O seguida en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.

Alegó la Fiscalía en su recurso que esta investigación no afectaba a algo ya juzgado como fue el 9-N (algo proscrito por la ley), ya que ahora la causa no investiga el procés sino la “elusión de controles legalmente establecidos” de la contratación pública y los gastos fueron abonados de manera “fraccionada”. Al recurso de la Fiscalía se adhirió la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno.

La Audiencia de Barcelona avala el razonamiento de la Fiscalía y corrige el criterio inicial de la instructora. “Si la tesis bascula en el fraccionamiento para elusión de controles legalmente establecidos sí resulta procedente la incorporación de las facturas”, reza el auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Añaden los jueces que los gastos relativos al 9-N no estarían prescritos. El procés va a seguir en los tribunales, no solo el capítulo de 2017 sino también el de 2014, que hasta ahora parecía cerrado.

El debate sobre si el procés se puede dar por terminado o, por el contrario, sigue todavía vivo es un debate estéril. Es obvio que el objetivo que se perseguía con él, conseguir que Catalunya se convirtiera en un Estado independiente tras la celebración de un referéndum, preferentemente pactado con las Cortes Generales y el Gobierno de la nación, pero también convocado unilateralmente por la Generalitat en el supuesto de que el pacto con el Estado no fuera posible, no solo no se ha conseguido, sino que ni siquiera ha llegado a tener el grado de credibilidad imprescindible para una operación de esa naturaleza. Ni el control del propio territorio ni el reconocimiento internacional se han alcanzado en ningún momento del desarrollo del procés. No ha habido ni un solo momento en que Catalunya se aproximara a la condición de Estado independiente. 

Ha sido así, evidentemente, porque el Gobierno presidido por Mariano Rajoy decidió hacer uso del monopolio del poder del Estado para impedirlo. Llegando a rozar incluso los límites dentro de los que tiene que moverse un Estado de derecho digno de tal nombre. Pero sin que tampoco se pueda considerar como escandalosamente antijurídica su reacción. En el enfrentamiento entre Catalunya y el Estado el desequilibrio era tan enorme que el objetivo de la independencia estaba condenado al fracaso. 

Pero, en mi opinión, la causa principal del fracaso del procés no ha estado en la reacción del Gobierno, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, de la Fiscalía General del Estado o del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, sino en la falta de cohesión del nacionalismo catalán para poder ejecutar la operación de independizar a Catalunya del Estado español.

El nacionalismo catalán ha parecido tener una cohesión grande, incluso muy grande, en las convocatorias de las sucesivas manifestaciones, desde la primera tras hacerse pública la STC 31/2010 sobre la reforma del Estatuto de Autonomía para Catalunya, hasta todas las posteriores conmemorativas de la Diada en sucesivos 11 de septiembre. En ningún país europeo se ha producido algo comparable. El grado de movilización de la ciudadanía catalana convocada por la Assemblea Nacional de Catalunya y Òmnium Cultural ha sido extraordinario. 

Ese grado de cohesión, sin embargo, no ha sido capaz de expresarse en las convocatorias electorales, que es el momento de la verdad en todo Estado democráticamente constituido. 

Lo que a mí me ha llamado más poderosamente la atención del desarrollo del procés ha sido la desconfianza de los ciudadanos en los líderes de los partidos protagonistas. Ha sido una desconfianza reiterada que siempre ha ido a más. 

Los resultados electorales no engañan. Si tomamos en consideración todas las elecciones al Parlament posteriores a la STC 31/2010, que son las que podemos calificar como elecciones del procés, la desconfianza no deja de estar presente en ningún momento.

En las primeras, del 28 de noviembre de 2010, CiU, que no era un partido independentista, obtuvo 62 escaños, seguido del PSC con 28. Podía pensarse que era un buen punto de partida para intentar conseguir una mayoría absoluta con la que liderar con credibilidad el procés. Lo intentaría Artur Mas con una convocatoria anticipada en 2012 tras una enorme celebración de la Diada. La mayoría absoluta a la que aspiraba se tradujo en la pérdida de 12 escaños. Necesitaría los 21 conseguidos por ERC para poder formar Gobierno. 

Tras la celebración el 9 de noviembre de 2014 del primer referéndum, se convocarían nuevas elecciones en las que CDC y ERC concurrirían juntos. Los 71 escaños de 2012 se convertirían en 62, los mismos que CiU había obtenido en solitario en 2010. Para formar Gobierno se tuvo que dar entrada a la CUP, que había obtenido 10 escaños. La mayoría absoluta de un solo partido, siguiendo el modelo escocés, quedaba descartada para siempre.

Pero no solo eso. La CUP vetaría a Artur Mas como candidato a la Presidencia de la Generalitat, imponiendo su sustitución por otro, que acabaría siendo Carles Puigdemont. Como consecuencia de ese veto, Artur Mas quedaría desprotegido ante el juicio a que sería sometido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. ¿Se hubiera atrevido el TSJC a condenar al president de la Generalitat? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que, una vez condenado por la CUP, la condena judicial estaba cantada. En mi opinión, fue la CUP y no el TSJC, quien condenó a Artur Mas.

En las elecciones de 2017, convocadas por Mariano Rajoy tras la intervención de la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución, JxCat, liderada por Carles Puigdemont, y ERC, liderada por Oriol Junqueras, obtendrían 34 y 32 escaños respectivamente, necesitando de nuevo los 4 escaños de la CUP para la investidura.

En las de 2021 se repetiría prácticamente el resultado, aunque en estas ERC obtendría 33 escaños y JxCat 32, siendo de nuevo necesarios los 8 escaños de la CUP. 

La desconfianza de los ciudadanos en los líderes del procés procede la desconfianza de los dirigentes de los distintos partidos entre sí, que no ha hecho más que acentuarse con el paso del tiempo. 

En estas condiciones resulta claro que la independencia de Catalunya como objetivo del procés ha sido una suerte de espejismo, una ilusión óptica que hace parecer verosímil un objeto en la distancia, pero que se desvanece en la proximidad. 

En estos últimos doce años han pasado cosas en Catalunya que, sin duda, han dejado su huella. Pero no hay nada que permita pensar en una reedición del procés en el plazo en el que es posible hacer predicciones. 

El procés, que se inició con la manifestación contra la STC 31/2010, se ha acabado. Lo que no quiere decir que el nacionalismo catalán no siga teniendo una presencia similar a la que ha tenido durante estos últimos 12 años. Pero su falta de cohesión interna no ha ido a menos y, tras la experiencia del fracaso, se necesitará un tiempo, que no será breve, para poder pensar de nuevo en una aventura como la del procés.