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El juez Aguirre toma la delantera en el plan para excluir a Puigdemont de la amnistía

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont durante un acto reciente de campaña de Junts

Oriol Solé Altimira / Elena Herrera / Barcelona / Madrid

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El juez Joaquín Aguirre ha decidido ir con todo para liderar la ofensiva contra la amnistía. El magistrado ha desoído a la Audiencia de Barcelona y ha abierto una nueva investigación contra la supuesta trama rusa del procés. En un auto lleno de consideraciones políticas, el juez, tras tener abierta la causa durante cinco años y con la ley de amnistía ya en vigor, acuerda investigar a trece personas, entre ellas el expresident Artur Mas, por malversación y traición, y adelanta su intención de elevar el caso al Tribunal Supremo para imputar a Carles Puigdemont.

Diez días después de la entrada en vigor de la amnistía tras una compleja negociación política, el movimiento del juez Aguirre confirma los peores temores independentistas. Los candidatos a ser amnistiados habían identificado ya la causa de la trama rusa, junto a la de Tsunami Democràtic que investigan el juez Manuel García Castellón y el Tribunal Supremo y el caso del procés en el Alto Tribunal como las que podrían traer más quebraderos de cabeza.

La entrada en vigor de la norma vuelve a dar protagonismo a los nombres y apellidos de jueces que llevan meses anticipando que quieren boicotear la aplicación de la amnistía y que dan de nuevo señales de que la voluntad de las fuerzas parlamentarias no les va frenar en lo que parece su principal objetivo: dejar fuera de la amnistía a Carles Puigdemont. Por contra, el resto de jueces catalanes han empezado a aplicar de forma aséptica los trámites para poder empezar a resolver sobre la amnistía a partir de la próxima semana.

La última maniobra del juez Aguirre ha provocado consternación en varios operadores jurídicos barceloneses. No solo por cuestiones de fondo del auto (que no contiene indicios nuevos a los que ya disponía el magistrado hace cuatro años) o por el hecho de que impute, por sorpresa, a periodistas tan conocidos en Catalunya como Carles Porta por, en palabras del instructor, su “papel de relevancia en la trama ruso-catalana”. En Justicia pesan las formas y, según varias fuentes judiciales, el juez Aguirre las ha perdido.

La Audiencia de Barcelona había vetado hace tan solo dos semanas al juez indagar en la trama rusa y había cuestionado con contundencia su forma de instruir. Una decisión que, reconoce el juez Aguirre este viernes, “abocaba a un sobreseimiento” del caso. Solución que ha hallado el juez: abrir una pieza separada nueva, a partir de otra distinta a la que le habían tumbado, para investigar los mismos hechos que sus superiores le habían impedido investigar.

Las defensas del caso han empezado a preparar los recursos ante la Audiencia de Barcelona (que en ocasiones anteriores ya ha tumbado maniobras similares de juzgados de instrucción para investigar hechos vedados), pero sin que se puedan descartar actuaciones más contundentes, como una eventual querella por prevaricación.

Sobre los hechos concretos, el juez se dedica a repasar indicios ya conocidos gracias al “repositorio de informes policiales” que, según la Audiencia de Barcelona, se había convertido su causa. Las visitas de ciudadanos rusos a Barcelona en 2017 y los viajes de un asesor de Puigdemont a Moscú en 2019, aliñadas con numerosas citas de teorías de geopolítica internacional, sirven al juez para concluir que China y Rusia quisieron prestar ayuda económica y política al proyecto de una Catalunya independiente.

La iniciativa del juez Aguirre le confirma como el principal ariete judicial contra la amnistía junto al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, uno de los jueces que más críticas ha recibido por emplearse a fondo en sus causas contra independentistas y políticos de izquierda y hacer todo lo contrario con el Partido Popular.

García Castellón admitió que empezó a investigar a Puigdemont en la causa de Tsunami Democrátic en noviembre, en plena negociación de la amnistía, pese a que abrió la investigación cuatro años antes. Y durante los últimos meses ha acompasado sus resoluciones judiciales a los distintos redactados de la norma durante su tramitación deslizando su intención de no aplicar la amnistía.

Estos movimientos han motivado que fuera objeto de recriminaciones de 'lawfare' por parte de algunos sectores, que lo han acusado de maniobrar para perjudicar a adversarios políticos. Son acusaciones a las que el magistrado respondió la semana pasada en una conferencia en Zaragoza. “Por qué dicen 'lawfare' cuando están acusando de prevaricación; por qué emplear una palabra absolutamente hipócrita (...). Se dice lo de 'ladran, luego cabalgamos', pues muerden a algunos”, afirmó.

A la estela de García Castellón

La decisión del juez Aguirre sigue la senda marcada por García Castellón, que lleva meses esforzándose en encajar en el grave delito de terrorismo los altercados que siguieron a la publicación de la sentencia del procés en 2019. Y que, sobre todo, ha tratado de apuntalar la responsabilidad en esos hechos de Puigdemont, que acabó investigado por terrorismo en el Supremo, a pesar de que es una acusación que nunca le afectó. El expresident llevaba ya dos años en Bélgica cuando se sucedieron las protestas.

Para ello, García Castellón no ha dudado en acelerar en la construcción de su acusación por ese grave delito contra el expresident y otros acusados. El magistrado armó una supuesta vinculación terrorista sobre cuatro ejes: la muerte de un ciudadano francés por infarto durante el intento de bloqueo de los accesos a El Prat, las lesiones graves a policías producidas durante los altercados, la afectación de la protesta sobre la infraestructura aeroportuaria y otros aeródromos europeos y las movilizaciones durante la jornada de reflexión de las generales de noviembre de 2019.

La “posible vinculación” de la muerte de un ciudadano que, ante los cortes de carretera, accedió al aeropuerto andando el día de las protestas y falleció de un infarto fue el primer gran argumento que utilizó el juez para investigar por terrorismo a Puigdemont. Todo ello a pesar de que tanto la jueza que investigó en primer lugar el fallecimiento, los servicios de emergencia o los Mossos d'Esquadra sostienen que se trató de una muerte natural, sin relación con las protestas.

El juez también vinculó a Tsunami con las lesiones graves producidas por personas indeterminadas a dos policías en los altercados que tuvieron lugar en la zona de Plaza de Urquinaona de Barcelona en una protesta que no convocó Tsunami Democràtic. Uno de ellos, ya retirado, tuvo que ser ingresado en la UCI tras recibir un impacto en la cabeza. El otro acabó prejubilado a los 45 años tras una lesión en el brazo que le impide seguir ejerciendo como policía.

Según el instructor, ambos son víctimas de “desórdenes públicos de naturaleza terrorista”. Y sus lesiones son “incompatibles con el derecho a la vida e integridad física” reconocidas por el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y que marca el límite para ser excluido de la amnistía.

Las excepciones de la amnistía 

Los pasos dados por García Castellón y el Supremo llevaron a los grupos parlamentarios de PSOE, Junts y ERC a examinar con lupa cada precepto de la ley. Especialmente, las excepciones a la amnistía, es decir, los casos que no quedan amparados por la norma, que fueron el meollo de las negociaciones durante meses. Y, más concretamente, las exclusiones relacionados con los delitos de terrorismo y traición. En la redacción finalmente aprobada, ambos delitos aparecen como no amnistiables en determinados supuestos supeditados a lo que dice la normativa europea.

Por ejemplo, en relación al terrorismo, la ley subraya que sólo quedarán fuera de la amnistía los actos que “hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”, lo que incluye atentados al derecho a la vida y al derecho a no sufrir torturas ni tratos degradantes.

Algo parecido ocurre con la excepción por delito de traición, que especifica que esos actos tienen que haberse producido como “una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España” (un extremo que descartó la sentencia del procés). Es decir, incluye un componente de “uso de la fuerza” como requisito para la exclusión de la amnistía. 

Son requisitos que, en opinión de todos los grupos parlamentarios que negociaron la ley, en ningún momento se produjeron en el caso de los implicados en esta parte del procés. Es una tesis que, en el caso de Tsunami, también comparte la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En un contundente escrito registrado esta semana, el fiscal Miguel Ángel Carballo sostuvo que “pese a la calificación mantenida” por el juez, no se aprecia que esas protestas “ni hipotéticamente” hubieran causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos. Y añadió que “resulta manifiesto, sin necesidad de esfuerzo o desarrollo intelectual alguno” que esos hechos encajan en la amnistía. 

Por su lado, el juez Aguirre ha dado de plazo hasta el próximo jueves que viene para que la Fiscalía y los imputados se pronuncien sobre si debe amnistiar el caso. Tras su último auto, varias defensas creen que pedirán la amnistía en vano. Aunque siempre cabrá recurso.

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