La Red de Vencejos de Toledo, coordinada por la Agrupación Naturalista Esparvel, ha denunciado el inicio de las obras de restauración en la muralla del tramo de la Bajada de San Martín en pleno comienzo de la campaña de cría del vencejo común, “una especie protegida cuya conservación está amparada por la legislación española y europea”. Ante esta situación, la Red solicita la paralización inmediata de los trabajos y la retirada de los andamios instalados, al considerar que su presencia supone “una amenaza directa” para las colonias nidificantes.

El vencejo común, especie clave en el equilibrio de los ecosistemas urbanos por su papel en el control de insectos, se encuentra en regresión poblacional, lo que ha motivado su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La normativa vigente establece una protección integral que abarca no solo a los ejemplares adultos, sino también a sus nidos, pollos y huevos, especialmente durante la época de reproducción.

Argumenta que se vulnera la legislación

La legislación prohíbe expresamente destruir, dañar, retirar o alterar sus nidos, así como causar molestias a la especie, contemplando sanciones que pueden oscilar entre los 3.000 y los 200.000 euros, e incluso penas de prisión en caso de delito contra la fauna. Este marco legal se sustenta en directivas europeas, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y diversos convenios internacionales. En el ámbito regional, el vencejo común está catalogado como especie de 'Interés Especial' en Castilla-La Mancha y figura como vulnerable en el Libro Rojo de las Aves de España.

Las actuaciones iniciadas en la Bajada de San Martín coinciden con la llegada de los vencejos a sus zonas tradicionales de nidificación, previamente identificadas y documentadas por estudios realizados por Esparvel y la propia Red de Vencejos de Toledo, cuyos resultados fueron trasladados en su momento al Ayuntamiento de Toledo, al Ministerio de Cultura y a la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Dichos trabajos confirmaron la presencia de múltiples nidos en este tramo de la muralla, así como en la zona de la Puerta del Sol, lo que hacía imprescindible planificar cualquier intervención fuera del periodo reproductor. Sin embargo, como ha sucedido en otras ocasiones, “las administraciones han iniciado las obras ignorando esta información técnica, comprometiendo gravemente la conservación de la especie”.

“La instalación de andamios y el trasiego de operarios y materiales generan molestias continuas que pueden provocar el abandono de los nidos, impidiendo la reproducción de las colonias. Además, la experiencia reciente en intervenciones similares en la ciudad, como en el entorno del Hospital de Tavera, demuestra que la permanencia de estas estructuras impide el regreso de los vencejos incluso cuando cesa la actividad constructiva”.

Los “preocupantes” precedentes en la calle Gerardo Lobo

Este nuevo episodio, según la red, se suma a antecedentes “preocupantes” en Toledo, como las obras realizadas en la muralla de la calle Gerardo Lobo, donde, pese a haberse paralizado temporalmente los trabajos en época de cría, posteriormente se sellaron aproximadamente el 75% de los nidos de vencejo, aun conociéndose su ubicación exacta, mientras que sí se respetaron los mechinales ocupados por otras especies como las grajillas. Estos hechos evidencian --según la red-- “una preocupante falta de integración entre la conservación del patrimonio monumental y la del patrimonio natural”.

Desde la Red de Vencejos de Toledo se subraya que la restauración del patrimonio histórico, financiada con fondos públicos, debe abordarse desde una visión integral que contemple también la biodiversidad que albergan estos espacios. “Las murallas de Toledo no son únicamente un legado arquitectónico, sino también un hábitat para especies protegidas que forman parte de la identidad ecológica de la ciudad”.

Existen numerosos ejemplos en otras ciudades patrimoniales, como Segovia o Cáceres, donde la coordinación entre administraciones, restauradores y naturalistas, abunda la organización, permite compatibilizar la conservación monumental con la protección de la fauna, respetando los huecos de nidificación sin que ello suponga un impedimento para las obras.

Por todo ello, la Red de Vencejos de Toledo hace un llamamiento “urgente” a las administraciones competentes para que paralicen de inmediato las obras en la Bajada de San Martín, retiren los andamios instalados en las zonas de nidificación y reprogramen las actuaciones fuera del periodo reproductor, como establece la legislación vigente, garantizando además la conservación de todos los huecos utilizados como nidos.

“Aún se está a tiempo de evitar un daño irreversible sobre las colonias de vencejo común y de demostrar que la protección del patrimonio puede y debe ser compatible con la defensa de la biodiversidad urbana”. La Red continuará vigilante y adoptará cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha han formulado un requerimiento ante la Consejería de Desarrollo Sostenible en el que instan a la administración autonómica a adoptar, en el plazo máximo de tres meses, el Plan de Recuperación del lobo ibérico (Canis lupus signatus), una especie que, recuerdan, se encuentra identificada “en peligro de extinción” en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas aprobado en 1998.

El requerimiento ya tramitado subraya que la ausencia de este instrumento de planificación incumple lo dispuesto tanto en la Ley estatal de Patrimonio Natural y de Biodiversidad como en la Ley autonómica de 9/1999 de Conservación de la Naturaleza. Ambas normas obligan a elaborar y ejecutar planes de recuperación para las especies amenazadas declaradas en peligro de extinción.

“El mal estado de conservación del lobo en Castilla-La Mancha exige un plan transparente, dotado de recursos y con medidas claras que aseguren que la especie se recupera. La Junta de Comunidades ha incumplido desde hace casi 30 años la obligación legal de aprobar este instrumento. Con este requerimiento damos el último paso previo a acudir a los tribunales si no se produce una respuesta firme y ejecutiva por parte de la administración autonómica”, advierte Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha.

“La presencia del lobo en Guadalajara y los avistamientos en Toledo son buenas noticias desde el punto de vista biológico, pero hay que constatar que esta situación se ha estancado desde hace años y la especie no progresa. Es más, desde que se declaró en peligro de extinción, la especie ha dejado de observarse en Sierra Morena y Montes de Toledo. Por lo tanto, es preciso actuar y hacerlo ya”, señala Ernesto Díaz, del Fondo Lobo.

“La catalogación como especie en peligro de extinción no es un adorno: exige medidas concretas, urgentes y vinculantes. Que el lobo haya vuelto a algunas zonas por sus propios medios no exime a la Junta de elaborar un Plan de Recuperación que garantice su viabilidad a largo plazo y, lo que es más importante, que restaure la presencia de esta pieza fundamental de nuestros ecosistemas en el conjunto de la región. No podemos permitir que la inacción administrativa determine el futuro del lobo en esta tierra”.

Castilla-La Mancha no tiene instrumentos para gestionar la especie

Las organizaciones denuncian que, pese al avance del conocimiento científico que reclama la recuperación de la especie, Castilla-La Mancha continúa sin contar con un instrumento de gestión que consideran “ineludible” para garantizar la supervivencia de una población que se encuentra “en uno de los momentos más delicados de su historia reciente en el territorio regional”.

Sara González, abogada ambientalista que integra el equipo jurídico, señala que el hecho de que el lobo esté presente en algunas zonas de Guadalajara por recolonización natural “es un dato relevante, pero jurídicamente no altera ni un ápice la obligación de la administración” y añade que “el ordenamiento español y castellanomanchego es claro: cuando una especie está catalogada en peligro de extinción, la administración no tiene discrecionalidad para decidir si elabora o no el plan de recuperación”.

En este aspecto subraya que “es una obligación legal directa” y que “la inactividad material de la Junta constituye una vulneración del principio de legalidad ambiental”.

Es una obligación legal directa y la inactividad material de la Junta constituye una vulneración del principio de legalidad ambiental

Sara González — Abogada ambientalista

Las entidades que impulsan el requerimiento recuerdan la importancia de disponer de “una herramienta sólida de gestión y conservación” que permita implementar y fomentar las medidas preventivas ante eventuales daños al ganado, así como agilizar indemnizaciones e impulsar campañas formativas e informativas que sirvan para tender puentes hacia una coexistencia con la especie como pieza fundamental para el buen funcionamiento de los ecosistemas.

Castilla-La Mancha lleva más de una década habilitando ayudas directas a los ganaderos afectados por ataques de lobo en la comunidad autónoma.

ASAJA Castilla-La Mancha ha valorado las medidas anunciadas por la Administración regional para hacer frente a la sobrepoblación de conejo de monte, aunque ha subrayado que “llegan muy tarde y resultan insuficientes” ante la gravedad de los daños acumulados durante más de dos décadas.

El presidente de la patronal agraria, José María Fresneda, ha recordado que todas estas actuaciones han sido solicitadas reiteradamente por la organización durante dos décadas “sin obtener respuesta” y cuestiona que ahora se consideren viables cuando durante tanto tiempo se rechazaron, dejando a los agricultores asumir en solitario las pérdidas. “Después de tantos años de daños continuados, alguien debería responder por las consecuencias que ha sufrido el campo”, ha señalado.

También ha anunciado que, pese al esfuerzo, se mantiene la denuncia presentada por la organización agraria ante la Fiscalía.

Piden su aplicación “inmediata, coordinada y simultánea”

Fresneda ha advertido además de que el impacto de las medidas dependerá directamente de su aplicación “inmediata, coordinada y simultánea” porque “si no se ponen en marcha todas a la vez y con urgencia, no vamos a notar ningún efecto real. El problema es de tal magnitud que no admite soluciones parciales ni dilatadas en el tiempo. La Consejería debería movilizar todos sus recursos técnicos y humanos para reducir drásticamente la población de conejos en las comarcas de la región afectadas. Si las medidas dependen sólo del dinero o la subvención, fracasarán”, ha afirmado.

Después de tantos años de daños continuados, alguien debería responder por las consecuencias que ha sufrido el campo

Fresneda cree que estas medidas deben ir acompañadas de actuaciones adicionales que permitan “una solución eficaz, real, justamente compensada y duradera”. Reclama “ir más allá”, a través de nuevas herramientas que permitan reducir la población “de forma masiva y eficaz, como piensos esterilizantes, porque con estas medidas no será suficiente”, ha explicado.

Reclama más dinero e “implicación activa” de los cotos privados

Asimismo, ha exigido que los nuevos municipios que se vayan viendo afectados se incorporen de manera inmediata a la declaración de emergencia cinegética y un incremento significativo del presupuesto destinado a este problema. “Las ayudas del 70% de la inversión para cobertores en leñosos y mallas en cereales supone que el agricultor tiene que gastarse el otro 30% restante y, por tanto, seguir asumiendo una parte del coste de un problema que no han generado”, ha subrayado.

En relación con los cotos privados de caza, Fresneda ha sido tajante al señalar que es imprescindible garantizar su “implicación activa”. En este sentido, ha dicho, “no se puede pedir colaboración y, si no actúan, volver a cargar el problema sobre el agricultor. Si no hay colaboración, habrá que tomar medidas legales”, ha advertido.

UPA califica de “avances las medidas”

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha han calificado de “avance” las medidas del Gobierno regional para atajar la plaga de conejos tras el anuncio de las nuevas medidas.

La organización, mediante un comunicado, considera “fundamental” la creación de la mesa permanente del conejo de monte, un grupo de trabajo que hoy ha anunciado la consejera de Desarrollo Sosteible donde desde la organización agraria “se exige el compromiso e implicación de todas las partes tanto a nivel estatal, como regional y de las organizaciones”.

Desde UPA consideran que estas medidas derivan de los pasos que las organizaciones agrarias y los agricultores han dado movilizándose, exigiendo reuniones y haciendo propuestas a la Consejería de Desarrollo Sostenible.

La vía ferrata y las tirolinas instaladas en la Cerrada del río Pusa, en la localidad toledana de Santa Ana de Pusa han sido retiradas “de manera definitiva”, según ha informado la Asociación Esparvel devolviendo este espacio natural a su estado original tras varios meses de controversia, señala, “por su impacto ambiental, legal y en la seguridad” que denunciaron tanto la organización ecologista como los vecinos.

La instalación fue ejecutada a principios del otoño de 2025 y se ubicaba en un entorno de alto valor ecológico incluido en la Red Natura 2000 y afectaba además al dominio público hidráulico del río Pusa. A ello se sumaba, dice Esparvel, “una irregularidad administrativa relevante: parte de las infraestructuras ocupaban el término municipal de San Martín de Pusa —concretamente la margen derecha del río— sin contar con la preceptiva autorización de este ayuntamiento”.

A mediados del pasado mes de febrero, según publicó elDiario.es Castilla-La Mancha y recuerda Esparvel, el Gobierno de Castilla-La Mancha requirió al Ayuntamiento de Santa Ana de Pusa la retirada de las instalaciones y la restauración del entorno natural.

Esta decisión se produjo tras una inspección técnica realizada por agentes medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible que evaluaron la incompatibilidad ambiental del proyecto.

La crecida del río por las lluvias arrancaron parte de la tirolina

Paralelamente, las intensas lluvias registradas durante ese mismo mes provocaron una crecida significativa del río Pusa que llegó a arrancar parte de las tirolinas, “comprometiendo seriamente la seguridad de la instalación y evidenciando su vulnerabilidad ante episodios meteorológicos adversos”, señala Esparvel.

En este contexto, el pasado 12 de marzo la asociación conservacionista mantuvo una reunión con el delegado provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, José Rubén Torres Moratalla, quien comunicó el inminente desmontaje de la infraestructura.

Este fin de semana han podido confirmar el desmontaje ya se ha producido. Desde Esparvel valoran “positivamente” la retirada de estas instalaciones, ya que lo consideran “necesario” para garantizar la conservación de un enclave de límites del dominio público y en lo relativo a los criterios de sostenibilidad ambiental.

En su opinión, la recuperación de la Cerrada del Pusa supone un paso relevante en la protección de este entorno y refuerza la necesidad de una gestión responsable del medio natural, compatible con su conservación a largo plazo.

Sesenta estudiantes participarán este sábado, 21 de marzo, en la primera jornada de Trashumancias 2.6, un programa que traslada la formación académica a la Vereda Real Conquense. La iniciativa la impulsa la Cátedra UCLM-Diputación de Cuenca de Oportunidades para el Reto Demográfico junto con el proyecto Aula Albura y busca conectar a los estudiantes con la cultura y el territorio rural.

La jornada se desarrollará entre Rada de Haro y Belmonte y marca el inicio de un programa formativo que se extenderá durante los meses de marzo, abril y mayo en distintos municipios vinculados a las rutas trashumantes de la provincia. La sesión comenzará a las 10:15 horas en Rada de Haro, con la bienvenida del alcalde, Francisco Arjona Torrijos. A continuación, se realizará una toma de contacto con la Cañada Real, guiada por Susana Zapata López, responsable de Vías Pecuarias en la provincia de Cuenca en la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta.

Las actividades continuarán en el Palacio del Infante Don Juan Manuel de Belmonte, donde a las 12:00 horas se celebrará la inauguración oficial con la participación de la alcaldesa de Belmonte, Cristina Delgado Fernández; representantes de la Diputación de Cuenca; y Carmen Vázquez Varela, directora de la Cátedra Oportunidades.

El programa incluirá dos conferencias sobre cultura pastoril y tradiciones artesanales. La primera, 'El vagar hace cucharas. Pasado, presente y futuro del arte de los pastores', la impartirá Pedro Javier Cruz Sánchez, investigador de la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Después, la arqueóloga Beatriz Sánchez Valdelvira hablará sobre 'ARTE, arte popular, artesanía. Unas diferencias no tan claras', en una ponencia centrada en las relaciones entre creación artística y cultura tradicional.

Por la tarde tendrá lugar una sesión de mentorías de proyectos culturales, coordinada por Álex Rodríguez, Natalie Camoez, Laura Budia y José An. Montero. La jornada concluirá en el Palacio del Infante Don Juan Manuel a las 18:00 horas con la actuación de Neønymus, quien presentará su concierto didáctico Historia inventada de la música inventada. El acceso será libre y gratuito hasta completar aforo.

La convocatoria de participación a Trashumancias 2.6 ha tenido una gran acogida, con más de 130 estudiantes preinscritos y las plazas completadas en apenas once minutos. Entre los participantes hay estudiantes de Bellas Artes, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Educación Social, Derecho, Trabajo Social, los másteres de Profesorado e Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales (MUIPAV) y el Doctorado en Humanidades, Artes y Educación, entre otras titulaciones, así como de estudios oficiales no universitarios.

Un laboratorio de procesos culturales

Trashumancias 2.6 se presenta en esta edición como un laboratorio de procesos culturales en el que los participantes diseñarán proyectos vinculados al territorio y a la cultura trashumante. El programa se integra también en Aula Albura, uno de los cinco proyectos seleccionados en la primera convocatoria estatal del Ministerio de Cultura de Ayudas para Proyectos de Cooperación Cultural en el Medio Rural 2025.

Tras la fase formativa, el programa continuará en distintos territorios a través de estancias formativas remuneradas en proyectos culturales del medio rural. Los estudiantes seleccionados se incorporarán a equipos con amplia trayectoria en pueblos y entornos naturales y participarán en tareas de producción, documentación, mediación y creación.

Aula Albura es una red de colaboración entre proyectos culturales de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra, coordinada por el grupo Andante. La integran el programa cultural Estoesloquehay, el Colectivo de Mujeres Creadoras de Castilla y León, la compañía navarra de circo contemporáneo La Trapecionista, la Fundación Los Maestros y el proyecto editorial y cultural La Circular.

Bajo la dirección de José María Martínez y José An. Montero, Trashumancias se ha consolidado como un espacio de encuentro entre academia, cultura y territorio: un laboratorio que vincula la formación académica con la acción cultural en el ámbito rural y que permite a los estudiantes idear y desarrollar proyectos reales. El programa aborda, desde una mirada optimista, la cultura rural, la preservación de las tradiciones y la trashumancia como patrimonio, al tiempo que impulsa nuevas narrativas desde la creatividad contemporánea.

Durante décadas, Jaén ha cargado con una imagen tan poderosa como limitante: la de ser un territorio casi exclusivamente ligado al olivar. Una imagen real, pero incompleta. Porque mientras el aceite de oliva consolidaba a la provincia como líder mundial, otro tejido productivo crecía en paralelo, menos visible y más disperso, pero con un peso creciente en la economía y el empleo. Ahí es donde nace hace tres años la estrategia 'Jaén por Industria', impulsada por la Diputación de Jaén, para ordenar ese mapa, hacerlo visible y convertirlo en palanca de desarrollo.

“Jaén es mucho más que olivar, aunque estemos orgullosos de ser los principales productores de aceite de oliva del mundo”, explica el presidente de la institución provincial, Paco Reyes. El objetivo, dice, no era inventar una industria que no existía, sino “visibilizar el poder que la industria ya tiene en la provincia y las oportunidades que genera”. Y los datos respaldan ese discurso. La provincia de Jaén tiene a un 15,6 % de su población ocupada en el sector industrial, la cifra más alta de las ocho provincias andaluzas. La industria aporta ya el 11,23 % del PIB provincial, apoyada en 104 espacios productivos, cinco centros tecnológicos y una red empresarial que va desde la automoción hasta la robótica, pasando por el plástico, la cerámica, el metalmecánico, la agroindustria o la impresión 3D.

“Había empresas que no se conocían entre sí, que estaban externalizando servicios fuera de la provincia simplemente porque desconocían que existían aquí”, señala Reyes. En ese punto es donde entra 'Jaén por Industria', una estrategia que en solo tres años ha logrado sumar a más de 260 empresas y no se trata solo de adhesiones formales. Según el presidente de la Diputación, el proyecto ha servido para crear espacios de cooperación y colaboración empresarial, mejorar la competitividad y, sobre todo, reforzar la autoestima económica de un territorio que durante años ha visto cómo su talento joven se marchaba por falta de oportunidades.

Industria: el otro relato de Jaén

“Cuando la gente conoce estas empresas, ve que no tiene por qué instalar su futuro laboral fuera de Jaén”, cuenta Reyes. La industria abre salidas para la Formación Profesional, los grados medios y superiores, las ingenierías y los perfiles tecnológicos. Sectores como el aeronáutico, la defensa o la automatización industrial empiezan a aparecer en el horizonte laboral de muchos jóvenes que hasta ahora no los asociaban con su propia provincia.

La estrategia se apoya también en el sistema universitario y de formación. Jaén cuenta con dos universidades y una comunidad investigadora joven, con capacidad para generar patentes y transferencia de conocimiento. “Eso refuerza el ecosistema industrial y ayuda a que el talento que se fue pueda plantearse volver”, apunta el presidente provincial. La ubicación juega a favor. Con más de 600.000 habitantes, 97 municipios, 13.484 kilómetros de superficie de superficie y 324 kilómetros de autovía, Jaén se sitúa en un eje clave de entrada y salida de Andalucía. Dispone de suelo industrial, costes competitivos y espacios productivos preparados para nuevas inversiones.

Ese contexto explica por qué la provincia empieza a sonar como destino de “nearshoring”, que es como se conoce al hecho de trasladar la producción a entornos cercanos: un lugar idóneo para que empresas españolas y europeas relocalicen procesos productivos que antes desarrollaban en países lejanos. De hecho, ya existen en Jaén grandes plantas industriales de capital nacional e internacional, algunas de referencia a nivel estatal y europeo, que han contribuido a crear un ecosistema con empresas de certificación TIER 1, TIER 2 y TIER 3. Municipios como Martos, Alcalá la Real, La Carolina, Linares, Alcaudete o Andújar concentran algunos de los núcleos industriales más relevantes de la provincia.

CETEDEX, el gran proyecto motor

El salto cualitativo llegará con el CETEDEX (Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación), impulsado por el Ministerio de Defensa con una implicación clave de la Diputación de Jaén. El centro comenzará a funcionar a finales de 2026 y está llamado a convertirse en uno de los grandes polos tecnológicos del sur de Europa en el ámbito de la defensa y la seguridad. “El CETEDEX es un proyecto de presente y de futuro”, afirma Reyes. Sus líneas de trabajo se centrarán en drones y sistemas antidrones, vehículos inteligentes y no tripulados e inteligencia artificial aplicada a la defensa, ámbitos estrechamente ligados a los conflictos actuales y a los nuevos escenarios geopolíticos.

En una primera fase, el centro contará con alrededor de 200 empleos directos, a los que se sumarán los puestos asociados a las empresas que se instalen a su alrededor. “Permitirá que compañías que hoy tienen que irse fuera de España a hacer pruebas puedan hacerlo aquí”, destaca el presidente provincial, que afirma que tendrá un efecto tractor del proyecto sobre la industria auxiliar. Para la Diputación, 'Jaén por Industria' y el CETEDEX forman parte de una misma hoja de ruta: diversificar el modelo económico, reforzar el empleo cualificado y fijar población. No se trata de sustituir al olivar, sino de complementarlo y equilibrar el peso de los sectores productivos.

“Jaén es un territorio de oportunidades”, insiste Reyes. “Tenemos espacios productivos, formación, mano de obra cualificada y gente que quiere quedarse”. El reto ahora es consolidar ese cambio de relato y convertir los proyectos en resultados a medio y largo plazo. La provincia quiere seguir siendo sinónimo de aceite de oliva, pero también empieza a reivindicarse como un territorio industrial, tecnológico y estratégico. Y esta vez, los datos acompañan al discurso.

La Consejería de Desarrollo Sostenible trabaja en ofrecer a agricultores de Castilla-La Mancha la posibilidad de que cuenten con jaulas homologadas para capturar conejos en sus explotaciones como medida para paliar la sobrepoblación de esta especie.

Así lo ha adelantado la consejera del ramo, Mercedes Gómez, en una entrevista con Europa Press, donde ha señalado que para realizar esta captura en cualquier espacio se necesita que estas jaulas sean homologadas.

Las jaulas como método de captura en vivo de los conejos ya se han utilizado por parte del Gobierno regional en alguna ocasión, sobre todo en zonas lagunares.

Por ello, la Consejería evalúa estos sistemas homologados, que se utilizan en Cataluña, y confía en que “a lo largo del mes de febrero y de marzo” se pueda articular una regulación normativa del uso de estas jaulas que permitirá la homologación.

Estas jaulas se instalan en las explotaciones agrarias, para que, a través de un cebo, el conejo entre en ellas y no pueda salir. La homologación es el elemento indispensable en este sistema, porque en estas jaulas no puede entrar otro animal.

Denuncia de Asaja

Respecto a la denuncia de Asaja ante la Fiscalía de Castilla-La Mancha para “terminar con los graves daños provocados por la sobrepoblación de conejos en el campo”, la consejera ha respetado esta decisión, pero ha defendido las medidas del Gobierno regional en esta problemática.

A la declaración de Comarca de Emergencia Cinegética con 364 municipios, con la incorporación de 56 municipios más que en el año 2025, se une una convocatoria de ayudas directas a los agricultores para la eliminación de majanos o ayudas para la compra y la adquisición de los protectores que protegen sobre todo a los cultivos leñosos.

También se colocarán mallas conejeras, se contratarán huroneros --medida que se materializará a finales de este mes de febrero-- para capturar en vivo a estos animales o se traslocarán conejos “a otros sitios”. Además de poder capturarlos y ser utilizados como carne de caza de excelente calidad, ya que “no tiene ningún tipo de estrés ni munición de plomo”.

Una vez que estas medidas se queden rematadas entre febrero y marzo, el objetivo es reducir el número de ejemplares en primavera, época en la que los conejos empiezan a salir de sus madrigueras y empiezan a provocar esos daños.

Con las medidas tomadas el pasado año se capturaron más de 3 millones de conejos, ha recordado la consejera.

Asaja lo tildad de “anuncio”:“Llega tardísimo”

Por su parte, ante este anuncio, el vicepresidente de Asaja Castilla-La Mancha, Manuel Torrero, ha tildado esta medida de un simple “anuncio” y ha advertido de que “la solución va por otro camino”, con una respuesta más transversal.

“La Junta ha pasado los 90 minutos, la prórroga y la tanda de penaltis, llega tardísimo”, ha afirmado Torrero en declaraciones a Europa Press, advirtiendo de que “el sector ha pasado todos los límites” y considera que hasta que la medida no esté preparada, “mejor” que desde el Gobierno regional “no digan nada”.

Torrero ha lamentado la “dejación de funciones” del Gobierno regional tras quince años de problemática, avisando a este Ejecutivo de que hasta que no vean “realmente un gesto claro en quitarle problemas a los agricultores”, no van a parar de manifestar este descontento.

“La gente está desolada. Agricultores que están perdiendo año tras año la producción de uva, ahora ya empiezan a perder la cepa. Olivar, almendro, pistacho. Ven cómo los cultivos, los cereales de invierno, año tras año, los devoran”, ha afirmado.

En este punto, ha achacado esta medida de las jaulas a que ahora “hay más presión porque ya la gente no puede más”. “Hasta que no veamos resultados no vamos a pronunciarnos, porque esto ya son 15 años de insistir a la Consejería para que ponga en marcha otras medidas”.

Quejándose del “desprecio” de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha mencionado que el ritmo de reproducción de los conejos “es exponencialmente muy superior al ritmo que puedan tener todos los gobiernos con toda su intención del mundo y toda su educación para controlar la población”.

El volumen de conejos “está fuera de control de cualquier mecanismo de control” y la solución pasa por una “acción multidisciplinar en autovías, en redes de ferrocarril, en majanos, en arroyos”, reclamando “medidas realmente que cambien la tendencia poblacional”.

En este punto, ha mencionado que la comarca de emergencia cinegética empezó por 210 pueblos y en la actualidad son 363. “¿Qué tiene que pasar para que la Junta reaccione? ¿Que se hunda un talud, que se hunda la vía del tren para que realmente se vea la magnitud del problema?”, ha advertido el vicepresidente de Asaja.

UPA pide “medidas efectivas”

Asimismo, desde UPA Castilla-La Mancha, su secretario general, Julián Morcillo, ha indicado que se llevan anunciando medidas desde hace mucho tiempo, pero lo que hace falta son “medidas efectivas que redunden en el beneficio del sector”.

En declaraciones a Europa Press, desde la organización ha reclamado que “vale ya de anuncios”, por lo que reclaman “medidas contundentes” para el control de plagas de conejos “que tienen contra las cuerdas a muchos agricultores”.

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha ha pedido urgencia y contundencia a Desarrollo Sostenible con cualquier “medida que beneficie” al sector.

Combatir el problema de acceso a la vivienda, acabar con la pobreza infantil severa, reducir la brecha de género o disminuir la contaminación son algunos de los objetivos que recoge la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.

Esta Nueva Estrategia, elaborada por el Ministerio de Derechos de Sociales, Consumo y Agenda 2030, está compuesta por 100 metas que tienen como fin reforzar el estado de bienestar y orientar las políticas públicas hacia una transición social, económica y medioambiental que garantice los derechos, la igualdad y la cohesión territorial, además de acelerar la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Entre los 10 principales objetivos de España para 2030 se encuentra la lucha contra la pobreza infantil, que se coloca como un eje clave de la nueva estrategia, en la que se incorpora como aspiración una prestación universal por crianza para que llegue a todas las familias con hijos menores a su cargo. El titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, alega que esta medida se ha aplicado en otros países, y que se trata de una herramienta eficaz. Desde el ministerio señalan que esta medida debe ir acompañada de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo.

El objetivo de esta prestación es reducir la tasa de pobreza y exclusión social (AROPE) en un 10% en España, por debajo de la incidencia de la Unión Europea. Para lo que se priorizarán medidas dirigidas a familias monoparentales, el modelo más afectado por situaciones de pobreza. Con esta media, materializada en una prestación universal, el Gobierno busca erradicar la pobreza infantil más severa a corto plazo. 

La vivienda, un problema transversal

Este 2026 la crisis de la vivienda se agudizará con la subida de los precios del alquiler y la compra, tras alcanzar niveles récord durante el año 2025. Esta nueva Estrategia busca facilitar el acceso a la vivienda en los objetivos de España para 2030. Por este motivo, se pretende triplicar la inversión en vivienda con el propósito de alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social, destinando 7.000 millones de euros en los próximos 4 años.

Sostenibilidad y medioambiente

La despoblación es uno de los problemas que afecta a cientos de municipios en España. De los 8132 que hay en nuestro país, más de la mitad, en 4.975 viven menos de 1000 personas, y la población de los municipios más pequeños tiende a ser aún más envejecida. Entre los objetivos de esta nueva estrategia se encuentra reducir en un 5% la tasa de municipios que pierden población, y disminuir en un 32% las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La brecha de género 

Reducir la brecha salarial es otro de los objetivos para 2030, la nueva estrategia buscar diminuirla en un 10%, incluyendo una reducción del porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres para alcanzar el 55% respecto a los hombres, y producir un aumento de la tasa de actividad femenina del 5%.

En línea con la lucha por la igualdad de género y oportunidades, uno de los objetivos es aumentar en un 50% la proporción de personas con discapacidad que accedan y completen estudios superiores o formación técnica avanzada, con especial atención a las mujeres con discapacidad.

Colectivos vulnerables

Otro de los 10 objetivos de esta nueva Estrategia pone el foco en la visibilidad y la concienciación sobre los delitos y discursos de odio. Con esta propuesta se busca lograr que el 100% de los trámites de extranjería estén digitalizados, simplificados y unificado para reducir las resoluciones y, de esta forma, garantizar la posibilidad de atención presencial a aquellos que lo necesiten.

El abandono escolar es otro de los asuntos recogidos en esta Estrategia que pretende reducir la tasa de abandono escolar temprano al 9%, con especial atención a colectivos vulnerables como migrantes, población gitana o personas con discapacidad, entre otros. 

Recientemente los medios de comunicación se hacían eco de la idea del magnate estadounidense Elon Musk de llenar la 'España vaciada' de placas fotovoltaicas. A primera vista la idea parece disparatada, pensamos que es otra ocurrencia del histriónico personaje y fruncimos los labios con una mueca de desaprobación. Pero en este convulso siglo en el que vivimos, donde la voracidad de algunos oligarcas sólo ven oportunidades de lucro y negocio —donde otros vemos genocidio, pandemias y sufrimiento o cambio climático— nos hace ser prudentes y reflexionar sobre la propuesta, no vaya a ser que tengamos algunos admiradores cercanos.

El lenguaje no es neutro y sí evocador. Lo de la 'España vaciada' es un término que nos hace imaginarnos el vacío, el desierto, la nada, en el corazón de esta Península Ibérica que habitamos. En realidad, ese vacío se refiere exclusivamente a una baja o muy baja densidad de población humana, lo que no quiere decir que la biodiversidad que alberga sea baja, más bien al contrario. Podemos decir que la riqueza de la biodiversidad peninsular es inversamente proporcional a la presión demográfica actual o histórica. Cuanta menor sea y haya sido la intervención humana, los ecosistemas alcanzan un grado de naturalidad y mayor desarrollo. No es casualidad que las mejores formaciones vegetales se encuentren en las montañas y lugares aislados y no en los valles, donde los asentamientos humanos han tenido sus ubicaciones preferentes.

Entre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la ONU, se encuentran aquellos que promueven el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente, es decir, la búsqueda de un desarrollo sostenible, que combatiendo el cambio climático a través de la transición energética, proteja los recursos naturales y promueva la biodiversidad. 

Es decir, que es necesario realizar una transición energética para combatir el cambio climático, pero de una manera ordenada, sostenible, transparente y democrática, que no hipoteque el presente ni el futuro de nuestros recursos naturales o alimentarios. Para lograrlo, uno esperaría que se produjese un debate sosegado y constructivo para lograr un desarrollo equilibrado de nuestra sociedad. Nada más lejos de la realidad.

Acerquémonos a la realidad que vivimos en nuestra particular 'Euskadi vaciada'. Es cierto que la alta densidad poblacional de la mitad norte, de Gipuzkoa y Bizkaia, no es comparable con la de la mitad Sur, la de Álava, donde la mayor parte de la población se concentra en unos pocos núcleos urbanos. No es menos cierto, que por vivir en una importantísima frontera bioclimática- entre lo atlántico y lo mediterráneo- y con una zona de elevada singularidad de transición climática, encontramos aquí los endemismos florísticos más singulares y antiguos. En pocas palabras, Álava es un territorio con poca densidad poblacional y con la mayor biodiversidad por razones biogeográficas y demográficas y donde encontramos las mejores representaciones de los ecosistemas vascos (a excepción de los costeros). Patrimonio natural, por cierto, no bien conocido por la ciudadanía y con gran potencial presente y futuro.

Pues bien, en este contexto, el disparate que abría este artículo, se está produciendo aquí y ahora. El bombardeo de proyectos fotovoltaicos y eólicos se publican con total impunidad en el BOPV desde el llamado Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad (¿?). Véase: el 30 de diciembre de 2025 se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa de las plantas solares fotovoltaicas de la empresa Solaria: 19 instalaciones fotovoltaicas que afectan a los términos municipales de Abanto y Ciérvana, Amurrio, Añana, Armiñón, Arrazua-Ubarrundia, Ayala, Berantevilla, Galdames, Gaubea, Gordexola, Güeñes, Iruña de Oca, Kuartango, Lantarón, Okondo, Ribera Baja, Ribera Alta, Urkabustaiz, Vitoria-Gasteiz, Zambrana, Zigoitia y Zuia y Condado de Treviño. Y el plazo para estudiar y alegar a este macroproyecto es de 30 días hábiles.

Este es un proyecto privado, que se presenta fragmentado con plantas fotovoltaicas de menos de 50 Mw para evitar que se evalúe como lo que es en realidad ante otros organismos competentes. Y propone unirlas a través de una línea de transporte de alta tensión ( no de evacuación como pretenden encubrir) desde Berantevilla hasta el Superpuerto de Bilbao. Evidentemente la ubicación de las plantas es mayoritariamente en territorio alavés y la línea de transporte de más de 100 km atraviesa montañas y valles, lugares de elevado interés natural y paisajístico, produciendo un descalabro monumental en los parajes que atraviesa.

La sociedad civil está indefensa ante tal atropello y avalancha de proyectos. Da la impresión de que cuentan con la connivencia de los eternos dirigentes de este país y labrados con total opacidad

Y mientras tanto las administraciones ¿qué hacen? ¿Acaso han preparado un plan para realizar una transición energética como sería deseable para el beneficio de la mayor parte de la ciudadanía? ¿Explican con transparencia cuál es la finalidad de semejante y monumental despropósito y a quién beneficia? No a lo primero y no a lo segundo. Es más, dos altos exdirectivos de Solaria ocupan ahora mismos cargos en el EVE y la DFA lo que nos remite , una vez más, a las puertas giratorias de doble sentido y la búsqueda del beneficio propio. ¿Partido de los Negocios Vascos?

La sociedad civil está indefensa ante tal atropello y avalancha de proyectos. Da la impresión de que cuentan con la connivencia de los eternos dirigentes de este país y labrados con total opacidad. Utilizar y destruir el patrimonio público para el beneficio privado no es ético, no debe ser legal y debería ser un delito grave porque atenta contra los intereses de la propia sociedad que deben proteger. Parece ser que sí hay admiradores de Elon Musk en Euskadi.

Castilla-La Mancha es hogar de algunos de los humedales más singulares de la península ibérica. Conocerlos y sensibilizarse con ellos es posible a partir de varias rutas propuestas por la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El próximo 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, para recordar la importancia de estos ecosistemas en la biodiversidad, el agua, la regulación climática y la identidad cultural de los pueblos. Es por ello que el sábado 7 y domingo 8 de febrero se van a llevar a cabo diferentes rutas guiadas, jornadas divulgativas y propuestas culturales a lo largo y ancho de la región. Puedes inscribirte a partir de este formulario.

La directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, ha destacado que “los humedales son memoria, cultura y futuro. En ellos se conserva parte de la identidad de nuestras comunidades y también la clave para afrontar los retos climáticos”.

Además, ha recalcado que es “urgente” reforzar la sensibilización de la ciudadanía para favorecer la conservación de los mismos: “el 90% de los humedales del mundo han sufrido procesos de degradación. En nuestra región estamos trabajando para revertir esta tendencia mediante conservación, gestión activa y divulgación. Y por ello, mediante estas actividades invitamos a la población a conocer, valorar y respetar estos ecosistemas únicos”, ha subrayado Jara.

Actividades y rutas del 7 de febrero: Cuenca y Toledo

Las actividades comienzan el sábado 7 de febrero en las provincias de Cuenca y Toledo. Así en la Reserva Natural de la Laguna de El Hito (Cuenca), en colaboración con Fundación Global Nature, se celebrará una jornada especial con rutas guiadas, observación astronómica a través de un planetario portátil, propuestas divulgativas para todas las edades y actividades de convivencia, incluyendo una comida popular.

Y, también ese mismo día tendrá lugar la ruta interpretada ‘Un día disfrutando de los Humedales de La Mancha: naturaleza y cultura tradicional’ en el LIC Humedales de La Mancha (Lillo y Villacañas), en la provincia de Toledo. Una actividad pensada para explorar en profundidad la biodiversidad del entorno, comprender la relación histórica de las comunidades locales con el agua y descubrir cómo la cultura tradicional se ha desarrollado alrededor de estos espacios.

Jornada del 8 de febrero: Albacete, Ciudad Real y Guadalajara

El domingo 8 tendrán lugar tres rutas interpretadas. La ‘Marcha nórdica en las Lagunas de Ruidera’, una ruta que combina actividad física moderada con la interpretación del paisaje, acercando a los participantes a la riqueza ambiental del humedal más emblemático de la región en la provincia de Ciudad Real.

Una ruta interpretada con visita al aula de naturaleza titulada ‘La Laguna de El Arquillo y la tradición’, que tendrá lugar en este monumento natural de la provincia de Albacete, donde los participantes podrán conocer la laguna y descubrir cómo el uso tradicional del agua ha modelado el territorio y las costumbres vinculadas a este espacio natural.

Finalmente, la ruta interpretada ‘Conociendo las curiosidades de la Laguna de Puebla de Beleña’, en esta reserva natural de la provincia de Guadalajara. Una visita guiada para descubrir uno de los humedales de mayor singularidad ecológica de la provincia, profundizando en su flora, su fauna y los procesos naturales que lo caracterizan.

Ecologistas en Acción de Toledo ha denunciado que tras más de un mes de que comenzasen los distintos episodios de mortalidad de aves por gripe aviar en la provincia, “hasta 15 ejemplares de cigüeñas blancas no han sido retirados de una zona de alta sensibilidad ambiental cercana al río Tajo en el término municipal de Albarreal de Tajo”.

La organización ecologista conoció los casos tras la alerta recibida por parte de varias personas y pudo comprobar que “al menos 15 ejemplares de cigüeña blanca permanecen muertos y en avanzado estado de descomposición en una zona en la que ya habían estado retirando unas 40 aves los equipos de la Delegación de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible”.

Denuncian que “los ejemplares están plenamente a la vista y en una zona que se supone bajo vigilancia de los servicios de la Consejería en Toledo dado los precedentes” y que por esa razón, “la no recogida de ejemplares solo se explica por un incumplimiento flagrante de los protocolos de retirada de aves susceptibles de estar infectadas por gripe aviar”.

Advierten de “las consecuencias que ello comporta en los riesgos para la sanidad animal y humana” y en este sentido se han dirigido a la Consejería de Desarrollo Sostenible para saber si los protocolos han cambiado. La respuesta, abundan, es que siguen vigentes.

La asociación ecologista recuerda que hace unos días en la Comunidad de Madrid se han localizado del orden de 500 cigüeñas blancas muertas y que “la situación en relación al control de la enfermedad todavía no se puede dar como superada”.

“Inadecuada” gestión de Dehesa Aceituno

Se da la circunstancia, apunta Ecologistas en Acción, de que, aunque se diferencien en el grado de letalidad, los episodios de muertes de cigüeñas en Toledo y Madrid tienen un importante factor común: “la cercanía e inadecuada gestión de los vertederos de los Ecoparques a los que se asocia la presencia multitudinaria de estas aves”.

En el caso de Toledo, señalan que “se observa una gran cantidad de materia orgánica indebidamente gestionada en el vertedero de Dehesa Aceituno, lo que atrae a miles de aves, principalmente cigüeñas y gaviotas, que crean dormideros en su entorno en los cuales el contagio es más fácil y potencialmente más mortal”. Una gestión que depende de la Diputación Provincial de Toledo que ha declinado hacer declaraciones, a preguntas de este medio, al considerar que se trata de una cuestión que concierne a la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Ecologistas en Acción de Toledo reclama “la retirada urgente” de los ejemplares muertos y el estricto cumplimiento de los protocolos de manejo de aves enfermas o muertas, retirándolos del terreno para que no se conviertan en focos de infección.

Por último, la asociación emplaza a la Consejería de Desarrollo Sostenible “a que dé una explicación de esta mala praxis y que depure las responsabilidades a que hubiera lugar”.

La Junta asegura que “se toman las medidas oportunas”

La Consejería de Desarrollo Sostenible lo niega, a preguntas de este medio. “Sobre la circunstancia reseñada, el fallecimiento de cigüeñas en la zona, tomamos las medidas oportunas retirando los cadáveres de ejemplares que empezaron a aparecer como ya sucedió, por ejemplo, hace mes y medio”, según explican fuentes del departamento.

Sin embargo matizan que siguen “vigilantes, con revisiones periódicas, y tenemos en consideración lo que nos trasladan Ecologistas en Acción para revisar la zona y seguir aplicando el protocolo”. Un protocolo que, inciden, se está siguiendo para evitar la expansión de la gripe aviar en aves salvajes.

También aseguran que “se está informando cumplidamente de los casos que aparecen” o que “desde que se dio cuenta de la enfermedad se entierran los cadáveres encontrados con cal viva precisamente para evitar expandir la enfermedad con el traslado de los mismos”.

Los incendios y la época de lluvias condicionan cierto tipo de trabajos en los bosques, como los relacionados con la extracción de resina. Este tipo de fenómenos ambientales o meteorológicos están cambiando según los expertos con periodos más intensos o prolongados, debido al cambio climático.

Las explotaciones resineras esperan para realizar los tratamientos silvícolas de mejora de masas en resinación o de acondicionamiento de futuras masas de resinación a determinados momentos en los que las condiciones ambientales sean las propicias. De ahí que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya ampliado el plazo para que quienes se benefician de subvenciones relacionadas con estas labores.

En concreto, se amplía el periodo para ejecutar los trabajos subvencionados hasta el 28 de febrero de 2026, según la orden que este martes publica el Diario Oficial de la comunidad autónoma.

La Consejería de Desarrollo Sostenible justifica su decisión en que este tipo de prácticas requieren de “unas condiciones ambientales precisas”. Por ejemplo, no se pueden ejecutar los trabajos en días de lluvia o en épocas de riesgo alto de incendio.

“Teniendo en cuenta que el inicio de las actuaciones en la mayoría de los expedientes se ha realizado con posterioridad a las épocas de riesgo alto de incendio”, señala la orden que hoy se publica, su práctica “se extiende a períodos en los que la climatología puede comprometer la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de ahí que se haya decidido ampliar el plazo.

Este tipo de ayudas están subvencionadas por la Unión Europea, en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que establecen los objetivos, financiación y las normas para la concesión de ayudas dentro del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este plan incluye la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad con una línea de actuación sobre el reto demográfico para luchar contra la despoblación y garantizar su cohesión territorial y social.

La intensidad de estas ayudas puede llegar a cubrir el 100% del coste total subvencionable, con un importe tope por hectárea de 2.700 euros, y un máximo subvencionable de 40.000 euros. Solo se permite una solicitud por persona beneficiaria, de acuerdo a la orden que publicó la Junta de Castilla-La Mancha en mayo del año pasado.

Castilla-La Mancha, segunda productora de resina en España

Según los datos de Desarrollo Sostenible, Castilla La Mancha es actualmente la segunda región productora de resina en España, solo por detrás de Castilla y León. La comunidad autónoma produjo cerca del 14% del total de la resina de España, muy lejos del casi 85% de Castilla y León. Tan solo hay 85 personas que se dedican a la extracción de resina.

En total fueron casi 1.500 toneladas en el año 2019, según los datos oficiales de aprovechamientos no maderables del Ministerio para la Transición Ecológicia y el Reto Demográfico. Castilla-La Mancha cuenta, además, “con al menos dos plantas de transformación de esta materia, lo que sitúa a nuestra región en una posición importante en el sector a nivel nacional”, según el Gobierno regional.

El sector resinero se debe convertir en un referente de estas nuevas políticas por su capacidad de sustituir al petróleo en muchos procesos industriales y por su sostenibilidad como producto que se extrae de bosques gestionados de manera sostenible

“Las políticas europeas, y su transposición a las políticas nacionales, demandan una transición hacia producciones, productos y servicios más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente”, se detallaba en la orden de ayudas de 2024, en la que se especifica que debido a la crisis climática es necesario avanzar “hacia la descarbonización, y la reducción del uso de los combustibles fósiles” y que, en esa situación, “el sector resinero se debe convertir en un referente de estas nuevas políticas por su capacidad de sustituir al petróleo en muchos procesos industriales y por su sostenibilidad como producto que se extrae de bosques gestionados de manera sostenible”.

Las ayudas se conciben como una forma de “ofrecer una oportunidad para mantener la actividad a las personas que ya están establecidas en el sector y a las que puedan incorporarse en los próximos años, fomentando la fijación de población en unos territorios con una marcada tendencia a la despoblación”.

El presupuesto con el que contará la Consejería de Desarrollo Sostenible en 2026 ascenderá a un total de 717 millones de euros, que suponen 96,5 millones euros más que en el presupuesto del último ejercicio.

Así lo ha indicado este miércoles la consejera del ramo, Mercedes Gómez, que ha explicado que los del año que viene son unos presupuestos que “giran sobre tres ejes fundamentales: la gestión integral del agua, con 159,2 millones de euros; la aceleración de la transición energética y la implantación de un sistema modélico de economía circular, con 267,2 millones de euros; y la protección, conservación y mejora del medio natural de la región con 252,9 millones de euros”.

Por partidas, 68,3 millones de euros integrarán el presupuesto de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y 90,9 millones de euros el de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, “lo que significa que vamos a invertir 14 millones de euros más en infraestructuras que en 2025”.

Sobre las actuaciones a través de la Agencia del Agua, la consejera ha destacado que “vamos a seguir solicitando la aplicación inmediata de la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, que tenían que estar implantadas en febrero de 2024, por lo que ya llevan año y medio de retraso”. Al respecto, como novedad, ha anunciado que el Ministerio “no tiene excusas, y cuenta ya con dos propuestas técnicas para esta modificación basadas en la sostenibilidad del sistema que les ha hecho llegar el Gobierno de Castilla-La Mancha”.

Mejoras en el abastecimiento e impulso a las infraestructuras

Gómez también ha informado que se están llevando a cabo importantes actuaciones con cargo a los fondos MRR por importe de 10,88 millones de euros para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en 144 pequeños y medianos municipios; actuaciones de prevención de inundaciones y mitigación de su impacto en Cebolla y Cobisa por 4,2 millones de euros a los que se suman las aportaciones realizadas por la Agencia del Agua a las obras de encauzamiento de los arroyos Sangüesa y de la Degollada que ascienden, para el ejercicio 2026, a 3,6 millones de euros; se continuará en 2026 con la ejecución de actuaciones ligadas al agua en los 22 municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía; y se va construir el muro de protección de la presa del Río Gévalo.

Respecto a las infraestructuras, gracias al presupuesto de 2026 se continuarán prestando los servicios de depuración de aguas residuales en un total de 256 municipios en Castilla-La Mancha, el abastecimiento de agua potable en alta con la gestión de los sistemas de abastecimiento Picadas-Almoguera, Girasol, Bornova, Tajuña, Campiña Baja, Gévalo, Campana de Oropesa, Campo de Montiel y Llanura Manchega, para 238 municipios y 720.713 habitantes; y se mantiene la gestión del suministro de agua bruta en alta al sistema de abastecimiento Algodor, beneficiando a un total de 45 municipios y 160.000 habitantes adicionales.

El mayor aumento es para transición energética

Ha continuado Gomez detallando que el “mayor aumento de presupuesto que registra nuestra Consejería es el que destinamos a la transición energética de Castilla-La Mancha y a la implantación de la economía circular en la región con 267,2 millones de euros, 83,3 millones más respecto al ejercicio pasado entre ambas”.

En materia de energía (217 millones de euros), sobresalen las partidas para autoconsumo, 75,6 millones de euros procedentes de fondos MRR, para asumir los pagos pendientes hasta finalizar las diferentes líneas ya existentes, y los 50 millones de euros cofinanciados con Fondos FEDER que destinamos para una línea propia de ayudas destinadas al autoconsumo energético, y 37,26 millones de euros para movilidad sostenible con el Plan Moves III“.

“A las que sumamos como gran novedad la consignación de crédito destinado a financiar las comunidades energéticas y autoconsumo colectivo en edificios, cofinanciado por primera vez con fondos FEDER, con 3,2 millones de euros para 2026, dentro de un montante global de 10,7 millones de euros que pondremos a disposición de los interesados hasta 2027”, ha subrayado.

A esta circunstancia se suma que, gracias al enfoque transversal elaborado por su Consejería, “hemos logrado que el 97,10 por ciento de los programas presupuestarios de la Junta de Comunidades están alineados con la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de Desarrollo Sostenible”, ha recalcado.

Con él, quiere “”continuar sentando las bases de un modelo productivo competitivo y sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social, que no comprometa los recursos y las posibilidades de las futuras generaciones“.

Hace un mes y medio, el pasado 22 de septiembre, aprovechando la Asamblea General de la ONU, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo una reunión en Nueva York con representantes de firmas financieras estadounidenses para trasladarles el potencial de España y el papel que considera que tiene el país como motor económico de Europa. A ella asistieron representantes de fondos y empresas como Brookfield, Bank of New York Mellon, Carlyle, Citi, Goldman Sachs, Invesco, Providence y Soros Fund Management.

Una de ellas, Goldman Sachs, acaba de publicar un informe que se sitúa en contra de casi toda la ortodoxia española. El título habla por sí solo: Spain: More Than Just Migration and Tourism. En él, el banco de inversión señala “una transformación estructural hacia servicios de alto valor añadido” y, quizá lo más llamativo, detecta que la adopción de inteligencia artificial (IA) en el sector empresarial español está empezando a tener efectos positivos en la productividad por encima de los niveles previos a la pandemia.

El estudio empieza señalando que el mercado está dividido entre los inversores que consideran que el fuerte y prolongado crecimiento de la economía española se debe a la reacción cíclica favorecida por una migración superior a la media de la zona euro, y quienes subrayan señales más alentadoras de una transformación estructural. Pero, hecho el apunte, se centra en el segundo bloque.

Para Goldman Sachs el “ajuste más interesante” es la “reasignación hacia los servicios con mayor valor añadido. En particular, los servicios profesionales, financieros y de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han crecido a un ritmo más rápido que la tendencia previa a la pandemia. En el mismo periodo, los servicios turísticos apenas han recuperado su tendencia anterior, lo que refuerza la idea de una transformación estructural desde servicios de bajo a alto valor añadido”.

Los últimos datos de empleo y afiliación a la Seguridad Social, dados a conocer hace unos días, ratifican la conclusión del banco de inversión norteamericano. El empleo de alto valor añadido gana terreno en España, que ya contrata más programadores e ingenieros que camareros, y el ritmo de crecimiento entre unos y otros “va agrandándose mes tras mes”, según el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez.

¿A qué se debe? Filippo Taddei, director de Investigación de Inversiones Globales de Goldman Sachs y coordinador del estudio, apunta, en conversación con elDiario.es, que “algunas empresas han encontrado en España tanto las cualificaciones requeridas como un salario medio atractivo” para estos puestos. Y añade que “también hay cierta evidencia sobre iniciativas de políticas públicas para facilitar hubs de TIC en las principales ciudades españolas, aunque no estoy seguro de cuán efectivas son. Lo que dicen los datos” —prosigue el economista— es que España, junto con Portugal, es un exportador neto de servicios a EEUU, incluso excluyendo el turismo. Este no es el caso en la zona euro, por lo que es algo en lo que vale la pena centrarse“, destaca Taddei.

Federico Steinberg, catedrático en la Universidad de Georgetown e investigador del Real Instituto Elcano también destacaba hace unos días a este diario el crecimiento de los servicios no turísticos como una de las señas de identidad de la economía española: “En el mundo pospandemia, España ofrece una serie de características que la hace atractiva para los nómadas digitales”. Entre ellas, que “puede ofrecer servicios de forma remota gracias a la conectividad y a las inversiones en redes de fibra óptica”, como viene remarcando el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.

Migración sí, productividad también

Otro de los puntos que destaca el informe de Goldman Sachs es que la fuerte entrada de inmigrantes, de las mayores, en términos relativos, dentro de la zona euro, no ha sido un obstáculo para que empiece a repuntar la productividad, uno de los grandes retos de la economía española, como destacaba esta semana Fedea. Según el banco de inversión, la inmigración ha contribuido —junto con el aumento de la población activa autóctona— a cerca del 80% del incremento del PIB desde 2019. Pero la productividad por hora ha crecido, señala, situándose en la parte alta del área del euro durante los últimos cinco años. “Además, aunque la economía española presenta un gasto relativamente bajo en I+D, su sector empresarial muestra indicios tempranos de adopción de inteligencia artificial, superando a Italia, Francia e Irlanda”, asegura el informe.

Para Taddei, el aumento de la productividad está relacionado con el punto anterior, es decir, con la transformación hacia servicios de mayor valor añadido. “Las economías avanzadas son intensivas en servicios y este es especialmente el caso de España. Pero no todos los servicios son igualmente productivos, algunos concentran más valor añadido por empleado, como los servicios profesionales, la tecnología de la información o las finanzas. Desde la pandemia, los servicios con alto valor añadido han crecido más [en España] que el resto de la economía; este cambio hacia mejores empleos, hacia empleo más productivo, ha comenzado a aumentar la productividad media por hora trabajada en España, y a un ritmo más rápido que en el resto de la zona euro”.

Y la inmigración también está contribuyendo, puesto que “los flujos migratorios en España tienen, de media, un mayor nivel educativo que en Alemania, Francia o Italia”. Es otra de las conclusiones sugerentes. “Esta es una transformación estructural interesante que se ve compensada en parte por la baja I+D de la economía española. Pero si la transformación continúa, estos servicios suelen tener un efecto positivo en la I+D. La pregunta que nos hacen ahora los inversores es simple: ”¿Cuánto tiempo puede continuar esta transformación?“”, señala Taddei.

I+D, asignatura pendiente

La investigación y desarrollo es, en efecto, otra de las grandes asignaturas pendientes de la economía española, aunque está creciendo. En su informe anual sobre las perspectivas en ciencia, tecnología e innovación publicado a finales de octubre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala el 'suspenso' de España en I+D. En España representaba un 1,49% del producto interior bruto (PIB) en 2023, lo que supone solo un 55% de la media de la OCDE, aunque en los últimos años es de los países que experimentan los mayores incrementos relativos, coincide.

Según datos del organismo internacional, el peso de la I+D en el conjunto de sus miembros pasó del 2,31% del PIB en 2013 al 2,70% en 2023. En España el incremento en esos diez años ha sido similar en términos relativos (el porcentaje era del 1,27% en 2013), pero se ha acelerado últimamente y en 2023, el último ejercicio para el que hay datos comparables, creció un 9%, el mayor de todos los países, cuando la media fue del 2,4% en la OCDE.

Hay otros dos nubarrones en el horizonte. El primero es el impacto de la inmigración en el mercado inmobiliario. El Instituto Nacional de Estadística (INE) proyecta que la población crecerá cerca de un 10% en las próximas dos décadas, hasta superar los 52 millones de habitantes, impulsada exclusivamente por la llegada de extranjeros.

Para el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, “el shock demográfico se puede mantener mientras haya vivienda, que es lo que permite la integración de los inmigrantes, y ya estamos viendo que es insuficiente, lo que está impulsando los precios al alza, especialmente en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona”.

Con excepción de Países Bajos y Bélgica, los precios de la vivienda en España son los que más han crecido en la zona euro desde 2015. Goldman Sachs advierte que “sería necesario un aumento notable del crecimiento de la inversión residencial —de unos dos puntos porcentuales trimestrales— para compensar el encarecimiento de los inmuebles”, algo que “consideramos poco probable que se produzca a corto plazo, por lo que es más factible que la ralentización de los precios se dé solo si coinciden una menor inmigración y una mayor inversión”.

El segundo nubarrón es precisamente la desaceleración de la inversión. El reciente dinamismo se ha beneficiado del apoyo prolongado del Fondo de Recuperación Europeo (Next Generation) y, desde este año, del aumento previsto del gasto en defensa. Sin embargo, tras un comienzo sólido, España tuvo dificultades en 2024 para ejecutar los fondos del Mecanismo de Recuperación a un ritmo constante, advierte el banco de inversión norteamericano a partir de información de la Comisión Europea.

Los datos de 2025 aún son provisionales, pero no apuntan a una mejora significativa, señala el informe, que reprocha a España que “no se ha comprometido a aumentar su gasto en defensa al nivel de otros países europeos, y esperamos que este factor tenga un impacto relevante en la inversión. Teniendo en cuenta ambos elementos [menos ejecución de los fondos europeos y menos gasto en defensa], el apoyo fiscal a la inversión comenzará a reducirse en 2026 y continuará disminuyendo hasta 2028. ”Tendremos que ver si la inversión privada da un paso al frente para asegurar las perspectivas“, concluye Taddei.

La gripe aviar sigue extendiéndose en diferentes puntos del país y esta vez ha llegado hasta el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real. La voz de alarma la ha dado en esta ocasión Rafael Gosálvez Rey, miembro del Patronato del Parque, en representación de Ecologistas en Acción y otros grupos conservacionistas, al advertir de la detección de casos de gripe aviar en este espacio natural.

El geógrafo ha denunciado además que ni la dirección del parque nacional, la Presidencia del Patronato o la Comisión Mixta han informado a los miembros del Patronato de la detección del virus en aves silvestres. “Es más, desde el 4 de diciembre de 2024 no se ha reunido al Patronato para nada”, ha criticado.

Reconoce que “el contagio no supone un riesgo inmediato para la salud humana”, pero afirma que sí pone de relieve “la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos degradados, como es el caso de Las Tablas de Daimiel y la necesidad de revisar la gestión ambiental del espacio protegido”, además de la “falta de medidas preventivas eficaces”.

Por eso hace también un llamamiento a la ciudadanía para exigir “una gestión ambiental basada en la evidencia y en la protección efectiva de los ecosistemas, no en la mera contención de crisis puntuales”.

El director del parque llama a la tranquilidad

El director del parque nacional de las Tablas de Daimiel, Carlos Ruiz de la Hermosa, pide “tranquilidad”. Ha confirmado que se han retirado cuatro cadáveres de grullas y se han avistado otros cuatro ejemplares más con comportamientos anómalos, ya que el virus afecta en particular a su sistema neurológico.

En el espacio natural se ha activado un programa de seguimiento y se está procediendo al enterramiento de los cadáveres de las aves, siguiendo las recomendaciones de los veterinarios del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre 'El Chaparrillo' ubicado en esta provincia.

Desde este centro, la veterinaria Rocío Gómez Pérez ha explicado a elDiario.es Castilla-La Mancha que los cadáveres de las aves no pueden moverse del sitio para que no se produzcan otros focos contaminantes, y que de momento, desde este centro están pendientes de la toma de muestras para su posterior análisis. Según ha comentado, el brote comenzó hace unas dos semanas.

Pese a la posición oficial de la dirección del parque nacional, el geógrafo Rafael Gosálvez recuerda que este tipo de patógenos “pueden transmitirse a la fauna silvestre o provenir de esta y diseminarse a través de aguas residuales, el transporte de piensos y el contacto indirecto con aves migratorias” y que pueden afectar “especialmente” a humedales como las Tablas de Daimiel, situadas en las rutas de paso de miles de aves cada año.

El marco de expansión de la ganadería industrial con modelo de macrogranjas avícolas intensivas, constituye un entorno perfecto para la mutación y diseminación de virus como el de la gripe aviar

Rafael Ubaldo Gosálvez — Investigador de la UCLM y patrono en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

Considera que este episodio “no puede tratarse como un hecho aislado, sino como la consecuencia de años de desecación, sobreexplotación del acuífero y pérdida de biodiversidad”. En este sentido, sugiere que la reducción drástica de los niveles hídricos, el estrés de la avifauna residente y el contacto entre aves migratorias y locales generan condiciones propicias para la transmisión de patógenos. “Cuando un ecosistema pierde equilibrio, las enfermedades emergen como una respuesta natural del colapso ambiental”, afirma el también investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Y esto sucede, abunda, “en un marco de expansión de la ganadería industrial con modelo de macrogranjas avícolas intensivas, caracterizado por altas densidades de animales, escasa diversidad genética y condiciones de hacinamiento”. Eso es algo que en su opinión, “constituye un entorno perfecto para la mutación y diseminación de virus como el de la gripe aviar”.

Incide en que la intensificación industrial “no solo amenaza la biodiversidad y los recursos hídricos, sino que pone en riesgo la salud pública al favorecer la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas” y recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO han advertido “reiteradamente” que la expansión de la ganadería intensiva y la destrucción de hábitats naturales incrementan el riesgo de pandemias.

Piden “medidas urgentes” y la creación de un comité científico

Desde los grupos ecologistas regionales con representación en el Patronato del humedal reclaman a las administraciones competentes, tanto el Ministerio para la Transición Ecológica, como la Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Agricultura, la adopción “urgente” de medidas.

Entre esas medidas proponen la “restauración ecológica real” del parque nacional, garantizando “caudales ecológicos suficientes y el fin de las extracciones ilegales de los acuíferos del Alto Guadiana”.

Precisamente, hace menos de una semana que el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán visitó el parque nacional. Allí anunció que las concesiones de agua para riego estarían “condicionadas” al “riesgo” en el humedal.

También reclaman una “moratoria inmediata” a la instalación o ampliación de macrogranjas avícolas alrededor de espacios protegidos como las Tablas de Daimiel, además de la promoción de modelos ganaderos sostenibles, de pequeña escala, con criterios de bienestar animal y respeto al equilibrio ecológico o la revisión ambiental y sanitaria de las explotaciones existentes, “con especial atención a la gestión de residuos, purines y aguas contaminadas”.

Después, exigen “transparencia y coordinación interinstitucional en la gestión sanitaria y ecológica del parque”, un refuerzo del seguimiento científico sobre fauna silvestre y calidad del agua, “con publicación abierta de los datos de vigilancia epidemiológica” o la aplicación “efectiva” de medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas del entorno y control riguroso de vertidos y residuos.

Hace falta una gestión ambiental basada en la evidencia y en la protección efectiva de los ecosistemas, no en la mera contención de crisis puntuales

Rafael Gosálvez — Investigador de la UCLM y miembro del Patronato de las Tablas

Finalmente reclaman la creación de un comité científico independiente “para evaluar los riesgos zoonóticos derivados del deterioro del ecosistema” porque, según insisten, “el virus de la gripe aviar se propaga fundamentalmente entre aves, pero su persistencia y mutabilidad se ven favorecidas por los ecosistemas degradados y por la intensificación agroganadera”.

“Las Tablas de Daimiel es uno de los termómetros de la salud ambiental de toda la Mancha húmeda. La gripe aviar no es solo un problema sanitario: es una señal de alarma de un sistema colapsado por la inacción política y la falta de respeto al equilibrio ecológico”, concluye Rafael Gosálvez.

La Junta de Castilla-La Mancha: “La gestión y las actuaciones corresponden al Estado”

Desde la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de Castilla-La Mancha deriva la responsabilidad en el Gobierno de España. “Nosotros no tenemos la competencia, ni personal allí dedicado a estas funciones”, aseguran las fuentes consultadas, que también ponen en el tejado del Ejecutivo central las posibles medidas a tomar.

“La gestión del Parque nacional de las Tablas depende del Estado, y ellos son los que saben lo que están haciendo y los casos que tienen”, concluyen las mismas fuentes.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio para la Transición Ecológica sin que por el momento haya habido respuesta. No obstante, fuentes del Ministerio de Agricultura apuntan que es la comunidad autónoma la que tiene que declarar los casos y adoptar medidas, ya que las competencias en sanidad animal son autonómicas. “El Ministerio tiene el laboratorio de referencia que confirma la existencia de datos, y coordina la política al respecto”, concluyen.

El Ayuntamiento de Villalba de la Sierra (Cuenca) ha puesto en marcha los preparativos de un mercadillo local de productos y servicios, trueque y artículos de segunda mano, un evento que se celebrará el sábado 29 de noviembre de 2025 en la Casa de la Cultura del pueblo, y que servirá como colofón a la campaña de información, sensibilización y divulgación sobre consumo sostenible y responsable “Consume Villalba: el pueblo que queremos”.

El mercadillo nace como una iniciativa para dinamizar la vida comunitaria mediante el fomento del consumo local, responsable y sostenible, fortaleciendo el tejido socioeconómico de Villalba de la Sierra y su entorno; y se alinea con los principios del Plan Estratégico de Consumo Responsable de Castilla-La Mancha, promoviendo “una economía de cercanía, solidaria y respetuosa con el medio ambiente”.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer una variada muestra de puestos locales con productos y servicios de la comarca de la Serranía de Cuenca, además de artículos de segunda mano, objetos de intercambio o donación, y creaciones artesanales. Podrán participar empresas, particulares y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad o residan en la comarca. La participación será gratuita, aunque el número de puestos estará limitado por razones de espacio.

El evento no solo pretende ofrecer un espacio de compraventa o trueque, sino también favorecer el encuentro entre vecinos, fomentar la economía circular y dar una segunda vida a los objetos, contribuyendo así a reducir residuos y a reforzar los lazos comunitarios. Como complemento al mercadillo, se celebrará una actividad gratuita de educación ambiental sobre consumo responsable y sostenible, dirigida al público general y familiar; y tendrá lugar el acto de entrega de los premios del concurso de dibujo y relatos “Yo consumo en el pueblo”.

Las inscripciones para participar con un puesto de expositor en el mercadillo “Consume Villalba: mercadillo del pueblo que queremos”, cuyas bases se pueden consultar en este enlace, estarán abiertas hasta el 21 de noviembre de 2025 a las 14:00 horas.

Castilla-La Mancha formaliza proteger la Anthyllis rupestris, una planta que solo se encuentra en una zona de Albacete, el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima.

Antonio Catalán, director del parque natural, señala que se trata de una planta que ya viene catalogada en peligro de extinción en el catálogo regional desde Castilla-La Mancha. La Anthyllis rupestris crece en zonas de montaña, “por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar” y que, además, por sí misma “desde que se descubrió no ha sido muy abundante, ya que solo aparece en las cordilleras béticas de España”.

Se trata de una planta enmarcada en la familia de las leguminosas que crece hacia finales del mes de junio y produce una media de 350 flores por planta. Al llegar el invierno pierde la parte aérea visible y permanece enterrada hasta una nueva floración.

En el año 2023 realizaron un informe por parte del parque natural, donde recopilaron que en Castilla-La Mancha existían más de 6.500 individuos de esta planta. “Si sumásemos la superficie que ocupan las plantas actuales como una única población estaríamos hablando de unas 580 hectáreas”, señala Catalán. Asegura que la situación de la planta es “crítica”. En la actualidad, esta leguminosa solo se encuentra en el Parque Natural de los Calares. “Además de aquí, solo podemos encontrarla en una zona de Jaén que solo posee 100 individuos de esta leguminosa”, aclara.

En el año 2006, una investigación realizada por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el informe del Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, declaraba que “la propagación de esta leguminosa en invernadero mostraba un elevado fracaso”. De igual manera, debe hacer frente al pastoreo, que es la principal causa de desaparición de la Anthyllis rupestris, ya que sirve de alimento para el ganado. “Al ubicarse en zonas de montaña que se utilizan en verano como lugar de pasto es una planta muy comestible y no le da tiempo a fructificar y volver a tener nuevos individuos”, explica Catalán.

Este tipo de plantas en peligro de extinción deben tener un plan de recuperación que asegure la preservación de la especie a lo largo del tiempo, según explica Antonio Catalán. “Al no contar con este plan previamente implica que no dispongamos de muchas herramientas para poder gestionarla”, matiza.

Medidas de protección por parte del parque natural

Antonio Catalán nos cuenta que para proteger la Anthyllis rupestris se han vallado dos de las siete subpoblaciones con las que cuentan. “Son valladas muy pequeñitas, a lo mejor de dos hectáreas, para que no afecte a los pastos ni a la ganadería en general, pero que asegure la supervivencia de la planta, que pueda florecer, fructificar y luego tener semilla”, expone. Explica también que el resto de las zonas del parque están abiertas al pastoreo, “pero cuando la planta tiene un momento crítico intentamos que el ganado no baje por allí”.

Asegura que con el plan de recuperación que han elaborado en conjunto con la consejería de Desarrollo Sostenible, les va a permitir realizar más actuaciones de manera oficial, “ya sea para reintroducir esta planta en sitios donde está documentada, pero no se encuentra, o que el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha pueda recolectar la semilla”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la consejería de Desarrollo Sostenible, ha abierto un proceso de participación para proteger y recuperar la especie de flora Anthyllis rupestris, el cual permanecerá abierto desde el 25 de octubre hasta el 21 de noviembre de 2025.

Los sindicatos Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Unión Sindical Obrera (USO), Sindicato de Trabajadoras/es de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS), Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y Solidaridad Obrera (SO) se han concentrado en la Plaza de Zocodover (Toledo) para trasladar varias reivindicaciones al Gobierno Regional.

Lo han hecho el mismo día en el que se produce el Debate del Estado de la Región en las Cortes castellanomanchegas, donde el presidente regional anunciaba casi a la misma hora un Sistema Avanzado de Emergencias y defendía su política de incendios forestales. Entre sus principales reivindicaciones, las decenas de personas que se han reunido en Toledo, exigen que exista una agenda pública y campaña de extinción de incendios de al menos 122 días y que el 100% del servicio sea público. “Son los propios representantes sindicales a los que la Consejería de Desarrollo Sostenible se niega a recibir, quienes damos la cara y exigimos respuestas”, explican.

El incendio de Peñalba de la Sierra

Desde los sindicatos expresan que el motivo de su movilización es que “nadie ha dimitido ni va a dimitir. Nuestros dirigentes nos dan largas y evitan el diálogo”. Aseguran que no pueden esperar otro año más “de precariedad”, ya que tras lo ocurrido en Guadalajara con el incendio de Peñalba de la Sierra que se prolongó activo durante tres semanas, “la parte social al completo solicitó reunirse con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez Rodríguez. La respuesta fue inmediata: agendas prioritarias y más importantes. Parece que escuchar a los representantes de las trabajadoras y trabajadores no les parece buena idea. Saben lo que van a oír, y no les gusta”, avanzan desde los sindicatos.

Desde CSIF, USO, STAS, CNT y SO afirman que no pueden “dejar pasar el tiempo como proponen otras organizaciones. Exigimos un cambio real, porque las bomberas y bomberos forestales de Castilla-La Mancha sabemos perfectamente qué hay que cambiar para evitar otra catástrofe como la de septiembre”.

“No podemos seguir con incorporaciones escalonadas que van en contra de toda lógica operativa”, han asegurado y sobre el llamado 'dispositivo modelo' del que habla la consejería del ramo creen que “debe corregir las deficiencias que enfrentamos, y no maquillarlas. Y sobre todo, la creación de una Agencia Pública debe ser el modelo de gestión que permita mejorar nuestras condiciones laborales mediante negociación colectiva”.

Advierten que esta concentración es solo el primer paso. “Si no se atienden nuestras demandas, ejecutaremos todas las acciones legales y sindicales a nuestro alcance: movilizaciones continuadas, denuncias públicas, reclamaciones jurídicas y presión institucional”.

El sindicato CNT alerta de impagos por parte de Geacam

Desde la Sección Sindical de CNT-AIT Bomberos Forestales Geacam consideran que “el impago de los salarios es una lacra que afecta a toda la clase trabajadora. En la empresa Geacam los trabajadores y trabajadoras de algunas unidades están enfrentando también impagos salariales por servicios que han estado realizando en periodo de extinción, cuando han prestado servicios fuera de Castilla-La Mancha”.

Aseguran, que el convenio colectivo de la empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM), en su artículo 98, “regula el trabajo fuera de Castilla-La Mancha y supone una compensación por servicios realizados fuera de la comunidad”.

En este sentido, quieren denunciar que “la empresa está incumpliendo conscientemente el artículo 98 del convenio colectivo en materia salarial, a pesar de que existen sentencias judiciales al respecto, que señalan y aclaran la interpretación que se debe hacer de ese artículo”.

La instalación de una vía ferrata y varias tirolinas en un espacio rocoso a lo largo del río Pusa, en la provincia de Toledo, ha provocado una amplia polémica, con protestas de los vecinos y vecinas del municipio de Santa Ana de Pusa y una denuncia de Ecologistas en Acción por invasión de un espacio protegido, dentro de la Red Natura 2000.

Fue el pasado 22 de septiembre cuando los vecinos trasladaron a la organización conservacionista su “preocupación” por las obras que se estaban realizando en el barranco del río Pusa. En concreto, por una instalación para la escalada en el paraje conocido como ‘La Estrechura’, en pleno berrocal granítico del río que discurre tanto por Santa Ana de Pusa como por San Martín de Pusa, en la comarca de La Jara toledana, cerca de Talavera de la Reina.

La infraestructura se ha colocado en una zona “que forma parte de la Red Natura 2000, concretamente en el espacio ZEC/ZEPA denominado 'Ríos de la Margen izquierda y berrocales del Tajo”, detallan los ecologistas quienes, el mismo día de conocer las quejas vecinales, enviaron un escrito a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha para “clarificar” si se trata o no de una obra legal.

Al no recibir contestación, Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia formal de los hechos ante la misma institución y la ha trasladado además a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

En paralelo, los vecinos y vecinas están recogiendo firmas. “Es motivo de gran preocupación para los amantes de la naturaleza, la biodiversidad y el patrimonio histórico”, asegura el documento. “Este lugar privilegiado forma parte de la Red Natura 2000, un conjunto de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea, y es hogar de especies emblemáticas como la cigüeña negra y el águila real. Además, es zona de campeo para el lince ibérico y el águila imperial, especies que están seriamente amenazadas”, añaden.

Creen que la instalación para turismo de aventura que acaba de realizarse “no solo pone en riesgo la integridad ecológica de este paraje, sino que también amenaza la tranquilidad y seguridad necesarias para la nidificación y el campeo de estas especies únicas”. De ahí que se pida a las instituciones con competencias en la materia que la retiren.

Tomás Moreno es vecino de Santa Ana de Pusa. “Ha habido mucho secretismo. Se han saltado al pueblo a la torera. No lo hemos visto en el orden del día de los plenos municipales. Se han saltado la transparencia y el buen gobierno”, denuncia.

“Estas vías suelen estar en lugares que no se ven porque es alta montaña o están en sitios inaccesibles, pero esto es nuestro río. Es lo más bonito de él. Esto ecológicamente es un desastre irreversible y si además lo cierran, ya nos roban nuestro río”, lamenta otro vecino que prefiere mantener su nombre en el anonimato. De momento, el camino de acceso a la zona está cerrado.

“Por tratarse de una zona incluida en la Red Natura 2000, este tipo de actuaciones ”deberían contar con su correspondiente evaluación de impacto y/o informe favorable por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible“, denuncia Ecologistas en Acción.

El alcalde de Santa Ana de Pusa Serafín Diego Esteban no se ha pronunciado, a preguntas de este medio, en conversación telefónica, al encontrarse “de vacaciones” y ha remitido en sus declaraciones a otros concejales del Gobierno en este ayuntamiento, con el que no ha sido posible contactar telefónicamente. Tampoco hay respuesta vía correo.

Sin embargo, la empresa que se ha encargado de construir la instalación asegura que al hacerlo contaban con “todos los permisos”. Rafael Guerrero, responsable de la empresa granadina Vivak Nature S.L. explica que a la hora de realizar los trabajos para ejecutar esta vía todo estaba correcto.

“A nosotros nos contactó el ayuntamiento para la instalación hace por lo menos dos años, pero el permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo tardó por lo menos un año y medio. Cuanto los hemos tenido todos, facilitados por el ayuntamiento, hemos hecho la instalación”, dice el constructor de la instalación que, según reza el cartel anunciador en la zona, cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de España, a través del programa de la Unión Europea Next Generation-EU.

Este mismo lunes, algunos excursionistas ya disfrutaban de las instalaciones, que no han sido inauguradas de forma oficial. Se ha especulado con que el proyecto lo gestione una empresa de la población vecina de Bernuy, aunque lo cierto es que la empresa aludida lo niega.

La vía ferrata sí se anuncia, en cambio, en otra página web con la descripción de “precioso recorrido en un entorno inigualable , con puentes tibetanos, péndulos y dos tirolinas” y con “una dificultad de K2-K3”, al precio de 45 euros por persona. 

¿Qué dice el Gobierno de Castilla-La Mancha?

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha explican que este tipo de actuaciones - las vías ferratas que no superen los 500 metros- “no se encuentran incluidas” en la Ley 2/2020 de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha y, por tanto, no deben someterse a una evaluación de impacto ambiental.

En este sentido detallan que el Servicio de Medio Ambiente de la comunidad autónoma ya informó al respecto, después de que, en febrero de 2023, la Confederación hidrográfica del Tajo, en aplicación del artículo 110 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, remitiese documentación al Servicio de Medio Ambiente de Toledo, sobre este expediente y la necesaria autorización para la ejecución de las obras.

En dicho informe se indicó “expresamente”, según las fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible consultadas por este medio que “habría que comunicar posibles afecciones para analizar si procede aplicar nuevas limitaciones no contempladas inicialmente”.

Estamos valorando las posibles incidencias ambientales del proyecto de forma que se puedan tomar las medidas que considere necesarias en aras de la defensa del medio natural del espacio y del cumplimiento del plan de gestión de la ZEC/ZEPA 'Ríos de la margen izquierda del Tajo y Berrocales del Tajo

Consejería de Desarrollo Sostenible

En la actualidad, la Delegación Provincial de Toledo de Desarrollo Sostenible está “valorando” por parte de los agentes medioambientales y del equipo técnico, “las posibles incidencias ambientales del proyecto”, de forma que se puedan tomar “las medidas que considere necesarias en aras de la defensa del medio natural del espacio y del cumplimiento del plan de gestión de la ZEC/ZEPA 'Ríos de la margen izquierda del Tajo y Berrocales del Tajo'”.

Este medio ha contactado también con la Confederación Hidrográfica del Tajo sin que hasta el momento haya sido posible contrastar su versión.

El interés de las empresas de minería por la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha arrecia en los últimos meses. No solo por la posible presencia de tierras raras, combatida desde hace años por distintos colectivos ciudadanos en Ciudad Real, sino también por las posibilidades de la geotermia, el wolframio -con Abenójar Tungsten como proyecto estrella- los fosfatos, el titanio y ahora... el oro.

Todas las compañías que promueven este tipo de proyectos lo justifican de la misma forma: es necesario asegurar el suministro de materias primas prioritarias en Europa, para evitar la dependencia de países extracomunitarios. Lo avala la Unión Europea y este tipo de empresas lo han visto también como una oportunidad de negocio.

El último caso conocido tiene que ver con el oro en la provincia de Guadalajara. Ayuntamientos, colectivos ecologistas, asociaciones y particulares han hecho pública su oposición a un proyecto de investigación minera que la empresa Oroberia quiere realizar en los términos municipales de La Toba, Medranda, Pinilla de Jadraque y San Andrés del Congosto, ubicados dentro de la Sierra Norte de Guadalajara.

La solicitud se presentó en febrero de este año ante la Dirección General de Transición Energética de la Junta de Castilla-La Mancha. El proyecto de investigación minera, denominado GUA, está enfocado a la búsqueda de yacimientos de oro.

Esta empresa, que posee derechos para 94 cuadrículas mineras con una extensión de 2.800 hectáreas, quiere realizar seis sondeos en una primera fase, y si los resultados son positivos otros seis en una segunda, con una profundidad de entre los 300 y 400 metros, con una duración estimada de los trabajos de tres años y un presupuesto estimado de 1,2 millones de euros, según los datos públicos del proyecto que se ha presentado este año y que se encuentra en proceso de tramitación.

El proyecto presentado por la empresa basa en su interés en los antecedentes de la minería de la plata - hoy vinculada al desarrollo turístico- o a la 'fiebre del oro' en esta provincia, cuando a finales del siglo XIX se exploraba los términos municipales de La Nava de Jadraque, Arroyo de las Fraguas y Semillas, impulsada por mineros de las explotaciones de plata. Entonces llegaron a constituirse sociedades de capital inglés y francés, como la Guadalajara Gold and Silver Mining Company. No fueron a más, la actividad cesó en 1898, pero el posible filón se quedó en el aire.

Ecologistas en Acción lo rechaza por su impacto

“Supondría afectar a varias zonas protegidas, hábitats de interés especial, protegidas por la Unión Europea y también a zonas de la Red Natura 2000 dentro de la red europea”, denuncia Alberto Mayor, portavoz de Ecologistas en Acción Guadalajara, en declaraciones a este diario.

El portavoz afirma que, si la empresa encuentra cantidades significativas de minerales como para llevar a cabo un proyecto extractivo, eso podría significar “la destrucción” de esta zona. “Se llevaría a cabo minería a cielo abierto, con las consecuencias de destrucción del paisaje, de hábitat, de contaminación y de molestias para los habitantes de los pueblos afectados”, añade Mayor.

“Este tipo de minerías llevan asociadas destrucción del paisaje, de los hábitats, molestias y demás, aparte de que luego la separación de los minerales de la roca, se utilizan productos altamente tóxicos, dejan balsas contaminantes y sería la destrucción total de la zona afectada”, afirma el portavoz ecologista.

Este medio ha intentado contactar con la empresa sin éxito, hasta el momento. Mientras, los ayuntamientos, colectivos y asociaciones han presentado alegaciones para solicitar a la Junta de Castilla-La Mancha la desestimación del proyecto, ya que esta zona cuenta con una gran variedad de biodiversidad.

Las alegaciones inciden en “la más que posible contaminación de las captaciones de agua potable y de los acuíferos, en la mala calidad del aire y en las enfermedades que provocaría, en las molestias ocasionadas por el tráfico de vehículos y maquinaria pesada por caminos históricos”. Después creen que habría afecciones en la agricultura, apicultura, ganadería y caza. Rechazan que se trate de un proyecto de “minería sostenible”, como afirma Oroberia, ya que su intención es “esquilmar materias primas con técnicas impactantes y contaminantes”.

Además, en el documento de alegaciones acusan a la empresa minera de haber realizado un fraccionamiento “ilegal” de la actividad en tres bloques más pequeños, de forma así pueda “eludir una evaluación ambiental integral, vulnerando la normativa sobre evaluación acumulativa de impactos sinérgicos”.

GUA es el primer proyecto de los tres proyectos para los que Oroberia ha solicitado permisos de investigación, siendo DALA Y JARA los dos restantes. Entre los tres afectarán “a casi 15.000 hectáreas que se extienden desde el municipio de La Toba hasta el de Atienza, pasando por Pálmaces, Riofrío del Llano y Sigüenza, entre otros”, afirman desde Ecologistas en Acción.

GUA, DALA y JARA supondrían una estocada de muerte para el desarrollo sostenible de toda la zona y para la fijación de población y van en contra de los esfuerzos para fomentar el desarrollo de las zonas rurales conforme a las directrices sociales y científicas recomendadas por la ONU

Ecologistas en Acción Guadalajara

La ONG ha dado a conocer que en septiembre se celebró una reunión informativa en la localidad de Naharros para establecer una estrategia común de oposición a estos tres proyectos. “GUA, DALA y JARA supondrían una estocada de muerte para el desarrollo sostenible de toda la zona y para la fijación de población y van en contra de los esfuerzos para fomentar el desarrollo de las zonas rurales conforme a las directrices sociales y científicas recomendadas por la ONU”, denuncian.

No solo en Guadalajara, también en Toledo y Ciudad Real

Aparte de en Guadalajara, Oroberia también tiene previsto otro plan minero en Castilla-La Mancha. La empresa ha solicitado permiso para el proyecto de investigación minera 'Cabrahigo's. Se trata de una iniciativa para “la exploración de recursos, con especial atención al oro y otras mineralizaciones metálicas asociadas”.

En este caso, afectaría a las provincias de Toledo (términos municipales de Hontanar, Menasalbas y San Pablo de los Montes) y Ciudad Real (Navas de Estena y Retuerta del Bullaque).

El objetivo de este proyecto es “identificar, en la zona del permiso, uno o varios yacimientos susceptibles de su aprovechamiento en estos hallazgos minerales identificados, evaluar sus reservas, su viabilidad técnica y económica y en caso de resultado positivo, proponer una explotación minera”.

El Gobierno de Page estudia la propuesta

Preguntada por este medio sobre el proyecto GUA, la Consejería de Desarrollo Sostenible ha explicado que en la actualidad se está analizando el proyecto de sondeo planteado por Oroberia. “Ahora están a la espera de documentación para completar el expediente y ver si reúnen las condiciones para darles el permiso de investigación”, señalan fuentes de este departamento del Gobierno de Castilla-La Mancha.

“Ambientalmente, habrá que valorar las alegaciones, y administrativamente, la documentación”, añaden, por lo que aseguran que el proyecto de investigación está en tramitación, pero no se ha concedido.

“Es importante recordar que se trata de la petición de un permiso de investigación que en caso de ser concedido facultaría a la empresa para recoger muestras durante tres años, en ningún caso se va a abrir una mina a pequeña escala”, aclaran.

“Transcurridos los tres años sería cuando la empresa tendría que decidir si continúa con el proyecto, para lo que tendría que solicitar un permiso para la apertura de esta hipotética mina, una autorización que conlleva unos requisitos ambientales muy exigentes”, concluyen desde la Consejería.