La posibilidad de que el servicio de asesoría jurídica que presta el despacho del portavoz municipal de Vox en València, José Gosálbez, al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) alcance los 25.000 euros ha generado duras críticas del PSPV y de Compromís al propio edil ultra y a la alcaldesa de València, María José Catalá (PP).

Como ha informado este miércoles elDiario.es, los presupuestos del COGITI consultados por esta redacción establecen diversas cuantías en el apartado de desembolsos dedicados a “asesorías y gastos judiciales”, cuya cuantía total fue de 53.285 euros en 2024, 60.200 euros en 2025 y 59.100 euros en 2026.

Así, dentro de esta cuantía, es la referida a “asesoría jurídica” la que más se puede asemejar al servicio que el propio colegio anunció en su página web el colegio cuando contrató al gabinete del concejal, que ascendió a 16.000 euros en 2024, y pasó a 25.000 euros en 2025 y 2026 .

Gosálbez, suscribió en febrero de 2025 a través de su despacho de abogado un contrato de asistencia jurídica con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia (COGITI) a pesar de tener dedicación exclusiva como concejal con un sueldo de 85.277 euros brutos anuales. Una vinculación de la que no informó y que fue destapada por elDiario.es.  Para hacerlo posible, el pleno municipal de diciembre de 2023 le aprobó una compatibilidad para desempeñar la función de abogado como una actividad supuestamente marginal. 

Al respecto, desde Compromís València han asegurado que van a exigir al regidor Gosàlbez que inscriba el contrato que tiene subscrito con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales en la declaración de bienes y actividades que todos los cargos públicos tienen que renovar durante el próximo mes de diciembre.

“Tal y como ya han manifestado el Secretario General y del Pleno, que certificó que se tienen que inscribir todas las actividades económicas, como el Síndic de Greuges que ya ha recomendado al propio portavoz de Vox que aporte el contenido del referido contrato para que la oposición y la corporación puedan conocerlo, Gosàlbez tiene que aportar la información necesaria a fin de poder acreditar que efectivamente desarrolla una actividad privada en los términos legales para la que fue autorizado por el plenario municipal”, ha advertido el concejal valencianista Ferran Puchades.

El edil de Compromís ha exigido a Català que inste a su regidor delegado a que dé a conocer el contrato y las remuneraciones que recibe por la actividad de asesoría jurídica especializada en urbanismo que Gosàlbez está prestando en el Colegio de Ingenieros Industriales. Para Puchades, esta nueva información sobre la posible remuneración que obtiene “pone negro sobre blanco la burla a la que están sometiendo Gosàlbez y Català a la ciudadanía, gastando recursos públicos y utilizando las instituciones para llenarse los bolsillos”.

Por su parte, el portavoz municipal del PSPV, Borja Sanjuan, ha puesto de relieve que Gosálbez es miembro de la comisión de urbanismo del Ayuntamiento de València y que podría estar cobrando 25.000 euros del Colegio de Ingenieros por dar asesoría urbanística. Así, ha cuestionado que pueda percibir ingresos privados por asesorar en asuntos sobre los que tiene información privilegiada y capacidad para tomar decisiones públicas.

Sanjuan ha advertido de que esta situación resulta especialmente grave en un momento en el que la ciudad de València atraviesa un drama con la vivienda y ha criticado que quienes forman parte de la comisión de urbanismo y vivienda puedan estar obteniendo ingresos por asesorar en materias relacionadas con las decisiones que deben adoptar desde sus responsabilidades públicas.

“Acabamos de conocer que un concejal miembro de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València podría estar cobrando 25.000 euros del Colegio de Ingenieros por dar asesoría urbanística. Es decir, por asesorar en temas en los que tiene una información privilegiada y sobre los que puede tomar decisiones públicas”, ha señalado.

Sanjuan ha criticado que esta situación se produzca precisamente mientras la ciudad afronta un problema de vivienda que está dificultando el acceso a un hogar para muchos vecinos y vecinas. A su juicio, existe una contradicción entre las necesidades de la ciudadanía y los intereses económicos que pueden rodear a quienes tienen capacidad de decisión en materia urbanística.

La majoria absoluta del PP al Senat li ha permés, en la legislatura que s'ha tancat aquest dilluns, fer una tasca d'oposició al Govern que li ha donat grans resultats. Comissions d'investigació sobre tots els escàndols que afectaven el PSOE, una comissió partidista sobre la dana per a colpejar el Govern en contra del criteri de la jutgessa instructora i de la realitat dels fets, o tombar lleis clau que havien de tornar al Congrés. “Cal acabar amb el corró del PP al Senat”, recorda un històric alt càrrec socialista del Govern del Botànic.

I és en això en què treballen des de fa mesos importants excàrrecs del Govern del Botànic, la suma de les esquerres del PSPV-PSOE, Compromís i Podem que va governar la Comunitat Valenciana entre 2015 i 2023: intentar acabar amb aquesta hegemonia del PP en les tres províncies valencianes. El 2023, els populars van aconseguir huit escons a la Cambra Alta, mentre que els socialistes en van obtindre quatre. Amb poc més del 30% dels vots, els conservadors van aconseguir el 66% dels representants. Amb l'avançament electoral, els impulsors d'aquesta gran “entesa” hauran de córrer.

Una de les persones de Compromís i una altra dels socialistes que estan teixint aquest acord asseguren que una estratègia conjunta podria donar a l'esquerra nou senadors; tres serien per al PP i Vox es quedaria sense cap. Les llistes obertes permetrien incloure noms d'independents coneguts que podrien ajudar a facilitar l'acord i ampliar l'espai, afigen.

En les converses entre aquests veterans de la demoscòpia valenciana també han participat enviats de les direccions del PSPV-PSOE i Compromís, que no veuen malament la jugada perquè “el PP ha pervertit la institució”, però que també tenen algunes reticències. Per part dels socialistes, posen com a condició que aniran en una coalició amb la resta de partits si Ferraz ho proposa per a tot Espanya. L'any 2016, l'equip de Ximo Puig ja va intentar aquesta operació, però Pedro Sánchez s'hi va negar en redó.

Per la seua banda, des de la coalició també veuen amb bons ulls la proposta perquè el 2023 no van aconseguir cap senador per elecció directa, però consideren que associar-se a la marca PSOE els pot “desgastar”. “Són competidors nostres per al Congrés i ho seran encara més de cara a les eleccions autonòmiques de maig de l'any que ve”, argumenten.

De moment, els contactes d'aquests antics càrrecs, amb la supervisió de les direccions, han preparat el terreny. Però amb la convocatòria electoral ha arribat l'hora de la veritat. D'ací a 10 dies, el 16 d'octubre, s'han de presentar les coalicions electorals. Per a posar els noms dels possibles senadors i senadores hi hauria més temps, en concret, fins al 26 d'octubre.

La mayoría absoluta del PP en el Senado le ha permitido, en la legislatura que se ha cerrado este lunes, realizar una tarea de oposición al Gobierno que le ha dado grandes resultados. Comisiones de investigación de todos los escándalos que afectaban al PSOE, una partidista comisión sobre la dana para vapulear al Gobierno en contra del criterio de la jueza instructora y de la realidad de los hechos, o tumbar leyes clave que tenían que regresar al Congreso. “Hay que acabar con el rodillo del PP en el Senado”, recuerda un histórico alto cargo socialista del Gobierno del Botànic.

Y es en eso en lo que están desde hace meses importantes excargos del Gobierno del Botànic, la suma de las izquierdas de PSPV-PSOE, Compromís y Podemos que gobernó la Comunitat Valenciana entre 2015 y 2023: en intentar acabar con esa hegemonía del PP en las tres provincias valencianas. En 2023, los populares consiguieron ocho escaños en la Cámara Alta, mientras los socialistas tuvieron cuatro. Con poco más del 30% de los votos, los conservadores consiguieron el 66% de los representantes. Con el adelanto electoral, los impulsores de esta gran “entesa” tendrán que correr.

Una de las personas de Compromís y otra de los socialistas que están muñiendo este acuerdo aseguran que una estrategia conjunta podría reportar a la izquierda nueve senadores; tres serían para el PP y Vox se quedaría sin ninguno. Las listas abiertas permitirían incluir nombres de independientes conocidos que podrían ayudar a facilitar el acuerdo y ampliar el espacio, añaden.

En las conversaciones entre estos veteranos de la demoscopia valenciana también han participado enviados de las direcciones de PSPV-PSOE y Compromís, que no ven mal la jugada porque “el PP ha pervertido la institución”, pero que también tienen algunos reparos. Por parte de los socialistas, ponen como condición que irán en una coalición con los demás partidos si Ferraz lo propone para toda España. En el año 2016, el equipo de Ximo Puig ya intentó esta operación, pero Pedro Sánchez se negó en redondo.

Por su parte, desde la coalición ven también con buenos ojos la propuesta porque en 2023 no consiguieron ningún senador por elección directa, pero consideran que asociarse a la marca PSOE les puede “desgastar”. “Son competidores nuestros para el Congreso y lo van a ser aún más para las elecciones autonómicas de mayo del año que viene”, argumentan.

De momento, los contactos de estos antiguos cargos, con la supervisión de las direcciones, han preparado el terreno. Pero con la convocatoria electoral ha llegado la hora de la verdad. En 10 días, el 16 de octubre, se tienen que presentar las coaliciones electorales. Para poner los nombres de los posibles senadores y senadoras habría más tiempo, en concreto, hasta el 26 de octubre.

A nivel de todo el Estado, el grupo Senadores y Senadoras por la Democracia ha lanzado una página web para reunir apoyos y conseguir alianzas en la izquierda que consigan una mayoría progresista en la Cámara Alta. Entre los impulsores están Cristina Almeida, Santiago Alba Rico, Carlos Berzosa, María José Capellín, Enrique del Olmo, Gloria Elizo, Bruno Estrada, Gabriel Flores, Juan Antonio Gimeno, Pedro González de Molina, Javier Pérez Royo, María José Pintor, Fernando Magro, Elena Martín, Cristina Monge, Jesús Montero, Ignacio Muro, Marta Nebot, Inocencia Soria, Marina Subirats, Enrique Tordesillas y Juan Torres.

La modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València podría abrir una ventana legal para la reapertura del hotel Sidi Saler, ubicado en pleno Parque Natural de l'Albufera, tal y como ha avanzado este lunes elDiarii.es.

Al respecto, tanto Compromís como el PSPV han cargado contra la alcaldesa de València, María José Catalá, al considerar que estos cambios legales se han hecho por la puerta de atrás, sin dar explicaciones públicas, para facilitar que el recinto hotelero de lujo pueda volver a abrir sus puertas.

En esta línea, la portavoz municipal de los valencianistas, Papi Robles, ha denunciado que “Catalá permitirá la reapertura del Sidi Saler cambiando las reglas del juego por la puerta trasera, a través de una modificación del PGOU a la que nos hemos opuesto por activa y por pasiva” y ha añadido: “Hay dos sentencias que avalan que ese edificio está fuera de ordenación, que tiene seis plantas cuando el planeamiento permite dos y que atenta contra el Parc Natural de l'Albufera. Ante eso, el gobierno de PP y Vox no ha elegido cumplir la justicia, sino reescribir la normativa para que la justicia no le sirva de nada. Catalá será responsable de este atentado ecológico si saca adelante esta barbaridad”.

Robles ha destacado que “en la propuesta que se expuso al público en octubre del año pasado, un edificio con exceso de volumen que atentara contra un espacio natural protegido quedaba fuera de ordenación; en la versión de julio, el exceso de volumen ha desaparecido, justo el concepto que sostiene las sentencias. Y de paso, donde antes solo se podía mantener el edificio, ahora se abre la puerta a hacer obras de consolidación. Es un traje hecho a medida”, ha sentenciado.

Según Robles, “que lo hagan precisamente ahora, cuando una empresa ha comprado un derecho sobre el inmueble para resucitarlo, que cada uno saque sus conclusiones. Y que lo tramiten sin decírselo a nadie, mientras dicen que quieren un 'hotel sostenible', dice mucho de cómo entiende Catalá la transparencia. No hay nada de sostenible en un edificio de seis plantas plantado encima del cordón dunar”.

La concejala socialista en el Ayuntamiento de València, Elisa Valía, ha denunciado que María José Catalá ha aprobado de forma opaca unas nuevas normas urbanísticas para favorecer que el antiguo Sidi Saler pueda volver a funcionar como hotel de lujo, y ha acusado a la alcaldesa de priorizar los intereses del turismo y la especulación inmobiliaria incluso en pleno parque natural de la Albufera.

Valía ha señalado que la actuación del gobierno de Catalá demuestra cuáles son sus prioridades y ha criticado que la alcaldesa no haya planteado ninguna alternativa para que la recuperación del edificio pueda destinarse a un servicio público que aporte valor a la sociedad valenciana.

Por su parte, la concejala del PSPV, Elisa Valía, ha criticado que “la única ocupación y preocupación de María José Catalá es llenarnos la ciudad de turistas y de especulación inmobiliaria y ni siquiera que la Albufera sea un Parque Natural protegido va a frenarla en su entrega a estos dos sectores de actividad económica que no aportan valor añadido a la ciudad y que están destrozando la convivencia de nuestros barrios y ahora también nuestro tesoro más absoluto que es el parque natural de la Albufera. Desde que llegó no ha trabajado en otra cosa. Está vendiendo la ciudad trozo a trozo y ahora también quiere entregar las llaves de nuestro parque natural al turismo”.

La concejala socialista ha criticado que la alcaldesa haya centrado sus esfuerzos en conseguir que el Sidi Saler vuelva a ser un hotel. “Su única obsesión es cambiar las normas urbanísticas para que el hotel Sidi Saler pueda volver a ser un hotel. Ni siquiera se ha planteado que la recuperación de este edificio pudiera ser para un servicio público que aporte algo a la sociedad valenciana”, ha señalado.

Valía ha cuestionado que el gobierno municipal apueste única y exclusivamente por recuperar el uso hotelero del edificio en lugar de plantear otras alternativas. “Única y exclusivamente se ha dedicado a trabajar para que el hotel Sidi Saler vuelva a ser un hotel de lujo y le dan igual las sentencias que haya en contra y le da igual la importancia medioambiental que tiene el parque natural y le da igual el potencial de la Albufera para protegernos del cambio climático”, ha denunciado.

El adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desatado un auténtico terremoto político con todo tipo de reacciones de las diferentes formaciones.

Una de ellas con peso específico en la Comunitat Valenciana y con representación el actual ejecutivo central, al estar integrado en Sumar, es Compromís, cuyo portavoz en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, se ha pronunciado sobre el papel de la coalición valencianista en los comicios que tendrán lugar el próximo 29 de noviembre y sobre la posibilidad de su entrada en Frente Amplio, la plataforma a la izquierda del PSOE que se conforma para concurrir al proceso electoral.

Baldoví ha condicionado una eventual entrada de Compromís a este nuevo proyecto a que la marca valenciana tenga protagonismo a nivel de agenda valenciana de reivindicaciones y de representantes y que esté presente en la papeleta la marca de la formación, tal y como sucedió en las pasadas generales cuando el nombre de la marca fue Compromís-Sumar.

“Compromís debe aparecer, las marcas que están trabajando en el territorio desde hace tiempo, que somos la oposición al Gobierno del Partido Popular y de Vox somos las marcas que ahora mismo, y lo hemos visto en los ciclos electorales recientes, despertamos ilusión. Nosotros no improvisamos, llevamos tiempo aquí y decimos con toda generosidad que debe ser una marca de aquí para llegar allí”, ha dicho Baldoví.

El síndic valencianista ha descartado que Compromís vaya a participar en las reuniones que está desarrollando Frente Amplio para lanzar su propuesta electoral: “Con toda rotundidad, no vamos a estar en esas reuniones, no estamos en esas reuniones e insistimos, queremos construir desde aquí, desde el territorio valenciano una marca que ayude a conseguir una mayoría social progresista en el Congreso pero hecha desde aquí”.

Baldoví ha insistido en que apuestan por una marca “valiente, valenciana, hecha aquí en la que evidentemente puedan participar otras opciones, pero hecha desde aquí, no desde Madrid”.

Sobre el adelanto electoral ha comentado que “hay una mayoría social en la calle que pedía medidas valientes dentro del Congreso”, en el que ha habido “un partido que ha tardado ocho años en presentar esas medidas de mínimos, pero ha habido también una derecha que las ha tumbado todas”. Por lo tanto, ha explicado que encaran este nuevo reto “con valentía, con valenciaía para conseguir que la vivienda sea un derecho reconocido en la Constitución que llegue a todo el mundo”.

Vicent Marzà, eurodiputat de Compromís i coordinador dels Verds Europeus a la Comissió de Comerç Internacional, ha complit dos anys al Parlament Europeu. En aquest temps ha centrat bona part de la seua activitat en la defensa dels interessos dels sectors productius valencians, però també en qüestions com l’habitatge on és vicepresident de la comissió que aborda el tema, les relacions comercials amb tercers països o la dependència tecnològica europea. L’acord amb l’Índia, Mercosur, les relacions amb el Marroc, l’arròs o el sector ceràmic han sigut alguns dels seus fronts de treball.

Estàs a punt de complir dos anys com a eurodiputat. Quin balanç fas d’aquest període?

Hem treballat defensant tots els sectors valencians i intentant fer compatible aquesta defensa territorial amb la sostenibilitat, la reducció d’emissions i la generació de llocs de treball. En aquest sentit, hem estat molt centrats en sectors com el taulell, l’agricultura o el transport.

El taulell és un dels sectors que més està patint la transició energètica. Què demaneu a Europa?

El sector està preparat per fer un canvi tecnològic. Ja existeix una alternativa, que és l’electrificació, però no es pot aplicar immediatament perquè no hi ha prou xarxa elèctrica. I no és possible crear-la en dos, tres, quatre o cinc anys. Per tant, mentre no arribe aquesta solució tecnològica, no podem exigir un esforç que destruïsca llocs de treball. El sector necessita més temps i més ajudes directes per a l’electrificació i la reducció d’emissions. I, a més, hi ha una oportunitat industrial valenciana. Els primers que han fet un forn 100% elèctric per a la ceràmica són una empresa valenciana. Això podria generar també més llocs de treball en la fabricació d’aquests forns. Hem aconseguit alguns avanços perquè la modificació del mercat d’emissions no siga tan dura com estava plantejada inicialment. No és el 100% del que volem, però hem obert la porta perquè no siga el que s’havia plantejat fins ara.

En l’acord comercial amb l’Índia heu aconseguit que l’arròs quede fora. Per què era tan important?

Va ser una de les meues obsessions des del primer dia. Quan em vaig reunir amb el negociador de l’acord amb l’Índia, li vaig plantejar dues qüestions: la protecció de la indústria i de l’agricultura i, en concret, l’arròs. Vaig defensar que l’arròs quedara fora sí o sí de l’acord comercial i ho hem aconseguit. Per tant, no entrarà arròs de l’Índia que inunde encara més el mercat europeu i afone encara més l’arròs valencià.

També heu denunciat problemes amb l’etiquetatge de l’arròs.

Hi ha hagut un engany total i directe. La normativa europea regula aquesta qüestió i vam acompanyar els representants de la Unió de Llauradors perquè es reuniren amb els responsables de la Comissió. Ens van assegurar que, amb la normativa actual, és clarament il·legal el que s’està fent perquè porta a engany els consumidors. A partir d’això vam parlar amb el Ministeri de Consum, que ha obert expedient a la Generalitat Valenciana perquè investigue els casos en què s’està etiquetant l’arròs d’una manera que pot enganyar els consumidors.

En la normativa sobre els drets dels passatgers heu aconseguit també alguns avanços. Quins?

Hem aconseguit que ja no puguen enganyar-nos amb el preu. El preu que es mostre per defecte haurà d’incloure la maleta, de manera que es puguen comparar realment els preus. També hem aconseguit que les famílies puguen seure juntes. El model de negoci que consisteix a separar les famílies i cobrar per asseure’s juntes s’ha acabat. I les persones que necessiten acompanyant, com les persones amb mobilitat reduïda o les persones cegues, podran tindre’l gratuïtament. També hem avançat en les indemnitzacions. Crec que és una bona mostra de la capacitat de defensar els drets de la ciutadania per davant dels beneficis d’algunes aerolínies.

Mercosur és un dels grans assumptes pendents. Per què us oposeu a l’acord?

Nosaltres hem estat en contra de l’acord amb Mercosur des de l’inici, sobretot per l’afectació al camp valencià, però també a altres sectors. Cinc eurodiputats de diferents grups vam iniciar un procediment perquè la justícia es pronuncie sobre si aquest acord és legal i compleix els requisits que ha de complir. Hem aconseguit que la majoria done suport a portar-lo davant del Tribunal. Nosaltres pensem que no compleix la normativa i, a banda de les raons de contingut, com la falta de clàusules de reciprocitat o de mecanismes que obliguen al compliment en qüestions com la desforestació, els drets humans o la competència deslleial, pensem que també és il·legal. Ara la justícia s’ha de pronunciar.

Un altre dels teus fronts és el Sàhara i les relacions entre la Unió Europea i el Marroc. Què plantegeu?

Estem impulsant que se suspenga l’acord d’associació i l’acord comercial entre la Unió Europea i el Marroc perquè vulnera una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que assenyalava que s’estaven vulnerant els drets bàsics del poble sahrauí. I també perquè el Marroc no és un soci fiable. La política europea d’externalització de fronteres ens fa més dèbils perquè ens fa dependre de governs autoritaris. Cada vegada destinem més recursos a una política que no resol el problema.

Què hauria de fer Europa amb aquesta política migratòria?

Hem de buscar solucions perquè les persones que ja estan a Europa puguen tindre una integració adequada, un treball i puguen contribuir a l’economia europea. Estem destinant desenes de milers de milions d’euros a una política de fronteres que no té cap efecte, quan una part d’aquests recursos es podria utilitzar per integrar aquestes persones.

Ets també vicepresident de la Comissió d’Habitatge. Què pot fer la Unió Europea davant la crisi que hi ha a Espanya?

La Comissió Europea inicialment no volia que parlàrem d’habitatge perquè deia que no era competència seua. Nosaltres li vam insistir: si parleu de defensa, quan no teniu competències en defensa, per què no podem parlar del principal problema que té la ciutadania treballadora, que és l’habitatge? Hem comprovat que moltes de les mesures que ara es reclamen a Espanya ja s’estan aplicant en altres països de la Unió Europea. Per tant, no es pot dir que siguen il·legals o inviables. Cal acabar amb l’especulació financera sobre l’habitatge i evitar que es puguen comprar habitatges simplement per fer-ne un ús especulatiu. També cal impedir que es destinen habitatges a usos que no siguen residencials quan hi ha persones que no tenen habitatge en aquella zona. I hem de reforçar els drets dels inquilins. En altres llocs d’Europa els contractes són indefinits i no es poden apujar els lloguers d’un dia per l’altre.

I què hauria de fer Europa amb els recursos públics destinats a habitatge?

Hem de construir més habitatge, però habitatge assequible. No necessitem més habitatge de luxe, ni més habitatge per a ús turístic, ni més habitatge per fer negoci. Necessitem més habitatge assequible. Hi ha un pla de la Unió Europea amb més de 60.000 milions d’euros i nosaltres hem posat com a condició que només s’utilitze perquè siga habitatge assequible permanentment. No pot passar com a l’Estat espanyol, que es privatitza al cap de poc de temps.

Parles d’harmonitzar les legislacions europees a l’alça.

Exactament. Hem estudiat allà on funcionen polítiques d’èxit i es poden aplicar a tota Europa. El que exigim a la Comissió Europea és que les harmonitze a l’alça. Hem aconseguit un pas important: la Comissió Europea ha plantejat limitar la compra de segones residències i declarar zones tensionades per actuar sobre els preus del lloguer. No ens agrada com es planteja perquè és una fórmula complicada i serà difícil d’aplicar, però és un primer pas per començar a escoltar la realitat de la gent.

Parlem de la Xina. Quina relació ha de tindre Europa amb el gegant asiàtic, especialment ara que les empreses xineses estan guanyant pes industrial al País Valencià?

Ha de ser una relació directa, sense intermediaris i amb tota la diplomàcia del món, però arribant a acords. Ningú qüestiona que ens hem de desconnectar de Rússia i de la dependència gasística que teníem de Rússia, però poca gent s’està qüestionant que també hem de desconnectar de la dependència que tenim dels Estats Units. Si volem ser actors principals en el món, hem de ser actors propis, relacionar-nos amb tothom d’igual a igual i desenvolupar industrialment el nostre territori. Hem de recuperar les relacions amb la Xina de manera directa, però amb una mirada molt clara: hem de generar més llocs de treball industrials i de major qualitat al nostre territori. Els xinesos porten avantatge perquè fa molt de temps que inverteixen massivament en aquests sectors. Haurem de veure com marquem les condicions per no acabar sent dependents d’ells tampoc.

Per tant, quin és el model que proposes?

No volem dependre ni de la Xina, ni dels Estats Units, ni de Rússia. Hem de ser els europeus els qui decidim el nostre futur. Europa encara té capacitat de lideratge mundial en determinats sectors, però no estem invertint-hi. Necessitem mesures que incentiven la creació d’empreses europees d’alt nivell. Per exemple, soc el ponent de l’alta velocitat ferroviària i he plantejat que no deixem d’invertir en les rodalies, el transport convencional o la mitjana distància per invertir-ho tot en l’AVE. També en això hi ha competitivitat. Tenim una fàbrica molt important al País Valencià, com Stadler, que podria tindre encara més múscul si les institucions europees apostaren per una estratègia ferroviària adequada. Hem d’invertir en indústria ferroviària per no dependre de ningú.

I aquesta autonomia també passa per reduir la dependència tecnològica dels Estats Units?

Sí. El debat públic i l’opinió pública europea estan molt mediatitzats pels interessos tecnològics i comercials de les empreses nord-americanes. Hem d’acabar amb això. Hem de regular les xarxes per evitar que puguen dirigir-nos cap a una opinió o una altra i hem de desenvolupar tecnologia pròpia europea en tots els àmbits. També hem de deixar de dependre dels sistemes de pagament i d’altres infraestructures tecnològiques que estan en mans d’empreses americanes. Necessitem tecnologia europea en tots els àmbits per desconnectar-nos dels Estats Units i del negoci que fan amb les nostres vides. I, al mateix temps, hem de protegir els drets humans, amb els estàndards més alts en drets humans i llibertat d’expressió. Això és Europa: no continuar sotmesos ni als Estats Units ni a cap altra potència.

La negativa del Congreso de los Diputados, con los votos de PP, Vox y Junts, a aprobar este pasado viernes los dos decretos de Vivienda presentados por el Gobierno tiene las calles de España ardiendo y puede acabar con la legislatura si Pedro Sánchez decide este lunes adelantar las elecciones generales. Tras el intento de desahucio de Maricarmen, la crisis de la vivienda ha mostrado su peor cara y ha levantado a cientos de miles de personas que ya apuntan a la política como responsable de su fallida resolución. ¿Quiénes están legislando en los Parlamentos? ¿Qué intereses representan los diputados y diputadas que deben regular este derecho? ¿Y los miembros de los Gobiernos que ejecutan las leyes?

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen competencias en materia de vivienda, aunque el Gobierno también tiene una importante responsabilidad, como se ha demostrado con el impulso de los decretos exprés. De hecho, son los consistorios los que deciden si sus ciudades luchan contra los apartamentos turísticos ilegales y las autonomías las que aplican la Ley de Vivienda. Así, ¿cuántas viviendas tienen los diputados y altos cargos valencianos? La política valenciana ante el espejo de la crisis de la vivienda.

Según dos investigaciones realizadas por elDiario.es a partir de los portales de Transparencia de la Generalitat y de Les Corts, más de 50 diputados y altos cargos declaran entre tres y ocho viviendas en propiedad. Es decir, alrededor del 20% de las personas que forman parte del Gobierno de Pérez Llorca —30 de 154— y aproximadamente una quinta parte de los legisladores de las Corts Valencianes —unos 20 diputados—.

Una quinta parte de Les Corts, con tres o más viviendas

El Parlamento valenciano cuenta con una veintena de diputados que declaran al menos tres viviendas. El grupo es transversal, aunque con una presencia mayoritaria de parlamentarios del PP: doce de los 20 casos, el 60%. Compromís y Vox suman tres casos cada uno y el PSPV, dos. La distribución debe interpretarse teniendo en cuenta el peso de cada formación en la Cámara, donde el PP es el grupo con más diputados y el PSPV, el segundo.

La declaración patrimonial tampoco equivale necesariamente a tener el 100% de cada vivienda. Hay parlamentarios que poseen inmuebles en régimen de copropiedad, otros que declaran porcentajes de propiedad y algunos que figuran como titulares de la nuda propiedad, una situación jurídica que no implica disponer del uso del inmueble.

Aun así, hay declaraciones especialmente extensas. Manuel Pérez Fenoll, del PP, declara el 50% de siete viviendas en Alicante, una de ellas con un valor catastral de 393.110,02 euros, además de otros nueve bienes bajo distintas fórmulas de titularidad. Javier Gutiérrez Martín, también del PP, declara nueve inmuebles, entre ellos seis viviendas en Alicante.

La diputada socialista Laura Soler Azorín declara cinco viviendas en Alicante, todas en pleno dominio. Alejo Font de Mora, del PP, declara una decena de inmuebles, entre ellos cuatro viviendas de las que posee el 100%, además de otras propiedades con participaciones del 50% y el 25%.

El caso de María de los Ángeles Criado González, de Vox, muestra además hasta qué punto estas fotografías pueden cambiar entre declaraciones. En 2023 declaraba siete viviendas en la Comunitat Valenciana —seis de ellas en propiedad plena—, mientras que en su declaración más reciente ya no aparece ninguna vivienda y figura una donación en metálico. Las declaraciones permiten constatar el cambio, pero no explican por sí mismas sus motivos.

También aparecen casos de multipropiedad en Compromís. Joan Baldoví declara cuatro viviendas en Valencia, todas compartidas, mientras que Paula Espinosa declara tres viviendas en Valencia y Albacete, en régimen de nuda propiedad las tres. De ellas una es al 100% y las otras en participaciones menores compartidas con familiares. En el PSPV, María Luisa Navarro declara tres viviendas en Alicante, todas con una participación del 50%.

El mismo patrón se repite en el Consell

La fotografía de los altos cargos de la Generalitat presenta una dimensión similar. De los 154 miembros del Ejecutivo analizados, 30 declaran tres o más viviendas, lo que supone cerca de uno de cada cinco. Si se incorporan garajes, locales, fincas rústicas y otros inmuebles urbanos, el volumen patrimonial declarado aumenta considerablemente.

En la parte superior de esta relación aparece la secretaria autonómica de Igualdad, Asunción Quinzá, que declara la propiedad del 100% de siete viviendas y del 25% de una octava. El director general de Tecnologías de la Información, Javier Balfagón, declara cuatro viviendas (dos en Valencia, un en Cuenca y un en Teruel) y 3 garajes.

El presidente de la Generalitat presenta una particularidad. Juanfran Pérez Llorca no declara viviendas a título personal, pero sí participa en una empresa familiar que tiene ocho pisos. Las participaciones en esa sociedad aparecen en su declaración patrimonial. Es decir, la fotografía cambia cuando se mira exclusivamente la titularidad directa o cuando se incorporan las propiedades de sociedades participadas por los cargos.

También destacan Inés Sánchez Lázaro, directora general de la Abogacía, con cinco viviendas en distintos porcentajes, y Luis Gómez, director general de Medio Natural, con cinco viviendas en propiedad plena, además de cuatro garajes y seis inmuebles rústicos. Bartolomé Pérez Gálvez, director general de Salud Mental, declara el 50% de cinco viviendas en Valencia y Alicante. La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, declara otras cinco viviendas bajo diferentes porcentajes de titularidad.

Entre los siete altos cargos que declaran cuatro viviendas aparece el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, con tres inmuebles al 100% y otro al 50%. La subsecretaria de Hacienda, Alida Consuelo Mas, declara cuatro viviendas al 100% en València, mientras que la directora general de Tributos, Inmaculada Domínguez, declara cuatro viviendas con participaciones del 50% y el 20%.

Y entre quienes declaran tres viviendas aparecen también varios miembros del propio Consell. El conseller de Agricultura y portavoz, Miguel Barrachina, declara tres viviendas y, además, 21 inmuebles rústicos. El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, posee el 50% de tres viviendas, mientras que Vicente Martínez Mus, responsable de Medio Ambiente, declara tres viviendas con diferentes porcentajes de titularidad. La consellera de Educación, María del Carmen Ortí, también figura entre los altos cargos con tres viviendas.

La vivienda, entre el discurso político y el patrimonio privado

La cuestión adquiere especial relevancia porque la vivienda ocupa un lugar central en la agenda política española y valenciana. El Ejecutivo del PP ha defendido en los últimos años medidas fiscales relacionadas con la propiedad y las transmisiones patrimoniales. Durante el anterior Consell de PP y Vox se aprobó una bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones y, posteriormente, se elevó el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio de 500.000 a un millón de euros.

Los gobierno de Carlos Mazón y Pérez Llorca decidieron no aplicar los aspectos clave de la Ley de Vivienda estatal, como la limitación de los precios del alquiler y la declaración de zonas tensionadas.

La coalición Compromís critica que el Ayuntamiento de València recurra constantemente a la iniciativa privada para acompeter mejoras en el Jardín del Túria; no por los proyectos en sí, sino por considerar que el consistorio apenas “da el visto bueno” en actuaciones que aparecen con cuentagotas.

“El recuento es elocuente”, considera la coalición en un comunicado remitido tras la comisión de Patrimonio, que aprobará un nuevo convenio entre una firma del grupo Pavasal y el Ayuntamiento para construir un parque infantil por valor de 300.000 euros. El proyecto, como ha informado elDiario.es, es una donación de la mercantil, adjudicataria de grandes obras en la ciudad, según informan fuentes municipales.

El proyecto llega después de que el IVO se encargue, por 1,5 millones, de un nuevo parque Gulliver en miniatura como contrapartida por la ampliación de sus instalaciones sobre una zona verde que pierde el barrio de Tendetes, y la Fundació Trinidad Alfonso se encargará de la iluminación de los 17 puentes, además de la ampliación del carril running del río. “Ninguna de las cuatro iniciativas nace del gobierno de PP y Vox”, señalan los valencianistas.

La coalición constata la “clara intención” del gobierno de Catalá de privatizar el Jardí del Túria, un jardín que nació gracias a la lucha ciudadana y que ahora quiere resignificar. “El gobierno ha anunciado un contrato de gestión integral de más de 35 millones de euros para cinco años, que incluye limpieza, mantenimiento, reposición de mobiliario y juegos infantiles, y vigilancia. Pero todavía estamos esperando los pliegos de la licitación. Mucho titular, mucha foto y mucho render, y muy poco trabajo real, esa es la realidad”, denuncia Papi Robles. Los trabajadores del organismo autónomo se oponen a esta privatización, tal como ha venido explicando elDiario.es.

Compromñis se manifiesta “en contra de esta privatización, por eso con Mónica Oltra reimpulsaremos la gestión pública frente a las concesiones privadas. El Jardí del Túria es de la gente de València, y la iniciativa pública debería ser su seña de identidad”, añade la portavoz.

Papi Robles recuerda el largo historial del PP en los tribunales por la financiación irregular a través de contratistas. “No nos fiamos de Catalá, del PP ni de Vox. Están todos cortados por el mismo patrón. Por sus hechos los conocerás y cuando el PP recibe 'donaciones', hay que echarse a temblar”, advierte la portavoz de Compromís.

La segona sessió del debat de política general que se celebra aquest dimecres a les Corts Valencianes abordarà i votarà totes les propostes presentades pels diversos grups parlamentaris, entre les quals destaquen les referides a l'expresident Carlos Mazón.

En concret, tant Compromís com el PSPV han proposat que se li retire l'acta de diputat, cosa que comportaria la pèrdua del seu aforament i de la protecció que implica davant la instrucció judicial sobre la gestió de la dana que es desenvolupa al jutjat de Catarroja. D'aquesta manera, tant el PP com Vox hauran de retratar-se, sobretot davant les víctimes, que han exigit en repetides ocasions que l'excap del Consell abandone tot càrrec públic i acudisca a declarar al jutjat.

Els partits d'esquerres també han proposat que faça públics els seus missatges de WhatsApp del dia de la dana. La jutgessa els hi ha sol·licitat, encara que de manera voluntària, i fins ara Mazón ha declinat aquesta opció. També serà una qüestió sobre la qual populars i ultradretans hauran de posicionar-se en un sentit o un altre.

També per part del grup socialista es proposa que la Generalitat Valenciana organitze un acte institucional d'“homenatge, reparació i justícia en memòria de les víctimes de la dana”.

El PSPV exigeix l'adquisició dels HPO d'Alacant

El síndic socialista, José Muñoz, ha indicat que demanaran que el PP faça força perquè tire avant el 'decret Maricarmen', limite el preu del lloguer, recupere els habitatges de les Naus adjudicats de manera irregular, que els habitatges de protecció oficial tinguen aquesta qualificació de manera permanent o impedisca l'entrada de 'fons voltor' a la Comunitat Valenciana.

També exigiran que es facen públics els dossiers amb “sospites de corrupció” d'alts càrrecs o que es reprovara Vicent Mompó per les seues “paraules masclistes” contra Morant.

En matèria de finançament autonòmic, els socialistes demanaran que s'aprove la reforma del sistema de finançament del Govern, que permetria 3.669 milions d'euros addicionals anuals per a la Comunitat Valenciana, mentre que també reclamen paralitzar la llei del Sòl que el Consell ha enviat a les Corts.

Les propostes de Compromís

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha destacat que les seues propostes mantenen “les tres reivindicacions històriques de finançament, fons d'anivellament i deute històric”, a més d'aprofundir en “un nou model d'emergències”.

Així mateix, inclouen propostes per a reduir la llista d'espera en sanitat, prohibir la compra especulativa d'habitatge per fons voltor, promoure la gratuïtat del transport públic per als joves, recuperar el pla Edificant, establir la taxa turística, firmar un nou pacte contra la violència masclista i recuperar els drets LGTBI.

El PP demana negociar el finançament amb totes les comunitats

El síndic del PP, Nando Pastor, ha explicat que les seues propostes reuneixen “tot el que Pedro Sánchez deu als valencians”, com negociar el model de finançament amb totes les comunitats en la Conferència de Presidents, un fons transitori d'anivellament, un FLA extraordinari i incorporar el criteri poblacional a les inversions de l'Estat.

El PP demana derogar la llei d'habitatge i impulsar canvis normatius que donen més seguretat jurídica als propietaris d'habitatges per a incentivar l'increment de l'oferta de pisos de lloguer a la Comunitat Valenciana, mentre que Pastor ha afirmat que per als socialistes l'habitatge “sempre ha sigut un eslògan i estar darrere d'una pancarta”.

“Tenim Ximo Puig que viu en un magnífic pis de luxe a París pagat per tots els espanyols”, Diana Morant “fa el mateix a Madrid amb un altre de quasi 300 metres”, per no recordar el que feia Ábalos amb “els pisos per a les seues amigues”, ha afirmat el síndic del PP, qui ha reivindicat que el Consell “ha posat 6.000 habitatges damunt la taula”.

Vox insisteix en la immigració

El síndic de Vox, José María Llanos, ha destacat de les seues propostes les que fan referència a la “immigració il·legal massiva, descontrolada, fomentada i avalada per les polítiques de fronteres obertes” del Govern, i “al col·lapse” dels serveis públics a conseqüència d'aquesta immigració.

Sobre l'habitatge, ha indicat que defensen “la prioritat nacional” en l'accés a l'habitatge públic i a les ajudes socials, i proposen mesures com la liberalització de sòl, la reducció dràstica de l'impost sobre béns immobles o la protecció de la propietat privada.

La segunda sesión del debate de política general que se celebra este miércoles en las Corts Valencianes abordará y votará todas las propuestas presentadas por los diversos grupos parlamentarios, destacando las referidas al expresidente Carlos Mazón.

En concreto, tanto Compromís como el PSPV han propuesto que se le quite el acta de diputado, lo que conllevaría la pérdida de su aforamiento y de la protección que conlleva ante la instrucción judicial sobre la gestión de la dana que se desarrolla en el juzgado de Catarroja. De esta forma, tanto el PP como Vox deberán retratarse sobre todo ante las víctimas, que han exigido en repetidas ocasiones que el exjefe del Consell abandone todo cargo público y acuda a declarar al juzgado.

Los partidos de izquierdas también han propuesto que haga públicos sus mensajes de Whatsapp del día de la dana. La jueza se los ha solicitado aunque de forma voluntaria y hasta el momento Mazón ha declinado esta opción. También será algo sobre lo que populares y ultras deberán descararse en un sentido u otro.

También por parte del grupo socialista se propone que la Generalitat Valenciana organice un acto institucional de “homenaje, reparación y justicia en memoria de las víctimas de la dana”.

El PSPV exige la adquisición de las VPO de Alicante

El síndic socialista, José Muñoz, ha indicado que van a pedir que el PP haga fuerza para que salga adelante el 'decreto Maricarmen', limite el precio del alquiler, recupere las viviendas de les Naus adjudicadas de manera regular, que las viviendas de protección oficial tengan esa calificación permanente o impida 'fondos buitre' en la Comunitat.

También exigirán que se hagan públicos los dosiers con “sospechas de corrupción” de altos cargos o se repruebe a Vicent Mompó por sus “palabras machistas” contra Morant.

En materia de financiación autonómica, los socialistas pedirán que se apruebe la reforma del sistema de financiación del Gobierno, que permitiría 3.669 millones de euros adicionales anuales para la Comunitat Valenciana, mientras que también reclaman paralizar la ley del Suelo que el Consell ha enviado a Les Corts.

Las propuestas de Compromís

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha destacado que sus propuestas mantienen “las tres reivindicaciones históricas de financiación, fondo de nivelación y deuda histórica”, además de profundizar en “un nuevo modelo de emergencias”.

Asimismo, incluyen propuestas para reducir la lista espera en sanidad, prohibir la compra especulativa de vivienda por fondos buitre, promover la gratuidad del transporte público para jóvenes, recuperar el plan Edificant, establecer la tasa turística, firmar un nuevo pacto contra la violencia machista y recuperar los derechos LGTBi.

El PP pide negociar la financiación con todas las comunidades

El síndic de PP, Nando Pastor, ha explicado que sus propuestas reúnen “todo lo que Pedro Sánchez debe a los valencianos”, como negociar el modelo de financiación con todas las comunidades en la Conferencia de presidentes, un fondo transitorio de nivelación, un FLA extraordinario e incorporar el criterio poblacional a las inversiones del Estado.

El PP pide derogar la ley de vivienda e impulsar cambios normativos que den mayor seguridad jurídica a los propietarios de viviendas para incentivar el incremento de la oferta de viviendas en alquiler en la Comunitat, mientras que Pastor ha afirmado que para los socialistas la vivienda “siempre ha sido un eslogan y estar detrás de una pancarta”.

“Tenemos a Ximo Puig que vive en un magnífico pisazo en París pagado por todos los españoles”, Diana Morant “hace lo propio en Madrid con otro pisazo de casi 300 metros”, por no recordar lo que hacía Ábalos con “los pisos para sus amigas”, ha afirmado el síndic del PP, quien ha reivindicado que el Consell “ha puesto 6.000 viviendas sobre el tapete”.

Vox insiste en la inmigración

El síndic de Vox, José María Llanos, ha destacado de sus propuestas las que hacen referencia a la “inmigración ilegal masiva, descontrolada, fomentada y apoyada por las políticas de fronteras abiertas” del Gobierno, y “al colapso” de los servicios públicos como consecuencia de esa inmigración.

Sobre la vivienda, ha indicado que defienden “la prioridad nacional” en el acceso a la vivienda pública y las ayudas sociales, y proponen medidas como la liberalización de suelo, la reducción drástica de impuesto sobre bienes inmuebles o la protección de la propiedad privada.

El portavoz de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, se ha pronunciado este lunes sobre el discurso del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, en el debate de política general que celebra en las Corts.

En concreto, Baldoví ha considerado que el jefe del Consell ha protagonizado “un discurso gris con dos realidades, la virtual que está en la cabeza de Pérez Llorca y la realidad que está en la calle, en un ambulatorio o en las aulas que no tiene nada que ver con la realidad que ha pintado”.

Además, ha comentado que ha visto a Pérez Llorca “débil, nervioso y obsesionado con Compromís” al tiempo que ha lamentado que en las dos horas de intervención en las “que ha intentado agradar a Feijóo” ha habido una cosa que no ha salido: “El dosier que está en la calle Génova donde se habla de corrupción y que tiene recorrido penal. Querríamos que todos los valencianos pudieran conocer el contenido de ese dosier que está encima de la mesa de la calle Génova y que impide que Feijóo lo designe como candidato a presidir la Generalitat”, un dosier destapado por elDiario.es y que la dirección nacional ha negado poseer.

Ya en su intervención en el debate de política general, Baldoví, ha acusado al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de no estar a la altura del cargo al que accedió hace diez meses, en los que, a su juicio, ha estado “arrodillado ante Vox” y “arrastrándose” ante el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El síndic de Compromís ha afirmado que Pérez Llorca no merece ser president desde que decidió mantener como diputado a su antecesor en el cargo, Carlos Mazón; “enchufar” a su pareja en la Diputación de Valencia y renunciar a 3.700 millones de la financiación.

“Somos un pueblo digno, a diferencia de los que nos gobiernan”, ha afirmado Baldoví, quien ha afirmado que “el cambio es posible” y ha reiterado los diez compromisos y 50 propuestas planteados en anteriores debates, al tiempo que ha retado a convocar elecciones “si tenéis cojones”, ha dicho.

El Ayuntamiento de València pagará más de 400.000 euros al Roig Arena por el acto de elección de las Falleras Mayores y la Corte de Honor de este 2027. El coste del acto, celebrado este sábado en el nuevo recinto emblemático de la ciudad, ha generado suspicacias en Compromís, dado que triplica el importe de años anteriores.

Los valencianistas ya denunciaron el viernes el montante de una gala de 3 horas, que consideran totalmente desproporcionado, e insisten en que hay otros recintos en la ciudad de titularidad municipal que pueden albergar esta gala de forma más austera. Y no son los únicos que cuestionan la elección y el coste. Este domingo, Compromís ha señalado que un informe de la Intervención municipal reclama al consistorio más explicaciones sobre el contrato, aunque el órgano de control ha dado su conformidad a la fiscalización. El documento es del 22 de septiembre, cinco días antes de la gala.

Según el documento, consultado por elDiario.es, la Intervención añade observaciones al proceso y reclama la “justificación de la especial idoneidad del Roig Arena para la realización de la actividad”, mediante un informe o estudio de mercado que “permita acreditar y documentar, de forma suficiente, las alternativas razonablemente disponibles, la adecuación de las instalaciones a las necesidades de la actividad, la disponibilidad de fechas y las condiciones económicas aplicables, así como las circunstancias que, en su caso, determinen la elección de dicho recinto frente a otras alternativas”.

Asimismo, la Intervención apunta que en el contrato, que se suscribe como un alquiler del espacio, hay servicios que superan la mitad del valor del contrato, una “circunstancia [que] deberá tenerse en cuenta en futuras contrataciones de naturaleza análoga, a efectos de valorar globalmente las prestaciones vinculadas a la celebración del evento”. Según los valencianistas, esto implicaría que debería gestionarse como un contrato de servicios y salir a concurso público, en lugar de adjudicarse directamente,

La coalición Compromís exigirá al gobierno de María José Catalá que justifique el importe global. Los valencianistas recuerdan que el acto se ha celebrado tradicionalmente en el pabellón municipal de La Fonteta sin coste adicional, una opción que además permite licitar la parte técnica. “Intervención nos dice, con todas las letras, que ni siquiera sabemos si esto se va a quedar en 413.000 euros o si va a haber más gasto oculto, como ya pasó el año pasado”, advierte el concejal Pere Fuset.

Desde Compromís apuntan que exigirán también explicaciones al responsable de Fallas, Santiago Ballester, sobre el resto de contratos de la gala, como el artístico, que aun superando los 82.000€ euros, también se adjudicó a dedo pocos días antes de la gala. El presupuesto total del acto acabó triplicando el coste habitual y supone un 11,04% del presupuesto global aprobado por el Ayuntamiento para la Junta Central Fallera, señalan.

La candidata de Compromís al Ayuntamiento de València, Mónica Oltra, llama a sus compañeros de partido a convertir al municipalismo en espacio de “resistencia” y “esperanza” ante las políticas bipartidistas. La exvicepresidenta de la Generalitat ha centrado las jornadas de formación de Iniciativa-Compromís, su partido, en trasladar un mensaje combativo para las próximas elecciones autonómicas y locales.

La dirigente ha asegurado que formaciones como Compromís tienen “más capacidad de gobierno que el bipartidismo” y ha instado a “estar preparados para gobernar”. Oltra ha criticado las acciones del bipartidismo en materia de vivienda y ha expuesto las contradicciones de las últimas semanas, representadas en el caso de Maricarmen, la anciana desahuciada en Madrid por una empresa. “Ahora hablan del desahucio de Maricarmen, pero hace unos días rechazaron y dejaron caer una Proposición de Ley para evitar que las personas jurídicas (empresas) puedan ser titulares de vivienda. Ha quedado demostrado para quién gobierna cada uno”, ha señalado, en referencia a la abstención del PSOE y el voto en contra del PP a una propuesta de Sumar, defendida por el diputado de Compromís Alberto Ibáñez.

Por su parte, el portavoz de Iniciativa-Compromís, Carles Esteve, en la apertura de la jornada ha reivindicado el papel de los municipios como primera línea de la política contra el avance de “la oleada reaccionaria”. “Solo tenemos que ver las candidatas y candidatos con que contamos para estar convencidos de que haremos del municipalismo la resistencia de la esperanza. Ante sus gobiernos del odio y los recortes, nosotros seremos la garantía de los derechos, los servicios públicos y la dignidad de la gente”, ha manifestado. Precisamente este viernes la excoportavoz y exvicepresidenta del Consell Aitana Mas anunció que concurrirá a las municipales en Crevillent para centrarse en el municipalismo.

En la ponencia ‘El municipio como protagonista de la resistencia’, Oltra ha señalado que el fascismo “señala desde sus púlpitos políticos y luego hay quien se cree con el derecho de apalizar”, como ha sucedido en Tavernes de la Valldigna. Este tipo de violencia “que se está normalizando”, ha dicho, “se debe combatir con un discurso y valores humanistas”.

La candidata ha recordado el intento de linchamiento a unas personas en Ceuta “porque les confundieron con miembros de una ONG vasca”. A su juicio, “no puede haber confusión posible porque son seres humanos y no se pega a la gente”, ha expuesto. Oltra ha reivindicado “la universalidad de la empatía y la compasión” y ha asegurado que la gente “entiende que ser amable está bien e insultar está mal. Pero no podemos recordarles eso insultándoles” como se hace desde algunos foros y por parte de personas con altas responsabilidades de gobierno, ya que eso significa “emplear las armas del fascismo y generar una normalización de algo que no debe hacerse”, ha defendido.

Por otro lado, ha hecho un llamamiento a centrarse en dos aspectos fundamentales de cara a las próximas elecciones, la vivienda y el colapso ecológico, y ha apelado a combatir la “inevitabilidad” que día a día se transmite a través de los medios de que “está todo escrito”. Sin embargo, en las próximas elecciones “las urnas estarán vacías para todo el mundo”, ha recordado.

En las jornadas se ha debatido también sobre compatibilizar la vida en las ciudades, sus recursos, la sostenibilidad y el acceso a la vivienda con el turismo y han defendido regular el turismo y aplicar una tasa turística que permita redistribuir parte de la riqueza que genera para mejorar la vida, reforzar los servicios públicos, cuidar los barrios y proteger el derecho a la vivienda.

“El turismo tiene que estar al servicio de la ciudad y de quienes lo habitan, no al revés”, ha insistido el concejal de Alicante Rafa Mas. El concejal de València Giuseppe Grezzi ha hablado de movilidad y gestión del conflicto, a partir de su experiencia en la transformación de la movilidad en la ciudad y de cómo afrontar las resistencias que generan los cambios en el espacio público.

El bloque formativo de la jornada se ha centrado en la preparación de las elecciones municipales, con la sesión “Campaña digital en la era de los 60 segundos”, a cargo de la responsable de comunicación, Andrea Sancho, que ha abordado como adaptar el mensaje político a los formatos breves y al ecosistema de redes sociales.

Terremoto político en el Ayuntamiento de València a cuenta de la imputación del concejal de Vox, Juan Manuel Badenas, por acceder sin permiso a la sede del Sindicat d'Estudiants, unos hechos que denunció la propia organización el pasado mes de julio.

Tal y como ha avanzado en exclusiva elDiario.es, la Sección de Instrucción número uno del Tribunal de Instancia de València ya ha citado a declarar en calidad de investigado (antes imputado) a Badenas y a los dos asesores que accedieron con él al local el próximo 14 de enero a las 10.00 horas. Los responsables del sindicato acudirán al juzgado a testificar en calidad de perjudicados el 17 de diciembre a las 12.00 horas.

Tras conocerse la información, las reacciones no se han hecho esperar. Para Compromís per València, el hecho confirma un patrón que ya se arrastraba desde hace meses y que evidencia la falta absoluta de “decencia” del Gobierno de la alcaldesa María José Catalá.

“Esto se veía venir”, ha considerado la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, que ha calificado la entrada de Badenas en el local del sindicato como “toda una demostración de fascismo puro y duro, asaltando una sede de una entidad sin ningún permiso, forzando la cerradura y vanagloriándose de su acción”.

Para la formación valencianista, el concejal no puede continuar “ni un minuto más” en ninguna responsabilidad pública. “Evidentemente, no puede continuar ni un minuto más en el gobierno, pero Catalá no hará nada, como las otras veces”, ha añadido Robles, que atribuye esta permisividad a un cálculo puramente aritmético: “Necesita a personas indignas de un cargo público para mantenerse en el poder.”

La portavoz de la coalición valencianista ha recordado que este no es, ni mucho menos, el único frente judicial que arrastra el concejal. “En poco más de tres años Badenas ha sido investigado tres veces, dos en el juzgado —una archivada por delitos de odio— y una por la Fiscalía Anticorrupción por el caso València Activa. Es un concejal que tiene más trabajo en los juzgados para ir a defenderse que en el Ayuntamiento, donde casi no tiene competencias”, denuncia Robles.

“Básicamente, Catalá lo mantiene a él y a la también concejala de Vox Cecilia Herrero para mantener el poder. Les paga un sueldo público para su propio beneficio”, señala Robles, que recuerda que la concejala de Vox se sentará en el banquillo de los acusados por una treintena de tuits racistas publicados entre 2020 y 2024, con petición fiscal de hasta tres años de prisión, uno a raíz de una denuncia que presentó Compromís.

Robles ha ampliado el foco más allá de Badenas y Herrero para situar al conjunto del Gobierno de Catalá en una posición “insostenible”. “El gobierno de María José Catalá no se puede sostener con tres investigaciones formales de los juzgados y seis investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, incluida la alcaldesa en el llamado caso de enchufismo, que también tiene investigada y a la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao”.

El PSPV señala a Catalá

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, también ha exigido a Catalá el cese inmediato de Badenas y ha señalado que si continúa formando parte del gobierno municipal es porque la alcaldesa mantiene su confianza y avala sus actuaciones.

Sanjuan ha recordado que Badenas ejerce sus responsabilidades como concejal de gobierno por delegación de la alcaldesa y ha advertido de que Catalá no puede desvincularse de las actuaciones de un miembro de su ejecutivo. “Cada acto que hace Juan Manuel Badenas como concejal de gobierno es como si lo hiciera María José Catalá porque lo hace con su aprobación y por delegación de ella. Por tanto, entendemos que si Juan Manuel Badenas no es cesado es porque ella, a través de su delegación y manteniendo su confianza, avala y permite este tipo de actos. Cada vez María José Catalá está tolerando más actividades ultra dentro de su gobierno y dentro de la ciudad de València”, ha señalado.

El PP defiende la presunción de inocencia

Por su parte, el portavoz del Gobierno municipal, Juan Carlos Caballero (PP), preguntado por las peticiones de cese de la oposición, ha comentado que se han enterado de la imputación de Badenas “por los medios” y ha afirmado que creen “en la presunción de inocencia y en los tiempos de la Justicia”.

“No es momento de hacer cambios apresurados al final del mandato”. Con este curioso argumento despacharon este miércoles 23 de septiembre el PP y Vox una propuesta de Compromís que pretendía dar herramientas al Ayuntamiento de València para fiscalizar las actividades privadas de los concejales y concejalas autorizadas por el pleno.

Como informó elDiario.es, Compromís llevó una moción a la comisión de Hacienda por medio de la cual propone una serie de cambios normativos a fin de que el consistorio cuente con mecanismos legales que permitan contrastar que los ediles cumplen con las condiciones establecidas en las compatibilidades que se les otorgan para que puedan desempeñar una segunda actividad privada, siempre que sea marginal y que no afecte a su labor pública.

Sin embargo, según diversas fuentes consultadas por este diario, tanto el PP como Vox, con mayoría en las comisiones, rechazaron la propuesta con el argumento de que el actual modelo se aprobó por el anterior ejecutivo de izquierdas dirigido por Joan Ribó y que “no es momento de hacer cambios apresurados al final del mandato”, sin entrar en el fondo de la cuestión sobre la idoneidad de la medida.

La propuesta venía a colación de una resolución del Síndic de Greuges en la que concluye que el Ayuntamiento debe comprobar que “las condiciones impuestas en la declaración de compatibilidad” por la que se autorizó al portavoz municipal de Vox, José Gosálbez, a realizar una actividad privada marginal se cumplen “en todo momento”.

Gosálbez, a través de su despacho de abogado, firmó poco después de obtener la compatibilidad un contrato de asistencia jurídica en materia urbanística con el Colegio de Ingenieros Industriales de València (COGITI), del que no informó y que fue destapado por elDiario.es. Se da la circunstancia de que el edil es el representante del partido ultra en la Comisión de Urbanismo. El concejal se ha negado a hacer público el contrato, así como las condiciones en cuanto a horarios y remuneración que desde la oposición han venido reclamando para comprobar si cumple las condiciones de la compatibilidad aprobada.

Al respecto, el concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha lamentado que “nuevamente el Gobierno de alcaldesa María José Català ha tapado las vergüenzas de Gosàlbez y ha votado contra la moción presentada por Compromís para que el Ayuntamiento siguiera la recomendación hecha por la Sindicatura de Agravios para que la oposición pueda conocer el contrato de asesoramiento jurídico que tiene firmado el regidor de Vox y que compatibiliza con su dedicación exclusiva a cargo del erario público”.

Según Puchades, “esta es una nueva muestra de la nueva etapa de oscuridad y obstaculización al trabajo de control que tiene encargada la oposición y que pone de manifiesto cómo Català y sus socios, prefieren anular cualquier acción de transparencia antes de mostrar a la ciudadanía cuánto cobran y por qué actividades privadas cuando tendrían que hacerlo en exclusiva al servicio público”.

Para el edil de Compromís, “el cinismo de la derecha ha llegado a su extremo cuando aducen como único argumento para negarse a admitir la moción que quedaba muy poco de tiempo para acabar el mandato cuando, desde diciembre de 2023, durante el pleno en que se aprobó la compatibilidad de Gosàlbez, desde Compromís ya exigimos cambiar la normativa para garantizar la transparencia de las retribuciones y dedicación de las actividades privadas”.

“No és moment de fer canvis precipitats al final del mandat”. Amb aquest curiós argument van despatxar dimecres 23 de setembre el PP i Vox una proposta de Compromís que pretenia donar instruments a l'Ajuntament de València per fiscalitzar les activitats privades dels regidors i regidores autoritzades pel ple.

Com va informar eldiario.es, Compromís va portar una moció a la comissió d'Hisenda per tal de proposar una sèrie de canvis normatius a fi que el consistori compte amb mecanismes legals que permeten contrastar que els edils compleixen les condicions establides en les compatibilitats que se'ls atorguen per a que puguen exercir una segona activitat privada, sempre que aquesta siga marginal i que no afecte la seua labor pública.

No obstant això, segons diverses fonts consultades per aquest diari, tant el PP com Vox, amb majoria en les comissions, van rebutjar la proposta amb l'argument que l'actual model va ser aprovat per l'anterior executiu d'esquerres dirigit per Joan Ribó, i que no és moment de fer canvis precipitats al final del mandat, sense entrar en el fons de la qüestió sobre la idoneïtat de la mesura.

La proposta està relacionada amb una resolució del Síndic de Greuges que conclou que l'Ajuntament ha de comprovar que “les condicions imposades en la declaració de compatibilitat”, per la qual es va autoritzar el portaveu municipal de Vox, José Gosálbez a realitzar una activitat privada marginal, es compleixen “en tot moment”.

Gosálbez, a través del seu despatx d'advocat, va firmar poc després d'obtindre la compatibilitat sobre un contracte d'assistència jurídica en matèria urbanística amb el Col·legi d'Enginyers Industrials de València (COGITI), del qual no va informar, assumpte que va ser destapat per eldiario.es Es dona la circumstància que el regidor és el representant del partit ultra en laComissió d'Urbanisme. El regidor s'ha negat a fer públic el contracte, així com les condicions quant a horaris i remuneració, que l'oposició ha reclamat repetidament per tal de comprovar si compleix les condicions de la compatibilitat aprovada.

Al respecte, el regidor de Compromís, Ferran Puchades, ha lamentat novament el Govern d'alcaldessa María José Català ha tapat les vergonyes de Gosálbez i ha votat contra la moció presentada per Compromís per tal que l'Ajuntament seguira la recomanació feta per la Sindicatura de Greuges i que l'oposició puga conéixer el contracte d'assessorament jurídic firmat pel regidor de Vox i que compatibilitza amb la seua dedicació exclusiva a càrrec de l'erari públic.

Segons Puchades, “aquesta és una nova mostra de la nova etapa de foscor i obstaculització al treball de control que correspon a l'oposició, i que posa de manifest com Català i els seus socis prefereixen anul·lar qualsevol acció de transparència abans de mostrar a la ciutadania quant cobren i per quines activitats privades, quan haurien de fer-ho en exclusiva al servici públic”.

Per al regidor de Compromís, “el cinisme de la dreta ha arribat a l’extrem quan addueixen com a únic argument per a negar-se a admetre la moció que quedava molt poc de temps per a acabar el mandat, quan des de desembre de 2023, durant el ple en què es va aprovar la compatibilitat de Gosálbez, Compromís ja va exigir canviar la normativa per a garantir la transparència de les retribucions i dedicació de les activitats privades”.

El Ayuntamiento que preside la alcaldesa de València, María José Catalá, no fiscaliza si los concejales con dedicación exclusiva y con compatibilidad aprobada por el Pleno para ejercer una segunda actividad privada cumplen las condiciones de ese permiso, que establece que, en todo caso, debe tratarse de una dedicación o servicio “marginal”.

Para tratar de corregir esta anomalía, Compromís llevará una moción a la comisión de Hacienda de este miércoles por medio de la cual propone una serie de cambios normativos a fin de que el Ayuntamiento cuente con mecanismos legales que permitan contrastar que los ediles cumplen con las condiciones establecidas en las mencionadas compatibilidades.

La propuesta viene a colación de una resolución del Síndic de Greuges en la que concluye que el Ayuntamiento debe comprobar que “las condiciones impuestas en la declaración de compatibilidad” por la que se autorizó al portavoz municipal de Vox, José Gosálbez, a realizar una actividad privada marginal se cumplen “en todo momento”.

Gosálbez, a través de su despacho de abogado, firmó poco después de obtener la compatibilidad un contrato de asistencia jurídica en materia urbanística con el Colegio de Ingenieros Industriales de València (COGITI), del que no informó y que fue destapado por elDiario.es. Se da la circunstancia de que el edil es el representante del partido ultra en la Comisión de Urbanismo. El concejal se ha negado a hacer público el contrato, así como las condiciones en cuanto a horarios y remuneración que desde la oposición han venido reclamando para comprobar si cumple las condiciones de la compatibilidad aprobada.

Por este motivo, la coalición valencianista propone “la modificación de las disposiciones municipales que sean necesarias para establecer un régimen específico de seguimiento y control de las declaraciones de compatibilidad” de forma que “este régimen tendrá que garantizar que, cuando una compatibilidad esté condicionada al carácter marginal de una actividad privada, puedan comprobarse de manera efectiva y continuada las condiciones funcionales, horarias y económicas que justificaron la autorización”.

Compromís propone también “modificar los modelos de declaración de actividades y los procedimientos del Registro de Intereses Municipal porque, cuando sea necesario para verificar una compatibilidad, constan de manera suficiente las características esenciales de la actividad privada, incluyendo, como mínimo, su naturaleza, sujeto contratante, duración, dedicación temporal, régimen de remuneración y ámbito material de los servicios prestados, en los términos permitidos por la legislación vigente”.

Además, plantea “establecer que la documentación contractual o acreditativa necesaria para comprobar el cumplimiento de las condiciones de una declaración de compatibilidad tendrá que estar incorporada al expediente municipal correspondiente y a disposición de los órganos municipales competentes para su fiscalización” y habilitar “un mecanismo obligatorio de comunicación y revisión cuando se produzca cualquier modificación sustancial de la actividad privada compatible con una dedicación exclusiva o parcial, especialmente cuando afecte su duración, dedicación horaria, remuneración, contenido funcional, sujeto contratante o ámbito material”.

Al respecto, el concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha comentado que “el Gobierno municipal no puede esconderse más tras una nueva resolución del Síndic de Greuges que recomienda al Ayuntamiento de València que tome las medidas necesarias para que la oposición y el conjunto de la ciudadanía pueda acceder a la información de qué contrato ha firmado el concejal Gosálbez, cuánto tiempo le dedica y cuántos ingresos percibe de esta actividad privada, para la que tiene concedida la compatibilidad siempre que tenga un carácter residual y no interfiera en su dedicación exclusiva como regidor”.

Puchades se ha preguntado cómo van a poder evaluar “si esta actividad no obstaculiza, o peor todavía, no vulnera su imparcialidad”, si no cuentan con un mecanismo que garantice “el ejercicio de ese derecho y comprometa la obligación de transparencia del concejal Gosálbez”.

Desde Compromís han exigido a la alcaldesa Català que levante “el velo de oscuridad sobre el contrato que suscribió Gosálbez para dar asesoramiento urbanístico a los miembros del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI) de València y así poder garantizar, por un lado, que efectivamente tiene una dedicación marginal y, por otro lado, que está cumpliendo con su deber de neutralidad y no está incurso en causa de abstención en aquellas cuestiones que conoce de manera privilegiada como miembro de la Comisión de Urbanismo”.

L’Ajuntament que presideix l’alcaldessa de València, María José Catalá, no fiscalitza si els regidors amb dedicació exclusiva i amb compatibilitat aprovada pel Ple per a exercir una segona activitat privada compleixen les condicions d’aquest permís, que estableix que, en tot cas, ha de tractar-se d’una dedicació o servei “marginal”.

Per a tractar de corregir aquesta anomalia, Compromís portarà una moció a la Comissió d’Hisenda d’aquest dimecres per mitjà de la qual proposa una sèrie de canvis normatius a fi que l’Ajuntament compte amb mecanismes legals que permeten contrastar que els edils compleixen les condicions establides en les esmentades compatibilitats.

La proposta ve arran d’una resolució del Síndic de Greuges en la qual conclou que l’Ajuntament ha de comprovar que “les condicions imposades en la declaració de compatibilitat” per la qual es va autoritzar el portaveu municipal de Vox, José Gosálbez, a dur a terme una activitat privada marginal es compleixen “en tot moment”.

Gosálbez, a través del seu despatx d’advocat, va firmar poc després d’obtindre la compatibilitat un contracte d’assistència jurídica en matèria urbanística amb el Col·legi d’Enginyers Industrials de València (COGITI), del qual no va informar i que va ser destapat per elDiario.es. Es dona la circumstància que l’edil és el representant del partit ultra en la Comissió d’Urbanisme. El regidor s’ha negat a fer públic el contracte, com també les condicions quant a horaris i remuneració que des de l’oposició han anat reclamant per a comprovar si compleix les condicions de la compatibilitat aprovada.

Per aquest motiu, la coalició valencianista proposa “la modificació de les disposicions municipals que siguen necessàries per a establir un règim específic de seguiment i control de les declaracions de compatibilitat”, de manera que “aquest règim haurà de garantir que, quan una compatibilitat estiga condicionada al caràcter marginal d’una activitat privada, puguen comprovar-se de manera efectiva i continuada les condicions funcionals, horàries i econòmiques que van justificar l’autorització”.

Compromís proposa també “modificar els models de declaració d’activitats i els procediments del Registre d’Interessos Municipal perquè, quan siga necessari per a verificar una compatibilitat, consten de manera suficient les característiques essencials de l’activitat privada, incloent-hi, com a mínim, la seua naturalesa, subjecte contractant, duració, dedicació temporal, règim de remuneració i àmbit material dels serveis prestats, en els termes permesos per la legislació vigent”.

A més, planteja “establir que la documentació contractual o acreditativa necessària per a comprovar el compliment de les condicions d’una declaració de compatibilitat haurà d’estar incorporada a l’expedient municipal corresponent i a disposició dels òrgans municipals competents per a la seua fiscalització” i habilitar “un mecanisme obligatori de comunicació i revisió quan es produïsca qualsevol modificació substancial de l’activitat privada compatible amb una dedicació exclusiva o parcial, especialment quan afecte la seua duració, dedicació horària, remuneració, contingut funcional, subjecte contractant o àmbit material”.

Sobre aquest assumpte, el regidor de Compromís, Ferran Puchades, ha comentat que “el Govern municipal no pot amagar-se més darrere d’una nova resolució del Síndic de Greuges que recomana a l’Ajuntament de València que prenga les mesures necessàries perquè l’oposició i el conjunt de la ciutadania puga accedir a la informació de quin contracte ha firmat el regidor Gosálbez, quant de temps li dedica i quants ingressos percep d’aquesta activitat privada, per a la qual té concedida la compatibilitat sempre que tinga un caràcter residual i no interferisca en la seua dedicació exclusiva com a regidor”.

Puchades s’ha preguntat com podran avaluar “si aquesta activitat no obstaculitza, o pitjor encara, no vulnera la seua imparcialitat”, si no compten amb un mecanisme que garantisca “l’exercici d’aquest dret i comprometa l’obligació de transparència del regidor Gosálbez”.

Des de Compromís han exigit a l’alcaldessa Catalá que alce “el vel d’obscuritat sobre el contracte que va subscriure Gosálbez per a donar assessorament urbanístic als membres del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials (COGITI) de València i així poder garantir, d’una banda, que efectivament té una dedicació marginal i, d’altra banda, que està complint amb el seu deure de neutralitat i no està incurs en causa d’abstenció en aquelles qüestions que coneix de manera privilegiada com a membre de la Comissió d’Urbanisme”.

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València, Ferran Puchades, ha presentado a la Comisión de Patrimonio una iniciativa para controlar y limitar los precios del alquiler de los bajos comerciales, y proteger así al comercio de proximidad de la escalada de precios de los alquileres que en zonas céntricas y barrios en proceso de gentrificación ha llegado a incrementarse hasta un 35%.

“El cierre de negocios históricos y de barrio es una realidad constante ante la imposibilidad de asumir unos costes de alquiler prohibitivos. Los propietarios de los locales están disparando los precios porque saben que hay inversores turísticos dispuestos a pagar lo que sea, y el gobierno municipal tiene la obligación de proteger la economía local porque cada tienda que cierra es un trozo de barrio que desaparece”, ha alertado Puchades.

Para el concejal de Compromís, “Catalá tiene que dejar de anteponer los intereses de las multinacionales y los fondos especulativos, y tiene que rectificar su inútil política comercial, que está provocando la desaparición del comercio local tradicional a los barrios, rompiendo la cohesión económica y social del vecindario de València”.

En este sentido, Puchades ha puesto como ejemplo de desprecio la gestión de la Concejalía de Comercio, que ha tardado cerca de once meses en resolver convocatorias clave de ayudas y ha dejado sin adjudicar más de la mitad del presupuesto previsto para el sector, unos 1,3 millones de euros. De esos fondos, cerca de 700.000 euros se han desviado hacia otras partidas como Fallas y deportes. “Es inadmisible que se dejen dinero sin gastar mientras las tiendas cierren las persianas por no poder pagar el alquiler. Ese dinero era para salvar comercios, no para tapar agujeros en otras concejalías”.

Por este motivo, el concejal valencianista ha exigido al Gobierno municipal poner fin al desvío de créditos presupuestarios de la Concejalía de Comercio, proponiendo que cualquier remanente o fondo no adjudicado de las ayudas al sector se destine, de forma íntegra y exclusiva, a la modernización de los establecimientos, a programas de digitalización y a la ampliación presupuestaria de iniciativas de éxito probado como la campaña de Bo Comerç.

Por último, el concejal de Compromís ha propuesto también la creación de una bolsa de locales comerciales e incentivos fiscales para facilitar el traspaso de negocios históricos a jóvenes emprendedores, con el objetivo de evitar que la actividad económica de los barrios quede reducida al monocultivo turístico. “El comercio de proximidad no es un decorado para la foto, es el que da vida a nuestras calles y el que hace que un barrio sea un barrio y no un parque temático. O se ponen a trabajar de verdad para protegerlo, o serán responsables de su desaparición”.

Iniciativa-Compromís ha celebrado esta mañana en Crevillent reunión de su Mesa Nacional, máximo órgano entre congresos. En su intervención para presentar el informe de gestión, el portavoz de la formación ecosocialista, Carles Esteve, ha situado el debate sobre la seguridad en el centro de la respuesta política de la izquierda a la situación que se vive en la actualidad.

“La gente tiene miedo —ha explicado Esteve—. Da miedo abrir el diario, encender la radio o dar un vistazo a las redes sociales. Es duro lo que estamos viendo y ante esto algunos nos quieren imponer una respuesta basada en tener miedo al otro, al que es diferente. Frente a ese relato la izquierda tiene que saber dar respuesta a ese miedo. Y tenemos que competir en un elemento clave, que es la seguridad”.

El portavoz ha admitido que se trata de un terreno que parece complicado para la izquierda y que, por su dificultad, se acaba dejando de lado. “Pero es que la seguridad no es una cuestión a manipular derivada de lo que está pasando en Ceuta, la seguridad es saber que, cuando todo te vaya mal y te quedas sin trabajo, hay un estado detrás que te cubre y que no te dejará caer, que podrás pagar la hipoteca o el alquiler, que si estás enfermo te atenderán en el centro de salud”.

“La seguridad son los derechos garantizados, son unos servicios públicos de calidad, es poder hacer tu vida sin el miedo a que todo falle. Desde la izquierda tenemos que trasladar esa idea a la acción política cotidiana. Tenemos que saber interpretar el miedo que tiene la gente y ser capaces de trasladar, en cada una de nuestras propuestas, que habrá un estado y un gobierno detrás de cada persona que lo necesite, cuando lo necesite”.

En el ámbito organizativo, el portavoz ha avanzado que la coordinación de la campaña electoral ya ha empezado dentro de Compromís, “priorizando el trabajo que nos tiene que llevar a competir en un contexto que no es nada fácil en tres ámbitos: estatal, autonómico y municipal, con el objetivo de convertirse en la alternativa de gobierno al retroceso de las políticas de PP y Vox”.

En ese sentido, Esteve ha urgido a que “se cierre el debate en el seno de Compromís sobre alianzas, para poder salir a buscar acuerdos con las otras fuerzas progresistas, entidades sociales y sociedad civil. Si nos hemos marcado el objetivo de ofrecer a la ciudadanía una única papeleta de la izquierda, desde Compromís nos tenemos que poner ya a hacerlo posible”.