La directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, y el director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, han presentado hoy, día 29, en el CEIP La Guindalera, de Logroño, un juego interactivo dirigido al alumnado riojano de 3º de Educación Primaria para promover la cultura preventiva desde la infancia.

‘Millán y Vega: Misión Prevención’ es una aventura interactiva diseñada para que el alumnado de entre 8 y 9 años aprenda a identificar riesgos presentes en su vida cotidiana, tanto en el entorno doméstico como en el escolar y social. El proyecto, desarrollado por la Consejería de Economía y que cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, ofrece una experiencia inmersiva que utiliza el lenguaje propio de los videojuegos para transmitir, de forma accesible, valores vinculados a la prevención, la colaboración y la responsabilidad.

“Tradicionalmente, la formación en prevención de riesgos laborales se ha centrado en el ámbito profesional. Sin embargo, diversos estudios han puesto de manifiesto que la prevención no debe entenderse únicamente como un conjunto de conocimientos técnicos, sino de actitudes y respuestas frente a los riesgos presentes en distintos entornos, como pueden ser laboral, doméstico o social, entre otros”, ha explicado Simón. 

“Si bien en la edad adulta resulta fundamental reforzar estas competencias, durante la infancia se adquieren y consolidan con mayor facilidad los hábitos y comportamientos; se construyen las bases de la personalidad, por lo que la interiorización temprana de conductas seguras y responsables resulta especialmente eficaz”, ha agregado. 

En esta línea, Simón ha asegurado que “resulta imprescindible utilizar herramientas adaptadas al público destinatario”. “El desarrollo de un juego interactivo con fines educativos constituye un recurso idóneo, al combinar el aprendizaje con elementos lúdicos que favorecen la atención, la motivación y la participación activa del alumnado”, ha expresado.

Por su parte, el director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, ha reconocido que “formar personas competentes para la vida no empieza cuando se accede al mercado laboral, sino mucho antes, en las aulas de Primaria, de manera que identificar un riesgo, anticiparse a sus consecuencias y tomar una decisión responsable son capacidades que se aprenden, y que se aprenden mejor cuanto antes se trabajan”. Por ello, ha afirmado que “este proyecto nos interpela directamente: no como una iniciativa ajena al currículo, sino como una materialización de lo que la educación en competencias significa en la práctica”.

La educación en competencias para la vida es uno de los pilares sobre los que se asienta la política educativa del Gobierno de La Rioja e iniciativas como esta demuestran que “ese trabajo puede y debe hacerse desde las etapas más tempranas, en colaboración con otras áreas de Gobierno y con herramientas que conecten con la realidad y el lenguaje del alumnado”, porque, tal y como ha incidido Martín, “ese es exactamente el tipo de aprendizaje que queremos promover”.

Esta acción se enmarca en la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025-2028, consensuada por el Gobierno de La Rioja, la Federación de Empresas de La Rioja y las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores de La Rioja y Comisiones Obreras de La Rioja. Entre los objetivos incluidos en el documento, el objetivo 6 contempla ‘Promover y fomentar la cultura preventiva en toda la sociedad’, mientras que en el 5, ‘Divulgación, sensibilización e información’, se tienen en cuenta la realización de campañas dirigidas al alumnado de Educación Primaria.

Adoptar decisiones seguras

El objetivo principal del juego es promover la cultura preventiva desde la infancia, transmitiendo la idea de que la prudencia y la anticipación son habilidades valiosas. A través de la narrativa y la interacción, el alumnado aprende a identificar situaciones de riesgo y a adoptar decisiones seguras.

La historia de Millán y Vega: Misión Prevención se desarrolla en Nueva Contrebia, una ciudad inicialmente ordenada que se ve alterada por la aparición del Doctor Descuido, un personaje que promueve conductas imprudentes mediante su invento, el Lesionador. Los protagonistas, Millán y Vega, se enfrentan a esta amenaza. Al inicio de la aventura, uno de ellos es capturado, por lo que el jugador deberá seleccionar a su personaje y avanzar en la misión para rescatar a su compañero.

El juego se estructura en diferentes pruebas interactivas ambientadas en contextos cotidianos (hogar, aula, vía pública, etc.). A lo largo de la experiencia, el jugador debe superar retos para obtener llaves que le permitan avanzar y completar la misión final.

Cada nivel introduce situaciones prácticas en las que el jugador debe identificar riesgos y elegir la respuesta más segura. La progresión culmina con la confrontación final con el antagonista y la restauración del orden en la ciudad.

El juego se desarrolla en un entorno web, con una interfaz accesible basada en interacciones sencillas. Incorpora elementos de personalización que refuerzan la implicación del usuario y ofrece retroalimentación inmediata en cada decisión, facilitando el aprendizaje mediante la explicación de las consecuencias asociadas a cada elección. Como elemento de refuerzo, el juego permite la obtención de un diploma personalizado.

Ha sido diseñado para su utilización en ordenadores, descartando su adaptación a dispositivos móviles como smartphones. Esta decisión responde a criterios pedagógicos y de adecuación a la edad del alumnado destinatario, considerando que, en esta etapa educativa, el uso de este tipo de dispositivos no resulta el más recomendable. Asimismo, el entorno de ordenador facilita un uso más guiado y supervisado, especialmente en el contexto escolar, favoreciendo una experiencia de aprendizaje más estructurada y alineada con los objetivos educativos del proyecto.

“Quale funciona como una boutique de la prevención de riesgos laboralers, con servicios muy especializados y adaptados a nuestros clientes”, afirma Eduardo Gentil, socio del área de consultoría. Cultura preventiva, aseguramiento del cumplimiento normativo, optimización de la contratación de un servicio de prevención ajeno y formación para mejorar las competencias profesionales, son los servicios que Quale ofrece a sus clientes de una forma innovadora y adaptada a las necesidades y realidades de sus clientes.

En 2013, en plena crisis económica y “solo con nuestros ahorros y la capitalización del desempleo”, Eduardo Gentil y Mª Ángeles Maisanaba, socia del área de formación, fundaron Quale Consultoría y Desarrollo. A partir de su experiencia acumulada en seguridad y salud laboral y la referencia que tenían otras empresas de su forma de trabajar, muchos clientes decidieron apostar por ellos ya que abarcan una rama poco trabajada como las soluciones de cultura preventiva.

Con el objetivo de “aportar valor a las organizaciones que confían en nosotros”, Quale busca soluciones específicas para cada empresa dependiendo de sus necesidades y orientado a que consigan sus objetivos. Por ello, su filosofía la tienen en mente a la hora de trabajar, y la aplican a todos sus proyectos, esta es: “Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito”.

Los servicios de la “boutique”

Para abarcar todo tipo de empresas, Quale adapta su oferta. Para las empresas más pequeñas (pymes), que no tienen una estructura propia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), tienen un aseguramiento del cumplimiento normativo y optimización de la contratación de un SPA (servicio de prevención ajeno), con dos objetivos: el primero, que “la empresa disponga de la documentación técnica correcta y específica para su actividad y que el personal disponga de formación, reconocimientos médicos, etc.”; y el segundo, “movilizar a la empresa para asegurar que se llevan a cabo sus actuaciones preventivas planificadas como la entrega de EPIS, la información, etc.”.

Por otro lado, para las empresas más grandes que sí cuentan con una estructura propia de PRL, adaptan al cliente la metodología ‘Q-SAFELY’ “para el desarrollo y transformación de la cultura preventiva”. Este método de Quale consiste en generar “nuevas formas de hacer las cosas” en relación con la seguridad y salud laboral, mediante el liderazgo y la participación de dirección, mandos y personas trabajadoras, aplicando el principio de “trabajar sin peligro”, haciendo que se promueva y favorezca la transformación positiva de la cultura preventiva.

Por último, tiene una tercera área de trabajo que consiste en la formación que busca “mejorar las competencias profesionales”, desarrollando habilidades propias del puesto de trabajo tanto en materia de seguridad y salud laboral, “como complemento y mejora de la formación del puesto”, como en las competencias transversales, “como el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de conflictos, etc.”.

Un futuro con garantías

Las empresas con las que trabajan abarcan tanto el ámbito privado, como Dragados, como las administraciones públicas, como el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, además de organizaciones empresariales como la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz. 

Durante 13 años, y con un arranque en plena crisis económica, las dificultades que se han encontrado en el camino son muy diversas. Sin embargo, Gentil asegura que “lo más difícil es mantenerse como una estructura ‘boutique de la PRL’ frente a los grandes grupos empresariales del sector de la prevención”.

Unas cuentas saneadas, que le permiten “afrontar el futuro con ciertas garantías”, hace que Quale busque reforzar las alianzas ya existentes y atraer nuevos clientes, siempre con el objetivo de “crecer para mejorar y para aportar más valor a nuestros clientes”. Por otro lado, tratan de volver a poner en marcha ‘RED-Q’, que se paralizó durante la pandemia, y que tiene como fin organizar encuentros para “poner en común experiencias, valores y conocimientos entre profesionales de la seguridad y salud laboral, la formación y los recursos humanos”.

Castilla-La Mancha ha recibido más de 123 millones de euros para continuar desarrollando políticas activas de empleo y acciones de formación y cualificación para personas ocupadas y desempleadas en la región, 

Así se ha acordado en la LXXXVII Conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales presidida por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, y celebrada este miércoles. En la sesión se acordaba el reparto territorial de los 2.571.961.030 euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la gestión de las comunidades autónomas con competencias en esta materia.

Estos fondos se destinarán para financiar programas y servicios de política activa de empleo incluidos en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED).

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha señalado la importancia de este reparto de fondos, para reforzar el mercado de trabajo de Castilla-La Mancha, “que atraviesa las cifras de desempleo más bajas de los últimos 18 años y los niveles más altos de empleo de toda la serie histórica, habiendo superado por primera vez las 800.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en nuestra región en un mes de abril”.

Otros 600.000 euros para prevención de riesgos laborales

Al reparto de 123,13 millones de euros en el marco de las políticas activas de empleo se suman cerca de 600.000 euros dirigidos a acciones destinadas a mejorar la seguridad en los entornos de trabajo de la región, en este caso procedentes de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, dentro de un reparto global de 11 millones de euros en el conjunto del Estado.

“Nuestro mercado de trabajo atraviesa por un momento histórico y confiamos en que el mes de mayo consolide ese buen momento la próxima semana y que siga bajando el desempleo y creciendo la afiliación en nuestra región”, ha indicado Patricia Franco.

La jueza de la plaza 3 de la sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Vigo ha condenado al Ayuntamiento de la ciudad por los incumplimientos en materia de prevención y seguridad laboral en el servicio de Bomberos, que considera que ponen “en grave riesgo” a los trabajadores y también al “interés general”, dada la naturaleza del servicio que prestan a la ciudad. Fuentes municipales indican que están estudiando en profundidad el fallo para decidir al respecto.

En una sentencia del pasado 25 de mayo, la magistrada estima una demanda interpuesta por el sindicato CUT, y con intervención de otras centrales sindicales (Casipol, UGT y CIG), contra el Ayuntamiento de Vigo por “desatender las situaciones de riesgo” a las que están expuestos los trabajadores del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, informa Europa Press.

En la resolución se considera probado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó varias actuaciones y, en febrero de 2024, dio al Ayuntamiento un plazo de 3 meses para actualizar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales; y un plazo de 6 meses para hacer una revisión de la evaluación de riesgos para la seguridad y la salud de los bomberos. La jueza señala que el actual Plan de Prevención es del año 2010 y que, desde entonces, ha habido variaciones en el servicio, como el número de efectivos, cambios en los centros de trabajo o traslados. Igualmente, la evaluación de riesgos data del año 2018 y la planificación de actividades preventivas es de 2019, y del mismo modo se han producido desde entonces cambios en el servicio que afectan a dicha evaluación.

A la vista de las declaraciones de testigos y de la documentación aportada, la magistrada asegura que “se mantienen” los incumplimientos apuntados por la Inspección de Trabajo. “Todo ello, evidencia el grave riesgo, no solo para los trabajadores, sino también para el interés general, a la vista de la importante actividad desarrollada por el servicio de bomberos del Ayuntamiento de Vigo”, expone en su sentencia. Por todo ello, ha estimado la demanda y ha condenado a la administración municipal “a dar cumplimiento efectivo a los requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

El sindicato CUT indica que los incumplimientos del servicio de Prevención municipal afectan “directamente” a la organización de turnos, dotaciones y protocolos, y recuerda que esta sentencia se produce coincidiendo con el segundo aniversario de la muerte del bombero Sergio Sanlés, que falleció en acto de servicio tras caerse mientras inspeccionaba un inmueble en ruinas. La central avisa de que, en la actualidad, sigue existiendo en el servicio un déficit de personal e insiste en que dicho servicio está funcionando “por debajo de los mínimos recomendados”.

Además, aclara, el personal de nuevo ingreso no estará operativo hasta después del verano y no se podrán reforzar los turnos en la época de más riesgo. “Esto significa que Vigo afrontará el verano sin planificación preventiva actualizada, sin adaptación real a las condiciones actuales del servicio, con mayor riesgo para los bomberos y la ciudadanía, y una alta probabilidad de cierre del parque de Esturáns por falta de efectivos”, denuncia la CUT.

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigados a dos hombres de 31 y 46 años, vecinos de Santander y Camargo, que no habían proporcionado material adecuado al empleado para manipular con seguridad uralitas que, mediante análisis, se constató que contenían amianto.

El 9 de febrero, la Guardia Civil constató que, en un establecimiento de Santander, personal de otra empresa que habían contratado se encontraba desmontando unos garajes, lo que incluía trabajos de retirada y manipulación de la cubierta de uralita.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Cantabria acudieron al lugar y encontraron las uralitas ya cargadas en la furgoneta de la empresa, listas para llevárselas, por lo que identificaron a los trabajadores, uno de ellos, el propietario.

Las primeras inspecciones permitieron constatar que los operarios estaban manipulando este material sin utilizar los equipos de protección individual obligatorios (máscaras de alta filtración, buzos herméticos, etcétera), y se determinó que el empresario, contratado por el establecimiento, no había adoptado las medidas de prevención de riesgos laborales legalmente exigidas para este tipo de operaciones.

El SEPRONA paralizó e intervino las uralitas y tomó muestras, que remitió al Laboratorio de Criminalística de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil en Madrid. También se avisó a Inspección de Trabajo.

Finalmente, este mes, cuando los resultados del análisis confirmaron que contenían amianto, la Guardia Civil instruyó diligencias en calidad de investigados a los responsables de la empresa que retiraba las uralitas y del establecimiento que contrató sus servicios por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, por tener a un operario desmontando las uralitas que contenían amianto sin haberle proporcionado los medios necesarios para su protección.

Estricta normativa de seguridad

La Guardia Civil recuerda que la manipulación, retirada y gestión de materiales que contienen amianto es una actividad sujeta a una estricta normativa de seguridad. Los trabajos deben ser ejecutados exclusivamente por empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), utilizando los medios técnicos y de protección adecuados para evitar la liberación de partículas nocivas que pueden derivar en graves enfermedades respiratorias a largo plazo.

El comité de empresa de la Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) ha presentado nuevas actuaciones ante la Inspección de Trabajo por la situación generada tras el inicio de las obras de demolición de la Residencia Cantabria y su afección directa sobre el personal que desarrolla su actividad en este espacio. A través de una nota de prensa, se denuncia la ausencia de información sobre las medidas preventivas específicas por la proximidad del edificio a las obras, situado a escasos metros del foco de demolición.

Según ha señalado Guillermo Villegas, coordinador de empresas públicas en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, “no se han facilitado evaluaciones concretas de riesgos ni documentación preventiva suficiente sobre cuestiones relacionadas con la posible presencia de amianto, vibraciones, polvo en suspensión, calidad del aire o posibles afecciones estructurales derivadas de los trabajos de demolición”.

Tras conocerse la aparición de grietas en el edificio principal y la adopción de medidas preventivas en otras dependencias del antiguo complejo hospitalario, incluyendo el traslado de personal de algunos edificios anexos, la preocupación del comité de empresa es aún mayor, y así se lo han trasladado a la Inspección de Trabajo ya que, en el caso del Idival, no se ha aplicado ninguna actuación equivalente, pese a encontrarse en una situación de proximidad y exposición comparable.

“Se está produciendo una diferencia de trato entre el personal que desarrolla su actividad dentro del mismo entorno y bajo unas condiciones ambientales similares, sin contar con la acumulación de escombros junto a las ventanas del edificio de IDIVAL, lo que está generando presencia visible de polvo incluso en el interior de determinadas zonas de trabajo”, ha insistido Villegas.

Presencia de amianto

Para el comité de empresa, dado que hay peligro constatado por la presencia de amianto, es imprescindible extremar las medidas preventivas, los controles ambientales y la transparencia informativa hacia toda la plantilla potencialmente expuesta y, por ello, ya han presentado varios escritos ante la Inspección de Trabajo.

Por ello, ha reclamado la intervención urgente de la Consejería de Salud y de los órganos responsables de la Fundación IDIVAL para que se evalúe de forma inmediata la situación actual, se verifique la existencia de evaluaciones específicas de riesgos y se adopten las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

Seis personas han perdido la vida en sus puestos de trabajo en los dos primeros meses del año en Extremadura, un 50% más que en el mismo mes del año anterior, mientras que los accidentes in itinere han crecido un 27,7%, según ha alertado UGT, que ha pedido una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

“La prevención salva vidas y debe formar parte del día a día en todos los centros de trabajo”, ha clamado este lunes el sindicato durante la presentación de la exposición 'El valor de volver a casa. EPIs y prevención de riesgos laborales salvan vidas', que acoge su sede en la capital extremeña.

Durante el acto, la secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales de UGT Extremadura, María José Ladera, ha recordado que el año pasado 14 personas “perdieron la vida por el hecho de ir a ganársela” y se registraron 23.338 accidentes laborales, lo que supone una media de 64 cada día.

Solo en los dos primeros meses de 2026 se han producido 6 víctimas mortales frente a las 4 del mismo periodo de 2025 y 1.748 accidentes con baja, siete más, lo que pone de manifiesto que “la prevención de riesgos laborales sigue siendo una asignatura pendiente” y un “mero trámite” para las empresas, ha lamentado.

Por sectores, los mayores niveles de siniestralidad se concentran en agricultura (280 accidentes), construcción (247), industria manufacturera (235), administración pública (124) y comercio (122).

Respecto a las enfermedades profesionales, en 2025 se declararon 239 casos, un 60 % más, ha apuntado UGT, que ha advertido además de que existe una importante infradeclaración de las mismas porque muchas patologías derivadas del trabajo se califican como enfermedades comunes.

Ante este escenario, ha subrayado que pese a los avances normativos, la siniestralidad laboral sigue siendo un problema estructural pues más de tres décadas después de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales persisten deficiencias en su aplicación efectiva.

Ladera ha defendido que la prevención de riesgos laborales “es una inversión, no un gasto”, y ha añadido que reforzarla permitiría reducir muchas situaciones de baja laboral, al tiempo que ha hecho hincapié en la importancia de los equipos de protección pues “pueden parecer incómodos, pero salvan vidas”.

“En pleno siglo XXI seguimos viendo fallecimientos por caídas en altura, algo que se puede evitar con medidas básicas como arneses o líneas de vida”, ha apuntado a modo de ejemplo.

Por ello, con la exposición 'El valor de volver a casa. EPIs y prevención de riesgos laborales salvan vidas', el sindicato busca evidenciar que una parte importante de los accidentes laborales pueden evitarse mediante una adecuada prevención.

La muestra, que incluye ejemplos prácticos de situaciones de riesgo y de cómo el uso correcto de estos equipos puede evitar daños graves o incluso la muerte en el entorno laboral, se enmarca en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conmemora este martes. 

Ana es una profesora aragonesa que se encuentra en su sexto mes de embarazo. Debido a sus labores como docente y al desplazamiento de dos horas que tiene que realizar cada día, solicitó al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno de Aragón la baja por riesgo durante el embarazo. Sin embargo, le comunicaron que los procesos se alargan “uno o dos meses” y Ana no podía esperar tanto tiempo, por lo que ha tenido que pedir una baja por enfermedad común: “Tienes suerte si tu médico te da una baja, pero no es el motivo real por el que no puedes trabajar. Con los plazos que me daban me planto en junio, ahí no me sirve de nada, trabajo con alumnos con discapacidad y problemas de conducta, no puedo esperar un mes o dos a que me den la baja estando embarazada de seis meses”, relata.

El de Ana no es un caso aislado, relata que tiene una compañera que se encuentra en la misma situación. El sindicato CGT denuncia que el Gobierno de Aragón “no protege a sus trabajadores e incumple de manera sistemática y grave la normativa sobre los recursos que debería dedicar a la prevención”. Desde el Gobierno de Aragón aseguran que se trata de una situación “coyuntural”. Héctor Almazán, secretario de acción sindical de la Federación Estatal de CGT Enseñanza, califica los medios actuales de “claramente insuficientes”. Según expone, el Real Decreto 843/2011 establece que por cada 2.000 trabajadores debe existir una unidad básica sanitaria compuesta por un médico y un enfermero. Bajo esta ratio, Almazán sostiene que para los 18.000 docentes de Aragón deberían existir nueve unidades, frente a las “dos médicas y seis enfermeras” que, según sus datos, operan actualmente.

Almazán alerta de que deberían ser más unidades, ya que este personal se ocupa también de los 12.000 funcionarios y funcionarias de la administración general de la DGA: “Un total de 30.000 funcionarias para las que, según la normativa, debería haber 15 UBS y no solo dos. A lo que debemos añadir que se tratan de funcionarios muy dispersos geográficamente, al haber 1.800 centros de trabajo lo que, evidentemente, dificulta su atención. La precariedad es absoluta, ya que los médicos son quienes firman las adaptaciones de puestos de trabajo, o las bajas por embarazo de riesgo por ejemplo”. Según el representante sindical, este déficit administrativo es el que provoca que trámites urgentes, como las adaptaciones de puesto o las bajas por riesgo, se demoren de forma “inviable”. La propia Ana refuerza esta idea al explicar que en los servicios públicos le transmitieron que “todo se alarga porque no hay gente” y que debía seguir trabajando mientras se resolvía su expediente: “Yo no puedo seguir trabajando mientras me reconocen el riesgo”.

Almazán compara la dotación del Servicio de Prevención de DGA con el de otras instituciones que tienen también servicios de prevención propios: “El Ayuntamiento de Zaragoza dispone de siete médicas y seis enfermeras para 5.800 trabajadoras, y a pesar de su escasa dispersión geográfica y su dotación de más de un médico por cada 1.000 trabajadoras, no les sobra tiempo para realizar sus funciones. O el Servicio de Salud de Aragón, con 27.000 trabajadores aproximadamente, disponen de 17 médicos. Somos conscientes de la escasez crónica de profesionales especialistas en Medicina del Trabajo en todo el sector público, pero esta situación disfuncional entre el volumen de tareas a realizar y el de personal que las realiza provoca además que hay dificultades en la cobertura de estas plazas, y que el personal médico se vayan a otras instituciones o empresas con mejores condiciones laborales”. 

Patricia Ariza, portavoz de CGT Enseñanza, explica también las consecuencias que la situación descrita tiene para el profesorado, “esta escasez de recursos lleva a que no se pueda realizar realmente la prevención porque solo da para actuar de manera reactiva, y siempre con lo más urgente, también a que se dilaten los plazos para numerosos procesos”. Por todo ello, el sindicato solicita una auditoría externa que determine “si el Gobierno de Aragón está cumpliendo con la normativa vigente” y “que se doten de los recursos necesarios a los servicios de prevención del Gobierno de Aragón para que puedan cumplir con todas sus funciones”.

Fuentes del Gobierno de Aragón explican que se trata de una situación “coyuntural” y que se está haciendo “todo lo posible para sobsanarlo”, aunque destacan la “dificultad” de encontrar médicos que, para desempeñar esta labor, tienen que tener la especialidad de medicina del trabajo.

La directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha presentado hoy, día 23, la convocatoria para este año 2026 del Programa Cheque de Seguridad e Igualdad, que gestiona la ADER y que por primera vez contempla la adquisición de exoesqueletos por parte de empresas riojanas. 

Esta línea está dotada de 400.000 euros para fomentar acciones que permitan a las pequeñas y medianas empresas crear unas condiciones favorables en sus centros de trabajo, con entornos más saludables y productivos, donde todas las personas trabajadoras se sientan valoradas y seguras.

Así, ha explicado Simón, “ofrecemos al sector empresarial incentivos para incrementar su competitividad e implementar medidas innovadoras en el ámbito de la seguridad e igualdad, como una apuesta por el futuro de las empresas y el bienestar de su personal”. 

Entre las actuaciones subvencionables, que incluyen la elaboración de planes de igualdad, medidas de seguridad para trabajos en altura y retirada segura de materiales con amianto, “se contempla por primera vez la adquisición de dos tipos concretos de exoesqueletos pasivos para la mejora ergonómica: para asistencia lumbar en la manipulación de cargas y para asistencia sobre los hombros”. 

El uso de estos dispositivos de asistencia física “puede considerarse una medida complementaria adecuada para reducir la carga física soportada por las personas trabajadoras, disminuir la fatiga muscular y contribuir a la prevención de sobreesfuerzos físicos que afecten a lesiones musculoesqueléticas, principal causa de los accidentes de trabajo en La Rioja entre 2021 y 2024”. 

Serán subvencionables las actuaciones con gastos efectuados desde el 13 de diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026 y se puede realizar la gestión de presentación de solicitudes a través de la página web de la ADER hasta el 12 de febrero de 2027. Se admiten dos solicitudes por empresa con una subvención máxima total por empresa de 30.000 euros, que se podrá alcanzar en una sola o en varias de actuaciones contempladas. La intensidad de las ayudas varía desde el 100 % en el caso de la retirada de amianto, al 80 % en planes de igualdad y el 50 % en medidas de seguridad en altura y exoesqueletos, con costes máximos de 5.000 euros en planes de igualdad, 10.000 euros en andamios y hasta 30.000, en función de la superficie, en el caso de la retirada de amianto, y en la adquisición de exoesqueletos.

El Gobierno de La Rioja, a través de un programa piloto impulsado desde la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, y en el que también ha colaborado la Consejería de Salud y Servicios Sociales, va a implantar el uso de cuatro exoesqueletos en el Servicio Riojano de Salud (dos), en el Centro de Atención para Personas con Discapacidad Psíquica (CAPDP) Santa Lucía, de Fuenmayor (uno), y en la Residencia Los Manitos, de Calahorra (uno).

Balance global 2024-2025

Entre las dos últimas convocatorias del Cheque de Seguridad e Igualdad, el Gobierno de La Rioja ha comprometido más de 525.000 euros –sobre una inversión empresarial de casi 685.000 euros- para mejorar la seguridad en los trabajos en altura, eliminar el amianto de sus instalaciones y avanzar en igualdad entre mujeres y hombres. En conjunto, se han aprobado 17 planes de igualdad, 15 medidas de seguridad en altura, 19 actuaciones de retirada segura de cubiertas con amianto y 3 unidades de descontaminación, “unas cifras que avalan la eficacia de esta herramienta para mejorar las condiciones de trabajo y avanzar en igualdad en nuestras empresas”, ha concluido Simón.

La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena de prisión (un año y nueve meses) impuesta a un empresario por su responsabilidad en el accidente que sufrió uno de sus trabajadores -que estaba sin contrato- al ordenarle desinfectar un aljibe de ocho metros de profundidad en un hotel de Palma sin arnés, línea de vida ni equipos de protección adecuados. La sentencia lanza un mensaje claro: el empresario es el garante último de la seguridad laboral, incluso frente a posibles errores o imprudencias de sus empleados, y los incumplimientos en materia de seguridad laboral no son solo sancionables administrativamente, sino que pueden constituir delito.

La resolución declara probado que el acusado, en su calidad de administrador de la empresa de limpieza Illes Control, incurrió en una grave negligencia al instar al empleado, el 21 de junio de 2021, a descender al depósito mientras otro de los trabajadores grababa la maniobra, ausentándose el gerente del lugar a pesar de que su presencia era obligatoria por tratarse de un espacio confinado.

La operación se realizó con una precariedad de medios, utilizando una escalera enrollable sin fijación y sustituyendo los sistemas de seguridad reglamentarios por una cuerda atada entre los cinturones de ambos trabajadores, sin arneses, líneas de vida ni equipos de protección adecuados. Durante el procedimiento, el trabajador perdió el pie y cayó en una primera ocasión, lesionándose el brazo, y posteriormente volvió a precipitarse de espaldas desde una altura superior a los dos metros al intentar salir del aljibe debido al dolor y a la falta de un sistema de frenado o anclaje independiente.

Como consecuencia, la víctima sufrió diversas contusiones que requirieron 93 días de tratamiento médico y rehabilitador. La resolución concluye que el acusado no garantizó la seguridad de sus empleados al no proporcionar formación, instrucciones ni los equipos de protección individual necesarios, creando “un grave riesgo para la vida e integridad física del trabajador accidentado y del otro trabajador” al obligarles a utilizar métodos de contrapeso manual totalmente inseguros.

Durante el proceso judicial, el gerente alegó que no fue él quien ordenó al trabajador bajar, que sí existían medidas de seguridad e incluso que, en todo caso, la responsabilidad era del propio empleado al sostener que, si éste no utilizó guantes, fue por decisión propia.

La Audiencia rechaza estos argumentos amparándose en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador y señala que, para su adopción, deben tenerse en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas. Asimismo, recuerda una de las sentencias del Tribunal Supremo en la que se señala “el deber de cuidado” que los responsables de la empresa asumen “en cuanto garantes de la indemnidad del trabajador, no sólo en su actuación ordinaria sino incluso cuando ésta llega a ser descuidada por la confianza y la rutina”.

El empresario, consciente del peligro

El tribunal introduce, en este sentido, una idea clave: el empresario no puede escudarse en la conducta del trabajador cuando no ha puesto los medios necesarios para evitar el riesgo. Por ello, descarta que se trate de una simple imprudencia: los magistrados concluyen que el empresario actuó con dolo eventual, es decir, que era consciente del peligro extremo de la situación y aun así permitió que el trabajo se realizara.

La resolución judicial confirma así la sentencia de instancia al considerar acreditado que el acusado es responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores. Tras analizar las versiones contradictorias, la Sala determina que existe una base lógica y racional para concluir que el empresario no cumplió con sus deberes básicos de prevención, omitiendo tanto la formación técnica como la información sobre los riesgos específicos del puesto a sus empleados.

La prueba de cargo, sustentada principalmente en el testimonio coherente de la víctima y en el informe de Inspección de Trabajo, revela deficiencias de seguridad críticas. Entre ellas destaca la ausencia de un recurso preventivo durante la operación en el aljibe, la falta de puntos de anclaje seguros para las escaleras y el suministro de equipos de protección individual totalmente insuficientes e inadecuados, ya que solo se facilitaron elementos básicos como botas y casco, pero no arneses anticaída ni las líneas de vida necesarias para trabajos en altura.

Finalmente, el tribunal subraya la gravedad de la situación al constatar que uno de los operarios carecía incluso de contrato laboral. Al considerar que el relato de los hechos probados se ajusta estrictamente a la prueba practicada en el juicio oral, se desestima el recurso del acusado y se ratifica íntegramente la condena original por haber puesto en riesgo la vida y la integridad física de sus trabajadores.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar al trabajador con más de 5.000 euros, cantidad incrementada en un 20% por tratarse de un accidente laboral, además de intereses. La aseguradora de la empresa ya había consignado la cantidad.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El sindicato UGT celebrará el próximo viernes 24 de abril la V Jornada de Homenaje a los Delegados y Delegadas en Prevención. Lara Pérez Camino, secretaria ejecutiva de la organización sindical en Cantabria, analiza la relevancia de la figura encargada de la prenvención de riesgos laborales en las empresas y explica los pormenores de una edición que va a poner el foco en la ausencia de protocolos prenventivos centrados en enfermedades que afectan mayoritariamente a las mujeres.

¿Por qué consideran necesaria una jornada de homenaje a la figura del delegado de prevención? 

En UGT Cantabria celebramos este año la quinta edición de homenaje a esta figura ya que los delegados y las delegadas de prevención son los representantes de las personas trabajadoras con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Y dado que, con carácter general, la cultura preventiva está lejos de ser real y efectiva en las empresas, y siendo conscientes de que ellos y ellas desarrollan en su día a día una importantísima labor contribuyendo a entornos laborales más seguros y saludables, consideramos más que merecido este homenaje como forma de reconocimiento a su valiosos desempeño en el ámbito de la seguridad y salud de sus centros de trabajo.

¿De dónde nace esa especie de rechazo a la persona encargada de supervisar la prevención de riesgos dentro de las empresas?

Realmente, como se recoge en la propia Ley de Prevención, las personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el centro de trabajo y esto supone un correlativo deber del empresario, por tanto, no hay que olvidar en ningún caso que la responsabilidad del cumplimiento y la supervisión recae en la empresa. No obstante, la figura del delegado y delegada de prevención tiene como competencias el velar y promover dicho cumplimiento, por lo que usualmente es percibido como un agente 'hostil' por parte de la empresa, ya que no deja de ser alguien que está instando a la implantación de todas las acciones y medidas preventivas que no están llevando a cabo por su parte.

¿Qué se puede hacer para cambiar esa tendencia y verlo como una oportunidad más que como una amenaza?

Por lo expuesto ya anteriormente, entendemos como fundamental que el entorno empresarial deje de considerar la prevención de riesgos laborales como un imperativo legal que debe cumplirse para evitar sanciones, lo que finalmente se traduce en que no se esté haciendo prevención real, sino más bien formal. La prevención no debe entenderse como un mero cumplimiento administrativo, con empresas que invierten el mínimo coste posible para evitar ser sancionados, sino que debe convertirse en un eje transversal de todas las decisiones empresariales, que proteja la continuidad del negocio preservando la salud de las personas que lo sacan adelante. Solo si entendemos que invertir en salud es invertir en productividad y en respeto de las relaciones laborales podremos acabar con los preocupantes datos de accidentes con los que nos encontramos cada día. Y ante una voluntad real de avanzar en materia de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo, no se puede obviar la especial relevancia de contar con un aliado como es la figura del delegado y la delegada de prevención para alcanzar dicho objetivo.

Solo si entendemos que invertir en salud es invertir en productividad y en respeto de las relaciones laborales podremos acabar con los preocupantes datos de accidentes con los que nos encontramos cada día

¿Qué datos avalan la necesidad de tomarnos en serio la prevención de riesgos laborales? 

Como no puede ser de otra manera, la principal razón es garantizar la propia seguridad y salud de las personas trabajadoras, así como su calidad de vida, ya que detrás de las cifras de accidentes laborales, inasumibles para una sociedad como la actual, se encuentran personas, que vieron truncados drásticamente sus proyectos vitales o incluso perdieron la vida cuando iban a ganársela, afectando también a sus familiares y seres queridos. En este sentido, desde UGT se defiende también la necesidad de establecer figuras, como la de los delegados y las delegadas territoriales de Prevención que ya están funcionando en algunas comunidades autónomas con resultados positivos, para que ayuden a formar, informar y garantizar que las personas trabajadoras tengan la misma protección ante los riegos laborales, independientemente del tamaño de la empresa en la que trabajen, pues su actividad tendría alcance en empresas donde no existe representación sindical, y los datos respaldan que allí donde existe dicha representación se consiguen entornos laborales con unas mejores condiciones de seguridad y salud. Y relacionado con todo ello, a nivel estructural, consideramos necesario reconocer el origen laboral de los daños a la salud de las personas trabajadoras, porque de otra manera ciertas incapacidades temporales se continuarán derivando a la sanidad pública, tensionando aún más un servicio que ya se encuentra saturado, y además no se adoptarán las medidas preventivas necesarias, que evitarían que dichos daños continúen repitiéndose.

Celebran en los próximos días una jornada que aborda en concreto la perspectiva de género, dentro de los riesgos laborales. ¿Cuál es el motivo?

Todas nuestras jornadas de salud laboral, incluida esta de carácter más conmemorativo a la figura de los delegados y las delegadas de Prevención presentan un marcado contenido formativo. En este caso, la sesión se ha centrado en el embarazo y lo que conlleva a nivel de prevención de riesgos laborales, como herramienta de utilidad para nuestros delegados y delegadas de Prevención, pero también en consonancia con una vieja reivindicación de UGT Cantabria como agente social y que a su vez se corresponde con uno de los objetivos de la propia Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2028, como es la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Cabe señalar en este punto que la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales exige abordar aspectos más allá de las habituales cuestiones biológicas como el embarazo y la lactancia, y por ello desde UGT reclamamos la consideración igualmente de la menopausia y especialmente la actualización del listado de enfermedades profesionales, donde deben recogerse enfermedades femeninas con origen laboral como el cáncer de ovario por exposición a amianto y el cáncer de mama por exposición al trabajo nocturno, por exposición a sustancias químicas (pesticidas, bifenilos policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, benceno y otros disolventes, óxido de etileno) y a radiaciones ionizantes.

¿En qué sectores es más pronunciada esta disparidad de género, esta falta de estudios centrados en las trabajadoras y en riesgos que pueden afectar solo a la mujer?

En esta pregunta se mencionan diversos aspectos que obviamente tienen una estrecha interrelación. Un factor fundamental es la segregación ocupacional, que hace referencia a la ocupación de distintos puestos de trabajo por parte de mujeres y hombres en base a estereotipos sociolaborales y que, históricamente, ha llevado a una desproporción de mujeres en cierto tipo de ocupaciones, perpetuándose además así la desigualdad de género en el mercado laboral. Esta segregación se da tanto en horizontal -sectores o actividades, usualmente de asistencia, educación y servicios para las mujeres y de industria para el caso de los hombres- como en vertical -puestos ocupados dentro de un mismo sector o actividad, como un ejemplo tradicional era el de médico y enfermera; aunque se ha ido avanzando en este sentido-. Realmente, en cuanto a los sectores más feminizados, y que suelen coincidir con los de mayor precariedad en condiciones laborales (en cuanto a salarios, jornadas, horarios…), son los relacionados con la prestación de servicios de asistencia y dependencia y también otro tipo de servicios, como limpieza, hostelería, y las denominadas 'empleadas del hogar', coincidiendo en ocasiones con perfiles de menor cualificación. Y en este marco histórico, en el que el hombre realizaba una actividad fuera de casa y la labor de la mujer estaba más asociada al entorno del hogar y los cuidados, con una menor visibilidad y valoración profesional, es en el que se han venido realizando, tomando como referencia un modelo masculinizado, tanto los diseños de equipos de trabajo, los diseños de equipos de protección individual e incluso en los estudios específicos para el establecimiento de valores límites ambientales de exposición en los lugares de trabajo (dimensiones, pesos, tallas, características fisiológicas en relación con porcentaje de grasa corporal o espesor de capa cutánea…), que junto con las evaluaciones de riesgos específicas son otras de las demandas de este sindicato. En resumen, por todo lo trasladado anteriormente, desde UGT Cantabria mantenemos la siguiente reivindicación: como ya recoge la propia Ley de Prevención, se ha de adaptar el trabajo a la persona trabajadora; y sin la perspectiva de género en los criterios empleados para dicha adaptación, parte de esas personas trabajadoras se estarían quedando desprotegidas y sin la adopción de medidas preventivas adecuadas para su actividad laboral.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto denuncia ante Inspección de Trabajo y ha acudido al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla-La Mancha para mostrar la situación de Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo cuyas instalaciones, asegura el sindicato, “no reúnen las condiciones mínimas de seguridad necesarias para la realización de autopsias y donde incluso se han producido cinco positivos por tuberculosis”.

Entre las principales deficiencias detectadas, CSIF destaca problemas estructurales y técnicos como la falta de estanqueidad en las salas, la ausencia de un sistema adecuado de filtración de aire y graves carencias en limpieza y gestión de residuos biológicos y físicos. Asimismo, se señala l“a escasez de equipos de protección individual (EPI) para el personal”.

Cinco de los 21 trabajadores, expuestos

Estas deficiencias afectan de manera directa y con enorme gravedad a la plantilla: cinco de los 21 trabajadores del centro han estado expuestos al bacilo de la tuberculosis, lo que evidencia un elevado riesgo biológico y la posible propagación de agentes infecciosos dentro de las instalaciones por sus condiciones totalmente insalubres.

Hasta el momento, estos trabajadores no han desarrollado la enfermedad, pero se encuentran en situación de vigilancia y durante los próximos dos años tendrán que someterse a pruebas de manera periódica para comprobar que no sufren una tuberculosis activa.

Según el sindicto, los trabajadores han tenido constancia de este positivo por la prueba de Mantoux (método diagnóstico utilizado para determinar si una persona ha sido infectada por la bacteria causante de la tuberculosis) realizada a una técnico forense que estuvo trabajando de manera temporal en el Instituto de Medicina Legal y que se sometió a esta prueba en su nuevo puesto de trabajo en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. CSIF exige que la prueba de Mantoux sea de obligada aplicación en el protocolo de Prevención de Riesgos Laborales de todo el personal forense.

Sin noticias del traslado a la nueva sede

La Central Sindical censura que aún no se haya procedido al traslado a la nueva sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, que fue inaugurada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado mes de marzo. Mientras tanto, se están dejando de lado normas básicas de seguridad como la gestión de residuos biosanitarios, lo que obliga a almacenar bolsas con contenido biológico en dependencias que no están preparadas para este uso.

Incluso, abunda el sindicato, han llegado a producirse plagas de insectos y el Ayuntamiento de Toledo se ha visto obligado a fumigar las instalaciones, que no cumplen tampoco con una ventilación adecuada.

CSIF advierte que estas condiciones “no sólo incumplen la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, sino que también están suponiendo un riesgo directo para la salud de los trabajadores”.

Ante esta situación, el sindicato ha solicitado de forma urgente la comunicación de la evaluación de riesgos laborales tanto de médicos forenses como de técnicos especialistas y la actualización de protocolos, así como el cierre cautelar del centro para la adecuación inmediata de las instalaciones a los estándares mínimos exigidos.

“Es preciso acelerar el proceso de traslado a las nuevas instalaciones”, advierten desde el sindicato que no descarta emprender nuevas acciones si no se produce una respuesta rápida y efectiva por parte de la Administración.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta una factura que supera los 300.000 euros en indemnizaciones tras ser condenado en al menos tres ocasiones en los tribunales por incumplir sus obligaciones como garante de la seguridad y la prevención de riesgos laborales de jueces y magistrados. La más cuantiosa de esas condenas, que ya es firme, suma 225.264,68 euros. Este es el contexto en el que el pleno del órgano, con el voto en contra de los dos vocales elegidos a iniciativa de Sumar, acordó este miércoles posicionarse a favor de excluir a los miembros de la carrera judicial de la legislación sobre protección laboral. 

El acuerdo suscrito por los diez vocales elegidos a iniciativa del PP y los ocho designados a propuesta del PSOE, y al que se sumó la presidenta Isabel Perelló, propone suprimir el artículo 317 del Reglamento de la Carrera Judicial. Ese artículo es el que, hasta el momento, reconocía el derecho de los jueces y magistrados a la protección en materia de seguridad y salud al remitir a la normativa de prevención de riesgos laborales. El documento aprobado supone eludir la aplicación del marco legal que vincula al CGPJ en materia de prevención y busca abrir una vía para tratar de sortear estas condenas de miles de euros, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

En un comunicado conjunto hecho público este viernes, las cuatro asociaciones judiciales —conservadoras y progresistas— han exigido al CGPJ que corrija su criterio y mantenga la aplicación de las normas de protección laboral. “Sin condiciones de trabajo seguras, con cargas de trabajo reguladas y evaluadas preventivamente, no hay protección real de la integridad física y moral de jueces y magistrados, ni tampoco una independencia judicial materialmente garantizada”, sostiene el comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

La tesis del documento consensuado entre los vocales conservadores y la mayoría de los progresistas es que el texto mejora el actual marco legal y despeja dudas sobre las competencias del CGPJ, al indicar que hay aspectos de la salud de los jueces que quedan fuera de su ámbito de actuación. “No es jurídicamente correcto construir, por simple traslación conceptual, un régimen de prevención de riesgos laborales de cuño general y proyectarlo íntegramente sobre la Carrera Judicial como si jueces y magistrados fueran, sin más, trabajadores o empleados públicos ordinarios”, recoge el texto aprobado. 

El argumento es que tratar a los jueces como “trabajadores ordinarios” sometidos a la regulación general sobre riesgos laborales implicaría una relación de subordinación como la que existe entre un empleado y un empresario, lo que choca frontalmente con la “independencia” que debe regir en la función jurisdiccional. “La salud de quienes integran el Poder Judicial no puede quedar reducida a un problema de organización empresarial o de relaciones de empleo, porque afecta al núcleo mismo de las condiciones de ejercicio de la potestad de juzgar”, recoge el documento. 

Una “desregulación” absoluta

Frente a este acuerdo, la vocal Inés Herreros presentó un voto particular al que se sumó el vocal Carlos Hugo Preciado que defiende que la nueva normativa supone una desregulación absoluta y una “ruptura con la trayectoria” de más de una década de avances. Su texto apunta que la prevención de riesgos es una garantía material indispensable para la propia independencia. Y alude a la “capital importancia” que reviste la protección de la seguridad y salud en la independencia judicial y al hecho de que a la ciudadanía “también le asiste el derecho a que la actividad jurisdiccional se realice con la serenidad y el sosiego que ofrece un sistema que garantice la salud en el trabajo”. 

Según el texto que suscriben ambos vocales, el planteamiento de la mayoría “instrumentaliza la salud” de los jueces y “convierte su protección no en un fin en sí mismo —como correspondería a un derecho laboral básico— sino en un medio para garantizar el rendimiento del sistema, con lo que se desprotege precisamente aquello que debería ser el núcleo de cualquier política de prevención de riesgos laborales: la dignidad y el bienestar de las personas”. 

Los vocales elegidos a iniciativa de Sumar apuntan a la paradoja de que el texto aprobado una el derecho a la seguridad y salud de la carrera judicial a la independencia judicial “para después desregular su protección y dejarlo sin cobertura ni protección al desligarlo de la Prevención de Riesgos Laborales”. 

Además, el pleno rechazó una propuesta realizada por el vocal Preciado que defiende que los derechos profesionales de los jueces —retribuciones, protección social, la prevención de riesgos o conciliación— constituyen “garantías materiales de la independencia”. “Un juez/a no puede ejercer con independencia la jurisdicción si sus condiciones profesionales ponen en riesgo su vida, integridad física o moral o su salud”, recoge su propuesta. 

Además, Preciado proponía renovar la evaluación de riesgos psicosociales, que data de 2018, para medir adecuadamente el estrés derivado de la asunción de cargas familiares y de cuidado por parte de los jueces. También contemplaba actualizar la guía práctica de riesgo por lactancia natural, de 2023, para evitar decisiones dispares entre los distintos Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, planteaba incluir medidas específicas frente al acoso y la violencia, así como iniciativas específicas de protección para los jueces mayores de 60 años, como la exención de realizar guardias o el establecimiento de normas para evitar que se les repartan macroprocesos. 

Varias sentencias

El núcleo de este conflicto radica en la histórica reclamación de las asociaciones de jueces para que el CGPJ cumpla con su obligación legal de regular de forma específica la carga de trabajo a efectos de salud laboral. Ante la inactividad del órgano, que se defendía argumentando que no era posible fijar un límite abstracto para todos y que la jurisdicción competente no era la social, los tribunales acabaron fallando en su contra. El Tribunal Supremo condenó en 2023 al CGPJ por no regular la carga de trabajo de los jueces para proteger su salud laboral.

En paralelo, distintos jueces han presentado en los últimos años reclamaciones individuales de daños y perjuicios que, en algunos casos, han derivado en indemnizaciones de miles de euros. Entre los casos más graves destaca el de una magistrada que alegó haber sufrido un síndrome ansioso-depresivo derivado del estrés laboral. Según su demanda, el CGPJ “no puso los medios para detectarlo ni aplicó medios para evitarlo, como pudiera haber sido un refuerzo, o cualquier otra medida similar”. 

En 2022, un juzgado de lo Social condenó al órgano de gobierno de los jueces a pagarle una indemnización de 122.963,50 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró que la indemnización inicial no reparaba íntegramente el daño y reconoció además el lucro cesante y secuelas, por lo que elevó la indemnización a 225.264,68 euros. En diciembre de 2024, el Supremo declaró firme la sentencia y confirmó la obligación del CGPJ de abonar esa cantidad. 

También está el caso de un magistrado que denunció que había desarrollado un trastorno depresivo mayor crónico (síndrome de burnout o desgaste profesional) que derivó en su incapacidad permanente. Según su demanda, esa patología se debió a una sobrecarga de trabajo, ya que su juzgado superaba los módulos teóricos de entrada de asuntos fijados por el CGPJ. El órgano le abrió varios expedientes disciplinarios por los recurrentes retrasos de su órgano judicial.

Un juzgado de lo Social le dio la razón en diciembre de 2024 y condenó al CGPJ al pago de 42.745,50 euros de indemnización. Tras los recursos interpuestos por ambas partes, el TSJ de Catalunya confirmó este mismo marzo que había habido una vulneración de las normativas de prevención por parte del CGPJ frente a un juzgado sobrecargado y elevó la condena al imponer al Consejo el pago de una indemnización principal de 77.730,36 euros, a los que se sumaron 7.376,40 euros extra en concepto de intereses legales devengados desde el año 2021.

A estas sentencias se suma la de otro magistrado que fue indemnizado con 548,03 euros por el coste de unas gafas graduadas necesarias para su trabajo con pantallas. El CGPJ alegó que se desconocía si la miopía del magistrado se había producido tras su ingreso en la carrera judicial. Pero la sentencia se apoyó en una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que los empleadores deben proporcionar dispositivos correctores especiales a los trabajadores que los necesiten por el uso de pantallas y que el trabajador no debe verse obligado a costear sus propios medios de protección. 

La situación en el CRAPD I de Vigo (siglas de Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes), donde en 2025 la Inspección de Trabajo advirtió de un riesgo “mortal” para la plantilla sigue empeorando. El sindicato CSIF ha presentado un“ escrito formal” ante la Consellería de Política Social en el que exige “actuaciones inmediatas para proteger a las trabajadoras”, ya que consideran que existe un peligro “grave e inminente” para su salud y su seguridad.

En un comunicado, la central afirma que la Xunta “no ha dado una respuesta proporcional a la gravedad del problema”. Insiste en que no se trata de hechos “aislados” ni “puntuales”, sino que responden a un modelo “que lleva años generando conflictos”. El CRAPD I, que fue concebido inicialmente como una residencia para personas mayores, lleva años atendiendo “perfiles cada vez más complejos sin el refuerzo necesario de personal, formación ni medidas de seguridad”.

En el documento, registrado por la representante de CSIF en el Comité de Empresa de Política Social, Montse Arribas, se describe “un clima de miedo, ansiedad e inseguridad laboral”, causado, en este caso, por “episodios continuados de amenazas e intimidaciones, especialmente durante el turno de noche, protagonizados por un nuevo usuario del centro con alteraciones de conducta”.

El sindicato denuncia que esta situación “no sólo supone un riesgo psicosocial muy grave, sino también un peligro real de agresión física, agravado por el hecho de que el residente permanece en estado de vigilia durante la noche con comportamientos intimidatorios reiterados”. Critica que la única respuesta de la dirección haya sido “ordenar que el trabajo nocturno se realice en pareja”. Para CSIF, la medida, “claramente insuficiente”, obliga a dejar otras zonas sin atención, lo que incrementa “tanto el riesgo laboral como el asistencial”.

Ante esta situación, el CSIF ha solicitado formalmente a la consellería la adopción “urgente” de medidas de protección, la evaluación inmediata del riesgo y de la violencia externa, el refuerzo de personal o presencia de seguridad en turno de noche, el traslado del usuario a un recurso adecuado a su perfil e información “urgente” al comité de seguridad y salud.

El sindicato advierte de que la normativa de prevención de riesgos laborales obliga a actuar ante situaciones de riesgo grave e inminente, por lo que considera “inadmisible” la falta de medidas efectivas hasta el momento. “Las trabajadoras no pueden seguir desempeñando su labor con miedo”, concluye el comunicado.

Los sindicatos CCOO y UGT de Andalucía han presentado un decálogo de medidas para acabar con la siniestralidad laboral ante el “aumento dramático de los accidentes laborales y de las enfermedades derivadas del trabajo”, y han reclamado que “no valen planes de choque que duran dos meses y tienen unos resultados muy pobres”.

En este sentido, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín y la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, han advertido de que la siniestralidad laboral “continúa siendo uno de los principales problemas del mercado de trabajo andaluz”, al tiempo que han reclamado un “refuerzo de las políticas de prevención para evitar accidentes laborales que, en muchos casos, son evitables”.

Por su parte, UGT-A ha incidido en que desde 1988, cuando existen registros, hay más de 6.300 personas han perdido la vida en accidente laboral en Andalucía, una cifra que refleja la dimensión de un problema que, a su juicio, “no puede seguir siendo asumido como inevitable”. “No podemos aceptar que morir en el trabajo forme parte del ecosistema laboral”, ha señalado.

121 trabajadores fallecidos en Andalucía

Según ha explicado el dirigente sindical, durante el pasado año se registraron en Andalucía 103.609 accidentes de trabajo con baja, lo que supone que más de cien mil personas sufrieron lesiones mientras desarrollaban su actividad laboral. También, en 2025 fallecieron 121 trabajadores en Andalucía, lo que equivale a una muerte cada tres días.

Además, uno de cada cuatro accidentes graves que se producen en España ocurre en Andalucía, tal y como ha afirmado UGT, lo que “evidencia que la comunidad mantiene un problema estructural en materia de prevención”.

Martín ha subrayado también que determinados sectores continúan concentrando una “elevada siniestralidad”. En este sentido, ha señalado que la construcción registró en 2025 un incremento del 37% en los fallecimientos, aunque ha advertido de que el problema “no se limita a este ámbito”. “El sector servicios registró 50 personas fallecidas el pasado año, lo que demuestra que los riesgos laborales afectan a una gran diversidad de actividades económicas”, ha indicado.

Uno de los datos que, según el secretario general de UGT Andalucía, explica buena parte de esta realidad es que el 46% de los accidentes graves y el 42% de las muertes laborales se produjeron en empresas que no habían realizado la evaluación de riesgos. “Cuando una empresa no evalúa los riesgos no estamos ante un simple descuido administrativo. Estamos ante una negligencia grave que pone en peligro la vida de las personas trabajadoras”, ha afirmado.

Medidas

Oskar Martín ha señalado que una de las claves del problema está en la estructura del tejido empresarial andaluz, ya que el 85% de las empresas son microempresas, donde en muchos casos no existe representación sindical ni delegados de prevención. Para corregir esta situación, ha defendido la implantación de la figura del Delegado Territorial de Prevención, que permitiría actuar en aquellas empresas donde actualmente no existe supervisión preventiva.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha reclamado medidas estructurales para acabar con la siniestralidad laboral y la infradeclaración de enfermedades profesionales en Andalucía; así como el fortalecimiento de los organismos de control y prevención.

De igual modo ha pedido “garantizar la vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, instando a las administraciones a que cubran las vacantes. “Ante este drama que sufrimos las personas trabajadoras en Andalucía no valen paños calientes; no valen planes de choque que duran dos meses y tienen unos resultados muy pobres”, ha continuado.

La secretaria general de CCOO de Andalucía ha aclarado que “no solo queremos que se sancione a las empresas, sino que se haga prevención en ellas y que si alguna incumple la legislación en prevención, caiga sobre ellas el peso de la ley, que para eso existe”. Precisamente sobre esta última cuestión, la dirigente sindical ha subrayado que “llevamos ya 20 años sin desarrollar las unidades de prevención de riesgos laborales que permitirían informar, formar, asesorar tanto a empresa, empresariado, directivos y trabajadores en esa concienciación colectiva de evitar los accidentes y las enfermedades profesionales”.

López ha apuntado, igualmente, la importancia del delegado de prevención territorial o sectorial porque, como ha explicado “que en las empresas que tienen representantes sindicales hay más evaluación de riesgo, más seguimiento a la prevención, más medidas correctivas y más concienciación”.

Enfermedades profesionales

Las enfermedades profesionales son otra de las cuestiones que se priorizan en el decálogo, ya que, según ha alertado la secretaria general de CCOO de Andalucía, “un 98% de estas enfermedades profesionales que sufren las personas derivadas de la actividad laboral en su puesto de trabajo son escondidas y tapadas por las empresas”.

“Hay un problema de ocultación por parte de las empresas y de las mutuas para reconocer y para comunicar las enfermedades derivadas de los puestos de trabajo por lo que desde CCOO instamos a que se ponga encima de la mesa un plan integral para mejorar la salud mental, que es una epidemia del siglo XXI”, ha señalado López.

Prueba de ello es que, según datos del sindicato, el 40% de los accidentes mortales por patología no traumática son consecuencia directa de la situación que se vive en las empresas, de “los elevados ritmos de trabajo, de las jornadas extenuantes, de la presión psicosocial, de la doble presencia que sufren las mujeres y de unas condiciones precarias que sufren el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras”.

La dirigente ha llegado incluso a decir que “las empresas que tienen muchos recursos económicos intentan tapar el daño con dinero y ha vuelto a denunciar el trasvase a la sanidad pública por parte de las mutuas de enfermedades que son profesionales y no pueden ser tratadas como comunes”.

Un decálogo

Durante la rueda de prensa, UGT y CCOO han presentado conjuntamente un decálogo de medidas estructurales para reducir la siniestralidad laboral en Andalucía. Entre las propuestas planteadas se encuentra la implantación de la figura del Delegado o Delegada Territorial de Prevención, con el objetivo de garantizar la supervisión preventiva en las miles de pequeñas empresas donde actualmente no existe representación sindical.

El documento también plantea la puesta en marcha de planes específicos de salud mental laboral, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas preventivas y la investigación de todos los accidentes mortales y los más graves para evitar que vuelvan a repetirse.

Junto a ello, el decálogo propone reforzar la prevención en los accidentes laborales en desplazamiento, impulsar la formación continua en prevención de riesgos laborales, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, mejorar los sistemas de vigilancia de la salud en las empresas y fortalecer el sistema institucional andaluz de prevención de riesgos laborales. Los sindicatos han advertido que esto es una hoja de ruta en la que harán una asamblea de delegados y delegadas y que las acciones previstas dependerán de la respuesta de administración y los de los empresarios ante tal situación.

Primer fallecido en Málaga

Este proyecto se presenta un día después de que los sindicatos se concentraran este miércoles en Benarrabá (Málaga), donde una persona falleció y otra resultó herida grave al derrumbarse un muro de una obra.

La secretaria de salud laboral y PRL de UGT Málaga, Sara Salor, indicó que se trata del primer accidente mortal de este 2026 en la provincia y ha recordado que un trabajador falleció y otro resultó herido grave “como consecuencia del colapso del muro de contención del entorno del tanatorio municipal que se desplomó sobre ambos. Los escombros dejaron atrapados a ambos trabajadores”.

También desde UGT han trasladado el pésame a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido, y esperan que el trabajador gravemente herido se recupere pronto. Además, han hecho llegar el ofrecimiento para las acciones legales que necesiten emprender.

El sindicato UGT de La Rioja ha salido este jueves a la calle para censurar “la mala praxis” que realizan las mutuas que, a juicio del sindicato, están más enfocadas en “hacer negocio” que en el ámbito sanitario.

Frente a la sede de la Mutua Asepeyo (Avda. de Madrid, 2, de Logroño) el sindicato ha indicado que el pasado año abrió 45 expedientes contra las mutuas por las malas prácticas, por altas indebidas, “y aproximadamente un 70 por ciento fueron favorables para el trabajador”.

El secretario de Salud Laboral de UGT La Rioja, José Antonio Jorge Divar, ha defendido esta cita en Asepeyo ante la última sentencia emitida por el juzgado de lo social de Logroño que ha dictado a favor de un trabajador al reconocerle la contingencia profesional por una enfermedad derivada por su actividad laboral. En contra del criterio, en este caso, de esta mutua y de la empresa en la que trabajaba en Ezcaray.

Jorge Divar ha explicado que este proceso comenzó a principios del año 2023 cuando el trabajador “con unos dolores fuertes en la mano solicitó la asistencia de la mutua que le fue denegada por la empresa”. Ante ello, el empleado no tuvo más remedio que acudir a su médico de Atención Primaria que le dio la incapacidad temporal.

A finales de 2023 fue intervenido quirúrgicamente, según ha explicado, y tras el periodo de rehabilitación, fue dado de alta y solicitó su reincorporación a su puesto de trabajo. “Una incorporación con un informe que instaba a la empresa a adaptar ese puesto” algo a lo que “la empresa de nuevo se negó con el criterio, lógicamente, de la mutua”.

Esto derivó a que el trabajador tuviera que volver a iniciar un nuevo proceso de incapacidad temporal. “Esto es un ejemplo de las malas prácticas que vienen realizando las mutuas”, ha afirmado.

Mutuas que, como ha querido dejar claro el secretario de Salud Laboral de UGT, son asociaciones privadas de empresarios sin ánimo de lucro, que colaboran con la Seguridad Social, es decir, “que manejan dinero público para hacerse cargo de las prestaciones sanitarias y económicas en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.

“A la vista está” -ha reflexionado- que la prestación sanitaria “no les interesa mucho o prácticamente nada. Ellos solo están pendientes de la parte económica y de seguir haciendo negocio”.

En su intervención también ha hecho referencia a las denominadas 'altas indebidas' que, claro está, “tiene sus consecuencias” ya que “si un trabajador o una trabajadora tiene que reincorporar su puesto de trabajo si no está completamente recuperado, lo más probable es que recaiga y que tenga que volver a iniciar un periodo de incapacidad temporal”.

Pero para UGT “lo más grave” es que muchas veces, “si esas personas trabajadoras se reincorporan a su puesto de trabajo sin haberse recuperado, pueden tener algún accidente aún más importante”.

Un dato que se demuestra con los índices de siniestralidad en La Rioja; “El pasado año apenas descendieron los accidentes laborales, pero hay un dato relevante y es que los accidentes muy graves se duplicaron. Han crecido en más de un 91%”. Por lo tanto, indica, “si realmente queremos reducir la sinestralidad, las mutuas tienen que realizar su trabajo”.

En otro orden de asuntos y con respecto “al 'mal llamado absentismo'”, Jorge Divar ha querido dejar claro que su definición real es “la falta de acudir al trabajo sin justificación alguna”. Lo demás -ha dicho- “son todo derechos de las personas trabajadoras que están recogidos en los estatutos y en los convenios colectivos”.

Por eso considera que hablar del 'mal llamado absentismo' responde a “una estrategia perversa de la patronal para criminalizar a los trabajadores y crear una falsa alarma social. Incluso ya están hablando de darle más poder a las mutuas para que puedan proponer las altas ya en las contingencias comunes”.

Por todo ello, indica, “éste no es el camino para solucionar este problema del aumento de las incapacidades temporales. Si no atajamos el problema desde la raíz no haremos nada”.

Finalmente desde UGT “vamos a seguir denunciando las malas prácticas de las mutuas y rebatiendo todos estos informes y todas estas manifestaciones por parte de la patronal que solo intentan criminalizar a los trabajadores”.

Hay muertes que, por incomprensibles, destrozan a quienes quedan. Pero hay otras que responden con claridad y contundencia a la pregunta: ¿por qué? No se dieron los elementos de protección, no se proporcionó el arnés, no se señaló el tramo peligroso, no se produjeron las revisiones de calidad, no había un protocolo de actuación, es decir, no hubo prevención de riesgos laborales. En Andalucía, hubo 121 trabajadores que perdieron la vida en 2025 y ya en las primeras semanas de 2026 se han contabilizado nueve decesos. Las defunciones son la punta del iceberg de un sistema lastrado por la alta incidencia de accidentes en el entorno laboral que, aún, no se corrigen y tienen luego un largo recorrido judicial, con hasta tres años de media de espera para sentencia.

Pedro Luque Yuste subió a un tejado sin líneas de viga ni sogas con las que atarse el 29 de junio de 2010. La empresa lo envió de un día a otro a una obra nueva, es más, el contrato para darles de alta en la Seguridad Social llegó in situ. Le dieron algunas herramientas para que operara y la orden fue arreglar la superficie, sin examen previo. “Era verano y las avispas empezaron a revolotear entre nosotros, nos movíamos por el tejado de lado a lado y supongo que nos verían de aquella manera, que fue entonces cuando nos dieron los papeles”, recuerda. “Hacía mucho calor, paré a tomar agua, solté la botella y me fui, fue como si te tiran de los pies para abajo, como un chupetón de desagüe que te tira, y caí desde el tejado a la nave... Un metro y medio más allá y habría quedado pinchado en las máquinas”.

Dolorido, en mitad del caos, el cordobés reconoce que la suerte le hizo un último guiño: los sanitarios y la policía llegaron antes que el empresario e hicieron fotos de todas las instalaciones, por lo que se comprobó que la soga que habían tirado en los andamios a posteriori era falsa. “Me destrocé medio cuerpo”, tenía la pelvis y varias vértebras de la columna fracturadas, además de una herida abierta en el tobillo que requirió de atención quirúrgica de urgencia en Barcelona. “Mi sorpresa fue que me encontré a personas sin miembros, pero gracias a Dios me pudieron salvar el pie”, señala en declaraciones a este medio. Las consecuencias de aquel accidente laboral le condicionan el día a día, sin que aún tenga reconocida la incapacidad total: le falta la respiración si anda tres metros seguidos, tiene dolores crónicos, depende de una medicación y las complicaciones cardiovasculares asoman.

“Se declaró insolvente”

Andalucía registró 103.609 accidentes de trabajo con baja a lo largo de 2025, tal y como apunta el informe anual de UGT, de los que 1.032 fueron graves. Por tanto, la autonomía concentra el 22,19% de los accidentes graves, es decir, prácticamente uno de cada cuatro accidentes graves de España se producen en el sur. Además, de las 121 víctimas mortales, 94 fallecimientos se produjeron durante la jornada laboral y 27 in itinere; por sectores, ha aumentado en un 37% las víctimas mortales en el sector de la construcción en comparación con 2024. Para hacerse una idea, en el conjunto del país hubo 735 personas fallecidas, según los datos provisionales del Ministerio de Trabajo.

Por su parte, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo publicó el pasado 7 de marzo que los accidentes laborales había caído un 1,2% durante 2025, a falta de los datos definitivos del Ministerio competente. En un comunicado, trasladaron que había 103.584 bajas laborales y había habido 1.323 accidentes menos en los centros de trabajo que los contabilizados en 2024 y, con respecto a los siniestros mortales, la reducción fue del 5,5%.

Por el daño causado, Yuste recibió una indemnización de 24.000 euros a través de la mutua, pero la sentencia contra la empresa estima un total de 180.000 euros. “Se declaró insolvente, con todos los coches y las propiedades que tenía, y ni siquiera me pasa la pensión de 100 euros. Lo que me dicen es que tiene que primero cobrar Hacienda y la Seguridad Social, y el último seré yo”, lamenta. “Mi casa la tenía arruinada, de repente me quedé sin trabajo, con un hijo chico, y no tenía ni para comprar un chupachup”, refiere sobre el drama que acontece tras el accidente laboral. Con 47 años, le viene a la mente la persona que era: activa, inquieta, de trabajo constante, incluso los fines de semana: “Yo estaba tan mal que intenté quitarme la vida, cogí la escopeta, pero los cartuchos estaban picados”.

Tras años de apoyo psicológico, ha encontrado en la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (Avaela) un espacio que lo ha inspirado a seguir luchando, a divulgar la importancia de la prevención en riesgos laborales y a sanar sus vivencias en el grupo de luto que se reúne una vez al mes. Enrique López Gaona, voluntario de la organización, se traslada desde Málaga a Córdoba para participar en estos encuentros de autoayuda: “Los accidentes laborales crean muchas secuelas y situaciones complicadas que se tardan años en superar”.

Con alrededor de 130 socios, se suman a las acciones de los sindicatos y reclaman a las administraciones mayores exigencias para el entramado empresarial en materia de prevención, más allá de las declaraciones institucionales a las que se suman. “Es una realidad que tenemos silenciada y que afecta a miles de personas, pero no se analizan las causas ni se profundiza en la problemática, así que seguimos trabajando en su difusión y divulgación”, con tal de que los empleados sean conscientes de sus derechos laborales para evitar males mayores.

La eterna espera de los juicios

Otra de las trabas a las que se enfrentan los colectivos vulnerables son las barreras judiciales. López estima que, de media, se tarda tres años en lograr el reconocimiento para cobrar las indemnizaciones o lograr las pensiones de viudedad u orfandad: “Imagínate para las personas con esa pérdida y sin nada, porque no hay dinero hasta que no se aclara lo que ha ocurrido cuando ya tienes ante ti la pérdida de un proyecto vital; genera una situación socioeconómica muy grave”, subraya. El Ministerio de Trabajo, a cargo de Yolanda Díaz, firmó el pasado 10 de febrero un acuerdo con CCOO y UGT para reforzar y modernizar la ley de prevención de riesgos laborales, de 1995, pero su recorrido es difícil ante la falta de consenso con la patronal.

Teresa Casillas va más allá: quiere un juzgado especializado en siniestralidad laboral. Cuatro años más tarde, sigue en la pelea judicial tras los recursos que interpone la empresa en la que falleció su marido, Bartolomé Jiménez. Pero no ceja. No va a ceder ni un centímetro, menos después de que intentaran firmar un acuerdo extraoficial en el propio tanatorio. “La viudedad la cobré a los seis meses porque la mutua denunció a la empresa, que devolvía el papeleo sin firmar, pero a día de hoy no sé qué pasó... Es una lucha contra Goliat, pero, tarde lo que tarde, seguiré por la vía de lo penal”, mantiene, en entrevista con esta cabecera.

Teresa y Bartolomé habían retomado el placer por viajar, de hacer planes juntos los fines de semana, tener una independencia que durante años había quedado postergada a causa del cuidado que le dedicaban a sus familiares. Pero el 2 de junio de 2022 se truncó esta nueva etapa. Tras casi 25 años en una compañía dedicada al galvanizado en La Carlota, Córdoba, se produjo un accidente en el horno que acabó con su vida en el mismo momento. “Mi hijo fue a buscar el coche y las pertenencias de mi marido, pero ya hubo problemas, y acusaron a mi marido de estar alcoholizado y drogado... Mentira todo”, un año después, el informe toxicológico desmintió aquellas afirmaciones.

“No puedes cerrar el duelo hasta que pasa todo”, lamenta. Acompañada por sus dos hijos, intentó remontar, pero no fue hasta que dio con el grupo de duelo cuando “cambió mi chip por completo”. “Hablamos de lo que sentimos, de lo que nos ha pasado, tenemos las mismas reacciones y, dices, jolines, no soy solo yo, incluso, comentamos cosas tan cotidianas como... Sacar la ropa del armario”, logró hacerlo hace poco. Insiste en que la prevención es una labor de todos, más cuando ha descubierto que habían otros compañeros de su esposo que habían sufrido accidentes y que se trata de la tercera defunción en la compañía en apenas una década. “Gane o pierda, esto va a salir en la televisión”, adelanta.

En Andalucía, tanto UGT como CCOO han demandado más medidas. Entre ellas, recuperar la acción del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, además de las campañas de prevención. También, le piden al Gobierno de Juanma Moreno que actualiza el acuerdo de 2002 y la incorporación de una nueva figura, el delegado territorial o sectorial, con el fin de que se haga una mayor vigilancia en los centros de trabajo. Este jueves, el Parlamento andaluz, a petición del grupo socialista, abordará una pregunta sobre las víctimas mortales de los accidentes laborales. Mientras, Casillas, y tantas personas afectadas, encara el tramo más arduo: la espera, mientras la Justicia dirime cuál de las partes tiene la razón.

Episodios de conjuntivitis, ataques de tos, mucosidades negras y picores son algunos de los síntomas que varios trabajadores de una empresa proveedora de huevos de insectos de Villamalea, en la provincia de Albacete, han denunciado. Lo achacan a la falta de equipos de protección (EPI) adecuados en el tratamiento de los insectos, cuya extracción de excrementos provoca “polvo en suspensión” que “se agarra” a los ojos, las manos y el pelo de los empleados y empleadas.

Algunos trabajadores, que han pedido permanecer en el anonimato por temor a represalias de la empresa, se han puesto en contacto con este medio para hacer pública una situación que consideran “insostenible”.

La empresa es Protiberia, cuya titularidad corresponde a Villa Insect S.L. Dispone de varias naves en el municipio albaceteño y se define como compañía “líder” en el suministro de colonias de huevos de Tenebrio molitor, un coleóptero (escarabajo) conocido como el “gusano de la harina” por su forma larvaria.

El equipo “multidisciplinario” de la empresa trabaja para suministrar estos huevos a granjas de cría, utilizando “materias primas sostenibles y prácticas basadas en la economía circular”.

Este insecto tiene gran contenido proteico, ácidos grasos, fósforo y calcio y es una opción “sostenible, saludable y segura tanto para alimentación humana como animal”. Además, Protiberia promociona el hecho de que el cien por cien de sus componentes se aprovechan y muchos de ellos se utilizan como biofertilizantes naturales o para usos biotecnológicos, farmacéuticos y cosméticos.

Actualmente, el Tenebrio molitor, según ha podido comprobar este medio, está certificado por la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) para el consumo humano y Protiberia destaca que se ha convertido en un “alimento más sostenible” que las fuentes de proteína tradicionales.

La empresa explica en su web que la operación de tratamiento de los insectos se realiza de forma manual y semimanual en muchas instalaciones, aunque actualmente está desarrollando una solución “automatizada”. Este desarrollo está actualmente en “fase de validación técnica y proceso de protección de patente”. Aduce que esta línea de innovación cuenta con el respaldo financiero del Gobierno de Castilla-La Mancha y de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Innova-Adelante 2024.

Pero a pesar de estas bondades, la situación en su planta de Villamalea, donde trabajan alrededor de 25 personas, no parece la ideal, al menos según los testimonios recabados por este medio. Se trata de personas empleadas tanto en el tratamiento manual de los insectos, como en el mantenimiento y la limpieza de las naves.

“No hay equipos de protección. Hemos trabajado con mascarillas quirúrgicas, con guantes de látex y con unas gafas de protección que no sirven para nada cuando haces el cribado, es decir, cuando los pones en el tamiz para filtrar los excrementos. Ahí se produce un polvo que no paras de respirar durante ocho horas. Son partículas en suspensión”, explica una de estas personas.

Los empleados están “continuamente expuestos” a estas partículas. “El primer día que hice esa labor yo ya tenía problemas respiratorios. Hablé con mis compañeros y muchos me contaron lo mismo, que a ellos les había pasado lo mismo”. Relatan así episodios de conjuntivitis, de fatiga o de “respiración asmática”.

En el siguiente vídeo, cedido a este medio por una de las personas empleadas, puede verse cómo es el cribado habitual de los insectos. En este caso, la persona dispone de una bata de manga corta que deja parte del brazo al descubierto. El rostro está cortado por el anonimato que han solicitado, pero ni su mascarilla ni sus gafas, alegan, son las “adecuadas”:

Uno de los trabajadores pone el acento en que no existe actualmente ninguna investigación ni prueba piloto de cómo ese polvo en suspensión derivado del cribado puede afectar a la salud humana. “Es algo tan nuevo que este sector ni lo está analizando”.

“La ropa que tenemos es la misma con la que nos volvemos a casa, no nos han facilitado nunca ropa para cambiarnos allí, ni tampoco duchas”. Tampoco llevan batas especiales, salvo las de manga corta, ni dicen haber recibido indicaciones para evitar los efectos del cribado.

Otro trabajador confirma este testimonio: “Estás comiendo polvo todo el rato”. Detalla que cuando se criban los insectos, se utilizan máquinas vibradoras que hacen que se separen, y que el excremento, que es como un polvo, al vibrar “se levanta por todos lados”. Este empleado afirma que las mascarillas quirúrgicas ya se han sustituido recientemente por las FPP2 (dan más protección) pero resalta que es “insuficiente”. Por ejemplo, la cabeza solo se la cubren con una redecilla, por lo que el pelo se queda lleno de partículas.

No es normal irte a tu casa con toda esa suciedad

Este empleado dice haber constatado que hay gente que “no para de toser” y que algunas veces “necesitamos salir fuera para respirar”. “Te suenas la nariz y los mocos están negros. No me parece normal”. Y pide también trajes y batas especiales de protección, además de duchas y de equipamiento “para no irte a tu casa con toda la suciedad”. O por lo menos, añade, debería haber “sistemas de ventilación o de aspiración del polvo”.  

Hay otra cuestión que, según estos testimonios, también puede afectar a la salud pública: el tratamiento que se hace de los insectos que mueren. “Al final es como una granja y no se les da el tratamiento adecuado”. “Puede haber en torno a 20 o 30 kilos a la semana de bichos muertos”.

Cuentan que, en un principio, la dirección de la empresa quería instalar contenedores fitosanitarios para albergar los insectos muertos y que después otra empresa externa se encargara de gestionarlos. “Pero al final eso no se ha hecho porque costaba mucho dinero. Lo que se hace es congelarlos y después tirarlos a un remolque, que, cuando está lleno, se lleva con un tractor a esparcirlos en el campo de al lado, que es propiedad también de la empresa, y se dejan como abono para labranza”. Es otro de los usos que se da las larvas de estos insectos, como abono agrícola. “Pero queda al aire libre”.

El problema, añade, es que cada vez que el remolque se llena, “eso echa un humo de toda la fermentación que lleva, generando una pestilencia horrible”. Esos insectos y sus residuos, no se entierran ni encapsulan. “Se esparcen en el campo y quedan expuestos a que pájaros u otros animales se los coman o se expongan. Es algo realmente asqueroso y no creo que sea ni adecuado ni bueno para el medio ambiente”.

“Al final, entre unas cosas y otras está todo el mundo bastante quemado. Si no lo dejan es porque muchos son jóvenes, incluso sobrecualificados para el trabajo que hacen, pero no se quieren quedar en paro”.

La situación llegó al punto en que uno de los empleados se ha puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo para denunciarla. En ese documento, al que ha tenido acceso este medio, el empleado relata que la empresa abrió en 2022 con el objetivo de investigar el ciclo reproductivo del Tenebrio molitor y que el fin último es conseguir una producción con la que la empresa sea rentable, mediante la venta del insecto en cualquier fase de su ciclo vital, la producción de abono (a partir de los excrementos) y producción pienso para aves y reptiles.

Detalla que disponen de las siguientes maquinarias para llevar a cabo estas tareas: vibradoras (para cribar insectos) congeladores (para matar o sacrificar) y un microondas industrial (para deshidratar la larva). Pero añade que, no obstante, la empresa no ha invertido dinero en la compra de EPI, ropa de trabajo, lavadoras y aspiradores industriales.

“Los trabajadores que están toda la jornada cribando (separando los tamaños y edades del insecto) se llenan contantemente de los excrementos, que se asemejan a la textura de la arena. Es muy fácil que penetre en orificios del cuerpo (…) No tenemos protección adecuada”. Demanda por todo ello que actúe la Inspección de Trabajo. Por el momento, esta petición no ha obtenido respuesta.

La empresa dice cumplir con la prevención de riesgos laborales

Este medio ha podido comunicarse por escrito con la dirección de la empresa para conocer su valoración sobre estas acusaciones. Afirma que todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud laboral las toman “extremadamente en serio”.

“Cumplimos con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y contamos con protocolos específicos adaptados a nuestros procesos productivos”, añaden fuentes de la compañía.

Según su página web, la empresa fue fundada por cuatro socios unidos “con un conjunto de valores compartidos” y una “diversidad de habilidades” que abarcan la gestión empresarial, la internacionalización, la investigación y la producción agroalimentaria, “nuestra empresa es el reflejo de un equipo 100% comprometido con la creación de un mundo mejor para las futuras generaciones”.

“En Protiberia, creemos firmemente que el mañana se construye hoy, y estamos dedicados a liderar el cambio hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”, concluyen en la web.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha dictado sentencia desestimando el recurso interpuesto por un trabajador que reclamaba 137.926 euros a su empresa y a la aseguradora por los daños sufridos tras un grave accidente laboral. Los hechos se remontan al 4 de junio de 2022, cuando el trabajador, -mecánico de profesión- acudió a ayudar a un compañero que intentaba aflojar un tornillo oxidado. Para ello utilizó una maza y un martillo. Durante la maniobra, una esquirla metálica procedente de la herramienta impactó en su ojo derecho. En ese momento no llevaba puestas las gafas de protección.

Como consecuencia del accidente, el trabajador precisó dos intervenciones quirúrgicas, un largo periodo de incapacidad temporal y sufrió secuelas permanentes: pérdida de visión en el ojo derecho, alteraciones traumáticas en el iris, trastorno neurótico postraumático y perjuicio estético.

La Inspección de Trabajo investigó el accidente y concluyó que no existía incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales. El plan preventivo de la empresa contemplaba expresamente el riesgo de proyección de partículas en el puesto de mecánico y establecía la obligación de utilizar gafas de protección UNE-EN 166. Además, constaba acreditado que la empresa había entregado dicho equipo al trabajador, que disponía de formación preventiva y que podía obtener nuevas gafas en una máquina tipo vending situada en el propio centro de trabajo.

La sentencia de instancia ya había desestimado la demanda al considerar que el accidente se produjo exclusivamente porque el trabajador no utilizó el equipo de protección individual facilitado por la empresa. 

El fallo recuerda que la responsabilidad empresarial en accidentes laborales queda excluida cuando el empresario acredita haber adoptado todas las medidas preventivas exigibles. En este caso, el Tribunal considera probado que la empresa evaluó el riesgo, formó al trabajador, le entregó los equipos necesarios y los puso a su disposición en todo momento.

Por ello, la Sala concluye que la causa única del accidente fue la actuación imprudente del trabajador al no utilizar las gafas de protección obligatorias, desestimando definitivamente su reclamación indemnizatoria y confirmando la absolución de la empresa y de la aseguradora.

El Centro Especial de Empleo ASPACE RIOJA, junto a QE2 Ingeniería para el Cambio, como entidad coordinadora, y la empresa tecnológica Spectral Geo, ha desarrollado el proyecto ERGO, una iniciativa de investigación que aplica visión artificial e inteligencia artificial para la detección y prevención de lesiones músculo-esqueléticas en trabajos manuales, con un marcado enfoque social.

El proyecto se ha llevado a cabo en el CEE ASPACE RIOJA, una entidad que da empleo a personas con discapacidad, donde se han analizado procesos reales de trabajo manual con el objetivo de mejorar la ergonomía, reducir el absentismo laboral y contribuir a una mayor calidad de vida de las personas trabajadoras. A partir de la captura y análisis de imágenes y vídeos en planta, se ha desarrollado una solución experimental capaz de identificar automáticamente movimientos y posturas de riesgo, aportando información objetiva para la mejora de la prevención laboral.

ERGO es un proyecto colaborativo coordinado por QE2 Ingeniería para el Cambio, responsable de la ingeniería de procesos, la metodología de análisis y la integración global del proyecto. Spectral Geo ha asumido el desarrollo tecnológico, aplicando técnicas avanzadas de visión artificial e inteligencia artificial, mientras que el equipo de prevención y fisioterapia de ASPACE La Rioja ha participado activamente en la validación de los movimientos y posturas analizadas, garantizando el rigor ergonómico y el enfoque centrado en las personas.

El proyecto ha sido cofinanciado en el marco de la convocatoria de ayudas dirigidas a empresas para la realización de proyectos colaborativos de desarrollo experimental e innovación que resuelvan retos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (RETOS) impulsada por el Gobierno de La Rioja a través de la DG de Economía, Energías e Internacionalización de la Consejería de economía, innovación, empresa y trabajo autónomo.

Más allá del desarrollo tecnológico, el proyecto ERGO pone el foco en la inclusión laboral, demostrando cómo la combinación de ingeniería, inteligencia artificial y conocimiento experto en ergonomía puede contribuir a crear entornos de trabajo más seguros, accesibles e inclusivos. La solución desarrollada presenta potencial para su aplicación en otros Centros Especiales de Empleo y en sectores industriales con un alto componente de trabajo manual.