La Audiencia Provincial de Balears ha confirmado la condena de prisión (un año y nueve meses) impuesta a un empresario por su responsabilidad en el accidente que sufrió uno de sus trabajadores -que estaba sin contrato- al ordenarle desinfectar un aljibe de ocho metros de profundidad en un hotel de Palma sin arnés, línea de vida ni equipos de protección adecuados. La sentencia lanza un mensaje claro: el empresario es el garante último de la seguridad laboral, incluso frente a posibles errores o imprudencias de sus empleados, y los incumplimientos en materia de seguridad laboral no son solo sancionables administrativamente, sino que pueden constituir delito.

La resolución declara probado que el acusado, en su calidad de administrador de la empresa de limpieza Illes Control, incurrió en una grave negligencia al instar al empleado, el 21 de junio de 2021, a descender al depósito mientras otro de los trabajadores grababa la maniobra, ausentándose el gerente del lugar a pesar de que su presencia era obligatoria por tratarse de un espacio confinado.

La operación se realizó con una precariedad de medios, utilizando una escalera enrollable sin fijación y sustituyendo los sistemas de seguridad reglamentarios por una cuerda atada entre los cinturones de ambos trabajadores, sin arneses, líneas de vida ni equipos de protección adecuados. Durante el procedimiento, el trabajador perdió el pie y cayó en una primera ocasión, lesionándose el brazo, y posteriormente volvió a precipitarse de espaldas desde una altura superior a los dos metros al intentar salir del aljibe debido al dolor y a la falta de un sistema de frenado o anclaje independiente.

Como consecuencia, la víctima sufrió diversas contusiones que requirieron 93 días de tratamiento médico y rehabilitador. La resolución concluye que el acusado no garantizó la seguridad de sus empleados al no proporcionar formación, instrucciones ni los equipos de protección individual necesarios, creando “un grave riesgo para la vida e integridad física del trabajador accidentado y del otro trabajador” al obligarles a utilizar métodos de contrapeso manual totalmente inseguros.

Durante el proceso judicial, el gerente alegó que no fue él quien ordenó al trabajador bajar, que sí existían medidas de seguridad e incluso que, en todo caso, la responsabilidad era del propio empleado al sostener que, si éste no utilizó guantes, fue por decisión propia.

La Audiencia rechaza estos argumentos amparándose en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador y señala que, para su adopción, deben tenerse en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas. Asimismo, recuerda una de las sentencias del Tribunal Supremo en la que se señala “el deber de cuidado” que los responsables de la empresa asumen “en cuanto garantes de la indemnidad del trabajador, no sólo en su actuación ordinaria sino incluso cuando ésta llega a ser descuidada por la confianza y la rutina”.

El empresario, consciente del peligro

El tribunal introduce, en este sentido, una idea clave: el empresario no puede escudarse en la conducta del trabajador cuando no ha puesto los medios necesarios para evitar el riesgo. Por ello, descarta que se trate de una simple imprudencia: los magistrados concluyen que el empresario actuó con dolo eventual, es decir, que era consciente del peligro extremo de la situación y aun así permitió que el trabajo se realizara.

La resolución judicial confirma así la sentencia de instancia al considerar acreditado que el acusado es responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores. Tras analizar las versiones contradictorias, la Sala determina que existe una base lógica y racional para concluir que el empresario no cumplió con sus deberes básicos de prevención, omitiendo tanto la formación técnica como la información sobre los riesgos específicos del puesto a sus empleados.

La prueba de cargo, sustentada principalmente en el testimonio coherente de la víctima y en el informe de Inspección de Trabajo, revela deficiencias de seguridad críticas. Entre ellas destaca la ausencia de un recurso preventivo durante la operación en el aljibe, la falta de puntos de anclaje seguros para las escaleras y el suministro de equipos de protección individual totalmente insuficientes e inadecuados, ya que solo se facilitaron elementos básicos como botas y casco, pero no arneses anticaída ni las líneas de vida necesarias para trabajos en altura.

Finalmente, el tribunal subraya la gravedad de la situación al constatar que uno de los operarios carecía incluso de contrato laboral. Al considerar que el relato de los hechos probados se ajusta estrictamente a la prueba practicada en el juicio oral, se desestima el recurso del acusado y se ratifica íntegramente la condena original por haber puesto en riesgo la vida y la integridad física de sus trabajadores.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar al trabajador con más de 5.000 euros, cantidad incrementada en un 20% por tratarse de un accidente laboral, además de intereses. La aseguradora de la empresa ya había consignado la cantidad.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El sindicato UGT celebrará el próximo viernes 24 de abril la V Jornada de Homenaje a los Delegados y Delegadas en Prevención. Lara Pérez Camino, secretaria ejecutiva de la organización sindical en Cantabria, analiza la relevancia de la figura encargada de la prenvención de riesgos laborales en las empresas y explica los pormenores de una edición que va a poner el foco en la ausencia de protocolos prenventivos centrados en enfermedades que afectan mayoritariamente a las mujeres.

¿Por qué consideran necesaria una jornada de homenaje a la figura del delegado de prevención? 

En UGT Cantabria celebramos este año la quinta edición de homenaje a esta figura ya que los delegados y las delegadas de prevención son los representantes de las personas trabajadoras con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Y dado que, con carácter general, la cultura preventiva está lejos de ser real y efectiva en las empresas, y siendo conscientes de que ellos y ellas desarrollan en su día a día una importantísima labor contribuyendo a entornos laborales más seguros y saludables, consideramos más que merecido este homenaje como forma de reconocimiento a su valiosos desempeño en el ámbito de la seguridad y salud de sus centros de trabajo.

¿De dónde nace esa especie de rechazo a la persona encargada de supervisar la prevención de riesgos dentro de las empresas?

Realmente, como se recoge en la propia Ley de Prevención, las personas trabajadoras tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el centro de trabajo y esto supone un correlativo deber del empresario, por tanto, no hay que olvidar en ningún caso que la responsabilidad del cumplimiento y la supervisión recae en la empresa. No obstante, la figura del delegado y delegada de prevención tiene como competencias el velar y promover dicho cumplimiento, por lo que usualmente es percibido como un agente 'hostil' por parte de la empresa, ya que no deja de ser alguien que está instando a la implantación de todas las acciones y medidas preventivas que no están llevando a cabo por su parte.

¿Qué se puede hacer para cambiar esa tendencia y verlo como una oportunidad más que como una amenaza?

Por lo expuesto ya anteriormente, entendemos como fundamental que el entorno empresarial deje de considerar la prevención de riesgos laborales como un imperativo legal que debe cumplirse para evitar sanciones, lo que finalmente se traduce en que no se esté haciendo prevención real, sino más bien formal. La prevención no debe entenderse como un mero cumplimiento administrativo, con empresas que invierten el mínimo coste posible para evitar ser sancionados, sino que debe convertirse en un eje transversal de todas las decisiones empresariales, que proteja la continuidad del negocio preservando la salud de las personas que lo sacan adelante. Solo si entendemos que invertir en salud es invertir en productividad y en respeto de las relaciones laborales podremos acabar con los preocupantes datos de accidentes con los que nos encontramos cada día. Y ante una voluntad real de avanzar en materia de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo, no se puede obviar la especial relevancia de contar con un aliado como es la figura del delegado y la delegada de prevención para alcanzar dicho objetivo.

Solo si entendemos que invertir en salud es invertir en productividad y en respeto de las relaciones laborales podremos acabar con los preocupantes datos de accidentes con los que nos encontramos cada día

¿Qué datos avalan la necesidad de tomarnos en serio la prevención de riesgos laborales? 

Como no puede ser de otra manera, la principal razón es garantizar la propia seguridad y salud de las personas trabajadoras, así como su calidad de vida, ya que detrás de las cifras de accidentes laborales, inasumibles para una sociedad como la actual, se encuentran personas, que vieron truncados drásticamente sus proyectos vitales o incluso perdieron la vida cuando iban a ganársela, afectando también a sus familiares y seres queridos. En este sentido, desde UGT se defiende también la necesidad de establecer figuras, como la de los delegados y las delegadas territoriales de Prevención que ya están funcionando en algunas comunidades autónomas con resultados positivos, para que ayuden a formar, informar y garantizar que las personas trabajadoras tengan la misma protección ante los riegos laborales, independientemente del tamaño de la empresa en la que trabajen, pues su actividad tendría alcance en empresas donde no existe representación sindical, y los datos respaldan que allí donde existe dicha representación se consiguen entornos laborales con unas mejores condiciones de seguridad y salud. Y relacionado con todo ello, a nivel estructural, consideramos necesario reconocer el origen laboral de los daños a la salud de las personas trabajadoras, porque de otra manera ciertas incapacidades temporales se continuarán derivando a la sanidad pública, tensionando aún más un servicio que ya se encuentra saturado, y además no se adoptarán las medidas preventivas necesarias, que evitarían que dichos daños continúen repitiéndose.

Celebran en los próximos días una jornada que aborda en concreto la perspectiva de género, dentro de los riesgos laborales. ¿Cuál es el motivo?

Todas nuestras jornadas de salud laboral, incluida esta de carácter más conmemorativo a la figura de los delegados y las delegadas de Prevención presentan un marcado contenido formativo. En este caso, la sesión se ha centrado en el embarazo y lo que conlleva a nivel de prevención de riesgos laborales, como herramienta de utilidad para nuestros delegados y delegadas de Prevención, pero también en consonancia con una vieja reivindicación de UGT Cantabria como agente social y que a su vez se corresponde con uno de los objetivos de la propia Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2028, como es la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Cabe señalar en este punto que la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales exige abordar aspectos más allá de las habituales cuestiones biológicas como el embarazo y la lactancia, y por ello desde UGT reclamamos la consideración igualmente de la menopausia y especialmente la actualización del listado de enfermedades profesionales, donde deben recogerse enfermedades femeninas con origen laboral como el cáncer de ovario por exposición a amianto y el cáncer de mama por exposición al trabajo nocturno, por exposición a sustancias químicas (pesticidas, bifenilos policlorados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, benceno y otros disolventes, óxido de etileno) y a radiaciones ionizantes.

¿En qué sectores es más pronunciada esta disparidad de género, esta falta de estudios centrados en las trabajadoras y en riesgos que pueden afectar solo a la mujer?

En esta pregunta se mencionan diversos aspectos que obviamente tienen una estrecha interrelación. Un factor fundamental es la segregación ocupacional, que hace referencia a la ocupación de distintos puestos de trabajo por parte de mujeres y hombres en base a estereotipos sociolaborales y que, históricamente, ha llevado a una desproporción de mujeres en cierto tipo de ocupaciones, perpetuándose además así la desigualdad de género en el mercado laboral. Esta segregación se da tanto en horizontal -sectores o actividades, usualmente de asistencia, educación y servicios para las mujeres y de industria para el caso de los hombres- como en vertical -puestos ocupados dentro de un mismo sector o actividad, como un ejemplo tradicional era el de médico y enfermera; aunque se ha ido avanzando en este sentido-. Realmente, en cuanto a los sectores más feminizados, y que suelen coincidir con los de mayor precariedad en condiciones laborales (en cuanto a salarios, jornadas, horarios…), son los relacionados con la prestación de servicios de asistencia y dependencia y también otro tipo de servicios, como limpieza, hostelería, y las denominadas 'empleadas del hogar', coincidiendo en ocasiones con perfiles de menor cualificación. Y en este marco histórico, en el que el hombre realizaba una actividad fuera de casa y la labor de la mujer estaba más asociada al entorno del hogar y los cuidados, con una menor visibilidad y valoración profesional, es en el que se han venido realizando, tomando como referencia un modelo masculinizado, tanto los diseños de equipos de trabajo, los diseños de equipos de protección individual e incluso en los estudios específicos para el establecimiento de valores límites ambientales de exposición en los lugares de trabajo (dimensiones, pesos, tallas, características fisiológicas en relación con porcentaje de grasa corporal o espesor de capa cutánea…), que junto con las evaluaciones de riesgos específicas son otras de las demandas de este sindicato. En resumen, por todo lo trasladado anteriormente, desde UGT Cantabria mantenemos la siguiente reivindicación: como ya recoge la propia Ley de Prevención, se ha de adaptar el trabajo a la persona trabajadora; y sin la perspectiva de género en los criterios empleados para dicha adaptación, parte de esas personas trabajadoras se estarían quedando desprotegidas y sin la adopción de medidas preventivas adecuadas para su actividad laboral.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto denuncia ante Inspección de Trabajo y ha acudido al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla-La Mancha para mostrar la situación de Servicio de Patología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo cuyas instalaciones, asegura el sindicato, “no reúnen las condiciones mínimas de seguridad necesarias para la realización de autopsias y donde incluso se han producido cinco positivos por tuberculosis”.

Entre las principales deficiencias detectadas, CSIF destaca problemas estructurales y técnicos como la falta de estanqueidad en las salas, la ausencia de un sistema adecuado de filtración de aire y graves carencias en limpieza y gestión de residuos biológicos y físicos. Asimismo, se señala l“a escasez de equipos de protección individual (EPI) para el personal”.

Cinco de los 21 trabajadores, expuestos

Estas deficiencias afectan de manera directa y con enorme gravedad a la plantilla: cinco de los 21 trabajadores del centro han estado expuestos al bacilo de la tuberculosis, lo que evidencia un elevado riesgo biológico y la posible propagación de agentes infecciosos dentro de las instalaciones por sus condiciones totalmente insalubres.

Hasta el momento, estos trabajadores no han desarrollado la enfermedad, pero se encuentran en situación de vigilancia y durante los próximos dos años tendrán que someterse a pruebas de manera periódica para comprobar que no sufren una tuberculosis activa.

Según el sindicto, los trabajadores han tenido constancia de este positivo por la prueba de Mantoux (método diagnóstico utilizado para determinar si una persona ha sido infectada por la bacteria causante de la tuberculosis) realizada a una técnico forense que estuvo trabajando de manera temporal en el Instituto de Medicina Legal y que se sometió a esta prueba en su nuevo puesto de trabajo en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. CSIF exige que la prueba de Mantoux sea de obligada aplicación en el protocolo de Prevención de Riesgos Laborales de todo el personal forense.

Sin noticias del traslado a la nueva sede

La Central Sindical censura que aún no se haya procedido al traslado a la nueva sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, que fue inaugurada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado mes de marzo. Mientras tanto, se están dejando de lado normas básicas de seguridad como la gestión de residuos biosanitarios, lo que obliga a almacenar bolsas con contenido biológico en dependencias que no están preparadas para este uso.

Incluso, abunda el sindicato, han llegado a producirse plagas de insectos y el Ayuntamiento de Toledo se ha visto obligado a fumigar las instalaciones, que no cumplen tampoco con una ventilación adecuada.

CSIF advierte que estas condiciones “no sólo incumplen la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, sino que también están suponiendo un riesgo directo para la salud de los trabajadores”.

Ante esta situación, el sindicato ha solicitado de forma urgente la comunicación de la evaluación de riesgos laborales tanto de médicos forenses como de técnicos especialistas y la actualización de protocolos, así como el cierre cautelar del centro para la adecuación inmediata de las instalaciones a los estándares mínimos exigidos.

“Es preciso acelerar el proceso de traslado a las nuevas instalaciones”, advierten desde el sindicato que no descarta emprender nuevas acciones si no se produce una respuesta rápida y efectiva por parte de la Administración.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta una factura que supera los 300.000 euros en indemnizaciones tras ser condenado en al menos tres ocasiones en los tribunales por incumplir sus obligaciones como garante de la seguridad y la prevención de riesgos laborales de jueces y magistrados. La más cuantiosa de esas condenas, que ya es firme, suma 225.264,68 euros. Este es el contexto en el que el pleno del órgano, con el voto en contra de los dos vocales elegidos a iniciativa de Sumar, acordó este miércoles posicionarse a favor de excluir a los miembros de la carrera judicial de la legislación sobre protección laboral. 

El acuerdo suscrito por los diez vocales elegidos a iniciativa del PP y los ocho designados a propuesta del PSOE, y al que se sumó la presidenta Isabel Perelló, propone suprimir el artículo 317 del Reglamento de la Carrera Judicial. Ese artículo es el que, hasta el momento, reconocía el derecho de los jueces y magistrados a la protección en materia de seguridad y salud al remitir a la normativa de prevención de riesgos laborales. El documento aprobado supone eludir la aplicación del marco legal que vincula al CGPJ en materia de prevención y busca abrir una vía para tratar de sortear estas condenas de miles de euros, de acuerdo a las fuentes consultadas. 

En un comunicado conjunto hecho público este viernes, las cuatro asociaciones judiciales —conservadoras y progresistas— han exigido al CGPJ que corrija su criterio y mantenga la aplicación de las normas de protección laboral. “Sin condiciones de trabajo seguras, con cargas de trabajo reguladas y evaluadas preventivamente, no hay protección real de la integridad física y moral de jueces y magistrados, ni tampoco una independencia judicial materialmente garantizada”, sostiene el comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

La tesis del documento consensuado entre los vocales conservadores y la mayoría de los progresistas es que el texto mejora el actual marco legal y despeja dudas sobre las competencias del CGPJ, al indicar que hay aspectos de la salud de los jueces que quedan fuera de su ámbito de actuación. “No es jurídicamente correcto construir, por simple traslación conceptual, un régimen de prevención de riesgos laborales de cuño general y proyectarlo íntegramente sobre la Carrera Judicial como si jueces y magistrados fueran, sin más, trabajadores o empleados públicos ordinarios”, recoge el texto aprobado. 

El argumento es que tratar a los jueces como “trabajadores ordinarios” sometidos a la regulación general sobre riesgos laborales implicaría una relación de subordinación como la que existe entre un empleado y un empresario, lo que choca frontalmente con la “independencia” que debe regir en la función jurisdiccional. “La salud de quienes integran el Poder Judicial no puede quedar reducida a un problema de organización empresarial o de relaciones de empleo, porque afecta al núcleo mismo de las condiciones de ejercicio de la potestad de juzgar”, recoge el documento. 

Una “desregulación” absoluta

Frente a este acuerdo, la vocal Inés Herreros presentó un voto particular al que se sumó el vocal Carlos Hugo Preciado que defiende que la nueva normativa supone una desregulación absoluta y una “ruptura con la trayectoria” de más de una década de avances. Su texto apunta que la prevención de riesgos es una garantía material indispensable para la propia independencia. Y alude a la “capital importancia” que reviste la protección de la seguridad y salud en la independencia judicial y al hecho de que a la ciudadanía “también le asiste el derecho a que la actividad jurisdiccional se realice con la serenidad y el sosiego que ofrece un sistema que garantice la salud en el trabajo”. 

Según el texto que suscriben ambos vocales, el planteamiento de la mayoría “instrumentaliza la salud” de los jueces y “convierte su protección no en un fin en sí mismo —como correspondería a un derecho laboral básico— sino en un medio para garantizar el rendimiento del sistema, con lo que se desprotege precisamente aquello que debería ser el núcleo de cualquier política de prevención de riesgos laborales: la dignidad y el bienestar de las personas”. 

Los vocales elegidos a iniciativa de Sumar apuntan a la paradoja de que el texto aprobado una el derecho a la seguridad y salud de la carrera judicial a la independencia judicial “para después desregular su protección y dejarlo sin cobertura ni protección al desligarlo de la Prevención de Riesgos Laborales”. 

Además, el pleno rechazó una propuesta realizada por el vocal Preciado que defiende que los derechos profesionales de los jueces —retribuciones, protección social, la prevención de riesgos o conciliación— constituyen “garantías materiales de la independencia”. “Un juez/a no puede ejercer con independencia la jurisdicción si sus condiciones profesionales ponen en riesgo su vida, integridad física o moral o su salud”, recoge su propuesta. 

Además, Preciado proponía renovar la evaluación de riesgos psicosociales, que data de 2018, para medir adecuadamente el estrés derivado de la asunción de cargas familiares y de cuidado por parte de los jueces. También contemplaba actualizar la guía práctica de riesgo por lactancia natural, de 2023, para evitar decisiones dispares entre los distintos Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo, planteaba incluir medidas específicas frente al acoso y la violencia, así como iniciativas específicas de protección para los jueces mayores de 60 años, como la exención de realizar guardias o el establecimiento de normas para evitar que se les repartan macroprocesos. 

Varias sentencias

El núcleo de este conflicto radica en la histórica reclamación de las asociaciones de jueces para que el CGPJ cumpla con su obligación legal de regular de forma específica la carga de trabajo a efectos de salud laboral. Ante la inactividad del órgano, que se defendía argumentando que no era posible fijar un límite abstracto para todos y que la jurisdicción competente no era la social, los tribunales acabaron fallando en su contra. El Tribunal Supremo condenó en 2023 al CGPJ por no regular la carga de trabajo de los jueces para proteger su salud laboral.

En paralelo, distintos jueces han presentado en los últimos años reclamaciones individuales de daños y perjuicios que, en algunos casos, han derivado en indemnizaciones de miles de euros. Entre los casos más graves destaca el de una magistrada que alegó haber sufrido un síndrome ansioso-depresivo derivado del estrés laboral. Según su demanda, el CGPJ “no puso los medios para detectarlo ni aplicó medios para evitarlo, como pudiera haber sido un refuerzo, o cualquier otra medida similar”. 

En 2022, un juzgado de lo Social condenó al órgano de gobierno de los jueces a pagarle una indemnización de 122.963,50 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró que la indemnización inicial no reparaba íntegramente el daño y reconoció además el lucro cesante y secuelas, por lo que elevó la indemnización a 225.264,68 euros. En diciembre de 2024, el Supremo declaró firme la sentencia y confirmó la obligación del CGPJ de abonar esa cantidad. 

También está el caso de un magistrado que denunció que había desarrollado un trastorno depresivo mayor crónico (síndrome de burnout o desgaste profesional) que derivó en su incapacidad permanente. Según su demanda, esa patología se debió a una sobrecarga de trabajo, ya que su juzgado superaba los módulos teóricos de entrada de asuntos fijados por el CGPJ. El órgano le abrió varios expedientes disciplinarios por los recurrentes retrasos de su órgano judicial.

Un juzgado de lo Social le dio la razón en diciembre de 2024 y condenó al CGPJ al pago de 42.745,50 euros de indemnización. Tras los recursos interpuestos por ambas partes, el TSJ de Catalunya confirmó este mismo marzo que había habido una vulneración de las normativas de prevención por parte del CGPJ frente a un juzgado sobrecargado y elevó la condena al imponer al Consejo el pago de una indemnización principal de 77.730,36 euros, a los que se sumaron 7.376,40 euros extra en concepto de intereses legales devengados desde el año 2021.

A estas sentencias se suma la de otro magistrado que fue indemnizado con 548,03 euros por el coste de unas gafas graduadas necesarias para su trabajo con pantallas. El CGPJ alegó que se desconocía si la miopía del magistrado se había producido tras su ingreso en la carrera judicial. Pero la sentencia se apoyó en una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que los empleadores deben proporcionar dispositivos correctores especiales a los trabajadores que los necesiten por el uso de pantallas y que el trabajador no debe verse obligado a costear sus propios medios de protección. 

La situación en el CRAPD I de Vigo (siglas de Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes), donde en 2025 la Inspección de Trabajo advirtió de un riesgo “mortal” para la plantilla sigue empeorando. El sindicato CSIF ha presentado un“ escrito formal” ante la Consellería de Política Social en el que exige “actuaciones inmediatas para proteger a las trabajadoras”, ya que consideran que existe un peligro “grave e inminente” para su salud y su seguridad.

En un comunicado, la central afirma que la Xunta “no ha dado una respuesta proporcional a la gravedad del problema”. Insiste en que no se trata de hechos “aislados” ni “puntuales”, sino que responden a un modelo “que lleva años generando conflictos”. El CRAPD I, que fue concebido inicialmente como una residencia para personas mayores, lleva años atendiendo “perfiles cada vez más complejos sin el refuerzo necesario de personal, formación ni medidas de seguridad”.

En el documento, registrado por la representante de CSIF en el Comité de Empresa de Política Social, Montse Arribas, se describe “un clima de miedo, ansiedad e inseguridad laboral”, causado, en este caso, por “episodios continuados de amenazas e intimidaciones, especialmente durante el turno de noche, protagonizados por un nuevo usuario del centro con alteraciones de conducta”.

El sindicato denuncia que esta situación “no sólo supone un riesgo psicosocial muy grave, sino también un peligro real de agresión física, agravado por el hecho de que el residente permanece en estado de vigilia durante la noche con comportamientos intimidatorios reiterados”. Critica que la única respuesta de la dirección haya sido “ordenar que el trabajo nocturno se realice en pareja”. Para CSIF, la medida, “claramente insuficiente”, obliga a dejar otras zonas sin atención, lo que incrementa “tanto el riesgo laboral como el asistencial”.

Ante esta situación, el CSIF ha solicitado formalmente a la consellería la adopción “urgente” de medidas de protección, la evaluación inmediata del riesgo y de la violencia externa, el refuerzo de personal o presencia de seguridad en turno de noche, el traslado del usuario a un recurso adecuado a su perfil e información “urgente” al comité de seguridad y salud.

El sindicato advierte de que la normativa de prevención de riesgos laborales obliga a actuar ante situaciones de riesgo grave e inminente, por lo que considera “inadmisible” la falta de medidas efectivas hasta el momento. “Las trabajadoras no pueden seguir desempeñando su labor con miedo”, concluye el comunicado.

Los sindicatos CCOO y UGT de Andalucía han presentado un decálogo de medidas para acabar con la siniestralidad laboral ante el “aumento dramático de los accidentes laborales y de las enfermedades derivadas del trabajo”, y han reclamado que “no valen planes de choque que duran dos meses y tienen unos resultados muy pobres”.

En este sentido, el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín y la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, han advertido de que la siniestralidad laboral “continúa siendo uno de los principales problemas del mercado de trabajo andaluz”, al tiempo que han reclamado un “refuerzo de las políticas de prevención para evitar accidentes laborales que, en muchos casos, son evitables”.

Por su parte, UGT-A ha incidido en que desde 1988, cuando existen registros, hay más de 6.300 personas han perdido la vida en accidente laboral en Andalucía, una cifra que refleja la dimensión de un problema que, a su juicio, “no puede seguir siendo asumido como inevitable”. “No podemos aceptar que morir en el trabajo forme parte del ecosistema laboral”, ha señalado.

121 trabajadores fallecidos en Andalucía

Según ha explicado el dirigente sindical, durante el pasado año se registraron en Andalucía 103.609 accidentes de trabajo con baja, lo que supone que más de cien mil personas sufrieron lesiones mientras desarrollaban su actividad laboral. También, en 2025 fallecieron 121 trabajadores en Andalucía, lo que equivale a una muerte cada tres días.

Además, uno de cada cuatro accidentes graves que se producen en España ocurre en Andalucía, tal y como ha afirmado UGT, lo que “evidencia que la comunidad mantiene un problema estructural en materia de prevención”.

Martín ha subrayado también que determinados sectores continúan concentrando una “elevada siniestralidad”. En este sentido, ha señalado que la construcción registró en 2025 un incremento del 37% en los fallecimientos, aunque ha advertido de que el problema “no se limita a este ámbito”. “El sector servicios registró 50 personas fallecidas el pasado año, lo que demuestra que los riesgos laborales afectan a una gran diversidad de actividades económicas”, ha indicado.

Uno de los datos que, según el secretario general de UGT Andalucía, explica buena parte de esta realidad es que el 46% de los accidentes graves y el 42% de las muertes laborales se produjeron en empresas que no habían realizado la evaluación de riesgos. “Cuando una empresa no evalúa los riesgos no estamos ante un simple descuido administrativo. Estamos ante una negligencia grave que pone en peligro la vida de las personas trabajadoras”, ha afirmado.

Medidas

Oskar Martín ha señalado que una de las claves del problema está en la estructura del tejido empresarial andaluz, ya que el 85% de las empresas son microempresas, donde en muchos casos no existe representación sindical ni delegados de prevención. Para corregir esta situación, ha defendido la implantación de la figura del Delegado Territorial de Prevención, que permitiría actuar en aquellas empresas donde actualmente no existe supervisión preventiva.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha reclamado medidas estructurales para acabar con la siniestralidad laboral y la infradeclaración de enfermedades profesionales en Andalucía; así como el fortalecimiento de los organismos de control y prevención.

De igual modo ha pedido “garantizar la vigilancia y control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, instando a las administraciones a que cubran las vacantes. “Ante este drama que sufrimos las personas trabajadoras en Andalucía no valen paños calientes; no valen planes de choque que duran dos meses y tienen unos resultados muy pobres”, ha continuado.

La secretaria general de CCOO de Andalucía ha aclarado que “no solo queremos que se sancione a las empresas, sino que se haga prevención en ellas y que si alguna incumple la legislación en prevención, caiga sobre ellas el peso de la ley, que para eso existe”. Precisamente sobre esta última cuestión, la dirigente sindical ha subrayado que “llevamos ya 20 años sin desarrollar las unidades de prevención de riesgos laborales que permitirían informar, formar, asesorar tanto a empresa, empresariado, directivos y trabajadores en esa concienciación colectiva de evitar los accidentes y las enfermedades profesionales”.

López ha apuntado, igualmente, la importancia del delegado de prevención territorial o sectorial porque, como ha explicado “que en las empresas que tienen representantes sindicales hay más evaluación de riesgo, más seguimiento a la prevención, más medidas correctivas y más concienciación”.

Enfermedades profesionales

Las enfermedades profesionales son otra de las cuestiones que se priorizan en el decálogo, ya que, según ha alertado la secretaria general de CCOO de Andalucía, “un 98% de estas enfermedades profesionales que sufren las personas derivadas de la actividad laboral en su puesto de trabajo son escondidas y tapadas por las empresas”.

“Hay un problema de ocultación por parte de las empresas y de las mutuas para reconocer y para comunicar las enfermedades derivadas de los puestos de trabajo por lo que desde CCOO instamos a que se ponga encima de la mesa un plan integral para mejorar la salud mental, que es una epidemia del siglo XXI”, ha señalado López.

Prueba de ello es que, según datos del sindicato, el 40% de los accidentes mortales por patología no traumática son consecuencia directa de la situación que se vive en las empresas, de “los elevados ritmos de trabajo, de las jornadas extenuantes, de la presión psicosocial, de la doble presencia que sufren las mujeres y de unas condiciones precarias que sufren el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras”.

La dirigente ha llegado incluso a decir que “las empresas que tienen muchos recursos económicos intentan tapar el daño con dinero y ha vuelto a denunciar el trasvase a la sanidad pública por parte de las mutuas de enfermedades que son profesionales y no pueden ser tratadas como comunes”.

Un decálogo

Durante la rueda de prensa, UGT y CCOO han presentado conjuntamente un decálogo de medidas estructurales para reducir la siniestralidad laboral en Andalucía. Entre las propuestas planteadas se encuentra la implantación de la figura del Delegado o Delegada Territorial de Prevención, con el objetivo de garantizar la supervisión preventiva en las miles de pequeñas empresas donde actualmente no existe representación sindical.

El documento también plantea la puesta en marcha de planes específicos de salud mental laboral, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas preventivas y la investigación de todos los accidentes mortales y los más graves para evitar que vuelvan a repetirse.

Junto a ello, el decálogo propone reforzar la prevención en los accidentes laborales en desplazamiento, impulsar la formación continua en prevención de riesgos laborales, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, mejorar los sistemas de vigilancia de la salud en las empresas y fortalecer el sistema institucional andaluz de prevención de riesgos laborales. Los sindicatos han advertido que esto es una hoja de ruta en la que harán una asamblea de delegados y delegadas y que las acciones previstas dependerán de la respuesta de administración y los de los empresarios ante tal situación.

Primer fallecido en Málaga

Este proyecto se presenta un día después de que los sindicatos se concentraran este miércoles en Benarrabá (Málaga), donde una persona falleció y otra resultó herida grave al derrumbarse un muro de una obra.

La secretaria de salud laboral y PRL de UGT Málaga, Sara Salor, indicó que se trata del primer accidente mortal de este 2026 en la provincia y ha recordado que un trabajador falleció y otro resultó herido grave “como consecuencia del colapso del muro de contención del entorno del tanatorio municipal que se desplomó sobre ambos. Los escombros dejaron atrapados a ambos trabajadores”.

También desde UGT han trasladado el pésame a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido, y esperan que el trabajador gravemente herido se recupere pronto. Además, han hecho llegar el ofrecimiento para las acciones legales que necesiten emprender.

El sindicato UGT de La Rioja ha salido este jueves a la calle para censurar “la mala praxis” que realizan las mutuas que, a juicio del sindicato, están más enfocadas en “hacer negocio” que en el ámbito sanitario.

Frente a la sede de la Mutua Asepeyo (Avda. de Madrid, 2, de Logroño) el sindicato ha indicado que el pasado año abrió 45 expedientes contra las mutuas por las malas prácticas, por altas indebidas, “y aproximadamente un 70 por ciento fueron favorables para el trabajador”.

El secretario de Salud Laboral de UGT La Rioja, José Antonio Jorge Divar, ha defendido esta cita en Asepeyo ante la última sentencia emitida por el juzgado de lo social de Logroño que ha dictado a favor de un trabajador al reconocerle la contingencia profesional por una enfermedad derivada por su actividad laboral. En contra del criterio, en este caso, de esta mutua y de la empresa en la que trabajaba en Ezcaray.

Jorge Divar ha explicado que este proceso comenzó a principios del año 2023 cuando el trabajador “con unos dolores fuertes en la mano solicitó la asistencia de la mutua que le fue denegada por la empresa”. Ante ello, el empleado no tuvo más remedio que acudir a su médico de Atención Primaria que le dio la incapacidad temporal.

A finales de 2023 fue intervenido quirúrgicamente, según ha explicado, y tras el periodo de rehabilitación, fue dado de alta y solicitó su reincorporación a su puesto de trabajo. “Una incorporación con un informe que instaba a la empresa a adaptar ese puesto” algo a lo que “la empresa de nuevo se negó con el criterio, lógicamente, de la mutua”.

Esto derivó a que el trabajador tuviera que volver a iniciar un nuevo proceso de incapacidad temporal. “Esto es un ejemplo de las malas prácticas que vienen realizando las mutuas”, ha afirmado.

Mutuas que, como ha querido dejar claro el secretario de Salud Laboral de UGT, son asociaciones privadas de empresarios sin ánimo de lucro, que colaboran con la Seguridad Social, es decir, “que manejan dinero público para hacerse cargo de las prestaciones sanitarias y económicas en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.

“A la vista está” -ha reflexionado- que la prestación sanitaria “no les interesa mucho o prácticamente nada. Ellos solo están pendientes de la parte económica y de seguir haciendo negocio”.

En su intervención también ha hecho referencia a las denominadas 'altas indebidas' que, claro está, “tiene sus consecuencias” ya que “si un trabajador o una trabajadora tiene que reincorporar su puesto de trabajo si no está completamente recuperado, lo más probable es que recaiga y que tenga que volver a iniciar un periodo de incapacidad temporal”.

Pero para UGT “lo más grave” es que muchas veces, “si esas personas trabajadoras se reincorporan a su puesto de trabajo sin haberse recuperado, pueden tener algún accidente aún más importante”.

Un dato que se demuestra con los índices de siniestralidad en La Rioja; “El pasado año apenas descendieron los accidentes laborales, pero hay un dato relevante y es que los accidentes muy graves se duplicaron. Han crecido en más de un 91%”. Por lo tanto, indica, “si realmente queremos reducir la sinestralidad, las mutuas tienen que realizar su trabajo”.

En otro orden de asuntos y con respecto “al 'mal llamado absentismo'”, Jorge Divar ha querido dejar claro que su definición real es “la falta de acudir al trabajo sin justificación alguna”. Lo demás -ha dicho- “son todo derechos de las personas trabajadoras que están recogidos en los estatutos y en los convenios colectivos”.

Por eso considera que hablar del 'mal llamado absentismo' responde a “una estrategia perversa de la patronal para criminalizar a los trabajadores y crear una falsa alarma social. Incluso ya están hablando de darle más poder a las mutuas para que puedan proponer las altas ya en las contingencias comunes”.

Por todo ello, indica, “éste no es el camino para solucionar este problema del aumento de las incapacidades temporales. Si no atajamos el problema desde la raíz no haremos nada”.

Finalmente desde UGT “vamos a seguir denunciando las malas prácticas de las mutuas y rebatiendo todos estos informes y todas estas manifestaciones por parte de la patronal que solo intentan criminalizar a los trabajadores”.

Hay muertes que, por incomprensibles, destrozan a quienes quedan. Pero hay otras que responden con claridad y contundencia a la pregunta: ¿por qué? No se dieron los elementos de protección, no se proporcionó el arnés, no se señaló el tramo peligroso, no se produjeron las revisiones de calidad, no había un protocolo de actuación, es decir, no hubo prevención de riesgos laborales. En Andalucía, hubo 121 trabajadores que perdieron la vida en 2025 y ya en las primeras semanas de 2026 se han contabilizado nueve decesos. Las defunciones son la punta del iceberg de un sistema lastrado por la alta incidencia de accidentes en el entorno laboral que, aún, no se corrigen y tienen luego un largo recorrido judicial, con hasta tres años de media de espera para sentencia.

Pedro Luque Yuste subió a un tejado sin líneas de viga ni sogas con las que atarse el 29 de junio de 2010. La empresa lo envió de un día a otro a una obra nueva, es más, el contrato para darles de alta en la Seguridad Social llegó in situ. Le dieron algunas herramientas para que operara y la orden fue arreglar la superficie, sin examen previo. “Era verano y las avispas empezaron a revolotear entre nosotros, nos movíamos por el tejado de lado a lado y supongo que nos verían de aquella manera, que fue entonces cuando nos dieron los papeles”, recuerda. “Hacía mucho calor, paré a tomar agua, solté la botella y me fui, fue como si te tiran de los pies para abajo, como un chupetón de desagüe que te tira, y caí desde el tejado a la nave... Un metro y medio más allá y habría quedado pinchado en las máquinas”.

Dolorido, en mitad del caos, el cordobés reconoce que la suerte le hizo un último guiño: los sanitarios y la policía llegaron antes que el empresario e hicieron fotos de todas las instalaciones, por lo que se comprobó que la soga que habían tirado en los andamios a posteriori era falsa. “Me destrocé medio cuerpo”, tenía la pelvis y varias vértebras de la columna fracturadas, además de una herida abierta en el tobillo que requirió de atención quirúrgica de urgencia en Barcelona. “Mi sorpresa fue que me encontré a personas sin miembros, pero gracias a Dios me pudieron salvar el pie”, señala en declaraciones a este medio. Las consecuencias de aquel accidente laboral le condicionan el día a día, sin que aún tenga reconocida la incapacidad total: le falta la respiración si anda tres metros seguidos, tiene dolores crónicos, depende de una medicación y las complicaciones cardiovasculares asoman.

“Se declaró insolvente”

Andalucía registró 103.609 accidentes de trabajo con baja a lo largo de 2025, tal y como apunta el informe anual de UGT, de los que 1.032 fueron graves. Por tanto, la autonomía concentra el 22,19% de los accidentes graves, es decir, prácticamente uno de cada cuatro accidentes graves de España se producen en el sur. Además, de las 121 víctimas mortales, 94 fallecimientos se produjeron durante la jornada laboral y 27 in itinere; por sectores, ha aumentado en un 37% las víctimas mortales en el sector de la construcción en comparación con 2024. Para hacerse una idea, en el conjunto del país hubo 735 personas fallecidas, según los datos provisionales del Ministerio de Trabajo.

Por su parte, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo publicó el pasado 7 de marzo que los accidentes laborales había caído un 1,2% durante 2025, a falta de los datos definitivos del Ministerio competente. En un comunicado, trasladaron que había 103.584 bajas laborales y había habido 1.323 accidentes menos en los centros de trabajo que los contabilizados en 2024 y, con respecto a los siniestros mortales, la reducción fue del 5,5%.

Por el daño causado, Yuste recibió una indemnización de 24.000 euros a través de la mutua, pero la sentencia contra la empresa estima un total de 180.000 euros. “Se declaró insolvente, con todos los coches y las propiedades que tenía, y ni siquiera me pasa la pensión de 100 euros. Lo que me dicen es que tiene que primero cobrar Hacienda y la Seguridad Social, y el último seré yo”, lamenta. “Mi casa la tenía arruinada, de repente me quedé sin trabajo, con un hijo chico, y no tenía ni para comprar un chupachup”, refiere sobre el drama que acontece tras el accidente laboral. Con 47 años, le viene a la mente la persona que era: activa, inquieta, de trabajo constante, incluso los fines de semana: “Yo estaba tan mal que intenté quitarme la vida, cogí la escopeta, pero los cartuchos estaban picados”.

Tras años de apoyo psicológico, ha encontrado en la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (Avaela) un espacio que lo ha inspirado a seguir luchando, a divulgar la importancia de la prevención en riesgos laborales y a sanar sus vivencias en el grupo de luto que se reúne una vez al mes. Enrique López Gaona, voluntario de la organización, se traslada desde Málaga a Córdoba para participar en estos encuentros de autoayuda: “Los accidentes laborales crean muchas secuelas y situaciones complicadas que se tardan años en superar”.

Con alrededor de 130 socios, se suman a las acciones de los sindicatos y reclaman a las administraciones mayores exigencias para el entramado empresarial en materia de prevención, más allá de las declaraciones institucionales a las que se suman. “Es una realidad que tenemos silenciada y que afecta a miles de personas, pero no se analizan las causas ni se profundiza en la problemática, así que seguimos trabajando en su difusión y divulgación”, con tal de que los empleados sean conscientes de sus derechos laborales para evitar males mayores.

La eterna espera de los juicios

Otra de las trabas a las que se enfrentan los colectivos vulnerables son las barreras judiciales. López estima que, de media, se tarda tres años en lograr el reconocimiento para cobrar las indemnizaciones o lograr las pensiones de viudedad u orfandad: “Imagínate para las personas con esa pérdida y sin nada, porque no hay dinero hasta que no se aclara lo que ha ocurrido cuando ya tienes ante ti la pérdida de un proyecto vital; genera una situación socioeconómica muy grave”, subraya. El Ministerio de Trabajo, a cargo de Yolanda Díaz, firmó el pasado 10 de febrero un acuerdo con CCOO y UGT para reforzar y modernizar la ley de prevención de riesgos laborales, de 1995, pero su recorrido es difícil ante la falta de consenso con la patronal.

Teresa Casillas va más allá: quiere un juzgado especializado en siniestralidad laboral. Cuatro años más tarde, sigue en la pelea judicial tras los recursos que interpone la empresa en la que falleció su marido, Bartolomé Jiménez. Pero no ceja. No va a ceder ni un centímetro, menos después de que intentaran firmar un acuerdo extraoficial en el propio tanatorio. “La viudedad la cobré a los seis meses porque la mutua denunció a la empresa, que devolvía el papeleo sin firmar, pero a día de hoy no sé qué pasó... Es una lucha contra Goliat, pero, tarde lo que tarde, seguiré por la vía de lo penal”, mantiene, en entrevista con esta cabecera.

Teresa y Bartolomé habían retomado el placer por viajar, de hacer planes juntos los fines de semana, tener una independencia que durante años había quedado postergada a causa del cuidado que le dedicaban a sus familiares. Pero el 2 de junio de 2022 se truncó esta nueva etapa. Tras casi 25 años en una compañía dedicada al galvanizado en La Carlota, Córdoba, se produjo un accidente en el horno que acabó con su vida en el mismo momento. “Mi hijo fue a buscar el coche y las pertenencias de mi marido, pero ya hubo problemas, y acusaron a mi marido de estar alcoholizado y drogado... Mentira todo”, un año después, el informe toxicológico desmintió aquellas afirmaciones.

“No puedes cerrar el duelo hasta que pasa todo”, lamenta. Acompañada por sus dos hijos, intentó remontar, pero no fue hasta que dio con el grupo de duelo cuando “cambió mi chip por completo”. “Hablamos de lo que sentimos, de lo que nos ha pasado, tenemos las mismas reacciones y, dices, jolines, no soy solo yo, incluso, comentamos cosas tan cotidianas como... Sacar la ropa del armario”, logró hacerlo hace poco. Insiste en que la prevención es una labor de todos, más cuando ha descubierto que habían otros compañeros de su esposo que habían sufrido accidentes y que se trata de la tercera defunción en la compañía en apenas una década. “Gane o pierda, esto va a salir en la televisión”, adelanta.

En Andalucía, tanto UGT como CCOO han demandado más medidas. Entre ellas, recuperar la acción del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, además de las campañas de prevención. También, le piden al Gobierno de Juanma Moreno que actualiza el acuerdo de 2002 y la incorporación de una nueva figura, el delegado territorial o sectorial, con el fin de que se haga una mayor vigilancia en los centros de trabajo. Este jueves, el Parlamento andaluz, a petición del grupo socialista, abordará una pregunta sobre las víctimas mortales de los accidentes laborales. Mientras, Casillas, y tantas personas afectadas, encara el tramo más arduo: la espera, mientras la Justicia dirime cuál de las partes tiene la razón.

Episodios de conjuntivitis, ataques de tos, mucosidades negras y picores son algunos de los síntomas que varios trabajadores de una empresa proveedora de huevos de insectos de Villamalea, en la provincia de Albacete, han denunciado. Lo achacan a la falta de equipos de protección (EPI) adecuados en el tratamiento de los insectos, cuya extracción de excrementos provoca “polvo en suspensión” que “se agarra” a los ojos, las manos y el pelo de los empleados y empleadas.

Algunos trabajadores, que han pedido permanecer en el anonimato por temor a represalias de la empresa, se han puesto en contacto con este medio para hacer pública una situación que consideran “insostenible”.

La empresa es Protiberia, cuya titularidad corresponde a Villa Insect S.L. Dispone de varias naves en el municipio albaceteño y se define como compañía “líder” en el suministro de colonias de huevos de Tenebrio molitor, un coleóptero (escarabajo) conocido como el “gusano de la harina” por su forma larvaria.

El equipo “multidisciplinario” de la empresa trabaja para suministrar estos huevos a granjas de cría, utilizando “materias primas sostenibles y prácticas basadas en la economía circular”.

Este insecto tiene gran contenido proteico, ácidos grasos, fósforo y calcio y es una opción “sostenible, saludable y segura tanto para alimentación humana como animal”. Además, Protiberia promociona el hecho de que el cien por cien de sus componentes se aprovechan y muchos de ellos se utilizan como biofertilizantes naturales o para usos biotecnológicos, farmacéuticos y cosméticos.

Actualmente, el Tenebrio molitor, según ha podido comprobar este medio, está certificado por la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA) para el consumo humano y Protiberia destaca que se ha convertido en un “alimento más sostenible” que las fuentes de proteína tradicionales.

La empresa explica en su web que la operación de tratamiento de los insectos se realiza de forma manual y semimanual en muchas instalaciones, aunque actualmente está desarrollando una solución “automatizada”. Este desarrollo está actualmente en “fase de validación técnica y proceso de protección de patente”. Aduce que esta línea de innovación cuenta con el respaldo financiero del Gobierno de Castilla-La Mancha y de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Innova-Adelante 2024.

Pero a pesar de estas bondades, la situación en su planta de Villamalea, donde trabajan alrededor de 25 personas, no parece la ideal, al menos según los testimonios recabados por este medio. Se trata de personas empleadas tanto en el tratamiento manual de los insectos, como en el mantenimiento y la limpieza de las naves.

“No hay equipos de protección. Hemos trabajado con mascarillas quirúrgicas, con guantes de látex y con unas gafas de protección que no sirven para nada cuando haces el cribado, es decir, cuando los pones en el tamiz para filtrar los excrementos. Ahí se produce un polvo que no paras de respirar durante ocho horas. Son partículas en suspensión”, explica una de estas personas.

Los empleados están “continuamente expuestos” a estas partículas. “El primer día que hice esa labor yo ya tenía problemas respiratorios. Hablé con mis compañeros y muchos me contaron lo mismo, que a ellos les había pasado lo mismo”. Relatan así episodios de conjuntivitis, de fatiga o de “respiración asmática”.

En el siguiente vídeo, cedido a este medio por una de las personas empleadas, puede verse cómo es el cribado habitual de los insectos. En este caso, la persona dispone de una bata de manga corta que deja parte del brazo al descubierto. El rostro está cortado por el anonimato que han solicitado, pero ni su mascarilla ni sus gafas, alegan, son las “adecuadas”:

Uno de los trabajadores pone el acento en que no existe actualmente ninguna investigación ni prueba piloto de cómo ese polvo en suspensión derivado del cribado puede afectar a la salud humana. “Es algo tan nuevo que este sector ni lo está analizando”.

“La ropa que tenemos es la misma con la que nos volvemos a casa, no nos han facilitado nunca ropa para cambiarnos allí, ni tampoco duchas”. Tampoco llevan batas especiales, salvo las de manga corta, ni dicen haber recibido indicaciones para evitar los efectos del cribado.

Otro trabajador confirma este testimonio: “Estás comiendo polvo todo el rato”. Detalla que cuando se criban los insectos, se utilizan máquinas vibradoras que hacen que se separen, y que el excremento, que es como un polvo, al vibrar “se levanta por todos lados”. Este empleado afirma que las mascarillas quirúrgicas ya se han sustituido recientemente por las FPP2 (dan más protección) pero resalta que es “insuficiente”. Por ejemplo, la cabeza solo se la cubren con una redecilla, por lo que el pelo se queda lleno de partículas.

No es normal irte a tu casa con toda esa suciedad

Este empleado dice haber constatado que hay gente que “no para de toser” y que algunas veces “necesitamos salir fuera para respirar”. “Te suenas la nariz y los mocos están negros. No me parece normal”. Y pide también trajes y batas especiales de protección, además de duchas y de equipamiento “para no irte a tu casa con toda la suciedad”. O por lo menos, añade, debería haber “sistemas de ventilación o de aspiración del polvo”.  

Hay otra cuestión que, según estos testimonios, también puede afectar a la salud pública: el tratamiento que se hace de los insectos que mueren. “Al final es como una granja y no se les da el tratamiento adecuado”. “Puede haber en torno a 20 o 30 kilos a la semana de bichos muertos”.

Cuentan que, en un principio, la dirección de la empresa quería instalar contenedores fitosanitarios para albergar los insectos muertos y que después otra empresa externa se encargara de gestionarlos. “Pero al final eso no se ha hecho porque costaba mucho dinero. Lo que se hace es congelarlos y después tirarlos a un remolque, que, cuando está lleno, se lleva con un tractor a esparcirlos en el campo de al lado, que es propiedad también de la empresa, y se dejan como abono para labranza”. Es otro de los usos que se da las larvas de estos insectos, como abono agrícola. “Pero queda al aire libre”.

El problema, añade, es que cada vez que el remolque se llena, “eso echa un humo de toda la fermentación que lleva, generando una pestilencia horrible”. Esos insectos y sus residuos, no se entierran ni encapsulan. “Se esparcen en el campo y quedan expuestos a que pájaros u otros animales se los coman o se expongan. Es algo realmente asqueroso y no creo que sea ni adecuado ni bueno para el medio ambiente”.

“Al final, entre unas cosas y otras está todo el mundo bastante quemado. Si no lo dejan es porque muchos son jóvenes, incluso sobrecualificados para el trabajo que hacen, pero no se quieren quedar en paro”.

La situación llegó al punto en que uno de los empleados se ha puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo para denunciarla. En ese documento, al que ha tenido acceso este medio, el empleado relata que la empresa abrió en 2022 con el objetivo de investigar el ciclo reproductivo del Tenebrio molitor y que el fin último es conseguir una producción con la que la empresa sea rentable, mediante la venta del insecto en cualquier fase de su ciclo vital, la producción de abono (a partir de los excrementos) y producción pienso para aves y reptiles.

Detalla que disponen de las siguientes maquinarias para llevar a cabo estas tareas: vibradoras (para cribar insectos) congeladores (para matar o sacrificar) y un microondas industrial (para deshidratar la larva). Pero añade que, no obstante, la empresa no ha invertido dinero en la compra de EPI, ropa de trabajo, lavadoras y aspiradores industriales.

“Los trabajadores que están toda la jornada cribando (separando los tamaños y edades del insecto) se llenan contantemente de los excrementos, que se asemejan a la textura de la arena. Es muy fácil que penetre en orificios del cuerpo (…) No tenemos protección adecuada”. Demanda por todo ello que actúe la Inspección de Trabajo. Por el momento, esta petición no ha obtenido respuesta.

La empresa dice cumplir con la prevención de riesgos laborales

Este medio ha podido comunicarse por escrito con la dirección de la empresa para conocer su valoración sobre estas acusaciones. Afirma que todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud laboral las toman “extremadamente en serio”.

“Cumplimos con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y contamos con protocolos específicos adaptados a nuestros procesos productivos”, añaden fuentes de la compañía.

Según su página web, la empresa fue fundada por cuatro socios unidos “con un conjunto de valores compartidos” y una “diversidad de habilidades” que abarcan la gestión empresarial, la internacionalización, la investigación y la producción agroalimentaria, “nuestra empresa es el reflejo de un equipo 100% comprometido con la creación de un mundo mejor para las futuras generaciones”.

“En Protiberia, creemos firmemente que el mañana se construye hoy, y estamos dedicados a liderar el cambio hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente”, concluyen en la web.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha dictado sentencia desestimando el recurso interpuesto por un trabajador que reclamaba 137.926 euros a su empresa y a la aseguradora por los daños sufridos tras un grave accidente laboral. Los hechos se remontan al 4 de junio de 2022, cuando el trabajador, -mecánico de profesión- acudió a ayudar a un compañero que intentaba aflojar un tornillo oxidado. Para ello utilizó una maza y un martillo. Durante la maniobra, una esquirla metálica procedente de la herramienta impactó en su ojo derecho. En ese momento no llevaba puestas las gafas de protección.

Como consecuencia del accidente, el trabajador precisó dos intervenciones quirúrgicas, un largo periodo de incapacidad temporal y sufrió secuelas permanentes: pérdida de visión en el ojo derecho, alteraciones traumáticas en el iris, trastorno neurótico postraumático y perjuicio estético.

La Inspección de Trabajo investigó el accidente y concluyó que no existía incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales. El plan preventivo de la empresa contemplaba expresamente el riesgo de proyección de partículas en el puesto de mecánico y establecía la obligación de utilizar gafas de protección UNE-EN 166. Además, constaba acreditado que la empresa había entregado dicho equipo al trabajador, que disponía de formación preventiva y que podía obtener nuevas gafas en una máquina tipo vending situada en el propio centro de trabajo.

La sentencia de instancia ya había desestimado la demanda al considerar que el accidente se produjo exclusivamente porque el trabajador no utilizó el equipo de protección individual facilitado por la empresa. 

El fallo recuerda que la responsabilidad empresarial en accidentes laborales queda excluida cuando el empresario acredita haber adoptado todas las medidas preventivas exigibles. En este caso, el Tribunal considera probado que la empresa evaluó el riesgo, formó al trabajador, le entregó los equipos necesarios y los puso a su disposición en todo momento.

Por ello, la Sala concluye que la causa única del accidente fue la actuación imprudente del trabajador al no utilizar las gafas de protección obligatorias, desestimando definitivamente su reclamación indemnizatoria y confirmando la absolución de la empresa y de la aseguradora.

El Centro Especial de Empleo ASPACE RIOJA, junto a QE2 Ingeniería para el Cambio, como entidad coordinadora, y la empresa tecnológica Spectral Geo, ha desarrollado el proyecto ERGO, una iniciativa de investigación que aplica visión artificial e inteligencia artificial para la detección y prevención de lesiones músculo-esqueléticas en trabajos manuales, con un marcado enfoque social.

El proyecto se ha llevado a cabo en el CEE ASPACE RIOJA, una entidad que da empleo a personas con discapacidad, donde se han analizado procesos reales de trabajo manual con el objetivo de mejorar la ergonomía, reducir el absentismo laboral y contribuir a una mayor calidad de vida de las personas trabajadoras. A partir de la captura y análisis de imágenes y vídeos en planta, se ha desarrollado una solución experimental capaz de identificar automáticamente movimientos y posturas de riesgo, aportando información objetiva para la mejora de la prevención laboral.

ERGO es un proyecto colaborativo coordinado por QE2 Ingeniería para el Cambio, responsable de la ingeniería de procesos, la metodología de análisis y la integración global del proyecto. Spectral Geo ha asumido el desarrollo tecnológico, aplicando técnicas avanzadas de visión artificial e inteligencia artificial, mientras que el equipo de prevención y fisioterapia de ASPACE La Rioja ha participado activamente en la validación de los movimientos y posturas analizadas, garantizando el rigor ergonómico y el enfoque centrado en las personas.

El proyecto ha sido cofinanciado en el marco de la convocatoria de ayudas dirigidas a empresas para la realización de proyectos colaborativos de desarrollo experimental e innovación que resuelvan retos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (RETOS) impulsada por el Gobierno de La Rioja a través de la DG de Economía, Energías e Internacionalización de la Consejería de economía, innovación, empresa y trabajo autónomo.

Más allá del desarrollo tecnológico, el proyecto ERGO pone el foco en la inclusión laboral, demostrando cómo la combinación de ingeniería, inteligencia artificial y conocimiento experto en ergonomía puede contribuir a crear entornos de trabajo más seguros, accesibles e inclusivos. La solución desarrollada presenta potencial para su aplicación en otros Centros Especiales de Empleo y en sectores industriales con un alto componente de trabajo manual.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han firmado este martes un acuerdo para reforzar y modernizar la prevención de riesgos laborales, con el objetivo de reducir los accidentes y las muertes laborales, que alcanzan a más de 700 personas cada año. Aunque el pacto se compromete a reformar la Ley en esta materia, de 1995, de difícil recorrido parlamentario por la falta de consenso con los empresarios, también prevé varios reglamentos, que solo dependen del Gobierno, en asuntos clave como la salud mental y el cambio climático.

“Hoy el trabajo sigue siendo un lugar que desgasta y enferma”, ha sostenido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un acto en el que ha subrayado que “una democracia no se puede permitir” las actuales cifras de siniestralidad laboral.

La ministra de Trabajo ha suscrito el pacto con los líderes de los sindicatos mayoritarios, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), sin los empresarios, que se han descolgado del acuerdo al final de la negociación de más de 15 meses. “Lamento hoy que la patronal no esté en esta firma. Esta no es una política de partido, sino de Estado”, ha sostenido Yolanda Díaz, que ha criticado que la patronal “no está haciendo lo correcto”. “Es imperdonable”, ha sentenciado por su parte Pepe Álvarez.

Según fuentes del Ministerio de Trabajo, la idea es aprobar primero un Anteproyecto de ley que modernice la actual Ley de Prevención de Riesgos laborales, que debe contar con el respaldo del Parlamento para salir adelante, y después desarrollar los reglamentos pactados con los sindicatos.

En caso de bloqueo parlamentario, que en Trabajo insisten en que confían en que no se produzca aunque es la tónica habitual en el Congreso, los reglamentos permitirían al Ministerio aprobar al menos algunos cambios legales. En esta última posibilidad han insistido en CCOO y UGT, que han arrancado el compromiso de varios reglamentos. Los sindicatos exigen al departamento de Yolanda Díaz que las modificaciones acordadas no queden en papel mojado.

Más prevención en salud mental: “No podemos normalizar la ansiedad”

Los cambios normativos pactados van dirigidos a actualizar la regulación de prevención de riesgos laborales en varias direcciones. Desde que se tenga en cuenta la perspectiva de género y la edad de las plantillas, ahora muy pensada para un trabajador prototipo hombre (generalmente joven), hasta que se mejore la coordinación de las medidas preventivas cuando hay varias empresas involucradas a través de la subcontratación, así como las exigencias a los servicios de prevención ajenos.

También, de manera muy destacada, para actualizar la prevención de los trabajadores ante nuevos riesgos laborales que han ido surgiendo en las últimas tres décadas. Entre ellos, los riesgos psicosociales acentuados por la digitalización, que están detrás de muchas dolencias y bajas por salud mental, disparadas en los últimos años.

“No podemos seguir normalizando el agotamiento y la ansiedad”, ha afirmado Yolanda Díaz, que ha subrayado que no son un problema “individual”, sino en muchos casos un riesgo laboral y un problema colectivo del conjunto de la sociedad.

Unai Sordo ha destacado la necesidad de prevenir ante riesgos ligados a la digitalización, como el control y gestión a través de algoritmos y la Inteligencia Artificial, que cada vez alcanzan a más población trabajadora. Entre los reglamentos previstos en el acuerdo sindical, hay uno expresamente sobre riesgos psicosociales.

Sordo además ha emplazado al Ministerio a acometer “medidas valientes” para aflorar uno de los principales focos de siniestralidad, hoy invisible: las enfermedades profesionales. En concreto, ha exigido que se tomen medidas para identificar los cánceres de origen profesional, la principal causa de muerte en el trabajo en Europa, y que en España adolece de un “nivel de subregistro gigantesco”. Para ello, ha reclamado que se ponga en marcha un registro de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos.

Protección ante catástrofes como la DANA

El pacto también busca enfatizar la prevención de los trabajadores ante los riesgos vinculados al cambio climático, como las temperaturas extremas y catástrofes como la DANA que asoló Valencia hace algo más de un año. En este punto, el acuerdo con CCOO y UGT incluye otro desarrollo reglamentario con medidas preventivas frente al cambio climático.

Las partes también han pactado reforzar la formación en prevención, el papel de las personas trabajadoras con funciones preventivas dentro de las empresas, incluso cuando hay externalización del servicio de prevención, y la eficacia de los propios servicios de prevención ajenos, para mejorar su calidad y que no sirvan solo para “cubrir el expediente y evitar la multa”, como denuncian fuentes sindicales.

“El objetivo es que nadie más muera en su puesto de trabajo”, ha afirmado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha subrayado que esta será la “ley más importante”, por afectar a la salud y la vida de las personas trabajadoras, y que llega seis años después del inicio de su mandato.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, ha presentado hoy, día 29, un proyecto piloto de prevención de riesgos laborales y una convocatoria de ayudas centradas en los trastornos musculoesqueléticos, los más habituales en el origen de la accidentalidad laboral. 

Por un lado, el Ejecutivo va a adquirir cuatro exoesqueletos como parte de un programa piloto que busca eliminar, o al menos reducir, los trastornos musculoesqueléticos entre el personal de la Comunidad. Por otra parte, la próxima convocatoria del Cheque de Seguridad e Igualdad, que gestiona la ADER, contemplará la adquisición de dichas estructuras externas. 

De acuerdo a los resultados obtenidos tras los estudios de los técnicos de prevención de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, tres de cada nueve accidentes de trabajo registrados en la región entre 2021 y 2024 -el 34,1 % del total- tienen su origen en los sobreesfuerzos físicos y afectan al sistema musculoesquelético. Estos accidentes son sufridos mayoritariamente por hombres (69,1 %). Con independencia del sexo, la espalda constituye la parte del cuerpo más frecuentemente lesionada. En el caso de los hombres, le siguen en frecuencia las lesiones en piernas y hombros, mientras que, en el caso de las mujeres, las lesiones más habituales, tras la espalda, afectan a los hombros, las piernas y las muñecas. 

Como actividades con mayor concentración de accidentes entre los hombres, destaca el personal cualificado de las industrias manufactureras (22,9 %), el personal peón de la agricultura, construcción, industrias manufactureras y transportes (19,1 %) y el personal cualificado de la construcción, excepto operadores de maquinaria (19,1 %). En el caso de las mujeres, los accidentes se concentran principalmente en el personal de los servicios de salud y cuidado de personas (28,8 %) y en el personal de los servicios de restauración y comercio (18,7 %). Además, el 88 % del total de los partes de enfermedad profesional cerrados en la Comunidad durante el periodo comprendido entre 2008 y 2024 corresponde a enfermedades causadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos. A lo largo de este periodo se ha observado un incremento muy significativo.

A la vista de los datos disponibles, ha indicado la consejera Belinda León, “los sobresfuerzos físicos constituyen una de las principales causas de los accidentes de trabajo en la Comunidad y la espalda se identifica como la región anatómica más frecuentemente lesionada con independencia del sexo, lo que evidencia una elevada exposición a cargas físicas asociadas a la manipulación manual, posturas forzadas y movimientos repetitivos del tronco”. “Son lesiones que comprometen la salud de las personas trabajadoras, que generan costes humanos y económicos, y que evidencian la necesidad de seguir avanzando en la prevención”, ha agregado.

Asimismo, “los hombros figuran entre las zonas corporales más afectadas”, especialmente en determinados sectores y ocupaciones, lo que pone de manifiesto la existencia de riesgos derivados del trabajo con los brazos elevados, esfuerzos repetidos y mantenimiento de posturas estáticas.

En este contexto, y una vez aplicadas las medidas preventivas de carácter técnico y organizativo, “el uso de exoesqueletos que proporcionen asistencia a la zona lumbar y a los hombros/deltoides puede considerarse una medida complementaria adecuada para reducir la carga física soportada por las personas trabajadoras, disminuir la fatiga muscular y contribuir a la prevención de lesiones musculoesqueléticas”. 

La Dirección General de Trabajo y Salud Laboral debe testar el impacto de los cuatro exoesqueletos entre el personal de la Comunidad, ya que pueden ser una vía adicional de intervención en relación a la carga física. Una mesa de trabajo actualmente en curso, con personal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno y de la Dirección General, determinará los colectivos de la Administración con los que se trabajará. Estos exoesqueletos pueden reducir en un 40 % la fatiga y la tensión muscular en la espalda. 

Su implantación, ha continuado León, resulta “especialmente pertinente en aquellas actividades y ocupaciones donde persiste una elevada incidencia de sobresfuerzos y donde la eliminación del riesgo no es técnicamente viable, siempre que su selección y uso se integren en un proceso planificado y evaluado conforme a los principios de la actividad preventiva”.

Ayudas a la compra de exoesqueletos para asistencia lumbar y hombros

Con el mismo objetivo de eliminar o minimizar los riesgos ergonómicos en el trabajo, la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha indicado que la convocatoria 2026 del Programa Cheque de Seguridad e Igualdad, de la ADER, que supone “una ayuda para fomentar las acciones que permitan a las empresas crear unas condiciones favorables en sus centros de trabajo, contemplará como nueva actuación la adquisición de dos tipos concretos de exoesqueletos para la mejora ergonómica en empresas riojanas: pasivos para asistencia lumbar y para asistencia encima de los hombros”. 

Esta línea, ha recordado Simón, “también subvenciona los estudios o planes vinculados a la estrategia y planificación (planes de igualdad), medidas para la seguridad de los trabajos en altura y retirada segura de materiales con amianto”.

La bodega de Valdepeñas Félix Solís Avantis ha señalado a través de un comunicado que “cuenta con protocolos específicos de seguridad y prevención de riesgos laborales para todas las actividades que se desarrollan en sus instalaciones”, tras el fallecimiento de uno de los trabajadores la pasada semana.

En este sentido, ha subrayado que los protocolos de seguridad “son de obligado cumplimiento para todos los empleados y están plenamente alineados con la normativa legal vigente”.

Los sindicatos CCOO y UGT han denunciado en las últimas horas lo que califican “un fallo muy grave en prevención y en la adopción de medidas de seguridad, que son exclusivamente responsabilidad de la empresa” y se han concentrado en señal de protesta y pésame por los hechos.

Desde Félix Solís Avantis han manifestado su pesar por “el fallecimiento de nuestro empleado y compañero en el trágico suceso ocurrido el jueves pasado en la planta de Valdepeñas”. Además, la dirección de la compañía ha trasladado su más sentido pésame a su familia y amigos y “está a su entera disposición desde el primer momento”.

Además, la empresa, una de las más importante en el sector vinícola, la “ha ofrecido a las autoridades competentes su total cooperación y colaboración durante todo el proceso”, según han señalado.

Además, la compañía ha declinado hacer más declaraciones “por respeto a la persona fallecida y a sus allegados, hasta que se esclarezcan las circunstancias de lo sucedido”.

Los sindicado CCOO y UGT han llevado a cabo hoy dos concentraciones para protestar y en solidaridad con la familia del trabajador de la bodega Félix Solís de Valdepeñas (Ciudad Real) que el pasado jueves sufrió un accidente laboral que le costó la vida. CCOO se concentraba a las puertas de la bodega donde ocurrió el suceso mientras que los representantes de UGT lo hacían delante de su sede.  Además, ambas centrales sindicales anuncian distintas acciones y piden que a las autoridades que tomen cartas en el asunto.

La secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, tras trasladar el pésame a la familia y compañeros del trabajador fallecido han señalado, recordado que “hace aproximadamente un año y medio” se encontraban concentrados en el mismo sitio, que esto “evidencia que este accidente, al igual que el anterior, no son fruto del azar, sino que obedecen a un fallo muy grave en prevención y en la adopción de medidas de seguridad, que son exclusivamente responsabilidad de la empresa. Una empresa que presume de ser puntera, pero que antepone los beneficios a la seguridad de sus trabajadores y traajadoras”.

Según ha adelanto el sindicato en un comunicado, CCOO se va a personar ante la Inspección de Trabajo y no descarta hacerlo también ante el juzgado para exigir que se investiguen los hechos y se depuren las responsabilidades. En este sentido también se ha pronunciado el secretario general de CCOO Industria Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, quien ha indicado que el peso de la ley tiene que caer sobre la empresa Félix Solís, y ha pedido a la Administración que no mire hacia otro lado.

Ambos dirigentes sindicales han hecho alusión a la actitud antisindical de la empresa Félix Solís, por “obstaculizar” que haya representación legal de los trabajadores y trabajadoras, “recurriendo a amenazas, coacciones y otro tipo de argucias para que no se convoquen elecciones sindicales”.

Precisamente, hoy mismo al ser preguntado por estos accidentes, Javier Ortega, secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha ha señalado que el sindicato estudia acciones judiciales contra todas las empresas incumplidoras de la prevención de riesgos laborales.

UGT considera que es “intolerable”

En el mismo sentido se han manifestado la secretaria general de UGT Ciudad Real, Alfonsi Álvarez, y el responsable de UGT FICA en la provincia, Alfredo Nieto, durante la concentración han celebrado frente a las puertas de su sede, desde donde han exigido a Félix Solís que dé explicaciones sobre lo sucedido porque “está claro que algo está fallando” y ha tachado de “intolerable” e “inasumible” que en menos de dos años en esta bodega hayan fallecido dos trabajadores.

Alfonsi Álvarez lanzaba también un mensaje a las administraciones para que obliguen a las empresas de más de 50 personas trabajadoras a contar con un comité de empresa y delegados de prevención, según ha señalado en un comunicado en sindicato. “La prevención salva vidas. No es algo que digamos solo nosotros. Está demostrado que allí donde hay representación sindical hay menos accidentes y estos son menos graves”.

Al igual que UGT, Álvarez también denunciaba la actitud antisindical que siempre ha tenido la empresa Félix Solís, cuyos trabajadores “no se atreven a presentarse en unas elecciones sindicales porque saben que inmediatamente serán despedidos”. Instaba a la plantilla a dar un paso hacia adelante, a unir sus fuerzas y a organizarse sindicalmente. “Nosotros estaremos siempre dispuestos a ayudarles y escucharles”.

A este veto a los sindicatos también hacía referencia Alfredo Nieto, quien aseguraba que en esta empresa “está fallando el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. El representante de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en Ciudad Real ponía de manifiesto que “ninguna persona trabajadora debería perder la vida por el mero hecho de acudir a su puesto de trabajo”.

Así, entiende que las autoridades deben tomar cartas en el asunto para averiguar qué es lo que está pasando en esta bodega.

CSIF denuncia que la Brigada de Obras del Ayuntamiento de Haro desarrolla su trabajo en condiciones que no cumplen con la Prevención de Riesgos Laborales. Y es que, según la formación sindical, llevan meses reclamando “ropa reglamentaria para este época del año y calefacción y agua caliente en las instalaciones del almacén municipal”.

De hecho califican de “inhumanas” las condiciones de los profesionales del servicio de la Brigada de Obras del consistorio jarrero porque realizan sus tareas “en condiciones inadecuadas debido a la falta de calefacción y agua caliente en las instalaciones del almacén municipal. Llevan meses soportando estas deficiencias que afectan directamente a su salud y a la calidad de su jornada laboral, especialmente en estos meses de bajas temperaturas”.

Circunstancias a la que añaden la falta de ropa de trabajo reglamentaria que ya ha sido reclamada a través de la Mesa de Negociación “sin que hasta la fecha se haya dado respuesta ni se haya hecho entrega del vestuario correspondiente, incumpliendo los compromisos adquiridos”.

Por todo ellom CSIF exige al Ayuntamiento de Haro una “solución inmediata”. Piden que se arreglen los sistemas de calefacción y agua caliente y que se entregue “de forma urgente la ropa de trabajo para garantizar unas condiciones laborales dignas y seguras para el personal de la Brigada de Obras. Es inaceptable que los trabajadores sigan desempeñando su labor en estas circunstancias, por lo que se solicita a la administración responsable que actúe con la máxima urgencia”.

“La prevención de riesgos laborales no puede seguir basándose en un modelo estándar, neutro y homogéneo, que suele estar relacionado con el sexo masculino”, defiende María Torres Lacomba, fisioterapeuta que codirige la Cátedra IRSST de la Universidad de Alcalá, junto a Remedios Menéndez Calvo.

Acaba de celebrarse la segunda edición de unas jornadas de reflexión interdisciplinar sobre la seguridad y salud laboral. En 2024 se centraron en el ámbito legislativo, abordando las relaciones laborales con impacto de género.

En este año 2025 la preocupación se ha centrado en la salud física en ámbito del trabajo y las conclusiones son claras: “En nuestra opinión, los modelos clásicos que se han utilizado en prevención de riesgos laborales ya no responden de manera efectiva a la realidad del mercado laboral”, asegura esta doctora en Biomedicina.

En ocasiones no se tiene en cuenta ni el sexo, ni la edad o las situaciones personales de salud. Ahora influyen factores como el envejecimiento de la población trabajadora -la jubilación llega más tarde- o el aumento de reincorporaciones al trabajo tras sufrir una enfermedad, muchos más allá de procesos fisiológicos como un embarazo. “Hablamos de volver tras sufrir un cáncer y nos planteamos cuáles son las adaptaciones laborales necesarias para que estar personas puedan retornar al entorno laboral, teniendo en cuenta las secuelas”.

Por eso, algo tan sencillo como tener un baño cerca cuando un trabajador o trabajadora acaba de sufrir un proceso oncológico, que requiere de este servicio cerca del puesto de trabajo, no lo es tanto cuando no está previsto en las condiciones de salud o seguridad laboral.

María Torres subraya una de las conclusiones de la jornada que acaba de celebrarse: “La salud física en el trabajo necesita un cambio de paradigma preventivo e inclusivo y enfoque de género, centrado en la persona trabajadora, más allá de la legislación vigente”. Y es que mujeres y hombres no enferman por igual. “El hecho de ignorarlo contribuye a la infra prevención, nos encontramos con infra diagnósticos y con desigualdades en salud y también en salud ocupacional”.

“La diversidad funcional debe ser parte estructural de la prevención de riesgos laborales”

El debate es amplio y complejo. Hay otras muchas cuestiones sobre la mesa porque cuando se habla de prevención de riesgos laborales, no se tiene en cuenta la diversidad funcional de trabajadores y trabajadoras. “Es algo que debe ser considerado como parte estructural dentro de la prevención, y no como situaciones excepcionales que no están reguladas”.

 Lo mismo ocurre con las desigualdades de género en salud laboral. “La legislación existe, pero creemos que debe haber adaptaciones en función de las personas”, advierte la investigadora.

Cree que ni las administraciones públicas ni los agentes sociales son todavía conscientes de este tipo de necesidades, aunque reconoce “pequeños pasos” y sugiere que la adaptación de los puestos de trabajo debe producirse de forma “individualizada”, con “valoraciones funcionales de verdad” pero con ajustes “razonables” para que el hecho de propiciar la reincorporación se haga manera “sostenible”.

La Cátedra IRSST-UAH

La Cátedra IRSST de la Universidad de Alcalá tiene como objetivo la igualdad de oportunidades en la prevención de riesgos laborales con un enfoque multidisciplinar tanto desde el punto de vista sociosanitario, como sanitario o jurídico.

Surgió hace apenas dos años bajo el paraguas del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, y como una colaboración entre el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) en Madrid y la institución académica.

Está adscrita a la Unidad Docente de Fisioterapia, dentro de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Entre sus funciones está la de fortalecer la investigación y la formación en prevención de riesgos laborales, con un enfoque inclusivo y equitativo que reconozca la diversidad de realidades y necesidades en el ámbito laboral.

El sindicato Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha ha realizado en 2025 un total de 118 asesoramientos a delegados y delegadas de comités de Seguridad y Salud de empresas de la región.

Estas asesorías se realizan dentro del denominado 'Proyecto de asesoramiento en prevención de riesgos laborales a comités de seguridad y salud', que tiene el objetivo de mejorar la capacidad de actuación de estos comités, dotándoles de las herramientas, conocimientos y apoyo necesarios para que su labor sea realmente efectiva.

El proyecto nace de la convicción de CCOO de que la prevención “no se impone: se construye”. Y es que el sindicato indica que los datos estadísticos de Castilla-La Mancha en materia de siniestralidad laboral muestran que existe todavía “un importante déficit de educación preventiva en los centros de trabajo de la región”. Por tanto, pone de manifiesto la importancia de incidir en la “mejora de las condiciones laborales de las empresas”, cuya finalidad es “conseguir una siniestralidad cero, o cero accidentes laborales”.

Así, la memoria del proyecto detalla cuáles son las causas más habituales de consulta a CCOO CLM por parte de los Comités de Seguridad y Salud de empresas.

Exposición al riesgo

Los datos muestran que casi la mitad (56 de 118) de las asesorías realizadas por el sindicato este 2025 fueron por asesoramientos relacionados con exposición al riesgo.

Dentro de este ámbito, se encuentran peligros para los trabajadores y las trabajadoras relacionados con la seguridad física (caídas en altura, riesgos en maquinaria y equipo de trabajo, etc.), la higiene (agentes físicos, químicos y biológicos), la ergonomía y riesgos psicosociales (estrés, ansiedad, burnout y/o acoso laboral) ocurridos en los centros de trabajo de los delegados.

¿Cuál es el trabajo que realiza CCOO Castilla-La Mancha en las consultas que recibe sobre esta cuestión? El sindicato explica estos conceptos con claridad y orienta sobre cómo solicitar revisiones de riesgos, mediciones, cambios organizativos y medidas de protección, activación de protocolos de acoso laboral y sexual. También en la redacción de las correspondientes denuncias ante la Inspección de Trabajo.

Daños a la salud

El segundo tipo de asesoría más realizada por CCOO en la comunidad autónoma en 2025 ha sido las relacionadas con daños a la salud, con un total de 21 consultas. Los daños pueden ser producidos o que están empezando a aparecer. Entre ellos, hay molestias musculoesqueléticas y problemas de salud mental. Los primeros aparecen por movimientos repetitivos, cargas excesivas o posturas mantenidas, mientras que los segundos están relacionados con cargas de trabajo desproporcionadas, malas organizaciones, conflictos internos o estilos de mando agresivos.

En estas situaciones, los profesionales del sindicato escuchan, orientan y ayudan a encaminar la situación. Explican los mecanismos que existen para que se reconozcan los daños laborales, acompañan en los primeros pasos y, cuando hace falta, derivamos a los recursos especializados del sindicato y/o al delegado o delegada de prevención del centro de trabajo.

Contingencias en mutuas

En tercer lugar queda la gestión de contingencias en mutuas, unas consultas que CCOO Castilla-La Mancha ha llevado a cabo en 18 ocasiones este año. Los delegados y delegadas acuden porque sienten que la mutua no reconoce adecuadamente el origen laboral de las dolencias de tipo laboral, especialmente cuando no existe un hecho traumático claro (un corte/golpe, caída, quemadura, contacto eléctrico…). Otro motivo muy habitual de consulta tiene que ver con el acoso laboral en el trabajo. En estos casos, las mutuas casi nunca reconocen la relación laboral del daño psicológico, afirma el sindicato.

Por eso, su labor de asesoría consiste en explicar qué es una determinación de contingencia, cómo iniciar el proceso y cómo reunir información que demuestre el vínculo entre la actividad laboral y la dolencia, con un acompañamiento a la plantilla en cada paso.

Las demás causas de consulta que tiene CCOO CLM son las relacionadas con actividades de prevención (12), representación y derechos sindicales (8) y gestión de servicios de prevención (3).

La labor es un “apoyo fundamental” en prevención

Como resultado de estas labores de asesoría realizadas por CCOO Castilla-La Mancha, el sindicato explica que se han mejorado aumentado las actividades preventivas en 57 ocasiones, se han eliminado o disminuido riesgos en 46 y se han mejorado los derechos de presentación y funciones en 15 ocasiones.

Por todo ello, el sindicato concluye que la labor que realiza su Gabinete Regional de Salud Laboral es un “apoyo fundamental” para los delegados y delegadas de prevención que forman parte de los Comités de Seguridad y Salud en los distintos centros de trabajo.

Con este apoyo, “la acción sindical en materia de salud laboral se fortalece permanentemente, logrando que cada vez más trabajadores y trabajadoras conozcan y ejerzan sus derechos en condiciones de seguridad y salud”, concluyen desde CCOO Castilla-La Mancha.

La explosión de una estufa en una empresa de carpintería metálica de Campo de Criptana (Ciudad Real) se ha saldado con un trabajador de 27 años herido con quemaduras graves.

Fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han confirmado a elDiario.es Castilla-La Mancha que el aviso se ha recibido a las 6:14 horas de este martes.

Trasladado a la Unidad de Quemados de Getafe

En primera instancia, el trabajador ha sido trasladado al centro de salud de la localidad, donde se le han practicado las primeras curas. Ante la gravedad de las quemaduras, se ha decidido su trasladado por una UVI a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.

Hasta el lugar se han desplazado también efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

El comité de empresa de Sofitec advirtió hace un año de las deficiencias que se detectaban en los procesos productivos que, a día de hoy, han provocado que el gigante aeronáutico Airbus se tambalee. Uno de los principales protagonistas del sector de la aviación ha puesto en cuarentena a la fabricante sevillana después de haber confirmado que es la responsable de los paneles defectuosos del fuselaje del A320.

La noticia trascendió este miércoles tras las deducciones que compartió Airbus con sus clientes durante una presentación oficial, según adelantaron las agencias Reuters y Bloomberg. Por tal motivo, el grupo galo inspeccionará 628 aviones A320, de pasillo único, a partir de esta semana por los posibles defectos en el fuselaje —elemento estructural en el que se sitúa la cabina de mandos, al igual que la de pasajeros y las bodegas de carga, es decir, la parte central de la aeronave.

“Hay delegados que han levantado la mano para decir que había algo mal, pero los han cambiado de puesto o despedido”, asegura Carlos Parra, secretario de organización de UGT FICA Sevilla, en conversación con este medio. El traspié en la producción supone reducir su objetivo anual de entregas, ya que pasa de las 820 previstas a unas 790 unidades, con una pérdida en cuestión de horas de cerca de 9.400 millones de euros en capitalización bursátil, según valora el sindicato.

Fallos en la cadena

La cadena de producción incumplía con los algunos parámetros de calidad, por ejemplo, al utilizar productos caducados como los sellantes. Además, se modificaban las fechas para cumplir con el tiempo de curado de este producto, relatan las fuentes consultadas. Por otra parte, los termómetros utilizados en las instalaciones de Carmona recogían hasta 34,6º C en el interior, donde se manejaba el material sensible, con picos de hasta 35,7º C, según las imágenes a las que ha podido acceder este medio.

Los valores óptimos serían, en todo caso, entre 21º C y 25º C, tal y como marca la normativa para aviación civil de Airbus. Al alcanzar los valores tan extremos, el material necesitaría ser validado por el Departamento de Ingeniería de Sofitec. Una certificación que debía ser dada por los profesionales y que, en caso de ser contraria, suponía un revés en la fase de montaje.

Otra cuestión que se puso en conocimiento de la empresa fue la siguiente: las tapas fan cowl —cubiertas del motor— que eran entregadas a Airbus en el centro estratégico de Cádiz iban “más de una vez”, relatan fuentes conocedoras del caso, con exceso de micraje en pinturas e imprimaciones. Esto suponía un sobrepeso para la aeronave que se ignoraba, a pesar de que se avisaba al área de calidad de estas cuestiones “con el transporte esperando en la puerta”. Esta serie de desmanes ha provocado que, en el apartado de calidad de los clientes internacionales, haya renunciado recientemente un profesional ante la debacle de Sofitec, confirman testigos cercanos.

Persecución sindical

Las quejas que se comunicaron a la dirección por parte de los trabajadores, preocupados por el óptimo mantenimiento del servicio, provocaron una persecución sindical, sostiene la parte sindical. Las repercusiones se multiplicaron a lo largo de este último año y señalan momentos notorios, como la rotación de un miembro del comité de empresa de la sección de calidad a otra, bajo la excusa de que “era incompatible” con el puesto sindical que desempeñaba.

Sofitec no ha emitido ningún comunicado ni ha atendido la petición de información por parte de este periódico mientras la esfera mediática se alimenta de las últimas declaraciones de Airbus, desde donde se había delegado la supervisión de las piezas al proveedor. Un contratiempo que se suma al acaecido hace unos días, cuando el grupo comunicó que se llevaría a cabo la revisión de 6.000 aviones, también A320, para efectuar una actualización urgente del software y descartar fallos de funcionamiento bajo condiciones de radiación intensas.

Cuatro millones en subvenciones

En 2024, Sofitec facturó casi 50 millones de euros teniendo como su principal cliente al gigante aeronáutico. A la compañía, el representante sindical de UGT le plantea una demanda acuciante: que Airbus “vele por unas mínimas normas éticas en su cadena de suministros, porque esto lo denunciamos en su momento y hay incumplimientos de calidad, lo que provoca que reviente la empresa”. En segundo lugar, su mensaje va dirigido a los organismos públicos que subvencionan a la entidad sevillana, con tal de que tomen cartas en el asunto y den cobertura a los empleados.

Cabe recordar que a la empresa andaluza se le ha concedido desde el año 2021 más de cuatro millones de subvenciones públicas, tanto tramitadas por parte del Ministerio de Ciencia en ayudas a proyectos como de la mano del Servicio Andaluz de Empleo en materia de empleabilidad. Ante un futuro amenazante, Parra insiste en que la organización sindical pretende “que los trabajadores continúen en su puesto”, pese a que el incumplimiento de objetivos y el retraso en la producción pueda hacer tambalear a la plantilla ubicada en la provincia hispalense.

Desde UGT FICA Sevilla, valoran a través de un comunicado que lo ocurrido “compromete tanto la seguridad industrial como la reputación de la industria aeronáutica andaluza y europea”. En el panorama nacional, Andalucía es la segunda comunidad exportadora de España del sector aeronáutico, asumiendo el 28% de la producción y tan solo por detrás de Madrid. Las cifras hablan por sí solas, ya que en los primeros meses de 2024 las exportaciones aeronáuticas andaluzas alcanzaron los 1.938 millones de euros, es decir, un 50% más que el mismo periodo del año anterior.

Control sindical

El volumen de facturación y la mano de obra que se cifra en alrededor de 400 compañeros no hace menor el error, más cuando se sabía de su existencia. Pese a las denuncias realizadas, Carlos Parra lamenta que la acción sindical se haya visto reducida después de perder la mayoría en el comité de empresa. “Ante las actitudes antisindicales de la empresa, con varias denuncias en los tribunales, tanto por coacciones como por despidos, quedamos en minoría y estamos a merced de la candidatura independiente presuntamente controlada por la empresa”, añade.

A principios de año, UGT contaba con seis delegados, mientras que la organización CGT tenía otro representante y el Grupo Independiente Sofitec (GIS), supuestamente bajo el mando de la empresa —los comúnmente llamados sindicatos amarillos—, consiguió otros seis miembros. Dada la actual situación, Parra critica que “se haya blanqueado todo y se haya acabado tanto con los requerimientos como con las denuncias dirigidas a Inspección de Trabajo”.

Más allá del reciente escollo, lo que movilizó la acción sindical fue la muerte de Faustino, un joven de 24 años que trabajaba en el Parque Industrial y Logístico de Carmona a las órdenes de Sofitec. En el turno de noche, y apenas mes y medio después de ser contratado como carretillero en prácticas, pereció aplastado bajo una máquina. El caso, aun en instrucción judicial, motivó que tras 25 años de historia se realizaran las primeras elecciones sindicales para poner freno a las prácticas abusivas por parte de la empresa: “Hay cultura del miedo, o te sancionan o te despiden”. Por todo ello, Parra solo pide “que se cumpla la normativa en materia de salud y seguridad”, con tal de no tener que lamentar nuevas pérdidas humanas o, en el caso de Airbus, ingentes cantidades económicas.