La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha exigido hoy al PP regional “coherencia” para “pedir explicaciones y reprochar” la conducta de la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, en el ‘caso Kitchen’, tras haberse conocido que la Audiencia Nacional ha requerido sus audios con el comisario José Manuel Villarejo.

“Aquí hay una persona que está en todas las salsas y que tiene una vinculación con Castilla-La Mancha: Cospedal, que todavía sigue estando en esta causa sin que haya afrontado o dado las oportunas explicaciones. Hay un ministro que está siendo juzgado con el riesgo de tener una pena de 15 años de cárcel. Lo mismo puede ocurrir con el director general de Cospedal, y entendemos que la propia Cospedal tiene que contar toda la verdad”, ha señalado.

Ha remarcado así en que el PP tiene que ser, por tanto, “coherente”, y hacer como el PSOE: “Llamar al orden y pedir explicaciones a sus propios compañeros, y reprochar y repudiar este tipo de conductas”.

También ha criticado al presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, por no haberse pronunciado aún al respecto, cuando “sería bueno” tanto que le pidieran explicaciones a Cospedal, como que explicaran “por qué en connivencia guardan silencio”, hasta el punto de haberla nombrado presidenta de honor del partido autonómico cuando “ya estaba en la cuerda floja de la Kitchen”.

El PP pasa la pelota al PSOE

Desde el PP, su portavoz regional, Alejandra Hernández, se ha limitado a mostrar su respeto a la justicia tras conocerse la decisión de la Audiencia Nacional. “Tendrán que ser ellos los que tomen las decisiones oportunas”, ha dicho, y acto seguido ha hecho hincapié en que los principales casos que se están investigando “tienen mucho que ver con el Partido Socialista”.

Además, ha afeado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por seguir “callado” ante todas esas noticias que “vemos que cada día van aumentando en su partido” mientras “guarda silencio” el Partido Socialista de Castilla-La Mancha. “Les gusta hablar mucho de los demás, pero hacer autocrítica y hablar de lo suyo no”.

En un giro imprevisto, los policías que investigaron el caso Kitchen volverán al trabajo en los próximos días. Con el fin del juicio previsto para el 30 de julio, el actual juez instructor de la causa, Antonio Piña, ha aceptado que la Unidad de Asuntos Internos elabore un informe sobre las comunicaciones entre el comisario José Manuel Villarejo, María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro acerca de las presuntas entregas de dinero de la antigua secretaria general del PP y su entonces marido al policía.

En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, Piña también ordena que la emisora RAC1 entregue unas grabaciones cuya publicación en marzo de 2025 no consiguió que fueran valoradas por la justicia, permitiendo que María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy se hayan paseado por la vista de Kitchen como testigos, en algunos momentos olvidadizos y en otros, incluso displicentes.

Uno de esos audios muestra cómo el 15 de septiembre de 2014, aproximadamente un año después del grueso de la operación Kitchen, el comisario Villarejo visita a Cospedal en su despacho de la planta séptima de la sede nacional del Partido Popular.

Villarejo: Se ha encontrado hace un mes una documentación complicada… Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente

Cospedal: ¿Pero la habéis encontrado vosotros o el CNI?

Villarejo: No. La hemos encontrado nosotros.

Cospedal: Vosotros. No, porque yo sé que han encontrado. Lo del último mes no lo sé; yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este [Bárcenas] todo lo que tenía

Villarejo: Bueno, pues eso…

Cospedal: A mí me lo ha dicho el presidente. No me lo ha dicho nadie más.

Uno de los secretos que quedaba por aclarar de la macrocausa Villarejo era –sigue siendo– el de la pieza 34. El segundo instructor del caso, Manuel García Castellón, decidió abrirla como una suerte de almacén de todos los audios de Villarejo publicados por medios de comunicación, los que fueron volcados en Telegram por el ultra Alvise y los entregados en el juzgado por el empresario Javier Pérez Dolset. Aún es un misterio si todas estas horas de grabación pertenece al aproximadamente 50% de los audios de Villarejo que siguen encriptados en la Audiencia Nacional.

La pieza permaneció inaccesible para las partes durante dos años. En su interior escondía un informe de Asuntos Internos que a punto estuvo de pasar desapercibido. En él, la Policía advertía de que adjuntaba un anexo con unos audios denominados MDCospedal “para su adecuada valoración sobre su posible vinculación con los hechos objeto de investigación (pieza 7 [Kitchen]) por parte de su autoridad”. Esa valoración nunca se produjo.

La acusación popular del PSOE analizó los audios y solicitó, antes del juicio, la imputación de María Dolores de Cospedal, de su exmarido Ignacio López del Hierro y del Partido Popular como persona jurídica. El actual instructor, Antonio Piña, rechazó de plano las aspiraciones de los socialistas con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. La acusación popular del PSOE ha conseguido que algunos extractos se reproduzcan en el juicio de Kitchen, pero sin apenas alcance: ni Cospedal ni Rajoy llegaron a la vista como acusados.

Tras insistir, la representación del PSOE ha logrado que el juez Piña dicte un auto de aclaración a aquel que denegó la imputación de Cospedal admitiendo las dos diligencias citadas: que se requiera a RAC1 los audios y que Asuntos Internos elabore un nuevo informe. Si este apreciara indicios de delito y el juez asumiera su tesis se abriría una causa independiente del caso Kitchen sobre los nuevos investigados, explican fuentes jurídicas.

Entre los audios que tendrá que analizar Asuntos Internos existen algunos sobre los que la unidad ya se ha pronunciado. En la pieza 34 está el contenido de la grabación publicada por El País en la que Cospedal ordena a Villarejo que detenga la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad B del Partido Popular. Anticorrupción, con el informe de Asuntos Internos, solicitó que Cospedal volviera a ser imputada, pero García Castellón se negó.

En otro de los audios, Cospedal confiesa a Villarejo que el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz le hace entrega de los informes de la UDEF sobre la caja B y Gürtel con solo un día de antelación a que lo tenga el juez. Como el anterior, se trata de grabaciones de 2017.

Un tercer audio es posterior, de 12 de septiembre de 2017. Cospedal suma a su puesto de secretaria general del PP el de ministra de Defensa. Villarejo se ve rodeado por todos los escándalos sobre su patrimonio oculto y sus maniobras extraoficiales. El marido de Cospedal lo recoge en un punto del centro de Madrid y lo conduce al despacho de su esposa. Villarejo le pide ayuda. Cospedal contesta: “Yo hablo con quien tenga que hablar”.

La verdad sobre los pagos encubiertos de Cospedal a Villarejo

De otro lado está el informe que ya ha encargado a Asuntos Internos. La Policía se centrará en uno de los asuntos más graves y en que menos se detuvo el juez García Castellón: las alusiones en la agenda de Villarejo y en las grabaciones a los pagos de Cospedal bajo cuerda al comisario.

El 6 de diciembre de 2012, por ejemplo, Villarejo anotó en su agenda “Cospe: Apoyo a tope en todo. Me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. “José L. Orti” es José Luis Ortiz, jefe de gabinete de Cospedal entonces y quien también fue investigado en Kitchen antes de que la causa contra él se archivara.

Menos de dos años después, Villarejo volvería a escribir el resumen de su cita con Cospedal en el hotel Orfila el 14 de septiembre de 2014: “18:15 en Orfila [hotel próximo a Génova]. Cambio al final a la sede 7ª [planta de la sede del PP]. Pide que haga un análisis de Esquerra. Comprende que quiera jubilarme. Promete pagar la deuda de 100”.

En el juicio del caso Kitchen, el inspector jefe de Asuntos Internos que ha dirigido toda la investigación contra Villarejo explicó que su método de trabajo sobre las agendas del comisario consistió en cotejar las anotaciones con hechos constatables. La conclusión fue la siguiente: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. Eran para consumo interno”,

Ahora, el juez Piña ordena a Asuntos Internos que “identifique si entre el material incautado al señor Villarejo se identifican conversaciones con contenido que pueda aportar indicios de criminalidad de este con la señora Cospedal o el señor López [del Hierro], correos electrónicos o transferencias bancarias”.

Antonio José García Cabrera, el abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha declarado como testigo este miércoles en la Audiencia Nacional que la exmilitante socialista Leire Díez le ofreció la posibilidad de reunirse con la Fiscalía porque a ella, según le dijo, le parecía injusta la acusación contra su representado.

García Cabrera ha comparecido esta mañana ante el juez del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, y que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la propia Díez.

Así, fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Cabrera se ha ratificado en su declaración como testigo ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado del pasado 28 de mayo en el marco de las pesquisas sobre esta causa.

Tal y como consta en el atestado de la UCO, Cabrera ha declarado que la exmilitante le contactó para ofrecerle la posibilidad de reunirse con la Fiscalía porque le parecía injusta la acusación contra su representado en la macrocausa 'Tándem', que investiga los negocios privados de Villarejo. El letrado de Villarejo aseguró a los agentes que ni él ni su representado se reunieron con el fiscal general del Estado ni con el fiscal de Anticorrupción.

García Cabrera afirmó que Díez le dijo que le iba a “recibir el FGE -- fiscal general del Estado--” en aquel entonces Álvaro García Ortiz, después de intentos infructuosos de acercarse a César de Rivas, fiscal anticorrupción en el 'caso Kitchen', según el informe de la UCO en el que se ha ratificado.

Asimismo, en el informe de la UCO consta que Cabrera afirmó haberse reunido con Díez en dos ocasiones para hablar sobre varias noticias publicadas contrarias a Villarejo y que el contenido de ambas conversaciones le pareció “muy poco creíble y muy fantasioso”.

La Abogacía del Estado ha apuntado este jueves en su informe final del juicio de la operación Kitchen a cuál fue el origen del operativo: “Se dirige esencialmente a torpedear una investigación judicial”. Esa investigación era el caso Gürtel de corrupción y la “preocupación” que desencadena el operativo policial ilegal tenía origen “en el entorno del Partido Popular y el Gobierno de España” que en ese momento dirigía Mariano Rajoy. No es creíble, ha dicho la Abogacía del Estado, que toda la operación se montara solo para investigar el patrimonio de Luis Bárcenas. El objetivo de esta “operación parapolicial” eran sus grabaciones. Este jueves también han intervenido el resto de acusaciones: la familia Bárcenas, PSOE y Podemos. El juicio seguirá el 22 de julio con los informes finales de las defensas, los alegatos que quieran hacer los acusados y el juicio quedará visto para sentencia.

El juicio por la operación Kitchen está en su última recta antes de quedar visto para sentencia con los informes finales de las partes. La Fiscalía Anticorrupción ya hizo definitivas hace unos días sus peticiones de cárcel y apuntó a la “finalidad bastarda” del operativo: “Boicotear” el caso Gürtel y “proteger” a dirigentes del Partido Popular. La Abogacía del Estado ha apuntado directamente al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como el máximo responsable del operativo: “Participó en la planificación, coordinación y seguimiento constante de la evolución y los objetivos” de la trama Kitchen. “Que se reprenda y se reaccione por la vía del derecho a que esta operación careció de cobertura judicial, persiguió fines ajenos a la investigación penal, utilizó fondos y medios públicos y se ejecutó mediante una estructura paralela bajo directrices político-operativas al margen de la autoridad judicial”, ha dicho.

Las notas y grabaciones del entonces comisario José Manuel Villarejo, ha dicho el primer Abogado del Estado en intervenir, son suficientes para rechazar las tesis de defensa de los acusados: que todo era legal y que el objetivo real era investigar el patrimonio de Luis Bárcenas. “No puede comprenderse sin tener en cuenta la preocupación que en el entorno del PP y del Gobierno de España generaba la figura de Luis Bárcenas”, ha explicado.

Una preocupación que, ha dicho, “se acrecienta” a finales de 2012 con la publicación de la contabilidad paralela del PP por parte de El País y las revelaciones judiciales de Bárcenas, de quien sospechaba que tenía grabaciones comprometedoras para Mariano Rajoy y Javier Arenas. “Se dirige esencialmente a torpedear una investigación judicial, tiene por objetivo encontrar esas grabaciones”.

“La finalidad esencial es la obtención y destrucción de documentación”, ha dicho el Abogado del Estado antes de apuntar directamente a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior con Mariano Rajoy, como máximo responsable del operativo, señalado por la declaración de Francisco Martínez, su mano derecha en ese momento. “Tenía por objetivo quitarle a Bárcenas esos papeles que comprometían al presidente”. La Abogacía del Estado no encuentra pruebas de que el premio para Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que espió para la trama, fuera un puesto en la Policía Nacional auspiciado por Villarejo, pero sí de que era consciente de que estaba cometiendo una ilegalidad. “Era plenamente consciente de la ilicitud de al operación”.

“Presión e intimidación” al agente Morocho

La Abogacía del Estado ha aprovechado su informe final del juicio de la operación Kitchen para denunciar la “presión constante e intimidación” que los mandos de Interior involucrados en el caso ejercieron sobre el inspector de policía Manuel Morocho para condicionar su papel en la investigación del caso Gürtel. Existió una “relevante presión ambiental, laboral y contextual” sobre él, ha dicho la Abogada del Estado, “con la única y exclusiva finalidad de afectar a sus competencias como policía judicial” en el caso que investigaba las cuentas del Partido Popular.

El propio Morocho ha testificado en varios juicios y ha relatado la presión que sufrió de sus superiores para modificar sus informes sobre el caso y no ser tan duro con el PP. La “presión”, ha dicho la Abogacía del Estado, vino directamente de Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional. “Se produjo como consecuencia de las interferencias, mediante órdenes directas que venían de Eugenio Pino”. Cambios de destino que, en contra de lo que dijeron algunos acusados para desacreditar a Morocho, no eran “meras tensiones propias del ámbito laboral”.

Existió, ha añadido la Abogada del Estado, una “estrategia sistemática de presión dirigida a condicionar la actuación procesal” de este policía. “Fue padecedor de un conjunto coordinado de actuaciones en un contexto de superioridad jerárquica destinadas a generar un clima de presión constante e intimidación implícita en su intervención en el proceso judicial”.

“¿No le preocupaba que apareciera M. Rajoy?”

La abogada que defiende en el caso Kitchen a Luis Bárcenas, su esposa y su hijo se ha referido a la estrategia de defensa del exministro Jorge Fernández Díaz, que durante el juicio llegó a decir que no había preocupación en el PP o el Gobierno por las revelaciones que pudiera hacer el extesorero del partido. “Eso no es lógico. Preocupación tendrían que tener. Él, todo el partido y todo el Gobierno”. La letrada se ha referido a los apuntes de la contabilidad B que llevaba Bárcenas mientras preguntaba directamente a Fernández Díaz, exministro de Mariano Rajoy sentado en el banquillo. “¿O nos va a decir que no le preocupaba que apareciera M. Rajoy, o un montón de miembros de su partido? Pues le tendría que preocupar”.

La defensa de la esposa y el hijo de Luis Bárcenas, que ejerce la acusación en el juicio por la operación Kitchen, ha sido clara en el comienzo de su informe final sobre cuál era el objetivo del operativo parapolicial: “Lo que pudiera saber Luis Bárcenas hubiera podido hacer caer a un Gobierno”. El extesorero tenía información comprometedora para el PP y el Gobierno y el objetivo era quitársela. “Se trataba de localizar documentación, información, grabaciones y todo lo que pudiera ser que afectara al Gobierno y al Partido Popular”.

Rosalía Iglesias y Guillermo 'Willy' Bárcenas, ha dicho, “fueron sometidos a una extrema vigilancia policial ilícita”. “Un Estado que debía protegerles fue utilizado contra ellos, se han utilizado las instituciones para cometer delitos de los que ha sido víctima la familia Bárcenas”. “Son sucesos que podían desestabilizar el Gobierno que ejercía el Partido Popular”, ha dicho sobre las noticias de 2013 que desencadenaron el operativo. “Llevaba 30 años en el partido, tenía muchísima información y no sabemos lo que pensaba que podía llegar a tener para montar este operativo”.

La letrada también ha apuntado a trato “anómalo” a Bárcenas en la prisión, incluso con lesiones en un traslado, también como medida de presión. El objetivo era, dice, “que se callara, se tenía que callar, no podía perjudicar al PP, al Gobierno”. “Les tenían pánico o un miedo tremendo”, ha dicho en el tramo final de su informe. “Era para salvar al Gobierno”.

Han cerrado la jornada los abogados de las acusaciones populares de PSOE y Podemos. Gloria Pascual, abogada de los socialistas, ha apuntado directamente a Fernández Díaz: “El ministro no es un mero receptor pasivo, participa activamente en la estrategia”. El objetivo del operativo parapolicial, ha añadido, era “evitar daños al Partido Popular, es de lo que se trataba”. Jaime Montero, abogado de Podemos acompañado del letrado Gorka Vellé, ha reclamado que los acusados sean condenados por organización criminal.

La exigencia de “omertá” a Bárcenas

Los letrados de Podemos han defendido que los acusados también deben ser condenados por organización criminal, un delito que no han esgrimido el resto de acusaciones públicas y particulares del caso. “Los acusados formaban una organización criminal cuya finalidad era la obstaculización de la investigación conocida como Gürtel”, ha explicado Montero. A los policías y mandos de Interior que estan en el banquillo, afirma, no les “afectaba personalmente”, pero “sí podía afectar a la cúpula del Partido Popular de la cual, a la postre, iban a depender sus carreras políticas o profesionales”.

Para Podemos existieron “cuatro líneas de actuación diferenciadas” hasta llegar al espionaje de Bárcenas para intentar proteger al PP de las consecuencias de la Gürtel. Primero, “la obstaculización de la investigación” del policía Morocho. Después, el “intento de obtener la nulidad del proceso judicial” a través de un abogado. En tercer lugar, la “presión y control” ejercida sobre Bárcenas en prisión a través del control de sus comunicaciones, de su “estado anímico” e incluso con “amenazas de entrar Rosalía Iglesias en prisión”. Fue posteriormente cuando empezó, según Montero, la operació Kitchen “propiamente dicha”.

En línea con el resto de acusaciones, Podemos entiende que la información que manejaba Luis Bárcenas y su posible entrada en prisión sí preocupaba al PP, en contra de lo declarado por Jorge Fernández Díaz. “La declaración que pudiera hacer un Bárcenas recién entrado en prisión el 15 de julio”, ha dicho, era una “preocupación” para los de Mariano Rajoy. El entonces ministro del Interior, ha explicado el letrado, participó en “la articulación de esta exigencia de omertá al señor Bárcenas”. La “abrumadora” presencia de Francisco Martínez, secretario de Estado en las agendas de Villarejo, apuntala la participación de este departamento del Gobierno en la operación.

Las agendas del entonces comisario y hoy principal imputado en decenas de piezas separadas del caso Tándem no permiten llegar a otra conclusión, según Podemos: “Por cualquier lado que se abra la agenda, nos encontramos con una dación de cuenta de Villarejo a Francisco Martínez con este tema, se puede abrir casi al azar”, ha dicho este jueves. José Luis Olivera, Andrés Gómez Gordo, el chófer Sergio Ríos y el propio Villarejo. Todos jugaron su papel en el entramado destinado a proteger al PP de los secretos de la Gürtel. Existieron incluso proyectos para “monetizar” el torpedeo de la investigación. “Cuando es la Policía la que promueve esta nulidad de una causa judicial que está investigando un subordinado suyo... igual ya tiene más esquinas”, ha zanjado el letrado en su informe final.

Una grabación incorporada hace más de cuatro años al sumario del caso Tándem —nunca reproducida durante la celebración del juicio por la Operación Kitchen y nunca investigada hasta ahora— acredita cómo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, planificó acciones policiales de guerra sucia contra los adversarios del PP.  La conjura, pagada con fondos reservados, incluía a jueces y fiscales con los que supuestamente se había hablado previamente para garantizar el éxito en los juzgados de esa operación política y policial contra dirigentes independentistas catalanes.

La Operación Kitchen que ahora se juzga comenzó en 2014 con una serie de maniobras policiales a espaldas del juez para espiar a la familia del extesorero Luis Bárcenas. El objetivo de los policías, que usaron como confidente y topo al chófer de la familia, era robar documentación sobre la financiación ilegal del PP. La Audiencia Nacional condenó a esta formación política en 2021 por pagar parte de las obras de su sede nacional con dinero negro procedente de donaciones ilegales de empresarios.

Fernández Díaz se ha defendido en el juicio de la Operación Kitchen declarando que desconocía la existencia de esas maniobras policiales y negando que hubiera enviado a Francisco Martínez varios mensajes telefónicos interesándose por el chófer de la familia Bárcenas al que se habría captado como confidente o topo para la operación ilegal de espionaje. Por su parte, Martínez levantó acta notarial de esos mensajes, pero el juez no pudo contrastarlos con el teléfono móvil del ministro del Interior porque este había cambiado de aparato y no conservaba los mensajes con su número dos en el ministerio. El exministro niega veracidad a los mensajes de su subordinado y asegura que nunca conoció las operaciones ilegales de los comisarios de policía que estaban a su cargo.

Sin embargo, la grabación de 2012 que sigue sin investigar acredita el protagonismo de Fernández Díaz en las operaciones de la policía política que trabajó durante su etapa como ministro.

La grabación sobre lo que ahora se conoce como Operación Cataluña recoge una cita en diciembre de 2012 del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con su jefe de gabinete, Francisco Martínez (después nombrado secretario de Estado de Seguridad); el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino; y el comisario José Manuel Villarejo. El ministro planifica allí junto a sus colaboradores varias operaciones policiales encaminadas a denunciar por corrupción al expresidente catalán Jordi Pujol y a su sucesor, el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas.  

Durante esa reunión, fechada el 16 de diciembre de 2012, Fernández Díaz impone el secretismo y advierte a los comisarios de que negará “incluso bajo tortura” que esa cita se produjo, y que él no sabe “nada de nada” de lo que ahí se habló. El entonces ministro del Interior apremia en ese encuentro a Villarejo para que tenga todo listo y presentar cuanto antes en la Audiencia Nacional las denuncias contra Jordi Pujol y Artur Mas.

El comisario Villarejo explica que ha hablado con dos jueces instructores de la Audiencia Nacional —Fernando Andreu y el decano, Santiago Pedraz— para lograr que la denuncia prospere. El ministro Fernández Díaz pregunta si se ha hecho lo mismo con la fiscalía y Villarejo responde que lo han hecho “con Javier Zaragoza [entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional], pero muy sutilmente”. Es entonces cuando el ministro Jorge Fernández le tranquiliza: “Se ha hablado con el fiscal general [Eduardo Torres Dulce], ¿eh?”. Y el comisario contesta: “Pues eso es importante. De alguna manera, que estén todos…”.

Lo que sigue resume el contenido de la reunión en el Ministerio del Interior para planificar acciones contra los principales dirigentes independentistas catalanes:

Jorge Fernández Díaz: ¿Hoy podría ser la cosa?

José Manuel Villarejo: Yo he estado el fin de semana, le estaba contando a su jefe de gabinete y al DAO… Yo he estado el fin de semana, he cenado con Fernando Andreu, el juez, y luego he hablado con Santiago Pedraz, con el decano, y ellos a su vez han tocado a otros y están, de alguna manera, dispuestos a que se presente la denuncia adecuada y ahora nos hace falta la declaración de la antigua amante [de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán], centrando los temas...

Fernández: ¿Y eso cómo va a ir?

Villarejo: Pues en principio va bien, yo he hablado esta mañana con ella, a las diez y pico, antes de ver al DAO y la chica está motivada.

Fernández: Para vuestra información, está reunión no ha existido…

Villarejo: No ha existido, por supuesto.

Fernández: ¿Está claro?

Villarejo: Está claro.

Fernández: El ministro no sabe nada del tema, ¿eh? (…) Esta reunión no ha existido. Y a partir de aquí, estamos dispuestos a judicializar, en la Audiencia Nacional...

Villarejo: Yo creo que sí, a las doce y media hemos quedado con el jefe de la UDEF, con todos los datos…

Fernández: Que es de absoluta confianza, ¿no?

Villarejo: A mí me parece un hombre (…)

Fernández: Repito que está claro que el ministro no sabe nada, está claro, ¿verdad? Digo esto porque sé que estoy hablando con servidores del Estado. Por eso, yo negaré, incluso bajo tortura, que esta reunión ha existido. Dicho esto, tenemos dos denuncias para la plaza de Castilla, que podría ser la segunda considerada como ampliatoria de la primera, junto con un informe de UDEF, ¿no? Y si se uniera la de esta señora, sería el paquete que iría, ¿es así?

Villarejo: Junto con otra serie de informaciones, anónimos, notas informativas, datos recogidos… todo eso se puede completamente estructurar en el mismo informe de avance.

Fernández: Y eso se podría presentar hoy…

Villarejo: Yo creo que sí… se podría presentar esta tarde.

Fernández: A mí me gustaría que se presentara hoy (...) En todo caso, en todo caso, aquí la cuestión es ver en la Audiencia nacional y en Plaza de Castilla para ver si…

Villarejo: Materia hay para la Audiencia Nacional y predisposición hay porque yo hablé en la Audiencia Nacional, con el decano, Santiago Pedraz, y me dijo no te preocupes que en todo caso, si no cae a uno de los cuatro que ya están tocados abiertamente, lo que le voy a pedir a quien le caiga en reparto que será en 10 o 15 días, cuando ya le adjudique a uno, es que antes de hacer nada por favor que hable con vosotros. Y dice, yo, obviamente, estaré en esa reunión, ira el de la UDEF…

Fernández: ¿Y la Fiscalía?

Villarejo: No está muy… Se le ha tocado, a Javier Zaragoza, pero muy sutilmente.  

Fernández: Con el fiscal general del Estado se ha hablado, ¿eh?…

Villarejo: Pues eso es lo importante, de alguna manera que estén todos. Pero si me permite, ministro, lo que está claro es que hay materia para la Audiencia Nacional con los datos que hay, con las cuentas...

Fernández: Pero esa no toca a Artur Mas.

Villarejo: No toca, no toca, entendemos que es un error.

Esta conversación en la que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asume la dirección política de la conocida como Operación Cataluña fue la primera de la que existe una grabación, pero no es la única. En octubre de 2014, Fernández Díaz se reunió en su despacho con el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, para hablar de nuevas corruptelas que afectaban a dirigentes independentistas catalanes y planificar la posibilidad de filtrar esas informaciones antes de la consulta del 9-N. La conversación fue grabada con el conocimiento y la autorización del propio ministro.

Ese mismo mes de octubre, Fernández Díaz filtró a El Mundo, según su secretario de Estado, Francisco Martínez, la información sobre una cuenta falsa de Xavier Trías, entonces alcalde de Barcelona, en Suiza.

El caso Pujol, pendiente de sentencia

Las denuncias contra Jordi Pujol por sus cuentas en Andorra, a raíz de las confidencias de quien fue la pareja sentimental del hijo mayor del presidente catalán, se judicializaron e investigaron en la Audiencia Nacional. Los magistrados Pablo Ruz y José de la Mata instruyeron la causa y llevaron a juicio a toda la familia Pujol. El caso está pendiente de sentencia.

El exministro del Interior, Jorge Fernández, expresó en la reunión con Villarejo su contrariedad por el hecho de que el juez de guardia al que le podría corresponder la tramitación de las denuncias contra Pujol y Mas fuera Pablo Ruz. El Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, optó mucho tiempo después, en marzo de 2015, por no prorrogar más tiempo la comisión de servicios de Ruz al frente del juzgado encargado de instruir el caso Gürtel. Las denuncias contra Artur Mas quedaron en nada porque todas las corruptelas económicas que se le atribuían en los informes apócrifos de la policía se demostraron falsas.

El juez Santiago Pedraz, citado por Villarejo en su conversación con el ministro Jorge Fernández Díaz, investiga desde hace más de dos años con escasos avances y algún retroceso una de las operaciones ilegales de la policía política que acumula más pruebas: el espionaje a dirigentes de Podemos. La Audiencia Nacional también mantiene en el limbo la pieza 34 del caso Villarejo, donde acumulan decenas de grabaciones del comisario donde se da cuenta de múltiples operaciones ilegales contra los adversarios políticos del PP.

Las dificultades para investigar las maniobras contra la oposición por parte de altos mandos policiales durante la época del Partido Popular vuelven a escenificarse en una decisión del juez Santiago Pedraz. El magistrado que instruye desde hace dos años una causa por la guerra sucia contra Podemos ha decidido expulsar de la misma a Miguel Urbán, uno de los fundadores del partido y víctima del montaje más grosero de aquella brigada política, que el juez considera una actuación policial justificada.

elDiario.es desveló que la Fiscalía Antidroga, unidades especializadas de la Policía y la Oficina Antifraude investigaron entre finales de 2015 y mediados de 2016 a Miguel Urbán cuando este era eurodiputado. El comisario José Luis Olivera, puntal de aquella cloaca, consiguió que un individuo declarara ante la Policía y la Fiscalía Antidroga que había visto a Urbán entrar en un bar de Malasaña con una bolsa donde cabrían 40 kilos de droga, subir al piso superior, propiedad del dueño del pub, y bajar después de haber consumado la venta, celebrándola a voces, admitiendo que la cocaína procedía de Venezuela y que el dinero era para Podemos. Urbán, según ese testimonio, habría volcado cocaína sobre la barra para invitar a quien quisiera. El soplón también declaró que el político trapicheaba habitualmente por las esquinas del barrio.

El antiguo eurodiputado de Podemos intentó personarse en la causa por la guerra sucia a Podemos, pero Pedraz lo rechazó. Posteriormente, presentó una querella en la Audiencia Nacional, que tampoco prosperó. Y solo un recurso ante la Sala de lo Penal obligó a Pedraz a investigar mínimamente los hechos. Pero un nuevo auto de la segunda instancia, que rechaza ampliar la querella a José Luis Olivera, acaba de dar pie a Pedraz para retirar la condición de perjudicado a Urbán y expulsarle de la causa.

El juez Santiago Pedraz ha tomado declaración como testigos a cuatro mandos policiales que participaron en el montaje. Todos coincidieron en no recordar casi nada de lo que ocurrió y en defender que, con la información que suministró el confidente, había motivos de sobra para investigar al europarlamentario.

Por su parte, el confidente, Hugo Chiquero, prestó declaración como testigo el pasado 8 de mayo. Se trató, según fuentes presentes en el acto, de un testimonio incoherente, que recurrió al olvido en todo momento, hasta lograr que el fiscal de la causa, Vicente González Mota, mostrara incomodidad por la representación que llevaba a cabo, por videoconferencia, el compareciente. Sin embargo, el fiscal González Mota despacha en una frase que de la declaración de Hugo Chiquero “no se acredita su participación en los hechos investigados” y se opone a llamarle como investigado.

De acuerdo con el fiscal, el juez Pedraz dictó un auto el pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que zanja: “No hay base alguna para dudar de la declaración de D. Hugo Chiquero, pues teniendo en cuenta que los hechos se remontan a más de 10 años y manifieste que no los recuerda no supone que haya faltado a la verdad”. El juez propone a las acusaciones que si no le creen lo denuncien por falso testimonio en otro juzgado.

Podemos ya ha mostrado su discrepancia con esta valoración del juez. En un recurso ante la Sala de lo Penal, sus abogados califican la declaración de Chiquero como de “una amnesia completamente increíble, siendo incapaz de reconocer su propia firma o los detalles de una denuncia que él mismo calificó en su día como 'un favor a España'”. “Por no recordar, ni siquiera es capaz de recordar si su declaración estuvo condicionada o no por la Policía, o si recibió presiones para dirigirla en un sentido determinado”, añade el recurso de Podemos.

En el mismo auto en el que Pedraz se niega a imputar a Chiquero, el juez despacha la personación del perjudicado por el invento del confidente. Dice el magistrado que, a la vista del último auto de la Sala de lo Penal, “no cabe otra solución que dejar sin efecto la personación de D. Miguel Urbán Crespo”.

El juez se refiere a un auto de la Sala, dictado el pasado 8 de mayo, en el que los jueces de la instancia superior rechazan ampliar la querella por la guerra sucia contra Podemos al comisario que impulsó el montaje a Urbán, José Luis Olivera. Podemos cree que Pedraz obvia la afirmación de los magistrados sobre la “evidente conexidad” entre el presunto montaje contra Urbán y el objetivo de la causa que se sigue por la guerra sucia a Podemos. La Sala escribió que, si aparecen “elementos convergentes o conexos, deben ser traídos al procedimiento que ahora nos ocupa, a fin de llevar a cabo una investigación adecuada de los mismos”, añade el recurso.

En este sentido, la Sala recordaba que el juez había dejado una puerta abierta a que la investigación prospere por una determinada vía. Se trata de una nota confeccionada presuntamente por el comisario Villarejo que su colega Olivera incorporó a la investigación contra Urbán. Esa nota, sobre supuesto blanqueo en Podemos a través de pequeñas cantidades (“pitufeo”), incluía datos bancarios reservados que no podían estar en poder de los policías sin autorización judicial. La nota ha sido solicitada al Juzgado de Instrucción número 6, el del caso Villarejo, para su incorporación al caso de la guerra sucia a Podemos. Y, pese a ello, Pedraz expulsa ya al presunto perjudicado, Miguel Urbán, de la causa.

El recurso de Podemos concluye: “Resulta procesalmente inasumible que el instructor, apenas dos meses después de que la Sala de lo Penal ordenara la incorporación de estos hechos y reconociera la condición de perjudicado del señor Urbán, proceda a la expulsión del procedimiento”. El partido distingue entre la decisión de la Sala de dar la razón a Pedraz en no imputar, por ahora, a Olivera y la decisión de dar carpetazo y no investigar el montaje de la droga.

Rechaza que declare 'Johnny'

En la misma resolución, el juez Pedraz rechaza la petición de la representación legal de Urbán para que declare como testigo el dueño del pub Nueva Visión, conocido en el barrio desde hace décadas como Johnny, a quien el soplón Chiquero también incluyó en la falsa transacción de droga. Pese a los intentos denodados de Olivera para que la causa contra Urbán condujera a las cuentas de Podemos, el fiscal jefe Antidroga de la época se vio obligada a cerrarla en junio de 2016 por la absoluta falta de indicios de delito.

El momento en el que se produjo el montaje de la cocaína contra Urbán y Podemos no es casual. Se enmarcó en un semestre donde arreciaron los informes policiales con falsedades que reproducían determinados medios de la derecha para desacreditar al partido de Pablo Iglesias en pleno auge electoral. Los 69 diputados obtenidos en diciembre de 2015 anticipaban un posible Gobierno de coalición en los comicios de junio de 2016 que desalojara a Mariano Rajoy de la Moncloa. En ese semestre, la cloaca policial del PP elaboró el montaje de la falsa cuenta de Iglesias en Granadinas o el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA).

En la causa de la guerra sucia a Podemos está imputado el secretario de Estado de Seguridad de la época, Francisco Martínez, y una representación de los miembros de la brigada política que participaron también en el caso Kitchen o la operación Cataluña. Recientemente, Pedraz imputó a un exjefe de la UDEF por el viaje que protagonizó a Nueva York en abril de 2016 para recabar un testimonio contra Podemos a través de un documento de dudosa fiabilidad.

La investigación judicial a Leire Díez y su grupo deja un reguero de nombres que apunta en muchas direcciones. Políticos, empresarios, fiscales, guardias civiles y abogados son los protagonistas de las tramas y subtramas de las agendas de la exconcejala socialista. Algunos están imputados o son colaboradores y otros se utilizaron como fuentes de información u objetivos de un entramado supuestamente dedicado a buscar los puntos flacos de las causas judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno o a ellos mismos. Un propósito en el que, a tenor de las investigaciones, fallaron estrepitosamente.

Leire Díez. De concejala desconocida en Vega de Pas a imputada en múltiples causas de supuesta corrupción en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz y la UCO acusan a Leire Díez de ponerse al frente de un grupo dedicado a buscar puntos flojos en causas judiciales o información comprometedora de jueces, fiscales y guardias civiles. La ya exmilitante llegó a acudir a dos reuniones en la Fiscalía General del Estado y mantuvo encuentros y conversaciones que analiza la UCO aunque, por el momento, el sumario no desvela que alguna de sus gestiones tuviera éxito para el PSOE o para el resto de miembros de la trama.

Santos Cerdán. La UCO, el juez y la Fiscalía Anticorrupción creen que Santos Cerdán fue el encargado de abrir las puertas del número 70 de la calle Ferraz a Leire Díez, con la que, según el sumario, ya había mantenido contacto anteriormente. Celebraron más de tres decenas de encuentros y, según los investigadores, se convirtió en el principal interlocutor de Leire y su grupo en el PSOE del cual era secretario de Organización. Los mensajes intervenidos revelan que Leire iba informando a Cerdán –o apuntaba en su agenda que lo hacía– de los pasos que iba dando para desbaratar causas judiciales incómodas para el Gobierno, el PSOE o para ellos mismos.

También se le acusa de ser el muñidor de los pagos a Leire Díez, un sistema que habría evitado dar dinero de forma directa a la exmilitante y hacerlo a través de terceros como Gaspar Zarrías. Recientemente ha negado las acusaciones contra él y ha apuntado a la UCO: “Se seleccionan objetivos y luego se dirigen operaciones abiertas contra ellos con la finalidad de encontrar 'algo' que pueda servir para ensuciar su imagen y minar su credibilidad pública”. 

Javier Pérez Dolset. Empresario fundador de Teleline (Terra) y del grupo ZED, conglomerado empresarial responsable, entre otras cosas, del videojuego 'Commandos', uno de los más exitosos de la industria española. Fue detenido y encarcelado de forma preventiva en junio de 2017 en el marco de una investigación sobre un supuesto fraude millonario de subvenciones por parte de sus empresas, de cuyo concurso de acreedores acaba de ser declarado culpable mientras sigue pendiente de juicio en la causa penal. Pérez Dolset, que salió de prisión casi un mes después, lleva años denunciando que fue víctima de una operación corrupta del excomisario José Manuel Villarejo y, entre otros, el fiscal anticorrupción José Grinda. Un fiscal al que no solo acusa de maniobrar ilegalmente para meterle en prisión, sino también de ponerle en peligro al filtrar que había sido testigo protegido en una causa secreta.

Durante años acumuló información y grabaciones sobre las cloacas policiales e intentó, sin éxito, que la Fiscalía y la Audiencia Nacional investigaran su caso desde esa perspectiva. El sumario y sus propias declaraciones revelan que Pérez Dolset fue uno de los grandes colaboradores de Leire Díez, gestionando una carpeta llamada “Operación PSOE” con información sobre las maniobras de Villarejo, entre otros, contra Pedro Sánchez, que el grupo terminó llevando a la calle Ferraz. En su declaración como testigo ante el juzgado de Madrid que investigó en primer lugar a Díez, el empresario detalló cómo se reunió con diversas “víctimas” de la policía patriótica, desde el nacionalismo catalán hasta el PSOE, incluso con Julio Ariza (Intereconomía). “La reunión fue un fiasco absoluto”, dijo sobre su visita a la calle Ferraz, porque la fuente de información de Villarejo estaba en esa misma reunión.

Jacobo Teijelo. Abogado en ejercicio desde 1992, el sumario está trufado de conversaciones de Teijelo con Leire Díez para hablar de numerosos casos judiciales y posibles huecos por los que buscar la nulidad de los mismos. Participó en una reunión con el empresario de los hidrocarburos Alejandro Hamlyn en la que se habló de cargar contra el teniente Antonio Balas y también acudió en dos ocasiones a la Fiscalía General acompañado de Díez. El juez Pedraz se apoya en la UCO para considerar a este abogado como miembro del grupo de Leire Díez y también como uno de los canales usados por el PSOE para pagar a la exmilitante. Tendrá que declarar como investigado el 25 de junio.

Tanto él como el abogado Ismael Oliver son considerados por parte de la UCO como “asesores cualificados en materias jurídicas”, acusando a este segundo abogado de haber canalizado también pagos desde el PSOE hasta Leire Díez. Llegó a asumir temporalmente la defensa de Koldo García, algo que según la Guardia Civil “instrumentalizó” para presentar diversas denuncias contra la UCO que el grupo pretendía, supuestamente, desestabilizar. Otra letrada ha sido citada tanto por el juez como por los informes de la UCO: Leticia de la Hoz. La actual abogada de Koldo García está acusada de ofrecer dinero y un soborno a la empresaria Carmen Pano a cambio de que dejara de afirmar que había llevado dinero en efectivo a la calle Ferraz, una acusación que la abogada ha negado por escrito ante la UCO.

Sandro Rosell. Presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014, momento en que dimitió por la investigación penal en torno al fichaje de Neymar, causa en la que ha sido recientemente absuelto en firme. Rosell pasó 634 días en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional en una causa judicial en la que finalmente fue absuelto y desde entonces ha denunciado las irregularidades que, considera, se cometieron en su caso. El sumario del caso Leire muestra que contactó con el grupo de la exmilitante socialista y participó en los contactos con el fiscal José Grinda para que ofreciera datos confidenciales de su jefe, Alejandro Luzón, y reconociera que su encarcelamiento había partido de una actuación ilegal del Ministerio Público. Compartió un grupo de WhatsApp con Leire Díez y sus colaboradores aunque no consta que, tras los contactos telefónicos, Rosell consiguiera reunirse con el fiscal Grinda.

Gaspar Zarrías. El sumario demuestra que Gaspar Zarrías ya tenía contacto con Leire Díez en 2020, cuando el interés de la exmilitante era indagar en causas judiciales como Aznalcóllar, Isofotón o los ERE de Andalucía que asediaban al socialismo andaluz. Zarrías había sido alto cargo con José Luis Rodríguez Zapatero, pero, sobre todo, había encadenado puestos de gobierno en la Junta de Andalucía y estaba, por entonces, condenado en el caso de los ERE. El juez considera que, tal y como él mismo reconoció ante el juzgado de Madrid como testigo, pagó 16.000 euros a Leire Díez, aunque el magistrado y la UCO consideran que fue otro canal ilegal para camuflar el dinero que llegaba desde el PSOE, algo que Zarrías niega entre denuncias de irregularidades en el registro de su despacho en Madrid.

Nervis Villalobos. Viceministro de Energía Eléctrica en Venezuela con Hugo Chávez entre 2002 y 2007, Nervis Gerardo Villalobos tiene un historial diverso de detenciones e imputaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y con el petróleo venezolano tanto dentro como fuera de España. Su punto de encuentro con la trama de Leire Díez, según la UCO, fue su historial de enfrentamientos con Juan Carlos Peinado, de quien el grupo buscaba información y a quien él había vencido en el Tribunal Constitucional por ordenar su encarcelamiento de forma irregular.

El sumario revela que la relación de Villalobos con Leire Díez se fue estrechando. Ella se comprometió a averiguar en qué estado se encontraba su petición de nacionalidad –que finalmente le fue concedida aunque por una vía distinta– y él empezó a conspirar con ella contra José Grinda, uno de los fiscales anticorrupción que le había investigado. Los informes de la UCO desvelan que Villalobos hizo gestiones para que Leire Díez mantuviera contacto con la joven que había denunciado a este fiscal por enviarle vídeos sexuales cuando era menor, la moneda de cambio que el grupo quería usar para que Grinda colaborara con ellos.

Antonio Hernando. Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando llegó a ser portavoz del PSOE en el Congreso hasta 2017 y ya en 2023 volvió a los altos cargos en el gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa. La UCO, tal y como ha reconocido él mismo, ubica a Hernando en una de las reuniones clave de Leire Díez con miembros del partido en Ferraz poco después de la imputación de Begoña Gómez. Él mismo testificó ante el juez de Plaza de Castilla que puso en marcha la primera investigación en torno a la exmilitante socialista. Entonces contó que ese día de 2024 fue convocado por el equipo de Santos Cerdán para escuchar información sobre la “policía patriótica”.

En esa reunión, contó Hernando, Leire Díez y Javier Pérez Dolset ofrecieron documentación sobre las cloacas que afectaban a Pedro Sánchez. “Esa documentación no era novedosa, en cuanto vi la documentación perdí interés porque era conocido”, dijo al juez. En los 20 minutos en que estuvo en la reunión, nadie habló de buscar trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles: “No se habló de nada de esto, en ningún momento”. Se limitó a pedir a una de las abogadas del partido que insistieran en estos hechos en las causas en las que estaban personados en la Audiencia Nacional.

Alejandro Hamlyn. Nieto del naviero vasco José María López Tapia, Alejandro Hamlyn es un empresario ligado al mundo del petróleo desde hace años. Fundador del holding del sector de los hidrocarburos antes llamado Hafesa y hoy denominado “Haxx” con un nuevo consejero delegado, Hamlyn lleva más de un año instalado en Dubái sin acudir a España a responder en la causa penal de fraude fiscal masivo en la que está imputado en la Audiencia Nacional. No acudió, por ejemplo, al juicio en el que su empresa fue condenada a pagar 159,1 millones de euros. Desde los Emiratos Árabes Unidos, según la investigación y los vídeos recogidos, mantuvo una reunión con miembros de la trama con un objetivo: mercadear con información que pudiera tumbar al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, a quien todos culpaban de sus problemas judiciales. Tanto los acusados en las causas de hidrocarburos como algunos socios del grupo de Leire Díez.

José Manuel Villarejo (y su abogado). En un momento dado Leire Díez decide acudir al hombre que custodia bajo llave un alijo explosivo de secretos: José Manuel Villarejo Pérez. La exconcejala contactó con su abogado, Antonio García Cabrera, para hacer una promesa: la Fiscalía Anticorrupción pactaría con su cliente. A cambio, según los investigadores, el comisario jubilado tendría que abrir el baúl de los recuerdos y filtrar material de interés para el grupo. Algo que nunca sucedió: Villarejo llegó a lamentar que él y su abogado eran los únicos que cumplían su parte del trato después de que el fiscal encargado de su caso rechazara, en varias ocasiones, hablar con su defensa. Lejos de llegar a un pacto con la Fiscalía, Villarejo se sienta esos días en el banquillo por el operativo policial Kitchen, acusado de integrar una operación ilegal de Estado para robar a Luis Bárcenas información comprometedora para el PP y para Mariano Rajoy. Anticorrupción pide 19 años de cárcel para él.

Los fiscales anticorrupción. El grupo, según se desprende del sumario, puso todos sus esfuerzos en llegar a tres fiscales del departamento de Anticorrupción. El objetivo era conseguir información comprometedora sobre Alejandro Luzón, el jefe, después de que facilitara la puesta en libertad de Víctor de Aldama en una carambola entre las dos causas en las que está imputado. Para ello recurrieron sin éxito a dos de sus subordinados: José Grinda e Ignacio Stampa. Los dos rechazaron los diversos ofrecimientos y comunicaron a sus superiores lo que entendieron que era un intento de soborno.

Antonio Balas. La trama supuestamente encabezada por Leire Díez convirtió a Antonio Balas en uno de sus principales objetivos, hasta el punto de escribir que había que “matar” a este teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Su número de identificación está en algunos de los informes policiales más relevantes de los casos de más alto voltaje político del último lustro, entre el fervor de las acusaciones y las críticas de parcialidad de las defensas. El grupo de Díez buscaba desacreditar su trabajo e intentó llegar a él y sus supuestos secretos a través de varios guardias civiles, algunos imputados, y a través del empresario de hidrocarburos Alejandro Hamlyn.

Esta semana hemos podido acceder al sumario del caso Leire. También, escuchar nuevas grabaciones en las que la conocida como la “fontanera del PSOE” muestra su modus operandi para tratar de presionar a policías, jueces y fiscales que formaban parte de investigaciones contra el PSOE. Prometía favores que no era capaz de cumplir y se daba una importancia que todo apunta a que no era real, pero… ¿hasta dónde llega esta trama? ¿Cuándo y cómo se creó? ¿Hay algún indicio que implique al presidente del Gobierno? 

Lo abordamos con el director adjunto de elDiario.es, José Manuel Romero. 

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En los últimos días han declarado algunos de los acusados más importantes del juicio por la Operación Kitchen: el ex secretario de Estado, Francisco Martínez, el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que fuera Director Adjunto de la Policía, Eugenio Pino y el ex comisario, José Manuel Villarejo. Hay una tesis a la que se han sumado gran parte de los investigados en Kitchen… Y es que Kitchen no existe, que lo que existió es una investigación contra Bárcenas y que de ello se aprovecharon algunas personas.

¿Tiene esto sentido por lo que hemos visto y oído durante el juicio? Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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En el origen del escándalo, una militante socialista, exdirectiva de Correos, y un empresario imputado desde 2017 por supuesto fraude, entraron el 26 de abril de 2024 en la sede socialista de la calle Ferraz para reunirse con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización. La militante Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset llegaron cargados con grabaciones del comisario José Manuel Villarejo sobre planes del ministerio del Interior para desacreditar a Pedro Sánchez, por los negocios de saunas de su suegro.

“Eso es mortal”, se escuchaba decir al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el verano de 2014, con Sánchez recién elegido secretario general del PSOE. En otra grabación, Villarejo le contaba a un empresario de la comunicación como el ministro Interior, Jorge Fernández Díez, le había pedido algo especial sobre el líder socialista: “El del Opus me ha encargado un reportaje de los puticlubs del suegro de Pedro Sánchez”.

Santos Cerdán contó al juez que aquellas confidencias de la trama sobre las maniobras sucias de la policía patriótica del PP apenas le interesaron porque ya se habían publicado antes. Que no le contó nada a Pedro Sánchez y que tampoco encargó nada a partir de entonces a Leire Díez.

Pero aquella reunión en Ferraz, según ha acreditado ahora la investigación judicial, fue el comienzo de una relación discreta, pero intensa entre Cerdán y los dos integrantes de una trama que, hasta entonces, había dedicado todos sus esfuerzos a denunciar las actividades delictivas de las cloacas del PP. Durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, la cúpula policial del ministerio del Interior fabricó pruebas falsas contra independentistas catalanes o dirigentes de Podemos y trabajó a espaldas del juez para destruir documentos sobre los 20 años de financiación ilegal de la formación conservadora.

Dolset, convencido de que su imputación por fraude en las subvenciones era un invento sucio de los directivos de un grupo empresarial con el que se alió, llevaba años denunciando en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía o en la Audiencia Nacional las fechorías de las cloacas del PP. Se hizo con ingente documentación comprometedora cuyo origen era el comisario José Manuel Villarejo y la trasladó a los tribunales con escaso éxito. Hasta hoy, ni los jueces ni la fiscalía han querido investigar la mayoría de las pruebas de múltiples corruptelas que Dolset registró en la Audiencia Nacional.

Mucho antes de iniciar junto a Leire Díez la colaboración con el PSOE, el empresario Dolset había denunciado ante la Fiscalía General del Estado al fiscal José Grinda, impulsor de su imputación en la Audiencia Nacional; y a su jefe, el fiscal Alejandro Luzón, por revelación de secretos o destrucción de pruebas. La Fiscalía General del Estado archivó todas estas denuncias.

Financiación de la trama

A partir del primer encuentro en la sede socialista de Ferraz, el jefe del partido, Santos Cerdán, dispuso la manera de financiar desde el PSOE los trabajos especiales de Díez y de Pérez Dolset. La trama conspiranoica decidió ampliar entonces sus objetivos y aunque siguió con la búsqueda de información sobre las cloacas del PP, se dedicó principalmente a las nuevas causas penales que afectaban a dirigentes socialistas. En el periodo de actuación de esta trama, los jueces imputaron a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno; a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo; a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE; a su asesor, Koldo García, y finalmente a Santos Cerdán; ex secretario de Organización del PSOE.

La estrategia de Díez y Pérez Dolset para “desestabilizar” esas causas judiciales siempre fue la misma y siempre fracasó. Buscaron trapos sucios de los principales investigadores de la corrupción socialista: los jueces Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma; el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, o el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la unidad de la Guardia Civil encargada de las principales investigaciones judiciales. La trama no dudó en utilizar el soborno en ocasiones como medio para lograr sus fines, según esa unidad de la Guardia Civil.

Leire Díez se presentó a algunas de las reuniones donde buscaba información comprometedora contra jueces o fiscales como “la mano derecha” en la sombra de Santos Cerdán, o una especie de agente encubierto del Gobierno con un poder ilimitado para conseguir cambios en la Guardia Civil o ascensos en la Fiscalía. Nada de lo que prometió para buscar información comprometedora se cumplió porque su poder sobre los aparatos del Estado era muy inferior al que se podía intuir por sus palabras. Ni siquiera la protección que le daba el número dos del PSOE, Santos Cerdán, le sirvió para cumplir sus promesas.

Un pacto “poco creíble” a Villarejo

Leire Díez fue capaz en este tiempo de contactar con las cloacas del PP para ofrecerles el cielo a cambio de confidencias del infierno. Prometió a Villarejo, el activista principal de la policía patriótica metido en las principales operaciones ilegales del mandato popular, un trato favorable del fiscal general del Estado –no regresar a la cárcel– a cambio de que aportara nuevas pruebas del aparato corrupto del Estado y contra los principales dirigentes del PP: el ministro del Interior, el presidente del Gobierno, la secretaria general, el secretario de Estado de Seguridad, el jefe de la policía...

Propuso al abogado de Villarejo unos acuerdos que debería cerrar con el fiscal encargado del caso. Pero este profesional nunca atendió al letrado, que acabó considerando los ofrecimientos de Leire Díez como “poco creíbles y fantasiosos”.

Al 'número dos' de Interior: “Los que me han dicho que me ponga al frente están entre Ferraz y Moncloa”

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, accedió a la desesperada –buscaba una salida a su situación judicial con una petición fiscal de 15 años de cárcel como jefe de la Operación Kitchen– reunirse con Pérez Dolset y con Díez. Son tres horas de conversaciones grabadas en las que Martínez confiesa que sabía que “lo de la cuenta de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas era una falsificación” que la policía filtró a los medios afines al PP, o que “hubo actuaciones policiales encaminadas a generar causas o aflorar casos de corrupción de independentistas catalanes (…) se forzó la máquina para conseguir información de los Pujol”.

Martínez preguntó a Leire Díez qué obtenía él por aquella colaboración: “Tendré que saber cuál es el ofrecimiento porque la Fiscalía tampoco funciona con tanto automatismo”. Y Díez improvisó: “Por eso es que hay que ir a Fiscalía y decir esto es lo que tenemos y esto es a lo que vamos a llegar. No necesito exprimirte como un limón. Pero sí tenemos cosas flagrantes, de las que sean flagrantes, que sepamos que las intervenciones policiales dirigidas por Villarejo, Olivera o Marcelino, se ha hecho con causa política sin ser verdad, eso es un atentado contra los derechos de los ciudadanos”.

Martínez: ¿Y eso se lo trasladas a quién?

Díez: A los que me han dicho que me ponga al frente de esto.

Martínez: ¿Qué están en la calle Ferraz o en el Palacio de la Moncloa?

Díez: En la calle Ferraz comunicados con el Palacio de La Moncloa. Porque como bien sabes gobierna el partido de la calle Ferraz.

Al fiscal Stampa: “Soy una mano derecha de Cerdán que nunca va a aparecer por ningún lado”

El fiscal Ignacio Stampa investigó durante varios años el caso Villarejo e impulsó la apertura de piezas separadas antes de que nadie en el Consejo Fiscal le apoyará para mantener su plaza en la Fiscalía Anticorrupción. Stampa atribuye su despido de ese departamento a las maniobras de Dolores Delgado, entonces fiscal general del Estado, y Álvaro García Ortiz, que la sustituyó en el puesto. Leire Díez consiguió reunirse con Stampa, al que pidió pruebas de las conductas irregulares de su jefe, Alejandro Luzón, en la investigación del caso Villarejo. Para convencer a Stampa de que colaborara, Díez se presentó como “una mano derecha de Cerdán que nunca va a aparecer por ningún lado”, y le prometió que gracias a su poder de influencia, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le volvería a situar en la Fiscalía Anticorrupción. Stampa tampoco creyó a Díez, grabó el encuentro para, tiempo después, denunciar las maniobras de Díez.

La militante socialista fracasó en todos sus intentos. Sus promesas, según los indicios de la Guardia Civil, se han demostrado falsas. A un comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, llegó a contarle que los nombramientos del futuro jefe del Cuerpo los haría ella y que Marlaska había caído en desgracia por su gestión. Díez prometió al PSOE que tendría las pruebas de la corrupción en la instrucción de la juez Alaya. La contrató cuatro meses el despacho del exconsejero Gaspar Zarrías, condenado en el caso de los ERE, a razón de 4.000 euros al mes pagados por orden de Santos Cerdán. No consiguió nada.

Koldo García y José Luis Ábalos, pendientes de una sentencia en el Supremo que les puede llevar a la cárcel por muchos años, confiaron en que las maniobras de Díez para demostrar la corrupción en la Guardia Civil darían sus frutos y aliviarían su situación judicial. No sucedió.

Santos Cerdán también confió en aquella militante que llegó un día de abril de 2024 a su despacho cargada de informaciones explosivas contra el Gobierno de Mariano Rajoy. El ex secretario de Organización del PSOE acabó en la cárcel, donde estuvo cuatro meses antes de salir en libertad con varias causas pendientes en los tribunales.

Dolset y Díez mostraron en sus dos últimos años de actividades peligrosas una tendencia creciente a interpretar las causas judiciales contra la corrupción socialista como el producto genuino de una conspiración. Para combatir esa supuesta anomalía, la trama se aferró a las promesas fantasiosas en busca de hechos que nunca pudieron acreditar con los que pretendieron neutralizar a jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban la corrupción socialista.

En 2024 el comisario José Manuel Villarejo ya tenía un horizonte judicial complicado en la Audiencia Nacional. Un año antes se había conocido la primera condena en el caso Tándem y le quedaba hacer frente a más de una veintena de piezas separadas. Pero esta realidad no impidió que Leire Díez pensara en él como posible bastón en el que apoyarse en su batalla por “limpiar a fondo el estado profundo”.

Uno de los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que consta en el 'sumario Leire' recoge que la exmilitante socialista se acercó en abril de 2024 al entorno del comisario. Eran viejos conocidos porque ya en 2021 Villarejo, al que Leire se refería de forma críptica como 'el de la txapela' o 'el de la boina', había sido lo que en el argot periodístico se conoce como su fuente de información.

Así, Leire Díez vuelve a “abrir vías” con el comisario y celebra varias reuniones con él y con su abogado. Y hay acuerdo. El comisario aportaría información “crítica” sobre diversas personas y operaciones y, a cambio, recibiría “beneficios en el marco de los procedimientos judiciales” en los que estaba inmerso.

Esa suerte de pacto quedó plasmado en un documento que llevaba por título 'LD Planteamientos' que habría sido elaborado por el propio comisario Villarejo y que fue entregado a Leire Díez el 26 de agosto de 2024, coincidiendo con la última de las reuniones. Ese documento podría ser calificado como el último de los 'proyectos' conocidos de José Manuel Villarejo. Un proyecto en el que, en lugar de pactar una retribución dineraria como era habitual en él, buscaba lograr a través de Leire Díez un pacto con el Ministerio Fiscal que evitara su eventual entrada en prisión y que el daño económico a su patrimonio no fuera demasiado dañino. Al final, esa alianza Leire-Villarejo salió mal y acabó con el comisario echando en cara a la militante su falta de resultados: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”.

El trabajo encargado al comisario por Leire Díez, a juzgar por el documento, constaba de dos fases. Una primera incluía la entrega de “un informe de inteligencia sobre PS” —la UCO indica que esas siglas corresponden a Pedro Sánchez—, al que se debía unir por parte de Villarejo un listado de “objetivos de interés”. Entre ellos estaba el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el ex número dos de Interior Francisco Martínez, el PSOE de Andalucía, la “persecución de Pedro Sánchez (Begoña)”, fiscales como José Grinda, o dirigentes como Alberto Núñez Feijóo por la campaña electoral de 2012 para las elecciones gallegas en las que se enfrentó al exbanquero Mario Conde.

Esta entrega de información por parte del comisario debía ser correspondida con “muestras de cambio en la situación procesal de Villarejo”. Y, una vez finalizada esa primera fase, conforme se aclarara la situación judicial del comisario, este iría entregando paulatinamente material sobre esos objetivos.

Ese documento, al que la UCO da gran importancia, finalizaba con unas conclusiones en las que Villarejo asumía que los interlocutores de los tres encuentros que se produjeron “representan a personas capaces de producir un cambio en la situación procesal de la parte aportante”. La Guardia Civil infiere que quien se reunió con Villarejo fue la propia Leire Díez, pero que lo hizo “a instancias de Santos” Cerdán y que los costes logísticos de los viajes de la exmilitante corrieron a cargo del PSOE.

Las tres reuniones

Según el atestado, esas tres reuniones tuvieron lugar el 30 de julio de 2024, el 9 de agosto de 2024 y el 26 de agosto de 2024. La primera de ellas fue en el restaurante 'El Buey' de Boadilla del Monte y la unidad de élite a cargo de la investigación infiere por conversaciones previas a través de WhatsApp que la exmilitante tenía “el papel subordinado sobre terceros pero, al mismo tiempo, un rol prevalente”.

De hecho, pone el foco en que antes de ir a ver al comisario pasó por la sede del PSOE. Un día después, en lo que la UCO entiende como una dación de cuentas, la exmilitante socialista regresó a Ferraz para verse con Cerdán. “Tengo que ir hoy a las 10. A hablar con el jefe”, reza uno de los mensajes que se cruzó con una secretaria del partido. Los investigadores también se fijan en que dio cuenta de esa reunión a Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez.

La segunda cita, el 9 de agosto, es auspiciada por la propia Leire Díez porque estaba preocupada ante la falta de información por parte del comisario. Esto, decía, provocaba “dudas en S” —letra que la UCO asigna a Cerdán—. El abogado de Villarejo concierta ese encuentro y la exmilitante le comenta que pedirá que le saquen “billete” para acudir a la cita. “He quedado a las 12:00 con el de la txapela”, le dice a Vicente Fernández, otro de los investigados y expresidente de la SEPI.

La reunión se concretó en una terraza de la lonja de Boadilla del Monte. Quince días después tenía lugar el último encuentro, era 26 de agosto. Tras esto, el abogado de Villarejo comenzó con su particular 'qué hay de lo mío' y se interesó por determinados asuntos procesales que requerían la participación de la Fiscalía. Leire Díez y él hablaron del fiscal anticorrupción del caso Tándem, César de Rivas, y la exmilitante le comentó que esperara una llamada desde el Ministerio Público. “Si te llaman, avísame”, le dijo. Pero esa llamada no se produjo nunca.

La UCO encontró en el portátil de Leire Díez una reflexión al respecto. Les habían dicho —sin especificar quién— que el abogado del comisario debía dirigirse al fiscal “para llegar a un acuerdo”. Y añadía que, cuando el abogado se acercó, el fiscal “le dijo que tenía un teléfono escacharrado y que ni acuerdo ni nada”.

Ya en enero de 2025, Leire Díez trató de retomar ese contacto fallido y, una vez más, el abogado de Villarejo no pudo acercarse al fiscal del caso. Ante esta situación, la exmilitante comunicó al letrado en febrero que iba a ser recibido, aparentemente, por el fiscal general del Estado, entonces Álvaro García Ortiz. “Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho”.

La UCO explica en su atestado que este anuncio de reunión puede guardar relación con una imagen alojada en el iPhone 15 de Leire Díez. Era una captura de un texto que tendría por título 'ACUERDO V', en el que se prevé la celebración de una reunión a la que acudiría ella, una persona de la Fiscalía General del Estado y “el cliente” (presumiblemente Villarejo).

Los investigadores recogen que ese encuentro tendría como objetivo un acuerdo firmado que recogiese “la aceptación de la culpabilidad y de una pena de cárcel” por parte de Villarejo, y la asunción de una pena económica. El comisario, a cambio “colaboraría con la Fiscalía para limpiar la corrupción del Estado”. La UCO añade que el texto concretaba que el “pilar de la colaboración” sería la entrega de materiales de audio, emails y documentos comprometidos sobre una serie de temas y personalidades.

Más adelante, en el segundo semestre de 2025, las comunicaciones entre Villarejo y Leire continúan. Y la UCO recoge un lamento del comisario: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”. Los investigadores suponen que hacía referencia “a la falta de colaboración del fiscal en el marco de la causa que le afecta”, y recogen la respuesta de Leire Díez: “Estoy trabajando en ello”.

El abogado pensó que era “poco creíble” y niega que lo recibiera García Ortiz

El abogado del comisario José Manuel Villarejo, señaló en su declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) que la exmilitante socialista mantuvo dos reuniones con él y varias conversaciones por aplicaciones de mensajería en las que le ofreció mantener reuniones con la Fiscalía porque “le parecía injusta la acusación contra Villarejo”.

Indicó a la UCO que no le dio credibilidad a los distintos ofrecimientos porque tildó el contenido de sus conversaciones con Díez de “poco creíble y muy fantasioso”. Pero sí que recordó que la exmilitante socialista, al referirse a un posible pacto con la Fiscalía, hablaba “de una multa y pena de cárcel pequeña”.

Sobre su acercamiento al fiscal del caso Tándem, De Rivas, explicó que cuando Leire le dijo que se acercara a él, lo hizo. Pero el fiscal “le trasladó que no conocía nada y que no le metiera en líos”, por lo que rechazó reunirse con él.

Los agentes de la UCO mostraron al letrado el documento en el que se hablaba de una reunión que mantendría la defensa del comisario con “una persona de la Fiscalía General del Estado y con Leire (la que manda)” en la que Villarejo aceptaría una pena de cárcel que no supusiera volver a prisión y multa pero preservando su patrimonio. Pero el letrado negó tajantemente que García Ortiz le recibiera a él o a su cliente.

Ese acuerdo fallido, recordó el letrado, era a cambio de su colaboración para “desenmarañar el resto de las causas creadas a las víctimas” y “terminar inmediatamente con las causas viciadas, manipuladas o creadas por encargo”. El documento recogía que el comisario debía entregar todo lo que tuviera, ya no solo sobre Rajoy y Cospedal, sino también de figuras destacadas de la judicatura como el magistrado del Supremo Manuel Marchena.

La imputación del jefe de la UDEF con el Gobierno del Partido Popular José Manuel García Catalán es el último episodio de una instrucción judicial, la de las maniobras policiales contra Podemos, que avanza lentamente en la Audiencia Nacional desde que se abrió hace más de dos años. El principal impulso de las actuaciones procede de los abogados de la formación política, que vienen solicitando al juez unas diligencias de investigación que suelen ser acordadas por el apoyo puntual del fiscal o porque la Sala de lo Penal ordena a Santiago Pedraz que las practique, después de que este las haya rechazado en primera instancia. En estas fechas se cumplen diez años de los hechos investigados y la prescripción planea en contra de las víctimas y a favor de los presuntos culpables. 

En el caso de la guerra sucia a Podemos no hay una unidad especializada que actúe como policía judicial, como suelen encargar los jueces a la UCO de Guardia Civil o la UDEF de Policía Nacional en casos complejos. Por tanto, no hay atestados policiales que presenten al juez los indicios sobre los que actuar. Cuando los letrados de Podemos logran sortear las reticencias del magistrado instructor, Pedraz ordena a la Unidad de Asuntos Internos que recabe documentación de los archivos policiales o cita a tal o cual testigo o investigado. Y ahí acaba su colaboración. Aun así, la impunidad con la que se manejó la Policía contra Podemos en tiempos del PP dejó tal reguero de pistas que ha sido posible aflorar, muy lentamente, maniobras hasta ahora ocultas, así como a sus responsables.

Un ejemplo de la lenta marcha del caso se escenifica en una de sus vertientes, el montaje de la cocaína a Miguel Urbán. Pese a los indicios de que fue un caso inverosímil y fabricado para acceder a las cuentas del partido y acusarle de financiación irregular, su principal responsable, el comisario José Luis Olivera sigue sin ser investigado. 

La tesis de Pedraz es que la declaración de un testigo que se inventó la disparatada historia ya justifica que Olivera, que dirigía un órgano de coordinación policial sin agentes operativos, ni confidentes, abocara a la Fiscalía a abrir unas pesquisas al máximo nivel. Olivera consiguió que en la investigación prospectiva contra Podemos participaran las unidades de la Policía especializadas en antidroga y contra los delitos económicos complejos. Recientemente, los magistrados de la Sala de lo Penal han asumido el argumento de Pedraz para no imputar por ahora a Olivera aunque han dejado una puerta abierta para que eso cambie en el futuro.

Pedraz se negó a investigar el montaje de la cocaína a Miguel Urbán en dos ocasiones. Primero, rechazó que el fundador de Podemos se personara como perjudicado en la causa, a raíz de la información de elDiario.es que desveló el montaje. Otro juzgado había inadmitido una querella presentada por el propio Urbán. Finalmente, la Sala de lo Penal ha obligado al juez Pedraz a investigar los hechos. Ahora, hay investigación pero no investigados.

El confidente que se inventó la historia ha declarado como testigo en una comparecencia repleta de olvidos difíciles de explicar. Pedraz se ha negado a imputarle. Tampoco ha rechazado investigar a uno de los mandos que dijo presenciar la colaboración del chivato con otros agentes desde una mesa próxima. Este policía que ha salvado la imputación le dijo al juez que solo intercambió unas palabras con el autor del invento de la cocaína, pero que su breve charla solo versó sobre “auriculares”.

El juez decidió en febrero de 2024 admitir una querella de Podemos por las maniobras del Ministerio del Interior contra la formación política en tiempos del Partido Popular. Parecía que así se cerraba uno de los grandes espacios de impunidad de aquel periodo. Jueces y fiscales se han negado a abrir hasta ahora una causa centrada en la Operación Cataluña, contra los líderes del proceso soberanista. Por su parte, el caso Kitchen ha llegado a juicio con Jorge Fernández Díaz como supuesto máximo responsable, después de que el juez García Castellón cerrara abruptamente la investigación a María Dolores de Cospedal y evitara esclarecer el papel de Mariano Rajoy. 

La única causa que había abordado las maniobras contra Podemos fue el caso Dina, una pieza de la causa Villarejo sobre el robo y difusión del contenido de un teléfono móvil a una estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. Pero el juez García Castellón pronto dio un volantazo y convirtió en sospechosos a quienes la Audiencia tuvo que devolver con el tiempo su condición de perjudicados, la propia Dina Bousselham y Pablo Iglesias. 

La querella de Podemos se presentó por organización criminal, apoderamiento, revelación de secretos, prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación de fondos públicos y un delito contra las instituciones del Estado, si bien estos últimos quedaron fuera de la admisión a trámite de Pedraz. El juez también rechazó otorgar la condición de investigados, por falta de indicios contra ellos, al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al director de la Policía entonces, Ignacio Cosidó. 

Así, la lista de imputados hasta ahora está encabezada por el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que siguen varios mandos policiales, miembros de la brigada política que puso en marcha el PP en el Gobierno. 

Operación Bolívar. Operación Venus

En la causa se investigan varias maniobras contra Podemos, casi todas concentradas en el primer semestre de 2016. En diciembre de 2015, Podemos había obtenido 69 diputados, lo que amenazaba el Gobierno del PP si se daba un pacto de coalición. Hasta las elecciones de junio de 2016, se prodigaron las investigaciones prospectivas, los dosieres policiales y las informaciones periodísticas basadas en los anteriores. Entre las principales maniobras de la brigada política y la prensa afín está la redacción y difusión del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o  el viaje a Nueva York de tres mandos policiales para manipular pruebas contra Podemos por “mandato” de Rajoy.

El juez, sin embargo, se ha negado a incorporar los expedientes completos de Bolívar y Venus, como bautizó la UDEF las operaciones que intentaron mantener vivas, sin éxito, las citadas maniobras contra Podemos del informe PISA y el viaje a Nueva York. Podemos también le ha pedido que investigue cuánto dinero público se empleó en ello. El juez ha dado un no por respuesta. El magistrado ha hecho lo propio con la solicitud de documentación que sobre el montaje a Urbán conste en la unidad antidroga de la Policía. 

En la causa también se investiga el invento de la falsa cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas. En este caso, la investigación ha permitido determinar con precisión cómo la policía política del PP construyó el bulo en apenas tres semanas. El venezolano que fabricó el documento para la brigada política, que publicó Okdiario, está en paradero desconocido. 

Pedraz se negó a imputar al policía que consultó a Pablo Iglesias en las bases de datos policiales con la excusa de que pertenecía al círculo más próximo a un investigado por narcotráfico, en este caso Miguel Urbán. La Sala de lo Penal le obligó a rectificar. El juez también ha rechazado la imputación del jefe que antecedió en la UDEF a José Manuel García Catalán, Manuel Vázquez, ‘El Fiti’. 

La causa contra Podemos está huérfana de los comentarios que Villarejo anotaba en sus agendas sobre la guerra sucia contra Podemos, casi desde que el partido se creó. El juez Santiago Pedraz ha rechazado recabar al Juzgado que investiga al comisario esos dietarios y tampoco las grabaciones que aludan a la guerra sucia contra el partido.

Reconstruir la historia de Interviú sin quedarse solo con lo bueno (que lo hubo) o limitarse a subrayar su machismo o su falta de ética en algunas investigaciones no era un ejercicio sencillo. El periodista Jerónimo Andreu lo ha conseguido en 'Los desnudos y los muertos' (Península).

Interviú no se explica sin la figura de su editor, Antonio Asensio, y una redacción que pasó de fiscalizar a la policía a ser la revista preferida en las comisarías. De haber sobrevivido al cierre, en 2018, ahora cumpliría 50 años.

¿Cómo explicaría qué era Interviú a alguien que se informa a base de tiktoks?

Fue un proyecto muy comercial, porque esto lo montaron con la intención de ganar dinero, un poco aprovechando las grandes vetas que se podían explotar dentro de la prensa, que eran el sexo, los escándalos, los sucesos, la sangre... No era una revista de ideas ni con una vocación ideológica.

Antonio Asensio, José Ilario y Jerónimo Terrés identificaron muy bien qué interesaba al lector español y construyeron un producto perfectamente adaptado a eso. Fueron muy inteligentes leyendo el momento social.

Además, durante unos años hizo aportaciones periodísticas importantes: denuncias sobre la extrema derecha, la guerra sucia, el búnker franquista o la memoria histórica. Tuvo una utilidad social real. El problema llegó cuando España cambió y la revista no supo adaptarse. Su propuesta quedó anticuada estética, ética y periodísticamente. Interviú tuvo un auge muy fuerte y después una decadencia larguísima.

¿Quién fue Antonio Asensio? ¿Era el retrato del lector medio de aquella España?

Completamente. El secreto del éxito de Interviú fue la armonía perfecta entre su editor y el producto que estaban haciendo.

Cuando empezó a implicarse directamente en la revista, el proyecto creció muchísimo porque tenía un gran instinto. Construía una revista basada en sus propios intereses y gustos. Incluso su familia participaba indirectamente: opinaban sobre portadas, fotografías o colaboradores. La gente también te cuenta cómo su mujer, Chantal, decía si una portada funcionaría o si no le gustaba. Era un producto muy conectado con una determinada clase social emergente de la época.

¿Qué queda de aquel periodismo de batalla, además del archivo?

Bueno, ese archivo es un misterio. 

¿Un misterio?

El archivo se lo quedó Prensa Ibérica, está guardado y no se puede acceder a él. Debe ser uno de los archivos más importantes de la prensa española porque tiene un valor histórico tremendo, pero no se puede consultar porque no está dentro de la línea de negocio... 

¿Ha intentado consultarlo para el libro y no ha podido? 

No, porque está en cajas.

Más allá de la hemeroteca, ¿queda algo de aquel tipo de periodismo? 

Todavía quedan algunos rescoldos. Muchos veteranos de Interviú dicen que hoy disfrutarían investigando casos actuales como el de Ábalos con la misma agresividad de entonces.

La diferencia es que ahora el periodismo vive debates éticos mucho más presentes. En Interviú había pocos frenos. Algunos reporteros consiguieron grandes exclusivas, pero también existían prácticas muy cuestionables para obtener información o tratar a las fuentes.

Hay que entender que España estaba construyendo entonces los límites de la política, el discurso público y el periodismo. Muchos periodistas venían del exilio o de ambientes militantes y entendían el periodismo como una herramienta política. Igual que te digo que para Asensio eso no era un proyecto ideológico, para ellos sí, ellos querían cambiar el país.

¿La ética periodística era secundaria?

En muchos casos sí. El objetivo principal era publicar información que tuviera impacto político y ampliara los márgenes de libertad.

Eso provocó errores graves. Uno de los ejemplos más conocidos fue el caso de Xavier Vinader, cuando publicó una acusación muy seria sobre grupos de extrema derecha, solo a partir de la información de un policía infiltrado, sin contrastarla suficientemente. Uno de los señalados mandó una carta negándolo y asegurando que la revista le ponía en peligro. Interviú no rectificó ni la publicó. ETA le mató a él y a otro de los mencionados.

En 'Interviú' había pocos frenos. Algunos reporteros consiguieron grandes exclusivas, pero también existían prácticas muy cuestionables para obtener información o tratar a las fuentes.

La redacción que describe parece bastante caótica.

Lo era. Existe mucha mitificación sobre las redacciones antiguas: alcohol, humo, noches eternas… Tiene cierta épica, pero probablemente poca gente querría trabajar hoy en un ambiente así.

Había muchísimo exceso, también mucho ego y competitividad. Se mitifican las redacciones antiguas porque hay mucha poesía, la gente bebiendo y todo eso. Pero luego te preguntas si a ti te gustaría trabajar en ese ambiente.

Aun así, de ese caos salieron investigaciones muy importantes.

¿Cuáles fueron las grandes aportaciones periodísticas de Interviú?

Toda la invención del género de la memoria histórica tiene mucho valor. Durante la Transición, la revista publicó investigaciones fundamentales sobre torturas, extrema derecha… Hicieron una labor de control del Estado, fueron los primeros que publicaron cosas sobre los GAL o el asesinato de Yolanda González. También fueron los primeros en publicar sobre la trama Gürtel, cinco años antes que El País y El Mundo.

Además, tenían algo poco habitual: cubrían historias de corrupción local en pueblos y ciudades pequeñas que no interesaban a los grandes periódicos.

En el libro explica cómo Interviú pasó de fiscalizar a la policía, por ejemplo explicando qué ocurría en el cuartel de Intxaurrondo, a convertirse casi en una revista policial.

Sí, y es uno de los procesos más interesantes. En sus inicios tenían contactos con grupos de extrema izquierda o ambientes antifranquistas. Con los años, esas fuentes perdieron importancia y la información policial se convirtió en el gran motor de muchas exclusivas.

Los reporteros cultivaron muchísimo las relaciones con policías y comisarías. Interviú acabó siendo muy valorada dentro de ciertos sectores policiales. La revista cumplía todos esos códigos que a los policías les encantaban.

Uno de los directores de Interviú fue Agustín Valladolid, que había sido el jefe de comunicación del Ministerio del Interior muchos años y hombre fuerte de Rafa Vera y Barrionuevo. Cuando él llega, rehace la plantilla, se deshace de todos los viejos y ficha gente dentro del concepto que tiene del periodismo.

En sus inicios, sus periodistas tenían contactos con grupos de extrema izquierda o ambientes antifranquistas. Con los años, esas fuentes perdieron importancia y la información policial se convirtió en el gran motor de muchas exclusivas.

¿Qué papel tuvo Villarejo en los últimos años de la revista?

Hay un momento en que la revista ha perdido muchas fuentes, para mucha gente está denostada y, de lo poco que tiene es José Manuel Villarejo. Fue una fuente muy importante, como lo fue para muchos medios. La diferencia es que otros periódicos tenían más contrapesos internos. 

Cuando metí con el libro una de las cosas que quería saber es si Villarejo había utilizado Interviú como una terminal mediática y él lo dominaba, porque hay gente que tenía esa impresión, incluso dentro de la revista o si no, si simplemente Villarejo había actuado en Interviú como en otros sitios y lo que pasa es que se había encontrado que era una gacela coja y que le compraba todas las mercancías escacharradas. Mi impresión es que pasó esto último.

No creo que Villarejo controlara la revista, pero sí encontró un medio muy vulnerable y dispuesto a publicar informaciones con pocos filtros.

De todos los personajes que tuvieron relación con el editor de Interviú, uno de los que aún sigue en activo es Miguel Ángel Rodríguez. Entonces amenazó a Asensio con quitarle su canal de televisión, Antena 3, y ahora a elDiario.es nos dijo que nos trituraría. El periodismo ha evolucionado, pero hay personajes que no lo han hecho.

El periodismo ha evolucionado, pero los mecanismos de poder siguen siendo muy parecidos. Miguel Ángel Rodríguez siempre quiso controlar totalmente los medios. Asensio, en cambio, tenía una posición más inestable: fundó su empresa con créditos y dependía constantemente de negociar con unos y otros. Eso le daba cierta independencia, aunque también lo obligaba a hacer favores y mantener equilibrios complicados.

Asensio refleja bien la evolución política y social de España: primero, en la etapa del PSOE hegemónico, todo giraba alrededor de los socialistas; después, cuando ese dominio se rompe, se acerca a la derecha. Pero en Catalunya también dependía de Pujol, que entonces mantenía buena relación con Moncloa, así que Asensio jugaba continuamente a marcar distancias y acercamientos según le convenía.

Esa ambigüedad no le gustaba a Miguel Ángel Rodríguez, que quería lealtad absoluta. Cuando Asensio estaba en Antena 3, Rodríguez pensó que controlaría los informativos, pero Asensio tenía demasiados intereses repartidos y trató de escapar de ese control. Entonces Rodríguez le advirtió que iba a “crujirle”. Finalmente, Asensio salió muy perjudicado de Antena 3: aparecieron denuncias anónimas en la Fiscalía y acabó vendiendo la cadena a Villalonga, dentro del proyecto del PP para crear un gran grupo mediático. Es decir, las amenazas no solo existieron, sino que terminaron materializándose.

¿Quién fue el mejor director de Interviú?

Diría que los tres primeros directores representan la etapa más brillante: Álvarez Solís, Darío Giménez y Álvarez Puga. Y luego Ignacio Fontes, que probablemente fue el director más representativo del mejor Interviú: un periodista muy querido dentro de la revista y con una visión periodística exigente, incluso trabajando en un medio sensacionalista.

Ahora no sé si le pongo en un compromiso: ¿Y el peor?

No es por el compromiso, es porque igual es cruel. No sé, ahí estuvo Cavero, que fue el que hizo el ERE. Él venía de la radio y le interesaba poco la prensa. Estuvo también Paco Mora, que tenía muchos contactos dentro de la Guardia Civil y el Ejército. A Asensio en ese momento le interesaba alguien así. Creo que a esos dos directores se les podría atribuir la decadencia. 

La revista nunca supo desprenderse de los desnudos.Tenían miedo de perder a sus lectores tradicionales y no sabían cómo reinventarse. Mientras la sociedad cambiaba, ellos seguían atrapados en el mismo modelo

¿El gran problema de Interviú fueron los desnudos?

Sí, la revista nunca supo desprenderse de ellos. Tenían miedo de perder a sus lectores tradicionales y no sabían cómo reinventarse. Mientras la sociedad cambiaba, ellos seguían atrapados en el mismo modelo.

La decadencia fue muy larga. Se pasaron casi dos décadas publicando desnudos de concursantes de Gran Hermano. La evolución de esas portadas explica perfectamente la evolución de la propia revista: de la provocación política y cultural inicial a un modelo completamente agotado.

¿Fue un milagro que sobreviviera 42 años? Nunca se adaptaron a la transición digital.

Sí. Nunca entendieron del todo internet ni los cambios tecnológicos, pero el gran problema fue editorial. La revista no supo reinventarse. Incluso muchos redactores reconocían que ya les daba vergüenza llevarla en público.

Interviú sobrevivió demasiado tiempo intentando mantener vivo un modelo que pertenecía a otra época.

El protagonista ausente del juicio del caso Kitchen es el comisario Enrique García Castaño, conocido en la Policía como 'El Gordo'. Las graves secuelas que sufre por un accidente cardiovascular motivaron que todas las imputaciones que pesaban sobre él en la macrocausa Villarejo fueran archivadas, también las derivadas de su papel destacado en el espionaje a Luis Bárcenas. Sus declaraciones durante la instrucción, cuando aún conservaba la salud, supusieron un hito: 'El Gordo' confesó la existencia de la operación, su participación en ella, que el objetivo era sustraer los “discos duros” de la caja B del PP y que él mismo recibió la orden de la cúpula del Ministerio del Interior para recuperarlos.

Las acusaciones solicitaron incorporar su testimonio al juicio. Desde el lunes de la semana pasada, el tribunal ha escuchado nueve horas de preguntas y respuestas del comisario durante siete comparecencias ante el juez Manuel García Castellón, entre enero de 2019 y diciembre de 2020. A diferencia del resto de jornadas del juicio, que comenzó el 6 de abril, estas sesiones no se han podido seguir a través de YouTube. El tribunal que preside Teresa Palacios ha alegado que durante las declaraciones de García Castaño se reprodujeron audios grabados por Villarejo y que, tanto en esos como en otras grabaciones del comisario, aparecen datos que afectan a la privacidad de terceros.

La vista es pública, por lo que cualquiera puede acceder a la sala de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). Desde el lunes de la pasada semana y hasta este miércoles, sesión incluida, la retransmisión por Internet ha estado cortada. Los espectadores por la web podrán regresar al juicio el jueves, cuando el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez abra el turno de las declaraciones a los acusados.

elDiario.es ofrece a continuación una muestra de los audios que se han reproducido en la sala del juicio durante estas dos semanas y que no han podido ser seguidas en la retransmisión.

“Me comenta que en los discos duros está toda la contabilidad en A y en B”

Después de dos declaraciones en las que intenta esquivar la existencia de una operación ilegal y su responsabilidad en la misma, García Castaño comparece el 26 de marzo de 2019 como investigado y asegura desde el principio que va a colaborar. Cuenta que el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, le había encomendado vigilancias a la familia Bárcenas porque las que realizaba la Unidad de Asuntos Internos no estaban dando resultado. Y que, en un momento dado, le dice que vaya a ver al número dos de Interior, Francisco Martínez.

“Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay es que de la información que este señor ha robado o se ha llevado, no sé cómo ha hecho, unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor. Por un lado, las donaciones que se le daban, que no se sabía cuántas donaciones, cuánto recibía y cuánto se quedaba. Por otro lado, los pagos que hacía en B y los pagos que no hacía en B y todo ese tipo de cosas”, dice ante el juez El Gordo, jefe entonces de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, la élite en captación de fuentes, vigilancias y espionaje electrónico.

García Castaño acaba de confesar una orden desde la cúpula del Ministerio del Interior en 2013 para recuperar las pruebas –“discos duros”– que, al parecer, se había llevado Bárcenas de la sede de Génova sobre la caja B del partido en el Gobierno. El caso costaría el poder al PP mucho después, en 2018, cuando la primera sentencia del caso Gürtel dio por probada esa financiación irregular del partido durante al menos dos décadas, lo que motivó una moción de censura.

“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”

La frase que sentencia la implicación de Cospedal en la Operación Kitchen no ha podido ser escuchada tampoco mientras era reproducida en el juicio. Cospedal le da instrucciones a Villarejo para que evite la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del Partido Popular. Él le asegura que se pone manos a la obra. Cospedal declaró en el juicio, esta vez en abierto, que no había hablado nunca por teléfono con Villarejo. Esta es la evidencia de que mintió. Solo las informaciones periodísticas han permitido que se conozca.

“No te he podido conseguir más que billetes de 500”

La Operación Kitchen, como el resto de piezas del caso Villarejo, parte de la documentación incautada al comisario durante su detención en noviembre de 2017. En una de esas grabaciones aparece él mismo entregando la mensualidad de los fondos reservados que cobró durante dos años Sergio Ríos Esgueva, el chófer de la familia Bárcenas. Son 2.000 euros que en esta ocasión Villarejo le lleva en billetes de 500 euros. “No te he podido conseguir más”, le dice en referencia a que no ha podido llevarle billetes de menos importe.

Esa grabación es una de las pruebas del empleo de los fondos reservados, dinero público, en el pago de una operación que tenía como objetivo beneficiar al PP destruyendo las pruebas que le incriminarían en una causa judicial. En casa de Villarejo también aparecieron justificantes de los pagos al chófer.

“Llevaba una figura religiosa, por si alguien me veía”

El testimonio de García Castaño implicó el reconocimiento de varios delitos. Entre ellos, la sustracción de información de los teléfonos de Bárcenas que le suministró el chófer o el allanamiento de un local de Rosalía Iglesias donde supuestamente estaba el pendrive con las grabaciones del tesorero a Mariano Rajoy y Javier Arenas sobre la caja B del partido.

El comisario asegura que allí dentro no había nada mientras que Bárcenas ha declarado en el juicio que en un arcón guardó la memoria portátil donde se hallaban esas grabaciones y que dos meses después de salir de la cárcel fue a recogerlo y ya no estaba.

“Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”

Después de que estalle el escándalo de la Kitchen, los implicados empiezan a tomar posiciones para defenderse. En una reunión entre García Castaño y Villarejo este incita a su compañero a que amenace al número dos de Interior, Francisco Martínez, con tirar de la manta y difundir el material que tiene del PP.

La conversación es confusa, pero Villarejo parece aludir a los audios que incriminan a Rajoy, sobre todo uno en el que aparecería destruyendo la hoja de liquidación de la caja B de su partido. García Castaño dice que él no tiene nada, apenas “cuatro cosas de Bárcenas”. Villarejo sigue en su tesis: “¿Te parece poco? ¿Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que comprometían al presidente? No me jodas, macho...”. En un momento dado, García Castaño ha dicho: “Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”.

“Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”

Uno de los aspectos de malversación de fondos públicos que se investiga en el juicio es el ingreso en la Policía del chófer de los Bárcenas con 42 años. El principal indicio es que Villarejo aparece en una grabación proponiendo la maniobra al secretario de Estado de Seguridad. “Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”, dice en el audio el comisario. Se refiere a que si ingresa en el Cuerpo, Sergio Ríos Esgueva nunca contará lo que hizo.

Los técnicos del Centro Criptológico Nacional y de la Policía han ratificado este martes en el juicio del caso Kitchen que aproximadamente la mitad del archivo encriptado que se incautó al comisario José Manuel Villarejo en 2017 no ha podido ser abierto y que su contenido quedará oculto a no ser que el propio policía lo desvele. Los especialistas pudieron acceder a 44 de los 92 archivos encriptados y, tal como reveló elDiario.es en mayo de 2022, abandonaron los trabajos hace más de seis años, en febrero de 2020.

“Un año después de recibirlo dejamos de trabajar sobre las cabeceras. El último resultado fue en marzo de 2019 y se dejó de trabajar en ellos en la pandemia, un año después”, ha explicado al tribunal uno de los técnicos del Centro Criptológico Nacional (CCN), perteneciente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los dos funcionarios han declarado por videoconferencia, no ha aparecido su imagen y sus voces han sido distorsionadas.

Los archivos habían pasado antes por la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía, por el Instituto de Ciberseguridad (Incibe), dependiente de Economía, y finalmente por el Centro Criptológico Nacional. Los técnicos del CCN han explicado que, tras un año sin obtener resultados, plantearon a su jefe la conveniencia de abandonar los trabajos ante la imposibilidad de avanzar mientras no dejaban de “consumir recursos”. Tras consultar con el servicio jurídico se trasladó al magistrado del caso, Manuel García Castellón y se abandonaron los trabajos.

Los archivos incautados al comisario Villarejo han motivado la apertura de más de 40 investigaciones en la Audiencia Nacional que afectan a la élite empresarial, política y mediática del país. Una de esas piezas, la número 7, sienta en el banquillo al primer ministro del Interior del Gobierno de Rajoy, a su número dos y a un grupo de mandos policiales. Otra de las piezas afectaba a la Jefatura del Estado, centrada en los contactos de Villarejo con la antigua pareja extramatrimonial de Juan Carlos I, la comisionista Corinna Larsen.

Los técnicos del CCN han relatado que los archivos estaban encriptados con el sistema Truecrypt, que puede ser utilizado por un usuario medio pero que no ofrece vulnerabilidades. Eso implicó que tras los primeros trabajos se pasase al uso del sistema conocido como “fuerza bruta”, consistente en que los potentes ordenadores del CCN van probando sucesivas contraseñas. “Puede llevar siglos”, ha dicho uno de los técnicos.

Los especialistas de la Policía y del CNI han explicado que ellos nunca tuvieron acceso a los archivos en sí sino a las “carátulas” de los mismos. “Es como recibir la cerradura del almacenamiento pero no todo el dispositivo”, han explicado. Los agentes han precisado que periódicamente informaban al juzgado de sus avances y que si no había ninguna evolución también se comunicaba a la Audiencia Nacional.

elDiario.es publicó una nota de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, en la línea de lo explicado hoy por los técnicos. “Por la experiencia en otros casos, en los primeros meses se obtienen algunas contraseñas, normalmente las más sencillas o las que se pueden deducir de los diccionarios creados. Posteriormente, en algunas ocasiones, tras varios meses o años de pruebas, se obtiene alguna nueva contraseña, pero en otras ocasiones no se recuperan nunca”, advertía Esteban.

La respuesta era una contestación al juez Manuel García Castellón, quien se había dirigido al CNI para que le facilitara una previsión de su trabajo. Esteban comienza explicando al juez a qué se enfrentan: “La aplicación de cifrado Truecrypt, utilizada en el procedimiento de referencia, es criptológicamente segura y no se conoce ninguna debilidad que pueda ser utilizada en el descifrado. La única forma de poder descifrarla es obteniendo la contraseña que ha sido utilizada”.

“En el caso de la citada aplicación –continúa–, las contraseñas pueden ser textos de longitud ilimitada de caracteres, lo que hace inviable probar todas las contraseñas posibles. En consecuencia, teniendo en cuenta que solo pueden realizar pruebas con las contraseñas más probables, la previsión de los avances que se pueden producir es totalmente desconocida”.

En este sentido, los agentes del CNI han dicho este martes en el juicio que se les entregaron 92 cabeceras y que obtuvieron, a partir de ellas, 29 claves con las que abrieron 40, a las que hay que sumar 4 del Incibe. El listado de posibles contraseñas se conoce como “diccionario” y se elabora a partir de los datos conocidos de la persona que ha creado las claves, por si hubiera utilizado aspectos personales, como lugares con los que está vinculado, fechas… Después, se trata de generar claves hasta llegar a alcanzar la velocidad de millones por segundo, dependiendo de la capacidad tecnológica de cada organismo. 

Los técnicos del Centro Criptológico han dicho hoy: “A partir de ahí es intentar suponer qué ha puesto el otro señor: combinar diccionarios, combinaciones… De las contraseñas que obtuvimos no pudimos acertar las otras 48 contraseñas, a partir de los otros datos. Si él seguía una lógica determinada nosotros no llegamos a obtenerla”.

Por primera vez una sentencia judicial da por acreditada la guerra sucia sin muertos que practicó el Gobierno del Partido Popular contra Podemos, especialmente virulenta cuando en 2016 la formación vislumbró la posibilidad de alcanzar el poder. La Audiencia Nacional ha condenado al comisario José Manuel Villarejo a 3 años y medio de prisión por haber entregado a dos medios de comunicación la tarjeta de un teléfono previamente robado, propiedad de Dina Bousselham, estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. El objetivo, dice el fallo, era “el descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general”.

En el momento de los hechos, Villarejo era un puntal del grupo de mandos policiales, la brigada política, que actuaban en las operaciones Cataluña y Kitchen, las otras dos patas de la guerra sucia del Partido Popular. Por el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, Villarejo se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 19 años de cárcel en un juicio que se celebra estos días. 

La sentencia de la Sección Tercera considera probado que Okdiario y El Confidencial publicaron varias informaciones que redundaban en el “descrédito” de Podemos y de su partido a partir del material contenido de la tarjeta del móvil Dina Bousselham. A los periodistas les llegó el material robado de manos del comisario Villarejo, condenado en consecuencia por un delito de revelación de secretos. 

“El acusado José Manuel Villarejo Pérez descargó sus archivos [de la tarjeta] en un lápiz de memoria, creando los días 14 de abril y 11 de julio de 2016, dos carpetas tituladas Dina 2 y Dina 3, haciendo entrega de tales archivos descargados a periodistas de su círculo de confianza, entre los que uno y otros eran recíprocamente fuentes informativas, para que se elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general, Pablo Iglesias Turrión”, describe el fallo. 

Okdiario sacó de la tarjeta material para ocho informaciones periodísticas sobre comentarios de Pablo Iglesias y otros líderes del partido en un chat. El Confidencial, por su parte, publicó tres noticias con material de la tarjeta, según el fallo. Previamente, dos periodistas del Grupo Zeta habían hecho entrega al comisario de una copia de la tarjeta que aseguran había llegado de forma anónima a su medio. 

Tres batallas de la guerra sucia

El Ministerio del Interior desarrolló al menos tres operaciones de carácter político contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Una de ellas se juzga estos días, consistente en utilizar a la Policía para hacer desaparecer las pruebas que el tesorero del PP Luis Bárcenas pudiera tener sobre la financiación irregular del partido. 

La primera de esas maniobras extrajudiciales fue la Operación Cataluña. Como en el caso de Podemos se buscaba el descrédito de unos políticos, los líderes del proceso soberanista. El desinterés o la negativa de jueces y fiscales ha motivado que la Operación Cataluña no sea objeto de una gran causa judicial en la Audiencia Nacional, si bien el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia firme por una de sus escaramuzas: el intento de introducir material robado sobre los Pujol en el caso contra el expresident y su familia. El director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino fue condenado a un año por revelación de secretos. Ahora se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en el caso Kitchen.

La guerra sucia contra Podemos es investigada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional entre continuas cortapisas. El juez Santiago Pedraz admitió en febrero de 2024 una querella del partido a partir de los mensajes incautados al ex número dos de Interior en el caso Kitchen sobre las maniobras contra la formación política. Desde entonces el caso avanza lentamente y casi únicamente por el impulso de los abogados de la formación política. 

Las declaraciones de testigos e imputados, así como abundante documentación incorporada a la causa, han ido permitiendo cuadrar el puzle de la guerra sucia contra el partido. Este avance se ha producido pese a obstáculos como la negativa del juez a solicitar información clave a la Policía o la de incorporar a la investigación el montaje contra el fundador de Podemos Miguel Urbán. La Policía acusó falsamente a Urbán de financiar el partido con la venta de 40 kilos de cocaína con el objetivo final de atribuir financiación irregular a Podemos. En unos casos y otros las decisiones de Pedraz han sido corregidas por la Sala de lo Penal. 

Esos obstáculos judiciales a esclarecer la guerra sucia contra el partido de Iglesias tienen un precedente en la actuación del instructor de la causa Tándem o Villarejo, donde se enmarcó la pieza Dina. El juez Manuel García Castellón quiso convertir los indicios contra Villarejo en una causa contra el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por haber guardado la tarjeta que le dieron los periodistas de Zeta durante seis meses sin informar a su colaboradora. 

García Castellón dirigió todos los esfuerzos del caso Villarejo, entonces la entonces causa judicial más relevante en los tribunales, en lograr la imputación del vicepresidente del Gobierno progresista. Finalmente, el Tribunal Supremo rechazó imputar a Iglesias ante el relato sin fundamento e interesado de García Castellón. 

La sentencia del caso Dina no ahonda en si Villarejo actuó a las órdenes de sus superiores, embarcados, por otra parte, en una operación para dañar a Podemos, muy intensa en el momento de la filtración de la tarjeta de Bousselham a medios afines. El fallo dice incluso que no elaboró notas informativas, como sí hizo en la operación Cataluña, sobre el asunto de Podemos. 

Una nota informativa sobre Podemos atribuida a Villarejo, que no consta en el procedimiento Dina, ya forma parte de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 sobre la guerra sucia a Podemos. Se trata de un escrito sobre la supuesta existencia de “pitufeo” —un método de blanqueo de capitales en pequeñas cantidades— dentro del partido y que se utilizó para vincular la falsa venta de cocaína por Urbán con dicha práctica. 

Las agendas de Villarejo

Por otra parte, las agendas de Villarejo describen que el comisario atacó a la formación política prácticamente desde su formación y que lo hizo en contacto permanente con la cúpula del Ministerio del Interior. Las agendas son valoradas por los investigadores como un indicio consistente que luego se debe contrastar con hechos acaecidos. El investigador policial del caso Villarejo lo enunció así en el juicio de Kitchen: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. [Las agendas] eran para consumo interno”.

La sentencia del caso Dina ha sido dictada por los tres mismos jueces que integran el tribunal del caso Kitchen. Su ponente, como ocurrirá con el fallo del espionaje a Bárcenas, ha sido la presidenta de la Sección Tercera, Teresa Palacios. La mención a que Villarejo no tenía encomendada formalmente ninguna investigación sobre Podemos puede ser una señal sobre el futuro fallo e Kitchen. Allí los investigados defienden que trabajaban en encontrar un supuesto dinero escondido por Bárcenas, pero la acusación se centra en que esa investigación como tal nunca existió, ocultando el verdadero interés, que era sabotear el caso de la caja B del PP.  

El juicio de la Operación Kitchen va llegando a su fin y hoy queremos fijarnos en uno de esos personajes secundarios, que parece que no importan en la trama, pero que tienen mucho que decir para la resolución del caso. Es al que en una grabación Villarejo llama: “el Morocho de los cojones”. Es Manuel Morocho, inspector jefe de policía, al que presionan para quitar de sus informes sobre la caja B del PP nombres importantes. Nada menos que el de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. 

El testimonio de Morocho es vital en este juicio y se ha reafirmado en lo que ya dijo en la fase de instrucción: hubo presiones contra él y su equipo de trabajo en aquellos años. Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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La Audiencia Nacional ha condenado a tres años y medio de prisión al comisario jubilado José Manuel Villarejo por el denominado 'caso Dina', en el que accedió y distribuyó a dos medios de comunicación el contenido de la tarjeta de un móvil robado en noviembre de 2015 a Dina Bousselham, quien era asesora del entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

En una sentencia recogida por Europa Press, los magistrados ven probados los hechos y condenan a Villarejo como autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometido por un funcionario público, y le imponen el pago de una indemnización a Bousselham e Iglesias de 5.000 y 1.000 euros respectivamente, por las que responderá en calidad de responsable civil subsidiario la Administración General del Estado.

El tribunal aplica a Villarejo la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre la formación de la pieza judicial separada en 2017 y su enjuiciamiento, por lo que la condena es menor de la pena que pedía la Fiscalía, de cinco años de prisión.

El juicio indagaba en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Iglesias desde que le robaron el móvil en 2015, mientras compraba en un Ikea junto a su entonces pareja, hasta que parte de la información que contenía el dispositivo apareció publicada en diversos medios de comunicación.

La actual secretaria de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado que “hoy por fin se hace un poco de justicia”, aunque subraya que “es imposible reparar el daño que se hizo, no ya a Pablo Iglesias o a Dina Bousselham, sino a la democracia española”.

Otros líderes de la organización política como la eurodiputada Irene Montero o el secretario de Organización de Podemos Pablo Fernández también han dado la enhorabuena a sus compañeros de partido y han afirmado que el daño ha sido “irreparable”. Tanto Montero como Fernández han cuestionado que no se incluyeran en la causa las patas “política, mediática y judicial” que, a su juicio, “organizó la trama”.

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán ha negado esta mañana en el juicio del caso Kitchen que el servicio de Inteligencia tuviera participación alguna en el espionaje a Luis Bárcenas y su familia para sabotear el caso de la caja B del PP. Varios son los indicios sobre el CNI en la causa que cristalizaron en la afirmación de la Fiscalía Anticorrupción de que en la operación podrían haber participado “otros servicios” distintos de la Policía.

“EL CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni omisión, sobre el caso por el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto. El CNI actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para facilitarle elementos de juicio para tomar buenas decisiones. Ningún Gobierno de ningún color me pidió que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido”, ha declarado el general retirado.

Sanz Roldán ha asegurado que no mantenía enemistad alguna con Villarejo. A esta respuesta ha replicado el abogado del comisario preguntándole por la querella que interpuso contra él por injurias y calumnias. “Lo denuncié porque era la única persona en el CNI que podía hacerlo al ser la única que tenía identidad y porque las personas que sirven a España en el CNI no merecían o que decía de ellas el señor Villarejo”, ha dicho el exdirector general del Centro.

El letrado Antonio Cabrera, que representa a Villarejo, le ha preguntado por qué entonces se querelló por algo que había dicho Villarejo exclusivamente de él, que había viajado a Londres a amenazar a la antigua pareja extramatrimonial del rey Corinna Larsen. Sanz Roldán no se ha salido de su guión. “Personal no fue en absoluto. Había que salir al paso de mentiras tan crueles de mis subordinados”, ha dicho. Un tribunal de Madrid falló en contra de la querella de Sanz Roldán.

A esos indicios se suma ahora uno que había pasado inadvertido: las cámaras en el exterior del chalé de Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret colocadas presuntamente por el CNI. En el escrito de defensa de Francisco Martínez, ex número dos de Interior, se solicita la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Todas ellas serían ajenas a la actuación del Ministerio del Interior. 

Sanz Roldán ha sido preguntado por el abogado de Villarejo y por el fiscal Anticorrupción, pero ninguna pregunta ha sido formulada por la defensa de Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Seguridad que señaló al CNI como participante en la Kitchen. Consta en uno de los mensajes entregados ante notario y a la Policía en los que él habla con el ministro Fernández Díaz del “contacto cecilio”. O más recientemente, en su escrito de defensa, cuando revela que el CNI colocó cámaras en el chalet de Baqueira del tesorero.

Sin embargo, la defensa de Fernández Díaz ha dado marcha atrás en su estrategia y no ha formulado pregunta alguna ni este lunes al director general ni durante la declaración de la jefa política del Centro Soraya Sáenz de Santamaría.

Cabe destacar que el fiscal Anticorrupción César de Rivas ha intervenido, incluso antes de que empezaran las preguntas de Villarejo, sobre la dispensa de Sanz Roldán para contestar a preguntas sobre el CNI, por estar clasificada como secreta su actividad. Y ha añadido que solo se podrían formular si son parte del material desclasificado por el Gobierno. Fueron sus compañeros Ignacio Stampa y Miguel Serrano quienes intantaron indagar en la posible implicación del Centro y que no pudieron por el cierre abrupto de la investigación por parte del juez Manuel García Castellón.

En el capítulo de negaciones de Sanz Roldán figuran también los correos aportados por Villarejo con cuentas del dominio “areatec”, atribuido al CNI, incluido uno sobre pagos pendientes al policía por el servicio secreto. Sanz Roldán ha dicho que ese correo “no tiene origen en el CNI” y tampoco “en ninguno” de sus colaboradores. “Esos correos son falsos”, ha añadido.

Asimismo, Félix Sanz Roldán ha negado que diera orden a un colaborador del Centro de denunciar a Villarejo, lo que originó el caso. El exdirector del CNI también ha dicho que jamás se negó a desencriptar una 52 cabeceras de las 94 que tenía el archivo incautado al comisario. “Nunca jamás dejé de cumplir la orden de un juez”, ha declarado.

En el capítulo de afirmaciones, Sanz Roldán ha reconocido que se reunió en varias ocasiones con el comisario Marcelino Martín-Blas, en el momento de los hechos enjuiciados jefe de Asuntos Internos. No ha sido preguntado por el motivo de esas reuniones con el jefe de una unidad que investigaba supuestamente corrupción policial.

Sanz Roldán ha dicho que “siempre” habló con Martín-Blas en su despacho. “Fue algo oficial y estará registrado”, ha añadido. Martín Blas se sienta en el banquillo de los acusados y es el mayor enemigo declarado de Villarejo en la Policía.

Un colaborador del CNI a sueldo

Al término de la jornada ha comparecido David Rodríguez Vidal, autor del anónimo a la Fiscalía Anticorrupción que dio origen a la investigación a Villarejo. Ha contado que trabajaba para el empresario Francisco Menéndez, quien pretendía rebajar su condena en un caso por fraude fiscal denunciando a Villarejo y al también comisario Carlos Salamanca. 

Rodríguez Vidal ha asegurado que colaboró con varios Cuerpos de seguridad y que fue confidente del CNI a sueldo, cobrando del servicio de Inteligencia mensualmente y en metálico. Su colaboración se extendió durante una década aproximadamente, hasta 2012, cinco años antes de la denuncia contra Villarejo. A la pregunta de si su cliente colaboraba con el CNI, Rodríguez Vidal ha dicho que su “valoración personal es que eso es absolutamente imposible”.

El confidente ha reconocido que envió el anónimo sin la colaboración del empresario para el que trabajaba ante la indecisión de Menéndez a denunciar en Anticorrupción como estaba previsto. Meses antes había acudido al comisario general de Policía Judicial, José Sánchez Aparicio, para entregarle la información de cuentas y sociedades de Villarejo en Panamá a través de las cuales habría cobrado el comisario. Aquella delación en la Policía no tuvo consecuencias. 

El abogado de Villarejo ha conducido una parte de su interrogatorio a demostrar que Rodríguez Vidal tenía un interés propio en la denuncia a Villarejo por motivos que no ha aclarado. Ocurrió cuando dio una entrevista a El Mundo anunciando que era el autor de la denuncia anónima en Anticorrupción contra Villarejo la víspera de la declaración judicial del empresario Menéndez, con el objetivo de que no se echara atrás.

Pérez Dolset: “Martínez me pidió perdón”

El empresario Javier Pérez Dolset ha declarado a petición de la defensa de Villarejo. Pérez Dolset ha desplegado varias teorías de conspiraciones alrededor del caso Villarejo, como que el caso se origina a partir de un chat que una periodista, ya fallecida, mantenía con un grupo de guardias civiles en 2015, o que luego, otro chat de whatsapp de la misma periodista, supuestos guardias civiles, un fiscal Anticorrupción, la exmilitante del PSOE Leire Díaz y otros integrantes sin identificar supuso “la mayor fuente de filtración de la causa Tándem en general y de Kitchen en particular”.

Pérez Dolset ha asegurado que el exnúmero dos de Interior Francisco Martínez le confesó que tenía que haber dimitido en cuanto recibió instrucciones irregulares en Interior y que una vez, incluso, fue a su casa a pedirle perdón porque esas actuaciones habían perjudicado al empresario.

Las confesiones de Martínez a Pérez Dolset habrían incluido la afirmación de que él cumplía órdenes de Francisco Martínez y de María Dolores de Cospedal. Pérez Dolset asegura haber formado una asociación denominada 'Víctimas de las cloacas'. El empresario está imputado en la Audiencia Nacional por un fraude de subvenciones de 30 millones de euros.

El inspector jefe de la Policía Manuel Morocho ha revelado un dato que vuelve a vincular a María Dolores de Cospedal con los acusados en el caso Kitchen, concretamente con José Luis Olivera. Después de que hayan quedado acreditados los nexos entre la exsecretaria general del PP y el comisario Villarejo –sin que haya tenido consecuencias penales para ella–, Morocho ha explicado en el juicio que el jefe de la UDEF en 2009 le confesó que él había filtrado a Cospedal uno de los documentos incautados al número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, sobre la presunta relación de Luis Bárcenas con el caso de corrupción.

A preguntas de la abogada del PSOE, Morocho ha dicho que identificaron las siglas L.B en los documentos incautados al grupo de Correa por la suma de varios indicios. Uno de ellos fue una copia digital de un fax en la que el número dos de la trama, Pablo Crespo, identifica a Luis Bárcenas al lado de esas siglas. El documento está relacionado con “unas instrucciones concretas” sobre unos proyectos a los que aspiraba el grupo Ros Roca en Castilla y León.

En ese momento, José Luis Olivera era el jefe de la unidad anticorrupción de la Policía y, por tanto, jefe de Morocho. Así ha relatado el policía lo ocurrido ante el tribunal del caso Kitchen: “Me dice: oye, dame el fax. Yo se lo di, como otros documentos que me pedía. Me dijo: 'ese documento ya me he encargado yo de que lo tuviera Cospedal'. Yo me quedé estupefacto. Me dijo: 'Lo tiene en su caja de seguridad'. No sabía qué decirle ni por donde me venían los tiros. Era un documento importante para construir la prueba en el procedimiento”.

La revelación de Morocho ahonda en los indicios sobre cómo los mandos policiales Villarejo y Olivera sabotearon el caso Gürtel, mucho antes de que arrancara la pieza de la caja B del PP. En una grabación de Villarejo se le escucha contar a la comunicadora Ana Rosa Quintana cómo él mismo y Olivera, que está presente en el encuentro, evitaron que el caso Gürtel alcanzara a la cúpula del Partido Popular.

La filtración del documento a Cospedal se produjo durante el Gobierno socialista de Zapatero y en fechas próximas a que Villarejo conociera a la secretaria general y esta, junto a su marido, anticipara al policía el encargo de “trabajos puntuales”, tal y como recoge una grabación realizada en pleno estallido del caso Gürtel.

Cospedal ignoró durante su declaración como testigo el textual de las grabaciones que constan en la causa Kitchen de ella hablando con Villarejo y, sobre el encargo de trabajos al comisario, se limitó a negarlos. “Yo no le hacía encargos. Le hacía preguntas”, aseguró la antigua número dos del PP.

Los primeros fiscales Anticorrupción del caso intentaron indagar en la relación entre Villarejo y Cospedal desde su inicio, pero a eso también se negó el instructor de la causa, el juez Manuel García Castellón. El magistrado archivó la investigación contra ella en un auto en el que dejó por escrito que las reuniones entre la política y el comisario estaban amparadas por el “derecho de reunión”.

Tanto Villarejo como Olivera están en el banquillo de los acusados como partícipes de la operación de sabotaje a la causa judicial de la caja B del PP. A Olivera se le acusa de haber intentado sobornar a Morocho con un puesto en Lisboa, primero, y luego en la embajada que él quisiera. Ambos puestos estaban altamente remunerados.

El policía ha vuelto a explicar estos hechos en la jornada de este miércoles y su negativa. Olivera recibió una llamada de alguien a quien llamó “ministro” durante el encuentro del ofrecimiento y lo utilizó para demostrar a Morocho que la oferta estaba avalada por el propio Jorge Fernández Díaz.

'Cospedín' supervisaba el trabajo de Morocho

Otro de los indicios que ha apuntado a Cospedal durante esta jornada ha sido la afirmación de Morocho de que los informes que él realizaba sobre la caja B del PP se demoraban meses en la mesa de sus superiores antes de ser enviados al juzgado. Esos informes eran analizados por un inspector jefe entonces sin competencias para ello, Andrés Gómez Gordo, al que sus compañeros llamaban “Cospedín”.

Gómez Gordo había regresado a la Policía para gestionar la colaboración del topo Sergio Ríos. Cuando se captó al chófer de la familia Bárcenas, Gómez Gordo trabajaba como jefe de la escolta de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Se sienta en el banquillo de Kitchen con una petición de cárcel de Anticorrupción de 15 años.

Morocho ha afirmado que supo de la intervención de Gómez Gordo sobre sus informes porque “un día se le escapó” a Manuel Vázquez, 'el Fiti', jefe en ese momento de la UDEF y que ha declarado como testigo en Kitchen.

La gravedad de la intervención de Gómez Gordo radica en que, según ha deslizado Morocho, está vinculado con que el Partido Popular tenía los informes de la Policía y de Hacienda sobre el caso de la caja B antes que el juez. “Era consciente, yo no, el auto de diciembre de 2013 del juez Ruz, en el sentido de que había un conocimiento de la representación del PP de los informes de la Agencia tributaria y la Policía, puesto que critican el contenido y lo ponen en un papel. Estaban tanto tiempo [en manos de sus jefes] hasta que se entregaban que eran escrutados desde diferentes ángulos”, ha expuesto el policía.