La imputación del jefe de la UDEF con el Gobierno del Partido Popular José Manuel García Catalán es el último episodio de una instrucción judicial, la de las maniobras policiales contra Podemos, que avanza lentamente en la Audiencia Nacional desde que se abrió hace más de dos años. El principal impulso de las actuaciones procede de los abogados de la formación política, que vienen solicitando al juez unas diligencias de investigación que suelen ser acordadas por el apoyo puntual del fiscal o porque la Sala de lo Penal ordena a Santiago Pedraz que las practique, después de que este las haya rechazado en primera instancia. En estas fechas se cumplen diez años de los hechos investigados y la prescripción planea en contra de las víctimas y a favor de los presuntos culpables. 

En el caso de la guerra sucia a Podemos no hay una unidad especializada que actúe como policía judicial, como suelen encargar los jueces a la UCO de Guardia Civil o la UDEF de Policía Nacional en casos complejos. Por tanto, no hay atestados policiales que presenten al juez los indicios sobre los que actuar. Cuando los letrados de Podemos logran sortear las reticencias del magistrado instructor, Pedraz ordena a la Unidad de Asuntos Internos que recabe documentación de los archivos policiales o cita a tal o cual testigo o investigado. Y ahí acaba su colaboración. Aun así, la impunidad con la que se manejó la Policía contra Podemos en tiempos del PP dejó tal reguero de pistas que ha sido posible aflorar, muy lentamente, maniobras hasta ahora ocultas, así como a sus responsables.

Un ejemplo de la lenta marcha del caso se escenifica en una de sus vertientes, el montaje de la cocaína a Miguel Urbán. Pese a los indicios de que fue un caso inverosímil y fabricado para acceder a las cuentas del partido y acusarle de financiación irregular, su principal responsable, el comisario José Luis Olivera sigue sin ser investigado. 

La tesis de Pedraz es que la declaración de un testigo que se inventó la disparatada historia ya justifica que Olivera, que dirigía un órgano de coordinación policial sin agentes operativos, ni confidentes, abocara a la Fiscalía a abrir unas pesquisas al máximo nivel. Olivera consiguió que en la investigación prospectiva contra Podemos participaran las unidades de la Policía especializadas en antidroga y contra los delitos económicos complejos. Recientemente, los magistrados de la Sala de lo Penal han asumido el argumento de Pedraz para no imputar por ahora a Olivera aunque han dejado una puerta abierta para que eso cambie en el futuro.

Pedraz se negó a investigar el montaje de la cocaína a Miguel Urbán en dos ocasiones. Primero, rechazó que el fundador de Podemos se personara como perjudicado en la causa, a raíz de la información de elDiario.es que desveló el montaje. Otro juzgado había inadmitido una querella presentada por el propio Urbán. Finalmente, la Sala de lo Penal ha obligado al juez Pedraz a investigar los hechos. Ahora, hay investigación pero no investigados.

El confidente que se inventó la historia ha declarado como testigo en una comparecencia repleta de olvidos difíciles de explicar. Pedraz se ha negado a imputarle. Tampoco ha rechazado investigar a uno de los mandos que dijo presenciar la colaboración del chivato con otros agentes desde una mesa próxima. Este policía que ha salvado la imputación le dijo al juez que solo intercambió unas palabras con el autor del invento de la cocaína, pero que su breve charla solo versó sobre “auriculares”.

El juez decidió en febrero de 2024 admitir una querella de Podemos por las maniobras del Ministerio del Interior contra la formación política en tiempos del Partido Popular. Parecía que así se cerraba uno de los grandes espacios de impunidad de aquel periodo. Jueces y fiscales se han negado a abrir hasta ahora una causa centrada en la Operación Cataluña, contra los líderes del proceso soberanista. Por su parte, el caso Kitchen ha llegado a juicio con Jorge Fernández Díaz como supuesto máximo responsable, después de que el juez García Castellón cerrara abruptamente la investigación a María Dolores de Cospedal y evitara esclarecer el papel de Mariano Rajoy. 

La única causa que había abordado las maniobras contra Podemos fue el caso Dina, una pieza de la causa Villarejo sobre el robo y difusión del contenido de un teléfono móvil a una estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. Pero el juez García Castellón pronto dio un volantazo y convirtió en sospechosos a quienes la Audiencia tuvo que devolver con el tiempo su condición de perjudicados, la propia Dina Bousselham y Pablo Iglesias. 

La querella de Podemos se presentó por organización criminal, apoderamiento, revelación de secretos, prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación de fondos públicos y un delito contra las instituciones del Estado, si bien estos últimos quedaron fuera de la admisión a trámite de Pedraz. El juez también rechazó otorgar la condición de investigados, por falta de indicios contra ellos, al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al director de la Policía entonces, Ignacio Cosidó. 

Así, la lista de imputados hasta ahora está encabezada por el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que siguen varios mandos policiales, miembros de la brigada política que puso en marcha el PP en el Gobierno. 

Operación Bolívar. Operación Venus

En la causa se investigan varias maniobras contra Podemos, casi todas concentradas en el primer semestre de 2016. En diciembre de 2015, Podemos había obtenido 69 diputados, lo que amenazaba el Gobierno del PP si se daba un pacto de coalición. Hasta las elecciones de junio de 2016, se prodigaron las investigaciones prospectivas, los dosieres policiales y las informaciones periodísticas basadas en los anteriores. Entre las principales maniobras de la brigada política y la prensa afín está la redacción y difusión del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o  el viaje a Nueva York de tres mandos policiales para manipular pruebas contra Podemos por “mandato” de Rajoy.

El juez, sin embargo, se ha negado a incorporar los expedientes completos de Bolívar y Venus, como bautizó la UDEF las operaciones que intentaron mantener vivas, sin éxito, las citadas maniobras contra Podemos del informe PISA y el viaje a Nueva York. Podemos también le ha pedido que investigue cuánto dinero público se empleó en ello. El juez ha dado un no por respuesta. El magistrado ha hecho lo propio con la solicitud de documentación que sobre el montaje a Urbán conste en la unidad antidroga de la Policía. 

En la causa también se investiga el invento de la falsa cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas. En este caso, la investigación ha permitido determinar con precisión cómo la policía política del PP construyó el bulo en apenas tres semanas. El venezolano que fabricó el documento para la brigada política, que publicó Okdiario, está en paradero desconocido. 

Pedraz se negó a imputar al policía que consultó a Pablo Iglesias en las bases de datos policiales con la excusa de que pertenecía al círculo más próximo a un investigado por narcotráfico, en este caso Miguel Urbán. La Sala de lo Penal le obligó a rectificar. El juez también ha rechazado la imputación del jefe que antecedió en la UDEF a José Manuel García Catalán, Manuel Vázquez, ‘El Fiti’. 

La causa contra Podemos está huérfana de los comentarios que Villarejo anotaba en sus agendas sobre la guerra sucia contra Podemos, casi desde que el partido se creó. El juez Santiago Pedraz ha rechazado recabar al Juzgado que investiga al comisario esos dietarios y tampoco las grabaciones que aludan a la guerra sucia contra el partido.

Reconstruir la historia de Interviú sin quedarse solo con lo bueno (que lo hubo) o limitarse a subrayar su machismo o su falta de ética en algunas investigaciones no era un ejercicio sencillo. El periodista Jerónimo Andreu lo ha conseguido en 'Los desnudos y los muertos' (Península).

Interviú no se explica sin la figura de su editor, Antonio Asensio, y una redacción que pasó de fiscalizar a la policía a ser la revista preferida en las comisarías. De haber sobrevivido al cierre, en 2018, ahora cumpliría 50 años.

¿Cómo explicaría qué era Interviú a alguien que se informa a base de tiktoks?

Fue un proyecto muy comercial, porque esto lo montaron con la intención de ganar dinero, un poco aprovechando las grandes vetas que se podían explotar dentro de la prensa, que eran el sexo, los escándalos, los sucesos, la sangre... No era una revista de ideas ni con una vocación ideológica.

Antonio Asensio, José Ilario y Jerónimo Terrés identificaron muy bien qué interesaba al lector español y construyeron un producto perfectamente adaptado a eso. Fueron muy inteligentes leyendo el momento social.

Además, durante unos años hizo aportaciones periodísticas importantes: denuncias sobre la extrema derecha, la guerra sucia, el búnker franquista o la memoria histórica. Tuvo una utilidad social real. El problema llegó cuando España cambió y la revista no supo adaptarse. Su propuesta quedó anticuada estética, ética y periodísticamente. Interviú tuvo un auge muy fuerte y después una decadencia larguísima.

¿Quién fue Antonio Asensio? ¿Era el retrato del lector medio de aquella España?

Completamente. El secreto del éxito de Interviú fue la armonía perfecta entre su editor y el producto que estaban haciendo.

Cuando empezó a implicarse directamente en la revista, el proyecto creció muchísimo porque tenía un gran instinto. Construía una revista basada en sus propios intereses y gustos. Incluso su familia participaba indirectamente: opinaban sobre portadas, fotografías o colaboradores. La gente también te cuenta cómo su mujer, Chantal, decía si una portada funcionaría o si no le gustaba. Era un producto muy conectado con una determinada clase social emergente de la época.

¿Qué queda de aquel periodismo de batalla, además del archivo?

Bueno, ese archivo es un misterio. 

¿Un misterio?

El archivo se lo quedó Prensa Ibérica, está guardado y no se puede acceder a él. Debe ser uno de los archivos más importantes de la prensa española porque tiene un valor histórico tremendo, pero no se puede consultar porque no está dentro de la línea de negocio... 

¿Ha intentado consultarlo para el libro y no ha podido? 

No, porque está en cajas.

Más allá de la hemeroteca, ¿queda algo de aquel tipo de periodismo? 

Todavía quedan algunos rescoldos. Muchos veteranos de Interviú dicen que hoy disfrutarían investigando casos actuales como el de Ábalos con la misma agresividad de entonces.

La diferencia es que ahora el periodismo vive debates éticos mucho más presentes. En Interviú había pocos frenos. Algunos reporteros consiguieron grandes exclusivas, pero también existían prácticas muy cuestionables para obtener información o tratar a las fuentes.

Hay que entender que España estaba construyendo entonces los límites de la política, el discurso público y el periodismo. Muchos periodistas venían del exilio o de ambientes militantes y entendían el periodismo como una herramienta política. Igual que te digo que para Asensio eso no era un proyecto ideológico, para ellos sí, ellos querían cambiar el país.

¿La ética periodística era secundaria?

En muchos casos sí. El objetivo principal era publicar información que tuviera impacto político y ampliara los márgenes de libertad.

Eso provocó errores graves. Uno de los ejemplos más conocidos fue el caso de Xavier Vinader, cuando publicó una acusación muy seria sobre grupos de extrema derecha, solo a partir de la información de un policía infiltrado, sin contrastarla suficientemente. Uno de los señalados mandó una carta negándolo y asegurando que la revista le ponía en peligro. Interviú no rectificó ni la publicó. ETA le mató a él y a otro de los mencionados.

En 'Interviú' había pocos frenos. Algunos reporteros consiguieron grandes exclusivas, pero también existían prácticas muy cuestionables para obtener información o tratar a las fuentes.

La redacción que describe parece bastante caótica.

Lo era. Existe mucha mitificación sobre las redacciones antiguas: alcohol, humo, noches eternas… Tiene cierta épica, pero probablemente poca gente querría trabajar hoy en un ambiente así.

Había muchísimo exceso, también mucho ego y competitividad. Se mitifican las redacciones antiguas porque hay mucha poesía, la gente bebiendo y todo eso. Pero luego te preguntas si a ti te gustaría trabajar en ese ambiente.

Aun así, de ese caos salieron investigaciones muy importantes.

¿Cuáles fueron las grandes aportaciones periodísticas de Interviú?

Toda la invención del género de la memoria histórica tiene mucho valor. Durante la Transición, la revista publicó investigaciones fundamentales sobre torturas, extrema derecha… Hicieron una labor de control del Estado, fueron los primeros que publicaron cosas sobre los GAL o el asesinato de Yolanda González. También fueron los primeros en publicar sobre la trama Gürtel, cinco años antes que El País y El Mundo.

Además, tenían algo poco habitual: cubrían historias de corrupción local en pueblos y ciudades pequeñas que no interesaban a los grandes periódicos.

En el libro explica cómo Interviú pasó de fiscalizar a la policía, por ejemplo explicando qué ocurría en el cuartel de Intxaurrondo, a convertirse casi en una revista policial.

Sí, y es uno de los procesos más interesantes. En sus inicios tenían contactos con grupos de extrema izquierda o ambientes antifranquistas. Con los años, esas fuentes perdieron importancia y la información policial se convirtió en el gran motor de muchas exclusivas.

Los reporteros cultivaron muchísimo las relaciones con policías y comisarías. Interviú acabó siendo muy valorada dentro de ciertos sectores policiales. La revista cumplía todos esos códigos que a los policías les encantaban.

Uno de los directores de Interviú fue Agustín Valladolid, que había sido el jefe de comunicación del Ministerio del Interior muchos años y hombre fuerte de Rafa Vera y Barrionuevo. Cuando él llega, rehace la plantilla, se deshace de todos los viejos y ficha gente dentro del concepto que tiene del periodismo.

En sus inicios, sus periodistas tenían contactos con grupos de extrema izquierda o ambientes antifranquistas. Con los años, esas fuentes perdieron importancia y la información policial se convirtió en el gran motor de muchas exclusivas.

¿Qué papel tuvo Villarejo en los últimos años de la revista?

Hay un momento en que la revista ha perdido muchas fuentes, para mucha gente está denostada y, de lo poco que tiene es José Manuel Villarejo. Fue una fuente muy importante, como lo fue para muchos medios. La diferencia es que otros periódicos tenían más contrapesos internos. 

Cuando metí con el libro una de las cosas que quería saber es si Villarejo había utilizado Interviú como una terminal mediática y él lo dominaba, porque hay gente que tenía esa impresión, incluso dentro de la revista o si no, si simplemente Villarejo había actuado en Interviú como en otros sitios y lo que pasa es que se había encontrado que era una gacela coja y que le compraba todas las mercancías escacharradas. Mi impresión es que pasó esto último.

No creo que Villarejo controlara la revista, pero sí encontró un medio muy vulnerable y dispuesto a publicar informaciones con pocos filtros.

De todos los personajes que tuvieron relación con el editor de Interviú, uno de los que aún sigue en activo es Miguel Ángel Rodríguez. Entonces amenazó a Asensio con quitarle su canal de televisión, Antena 3, y ahora a elDiario.es nos dijo que nos trituraría. El periodismo ha evolucionado, pero hay personajes que no lo han hecho.

El periodismo ha evolucionado, pero los mecanismos de poder siguen siendo muy parecidos. Miguel Ángel Rodríguez siempre quiso controlar totalmente los medios. Asensio, en cambio, tenía una posición más inestable: fundó su empresa con créditos y dependía constantemente de negociar con unos y otros. Eso le daba cierta independencia, aunque también lo obligaba a hacer favores y mantener equilibrios complicados.

Asensio refleja bien la evolución política y social de España: primero, en la etapa del PSOE hegemónico, todo giraba alrededor de los socialistas; después, cuando ese dominio se rompe, se acerca a la derecha. Pero en Catalunya también dependía de Pujol, que entonces mantenía buena relación con Moncloa, así que Asensio jugaba continuamente a marcar distancias y acercamientos según le convenía.

Esa ambigüedad no le gustaba a Miguel Ángel Rodríguez, que quería lealtad absoluta. Cuando Asensio estaba en Antena 3, Rodríguez pensó que controlaría los informativos, pero Asensio tenía demasiados intereses repartidos y trató de escapar de ese control. Entonces Rodríguez le advirtió que iba a “crujirle”. Finalmente, Asensio salió muy perjudicado de Antena 3: aparecieron denuncias anónimas en la Fiscalía y acabó vendiendo la cadena a Villalonga, dentro del proyecto del PP para crear un gran grupo mediático. Es decir, las amenazas no solo existieron, sino que terminaron materializándose.

¿Quién fue el mejor director de Interviú?

Diría que los tres primeros directores representan la etapa más brillante: Álvarez Solís, Darío Giménez y Álvarez Puga. Y luego Ignacio Fontes, que probablemente fue el director más representativo del mejor Interviú: un periodista muy querido dentro de la revista y con una visión periodística exigente, incluso trabajando en un medio sensacionalista.

Ahora no sé si le pongo en un compromiso: ¿Y el peor?

No es por el compromiso, es porque igual es cruel. No sé, ahí estuvo Cavero, que fue el que hizo el ERE. Él venía de la radio y le interesaba poco la prensa. Estuvo también Paco Mora, que tenía muchos contactos dentro de la Guardia Civil y el Ejército. A Asensio en ese momento le interesaba alguien así. Creo que a esos dos directores se les podría atribuir la decadencia. 

La revista nunca supo desprenderse de los desnudos.Tenían miedo de perder a sus lectores tradicionales y no sabían cómo reinventarse. Mientras la sociedad cambiaba, ellos seguían atrapados en el mismo modelo

¿El gran problema de Interviú fueron los desnudos?

Sí, la revista nunca supo desprenderse de ellos. Tenían miedo de perder a sus lectores tradicionales y no sabían cómo reinventarse. Mientras la sociedad cambiaba, ellos seguían atrapados en el mismo modelo.

La decadencia fue muy larga. Se pasaron casi dos décadas publicando desnudos de concursantes de Gran Hermano. La evolución de esas portadas explica perfectamente la evolución de la propia revista: de la provocación política y cultural inicial a un modelo completamente agotado.

¿Fue un milagro que sobreviviera 42 años? Nunca se adaptaron a la transición digital.

Sí. Nunca entendieron del todo internet ni los cambios tecnológicos, pero el gran problema fue editorial. La revista no supo reinventarse. Incluso muchos redactores reconocían que ya les daba vergüenza llevarla en público.

Interviú sobrevivió demasiado tiempo intentando mantener vivo un modelo que pertenecía a otra época.

El protagonista ausente del juicio del caso Kitchen es el comisario Enrique García Castaño, conocido en la Policía como 'El Gordo'. Las graves secuelas que sufre por un accidente cardiovascular motivaron que todas las imputaciones que pesaban sobre él en la macrocausa Villarejo fueran archivadas, también las derivadas de su papel destacado en el espionaje a Luis Bárcenas. Sus declaraciones durante la instrucción, cuando aún conservaba la salud, supusieron un hito: 'El Gordo' confesó la existencia de la operación, su participación en ella, que el objetivo era sustraer los “discos duros” de la caja B del PP y que él mismo recibió la orden de la cúpula del Ministerio del Interior para recuperarlos.

Las acusaciones solicitaron incorporar su testimonio al juicio. Desde el lunes de la semana pasada, el tribunal ha escuchado nueve horas de preguntas y respuestas del comisario durante siete comparecencias ante el juez Manuel García Castellón, entre enero de 2019 y diciembre de 2020. A diferencia del resto de jornadas del juicio, que comenzó el 6 de abril, estas sesiones no se han podido seguir a través de YouTube. El tribunal que preside Teresa Palacios ha alegado que durante las declaraciones de García Castaño se reprodujeron audios grabados por Villarejo y que, tanto en esos como en otras grabaciones del comisario, aparecen datos que afectan a la privacidad de terceros.

La vista es pública, por lo que cualquiera puede acceder a la sala de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). Desde el lunes de la pasada semana y hasta este miércoles, sesión incluida, la retransmisión por Internet ha estado cortada. Los espectadores por la web podrán regresar al juicio el jueves, cuando el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez abra el turno de las declaraciones a los acusados.

elDiario.es ofrece a continuación una muestra de los audios que se han reproducido en la sala del juicio durante estas dos semanas y que no han podido ser seguidas en la retransmisión.

“Me comenta que en los discos duros está toda la contabilidad en A y en B”

Después de dos declaraciones en las que intenta esquivar la existencia de una operación ilegal y su responsabilidad en la misma, García Castaño comparece el 26 de marzo de 2019 como investigado y asegura desde el principio que va a colaborar. Cuenta que el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, le había encomendado vigilancias a la familia Bárcenas porque las que realizaba la Unidad de Asuntos Internos no estaban dando resultado. Y que, en un momento dado, le dice que vaya a ver al número dos de Interior, Francisco Martínez.

“Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay es que de la información que este señor ha robado o se ha llevado, no sé cómo ha hecho, unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor. Por un lado, las donaciones que se le daban, que no se sabía cuántas donaciones, cuánto recibía y cuánto se quedaba. Por otro lado, los pagos que hacía en B y los pagos que no hacía en B y todo ese tipo de cosas”, dice ante el juez El Gordo, jefe entonces de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, la élite en captación de fuentes, vigilancias y espionaje electrónico.

García Castaño acaba de confesar una orden desde la cúpula del Ministerio del Interior en 2013 para recuperar las pruebas –“discos duros”– que, al parecer, se había llevado Bárcenas de la sede de Génova sobre la caja B del partido en el Gobierno. El caso costaría el poder al PP mucho después, en 2018, cuando la primera sentencia del caso Gürtel dio por probada esa financiación irregular del partido durante al menos dos décadas, lo que motivó una moción de censura.

“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”

La frase que sentencia la implicación de Cospedal en la Operación Kitchen no ha podido ser escuchada tampoco mientras era reproducida en el juicio. Cospedal le da instrucciones a Villarejo para que evite la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del Partido Popular. Él le asegura que se pone manos a la obra. Cospedal declaró en el juicio, esta vez en abierto, que no había hablado nunca por teléfono con Villarejo. Esta es la evidencia de que mintió. Solo las informaciones periodísticas han permitido que se conozca.

“No te he podido conseguir más que billetes de 500”

La Operación Kitchen, como el resto de piezas del caso Villarejo, parte de la documentación incautada al comisario durante su detención en noviembre de 2017. En una de esas grabaciones aparece él mismo entregando la mensualidad de los fondos reservados que cobró durante dos años Sergio Ríos Esgueva, el chófer de la familia Bárcenas. Son 2.000 euros que en esta ocasión Villarejo le lleva en billetes de 500 euros. “No te he podido conseguir más”, le dice en referencia a que no ha podido llevarle billetes de menos importe.

Esa grabación es una de las pruebas del empleo de los fondos reservados, dinero público, en el pago de una operación que tenía como objetivo beneficiar al PP destruyendo las pruebas que le incriminarían en una causa judicial. En casa de Villarejo también aparecieron justificantes de los pagos al chófer.

“Llevaba una figura religiosa, por si alguien me veía”

El testimonio de García Castaño implicó el reconocimiento de varios delitos. Entre ellos, la sustracción de información de los teléfonos de Bárcenas que le suministró el chófer o el allanamiento de un local de Rosalía Iglesias donde supuestamente estaba el pendrive con las grabaciones del tesorero a Mariano Rajoy y Javier Arenas sobre la caja B del partido.

El comisario asegura que allí dentro no había nada mientras que Bárcenas ha declarado en el juicio que en un arcón guardó la memoria portátil donde se hallaban esas grabaciones y que dos meses después de salir de la cárcel fue a recogerlo y ya no estaba.

“Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”

Después de que estalle el escándalo de la Kitchen, los implicados empiezan a tomar posiciones para defenderse. En una reunión entre García Castaño y Villarejo este incita a su compañero a que amenace al número dos de Interior, Francisco Martínez, con tirar de la manta y difundir el material que tiene del PP.

La conversación es confusa, pero Villarejo parece aludir a los audios que incriminan a Rajoy, sobre todo uno en el que aparecería destruyendo la hoja de liquidación de la caja B de su partido. García Castaño dice que él no tiene nada, apenas “cuatro cosas de Bárcenas”. Villarejo sigue en su tesis: “¿Te parece poco? ¿Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que comprometían al presidente? No me jodas, macho...”. En un momento dado, García Castaño ha dicho: “Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”.

“Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”

Uno de los aspectos de malversación de fondos públicos que se investiga en el juicio es el ingreso en la Policía del chófer de los Bárcenas con 42 años. El principal indicio es que Villarejo aparece en una grabación proponiendo la maniobra al secretario de Estado de Seguridad. “Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”, dice en el audio el comisario. Se refiere a que si ingresa en el Cuerpo, Sergio Ríos Esgueva nunca contará lo que hizo.

Los técnicos del Centro Criptológico Nacional y de la Policía han ratificado este martes en el juicio del caso Kitchen que aproximadamente la mitad del archivo encriptado que se incautó al comisario José Manuel Villarejo en 2017 no ha podido ser abierto y que su contenido quedará oculto a no ser que el propio policía lo desvele. Los especialistas pudieron acceder a 44 de los 92 archivos encriptados y, tal como reveló elDiario.es en mayo de 2022, abandonaron los trabajos hace más de seis años, en febrero de 2020.

“Un año después de recibirlo dejamos de trabajar sobre las cabeceras. El último resultado fue en marzo de 2019 y se dejó de trabajar en ellos en la pandemia, un año después”, ha explicado al tribunal uno de los técnicos del Centro Criptológico Nacional (CCN), perteneciente al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los dos funcionarios han declarado por videoconferencia, no ha aparecido su imagen y sus voces han sido distorsionadas.

Los archivos habían pasado antes por la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía, por el Instituto de Ciberseguridad (Incibe), dependiente de Economía, y finalmente por el Centro Criptológico Nacional. Los técnicos del CCN han explicado que, tras un año sin obtener resultados, plantearon a su jefe la conveniencia de abandonar los trabajos ante la imposibilidad de avanzar mientras no dejaban de “consumir recursos”. Tras consultar con el servicio jurídico se trasladó al magistrado del caso, Manuel García Castellón y se abandonaron los trabajos.

Los archivos incautados al comisario Villarejo han motivado la apertura de más de 40 investigaciones en la Audiencia Nacional que afectan a la élite empresarial, política y mediática del país. Una de esas piezas, la número 7, sienta en el banquillo al primer ministro del Interior del Gobierno de Rajoy, a su número dos y a un grupo de mandos policiales. Otra de las piezas afectaba a la Jefatura del Estado, centrada en los contactos de Villarejo con la antigua pareja extramatrimonial de Juan Carlos I, la comisionista Corinna Larsen.

Los técnicos del CCN han relatado que los archivos estaban encriptados con el sistema Truecrypt, que puede ser utilizado por un usuario medio pero que no ofrece vulnerabilidades. Eso implicó que tras los primeros trabajos se pasase al uso del sistema conocido como “fuerza bruta”, consistente en que los potentes ordenadores del CCN van probando sucesivas contraseñas. “Puede llevar siglos”, ha dicho uno de los técnicos.

Los especialistas de la Policía y del CNI han explicado que ellos nunca tuvieron acceso a los archivos en sí sino a las “carátulas” de los mismos. “Es como recibir la cerradura del almacenamiento pero no todo el dispositivo”, han explicado. Los agentes han precisado que periódicamente informaban al juzgado de sus avances y que si no había ninguna evolución también se comunicaba a la Audiencia Nacional.

elDiario.es publicó una nota de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, en la línea de lo explicado hoy por los técnicos. “Por la experiencia en otros casos, en los primeros meses se obtienen algunas contraseñas, normalmente las más sencillas o las que se pueden deducir de los diccionarios creados. Posteriormente, en algunas ocasiones, tras varios meses o años de pruebas, se obtiene alguna nueva contraseña, pero en otras ocasiones no se recuperan nunca”, advertía Esteban.

La respuesta era una contestación al juez Manuel García Castellón, quien se había dirigido al CNI para que le facilitara una previsión de su trabajo. Esteban comienza explicando al juez a qué se enfrentan: “La aplicación de cifrado Truecrypt, utilizada en el procedimiento de referencia, es criptológicamente segura y no se conoce ninguna debilidad que pueda ser utilizada en el descifrado. La única forma de poder descifrarla es obteniendo la contraseña que ha sido utilizada”.

“En el caso de la citada aplicación –continúa–, las contraseñas pueden ser textos de longitud ilimitada de caracteres, lo que hace inviable probar todas las contraseñas posibles. En consecuencia, teniendo en cuenta que solo pueden realizar pruebas con las contraseñas más probables, la previsión de los avances que se pueden producir es totalmente desconocida”.

En este sentido, los agentes del CNI han dicho este martes en el juicio que se les entregaron 92 cabeceras y que obtuvieron, a partir de ellas, 29 claves con las que abrieron 40, a las que hay que sumar 4 del Incibe. El listado de posibles contraseñas se conoce como “diccionario” y se elabora a partir de los datos conocidos de la persona que ha creado las claves, por si hubiera utilizado aspectos personales, como lugares con los que está vinculado, fechas… Después, se trata de generar claves hasta llegar a alcanzar la velocidad de millones por segundo, dependiendo de la capacidad tecnológica de cada organismo. 

Los técnicos del Centro Criptológico han dicho hoy: “A partir de ahí es intentar suponer qué ha puesto el otro señor: combinar diccionarios, combinaciones… De las contraseñas que obtuvimos no pudimos acertar las otras 48 contraseñas, a partir de los otros datos. Si él seguía una lógica determinada nosotros no llegamos a obtenerla”.

Por primera vez una sentencia judicial da por acreditada la guerra sucia sin muertos que practicó el Gobierno del Partido Popular contra Podemos, especialmente virulenta cuando en 2016 la formación vislumbró la posibilidad de alcanzar el poder. La Audiencia Nacional ha condenado al comisario José Manuel Villarejo a 3 años y medio de prisión por haber entregado a dos medios de comunicación la tarjeta de un teléfono previamente robado, propiedad de Dina Bousselham, estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. El objetivo, dice el fallo, era “el descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general”.

En el momento de los hechos, Villarejo era un puntal del grupo de mandos policiales, la brigada política, que actuaban en las operaciones Cataluña y Kitchen, las otras dos patas de la guerra sucia del Partido Popular. Por el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, Villarejo se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 19 años de cárcel en un juicio que se celebra estos días. 

La sentencia de la Sección Tercera considera probado que Okdiario y El Confidencial publicaron varias informaciones que redundaban en el “descrédito” de Podemos y de su partido a partir del material contenido de la tarjeta del móvil Dina Bousselham. A los periodistas les llegó el material robado de manos del comisario Villarejo, condenado en consecuencia por un delito de revelación de secretos. 

“El acusado José Manuel Villarejo Pérez descargó sus archivos [de la tarjeta] en un lápiz de memoria, creando los días 14 de abril y 11 de julio de 2016, dos carpetas tituladas Dina 2 y Dina 3, haciendo entrega de tales archivos descargados a periodistas de su círculo de confianza, entre los que uno y otros eran recíprocamente fuentes informativas, para que se elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general, Pablo Iglesias Turrión”, describe el fallo. 

Okdiario sacó de la tarjeta material para ocho informaciones periodísticas sobre comentarios de Pablo Iglesias y otros líderes del partido en un chat. El Confidencial, por su parte, publicó tres noticias con material de la tarjeta, según el fallo. Previamente, dos periodistas del Grupo Zeta habían hecho entrega al comisario de una copia de la tarjeta que aseguran había llegado de forma anónima a su medio. 

Tres batallas de la guerra sucia

El Ministerio del Interior desarrolló al menos tres operaciones de carácter político contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Una de ellas se juzga estos días, consistente en utilizar a la Policía para hacer desaparecer las pruebas que el tesorero del PP Luis Bárcenas pudiera tener sobre la financiación irregular del partido. 

La primera de esas maniobras extrajudiciales fue la Operación Cataluña. Como en el caso de Podemos se buscaba el descrédito de unos políticos, los líderes del proceso soberanista. El desinterés o la negativa de jueces y fiscales ha motivado que la Operación Cataluña no sea objeto de una gran causa judicial en la Audiencia Nacional, si bien el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia firme por una de sus escaramuzas: el intento de introducir material robado sobre los Pujol en el caso contra el expresident y su familia. El director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino fue condenado a un año por revelación de secretos. Ahora se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en el caso Kitchen.

La guerra sucia contra Podemos es investigada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional entre continuas cortapisas. El juez Santiago Pedraz admitió en febrero de 2024 una querella del partido a partir de los mensajes incautados al ex número dos de Interior en el caso Kitchen sobre las maniobras contra la formación política. Desde entonces el caso avanza lentamente y casi únicamente por el impulso de los abogados de la formación política. 

Las declaraciones de testigos e imputados, así como abundante documentación incorporada a la causa, han ido permitiendo cuadrar el puzle de la guerra sucia contra el partido. Este avance se ha producido pese a obstáculos como la negativa del juez a solicitar información clave a la Policía o la de incorporar a la investigación el montaje contra el fundador de Podemos Miguel Urbán. La Policía acusó falsamente a Urbán de financiar el partido con la venta de 40 kilos de cocaína con el objetivo final de atribuir financiación irregular a Podemos. En unos casos y otros las decisiones de Pedraz han sido corregidas por la Sala de lo Penal. 

Esos obstáculos judiciales a esclarecer la guerra sucia contra el partido de Iglesias tienen un precedente en la actuación del instructor de la causa Tándem o Villarejo, donde se enmarcó la pieza Dina. El juez Manuel García Castellón quiso convertir los indicios contra Villarejo en una causa contra el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por haber guardado la tarjeta que le dieron los periodistas de Zeta durante seis meses sin informar a su colaboradora. 

García Castellón dirigió todos los esfuerzos del caso Villarejo, entonces la entonces causa judicial más relevante en los tribunales, en lograr la imputación del vicepresidente del Gobierno progresista. Finalmente, el Tribunal Supremo rechazó imputar a Iglesias ante el relato sin fundamento e interesado de García Castellón. 

La sentencia del caso Dina no ahonda en si Villarejo actuó a las órdenes de sus superiores, embarcados, por otra parte, en una operación para dañar a Podemos, muy intensa en el momento de la filtración de la tarjeta de Bousselham a medios afines. El fallo dice incluso que no elaboró notas informativas, como sí hizo en la operación Cataluña, sobre el asunto de Podemos. 

Una nota informativa sobre Podemos atribuida a Villarejo, que no consta en el procedimiento Dina, ya forma parte de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 sobre la guerra sucia a Podemos. Se trata de un escrito sobre la supuesta existencia de “pitufeo” —un método de blanqueo de capitales en pequeñas cantidades— dentro del partido y que se utilizó para vincular la falsa venta de cocaína por Urbán con dicha práctica. 

Las agendas de Villarejo

Por otra parte, las agendas de Villarejo describen que el comisario atacó a la formación política prácticamente desde su formación y que lo hizo en contacto permanente con la cúpula del Ministerio del Interior. Las agendas son valoradas por los investigadores como un indicio consistente que luego se debe contrastar con hechos acaecidos. El investigador policial del caso Villarejo lo enunció así en el juicio de Kitchen: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. [Las agendas] eran para consumo interno”.

La sentencia del caso Dina ha sido dictada por los tres mismos jueces que integran el tribunal del caso Kitchen. Su ponente, como ocurrirá con el fallo del espionaje a Bárcenas, ha sido la presidenta de la Sección Tercera, Teresa Palacios. La mención a que Villarejo no tenía encomendada formalmente ninguna investigación sobre Podemos puede ser una señal sobre el futuro fallo e Kitchen. Allí los investigados defienden que trabajaban en encontrar un supuesto dinero escondido por Bárcenas, pero la acusación se centra en que esa investigación como tal nunca existió, ocultando el verdadero interés, que era sabotear el caso de la caja B del PP.  

El juicio de la Operación Kitchen va llegando a su fin y hoy queremos fijarnos en uno de esos personajes secundarios, que parece que no importan en la trama, pero que tienen mucho que decir para la resolución del caso. Es al que en una grabación Villarejo llama: “el Morocho de los cojones”. Es Manuel Morocho, inspector jefe de policía, al que presionan para quitar de sus informes sobre la caja B del PP nombres importantes. Nada menos que el de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. 

El testimonio de Morocho es vital en este juicio y se ha reafirmado en lo que ya dijo en la fase de instrucción: hubo presiones contra él y su equipo de trabajo en aquellos años. Lo analizamos con el periodista de elDiario.es, Pedro Águeda. 

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La Audiencia Nacional ha condenado a tres años y medio de prisión al comisario jubilado José Manuel Villarejo por el denominado 'caso Dina', en el que accedió y distribuyó a dos medios de comunicación el contenido de la tarjeta de un móvil robado en noviembre de 2015 a Dina Bousselham, quien era asesora del entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

En una sentencia recogida por Europa Press, los magistrados ven probados los hechos y condenan a Villarejo como autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometido por un funcionario público, y le imponen el pago de una indemnización a Bousselham e Iglesias de 5.000 y 1.000 euros respectivamente, por las que responderá en calidad de responsable civil subsidiario la Administración General del Estado.

El tribunal aplica a Villarejo la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre la formación de la pieza judicial separada en 2017 y su enjuiciamiento, por lo que la condena es menor de la pena que pedía la Fiscalía, de cinco años de prisión.

El juicio indagaba en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Iglesias desde que le robaron el móvil en 2015, mientras compraba en un Ikea junto a su entonces pareja, hasta que parte de la información que contenía el dispositivo apareció publicada en diversos medios de comunicación.

La actual secretaria de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado que “hoy por fin se hace un poco de justicia”, aunque subraya que “es imposible reparar el daño que se hizo, no ya a Pablo Iglesias o a Dina Bousselham, sino a la democracia española”.

Otros líderes de la organización política como la eurodiputada Irene Montero o el secretario de Organización de Podemos Pablo Fernández también han dado la enhorabuena a sus compañeros de partido y han afirmado que el daño ha sido “irreparable”. Tanto Montero como Fernández han cuestionado que no se incluyeran en la causa las patas “política, mediática y judicial” que, a su juicio, “organizó la trama”.

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán ha negado esta mañana en el juicio del caso Kitchen que el servicio de Inteligencia tuviera participación alguna en el espionaje a Luis Bárcenas y su familia para sabotear el caso de la caja B del PP. Varios son los indicios sobre el CNI en la causa que cristalizaron en la afirmación de la Fiscalía Anticorrupción de que en la operación podrían haber participado “otros servicios” distintos de la Policía.

“EL CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni omisión, sobre el caso por el que se me está preguntando. Ninguna. Cero absoluto. El CNI actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para facilitarle elementos de juicio para tomar buenas decisiones. Ningún Gobierno de ningún color me pidió que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido”, ha declarado el general retirado.

Sanz Roldán ha asegurado que no mantenía enemistad alguna con Villarejo. A esta respuesta ha replicado el abogado del comisario preguntándole por la querella que interpuso contra él por injurias y calumnias. “Lo denuncié porque era la única persona en el CNI que podía hacerlo al ser la única que tenía identidad y porque las personas que sirven a España en el CNI no merecían o que decía de ellas el señor Villarejo”, ha dicho el exdirector general del Centro.

El letrado Antonio Cabrera, que representa a Villarejo, le ha preguntado por qué entonces se querelló por algo que había dicho Villarejo exclusivamente de él, que había viajado a Londres a amenazar a la antigua pareja extramatrimonial del rey Corinna Larsen. Sanz Roldán no se ha salido de su guión. “Personal no fue en absoluto. Había que salir al paso de mentiras tan crueles de mis subordinados”, ha dicho. Un tribunal de Madrid falló en contra de la querella de Sanz Roldán.

A esos indicios se suma ahora uno que había pasado inadvertido: las cámaras en el exterior del chalé de Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret colocadas presuntamente por el CNI. En el escrito de defensa de Francisco Martínez, ex número dos de Interior, se solicita la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Todas ellas serían ajenas a la actuación del Ministerio del Interior. 

Sanz Roldán ha sido preguntado por el abogado de Villarejo y por el fiscal Anticorrupción, pero ninguna pregunta ha sido formulada por la defensa de Francisco Martínez, el exsecretario de Estado de Seguridad que señaló al CNI como participante en la Kitchen. Consta en uno de los mensajes entregados ante notario y a la Policía en los que él habla con el ministro Fernández Díaz del “contacto cecilio”. O más recientemente, en su escrito de defensa, cuando revela que el CNI colocó cámaras en el chalet de Baqueira del tesorero.

Sin embargo, la defensa de Fernández Díaz ha dado marcha atrás en su estrategia y no ha formulado pregunta alguna ni este lunes al director general ni durante la declaración de la jefa política del Centro Soraya Sáenz de Santamaría.

Cabe destacar que el fiscal Anticorrupción César de Rivas ha intervenido, incluso antes de que empezaran las preguntas de Villarejo, sobre la dispensa de Sanz Roldán para contestar a preguntas sobre el CNI, por estar clasificada como secreta su actividad. Y ha añadido que solo se podrían formular si son parte del material desclasificado por el Gobierno. Fueron sus compañeros Ignacio Stampa y Miguel Serrano quienes intantaron indagar en la posible implicación del Centro y que no pudieron por el cierre abrupto de la investigación por parte del juez Manuel García Castellón.

En el capítulo de negaciones de Sanz Roldán figuran también los correos aportados por Villarejo con cuentas del dominio “areatec”, atribuido al CNI, incluido uno sobre pagos pendientes al policía por el servicio secreto. Sanz Roldán ha dicho que ese correo “no tiene origen en el CNI” y tampoco “en ninguno” de sus colaboradores. “Esos correos son falsos”, ha añadido.

Asimismo, Félix Sanz Roldán ha negado que diera orden a un colaborador del Centro de denunciar a Villarejo, lo que originó el caso. El exdirector del CNI también ha dicho que jamás se negó a desencriptar una 52 cabeceras de las 94 que tenía el archivo incautado al comisario. “Nunca jamás dejé de cumplir la orden de un juez”, ha declarado.

En el capítulo de afirmaciones, Sanz Roldán ha reconocido que se reunió en varias ocasiones con el comisario Marcelino Martín-Blas, en el momento de los hechos enjuiciados jefe de Asuntos Internos. No ha sido preguntado por el motivo de esas reuniones con el jefe de una unidad que investigaba supuestamente corrupción policial.

Sanz Roldán ha dicho que “siempre” habló con Martín-Blas en su despacho. “Fue algo oficial y estará registrado”, ha añadido. Martín Blas se sienta en el banquillo de los acusados y es el mayor enemigo declarado de Villarejo en la Policía.

Un colaborador del CNI a sueldo

Al término de la jornada ha comparecido David Rodríguez Vidal, autor del anónimo a la Fiscalía Anticorrupción que dio origen a la investigación a Villarejo. Ha contado que trabajaba para el empresario Francisco Menéndez, quien pretendía rebajar su condena en un caso por fraude fiscal denunciando a Villarejo y al también comisario Carlos Salamanca. 

Rodríguez Vidal ha asegurado que colaboró con varios Cuerpos de seguridad y que fue confidente del CNI a sueldo, cobrando del servicio de Inteligencia mensualmente y en metálico. Su colaboración se extendió durante una década aproximadamente, hasta 2012, cinco años antes de la denuncia contra Villarejo. A la pregunta de si su cliente colaboraba con el CNI, Rodríguez Vidal ha dicho que su “valoración personal es que eso es absolutamente imposible”.

El confidente ha reconocido que envió el anónimo sin la colaboración del empresario para el que trabajaba ante la indecisión de Menéndez a denunciar en Anticorrupción como estaba previsto. Meses antes había acudido al comisario general de Policía Judicial, José Sánchez Aparicio, para entregarle la información de cuentas y sociedades de Villarejo en Panamá a través de las cuales habría cobrado el comisario. Aquella delación en la Policía no tuvo consecuencias. 

El abogado de Villarejo ha conducido una parte de su interrogatorio a demostrar que Rodríguez Vidal tenía un interés propio en la denuncia a Villarejo por motivos que no ha aclarado. Ocurrió cuando dio una entrevista a El Mundo anunciando que era el autor de la denuncia anónima en Anticorrupción contra Villarejo la víspera de la declaración judicial del empresario Menéndez, con el objetivo de que no se echara atrás.

Pérez Dolset: “Martínez me pidió perdón”

El empresario Javier Pérez Dolset ha declarado a petición de la defensa de Villarejo. Pérez Dolset ha desplegado varias teorías de conspiraciones alrededor del caso Villarejo, como que el caso se origina a partir de un chat que una periodista, ya fallecida, mantenía con un grupo de guardias civiles en 2015, o que luego, otro chat de whatsapp de la misma periodista, supuestos guardias civiles, un fiscal Anticorrupción, la exmilitante del PSOE Leire Díaz y otros integrantes sin identificar supuso “la mayor fuente de filtración de la causa Tándem en general y de Kitchen en particular”.

Pérez Dolset ha asegurado que el exnúmero dos de Interior Francisco Martínez le confesó que tenía que haber dimitido en cuanto recibió instrucciones irregulares en Interior y que una vez, incluso, fue a su casa a pedirle perdón porque esas actuaciones habían perjudicado al empresario.

Las confesiones de Martínez a Pérez Dolset habrían incluido la afirmación de que él cumplía órdenes de Francisco Martínez y de María Dolores de Cospedal. Pérez Dolset asegura haber formado una asociación denominada 'Víctimas de las cloacas'. El empresario está imputado en la Audiencia Nacional por un fraude de subvenciones de 30 millones de euros.

El inspector jefe de la Policía Manuel Morocho ha revelado un dato que vuelve a vincular a María Dolores de Cospedal con los acusados en el caso Kitchen, concretamente con José Luis Olivera. Después de que hayan quedado acreditados los nexos entre la exsecretaria general del PP y el comisario Villarejo –sin que haya tenido consecuencias penales para ella–, Morocho ha explicado en el juicio que el jefe de la UDEF en 2009 le confesó que él había filtrado a Cospedal uno de los documentos incautados al número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, sobre la presunta relación de Luis Bárcenas con el caso de corrupción.

A preguntas de la abogada del PSOE, Morocho ha dicho que identificaron las siglas L.B en los documentos incautados al grupo de Correa por la suma de varios indicios. Uno de ellos fue una copia digital de un fax en la que el número dos de la trama, Pablo Crespo, identifica a Luis Bárcenas al lado de esas siglas. El documento está relacionado con “unas instrucciones concretas” sobre unos proyectos a los que aspiraba el grupo Ros Roca en Castilla y León.

En ese momento, José Luis Olivera era el jefe de la unidad anticorrupción de la Policía y, por tanto, jefe de Morocho. Así ha relatado el policía lo ocurrido ante el tribunal del caso Kitchen: “Me dice: oye, dame el fax. Yo se lo di, como otros documentos que me pedía. Me dijo: 'ese documento ya me he encargado yo de que lo tuviera Cospedal'. Yo me quedé estupefacto. Me dijo: 'Lo tiene en su caja de seguridad'. No sabía qué decirle ni por donde me venían los tiros. Era un documento importante para construir la prueba en el procedimiento”.

La revelación de Morocho ahonda en los indicios sobre cómo los mandos policiales Villarejo y Olivera sabotearon el caso Gürtel, mucho antes de que arrancara la pieza de la caja B del PP. En una grabación de Villarejo se le escucha contar a la comunicadora Ana Rosa Quintana cómo él mismo y Olivera, que está presente en el encuentro, evitaron que el caso Gürtel alcanzara a la cúpula del Partido Popular.

La filtración del documento a Cospedal se produjo durante el Gobierno socialista de Zapatero y en fechas próximas a que Villarejo conociera a la secretaria general y esta, junto a su marido, anticipara al policía el encargo de “trabajos puntuales”, tal y como recoge una grabación realizada en pleno estallido del caso Gürtel.

Cospedal ignoró durante su declaración como testigo el textual de las grabaciones que constan en la causa Kitchen de ella hablando con Villarejo y, sobre el encargo de trabajos al comisario, se limitó a negarlos. “Yo no le hacía encargos. Le hacía preguntas”, aseguró la antigua número dos del PP.

Los primeros fiscales Anticorrupción del caso intentaron indagar en la relación entre Villarejo y Cospedal desde su inicio, pero a eso también se negó el instructor de la causa, el juez Manuel García Castellón. El magistrado archivó la investigación contra ella en un auto en el que dejó por escrito que las reuniones entre la política y el comisario estaban amparadas por el “derecho de reunión”.

Tanto Villarejo como Olivera están en el banquillo de los acusados como partícipes de la operación de sabotaje a la causa judicial de la caja B del PP. A Olivera se le acusa de haber intentado sobornar a Morocho con un puesto en Lisboa, primero, y luego en la embajada que él quisiera. Ambos puestos estaban altamente remunerados.

El policía ha vuelto a explicar estos hechos en la jornada de este miércoles y su negativa. Olivera recibió una llamada de alguien a quien llamó “ministro” durante el encuentro del ofrecimiento y lo utilizó para demostrar a Morocho que la oferta estaba avalada por el propio Jorge Fernández Díaz.

'Cospedín' supervisaba el trabajo de Morocho

Otro de los indicios que ha apuntado a Cospedal durante esta jornada ha sido la afirmación de Morocho de que los informes que él realizaba sobre la caja B del PP se demoraban meses en la mesa de sus superiores antes de ser enviados al juzgado. Esos informes eran analizados por un inspector jefe entonces sin competencias para ello, Andrés Gómez Gordo, al que sus compañeros llamaban “Cospedín”.

Gómez Gordo había regresado a la Policía para gestionar la colaboración del topo Sergio Ríos. Cuando se captó al chófer de la familia Bárcenas, Gómez Gordo trabajaba como jefe de la escolta de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Se sienta en el banquillo de Kitchen con una petición de cárcel de Anticorrupción de 15 años.

Morocho ha afirmado que supo de la intervención de Gómez Gordo sobre sus informes porque “un día se le escapó” a Manuel Vázquez, 'el Fiti', jefe en ese momento de la UDEF y que ha declarado como testigo en Kitchen.

La gravedad de la intervención de Gómez Gordo radica en que, según ha deslizado Morocho, está vinculado con que el Partido Popular tenía los informes de la Policía y de Hacienda sobre el caso de la caja B antes que el juez. “Era consciente, yo no, el auto de diciembre de 2013 del juez Ruz, en el sentido de que había un conocimiento de la representación del PP de los informes de la Agencia tributaria y la Policía, puesto que critican el contenido y lo ponen en un papel. Estaban tanto tiempo [en manos de sus jefes] hasta que se entregaban que eran escrutados desde diferentes ángulos”, ha expuesto el policía.

El expresidente del PP Mariano Rajoy solo tenía “una relación profesional” con Luis Bárcenas, el tesorero del partido, que no le ocupaba “demasiado tiempo” porque él de los asuntos económicos no se encargaba. Cuando supo que Bárcenas escondía 47 millones en Suiza su opinión “cambió”. La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, solo vio “ocho o nueve veces” a José Manuel Villarejo. “Siempre” a iniciativa del comisario. “Un café de cinco minutos” en el centro de Madrid y reuniones en su despacho. “No teníamos amistad ni me iba a tomar una copa con él, ni nada por el estilo”.

Así describieron Rajoy y Cospedal sus respectivas relaciones con Luis Bárcenas y el comisario Villarejo durante la comparecencia como testigos en el juicio de Kitchen del pasado jueves. Regresar al contexto político y judicial en el que se dieron algunos episodios de esos contactos cambia por completo el escenario que quisieron dibujar Rajoy y Cospedal. También se debe viajar al 26 de julio de 2017, cuando Rajoy compareció como testigo en el juicio del caso Gürtel, siendo presidente del Gobierno, y recordó y reconoció los mensajes que el pasado jueves olvidó durante su declaración.

Rajoy intentó evitar personalmente que Bárcenas expusiera al PP a la mayor crisis que ha tenido en su historia, con las consecuencias que tendría para él que trascendiera que había cobrado 355.000 euros de dinero negro. Está acreditado que Rajoy interactuó con Bárcenas después de cambiar su opinión sobre él, aunque no lo recordara durante su declaración. Cospedal recurrió al comisario en ese mismo periodo de 2013. Y ya lo había hecho antes, en 2009, cuando estalló el caso Gürtel y le anticipó que le encargaría “trabajos puntuales”. Pero esta parte tampoco ella la recordó el jueves ante el tribunal.

Este es un repaso cronológico por los olvidos y falsedades en las que incurrieron Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal durante sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados.

26 de febrero de 2012. “Hacemos lo que podemos”

A finales de febrero de 2012, Bárcenas estaba intranquilo. El PP había logrado respirar por fin cuando el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, en quien recayó la instrucción de Gürtel por el aforamiento de varios imputados, archivó la causa contra el tesorero y otros. En marzo, la suerte de Bárcenas cambiaría y el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz volvería a concederle la condición de investigado. El 23 de febrero, el tesorero escribe a Rajoy y este le responde tres días más tarde: “Luis, nada es fácil. Hacemos lo que podemos”.

“No tengo ni idea de lo que es eso”, contestó a la pregunta sobre ese mensaje que le hizo el abogado de Podemos. “¿Ese mensaje lo manda usted?”, le pregunta el letrado Jaime Montero. “No”, contesta Rajoy.

La escena torna en más sorprendente al recuperar la declaración de Rajoy en el juicio de Gürtel de 2017. Entonces fue el abogado del Partido Socialista de Madrid quien le preguntó por los mensajes. “Hacemos lo que podemos significa que hacemos lo que podemos”, respondió Rajoy. “Hasta ahí llego”, replicó el abogado. Y Rajoy, displicente, apuntilló: “Eso es opinable”. Luego, el testigo insistiría en que nunca hizo nada para interferir en la investigación de la caja B del PP.

Rajoy declaró entonces desde el estrado en uno de los episodios más relevantes de su periodo como presidente del Gobierno y que ahora no recuerda. La sentencia que derivó de aquel juicio motivó una moción de censura y su salida de la Moncloa.

18 de enero de 2013. “Luis, sé fuerte”

Solo dos días antes de ese mensaje había llegado a España una comisión rogatoria de Suiza acreditando que Bárcenas tenía 22 millones de euros escondidos en el Dresdner Bank. En el juicio, Rajoy trasladó que el botín del tesorero supuso un antes y un después en su relación. Algo totalmente contradictorio con los mensajes que se intercambian el 18 de enero. Esa mañana, El Mundo publicó que Bárcenas repartía sobres de entre 5.000 y 15.000 euros mensuales entre los dirigentes del partido. Y que ese dinero procedía de donaciones de empresarios.

Bárcenas escribe a Rajoy para pedirle que el partido salga a desmentir “la filtración de Cospedal a El Mundo”. Esa relación tan fría entre ellos no era compartida, al menos entonces por el tesorero, que traslada a Rajoy: “Sabes que te estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado”. El presidente responde: “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo”.

Rajoy dijo el jueves que este es el único SMS con Bárcenas que recuerda. Pero por la única razón de que “a lo largo de los últimos quince años se ha publicado casi todos días”.

5 de marzo de 2013. “Mariano, os estáis equivocando”

En el juicio de Kitchen, Rajoy pasó de negar rotunda y escuetamente cualquier relación o conocimiento del espionaje ilegal al tesorero a presentar importantes lagunas de memoria en otra cuestión que ocurría paralelamente, sus contactos con el tesorero. Las acusaciones populares creen que son dos actuaciones complementarias: ambas buscaban evitar que las pruebas de la caja B le estallaran al PP y sus dirigentes.

A principios de marzo ya habían ocurrido varios acontecimientos que tenían en vilo al Partido Popular. El 31 de enero, El País publicó las anotaciones manuscritas del tesorero del PP con la contabilidad en B de dos décadas. En las primeras semanas, Bárcenas aguanta y niega su veracidad. Pero en marzo, la investigación judicial acorrala a Bárcenas, que ya se siente abandonado por el partido.

“Mariano, necesito hablar con Javier. Como le dije a Matarí, os estáis equivocando. Los papeles, supuestamente, de Álvaro [Lapuerta] y míos están judicializados penalmente en Plaza de Castilla y ahora pendientes de la decisión de Ruz. Yo sigo con las ideas claras”, escribió Bárcenas el 5 de marzo de 2013. Y Rajoy dijo en el juicio el jueves: “No lo recuerdo, pero bueno, yo no sé si mando este señor o no. Reconocerlo... puedo reconocerlo o no porque no lo he mandado yo”.

6 de marzo de 2013. La llamada perdida de Rajoy

Al día siguiente del mensaje de Bárcenas, a las 9:52 de la mañana, el entonces presidente del Gobierno telefonea al extesorero, que tiene el móvil apagado. Luis Bárcenas escribe a Rajoy: “Tenía el móvil apagado y he visto tarde tu llamada. Te he contestado, pero no me has cogido”. La abogada del PSOE, Gloria Pascual, le requirió al respecto y pidió que se mostrara el mensaje. La respuesta de Rajoy fue: “¿Esto me lo ha mandado el señor Bárcenas? No tengo la más remota idea”. “Efectivamente, no lo recuerda”, soltó la letrada con ironía y se volvió a llevar una reprimenda de la jueza Teresa Palacios.  

14 de marzo de 2013

Mariano Rajoy tampoco recuerda cómo acabó definitivamente su relación con el responsable de las finanzas del partido que, a la postre, provocaría su salida del Gobierno en la primera moción de censura triunfante de la democracia. A las 20:06 horas del 14 de marzo de 2013, Bárcenas dictó su propia sentencia: “Tú sabrás a lo que estáis jugando, yo dejo de tener cualquier compromiso contigo y con el partido”. Pese a la trascendencia de la advertencia, Rajoy se permitió decir en el juicio de Kitchen: “Este es un mensaje de hacer más de 13 años. Le puedo asegurar que ni me suena”.

La secretaria general, su marido y el comisario

Rajoy no recordó los mensajes incorporados a la causa y Cospedal negó grabaciones en las que ella misma aparece hablando por teléfono con Villarejo. De las que reconoció dio una versión que se enfrenta a la definición, por ejemplo, de la palabra “trabajo” que ofrece la Real Academia de la Lengua y que en ninguna de sus acepciones es sinónimo de “pregunta”. Cospedal declaró, con obligación de decir verdad, que ella no realizó “encargos” de trabajos a Villarejo: solo le formuló “preguntas”.

21 de julio de 2009. Villarejo y Cospedal se conocen

El empresario Ignacio López del Hierro ha explicado en el juicio de Kitchen que conoce al comisario Villarejo “desde hace más de 30 años” y que fue él quien le presentó a quien era en 2009 su esposa, María Dolores de Cospedal. Ella dijo el jueves que el empresario tenía interés en conocerla y que ella aceptó. Le vendría bien, según su versión, para preguntarle por las filtraciones del sumario de Gürtel que afectaban a su amiga Rita Barberá porque el policía “conocía a todos los periodistas”. Además, ella estaba preocupada por el espionaje que el PP estaba sufriendo “de alguien vinculado al Ministerio del Interior”.

La simple escucha de aquel encuentro, recogido por la grabadora de Villarejo, ofrece una versión distinta. Empezando por el final, el comisario se despide de Cospedal y de Ignacio López del Hierro después de que este último, mientras ella asiente, le proponga hacer “trabajos puntuales”. Cospedal aseguró el jueves que Villarejo era un policía que estaba en excedencia y que tenía empresas. Es falso. En 2009 se habían cumplido 16 años del regreso de Villarejo de la década que estuvo fuera del Cuerpo. “Yo le hice encargos. Solo preguntas. Son dos cosas distintas”, afirmó.

El policía estaba destinado en el corazón de la seguridad del Estado en ese momento y el PP vivía una de sus peores crisis con el estallido del caso Gürtel. Villarejo era, y sigue siendo, amigo íntimo del jefe de la UDEF entonces, José Luis Olivera. Y junto a él comenta en una grabación que, si no llega a ser por ellos, el caso habría alcanzado a la cúpula del partido.

6 de diciembre de 2012. “Cospe me envía a José L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”

Uno de los testimonios más relevantes hasta la fecha del juicio de la operación Kitchen ha sido el de su investigador principal, el inspector jefe Gonzalo Fraga, de la Unidad de Asuntos Internos. En un pasaje de sus más de 12 horas de declaración, Fraga se refirió a las agendas incautadas al comisario Villarejo. Les dio total credibilidad y dejó esta frase: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. Eran para consumo interno”.

En esas agendas se recoge uno de los episodios más graves de impunidad que atribuir al juez Manuel García Castellón, artífice de la exculpación de María Dolores de Cospedal. Hasta en ocho referencias comprendidas entre el 6 de diciembre de 2012 y el 6 de septiembre de 2014, Villarejo hace anotaciones sobre pagos ordenados por la secretaria general del Partido Popular al comisario y el método en el que, al menos parte de ellos, debe ser empleado para los mismos, a través de una empresa pública llamada Enresa.

El jueves, la abogada del PSOE, Gloria Pascual, preguntó a Cospedal por el asunto hasta donde le permitió la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. “¿Le solicitó Villarejo pagos?”, formuló la abogada. “No”, contestó Cospedal. “No tenía por qué”, añadió. Si no tenía relaciones comerciales con el policía, continuó la letrada, “¿cómo interpreta que se dirija a José Luis Ortiz –jefe de gabinete de Cospedal– reclamando un pago pendiente?”, continúa Pascual. En ese momento, terció la jueza: “No conteste”.

En las agendas, Villarejo recogió el 6 de diciembre de 2012: “Cospe. Apoyo a tope en todo. Me enviaron a Jose L. Orti con 100 y promete 50 más el lunes. Quedo en informarla”. El 21 de junio de 2013: “Orti. Toque para hablar. Aviso de pago pendiente (...). Queda en comentarlo con la Cospe”. El 6 de noviembre de 2013: “Cospe. Muy preocupada con los 5 pagos de 200. Me pide por favor que le mantenga informada”. El 12 de junio de 2014: “Enresa. Fco. Gil (contacto de Cospe). Opción para abonar el pago pendiente”.

En aquel momento, el presidente de Enresa era Francisco Gil-Ortega, quien había sido vicepresidente del Parlamento de Castilla-La Mancha y alcalde de Ciudad Real. La inacción de la Justicia no ha permitido profundizar en los presuntos pagos y si estos respondían a los trabajos de Villarejo en la Operación Cataluña, a la Kitchen o a cualquier otra maniobra de la cloaca de Villarejo para el Partido Popular.

20 de enero de 2013. “Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”

María Dolores de Cospedal aseguró ante el tribunal de Kitchen que ella no ha hablado nunca por teléfono con el comisario. Lo dijo pese a que en 2022 fue portada del diario El País su conversación telefónica con Cospedal en pleno estallido del caso de la caja B. El comisario grabó a la secretaria general del PP mientras hablaban de los rumores de las anotaciones manuscritas de Bárcenas sobre la contabilidad extraoficial del partido entonces en el Gobierno. Fue el 20 de enero de 2013, once días antes de que la publicación de los 'papeles de Bárcenas' pusieran del revés la política española.

En la grabación, Cospedal, quien asegura que nunca hizo encargos a Villarejo, le dice al comisario de las cloacas: “Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”.

Cospedal también dijo en su declaración que en las “ocho o nueve” veces que vio a Villarejo los encuentros siempre fueron a propuesta del comisario. En una declaración posterior, también el jueves, su jefe de gabinete entonces, José Luis Ortiz, dijo que en alguna ocasión fue su jefa quien mandó llamar al policía.

Ha sido el momento más mediático del juicio de la Kitchen. El día de la declaración del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. También, de Maria Dolores de Cospedal. Declaran como testigos, no como acusados, por decisión de los jueces que manejaron la investigación previa. Sabíamos que al declarar como testigos y no como imputados el interrogatorio quedaba muy limitado. Así ha sido, pero también ha habido momentos que merece la pena escuchar. 

Repasamos los sonidos más importantes de la declaración de Rajoy y Cospedal en el juicio de la Operación Kitchen y les damos contexto y explicación con el periodista de elDiario.es que ha estado siguiendo el juicio, Pedro Águeda. 

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La desmemoria ha inundado la declaración de María Dolores de Cospedal ante el tribunal que juzga la Operación Kitchen, igual que lo hizo minutos antes en la testifical de Mariano Rajoy. Hasta tal punto que las grabaciones que obran en la causa no son recordadas por la exsecretaria general del PP, quien llegó a estar imputada. Cospedal ha dicho que no recuerda haber hablado nunca por teléfono con Villarejo pese a que una de sus llamadas es recogida en una grabación del comisario, incorporada a la causa, en la que ella dice, en relación con los papeles de Bárcenas: “Por eso te estoy llamando. Eso de la libretita sería mejor poderlo parar”.

La citada conversación se produjo en el verano de 2013. Cospedal ha dicho que tampoco recuerda haber prometido a Villarejo que hablaría en 2017 con el ministro de Economía y con el fiscal general, cuando ella era ministra de Defensa, para intentar solucionar los problemas judiciales y con el Sepblac (Servición de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España), que ya entonces se cernían sobre el comisario. Esa grabación está incorporada igualmente a la causa, si bien ni el juez García Castellón, ni su sucesor, Antonio Piña, decidieron valorarla como le había pedido Asuntos Internos.

La ceremonia de la confusión en la declaración de Cospedal ha arrancado ya al principio de su declaración. Cospedal ha dicho que cuando conoció al comisario este era un policía “en excedencia con empresas y recién condecorado por el ministro [socialista] del Interior”. Se refiere a una medalla roja que no puede ser concedida a policías en excedencia. Además, había vuelto de su excedencia a la Policía en 1993, un total de 16 años antes del encuentro en el que ambos se conocen en el despacho de Cospedal en la sede nacional del PP en la calle Génova.

Niega “encargos” a Villarejo: “Le hice preguntas, son cosas distintas”

La ex secretaria general del PP ha negado que hiciera “encargos” al comisario José Manuel Villarejo. “Le hice preguntas, pero no encargos, que son cosas distintas”, ha afirmado a preguntas de la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, que ejerce la acusación popular.

No obstante, la exdirigente del PP sí ha reconocido que mantuvo “ocho o nueve” reuniones con el policía. Habitualmente, esos encuentros tenían lugar en su despacho porque lo veía en su condición de secretaria general, salvo una vez que se encontraron “cinco minutos” en una cafetería en una zona céntrica. “No tenía amistad con esta persona, ni me tomaba copas, ni nada por el estilo”, ha aseverado.

Durante su declaración ha argumentado que se citó con Villarejo porque “tenía magníficas relaciones con la prensa” y podía ayudarle a saber cómo se estaban produciendo filtraciones relacionadas con un sumario que afectada a Rita Barberá. “Me dijo que intentaría enterarse”, ha sostenido Cospedal.

Además, la exdirigente del PP también ha afirmado que en esa época en el PP tenían la sospecha de que el PP estaban siendo espiados o seguidos por parte de alguien que tenía que ver con el Ministerio del Interior y que “eso salió en una conversación”. Por otro lado, Cospedal ha afirmado que cuando empezó a tener contacto con él en 2009, Villarejo no estaba en activo en la Policía, si bien su excedencia acabó en 1993.

Tanto Cospedal como su exmarido, el empresario Ignacio López de Hierro, llegaron a estar investigados en el proceso de instrucción pero la causa fue sobreseída provisionalmente para ambos. Al principio de la vista oral, el PSOE, que ejerce la acusación particular, pidió suspender el juicio para volver a imputar a Cospedal, una cuestión que fue rechazada por el tribunal.

El extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y su mujer, Rosalía Iglesias, ambos condenados en una de las causas abiertas del caso Gürtel, señalaron al Ministerio del Interior del Partido Popular y a los mandos policiales de la brigada política por la “auténtica aberración” que supuso la operación Kitchen, según señaló el exdirigente conservador recientemente en una entrevista previa al juicio que comenzó hace dos semanas en la Audiencia Nacional. La operación policial ilegal no hubiera sido posible sin la figura del chófer Sergio Ríos, en el que la familia depositó toda la confianza y que cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados por su trabajo de topo. Además, Ríos se aseguró el ingreso en la Policía a cambio de espiar a la familia del extesorero para la brigada política del PP.

elDiario.es ha tenido acceso a una grabación inédita, incorporada a la pieza 34 del caso Tándem, en la que José Manuel Villarejo se jacta ante el comisario Juan Antonio González, quien había sido comisario general de Policía Judicial durante la investigación del caso Gürtel, de que el chófer de la familia de Bárcenas, Sergio Ríos, trabaja para él. La investigación judicial del caso ha acreditado cómo Villarejo intervino en la operación Kitchen como uno de los comisarios que controlaban a Ríos, quien informaba a este comisario de todos los movimientos de Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero.

La conversación grabada que apuntala las pruebas del espionaje ilegal a Bárcenas tuvo lugar el 21 de enero de 2015, justo un día antes de que el extesorero salga en libertad condicional después de pagar una fianza de 200.000 euros.

Villarejo relató en la conversación grabada los progresos que hizo el extesorero, que llevaba 19 meses en prisión provisional, para conseguir el dinero para su libertad, hasta el punto de que anticipó que Bárcenas reuniría los 200.000 euros esa misma tarde y se mofó del director adjunto operativo, Eugenio Pino, además de bromear con su interlocutor sobre la idea de que Bárcenas intentara fugarse cuando saliera de la cárcel. El comisario señaló que si el extesorero intentaba escapar, Ríos le tendría dando vueltas a la Plaza de Cibeles “hasta que lo trinquen”. “¡El conductor es mío!”, se escucha decir a Villarejo.

La conversación se produjo en los siguientes términos.

Villarejo: A las dos de la tarde [Bárcenas] ya tenía 150.000 euros, que le he informado al soplapollas del Pino [director adjunto operativo de la Policía Nacional] a pesar de que es un soplapollas. Yo soy tan tonto (…) A mí me ha informado el cocinero [Sergio Ríos, chófer de la familia Barcenas] que tenía 150.000 euros y la lista de quien había puesto de 20 en 20.000 (...) Esta tarde a última hora tiene los 200.000. Mañana está en la calle.

Juan Antonio González: Oye… como se escape.

Villarejo: No se va a escapar porque, si se escapa, el conductor es mío [risas]. Así que ningún problema. Le pondremos a dar vueltas por la Cibeles hasta que lo trinquen.

Este audio no ha sido valorado por ninguno de los dos jueces que ha tenido el caso Kitchen. Ni el primer instructor, Manuel García Castellón, ni el actual, Antonio Piña, han encargado a la policía analizar estos audios para conocer si sirven como prueba para la imputación de delitos en relación a la guerra sucia que el PP puso en marcha contra sus adversarios políticos y para protegerse de las investigaciones judiciales abiertas contra la formación conservadora por supuesta financiación ilegal.

En el sumario del caso Kitchen se acumulan numerosas pruebas documentales y sonoras sobre el operativo policial que el ministerio del Interior puso en marcha entre 2013 y 2014 a espaldas del juez Pablo Ruz que investigaba la financiación ilegal del PP y también a espaldas del principal policía encargado del caso, el inspector Manuel Morocho. Las pruebas acreditan cómo distintos comisarios de policía trabajaron para intentar destruir pruebas que implicaran al Gobierno de Mariano Rajoy en delitos de financiación ilegal por los que el PP fue condenado muchos años después en la Audiencia Nacional.

El juez que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez por delitos de tráfico de influencias y cohecho ha tomado declaración como testigo este jueves al que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías. En el interrogatorio, que se ha prolongado durante más de una hora, Zarrías ha explicado que contrató a Leire Díez después de que ella le pidiera apoyo económico porque estaba culminando una investigación en la que pretendía demostrar la participación del comisario José Manuel Villarejo en el inicio del procedimiento de los ERE, en el que estuvo procesado y acabó absuelto por el Tribunal Constitucional. 

En una declaración ante los medios tras su declaración, el propio Zarrías ha explicado que mantuvo en nómina a Leire Díez con ese objetivo entre los meses de junio y septiembre de 2024, cuando le entregó las conclusiones de ese trabajo en un pendrive. Le pagó, en total, 16.000 euros. Sin embargo, en ese trabajo, que Zarrías ha puesto a disposición del juzgado, no había “nada” que probara que el comisario hubiera intervenido en el asunto de los ERE. Ante el juez, Zarrías ha reconocido que la supuesta investigación no cumplió con sus expectativas porque contenía únicamente información pública, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas.

Zarrías también ha explicado que conoció a Leire Díez en otoño de 2021. Según su versión, ella le contactó porque estaba investigando el caso de los ERE y le reclamó información sobre la causa judicial que él le facilitó. Según ha afirmado, ella se presentó como periodista y como militante del PSOE, aunque en ningún caso mencionó si actuaba por orden de la cúpula del partido. 

El juez Arturo Zamarriego citó a Zarrías para interrogarle sobre su “relación personal” con Leire Díez, a la que tuvo contratada a través de una empresa llamada Zaño Sociedad Consultora. El Partido Popular solicitó realizar registrar la sede de su consultora y citar a Zarrías como imputado pero el juez, apoyado en la Fiscalía, decidió que compareciera únicamente como testigo. 

La Fiscalía atribuye a Leire Díez el “liderazgo” de un “plan delictivo” con el objetivo de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de diversas investigaciones abiertas en causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE; y a la Fiscalía Anticorrupción, que ejerce la acusación pública en varios de esos casos. La investigación trata de determinar si actuaba por orden de la cúpula del PSOE o por iniciativa propia.

Las acusaciones señalan que Leire Díez estuvo a sueldo de la consultora en el periodo en el que ella supuestamente recopilaba información contra la UCO. Su tesis es que la empresa de Zarrías podría haber participado “activa y decisivamente” en la financiación de estas supuestas actuaciones. El Boletín Oficial del Registro Mercantil registró el pasado abril la disolución de la consultora. 

Lo bueno de contar con un nutrido grupo de comisarios para vigilar y cuidar los intereses del partido es que es raro que te lleves una sorpresa. No solo cuando están cometiendo los delitos en su caso, sino también, y esto es lo más importante, cuando se investigan. Son gente acostumbrada a enterrar los cadáveres en lugares donde no pueden ser encontrados. En sentido figurado, que no es que los hayan enterrado en el desierto que rodea Las Vegas.

El juicio de Kitchen inició el lunes las declaraciones de los testigos con la declaración del responsable de la investigación policial de la operación con la que el Ministerio de Interior intentó impedir que el caso Bárcenas dañara al PP. Se trataba del inspector jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga. No hubo ninguna gran revelación, pero sí la confirmación de hechos que tienen un valor superior cuando se hacen ante un tribunal que cuando la gente los lee en los medios de comunicación.

Pocas frases más relevantes de esa investigación que un audio grabado por José Manuel Villarejo, el hombre que grababa a todo el mundo, de una conversación que tuvo con el comisario Enrique García Castaño. El primero le dice al segundo que el objetivo es encontrar “los papeles que pudieran comprometer al presidente”, según explicó Fraga al tribunal. Ellos mismos estaban revelando sus verdaderas intenciones y desde luego ni se planteaban revelar esas pruebas a un tribunal.

El inspector confirmó el contenido de los informes policiales que desvelaron conversaciones entre los acusados. Por eso, pudo confirmar que los sospechosos se referían a Mariano Rajoy con el alias de El Asturiano o El Barbas. El testigo mencionó una conversación de Villarejo con el abogado Javier Iglesias –vinculado al PP y apodado El Largo, esta banda contaba con muchos alias– en la que le pedía que hiciera algo de presión sobre El Asturiano para que solucionara un conflicto interno en la Policía.

“Mandó mensaje a Raj” es otra anotación hecha por Villarejo en una evidente referencia a Rajoy.

La primera cita sobre El Asturiano se refiere a alguien con capacidad para cesar a altos cargos de la Policía, por ejemplo al jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. Rajoy no era el único que podía decidir ese cese. Una conversación de Villarejo con Ana Rosa Quintana dio otra pista. El comisario resumió a la presentadora de Telecinco en qué había consistido la Operación Kitchen y le contó que El Asturiano era el mote que utilizaban para Rajoy.

Entre los indicios que han llevado a este juicio están los informes redactados por el inspector Fraga, en los que los audios de Villarejo indican que la operación policial contra Bárcenas, ocultada a los jueces, fue coordinada por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, 'número dos' del Ministerio, “con conocimiento de El Asturiano y de El Largo”.

La instrucción realizada por el juez García Castellón en la Audiencia Nacional ni siquiera llamó a declarar como testigo a Rajoy a pesar de estos indicios y de las frecuentes referencias al entonces presidente del Gobierno hechas por los miembros de la trama. En el juicio, Rajoy sí tendrá que comparecer como testigo el 23 de abril con la obligación de declarar la verdad. Por tanto, no debería soltar frases tan falsas como “no hay ningún tribunal que haya afirmado que hubiera una caja B del PP”, lo que dijo en la comisión de investigación de Kitchen en el Congreso.

El inspector jefe tuvo la oportunidad de confirmar varios hechos aparecidos en los informes de Asuntos Internos sobre Sergio Ríos, uno de los personajes tan estrafalarios como peligrosos que protagonizan el juicio. Ríos disfruta del tipo de currículum que podía interesar a Villarejo para los negocios sucios. Por eso, fue colocado como chófer de la familia Bárcenas con el fin de contar con un topo que pudiera facilitar información sobre el tesorero del PP y hacerse con documentos molestos para el partido.

El pasado de Ríos es de nota. Fue portero de prostíbulo y esa experiencia le debió de valer después para hacer de guardia de seguridad de la Ciudad de la Justicia, el proyecto malogrado de Esperanza Aguirre para levantar numerosos edificios para la Administración de Justicia que solo pudo construir uno. A partir de ahí, demostró su valor para el PP. Fue chófer del vicepresidente madrileño Francisco Granados, que acabó en prisión preventiva por un caso de corrupción.

La trama de Kitchen lo enroló para la causa. Sea por lo del prostíbulo, el tiempo que pasó como segurata privado o por las películas que vio de pequeño, Ríos quería entrar en la Policía, lo que a su edad le quedaba un poco lejos. Pero había que complacerle para que cumpliera su misión de espía en la familia Bárcenas. Por eso, los de Kitchen lo metieron en la Policía sin importarles sus malas notas en los exámenes de acceso. Entre ellos, se contaron que así lo tendrían más controlado. “Dicen que meten a Ríos en la Policía Nacional para tenerlo trincado”, explicó el inspector de Asuntos Internos en el juicio.

El inspector también confirmó que entre los favores concedidos a Ríos estaba uno muy singular. El nivel de impunidad con el que se manejaban Villarejo y otros mandos policiales llegaba al punto de que le entregaron un arma a Ríos sin que se sepa muy bien para qué la necesitaba. Y no es que le buscaran un revólver de calibre reducido. Adquirieron una pistola Glock por 700 euros en una armería de Madrid y le dieron la correspondiente licencia de armas.

Ríos cobró 44.000 euros entre 2013 y 2015 de los fondos reservados en todo el tiempo que trabajó para la trama de Kitchen. El fiscal pide para él más de ocho años de prisión.

El juicio ofrece un contraste llamativo con las acusaciones habituales del Partido Popular a Pedro Sánchez de querer interferir en el funcionamiento de la justicia con el fin de favorecer a su esposa y a su hermano. Eso es exactamente lo que intentaron hacer los miembros de la cúpula policial cuando pretendían localizar “los papeles” de Bárcenas que perjudicaban a Rajoy.

Kitchen es un caso de corrupción política por la red de espionaje montada en beneficio del PP. También es un caso de corrupción económica por el presunto uso ilegal de los fondos reservados. Aunque algunos hayan llamado “policía patriótica” a este grupo de políticos y policías, es probable que su única patria sea la del dinero.

Los fondos reservados financian las operaciones más ocultas en la democracia española. Eso no quiere decir que sea dinero público que se pueda usar para cometer crímenes sin impunidad. No es dinero ilegal, no es dinero negro. Existe de manera oficial y hay gente que lo maneja aunque no sepamos exactamente cuánto es ni a qué se destina en concreto.

Gracias al juicio de la Operación Kitchen, que comenzó hace una semana, descubrimos para qué no deberían ser los fondos reservados: para que la cúpula del Ministerio del Interior y los mandos policiales durante el primer gobierno de Rajoy organizaran de forma ilegal la destrucción de pruebas para que la justicia no pudiera investigar la caja B del PP tras la publicación de los papeles de Bárcenas. Y todos los indicios apuntan a que así fue. Nos explica qué son los fondos reservados, para qué se han solido usar en España y para lo que sirven realmente con el periodista de elDiario.es Pedro Águeda. 

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La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar esta semana el caso Kitchen, uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

En 2014 irrumpió en el panorama político Podemos y esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

En este contexto, salvar a “los suyos” no supondría un obstáculo. Algunos de esos mandos policiales por convicción ideológica, otros por arribismo, los más por ambos motivos, se prestaron a sabotear la investigación judicial de la caja B del PP, que amenazaba la pervivencia de Mariano Rajoy en el Gobierno. Y con el engranaje de la guerra sucia en marcha, los policías se dedicaron a hacer lo contrario de lo que la Ley y su función pública les tenía reservado: en lugar de perseguir el delito se dedicaron a borrar las pruebas.

Los indicios recogidos en el caso Villarejo apuntan a que en el banquillo de la Kitchen faltan piezas fundamentales en el engranaje de esa guerra sucia. La principal ausencia es la de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Tampoco comparece el comisario Enrique García Castaño, 'El Gordo', quien sufrió un ictus que le incapacita para ser juzgado.

José Manuel Villarejo no aparece en la foto pese a que la mayor petición de condena de la Fiscalía, 19 años, es para él. En activo, el comisario jubilado hizo de la toga de abogado otra de sus herramientas para extorsionar. Ahora hace uso de la prerrogativa de sentarse en estrados junto a su abogado y no con el resto de acusados.

Jorge Fernández Díaz

Francisco Martínez

Eugenio Pino

José Manuel Villarejo

Enrique García Castaño, 'El Gordo'

José Luis Olivera

José Ángel Fuentes Gago

Andrés Gómez Gordo

Marcelino Martín-Blas

Bonifacio Díez Sevillano

Sergio Ríos Esgueva

Antiguo miembro de la seguridad del PP en la sede de Génova y conductor de Francisco Granados, ni siquiera era policía cuando arrancó la Operación Cataluña. Su participación se ciñe a colaborar con la brigada política robando información de los Bárcenas e informando de los movimientos de la familia cuando el tesorero entró en la cárcel. Cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía. Hoy está suspendido de funciones. 

No hubo fisura por la que pudiera colarse una flecha de la acusación, aunque no era momento de lanzar una sola. Los acusados en el juicio de Kitchen desfilaron por la primera sesión como una legión romana, dejando que sus rencillas descansaran en la silla que quedaba habilitada como distancia entre cada uno de ellos. Abogados con clientes irreconciliables, caso de los letrados de Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz, llegaron a repartirse los argumentos para pedir al tribunal que se anule el juicio. Tiempo habrá para que la inocencia de unos dependa de la culpabilidad de otros y la formación se descomponga.

“¿Qué hace una operación parapolicial como tú ante un tribunal como este?”, vinieron a exponer los abogados de los acusados para defender que la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario. A la cabeza, Jesús Mandri, letrado del exministro del Interior. Fue el primero en preguntarse cómo puede estar juzgando el tribunal del caso Villarejo un operativo que nada tiene que ver con los encargos que la élite del país hacía al policía a cambio de dinero y que protagonizan cada una del resto de piezas de la macrocausa. 

Aquí, de haber, siguió el letrado, hay una operación desde el Ministerio del Interior para robar información comprometedora para el PP que guardaría la familia de Bárcenas. En esa operación habría participado Villarejo. Pero por una vez, el comisario habría sido únicamente otro actor más del operativo. 

Mandri continuó que si lo único que une la Kitchen con otras piezas como la King, la Carol, la Pit o la Land es el propio comisario Villarejo. Y eso justificaría la competencia de la Audiencia Nacional siempre, según establece la Ley, que los delitos a investigar en Kitchen fueran competencia de la Audiencia Nacional, algo que a juicio de este y el resto de los abogados de la defensa no ocurre. 

Ni en el encubrimiento –para provocar que la investigación judicial de la caja B avanzara–, ni la malversación de fondos –por los pagos de fondos reservados al chófer de los Bárcenas–, ni la revelación de secretos –por la documentación robada al hijo y la mujer del extesorero–, ni el cohecho —por el dinero que recibió Villarejo– son algo de lo que se deba encargar, sin más, la Audiencia Nacional, argumentó el abogado sobre los delitos de los que acusa la Fiscalía. 

Según esta tesis, la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario de Plaza de Castilla y no en el especializado de la Audiencia Nacional. “¿Si se hubiera encontrado droga en el domicilio del señor Villarejo se habría investigado en la misma causa?”, dijo el abogado de Fernández Díaz. “Bien traído”, le aplaudiría poco después el de Francisco Martínez.

Esa sintonía entre letrados distó de la relación entre dos acusados que evitaron mirarse a la cara durante toda la mañana. Ya lo hicieron durante el careo que organizó el juez García Castellón en 2020, cuyas imágenes desveló elDiario.es la pasada semana. “Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable…”, le soltó el exministro a su antiguo número dos. 

Fernández Díaz se sienta en el banquillo porque Martínez acudió a un notario con unos mensajes que delataban que el ministro sabía de la operación Kitchen, incluso antes que él. Al borde de la imputación tras ser señalado por uno de los comisarios, y harto de que su antiguo jefe diera entrevistas diciendo que no sabía nada de ningún operativo, Martínez se buscó un escudo protector. 

El resto de abogados de la defensa fue adhiriéndose a este motivo de nulidad del juicio y el resto de los presentados por los abogados de Fernández Díaz y Martínez. Hay dos comisarios que se profesan un odio todavía mayor que los dos anteriores. Son Villarejo y Marcelino Martín-Blas, ex jefe de Asuntos Internos. Sus abogados también coincidieron en los primeros compases de esta estrategia de defensa. 

Este martes será el turno para que la Fiscalía y el resto de las acusaciones rebatan jurídicamente los argumentos de la defensa pidiendo la nulidad. Y con el resto de trámites de cuestiones previas y petición de prueba se ira completando la vista hasta el jueves. La semana que viene comenzará con el responsable policial de la investigación de Kitchen, el investigador jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga.

Será la primera prueba para el plan de cordialidad y unidad de acción de los acusados. Fue el campeón mundial del peso pesado Mike Tyson quien popularizó en los noventa la siguiente frase: “Todo el mundo tiene un plan. Hasta que le dan un puñetazo en la boca”.

Nota de la sesión: Eugenio Pino, artífice de la brigada política, fue el mandamás de la Policía durante los cuatro años de guerra sucia sin muertos y se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en Kitchen. Este lunes llegó a la Audiencia Nacional y al alcanzar el control de seguridad, un policía nacional le pidió, como a todos, el DNI. Pino “tiró de placa”. De placa de jubilado, concretamente. La única que puede usar desde 2016. El policía le insistió por el DNI. Y Pino le espetó que si no sabía quién era. “Sí, usted fue DAO. ¿Me deja el DNI, por favor?”.

La acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado este lunes en el juicio del caso Kitchen que vuelva a ser imputada María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, y que se atribuya a la formación política de Alberto Núñez Feijóo la condición de responsable civil a título lucrativo. Los socialistas quieren que el tribunal valore “nuevos elementos probatorios” que han dormido durante dos años en secreto en una pieza distinta del caso Villarejo y sobre los que, consideran, la Audiencia Nacional no se ha pronunciado.

La abogada Gloria Pascual, en representación del PSOE, ha expuesto el contenido de un informe de la Unidad de Asuntos Internos en el que se solicitó hace tres años una valoración por el juez del caso, en ese momento Manuel García Castellón, algo que nunca se llegó a producir.

García Castellón había abierto una pieza, la 34, donde envió los nuevos audios de Villarejo difundidos por medios de comunicación y redes sociales con indicios contra Cospedal y el Partido Popular. El contenido de esa causa no ha podido ser consultado por las partes hasta hace unos meses.

En uno de los audios, Cospedal reconoce que tenía acceso a los informes de la caja B del Partido Popular antes del juez porque se los suministraba el ministro del Interior en persona, según reveló elDiario.es en diciembre del pasado año. Otro de los audios de los que la Policía pedía valoración al juez es el referente a la “libretita” –los papeles de Bárcenas– que Cospedal pidió a Villarejo que parara. El tercero es de 2017 y Villarejo, quien ya se sabía investigado, pide a la número dos del PP intercesión ante los problemas judiciales que le vienen.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y el actual titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, rechazaron la petición del PSOE realizada entonces. Piña, en un duro auto, cargó contra el PSOE, al que acusó de actuar en contra de “la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta”. Según el juez Piña, los audios “no contienen elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída con relación a la Sra. Cospedal”.

Será ahora el tribunal de Kitchen quien decida sobre la petición de los socialistas. Este lunes, la abogada del PSOE ha insistido: “Los audios también son considerados relevantes, nuevos para la causa. Desconocemos si están dentro de los encriptados y nunca se ha tenido acceso vía el juzgado ni se ha intentado buscarlos dentro de las actuaciones”.

El PSOE ha justificado que se convierta al PP en responsable civil a título lucrativo porque era el principal beneficiado de que la Operación Kitchen triunfara, ya que lo que buscaba el operativo parapolicial era sabotear la acción judicial contra el PP en el caso de su financiación irregular.

Acusados y separados

El primero en intervenir en el trámite de las cuestiones previas ha sido el abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. El abogado Jesús Mandri ha expuesto la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos porque no es uno de los encargos que recibió de particulares Villarejo, como en el resto de piezas de la macrocausa. “Kitchen no es un proyecto, no hubo un contrato, no hubo un pago de un precio. No hubo absolutamente nada”, ha dicho.

Los principales imputados, si se atiende a la jerarquía que mantenían en Interior, han estado de acuerdo en la estrategia inicial. A los argumentos de Fernández Díaz se han sumado los de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y de Eugenio Pino, antiguo director adjunto operativo de la Policía. Han considerado que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar los hechos y han pedido que se anule el juicio y que se envíen las actuaciones a un juzgado ordinario.

En el banquillo, los diez acusados siguen el trámite de las cuestiones previas. Solo los policías José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano se sientan juntos –comparten abogada– mientras que el resto de acusados han dejado un asiento de distancia con el siguiente, incluidos Jorge Fernández Díaz y el que fue su número dos, Francisco Martínez.

Luis Bárcenas busca acreditar ante el tribunal que juzga las maniobras para arrebatarle las pruebas sobre la financiación irregular del Partido Popular que sufrió “trato vejatorio” cuando estuvo interno en la cárcel de Soto del Real entre los años 2013 y 2015.

El extesorero de la formación ha puesto a disposición de la Audiencia Nacional diversa documentación, entre la que se encuentra una “orden de cacheo desnudo integral” que se llevó a cabo en septiembre de 2013 ante la sospecha de que hubiera introducido en la cárcel objetos prohibidos. Tras llevar a cabo ese cacheo los funcionarios no encontraron ningún elemento cuyo uso no esté autorizado en la prisión, tal y como acredita el parte aportado. 

Su abogada, Marta Giménez-Cassina, también ha aportado un parte por sospecha de ocultar objetos prohibidos que nunca se llegó a probar. Entre la documentación figuran también quejas del propio Bárcenas y un parte de asistencia médica por “enrojecimiento” en las muñecas, derivadas de un apretón excesivo de los grilletes por parte de la Guardia Civil durante los traslados. No obstante, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria desestimó su queja por las condiciones de estos traslados. 

Asimismo, Bárcenas adjunta el parte por el que fue castigado con privación de paseos y actos recreativos. El motivo alegado es que se negó a facilitar a los funcionarios el número de teléfono al que estaba llamando. La defensa argumenta que en prisión solo se puede llamar a números previamente autorizados.

La Audiencia Nacional acogerá desde este lunes el juicio por el caso Kitchen, la pieza número 7 de la macrocausa Villarejo y la única que responde a un encargo exclusivamente político al policía: encontrar y poner lejos del alcance de la justicia las pruebas que pudiera guardar Bárcenas de la financiación irregular del PP.