Los principales indicadores de listas de espera sanitaria en Aragón reflejan un deterioro durante los dos primeros años y medio de gobierno de Jorge Azcón, en contraste con sus compromisos de mejora que lanzó en la campaña de 2023. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Sanidad, a 31 de diciembre, la comunidad no solo no ha reducido los tiempos de espera, sino que ha empeorado en la mayoría de parámetros clave con respecto a 2023. La comunidad suma cerca de 3.000 pacientes más pendientes de una operación y más de 26.000 en consultas externas, mientras la espera quirúrgica se eleva a 132 días —por encima del objetivo fijado— y la demora para ver a un especialista se dispara hasta los 138 días (46 días más que hace dos años y medio), el mayor incremento registrado entre las comunidades autónomas.

El problema sigue recogido en el documento del pacto cerrado entre PP y Vox para la conformación del gobierno de coalición para la próxima legislatura, en el que se contemplan varias medidas en materia de sanidad y políticas relacionadas con la familia, la vida y los hábitos saludables. Entre ellas, se plantea un refuerzo global del sistema sanitario aragonés, comenzando por el compromiso de incrementar el presupuesto de Sanidad “al menos al mismo ritmo que el presupuesto autonómico, con el fin de garantizar recursos suficientes”. Desde el inicio de la legislatura se prevé también un plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas mediante una mejor gestión y el apoyo subsidiario de la sanidad privada.

El primer punto sí fue cumplido por el primer gobierno de Azcón, al aumentar el presupuesto de Sanidad de 2024 sin reedición desde entonces. Sin embargo, eso no ha logrado reducir las listas de espera quirúrgicas ni de consultas de especialidades.

En Aragón hay 2.961 pacientes más en lista de espera quirúrgica que en junio de 2023, al pasar de 22.822 a 25.783, (un 13% más), lo que supone el quinto mayor aumento absoluto entre las comunidades autónomas, solo superado por Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Baleares, regiones con una población significativamente superior. En cuanto al tiempo medio de espera quirúrgica, el anterior Gobierno de Aragón lo situó en 126 días, lo que en ese momento colocaba a la comunidad como la sexta con mayor demora, frente a una media nacional de 112 días. Dos años y medio después, a 31 de diciembre de 2025, Aragón ha pasado a ser la quinta región con mayor tiempo de espera, alcanzando los 132 días, es decir, seis días más que al inicio del periodo, mientras que la media estatal se sitúa en 121 días.

El empeoramiento es aún más acusado en consultas externas. El tiempo medio de espera ha aumentado de 92 a 138 días, un incremento de 46 días —el mayor de todas las comunidades—, y la diferencia con la media nacional se ha disparado hasta los 36 días. Aragón ha pasado de ser la sexta a la tercera comunidad con mayor demora.

Asimismo, el porcentaje de pacientes que esperan más de 60 días para una consulta ha crecido del 46,9% al 73%, superando en más de 11 puntos la media española. En términos absolutos, hay 26.178 pacientes más en lista de espera para consultas externas que al inicio del mandato al pasar de 98.304 con el gobierno de Lambán a 124.482 pacientes a 31 de diciembre de 2025, un aumento del 26,6%.

El 17 de mayo de 2023, en plena antesala de las elecciones autonómicas, Jorge Azcón lanzó una de las promesas más ambiciosas de su campaña al señalar la gestión sanitaria como el principal fracaso del gobierno de Lambán. Con una retórica contundente, calificó la situación de las listas de espera como una muestra del perjuicio que un mal gobierno supone para los ciudadanos, situando la reforma de la Sanidad como la piedra angular de su proyecto de cambio. Su compromiso era claro y cuantificable: modificar el decreto de garantías para rebajar el plazo máximo de espera quirúrgica de los seis meses vigentes en aquel entonces a tan solo cuatro meses. Según sus propias palabras, ningún aragonés con necesidad de cirugía debería esperar más de 120 días, fijando incluso un objetivo optimista de alcanzar los 100 días antes de concluir la legislatura.

Sin embargo, el balance al cierre del año 2025 ofrece una realidad distinta a la proyectada en aquel discurso. A fecha del 31 de diciembre de 2025, tras concluir la XI Legislatura bajo su mandato, el tiempo medio de espera quirúrgica se situaba en 132 días, lo que supone un incumplimiento directo de la palabra dada a los electores. Esta cifra resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que, durante su gestión, Azcón ha presumido de forma casi diaria de un aumento presupuestario en materia de salud, centrado principalmente en las cuentas aprobadas para el ejercicio 2024. Pese a ese incremento en la inversión y a la firmeza de sus críticas iniciales, la administración no ha logrado ajustar los tiempos de respuesta a los límites que el propio presidente definió como la medida indispensable para revertir lo que él mismo denominó un fracaso institucional.

Lista de espera quirúrgica por especialidades

En relación con la evolución por especialidades quirúrgicas, Aragón presenta algunos de los incrementos más elevados en número de pacientes en espera estructural. En cirugía general y del aparato digestivo, los pacientes han pasado de 3.606 en junio de 2023 a 4.721 en diciembre de 2025, lo que supone un incremento de 1.115 personas y un aumento relativo del 30,9%, el mayor entre las comunidades autónomas. En términos absolutos, este incremento solo es superado por Cataluña y la Comunidad de Madrid.

En urología, el número de pacientes en espera ha pasado de 1.802 a 2.841, con un incremento del 57,6%, también el más elevado del conjunto de comunidades, y un aumento absoluto de 1.039 personas, solo por detrás de Madrid y Cataluña. En otorrinolaringología, los pacientes en espera han aumentado de 1.318 a 2.084, lo que supone un incremento del 58,1% y un aumento absoluto de 766 personas, situando a Aragón como la segunda comunidad con mayor incremento relativo.

Consultas externas

En el ámbito de las consultas externas, el tiempo medio de espera ha pasado de 92 días en junio de 2023 a 138 días en diciembre de 2025, lo que supone un incremento de 46 días, el mayor registrado entre las comunidades autónomas. Esta evolución amplía significativamente la diferencia respecto a la media estatal, que se sitúa en 102 días, de modo que Aragón presenta una demora 36 días superior. En términos relativos, el incremento alcanza el 50%, casi tres veces más que el registrado en el conjunto del país.

Como consecuencia, Aragón ha pasado de ocupar la sexta posición en tiempo de espera a situarse como la tercera comunidad con mayor demora en consultas externas.

Asimismo, el porcentaje de pacientes que esperan más de 60 días para ser atendidos en una primera consulta ha experimentado un incremento notable. En junio de 2023, el 46,9% de los pacientes se encontraba en esta situación, lo que situaba a Aragón por debajo de la media nacional, fijada en el 51,6%.

Sin embargo, a diciembre de 2025 este porcentaje asciende al 73%, lo que supone un aumento de 26,1 puntos porcentuales y sitúa a la comunidad 11,5 puntos por encima de la media estatal, que es del 61,5%. Este incremento es más del doble que el registrado a nivel nacional y coloca a Aragón como la tercera comunidad con mayor proporción de pacientes con demoras superiores a 60 días.

En términos de volumen, a 31 de diciembre de 2025 Aragón cuenta con 124.482 pacientes en lista de espera para consultas externas, lo que supone 26.178 más que en junio de 2023, cuando la cifra era de 98.304. Este incremento del 26,6% convierte a Aragón en la segunda comunidad con mayor aumento relativo en este indicador.

El análisis por especialidades en consultas externas muestra igualmente una situación de elevada demora. Aragón se sitúa entre las comunidades con mayores tiempos de espera y lidera la demora en varias áreas.

En ginecología, el tiempo medio alcanza los 88 días, el más alto del país. En oftalmología, la espera se sitúa en 211 días, superando los siete meses, mientras que en traumatología alcanza los 188 días, más de medio año. En dermatología, el tiempo medio es de 143 días, lo que posiciona a Aragón como la quinta comunidad con mayor demora.

Asimismo, lidera la espera en otorrinolaringología con 241 días, más de ocho meses, y en neurología se sitúa como la tercera comunidad con mayor demora, con 127 días. En cirugía general y digestiva, aunque el tiempo medio es menor, con 66 días, Aragón sigue ocupando la quinta posición en términos de mayor espera.

El crecimiento de las listas es generalizado en prácticamente todas las especialidades. En ginecología, el número de pacientes en espera ha pasado de 5.348 a 10.828, lo que supone un incremento de 5.480 personas y un aumento del 102,5%.

En oftalmología, los pacientes han pasado de 27.405 a 30.563, con un incremento de 3.158 personas. En dermatología, el aumento es de 2.281 pacientes, al pasar de 15.666 a 17.947. En otorrinolaringología, la lista crece en 6.599 personas, desde 16.793 hasta 23.392, lo que representa un incremento del 39,3%.

Especialmente relevante es el caso de neurología, donde el número de pacientes en espera para una primera consulta ha pasado de 2.367 a 6.620, lo que supone un incremento de 4.253 personas y un aumento relativo del 179,7%, el mayor registrado entre las comunidades autónomas.

Este incremento adquiere especial relevancia por tratarse de una especialidad vinculada al diagnóstico de patologías graves y de alta prevalencia en población envejecida, como el alzhéimer, el párkinson o las secuelas de ictus. En este contexto, el acceso a una primera consulta no solo tiene implicaciones clínicas, sino también un impacto significativo en el bienestar psicológico de pacientes y familiares, al condicionar el proceso de diagnóstico y la evolución posterior de la enfermedad.

Acuerdos sanitarios del pacto PP-Vox y la prioridad o no nacional

En medio de esta realidad, surge la duda de si la atención sanitaria, hasta ahora universal, se recoge en el reciente acuerdo entre PP y Vox, impresicindible para la conformación del nuevo gobierno de coalición, que tiene como base el principio de 'prioridad nacional', por el que se prioriza a los españoles en el acceso a los servicios públicos. Sin embargo, el propio presidente ha asegurado que no se aplicará en casos de urgencia vital: “En Aragón se va a atender a todo el mundo en los hospitales y en los centros de salud exactamente igual que se les atendía, no va a haber ningún solo cambio, ningún solo cambio”. El presidente en funciones ha apuntado que “es muy irresponsable que se haga política del miedo con este tipo de cuestiones. Es un debate interesado en lo que lo único que se está intentando inocular es el miedo”.

Más allá de la prioridad o no nacional, el documento del pacto alcanzado entre PP y Vox recoge otras medidas genéricas que, en el ámbito de infraestructuras, pasa por la construcción de un nuevo Hospital Royo Villanova en Zaragoza y nuevos centros de salud en Utebo, Arcosur, Zuera y Cuarte de Huerva, además de la ampliación del de Caspe, con avances previstos antes de finales de 2026. Asimismo, se mantendrá y reforzará el sistema extrahospitalario de atención urgente primaria (DUAP) durante toda la legislatura.

En salud mental, se pondrá en marcha un plan específico infanto-juvenil con nuevas unidades en Zaragoza y refuerzo en Huesca y Teruel, además de mejorar la atención a trastornos de la conducta alimentaria, con avances antes de 2026.

También se contempla el refuerzo de los cuidados paliativos desde el primer momento, así como un plan de mejora de los recursos sanitarios que incluye la implantación de radioterapia en Teruel antes de 2027, así como incentivos para cubrir plazas de difícil acceso y la conversión de los hospitales generales en universitarios hacia 2027-2028.

En materia de servicios, se ampliará la atención bucodental infantil hasta los 16 años a partir de 2027.

En salud pública, se endurecerán las sanciones por fraude en el etiquetado de alimentos para garantizar la transparencia sobre su origen, con medidas a desarrollar en 2027. Finalmente, se promoverá el deporte como base de un estilo de vida saludable mediante un plan de infraestructuras deportivas a lo largo de toda la legislatura.

Paralelamente, se reforzará la atención a las personas mayores mediante más plazas en residencias y centros de día, mayor presupuesto y ampliación de conciertos, de forma continuada en cada presupuesto.

El acuerdo incorpora un enfoque transversal de familia en todas las políticas públicas, obligando a evaluar su impacto en este ámbito desde el inicio del mandato.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Carlos Arrazola, ha avanzado este viernes en el Senado, en respuesta a una pregunta de Geroa Bai, que la obra para el recrecimiento del embalse de Yesa, del que beben media Navarra y Zaragoza, se prolongará más allá del año 2030 debido a la “complejidad” de los trabajos para ampliar la capacidad de la presa de los 447 a los 1.075 hectómetros cúbicos.

Arrazola ha afirmado, en la Comisión de Transición Ecológica del Senado, que “lo más importante por supuesto es la seguridad, y la seguridad de la presa actualmente está garantizada”. “Es la presa más observada probablemente de España. Tiene una serie de mejoras tecnológicas en cuanto a su observación que no la tienen la mayoría de las presas”, ha destacado el presidente de la CHE.

Carlos Arrazola ha indicado que, al existir “una cierta desconfianza sobre la seguridad que tenía este proyecto, el Gobierno de Navarra encargó un informe a una prestigiosa consultoría para obtener unas conclusiones que permitieran continuar con la obra o, en su caso, no hacerlo, y el Ministerio encomendó al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos también otro dictamen con el mismo objetivo”. “Como consecuencia de todos esto se redactó el modificado cuarto, que está ahora pendiente de aprobación, que incluía todas las sugerencias o mejoras de los informes de ambas consultorías. En los informes participaron los mejores expertos en esta materia de España y las conclusiones fueron coincidentes”, ha afirmado.

El presidente de la CHE ha querido trasladar “la complejidad que está teniendo esta obra desde el punto de vista técnico”. “Es una obra que ha convivido con tres leyes de presupuestos distintas y ha tenido tres cambios en el IVA. En sus inicios tuvo un proceso penal contra el presidente de la Confederación y contra algunos directores generales del Ministerio de Medio Ambiente. Estamos en este momento y unos antecedentes tan complicados hacen que todos los procesos administrativos, que en este Estado son muy garantistas, lo sean todavía más”, ha explicado.

Arrazola ha explicado que el procedimiento de aprobación del modificado tiene dos etapas, “lo que sería la etapa de aprobación técnica, que ya se ha llevado a cabo, y ahora estamos en la fase de aprobación económica”. “En esta fase han de cumplirse varios hitos, como son la audiencia al contratista, el informe de la Abogacía del Estado, el informe del Consejo de Estado y el informe de la Intervención General del Estado”, ha apuntado.

“Al ser una presa que, como todas, es del Estado, el expediente lo tiene el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Esta es la explicación con la que les quería ilustrar por qué este modificado cuarto está tardando en aprobarse más de lo deseado por todos”, ha dicho a los senadores.

En el turno de los grupos, la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que “lo que más nos preocupa es la seguridad de las personas”. “Acompaño a los regantes navarros y aragoneses cuando se quejan por la falta de respuesta sobre cuándo va a llegar el agua, pero lo hago acompañando primero a todos esos vecinos que se preguntan si la obra del recrecimiento es segura y la incertidumbre en la seguridad de las personas es lo primero que debemos despejar, sin alarmismos, pero sin dilaciones en la respuesta, porque sin ninguna duda el peor de los alarmismos es el que se genera por la falta de repuesta y por la falta de información”, ha destacado.

Barkos ha añadido que se trata de “una obra iniciada en el año 2000 que lleva ya dos décadas de construcción, yo diría casi dos décadas de retraso”. “La última fecha reconocida para el final de obra era para el año 2030, pero eso fue antes del cuarto modificado o justo en el entorno del cuarto modificado. Ya en 2025 se nos señaló que una vez aprobado el modificado, quedarían cinco años de ejecución. El año 2030 por lo tanto se nos escapa del horizonte”, ha afirmado, y el presidente de la CHE ha reconocido que la obra no estará finalizada para ese año.

La nueva edición del Día del Libro de Zaragoza, con motivo de la celebración del 23 de abril, festividad de Aragón, ha estado marcada por una gran afluencia de público y un ambiente festivo que ha llenado las principales arterias del centro de la ciudad, según ha destacado la Comisión Permanente del Libro (COPELI).

Desde primeras horas de la mañana, miles de personas han paseado entre los espacios literarios instalados en el Paseo de la Independencia, la plaza de Aragón, el entorno de Santa Engracia, y este año por primera vez también la plaza de Salamero, consolidando nuevamente esta cita como uno de los grandes eventos culturales del calendario zaragozano.

Los nuevos espacios habilitados en la plaza Salamero también han registrado gran cantidad de público, por lo que desde la organización se valora muy positivamente esta ampliación.

La jornada, organizada por la Comisión Permanente del Libro (COPELI) con la colaboración del Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza, ha reunido este año a 115 expositores, instalados en 176 arcadas y espacios habilitados, y de 350 autores que han participado en sesiones de firma durante todo el día.

“Ha sido una jornada espectacular, muchísima gente, por lo que podríamos hablar de un ligero incremento de ventas y de público con respecto al año pasado, cuando ya tuvimos un magnífico Día del Libro, así que todos muy satisfechos de cómo se ha desarrollado”, según ha valorado el presidente de COPELI, Daniel Viñuales.

Una edición más, Zaragoza ha demostrado que es una ciudad que lee, celebra y vive su cultura con intensidad. La edición de este año se ha completado con la distribución de miles de elementos promocionales, entre ellos 6.550 claveles y 10.000 marcapáginas, además de 5.000 programas de mano que han facilitado el seguimiento de actividades, firmas y ubicaciones, contribuyendo a una experiencia organizada y accesible para todos los asistentes.

Como es tradición, la programación ha comenzado con un recorrido institucional por los distintos stands por parte de representantes de las administraciones, que han podido compartir impresiones con profesionales del sector y con el público en un ambiente marcadamente participativo.

En representación de la Diputación Provincial de Zaragoza, ha estado presente el diputado delegado de Archivos y Bibliotecas de DPZ, José Manuel Latorre, quien ha realzado que “este es el mejor momento para comprar un libro porque el mejor escenario es la calle, donde no hay plataformas digitales, sino que lo mejor es hablar con los libreros y libreras, con los editores, con los autores y autoras y que celebremos especialmente que la actividad económica que produce todo el ecosistema literario nos hace también mejores personas y mejor comunidad”.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha expresado que “el Día del Libro es enorme en Aragón, un enorme proyecto colectivo que se ha construido en la suma del esfuerzo de todas las instituciones, de todas las industrias culturales relacionadas con el mundo de las letras, librerías, editoriales y autores y, por supuesto, con el respaldo la militancia cultural de todos los aragoneses y aragonesas. Por tanto, es una felicitación colectiva este éxito”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también ha participado en el recorrido inicial de la jornada, y ha expresado: “Celebramos nuestra identidad a través de la cultura, así que me hace especial ilusión ver que el Paseo de la Independencia vuelve a acoger este Día del Libro, una fiesta de la cultura donde tenemos que reivindicar el valor de la lectura en una sociedad donde muchas veces las pantallas compiten con la lectura sosegada de un buen libro”.

A lo largo del día, el ambiente ha sido festivo, familiar y participativo, con una altísima asistencia de público gracias también al buen tiempo: el sol ha acompañado durante toda la jornada, animando a que miles de personas salieran a disfrutar del Día de Aragón y de los libros.

La madre de Jorge García-Dihinx y los padres de Natalia Román López, han recogido la Medalla al Mérito Deportivo 2026, que el Gobierno de Aragón les ha concedido a título póstumo. Los dos montañeros fallecieron en un alud en Panticosa el 29 de diciembre de 2025. En el momento más emotivo del acto por el Día de Aragón, Pilar Villanova, madre de Jorge, ha afirmado: “Pienso que murió feliz, haciendo lo que le gustaba, con Natalia, su amor, otra persona maravillosa, tan amante de la montaña y el deporte como él”.

Esta distinción, a título póstumo, que se ha entregado este 23 de Abril, coincidiendo con el Día de Aragón, reconoce a la trayectoria Jorge García-Dinhinx como deportista y divulgador, su impulso a la práctica segura de los deportes de montaña y su contribución al fomento de hábitos de vida saludables.

Su madre ha explicado que “Jorge era un hombre bueno, alegre, íntegro, positivo, entusiasta y amante de la vida. Todo el que lo conocía lo sabe. Siempre intentó y logró hacernos felices a todos, a su familia, a sus compañeros, a sus amigos y a todo el que se cruzaba en su camino”. Su madre ha añadido que “le encantaba la pediatría, la fotografía, pero su pasión era la montaña”.

“Jorge en su blog, además de explicar el tiempo en la montaña, aconsejaba sobre los riesgos que se podían encontrar, entre ellos el peligro de los aludes, y todo muy documentado y perfectamente explicado. Sabía lo importante que era ir bien preparado, no dejaba nada al azar. Parece increíble que a él, tan cuidadoso y tan experto, pudiese ocurrirle algo así. Y es que en la montaña ya se sabe que el riesgo cero no existe”.

Pilar Villanova ha apostillado: “Pienso que murió feliz, con Natalia, su amor, otra persona maravillosa, tan amante de la montaña y el deporte como él, y en el Pirineo aragonés que tanto amaban. Pero soy su madre, y su pérdida, como pueden suponer, me destroza el alma”.

“Jorge también querría que recordase a su padre, otra bellísima persona. Él estaba muy orgulloso de Jorge y agradecería este reconocimiento”, ha añadido.

La Medalla al Mérito Deportivo de Aragón, a título póstumo Natalia Román López, se le ha concedido en atención a su trayectoria deportiva de alto nivel en carreras de alta montaña, su ejemplo de esfuerzo y superación y su contribución a la visibilización y estímulo de la práctica deportiva en Aragón. Sus padres Juan José Román y Pilar López han recogido también el galardón de manos del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón.

Juan José Román, padre de la distinguida con la medalla al mérito deportivo ha dicho que “este reconocimiento a nuestra hija nos enorgullece y nos saca una sonrisa. El deporte de montaña era la gran pasión de Natalia, era su vida. Recordamos todas las carreras que hizo, algunas haciendo podio”.

“Yo a veces les ayudaba en los habituallamientos para darles ánimo, aunque no lo necesitaban. Soy su padre y no soy objetivo, pero os digo que Natalia era muy fuerte, una luchadora siempre positiva. Esquió, subió montañas, corrió por los valles, aquí en los Pirineos y en Suiza, su segunda tierra. También fuera, en Nepal, en Noruega y en Canadá”.

Con Jorge “hicieron un gran equipo, pareja, y se convirtieron en compañeros de vida. Pocos podían seguir su ritmo. Agradecemos que lo reconozcáis como ejemplo de compromiso, esfuerzo, humildad y profundo respeto por la naturaleza. Gracias a todos por recordar a Jorge y a nuestra hija Natalia. Un saludo de Jorge y Natalia”.

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha puesto de manifiesto que Jorge y Natalia son “dos figuras que, desde su pasión y dedicación, representaron los valores del deporte y el espíritu de nuestra comunidad. Y, con estas medallas, queremos que su legado, su mensaje y su pasión por Aragón y sus montañas estén siempre presentes y a la altura que ambos merecen”.

No ha tardado ni un día. Vox Castilla-La Mancha ya ha dejado claro al presidente del PP en esta comunidad autónoma Paco Núñez que, si quiere su apoyo para gobernar tras las elecciones autonómicas de 2027 -siempre y cuando la aritmética del voto así lo permita- el principio de la “prioridad nacional” será fundamental en las negociaciones para llegar a un pacto.

Es el peaje que ya han tenido que pagar los 'populares' en Extremadura y Aragón para poder gobernar en aquellos territorios y hoy el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ya le ha dicho a Paco Núñez que aquí tendría que pasar lo mismo para que él sea presidente de la Junta. “Este principio será prioritario en las negociaciones”.

Se refiere a que el PP tendrá que aplicar principios racistas en sus políticas de Gobierno en Castilla-La Mancha. Solo los 'españoles', y solo algunos, serán beneficiarios de los derechos del Estado del Bienestar porque el resto serán excluidos por razón de raza, papeles, cultura o nacionalidad.

Los 'populares' se apresuraron ayer a matizarlo. Sí, siempre que esté “dentro de la Constitución” o en el marco de la “legalidad”. El alcance de esa “prioridad nacional” pretendida por Vox está todavía por ver.

El efecto cascada ha llegado este jueves a Castilla-La Mancha. El portavox de Vox también le exige lo mismo a Emiliano García-Page. Pide que aplique “de manera inmediata los principios de prioridad nacional” porque él cree que eso “lo reclaman cada vez más vecinos de la región ante una situación insostenible”.

La prioridad nacional será una de sus líneas prioritarias en cualquier negociación política en Castilla-La Mancha

Iván Sánchez — Portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha

El partido de extrema derecha ha insistido hoy en Toledo que “la prioridad nacional será una de sus líneas prioritarias en cualquier negociación política en Castilla-La Mancha” y ha señalado que el partido pretende implantar este principio en ámbitos como las ayudas sociales y el acceso a la vivienda pública.

El mensaje a Paco Núñez es claro “para que tome ejemplo de sus homólogos extremeños y aragoneses y deje de tender la mano a las políticas del PSOE para replicar en Castilla-La Mancha los acuerdos alcanzados en Extremadura y Aragón”.

¿Cómo esquivará Núñez la condición de Vox si no tiene mayoría absoluta?

El presidente del PP castellanomanchego daba por hecho allá por el mes de febrero que necesitaría a Vox para gobernar. El discurso lo ha mantenido hasta hoy, con más o menos matices pero este jueves, en una comparecencia ante la prensa en el mismo escenario que el portavoz de Vox - las Cortes de Castilla-La Mancha- ha precisado que espera ganar las elecciones en 2027.

“Nosotros trabajamos por ganar las elecciones, trabajamos porque el proyecto del Partido Popular que yo lidero en Castilla-La Mancha obtenga un respaldo mayoritario de los ciudadanos y podamos gobernar con nuestro programa”. Reconoce que si no hay mayorías absolutas habrá que “explorar vías de acuerdo y en cada circunstancia y en función de los resultados llevará unas conversaciones y unos acuerdos”, ha avisado, ante la andanada de Vox.

A Paco Núñez le han preguntado sobre las condiciones que ya está poniendo el partido ultra a un año de las elecciones y sobre esta cuestión ha dicho que a él lo que le importa es que allí donde ha habido elecciones “se pueda cumplir la voluntad popular”, según recoge Europa Press.

Núñez ha recalcado que él se va a centrar en aquellos contenidos programáticos que benefician al conjunto de los ciudadanos, como en Extremadura o en Aragón. O en que se pueden mejorar los servicios públicos, la atención al ciudadano o en bajar los impuestos.

¿Y cómo afrontar la 'prioridad nacional' que le exige Vox desde hoy mismo? Paco Núñez navega en la misma ambigüedad que la dirección nacional de su partido, o sus compañeros de filas de otras comunidades autónomas. Asegura que él no se va a “perder” en “ninguna discusión semántica estéril”, respecto al concepto de “prioridad nacional” o “arraigo”, ya que “no nos conducen a ningún sitio”, aunque no explica cómo lo esquivará en un hipotético pacto con Vox en 2027.

El presidente del PP castellanomanchego subraya que la postura del PP con la inmigración es “muy clara”. “Aquel que venga a Castilla-La Mancha o a España, si quiere, a trabajar, a contribuir, a integrarse y a participar del proyecto de país, tiene las puertas abiertas para hacerlo”, pero “aquel que venga a delinquir tiene que salir de nuestro país”.

Dicho esto, ha lamentado que “iniciar procesos de regularización masiva en el que personas con antecedentes penales van a obtener de manera automática la nacionalidad y los derechos de los españoles, a pesar de que están delinquiendo nuestro país, no es de recibo”, volviendo a identificar migración con delincuencia, al más puro estilo de la extrema derecha.

En estas declaraciones no parece acordarse de que en los ayuntamientos de Villamalea -donde conviven hasta cinco religiones o credos y gobierna el PP- y Tarazona de la Mancha se aprobó por unanimidad de PP, PSOE e IU reclamar una agilización de la regularización extraordinaria masiva de migrantes. No solo porque en estos pueblos de Albacete la integración de quienes llegan de fuera es total, sino porque se han convertido en personas fundamentales para impulsar una economía local de base agraria.

El PSOE duda del “camino” de Núñez: “Representa el peor PP de España”

Mientras, el PSOE ha entrado en el intercambio dialéctico, criticando “el camino” que señala el presidente regional del PP, Paco Núñez, “refrendando” el pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura y, por tanto, lo que han denominado la “prioridad nacional”, y ha asegurado que lo que evidencia un día más es que representa “el peor PP de España”.

El diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha Antonio Sánchez Requena se ha preguntado sobre “cuál es el camino” al que se refiere Núñez, porque esa “prioridad nacional” es un concepto “ilegal, anticonstitucional y tan reprochable que hasta Feijóo en el Congreso, Ayuso en Madrid y Moreno Bonilla en Andalucía, lo han rechazado”.

“Si ese es el camino, un futuro bastante negro sería el que nos ofrecería el señor Núñez”, que está “por un lado rendido a la ultraderecha y, por otro lado, tutelado por su dirección nacional, de manera que, si tuviese que gobernar, en la mitad de los temas mandaría Vox y en la otra mitad mandaría Génova”, ha aseverado.

En este punto, Sánchez Requena ha asegurado que, “frente a esa falta de liderazgo de Núñez”, el único proyecto claro para seguir avanzando en derechos, en crecimiento del empleo, en estabilidad y en certidumbre, es el del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Las Jornadas Gastronómicas del Ternasco de Aragón vuelven a Asturias en su novena edición en Mieres y segunda en Lena, consolidándose como una cita gastronómica destacada del calendario. Un total de 23 restaurantes de ambos concejos ofrecerán, entre el 24 de abril y el 3 de mayo, una amplia variedad de platos elaborados con este producto reconocido por su calidad y versatilidad.

La presentación oficial tuvo lugar en el restaurante La Cava de los Cinco, en Pola de Lena, con la participación de representantes institucionales, el promotor de la iniciativa y distribuidor en la zona, Juan Carlos García, y el director de Marketing y Comunicación de la IGP Ternasco de Aragón, Diego Franco. Durante el acto, los asistentes pudieron degustar un menú compuesto por seis elaboraciones distintas que mostraron la diversidad culinaria del producto.  

En estos los restaurantes participantes podrán probarse este año cortes y platos clásicos como las chuletillas a la brasa o a la plancha, las paletillas asadas al horno con patatas panadera, los corderos asados enteros a la estaca (por encargo), y en caldereta con patatas y verduras. También se ofrecen propuestas más innovadoras, como los populares y sabrosos churrasquitos o los tournedós (medallones sin hueso procedentes de la pierna) cocinados a la plancha o a la brasa. E incluso los populares cachopos asturianos se presentan en estas jornadas con filetes finos de Ternasco de Aragón.

Otra propuesta que se puede encontrar en varios de los establecimientos es el denominado “Mi plato de Ternasco de Aragón”, una opción combinada con diferentes cortes del cordero: chuletillas, churrasquitos, paletilla y/o tournedós. Recomendado para 2 o 3 personas e ideal para poder probar las características diferenciales de las diferentes piezas.

En el concejo de Mieres participan 17 locales, mientras que en Lena se suman por primera vez seis establecimientos, ampliando la oferta y el alcance de las jornadas. La iniciativa está organizada por Alimentación del Prado y el Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón, con la colaboración de los ayuntamientos de ambos municipios.  

El Ternasco de Aragón es un cordero alimentado con leche materna y cereales naturales, cuya producción está regulada desde 1989 y cuenta con más de 300.000 ovejas en explotaciones de distintas zonas de Aragón. Este modelo de producción no solo garantiza estándares de calidad, sino que también contribuye al mantenimiento del medio rural y la sostenibilidad del territorio.  

23 restaurantes para disfrutarlo

Los 17 restaurantes participantes en esta octava edición en el concejo de Mieres son:

Y los 6 que participan por primera vez en el concejo de Lena:

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha manifestado en relación al acuerdo PP-Vox aprobado ayer, que el principio de 'prioridad nacional', que prioriza a los españoles en el acceso a los servicios públicos, no se aplicará en casos de urgencia vital: “En Aragón se va a atender a todo el mundo en los hospitales y en los centros de salud exactamente igual que se les atendía, no va a haber ningún solo cambio, ningún solo cambio”. El presidente en funciones ha apuntado que “es muy irresponsable que se haga política del miedo con este tipo de cuestiones. Es un debate interesado en lo que lo único que se está intentando inocular es el miedo”.

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha defendido el encaje constitucional de la 'prioridad nacional'. Nolasco ha insistido en los baremos que se aplicarán para conseguir la 'prioridad nacional', que serán para aquellos ciudadanos que “más tiempo han cotizado y han aportado al sistema”. “Eso se puede hacer, los técnicos en Extremadura han dicho que es viable”, ha indicado en declaraciones al programa 'La mirada crítica' de 'Telecinco', recogidas por Europa Press. Dicho esto, ha negado que la 'prioridad nacional' no se pueda llevar a cabo en los gobiernos autonómicos. “Se puede hacer y se va a hacer”, ha avisado, a la vez que ha reprochado al PP que “un día diga una cosa, otro día otra”, o que la izquierda se empeñe en afirmar que es ilegal.

Menores migrantes

Preguntado sobre cómo va a prohibir el Gobierno de Aragón la llegada de menores migrantes, Nolasco ha reprochado al PP que en el 2023 “podía haberse negado y no lo hizo”, motivo por el que abandonaron el ejecutivo autonómico. De esta manera, ha defendido que Aragón sí que se puede negar a aceptar menores migrantes. “Se pueden recurrir en otras instancias y hacer como que se hace algo, pero en las sectoriales, cuando toca decidir algo, no se han negado y nosotros vamos a negarnos”, ha adelantado Nolasco, que ha señalado que “hay muchos mecanismos” para hacerlo.

En este sentido, ha recordado que en Aragón no se van a crear nuevas plazas de menores migrantes y que intentarán derogar el reparto como ya hicieron con la ley de memoria democrática en la comunidad autónoma. “Dijeron que no se podía, que era algo que iban a llevar al tribunal de los Derechos Humanos, que iban a llevar a Bruselas. Al final, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada, porque sí que se podía derogar una ley de manera democrática en un parlamento”, ha apostillado.

Azcón se inventa que “en Aragón no se habla catalán”

El acuerdo PP-Vox incluye en uno de sus puntos “librar a Aragón de la imposición del catalán” y suprimir el Instituto Aragonés del Catalán. “En Aragón lo que dice el Estatuto de Autonomía es que tenemos una serie de modalidades lingüísticas, no dice que se habla el catalán porque no se habla catalán. En Aragón, los que somos de Aragón sabemos que en Fraga se habla el fragatí, y hay algunos que quieren llamarle catalán, pero el Estatuto de Autonomía no le llama catalán”, ha dicho Azcón.

A este respecto se ha preguntado retóricamente si “acaso alguien duda de que en la comunidad valenciana se habla valenciano”. “¿Alguien dice que en Valencia lo que se habla es catalán? ¿Por qué en Fraga se tiene que hablar catalán?”, ha insistido.

Lo cierto es que el fragatí es una modalidad del catalán noroccidental, tal y como demuestran numerosos estudios filológicos. En 1995 la Universidad de Zaragoza publicó el Estudio sociolingüístico de la Franja Oriental de Aragón, dirigido por María Antonia Martín Zorraquino quien, con 520 informantes, aportó la base empírica masiva que demuestra que en el oriente aragonés se habla catalán. Complementando esto, el filólogo Javier Giralt Latorre ha documentado el uso administrativo del catalán en la zona desde el siglo IX. Filológicamente, Giralt clasifica el fragatino o fragatí como catalán noroccidental.

En cuanto a si “alguien dice que en Valencia lo que se habla es catalán”, sí: lo dice la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) en su dictamen publicado en 2005. “La lengua propia e histórica de los valencianos, desde el punto de vista de la filología, es también la que comparten las comunidades autónomas de Cataluña y las Islas Baleares, y el Principado de Andorra. Asimismo es la lengua histórica y propia de otros territorios de la antigua Corona de Aragón (la franja oriental aragonesa, la ciudad sarda de Alguer y el departamento francés de los Pirineos Orientales)”, afirma ese documento.

Un tabú roto en el último Congreso Nacional del PP

El pasado mes de julio, en la inauguración del Congreso Nacional del PP, el invitado estrella para abrir esa cita –a la que acudió Azcón– fue el mallorquín Toni Nadal, entrenador durante 27 años de su sobrino y extenista Rafa Nadal. El entrenador rompió ante los dirigentes del PP el mismo bulo que este jueves ha difundido Azcón. Nadal dijo con contundencia: “En Mallorca se habla catalán”. Las palabras del entrenador desmontaban uno de los relatos identitarios del PP tanto en Baleares, como en la Comunidad Valenciana y en Aragón.

En un momento de su intervención, Nadal dijo lo siguiente: “No puede ser que el político se inmiscuya en todos los ámbitos de la sociedad”, asegurando que “hace tiempo” le transmitió “a un político” cuyo nombre reveló: “¿Por qué te inmiscuyes en temas de la lengua? En Mallorca hablamos catalán porque así lo dicen los filólogos. Si hay un filólogo, el político no tiene por qué intervenir”.

Debo confesar que, cuando veía en los documentales de la cadena ARTE los discursos del xenófobo Jean-Marie Le Pen, nostálgico del régimen de Vichy, negacionista de las cámaras de gas y fundador de la ultraderecha francesa, proclamando aquello de “los franceses primero” o “prioridad nacional”, jamás pensé que ese mensaje terminaría llegando a mi país.

Y no de la mano exclusiva de la ultraderecha 'hermana' de aquel personaje siniestro, sino también asumido por un partido de Estado que ha gobernado España en varias legislaturas.

Nunca imaginé que la xenofobia y el racismo se convertirían en eje vertebrador de pactos de gobierno en comunidades autónomas como Extremadura o Aragón, ni que ese discurso acabaría aterrizando en nuestras Cortes.

Y, sin embargo, aquí estamos.

Porque hay algo que no falla en esta deriva. Implacables con los débiles, sumisos con los poderosos.

Para estos nuevos profetas de la pureza, la culpa de la carestía de la vivienda, del gasto en guerras inútiles e inventadas, de la subida de los combustibles o de cualquier otro problema estructural, no la tienen quienes concentran un poder económico desorbitado y manejan los hilos del mundo saltándose gobiernos. No. La culpa, según ellos, es del migrante pobre.

Del que dejó atrás una vida sin futuro a miles de kilómetros para venir aquí a trabajar como interno, cuidando a una persona mayor siete días a la semana, veinticuatro horas al día, por una cantidad irrisoria, sin contrato y sin derechos.

Quizá tampoco sea quien colapsa la sanidad la mujer migrante que va a tener un hijo en uno de los países con la tasa de natalidad más baja del mundo. Quizá el problema tenga más que ver con millones desviados hacia intereses privados. Pero de eso, curiosamente, estos profetas nunca hablan.

Los migrantes no tensionan el mercado inmobiliario. Pero sí lo hacen los grandes fondos que especulan con la vivienda. Y, sin embargo, a esos poderes nunca se les señala.

Que Santiago Abascal haya construido su discurso señalando a las personas migrantes como delincuentes, violadores o ladrones entra dentro de una lógica. No porque sea verdad, sino porque responde a un modelo político basado en el odio, el bulo y la deshumanización.

Pero la pregunta es otra. ¿En qué momento Alberto Núñez Feijóo decidió asumir ese mismo marco, copiarlo y mimetizarse con él?

¿En qué planeta viven?

¿Han bajado alguna vez a la realidad de nuestros pueblos, de nuestros barrios?

¿Qué mensaje lanzan a ese chico que llegó siendo un niño, que hoy está regularizado, que estudia, que prepara una oposición o que intenta sacar adelante un negocio, pero al que se pretende marcar de por vida por el simple hecho de no haber nacido aquí? ¿De verdad quieren condenarle a ser siempre ciudadano de segunda?

¿Pretenden que en una urgencia médica se atienda antes al que tiene determinado origen que al que está más grave?

¿Que en una escuela de música tenga más oportunidades un músico mediocre por ser 'de aquí' frente a un excelente instrumentista de origen extranjero?

Quien no entiende que el futuro de este país pasa por la inclusión, la convivencia y el reconocimiento mutuo, quien apuesta por el odio, la división, el racismo y el bulo como estrategia política, no merece gobernar. Pero es que, además, difícilmente merece el respeto de una ciudadanía que aspira a algo mejor.

Quien criminaliza a las personas por su origen, su color de piel o su acento, buscando rédito electoral en ese odio cuidadosamente sembrado, debería encontrarse con una respuesta clara. Rechazo social y político.

Señores Feijóo y Abascal, hagan un esfuerzo. Salgan de la burbuja de la M-30 y acérquense a conocer realidades como las de Villamalea o Tarazona de la Mancha. Allí comprobarán hasta qué punto sus discursos se desmontan por sí solos.

Señores Feijóo y Abascal, hagan un esfuerzo. Salgan de la burbuja de la M-30 y acérquense a conocer realidades como las de Villamalea o Tarazona de la Mancha. Allí comprobarán hasta qué punto sus discursos se desmontan por sí solos

En el camino verán campos de cebollas, de ajos, viñas, naves de champiñón, espacios donde la mayor parte de la mano de obra es extranjera, mientras muchos españoles ocupan otros puestos, más técnicos y mejor remunerados.

Quizá no perciban su esfuerzo. Quizá no sientan su sudor ni sus preocupaciones. Puede que el cristal tintado y el aire acondicionado de sus coches se lo impidan.

Porque hay barreras que no son físicas.

Y una de ellas se llama dignidad.

Esa que, lamentablemente, ustedes han decidido dejar fuera de su política.

“El concepto político de la prioridad nacional, adecuado a la legalidad, va a regir los principios que inspiran al próximo Gobierno”. Así se expresó este miércoles el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, durante el anuncio del pacto alcanzado con Vox para un Ejecutivo conjunto donde los ultras tendrán tres consejerías y una vicepresidencia. Es el segundo acuerdo, tras el de Extremadura, que recoge un significante en disputa entre las direcciones estatales, enfrentadas notoriamente por su alcance. Los de Santiago Abascal quieren que sea algo más: ley.

El mismo día que María Guardiola era investida en Extremadura tras cuatro meses de negociaciones, PP y Vox sellaban en Aragón un pacto cuyo texto exacto se hizo público más de dos horas después de anunciarse, y que en la parte referida a la gestión de la inmigración es calcado al cerrado la semana pasada.

De hecho, el pacto supone un reparto de competencias y sillones igual al extremeño. Vox tendrá en Aragón una Vicepresidencia de Desregulación de la que dependerán también Servicios Sociales y Familia. Además, han logrado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la de Medio Ambiente y Turismo. El acuerdo implica, además, un cambio de cromos en el senador por designación autonómica. Eloy Suárez, actual presidente de la comisión de investigación del 'caso Koldo', deberá ceder el puesto a un miembro de Vox.

El documento recoge, como en Extremadura, el concepto de “prioridad nacional”. Una novedad en los acuerdos entre PP y Vox. El partido de Alberto Núñez Feijóo compró la idea para investir a Guardiola y ahora se extenderá al resto de regiones. Tras Aragón llegará el turno de Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco ha abierto ya las negociaciones.

Vox ha hecho así valer su buen resultado electoral en el ciclo electoral abierto el pasado mes de diciembre y que cerrará este 17 de mayo en Andalucía, donde la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno pende de un hilo. Los de Santiago Abascal han subido en todas las citas con las urnas y han consolidado su tercera posición, además de ser imprescindibles para que el PP retenga sus gobiernos.

El choque de las cúpulas

La aritmética ha forzado a Feijóo a asumir ese concepto de “prioridad nacional”. Pero la paz entre PP y Vox ha durado poco porque ambos se han lanzado de lleno a disputar el significado real de una locución que interpretan de forma distinta. Ambas fuerzas se felicitaron por haber reiterado su entente y garantizarse así otro gobierno en coalición, tras el experimento fallido de la pasada legislatura, cuando los ultras abandonaron sus cargos con la excusa de la acogida de menores migrantes que obliga la ley.

Pero la alegría por evitar una repetición electoral y cerrar meses de incertidumbre para los aragoneses contrasta con la cada vez peor relación que hay entre las direcciones nacionales, especialmente por las notorias diferencias públicas sobre el alcance de ese “concepto” de “prioridad nacional”.

El PP defiende que es un “concepto político”, como explicó Azcón. Es decir, una guía ideológica más que un mandato legal, precisamente porque las normativas tanto españolas como europeas impiden un trato discriminatorio por la nacionalidad de las personas en lo que a asistencia social se refiere. De hecho, el documento recoge expresamente que esa “prioridad nacional” se traduce en “arraigo real, duradero y verificable”. Y se concreta en un mínimo de empadronamiento o de cotizaciones para acceder a según qué ayudas sociales, lo que en ningún caso tiene que ver con la nacionalidad del demandante.

“Prioridad nacional, sí, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado: basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley dando así continuidad al de Extremadura”, explicaron desde la dirección de Feijóo, que dejó claro que Azcón “ha contado con total autonomía para negociar la configuración de su Ejecutivo”.

Pero en Vox quieren ir más allá. Para los de Abascal, “prioridad nacional” significa 'españoles primero'. Así lo dijeron expresamente en un comunicado remitido a los medios tras el acuerdo de Aragón, aunque la textualidad del documento no lo recoge. “Garantizaremos que el español irá siempre primero. Implantaremos la prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, alquiler social, ayudas y prestaciones”, decía la nota de Vox. Es, precisamente, lo que Vox llevó a votación en el Congreso este miércoles en una moción en la que buscaba apoyos parlamentarios para exigir al Gobierno reformas legales que sí permitan decidir el reparto de ayudas en función de la nacionalidad.

Bronca en las redes

Vox se quedó solo. El PP y el resto de grupos votaron en contra, aunque los de Feijóo plantearon una enmienda que limitaba el alcance de la “prioridad nacional” a lo recogido en los acuerdos firmados. La bronca parlamentaria se trasladó después a las redes sociales, donde la dirigente del PP Alma Ezcurra y el de Vox Carlos Hernández Quero discutieron sobre este alcance.

“El texto del PP quita del original de Vox lo siguiente: Repatriación ilegales, remigración de quienes no contribuyen a economía nacional, todo lo relativo a sanidad, todo lo relativo a pensiones no contributivas, todo lo relacionado con asistencia jurídica”, apunta Quero. “Todo esto es competencia nacional”, añade. “Para nosotros es importante. Aceptar la enmienda era renunciar a ello. El PP tendrá que explicar por qué estos puntos para ellos no son importantes y querían quitarlos”, concluye.

La respuesta de Ezcurra acusa a Vox de ventajismo político: “Esto lo debatimos durante horas. Alcanzamos un pacto. Y os bajáis a la mínima. No se puede pedir una cosa por la mañana y otra por la tarde”. En otra respuesta, la vicesecretaria del PP reconoce que su partido plantea reducir la llamada “sanidad universal” y volver al modelo impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy, con Ana Mato como ministra y Juan Manuel Moreno como secretario de Estado de Sanidad.

El debate seguirá en las próximas semanas, con el acuerdo de Castilla y León pendiente y las urnas listas en Andalucía. Vox aspira a rematar el miniciclo electoral arrebatando la mayoría absoluta a un Moreno que no quiere oír ni hablar de un Gobierno de coalición que le quite el marchamo de “moderado”. Aunque como él mismo reconoció el pasado lunes, “los moderados nos entendemos con todo el mundo”.

El PP y Vox han anunciado este miércoles un acuerdo para investir a Jorge Azcón como presidente de Aragón. A cambio de su apoyo, los de Feijóo permitirán que Vox vuelva a formar parte del Gobierno aragonés. La formación ultra, además de imponer su agenda extremista con la “prioridad nacional” –igual que ha hecho en Extremadura con María Guardiola–, estará al frente de una vicepresidencia, de tres consejerías y de una vicepresidencia en las Cortes.

El acuerdo, que ambas formaciones han hecho público a última hora de la tarde, habla de “rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central”, promoverá una “prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas” y un “plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal”. “Un Gobierno, dos partidos, un objetivo común”, puede leerse en las bases del acuerdo de Gobierno.

Azcón ha explicado que esa “prioridad nacional” ha sido una de las condiciones de Vox para firmar el acuerdo. Mientras la extrema derecha resume ese principio en el lema “españoles, primero” a la hora de acceder a servicios sociales, ayudas y otras prestaciones, lo cual infringe la legalidad vigente, Azcón ha querido distanciarse de dicha lectura.

Aquí puedes leer el documento completo:

Cinco Villas orientales (Zaragoza), 28 de agosto de 1936. Pasadas las 5 de la mañana, un camión se detiene a un kilómetro de Valpalmas. Bajan varias personas, algunas de ellas armadas. Suenan disparos de fusil. Después, el silencio, que solo rompe el sonido del motor del vehículo al arrancar. El ruido se entremezcla con las voces de los hombres que se marchan en el camión, tarareando. En un rato volverán a por los cuerpos de las once personas a las que acaban de arrebatar la vida. Pero solo encontrarán diez.

Noventa años después, Camille Castro cruza los Pirineos, desde Pau, para averiguar qué fue de sus antepasados. Su bisabuela tenía 14 años cuando estalló la Guerra Civil española y sus padres decidieron mandarla a Francia. Victoria Marco Samitier, de Casas de Esper (Ardisa), no volvió nunca a vivir en su país natal, aunque sí vino a visitar a sus hermanos alguna vez. Uno de ellos, Julián, fue fusilado con 17 años pero sobrevivió. El empeño de Camille por conocer la historia de su familia —y la suerte de contar con fuentes escritas de la época— nos ha llevado a descubrir cómo fusilaron al hermano de su bisabuela, y cómo un cúmulo de circunstancias provocaron que salvara la vida.

Julián Marco Samitier se encuentra el 19 de julio de 1936 en la localidad de Piedratajada trabajando de jornalero. Los primeros días de sublevación fascista apenas se notan en este municipio de la comarca de Cinco Villas, donde lo único extraordinario que parece que va a suceder son las fiestas grandes que se van a celebrar unos días después. Por esta razón, se une a 25 compañeros y en una camioneta se trasladan a los pueblos cercanos con el fin de evitar lo que muchos y muchas llevaban días temiendo que ocurriera. Van a Gurrea de Gállego, donde los fascistas han fusilado a varias personas de izquierdas. Una vez allí, desarman a la Guardia Civil y montan guardia junto a varios vecinos. Los sublevados no se dan por vencidos y el 23 de julio la guerra llega a esta localidad altoaragonesa. Se desplazan siete camiones de fascistas con ametralladoras, morteros y cañones para tomar el pueblo. Los milicianos nada pueden hacer contra un despliegue de tal envergadura y, tras aguantar el fuego media hora, evacuan la localidad. Julián logra escapar, no sin antes ver cómo un compañero suyo cae, a su lado, inerte por una bala en la cabeza.

De vuelta en Piedratajada, los patronos aprovechan las jornadas de trabajo de Julián y sus compañeros para hacerse con el Ayuntamiento. Al cabo de un mes, la Falange del pueblo vecino de Luna llama a la puerta de Julián. El nuevo alcalde de Piedratajada lo ha denunciado y proceden a su detención. Tras tomarle declaración, le trasladan, junto a diez detenidos más, a los calabozos de Luna. Es 27 de agosto. Los once milicianos reciben la “escalofriante” noticia de que van a ser fusilados. Julián tiene 17 años y lleva unos meses afiliado a la UGT, motivo de peso para que quieran quitárselo de en medio. Haber ido a Gurrea de Gállego y enfrentarse allí a los sublevados tampoco favorece mucho a los once milicianos detenidos en Luna.

A las cinco de la mañana los meten en un camión y los llevan hasta el término municipal de Valpalmas. El vehículo se detiene a un kilómetro del pueblo. Los falangistas les hacen bajar mientras llega otro coche con el teniente de la Guardia Civil.

—“Todos abajo”, ordenó, haciéndonos caminar fuera de la carretera unos 10 metros o poco más. Entonces oímos la voz de “alto”. Volví la cabeza para mirar, pero en aquel instante nos estaban apuntando con los fusiles, y uno con voz de trueno gritó: “Fuego”—

Pero el destino tenía otros planes para Julián Marco Samitier. Unos meses después, de permiso en Barcelona, se cruzará con el periodista Gerardo Monge, a quien concederá una entrevista para Mi Revista que servirá para inmortalizar su historia y para que hoy descubramos cómo es posible salir vivo de un fusilamiento con tiro de gracia incluido. El joven se lanza al suelo antes de que le rocen las balas pero no las logra evitar en la segunda descarga: “Un tiro me atravesó el hombro izquierdo, quedando la bala de rebote incrustada en la cabeza”. Al acercarse para terminar de matar a sus compañeros, descubren que seguía vivo. “Me dieron un tiro estando en el suelo y boca abajo, habiendo percibido perfectamente el correr del cerrojo, entró por el cuello y salió por la oreja. Me quitaron un portamonedas con quince pesetas y se marcharon en el mismo camión, tarareando una canción”, recuerda Julián. Cuando el motor del auto apenas se distingue, tambaleándose y lleno de sangre, se incorpora. “Miré, lleno de pena, a mis compañeros. Los llamé; pero todo en balde. Ninguno se movía”, explica el joven, y decide adentrarse en el monte. Al cabo de un rato caminando, escondido entre los pinos ve a un hombre al que hace señas.

La suerte sigue del lado de Julián, pues se trata de su hermano mayor, Joaquín, que lleva medio mes huido en el monte junto a otro compañero al ser llamada su quinta para combatir en el bando sublevado. Joaquín le hace una primera cura en la que le extrae, a punta de cuchillo, la bala de la cabeza. Permanecen 15 días más escondidos, uniéndose a otros que, igual que ellos, trataban de evitar una muerte segura no sin antes luchar. Mientras avanzan hacia territorio republicano, esquivando las patrullas que los buscan, Julián va sanando de sus balazos gracias al practicante de Casas de Esper y Puendeluna, don Vicente Marión —padre del que años más tarde será alcalde de Benasque, José Marión—, quien a escondidas subía al monte a hacerle curas: así nos lo confirma Lorenzo Buen, testigo de más de un siglo de la historia de Casas de Esper.

Una noche, a la altura de ‘La Carbonera’ (en el monte de Luna), se les unen tres compañeros más: “Se habían enterado de que los fascistas habían fusilado a once de los nuestros, pero que al recoger los cadáveres encontraron diez solamente, faltando yo, a quien sañudamente buscaban”, indica Julián. A mediados de septiembre llegan a Santa Eulalia de Gallego y cruzan el puente, en poder de los republicanos, que los trasladan al cuartel general de Tardienta en el Frente de los Monegros. Esa misma noche se alistan en las milicias, en concreto en la Columna Del Barrio, centuria 12. En esos primeros meses de contienda, Julián se encontrará con otro periodista que ha cruzado el charco para contar de primera mano lo que sucede en España. “No está muerto quien pelea”, explicará al uruguayo Alberto Ethcepare, quien años más tarde publicará en su diario de la Guerra Civil: 'Don Quijote fusilado'.

Julián y Joaquín, tras ingresar en enero de 1937 en el Cuerpo de Carabineros, recorren España de frente en frente. Pozoblanco, Madrid, Teruel, Levante… Los Marco Samitier sobreviven a la guerra pero el 1 de abril de 1939 su batallón, el número 14 de Carabineros, se encuentra en Valencia. Los detienen a ambos; a Julián lo llevan a Barcelona, de ahí a Huesca, a ‘Las Capuchinas’ de Barbastro y a la Prisión Provincial de Zaragoza. Lo condenan a 6 años y un día de prisión mayor y a finales de 1941 le conceden la libertad condicional. Su hermano mayor Joaquín, sin embargo, no volverá a ser libre nunca más. A él le caen 12 años y un día de prisión menor que cumple en San Juan de Mozarrifar, donde morirá en 1942 de tuberculosis pulmonar.

Camille Castro recorre junto a nosotros hoy los lugares que una vez atravesaron sus antepasados. Casas de Esper, en Ardisa, donde pasaron sus primeros años, Valpalmas, donde su tío Julián sobrevivió al fusilamiento… Noventa años después, los y las familiares de las víctimas de la sublevación franquista en España siguen tras la pista de sus abuelos, bisabuelos y tíos, para descubrir, conocer, saber, y sobre todo, recordar a aquellos y aquellas que arriesgaron su vida por la democracia y la libertad.

Arquitectura, patrimonio y una historia de amor son los tres ingredientes que definen una de las joyas patrimoniales que atesora Fundación Ibercaja, el Palacio de Larrinaga. Poder conocer este espacio único de la capital aragonesa vuelve a ser una realidad con la reapertura este martes del edificio, acompañada de una colección de pintura romántica inglesa que se distribuye a lo largo de las diferentes estancias, bajo el título 'Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX'.

La muestra, que podrá contemplarse a lo largo de los dos próximos años, cuenta con casi 50 obras —óleos y acuarelas—, firmadas por algunos de los pintores ingleses más destacados del siglo XIX como John Phillip, John Bagnold o John Dobbin.

Esta exposición tiene como protagonista a la España de hace dos siglos, a través de la mirada de los artistas británicos, quienes encontraron en nuestro país su inspiración, en la vida cotidiana, mostrando así la fascinación y atracción que sintieron por sus monumentos y ciudades —Patio del Arzobispo, Alcalá de Henares, El Alcázar, Segovia—, escenas populares —Charla en la fuente, Flirteo, De vuelta de la iglesia, Rezando el rosario—, tradiciones —Boda española, Después de la corrida. Plegaria por un herido— y paisajes —Amanece en la Alhambra de Granada—.

Las mujeres andaluzas protagonizan muchas de las obras como 'Aguadora de Sevilla', 'Belleza española. Granada', 'Las cigarreras (Sevilla)', 'La dama del antifaz', 'La pitonisa', 'Vendedora de fruta' o 'Joven con abanico'. Estos retratos también representan a diferentes personajes del ideario español de la época como 'El Curandero', 'Sevilla', 'Los mendigos españoles' o 'Frascuelo descansando'.

Los diferentes lienzos y acuarelas de esta colección particular muestran la esencia del movimiento romántico, que exaltaba el sentimiento frente a la razón neoclásica. De esta forma, los pintores dejaron de supeditar el color al dibujo, y reproducen con más fuerzas los motivos pictóricos.

Un edificio único

El Palacio de Larrinaga, además de ser una joya arquitectónica y uno de los edificios más singulares de Zaragoza —catalogado como Bien del Patrimonio Cultural Aragonés—, fue proyectado entre 1901 y 1918, por encargo del naviero Miguel Larrinaga al arquitecto Félix Navarro, e ideado como una fastuosa residencia privada inspirada en los grandes palacios renacentistas aragoneses.

Originalmente, su nombre fue Villa Asunción, en honor a su mujer, Asunción Clavero, con quien quiso vivir en este Palacio tras volver de Liverpool. Este sueño de habitar Larrinaga nunca fue posible, ya que su mujer falleció en el año 1939. Finalmente, tras la Guerra Civil y haber sido ocupado por los militares, el palacio fue vendido a Giesa que dividió la finca, de casi 11 hectáreas en parcelas para uso industrial y residencial. En 1946, lo compraron los Marianistas acometiendo una serie de reformas para adecuarlo a nuevo uso.

En el Palacio de Larrinaga intervinieron los mejores artistas y artesanos de la época con materiales de primera calidad como la piedra de Quinto de Ebro y Calatorao, acero laminado, ladrillo y cerámica, así como roble para las cubiertas, caoba para la carpintería y madera noble para los suelos de taracea. Cabe destacar igualmente que las diferentes vidrieras que componen el edifcio fueron encargadas a La Veneciana.

El exterior está formado por cuatro torres decoradas con motivos florales que crean una galería con columnas y arcos de medio punto. En la parte superior, puede observarse una alegoría del comercio marítimo y de la industria, proas de barcos o caballitos de mar, así como el lema de la empresa familiar: medallones con tres manos unidas entre sí. En la fachada posterior, en la planta baja, sobresale la rotonda del invernadero de hierro y cristal que comunica con el comedor.

El interior del edificio está articulado en torno a un patio central, donde parte una espectacular escalera para subir a la segunda planta; todo ello rodeado por columnas de inspiración clásica, con capiteles de estilo dórico y corintio.

Fundación Ibercaja se hizo cargo del edificio en el año 1993 para llevar a cabo su mejora integral y devolverle todo el esplendor ornamental que actualmente conserva y que ya puede ser contemplado por todos los aragoneses y visitantes.

Visitas organizadas

La propuesta cultural que ofrece a partir de esta reapertura el Palacio de Larrinaga consta de un programa de visitas guiadas para adultos de forma individual, grupos y asociaciones. Se trata de una oportunidad para seguir descubriendo este espacio patrimonial de Fundación Ibercaja a través de un recorrido por su historia, su arquitectura y las vivencias que guardan sus estancias.

La forma de acceder a estas visitas, con fechas ya definidas para los próximos tres meses, será a través de la reserva de una plaza en la página web de Fundación Ibercaja. Estas visitas durarán un total de 45 minutos y se realizarán para grupos de 15 a 25 personas, en horario de mañanas y de tardes.

De forma complementaria a las visitas, Fundación Ibercaja también ha organizado diferentes actividades dirigidas a escolares de Infantil y Primaria y alumnado de Secundaria y Bachillerato. Los estudiantes podrán descubrir el Palacio y realizar un taller creativo para poner el broche final a la experiencia. De igual forma, para gestionar esta propuesta, se deberá realizar una reserva previa a través de la página web de Fundación Ibercaja.

La ganadería tradicional mediterránea moldea paisajes, fija población en el medio rural, mantiene vivos oficios centenarios como el pastoreo, y se enfrenta a un momento decisivo. El cambio climático, la falta de relevo generacional y la presión económica están poniendo en jaque a miles de explotaciones. Ante este escenario, el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM Zaragoza) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han impulsado la creación de una Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles para buscar soluciones conjuntas.

La iniciativa se gestó en el seminario internacional 'Sistemas ganaderos mediterráneos: retos y estrategias para la sostenibilidad' celebrado en Madrid los días 7 y 8 de abril, en el que participaron expertos de 16 países junto a representantes del sector y de la administración. Más que un encuentro técnico, fue un espacio para compartir preocupaciones y también oportunidades. “Un lugar de encuentro donde pensar juntos cómo debe evolucionar la ganadería en los próximos años”, explicó el director del CIHEAM Zaragoza, Raúl Compés. 

La nueva Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles, resultante de este foro, nace como una iniciativa que busca reforzar la cooperación científica y técnica ante los crecientes desafíos del sector de la ganadería en las regiones Mediterráneas, y especialmente en Aragón. 

Trabajar juntos para cambiar el modelo

El futuro de la ganadería mediterránea no es solo una cuestión del sector primario. Tiene implicaciones directas en la alimentación, el medio ambiente y el equilibrio territorial. Mantener vivos estos sistemas significa también conservar paisajes, pueblos, tradiciones y formas de vida. Pero algo no está funcionando. Por eso, iniciativas como esta buscan algo más que soluciones técnicas: aspiran a abrir un diálogo amplio sobre qué modelo de desarrollo rural quiere la sociedad para su futuro inmediato.

La nueva la Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles nace con la idea de conectar conocimiento, experiencias y soluciones. No se trata solo de mejorar la producción, sino de “repensar el sistema en su conjunto”, teniendo en cuenta el medio ambiente, la economía y la dimensión social.

“Necesitamos enfoques más amplios, que integren distintas disciplinas y realidades”, señalan desde la organización. Aprovechando las oportunidades que brinda la parte positiva de un mundo globalizado, la red servirá para impulsar proyectos de investigación, formación e innovación, así como para reforzar la cooperación entre países que comparten problemas similares. “Buscar soluciones reales a problemas comunes a todos”, aprovechando recursos ya existentes a través de las experiencias compartidas.

El cambio climático en el centro del problema

En los campos del Mediterráneo la ganadería extensiva, que aprovecha los pastos naturales, depende directamente del clima. Pero el equilibrio se está rompiendo. El cambio climático está haciendo que los pastos sean cada vez más escasos y menos predecibles. Llueve menos o en momentos poco habituales, y los veranos son más largos y secos, lo que dificulta que la hierba crezca con normalidad. Como resultado, hay menos comida disponible en el campo y de peor calidad.

Para los ganaderos, esto se traduce en más incertidumbre y más gastos, ya que muchas veces tienen que comprar pienso para alimentar a los animales —deben hacer frente a mayores costes y a una menor productividad—. Además, los suelos se van degradando y pierden fertilidad, lo que agrava el problema con el tiempo. 

A los problemas ambientales, se suman otros derivados de un sistema que prima el modelo industrializado, un enfoque que ha provocado que muchas pequeñas explotaciones tengan tantas dificultades para competir que ven peligrar su existencia, mientras que el relevo generacional no llega a otras tantas explotaciones, todas ellas ubicadas en zonas rurales. 

El resultado es un paisaje que corre el riesgo de vaciarse, tanto de personas como de actividad económica, empezando por la desaparición del modelo de ganadería familiar y tradicional.

La voz de la ganadería como parte de la solución

Sin embargo, lejos de ser parte del problema, cada vez más voces destacan que la ganadería extensiva puede ser clave para afrontar los grandes retos globales. “El pastoreo no solo produce alimentos, también conserva ecosistemas y culturas”, reivindican desde el sector en el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, impulsado por Naciones Unidas.

En esta misma línea, y tal y como han dejado claro en el seminario celebrado en Madrid, los responsables de la FAO insisten en que los pastores y los sistemas tradicionales “forman parte de la respuesta” frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Por eso, en la nueva Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles tendrán una posición destacada como colaboradores entidades como Oviaragón y Provacuno, en representación de las principales ganaderías del sector tanto en extensivo como en semiextensivo. 

Desde Oviargon valoran de manera muy positiva la iniciativa. El seminario sentó unas bases sólidas y presentó la fotografía real de la situación del sector en los diferentes territorios, conscientes de que la ganadería es una fuente de ingresos de economía familiar, sabiendo que es una forma de asentamiento de población rural, y pilar fundamental para el mantenimiento del ecosistema, evitar la erosión y conservar la biodiversidad. “Asistir al foro nos ha hecho darnos cuenta de que independientemente del lugar del mapa en el que estés, los problemas son compartidos: la mano de obra y la disminución del consumo en todo el mundo, y en Europa, sobre todo, la PAC”, explica Leticia Riaguas, veterinaria y responsable de coordinación de I+D+i en Oviaragón. 

Aunque no esperan obtener soluciones a corto plazo, desde Oviaragón valoran que esta Red se presenta como “una apuesta firme por la ganadería como solución” y como un altavoz en el que están representados todos los actores con sus singularidades: “Tener una voz más grande, que pueda tener una representación a través de CIHEAM Zaragoza y la FAO en los foros donde se toman las decisiones que nos afectan, es un paso importante para la ganadería”, asegura Leticia Riaguas.

Las organizaciones CSIF, CGT, CCOO, STEA-I, UGT y ANPE, PSOE, CHA, IU, PODEMOS, ZEC, MOVIMIENTO SUMAR y PCE, ADIZAR, AEDIPA, FADEA, FABZ y FAPAR, han anunciado su intención de ir a la huelga los días 19 y 20 de mayor como protesta ante la inminente concertación del Bachillerato en Aragón. Tras reiterar su rechazo por el ataque que supone a la escuela pública, han desgranado una serie de medidas y movilizaciones encaminadas a que el nuevo Gobierno paralice esta situación.

Además, como ya anunciaron, van a interponer un Recurso Contencioso Administrativo, “en el que denunciamos la alevosía, las formas y el momento en el que se ha publicado la convocatoria, con un Gobierno en funciones, lo que condiciona considerablemente su capacidad de obrar, y con una prórroga presupuestaria por segundo año consecutivo, que no permite la incorporación de gasto nuevo”.

Igualmente, inician movilizaciones encaminadas a que la comunidad educativa de la Escuela Pública respalde este rechazo “y haga patente el agravio comparativo que se produce al desviar fondos públicos para necesidades ya cubiertas (recordamos que hay plazas públicas pagadas y vacantes), mientras los centros públicos presentan carencias que deterioran su trabajo y su imagen, por la dejación de responsabilidades de la Administración con ellos”.

A juicio de las organizaciones, “no se trata solo de una competencia entre centros públicos y concertados en las ciudades, sino de un cambio de modelo educativo, que afecta a todo el territorio (y no olvidemos que la Escuela Pública llega a todos los rincones) y en el que el Gobierno del Partido Popular tiene una preferencia por los servicios privados, que manifiesta no solo por el respaldo económico que reciben, sino también por el deterioro al que somete a los servicios públicos, en este caso el educativo”.

Entre las próximas acciones, se encuentra el rechazo de claustros y consejos escolares a la concertación mediante escrito que registrarán en acto público para que expresar sus necesidades particulares. También habrá concentraciones en los centros los miércoles. Los convocantes asistirán los días 22 y 29 de abril, así como el 6 y 13 de mayo para compartir la visibilidad de sus centros en Huesca y Zaragoza y Teruel.

Las entidades organizarán asambleas informativas en las ciudades y en localidades como Tarazona, Ejea, Calatayud y Caspe, Sabiñánigo, Fraga, Graus, Jaca y Barbastro, para que las comunidades educativas de distintos centros y la ciudadanía pueda sumarse a la defensa de un servicio público.

La huelga educativa en Aragón los días 19 y 20 de mayo se plantea como rechazo del profesorado, familias y alumnado “a una decisión injusta que relega a la Escuela Pública”. En este sentido, han recordado sus exigencias en materia de fijación del presupuesto en Educación no inferior al 4% del PIB a Educación y con compromiso de ejecución de, al menos, el 80% del presupuesto, teniendo como horizonte aproximarnos a un 7% al acabar la legislatura. Además de la paralización de la Orden del 8 de abril, exigen la no ampliación de conciertos y revisión de los actuales. Igualmente, reclaman una dotación adecuada de recursos humanos y materiales, con un incremento en la dotación presupuestaria para los centros y la ampliación de recursos de orientación, entre otros.

La escuela pública pide garantías de inclusión y atención a la diversidad, con una dotación suficiente de recursos humanos, un plan de Infraestructuras, atención a la escuela rural, la revisión y mejora de las condiciones laborales y retributivas de todo el personal docente y servicios complementarios de calidad, con transporte, comedores, conciliación y actividades extraescolares garantizadas. En definitiva, “acciones para defender la Educación Pública como servicio que garantiza una escuela de calidad, inclusiva, participativa, plural, aconfesional, próxima y gratuita.  Recordamos que los derechos, si no son para todos, son privilegio de unos pocos y el Derecho Fundamental de la Educación solo lo garantiza la Escuela Pública”, concluyen.

La Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda ha anunciado al Decanato de Registradores de Aragón que no va a renovar el convenio que permite el funcionamiento de las 25 oficinas liquidadoras en distintos puntos de la Comunidad Autónoma, lo que justifica con una “reestructuración organizativa y operativa”. Así, dejarán de prestar este servicio el 30 de junio.

La medida afecta a buena parte de las comarcas aragonesas, especialmente a zonas despobladas de la comunidad autónoma. Los municipios que se verán afectados por el cierre de las oficinas liquidadoras en la provincia de Zaragoza se encuentran Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, La Almunia, Pina de Ebro y Tarazona. En la provincia de Huesca están Barbastro, Benabarre, Boltaña, Fraga, Jaca, Sabiñánigo, Sariñena y Tamarite de Litera. Por su parte, en la provincia de Teruel se localizan Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Calamocha, Castellote, Híjar y Mora de Rubielos.

Esta decisión contrasta con otras comunidades donde, lejos de desaparecer, el modelo de oficinas liquidadoras se mantiene e incluso se ha reforzado en comunidades como Madrid y Andalucía.

El PSOE de Aragón ha manifestado su firme rechazo al cierre de las oficinas de estos órganos en distintos municipios de Aragón, una decisión que, a juicio de los socialistas, supone un grave retroceso en la prestación de servicios públicos esenciales en el medio rural.

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros y vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha expresado su “profundo malestar” ante una medida impulsada por el Gobierno de Aragón que, según ha señalado, “priva a miles de ciudadanos y ciudadanas de un servicio fundamental, especialmente en aquellos municipios donde la cercanía de la Administración resulta clave para garantizar la igualdad de oportunidades”.

El cierre de la oficina liquidadora de Ejea no supone únicamente la desaparición de un servicio administrativo, sino la desarticulación de un punto clave para la gestión tributaria en el medio rural. Según la alcaldesa, esta oficina da cobertura a 40 municipios y tramita anualmente liquidaciones por valor de unos 11 millones de euros, vinculadas en su mayoría a compraventas, herencias y otros actos jurídicos habituales. Su supresión obligará, a partir de julio, a los contribuyentes a desplazarse hasta Zaragoza capital o a recurrir a gestorías privadas para realizar trámites que hasta ahora podían resolver de forma directa. En la práctica, la medida implica trasladar al ciudadano —especialmente en zonas con población envejecida y menor acceso a servicios digitales— costes adicionales de tiempo y dinero, además de dificultar el normal desarrollo de operaciones económicas cotidianas.

“Un instrumento eficaz y cercano” que desaparece

Por ello, Ladrero ha exigido una reflexión y una rectificación porque “no se puede hablar de lucha contra la despoblación mientras se eliminan servicios públicos en el territorio”, y ha subrayado que las oficinas de registro liquidadoras “han demostrado ser un instrumento eficaz, cercano y accesible, especialmente para las personas mayores o con dificultades para relacionarse con la administración digital”.

En este sentido, ha defendido el papel de estas oficinas no solo como puntos de gestión tributaria, sino también como herramientas para reforzar la cohesión territorial, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y generar empleo cualificado en el medio rural. Además, son oficinas con personal cualificado que pueden ver en peligro sus 47 puestos de trabajo en todo Aragón si todo se centraliza en la capital.

Asimismo, Ladrero ha incidido en que “los impuestos forman parte del contrato social que sostiene nuestro Estado del bienestar, y su gestión debe ser justa, eficiente y cercana a la ciudadanía”. Por ello, ha advertido de que su eliminación “debilita la confianza en las instituciones y agrava las desigualdades entre el medio urbano y el rural”.

Ladrero tambén ha cuestionado por qué se cierra un modelo que funciona bien en Aragón y que también se mantiene en Andalucía, Madrid o Valencia, comunidades del mismo signo político de Azcón.

Los socialistas zaragozanos presentarán una moción en la Diputación Provincial de Zaragoza para defender el mantenimiento de las oficinas de registro liquidadoras en la provincia. La iniciativa propone que la institución provincial manifieste su apoyo al actual modelo descentralizado de gestión de los tributos cedidos y que inste al Gobierno de Aragón a mantener abiertas y plenamente operativas las oficinas existentes en municipios como Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, La Almunia, Pina de Ebro y Tarazona.

Asimismo, la moción reclama que cualquier modificación del modelo se realice desde el diálogo institucional, contando con la participación de las entidades locales y evaluando el impacto social, económico y territorial de las decisiones adoptadas.

“Hechos consumados”

En la provincia de Huesca, la alcaldesa de Fonz, María Clusa, critica la “política de hechos consumados” del Gobierno de Aragón, “un golpe en la línea de flotación de los servicios públicos en el territorio y cree que se abre más la puerta a que la gente se vaya de los pueblos. ”Que nos pongan un autobús y un cortacésped para cortar la hierba de la carretera“, dice con enfado tras conocer, de mano del registrador de zona, el inminente cierre de la oficina de Barbastro, distrito hipotecario al que pertenece Fonz, junto con otros 27 municipios más.

Clusa pone el acento en la profesionalidad de los trabajadores de las oficinas que, en su caso, llevan casi 20 años trabajando, prestando un gran servicio para que el realizan cursos para actualizarse. Expone que hay pactos sucesorios y casos “que requieren más formación y experiencia que tener un certificado digital”. La alcaldesa subraya que en el medio rural vive sobre todo gente mayor a los que hay que atender y no derivarles a un buzón electrónico, obligarles a bajar a la capital a realizar estas gestiones o contratar un gestor con su dinero, “una privatización encubierta del servicio”.

En cualquier caso, Clusa recuerda que los impuestos caducan a los cuatro años y deben recaudarse las liquidaciones, de modo que si el Ejecutivo quiere llevar a cabo esta medida, cree que debería hacerla de un modo ordenado porque han avisado con seis meses.

En Teruel, la diputada socialista en las Cortes de Aragón, María Ariño, ha lamentado que esta decisión “vuelve a dar la espalda al medio rural”, de forma que “eliminan un servicio de cercanía y proximidad, obligando a los vecinos a desplazarse a las capitales provinciales y afectando tanto al empleo local como a la cohesión territorial”. El PSOE va a “exigir” la renovación del convenio para que las oficinas liquidadoras sigan abiertas en los pueblos a través de una propuesta en las Cortes de Aragón y en las entidades locales.

“Tenemos a Azcón y el PP hablando mucho sobre la despoblación, pero hecho reales ninguno. Al contrario, los que hacen es políticas contrarias a lo que necesitamos en el medio rural”, ha concluido la diputada socialista en relación a esta nueva centralización que, de acuerdo con los propios registradores de la propiedad, no solo aleja el servicio del medio rural “sino que no atiende a criterios ni de proporcionalidad ni de calidad”.

De hecho, los socialistas han destacado la satisfacción local por el trabajo que realizan los registradores de propiedad o los informes muy positivos del Ministerio de Hacienda sobre el servicio. El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, ha lamentado que el Gobierno de Jorge Azcón “haga un cambio de modelo tributario” y no haya informado a los municipios afectados.

“La información nos ha llegado a través del Colegio de Registradores”, ha destacado Rando rechazando este cambio “totalmente centralizador del PP que elimina servicios del medio rural” y que, ha dicho, afecta especialmente a las personas mayores que sufren la brecha digital y no pueden hacer los trámites a través de Internet. Así, ha anunciado que el Ayuntamiento de Calamocha enviará un escrito reclamando al Gobierno de Aragón que no cierre estas oficinas.

Calamocha es uno de los municipios turolenses que se verían afectados por el cierre de las oficinas liquidadoras, que también existen en Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Ateca, Barbastro, Belchite, Benabarre, Boltaña, Borja, Calatayud, Caspe, Castellote, Daroca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Híjar, Jaca, La Almunia, Mora de Rubielos, Pina de Ebro, Sabiñánigo, Sariñena, Tamarite de Litera y Tarazona.

“Ahorro para los contribuyentes”

Fuentes del Gobierno de Aragón han replicado que el proceso ya estaba previsto por el anterior Ejecutivo , incluso por los gobiernos anteriores, y que la decisión implicaba que el Gobierno de Aragón asumiera el trabajo que hacen las oficinas.

 Según las mismas fuentes, para amortiguar la decisión se acordó con los registradores dar un plazo de dos años que acababa en diciembre de 2025. Llegada esa fecha, “y como siempre se ha mantenido un canal de comunicación abierto con ellos, se acordó conceder una prórroga por lo que el plazo se amplió al próximo 30 de junio”, momento el que el Gobierno de Aragón asumirá el trabajo, “con un significativo ahorro para el contribuyente”.

Añaden que “esto no significa que los ciudadanos no vayan a estar atendidos. Va a seguir habiendo espacios físicos a los que se pueda acudir, a pesar de que un alto porcentaje de las liquidaciones que se realizan hoy en día se hacen de manera telemática”. Concluyen que “el servicio presencial no solo va a seguir existiendo, con idéntico horario, en distintas oficinas de las comarcas aragonesas atendidas por funcionarios públicos, sino que va a suponer un importante ahorro para los aragoneses”.

Sin embargo, cargos del anterior Ejecutivo han negado con rotundidad que estuviera en la agenda suprimir las oficinas liquidadoras y creen que será muy difícil asumir el servicio desde la dirección general de Tributos con su actual plantilla. Además, descartan que el servicio pueda prestarse desde las oficinas de las comarcas, donde el personal no tiene esas competencias ni tampoco formación. Igualmemente, descartan el argumento de que la mayoría de los trámites se realicen telemáticamente, ya que la mayoría de la población del medio rural es de edad avanzada y el papel de estas oficinas se fumdamenta en la atención personalizada.

Por otro lado, según ha podido saber este diario, los registradores de la propiedad llevan esperando dos años y medio una reunión con el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, e incluso han sufrido más de un plantón.

Un modelo con peso en la gestión tributaria

Según un estudio del Decanato de Registradores de Aragón, las oficinas liquidadoras tramitan más de la mitad de los expedientes de los principales tributos cedidos: en torno al 55% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y cerca del 58,5% en Transmisiones Patrimoniales. En términos de recaudación, gestionan aproximadamente un tercio del total asociado a estos impuestos.

El volumen de actividad es elevado y cada año se resuelven más de 14.000 expedientes de sucesiones y más de 40.000 de transmisiones patrimoniales, con niveles reducidos de acumulación de expedientes pendientes.

Uno de los elementos más destacados del informe es la eficiencia en los plazos. Los tiempos medios de tramitación en estas oficinas se sitúan en torno a dos meses, frente a demoras que pueden superar los 20 e incluso los 40 meses en otros ámbitos de la administración tributaria. Esta diferencia apunta a una capacidad de gestión ágil en procedimientos complejos.

El estudio también subraya su papel en el control fiscal. La actividad de comprobación desarrollada por estas oficinas permitió generar liquidaciones complementarias por valor de 6,8 millones de euros, además de detectar un mayor porcentaje de incidencias que la gestión directa de la administración, lo que refuerza su función como mecanismo de lucha contra el fraude o las infravaloraciones.

En el plano de la atención al contribuyente, durante 2023 se realizaron más de 6.000 asistencias presenciales, lo que se tradujo en un ahorro estimado superior a 1,2 millones de euros en costes de gestoría, sin contar los desplazamientos evitados.

Este modelo tiene además una fuerte implantación territorial donde las oficinas liquidadoras representan casi el 89% de los puntos de atención tributaria en Aragón, lo que permite acercar la administración a zonas con dispersión poblacional y dificultades de acceso.

El sector vitivinícola aragonés vuelve a quedarse fuera de una de las herramientas de apoyo contempladas en la Política Agraria Común (PAC). Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Aragón ha decidido no activar la llamada “cosecha en verde”, una medida destinada a equilibrar el mercado del vino y paliar las pérdidas de los productores. Para el sector, esta decisión tomada por el ejecutivo autonómico “coloca a los viticultores de la comunidad en una posición de desventaja respecto a otras regiones” que sí recibirán estas ayudas.

La organización agraria UAGA-COAG ha denunciado esta situación que califica de “perjuicio económico muy importante” para el sector aragonés. Mientras comunidades como La Rioja, País Vasco, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana o Cataluña ya han tramitado la solicitud ante el Ministerio de Agricultura y están publicando sus convocatorias, Aragón ha optado por no solicitarla.

La organización agraria asegura que trasladó esta problemática al Departamento de Agricultura en diciembre, y que desde entonces ha mantenido varias reuniones con la Dirección General de Innovación y Promoción Alimentaria. Sin embargo, la consejería ha optado por no activar una medida que, según el propio sector, está pensada precisamente para responder a momentos crisis como el actual —marcado por un exceso de stock en bodegas y precios en origen por debajo de los costes—.

Las explotaciones familiares y de libre mercado, las principales afectadas

La “vendimia en verde” permite a los viticultores eliminar parte de la producción antes de que madure, reduciendo así la oferta de uva y contribuyendo a estabilizar los precios en el mercado. A cambio, los agricultores reciben una compensación económica por la uva destruida y por los costes de la mano de obra. 

Sin embargo, los viticultores aragoneses no podrán acogerse a esta medida en 2026. La decisión llega en un contexto especialmente delicado para el sector. Los más afectados son los profesionales que están operando en el libre mercado y que comercializan su producción de uva por su cuenta. Según UAGA-COAG, tras la campaña de 2025, gran parte de estos productores se encuentran en una situación delicada: algunos aún no han cobrado por la uva entregada, otros han vendido por debajo de costes y, en los casos más extremos, ha habido cosechas que ni siquiera se han recogido por falta de compradores.

El contraste con otras comunidades autónomas es especialmente significativo. En territorios competidores directos, las administraciones sí han atendido la petición del sector y han solicitado al Gobierno central la activación de estas ayudas. Esto permitirá a sus viticultores ajustar la producción y recibir compensaciones económicas, mejorando su posición en el mercado frente a los productores aragoneses.

Una medida que el Gobierno de Aragón no comparte

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación asegura que “rechaza la aplicación de la vendimia en verde tras haber estudiado en profundidad la petición por parte de UAGA, incluso solicitando una prórroga al Ministerio de Agricultura, para poder analizarla con rigor y con todos los datos sobre la mesa”, apuntan fuentes de la consejería. Y añaden que “ningún interlocutor del sector” que ha sido consultado, “están a favor de la medida”.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que este es “un debate repetido” respecto al año pasado que plantea una solución que “el Gobierno de Aragón no comparte”. Así mismo, la consejería deja clara su postura: “La vendimia en verde no va a ser en beneficio de los viticultores, ni de las bodegas, ni resolverá los problemas estructurales del sector ya que las cifras proporcionadas por las bodegas aragonesas hasta la fecha no evidencian un exceso de stock”.

Agricultura apunta al “plan que contempla la promoción, la modernización y la capacidad comercial” como medida de apoyo al sector en línea con la filosofía del Gobierno de Aragón: “No producir menos, sino vender más y vender mejor, llegar a más públicos y a nuevos mercados, y reforzar la competitividad y el reconocimiento del vino aragonés”, concluyen.

Pérdida de competitividad y desigualdad 

Desde UAGA-COAG advierten de que esta diferencia de trato de Aragón hacia sus productores, frente a la decisión tomada por otras comunidades rompe, una vez más, el principio de igualdad de condiciones dentro del propio mercado nacional. “No se puede competir en las mismas condiciones cuando unos territorios cuentan con herramientas de apoyo y otros no”, señalan.

Más allá del impacto inmediato en las rentas agrarias, la decisión del Ejecutivo aragonés podría tener consecuencias estructurales para el sector vitivinícola de la comunidad, al acentuarse la pérdida de rentabilidad de las explotaciones afectadas. Por este motivo, el sector denuncia que dejarles sin las ayudas a la vendimia en verde no solo llega en el peor momento, sino que amplía la brecha competitiva entre Aragón y el resto del mapa vitivinícola de España.

Los sindicatos médicos CESM y Fasamet retomarán la huelga del lunes 20 al viernes 24 de abril “para que el Gobierno de Aragón escuche alto y claro que no vamos a ceder”, según han señalado. Se trata de la cuarta convocatoria en Aragón y la sexta a nivel nacional, en un contexto en el que cada semana de paro deja más de 1.000 intervenciones quirúrgicas suspendidas, además de otras no programadas —“porque Sanidad ya sabe que se van a suspender con la huelga”— y alrededor de 15.000 consultas afectadas.

“Pretenden que nos cansemos, pero cada día estamos más convencidos”, afirma Javier Martínez, jefe del servicio de Anestesiología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. No obstante, también se han comprometido a canalizar la situación cuando lleguen a un acuerdo “porque estamos deseando trabajar bien y en condiciones de asegurar la calidad asistencial. Y nos saltaremos el horario si es necesario”, ha asegurado.

Entre sus principales reivindicaciones figura la equiparación de las condiciones laborales con las de otras comunidades autónomas, así como el cumplimiento de los acuerdos sobre atención primaria firmados en 2023 con el anterior Ejecutivo y en 2025 con el actual Gobierno en funciones, que contemplan que las citas médicas no superen los tres días de espera.

Tras las críticas del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, quien ha advertido de que una nueva huelga supondría “una catástrofe” para el sistema, el presidente de Fasamet, Leandro Catalán, ha anunciado la posible interposición de una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Considera que el Ejecutivo autonómico está vulnerando el derecho a la huelga al escudarse en su situación de interinidad para evitar negociar con el comité.

En la misma línea, la secretaria general de CESM Aragón, Mercedes Ortín, ha denunciado un “doble rasero” en la actuación del Gobierno en funciones: “Vemos cómo se concierta el bachillerato o se firman contratos-programa, pero no se abordan otras cuestiones. Ellos sabrán qué les permite hacer unas cosas y no otras”.

Ortín también ha comparado la actitud negociadora del Ejecutivo autonómico con la del Ministerio de Sanidad, que considera “más receptiva pese a maniobras previas poco adecuadas”, y ha criticado los intentos de dividir a médicos y enfermeras: “Es el colmo tratar de poner en un compromiso a las enfermeras. Nosotros nunca nos hemos enfrentado a otras categorías profesionales”. Asimismo, ha hecho un llamamiento al Gobierno de Jorge Azcón para que sitúe este conflicto entre sus prioridades.

Los sindicatos insisten en que la huelga responde a la falta de avances en sus demandas, entre ellas la mejora de las condiciones laborales y el fin de la precariedad que, aseguran, empuja a muchos profesionales a abandonar Aragón.

Beatriz Forniés, anestesista del Hospital Miguel Servet, ha detallado algunas de las situaciones que denuncian: jornadas que se prolongan hasta 17 horas, encadenamiento de guardias —con hasta tres turnos de 24 horas en una semana—, ausencia de pluses de turnicidad y la falta de reconocimiento de la jubilación anticipada, pese a realizar hasta 1.000 horas más al año que otros trabajadores. En este contexto, también ha arremetido contra el resto de organizaciones sindicales “que no nos representan porque para ellos no somos trabajadores”.

Forniés ha pedido comprensión y paciencia a los pacientes y ha garantizado que se atenderán todas las situaciones urgentes durante la huelga. A sus compañeros les ha trasladado un mensaje de firmeza: “Nunca dimos la importancia que merece nuestra profesión, pero eso ha terminado. Comienza una nueva etapa”.

Movilizaciones

Además de los paros, los sindicatos han convocado una concentración el lunes 20 de abril a las 12.00 horas frente a la sede del Servicio Aragonés de Salud, en la plaza de la Convivencia de Zaragoza.

Asimismo, en el ámbito estatal, los médicos volverán a movilizarse del 27 al 30 de abril en la que será la sexta huelga nacional y quinta en Aragón, para reclamar un Estatuto Marco propio que ponga fin a prácticas como las guardias obligatorias y mal remuneradas. El 29 de abril hay prevista una manifestación a las 18.00 horas, que partirá del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y concluirá en la Delegación del Gobierno, en la plaza del Pilar.

El Servicio Provincial de Educación de Zaragoza ha detectado recientemente un intento de fraude dirigido a un centro educativo de la provincia, en el que una persona ajena al organismo se hizo pasar por el director provincial para solicitar el ingreso de una determinada cantidad de dinero en una cuenta bancaria.

Desde la Dirección Provincial se informa de que no se remiten nunca indicaciones de este tipo sin los cauces administrativos oficiales y debidamente acreditados. Tras tener conocimiento de los hechos, desde el Servicio Provincial se ha actuado de manera inmediata, informando a las direcciones de todos los centros educativos mediante correo electrónico y nota GIR, con el fin de alertar y prevenir posibles situaciones similares.

No obstante, y ante la gravedad de este tipo de prácticas fraudulentas, se ruega la máxima difusión de este aviso para evitar que puedan producirse nuevos intentos de estafa que deriven en perjuicios económicos o administrativos.

El proceso de escolarización para el curso 2026-2027 en Aragón arranca el jueves marcado por la incertidumbre de padres y madres y por las críticas tras el anuncio de que el Ejecutivo autonómico financiará la concertación de unidades de Bachillerato, lo que ha intensificado el debate sobre la planificación educativa y el uso de los recursos públicos. El Departamento de Educación señala, eso sí, que se trata de dos procesos complementarios y que no interfieren entre sí.

El calendario oficial de escolarización fija el periodo de solicitud entre el 16 y el 22 de abril para Infantil, Primaria, Educación Especial y Secundaria Obligatoria. El proceso afecta especialmente al alumnado que se incorpora por primera vez al sistema, con 8.669 niños de tres años, 316 menos que el curso.

De acuerdo con los datos del padrón, está previsto que soliciten plaza 6.409 alumnos en la provincia de Zaragoza, 1.400 en Huesca y 860 en Teruel, lo que supone un descenso de 316 escolares respecto al curso anterior. El próximo curso, Aragón abrirá al menos 16 nuevas aulas TEA, 12 aulas de Educación Especial y cuatro nuevas aulas de escolarización anticipada a los dos años, a lo que se suma una reducción de ratios y un aumento de la oferta de grupos, especialmente en primero de Educación Infantil.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 22 de abril a las 14.00 horas. A continuación, los centros educativos baremarán las solicitudes presentadas. Las listas se publicarán el 4 de mayo y el sorteo público para dirimir los posibles empates tendrá lugar el día 8. Las listas provisionales se darán a conocer el 11, mientras que las listas definitivas se publicarán el 15 de mayo. La tercera semana de mayo se sabrá ya qué colegios tendrán concertado el bachillerato.

El periodo de matriculación para Educación Infantil, primero de Primaria y Educación Especial se desarrollará del 26 de mayo al 1 de junio. En el caso del alumnado de segundo a sexto de Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, el plazo de matrícula será del 19 al 25 de junio.

La tramitación se realiza preferentemente por vía telemática a través del portal educativo del Gobierno de Aragón, aunque se mantiene la posibilidad de presentar solicitudes con apoyo en los centros. El sistema permite elegir hasta seis centros por orden de preferencia y consultar tanto las vacantes como la evolución del proceso.

Bachillerato concertado

Mientras, y pese a la incertidumbre generada entre padres y madres sobre cómo puede influir esta escolarización en la concertación del Bachillerato anunciada por el Ejecutivo autonómico, fuentes del Departamento de Educación aseguran que este proceso no va a interferir con el de escolarización ya que son complementarios.

Hasta la tercera semana de mayo no se dará a conocer cuáles son los centros privados seleccionados que podrán concertar primero de Bachillerato –un máximo de 65 aulas en esta primera etapa–. Y el plazo de inscripción para esta etapa educativa va del 2 al 7 de julio, con lo que para entonces la escolarización estará ya resuelta. Los colegios seleccionados se mantendrán dentro del paraguas del concierto educativo más allá de la Educación Secundaria, con lo que el paso a 1º de Bachillerato sería automático para los alumnos que se hayan inscrito en ese centro.

Los colegios podrán concertar las mismas unidades con que cuentan en el actual curso 2025-26. Respecto a la situación de los centros que reducen su número de clases de la ESO al Bachillerato –donde se puede llegar a la situación de que haya más solicitudes que plazas–, fuentes del Departamento aseguran que son casos “muy excepcionales”.

La decisión de concertar el Bachillerato ha intensificado las críticas sobre la distribución de los recursos. Mientras se destinan fondos a ampliar la oferta en centros privados, sectores de la comunidad educativa cuestionan que institutos públicos con alta demanda, como el IES Miguel Servet en Zaragoza, no hayan experimentado ampliaciones equivalentes en infraestructuras o plantilla. Además, numerosos colectivos se han agrupado en una plataforma para reclamar ante los tribunales la paralización de esta iniciativa, que se lleva a cabo con un Gobierno en funciones.

Críticas por la oferta de plazas

Por otro lado, existen críticas de la comunidad educativa respecto a los problemas de planificación en otras etapas educativas. Organizaciones educativas y asociaciones de familias apuntan a una falta de previsión en la oferta de plazas, especialmente en Infantil y Primaria y en zonas con crecimiento urbano reciente.

En barrios de expansión de Zaragoza como Arcosur o Parque Venecia, centros como el CEIP Arcosur o el CEIP María Zambrano han concentrado en los últimos años una alta demanda. Esta presión se ha traducido en la apertura progresiva de unidades y en el uso prolongado de instalaciones provisionales. En estos entornos, las familias denuncian que no siempre se conoce con antelación si habrá suficientes plazas públicas o si será necesario recurrir a centros alejados del domicilio.

Las carencias de infraestructuras no se limitan a la capital aragonesa. En Huesca, la comunidad educativa lleva tiempo reclamando la construcción de un nuevo instituto público que permita absorber la demanda. Centros como el IES Pirámide o el IES Ramón y Cajal concentran buena parte del alumnado de la ciudad, lo que incrementa la presión sobre sus recursos.

A estos casos se suma la situación de varios colegios que continúan utilizando aulas prefabricadas —los conocidos barracones— más allá de lo previsto inicialmente. Esta circunstancia se ha hecho visible en centros de nueva creación en Zaragoza, como el CEIP Arcosur, donde las instalaciones definitivas no han llegado al mismo ritmo que el crecimiento del alumnado, limitando espacios comunes y aulas específicas.

El debate sobre los recursos humanos añade otra dimensión. El incremento del alumnado con necesidades educativas especiales en la última década no siempre ha ido acompañado de un refuerzo equivalente en personal especializado. Diferentes organizaciones sitúan la ratio en torno a un orientador por cada 600 alumnos, una cifra que consideran insuficiente para garantizar una atención adecuada, especialmente en centros con mayor complejidad.

A estas tensiones se suman las dificultades relacionadas con el profesorado. Diversos colectivos educativos advierten de la falta de especialistas en atención a la diversidad y de la sobrecarga de trabajo de los equipos docentes, que asumen cada vez más funciones sin un refuerzo proporcional de plantilla. La inestabilidad derivada de la rotación de profesorado interino y los ajustes vinculados a la matrícula completan un escenario en el que los centros deben responder a una mayor complejidad con recursos limitados.

En paralelo, el descenso demográfico en algunas etapas abre la posibilidad de reducir ratios y mejorar las condiciones en las aulas, aunque algunas voces consideran que esta oportunidad no se ha aprovechado plenamente.

La obra 'San Antonio Abad camino al cielo', atribuida al pintor aragonés Martín Bernat (activo entre 1480 y 1495), se exhibe desde el pasado 8 de abril en el Museo del Louvre de París, uno de los centros museísticos más importantes del mundo. El público podrá ver la obra en la capital francesa hasta el próximo 20 de julio de 2026, dentro de la exposición 'Martin Schongauer (Colmar, circa 1445 – Breisach, 1491), The Beautiful Immortal'.

Realizada en óleo sobre tabla, la pintura constituye un destacado ejemplo de la escuela gótica aragonesa. La obra se conserva habitualmente en el Museo Alma Mater y procede de la parroquia de San Miguel Arcángel de Alfajarín (Zaragoza), lo que refuerza su valor patrimonial y su vinculación con el territorio.

La inclusión de esta pieza en una muestra internacional de referencia supone un reconocimiento a la calidad artística del patrimonio aragonés y a la relevancia de sus creadores en el contexto europeo del siglo XV.

Desde las instituciones responsables se ha valorado muy positivamente la presencia de esta obra en el Louvre, subrayando la oportunidad que supone para dar a conocer, ante un público internacional, la riqueza del arte sacro aragonés.