Julia, nombre ficticio para preservar su identidad, tiene 43 años y un cáncer inflamatorio de mama bilateral. El pasado viernes acudió al Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada para una consulta con su oncóloga y la quimioterapia que tenía programada, pero salió sin recibir el tratamiento. “No hay hueco”, le dijeron, según explica a este medio. La nueva cita suponía retrasar unos diez días una sesión que debía encajar en un calendario de ciclos cada cuatro semanas. Ahora teme que vuelva a ocurrir lo mismo cuando llegue el día señalado: “Te sientes impotente”.

Su caso pone rostro a la denuncia de falta de personal en el hospital granadino, especialmente en el hospital de día de oncología, en el que CSIF asegura que se posponen una media de cuatro tratamientos al día por la insuficiencia de enfermeras. La queja no procede de una única central sindical. Fuentes de otras organizaciones consultadas por elDiario.es Andalucía apuntan en la misma dirección y advierten desde hace tiempo de problemas en la cobertura de ausencias, la organización de los turnos y la sobrecarga de los profesionales. El hospital, por su parte, niega que se estén cancelando sesiones oncológicas, afirma que la plantilla de Enfermería de Oncohematología está cubierta al 100% y anuncia la incorporación de dos profesionales más para responder al incremento de actividad.

La diferencia de versiones está en cuándo y cómo se producen las demoras asistenciales. El hospital niega que se cancelen sesiones, pero pacientes como Julia aseguran que no recibieron la quimioterapia el día previsto porque no había disponibilidad para administrársela. En su caso, después preguntó a las enfermeras de la unidad si podrían adelantarle el tratamiento en caso de que surgiera un hueco antes de la nueva fecha. Según relata, le respondieron que no creían que fuera posible. La paciente no sabe si la demora volverá a repetirse ni qué ocurrirá si el tratamiento no puede ajustarse a la nueva cita.

CSIF sostiene que esas situaciones responden a una reducción de la capacidad de atención del hospital de día. Bea Alguacil, representante sindical en el centro, explica que desde hace aproximadamente un año la unidad ha asumido tratamientos de mayor complejidad que antes se administraban en la UCI, sin que, según denuncia, se haya reforzado inicialmente la plantilla para absorber toda esa actividad. A ello se habría sumado la falta de cobertura durante el verano de las vacaciones y otros permisos reglamentarios.

Según los datos que maneja el sindicato, la agenda diaria del hospital de día vinculada a las consultas externas de Oncohematología ha pasado de 12 a ocho citas. CSIF cifra en cuatro los pacientes que dejan de poder ser atendidos cada día en esa agenda y asegura que la falta de personal y de tiempo para completar la actividad obliga a posponer tratamientos. El sindicato también sostiene que una enfermera atiende habitualmente a siete u ocho pacientes en la unidad, una ratio que considera insuficiente para administrar tratamientos oncológicos con las debidas garantías.

El hospital ofrece una versión distinta a ese respecto. La dirección cifra en más de 18.500 los tratamientos que administra cada año el hospital de día, entre quimioterapia y nuevos fármacos dirigidos, y asegura que el equipo de Enfermería y Oncología está dimensionado para atender la actividad. Afirma que la plantilla de Enfermería de Oncohematología tiene cubierta al 100% tanto su estructura como las incidencias por incapacidad temporal.

La respuesta del hospital no aclara, sin embargo, si se producen aplazamientos individuales de sesiones como el que describe Julia, ni distingue entre una cancelación y una reprogramación para una fecha posterior. Sí reconoce un incremento de la actividad asistencial y anuncia la incorporación próxima de dos profesionales de Enfermería al hospital de día oncológico. Según la dirección, el hospital también ha ampliado su cartera de tratamientos con procedimientos que requieren cuidados de especial complejidad.

Un problema que afecta a otras especialidades

Las denuncias de falta de personal no se limitan a Oncología. Elías, trabajador del Virgen de las Nieves, describe dificultades también en otras áreas del centro. En Traumatología, explica, hay pacientes que deben desplazarse desde el hospital de Traumatología y Rehabilitación al Hospital General para someterse a pruebas diagnósticas y necesitan ir acompañados por un técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). Según su testimonio, la falta de cobertura obliga a recurrir a profesionales de otras plantas para realizar esos acompañamientos.

Elías denuncia también que faltan diariamente entre 15 y 16 celadores en los distintos turnos. Afirma que los responsables recurren a llamadas a los domicilios de los trabajadores para intentar cubrir los puestos vacantes y que algunos profesionales acumulan más de 200 horas de exceso de jornada al año. La falta de efectivos, añade, obliga a un mismo celador a atender varios servicios de manera simultánea. La presión también alcanza a las tareas administrativas. Según el trabajador, hay empleados que deben atender dos o tres secretarías en una misma jornada, alternando entre consultas de distintas especialidades. Una organización que, sostiene, dificulta la gestión de las citas y la atención a los pacientes.

Sindicatos y trabajadores del Virgen de las Nieves coinciden en señalar también problemas en las consultas externas de Oncohematología. Aseguran que lleva más de un año reclamando más TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería) y personal administrativo para el turno de tarde, donde, según denuncian, se pasa consulta sin estos profesionales. Esto provoca que las citaciones se acumulen en el turno de mañana. También sostienen que algunas secretarías permanecen cerradas durante parte de la jornada y que un mismo administrativo debe hacerse cargo de varias a la vez.

Las dificultades de organización y cobertura de ausencias las denuncia también UGT. El sindicato asegura que el 90% de la plantilla comienza cada mes sin conocer su planificación laboral completa y que los cuadrantes se entregaban el último día del mes anterior o incluso una vez iniciado. Al mismo tiempo, se producen cada vez más excesos de jornada, lo que dificulta poder conciliar la vida laboral y familiar. Las fuentes sindicales consultadas describen así problemas que van más allá de la unidad oncológica y afectan a categorías profesionales diferentes. Sus testimonios apuntan a dificultades para cubrir ausencias, organizar los turnos y asumir la actividad asistencial, aunque las denuncias no permiten establecer por sí solas que todas esas carencias tengan una misma causa o expliquen cada demora concreta.

La cobertura de las bajas, otro motivo de enfrentamiento

La gestión de las incapacidades temporales es otro de los problemas. Los profesionales sanitarios critican que se promuevan revisiones de las bajas de los trabajadores para aumentar la plantilla disponible y sostienen que algunas terminan en altas médicas prematuras sin una valoración presencial. Según denuncian, son habituales estas prácticas como medida de presión por cubrir los turnos y mantener la actividad con una plantilla que considera insuficiente. Sin embargo, el hospital responde que no concede ni retira las bajas o altas médicas de sus profesionales. Según la dirección, su función se limita al seguimiento de los procesos de incapacidad temporal y a las pruebas correspondientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La realidad es que desde los sindicatos reclaman un refuerzo estructural de las distintas categorías profesionales y una planificación que permita cubrir las ausencias sin recurrir de forma habitual a la prolongación de jornadas o a cambios imprevistos. Entienden que la sobrecarga a la que son sometidos los sanitarios repercute tanto en las condiciones laborales de los profesionales como en la atención a los pacientes. La dirección del Virgen de las Nieves defiende, en cambio, que Oncología es un servicio estratégico y que cuenta con una cobertura reforzada. En su respuesta, subraya que los pacientes oncológicos constituyen una prioridad y que el hospital de día mantiene una actividad superior a los 18.500 tratamientos anuales. La incorporación anunciada de dos profesionales de Enfermería es la medida concreta que plantea ante el incremento de la actividad, aunque no la vincula a las demoras denunciadas por los trabajadores.

Pero para pacientes como Julia, la discusión sobre plantillas, agendas y organización se traduce en una realidad mucho más cruda: sesiones de quimioterapia que no recibe cuando le corresponde y nuevas fechas sobre las que sigue teniendo dudas. Su testimonio no permite medir por sí solo la dimensión de los problemas de personal del hospital, pero sí muestra qué significa para una paciente acudir a recibir un tratamiento programado y marcharse sin él. “Es muy desesperante”, explica. La incertidumbre, añade, es no saber si la próxima vez habrá sitio.

Jesús Corral (47 años) había dedicado toda su vida laboral a tratar a pacientes oncológicos y a investigar el comportamiento de la enfermedad para encontrar terapias y fármacos que alargasen su supervivencia y mejorasen su calidad de vida cuando le detectaron un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. “Cuando me diagnosticaron, sabía bien a qué me enfrentaba, pero la sensación de miedo, incertidumbre y pérdida de libertad fue inmediata, supongo que como la de un paciente más”, explica.

Este doctor es jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz) y se ha especializado en cáncer de pulmón. “Nosotros vemos pacientes con mal pronóstico y, para mí, tener más conocimiento fue perjudicial. Lo viví con angustia, ansiedad y miedo porque, aunque mis médicos me decían que el pronóstico era bueno y la posibilidad de éxito muy alta, siempre me ponía en lo peor, en que tal vez el tratamiento no respondería”, recuerda ahora, siete años después y libre de la enfermedad.

La experiencia le ha servido, no obstante, para ver la práctica clínica, el día a día con sus pacientes, desde otra perspectiva. “Los oncólogos nos dedicamos mucho a la asistencia y estamos muy involucrados en la investigación, pero hemos dejado un poco de lado, o al menos yo lo hice, el cuidado que requieren el paciente y su familia desde el diagnóstico”, reconoce.

Esa atención integral a los pacientes ha sido el eje vertebrador del 50 aniversario de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), celebrado esta semana. “Cuando pones un tratamiento, sobre todo en cánceres que tienen un riego vital, el objetivo fundamental es que la persona sobreviva. Como no siempre se puede, hay otros objetivos, como prolongar al máximo la supervivencia o que la enfermedad tarde en progresar, manteniendo la calidad de vida. En el momento en que, con terapias dirigidas y nuevos tratamientos, somos capaces de curar a más pacientes y de que otro grupo sea capaz de convivir con el cáncer, ya no solo nos piden vivir más, sino vivir mejor”, explica su presidente, Javier de Crespo.

Jesús no pudo recurrir a esas terapias dirigidas, que han impulsado la mejora en los pronósticos y los efectos secundarios de muchos tumores. “El linfoma de Hodgkin todavía se trata con quimio y múltiples fármacos, por lo que los efectos son importantes”, explica el doctor, que recuerda las alteraciones en la mucosa, la dificultad para comer, la pérdida de peso y múltiples ingresos, que llevó “especialmente mal”.

En ese periplo, apreció ese abordaje multidisciplinar. “Fue esencial el acompañamiento de enfermería, para explicarme los efectos secundarios, establecer estrategias para afrontar los cambios físicos y el impacto social que supone el aislamiento; la valoración psicológica desde el inicio y la derivación precoz a psiquiatría, para detectar y tratar la ansiedad y la depresión y mejorar la tolerancia al tratamiento; la nutrición y el ejercicio físico”, enumera el doctor.

Sobre todos esos aspectos investiga la doctora Elena Brozos, que actualmente trabaja en el Hospital Clínico Universitario de Santiago. “Me interesa mucho la calidad de vida de los pacientes, así que hacemos investigación sobre nutrición, ejercicio físico y dolor”, explica. Ella se centra también en la esfera psicosocial. “Cuanto más soporte [tienen los pacientes] mayor es la adherencia al tratamiento y eso es importante para hacer mejor nuestro trabajo. Intento darle importancia, porque recuerda a todo lo que viví”, añade.

Lo que Elena vivió fue un proceso oncológico largo causado por un sarcoma de Ewing —un tumor poco frecuente, que afecta a los huesos—, que comenzó en 1991, cuando tenía tan solo nueve años. La enfermedad, que superó tras 12 años de tratamientos, quimios y radioterapias, despertó en ella la curiosidad por la medicina. “Soy oncóloga gracias a esa experiencia infantil”, reconoce, que le ha permitido identificarse con las personas a las que atiende en consulta. “Entiendo perfectamente cuando un paciente me dice que tiene miedo. Sé perfectamente cómo es ese miedo, porque yo también lo sentí”.

“Hace 35 años no había apenas tratamientos y no en todas partes. Eso supuso un esfuerzo importante en la familia y estar desplazada de mi lugar de origen, lejos de la gente que se preocupaba por mí, en un momento en el que los móviles no eran habituales”, recuerda. La ciencia ha avanzado mucho desde entonces. La doctora, que está especializada en tumores digestivos, ha visto “el nacimiento de las terapias dirigidas y la inmunoterapia y la evolución de la supervivencia y a pacientes que conviven con tumores de forma crónica y con muchos menos efectos secundarios”, pero también le da mucha importancia a la esfera social y la vida después del cáncer.

“En los fármacos delegas en el médico, pero cuando te preguntas qué vas a hacer con tu vida, si vas a poder estudiar, cómo vas a ir a trabajar... Es una incertidumbre que no delegas en nadie y estar acompañada en esos momentos es crucial”, desarrolla la doctora, a quien le amputaron una pierna con 20 años. “No sabía cómo iba a ser mi vida sin pierna, pero tengo un entorno que me cuida, compito en natación, en aguas abiertas... La vida no se acaba cuando te dice que ya no tienes cáncer, sigue con sus secuelas”.

El presidente de SEOM coincide en señalar que se está produciendo un cambio en la forma de abordar el cáncer. “Desde el diagnóstico, tenemos que empezar a valorar al paciente como un largo superviviente, cómo puede ser su evolución laboral, su fertilidad... cosas que antes, tal vez porque los tratamientos no eran tan eficaces, valorábamos cuando parecía que se había superado la enfermedad. Ahora tenemos que apostar por ese otro concepto de empezar a cuidar al paciente y que el paciente se cuide a sí mismo pensando en restablecer su vida”, explica De Castro.

El nuevo real decreto que regula la evaluación de tecnologías sanitarias, aprobado por el Consejo de Ministros a finales de mayo, ya establece la “participación sistemática de la sociedad civil” en estos procesos, con el objetivo de considerar “de forma explícita el impacto real en la calidad de vida de los afectados”, indicaban desde el Ministerio de Sanidad.

Este mismo lunes, la farmacéutica AstraZeneca, junto a la Alianza frente a la Metástasis: Innovación y Apoyo, presentó un informe en el Congreso en el que establece varias recomendaciones para integrar la calidad de vida de los pacientes como un elemento más en la práctica asistencial, la investigación clínica y en los criterios de financiación de fármacos y tecnologías, con la participación activa de los pacientes.

“Cuando hablamos de calidad de vida del paciente oncológico, hay que mirar más allá de la supervivencia: hablamos de la toxicidad del tratamiento, de los efectos secundarios, de cuánto tiempo y en qué medida podemos mantener nuestra autonomía en el día a día y de cómo influye a la larga tanto la enfermedad como la terapia en nuestro bienestar emocional y social”, señaló la presidenta de la asociación y autora del informe, Pilar Fernández.

Castilla-La Mancha da la bienvenida de nuevo a la campaña de vacunación frente a la gripe.

Desde el 1 de octubre comenzará para la población infantil de seis meses a siete años, así como para las personas residentes en centros residenciales y sociosanitarios. En el caso de la población adulta, el inicio de la vacunación está programado para el 7 de octubre.

Vacuna celular para los niños y niñas menores de dos años

Así lo ha dado a conocer el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que ha señalado que han preparado 600.000 dosis para la campaña de 2026-2027, “que se ha adelantado unos 15 días respecto a otros años”, ha afirmado el consejero.

Respecto a la población infantil, el responsable de las políticas sanitarias ha explicado que las niñas y niños entre seis y 23 meses van a recibir una vacuna celular, que es una novedad con una “mejor” respuesta inmunitaria, apta para alérgicos al huevo y a los antibióticos.

A los niños y niñas de 24 meses a siete años completos, se les administrará una vacuna intranasal. Además, una de las novedades de esta campaña es que se amplía en dos años el rango de edad en los que se les vacunaba comparado con el año pasado. Otra novedad de la campaña de este año es que los padres y/o madres de la población infantil de seis meses a siete años, recibirán en sus móviles un mensaje SMS de la Junta de Comunidades animando a vacunarse. Este mensaje de texto posteriormente se irá enviando a otros grupos de población.

Respecto a la población en general, las novedades de la campaña frente a la gripe son que todas las vacunas antigripales son trivalentes, vacunas con la mejor cobertura para las distintas cepas de gripe y adaptadas a las cepas con mayor probabilidad de circulación según la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se refuerza la captación activa de personas mayores, embarazadas y profesionales sanitarios.

Otra novedad para este año es que la solicitud de cita para vacunarse se podrá realizar a través de la aplicación ‘Mi Salud Digital’ y de la web de la Consejería de Sanidad, además de captación activa por parte de los profesionales o cogiendo cita en su centro de salud o consultorio.

Se recomienda la vacunación simultánea frente a la Covid

Fernández Sanz ha recordado que los grupos prioritarios son las personas de más de 60 años, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión, los profesionales sanitarios y sociosanitarios, así como los convivientes y cuidadores de personas vulnerables. El consejero de Sanidad ha recordado que en el momento en que una persona quiera vacunarse frente a la gripe, se recomienda la administración simultánea de la vacuna frente a la Covid cuando ambas estén indicadas.

Asimismo, debe aprovecharse cada contacto asistencial para revisar otras vacunaciones del calendario del adulto como el neumococo, el herpes zóster y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en adultos cuando proceda.

Los objetivos de esta campaña son alcanzar una cobertura del 75% en personas de edad igual o superior a 60 años; un 75% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo; así como un 60% en profesionales sanitarios y sociosanitarios y población infantil (seis meses a siete años).

Para concluir, Fernández Sanz ha destacado que las vacunas son uno de los mayores éxitos logrados en materia de salud pública, explicando que cada año salvan al menos entre dos y tres millones de vidas en todo el mundo. Ha puesto como ejemplo la campaña del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en lactantes, que durante dos años consecutivos está siendo un éxito con más de un 95% de la población diana vacunada, suponiendo una disminución tanto en infecciones respiratorias, de consultas en Pediatría de Atención Primaria, como en la disminución de hospitalizaciones e ingresos en las UCI pediátricas.

La campaña frente a la gripe 2026-2027, concluirá el 31 de marzo de 2027.

Manuel tiene 79 años y lleva uno y medio, “o más”, esperando una intervención. En su pierna derecha tiene artrosis, una enfermedad degenerativa que castiga los cartílagos y que se opera cuando estos ya están muy dañados, así que la espera y el dolor se le están haciendo interminables. “Tendré que asumir que esto es irreversible. Cuando no sea con bastones, tendré que ir en silla de ruedas”, lamenta, al borde de la desesperación, mientras espera la llamada del cirujano y sigue insistiendo en el hospital.

Según los datos del último informe del Sistema de Información sobre Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud, que elabora el Ministerio de Sanidad con los datos que le proporcionan las comunidades autónomas, a finales de 2025, un paciente esperaba de media para operarse unos 121 días. Había, como Manuel, más de 850.000 personas pendientes de una intervención.

Los datos, sin embargo, ocultan otras realidades. Esos 121 días de medias son los que un paciente espera desde que le incluyen en la lista de espera, pero los criterios entre comunidades autónomas son diferentes y, a estos, se suman otras demoras. Por ejemplo, cuánto se tarda por una consulta en Atención Primaria, para una visita a un especialista o por una prueba diagnóstica.

El mismo informe señala que el tiempo medio de espera para una consulta con un especialista en el Sistema Nacional de Salud es de 102 días. El presidente de la Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Madrid (Adspm), Sergio Rodríguez, indica que en toda España “se encuentran 853.000 pacientes esperando una intervención quirúrgica” y “uno de cada cinco lleva esperando más de seis meses”.

En Madrid, donde esta semana ha estallado el escándalo de la manipulación de la preferencia de 57 pacientes pendientes de una intervención para alterar las listas de espera, sindicatos y asociaciones de pacientes llevan años advirtiendo de un “maquillaje” en estos registros.

Según los datos del Sermas —el servicio madrileño de salud—, en agosto había más de 120.000 pacientes en lista de espera quirúrgica, con una demora media de casi 72 días; 698.500 personas pendientes de una consulta con el especialista por una media de 76 días; y otras 168.000 a la espera de una prueba, otra media de 66 días. En total, casi un millón de esperas que son, en realidad una suma y sigue, porque para una operación antes hay que pasar por un especialista y hacerse alguna prueba diagnóstica, un proceso que podría irse a los 214 días.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha negado estos días que se maquillen las listas de espera. La ministra del ramo, Mónica García, que intentó impulsar una nueva normativa para dotarlas de más trasparencia y trazabilidad, lo ha puesto en duda. Este mismo sábado, acusó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de “mentir”.

Pese a la falta de claridad por parte de las esferas políticas, lo que sí es un hecho es el incremento constante de pacientes a la espera de ser atendidos. Desde julio a agosto de este mismo año, son más de 29.000 pacientes añadidos a las listas de espera y, también, se suman 10 días más en el tiempo promedio de espera hasta ser atendidos.

Lola, una paciente de 59 años, sufre la rotura del menisco interno y externo, el cuerno del menisco y ligamentos externos de su pierna derecha. Esta fatalidad le sorprendió a Lola cuando se incorporó a su puesto de trabajo a finales del año pasado, tras volver de otra baja por cervicalgia: “Regresé al trabajo y me destrocé la rodilla en cuatro días”. 

Hasta abril de este mismo año, Lola no fue atendida por el traumatólogo que lleva su caso en el Hospital Infanta Leonor de Madrid. Después de la revisión, para Lola, todo quedó en un mar de dudas pese a que el especialista le confirmó que necesita ser intervenida quirúrgicamente: “Me citó el 21 de octubre para una radiografía y, a partir de ahí no sé qué hará el traumatólogo, si me pondrá en lista de espera o a ver qué hace”, expresa con desconcierto. 

Además, a las dificultades que atraviesa Lola se le añaden una artrosis degenerativa —destrucción del cartílago hialino que recubre las superficies óseas— que tiene “por todo el cuerpo” y fibromialgia—enfermedad crónica que provoca dolor musculoesquelético—.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) señalan que la Comunidad oculta las cifras reales de las listas. Rodríguez expone que la Consejería presenta los datos “como un éxito”, mientras que otros “sufren las demoras”. Con este argumento, explica “el maquillaje estadístico” que se aprecia, sobre todo, en esta región. Esta manipulación se observa en los casos de intervención quirúrgica, ya que “se cuenta la demora tras ver al anestesista” o que, como denunciaban en un comunicado en abril, “se excluye del cómputo global a determinados pacientes”. “Las listas de espera están completamente manipuladas”, insiste.

“Un deterioro en la salud física y mental”

Pedro José (64 años, nombre ficticio) tiene un problema urológico que lleva arrastrando durante años. Ya en 2019 se sometió a cantidad de pruebas y, entre cita y cita, “esperaba hasta seis meses”, explica. Cuando finalmente le indicaron una operación y le hicieron el preoperatorio, en marzo de 2020, llegó la pandemia: “La intervención quedó en el limbo más absoluto”, explica este vecino de Cádiz.

Finalmente, se canceló la operación, pero siguieron las pruebas. “Llevo un año sin dormir porque orino, día y noche, cada 15 minutos y tengo el abdomen tremendamente inflamado”, lamenta.

El presidente de la ADSPM asegura que si las esperas superan los seis meses, se produce “un deterioro en la salud física y mental”. Cita estudios que apuntan a episodios de “ansiedad o depresión” y advierte de riesgos con consecuencias más funestas, si la tardanza acaba provocando consecuencias irreversibles. “La complicación de enfermedades llega por el retraso”, insiste.

A Pedro José ya le han comunicado que, en este momento, con una operación no le aseguran “que vaya a quedar bien”. Los retrasos y aplazamientos han hecho que su patología empeore, le han aparecido divertículos —pequeñas bolsas que salen en el interior de la vejiga— y un tapón en la próstata. “Me puse muy triste porque tengo que estar sondado de por vida”, expresa el hombre, que ha puesto una reclamación ante el servicio de salud.

Hace un año que a Susana, de 62, le indicaron una operación para eliminar sus juanetes en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Mientras esperaba, le ofrecieron derivarla a un privado. “No, no y no”, se negó, mientras lamenta que desde la pública se incentive el paso a la privada. La mujer puso una queja ante el hospital y, finalmente, fue intervenida en la pública en dos semanas.

Esa misma estrategia siguió Manuel en una intervención anterior, de cataratas, a la de la artrosis por la que espera ahora. La queja aligeró la espera. “Estarán esperando a que la gente reclame”, barrunta. En Andalucía, según los datos de Sanidad, a diciembre de 2025, la demora media era de 173, la máxima entre las comunidades. En los últimos años, la Junta ha ido prorrogando contratos de cientos de millones de euros para derivar pacientes a la privada y acortar las listas de espera.

Es algo que ha ocurrido también en otras comunidades. En Madrid, según un documento interno, el “impacto económico” derivar pacientes de la pública a la privada entre 2018 y 2023 ha sido de 1.268 millones de euros extra derivados a la sanidad privada. 

Retrasos en pruebas diagnósticas de un año y medio y, en las situaciones más “escandalosas”, superior a los 24 meses, sin que los afectados conozcan los motivos. Son los casos extremos que denuncia la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS (Complejo Hospitalario Universitario de Compostela) derivados de una práctica que, “con carácter general”, según afirman, lleva a cabo el Servicio de Radiodiagnóstico: alterar las prioridades marcadas por los médicos sin informarlos, ni a ellos ni a quienes esperan la prueba. La gerencia del CHUS defiende que los especialistas tienen “la formación y las competencias” para tomar ese tipo de decisiones y que, cuando lo hacen, es basado en “evidencias clínicas”. Los pacientes, sin embargo, creen que la escasez de medios, tanto humanos como materiales, es lo que ha provocado que haya más de 20.000 pacientes esperando una de esas consultas. Son casi tres veces más que antes de la pandemia.

“Llevamos muchos años denunciando esta forma de organizar el servicio”, cuenta a elDiario.es el presidente de la Asociación de Pacientes, Fernando Abraldes, una queja que ahora resuena al hilo de lo sucedido en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. Allí, según desveló El País, 57 personas vieron cómo su prioridad pasaba de nivel 2 a 3, con lo que el plazo para poder operarlas crecía de 90 a 180 días. En este caso, según el médico denunciante, se hacía para maquillar la lista de espera quirúrgica. En el de Santiago, la gerencia asegura que se hace con “criterios clínicos” y “siguiendo el protocolo”.

Abraldes lo ve de forma muy diferente. Considera que esta “reclasificación sistemática” permite a Radiología actuar como “muro de contención” de una multitud de pruebas diagnósticas que carecen de “capacidad” para afrontar. Respalda sus afirmaciones con números. El 31 de diciembre de 2019, justo antes de la pandemia, la lista de espera para este tipo de consultas en el área sanitaria de Santiago y Barbanza —450.000 personas, la tercera de Galicia tras Vigo y A Coruña— era de 8.720 personas, de las que 568 aguardaban ya más de seis meses. Los datos actualizados de los que dispone la Asociación elevan esa cifra a 20.789 pacientes; 5.011 llevan inscritos en ella más de medio año.

“Esos son los datos oficiales, así que conviene ponerlos entre paréntesis”. Al igual que la oposición política o los sindicatos, la asociación tampoco se cree que el balance de la Xunta refleje una realidad que, como denunciaba el PSdeG esta misma semana, “es todavía peor”. Abraldes lo demuestra con un ejemplo: en la última publicación de la situación del hospital compostelano, no existía ningún caso que superase los 12 meses de demora; sin embargo, en su entidad sí los conocían. “Desaparecieron de las listas”.

Prioridades “orientativas”

“Los especialistas en radiodiagnóstico también son médicos, profesionales capacitados y competentes para dos cosas: la indicación y la priorización de la prueba”. Así lo afirma Jorge Aboal, director de Procesos de Soporte del área sanitaria de Santiago y Barbanza. En una entrevista en la Cadena SER —el medio que adelantó la denuncia—, Aboal lo explicaba con un ejemplo: “A lo mejor en casos en que el clínico solicita un TAC o una resonancia, el experto en el diagnóstico por imagen considera que, para ese caso concreto, con las guías clínicas actualizadas por evidencia científica, en vez de un TAC es una resonancia o en vez de una resonancia es una ecografía”. Lo mismo sucede con una prioridad que, para él, “es orientativa”, ya que una vez conocido cada caso, los radiólogos cambian “lo que ellos consideran, dentro de su conocimiento y formación, que tiene que modificarse”; una decisión “muy variable, como la práctica clínica”.

Para Abraldes, lo más grave de todo ello es que se haga sin informar al médico que marcó la prioridad de la prueba ni, especialmente, al propio paciente. Según subraya, ese comportamiento incumple la Lei de Saúde de Galicia. “Esa ley recoge el derecho del paciente a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible”. Un derecho que le están hurtando ya que el radiólogo no contacta con el prescriptor y éste no puede trasladar lo sucedido al afectado que, en la mayoría de las ocasiones, sólo descubre lo que ha pasado al preguntar por el retraso en su cita. Otros lo comprobaron al llegar a la fecha de la siguiente consulta sin que la prueba se hubiese realizado “y, mucho menos, informado”.

Aboal negó que esta forma de actuar —“la de la inmensa mayoría de servicios de radiodiagnóstico en el sistema nacional de salud y fuera de él”— se aplique “de forma arbitraria” ni tampoco “supeditada a los recursos existentes, ni muchísimo menos”, sino basándose “en las guías que se van actualizando a nivel mundial basadas en la evidencia clínica”. El director de Procesos también trató de contextualizar la lista de espera para las pruebas, respondiendo a las 20.000 personas que aguardan con otra “cifra de referencia”, la de la “actividad normal” en el área sanitaria: unos 9.500 diagnósticos con imagen a la semana.

Abraldes deposita parte de la responsabilidad de la situación en el Servicio de Admisión del CHUS ya que, según la normativa, las consultas externas deben fijarse “en función de la carga de trabajo”. Por eso, “por un principio de confianza mutua entre médico y paciente”, da por hecho que si el facultativo marca una prioridad para una prueba es porque nadie desde Admisión le ha advertido de que es imposible realizarla en ese plazo. El presidente de la Asociación de Pacientes cree que la forma de actuar de Radiología no responde “a criterios éticos ni profesionales” y asegura que así se lo ha trasladado en más de una ocasión al propio jefe del Servicio. “Discrepamos, él tiene su punto de vista, pero al final es a nosotros a quien nos toca pagar el pato”.

La respuesta del jefe de Servicio

Tras la publicación de la noticia, el jefe de Servicio de Radiologia, Roberto García, se puso en contacto con elDiario.es para trasladar los argumentos que, según confirmaron ambos, ya había intercambiado con Abraldes. No negó las demoras en la atención pero admitió sentirse “ofendido profesionalmente” por las acusaciones del presidente de la Asociación: “Nunca he participado en ninguna operación de encubrimiento ni de maquillaje de las listas de espera”. Con un punto de ironía, añadía que, vistas las cifras, si esa fuese la intención, “no está saliendo bien”.

García habla de cambios puntuales y no sistemáticos en los plazos de atención. Asegura que hay profesionales que asignan por norma preferencia a todos sus pacientes y que es al radiólogo al que le toca fijar la prioridad real. “Se le cambia a quien indica preferente a lo que no es –que los hay– y se le da –sin pedirla– a lo que es serio”, y lo explica con un ejemplo: “No podemos hacer antes una dudosa hernia inguinal que un posible cáncer solo porque el primero ponga preferente. Y esto pasa”. Sí admite que no tiene posibilidad de informar a los pacientes cuando se producen estos cambios.

El jefe de Servicio reconoce falta de medios para atender la demanda: “Tengo muchas máquinas pero pocos profesionales, porque no los hay”, una situación que le lleva, incluso, a suspender turnos. “Ojalá pudiese culpar a la gerencia del hospital, pero no sería cierto: es necesario distinguir entre querer contratar y poder hacerlo”. 

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Cuando el pasado 9 de septiembre se publicó que se disparaba en dos años el número de mujeres a la espera de una mamografía en la Comunidad de Madrid y que 9.000 no tenían fecha asignada para esta prueba diagnóstica, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sacó pecho de su gestión sanitaria, en la misma línea que ya habían seguido en ocasiones anteriores: “Madrid tiene las listas de espera más bajas”, dijo el consejero portavoz autonómico. La región lleva tiempo presumiendo, pero tras conocer que uno de los principales hospitales de la capital rebajó la prioridad de 57 pacientes pendientes de una operación para mejorar sus números, surge una pregunta: ¿cómo de fiables son las listas de espera de la Comunidad para tener una imagen real y completa de la espera de los pacientes?

El “maquillaje” de las listas de espera es una antigua denuncia de sindicatos y asociaciones de pacientes. “No nos llama la atención. Es algo que hacen prácticamente la totalidad de centros para ocultar datos a la Consejería y es algo que hacen las Consejerías con el Ministerio. No es algo privativo de Madrid”, señalaba este martes la secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Ángela Hernández.  

La Comunidad, no obstante, lleva décadas arrastrando una hemeroteca que da muestra del trampeo en la forma de registrar el tiempo de espera. Ya en 2005, el Ministerio de Sanidad expulsó a Madrid del sistema nacional de cómputo por los incumplimientos del Gobierno de Esperanza Aguirre de la normativa estatal del momento. Si los pacientes tenían que ser incluidos en el momento en que el médico especialista indicase la intervención, la Consejería no los contabilizaba hasta que hubiesen pasado las pruebas previas a la operación —incluido el anestesista—, mucho después. 

“Maquillar los datos, desde el punto de vista político, da votos, pero se hacen trampas al solitario porque no solucionan el problema”, explica el presidente de Atención Hospitalaria de Amyts, Javier Ortega. Para él, que es cirujano general, lo ocurrido en el Hospital Ramón y Cajal va un paso más allá y es “muy grave desde el punto de vista quirúrgico”: “Es una cosa muy grave, se me ponen los pelos como escarpias”.

El jefe del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del centro, Basilio José de la Torre Escudero, y el director médico, Rafael Martínez Fernández, habrían rebajado la prioridad de hasta 57 pacientes de preferente a normal para ampliar el plazo máximo en el que debían ser intervenidos, de 90 a 180 días, a espaldas de los cirujanos, según ha publicado El País, que cita documentos y correos internos. 

Esta redacción se ha puesto en contacto con el hospital, pero no ha obtenido respuesta. 

114.000 personas en lista de espera

Según los últimos datos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), en julio había 114.627 pacientes esperando por una intervención quirúrgica en la región y la demora media estructural era de 57 días, aunque más del 40% sobrepasaban los tres meses de espera. Por esas mismas fechas, la lista de espera en traumatología del Ramón y Cajal superaba los 98 días de media, con 1.665 pacientes pendientes de una operación. 

Si se revisan los contratos de programa 2025 de los cinco grandes hospitales públicos madrileños —La Paz, 12 de Octubre, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal y el Clínico San Carlos— todos ellos recogen “objetivos institucionales” para rebajar las listas de espera de las intervenciones quirúrgicas, con indicadores y puntuaciones periódicas, además de aportaciones adicionales destinadas a la actividad extraordinaria de reducción de las listas de espera. 

“Los contratos programa que se acuerdan entre los servicios de salud y las gerencias tienen dos propósitos: asignar fondos que cubran los costes fijos y las variables de la actividad pactada; y dotar bolsas de productividad para bonificar los desempeños, en cantidad y calidad de servicios prestados”, explica el experto en gestión sanitaria y profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad, José Ramón Repullo, para quien esos incentivos son “el objetivo natural y universal de todos los modelos de gestión hospitalaria”. 

Pero, esos contratos, ¿pueden generar incentivos perversos? “Obviamente, sí. Por eso el arte de esos acuerdos radica en que sean inteligentes, bien gestionados, con fiabilidad de los indicadores de desempeño y con una evaluación objetiva y transparente del grado de cumplimiento y de las bonificaciones conseguidas”, continúa Repullo, para quien “cuanto peor gobernanza de un sistema o servicio, más fácil es caer en conductas oportunistas”. 

Para la secretaria general de Amyts, el problema de base es la propia organización de la gestión directa de la sanidad pública, con dos modelos compitiendo entre sí. “Cuánta más actividad hay en un hospital público, más gasto genera y más se aleja del cumplimiento presupuestario, así que lo único que te queda es la gestión de la lista de espera. Si cuando la aumentas vas a estar mal visto por la Consejería, se genera el incentivo de intentar ocultarla”, razona. Es, dice, “el modelo contrario a la [Fundación] Jiménez Díaz [de gestión privada], que cuanto más hace, más gana”. 

Solo en 2024, los hospitales de Quirón (Fundación Jiménez Díaz, Villalba, Infanta Elena de Valdemoro y Rey Juan Carlos de Móstoles) y Ribera Salud (que gestiona el Hospital de Torrejón) lograron captar 250.000 pacientes de la sanidad pública gracias a la libre elecciones impulsada por Aguirre. Este modelo, indican los expertos, convierte la sanidad madrileña en una suerte de “mercado persa”, donde los hospitales públicos acaban quedándose con las pluripatologías más complejas mientras los de gestión privada seleccionan las intervenciones más rentables. 

El caso del Hospital de Torrejón y la priorización de pacientes rentables

Es el caso del Hospital de Torrejón, gestionado por la empresa Ribera Salud. Aquí no se trataba de maquillar las listas de espera para cumplir unos objetivos, sino que, tal y como publicó elDiario.es a finales de 2025, en este centro sanitario se priorizaban pacientes que se consideraban rentables mientras los vecinos de Torrejón tenían que esperar más de dos meses para una cirugía una vez entraban en la lista de espera.

La libre elección que instauró el Gobierno de Esperanza Aguirre permite que los hospitales privados capten pacientes de la pública. Según un documento interno de la Comunidad, el “impacto económico” que ha tenido este sistema entre 2018 y 2023 ha sido de 1.268 millones de euros extra derivados a la sanidad privada. 

Tal y como publicó elDiario.es, en Torrejón el incentivo estaba motivado por la ganancia económica de la empresa gestora. Y para conseguir aumentar estos ingresos, el objetivo era hacer que los pacientes “no cápita” se operasen en este hospital a pesar de estar asignados a otros centros. Así, la Comunidad de Madrid tiene que pagar a ese centro elegido para la operación o tratamiento de dicho paciente externo. A muchos ellos se les ofrecían operaciones quirúrgicas tempranas y se les operaba antes que muchos otros que llevaban más tiempo esperando. 

elDiario.es ha remitido una serie de preguntas a la Consejería de Sanidad, como a partir de cuándo se contabiliza la espera para una operación, qué medidas pretenden tomar para evitar este tipo de situaciones en los hospitales públicos madrileños, o si tienen información sobre otras posibles alteraciones de las listas de espera. Desde el Gobierno autonómico no han respondido a estas cuestiones, haciendo alusión a que la “gestión de la lista de espera quirúrgica de todos los hospitales” madrileños “corresponde a los propios servicios asistenciales, de acuerdo con los criterios clínicos establecidos y con la responsabilidad de los profesionales implicados” y “refrendado por el comité semanal de quirófanos”. 

“Ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente la gestión o modificación de las listas de espera quirúrgicas de los servicios. Por tanto, no cabe atribuir a estos órganos la realización de alteraciones individuales en las historias clínicas de los pacientes”, indican desde el Gobierno de Ayuso. La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha defendido este martes durante unos premios en los que se ha galardonado a Ayuso como “Política del Año” que en la región “no se falsean” las listas de espera, pero se abrirán “diligencias de información interna para volver a revisar todo” el sistema. “Es triste el ataque que se hace al tesoro que es la sanidad”, ha añadido la consejera, que no ha precisado si habrá ceses tras la polémica y atribuye la polémica a rencillas personales.

“Ni es nuevo, ni está penalizado”

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Adspm) ha considerado “de extrema gravedad la información conocida sobre la modificación de la prioridad quirúrgica de pacientes del Hospital Ramón y Cajal para mejorar el cumplimiento de los tiempos de espera”. En un comunicado, han mostrado su preocupación porque “esto ocurra en un sistema en el que el cumplimiento de determinados objetivos con las listas de espera está vinculado a la productividad” y han reclamado a la Consejería que explique “qué controles existen para evitar que los objetivos de gestión puedan interferir en decisiones que deberían responder exclusivamente a criterios clínicos”. 

Esta organización ha recordado también que la lista de espera quirúrgica es solo el último escalón de la demora sanitaria. Además de los más de 114.000 pacientes esperando una operación en julio, había otros 670.000 pendientes de una primera consulta y otros 160.000, de una prueba diagnóstica y terapéutica. 

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mandado este martes una carta a la consejera madrileña para requerir información sobre lo sucedido y “solicitar garantías” de la veracidad de los datos de las listas de espera que son remitidos al Ministerio. En marzo, García anunció que modificaría la normativa para conocer exactamente los tiempos de todos los pasos por el sistema sanitario. “Necesitamos la colaboración de las comunidades para darle transparencia al proceso. Queremos saber, desde el Ministerio, cuál es el tiempo que pasa desde que un paciente va a atención primaria con cualquier tipo de patología o dolencia hasta que le ven un especialista, le hacen una prueba, le vuelve a ver al especialista y hasta que le operan o no le operan o le dan el tratamiento. Toda esa trazabilidad no la tenemos a día de hoy. No sabemos lo que pasa con nuestros pacientes”, indicó García. 

El Ministerio llevó la propuesta al Consejo Interterritorial —donde están presentes las consejerías— esos nuevos “criterios de transparencia y trazabilidad” que “no fueron aprobados por las comunidades autónomas”, ha lamentado la ministra García a través de su cuenta de X, donde afirmó que “manipular las listas de espera, engañando a cirujanos y pacientes, ni es nuevo ni está penalizado”. 

Si tienes información sobre este u otros casos similares, puedes escribirnos a nuestro correo confidencial pistas@eldiario.es

No habrá nadie sentado en la silla de la consulta de Nefrología del Hospital de Hellín el lunes que viene. Su titular actual, la doctora Sara Piqueras, verá a sus pacientes por última vez este viernes, ya que la gerencia del Hospital le ha comunicado que su contrato no será renovado. De esta manera, este servicio de Nefrología se quedará sin la única médica especialista que trabajaba en él.

Con ello, quedan en el limbo los pacientes que atiende este servicio —577 en 2024—, que en principio pasarán a lista de espera, pues no hay citas agendadas a partir de la semana que viene y ni el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ni la gerencia del Hospital de Hellín han ofrecido explicación alguna sobre qué sucederá con el servicio.

Esta situación “preocupa” al Colegio de Médicos de Albacete. Su presidente, Blas González Montero, habla abiertamente de la “desaparición” de la Unidad de Nefrología del Hospital de Hellín y asegura que esto supondrá una “disminución de la calidad asistencial” para los pacientes que eran atendidos en ella.

“Tendremos peor control de los enfermos de riñón: los atenderemos peor y los atenderemos menos veces. Eso repercutirá también en la sobrecarga del servicio de medicina interna de Hellín, que ya tienen bastante. Y, además, esos enfermos que no se vean en Hellín se tienen que valorar en el servicio de nefrología del Hospital General de Albacete”, añade González Montero.

Para protestar contra este cierre, se ha convocado para este jueves una concentración ciudadana en los alrededores del Hospital de Hellín bajo el lema “Por una Sanidad 100% pública”.

34.000 kilómetros de desplazamientos ahorrados

El servicio de Nefrología del Hospital de Hellín comenzó su andadura en enero de 2024. Como única especialista fue designada la doctora Sara Piqueras, quien meses antes había presentado un proyecto para abrir dicha unidad en la localidad albaceteña y así evitar que los pacientes tuvieran que recorrer el trayecto de 50 minutos y 65 kilómetros que los separa de la capital de la provincia, a cuyo hospital tenían que acudir hasta entonces cada vez que tocaba pasar consulta.

Piqueras califica su trabajo como “proyecto asistencial de alto valor”, ya que su puesto permitía “cambiar las cosas” de la enfermedad renal. “Es una enfermedad muy silenciosa y muchas veces no se detecta hasta fases muy avanzadas. El tener esta especialidad cerca podía facilitar que los pacientes llegasen antes a ese diagnóstico a una valoración más integral”.

La doctora proporciona un dato: entre los pacientes que llegan a iniciar diálisis, aquellos que no habían sido valorados por Nefrología durante los 24 meses previos presentan una mortalidad del 51%, frente al 36% de quienes sí habían tenido seguimiento nefrológico.

Aquellos que no habían sido valorados por Nefrología durante los 24 meses previos presentan una mortalidad del 51%, frente al 36% de quienes sí habían tenido seguimiento nefrológico

Por encima de todas las ventajas de tener esta unidad en funcionamiento en Hellín, Piqueras destaca una: no tener que ir hasta Albacete para una consulta de Nefrología. “Es un desplazamiento que supone bastante para la gente de la zona porque la media edad de los pacientes que yo atiendo es de 65 años. Es una población mayor que es independiente y viven solos, pero que ya no conducen. Ir hasta Albacete, que tampoco se puede hacer en tren, es difícil para ellos”, añade la médica.

Esos desplazamientos a la capital de la provincia los conoce muy bien Soledad. A sus 52 años, lleva casi 30 siendo paciente de Nefrología. Antes del año 2024, cuando se abre la Unidad en el Hospital de Hellín, tenía que acudir hasta Albacete para ser atendida.

“Me acuerdo que, al principio, cuando detectaron que mi riñón era más pequeño de lo normal, tenía que ir a Albacete cada tres meses para tenerlo controlado”. Posteriormente, según la situación se estabilizaba, las revisiones se espaciaron a una cada seis meses y, más tarde, a una vez al año.

“A los viajes a Albacete, como yo no tengo coche, tenían que llevarme mi padre o a algún hermano que perdiera ese día de trabajar. No podemos depender de la familia de que estén perdiendo trabajo para poder subir”, añade la afectada.

Para Soledad y su familia, la creación de la Unidad de Nefrología en Hellín supuso un gran cambio, ya que también su tío y su padre son pacientes renales. “Mi padre está ahí con un hilo para la hemodiálisis y ella lo ha controlado muy bien”, asegura la paciente.

Según cálculos de la propia Piqueras, la aparición de este servicio en Hellín ha ahorrado a los pacientes más de 34.000 kilómetros en desplazamientos hasta Albacete, solo teniendo en cuenta la primera visita.

A la desaparición de la consulta se suma una reivindicación más antigua de los pacientes renales de la comarca: Hellín tampoco dispone de una unidad de hemodiálisis propia. Quienes necesitan este tratamiento —que obliga a acudir a una sesión dos o tres veces por semana— siguen teniendo que ir hasta Albacete, una demanda histórica de la Asociación de Enfermos Renales del área de Hellín (ADERHE). De hecho, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron por unanimidad en noviembre de 2024 estudiar la creación de un centro de diálisis en la comarca, un compromiso que a día de hoy sigue sin concretarse.

“Nefrología en Hellín era yo”

Sara Piqueras recibió la semana pasada la confirmación de que su contrato no sería renovado. Ella ya sospechaba que algo no iba bien cuando, a primeros de agosto, le pidieron que no continuase citando a pacientes para septiembre. Fue la puntilla para un servicio que prácticamente solo la tenía a ella como recurso humano.

“Nefrología en Hellín era yo”, resume resignada, mientras lamenta que no pudiera contar a su lado con un profesional de enfermería para ayudarla en la labor. Pidió formalmente dicho refuerzo, además de la incorporación a corto plazo de un segundo especialista en Nefrología y la asignación de recursos técnicos y administrativos. Nada de eso llegó.

No solo no le fueron proporcionados esos refuerzos que había solicitado, sino que la médica, al ser Nefrología parte de Medicina Interna, tuvo que colaborar a nivel asistencial ante la falta de personal.

La suma de ambos factores la llevó a una baja laboral entre enero y mayo de este año porque se vio “desbordada”. “Intenté solicitar ayuda por varios medios para tener un soporte mejor y para ofrecer un mejor trato a los pacientes. Como este no llegaba, me vi superada”.

Por eso, Antonio González Cabrera, médico de Atención Primaria, explicaba en un artículo publicado en este medio que esta realidad asistencial a la que se enfrentaba Sara “ha sido un desgaste profesional sistemático hasta el agotamiento, el abandono presupuestario, sin la dotación comprometida de enfermería, y la posterior no renovación del contrato que le han comunicado”.

Pretender que un proyecto asistencial de alto valor dependa únicamente del esfuerzo individual es una negligencia organizativa que termina penalizando al de siempre: el usuario

Antonio González Cabrera

González Cabrera sostiene que “pretender que un proyecto asistencial de alto valor dependa únicamente del esfuerzo individual es una negligencia organizativa que termina penalizando al de siempre: el usuario”.

“No se sabe qué pasará con los pacientes”

Desde el Colegio de Médicos de Albacete aseguran que, en los últimos meses, siendo conscientes de este problema, han mantenido reuniones “cordiales y constructivas” con el director gerente del Sescam, Alberto Jara, y con los gerentes del Hospital General de Albacete y del Hospital de Hellín.

“Me consta que el gerente del Sescam tenía toda la información de la evolución de la unidad de Nefrología de Hellín, y me mostró su preocupación también. Lo que ocurre es que solo con buena voluntad no se ha llegado a más”, explica Blas González Montero, presidente del Colegio de Médicos de Albacete, que afirma haber pedido nuevas reuniones con los gerentes de Albacete y Hellín para alcanzar una solución.

Por el momento, ante la falta de una explicación oficial del Sescam y de la gerencia del Hospital de Hellín, ni el Colegio de Médicos de Albacete ni Sara Piqueras tienen claro qué va a suceder a partir del lunes. “Los pacientes están en lista de espera. Así que no se sabe y eso es preocupante, porque tengamos en cuenta que estos enfermos necesitan atención continuada”.

Este medio se ha puesto en contacto con la gerencia del Hospital de Hellín para tratar de obtener su versión de los hechos y conocer cuál será el futuro de su Unidad de Nefrología, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

“Muchas cosas se quedan en el aire y no sabes las consecuencias que pueden traer. Es mi mayor intranquilidad, porque si lo pienso solo por mí, pues tenemos trabajo más que de sobra en el ámbito médico”, concluye Sara Piqueras, que este viernes se sentará por última vez en la consulta de Nefrología del Hospital de Hellín, sin que se sepa si alguien ocupará su lugar a partir del lunes.

ACTUALIZACIÓN

Tras la publicación de este artículo, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha emitido un comunicado de prensa en el que explicaba, sin concretar medidas, que está trabajando para organizar la atención nefrológica de los pacientes del Área Sanitaria de Hellín “conforme al modelo asistencial que funciona en el conjunto de la región, con el objetivo prioritario de garantizar una asistencia de calidad, segura y accesible”.

Según explica el propio Sescam en el texto, “este modelo establece que, cuando un hospital no cuenta con una determinada especialidad dentro de su cartera de servicios, la atención a los pacientes se articula con el respaldo de los servicios especializados de referencia”.

“En el caso de Hellín, el Servicio de Nefrología del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete ha sido tradicionalmente el servicio de referencia, al igual que ocurre con otras áreas sanitarias de la provincia, como Almansa y Villarrobledo y al igual que ocurre en el resto de hospitales de tamaño similar de la región. Esta referencia se ha mantenido durante todo este tiempo, especialmente para aquellos pacientes que han precisado una atención de mayor complejidad”.

La Conselleria de Sanidad ha elaborado el Plan para la Atención Integral e Interdisciplinar a las Personas con Dolor de la Comunitat Valenciana, un documento que establece un marco común para mejorar la prevención, la detección precoz, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del dolor en todas las etapas de la vida.

El plan inicia ahora su implantación y desarrolla un modelo orientado a la cronicidad, centrado en la persona y basado en la continuidad asistencial, la coordinación entre los distintos niveles y recursos sanitarios y la participación de los diferentes perfiles profesionales implicados.

La directora general de Atención Hospitalaria, Ana Isabel Teijelo, ha destacado que este plan establece “una hoja de ruta común para ofrecer una atención al dolor más accesible, coordinada y adaptada a las necesidades de cada persona”.

El dolor crónico afecta al 26,1 % de la población adulta valenciana, lo que supone más de un millón de personas. Quienes lo padecen conviven con él durante una media de siete años y presentan una intensidad media de 7 puntos sobre 10. Además, el 64,3 % manifiesta sufrir mucho dolor o dolor intenso.

Su impacto trasciende el ámbito sanitario. Más del 20 % de las personas afectadas presenta cuadros depresivos asociados, casi el 65 % sufre alteraciones del sueño y el 28,6 % ha necesitado una baja laboral durante el último año.

La sanidad pública valenciana dispone actualmente de 23 Unidades del Dolor, que atendieron un total de 62.649 consultas durante 2025.

Coordinación y continuidad asistencial

El plan refuerza el papel de Atención Primaria en la detección precoz, el seguimiento y la coordinación del proceso asistencial. Entre las principales medidas figura la designación de un profesional referente en dolor en cada centro de salud.

También se establecerán protocolos comunes, criterios homogéneos de derivación, interconsultas y sesiones clínicas conjuntas entre Atención Primaria, los servicios hospitalarios y las unidades especializadas. Asimismo, se impulsarán Unidades de Afrontamiento Activo del Dolor en Atención Primaria, integradas por profesionales de medicina de familia, enfermería, psicología y fisioterapia, con intervenciones basadas en el ejercicio terapéutico, la educación sobre el dolor, el apoyo psicológico y el autocuidado.

El plan mejorará también el abordaje del dolor desde las Unidades de Hospitalización a Domicilio, especialmente en personas mayores, pacientes con pluripatología, dependencia, cronicidad compleja o en situación de final de vida. Para ello, se reforzarán la evaluación del dolor, los circuitos asistenciales y la coordinación con Atención Primaria y las Unidades del Dolor.

Teijelo ha señalado que el plan “pone especial atención en las personas más vulnerables para que el abordaje del dolor contribuya a preservar su autonomía y mejorar su calidad de vida, también en el entorno domiciliario”.

Protocolos específicos en el ámbito pediátrico

En el ámbito pediátrico, el documento prevé protocolos específicos, profesionales referentes y una mejor coordinación entre la atención primaria y hospitalaria. También contempla garantizar una transición segura hacia la atención adulta y valorar la creación de una Unidad Multidisciplinar de Dolor Pediátrico de referencia autonómica para los casos más complejos.

La Comisión Autonómica para la Atención al Dolor coordinará el seguimiento y la evaluación del plan, mientras que los comités de las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales supervisarán su aplicación. La evaluación será anual e incluirá indicadores sobre accesibilidad, coordinación asistencial, formación, calidad percibida e impacto clínico y funcional.

El plan ha sido elaborado con la participación de profesionales de Atención Primaria, las Unidades del Dolor y diferentes especialidades clínicas, junto con representantes de los ámbitos académico y social, asociaciones de pacientes y entidades del tercer sector. El documento está disponible en la página web de la Conselleria de Sanidad.

La Conselleria de Sanitat ha elaborat el Pla per a l’Atenció Integral i Interdisciplinària a les Persones amb Dolor de la Comunitat Valenciana, un document que estableix un marc comú per a millorar la prevenció, la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment del dolor en totes les etapes de la vida.

El pla inicia ara la seua implantació i desenvolupa un model orientat a la cronicitat, centrat en la persona i basat en la continuïtat assistencial, la coordinació entre els diferents nivells i recursos sanitaris i la participació dels diferents perfils professionals implicats.

La directora general d’Atenció Hospitalària, Ana Isabel Teijelo, ha destacat que aquest pla estableix “un full de ruta comú per a oferir una atenció al dolor més accessible, coordinada i adaptada a les necessitats de cada persona”.

El dolor crònic afecta el 26,1% de la població adulta valenciana, la qual cosa suposa més d’un milió de persones. Qui el pateix conviu amb ell durant una mitjana de set anys i presenta una intensitat mitjana de 7 punts sobre 10. A més, el 64,3% manifesta patir molt de dolor o dolor intens.

El seu impacte transcendeix l’àmbit sanitari. Més del 20% de les persones afectades presenta quadres depressius associats, quasi el 65% pateix alteracions del son i el 28,6% ha necessitat una baixa laboral durant l’últim any.

La sanitat pública valenciana disposa actualment de 23 Unitats del Dolor, que van atendre un total de 62.649 consultes durant 2025.

Coordinació i continuïtat assistencial

El pla reforça el paper d’Atenció Primària en la detecció precoç, el seguiment i la coordinació del procés assistencial. Entre les principals mesures figura la designació d’un professional referent en dolor a cada centre de salut.

També s’establiran protocols comuns, criteris homogenis de derivació, interconsultes i sessions clíniques conjuntes entre Atenció Primària, els serveis hospitalaris i les unitats especialitzades. Així mateix, s’impulsaran Unitats d’Afrontament Actiu del Dolor en Atenció Primària, integrades per professionals de medicina de família, infermeria, psicologia i fisioteràpia, amb intervencions basades en l’exercici terapèutic, l’educació sobre el dolor, el suport psicològic i l’autocura.

El pla millorarà també l’abordatge del dolor des de les Unitats d’Hospitalització a Domicili, especialment en persones grans, pacients amb pluripatologia, dependència, cronicitat complexa o en situació de final de vida. Per a això, es reforçaran l’avaluació del dolor, els circuits assistencials i la coordinació amb Atenció Primària i les Unitats del Dolor.

Teijelo ha assenyalat que el pla “posa especial atenció en les persones més vulnerables perquè l’abordatge del dolor contribuïsca a preservar la seua autonomia i millorar la seua qualitat de vida, també en l’entorn domiciliari”.

Protocols específics en l’àmbit pediàtric

En l’àmbit pediàtric, el document preveu protocols específics, professionals referents i una millor coordinació entre l’atenció primària i hospitalària. També preveu garantir una transició segura cap a l’atenció adulta i valorar la creació d’una Unitat Multidisciplinària de Dolor Pediàtric de referència autonòmica per als casos més complexos.

La Comissió Autonòmica per a l’Atenció al Dolor coordinarà el seguiment i l’avaluació del pla, mentre que els comités de les Agrupacions Sanitàries Interdepartamentals supervisaran la seua aplicació. L’avaluació serà anual i inclourà indicadors sobre accessibilitat, coordinació assistencial, formació, qualitat percebuda i impacte clínic i funcional.

El pla ha sigut elaborat amb la participació de professionals d’Atenció Primària, les Unitats del Dolor i diferents especialitats clíniques, juntament amb representants dels àmbits acadèmic i social, associacions de pacients i entitats del tercer sector. El document està disponible en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat

El Gobierno de Castilla-La Mancha adjudicará durante los primeros días del próximo mes de septiembre las obras de ampliación y reforma del Hospital General Universitario Mancha Centro, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), un proyecto que movilizará una inversión de 67,9 millones de euros y permitirá iniciar este otoño “la mayor transformación del hospital” desde su puesta en funcionamiento hace más de treinta años.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante su visita al nuevo aula de simulación de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, donde ha destacado que este proyecto constituye “uno de los mayores esfuerzos inversores” que está realizando el Ejecutivo autonómico para seguir modernizando la red de hospitales públicos de Castilla-La Mancha y adaptar sus infraestructuras al crecimiento de la actividad asistencial y a las necesidades presentes y futuras de la población.

Tal y como ha explicado el consejero, la mesa de contratación formuló el pasado 3 de agosto la propuesta de adjudicación de las obras a la empresa FCC Construcción S.A., que actualmente está completando la documentación previa a la adjudicación del contrato. Una vez finalizado este trámite, la adjudicación está prevista para los primeros días del mes de septiembre. Posteriormente se procederá a la formalización del contrato y, tras la firma del acta de comprobación del replanteo, las obras podrán comenzar previsiblemente a finales del próximo mes de octubre, con un plazo de ejecución de 35 meses.

“La actuación permitirá culminar uno de los proyectos de modernización hospitalaria más importantes de Castilla-La Mancha”, señalan desde el Gobierno regional. El Hospital Mancha Centro ampliará y renovará sus instalaciones mediante una intervención sobre más de 24.500 metros cuadrados que incorporará nuevos espacios asistenciales y “permitirá reorganizar los circuitos internos para hacerlos más funcionales y eficientes”. Asimismo, reforzará la capacidad diagnóstica, quirúrgica, ambulatoria, docente e investigadora del centro. Tras la finalización de las obras, el complejo hospitalario alcanzará una superficie construida superior a 87.500 metros cuadrados y dispondrá de 345 camas.

Nueva resonancia magnética de última generación

La transformación del Hospital Mancha Centro irá acompañada de una “importante” renovación tecnológica. Así, el consejero ha avanzado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha está ultimando la adjudicación del contrato para el suministro, instalación y mantenimiento de una nueva resonancia magnética de última generación destinada al hospital alcazareño, dentro de una actuación conjunta con el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

Esta actuación supone una inversión superior a 3,09 millones de euros y permitirá “incorporar un equipo con mayores prestaciones diagnósticas, mejorar la calidad de las exploraciones y reforzar la capacidad de respuesta del Servicio de Radiodiagnóstico, ofreciendo a los pacientes una tecnología más avanzada y precisa”.

Inversiones para seguir modernizando el Área Integrada

El consejero ha destacado que estas actuaciones forman parte del proceso de mejora continua que el Gobierno de Castilla-La Mancha está desarrollando en el Área Integrada de Alcázar de San Juan, donde durante este año se están ejecutando nuevas inversiones destinadas tanto a modernizar las infraestructuras sanitarias como a renovar el equipamiento clínico.

Así, en el Hospital Mancha Centro “se están remodelando las plantas de hospitalización de Pediatría y Medicina Interna para mejorar la confortabilidad de pacientes y profesionales mediante la renovación de cabeceros, iluminación, salas de medicación, duchas y sistemas de llamada paciente-enfermera”, exponen. En Atención Primaria se están renovando los sistemas de climatización de los centros de salud de Quintanar de la Orden, Campo de Criptana, Villafranca de los Caballeros, Madridejos y Villacañas, además de instalar nuevas puertas automáticas en este último centro.

A estas actuaciones se suman nuevas inversiones actualmente en tramitación para renovar equipamiento de alta tecnología, entre ellas la sustitución del sistema de monitorización de la UCI polivalente, una nueva sala de radiología intervencionista para el Servicio de Digestivo y la incorporación de un monitor de función cerebral para la UCI Pediátrica.

Innovación y formación para seguir mejorando la asistencia

El Aula de Simulación Clínica de Atención Primaria de Alcázar de San Juan es uno de los siete nodos territoriales de la red regional de simulación clínica que el Gobierno de Castilla-La Mancha está implantando a través del proyecto SimulaAP, una iniciativa dotada con una inversión de 1,2 millones de euros para incorporar de forma progresiva esta metodología innovadora a la formación de los profesionales de Atención Primaria.

Se trata de una iniciativa “poco habitual” en el ámbito nacional con la que Castilla-La Mancha quiere extender a la Atención Primaria una metodología docente “que ya ha demostrado su eficacia en el ámbito hospitalario para mejorar la preparación de los profesionales y la seguridad del paciente”.

El Aula de Alcázar de San Juan, ubicada en el Centro de Salud Alcázar I, actuará como nodo de referencia para las gerencias de Alcázar de San Juan, Tomelloso, Manzanares y Valdepeñas y comenzará su actividad docente este otoño. Forma parte de una red regional integrada por dos unidades de referencia y siete nodos territoriales que permitirá compartir conocimiento, experiencias y escenarios de simulación entre los profesionales de Atención Primaria de toda Castilla-La Mancha.

La simulación clínica reproduce situaciones asistenciales en un entorno seguro para entrenar procedimientos, habilidades comunicativas, toma de decisiones y trabajo en equipo antes de trasladar ese aprendizaje a la práctica clínica. De este modo, los profesionales pueden adquirir experiencia, afrontar situaciones complejas y mejorar su capacidad de respuesta, contribuyendo a reforzar la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria.

Además de potenciar las competencias técnicas y clínicas, SimulaAP impulsa un modelo de formación colaborativo basado en la creación de comunidades de aprendizaje, favoreciendo el intercambio de experiencias y recursos entre las distintas gerencias y promoviendo una formación homogénea y de alta calidad en toda la región. El proyecto incorpora también una dimensión comunitaria, con el objetivo de extender progresivamente las actividades de simulación a pacientes, familias y cuidadores para favorecer una participación más activa en el cuidado de la salud.

Fernández Sanz ha destacado que “la innovación también consiste en ofrecer a nuestros profesionales las mejores herramientas para seguir aprendiendo. Cada decisión que se entrena antes de llegar al paciente es una oportunidad para ofrecer una asistencia más segura, más resolutiva y de mayor calidad”.

Con actuaciones como la ampliación del Hospital Mancha Centro, la incorporación de nueva tecnología sanitaria, la mejora continua de las infraestructuras y la puesta en marcha de la red regional de simulación clínica, el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa impulsando una transformación integral del Área Integrada de Alcázar de San Juan, combinando inversión, innovación y formación para seguir fortaleciendo la calidad de la sanidad pública.

El pasado 2 de julio, el Ayuntamiento de Tobarra, en Albacete, aprobó con justicia dedicar uno de sus parques a la memoria de Antonio Manzanares Palarea. El gesto honra al ilustre fotógrafo de la naturaleza, al científico minucioso y al escritor incansable que capturó con sus cámaras tesoros que hoy deberían ser considerados patrimonio de nuestra tierra. Sin embargo, detrás del homenaje póstumo y del reconocimiento a su inconmensurable legado intelectual, se esconde el eco de una batalla desgarradora.

Antonio, a quien conocí en Diputación de Albacete en una entrevista, no solo luchó contra la crudeza de la enfermedad renal, la diabetes y una dolorosa calcifilaxis; combatió hasta su último suspiro contra un sistema burocrático y deshumanizado que, en sus propias palabras, le estaba “robando la vida”.

Después de esta noticia, no puedo sino volver a plantear la situación de los pacientes de la zona de Hellín en tratamiento de hemodiálisis, que, aunque estemos en periodo de vacaciones, siguen dializándose y no pueden seguir esperando respuestas o reuniones que no llegan.

El calvario de los pacientes de nefrología en la comarca de Hellín y Tobarra, obligados a trasladarse continuamente al Hospital General de Albacete o a centros de diálisis, no es una simple cuestión de kilómetros; es una flagrante vulneración de los derechos humanos más básicos.

Los testimonios que el propio Manzanares dejó plasmados en sus cartas públicas retratan un “mundo sórdido” regido por contratas de transporte sanitario que parecen tratar a los enfermos como simples mercancías rentables y no como personas vulnerables. ¿Cómo se puede consentir que un paciente, tras recibir una extenuante sesión de hemodiálisis de cuatro horas que lo deja sin fuerzas ni para sostenerse , sea sometido a un “turismo nocturno” forzoso por carreteras secundarias llenas de curvas peligrosas? Las normas estipulan con claridad que el trayecto de regreso no debe superar la hora y cuarto , y que la recogida debe ser inmediata. Sin embargo, la realidad que denunciaba Antonio consistía en esperas interminables en Urgencias y rutas caóticas para “optimizar” vehículos colectivos.

Las crónicas de Antonio relatando cómo él y otros pacientes de avanzada edad se veían obligados a esas rutas, que conocen los gestores de Toledo sin dar una pronta solución, provocan vergüenza ajena

En su último viernes de vida, agotado y sangrando por la fístula del brazo, el sistema lo “paseó” en un interminable periplo por Chinchilla, Pétrola, Fuente Álamo y Ontur antes de dejarlo en su hogar. Falleció apenas tres días después. Es imposible no preguntarse cuánto restó a su debilitada salud el estrés de sufrir desmanes tan intolerables. Las crónicas de Antonio relatando cómo él y otros pacientes de avanzada edad se veían obligados a esas rutas, que conocen los gestores de Toledo sin dar una pronta solución, provocan vergüenza ajena.

Antonio Manzanares clamó en vida por una Unidad de Diálisis en Hellín y por un transporte sanitario digno. Su voz se apagó en 2022, y las Cortes de Castilla-La Mancha en 2024 aprobaron, por unanimidad, la creación de una unidad de hemodiálisis en Hellín. Dos años después sigue todo igual, por lo que su denuncia sigue plenamente vigente.

La inauguración de un parque con su nombre en Tobarra debe servir para algo más que para grabar letras en una placa. Debe ser un recordatorio permanente y una exigencia directa a las autoridades del SESCAM y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los enfermos crónicos no pueden seguir esperando soluciones que nunca llegan mientras se les escapa la vida en la parte trasera de una ambulancia.

Recoger su antorcha y exigir un trato verdaderamente humano es la única forma digna de honrar su memoria, aunque poner su nombre a un parque sea merecido.

Ulises tardó diez años en volver de Troya a Ítaca. A mí, la Unidad del Dolor del Complejo Hospitalario de Albacete me lleva desde finales de agosto navegando por un mar de tonos de espera, contestadores automáticos y un teléfono que solo existe entre las ocho y las diez de la mañana, como si fuera un portal dimensional que se abre y se cierra por voluntad propia. Calculo que, a este ritmo, llegaré a mi Ítaca particular —una consulta con el especialista— más o menos cuando mis hijos terminen la universidad.

La historia, para quien no la conozca, es sencilla y a la vez perfectamente kafkiana. Mi médico de traumatología, en agosto, decidió que ya no podía hacer más por mis problemas de cadera y pierna y me derivó a la Unidad del Dolor. Con buen criterio, me avisó de que tardarían. “Ten paciencia”, me dijo. Lo que no me dijo —porque probablemente ni él lo sabía— es que 'paciencia' en el diccionario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se mide en semestres.

La cita llegó a finales de enero. Cinco meses de espera para la primera consulta, que, dicho sea de paso, no está nada mal si lo comparamos con los diecisiete meses que un paciente de la propia Castilla-La Mancha esperó para ser visto en la Unidad del Dolor del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, según recogió la prensa hace un par de años. Empezamos ya con buen pie: al menos no soy el peor caso de la comunidad autónoma. Es un consuelo pequeño, lo reconozco, pero en esto hay que agarrarse a lo que se pueda.

El problema vino después. El día señalado para mi cita amanecí con una gastroenteritis de las que hacen historia. Confieso que, en un arrebato de heroísmo mal entendido, valoré presentarme igualmente con tal de no perder el hueco. Por fortuna, la sensatez —y el sentido común de mis tripas— se impuso, y opté por llamar ese mismo día para avisar y pedir que me reprogramaran.

Aquello, que en cualquier sistema mínimamente funcional sería un trámite de cinco minutos, se ha convertido en mi particular Stranger Things: cada vez que marco el número de reprogramación de citas, tengo la sensación de estar llamando a la puerta del Mundo del Revés. Se abre, sí, pero al otro lado no hay Demogorgon ni Once con sus poderes: solo silencio, comunicante, o la desconexión educada tras diez minutos de espera.

Hoy es 8 de julio. Han pasado más de cinco meses desde aquella gastroenteritis y todavía no tengo nueva cita. No es que no lo haya intentado: he llamado, sin exagerar, en torno a doscientas veces, siempre dentro de la estrecha ventana horaria de las ocho a las diez de la mañana que, por lo visto, es la única en la que el teléfono se digna a existir. He presentado tres quejas a través de Atención al Paciente. El resultado, para quien tenga curiosidad estadística, ha sido de una elocuencia devastadora: cero respuestas. Ni una. Ni para bien ni para mal. El silencio administrativo elevado a categoría artística.

Y no soy un caso aislado ni mucho menos el más grave. El propio Defensor del Pueblo ha tenido que intervenir en el pasado para pedir a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha que redujera la demora en esta misma Unidad del Dolor de Albacete, después de que un paciente esperase años por un procedimiento ya programado. Y las cifras generales tampoco ayudan a la épica: Castilla-La Mancha suma más de 30.000 personas en listas de espera sanitaria, con la Unidad del Dolor entre las especialidades, junto a Traumatología, que acumulan más demora en el conjunto del país. Así que no, no es un capricho mío. Es un patrón.

Quiero pensar que detrás de cada llamada que nadie coge hay compañeros sanitarios desbordados, con menos manos de las necesarias, no una indiferencia deliberada. Pero el sistema, tal y como está montado, no distingue entre el paciente con paciencia infinita y el que ya no puede más de dolor. Y ese matiz, que parece pequeño, es justo el que convierte una demora administrativa en un problema de salud.

No pido un milagro. Pido lo que cualquier persona que cotiza religiosamente a la Seguridad Social debería poder dar por hecho: que si te dan una cita, te la respeten o te la reprogramen en un plazo razonable; que si llamas, alguien conteste; que si pones una queja, alguien la lea. Pido que se refuerce el servicio si no hay médicos suficientes, que se abran más líneas si el teléfono colapsa, y que a los pacientes de la Unidad del Dolor de Albacete se nos trate con la humanidad que el nombre de la unidad, con cierta ironía, promete.

Porque, seamos sinceros, cabe preguntarse: ¿es este el servicio que nos merecemos los ciudadanos de Castilla-La Mancha? ¿Es esta la “gestión eficiente” de listas de espera de la que tanto se presume en las notas de prensa institucionales? Y ya puestos a pedir, ¿son estos los grandes adelantos que nos iba a traer la Inteligencia Artificial, de la que no se habla de otra cosa en 2026? Porque a mí, de momento, ni un chatbot me ha cogido el teléfono a las ocho y media de la mañana. Igual ahí, paradójicamente, tendrían más suerte que conmigo: al menos una máquina no cuelga.

Mientras tanto, seguiré llamando cada mañana entre las ocho y las diez, como quien reza una novena. Ulises, al menos, sabía que algún día llegaría a Ítaca. Yo, de momento, solo tengo un número de teléfono que comunica.

Gisela Martín, de 23 años, apenas recuerda algunos flashes de los cinco meses que pasó hospitalizada, la mayor parte del tiempo atada a una cama con sujeciones mecánicas. Todo lo demás se lo han tenido que contar sus padres: los gritos, los delirios, los insultos y los golpes que dirigía a quienes la rodeaban, sobre todo a sus seres queridos. Una auténtica película de terror, reconocen tanto su familia como ella misma —hoy prácticamente recuperada—, que tiene como culpable una enfermedad de nombre críptico: la encefalitis por anticuerpos contra el receptor de NMDAR.

La periodista del New York Post Susannah Cahalan, que sufrió ese infierno en sus carnes, lo plasmó en 2012 en el libro superventas Brain on fire. My Month Of Madness. Una cascada de alucinaciones, convulsiones y pérdidas de memoria que fueron achacadas por los médicos al alcoholismo, primero, y a una esquizofrenia, después. Pero ese aparente arrebato de locura tenía como causa esta encefalitis, poco conocida entonces, que está provocada por un ataque del sistema inmunitario a algunos de los receptores clave del cerebro. 

“Es una inflamación del cerebro mediada por el sistema inmunológico; hay varios tipos, mediados por anticuerpos o por una respuesta celular a través de linfocitos T”, describe Josep Dalmau, investigador ICREA del Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) del Hospital Clínic de Barcelona. Premio Nacional de Investigación Gregorio Marañón en Medicina y Ciencias de la Salud en 2025, este médico fue quien describió por primera vez una de estas encefalitis, la anti-NMDAR, mientras trabajaba en 2007 en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos.

Casi 20 años después, Dalmau lidera la investigación médica para combatir esta enfermedad desde el Clínic de Barcelona, y atiende a su vez a pacientes como Gisela Martín. Del tipo de encefalitis anti-NMDAR, reciben a unos 15 pacientes al año. El 80% son mujeres, mayoritariamente jóvenes, y más de un tercio presentan un teratoma. Este tumor poco común, que ayuda a los profesionales a afinar el diagnóstico, puede desencadenar la producción de anticuerpos que acaban atacando al sistema nervioso.

Delirios, agresividad y meses de hospital con sujeciones

Para Gisela, la encefalitis arrancó en febrero de 2025, con los primeros síntomas de delirios y un carácter irascible que la llevaron a dejar el trabajo. Tenía 21 años, vivía sola en Piera, lejos de su familia en Barcelona, y se ganaba la vida como dependienta en una panadería. 

Los recuerdos de Gisela sobre la enfermedad se entremezclan, reconoce. Lo poco que ha retenido hasta hoy es de los días previos al ingreso hospitalario. Sabe que condujo hasta Barcelona para hablar con sus padres, que vieron cómo soltaba frases y palabras “sin sentido”, alucinaciones sobre “moléculas y átomos”, “energías y vibraciones”, y pensaron que era fruto del consumo de alguna droga. 

Pero no era así. “Llevaba tres o cuatro días sin dormir, sin comer, y no había consumido nada”, relata la joven. Además de sus alucinaciones, comenzaba a perder movilidad. “Mis amigos me decían que cuando cogía el coche no giraba del todo el volante, o que tardaba mucho; me dijeron que estuve a punto de tener un accidente, y mis padres me contaron que andaba muy mal, que no me aguantaba en pie”, relata.

Su familia la dejó regresar a Piera, pero al día siguiente, tras llamar a los Mossos d’Esquadra, sus padres lograron convencerla para que ingresara en el Hospital Universitari de Igualada. Descartada una meningitis, y como su situación se agravaba, su madre logró que la trasladaran al Hospital Vall d’Hebron, donde le indujeron el coma. “No me callaba, no podía parar de hablar, el corazón me iba muy rápido y llegó un punto que me dolía tanto la cabeza que solo necesitaba parar, dormir”, relata Gisela. 

Los indicios iniciales llevan a sospechar sobre cuadros psiquiátricos, o brotes psicóticos, y durante años se sospecha que muchos pacientes sufrieron esta confusión. Pero los síntomas que siguen al estallido de la enfermedad ya son distintos, señala el doctor Dalmau: los problemas cognitivos, de memoria y el insomnio agudo, por ejemplo.

Además, en adolescentes o adultas jóvenes, añade, suele haber una “rápida” evolución hacia una pérdida sustancial de consciencia, alteración de movimientos, tics, mordeduras de lengua, y estado comatoso. Muchos, de hecho, acaban en la UCI, y los más graves, en coma y con respiración asistida.

Así fue el ingreso hospitalario de Gisela, con otro traslado al Hospital Clínic incluido. Permaneció durante una larga estancia en la UCI, con tramos de respiración asistida, alimentación por sonda, y sujeciones. Por entonces ya le habían confirmado la encefalitis anti-NMDAR. Gisela no tiene consciencia de ese período. “Yo recuerdo que me dormí el 23 de febrero y que me desperté un 15 de julio, en una cama de hospital, llena de vías, atada, con camisón blanco, y sola”, afirma. 

Lo que ocurrió entre medias lo sabe por sus padres, que estuvieron cada día a su lado con un doble sufrimiento: por un lado, el de no saber si Gisela se iba a recuperar y cómo; y del otro, el de asistir a cómo su hija, fuera de sí, les maltrataba una y otra vez. De hecho, Cristina, su madre, conserva vídeos en el móvil que todavía no le ha enseñado a Gisela, en los que ella aparece desgañitándose e insultando desde su habitación del Hospital Vall d’Hebron. 

“Me tenían que atar de pies, manos y torso porque pegaba a mi familia, a los enfermeros, a los auxiliares… A todos les mordía, escupía, insultaba, arañaba, y no sé por qué”, admite Gisela. También tiene recuerdos de arrancarse las vías y sondas de la nariz y del brazo, entre amenazas y súplicas de sus familiares de que se iba a morir si lo hacía.

Su madre, que aprovecha para reclamar apoyo psicológico para familiares ante enfermedades de este tipo, reconoce que tocó fondo un día en que Gisela la mordió en un brazo. “Cuando vi que el dolor aumentaba, y que ella no me soltaba, la acabé pegando para apartarla. Entonces salí de la habitación y me derrumbé, me puse a llorar… Había pegado a mi hija”, rememora la mujer.

Diez meses después de salir del hospital, y tras un largo proceso de rehabilitación, Gisela expone su relato con una dicción clara y un lenguaje preciso. Una leve lentitud en el discurso permite deducir lo que sufrió. Y solo la emoción al hablar de sus padres logra interrumpir sus palabras. “Fue muy duro para ellos, los médicos les decían que iba a mejorar, pero no sabían cuándo, y estaban conmigo todos los días en el hospital”, reconoce Gisela. 

Inmunoterapia y una lenta recuperación para la mayoría

Dalmau y su equipo publicaron recientemente en The Lancet Neurology un estudio en el que observan como incluso en los casos más graves, en los que el paciente estuvo al menos nueve meses en estado casi vegetativo, dos tercios acaban logrando una “mejora funcional significativa” (y un tercio, completa). No obstante, otro tercio no consigue evitar secuelas importantes, principalmente en la memoria, superados los dos años de la enfermedad. Y entre un 3% y un 4% acaban falleciendo en el hospital. 

La mejoría en los pronósticos también se explica por la investigación biomédica de centros como el IDIBAPS-Clínic, que hoy permiten ir más allá de la simple contención de los síntomas. El tratamiento específico pasa por la inmunoterapia. “Generalmente se inician tratamientos antiinflamatorios para reducir la actividad del sistema inmunitario y eliminar los anticuerpos, y se escala después a terapias que buscan eliminar las células que los producen”, afirma Dalmau. “Por ahora, estos abordajes están dando buenos resultados”, añade.

Gisela salió del hospital el 31 de julio de 2025. Se instaló en casa de sus padres, aunque durante cuatro meses se sometió a rehabilitación diaria en el Institut Guttman, especializado en neurorehabilitación. Tuvieron que enseñarle todo de nuevo: a andar, a comer, a hablar. “No me valía por mí sola, en el barrio tenían que acompañarme amigos y familiares porque no podía aguantarme”, detalla. 

Horas de gimnasio y de caminatas por Barcelona le permitieron recuperar la musculatura. Y las conversaciones con amigos y, sobre todo, con sus padres, le ayudan a recobrar completamente el habla. “Antes me trababa e iba muy lenta, me costaba un montón; ahora tengo más velocidad”, señala. Tiene suerte de que no le ha quedado afectada la memoria, que es lo más habitual, pero sí el equilibrio y la motricidad fina, por lo que sigue practicando la escritura y juega a menudo con una pelotita antiestrés.  

Pero lo que mejor le sentó, asegura, es estar en casa. “A mí me fue muy bien volver a mi habitación, a tomarme un cafelito con mis padres, tumbarme en el sofá con ellos… Me había despegado mucho de la familia, vivía sola, trabajaba, salía mucho de fiesta, pero la enfermedad me ha dado la oportunidad de reecontrarme con ellos”, celebra. 

Décadas atrás, sin los hallazgos del doctor Dalmau, una joven como Gisela hubiese tenido que lidiar con diagnósticos psiquiátricos. “Dalmau me dijo que si me llegan a tratar como un brote psicótico, no me hubiese recuperado igual”, explica. 

Ahora, con la detección de las encefalitis autoinmunes y las perspectivas de curación, lo que les ocurre a los investigadores es que ven cómo muchas familias con hijos con trastornos psíquicos severos acuden a ellos con la esperanza de que se trate del mismo diagnóstico. “Cada vez que hablamos de esta encefalitis, nos inundan de correos electrónicos de familias preocupadas, desesperadas para recibir inmunoterapia”, detalla Dalmau. “Pero esos anticuerpos solo se detectan en enfermos que tienen estas encefalitis”, se lamenta el doctor. 

Gisela acabó la rehabilitación en noviembre y el tratamiento, en enero. Ahora solo le quedan las revisiones puntuales en Vall d'Hebron y los ejercicios. Y, aunque no lo manifiesta abiertamente, se le nota cierto optimismo en la mirada. A ella y a su madre. “Desde que salí del hospital, son dos años para recuperarme; luego ya es más difícil. Si me esfuerzo ahora y consigo mejorar, quizás no estaré al 100%, pero sí al 95%”, afirma.

Personas enfermas en los pasillos, arrinconadas contra la pared, escondidas por una cortina, sin luz natural ni ventilación. Es una muestra del colapso del servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC). 

Muy cerca hay más pacientes, sentados en sillones llegan a esperar “hasta tres días” a que les suban a planta. El pasillo de evacuación también está abarrotado por más enfermos en camilla. El personal de Urgencias lo llama la “zona cero”. Es la salida de emergencia que se habilita de forma recurrente, pese a estar prohibido. Así dibujan algunos trabajadores del Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, la situación actual de su servicio de Urgencias.

En las Urgencias se acumulan personas que están esperando a ser vistas y valoradas por un médico, pero también hay enfermos que esperan a les den cama en una habitación del hospital o a ser derivados a la concertada, y a veces son pacientes que tienen el alta médica administrativa y que están a la espera de un centro sociosanitario, son personas sin hogar, explican distintos médicos.  

A pesar de esta realidad que describen los sanitarios y las imágenes a las que ha tenido acceso este periódico y que corresponden a este mismo miércoles, desde el HUC aseguran que la situación es de “normalidad”. Aseguran que “todas las zonas están habilitadas, y hay pacientes que esperan diagnóstico y otros tratamiento con normalidad”. Desde el hospital insisten en que “la situación de las Urgencias es muy dinámica y hay días de mayor afluencia de pacientes pero la espera para ser atendido está en la media”. Asimismo, apuntan que los “tiempos de espera son normales” y que el pasillo de emergencia “no está ocupado”.

“Si eso es normalidad, tener a personas mayores en la entrada de urgencias y en fila detrás de una cortina, eso es normalizar el maltrato al paciente, y es terrible”, señalan trabajadores del HUC.

Cati Darias, de Intersindical Canaria, confirma esta realidad y va más allá. “Las camillas son elementos de traslado de pacientes, no son elementos para que los pacientes estén. Ya el hecho de que estés en una camilla y no en una cama es una anomalía”, y señala que, cuando tampoco hay camillas disponibles, el personal ofrece a los enfermos un sillón. “Si tardan tres días en darle una cama de hospitalización, pasará los tres días en ese sillón. Eso es habitual”, lamenta.

Hasta 17 pacientes en camillas de pasillo

Fuentes del hospital consultadas por este periódico contabilizan hasta 17 el número de pacientes que han permanecido esta semana en camillas repartidas por los distintos pasillos del servicio de urgencias.  “Ahí puede perfectamente haber 8, 10, 12, dependiendo de lo saturada que esté Urgencia. No es un problema, y en eso quiero insistir, exclusivamente del HUC. Esa foto es del HUC, pero no es un problema exclusivamente de este hospital. En otros hospitales se habilitan salas de espera, o se habilitan aulas de formación para albergar pacientes”, explica Cati Darias, coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canarias.

Desde Intersindical Canaria, recalcan que “a esta situación de falta de infraestructura, y de colapso, y de ocultar a los pacientes, y de no darles un lugar digno, o procurar su intimidad instalando una cortina que parece hasta una cuestión burlesca, a esto ahora hay que añadir que están aplicando férreos recortes en la contratación de personal”.

En cuanto a la seguridad, la sindicalista advierte de que el hacinamiento en los pasillos dificulta incluso la movilidad del personal para prestar cuidados básicos de enfermería, y que una eventual evacuación de emergencia resultaría “altisimamente complicada”.

La zona cero: una salida de emergencias convertida en sala de espera

El caso de la llamada zona cero merece especial atención. Se trata, según Darias, de un pasillo que separa el área de la UCI y Radiología de la zona de urgencias, y que está catalogado como vía de evacuación del hospital. “Fue objeto de denuncia de la Inspección de Trabajo por parte de Intersindical Canaria, a lo que hubo un requerimiento para que en el plazo máximo de seis meses se realizaran las obras necesarias para que no se ubicaran camillas en esa zona. Y es algo que, de manera reiterada, vuelve a suceder”, denuncia la coordinadora.

Fuentes internas confirman que actualmente la zona se abre y cierra en días alternos según la presión asistencial, con un enfermero atendiendo desde una mesa con ordenador en mitad del corredor de emergencias.

“Es totalmente ilegal y peligroso para el tránsito de más camillas y ya fue clausurada en una ocasión por la Inspección de Trabajo”, asegura Cati Darias, coordinadora de la Federación de Salud de Intersindical Canarias.

Recortes de personal sobre un sistema ya al límite

El colapso estructural se agrava, según los trabajadores, por una política activa de reducción de contrataciones. “Esta Consejería de Sanidad maltrata a sus trabajadores, pero además hace un maltrato de la ciudadanía”, afirma Darias, quien alerta de que, si no se revierte la situación antes del verano, se cerrarán agendas completas de especialidades. 

Desde Intersindical Canarias recuerdan que la comunidad ya parte de los ratios de personal sanitario más bajos de todo el Estado en relación con la población atendida, y que la población en las islas ha crecido en 600.000 habitantes en los últimos años sin que se haya creado “ni una sola cama de hospitalización” en ese mismo período. “Si no adecuamos los recursos sanitarios a este incremento poblacional brutal, nos vamos a encontrar estas situaciones en urgencias, en atención primaria y en las listas de espera”, advierte Darias.

El HUC, el hospital con más denuncias de Canarias

Según la última memoria anual de la Defensora del Paciente, el HUC es el hospital con mayor número de reclamaciones de todo el archipiélago, siendo su servicio de urgencias el más denunciado de todo el país. Darias no pone en duda ese dato, pero apunta que los tiempos de espera, “aunque han mejorado levemente, sobrepasan todas las indicaciones de las sociedades científicas”.

Fuentes internas del hospital reconocen que las quejas de los pacientes son menos de las que deberían ser. “Al final están tan cansados que una vez que suben a planta o se ponen bien, lo único que quieren es irse a casa”, explica.

Intersindical Canarias reconoce que los datos del hospital tinerfeño son los peores del sistema, y que la situación se replica en mayor o menor medida en los cuatro hospitales de tercer nivel del archipiélago y en los centros de las islas no capitalinas.

Hay fronteras que no se cruzan con un pasaporte, sino con el propio cuerpo, y que marcan la diferencia entre un tratamiento humano y una condena al asfalto de las carreteras. Si uno sigue documentándose, se encuentra con una realidad paradójica: la gestión de la diálisis en España se presenta muy dispar: mientras algunas administraciones se escudan en cifras redondas para centralizar servicios, otras demuestran que la proximidad no es un lujo, sino un derecho de salud elemental. Intento explicar esta afirmación.

Resulta difícil de digerir el argumento del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, quien sostiene como si fuese un dato dotado de infalibilidad que “no existe evidencia” para abrir unidades con menos de 50 o 60 pacientes. Esta cifra, que parece grabada en ciudades como Hellín, se desmorona en cuanto cruzamos los límites provinciales hacia la Región de Murcia, donde la unidad de Abarán funciona con normalidad atendiendo a tan solo 37 pacientes. Si la ciencia es universal, ¿por qué los pacientes murcianos disfrutan de una flexibilidad que se les niega a los manchegos?

La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales

La respuesta no está en la medicina, sino en el modelo organizativo. Asturias nos ofrece un espejo donde mirarnos, con un sistema “bastante peculiar” pero profundamente equitativo. En el Principado, las ocho áreas sanitarias cuentan con salas de diálisis en sus ocho hospitales. No existen los llamados “clubes de diálisis” externos; el tratamiento está integrado en la red hospitalaria pública. Así, hospitales comarcales pequeños como los de Jarrio, Arriondas o Cangas del Narcea disponen de salas de diálisis, permitiendo que el paciente sea atendido en su entorno, incluso cuando el nefrólogo debe cubrir zonas rurales con pocos pacientes.

Si el modelo asturiano parece lejano, miremos a Salamanca. Allí, la gestión ha entendido que el tratamiento debe acercarse al paciente y no al revés. En esta provincia existen centros extrahospitalarios en localidades como Ciudad Rodrigo, que atiende a 22 pacientes, y Béjar, que dializa a 17 personas. Estas cifras, ridículamente bajas para los estándares del SESCAM, son realidades operativas que ahorran a los enfermos miles de kilómetros de carretera.

El argumento de la “seguridad clínica” para centralizar la diálisis en grandes hospitales o centros concertados en capitales como Albacete cae por su propio peso. Mientras se alega falta de soporte científico en hospitales comarcales, se envía a los pacientes a centros externos donde, según denuncian asociaciones, no siempre se garantiza la presencia de nefrólogos especialistas. La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales.

Someter a un paciente a 800 kilómetros semanales de carretera tras una sesión de diálisis no es una decisión clínica, es un desafío a la ética. La comparación entre Asturias, Salamanca y el modelo murciano frente a la planificación centralizada manchega revela que la barrera para la diálisis de proximidad no es técnica, sino de voluntad política. La equidad sanitaria debe significar, sencillamente, que tu código postal no determine si recibes tu tratamiento vital a diez minutos de casa o tras tres horas de ambulancia.

Rosario Alberca tenía programada su consulta de Psiquiatría para el pasado 12 de febrero en el Hospital Mancha Centro, en Alcázar de San Juan. Sin embargo, días antes la llamaron desde el centro hospitalario de la localidad ciudadrealeña para anular su cita, sin darle una nueva fecha de atención. Una situación que se mantiene hasta el día de hoy, casi tres meses después. ¿El motivo? La falta de psiquiatras.

“Me llamaron y me dijeron que no había psiquiatras, que no me podían atender y así estoy, en espera de que me vuelvan a llamar”, explica Alberca. La suya es una más de las múltiples situaciones derivadas de la reducción de servicios que el área de salud mental del hospital alcazareño sufre desde hace 50 días.

Fue el pasado 19 de marzo cuando la gerencia del centro hospitalario comunicó el inicio de “una adaptación temporal de la actividad del Servicio de Salud Mental”. Es decir, se redujeron servicios alegando que no había profesionales de Psiquiatría suficientes para cubrirlos.

Desde la Asociación Luz de la Mancha, integrada por familiares y personas con problemas de salud mental, aseguran que, desde esa fecha hasta el día de hoy, se encuentra cerrada la Unidad de Hospitalización Breve (que cuenta con 10 camas para el ingreso hospitalario de pacientes con trastorno mental grave) y no se atienden urgencias relacionadas con esta especialidad médica. Así, los pacientes que necesitan algunos de estos servicios son trasladados a los hospitales de Toledo, Cuenca y Ciudad Real.

Además, Luz de la Mancha denuncia que las citas para consultas de Psiquiatría son cada vez más espaciadas y que se han externalizado a una clínica privada. También que se ha perdido la función universitaria con la que el centro hospitalario formaba a futuros psiquiatras.

Todo ello en un área sanitaria que, según datos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), presta servicio a 22 municipios de Ciudad Real, Toledo y Cuenca; con una cobertura de más de 131.000 tarjetas sanitarias.

Dificultad para encontrar psiquiatras

Este medio se ha puesto en contacto con el Sescam para obtener su versión de los hechos, sin haber recibido respuesta en el momento de publicación de este artículo. Por su parte, la Gerencia del Hospital Mancha Centro ha declinado ofrecer explicaciones.

Desde la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha, entidad que agrupa a asociaciones de familiares y personas con problemas de salud mental como Luz de la Mancha, aseguran que el Sescam les trasladó antes de hacer pública la noticia que, de los 13 psiquiatras con los que en teoría cuenta la plantilla, solamente estaba activo un profesional a media jornada. Una situación debida a la suma de diferentes casuísticas, principalmente, bajas laborales. Todo ello ha impedido que estén disponibles “los profesionales mínimos que puedan prestar el servicio de una manera adecuada”, señala el portavoz de la federación, Rafael Aguirre.

En el comunicado de prensa en el que informaba del problema, la gerencia del hospital señalaba que se trataba de una situación “temporal” que se mantendrá el tiempo “estrictamente necesario” para incorporar a nuevos profesionales que permitan recuperar “progresivamente la plena actividad del servicio”.

Es un problema estructural que, en el caso de nuestra comunidad autónoma, se agrava porque la búsqueda de profesionales tiene una competencia muy complicada frente a regiones como Madrid o como la Comunidad Valenciana

Rafael Aguirre — Portavoz de la Federación de Salud Mental de Castilla-La Mancha

¿Qué es lo que dificulta que el Sescam cubra la plantilla? Aguirre asegura que el Sescam les ha trasladado que no es cuestión de falta de voluntad, sino de dificultad para encontrar profesionales de Psiquiatría. Un problema que, asegura la entidad, no es algo exclusivo de Castilla-La Mancha, sino que se produce en la sanidad de todo el país y también en otras especialidades. “Es un problema estructural que, en el caso de nuestra comunidad autónoma, se agrava porque la búsqueda de profesionales tiene una competencia muy complicada frente a regiones como Madrid o como la Comunidad Valenciana”, añade el portavoz.

La situación en el Hospital Mancha Centro no es nueva, sino que ha llegado a un límite que se llevaba gestando desde hacía tiempo. Hace casi un año, el equipo de Psiquiatría del hospital denunció “años de desgaste”, con una plantilla orgánica incompleta, que no llegaba a cubrirse. Ello resultó en numerosas bajas médicas entre el personal y también “dificulta el mantenimiento de un trato verdaderamente humanizado con los pacientes”. Según CSIF, en mayo de 2025 el servicio de salud mental contaba con una lista de espera de unos 2.500 pacientes.

Repercusiones en los pacientes

¿Cómo afecta esta situación a las personas dependientes de Mancha Centro que necesitan de atención psiquiátrica? Desde la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha aseguran que las consecuencias las notan especialmente aquellas personas que necesitan un seguimiento continuado, “fundamental” en algunos casos para “poder prevenir recaídas o favorecer la autonomía de las personas con problemas de salud mental y de sus familias”. “Y, en aquellas personas que necesiten una primera atención por parte de los psiquiatras porque haga aparición un problema de salud mental, se puede ver comprometida o demorada esa primera atención tan necesaria”, añade Aguirre.

En aquellas personas que necesiten una primera atención por parte de los psiquiatras porque haga aparición un problema de salud mental, se puede ver comprometida o demorada esa primera atención tan necesaria

“También nos preocupa que la situación acabe afectando al resto de profesionales que, por el incremento de la carga laboral, puedan no realizar su labor de la manera más adecuada posible o pueda repercutir en que estos problemas se extiendan al resto de la plantilla”, remata el portavoz.

Rosario Alberca, que además de resultar afectada también preside la Asociación Luz de la Mancha, profundiza en el trastorno que esta situación supone tanto para su caso particular como para otros pacientes.

“Si vas a urgencias, te pueden derivar en ambulancia a Toledo, a Ciudad Real o a Cuenca, con las molestias que eso conlleva para el paciente y los familiares. Puede que vaya un familiar en la ambulancia, pero si van más, tienen que ir en su coche. Los desplazamientos corren a cargo de los familiares y, si tienen que hacer allí pernocta, pues lo mismo”, explica Alberca.

Esta situación fue denunciada por el sindicato UGT como “insostenible”, ya que, aparte del “grave perjuicio” ocasionado a los usuarios, la situación está provocando una “crisis logística sin precedentes” para el servicio de transporte sanitario del área Mancha Centro.

Desde UGT explicaban que esos traslados de pacientes de salud mental a otros centros hospitalarios implican el uso de ambulancias de soporte vital básico cuyos trayectos suelen superar las tres horas de duración.

“Cada día las ambulancias de Alcázar de San Juan, Madridejos, Villacañas, Quintanar de la Orden y Mota del Cuervo están llevando a cabo, al menos, cuatro traslados diarios de pacientes psiquiátricos hacia los hospitales de Ciudad Real y Toledo, carga laboral que se suma a la actividad habitual de urgencias y de otras patologías”, aseguran desde el sindicato, añadiendo que esta situación deja dichas zonas sin cobertura de urgencias ante otras emergencias.

“Año y pico languideciendo”

“La gente está muy enfadada”, afirma Juan Garrido, vicepresidente de Luz de la Mancha, que añade que las consecuencias ese “desastre” también se notan en otros recursos de salud mental, como el Centro de Rehabilitación y Recurso Laboral de la localidad, donde los trabajadores denuncian que cada vez es más complicado trabajar con usuarios y usuarias que llevan tiempo sin ver a un psiquiatra que les ajuste la medicación.

Además, Garrido lamenta que, desde que les dieran explicaciones por la reducción de servicios el pasado 18 de marzo, ni el Sescam ni la gerencia les han trasladado ninguna novedad.

En Luz de la Mancha llevan recogidas cerca de 17.000 firmas, tanto en formato físico como a través de una plataforma online, y han realizado varias concentraciones para pedir una solución a esta situación.

“La unidad de hospitalización llevaba ya 11 años abierta. Costó mucho trabajo, muchas firmas y mucho movimiento sacarla adelante. Lleva un año y pico languideciendo hasta que ha llegado a donde ha llegado...”, concluye Garrido resignado.

Carina Escobar (Santa Cruz de Tenerife) es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), a quien el Ministerio de Sanidad enconmendó la labor de mediar en el conflicto abierto con los sindicatos médicos y ayudar a buscar una solución que evite la huelga prevista para la semana del 27 de abril y con la que se sumarían ya 25 días de paro en lo que va de año. Pero su designación no sentó bien al Comité de huelga, que consideró a los pacientes parte implicada, y se abstuvo de entrar en la reunión que iba a celebrarse el pasado miércoles.

Escobar es cauta en sus respuestas. Aclara que no es su papel posicionarse, pero insiste en que desde la plataforma que representan defienden a los profesionales sanitarios y al Sistema Nacional de Salud. “Eso repercute en nuestra calidad de vida”, señala. También hace hincapié en que su papel en este conflicto no fue buscado —“en ningún momento he llamado a la puerta de nadie pidiendo ser mediadora”—, pero sí cree que su organización puede ayudar a resolverlo: “Ahora tengo más claro cuál es el escenario”.

¿Qué ocurrió el miércoles a las puertas de la reunión entre el Ministerio y el Comité de huelga?

Desde la Plataforma de Organizaciones de Pacientes siempre estamos dispuestos a acudir cuando nos piden ayuda. Antes de ir, preguntamos si el Comité de huelga sabía que estaríamos presentes. El día anterior habían emitido un comunicado, pero como confirmaron su asistencia y se les propuso que llevaran a otro observador, volvimos a preguntar por la mañana. No pretendíamos molestar a nadie, al contrario.

Cuando llegamos al Ministerio, saludé a los miembros del Comité y entré en la sala donde iba a celebrarse la reunión. Ellos se quedaron fuera y nunca llegaron a entrar. Desde dentro les escuché decir que no necesitaban observadores ni mediadores y que los pacientes, al ser parte afectada, no éramos neutrales.

En otros contextos, ¿habían tenido relación con los sindicatos médicos?

No conocía a los representantes, pero actuamos en el ámbito sanitario como un agente más. Siempre que comienza una huelga nos pronunciamos de manera constructiva y le decimos al Ministerio que todo lo que se pueda negociar, se negocie, porque las enfermedades no esperan. Yo misma tenía una cirugía importante en enero que tuve que retrasar, pero entendí que había un proceso de huelga que había que respetar. Los pacientes podemos aguantar hasta cierto punto, pero es difícil ver que la situación no avanza y no te enteras de lo que está pasando.

Los pacientes podemos aguantar hasta cierto punto, pero es difícil ver que la situación no avanza y no te enteras de lo que está pasando

¿Cuál era vuestra función en esa mesa de negociación?

De observadores. Algunas comunidades autónomas nos dijeron que la situación se estaba enquistando y que el Comité de huelga no quería al Foro de la Profesión Médica. Dijimos que sí y el propio Ministerio nos trasladó que no era necesario, pero tras la Interterritorial previa a la Semana Santa se vuelve a plantear nuestra figura y Sanidad nos llama. Somos una plataforma no politizada y que defiende a nuestros médicos y nuestro sistema, así que nos ponemos a ello. Sabíamos que podía ser complicado, pero no pensamos que llegaríamos a esta situación tan hiriente.

¿Cómo podía ayudar la POP?

Los observadores no estamos para imponer, pero sí para tener una visión de lo que se está negociando y que sea transparente. Hemos tenido la oportunidad de estudiar el nuevo estatuto marco y nunca hemos querido entrar en el ámbito del profesional, porque los respetamos profundamente y no es nuestro sitio. Queremos buenas condiciones para nuestros médicos, porque eso repercute en nuestra calidad de vida.

Nosotros ya estamos dentro del sistema, en investigación clínica, con la estrategia de cuidados, en la Agencia Española del Medicamento. No somos unos agentes ajenos al sistema que solo recibimos pasivamente unos servicios y no estamos preparados, ni formados, ni estructurados. Representamos a más de la mitad de la población española que tiene una patología crónica y defendemos su participación en el sistema sanitario a todos los niveles.

El Ministerio de Sanidad ha acusado al comité de huelga de “enquistar el conflicto”. ¿Comparte este diagnóstico?

No tengo información. Lo que puedo decir es que he leído cómo estaba convocada la reunión, el estatuto marco, las peticiones de los sindicatos, las propuestas del Ministerio y tengo más claro cuál es el escenario.

¿Cuál es?

Que sean ellos claros en contar cuál es el escenario.

Ellos...

Las partes implicadas. No voy a entrar en ataques, porque nos perjudica. Estamos viviendo una situación grave para los pacientes, ahora y a futuro, con el aumento de las listas de espera. Desde esa perspectiva, puedo decir que hay un marco y propuestas. Incluso un camino por el que se habían puesto de acuerdo en que había cosas que negociar. Si están dispuestos a negociar, esperemos que se entiendan.

¿Cree que este conflicto que tenemos ahora refleja un problema estructural del sistema sanitario?

Hay cosas que están en las propuestas que yo defendería, como el tema de la jubilación, que no están en el marco del Estatuto, sino que hay que tocar otras teclas. Incluso algunas en las que hay el compromiso de incluirlas de manera escalonada. El Estatuto trae cosas buenas para los médicos, que pueden seguir con sus reivindicaciones. El diálogo es constructivo y creo que ha servido para que se repiensen ciertas cosas, pero no es solo un juego del Ministerio. Están las comunidades autónomas y los sistemas de salud, que también tienen sus competencias. Hemos visto negociaciones en Asturias, en Andalucía, en Galicia... Tenemos claro que la transformación del sistema es fundamental, que hay nuevas tecnologías, que han cambiado los roles y que los médicos no pueden estar con una regulación de los años 80. Pensar en el futuro es bueno para todos.

¿En qué podría ceder cada una de las partes para resolver este conflicto?

Incluso si hubiera sido observadora y mediadora, tendría la prudencia y la responsabilidad de no pronunciarme sobre eso. Somos tremendamente cautos y sé distinguir lo que es bueno o malo para una negociación. Queremos lo mejor para los médicos y para el sistema. Tenemos la voluntad de que esto se solucione, nos han pedido ayuda y hemos llegado hasta donde hemos podido. Ha sido muy duro. En ningún momento he llamado a la puerta de nadie pidiendo ser mediadora de este conflicto. Estamos acostumbrados a ir de la mano con las sociedades científicas, los colegios profesionales, las entidades… pero en ningún momento nos inmiscuimos en cosas que no nos corresponden.

Cuando pasa el tiempo y nos piden ayuda porque no avanzan, aceptamos, pero no ponemos en duda la buena fe de unos y otros

¿Ha echado en falta información como Plataforma en todo este proceso?

Somos prudentes y confiamos en que las instituciones y los sindicatos están haciendo una negociación constructiva. Cuando pasa el tiempo y nos piden ayuda porque no avanzan, aceptamos, pero no ponemos en duda la buena fe de unos y otros. No puedo entrar en otro tipo de valoraciones. Lo que puedo decirte es que nos han llamado y hemos ido; no nos han querido y nos hemos retirado.

¿Cree que los médicos deberían tener un estatuto propio?

No lo sé, porque no me han contado qué ventajas tendrían. Me gustaría saber qué está pasando en Europa con otras políticas sanitarias, qué se está diciendo a nivel estatal, qué responden los consejeros y consejeras de Sanidad. Nosotros no somos expertos en eso y no tenemos responsabilidad política.

¿Y una jornada semanal máxima de 35 horas, que es otra de las reivindicaciones?

Creo que lo pueden negociar. Nosotros queremos que el sistema funcione y que haya jornadas laborales justas. Ahora se establecen guardias de 17 horas, pero hemos visto negociaciones en las que se han bajado a 12 horas. Todo es negociable, pero debe haber diálogo y buen entendimiento, y los derechos laborales tienen que estar cubiertos.

Retrasos en las pruebas diagnósticas, rehabilitaciones que nunca llegan, quejas a la Valedora do Pobo que chocan una y otra vez contra un muro, burocracia... la ineficiencia del Servizo Galego de Saúde (Sergas) se presenta en numerosos casos como la principal responsable de que se eternicen unas bajas laborales sobre las que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha puesto el foco como un “asunto urgente” que quiere solucionar.

Tanto es así que la creación de unidades especializadas y el anuncio de que la inspección médica se limitará, salvo casos extremos, a ratificar las propuestas de alta que lleguen de las mutuas privadas, se ha convertido en su principal aportación al debate sobre el estado de la autonomía que finaliza este viernes. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha visto en la medida visos de inconstitucionalidad mientras el BNG ha exigido a Rueda que se disculpe por “criminalizar” a los trabajadores al tratarlos de “vagos” y “defraudadores”. Aunque a menudo sean, sobre todo, las víctimas del propio sistema.

Paz (41): desde 2023 sin poder escribir en la pizarra

Paz —nombre ficticio— comenzó a sentir un fuerte dolor en su hombro a principios del año 2023. Lejos de desaparecer, se iba haciendo cada vez más fuerte y le afectaba tanto a la vida diaria como a su trabajo como docente. Tanto, que no era capaz ni de escribir en la pizarra. Su médico de familia le solicitó una consulta con el especialista. La cita tardó más de un año, hasta octubre de 2024: una prueba de imagen para la que fue derivada a la sanidad privada. El diagnóstico, tendinopatía con calcificación. La valoración del traumatólogo se demoró cuatro meses más, hasta febrero de 2025. Entonces, le prescribieron un tratamiento con ondas de choque al que, según la previsión, debería someterse en abril. En mayo, ante la falta de respuesta, Paz presenta su primera queja ante la Valedora do Pobo. El Servizo Galego de Saúde la llama al fin para iniciar el tratamiento a mediados de junio, que se prolonga durante un mes, y al finalizarlo le anuncian que en octubre —ya a la vuelta del verano— tendrá una nueva cita para evaluar el resultado. A partir de ahí, comienza un silencio administrativo que dura ya casi un año.

Esa falta de seguimiento provoca que la lesión empeore. El dolor se extiende también al codo y mover el brazo se convierte en un infierno. Busca solución en la privada y recurre a dos traumatólogos distintos, además de a una fisioterapeuta, que confirman la involución. A principios de año, al diagnóstico inicial se suma una epicondilitis lateral, el conocido como “codo de tenista”. Es entonces cuando, por fin, se decide a pedir la baja. Acto seguido, en febrero, presenta una nueva reclamación ante la Valedora, denunciando “atrasos reiterados, falta de seguimiento e impacto en la salud y la capacidad laboral”. Un mes y medio después, la Consellería de Sanidade continuaba sin enviar el informe demandado, así que la institución volvió a requerirlo, “recordando expresamente que tal envío resulta una obligación legal”. Era el martes, 7 de abril. Al día siguiente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaba en el debate sobre el estado de la autonomía un plan para dificultar el acceso a las bajas. Sus prioridades: los problemas “menores” de salud mental y, como en el caso de Paz, las lesiones musculoesqueléticas.

Patricia (45): veinte meses de baja y ni rastro de rehabilitación

Patricia, limpiadora de 45 años, suma ya casi 20 meses de baja en dos tramos tras una recaída. Lo suyo empezó, también, con un dolor en el brazo. La resonancia confirmó desgaste y la presencia de varias calcificaciones en el cuello, así que se acogió a su primera incapacidad temporal que se prolongó durante siete meses. Como sucede en muchos de estos casos, al parar de forzar la zona afectada se produce una mejoría que, sin rehabilitación, desaparece al volver al trabajo. Fue lo que le sucedió a ella. A los dos meses, el sufrimiento había regresado, pero tuvo que “aguantar” a que se cumpliesen los seis que marca la normativa para poder acogerse a una nueva baja por recaída.

Desde entonces, ha pasado ya un año. En septiembre pasado se hizo una nueva resonancia —esta por el Sergas— que confirmó el diagnóstico inicial de la mutua. Una mutua que, desde el principio, le negó el acceso a la rehabilitación. Tras recibir los nuevos resultados, hace apenas tres semanas, Patricia la solicitó en el Sergas. La respuesta, que se lo tomase con calma, ya que a estas alturas del año todavía están atendiendo a los casos de noviembre pasado. Mientras, ella se resigna a seguir esperando. Según le han dicho, cuando cumpla los 24 meses de baja, tendrán que llamarla para estudiar su situación.

(En septiembre, el Sergas convocó 29 plazas de fisioterapeutas para toda Galicia en su “pírrica” oferta pública de empleo. Para el sindicato de enfermería Satse, a esa cifra le falta “por lo menos un cero”: si fuesen 270, aseguran, Galicia podría “empezar a avanzar en una ratio cercana a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”. En la actualidad, la central cifra en 190 los fisioterapeutas de Atención Primaria y en 232 lo de hospitales, para atender a una población cada vez más envejecida de 2,7 millones de personas).

Manuel (61): dos años de espera, 16 pastillas al día y un desenlace “surrealista”

El caso de José Manuel es más complicado y, su final, una muestra del absurdo burocrático en el que a veces se ven atrapados los trabajadores. En 2021, con 56 años, el dolor de cabeza que había arrastrado toda la vida empeoró y decidió ponerse en manos de los médicos. A principios de 2023, tras una resonancia, el neurólogo le confirma una cefalea tensional intratable. La presencia de hernias y nódulos en su cuello provoca que sólo su pasado como nadador pueda explicar que aún mantenga la movilidad. Eso sí, con 16 pastillas cada día —siete con el desayuno— y, desde hace un tiempo, el bloqueo de sus nervios cada tres meses, una opción que sólo le dio resultado real la primera vez.

Con este diagnóstico, ni la mutua ni los servicios médicos discutieron nunca su baja hasta el segundo año. Se acuerda del día porque diluviaba en Santiago: el 8 de enero de 2025, un médico del Equipo de Valoración de Incapacidades de Compostela le dio el alta y tuvo que reincorporarse a su trabajo en una empresa de telecomunicaciones. En su situación, no podía esperar los 180 días de rigor para volver a pedir la baja por recaída así que, como primera medida, se tomó los dos meses de vacaciones que tenía pendientes; después, su médico de familia le concedió la incapacidad, en este caso, asociada a un “transtorno de ansiedad debido a una afección fisiológica conocida”.

Tras esa vuelta obligada a la actividad, José Manuel decide recurrir a la justicia. En marzo, el juzgado le concede una incapacidad permanente retroactiva, desde el día de su alta, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social acepta sin dudar. Sin embargo —y ahora viene, en sus palabras, “lo surrealista”—, el 1 de abril, al cumplirse el año de baja, el INSS le envía un SMS en el que le confirma que es el único organismo que puede darle el alta o la incapacidad permanente. Es decir, para la administración todavía sigue de baja. A él, eso le supone, entre otras cosas, una pérdida de ingresos brutos de unos 3.000 euros anuales. Mientras, su situación sigue sumando días a una estadística que no para de crecer y de la que la Xunta prefiere culpar a los trabajadores.

Mari Carmen y Juan esperaban disfrutar de una segunda luna de miel con su jubilación. Con sus dos hijas adultas y completamente independizadas, no había nada que les hiciera pensar que no podría ser así. Pero una intervención médica innecesaria y de cuyos riesgos y alternativas no fue informada cambió el destino de la mujer y su familia. Un juzgado ha condenado a la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud a indemnizar a esta paciente con 820.000 euros, en una sentencia que está recurrida ante la Audiencia Provincial.

Los hechos se remontan a 2022, cuando Mari Carmen tuvo un susto de salud: un problema pulmonar, que se resolvió satisfactoriamente tras unas semanas de ingreso en el hospital de Móstoles. En una de las pruebas que le realizaron en este centro, los sanitarios encontraron un aneurisma sacular, una pequeña protuberancia de una arteria cerebral, que no tenía nada que ver con su dolencia.

“Cuando se recuperó y le dieron el alta, la derivaron al hospital de Puerta de Hierro, para que le vieran el aneurisma”, relata su hija Vanesa. Ahí empezó su calvario, que ha dejado a la mujer, que tiene ahora 69 años, con una discapacidad grave, problemas cognitivos y totalmente dependiente. “Nos dijeron que [si no se operaba] le podía dar un infarto cerebral y que [la intervención] era muy sencilla, que se hacían muchas. Un día de UCI y a casa. Nos lo puso tan fácil como sacarle una muela”, recuerda Juan, su marido.

Esa operación, a la que Mari Carmen accedió creyendo que era como sacarse un diente, derivó en un ictus durante el postoperatorio, que la ha dejado postrada y con secuelas de por vida. “Ahora depende para todo de mi padre”, lamenta Vanesa. La mujer duerme en un sillón para evitar los dolores. Y en la butaca de al lado, su marido, que no quiere dejarla sola.

La familia decidió ponerse en contacto con la asociación Defensor del Paciente, que ha pilotado el caso, después de que una médica amiga y hasta el de cabecera de la mujer les dijeran que había “algo raro” en el procedimiento médico. “Le llevo toda la documentación a Álvaro [Sardinero, el abogado] y unos días después me llama para hablar, tras ponerse en contacto con un perito”, continúa la hija de Mari Carmen. De aquella conversación la familia sale con dos ideas claras: “Es un aneurisma que no se opera y, además, no aparece la autorización de la intervención”, que es obligatoria porque implica que se ha informado a la paciente.

Con estos datos, deciden iniciar una vía legal para que se reconozca la negligencia y se indemnice a la mujer. En julio de 2025, el juzgado de 1ª Instancia número 51 de Madrid condena a Relyens, la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a indemnizar a Mari Carmen por los daños ocasionados y las secuelas que padece con la cantidad de 821.166,96 euros.

La sentencia, recurrida ante la Audiencia Provincial por la reaseguradora, señala que “no existe prueba que acredite que a la paciente se le informó de las alternativas terapéuticas ni tampoco del riesgo que conllevaba la intervención”. Y, como recuerda el propio texto, “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado”, que deberá prestarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, entre otras.

El magistrado considera que “la falta de información a la paciente (...) causa, además, un daño efectivo y real como consecuencia de la cristalización del citado riesgo, por cuanto la actora se vio privada de la posibilidad u oportunidad de ponderar la conveniencia de sustraerse a la operación evitando sus riesgos, máxime cuando existe controversia sobre la necesidad de haberse operado”.

La sentencia va más allá de esa controversia, al señalar que “en este caso también ha quedado acreditada la mala praxis, no en la operación, sino en la decisión de acometerla”. Se basa, principalmente, en la información aportada en el informe pericial judicial, a partir de las pruebas aportadas al caso, que muestran un aneurisma con diámetros aproximados de 3x4 milímetros, que además no había mostrado síntomas.

El informe pericial señala que los aneurismas menores de 10 milímetros en pacientes asintomáticos no requieren tratamiento inmediato, pero deben ser monitorizados ante posibles crecimientos. Algo que, en el caso de Mari Carmen no ocurrió, al ser directamente intervenida. De hecho, el Estudio Internacional de Aneurismas Intracraneales No Rotos —ISUIA, por sus siglas en inglés— señala que el riesgo de rotura en aneurismas de menos de 7 milímetros en esa zona es del 0% a los cinco años.

Un contrato de 35 millones de euros

La demanda, como indican desde el Sermas, es una acción directa en la vía civil contra la compañía aseguradora Relyens, como se prevé en la Ley de Seguros. Esta redacción se ha puesto en contacto con Relyens, para conocer los motivos del recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial, pero desde la compañía han declinado responder a las preguntas de este medio.

Esta empresa se encarga de cubrir las indemnizaciones derivadas de casos como estos y en ella lleva confiando la Comunidad de Madrid durante años. El presupuesto de la última licitación del servicio de póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Servicio Madrileño de Salud ascendió a un total de 35 millones de euros por dos años. Pero la colaboración se alarga más allá. De hecho, la mutua, antes denominada Sham, lleva encadenando contratos millonarios para la cobertura de las responsabilidades derivadas de los profesionales y los centros sanitarios de la Comunidad desde 2016.

Según ha publicado la propia compañía, el Grupo, que desarrolla su actividad en España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, recibió 1.160 millones de euros en primas en 2024, los últimos datos disponibles. Esto supone un aumento del 7,3% respecto a 2023 y un volumen de negocio de 674 millones, un 6,9% más.

Mientras tanto, en casa de Mari Carmen han tenido que ajustarse también en lo económico. En la hoja de nuevos gastos suma terapias, rehabilitación y cremas, entre otras partidas, a cargo de una pensión “mileurista” y de las aportaciones de Susana, la otra hija del matrimonio, quien, “económicamente, es la que puede ayudar”, lamenta su hermana, que en este momento se encuentra de baja.

Por eso, aunque la indemnización no va a devolver a la mujer a su estado de salud previo sí puede facilitar su día a día, darle acceso a terapias sin mirar la factura o acceder a un coche mejor, para que se traslade de forma más cómoda a las consultas y las sesiones de rehabilitación. “Estamos esperando a que la Audiencia Provincial nos dé la razón, pero un juez de primera instancia ya nos la ha dado”, reivindica Vanesa.

“Estoy que no puedo más”. Así define Delphine Crespo, una paciente crónica con covid persistente, la espera de más de dos años para una revisión en Neurología: “Después de la primera consulta me dijeron que tendría revisión a los cuatro meses, esto fue en noviembre de 2023”, explica. Algo similar cuenta Miguel Terrado: “En agosto de 2023 me dijeron que la espera para Neurocirugía era de un año o un año y medio y todavía me aparece como pendiente de fecha”.

En ambos casos se trata de consulta de especialidades, que se realizan en los centros específicos y no en los hospitales de referencia. En el caso de Crespo, la consulta debería ser en el centro Ramón y Cajal, que “está muy saturado”, y en el de Terrado en el Inocencio Jiménez. 

La espera prolongada provoca que estos pacientes acudan a urgencias, tal y como explica Terrado: “No tengo ningún seguro privado, no he hecho ninguna gestión para agilizar, he estado a la espera de esta comunicación que se ha retrasado ya en dos años y medio. En este tiempo he tenido que acudir dos o tres veces a urgencias por cuestiones que tendrían que ver con esta especialidad. En definitiva, han pasado más del tiempo máximo de espera y a partir de ahora no hay ninguna comunicación”, relata. En su caso, la consulta está recomendada por los departamentos de Otorrinolaringología y de Neurología del Hospital Clínico. 

Crespo sí que ha presentado varias reclamaciones por la espera, ya que se le prescribió un tratamiento en 2023 que no se ha revisado desde entonces. Padece covid persistente y acudió al neurólogo por las fuertes migrañas que sufre. Explica que en julio de 2025, año y medio después de la primera consulta, acudió a citaciones para preguntar: “Me dijeron que la lista de espera era mínimo de dos años y me dijeron que mi primera visita había sido en febrero de 2024, aunque yo les expliqué que fue en noviembre de 2023. Me dijeron que me llamarían para febrero de 2026, estamos a mitad de marzo y no he sabido nada”. 

“Soy paciente crónica compleja con una enfermedad con otros síntomas neurológicos que nadie me está viendo, me parece grave y creo que está hecho a propósito porque es una enfermedad nueva que nadie quiere”, explica. Considera que, a los pacientes que sufren covid persistente, “se nos quitan de encima” y critica la “falta de seguimiento”. 

Relata que, dentro de la Asociación Long COVID Aragón, hay más personas que le han comentado situaciones parecidas: “Una de ellas lleva tres años esperando para Neumología, tuvo que ir varias veces a urgencias. Al final, su médico de cabecera consiguió derivarla al Miguel Servet, llevaba tres años esperando en el Ramón y Cajal”. Considera que lo que está viviendo los pacientes es un “abandono asistencial”: “Llevo dos años y cuatro meses esperando una cita de revisión”. 

Listas de espera

Fuentes del Departamento de Sanidad explican que, del total de especialidades médicas, hay 14 en las que se deben garantizar los tiempos máximos en primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos, con un tiempo máximo de respuesta de 60 días. Neurología es una de ellas, pero Crespo está esperando una segunda consulta, por lo que su caso no se rige por esta norma. Exponen que en 2025 el número total de consultas en esta especialidad fue de 67.776, un 1,62% más que en 2022. 

Neurocirugía no figura entre las especialidades que tienen un tiempo mínimo de atención, aunque desde Sanidad añaden que el número de consultas ha aumentado en un 23,83% en estos tres años hasta los 14.273 de 2025. Aseguran que estos datos “reflejan el esfuerzo por atender a más personas y el trabajo por mejorar la asistencia”. 

Los datos de consulta de especialidades médicas no aparecen como tal publicados, aunque en la lista de espera quirúrgica aparece Neurocirugía con una demora media de 356 días y 584 pacientes que llevan más de seis meses en espera. En el caso de la lista de espera de consultas externas, la demora media que comunica el Gobierno de Aragón es de 129 días en Neurología.