Incluso el conocimiento de mi propia falibilidad no puede evitar que cometa errores"

Vincent van Gogh

Mucho linchar al principio y poco rectificar después, para eso hemos quedado.

El escándalo del error de Barbate ha pasado como un reptil bajo los pies de la indignación tuitera y de las horas de escarnio televisivas. La Guardia Civil se apresuró y se equivocó y detuvo acusando del asesinato de sus compañeros a unos cajeteros (contrabandistas de tabaco) que nada tenían que ver con los brutales hechos. Me dirán: cosas que pasan. Lo cierto es que a las pocas horas de la detención de El Cabra y los suyos, abogados con clientes dedicados a la cosa del hachís me dijeron ya que era un error, que los “pringaos” que habían detenido no tenían nada que ver, que habían sido “unos moros”. Fuera de programa se lo comenté a gente con la que trabajo y, aunque me animaron a contar lo que decían esas fuentes, preferí callarme, a fin de cuentas los chorizos mienten mucho y, a veces, sus abogados también. Con esto sólo reafirmo el clima de opinión que se crea en la mayoría de los casos mediáticos que estremecen emocionalmente a la población –sobre todo cuando hay imágenes y estas eran horripilantes– sin que dejemos nunca un lugar para la duda. La duda se llama presunción de inocencia y aquí suena a farolillo chino y la directiva europea que la protege (343/2016) es menos leída que el Ulises de Joyce.

Es un tema escandaloso, no sólo por lo que supone sino por lo que representa. Hay quien piensa que la Guardia Civil tenía mucha presión de arriba y mucha prisa por resolver un caso que les atañía directamente, no puedo confirmarlo. Lo cierto es que erraron y no parece que fuera tan difícil seguir el hilo de quiénes estaban dónde; a mí me llegó hasta sin pedirlo. Pero los detuvieron y los llevaron a declarar y el pueblo salió a gritarles “¡asesinos!, ¡asesinos!”, dando cumplimiento a un rito medieval que en aplicación de la directiva y por vergüenza democrática debería ser evitado en todo caso. No eran ellos, fíjate. Ahora clamen por el sistema “demasiado garantista”, que se me abren las carnes cada vez que lo oigo. ¿Para qué son las garantías? Para que no acaben comiéndose unas acusaciones de asesinato unos pringaos contrabandistas que tienen pequeñas causas o para que no se lo coma usted si algún día tercia.

La fuerza de las policías para lograr la adhesión social a su versión de los hechos es enorme. No sólo porque muchas veces hacen las cosas muy bien sino porque tienen potentes gabinetes de comunicación que pregonan su efectividad como si de un jabón se tratara. Los medios suelen comprar acríticamente la versión policial e incluso la fiscal, como si los acusadores nunca erraran y los abogados defensores fueran sólo la parte anecdótica que intenta engañar al sistema para salvar a los que seguro son culpables.

Fíjense si hay respeto para no meterse con la Guardia Civil que uno de los abogados de los pringados a los que querían pedirles prisión perpetua revisable por algo que no habían hecho ha manifestado: “Estamos sumamente agradecidos a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que con absoluta profesionalidad y objetividad, ha apoyado y demostrado que era verdad lo que decían los acusados y sus defensas. Ahora, lo único que esperamos es que nuestros clientes sean puestos en libertad, porque bastante tiempo llevan soportando la denigración y el oprobio de ser acusados falsamente por unos asesinatos que no habían cometido”. Vamos, que encima tienen que estar agradecidos porque, como no son tontos, saben que el emperramiento podía haber continuado y la acusación acrítica también y el juez instructor podría haber tirado para adelante. ¿Cuántas veces pasa? No podemos saberlo. ¿Cuántos inocentes de unos hechos pagan por ellos porque como son robagallinas conocidos se les atribuyen? No podemos decirlo, pero pasa.

Si me apuran, los que mayores garantías tienen en el sistema son los que delinquen a más alto nivel, las mafias y sus miembros, que son los únicos que pueden pagarse abogados de renombre y encargar y pagar periciales para demostrar, por ejemplo, que ellos no estaban geolocalizados en esa lancha o que su embarcación no tiene daños que coincidan con el impacto o cualquier otra cosa que si se pide de oficio se deniega a menudo. En esta ocasión, los inocentes se han salvado porque se les ocurrió grabar la escena de la embestida brutal desde sus móviles estando en otra lancha y así, claro, aportadas por sus abogados se concluyó que si estaban grabando en un sitio a los asesinos no podían ser los asesinos. Ellos lo alegaron desde el principio, en el cuartelillo y en el juzgado, así que ya ven. ¡Asesinos!, les gritaban los vecinos y ¡asesinos!, les decían las buenas gentes del juicio ritual en los platós, las radios y los periódicos. Pues no eran asesinos, ¿y ahora?

Tenemos un grave problema de narcotráfico en la costa sur, lo tenemos, pero desde luego tenemos que solucionarlo desde el refuerzo del Estado de Derecho. La presunción de inocencia no es un adorno. Los “presuntos” no se esparcen como la sal sobre la crónica de sucesos para que no te caiga un puerro. La presunción de inocencia es la garantía procesal que obra para evitar que personas inocentes puedan acabar en prisión y es la garantía de todos nosotros. Por eso hay que abominar de una Justicia de carril que en el fondo funciona como si todos los chungos fueran culpables per se. Se sorprenderían del número de jueces que se dejan llevar de la mano en la instrucción por los fiscales y los informes policiales poniéndose la presunción de inocencia de flor en el ojal.

Por muy culpable que parezca la gente, debemos pensar que sólo el funcionamiento completo del sistema nos acerca a la verdad y, a veces, ni eso. Y no sólo con los robagallinas o los choros habituales, miren a Shakira, la han pregonado en miles de titulares porque lo decía Hacienda y porque lo decía la Fiscalía y ahora resulta que nos dice la jueza que archiva porque: “No basta para la comisión del delito contra la Hacienda Pública que se hayan producido irregularidades en las declaraciones tributarias presentadas y que estas irregularidades conlleven el dejar de ingresar una cantidad superior a los 120.000 euros (...), sino que también se precisa que dicha conducta se haya llevado a cabo con el ánimo de defraudar a la Hacienda Pública”. Hacienda no es tampoco el Dios de los contribuyentes. Hay que dejar funcionar al sistema, en todos los casos.

Todos somos falibles, también las policías. Procuremos todos, ciudadanos, tuiteros, periodistas y operadores jurídicos recordar esto una y otra vez. Este caso es paradigmático porque fíjense que la Guardia Civil buscaba a los viles asesinos de sus propios compañeros y aun así, o precisamente por eso, ha fallado. La Benemérita tampoco es Dios. Los jueces instructores no son Dios.

Dios, en caso de que existiera, no participa en la muy humana Justicia. No lo olvidemos nunca. 

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Bizkaia localizó el pasado domingo un palangre de superficie de 150 metros de longitud y con diez anzuelos, en aguas del municipio vizcaíno de Ea. Es el segundo palangre ilegal que se interviene en dos semanas, según ha informado la Delegación del Gobierno de España en Euskadi. La pesca con palangre de superficie consiste en lanzar una línea de nailon al mar de anzuelos con cebo enganchados a ella. Puede provocar capturas de otras especies y dañar la flora y la fauna marinas si se coloca durante un tiempo prolongado.

Este método está permitido en el ámbito profesional, pero no durante el fin de semana; además, en el ámbito particular está totalmente prohibido su uso. Como la Guardia Civil lo descubrió el domingo, fin de semana, procedió a su inmediata retirada e intervención. Tenía una longitud de unos 150 metros y de él pendían diez anzuelos de unos 100 milímetros de largo sin haber conseguido pesca alguna. Además se encontraba balizado con dos garrafas de color blanco, una en superficie y otra en medio del agua y sin ningún tipo de identificación. Se colocan habitualmente para la pesca de marrajos (tiburón mako).

El tiburón mako, marrajo común o de aleta corta (Isurus oxyrinchus) puede medir entre 3,5 y 4 metros de longitud y llegar a pesar hasta 750 kilogramos, y se considera que está en peligro de extinción por sobrepesca. Se trata de un animal combativo y potente y por ello es también muy buscado por los aficionados a la pesca deportiva. La Guardia Civil recalca que con esta operación se ha evitado un daño a la flora y fauna marina de la zona y la pesca indiscriminada de otras especies. La captura incidental mata especies en peligro de extinción. El medio utilizado ha quedado intervenido en dependencias de la Guardia Civil para su inutilización y posterior destrucción.

Estas acciones perjudican gravemente a los pescadores legales, recalca el cuerpo policial, y, si bien no se conoce la identidad del autor o de los autores, los agentes prosiguen con la investigación y solicitan colaboración ciudadana.

La Unión Europea coordina desde el aire a los guardacostas libios para que intercepten a los migrantes en el Mediterráneo y los devuelvan a Libia, a pesar de que la normativa internacional, los tribunales comunitarios y la propia Comisión Europea señalan que retornarlos a este país es ilegal puesto que no es seguro, está en guerra, y en ese Estado no se respetan los Derechos Humanos. 

En el operativo participan aviones españoles que, como se puede comprobar en este audio del 29 de marzo de 2019, también actúan coordinados con la Guardia Costera Libia. La aeronave se comunicaba con un petrolero que acababa de rescatar a una patera y les confirmaba que, según los guardacostas libios, tenían permiso para devolver los migrantes a Tripoli, la capital del país. 

Según correos electrónicos y grabaciones de radio obtenidas por eldiario.es, The Guardian y Mediapart, los aviones europeos de la operación Sophia y de Frontex -el organismo comunitario de control fronterizo- se encargan de guiar desde el aire a los guardacostas libios para que puedan interceptar a los migrantes en el mar y devolverlos al mismo país del que trataban de huir.

Las pruebas obtenidas por este periódico suponen la primera evidencia de algo que vienen alertando las ONG que operan en el Mediterráneo: la Guardia Costera Libia no solo está financiada por la Unión Europea -algo que es público- sino que desde el aire Bruselas se encarga habitualmente de asistir a este organismo. 

La documentación obtenida por este periódico demuestra que la connivencia con estos guardacostas no es un hecho aislado sino que forma parte de la rutina de los aviones europeos que sobrevuelan el Mediterráneo en el marco de la operación Sophia.

Esta operación fue una misión naval que patrulló el Mediterráneo centro-sur desde 2015 y que participó en miles de rescates. A partir de marzo de 2019 se retiraron los buques y solo quedaron aviones en la operación, convirtiéndose en lo que desde la UE llamaron una “misión naval sin barcos”. Los Estados miembros decidieron a principios de este 2020 dar la misión por cerrada.

A parte de las grabaciones publicadas en este reportaje, la coordinación con la Guardia Costera de Libia ha sido confirmada gracias a correos electrónicos de los guardacostas libios y a mensajes entre altos cargos europeos obtenidos por este periódico. Fuentes internas de la UE también han confirmado la cooperación desde el aire con los guardacostas de Libia, un cuerpo financiado por Bruselas pero que en principio opera de manera autónoma.

La noche del 26 de marzo de 2019

La noche del 26 de marzo de 2019, dos pequeñas embarcaciones salieron de Libia hacia el norte por el Mediterráneo. Las pateras eran endebles y estaban en mal estado. Llegar a Europa a bordo de ellas sería prácticamente imposible.

Desde el norte se aproximaba un avión de doble hélice de la fuerza naval de la Unión Europea. Desde el sur, la guardia costera del país del que acababan de huir andaba en su búsqueda. 

El primero en encontrarlos fue el avión europeo, pero eso no iba significar que la UE pretendiera rescatarlos. La aeronave se puso inmediatamente en contacto con los guardacostas libios para que encontraran la patera. Los guardacostas, sin embargo, tenían problemas para localizar la embarcación.

“Ok señor, mi radar no va bien, no va bien. Si te quedas [encima de la patera] te seguiré”, le dice el guardacosta libio al avión, según la grabación de radio recogida por un barco cercano. 

El avión, llamado Seagull-75, tenía bandera de Luxemburgo y pertenecía a la operación europea Sophia.

La aeronave se puso a volar en círculos encima de la patera. “Nos quedan aproximadamente cinco minutos de combustible”, advierten desde el avión a los guardacostas libios. “Nos pondremos encima de la patera y encenderemos las luces de aterrizaje [para que la podáis localizar]”. Los libios, sin embargo, no encontraban la embarcación.

El avión sigue guiando a los patrulleros libios. Finalmente la aeronave se retira a la base porque no le queda gasolina. Antes, sin embargo, avisa a los guardacostas: “Nos pondremos en contacto con vosotros a través de la base de operaciones”.

Unas horas antes del intercambio de mensajes entre el Seagull-75 y los guardacostas libios, un avión español -también de la operación Sophia- había entrado en juego. Un petrolero acababa de rescatar a otra patera y tenía intención de llevar a los migrantes de vuelta a Libia. El avión español sobrevolaba el petrolero y se puso en contacto con su tripulación. 

“Nos estamos coordinando… estamos bajo la coordinación de la Guarda Costera Nacional de Libia”, dice el avión español, llamado Cotos. “Pueden dirigirse hacia Trípoli”, les dice a la embarcación, en el audio publicado al principio de este reportaje.

La UE niega la coordinación

“Nuestro personal no está integrado en la Guardia Costera libia ni forma parte de sus procesos de tomas de decisión, tampoco tiene derecho a ejercer ningún control sobre su personal”, sostiene Peter Stano, portavoz del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, comandado por Josep Borrell. “Los medios aéreos [de la UE] no ejercen ninguna coordinación de los buques libios durante las operaciones de rescate. No existe un programa de reconocimiento”, insiste. Desde el Ministerio de Defensa no han respondido a las preguntas de eldiario.es.

Según expertos en Derecho consultados, trabajadores humanitarios y fuentes de la UE que trabajan en asuntos migratorios, la estrategia comunitaria se ha basado en dibujar a la Guardia Costera libia como un cuerpo autónomo que solo recibe financiación y entrenamiento de Bruselas. De esta manera, no se responsabiliza ante los tribunales internacionales de las devoluciones de migrantes a un país donde se les encierra en centros de detención -algunos de ellos dirigidos por señores de la guerra- en los que se cometen “graves violaciones de los derechos humanos”, según documentación de la propia UE publicada el pasado noviembre.

“Nunca habrá repatriaciones a Libia desde los barcos europeos. Esto lo hemos excluido de forma explícita porque va contra nuestros valores y el derecho internacional”, declaró en julio de 2018 Natasha Bertaud, entonces portavoz de inmigración del Ejecutivo comunitario.

El doble rasero de la UE con Libia

Libia está en guerra desde 2011. En la zona operan tres grupos armados que reivindican el poder en el territorio. Algunos analistas describen el país como un “bazar de armas” cuyo poder está en manos de guerrilleros y mercenarios.

Según el enviado especial de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en el Mediterráneo Central, Vincent Cochetel, nadie en la comunidad internacional puede obviar lo “peligroso” que se ha convertido el país. “Ningún activo de un tercer país -naval, aéreo o de inteligencia- debe ser utilizado para facilitar el retorno de las aguas internacionales a Libia”, señala en conversación con este periódico.

Desde la Comisión aseguran que, si se comparte información con los guardacostas libios, es porque son la autoridad competente y se hace siguiendo los protocolos de búsqueda y rescate. 

En virtud de la ley del mar, los pilotos y sus coordinadores están obligados a ponerse en contacto con el buque que esté en mejores condiciones para ayudar a los barcos en peligro. Las ONG que operan en el Mediterráneo, sin embargo, aseguran que a ellos nunca les contactan para encontrar pateras, incluso cuando son las embarcaciones mejor situadas para rescatarlas.

Añaden que está demostrado que la Guardia Costera libia, a pesar de los esfuerzos de la UE para legitimarla, está en manos de antiguos traficantes que actúan con violencia contra los migrantes y han sido responsabilizados por numerosas agencias internacionales de torturas y desapariciones. Al mismo tiempo, las pocas ONG que trabajan en la zona han sido objeto de una campaña de hostigamiento por parte de los propios guardacostas libios.

“A nosotros no nos avisan nunca porque saben que los intentamos llevar a Europa”, señala Riccardo Gatti, jefe de misión de la ONG Open Arms. “A veces somos los que estamos más cerca y aún así avisan siempre a los guardacostas libios”.

Un hombre ha muerto este jueves tras resultar herido de bala horas después de haber sido devuelto a la costa libia por la Guardia Costera del país vecino en su intento de llegar a Europa, según ha denunciado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El personal del organismo de la Naciones Unidas fue testigo de la tragedia, que tuvo lugar en el punto de desembarco de Abusitta, en Trípoli. Muchos de los 103 migrantes devueltos a la costa libia se resistían a ser trasladados de nuevo a los centros de detención. El equipo de la OIM, que había acudido para prestar asistencia a los supervivientes, informa de que hombres armados “comenzaron a disparar al aire cuando varios migrantes trataron de huir de sus guardias”.

El hombre fue alcanzado por una bala en el estómago, indica la Agencia de la ONU. “A pesar de recibir inmediatamente asistencia médica in situ por parte de un médico de la OIM y de haber sido trasladado a una clínica cercana, murió dos horas después de su ingreso”, sostienen.

“Se esperaba que esta tragedia iba a ocurrir”, ha afirmado el portavoz de la OIM Leonard Doyle. “El uso de balas reales contra civiles vulnerables desarmados, hombres, mujeres y niños por igual, es inaceptable bajo cualquier circunstancia y aumenta las alarmas sobre la seguridad de los migrantes y del personal humanitario. La OIM exhorta a las autoridades libias a que lleven a cabo una investigación a fondo de este hecho y a que lleven ante la Justicia a los responsables”, declaró.

Para la OIM, esta tragedia es un “duro recordatorio de las nefastas condiciones a las que se enfrentan los migrantes interceptados por la Guardia Costera después de pagar a los contrabandistas para que los lleven a Europa”, para luego ser enviados a centros de detención. Estos agentes reciben formación y financiación por parte de la Unión Europea para contener las salidas desde las costas del país vecino.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha reiterado en numerosas ocasiones que Libia no es un puerto seguro para el desembarco de supervivientes rescatados en el mar. Sin embargo, desde 2017, año en el que se selló el acuerdo con el país vecino para frenar la inmigración, más de 38.000 personas han sido interceptadas y devueltas a sus costas por los agentes libios que patrullan las aguas del Mediterráneo.

El pasado junio, 53 migrantes, entre ellos 6 menores, murieron en un ataque aéreo contra el centro de detención de Tajura, donde son encerrados quienes son interceptados y devueltos en su intento de cruzar el Mediterráneo. “Ese centro sigue funcionando hasta el día de hoy, a pesar de los persistentes llamamientos para que se ponga fin a la detención arbitraria de migrantes”, indica la OIM.

Según Naciones Unidas, 5.000 personas migrantes permanecen detenidas en condiciones inhumanas en Libia. Más de 3.000 se encuentran “en zonas de conflicto activo en las que corren un mayor riesgo”. Desde la ONU alertan de “las crecientes” y “verdaderamente alarmantes” denuncias de abusos y trata de personas en los centros de detención.

El juez de instrucción de Agrigento, Stefano Zammuto, ha ordenado este jueves la liberación del Open Arms, que permanecía retenido por las autoridades italianas desde el pasado 21 de agosto cuando se produjo el desembarco de los migrantes rescatados en Lampedusa, según informa la agencia AdnKronos.

El barco de rescate de la ONG española había sido inmovilizado por orden del fiscal de Agrigento después de que este subiera a bordo y comprobara la situación en la que se encontraban los migrantes tras casi dos semanas desde su rescate. Entonces, ordenó su desembarco inmediato así como la incautación provisional del barco humanitario y su traslado al puerto más próximo.

Aunque el juez ha ratificado la incautación dictada por el fiscal Luigi Patronaggio en el marco de la investigación abierta contra la Administración italiana por no haber permitido el desembarco, ha ordenado su devolución a la ONG ya que “no subsisten, tras la evacuación y el rescate de los migrantes, exigencias probatorias” puesto que “no se atribuye ninguna responsabilidad a la organización y la tripulación”.

Días antes del desembarco, la Fiscalía de Agrigento había abierto la investigación por un posible secuestro de personas en el Open Arms, a solicitud del equipo jurídico de la ONG. Aún se desconocen las personas o instituciones contra las que está dirigida la causa. Esta misma fiscalía (de la que depende Lampedusa) estuvo al frente de la instrucción en agosto de 2018 contra el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, por los delitos de secuestro, arresto ilegal y abuso de poder tras haber retenido durante cinco días a más de un centenar de inmigrantes en Catania.

No obstante, el ministro del Interior italiano no fue finalmente juzgado por estos hechos. Entonces, su socio en el Gobierno, el Movimiento Cinco Estrellas, rechazó retirar al líder xenófobo su inmunidad parlamentaria.

“Irregularidades técnicas”

En paralelo, el pasado día 22, la Guardia Costera italiana detectó “irregularidades técnicas” del barco que impedían que la nave abandonase el recinto portuario de Porto Empedocle hasta ser subsanadas.

Los guardacostas explicaron se trataba de “anomalías graves relacionadas con la seguridad de la navegación, el cumplimiento de la legislación sobre protección del medioambiente marino y la capacitación y familiarización de la tripulación con los procedimientos de emergencia proporcionados a bordo”.

El barco no podrá salir del puerto siciliano “hasta que se hayan corregido las irregularidades técnicas y operativas detectadas durante la inspección”, indicaron los guardacostas en su comunicado.

Fuentes de Proactiva Open Arms aclararon a eldiario.es que el buque cuenta con “todos los certificados en orden en España” y que el pasado mayo pasó la última revisión “cuando se llevaron a cabo tareas de mejora y todas las comprobaciones relacionadas con la seguridad”.

“Las anomalías detectadas que se limitan a los separadores de agua-aceite, los ejercicios realizados y las embarcaciones de rescate, estas últimas previamente aceptadas por las autoridades marítimas españolas, serán subsanadas a la mayor brevedad posible en el puerto de Empedocle, mientras siga atracado allí”, explicó entonces la organización.

De momento no ha trascendido si esas “anomalías” detectadas por la Guardia Costera italiana han sido subsanadas y, por lo tanto, si el Open Arms podrá abandonar el puerto de Agrigento.

Una embarcación con unos 150 inmigrantes a bordo frente a las costas de Libia ha pedido este miércoles auxilio ante el riesgo de hundimiento, según ha informado 'AlarmPhone', una línea telefónica puesta en marcha por activistas que recibe las alertas desde el Mediterráneo central.

“¡Barco en peligro frente a Libia! Estamos en contacto con la embarcación desde esta mañana. A las 11.15 locales (9.15 GMT) hemos recibido su posición GPS e informado a la Guardia Costera italiana”, ha indicado este servicio en la red social Twitter.

Los inmigrantes señalaron que el motor de la nave no funcionaba, que el casco tenía un agujero por el que entraba agua y que ellos lo estaban tapando con sus propias ropas.

Los activistas han comunicado esta emergencia a las autoridades en Roma, Trípoli y La Valeta y han asegurado que en la llamada telefónica con la barcaza han podido escuchar gritos de pánico: “Urge un socorro inmediato”, advirtieron.

Instantes después 'AlarmPhone' ha informado de que una aeronave del dispositivo europeo EUNavforMed y los guardacostas de Trípoli se estaban dirigiendo a la zona y ha criticado la posibilidad de que los inmigrantes fueran devueltos a Libia.

“Regresar a una zona de guerra es la única opción permitida por Europa, pero es mejor que hundirse”, han reconocido, no obstante, en la red social.

Pero poco después los activistas han señalado que no lograban ponerse en contacto con la embarcación, que la última conversación ha sido a las 13.49 hora local (11.49 GMT) y que les habían dicho que dos personas se habían desmayado.

Tampoco los guardacostas respondían a sus llamadas.

“La Guardia Costera libia sigue sin estar localizable. A las 16.10 hora local (14.12 GMT) la Guardia Costera italiana nos ha dicho que no tenía información sobre el caso y nos han colgado el teléfono”, han lamentado.

Como estrategia para atrapar a supuestos traficantes de personas, la Guardia Costera griega dispara munición real contra embarcaciones de refugiados que tratan de llegar a Grecia, llegando a herir a solicitantes de asilo que las ocupan, según ha revelado una serie de informes de la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras (Frontex) publicados por The Intercept.

Los documentos revelan que los disparos por parte de guardacostas griegos hacia barcas de refugiados no son casos aislados, bajo el objetivo de atrapar a los traficantes de personas que podrían ir en el interior de las embarcaciones de refugiados. Los disparos van dirigidos al motor de el bote pero se han dado operaciones en los que los refugiados acaban recibiendo impactos de bala.

Los informes de Frontex abarcan un período de 20 meses desde mayo de 2014 a diciembre de 2015. Cada caso en los que se emplearon armas de fuego, aunque hubiese resultado gente herida, aparece descrito como parte del protocolo habitual en la lucha contra el tráfico de personas y la detención de embarcaciones de refugiados en el mar.

The Intercept recoge el caso de una de las embarcaciones disparadas por la Guardia Costera en la que varios de los refugiados resultaron heridos por las balas en los alrededores de la isla de Quios. Según explica una de las personas heridas, de origen sirio, uno de los agentes tenía una pistola y otro una metralleta. Después de realizar una señal en vano exigiendo que frenase su camino, los guardacostas comenzaron a disparar.

Los guardacostas Chios justificaron el uso de armas defendiendo que conductor de la embarcación había disparado en un principio a los oficiales. Sin embargo, según la información y los testimonios recabados por The Intercept, “no existen evidencias” de que tal hecho se produjese. La persona que dirigía la barca fue detenida por contrabando y no fue acusado de atacar a la policía o por posesión de armas.

Un mes más tarde, un tribunal griego concluyó que los agentes de la Guardia Costera, no hizo nada malo, sino que su actuación estaba ajustada al protocolo con el objetivo de detener a un presunto traficante, informe el mismo medio.

Dos guardacostas turcos golpean una barca de refugiados en alta mar, en medio del Egeo. Así queda recogido en un vídeo grabado por un refugiado desde el interior de la embarcación, mientras los ocupantes gritan ante el ataque. El vídeo ha sido captado en las últimas horas, según publican el diario El Mundo y periodistas de la BBC. Los refugiados, visiblemente asustados, consiguen alejarse de la embarcación de los guardacostas y huir.

Mark Lowen, corresponsal de la BBC en Turquía, ha confirmado las imágenes con la Guarda Costera turca, que asegura que sus miembros “trataron de detener los motores del bote sin dañar a los refugiados que iban a bordo”, según ha informado en su cuenta de Twitter.

Los ataques a refugiados y migrantes en aguas del Egeo han sido denunciados por varios afectados y quedaron recogidas por la ONG Human Rights Watch en una denuncia pública. En ella, recogían testimonios de abodarjes en plena travesía por parte de tripulantes encapuchados y también de personas que los demandantes de asilo reconocían como “guardacostas turcos”.

Un vídeo captado por Eric Krempson, un ciudadano que ayuda a las personas que llegan a la isla de Lesbos, recogía en septiembre la misma denuncia de un grupo de refugiados que acababa de desembarcar en la isla. En este caso, los afectados aseguraban que la embarcación era de los guardacostas turcos. “Intentaron hundirnos, matarnos, no salvarnos”, dice uno de los jóvenes recién llegados ante la cámara.

Turquía a su vez difundió un vídeo en noviembre en el que acusó a la Guardia Costera griega de intentar hundir una embarcación de refugiados, también a golpes.

354 muertes en el Egeo este 2016

La ruta del Egeo ha sido la más utilizada por los refugiados y migrantes para llegar a Europa en 2015, en la mayor crisis de asilo desde la Segunda Guerra Mundial. Este año, han alcanzado suelo comunitario 148.917 personas por el Mediterráneo hasta el momento, de las que casi 139.000 lo han hecho por el Egeo hasta Grecia, según los datos de Acnur.

En esta travesía hasta Grecia han muerto 354 personas en lo que va de 2016, hasta el 11 de marzo, según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones. En total, 455 personas han fallecido en el Mediterráneo en el mismo periodo.

Las personas que utilizan esta vía para llegar a Europa son, sobre todo, refugiados. El 91% de las que llegan a Grecia procede de los 10 países que más refugiados generan en el mundo, según Acnur. El 48% son sirios, el 26% vienen de Afganistán y el 17%, de Irak.

La UE está negociando un acuerdo con Turquía, del que ya han trascendido los primeros detalles esta semana, que plantea devolver a todos los migrantes y refugiados que lleguen a Grecia hasta Turquía. La UE propone que por cada persona expulsada hacia suelo turco, reasentará en la UE a un refugiado sirio. Solo de nacionalidad siria y en un plan que, por el momento, parece que será voluntario.

Turquía alberga ya a unos dos millones de refugiados y, como otros países cercanos a Siria (como Líbano y Jordania), ha asumido la mayor parte de los demandabtes de asilo que escapan del conflicto civil en este país.

Este principio de acuerdo de la UE ha sido condenado por varias ONG –que denuncian que Turquía vulnera los derechos humanos y, por tanto, no es un país seguro al que devolver a los asilados– y por organismos internacionales, como Acnur, que duda de su legalidad. “La expulsión colectiva está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos”, recordó el órgano de la ONU.

El plan de Bruselas y Turquía por el momento ya ha acordado conceder a Ankara 3.000 millones de euros, cantidad que previsiblemente se ampliará tras el Consejo Europeo de la semana que viene, en el que se ampliará el acuerdo.

El Mediterráneo vuelve a convertirse en el escenario de la muerte. Al menos diez personas han fallecido y otras 6.779 han sido rescatadas durante el fin de semana en aguas del Mediterráneo, según han informado la Guardia Costera y la Marina italiana. Por su parte, las autoridades egipcias han notificado de la muerte de otras tres personas después de que la embarcación en la que viajaban se hundiese en aguas cercanas a la ciudad de Edku.

Los diez cadáveres han sido recuperados en aguas cercanas a la costa libia, en la misma donde se han desarrollado la mayoría de las operaciones de rescate, que continúan activas. Los ocupantes rescatados han sido trasladados a territorio italiano. 

Siete de los cuerpos sin vida estaban en dos lanchas neumáticas que navegaban abarrotadas de migrantes y refugiados. Otras tres personas fueron recogidas del agua, ya sin vida, después de que saltaran ante la proximidad de un mercante que pretendían alcanzar a nado, según ha informado la Guardia Costera.

En las operaciones han participado diez buques italianos, cuatro embarcaciones civiles privadas y un buque francés, todos ellos bajo coordinación italiana.

Las autoridades egipcias han informado de la muerte de tres personas cuando la embarcación en la que viajaban se hundió en aguas cercanas a la ciudad de Edku. 31 personas sobrevivieron al naufragio.

Estas muertes se suman al millar de personas que fallecieron hace dos semanas, después de que varias embarcaciones se hundieran, entre ellas, un barco pesquero con cerca de 900 ocupantes a bordo.

La cifra de supervivientes rescatados durante el fin de semana, actualizada este lunes, ha ascendido finalmente hasta los 6.779, según ha señalado Adrian Edwards, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El aumento de las salidas de embarcaciones hacia las costas europeas se explica debido a que las organizaciones que trafican con inmigrantes incrementan su actividad aprovechando las buenas condiciones meteorológicas y la calma del mar y, sobre todo, a la persistencia de las emergencias que empujan a estas personas a lanzarse al mar, entre otros factores.

Ayer, una patrullera de la Marina francesa interceptó en las costas libias tres embarcaciones fabricadas con neumáticos con 217 náufragos a bordo, informó la Prefectura marítima francesa del Mediterráneo.

Por su parte, los servicios de Guardacostas libios frustaron la travesía de unas 500 personas de distintas nacionalidades en la costa de Gura Bulili, situada a 60 kilómetros al este de Trípoli, que pretendían alcanzar Europa, según fuentes oficiales.

El Parlamento Europeo pide una misión de rescate comunitaria

Tras la muerte de cerca de 800 personas en una misma jornada en el Mediterráneo, en una de las semanas más mortíferas en sus aguas, los países de la UE se reunieron para hacer frente a la emergencia migratoria. Sin embargo, de la reunión de los 28 apenas surgieron más compromisos que triplicar los fondos de las operaciones de control de fronteras Tritón y Poseidón, en aguas italianas y griegas, y un próximo encuentro, para mediados de mayo.

El resto de cuestiones por definir, como el número de refugiados que Europa está dispuesta a acoger en la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, quedan pendientes para esta próxima reunión.

El Parlamento Europeo ya ha pedido a los líderes de la UE una operación comunitaria con la misión expresa de “rescate” en el mar y una “cuota obligatoria” para el reparto de los solicitantes de asilo entre los países europeos.

En 2014, cerca de 3.500 personas perdieron la vida en el Mediterráneo, intentando llegar al viejo continente, y en lo que va de año ya han fallecido unas 1.700, según los cálculos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).