El despliegue del autoconsumo fotovoltaico no termina de remontar tras el boom de instalaciones de 2022; los últimos datos de Red Eléctrica de España (REE) no invitan al optimismo y el sector está en alerta tras amenazar el gurú económico del PP, Alberto Nadal, con recuperar su impuesto al sol.

La amenaza la planteó hace unos días el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP en una charla sobre su “visión alternativa” de la energía en la Universidad Rey Juan Carlos en Móstoles (Madrid).

“¿Qué es el impuesto al sol?”, se preguntó Nadal cuando le plantearon si pensaba recuperarlo. “Exactamente lo que acabo de describir: era que la instalación fotovoltaica de autoconsumo pagara también los costes de red”. “Lo que habría que hacer es reajustar el peaje”: “Reconstruir el peaje entero para que sea el consumo de red lo que determine el pago de los costes de red, y no el consumo de energía”, para que “los que fuerzan sobreinversión en la red porque tienen fluctuaciones de demanda paguen la diferencia”.

Su tesis es que “la mayor parte” de los peajes, “el 90%” de estos costes regulados del recibo que sufragan las redes (transporte y distribución) y fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se pagan “en función de la energía consumida”, lo que “beneficia” a las segundas residencias, muy especialmente a las que tienen autoconsumo, en lo que calificó de “subvención”.

Según expuso, para ser rentable al autoconsumo se le tiene que “subvencionar” con la “variabilidad del peaje” porque los costes fijos del sistema los paga “fundamentalmente el consumo” y “el señor que pone unas placas paga menos por la red de lo que le corresponde, porque retira energía del sistema”. El que no autoconsume “le está regalando el coste de la red”. “Esa es la subvención”.

“Lo único que deberíamos cambiar es el peaje. Porque lo que no puede seguir ocurriendo es que el peaje se fije en función del consumo de energía y no en función del consumo de red”. Eso sí, “el que ha recibido las subvenciones se queda con sus subvenciones”.

Según Nadal, los bloques de apartamentos “no pueden hacer autoconsumo” en sus azoteas y solo pueden hacerlo “viviendas unifamiliares en las zonas ricas de las ciudades”, “drenando subvenciones” en “la política más regresiva que se ha inventado”.

El responsable de Economía del PP dijo en varias ocasiones no tener nada contra el autoconsumo, que “ni muchísimo menos” es “el problema más grave” de la política energética española. “Lo que me parece mal es subvencionarlo a costa del que no tiene capacidad de poner autoconsumo”. Con el sistema actual, aseguró, “el consumidor que entra a un Ikea lleno de placas fotovoltaicas y que no puede autoconsumir le está pagando al Ikea su electricidad. Siento ser tan burro”.

Hizo una analogía con el coste del Metro, que aseguró en “la mayoría de los países del mundo” es más caro “en la punta” de demanda.

Sí reconoció que esta solución energética reduce la necesidad de invertir en unas redes que, aseguró, no requieren “una inversión fuerte”; pero deslizó que “genera problemas de control” y “se ha vendido como la democratización, como el abaratamiento”, pero “no es más barato, de hecho es más caro”, porque es “evidente” que “llenar” los tejados de paneles solares “es mucho más caro” que poner una planta fotovoltaica de 400 MW en el campo, “en un sitio planito y de manera industrial”.

Mientras, PP y Vox acaban de pactar en Castilla y León poner coto a las grandes fotovoltaicas y eólicas, como ya acordaron en Extremadura y Aragón. Y prometen “fomentar el autoconsumo industrial delimitando una banda alrededor de los polígonos industriales en la que se autoricen instalaciones destinadas mayoritariamente al autoconsumo industrial”, dice el documento que acaban de firmar el partido de Nadal y la ultraderecha.

Alarma en el sector 

La propuesta del gurú económico de Alberto Núñez Feijóo ha propiciado el rechazo de expertos como el economista Manuel Hidalgo, que en un artículo en Cinco Días recuerda que el autoconsumo “no es un capricho de unos pocos privilegiados, ya que hunde los precios mayoristas y despliega un paraguas protector sobre toda la población”.

Hidalgo subraya que España ya soporta el término fijo de potencia más alto de la UE, “herencia de las subidas de 2012 a 2015”, y “quien autoconsume no esquiva ese coste, porque la potencia se paga por estar conectado, se consuma o no de la red”. E imponer “cargos disuasorios para proteger el modelo de negocio de las viejas redes sería un error de diagnóstico monumental, que condenaría a la sociedad a un futuro eléctrico más caro y desigual”.

Repescado hace menos de un año por Feijóo, Nadal fue secretario de Estado de Energía con José Manuel Soria como ministro de Industria, de diciembre de 2012 a noviembre de 2016, y responsable del impuesto al sol y el recorte retroactivo a las renovables que llevó a una catarata de condenas contra España que aún colea.

El impuesto al sol, cuya génesis se atribuyó en el sector a Iberdrola, lo defendió en 2015 la FAES de José María Aznar (entonces asesor de Endesa) en un estudio coescrito por un directivo de la eléctrica vasca, que en 2017 admitió que esta solución energética era un riesgo para su negocio. El denominado “cargo por autoconsumo” frenó durante años su despegue y provocó la mofa de la revista Forbes sobre cómo España iba a poner un “impuesto al sol”, con un conato de revuelta incluso en comunidades gobernadas por el PP.

Ahora el sector ve con preocupación la amenaza del gurú económico del PP, mientras admite cierto parón en la instalación de nueva potencia de autoconsumo. No obstante, el sector pone en cuestión los datos que publica desde diciembre REE, que apuntan a una fuerte caída en los últimos meses. 

A finales de 2025, el operador del sistema empezó a publicar información sobre la potencia instalada de autoconsumo, tras años en los que la única fuente de estos datos eran las estimaciones de las patronales del sector. Según sus datos provisionales, de diciembre a junio se habrían conectado menos de 500 megavatios (MW). Supondrían menos de 1.000 MW en un año, un mínimo desde 2020, cuando no se llegó a 600, y ahondaría las caídas de los últimos ejercicios.

En los dos últimos años se han instalado unos 1,1 gigavatios (GW) anuales, tras el fin de las ayudas del Plan de Recuperación y de las deducciones en el IRPF, y ya son tres ejercicios seguidos de retrocesos en el ritmo de instalación tras el histórico 2022. Ese año, los disparatados precios de la luz que provocó la invasión de Ucrania propiciaron que se instalaran 2,5 GW, según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

Los datos de REE se basan en la información disponible en el Sistema de Medidas Eléctricas (SIMEL) remitidos por las distribuidoras y en estimaciones del operador del sistema con “la mejor información disponible en cada momento”. Como advierte el Ministerio para la Transición Ecológica, estos datos pueden tener “un decalaje importante” aunque el mercado haya aflojado en los últimos meses.

“Vemos una tendencia bastante plana”, de “caída en el sector residencial pero incremento en el industrial”, indica Héctor de Lama, director técnico de UNEF, que apunta los problemas para conectar a la red nueva demanda como asidero del sector.

Javier Lázaro, director Técnico y de Regulación de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), invita a leer con cautela los datos de REE, dado que tiene “muchas dificultades para tener toda la información fidedigna”, sobre todo de las instalaciones sin excedentes, que no vierten energía a la red.

El responsable de APPA admite que el arranque de 2026 ha sido el peor en años: “Lo que nos comentan las empresas del sector es que es verdad que ha sido un primer trimestre muy malo”, en el que “ha sido imposible trabajar por todas las lluvias y borrascas”. “Puede que el ritmo de las propias instalaciones sea inferior al de otros años, pero no hemos notado un feedback de que haya descendido muchísimo”, dice Lázaro.

REE, que actualiza diariamente sus datos, recoge que a junio habría instalados 9.194 MW de autoconsumo. UNEF estimaba en enero 9,3 GW al cierre de 2025. Y APPA estima que el año pasado se cerró con casi 9,6 GW, tras instalarse 368 MW en el segmento residencial y 846 MW del ámbito comercial e industrial, según sus datos.

Lo normal es que el Real Decreto-Ley 7/2026 (el de la guerra en Irán) impulse el autoconsumo, tras ampliarse hasta 5 kilómetros el radio para compartirlo en plantas de suelo (y no solo en cubiertas). Además, Transición Ecológica tramita desde hace meses un Real Decreto para impulsar el autoconsumo colectivo. No obstante, la CNMC ha expresado dudas sobre la propuesta ante “los riesgos asociados a potenciales desequilibrios de tensión en las redes”, un aviso a navegantes tras el apagón del 28 de abril de 2025, los problemas de observabilidad de estas plantas para REE y la desconexión de muchas instalaciones en ese histórico colapso energético.

Con todo, la situación actual del autoconsumo es radicalmente distinta al erial que vivió con Mariano Rajoy. El departamento de Sara Aagesen calcula que más de 600.000 hogares y empresas han apostado por él tras “un crecimiento exponencial del 1.600% desde 2018”. Recuerda que su hoja de ruta (de 2021) contemplaba un escenario base de 9 GW ya superado y de 14 GW en un escenario de alta penetración. Esta solución energética ya cubre el 4% del consumo eléctrico en España.

La última revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), de 2023, contemplaba 19 GW para 2030. Un PNIEC que el último ministro de Energía de Rajoy, Álvaro Nadal, fue incapaz de aprobar pese a exigirlo la Comisión Europea. Su hermano gemelo (partidario de mantener las nucleares al menos 20 años) lo tacha de “literatura de ficción”.

La sociedad pública Sodena aportará “hasta 50 millones” de euros al capital de la empresa conjunta con el fabricante chino Hithium para la instalación en Navarra de una factoría para la producción de baterías de almacenamiento eléctrico que estará en funcionamiento a partir del 2027. Así lo ha anunciado el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, después de que se cerrase hace unas semanas el acuerdo con la empresa china para la construcción de la planta, que contará con una inversión total de más de 400 millones y que generará 700 empleos directos.

Irujo ha avanzado que, si bien Hithium iba a realizar una aportación incial de capital de 61 millones, “en las últimas negociaciones” han previsto “elevar esa suma a los 100 millones”. Así, ha afirmado que “el motivo de la entrada de capital público se justifica desde el punto de vista del arraigo empresarial para asegurar el futuro de la planta en Navarra, asegurar la configuración de una cadena de valor industrial en el territorio, así como la contratación de personal laboral local”.

El consejero ha subrayado asimismo que “siempre que se cuente con las autorizaciones necesarias (tanto internas como de las autoridades administrativas competentes) y de conformidad con la legislación vigente, además del límite de inversión total de 50 millones, Sodena hará todo lo posible por estudiar la posibilidad de proporcionar garantías o contragarantías adicionales, en forma de avales”. Irujo ha detallado que “el objetivo es que las baterías de Hithium tengan el sello de Made in Navarra”. “Y todo ello, asegurando empleo de calidad para esos 700 puestos de trabajo previstos”, ha afirmado.

Irujo ha explicado que la primera visita de Hithium a Navarra se produjo en octubre del 2023, y que “la empresa y el Gobierno de Navarra han estado colaborando estrechamente con el objetivo de evaluar la viabilidad de la ejecución del proyecto en Navarra desde todas las perspectivas pertinentes (incluidas las cuestiones normativas, administrativas, operativas, financieras y relacionadas con el empleo), habiendo concluido ambas partes que Navarra reúne las condiciones necesarias y óptimas para el desarrollo del proyecto de inversión”.

Ha recordado que, tras la visita de Hithium, con su fundador a la cabeza, el 14 de diciembre de 2025, la empresa invitó al Ejecutivo a visitar y ultimar negociaciones en su planta de Chongqing los días 13 a 15 de enero. Y una semana más tarde, el 23 de enero de 2026, el Grupo Hithium constituyó en Navarra una sociedad denominada Hithium Spain Innovation, S.A., “destinada a servir de vehículo corporativo a través del cual se ejecutará y desarrollará el proyecto de inversión”.

Ha explicado que, como promotor principal y socio industrial del proyecto, Hithium ha iniciado el proceso de 'due diligence' industrial del proyecto en Navarra, incluida la evaluación técnica, industrial y jurídica de las posibles instalaciones donde irá la fábrica de producción. Además, ha continuado, el asesor financiero de la empresa ha realizado un sondeo de mercado informal con los principales bancos comerciales en abril e inició las negociaciones oficiales con los prestamistas en mayo.

Irujo ha precisado que Hithium estima que el desarrollo del proyecto supondrá un gasto de capital de aproximadamente 405 millones de euros y que tiene la intención de recurrir a las siguientes fuentes de financiación: aportaciones de capital por un importe total de 150.000.000 euros; financiación bancaria y de instrumentos como el FAIIP (Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva) por un importe total de 174.000.000 euros; y subvenciones públicas por un importe total de 81.000.000 euros. “Estas cifras son aproximativas, podrían variar ligeramente en el transcurso de las negociaciones”, ha afirmado.

Según el consejero, el pasado 6 de mayo el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae), adscrito al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, emitió una propuesta para la concesión de una subvención a favor de Hithium por un importe de 81.000.000 euros para el desarrollo del proyecto en Navarra. “No está del todo confirmado, a falta del resultado de la evaluación técnica, si bien es un hito fundamental para el proyecto”, ha dicho.

Frenar el derribo de la central hidroeléctrica, La Retorna, y recuperar su uso permitiría abaster de energía limpia a hasta cuatro mil hogares. Con este objetivo, Anguiano, Ventrosa de la Sierra y Brieba de Cameros han puesto en marcha la campaña 'Salvemos La Retorna'. Quieren que se paralice definitivamente el procedimiento de demolición abierto por la Confederación Hidrográfica del Ebro de este histórico aprovechamiento hidroeléctrico del Alto Najerilla y se abra una nueva etapa para su continuidad. Defienden la conservación de la presa y de la central como patrimonio industrial, pero también como infraestructura útil para seguir generando energía renovable en el territorio.

Los tres municipios, en los que se ubica el conjunto hidroeléctrico, reclaman su protección definitiva como Bien de Interés Cultural y la licitación de una nueva concesión, durante 30 años más, que permita mantener en servicio una instalación con capacidad para suministrar energía limpia a entre 1.500 y 4.000 hogares, en función de la climatología y el caudal del río. Eso supone que podría generar luz para abastecer a todos los municipios de las 7 Villas y Anguiano, incluso en verano.

Además, plantean que esa continuidad suponga un retorno para la zona, mediante compensaciones económicas directas a los municipios afectados, como un canon, o a través de reducciones en la factura eléctrica de los habitantes, en una zona de duros inviernos en los que la luz es la única opción para generar calor. Medidas que, sin duda, favorecerían la actividad económica y la llegada de nuevos negocios y supondrían una apuesta real contra la despoblación. Los alcaldes y alcaldesa de los municipios, Gemma López (Anguiano), Daniel Carrillo (Brieva de Cameros) Domingo Blanco (Ventrosa de la Sierra) y el geólogo, experto en gestión hídrica y vecino del municipio de Anguiano, Rubén Esteban han detallado la campaña.

La Retorna es parte del patrimonio y de la memoria del Alto Najerilla y una infraestructura singular en la ingeniería del siglo XX. Su construcción a mediados de la década de los cuarenta mediante el sistema de arco-gravedad fue innovadora en su tiempo y sirvió de prototipo de otras importantes presas de mayor tamaño en España. Su autor, el ingeniero riojano Carlos Fernández Casado, está considerado como uno de los proyectistas más importantes del pasado siglo. Pionero en diversas técnicas de construcción de puentes, sus libros han formado a generaciones de ingenieros.

Movilización contra la decisión de la CHE

La movilización social se produce después de que la Confederación Hidrográfica del Ebro resolviera, en junio de 2022, el fin de la concesión de La Retorna, tras agotarse el plazo de 75 años otorgado en su día. Requirió además a la última concesionaria, Minicentrales Hidroeléctricas de La Rioja -actualmente RPI, Renewable Power International-, la demolición de todo el conjunto para recuperar la continuidad fluvial en una zona incluida en Red Natura 2000.

Tanto la empresa, como los tres municipios en los que se ubica el salto, así como distintas organizaciones sociales y del mundo de la ingeniería presentaron, sin éxito, alegaciones ante la decisión de la CHE. La antigua concesionaria aportó, además, un amplio plan de viabilidad técnica, económica y medioambiental. Recoge, incluso, el compromiso de realizar un estudio para analizar las especies presentes en el cauce y las medidas de protección a implementar para salvaguardar el ecosistema.

Minicentrales Hidroeléctricas de La Rioja llevó el caso a los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón -jurisdicción a la que pertenece la CHE- desestimó el recurso presentado y confirmó la demolición (7 de enero de 2025). Sin embargo, la compañía acudió al Tribunal Supremo, que en enero de este año admitió el recurso. En estos momentos estudia el caso y ha paralizado la demolición a la espera de analizar si es legal que se ejecute mientras hay un expediente abierto para declararlo Bien de Interés Cultural.

Ese procedimiento de protección BIC fue iniciado por el Gobierno de La Rioja en 2023. El expediente fue reclamado por el Ministerio de Cultura al tratarse de una infraestructura ubicada en dominio público hidráulico, pero ahora el Gobierno central ha decidido inhibirse en el procedimiento y lo ha trasladado de nuevo al Ejecutivo riojano. Los tres municipios implicados piden la máxima celeridad en su tramitación, ya que esta declaración sería decisiva para evitar, de forma definitiva, la demolición de La Retorna. Para los ayuntamientos, demoler La Retorna supondría una pérdida irreversible desde el punto de vista patrimonial, paisajístico y territorial. Alertan además de los daños que provocarían en el ecosistema los trabajos necesarios para eliminar la presa y la central en un lugar de difícil acceso. Frente a esa opción, defienden una solución que combine conservación, aprovechamiento energético y protección ambiental.

Firmas para salvar a La Retorna

Los tres municipios del Alto Najerilla recogen sus reivindicaciones en un manifiesto y piden el apoyo, con su firma, de la ciudadanía, los colectivos sociales y las organizaciones profesionales, a través de la página www.salvemoslaretorna.org. Han lanzado además una iniciativa en Change.org (https://www.change.org/salvemoslaretorna) para recoger firmas y lograr que esta histórica central siga en pie y generando energía limpia, tal y como proyectó en su día Carlos Fernández Casado.

Entre las entidades que han mostrado su apoyo a la continuidad de La Retorna figuran: la Asociación Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil; el Instituto de la Ingeniería de España; el Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad; el Colegio Oficial de Geólogos de España; la Asociación de Empresas de Energías Renovables, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Rioja y la asociación de defensa del patrimonio riojano Rioxa Nostra.

Cronología de La Retorna

Años 40-50: nacimiento y consolidación del Salto.

• Década de 1940.- Electra de Recajo impulsa en la década el proyecto del Salto de La Retorna y obtiene la concesión para construir la presa en los caudales de los ríos Najerilla y Brieva.

• 1944.- Se levanta la presa con el sistema de arco-gravedad y, un año después, en 1945 se tramita la instalación de la central con dos grupos de 1.400 kVA.

• 1947.- Entra en funcionamiento la central.

• 1956.- Se legaliza un segundo grupo con turbina Francis y alternador de 1.400 kVA.

2021-2022: fin de la concesión y amenaza de demolición.

• 20 de diciembre de 2021.- Finaliza la concesión de explotación de Minicentrales Hidroeléctricas de La Rioja.

• 14 de junio de 2022.- La Confederación Hidrográfica del Ebro hace pública la extinción del derecho concesional tras 75 años y requiere la demolición de elementos en dominio público hidráulico para recuperar la continuidad fluvial. La empresa presenta alegaciones, al igual que los municipios implicados, y solicita la prórroga con un plan de mejoras y viabilidad.

2023-2026: protección patrimonial, vía judicial y movilización social.

• 21 de noviembre de 2023.- El Gobierno de La Rioja incoa el expediente para declarar La Retorna Bien de Interés Cultural, publicado en el BOE el 1 de marzo de 2024.

• Diciembre de 2024.- El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos presenta alegaciones contra la demolición.

• 7 de enero de 2025.- El Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirma el derribo.

• 13 de marzo de 2025.- El Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de España a declarar de forma urgente el BIC.

• 14 de enero de 2026.- El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de casación de la concesionaria y deja en suspenso la demolición mientras analiza el alcance del expediente patrimonial.

• Abril de 2026.- El Ministerio de Cultura se desinhibe del expediente BIC, que vuelve al Gobierno de La Rioja.

• Junio de 2026.- Se presenta la campaña ‘Salvemos La Retorna’ para evitar la demolición de esta infraestructura y lograr que vuelva a generar energía limpia.

Los acreedores de los laudos contra España por los recortes retroactivos de las primas a las energías renovables en la etapa de Mariano Rajoy aseguran haberse personado en la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos) para formalizar los trámites asociados a la ejecución del inmueble.

Según apuntan en un comunicado, los acreedores han tomado “posesión efectiva” de la sede del organismo cultural en Utrecht, que aseguran que está valorado en 10 millones de euros, y han colocado carteles en la fachada en los que se puede leer que el edificio está en venta por ejecución de embargo, informa EFE.

Añaden que con esta medida se avanza en el proceso de recuperación de activos impulsado ante el incumplimiento por parte del Gobierno de España de las obligaciones de pago reconocidas en diversas resoluciones arbitrales y judiciales internacionales.

Las mismas fuentes aseguran que se encuentran en marcha los procedimientos orientados a la enajenación del inmueble mediante subasta pública, algo que niegan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, al tiempo que fuentes del Cervantes en Utrecht confirman que su actividad continúa este lunes con normalidad.

El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.

Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.

España actúa para que se levante el embargo

Fuentes de Transición Ecológica señalan que España ha iniciado un procedimiento para obtener una resolución judicial que obligue al bailiff (una figura del derecho holandés similar a un agente judicial o un procurador) a levantar el embargo trabado, dado que el laudo que se ejecuta ha sido notificado como Ayuda de Estado a la Comisión Europea.

Al mismo tiempo, explican que han sido informados de que el Gobierno holandés ha notificado al bailiff de Blasket (el fondo buitre que compra laudos a inversores internacionales y lleva varios de estos casos) su deber de levantar el embargo y cesar inmediatamente toda actuación destinada a la venta del bien.

Estas fuentes explican que el edificio no ha sido embargado por las autoridades judiciales holandesas, sino por el bailiff de Blaskett, en un procedimiento ex parte en el que España no había tenido oportunidad de efectuar alegaciones.

Asimismo, apuntan que la colocación del cartel en la puerta del edificio no supone un paso adicional en el eventual procedimiento de venta del inmueble, sino que parece destinado a un fin “puramente periodístico sensacionalista”.

De hecho consideran que la colocación de los carteles es ilegal y aseguran que no se han iniciado las formalidades necesarias para iniciar el proceso de venta del inmueble.

Adicionalmente, estiman que el procedimiento no se va a poder desarrollar en tanto que el gobierno holandés ha declarado que el embargo es nulo y se lo ha notificado al fondo de litigios.

Estas fuentes también apuntan que con anterioridad, España ha conseguido anular intentos de embargos efectuados por el mismo fondo de litigios en Holanda, aplicando el derecho de la Unión, que impide el pago de los laudos dictados contra España relacionados con la modificación del régimen retributivo de las energías renovables.

Repsol pondrá en marcha en Puertollano (Ciudad Real) la que será su segunda planta de combustibles 100% renovables en la península ibérica. Este complejo industrial tiene una capacidad para producir 200.000 toneladas al año, que se suman a las 250.000 toneladas anuales de combustibles renovables de la planta de Cartagena.

Con esta nueva unidad, la compañía “avanza en la transformación de sus centros industriales, orientados a una producción basada en la economía circular, capaces de generar productos esenciales para la sociedad con menor huella de carbono”, señalan desde Repsol.

Para desarrollar este proyecto en Puertollano, Repsol ha invertido 130 millones de euros transformando una unidad de refinería que procesaba materia prima de origen fósil en una instalación capaz de utilizar aceite de cocina usado y otros residuos de la industria agroalimentaria.

Las 200.000 toneladas anuales de combustibles de origen orgánico fabricados en esta planta —en este caso, diésel renovable— “pueden utilizarse de forma inmediata en coches, camiones y barcos, aprovechando las infraestructuras de repostaje existentes. Su uso evitará la emisión de 700.000 toneladas de CO2 al año, considerando todo el ciclo de vida del producto, en comparación con los combustibles convencionales a los que sustituyen”, explican.

El director del Complejo Industrial de Repsol en Puertollano, Antonio Lorenzo, ha señalado: “El inicio de la producción de esta planta supone un paso más en la apuesta de Repsol por los combustibles líquidos de origen renovable, así como en la transformación de nuestro complejo, con el objetivo de consolidarse como un centro industrial de referencia en economía circular y en combustibles renovables”.

Este proyecto “es uno de los más ambiciosos desarrollados en los últimos años en el centro industrial de Puertollano y evidencia la apuesta de Repsol por la industria, la generación de empleo de calidad y soluciones que contribuyan a reforzar la independencia energética de España”, ha subrayado Antonio Lorenzo.

Apuesta por la industria

La inversión ha tenido un “importante impacto directo” en el tejido industrial y el empleo local: durante la fase de construcción y puesta en marcha se han movilizado más de 650.000 horas de trabajo, con la participación de unas 80 empresas auxiliares, la mayoría de la comarca, y una presencia media diaria de más de 110 personas, con picos de más de 250 trabajadores.

La integración de la nueva unidad en el esquema productivo del complejo ha sido “uno de los principales logros del proyecto”. Para ello, se han instalado grandes equipos de proceso como reactores diseñados específicamente para este tipo de producción, y se han adaptado servicios auxiliares e infraestructuras logísticas ya existentes.

Además, la nueva unidad utilizará hidrógeno renovable para reducir aún más la huella de CO2 del diésel generado, “hasta en un 98% respecto del combustible de origen mineral”. El hidrógeno renovable se producirá en el complejo industrial sustituyendo el gas natural ‒del que se obtiene el hidrógeno convencional‒ por un gas de origen biológico producido a partir de residuos. Para conseguir esta integración, Repsol ha invertido 16 millones de euros adicionales.

Combustibles renovables, una apuesta estratégica de Repsol

Los combustibles renovables son uno de los pilares de la estrategia multienergética de Repsol para descarbonizar la movilidad. Pueden utilizarse directamente en los motores actuales, sin necesidad de realizar modificaciones en los vehículos ni en las infraestructuras de distribución y repostaje.

Repsol ya comercializa su Diésel Nexa origen 100% renovable en más de 1.600 estaciones de servicio de España y Portugal, y continúa ampliando esta red para facilitar el acceso a soluciones de movilidad con menor huella de carbono.

Además, la compañía produce en el Complejo Industrial de Puertollano biojet o combustible sostenible de aviación (SAF) a partir de residuos orgánicos, que se distribuye a las principales aerolíneas y contribuye a la descarbonización de un sector clave como el transporte aéreo.

Proyectos únicos en España

En los últimos cinco años Repsol ha invertido en Puertollano cerca de 800 millones de euros en proyectos de transformación y de futuro, “que van a permitir incrementar la competitividad y la apertura de nuevos mercados del complejo industrial”, exponen.

Entre los proyectos desplegados en este centro, destaca la instalación de una planta única en la península ibérica para fabricar polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE, por sus siglas en inglés), un denominado “superpolímero” por sus propiedades de alta resistencia, comparables a las del acero y que se utiliza para la fabricación de prótesis médicas o textiles para defensa. Se espera que esta nueva planta entre en operación en las próximas semanas.

A estos proyectos se suman otros desarrollos industriales que ya están permitiendo fabricar productos de alto valor añadido y reforzar la competitividad del centro, como la gama de materiales plásticos reciclados Reciclex o la producción de poliol reciclado a partir de espumas de colchón, una instalación equipada con tecnología única en España.

Vecinos del entorno del proyecto de ampliación del parque eólico Tórtoles, en la provincia de Burgos, han denunciado que se intenta avanzar en un proceso de expropiación forzosa “plagado de irregularidades y que ignora los derechos fundamentales de los habitantes de la zona”.

Exigen la paralización inmediata de la ocupación por falta de transparencia, porque conocieron el proyecto a través del BOE (Boletín Oficial del Estado) hace tres años, sin comunicación previa por parte de la empresa promotora, ni del Ayuntamiento ni de ninguna otra Administración.

En un comunicado, aseguran que después de 18 meses de publicarse en el BOE, llegó una carta de la empresa a los propietarios afectados en el proyecto, la única comunicación con los propietarios en estos tres años.

Consideran también que la empresa ha tomado “decisiones sospechosas”, como el cambio de potencia del parque por encima de los 50 MW justo antes de la resolución, discrepancias entre el número de aerogeneradores y la potencia proyectada, y cambios sustanciales en el proyecto sin someterse a ningún control, ni anuncio.

Los vecinos insisten en que este proyecto no cuenta con el consentimiento de quienes poseen la tierra y no es una infraestructura pública, sino un negocio industrial privado que opera en libre mercado.

De hecho, aseguran que el 89% de los propietarios donde se ubicarán los aerogeneradores, ocho de los nueve titulares, están en contra, igual que el 78% de los afectados por las líneas de evacuación y otras infraestructuras.

Los vecinos consideran que la imposición de este proyecto, “alimentada por bulos y amenazas encubiertas”, está rompiendo la paz social en el pueblo, provocando enfrentamientos incluso entre familias.

Señalan que es un proyecto que ocupa terrenos agrícolas que son el alimento de muchos y el medio de vida de familias de la zona.

Además, creen que la tramitación ha ignorado “riesgos críticos”, ya que, pese a informes de la Subdirección General de Evaluación Ambiental y de la propia Junta de Castilla y León que recomendaban una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, se optó por un Informe de Afección Ambiental (IDAA) en el que se le eximió de dicha evaluación ambiental.

Entienden que esa decisión ignora el riesgo crítico para especies protegidas en la zona como la avutarda, el milano real, el águila imperial, entre otras.

En su escrito, explican que han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid solicitando unas medidas cautelares, y aunque inicialmente fueron denegadas, dicha decisión fue recurrida y se encuentra actualmente a la espera de trámite judicial. 

Una manifestación ha recorrido este sábado las calles de Vitoria para denunciar la proliferación de infraestructuras industriales en el entorno rural“. Con el lema 'Lurra defenda dezagun! Makroproiekturik ez!' (defendamos la tierra, no a los macroproyectos), la protesta ha reunido a ”miles de personas“ y ha contado con la presencia de decenas de tractores, según han informado desde Araba Bizirik.

Sus organizadores han valorado, en un comunicado, que la movilización ha supuesto “una demostración de fuerza colectiva” que da continuidad a las protestas que “llenaron la capital alavesa en años anteriores”.

Según han explicado, la convocatoria ha sumado alrededor de 200 apoyos, entre ellos “numerosas” juntas administrativas y ayuntamientos de Álava y colectivos sociales vascos.

Durante la movilización, se ha denunciado “el incesante goteo de proyectos industriales a gran escala que amenazan al territorio”. Entre ellos, han citado el Tren de Alta Velocidad, “macrocentrales” eólicas y fotovoltaicas, líneas de alta tensión, “macrocentros” de datos, plantas de biometanización y la ampliación de polígonos industriales, canteras y del aeropuerto.

Las previsiones de la Comisión Europea sobre el crecimiento económico de la UE mandan un claro mensaje político. España crece el doble que Europa gracias a políticas contrarias a las que pregona formaciones de ultraderecha como Vox. Tanto la inmigración como la transición verde están empujando el PIB de la economía española y le permite aguantar mejor el impacto del aumento de los precios energéticos por el conflicto de Oriente Medio. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también destaca estos factores como “atenuantes” de la presión de los costes energéticos e “impulsores” del crecimiento.

La Comisión Europea volvió a subir las previsiones de crecimiento del PIB español al 2,4% en 2026, una décima más que las predicciones de Bruselas el pasado otoño, según el paquete económico de primavera que presentó la Comisión este jueves. España es el único país al que la Comisión eleva las previsiones de crecimiento para este año, mientras que se prevé que el crecimiento del PIB en la UE se desacelere hasta el 1,1% en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la previsión de otoño de 2025, lo que también ocurre con la economía de la zona euro, cuyo PIB se reduce al 0,9 % en 2026.

Para ver con más claridad la solidez de la economía española en el conjunto de la UE, la previsión de crecimiento del PIB en 2026 para Alemania es del 0,6%, para Francia es del 0,8% y para Italia, del 0,5%. Esto supone que la economía española se prevé que crecerá cuatro veces lo que Alemania o tres veces lo que Francia.

Mientras, el líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, arremete contra lo que denomina “la invasión migratoria” y dice sin aportar pruebas que “en contra de lo que nos dicen aquellos que sostienen que necesitamos mucha más inmigración, lo cierto es que cada vez hay un porcentaje mayor en España de inmigrantes legales en paro”. Los datos que aportan los economistas de la Comisión Europea dan una lectura muy diferente al papel que juegan los inmigrantes en la economía española.

La inmigración como impulso del crecimiento

Al hablar de las previsiones económicas de España, Bruselas asegura que “se prevé que el crecimiento económico esté impulsado principalmente por la demanda interna, respaldada por el sólido comportamiento del mercado laboral y por el crecimiento de la inversión”. En esta demanda interna tiene un importante papel el gasto de los consumidores, que “se beneficiará del crecimiento del empleo en un contexto de sostenida inmigración y de un endeudamiento de los hogares en mínimos históricos”.

En este buen comportamiento del mercado de trabajo “las fuertes entradas de inmigración se prevé que impulsen una nueva expansión de la población activa y fomenten la creación de empleo este año”, asegura la Comisión Europea en su informe sobre España.

“Entre los Estados miembros de mayor tamaño, España registró la revisión positiva más pronunciada por efecto arrastre, donde las sorpresas en materia de empleo añaden automáticamente 0,6 puntos porcentuales al crecimiento de 2026”, recalcan desde Bruselas.

El FMI ha publicado este viernes un informe con las principales conclusiones de su evaluación sobre la economía española en las que destaca que “el crecimiento reciente ha estado impulsado por el aumento de la fuerza laboral derivado de la inmigración, mientras que también se ha producido cierta aceleración del crecimiento de la productividad”.

“La inmigración contribuyó aproximadamente a tres cuartas partes del aumento acumulado del empleo entre 2022 y 2025. Los inmigrantes —casi tres cuartas partes de los cuales procedían del resto de Europa y de América Latina— han seguido sintiéndose atraídos por la situación económica relativamente favorable de España, el amplio uso del idioma y unas políticas migratorias más acogedoras en comparación con la mayoría de las demás economías avanzadas”, recalcan desde la institución financiera multilateral.

Este respaldo a la inmigración en España como fuente de riqueza y creación de empleo llega en un momento de crítica política por parte de la formación ultraderechista, e incluso del Partido Popular, tras la aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del proceso de regularización de alrededor de 500.000 migrantes.

Otra de las políticas que están en el objetivo de la ultraderecha son aquellas que impulsan la transición ecológica. “Los ataques de la internacional reaccionaria contra el ecologismo no son una mera casualidad”, afirma el ex eurodiputado, Florent Marcellesi, que añade que “lo verde es uno de los principales campos de batalla cultural y política”.

En este sentido, el líder de la ultraderecha española insiste en sus discursos en hablar de “fanatismo climático” y de que los “pactos verdes han destruido la industria, la minería y las posibilidades de los ganaderos y agricultores”. Al igual que en su discurso contra la inmigración, sin ofrecer pruebas ni datos, Abascal asegura que el “fanatismo verde” contribuye “a la pérdida de bienestar de los ciudadanos”.

“Posición privilegiada” por las renovables

Sin embargo, un técnico de la Comisión Europea explica que “España está una posición relativamente sólida debido a su crecimiento robusto y a la diversificación de sus fuentes de energía. Esto le da una posición relativamente privilegiada para lidiar con el impacto del conflicto en Oriente Medio”.

En el informe de la Comisión se constata que “los precios de la electricidad están ahora menos estrechamente vinculados a las fluctuaciones de los combustibles fósiles, lo que refleja una mayor proporción de generación con costes marginales bajos, lo que debilita la transmisión de los choques energéticos hacia la inflación general”.

En la Comisión Europea insisten en que se ha aprendido la lección de la crisis de precios energéticos que provocó la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. En comparación con 1995, cada euro de producción económica de la UE requiere ahora, en promedio, un 44% menos de energía mientras que cada euro de producción industrial requiere un 50% menos. Más de un tercio de este progreso se ha producido desde 2019 gracias a las políticas climáticas desplegadas por la UE y los países europeos. “Aunque el fuerte aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio sigue constituyendo un importante choque de oferta negativo, su impacto habría sido mucho más grave sin la notable reducción del consumo energético en la UE”, destaca el informe económico realizado por la Comisión.

Este ajuste ha tenido lugar junto con un cambio progresivo hacia el abandono de los combustibles fósiles en el mix energético de la UE. En los últimos 35 años, la participación de las energías renovables en la energía bruta disponible se ha cuadruplicado, pasando del 5% en 1990 al 20% en 2024 y se ha triplicado en la generación de electricidad en las dos últimas décadas (hasta el 47,5% en 2024), según datos de la Comisión para la UE. Las energías eólica y solar generaron por primera vez en 2025 más electricidad que los combustibles fósiles en la UE. En España los datos son mejores: las renovables ya superan a la generación nuclear y fósil en más del 75% de los días

Con estos datos, Bruselas subraya que “este no es un momento para dar marcha atrás en las políticas, sino para acelerar la transición hacia una economía más resiliente y menos dependiente de los combustibles fósiles”.

En el mismo sentido, el FMI destaca como “factor atenuante” del efecto de la guerra de Irán sobre la economía española a “el impacto limitado del aumento de los precios del gas sobre los precios mayoristas de la electricidad, debido al creciente peso de las energías renovables en la matriz eléctrica”.

El Tribunal Supremo ha declarado nulo de pleno derecho, a raíz del recurso planteado por el Gobierno de Jorge Azcón en Aragón, el real decreto de 2024 con el que el Ejecutivo central establecía el régimen jurídico aplicable a la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses situados en el dominio público hidráulico de las cuencas intercomunitarias. La sentencia, fechada el 29 de abril de 2026, estima íntegramente el contencioso-administrativo interpuesto por la comunidad autónoma y condena al Estado al pago de las costas.

La norma anulada pretendía regular las concesiones administrativas para la puesta en servicio de instalaciones solares flotantes en embalses gestionados por la Administración General del Estado, para lo que modificaba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico de 1986.

El Supremo funda la nulidad exclusivamente en un vicio formal de procedimiento: la omisión del trámite de consulta pública previa exigido por la normativa en el momento de la tramitación. El Estado intentó justificar esa supresión alegando la existencia de graves razones de interés público, concretadas en la memoria del análisis de impacto normativo como una situación extraordinaria de encarecimiento del suministro energético. Sin embargo, el Alto Tribunal rechaza ese argumento y aplica su propia doctrina consolidada, según la cual esta omisión solo es admisible cuando concurren acumulativamente dos condiciones: que la norma tenga carácter presupuestario u organizativo y que, además, se acrediten razones graves de interés público. El decreto de plantas flotantes no cumple el primero de esos requisitos, lo que hace imposible justificar la supresión del trámite.

La Abogacía del Estado intentó también ampararse en la tramitación urgente prevista en la Ley del Gobierno, que permite prescindir de la consulta previa. El Supremo descarta igualmente esa vía: no existió ningún acuerdo formal del Consejo de Ministros que declarase la urgencia, ni el procedimiento se desarrolló sobre esa base jurídica, pues el proyecto de la norma data de marzo de 2022 sin mención alguna a razones de urgencia.

Legitimación de Aragón

La cuestión de la legitimación activa de Aragón, que el Estado había impugnado, también quedó resuelta a favor de la comunidad. El tribunal recuerda que la ejecución de la norma afectaba a competencias autonómicas en materia de medio ambiente, ordenación del territorio, turismo, deporte, pesca en aguas continentales y aprovechamientos hidroeléctricos, lo que otorga a Aragón un interés legítimo que transciende la mera defensa de la legalidad.

El Alto Tribunal rechaza, en cambio, el resto de motivos del recurso. Considera que el decreto no vulneraba los principios de buena regulación ni suprimía los mecanismos de participación autonómica previstos en la normativa general, y que la remisión a otras normas sectoriales no constituye per se una infracción de la seguridad jurídica.

La sentencia deja sin efecto toda la regulación contenida en el decreto, incluida la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico que introducía un nuevo artículo 139 ter sobre el régimen concesional de estas instalaciones. El sector fotovoltaico flotante sobre embalses de cuencas intercomunitarias queda así sin el marco reglamentario específico que el Gobierno había aprobado hace menos de dos años, en una materia que, según el propio Consejo de Estado ya advirtió durante la tramitación, precisará a medio plazo de una norma más completa y sistemática.

Matrix Renewables, compañía de energías renovables con presencia internacional, ha anunciado la conexión a la red de dos nuevos proyectos renovables en Castilla-La Mancha denominados 'Cruz de los Caminos' y 'Piedra de la Sal', ambos en la provincia de Cuenca, según ha indicado en un comunicado este miércoles.

“Este avance supone un nuevo hito en la estrategia de crecimiento y consolidación de la compañía dentro del mercado renovable español”, ha señalado, apuntando que con la puesta en marcha de ambos proyectos, Matrix alcanza ya los 15 proyectos interconectados en España, sumando una capacidad instalada conjunta de 691 megavatios (MW).

La firma ha destacado que este logro pone de relieve la “sólida capacidad” de ejecución de la compañía y su “firme apuesta” a largo plazo de apoyar la transición energética en España mediante el desarrollo de activos renovables de alta calidad.

Cuentan con un acuerdo de compraventa de energía a largo plazo

Los proyectos han sido diseñados, según la compañía, para suministrar “energía limpia y fiable al sistema eléctrico nacional, contribuyendo a la reducción de emisiones y al fortalecimiento de la seguridad energética”, han completado con éxito todos los requisitos técnicos y regulatorios necesarios para su conexión a la red. Estos activos alcanzaron su cierre financiero a principios de 2025 y cuentan con un PPA (acuerdo de compraventa de energía) a largo plazo con Merck, una de las corporaciones “más solventes a nivel mundial”.

El director de Europa y Latam de la multinacional, Sergio Arbeláez, ha subrayado “la relevancia de este hito en la consolidación de Matrix en el mercado español”. “La conexión a red de Cruz de los Caminos y Piedra de la Sal representa un nuevo logro para la compañía, apenas cinco años después de su fundación”, ha recalcado, concluyendo que “este hito afianza aún más su actividad en España, un país de referencia mundial en el sector de las energías renovables”.

En paralelo, Matrix ha recordado que continúa impulsando una estrategia centrada en la hibridación de sus plantas operativas y futuras, integrando sistemas de almacenamiento de energía y tecnología eólica para optimizar el rendimiento de los activos y así poder aportar mayor flexibilidad a la red.

Asimismo, la compañía avanza en el desarrollo de sistemas independientes de almacenamiento de energía en baterías (stand-alone BESS), reafirmando su objetivo de construir una cartera de activos equilibrada y diversificada, capaz de responder a las necesidades cambiantes del sistema eléctrico y de los mercados energéticos.

A través de este enfoque integrado, Matrix ha enfatizado que busca “maximizar la resiliencia, la eficiencia y el valor a largo plazo de su cartera, mientras continúa contribuyendo al desarrollo de un sistema energético más sostenible, flexible y seguro en España”.

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), Ecologistas en Acción, la Plataforma Aliente y la Plataforma de Afectados por el Parque Solar Fotovoltaico 'Haza del Sol' han escenificado este lunes en Guadalajara su rechazo frontal al proyecto fotovoltaico previsto en Fuentelencina y han reclamado una moratoria inmediata que permita abrir un proceso de diálogo y revisión del expediente.

Con la presencia también en la comparecencia de numerosos agricultores, estos colectivos han denunciado la “falta de información” del Ayuntamiento de Fuentelencina, criticaron la actuación de la Junta de Castilla-La Mancha y han reclamado públicamente el cese del delegado provincial de Agricultura, Santos López Tabernero, que además es alcalde del municipio afectado.

El proyecto 'Haza del Sol' contempla una planta fotovoltaica de 275 hectáreas --2,75 millones de metros cuadrados-- y una línea de evacuación de 41 kilómetros que atravesaría distintos municipios de la provincia hasta conectar con Madrid. Según APAG, el parque supondrá una “agresión” al sector agrario, al paisaje y al ecosistema de la Alcarria.

El presidente de APAG, Juan José Laso, sostiene que la infraestructura “no aporta ningún beneficio” a la provincia y que únicamente servirá para exportar energía fuera del territorio. “Esto va a ser una cicatriz más para transferir energía a Madrid, sin ningún beneficio para los que habitamos el medio rural de Guadalajara”, ha afirmado.

Laso ha defendido que el Ayuntamiento todavía dispone de herramientas urbanísticas y administrativas para frenar o replantear la instalación y ha pedido que se apruebe una moratoria municipal “para abrir un periodo de discusión y diálogo”.

Uno de los aspectos más duros de la comparecencia ha sido la crítica al doble cargo de Santos López Tabernero como alcalde de Fuentelencina y delegado provincial de Agricultura. APAG ha calificado de “incomprensible” que quien representa institucionalmente al sector agrario respalde, a su juicio, un proyecto perjudicial para agricultores y ganaderos.

“Un delegado de Agricultura tiene que apoyar al sector agrícola y defender las incorporaciones de jóvenes agricultores, no ser un adalid de empresas fotovoltaicas”, ha declarado Laso, que ha pedido al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, que lo cese “y explique por qué favorece un proyecto que va contra los intereses agrícolas de la provincia”.

Más de 50 afectados

Por su parte, la Plataforma de Afectados ha denunciado además que los propietarios y agricultores no tuvieron conocimiento oficial del proyecto hasta febrero de este año, cuando comenzaron a recibir cartas de la empresa promotora planteando contratos de alquiler o advirtiendo de posibles expropiaciones.

Aurelio Urigoga, portavoz de la plataforma, ha asegurado que los vecinos se sintieron “desprotegidos” y ha denunciado que el Ayuntamiento “en ningún momento” les informó previamente de la tramitación. “O cedíamos las tierras por 1.000 euros por hectárea o nos las quitaban”, ha resumido.

Según ha detallado, muchos afectados no pudieron presentar alegaciones en fases anteriores porque desconocían la publicación del proyecto en el Boletín Oficial del Estado. “Ningún agricultor de Fuentelencina se lee el BOE todos los días”, ha lamentado.

Calculan que existen más de 50 afectados directos e indirectos entre propietarios, agricultores y explotaciones agrarias vinculadas a la zona del proyecto y a la línea de evacuación.

Durante la rueda de prensa también se ha alertado de las consecuencias económicas para los jóvenes agricultores que recientemente se incorporaron al sector mediante ayudas públicas.

Víctor Plaza, representante de Jóvenes Agricultores de APAG y vecino de Fuentelencina, ha advertido de que algunos podrían incumplir los compromisos adquiridos con la Administración si pierden las tierras de cultivo. “Hay jóvenes que han invertido en maquinaria, modernización y explotaciones y ahora podrían verse obligados a devolver ayudas públicas”, ha denunciado.

“Mientras unas administraciones fomentan el relevo generacional, otras permiten proyectos que nos expulsan del territorio”, ha añadido.

Impacto

También desde Ecologistas en Acción y Aliente han respaldado las críticas y denunciado “prepotencia” por parte de las empresas promotoras. Se han cuestionado especialmente las cartas remitidas a los propietarios con plazos de 15 días para aceptar acuerdos antes de iniciar posibles expropiaciones.

La organización ecologista ha asegurado haber trasladado esta situación a la Consejería de Desarrollo Sostenible y criticado la ausencia de una normativa autonómica clara que proteja a los propietarios frente a este tipo de proyectos.

Además, los colectivos han insistido en que no se oponen a las energías renovables, pero sí al modelo de implantación elegido. Los afectados han cuestionado también aspectos técnicos del expediente, como la ausencia de un plan de desmantelamiento de la planta al finalizar su vida útil o de estudios de seguridad específicos frente a incendios.

Asimismo, han advertido de posibles impactos sobre la fauna protegida y sobre explotaciones ganaderas próximas, entre ellas una finca de caballos árabes situada junto al trazado de la línea de evacuación. Durante la comparecencia, técnicos de APAG han recordado que el proyecto inició su tramitación ambiental en 2021 y obtuvo posteriormente declaración de impacto ambiental favorable con modificaciones.

Sin embargo, ha apuntado que todavía queda pendiente el procedimiento vinculado a la declaración de utilidad pública y las expropiaciones. Todos ellos han insistido en que todavía existen vías administrativas y municipales para intentar frenar el proyecto, especialmente a través de alegaciones y de la ordenación urbanística local.

En este sentido, han citado ejemplos de municipios de Guadalajara que aprobaron moratorias o restricciones a instalaciones fotovoltaicas. “Se llenan la boca hablando de la España despoblada y del medio rural, pero luego permiten que se expulse a agricultores y jóvenes de los pueblos”, han resumido los convocantes.

Una subida lenta del nivel del mar ya altera el equilibrio del delta del Ebro y cambia cómo se comporta el agua en sus bahías. Este espacio reúne una de las mayores concentraciones de especies en Catalunya, con ecosistemas que dependen de la salinidad y de la temperatura para mantener su funcionamiento.

El delta del Ebro está en riesgo por distintos motivos que actúan al mismo tiempo, desde la presión climática hasta la regresión de la costa o la variación en las condiciones del agua. Esa riqueza biológica que lo define también lo hace vulnerable, porque cualquier cambio en esas variables repercute en los hábitats y en las actividades que dependen de ellos, incluida la acuicultura.

La Generalitat impulsa un plan para transformar la acuicultura

El plan de la Generalitat hasta 2029 busca transformar el cultivo de mejillón y ostra en el delta del Ebro mediante descarbonización, modernización energética y adaptación al cambio climático. El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha presentado esta iniciativa con el objetivo de responder a los retos ambientales y energéticos que afectan al sector.

Òscar Ordeig, conseller de Pesca de la Generalitat, impulsó el proyecto coincidiendo con la campaña del mejillón de 2026. El programa plantea cambiar el modelo productivo para que pueda mantenerse en un contexto cada vez más exigente.

La sustitución de motores de combustión en las embarcaciones auxiliares marca uno de los cambios más claros. Estos motores generan más de 215 toneladas anuales de CO2, una cifra que condiciona tanto el impacto ambiental como el coste energético.

El plan plantea introducir sistemas eléctricos y desplegar puntos de recarga en zonas como la Petita Venècia o la Illa de Mar. Esa transformación modifica la operativa diaria, porque reduce el consumo de combustible y ajusta el uso de energía a un sistema distinto.

La instalación de placas solares en las infraestructuras del sector abre otro frente de cambio. En 35 almacenes situados en la Petita Venècia se retirarán cubiertas para colocar sistemas fotovoltaicos que cubran una parte del consumo, estimado en unos 165.000 kWh al año.

Las plataformas acuícolas también incorporarán estos sistemas, con el objetivo de reemplazar generadores alimentados por combustibles fósiles. Esa producción energética propia permite reducir costes y ajustar la actividad a un modelo menos dependiente del exterior.

La actividad genera millones y depende del estado del entorno

El aumento de la temperatura del agua ya está afectando a la producción de mejillones y ostras. Las condiciones en las bahías cambian y obligan a modificar calendarios y técnicas de cultivo para evitar pérdidas. El plan introduce medidas como la captación de semilla en zonas más frías fuera de las bahías y refuerza los controles sanitarios para reducir la mortalidad. Aun así, el comportamiento del clima sigue marcando el límite de estas actuaciones, porque el entorno condiciona directamente el resultado.

La relevancia económica del sector explica la urgencia de estas medidas. En el delta del Ebro hay 197 mejilloneros en activo y 167 plataformas de cultivo, con 90 en la bahía de Els Alfacs y 77 en la del Fangar. La producción anual supera las 2.900 toneladas y genera unos ingresos cercanos a los siete millones de euros en primera venta. Esta actividad depende de la calidad ambiental del entorno y está ligada a espacios protegidos como el Parque Natural y la Red Natura 2000.

La financiación del plan combina recursos públicos y fondos europeos. El 30% procede de aportaciones públicas y el 70% restante llega desde Europa, con una dotación inicial de cinco millones de euros. Además, se contemplan ayudas directas de 30.000 euros anuales hasta 2028 para la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre. Estas aportaciones buscan facilitar la adaptación del sector a los cambios técnicos y energéticos que exige el nuevo modelo.

La creación de una organización de productores acuícolas forma parte de la estrategia para mejorar la comercialización. El objetivo es reforzar la marca Marisc Delta de l’Ebre y abrir nuevas vías como el turismo vinculado a la acuicultura. Esa estructura permite coordinar la producción y dar más fuerza al sector en el mercado, donde la competencia aumenta y obliga a diferenciar el producto.

El plan hasta 2029 se plantea como una transformación completa del sistema productivo. No se trata de ajustes aislados, sino de adaptar cada parte del proceso a las nuevas condiciones del entorno y de la energía. Ese cambio afecta a cómo se produce, cómo se gestiona la energía y cómo se organiza el sector, mientras cada variación en las aguas del delta condiciona la continuidad de la actividad.

El sesgo antirrenovable de los acuerdos del PP y Vox para gobernar en Extremadura y Aragón ha puesto en guardia al sector de las energías limpias. A la espera de otro posible pacto en Castilla y León, los acuerdos en materia de energía han pasado bastante desapercibidos tras la polvareda levantada por la llamada “prioridad nacional” en el acceso a los recursos públicos. Pero, sin que se hayan concretado todavía, han encendido las alarmas en todas las patronales consultadas.

Los pactos para investir a los populares María Guardiola y Jorge Azcón con el apoyo de la ultraderecha contienen cláusulas prácticamente idénticas con “el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional -incluidas vías pecuarias- y en aquellos suelos en los que se produzca una afección al patrimonio natural”. Las “primeras medidas” deben aprobarse este año.

“El desarrollo energético debe compatibilizarse con la protección del territorio y los usos y costumbres del campo, la actividad económica del sector primario y la conservación del medio natural, considerando todos estos factores como criterios condicionantes o, en su caso, excluyentes”, dicen esos acuerdos, cuyo cumplimiento “íntegro” exigió este miércoles Vox en la investidura de Azcón. En Extremadura prometen “blindar” la continuidad de la central nuclear de Almaraz.

Como ironiza un ejecutivo del sector, “en energía no hay prioridad nacional, sino prioridad nuclear del uranio ruso”. Pedro Fresco, director general de la patronal valenciana de renovables Avaesen, señala que “no sabemos aún en qué se convertirá esta dialéctica” que “en todo caso, es claramente anti-renovables”. “Tiene toda la pinta de que es una exigencia desde Madrid; si no, no serían dos textos tan parecidos”.

“Estamos esperando a ver la concreción” y que se forme gobierno “para solicitar una entrevista e intentar comprender cómo se va a articular”, dice al teléfono el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, que reconoce su preocupación y comparte que esos acuerdos priorizan “al uranio ruso o al petróleo de Irán”.

España importa todo el uranio enriquecido que consumen sus nucleares. Un 40% viene de Rusia, como explicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, cuando compareció por el histórico apagón eléctrico del que acaba de cumplirse un año.

“Ninguna racionalidad”

Estos pactos “pueden traducirse, en su aplicación práctica, en trabas reales al desarrollo de las energías renovables”, advierte José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), que cree “importante” proteger “los suelos de alto valor natural, los espacios con usos tradicionales y aquellas zonas donde la actividad agraria tenga un papel económico, social o ambiental relevante”, pero “con criterios técnicos, proporcionados y compatibles con otros objetivos estratégicos del país, como la electrificación, la independencia energética, la competitividad industrial y la lucha contra el cambio climático”, añade.

El director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, recuerda que los compromisos de España con la UE “establecen una senda clara de incremento de la capacidad renovable para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar la seguridad energética”. “Los programas electorales y las hojas de ruta de los distintos partidos, así como los acuerdos entre formaciones políticas, deberían situar, como uno de los pilares de su estrategia energética, el despliegue eólico —al margen de posicionamientos ideológicos— como palanca de seguridad y competitividad nacional, para generar electricidad competitiva y libre de emisiones, atraer inversión y fortalecer el tejido industrial y el empleo”.

“Es absurdo, es como si fuera una emergencia nacional” cuando “no hay ninguna racionalidad detrás”, dice el director de UNEF.

“No deberíamos enfrentar al sector primario con el sector renovable. Existen suelos agrarios que no están siendo explotados, terrenos con baja productividad o espacios donde los proyectos renovables pueden convivir con la actividad agrícola, ganadera o industrial. Una regulación excesivamente restrictiva, aplicada de forma generalizada, puede acabar bloqueando oportunidades de inversión, empleo y desarrollo rural precisamente en territorios que necesitan nuevas fuentes de actividad económica”, avisa el director de APPA.

La andanada de PP y Vox llega cuando la energía limpia se ha mostrado clave para proteger a España de la onda expansiva de la actual crisis energética mundial, “más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas”, según el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

Pese al cierre del estrecho de Ormuz, por el que transitaba un 20% del petróleo y el gas que consume el planeta, España está más protegida que otros países gracias a las renovables, como han reflejado recientemente medios de referencia como New York Times. Financial Times, el diario económico más influyente del mundo, glosó en marzo el “modelo” español para protegerse de shocks petroleros como este.

Este miércoles, en una conferencia con analistas para presentar los resultados trimestrales de Iberdrola, su presidente ejecutivo, Ignacio Sánchez Galán, recalcó “la autonomía energética” que proporcionan las fuentes autóctonas “en la seguridad nacional”. Está, dijo, en la agenda de todos los países europeos, aunque el ejecutivo incluyó a las nucleares, como Almaraz, cuyo primer accionista es la primera eléctrica española.

El director general de UNEF cree que con esas promesas, derecha y ultraderecha “están agitando un problema que no existe” y se pregunta “cuál es el interés” que hay detrás. “A nivel global, todo el desarrollo fotovoltaico se puede hacer con 0,03% del territorio”. “No hay una contraposición entre territorio agrícola y fotovoltaica”, insiste Donoso, que cree que “el problema” del campo “es el abandono por falta de rentabilidad de los cultivos”, no la instalación de renovables.

“Se puede seguir usando el 99,7%” del terreno. “Estamos dejando rentas a los propietarios que sin tener en cuenta el efecto inducido que tiene todo ese gasto suponen 100 millones de euros cada año para Extremadura”, solo en impuestos a ayuntamientos y pagos de alquileres del terreno, al margen de los puestos de trabajo que se generan.

Para el director general de AEE, “planteamientos que abogan por impedir la implantación de proyectos renovables en suelos productivos o de uso tradicional no se ajustan a la realidad del desarrollo eólico ni al propio marco regulatorio vigente. La eólica es, por definición, una tecnología compatible con el uso agrario del suelo, permite la continuidad de actividades como la agricultura y la ganadería y genera rentas adicionales para el territorio. Nunca sustituye usos, los complementa”.

Desarrollar un parque eólico en España implica plazos de tramitación que pueden superar siete años, más que otros países europeos, recuerda Márquez. Los proyectos deben cumplir un marco regulatorio “exigente”, tanto si dependen de la administración autonómica (hasta 50 MW) como estatal (más de 50 MW), “incorporando distintos hitos con evaluaciones técnicas, ambientales y sociales. Este marco extremadamente garantista asegura la compatibilidad de las instalaciones con los usos tradicionales del territorio, como la agricultura, la ganadería o el turismo, y asegura que no se autoricen proyectos que puedan afectar al patrimonio cultural o natural”.

“Planificación rigurosa”

Para Márquez, “introducir criterios excluyentes de carácter general o restricciones indiscriminadas no solo resulta contradictorio desde el punto de vista normativo”. “Puede comprometer el cumplimiento de los objetivos energéticos, frenar inversiones estratégicas y limitar oportunidades de desarrollo económico en el medio rural. La clave no reside en prohibiciones genéricas, sino en una planificación rigurosa, basada en evidencia técnica, que permita compatibilizar el despliegue renovable con la protección del territorio y el mantenimiento de sus usos tradicionales. Establecer territorios prohibidos frente a otros no hace sino desequilibrar el progreso económico y la vertebración del país”.

El director de APPA advierte: “Desde un punto de vista nacional, las comunidades autónomas son libres de impulsar las políticas que consideren oportunas dentro de sus competencias. Pero también lo son las empresas a la hora de decidir dónde invierten. Y, en un contexto de fuerte competencia territorial, la inversión tenderá a dirigirse hacia aquellas regiones que ofrezcan mayor seguridad jurídica, menos trabas administrativas y una visión más equilibrada entre protección del territorio y desarrollo”.

Su homólogo de AEE reclama “avanzar hacia una mayor agilidad administrativa, con unidad de criterios técnicos entre Administraciones, reduciendo cargas burocráticas sin menoscabar las garantías ambientales”, y “estrategias que pongan en valor el impacto económico local de los proyectos, impulsen la electrificación de la economía y aseguren un desarrollo equilibrado, compatible con la biodiversidad y el arraigo territorial”.

El director de UNEF recuerda que “el año pasado el 25% de todas las peticiones de demanda” para conectar nuevas industrias o centros de datos, con 5.611 MW de puntos de conexión, “fueron a Extremadura, cuando solo tiene el 2% de la población”. Esta región es la tercera de España con más potencia fotovoltaica de España, 8.757 MW (16% del total), solo superada por Andalucía (24%) y Castilla-La Mancha (28,5%). Aragón, con 4.072 MW fotovoltaicos, es la segunda con más potencia eólica (6.155 MW), tras Castilla y León.

Este sector, subraya Donoso, “es un motor de desarrollo que se quiere evitar”. “Están haciendo una puñeta al país, porque necesitamos esa energía, pero también al mundo rural”.

Grandes proyectos

Se desconoce qué impacto tendrán estas promesas en grandes proyectos industriales vinculados a las renovables anunciados en los últimos años en Extremadura y Aragón, como la famosa planta de diamantes en Trujillo de la estadounidense Diamond Foundry, participada por el actor Leonardo DiCaprio, que tiene concedidas subvenciones de 81 millones de euros, aprobadas por la Comisión Europea por su “alineación con los objetivos estratégicos de la UE en creación de empleo, desarrollo regional y transición ecológica”.

Esa planta es complementaria a la inversión de 1.000 millones de Diamond Foundry que Azcón anunció en febrero para fabricar chips y componentes tecnológicos en Zaragoza.

La china Envision proyecta desde hace años una fábrica de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres), financiada parcialmente con el PERTE-vehículo eléctrico, y Hunang Yuneng ya ha adquirido terrenos en Mérida para una factoría de cátodos eléctricos para baterías, con subvenciones de 23 millones vinculados a ese PERTE.

El martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, advirtió de que “ya estamos viendo” un retroceso en las políticas ambientales con los acuerdos autonómicos del PP y Vox, que en Extremadura va a asumir la vicepresidencia y las consejerías de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y la de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. Aagesen ve “una temeridad” una agenda “negacionista que desprotege a la ciudadanía”. “La agenda verde viene cargada de oportunidades” y “lo que están haciendo es profundamente irresponsable”.

La batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto europeo correspondiente a 2028-2034, ha empezado acentuando la clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea. Vuelve la guerra dialéctica entre los países que aspiran a la austeridad –Alemania, Países Bajos, Austrias, Finlandia o Suecia– y los países que pretenden aumentar el gasto y hacer uso de la deuda –Francia, España, Grecia, Portugal o Italia–. Los 27 se enfrentan ahora divididos a diseñar el nuevo presupuesto en el que se pretende conjugar el avance hacia la soberanía económica con el incremento de partidas en defensa, competitividad y transición ecológica sin abandonar el gasto en cuestiones que han definido la esencia de la UE en los últimos años como la política agrícola y los fondos regionales. En esta diatriba, la opción de la deuda se ha vuelto a colar para distanciar aún más a los bloques.

La Comisión Europea presentó una propuesta legislativa con una asignación financiera de 1,7 billones de euros para el próximo presupuesto de la UE, lo que supone elevar un 59% la cuantía de las cuentas públicas europeas que correspondientes al período 2021-2027.

No solo va a ser una pugna entre países. Este martes, el Parlamento europeo ha aprobado su posición respecto al Presupuesto europeo en el que defiende un incremento del presupuesto del 10% sobre la propuesta de la Comisión, con un aumento nominal de 175.110 millones de euros. Ahora bien, la Eurocámara exige una particularidad: excluye los costes de reembolso de la deuda de los fondos NextGeneration EU, que ascienden a 149.300 millones de euros. Además, los parlamentarios europeos se oponen firmemente a cualquier renacionalización, rechazan un enfoque “a la carta” y advierten de que el modelo de la Comisión de “un plan por Estado miembro” podría debilitar las políticas europeas.

La Eurocámara quiere modificar la estructura del presupuesto presentada por el equipo de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y que haya líneas presupuestarias diferenciadas para políticas individuales que se han convertido en el objetivo de los frugales para su reducción: la PAC y pesca, la política de cohesión, el Fondo Social Europeo y los asuntos de interior. Finalmente, los eurodiputados reafirman la necesidad de la introducción de nuevos “recursos propios” para reembolsar la deuda de los fondos para luchar contra la crisis que provocó la pandemia. Estos nuevos ingresos deberían generar alrededor de 60.000 millones de euros anuales. Entre las propuestas presentadas están un gravamen a los servicios digitales, un impuesto al juego en línea, una ampliación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) o un gravamen sobre las plusvalías de criptoactivos.

“Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos”

El canciller alemán, Friedrich Merz, aprovechó la cumbre de Chipre para lanzar un mensaje en contra del incremento del presupuesto europeo. “Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos y esto también significa que tenemos que fijar nuevas prioridades”, aseguró Merz.

Sin nombrarlo, el canciller alemán pretende rebajar las partidas que menos afectan a una Alemania en una situación económica muy difícil: los fondos para la Política Agraria Común (PAC) y los dedicados a las políticas de Cohesión, que hasta el pasado presupuesto multianual suponía un poco más 60% del total de la cuantía.

Mucho más expeditivo fue el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, que además de apuntar que el incremento presupuestario propuesto por la Comisión era “inaceptable tanto por su tamaño como por las contribuciones nacionales”, subrayó la necesidad de reducir las cuantías con el eufemismo de la modernización y la eficiencia. “Es absolutamente crucial que la propuesta actual se reduzca considerablemente y que el presupuesto europeo se modernice significativamente en los próximos años para poder abordar nuestra seguridad y construir una economía más sólida. Podemos reasignar fondos, aún gastamos mucho dinero europeo en política agrícola. Eso se puede hacer de forma mucho más eficiente”, avisó Jetten.

Frugales frente a los amigos de la cohesión

Este bloque de austeridad, conocidos como 'frugales', además de Alemania y Países Bajos está respaldado por Austria y por el grupo de nórdicos, donde los líderes de países como Suecia o Finlandia se han posicionado por mantener las partidas de gasto y hacer otra redistribución de las cuantías que primen más los fondos destinados a competitividad o defensa.

Mientras, en el otro lado de la frontera del gasto se posicionaron los países del Sur. No es la primera vez que ocurre, en las negociaciones del pasado presupuesto se creó el grupo de “los amigos de la cohesión”, compuesto principalmente por España, Portugal, Polonia y Grecia, que defiende el mantenimiento y refuerzo de los fondos de cohesión y la PAC. Este grupo tiene ahora nuevas adhesiones como son Italia y Francia. España, al igual que Francia, lleva ya desde hace un año advirtiendo que si se quiere cumplir con las nuevas necesidades de gasto por los retos que impone el nuevo contexto geopolítico hay que “duplicar el presupuesto europeo”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un llamamiento a los Estados miembros “a ser ambiciosos con los próximos presupuestos”, si se quiere ser coherente con las prioridades estratégicas de la Unión: competitividad, innovación, transición ecológica y digital, así como seguridad.

Sánchez además pidió “abrir un debate sobre la extensión de los Next Generation seis o 12 meses para que los fondos que no han sido utilizados, sean empleados para la electrificación y la transformación energética” y “una flexibilización de las reglas fiscales para la inversión en esa transformación energética, al igual que se ha hecho con el presupuesto de gasto en defensa”.

La flexibilización de las reglas fiscales es una petición que también ha hecho suya la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, además de admitir que “es una negociación muy difícil en la que las posiciones de partida son muy distintas”, también advirtió de que Italia tiene “unas líneas rojas” que son los fondos de cohesión y los fondos de la Política Agrícola Común.

Meloni argumentó su posición asegurando que “no implica desacuerdo, ya que compartimos una visión común tanto en materia de defensa como de competitividad estas cuestiones están inextricablemente ligadas. De poco sirve ocuparnos de nuestra seguridad si luego no abordamos la seguridad alimentaria; y es inútil intentar construir competitividad si no entendemos que la cohesión —poner a todos los territorios en condiciones de competir en igualdad de condiciones— es un requisito previo para cualquier forma de competitividad”.

“Mientras buscamos nuevos recursos para financiar nuevas prioridades —y, objetivamente, no son tantos y nos está costando encontrarlos—, también deberíamos dar una señal en lo que respecta a los gastos administrativos”, ha subrayado Meloni para criticar que se dediquen fondos para renovar la sede del Consejo Europeo.

Otro campo de batalla: la deuda

Y en la búsqueda de esos fondos es dónde se ha abierto otro campo de batalla: la deuda. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la deuda contraída por la Unión Europea durante la pandemia de Covid debería prorrogarse y que el bloque debería emitir nuevos bonos europeos.

“No tiene sentido devolver ahora la deuda de la covid, lo que tendría un impacto negativo en los presupuestos, cuando existe una fuerte demanda de títulos y bonos europeos. Nos endeudamos durante la covid. Hoy se nos dice: hay que devolverlo rápidamente. Eso es idiota. Renovemos esta deuda; emitamos de nuevo bonos, porque la gente quiere estos títulos a bajo coste. Eso nos da margen de maniobra”, remarcó Macron.

Si hay que devolver ya la deuda contraída por la covid el próximo presupuesto plurianual se resentirá. Hay que pagar unos 25.000 millones al año a partir de 2028 para cubrir la deuda que sirvió para la recuperación de las economías ahogadas por la pandemia.

Una vez más, Merz salió a marcar terreno con el discurso de la austeridad: “Lo que Alemania no se plantea es un aumento de la deuda ni tampoco bonos europeos en los mercados de capitales. Esta es una posición que no sostiene Alemania. Lo saben los colegas. Muchos comparten mi opinión”, poniendo sobre la mesa las líneas rojas alemanas.

Otra opción es que el incremento del presupuesto mayor no recaiga sobre los países de la UE, donde algunos tienen un grave problema para cumplir con las reglas fiscales. Aunque tampoco gusta en algunas capitales, una solución puesta sobre la mesa sería el incremento de impuestos que van directamente al presupuesto europeo.

“Al final, lo lograremos, Europa no puede permitirse quedarse fuera del juego frente a Estados Unidos y China”, puntualizó Macron. Al final habrá que aplicar la razón. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, que al igual que Macron cuestionó la lógica de devolver ahora los préstamos del Fondo de Recuperación, explicó que el presupuesto europeo es “seguro y solvente, especialmente cuando el bloque se endeuda de forma conjunta”. “Habrá concesiones mutuas y cualquier resistencia será superada o Europa tendrá que aceptar expectativas más bajas. No podemos decir que queremos hacer más con menos”, concluyó Mitsotakis.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la adjudicación provisional de 500 millones de euros en proyectos de descarbonización para sectores como el cementero, el químico, el aluminio o el papel, que contribuirán a electrificar procesos industriales, incorporar hidrógeno verde, optimizar la gestión energética y desplegar otras tecnologías limpias.

El jefe del Ejecutivo ha avanzado la resolución, anunciada hace solo dos meses en el Congreso Nacional de Industria, este lunes durante la inauguración del Invest in Spain Summit, un foro organizado por Economía que este año celebra su segunda edición, después de que la primera tuviera que ser suspendida al coincidir con el apagón.

En concreto, el Gobierno ha aprobado la resolución provisional que beneficiará a 18 proyectos por un valor de 518 millones de euros. En concreto, el sector cementero es el más beneficiado por la resolución de esta línea del PERTE de Descarbonización Industrial, con 341 millones de euros. De estos, 172 millones serán para Cemex y 41 millones para Molins.

Alcoa, productora de aluminio, recibirá 40 millones de euros. Unión Industrial Papelera ha sido adjudicataria de 31,8 millones, que permitirán poner en marcha su Plan de descarbonización de la fábrica de papel reciclado en La Pobla de Claramunt, Barcelona; y Evonic, del sector químico, otros 30 millones para sus actuaciones de descarbonización para la producción de peróxido de hidrógeno en su planta de La Zaida, en Zaragoza.

“Siempre que me reúno con inversores extranjeros me hago la misma pregunta: no me cuestiono por qué invierte en España, me pregunto por qué no invierten aquí los que no lo hacen todavía”, ha dicho el jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha puesto en valor que España es un país “fiable”, con un marco jurídico “estable” y que ofrece oportunidades de inversión, al tiempo que cuenta con la economía más dinámica de la zona euro, con gran creación de empleo y unos precios energéticos más baratos.

Antes, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha dado la bienvenida a los 75 inversores de más de 25 países presentes recordando al nobel español Santiago Ramón y Cajal, laureado por sus estudios sobre el cerebro humano. Ese ejemplo de innovación, que sigue siendo relevante más de un siglo después, demuestra “como España está preparada para afrontar los retos clave” del momento: desde la transición energética a la integración de la inteligencia artificial en la economía productiva.

“Están en el lugar adecuado en el momento adecuado”, ha celebrado el 'número dos' del Ejecutivo.

Ya se tramita como Proyecto de Singular Interés (PSI) la futura planta de acero verde que la empresa Hydnum Steel va a instalar entre el núcleo urbano de Puertollano (Ciudad Real) y el polígono industrial de La Nava de la ciudad. Su primer expediente está en información pública hasta finales de junio y, si recibe posteriormente luz verde ambiental, se convertirá en la primera acería de estas características en España y Europa.

Se considera acero verde el producto elaborado mediante tecnologías que eliminan o reducen drásticamente las emisiones de CO2 durante su fabricación, utilizando hidrógeno verde en lugar de carbón. Se basa, por tanto, en energías renovables para lograr un proceso libre de combustibles fósiles, constituyendo una alternativa sostenible con una huella de carbono “cercana a cero”. 

Este tipo de material es considerado desde hace años “un elemento fundamental para alcanzar la neutralidad climática”, aunque actualmente, según BBVA, su coste de producción es mayor que el del acero tradicional. No obstante, muchos expertos prevén que es el futuro de la metalurgia, alineado con la economía circular.

Fabricar acero verde es actualmente más costoso que el convencional, con primas estimadas entre 120 y 170 euros más por tonelada en Europa para 2026, llegando incluso a reportarse costes operativos superiores a los 1.000 euros por tonelada mediante rutas de hidrógeno. Esto representa un incremento de aproximadamente el 40% sobre el acero tradicional, principalmente debido a la alta inversión en tecnología de hidrógeno y electricidad.

Pero tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como la empresa Hydnum Steel parecen haber hecho sus cálculos de cara la futura planta de Puertollano. Esta ciudad es ya un nodo estratégico y referente en hidrógeno verde (H2V) en Europa. Alberga la planta de Iberdrola, la mayor de uso industrial en su inauguración hace cuatro años. Utiliza el cien por cien de energía renovable (solar fotovoltaica con 100 megavatios y baterías con 20 megavatios por hora) para producir hidrógeno destinado a la fábrica de Fertiberia.

Es esta ciudad se encuentra también el Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), una instalación científica dedicada a la investigación, desarrollo y validación de tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible. Impulsa la transición energética mediante proyectos de I+D, simulaciones y la homologación de componentes para transporte, energía y la industria.

Estos factores son todo ventajas para Hydnum Steel. Además, el hecho de que su acería verde se tramite como PSI significa que sus trámites urbanísticos y administrativos serán más ágiles: el Ejecutivo regional considera que es un “proyecto prioritario”, es decir, con un impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de la región.

El proyecto de su solicitud de autorización ambiental ya se ha sometido a información pública, según la resolución de la Consejería de Fomento publicada en el Diario Oficial de la comunidad autónoma (DOCM). El Gobierno de Castilla-La Mancha lo considera “un proyecto industrial estratégico para la región” que contará con una inversión de más de 1.521 millones de euros.

El impacto económico que se espera llegará a los 11.000 millones de euros, según el Ejecutivo. En total, la planta prevé crear más de 1.000 empleos directos y alrededor de 5.000 puestos de trabajo indirectos, revitalizando una zona con alta tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes.

Un proyecto prioritario pendiente de su impacto ambiental

Debido su catalogación especial, la tramitación urbanística del proyecto se está realizando conforme la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios de Castilla-La Mancha. Después de este proceso de participación, el Gobierno regional debe realizar el informe de impacto ambiental conforme a la normativa de prevención y control de la contaminación. Será entonces cuando se conozcan sus posibles afecciones al medio ambiente y al propio núcleo urbano de Puertollano.

Precisamente, en la resolución de Fomento se indica que Hydnum Steel tiene por objeto la creación de una planta industrial de producción de bobinas de acero mediante la utilización de energías limpias, de forma que la huella de carbono del producto final represente “un 98% de reducción” respecto a la generada con los procesos actuales, realizados mediante altos hornos y hornos de oxígeno.

El ámbito del PSI, de aproximadamente 209 hectáreas, se ubica entre el núcleo urbano de Puertollano y el polígono industrial de la Nava en terrenos clasificados mayoritariamente como suelo rústico de reserva, proponiéndose su clasificación como “suelo urbanizable”, aunque existe un pequeño ámbito con clasificación de suelo urbano residencial en la Barriada del Río Ojailén.

Sobre esta zona ya avisó en un informe previo la Consejería de Cultura, en la elaboración previa del Inventario de Patrimonio Cultural: ahí se constata que parte los terrenos afectados por el proyecto se incluyen dentro del ámbito de prevención arqueológica 'Costanillo'. Se encuentra en una terraza en el margen izquierdo del río Ojailén. Es una zona llana, en gran parte alterada por las explotaciones mineras y el desvío del cauce, en la que hay localizada “abundante materia prima de cuarcita”.

También incide en esta cuestión arqueológica la asociación Ecología y Libertad en su informe previo a la autorización ambiental. Y alerta además del impacto paisajístico por la altura de 55 metros que prevé la fábrica “en medio de la llanura característica de la Mancha”. Alerta igualmente de las consecuencias en la olivarera de Puertollano: afirma que la actuación requerirá que sean arrancados “un gran número de pies arbóreos” que funcionan como sumidero de carbono.

Al margen de los escritos previos y mientras se realiza la evaluación ambiental, el documento publicado en el DOCM ya precisa que la actuación comporta afecciones a la ordenación estructural. Asimismo, a fin de posibilitar los usos previstos en el PSI, se generan unas “condiciones particulares” según las ordenanzas municipales para definir los parámetros urbanísticos de cada una de las parcelas resultantes.

En total, en la resolución se reconocen 104.714,50 metros cuadrados de suelo para equipamientos públicos y 290.535,61 metros de suelo para zonas verdes y espacios libres, como superficies de cesiones obligatorias. El desarrollo propuesto incluirá las obras de urbanización interior y para conectar con las infraestructuras necesarias.

Como parte del PSI, se resuelven también todas las conexiones exteriores que se precisan, y se asegurará el “adecuado funcionamiento” de las obras e instalaciones que constituyan su objeto, así como la conservación y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios ya existentes.

No obstante, esta relación podría variar en función de los posibles acuerdos a los que pudieran llegar, para su adquisición, los titulares de esos bienes y la empresa promotora, así como por los “ajustes de diseño” que se deriven de la redacción de los proyectos técnicos antes de la aprobación definitiva del proyecto.

Simultáneamente al trámite de información pública, se consultará a todas las administraciones públicas territoriales, entidades u organismos, titulares o gestoras de bienes o servicios afectados y personas interesadas, indicándoles la posibilidad de emitir informe o formular alegaciones.

Hydnum Steel llegó a presentar su proyecto en la Comisión de Industria y Turismo del Congreso: “Cero emisiones”, “cero vertidos” y energía renovable para descarbonizar la siderurgia, una industria que representa casi el 10% de las emisiones de CO2 a nivel global.  

Vamos a demostrar que es posible producir acero sin comprometer el futuro del planeta, cuidando cada gota de agua

“Otra forma de producir acero es posible”, afirmó en las Cámara Baja la CEO de Hydnum, Eva Maneiro. Indicó que la planta de Puertollano será un “modelo de sostenibilidad hídrica” gracias a su sistema pionero de reutilización de aguas residuales. “Vamos a demostrar que es posible producir acero sin comprometer el futuro del planeta, cuidando cada gota de agua”, añadió.

El Foro Económico Mundial (WEF) ha reconocido a esta empresa como uno de los cinco proyectos “más innovadores a nivel global en la carrera por descarbonizar la producción de acero”.

Según las previsiones de la empresa, Europa necesitará producir hasta 30 millones de toneladas de acero verde para 2030, un reto que “solo podrán asumir aquellos que inviertan ahora en innovación y sostenibilidad”, afirma.

Digitalización y agua

Una de las características más innovadoras que promete Hydnum Steel es el uso del ‘Gemelo Digital’ desarrollado junto con Siemens, socio estratégico del proyecto, que permitirá optimizar todos los aspectos del proceso productivo en tiempo real, “mejorando la eficiencia energética y reduciendo el consumo de recursos”. Es más, la empresa también presume de su “corazón digital”. Quiere aplicar la innovación tecnológica, la digitalización y la Inteligencia Artificial en todos sus procesos.

El consumo de agua es igualmente clave en el proceso. Aunque la empresa todavía no especifica cuál será el volumen de su consumo, afirma que utilizará “tecnología de vanguardia” para minimizar su consumo: reciclar aguas grises y residuales de forma que sean aptas para su uso en el proceso productivo de la planta; y el agua utilizada se volverá a tratar para incorporarla de nuevo al sistema.

En los informes previos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pide que el Estudio de Impacto Ambiental incluya con detalle las actuaciones a realizar y un análisis de todos los posibles impactos que puedan producirse sobre las masas de aguas.

Demanda asimismo un listado con las medidas preventivas, correctoras y compensatorias necesarias para minimizar los “efectos perjudiciales” que pudieran producirse en las distintas masas de agua como consecuencia del proyecto y para hacer compatible la actuación proyectada con el cumplimiento de la normativa sectorial de aguas vigente, durante la fase de construcción de las instalaciones y durante los años que dure su explotación.

La ubicación de la planta en Puertollano no es casual. La zona, en su momento muy desfavorecida por el declive la minería, cuenta ahora con una infraestructura industrial sólida, y tanto las administraciones como la empresa la consideran un nodo estratégico de producción de hidrógeno verde y energías renovables, “elementos clave para el éxito del proyecto”.

Además del apoyo del Gobierno regional, el proyecto también cuenta con el aval del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz (PP), quien ha manifestado en varias ocasiones su satisfacción tras la aprobación inicial del proyecto.

Estamos y estaremos plenamente implicados para que este proyecto sea una realidad en el menor tiempo posible

El edil ha subrayado que este avance “supone un paso importante y marca un punto de no retorno hasta la colocación de la primera piedra”, y ha destacado la importancia estratégica de esta iniciativa para el desarrollo económico e industrial del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Puertollano se ha reiterado el compromiso firme de colaborar activamente en la agilización de todos los trámites necesarios y de “eliminar cualquier obstáculo administrativo” que pueda retrasar su puesta en marcha. “Estamos y estaremos plenamente implicados para que este proyecto sea una realidad en el menor tiempo posible”, ha señalado.

Asimismo, el alcalde ha incidido en la relevancia social del proyecto, especialmente para los jóvenes de la ciudad, quienes ven en esta acería una oportunidad real de empleo y de desarrollo profesional. “Este proyecto debe responder a las expectativas de futuro de nuestros jóvenes, fijar talento y generar oportunidades en nuestra tierra”, ha añadido.

Hola

Deseo que estés bien.

Me ha salido un boletín muy “energético”. No lo tenía previsto así, pero a medida que he ido armando el puzle, este es el resultado final. La verdad es que es uno de los grandes retos que tenemos por delante, todo el planeta. Y también uno de los más delicados. El próximo martes se cumplirá un año del apagón que afectó a toda la península ibérica: más de 50 millones de personas a oscuras hasta la madrugada del 29 de abril. Seguro que recuerdas dónde te pilló a ti, ¿verdad? Pues un año después, el cero absoluto, como se le denomina en el sector, sigue moviéndose en una zona incierta entre lo que sabemos y lo que todavía no se ha podido —o no se ha querido— explicar del todo.

Lo que emerge con el paso de los meses apunta a una avería sistémica, no a un fallo aislado. Lo que relatan los informes (de los expertos europeos y de los organismos regulatorios españoles) es que no hubo un culpable único, sino un sistema que falló en cadena, desde Red Eléctrica (el operador) a las grandes compañías energéticas. Sobretensión, desconexiones y pérdida de control en segundos. Un colapso en un sistema cada vez más complejo y exigente por la transición energética.

Eso obliga a enfriar las prisas por encontrar culpables rápidos. Primero, entender. Después, depurar responsabilidades. Y, mientras tanto, algo bastante más básico: luz y taquígrafos. Transparencia sobre qué ocurrió: las causas, por qué los cortafuegos no funcionaron como se esperaba y por qué el operador no pudo asegurar el suministro. Sin ese relato completo, todo lo demás es ruido.

La apertura de expedientes sancionadores es un paso lógico, pero insuficiente si no va acompañada de una investigación a fondo, con criterios técnicos y no políticos. Aquí la clave no es quién llega primero al titular más contundente, sino quién es capaz de sostener una explicación sólida. Prudencia en las conclusiones, pero también firmeza en la exigencia de esclarecer. Porque la peor salida sería una especie de empate técnico donde nadie asume errores y el sistema sigue igual que antes. El apagón no va solo de lo que pasó, sino de lo que revela. Gobernanza del mercado eléctrico, coordinación entre operadores, capacidad de respuesta en tiempo real y marco regulatorio adaptado a una red mucho más volátil como consecuencia de un cambio energético que va a más.

El dato

2.005

Son los nuevos puntos de recarga de acceso de público que se han instalado en España en el primer trimestre, según el último Barómetro de Electromovilidad elaborado por Anfac, la patronal la patronal de los fabricantes de automóviles. La red total de recarga se sitúa en 55.077 puntos. El incremento es del 3,8%, pero podría haber sido aún mayor –advierte Anfac– si se pusieran en funcionamiento los 17.073 puntos de recarga instalados que no se encuentran operativos por distintos motivos. Es decir, uno de cada cuatro puntos de recarga no está operativo.

La crisis del petróleo como consecuencia del ataque de EEUU e Israel a Irán acelerará el mercado del coche eléctrico, según prevén varios analistas y fabricantes, aunque bajen los precios del crudo. Los consumidores de todo el mundo disfrutan de una mayor variedad de opciones, especialmente a medida que los eléctricos fabricados en China están irrumpiendo en todo el mundo.

En España, las ventas de coches eléctricos e híbridos enchufables se han disparado un 58,4% en el primer trimestre del año, hasta alcanzar casi las 63.000 unidades.  Solo en marzo registraron un aumento del 62% con un total de 26.725 unidades y el 20,5% de las ventas totales.

Pero, ojo, el peso de los eléctricos en el parque total es bajísimo. Representa el 2,6 % del total, frente a cuotas de más del 24% en Noruega, que es el líder indiscutible. En Francia se acerca al 6% y en Alemania al 4%. Esto es así porque en España el parque de vehículos está muy envejecido, los coches de más de 20 años suponen ya casi un 30% del total.

El sector considera que para el verdadero despliegue del vehículo eléctrico es esencial puntos de recarga de muy alta potencia, a partir de 250kW y estos solo representan el 43% de toda la red.

El gráfico

La generación eléctrica con renovables supera al carbón por primera vez en la historia. El auge de la solar frenó el aumento de la generación eléctrica global mediante combustibles fósiles en 2025. El año pasado, la generación renovable (viento, sol e hidroeléctrica) superó al carbón por primera vez en la historia y el crecimiento sin precedentes de la solar permitió a esta fuente y a la eólica cubrir el 99% del aumento de la demanda a escala mundial.

Son las principales conclusiones de la séptima edición anual del Global Electricity Review del think tank británico Ember, un análisis exhaustivo de los cambios en la generación eléctrica mundial acontecidos el año pasado. Todos los detalles están en esta detallada información.

Pese a los intentos de regresión y a la crisis energética desatada por la guerra en Irán, la concienciación por la energía verde es un hecho. 53 países unen fuerzas para abandonar los combustibles fósiles y, junto con 2.608 organizaciones, han confirmado su participación en la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, impulsada por Colombia y Países Bajos, que se celebrará entre el 24 y el 29 de abril en la ciudad caribeña de Santa Marta. El conflicto en Oriente Próximo evidencia la necesidad de un 'electroshock' que corte con el petróleo y ataje el cambio climático.

Tipos (y tipas) de interés

Sube John Ternus, nuevo CEO de Apple. Llega al trono de la icónica compañía de la manzana no para hacer la revolución, sino para evitar que el imperio que factura 100.000 millones de dólares se oxide por puro inmovilismo. Tras dos décadas en la casa, este ingeniero mecánico nacido en California en 1975 proyecta una imagen de clon perfecto de Tim Cook: mismo uniforme de camisa oscura, mismo Apple Watch en la muñeca y misma calma aparente, como puede apreciarse en la foto. Pero quienes conocen los pasillos de la empresa advierten que el parecido es solo estético. Frente al modelo de gestión por consenso y preguntas infinitas de su mentor, Ternus asume el mando con un perfil mucho más ejecutivo y centralizado: es de los que eligen entre la opción A y la B sin que le tiemble el pulso, recuperando un aroma de decisión que Apple no olía desde los tiempos de Steve Jobs.

Entró en 2001 y ha acabado dirigiendo la ingeniería de hardware de los productos que sostienen la empresa de Cupertino: iPhone, Mac, iPad. Suyo es también el éxito del salto a los chips propios en Mac o la consolidación de líneas como Apple Watch y AirPods. Pero su medalla más reciente ha sido el MacBook Neo: un portátil de 599 dólares que ha roto el enfoque de “solo para ricos” de la firma y se ha agotado en un abrir y cerrar de ojos.  

A este nadador de competición en sus años universitarios le toca ahora lanzarse a una piscina llena de tiburones y con poca agua en el apartado de innovación. Hereda una compañía que ha pecado de “incrementalismo” y que se ha quedado peligrosamente rezagada en la carrera de la inteligencia artificial frente a sus vecinos de Silicon Valley. Con una Siri que necesita una reconstrucción total y la amenaza de aranceles de la era Trump sobre la mesa, Ternus deberá demostrar si quiere seguir perfeccionando los productos que ya tiene o es capaz de “pensar diferente”.

No todo nos parece mal

Magnesio, colágeno, omega 3, vitamina D3…Los complementos alimenticios están en auge. Hace un par de décadas, nos tratábamos cuando caíamos enfermos, ahora nos cuidamos para no enfermar o para reducir el riesgo de contraer una enfermedad. Así, además de hacer ejercicio con regularidad, comer más sano y preocuparnos más por la salud mental, también nos tomamos más complementos. El sector facturó alrededor de 2.100 millones de euros en 2025, con un crecimiento del mercado total en torno al 7%, según datos de la Asociación Española de Complementos Alimenticios (Afepadi), que representa a 155 empresas que generan más de 15.000 empleos directos. En el contexto europeo, España se ha consolidado como el cuarto mercado de la Unión Europea que más ha crecido en el último lustro, solo por detrás de Italia, Alemania y Francia.

El crecimiento sostenido de la demanda refleja cómo los consumidores integran estos productos como parte de un enfoque preventivo y activo del cuidado de la salud“, explica Mònica Gispert, la presidenta de la asociación, en un comunicado de prensa. De acuerdo con los últimos estudios del Observatorio Afepadi, entre el 70% y el 80% de los adultos españoles han consumido complementos alimenticios en el último año. Según la consultora Iqvia, los productos a base de minerales y los complementos para el crecimiento del cabello registraron crecimientos de doble dígito en 2025.

Nos gusta la competencia 

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes.

Aunque sean de pago.

Lo digo porque la semana pasada un lector me afeó que incluyera enlaces de medios que requieren suscripción. Lo entiendo, pero intento que mi criterio principal sea la calidad y relevancia de la información, independientemente de si el medio es abierto o bajo suscripción. Aunque estén detrás de muros de pago, creo que el resumen o la tesis del artículo son valiosos para estar al día de lo que se está hablando.

Eso es todo por esta semana. 

Nos vemos el jueves que viene con más reflexiones y noticias económicas.

Si tienes tus propuestas o quejas puedes escribirme a contraoferta@eldiario.es.

¡Feliz Diada de Sant Jordi!

El Gobierno de Castilla-La Mancha concederá ayudas por valor de hasta 300.000 euros para el aprovechamiento de las energías renovables en la región en comunidades energéticas y comunidades de propietarios.

Una orden de la Consejería de Desarrollo Sostenible publicada este miércoles en el Diario Oficial de la región ha dado a conocer las bases que regularán las ayudas, aunque todavía no hay una convocatoria vigente.

Así, se establece que serán subvencionables las inversiones para instalar equipos o tecnologías de energía solar fotovoltaica. Entre las actuaciones que podrán ser objeto de la ayuda se encuentran la adquisición de equipos y materiales, el montaje de las instalaciones y los costes de la redacción de los proyectos o memorias técnicas, entre otros. También se consideran subvencionables las ampliaciones de las instalaciones ya existentes por mayor generación. Las instalaciones de generación de energía eléctrica podrán estar conectadas a la red o estar aisladas de la misma, o ser para autoconsumo.

Topes de 80.000 euros por actuación y 300.000 por comunidad

La subvención máxima concedida no superará los 80.000 euros por actuación, con un tope de 300.000 euros para todas las actuaciones que realice una misma comunidad beneficiaria durante cualquier periodo de tres años. El coste de las intervenciones sí podrá ser mayor que dichos importes, pero el excedente no sería subvencionable.

De estas ayudas podrán beneficiarse las comunidades energéticas y las comunidades de propietarios, tanto si realizan una actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado como si no la realizan.

La orden indica que, para ser beneficiaria, la comunidad deberá estar formada por un mínimo de cinco personas socias o miembros, y que las instalaciones resultantes de la actuación que fundamenta su concesión deberán ser explotadas y utilizadas por la comunidad energética.

También establece un plazo de ejecución máximo de 15 meses, que podrá ser ampliado en un máximo de 6 meses, si bien la orden remite a lo que se marque en cada convocatoria.

44 comunidades energéticas activas en la región

Las comunidades energéticas están formadas por socios o miembros que se unen para aprovechar de manera conjunta los recursos renovables o realizar actividades relacionadas con el sector energético, de manera que los beneficios que se generan, medioambientales y socioeconómicos, se reinvierten en la propia comunidad o el área local donde se ubica.

Actualmente, el portal web Comunidades Energéticas de Castilla-La Mancha indica que en la región hay 44 comunidades activas. Forman parte de ellas 932 socios, tienen instalados 8.825 kW y producen 14,17 GWh/año, ahorrando 2.848,77 toneladas de CO₂ al año. Además, hay otras 55 comunidades en proceso de constitución.

El auge de la energía solar frenó el aumento de la generación eléctrica global mediante combustibles fósiles en 2025. El año pasado, la generación renovable (viento, sol e hidroeléctrica) superó al carbón por primera vez en la historia y el crecimiento sin precedentes de la solar permitió a esta fuente y a la eólica cubrir el 99% del aumento de la demanda a escala mundial.

Son las principales conclusiones de la séptima edición anual del Global Electricity Review del think tank británico Ember, un análisis exhaustivo de los cambios en la generación eléctrica mundial acontecidos el año pasado.

El informe refleja que las renovables aportaron un 33,8% de la generación eléctrica mundial en 2025, superando por primera vez en la historia moderna la cuota del carbón, que fue del 33%. La generación con combustibles fósiles, que sigue siendo mayoritaria (57,4% del total, frente al 59,1% de 2024) cayó un 0,2% el año pasado, en el primer descenso desde 2020 y el quinto en lo que llevamos de siglo.

Por su parte, la generación eléctrica de bajas emisiones creció en 887 TWh, superando el aumento de la demanda de electricidad en el ejercicio, que fue de 849 TWh (un 2,8% más).

La generación solar, que en 2025 cubrió el 8,7% del consumo global de electricidad (frente al 6,9% de 2024), consolidó el papel de esta fuente como el motor dominante del cambio en el sector eléctrico global. Su crecimiento récord (de 636 TWh en un año, hasta 2.778 TWh) cubrió tres cuartas partes del aumento neto de la demanda de electricidad en 2025. El crecimiento de la generación solar (del 30% respecto a 2024) fue 18 veces mayor que el del gas, único combustible fósil que creció en 2025. Así, la generación de electricidad solar a nivel mundial ya equivale al total de la demanda de electricidad en la UE.

El informe destaca que el aumento de la generación solar en 2025 sería suficiente para sustituir la electricidad producida a partir del gas equivalente a todas las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a través del estrecho de Ormuz el año pasado, estimadas en 550 TWh.

La solar, que se ha multiplicado por más de 10 desde 2015, ha ido duplicando aproximadamente su generación cada tres años, desde los 1.333 TWh de 2022. En 2025 superó a la eólica por primera vez a nivel mundial y se acercó a la participación de la nuclear. Y todo apunta a que tanto la generación solar como la eólica superarán a la nuclear este mismo año.

China explica gran parte de ese aumento de la solar. En 2025 el gigante asiático concentró más de la mitad del aumento en nueva capacidad instalada y en generación con esta tecnología. Con ello, la participación de la solar y la eólica de China se situó en el 22% de la generación, por encima del 20% de media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por primera vez en este siglo, la generación con combustibles fósiles disminuyó tanto en China como en India, los mayores emisores del planeta, debido a que el despliegue de energía limpia superó el crecimiento de la demanda. India también ayudó a potenciar la electricidad limpia. El crecimiento de la generación renovable en el país duplicó su récord anterior y permitió instalar, por primera vez, más capacidad solar que Estados Unidos.

En el caso de Europa, el 61% de la electricidad en 2025 procedió de fuentes sin emisiones (renovables y nuclear), muy por encima de la media mundial (43%), con los combustibles fósiles aportando el 39% y una cuota conjunta del 21% para solar y eólica. Nueve de los diez países con mayor cuota de solar y eólica están en Europa. En el caso de la solar, en cabeza está Hungría, con el 27%, y en eólica, Dinamarca con un 58%. España es el cuarto país con mayor cuota de la solar, un 22%, empatado con Grecia.

Más baterías

El informe, que analiza los datos del sector eléctrico de 215 países, incluidos los datos más recientes de 2025 de 91 países que representan el 93% de la demanda de electricidad a nivel mundial, apunta que los costes de las baterías cayeron drásticamente por segundo año consecutivo. Si en 2024, estos se redujeron un 20%, en 2025, cayeron un 45% más. Mientras, las instalaciones de almacenamiento aumentaron un 46% hasta alcanzar aproximadamente 250 GWh. Como resultado, en 2025 el mundo incorporó suficiente capacidad de almacenamiento en baterías para desplazar el 14% de la nueva generación solar hacia otros horarios más allá de la mitad del día.

La rápida expansión de la generación solar se está produciendo con más frecuencia junto con el despliegue de almacenamiento en baterías, permitiendo un cambio de paradigma: de energía solar durante el día a energía solar a cualquier hora.

Según Aditya Lolla, director general de Ember, “la electricidad limpia está redefiniendo rápidamente los cimientos de la seguridad energética en un mundo volátil. Ya está ayudando a los países a reducir su dependencia de las importaciones y los costes de los combustibles fósiles, a la vez que satisface la creciente demanda de electricidad. El siguiente paso es modernizar las redes y los marcos regulatorios para que los sistemas eléctricos estén preparados para esta nueva realidad”.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha denunciado en la Fiscalía la concesión de licencias municipales a ocho centrales fotovoltaicas en Andorra (Teruel) promovidas por Forestalia y actualmente propiedad de la firma BRUC: Encuentro, Gargallo I, Illio III, San Pedro, Sedeis II, III y VI, y Tolocha I. La demanda documenta “rigurosamente”, según esta entidad, presuntas prácticas fraudulentas.

Así lo han indicado desde la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, añadiendo que las licencias municipales de construcción se concedieron a finales de 2022 y las autorizaciones previas y de construcción, de competencia autonómica, fueron otorgadas por la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón en diciembre de 2023. “Estas autorizaciones son preceptivas, por lo que los permisos consistoriales no pueden resolverse de forma previa”, han añadido.

Desde la Plataforma se han remitido a declaraciones de los técnicos del Inaga ante la Guardia Civil en las que indicaron que varios de los proyectos objeto de la denuncia fueron tramitados de forma indebida en el contexto de la presunta trama corrupta de Forestalia.

La evaluación ambiental de estos expedientes se retiró de forma arbitraria a los técnicos encargados de su evaluación y se externalizó de forma irregular a empresas que en algunos casos ya habían trabajado para la propia Forestalia, han reprobado.

Por tanto, a juicio de la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, “la sospecha sobre las irregularidades en la tramitación ambiental debería haber llevado a la suspensión de las licencias municipales por el Ayuntamiento –de Andorra– hasta que se aclare lo sucedido, tal y como solicitamos, lo que hace a la corporación inequívocamente conocedora de la presunta evaluación corrupta de los proyectos”.

Ejecución acelerada

Frente a la necesidad de dilucidar lo ocurrido en la evaluación ambiental de las centrales solares, BRUC ha acelerado su ejecución, “posiblemente inquieta por esas sospechas”, han lamentado desde la Plataforma, que considera que esta actitud “retrata la catadura moral de la corporación e incluye acciones absolutamente deplorables como el amedrantamiento a propietarios de fincas afectadas y que se han negado a firmar los contratos de BRUC”.

Así, para Paisajes de Teruel lo más grave, y causa suficiente de anulación de las licencias municipales, es que la tramitación de estas últimas fue incluso anterior a la publicación en el BOA de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) de algunos de los proyectos, “lo que es totalmente ilegal, pues así lo especifica el artículo 80.2 de la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón”

“En el caso de actividades sometidas a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada, la licencia ambiental de actividades clasificadas incorporará el contenido de la declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental, respectivamente”, sostiene la norma.

Han defendido que la licencia municipal incorpore la DIA, lo que implica, lógica y necesariamente que sea previa a la licencia. “Tenemos muy claro que estos ocho proyectos, que tienen continuidad territorial, pertenecen a la misma empresa, fueron vendidos de forma conjunta y comparten subestación y línea de evacuación, son un caso de libro de fragmentación interesada para que fueran tramitados por el Gobierno de Aragón, con el que Forestalia mantenía vínculos muy estrechos, tal y como se relata en el informe policial sobre los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal que se están investigando”, han manifestado.

Presuntas irregularidades

La concesión de las licencias, han continuado desde la Plataforma, coincidió con una fuerte crisis institucional y financiera del Ayuntamiento de Andorra, lo que puede explicar la premura y las presuntas irregularidades en la aprobación de las licencias. “El objetivo sería sanear las cuentas municipales, ya que el propietario de las centrales abonó las tasas e impuestos locales a principios de 2023, dotando de solvencia y liquidez al Ayuntamiento”, han expuesto, agregando que esta “urgencia económica no puede justificar en ningún caso una práctica supuestamente ilegal”.

Han advertido de que todos estos datos se han puesto a disposición de la Fiscalía para que se pronuncie sobre la legalidad de las licencias concedidas, sin más intención por parte de la Plataforma que esclarecer los hechos y asegurar el cumplimiento de la ley.

Además, se insta a la suspensión cautelar de estos proyectos que ocuparán cerca de mil hectáreas y contribuirán a la degradación de los recursos naturales de todo el Bajo Aragón histórico en concurrencia con otros macroproyectos en esas comarcas y que no han sido evaluados en su conjunto.

En cualquier caso, “ante las serias sospechas que han surgido estos últimos meses sobre las tramitaciones de los proyectos de Forestalia se debería suspender la ejecución de todos ellos a expensas de aclarar judicialmente las supuestas irregularidades que se están investigando”, han concluido.