Little darling, I feel that ice is slowly melting. Esa es una de las estrofas de la canción Here comes the sun de los Beatles. Esa descripción de cómo el hielo se deshace es un alegre canto primaveral en boca de los cuatro de Liverpool, pero una advertencia si vemos las evidencias de lo rápido que avanza el cambio climático. Y, en boca del ambientalista climático Bill McKibben (California, 1960), puede ser ambas cosas. Acaba de publicar con Capitán Swing un libro que comparte nombre con la famosa canción y en el que, aunque dice que hemos llegado a un punto de no retorno, nos tranquiliza señalando la solución.

McKibben apunta al sol como una fuente de energía tan barata, sostenible y estable que, dice, acabará desbancando al petróleo y al gas. Ni siquiera el negacionismo climático de Trump o la presión de la industria fósil podrá evitarlo. La cuestión es cuánto tardará en conseguirse. “No tenemos 40 años”, sostiene el escritor, que insiste en que hay mucha parte del daño que ya será irreparable, pero que todavía estamos a tiempo de “mitigar el cambio climático y tener un planeta vivible”.

Venimos del verano más caluroso desde que hay registros, con las sequías y los incendios arrasando el mundo… Pero usted ha escrito un libro tremendamente optimista.

En cierta manera. El problema es que ya se ha hecho mucho daño. Hace casi 40 años que escribí El fin de la naturaleza [Random House, 1989] sobre el efecto invernadero, que entonces era muy poco conocido, y casi todo sobre lo que alertaba se ha hecho realidad. Los incendios, inundaciones, las olas de calor, la subida del nivel del mar…

Hemos perdido mucho tiempo y no lo podemos recuperar. Lo que sí podemos intentar es que la cosa no empeore. Y, por fin, tenemos una arma con la que luchar. Y eso es muy bueno.

Actualmente, la forma más barata de producir energía es apuntar un trozo de metal hacia el sol

Tenemos placas solares desde la segunda mitad del siglo pasado. ¿Qué ha pasado para que ahora la energía solar sí pueda ser relevante para mitigar el cambio climático?

Siempre hemos contado con la energía del sol y del viento. Las placas se inventaron, como dices, en 1954, pero eran extremadamente caras. Tanto que en lo único en lo que se podían instalar era en satélites. Pero esto ha cambiado gracias a una combinación entre el activismo y avances tecnológicos.

Uno de los momentos clave lo marcó Alemania, cuando el partido verde tuvo la llave del Gobierno y usó ese poder para forzar la Energiewende [plan nacional para priorizar las energías renovables] y eso, a su vez, movió la economía de tal manera que permitió que China se especializara en la construcción de placas solares low-cost.

Hace cinco años conseguimos que fuera más barato producir energía solar que quemar cosas. Deberíamos haber querido llegar aquí antes porque el cambio climático podría destruir nuestra civilización y porque ya hay millones de personas que mueren cada año por respirar la contaminación causada por la combustión fósil. Y, además, necesitamos guerras para conseguir petróleo. Pero ya estamos ahí: la forma más barata de producir energía es apuntar un trozo de metal hacia el sol.

No deja de ser paradójico que debamos agradecérselo, en gran medida, a China, el país que durante mucho tiempo ha sido el que más contaminaba del mundo.

Y eso, otra paradoja, es culpa de Estados Unidos. El presidente Jimmy Carter invirtió montones de dinero en la energía solar con el objetivo de que pudiera producir el 20% de lo necesario de cara al año 2000. Si se hubiera conseguido, China habría acelerado el camino hacia los paneles baratos en lugar de querer quemar todo ese carbón.

Pero, lamentablemente, votamos a Ronald Reagan y eso nos costó décadas. A partir de ahí, el país se instauró en el negacionismo climático. El nuevo presidente quitó las placas solares que Carter había instalado en la Casa Blanca y eso dio muchas alas a las petroleras. Así que, sí, los americanos somos los malos de esta historia.

Y ahora han vuelto a votar a otro negacionista climático. ¿Cree que, aunque la energía solar sea la opción más lógica y barata, Donald Trump podría volver a hacernos perder décadas?

Creo que Estados Unidos ya no tiene ese poder. Si conseguimos apartar a Trump de la presidencia, siempre y cuando no se aferre al poder más de lo que ya lo ha hecho, podremos devolver al país al camino sensato. Pero requerirá mucha lucha, porque la industria es muy poderosa. Más en Estados Unidos que en cualquier otro lugar del planeta.

¿Qué podemos esperar que hagan para frenar el avance de la energía solar?

De todo. Sobre todo si tienen el apoyo de Trump. Cuando estaba haciendo su segunda campaña electoral, le dijo a la industria petrolera que, si le hacían donaciones por valor de mil millones de dólares, les daría lo que quisieran. Lo dijo y no se escondió. Y si eres una empresa de este sector, sin duda es una buena oferta.

La gente no tiene ni idea de lo que está pasando, pero es una locura. Estamos clausurando parques eólicos que están acabados al 90% y estamos prohibiendo la instalación de placas solares en terrenos federales.

He empezado la entrevista alabando su optimismo, pero ya empiezan a salir las pegas. Sobre todo teniendo en cuenta que esta semana la ONU avisó de que el calentamiento global superará pronto los 1,5º… ¿Seguimos a tiempo aunque Estados Unidos se instale en ese negacionismo?

No podemos parar el calentamiento global, ya es tarde para eso. Y, en ese sentido, el trabajo de mi vida ha sido un fracaso. Sin embargo, todavía podemos evitar algunas de esas décimas. Parece poco, pero es importante porque, a estas alturas, cada una de esas décimas es la responsable de desplazar a unos 140 millones de seres humanos de una zona climática peligrosa a otra segura.

Es un trabajo agridulce, porque nada de lo que hagamos va a hacer que todo vuelva a estar bien; simplemente conseguiremos que no se ponga demasiado mal.

A pesar de estas evidencias, sigue habiendo contradicciones. España es el país de Europa más eficiente en la producción de energía solar, pero seguimos importando el 70% de lo que necesitamos…

¿En qué formato?

Principalmente petróleo, con las correspondientes consecuencias del bloqueo de Ormuz

Lo que ha pasado estos meses a raíz de la guerra de Irán debería ser un recordatorio para que espabiláramos. La luz del sol tiene que viajar 150 millones de kilómetros para llegar a la Tierra y ninguno de ellos pasa por el estrecho de Ormuz. El mundo se está dando cuenta de eso, especialmente en Asia, donde están poniendo el foco en mejorar las baterías. Si lo consiguen, la energía solar y eólica española serán todavía más valiosas y eso acelerará vuestra independencia.

La energía nuclear es mejor que la fósil porque para que sea un problema algo tiene que ir mal. En cambio, una planta de gas sí o sí acabará destruyendo el mundo

Ahora, el foco del debate lo tenemos en las nucleares. Recientemente, se ha pospuesto el cierre de la central de Almaraz, lo que ha llevado a plantear la posibilidad de alargar la vida de este tipo de energía, que en España debía acabarse en 2035. Quienes lo proponen alegan que es la única manera de mantener el nivel de producción de la industria y de reducir los gases contaminantes. ¿Está de acuerdo?

La energía nuclear es, ciertamente, mejor que la fósil porque para que sea un problema algo tiene que ir terriblemente mal. Una planta de gas, aunque no haya ningún accidente, acabará destruyendo el mundo igual. La cuestión es que, hoy en día, la nuclear es una energía tremendamente cara.

Si tienes una central que funciona y la puedes mantener sin gastar un dinero disparatado, yo la mantendría abierta. Pero sólo hasta que tengas una infraestructura solar que desbanque esa producción. El kw/h solar nos cuesta céntimos y la energía nuclear nunca se acercará aquí. Es irónico.

¿Por qué?

Pues porque en los años 50 se decía que las centrales nucleares harían que la energía fuera demasiado barata como para cobrársela a la gente. Y eso es lo que está pasando hoy, pero con la energía solar. Australia ha llegado al punto de dar a todo el mundo tres horas de electricidad gratis cada día.

El otro problema que tienen las nucleares es que el agua que se necesita para enfriar las centrales se calienta demasiado, así que las que están cerca de ríos están empezando a ser contraproducentes.

Aun así, hay quien la sigue poniendo en el saco de las energías limpias.

Y es una tontería. Siempre digo a las personas a las que les encanta la energía nuclear que en el tejado de mi casa tengo un receptor para la mayor central nuclear que conocemos, esa que está en el cielo. A veces pienso que la única manera de convencerles es que vean los paneles solares como una especie de receptores de energía nuclear.

Muchos de los argumentos que frenan el avance de las energías sostenibles en España toman el gran apagón de abril de 2025 y sostienen que la red eléctrica no está preparada para ser suficientemente estable sólo con ellas. ¿Qué les diría?

Que no es cierto. Después de mucha investigación, se ha visto que no tuvo que ver con las energías renovables. Y menos lo será cuando se instalen más baterías, que harán que el sistema sea más sólido. Lo vemos en Texas, que es la cuna de la industria petrolera. El director de su sistema eléctrico ha dicho recientemente que han tenido un verano “muy aburrido” debido a la gran cantidad de energía solar acumulada.

Entiendo que la gente que tiene intereses económicos en el petróleo quiera ralentizar el auge de las energías renovables, pero lo hacen con argumentos idiotas. Especialmente, teniendo en cuenta que la energía fósil está destruyendo el planeta mientras hablamos. Aunque tuviéramos apagones cada ciertos años, siendo que creo que eso es bastante improbable, si comparáramos el coste que tendría con la destrucción del planeta, seguiría saliéndonos a cuenta.

Quieren retrasar el cambio todo lo que puedan, porque saben que es imparable. La cuestión es cuánto conseguirán retrasarlo, porque no tenemos 40 años.

La gente que tiene intereses económicos en el petróleo quiere ralentizar el auge de las renovables, pero lo hacen con argumentos idiotas

¿Cree que el hidrógeno verde se sitúa en el marco de esta estrategia? Al final, es menos contaminante que los combustibles fósiles, pero no es totalmente limpia y no deja de ser una apuesta que permite a la industria seguir sacando provecho de los gasoductos.

Totalmente. Quieren seguir quemando cosas. El problema del hidrógeno no es que no funcione, sino que es caro y que no puede competir con la energía solar. Ya hemos encontrado maneras de sustentar industrias enteras con el calor del sol. Lo único en lo que creo que estas alternativas puede ser competitiva es en los vuelos de larga distancia. Las baterías eléctricas serían demasiado pesadas como para que el avión despegara.

China está trabajando con baterías que permitirán vuelos de media distancia y ya es algo. Pero es verdad que habrá cosas difíciles de resolver y, quizás, ahí es donde el hidrógeno pueda jugar un papel importante.

Los vuelos de larga distancia son una de esas cosas que no son necesarias para la vida. ¿Podemos frenar el cambio climático lo suficiente como para tener un planeta vivible sin deshacernos de estos caprichos?

Esa es la gran pregunta. Y es muy difícil de responder. La sociedad cambia despacio y, si le dices a la gente que ya no podrá conducir o volar, todo será mucho más difícil. Los cambios llegarán, seguro. Sé que dentro de 100 años no viviremos como ahora. Y lo sé porque hay muchas cosas que la energía fósil nos permite hacer que no nos hacen tan felices como creemos.

Los humanos estamos diseñados para tener contacto entre nosotros y con la naturaleza. Esas son las cosas que nos hacen felices. Es bueno que la tecnología nos ayude a mantener nuestra vida tal y como es durante el mayor tiempo posible, pero creo que, con el tiempo, nos daremos cuenta de que hay formas mucho más interesantes de habitar el planeta. No creo que el futuro siga siendo combatir o esquivar guerras y ver vídeos de TikTok. Pero quién sabe.

Aunque no creo que la energía solar genere un colonialismo como el del petróleo o el gas, es muy posible que acabe derivando en algún tipo de imperialismo

Hablando de guerras. Dice que una de las ventajas de la energía solar es que, como llega a todo el planeta, no se puede monopolizar y, como cae con más fuerza sobre el ecuador, podría solventar las desigualdades históricas hacia el sur global. Ahora bien, se lo planteo al revés: ¿no puede eso propiciar que gigantes como China acaben expropiando tierras para colocar grandes extensiones de placas solares?

A ver, es cierto que China usa más energía solar que nadie y no es un país muy democrático, que digamos. Pero me preocupa bastante menos que Estados Unidos invadiendo países para conseguir su petróleo. La razón es que no creo que haya tanto dinero que ganar con la energía solar como para que eso salga a cuenta. Una vez pones la placa, la inversión se acaba; la energía ya sale gratis.

Pero ya sabes que la humanidad siempre es capaz de hacerlo todo de la peor manera posible. Así que, aunque no creo que genere un colonialismo igual que el que trajeron el petróleo o el gas, es muy posible que sí acabe derivando en algún tipo de imperialismo. El petróleo es la energía más sucia del planeta, en todos los sentidos. Y, aunque no creo que las renovables vayan a ser totalmente limpias, sí lo serán más que lo que hemos conocido hasta ahora.

Vuelve al optimismo.

Es que vivo en la América rural, lo que significa que la mayoría de mis vecinos votan a Trump. Y muchos tienen placas solares en el tejado. No es porque les preocupe la crisis climática, sino por esa visión individualista de ver sus casas como sus castillos. Y les encanta la autosuficiencia que les da la energía solar.

Hemos conseguido que 11 estados legalicen durante este año la posibilidad de tener placas solares en los balcones. En Europa lo veis normal, pero para nosotros está prohibido. Y muchos de los grandes promotores de este cambio han sido personas conservadoras que están en contra de los servicios públicos y las redes estatales.

¿Así que parte de la esperanza de que Estados Unidos se sume a la revolución solar se basa en los preparacionistas que quieren estar listos en caso de que llegue el apocalipsis?

Pues, básicamente sí. [Ríe]. Si Mad Max se rodara hoy, nadie buscaría bidones de petróleo porque podríamos tener placas solares.

Creo que alguien encontraría la manera de especular, sea como fuera.

Si, siempre pasa. Por eso, aunque sea muy optimista, no se me escapa que va a hacer falta mucho activismo para que esto se haga realidad. Y tenemos que hacerlo con un mensaje bonito, dejando de lado el catastrofismo. Porque sí, la energía solar es necesaria y económicamente más eficiente. Pero es que también es bonita.

Los humanos siempre hemos tenido una gran relación con el sol; piensa en los monolitos, las culturas indígenas y todas las canciones y las obras de arte que nos hablan del sol. Por no hablar de la importancia que tiene en todas y cada una de las religiones. El sol, a diferencia de otras fuentes de energía, tiene la capacidad de unirnos.

En South Lanarkshire, distrito ubicado al sureste de Glasgow, la ciudad más grande de Escocia, marcada durante décadas por la minería del carbón, todos recuerdan cuando el parque eólico de Hagshaw Hill, el primero del país, se puso en funcionamiento. En 1995, aquellos enormes aerogeneradores –26 en total, de unos 55 metros de altura y 15,6 megavatios de potencia– representaban una tecnología nueva que empezaba a demostrar que el viento podía convertirse en una fuente comercial de electricidad. Treinta años después, los vecinos de esta localidad celebran otro hito de la transición energética: el reciclaje del 99% de los molinos, desmantelados por completo al finalizar su vida útil.

Nunca antes un proceso de ‘repowering’ (repotenciación) había conseguido enviar a los vertederos solo el 0,1% de todo el descarte. El logro de la empresa ScottishPower tiene una trascendencia para Europa. Según WindEurope, la agencia eólica europea, se calcula que para el año 2030 habrá más de 50.000 aerogeneradores en todo el continente que habrán alcanzado o superado el fin de su fase operativa. En España, según cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), casi 3.000 aerogeneradores antiguos van a ser desmantelados y sustituidos.

Según la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en la actualidad es viable reciclar o reutilizar entre el 85% y el 90% de los materiales de un aerogenerador. El acero, cobre y aluminio se funden y se recuperan de forma madura en la industria convencional. El aprovechamiento de muchos componentes –la torre, por ejemplo– es una práctica habitual y consolidada en todos los procesos de repotenciación.

El gran reto de la industria eólica, explican desde AEE, es el reciclaje de las palas, fabricadas con materiales compuestos de fibra de vidrio o carbono, muy difíciles de reutilizar. El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular, aprobado por el Gobierno en 2022, estima que hasta 2030 se generarán en España entre 70.000 y 85.000 toneladas de materiales compuestos procedentes de las palas de los aerogeneradores.

Estos residuos van a parar, por lo general, a vertederos o a la incineración. Desde el 1 de enero de 2026 está en vigor una prohibición autoimpuesta por la industria eólica europea –coordinada por WindEurope– para, justamente, evitar que palas de aerogeneradores terminen en vertederos. Sin embargo, no constituye todavía una ley vinculante de la Unión Europea para todos los Estados miembros.

Palas para construir vallas y postes de señalización

El desmontaje de este parque eólico escocés se ha convertido en un gran experimento de economía circular para la energía eólica. El proceso fue auditado por una consultora externa –la firma Mott MacDonald–, que corroboró que el 79,5% de los materiales fue reciclado y el 20,4%, reutilizado. Menos del 0,1% se descartó.

La participación de una empresa irlandesa dedicada al reciclaje industrial ha sido clave en esta historia. Los técnicos de Plaswire diseñaron un innovador proceso para transformar el material de las palas en polímeros reforzados con fibra de vidrio que pueden emplearse posteriormente en construcción, como vallas, postes de señalización y componentes de drenaje, entre otros usos.

Las palas de Hagshaw Hill llegaron a las instalaciones de Plaswire en Irlanda del Norte. En su página web, esta empresa explica que, en primer lugar, los artefactos se cortaron y trituraron de forma mecánica. Luego, el material se transformó en un granulado compuesto por los diferentes elementos de las palas.

A diferencia de otros ensayos –que buscan recuperar cada componente con su calidad original–, esta empresa logró, con éxito, crear con todos esos “ingredientes” un polímero reforzado con fibra de vidrio, un material que se usa en el rubro de la construcción. “El reciclaje sostenible de las palas de los aerogeneradores es un desafío global. Este es un paso gigante”, explica Andrew Billingsley, CEO de Plaswire.

Para Ross Galbraith, director de construcción y operaciones terrestres de ScottishPower, el desmantelamiento de Hagshaw Hill será recordado como un “proyecto emblemático” de esta industria. “Demuestra que podemos integrar la energía eólica en una economía circular, pero también que podemos impulsar una industria completamente nueva del futuro”, afirma. “Hemos alcanzado un hito importantísimo en la economía circular de la energía renovable”, concluye.

El parque eólico de Hagshaw Hill tiene hoy 14 nuevas turbinas, mucho más potentes que las antiguas. Aporta el sistema eléctrico 80 mgavatios, energía suficiente para abastecer a 57.000 hogares durante un año.

Qué se está haciendo en España

Durante más de veinte años, las palas de los aerogeneradores de Tahivilla, en Cádiz, estuvieron expuestas al viento del Estrecho. El parque, puesto en marcha en 2004 con 98 turbinas (78,4 megavatios de potencia), está siendo hoy repotenciado. Los aerogeneradores antiguos serán sustituidos por solo 13 máquinas de entre 6 y 7 megavatios.

La operación, llevada a cabo por la empresa Acciona, se ha convertido en un banco de pruebas para la industria eólica española en materia de reciclaje. Las viejas palas ya han sido desmontadas y troceadas. Están a la espera de ser trasladadas a la planta de reciclado que la firma está construyendo en Navarra, que tendrá una capacidad de procesado de 6.000 toneladas de material al año.

Luz Reyes, gerente de Medio Ambiente Industrial de la compañía, relata avances en el aprovechamiento de estos materiales. Se han hecho pruebas piloto a pequeña escala, como la fabricación de vigas de torsión en plantas fotovoltaicas y la elaboración de suelas de zapatillas. El salto que se busca es mucho mayor, similar al de Escocia: lograr un reciclaje y reutilización del 100% y que los residuos de las palas puedan entrar en grandes cadenas industriales.

La empresa forma parte del proyecto europeo BLADES2BUILD, liderado por la cementera suiza Holcim para convertir los materiales en nuevos productos de construcción, entre ellos hormigón, asfalto y composites.

En 2025 se logró construir una losa de más de 120 metros cuadrados en el Centro Tecnológico de Acciona, en Algete, Madrid. La mezcla incorporó un 11% de material reciclado, incluidos elementos procedentes de la trituración de palas eólicas, que sustituyeron parcialmente a los áridos naturales.

Ante este alentador panorama tecnológico, Juan Virgilio Márquez, director general de la patronal española, advierte de un segundo reto para la economía circular eólica europea: que los materiales que salgan de estas plantas tengan un mercado industrial suficientemente grande y competitivo. “Si no, el reciclaje no se sostiene”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la concesión de 10,6 millones de euros para el aprovechamiento de energías renovables destinadas a comunidades energéticas y a comunidades de propietarios.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha señalado que “este es un ejemplo de la puesta del Gobierno regional por seguir socializando la energía, un camino que iniciamos con el fuerte apoyo e impulso al autoconsumo y que ahora da el paso a hacerlo de forma colectiva”.

Cuantías de hasta 300.000 euros por comunidad energética

La finalidad de las ayudas, que podrán solicitar comunidades energéticas y comunidades de propietarios, es permitir la financiación de instalaciones de energía solar fotovoltaica y de sistemas de almacenamiento, “esto último, es una novedad no solo en Castilla-La Mancha, sino en el conjunto del país”.

Las cuantías que podrán recibir serán como máximo de 80.000 euros por proyecto y hasta 300.000 euros por comunidad energética, ya que una misma comunidad puede tener varias instalaciones. El plazo de presentación de solicitudes será de seis meses desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria y solo se podrá hacer de forma telemática.

Con esta convocatoria de ayudas se persiguen, además, otras ventajas económicas como son la de apostar por el autoconsumo de forma colectiva a través de estas comunidades energéticas; incrementar la inversión en instalaciones de energía solar fotovoltaica; favorecer la actividad económica de empresas instaladoras, ingenierías, fabricantes y empresas auxiliares del sector energético; o reducir progresivamente los costes energéticos soportados por los beneficiarios. “Todo ello redundará en una mejora de la competitividad del tejido económico regional y en una mayor independencia energética”, apuntan desde el Gobierno regional.

En cuanto a su impacto social, Padilla ha expresado que la convocatoria constituye una herramienta para favorecer y “democratizar la producción energética”, con nuevos modelos participativos de producción y consumo de energía, que implique a “más ciudadanos, más ayuntamientos y pequeñas empresas”, de manera que, por ejemplo, “un ayuntamiento, varias pequeñas empresas y vecinos de un municipio puedan constituirse en comunidad energética, instalar placas fotovoltaicas, almacenar la energía y compartirla entre sus miembros para reducir la factura”.

Apunta, además, que Castilla-La Mancha está entre las primeras regiones del país, pues “hemos pasado de 67 megavatios de autoconsumo en 2019 a 990 en la actualidad, hemos multiplicado por 14 la potencia de generación fotovoltaica instalada para autoconsumo y contamos ya con 57.000 instalaciones”, ha detallado.

En palabras de la portavoz, el objetivo es “que la energía que se produce aquí, se comparta aquí y el ahorro y la parte de actividad económica que se genera, se quede aquí también”.

En la ribera izquierda del río Grande se extiende La Jara, un paraje natural moldeado por suaves lomas dedicadas históricamente al cultivo del cereal, del que se nutrían los molinos de Coín y panaderías históricas, como La Curruca. Abundan allí especies como el aguilucho cenizo, algunas de águila (perdicera, culebrera, real), el halcón peregrino y, de cuando en cuando, aparece algún martín pescador con su plumaje chillón. Este verano, sin embargo, predominan las excavadoras y camiones que motean de negro el terreno arcilloso.

Una legión de máquinas está preparando el terreno para plantar placas solares. Aplanan los cerros, abren zanjas, pelan la tierra y clavan las placas a más de 40 grados una tarde de terral a mediados de julio, a pesar de que la autorización administrativa pide evitar obra alguna en estos meses para evitar el impacto sobre aves esteparias y rapaces en época de nidificación.

La presunta irregularidad es una más de cuantas denuncian quienes se oponen a la transformación de La Jara, sellada a muchos kilómetros de aquí: si nada cambia, una gran superficie de placas que esperan empaquetadas junto al camino sustituirá al paisaje agrario tiñendo de negro alrededor de 400 hectáreas (cuatro millones de metros cuadrados) apenas a cinco kilómetros en línea recta de la Sierra de las Nieves, declarado parque nacional hace apenas cinco años gracias a su pinsapar, único en Europa. La instalación lindaría con la zona periférica de protección del parque y con la reserva de la biosfera, e incluso atravesaría bajo tierra un par de kilómetros del parque.

Un informe elaborado en 2024 por los catedráticos de la Universidad de Málaga José Damián Ruiz Sinoga, Matías Mérida y Marcos Castro alerta del impacto sobre la Sierra de las Nieves de estos proyectos, que entonces abarcaban aún más terreno: 728 hectáreas y un “expolio paisajístico” de casi 2.000, además de un consumo de agua de entre 11 y 56 millones de litros anuales en una zona sometida a sequías periódicas.

En 2021 los proyectos en ciernes llegaron a ocupar un tercio del término municipal de Coín y la propia Diputación pidió al Gobierno central y a la Junta una moratoria en las tramitaciones en la provincia. Con el paso del tiempo, algunos de esos proyectos han sido rechazados, otros eran meramente especulativos y otros cuantos han llegado a la fase definitiva: entre ellos, el que linda con la Sierra de las Nieves.

Toda la corporación en contra

La perspectiva de una Jara colonizada tiene en contra a toda la oposición municipal en el Ayuntamiento de Coín (PSOE, Vox, Andalucía X Sí y Por Andalucía), como se pudo comprobar en el último Pleno, en el que se escucharon lamentos por el “impacto brutal” que tendrá. El alcalde Francisco Javier Santos (PP) relató que fue el primero en oponerse, pero asegura que no puede hacer nada, porque el proyecto tiene el aval del Gobierno central, que lo ha declarado de utilidad pública. Sin embargo, el Ayuntamiento ha evitado durante cinco años modificar las normas urbanísticas, lo que hubiese permitido poner condiciones mucho más estrictas. Tampoco ha acudido a los tribunales para paralizarlo.

Ahora, la batalla se libra también ante la opinión pública, que en Coín lleva tiempo a flor de piel por el proyecto de un macrocomplejo turístico sobre el gran acuífero del pueblo. El destino de La Jara también lleva años movilizando a un puñado de objetores. Cada dos semanas, junto al río, informan a los vecinos del impacto que tendrá esto en sus vidas; invitan a periodistas y políticos, piden reuniones y alegan a cada oportunidad. Su esperanza ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que han interpuesto varios recursos.

“¿Tú crees que cargarse todo esto es ecológico? ¿Cómo pueden poner un polvorín aquí, a los pies del Parque Nacional?”, pregunta Marisa Casal, que encarna la resistencia de la Asociación Valle Natural Río Grande, mientras muestra a ambos lados del camino un paisaje ya pelado.

Una cuestión de rentabilidad: 2.600 euros por hectárea frente a 300

Para los dueños de la tierra la cuestión parece tener más que ver con la rentabilidad que con la biodiversidad o el paisaje. “Desde fuera se ven las cosas muy bien, pero aquí no hay futuro, y esto hay que vivirlo”, explica uno de los propietarios que ha alquilado sus tierras a la promotora y que prefiere no dar su nombre. Tiene 68 años, las ha trabajado sin descanso desde que era un crío y dice que ahora quiere hacer lo que no ha podido antes: “Ver mundo”.

Para él no es fácil, por eso se ha reservado una parcelita para sus gallinas, algunos olivos y una pequeña piscina para disfrutarla con sus nietos. Pero no ve otra opción: el kilo de trigo se paga apenas a 24 céntimos, nada que ver con lo que sacará de alquilar la tierra. No revela cuánto le pagan, ni el total de hectáreas, pero sí cuenta que es un alquiler a 25 años, renovable cada cinco años y pagadero anualmente. Los promotores del proyecto ofrecen dinero abundante y rápido por tierras que la nueva generación ya no está dispuesta a trabajar. Según dijo el alcalde en el Pleno, 2.600 euros por hectárea y año, frente a 300 que puede rendir con cereal.

La mayoría cede, pero no todos. Unos cientos de metros más abajo está Juan, camisa abierta, agua en bandolera, vara en mano para pastorear a sus ovejas: “Los demás tienen cereales, es normal que hayan entrado, pero nosotros es que vivimos de esto, ¿sabes?”. Ahora le quedan unas 500 ovejas, cien fanegas de tierra que van a quedar rodeadas, pocos años para jubilarse y una pequeña nave junto a la casa, pero es que a él le gusta hacer lo que ha hecho toda su vida. Así que respeta a quien cede o vende sus tierras (“es verdad que el campo deja poco”), facilita el trabajo si hace falta, pero él ni vende ni alquila, salvo un “cachito” del que tuvo que desprenderse. No quiere líos.

El regidor aseguró que 108 de los 110 propietarios de Coín han accedido a alquilar sus tierras, una cifra que los activistas cuestionan porque el BOE recoge al menos 324 parcelas “sujetas a expropiación”. “Estuve nueve días, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Ayuntamiento de Coín, Alozaina, Casarabonela, Álora, Pizarra y Cártama, acompañando a los vecinos que se oponían a la expropiación, ayudándoles a presentar la documentación”, recuerda Casal.

Recursos ante el TSJ de Madrid

La otra gran pata de la estrategia de resistencia está en los tribunales. Sobre el papel, los activistas combaten contra tres parques fotovoltaicos diferentes (inicialmente eran cuatro y de mayor extensión), colindantes y del mismo promotor, autorizados por el Ministerio de Transición Ecológica (por tener capacidad para generar más de 50 MW), además de una gran línea de evacuación eléctrica desde Coín a Cártama.

Orla I y II y Natera están promovidos por sociedades instrumentales de Verbund, la principal eléctrica austriaca y una de las mayores compañías hidroeléctricas de Europa. El 51% de su capital pertenece al Estado austriaco. Muy cerca están previstos también los parques de Arcos VI, Jara y Ardenis, en estos casos con la autorización de la Junta de Andalucía.

El abogado Salvador Campos lleva desde 2021 recurriendo en nombre de la asociación. Primero, frente a las primeras resoluciones de autorización administrativa previa: “El Ministerio tardó dos años en resolverlo, cuando la ley marca tres meses”. Además, se presentaron 356 alegaciones particulares y se opuso el municipio de Alozaina.

También recurrieron la declaración de utilidad pública, que funciona a modo de chantaje, según la asociación: con ella en la mano, los promotores pueden solicitar la expropiación de las tierras si no llegan a un acuerdo con los propietarios, lo que desequilibra la negociación de partida. Casi todos los dueños de las tierras donde se ubicarán los parques han acabado llegando a acuerdos privados con Verbund, pero no ocurre así con muchos de quienes tienen tierras atravesadas por la línea de evacuación, que se han opuesto al levantamiento de las actas previas de ocupación, el pasado abril.

Verbund ha respondido al cuestionario remitido por este medio con un comunicado en el que no cuantifica las fincas expropiadas, los acuerdos que ha alcanzado con los propietarios ni su valor económico, tal y como se le había pedido. La empresa subraya que cumple de forma “rigurosa” la ley y asegura que está “impulsando” un “Programa de Impacto Local” para “maximizar los beneficios de las instalaciones en la región y su entorno”, sin dar detalles de en qué consiste. El Ministerio no ha respondido.

Obras en pleno verano

Ahora, la asociación ha llevado el asunto a los tribunales. La vía en el contencioso es doble: contra la autorización de los parques y contra la línea de evacuación, que atraviesa los municipios de Coín, Casarabonela, Álora, Pizarra y Cártama. Sin embargo, los recursos no paran las máquinas porque no son suspensivos.

La asociación denuncia que los proyectos originales (realizados entre octubre de 2020 y julio de 2022) y el de ejecución no han incorporado los condicionantes de la declaración de impacto ambiental y de la autorización administrativa, que son posteriores.

A finales de junio solicitaron la inspección y paralización urgente de la obra por entender que tampoco se ajusta a lo previsto. En un escrito dirigido tanto al MITECO como a la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, la asociación subraya que los desbroces, movimientos de tierra y retirada de cubierta vegetal van más allá de lo autorizado (que es lo estrictamente necesario para los módulos). Sospechan que el proyecto no recoge un plan de restauración vegetal e integración paisajística para minimizar el impacto; ni prospección de campo para identificar flora amenazada o posibles hábitats de interés comunitario; ni estudio de campo de la avifauna y cronograma para minimizar el impacto, a pesar de que la declaración de impacto obliga a tener en cuenta los ciclos biológicos de las especies protegidas; ni medidas compensatorias por la tala de cientos de olivos, sin contar con la afección sobre especies como el espino negro o el palmito.

Verbund no ha respondido a las preguntas sobre los incumplimientos concretos recogidas en el formulario, pero lo niega todo: “Los proyectos que actualmente promovemos en Coín se están construyendo conforme a las autorizaciones, permisos y licencias otorgados por las administraciones competentes, tanto a nivel nacional, autonómico, como local”. Según la empresa austriaca, la autorización ambiental ya recoge un amplio paquete de medidas preventivas, correctoras, compensatorias y de seguimiento. Lo que denuncian los activistas es, precisamente, que ese documento está siendo ignorado.

Tampoco hay constancia de un estudio sobre el impacto hidrológico y sobre el suelo y el subsuelo de instalar módulos en lomas con una pendiente mínima del 15%. A pie de campo, Tere, la mujer de Juan, dicta sentencia con la experiencia de toda la vida sobre el terreno: “Aquí cuando llueve las tierras andan. Esto no lo conocen ellos”.

“Nadie vigila nada”

La empresa insiste en que, en todo caso, la obra está sujeta a las inspecciones y controles pertinentes. “El problema es que dan la autorización, pero luego nadie vigila nada”, lamenta Casal a los pies del puente de Carranque, donde han llegado a coincidir tres camiones de gran tonelaje.

Tras las crecidas del otoño que arrastraron el de Valenciana, este puente el único que queda en pie; las grietas y las abolladuras muestran el impacto visible del trasiego continuo de vehículos de obra, que en teoría debían acceder a la zona de obras desde Alozaina y Casarabonela y no por este camino, sufragado por los propios vecinos. Cerca de allí, un poste y un cable reposan en la cuneta, apenas señalizados por un cartel de advertencia. Ha pasado apenas una semana del incendio de Los Gallardos cuyo origen apunta a la caída de un poste eléctrico.

La asociación tiene la sensación de estar batallando contra un gigante que ni se inmuta, porque el árbitro que debe vigilar está de su parte. “Presentamos unas alegaciones fundamentadas de 60 páginas y ni contestaron”, lamenta el abogado, que también denuncia que no pudieron acceder a documentación esencial porque la web daba error y nunca se publicó en los tablones municipales: “Ahora hemos solicitado a Coín que nos remita los expedientes y las licencias, y no lo hacen. Es una actuación extraordinaria que debería ser sometida a información pública”.

Nada de esto ha servido contra el gigante que toma forma en las tierras de La Jara.

La guerra de Estados Unidos contra Irán ha propiciado un sobrecoste de 10.300 millones de dólares (más de 8.800 millones de euros, al cambio actual) en las importaciones de combustibles fósiles de España, que es también el segundo país que más ha ahorrado en su factura energética durante este conflicto (más de 1.750 millones de dólares) gracias a las renovables instaladas desde 2020.

Son estimaciones de un informe que publica este miércoles el Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), laboratorio de ideas (think tank) con sede en Helsinki (Finlandia) que estudia la contaminación atmosférica, sus causas y sus efectos en la salud.

El informe sitúa a España (que apenas produce petróleo ni gas) entre los diez países del mundo que mayor sobrecoste han tenido que pagar en sus importaciones de combustibles fósiles por el encarecimiento de la energía desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el pasado 28 de febrero junto a Israel este conflicto, que mantiene prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, por el que transitaba el 20% del crudo y el gas natural licuado (GNL) que consume el planeta.

Esos 10.300 millones de dólares extra en importaciones equivalen al coste que tendría para la próxima década el sistema antiapagones que autorizó recientemente Bruselas al Gobierno mediante un mecanismo de ayudas de Estado. La cifra convierte a España en el noveno país del mundo que más sobrecoste ha pagado por sus importaciones de hidrocarburos por la guerra de Trump contra Irán, según CREA.

Entre los diez países más afectados están también Países Bajos (con un gasto extra de 13.500 millones de dólares), Italia (12.700 millones) y Francia (11.100 millones), que como España son miembros de la UE, territorio al que Trump impuso en julio de 2025 la compra de energía por importe de 750.000 millones de euros a cambio de suavizar los aranceles que luego le tumbó el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El sobrecoste para los países europeos está en cualquier caso lejos de los tres gigantes económicos que encabezan el ranking, según CREA: China (35.500 millones de dólares más), India (22.500 millones) y Estados Unidos (16.500 millones). El informe, que ha analizado información de 170 países, estima que el conflicto en Irán ha disparado la factura mundial en combustibles fósiles en más de 330.000 millones de dólares extra: unos 283.000 millones de euros, al cambio actual.

El cálculo (unos 55.000 millones al mes), que equivale a todo el PIB de Finlandia, se refiere al sobrecoste respecto a lo que los mercados esperaban pagar antes de la guerra, sin incluir mayores costes de transporte marítimo, seguros de guerra u otros costes. Por eso CREA considera que es una estimación “conservadora”.

El informe señala que este conflicto supone el mayor shock de precios sostenido desde la Guerra del Golfo de 1990. Hace unos días, el Gobierno español esgrimió esta crisis como el argumento central para justificar la prórroga hasta 2030 de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), que previsiblemente va a trastocar el cierre nuclear paulatino hasta 2035 que el Ejecutivo pactó con las eléctricas en 2019, antes de esta crisis, de la pandemia o de la guerra en Ucrania.

El informe de CREA destaca que los países que han aumentado su generación con energías renovables desde 2020 han reducido su exposición al encarecimiento de los combustibles fósiles. Según el think tank, la nueva capacidad instalada desde el año de la gran pandemia ha permitido ahorrar unos 36.000 millones de dólares en importaciones de carbón, gas y petróleo durante los primeros cinco meses de la crisis.

De esa cifra, 10.600 millones corresponden específicamente al ahorro derivado de evitar comprar combustibles a los precios inflados por la guerra. España ocupa la segunda posición, solo por detrás de Italia, que ha logrado evitar más de 1.800 millones en importaciones de carbón, petróleo y gas en estos meses gracias a las energías limpias.

Otro informe publicado en junio por otro think tank europeo, Ember, cifraba en 10 euros mensuales el ahorro estimado en la factura eléctrica de los hogares españoles desde el inicio del conflicto gracias a las renovables.

De esos 330.000 millones de dólares sobrecoste, el crudo concentra prácticamente la mitad que estima CREA: unos 164.000 millones, con un precio medio un 35% superior al previsto antes de la guerra. Pero es en los productos refinados, de los que la población depende para su vida diaria, en los que se han sufrido incrementos mayores.

En el diésel ese sobrecoste ha sido del 59% (unos 74.000 millones de dólares); en la gasolina, del 43% (36.000 millones); y en el combustible para aviación, del 59%, hasta 20.000 millones de dólares. CREA cifra en 38.000 millones el sobrecoste en el GNL, algo mayor en los países del área del Pacífico (75%) que en los de la cuenca Atlántica (60%).

Impacto desigual

El informe recoge que los países de renta baja y media-baja están soportando un coste adicional equivalente al 1% de su PIB de 2024 debido al encarecimiento de los combustibles fósiles, frente al 0,45% en los países de renta alta. Es decir, más del doble en términos relativos. La razón es que tienen menos capacidad para absorber aumentos de precios y, en muchos casos, más dependencia de las importaciones energéticas.

El informe subraya también que la electrificación —especialmente en transporte y calefacción— está reduciendo la demanda de combustibles fósiles. Recuerda que, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el parque mundial de vehículos eléctricos podría sustituir 5 millones de barriles diarios de petróleo en 2030. Esta cantidad equivale al crudo que Arabia Saudí está exportando a través del oleoducto Este-Oeste como alternativa a Ormuz.

Seis meses después del inicio del conflicto, el estratégico estrecho continúa prácticamente cerrado. Ante el estancamiento de las negociaciones, este verano la cotización del petróleo Brent, de referencia para Europa, ha vuelto a superar los 90 dólares por barril. Y el precio del gas de referencia para Europa (conocido como TTF) ya está cerca de los 80 euros por megavatio/hora (MWh), un nivel inédito desde que comenzó esta crisis. En febrero rondaba los 30 euros/MWh.

La escalada del gas está contagiando a la factura eléctrica en España en un verano en el que la aportación de la eólica ha descendido por motivos estacionales, mientras se ha disparado la producción de los ciclos combinados (que queman gas natural), con la demanda al alza por las sucesivas olas de calor y el mayor uso de aparatos de aire acondicionado. Ya en julio los ciclos fueron la segunda fuente de generación de electricidad en España (20% del total), solo por detrás de la fotovoltaica.

La energía ya propició que la inflación se situase en julio en España en el 3,6%, en máximos desde mayo de 2024, con el diésel disparándose más de un 15%, lo que obligó al Gobierno a volver a elevar la rebaja fiscal al diésel hasta los 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos. Este viernes se publicará el avance del IPC de agosto. Servicios de Estudios como el del BBVA han anticipado que podría superar el 4% por el encarecimiento de la energía.

Quintana Martín Galíndez (Burgos, 304 habitantes) ya no tiene el movimiento de hace una década. En la cabecera del Valle de Tobalina (877 habitantes), donde casi el 30% de la población supera los 65, quedan tres bares donde antes había muchos más, las oficinas bancarias han reducido sus días de atención y el municipio ha perdido alrededor de 140 habitantes en los últimos 12 años, cuando comenzó la desconexión y el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Como tal, la central dejó de funcionar en agosto de 2017, después de 46 años de actividad. Entonces había 227 trabajadores en plantilla y otros 158 vinculados a empresas auxiliares y subcontratas. En total, 385 empleos quedaron afectados por el cierre en un territorio que hoy integra 27 municipios de Burgos y Álava dentro de la Zona de Transición Justa de Garoña.

Diez años después, la comarca vive una transformación que sobre el papel tiene una dimensión considerable. Desde 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido cerca de 17,43 millones de euros para 35 proyectos empresariales, energéticos y municipales, con una inversión de 31,48 millones.

Al otro lado de la sierra, en la Merindad de Cuesta-Urria, sienten que les ha tocado “el gordo de Navidad” gracias a un macroproyecto de almacenamiento hidráulico que aspira a heredar el nudo de evacuación de la central. El miedo en la comarca pasa por no vivir en sus carnes la situación que se ha vivido en las cuencas mineras del carbón.

La factura de apagar Garoña

“La central nació, creció, dio trabajo durante 40 años y ha muerto”. Jesús Ángel López de Mendoza, alcalde del Valle de Tobalina, resume así el cambio. Y añade una advertencia sobre el futuro: los próximos años todavía estarán marcados por el desmantelamiento, pero cuando termine esa actividad temporal la realidad será mucho más complicada.

Aunque la tasa de paro oficial del municipio se maquilla provisionalmente por debajo del 8% debido a que el desmantelamiento gestionado por Enresa emplea mano de obra comarcal, la preocupación real es qué ocurrirá cuando las demoliciones concluyan en un plazo máximo de diez años.

En esta parte de la comarca de Merindades, en el norte de Burgos, el problema no es únicamente laboral. Para el Valle de Tobalina, el cierre de la central también significó un golpe directo a las cuentas municipales.

Otro de los golpes al Valle de Tobalina vino de un cambio normativo sigiloso en los despachos de Madrid. López de Mendoza asegura que una modificación estatal en la ordenanza del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) arrebató a las arcas municipales la posibilidad de cobrar las tasas ordinarias por la gigantesca obra de demolición de la central nuclear.

El Ayuntamiento calcula una pérdida patrimonial de 23 millones de euros vinculada al desmantelamiento y sostiene que ha dejado de ingresar alrededor de un millón de euros anuales en tributos corrientes que anteriormente contribuían a sostener el presupuesto.

La situación ha obligado al consistorio a tomar decisiones poco populares. El municipio administra 33 pedanías y ha tenido que mantener servicios como la guardería, el gimnasio, el telecentro, las piscinas o la biblioteca. Para poder sostenerlos, el Ayuntamiento ha tenido que elevar tasas como las de basura y agua y el IBI, como señala el regidor.

“He tenido que meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos subiendo la basura, el agua y el IBI para mantener los servicios. Ahora voy cojo. Antes hacíamos las cosas en el día, ahora igual tardo dos días en dar el servicio”, apunta el alcalde.

Incluso las ayudas por albergar los residuos radiactivos resultan insuficientes. El convenio anual con Enresa reporta al ayuntamiento 447.000 euros, una cantidad que es insuficiente para dar todos los servicios.

López de Mendoza logró que el Gobierno flexibilizara las bases de estos convenios —una medida que afectará a todo el parque nuclear español— para poder destinar esa asignación a gasto corriente y costes de personal, y no solo a cemento. “Garoña ya es inviable. Lo de volver a abrirla es imposible, todo nace, crece y muere”, explica frente a los discursos que proponen reactivar la planta.

La nueva apuesta: agua como energía en lugar de uranio

Mientras el Valle de Tobalina intenta mantenerse, a pocos kilómetros, la perspectiva cambia de forma radical. El entorno de Garoña está concentrando proyectos renovables de gran tamaño. Uno de ellos es el desarrollo fotovoltaico de Solaria, acompañado de almacenamiento mediante baterías. En la Merindad de Cuesta-Urria se está trabajando en el proyecto una central hidroeléctrica reversible de 151 MW promovida por Waqbaw.

El funcionamiento es relativamente sencillo. Dos balsas situadas a distinta cota permiten almacenar electricidad en forma de agua. Cuando existe excedente de generación renovable, el sistema bombea agua hacia la balsa superior. Cuando la demanda aumenta, el agua vuelve a descender y mueve las turbinas para producir electricidad. La instalación está concebida como un circuito cerrado.

La inversión prevista ronda los 197 millones de euros. Para un municipio pequeño como Cuesta-Urria, con cerca 300 habitantes empadronados repartidos en 24 núcleos, el proyecto tiene una dimensión difícil de comparar con cualquier actuación municipal ordinaria.

Para Beltrán, el proyecto de una Central Hidráulica Reversible de bombeo en su término municipal es la única tabla de salvación para el ayuntamiento. La idea se le ocurrió tras un viaje con la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) a la localidad valenciana de Cortes de Pallás, donde visitó la central de bombeo de La Muela. “Me di cuenta de que teníamos el lugar perfecto. Tenemos 339 metros de diferencia de altitud entre balsas en muy poco recorrido físico”. Tras consultar la viabilidad con René Gómez, entonces comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el proyecto echó a andar.

Beltrán estima que solo la licencia de obras, calculada sobre una inversión de ese tamaño, supondría unos ingresos extraordinarios para unas arcas municipales cuyo presupuesto ordinario ronda los 800.000 euros anuales. Además, el Consistorio espera ingresos recurrentes mediante cánones y tasas vinculados al funcionamiento de la instalación y a su línea de evacuación.

“Igual que hasta ahora el Valle de Tobalina con Garoña era un ayuntamiento privilegiado, pues ahora nos toca a nosotros. Es una lotería... En el momento en que arranquen las obras, simplemente con la licencia de obra, ya podemos echar adelante algún proyecto importante para asentar población”, apunta el regidor.

El proyecto, según Beltrán, cuenta con el respaldo unánime de los vecinos al plantearse como un circuito cerrado. “El miedo que teníamos era que fuera un circuito abierto desde el río y estuviera gastando agua del río Nela de continuo”. Sin embargo, la realidad de captar agua de un ecosistema fluvial con un estiaje severo mantiene en alerta a los colectivos conservacionistas de Las Merindades, un territorio con un largo historial de lucha ecológica que ya logró tumbar proyectos mineros y de fracking en la cuenca del Nela.

Una 'batería de agua' para la nueva generación renovable

Desde Waqbaw, su director de desarrollo, Víctor de Huerta, defiende que la central de Cuesta-Urria se ha planteado con especial atención a la conservación del entorno. La ubicación de las balsas fue consensuada con los ayuntamientos de la Merindad de Cuesta-Urria y parte de las instalaciones se situará sobre terrenos municipales. La empresa destaca además que el circuito será cerrado y que no habrá una detracción constante de agua del río Nela: el recurso se utilizará para el llenado inicial y para compensar la evaporación.

Frente a las dudas ambientales, Víctor de Huerta, director de desarrollo de Waqbaw, defiende el proyecto como una “infraestructura de país” alineada con la transición energética. “El bombeo reversible y las baterías no son tecnologías excluyentes, sino complementarias”, puntualiza De Huerta. “Pero mientras las baterías de litio sufren una degradación rápida y tienen una vida útil de 10 o 15 años, nosotros estamos construyendo una infraestructura energética madura diseñada para durar varias décadas”.

De Huerta destaca que una central reversible como la de Cuesta-Urria ofrece entre 6 y 10 horas de almacenamiento medio equivalente, inyectando inercia natural, soporte de cortocircuito y estabilidad de tensión a la red síncrona en una provincia con una penetración masiva de energía eólica y solar no gestionable. El objetivo es retener los excedentes de generación renovable que de otra manera acabarían desperdiciándose en forma de vertidos a la red.

El proyecto, además, no llega solo. Otra gran apuesta de la promotora es por el empleo. Waqbaw calcula alrededor de 200 puestos de trabajo temporales durante la construcción, pero asegura que el impacto no terminará cuando acaben las obras.

El compromiso con el Instituto para la Transición Justa contempla hasta 151 empleos equivalentes a tiempo completo vinculados a nuevos centros de trabajo en la zona durante diez años.

A esos puestos se suman 15.100 horas de formación para 100 personas de la comarca, con contenidos relacionados con las nuevas tecnologías energéticas, pero también con la gestión y puesta en valor del patrimonio cultural y el turismo rural. La intención, según la compañía, es que la inversión deje algo más que una infraestructura energética: trabajadores formados, actividad económica y herramientas para que parte de ese empleo pueda permanecer en el territorio una vez terminada la construcción.

La central de Cuesta-Urria ha obtenido conexión en la subestación de Garoña, en el nudo de 220 kV. Según la promotora, permitirá aprovechar excedentes de producción renovable y aportar flexibilidad al sistema eléctrico, además de inercia, estabilidad de tensión y soporte a la red.

8,7 millones de euros para 16 proyectos

El fin de los ingresos de la central en las cuentas del Ayuntamiento de Valle de Tobalina contrasta con la llegada de inversión a la comarca, aunque buena parte de ese dinero tiene un destino concreto: rehabilitar edificios, crear equipamientos, mejorar espacios públicos o impulsar proyectos energéticos. No sustituye automáticamente los ingresos recurrentes que generaba una instalación como Garoña.

El propio informe oficial de la Zona de Transición Justa refleja esa apuesta. Solo en infraestructuras municipales se han concedido 8,7 millones de euros para 16 proyectos. Entre ellos está la reforma integral de la residencia de mayores del Valle de Tobalina, con casi tres millones de euros, y la rehabilitación del Hostal Municipal, con 985.520 euros.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha inyectado en la zona de influencia de Garoña unos 17,43 millones de euros de ayudas públicas desde 2019. De esta cantidad, 10,3 millones corresponden a infraestructuras del Instituto para la Transición Justa) y 7,1 millones proceden de las líneas del IDAE para descarbonización y comunidades energéticas.

También hay actuaciones destinadas a recuperar espacios de uso colectivo. ENRESA ha cofinanciado 42 propuestas de desarrollo local en once municipios con 2,6 millones de euros. En Tobalina, 783.000 euros se destinan a actuaciones relacionadas con el embalse de Sobrón, la residencia, el entorno del embarcadero y un pabellón multifuncional. La idea es que estas inversiones ayuden a mantener servicios para tratar de mantener a la población.

Empleo de calidad y estable y salir del olvido institucional

En la comarca de las Merindades, el paro se mantiene actualmente por debajo del 8%, pero una parte de esa situación está relacionada con el propio desmantelamiento de Garoña. Hay trabajadores del valle, de Medina de Pomar, Trespaderne y Burgos que siguen vinculados a las obras de la central. Cuando todo eso acabé, se esfumará ese 'colchón'.

La prioridad pasa por conseguir que el empleo sea estable, como indican los alcaldes. El cierre de la nuclear afectó de forma directa a 385 trabajadores entre personal de Nuclenor y subcontratas. Las obras de la central de bombeo darán trabajo temporal a 200 personas, pero una vez operativa la CHR requerirá un volumen mínimo de personal para el mantenimiento diario.

“El turismo es solo una pata de banco”, advierte con severidad el alcalde de Cuesta-Urria, Alfredo Beltrán. “Es ir creando un tejido industrial que nos permita asentar unas 300 familias en la comarca para que la zona funcione”. Beltrán critica el olvido institucional que sufren los municipios fronterizos burgaleses por parte de las capitales autonómica y provincial.

La carretera autonómica que conecta el Valle de Tobalina con Miranda de Ebro, cuyos túneles carecen de iluminación eléctrica en pleno siglo XXI, es el ejemplo de ese abandono que denuncian los regidores. Mientras las grandes ciudades se nutren de la energía limpia generada en los montes y ríos del norte de Burgos, los alcaldes del entorno de la central nuclear de Garoña buscan conseguir que los millones de euros de la transición ecológica se conviertan en escuelas abiertas, más negocios, cajeros automáticos operativos y un futuro habitado en los pueblos que apagaron el átomo.

Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, y su responsable de Políticas Climáticas, Ismael Morales, han escrito al alimón Manual de Independencia Energética. El camino hacia la transición ecosocial (Ed. Catarata), presentado a finales de junio por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (de la que Ferrando fue asesor en su proceso de “escucha”), y el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Ambos atendieron a elDiario.es por videoconferencia en una entrevista realizada antes de la prórroga de la central nuclear de Almaraz y actualizada por vía telefónica tras la decisión del Gobierno de alargar la vida de la planta extremeña hasta 2030.

¿Qué supone prorrogar Almaraz?

Fernando Ferrando: Es un cambio en el relato del Gobierno sin que exista ninguna razón técnica que recomiende su continuidad. La publicación [de la orden ministerial] un viernes 14 de agosto es el indicio más claro de que las razones no son transparentes. Supone 14TWh menos de renovables a partir de 2029 o 7 a partir de 2028. Las inversiones, principalmente en fotovoltaica, van a sufrir más precios deprimidos.

¿El PNIEC [Plan Nacional Integrado de Energía y Clima] queda en papel mojado?

Ismael Morales: Queda totalmente invalidado. Afecta a cada uno de sus objetivos. A la mayoría los lastrará. Obliga a invalidar la hoja de ruta que regía las planificaciones y estrategias de inversión y políticas públicas en la transición energética. El riesgo de que el efecto dominó se propague puede suponer un alto riesgo para este PNIEC y su actualización en 2028 de cara a la década de 2040. Dar bandazos en una hoja de ruta energética cuyos objetivos son vinculantes a través de la Ley de Cambio Climático no dota a España de la seguridad regulatoria y estratégica que requiere un cambio de tal calado. No se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de la partida.

Tras la expansión de los últimos años en España, se ha enfriado la euforia. Las eléctricas están apostando por la distribución, frenan inversiones en renovables y las venden. ¿La prórroga va en esa línea?

(I. M.): Ya advertimos de que la extensión bloqueará la instalación de nueva fotovoltaica, principalmente en Extremadura. El PNIEC está atado a cumplir el desmantelamiento. La base del modelo era cerrar las centrales en el plazo fijado. El almacenamiento está por llegar y la flexibilidad también. El PNIEC puede tener sus desvíos, pero para cumplirlo, el cierre debía ser realidad. La permanencia de Almaraz será un freno total a nuevas instalaciones de renovables y almacenamiento.

(F. F.): Controlar las redes, ser una empresa integrada, provoca que marquen la velocidad de la transición. Los tiempos no los marca la ley, sino las distribuidoras. Tienen un mes para contestar sobre la conexión de una planta de hibridación o almacenamiento y pueden tardar cinco o seis meses. O decir que se modifique toda la subestación. Se les ha cedido la decisión para modificar muchas cosas. Podríamos extenderlo a los puntos de recarga de vehículos eléctricos. Se les ha dado la llave total. Controlan la liberalización, la comercialización, la generación y la distribución. Y el resto, a remar. La velocidad de crucero es la que es.

Hay un punto alucinante en la llamada operación reforzada [colchón extra de seguridad que REE aplica desde el apagón, con más gas]: los ciclos combinados, en vez de entrar en el programa diario, no se ofertan para entrar en restricciones. De cobrar 40 euros de media a 250-300 euros [por MW/hora producido]. Una empresa está obligada ante sus accionistas a obtener beneficios, y el Estado y sus instituciones, a exigir que se cumpla la ley. El Estado debe ser fuerte y los trabajadores, las organizaciones de consumidores, estar presentes. Estamos en manos de quien quiere controlar la velocidad del cambio, aunque algo hemos ganado, y en esto somos positivos: eléctricas y petroleras tienen muy claro que el futuro es renovable. Aunque el tiempo lo controlen ellas y haya cosas como el llamado petróleo verde, el greenwashing más descarado del mundo.

Dicen en su libro que la transición energética se ha convertido en un negocio gestionado por intereses privados y abogan porque el Estado dé un paso adelante.

(F. F.): Se ha visto como un negocio porque solo se ha enfocado por la parte de la oferta, obviando a consumidores, trabajadores y sociedad. El objetivo era mercantilizar la transición energética. Si analizamos los resultados, se ha quedado corta e incluso ha fracasado. Las inversiones en renovables están pasando un problema, no hay demanda. No hay electrificación. Los que invirtieron en fotovoltaica están en default. Hemos perdido el concepto de que era para toda la sociedad y requería darle el carácter público, apostar por el Estado.

¿Cómo se articula esa mayor presencia del Estado?

(F. F.) Ampliando su función. Ahora solo es regulador y en algunos casos controlador, a través de instituciones independientes. Debe asumir un papel inversor, de emprendedor. El último decreto de Planes de Infraestructuras Eléctricas promete aumentar hasta 17.400 millones las inversiones en redes, un monopolio natural, pero privado. Si las distribuidoras no quieren invertir porque ven que la rentabilidad no les satisface, es una función que debe asumir el Estado. Y no es normal que la tarifa para vulnerables, el PVPC, esté adscrita a las distribuidoras, que controlan el mercado liberalizado. Reclamamos esa prestación del Estado emprendedor, planificador, inversor y prestador de servicios. Volver a hacer Estado es girar la transición energética hacia una transición ecosocial, de todo el mundo.

Empresas como Iberdrola presionan para ir en otra dirección con la red de alta tensión y que deje de ser monopolio de Red Eléctrica. ¿Qué implicaría?

(F. F.) El transporte está unido al operador del sistema. Si lo haces privado, limitas su capacidad. Nosotros apoyamos que incluya almacenamiento, el bombeo. Hay instalaciones que no son para generar electricidad, sino para gestionar el sistema. Iberdrola lo pide para incrementar su negocio regulado. Endesa cerró el semestre con un 41% más de beneficio gracias a la distribución. Esto es un bien esencial y estratégico. Quien saca negocio no es quien tiene que decidir la velocidad. Iberdrola dice: quiero crecer, me va muy bien con la distribución. Quiero que el transporte también se considere una red dentro de mi potencial. Acaba de comprar una compañía en Finlandia. Es curioso cómo las eléctricas han pasado de querer escindir las redes, como intentó Naturgy, a ver que es su suelo más importante. Es un negocio sin riesgo, seguro y regulado por el Estado, porque no es de mercado, se paga por rentabilidad de inversión.

En ese papel del Estado, ¿se está perdiendo una oportunidad con las concesiones hidroeléctricas que caducan y cuesta mucho que reviertan al Estado?

(F. F.) Hay problemas de reversión porque las confederaciones no asumen su papel. Pero hablamos de peanuts, es una forma de desviar el tiro. Es una potencia ridícula, hasta 2030 estábamos por debajo de 1.000 MW. Es curioso. En los 90 se automatizaron la mayoría de concesiones y se les dio 75 años más. Hay centrales revertirán al Estado con más de 150 años, cuando la ley marca 75. Por eso la mayoría acaba en los años 60 de este siglo. Cuando se automatizaron, despidieron a la gente y les ampliaron la concesión. Fue el mejor negocio del mundo. Lo hicieron el PSOE y el PP. En estas cosas no hay ideologías.

Se intentó culpar a las renovables del gran apagón. ¿Ha sido un impulso o un freno a la transición? ¿Qué lecciones extraer?

(F. F.) Ha sido un impulso regulatorio. Han cambiado cosas muy importantes que se habían dejado. El miedo que introdujo en la gestionabilidad del sistema lo ha aprovechado quien más poder tenía: el discurso de Almaraz, que ni estuvo ni se le esperaba durante el apagón; el de los ciclos [de gas]; de que esto hay que hacerlo a velocidad segura... El último dislate son los prejuicios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con la gravedad de los expedientes por el apagón. Faltaba uno a la propia CNMC, uno de los frenos más importantes del control de tensión como regulador con el famoso procedimiento 7.4, que ha tardado cinco años en aprobar cuando en muchos países las renovables participaban en ese servicio. Si hubiera estado, seguramente no se hubiera producido el apagón. Ha salido reforzado el sector eléctrico tradicional, porque tiene los medios y el dinero para contar una película.

(I. M.) Tecnológica y regulatoriamente hemos avanzado. Los inversores que estaban instalados podían ofrecer grid forming [tecnología de control de tensión en plantas de renovables]; solo necesitaban una actualización de software. La digitalización ya estaba en las plantas. Solo faltaba el procedimiento operativo. La regulación energética de España avanza con las crisis. Lo comprobamos con el apagón o la invasión de Ucrania. Está esa doble vertiente, la buena y la mala noticia. Socialmente, se ha instalado ese miedo a más renovables. Incluso el debate de liberalizar el operador de transporte es una ventaja que el sector privado ha obtenido. Por suerte las renovables están mucho más aceptadas a nivel social. Se da la paradoja de que el apagón elevó la oposición a ellas, pero la crisis energética de Ormuz le ha dado la vuelta. Gracias al apagón estamos empezando a hibridar, sacando normativas de control de tensión que no estaban o estaban en un cajón.

En los últimos años, en España se han multiplicado los conflictos por la ubicación de macroplantas de renovables. ¿Cómo compatibilizar una implantación rápida, proteger la biodiversidad y conseguir la aceptación social?

(I. M.) Lo venimos diciendo desde 2020: escuchar y aceptar las demandas del territorio. Hay una mochila de todo lo mal que se ha hecho. Antes de diseñar el proyecto hay que preguntar a la gente, saber sus intereses, qué beneficios pueden obtener y si quieren o no la planta. Está pasando en Catalunya con el PLATER (Plan territorial sectorial para la generación eléctrica eólica y fotovoltaica, líneas de evacuación y almacenamiento). Han fijado objetivos de renovables para cada municipio sin preguntar. Y está levantando ampollas. Siempre hemos defendido esa comunicación temprana y adaptada, que no puede ser digital si es un pueblo de 60 personas con una edad media de 60 años.

En Fundación Renovables lo estamos haciendo con Red Eléctrica, con una metodología de diseño de redes. No es solo comunicar, es escuchar y una vez tenemos el diseño del parque, si hay que hacer modificaciones por requerimientos de los vecinos y no supone una inversión extra demasiado grande, se hacen. La aceptación social para 20-25 años será mayor. También contratar equipos, personal laboral de la zona, arraiga mucho en el territorio. Hay proyectos que lo están haciendo, pero necesitamos que el ejemplo se extienda.

(F. F.) El año pasado se hicieron 9.000 MW fotovoltaicos. Los que podríamos llamar mala praxis son muy pocos. Es más noticia uno que la realidad. En Galicia están venciendo la mayoría de contratos para repotenciar los primeros parques eólicos. Se está renegociando todo y la gente de los pueblos ha aprendido estos 25 años. La inmensa mayoría de las renovables se ha hecho bien. Ha habido especuladores que todos conocemos, incluso están judicializados, en Castilla y León, Aragón con Forestalia, el plan eólico de Valencia… suele pasar en todos los sectores. Ni las renovables ni la superficie disponible para instalarlas son escasas. Lo es el acceso a la red. En un pueblo con dos pequeñas fotovoltaicas, al propietario del terreno al que le ha tocado una le han dado diez veces más renta que haciendo cereal de secano, que se está pagando a 1.200 euros por hectárea cuando con la PAC en algunos años no llegan a cubrir ni gastos. El resto del pueblo no se beneficia. Y nadie podrá hacer otra planta.

Hablar con la gente, comunicarlo, es también redistribuir las rentas. Tenemos que aprender qué se ha hecho bien, corregir qué se ha hecho mal y redistribuir. Si la gente ve beneficio y que saca producto… Siempre pongo el caso de Matarraña de Teruel, una zona muy bonita. Ahí están contra la eólica y a favor del desarrollo porcino. Una cooperativa [agropecuaria], Arcoiris, asume el 40% del empleo de la zona, aparte del turismo. Las renovables se tienen que integrar en el territorio. No que venga un tío de Madrid, Zaragoza o A Coruña y dé una renta al que le ha tocado en suerte la planta. Es un desarrollo global y es importante que participemos todos.

(I. M.) La evaluación ambiental funciona. Entre 2024 y 2026, el 50% de los parques eólicos se tiraron por la evaluación ambiental. Las malas prácticas son mínimas. Con una regulación de beneficios de licencia social, no haría falta un sello de excelencia de renovables al que mejor lo haga. Hay que elevar el umbral mínimo. Una regulación exigente que haga obligatoria la licencia social, la redistribución de rentas, de beneficios al territorio.

La extrema derecha ha convertido la agenda climática en campo de batalla política. Está pasando en los pactos de gobierno de Vox y PP. ¿Las fuerzas progresistas han fallado al explicar que las renovables, además de una política ambiental, son una política de redistribución y soberanía económica?

(F. F.) Yolanda Díaz dice: “Dato mata relato”. No. Ha cambiado. Ahora el relato mata al dato. Puede salir el presidente de Gobierno, dar los datos de crecimiento económico, pero sigue siendo el mismo perro. Los datos ya no valen. La confrontación pesa más que la realidad. Dos meses antes de nuestro libro salió El ecologista de derechas (con prólogo de José María Aznar). Tecnológicamente, estamos de acuerdo en muchas cosas, aunque seguramente no en cómo llevarlo a cabo. Puedes apostar por el mercado, el neoliberalismo. Yo, por el papel del Estado. Pero algo hemos avanzado. Hablo de gente civilizada. Derecha, izquierda. No extremismos con otro objetivo. Si hablamos de la aplicación de los ETS [sistema de comercio de emisiones], a lo mejor no estamos de acuerdo en el destino de lo recaudado. Es un gran avance en positivo. Ya no es carbón o renovables. La diferencia fundamental es cómo lo llevamos a cabo y a qué velocidad.

Después del 23, tuvimos alguna reunión con alguno de Vox y estaba a favor de las renovables. Luego han cambiado: se trata de disminuir la capacidad del Estado, que hace todo mal. Existen fallos de mercado, pero pensar que estamos en un Estado fallido sin haberle dado ninguna oportunidad… Tenemos que repensar las cosas. Los culpables de los incendios son los ecologistas que dicen que no dejan limpiar los bosques. Lees lo que dice Greenpeace, Amigos de la Tierra y cualquiera que estamos en esto y es absolutamente todo lo contrario.

(I. M.) Una de las principales premisas del libro es que no se ha socializado la lucha contra el cambio climático. La ciudadanía no sabe que puede formar parte. A los consumidores prácticamente se les ha abandonado. Se puede generar otro relato que venza a todos esos bulos y falsedades sobre las renovables.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la empresa Ciudad Real Earth Explorer, S.L., para que pueda iniciar la investigación que determine si es posible aflorar un yacimiento geotérmico entre Ciudad Real, Miguelturra y Poblete, que permita una posterior explotación minera en la zona para producir energía eléctrica y térmica.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha concedido permiso para explorar una superficie de 284 cuadrículas mineras que equivalen a unas 8.520 hectáreas o lo que es lo mismo unos 85,2 kilómetros cuadrados.

La geotermia es una fuente de energía renovable que se obtiene utilizando el calor que proviene del interior de la Tierra. Este calor se encuentra almacenado en las rocas, el suelo y las aguas subterráneas.

Esta empresa estudiará durante tres años si esta zona de la provincia de Ciudad Real hay viabilidad o no para la explotación comercial del yacimiento que, de hecho, se sabe que existe por los estudios previos que se realizaron en los años 70 y 80 del siglo XX por diversos organismos oficiales como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Durante los dos primeros años se realizarán trabajos de superficie “sin impacto ambiental”, mientras que el tercero se dedicará a uno o varios sondeos con una perforación a 3.500 metros de profundidad para buscar el recurso. Se trata, dicen, de “demostrar que el recurso existe y es viable su explotación desde el punto de vista técnico y económico”.

El objetivo es construir una estación geotérmica con capacidad para 40 MW netos.

¿Cuál es el interés empresarial por este proyecto?

Ciudad Real Earth Explorer, S.L., una empresa con sede social en Madrid, justifica la puesta en marcha de esta planta “en el actual contexto de crisis energética, belicismo y crisis climática”.

Sostiene que la geotermia es “una oportunidad empresarial única” o que la energía geotérmica “es la única energía renovable totalmente gestionable” porque “no depende de factores climáticos, lo que la convierte en una fuente de carga base” que, por otro lado, “requiere una baja ocupación del suelo”.

A eso se suma, explica la promotora en los documentos del proyecto presentado a la Junta de Castilla-La Mancha, que “no necesita almacenar energía, no produce residuos peligrosos en el abandono de la instalación y genera economía circular y un mercado local, al no depender de los mercados de combustibles o materias primas externas”, aunque no se detalla en el proyecto cuántos empleos generaría.

El proyecto, señalan, se basa “en las experiencias del Instituto Geológico y Minero de España (IGME)” o en un yacimiento similar en Níjar (Almería) para calentar invernaderos agrarios impulsado por una empresa vinculada, Cardial, que finalmente no cuajó, según apuntan medios especializados. Allí la idea era utilizar el ‘mar subterráneo’ de aguas termales profundas, calentadas de forma natural gracias a la antigua actividad volcánica de la zona.

Ciudad Real es también una zona volcánica. Los municipios en los que se quiere explorar se encuentran enclavados en el Campo de Calatrava, que constituye una unidad geomorfológica de transición entre los Montes de Toledo y la Llanura manchega caracterizada precisamente por los afloramientos volcánicos, lagunas endorreicas y cursos fluviales como el del río Guadiana, entre otras cosas.

La empresa promotora también justifica este tipo de plantas por su eficiencia productiva e incluso la sitúa por encima de lo que pueden dar de sí las instalaciones eólicas o fotovoltaicas.

“La ocupación de espacio es del orden a 20 veces menor a la energía solar o de casi 100 veces a la de un campo eólico (una planta de 40 MW ocupa unas 2 hectáreas, incluyendo las zonas ajardinadas, parking…) si miramos solo la ratio de potencia”, señala la empresa al justificar su proyecto.

También asegura que es mejor en cuanto a producción de energía: “Considerando 1 MW de potencia, una planta de geotermia produce 8.760 MWh/año y una planta solar 1.643 MWh/año”.

Asegura que “se obtiene una energía térmica y eléctrica limpia y gestionable capaz de ofrecer potencias comparables al gas o la energía atómica”, instalaciones “totalmente automatizadas donde se reducen los riesgos potenciales a casi un valor cero por su funcionamiento exento de productos contaminantes”.

¿Cómo sería y cómo funcionaría la planta de geotermia?

La empresa explica que habría al menos un sondeo de extracción donde se localiza la bomba de extracción, y un sondeo de inyección.

En superficie se crearía una red de tuberías calorífugas con al menos dos circuitos cerrados, con un sistema de suministro de energía térmica a los clientes y un intercambiador de calor para la producción eléctrica, entre otras cosas. También habría redes eléctricas y de tuberías para la conexión a la red y distribución de la energía.

Desde el sondeo de extracción se bombea el fluido termal (el agua sobrecalentada) a un Organic Rankine Cycle (ORC) que utiliza un fluido para evaporarse con el calor transmitido y mover una turbina que activa un generador para producir energía eléctrica.

El fluido termal se devuelve al yacimiento a través del sondeo de inyección, obteniendo así un ciclo cerrado (no hay aprovechamiento del agua termal). Es decir, se extrae, se utiliza y se reinyecta el fluido termal “para una producción continua y sostenible de energía geotérmica”.

A la salida del intercambiador del ORC se lleva a un segundo intercambiador de calor donde cederá parte de su energía a una Red de Calor (District Heating) que servirá para la comercialización de energía térmica a los clientes de la zona.

Sobre el consumo de recursos naturales y el impacto en la zona

Sobre el impacto del proyecto, la empresa dice que “se ocasionan unos impactos en el medio físico y sociocultural que se consideran nulos en comparación con las ventajas que significará la determinación y catalogación del yacimiento geotérmico de Ciudad Real, tanto a nivel local como estatal”.

En su informe explica que no se prevé el consumo de materias primas “excepto las utilizadas por el equipo de perforación que consisten en arcillas bentonitas, procedentes de suministrador local y el gasoil de los equipos de perforación” o que el consumo de agua durante la perforación del futuro sondeo se considera “nulo”. De hecho, abunda que el manejo del fluido termal en las pruebas de aforo del sondeo se realizará mediante depósitos cerrados “para su total reinyección en el yacimiento”.

También habla de afección “prácticamente nula” sobre la geología y la geomorfología son prácticamente nulos en ambos casos, durante los trabajos previos de investigación y durante la ejecución del sondeo de investigación.

En 2016 la Junta de Castilla-La Mancha inició los trabajos para disponer de un Plan regional de Geotermia en paralelo a otro de Biomasa que no ha llegado a concretarse de forma plena. Este tipo de energía es todavía una gran desconocida.

Vapat, el mayor grupo independiente de energía eólica en España, se ha lanzado al emergente negocio de los centros de datos con un macroproyecto en el pequeño municipio de Torrelobatón (Valladolid) que ha puesto en guardia a una plataforma vecinal por su impacto ambiental.

Con sede en Madrid, pero muy vinculado a Castilla y León, Vapat, del discreto multimillonario Rafael González-Vallinas (León, 1947), cerró el pasado ejercicio con 541 megavatios (MW) eólicos instalados, inaugurados entre 2007 y 2025 y ubicados en once parques en Valladolid, Burgos y Palencia. La empresa está al filo del Top 10 en España junto a gigantes como la noruega Statkraft o China Three Gorges Corporation, según datos de la Asociación Eólica Española (AEE).

Vapat, cuyo nombre remite a los apellidos del fundador, ya casi octogenario, y su esposa, María Pato, tiene en cartera hibridaciones solares en próxima construcción (2026-2027) por 300 MW y proyectos renovables en desarrollo (horizonte temporal 2026-2031) por otros 2.500 MW, según su web.

El grupo, que no ha atendido a elDiario.es, creó en febrero dos sociedades para desarrollar centros de datos. Con DC Mudarra plantea construir uno diseñado para alcanzar una potencia máxima de 160 MW en ese municipio vallisoletano de menos de 400 habitantes en la comarca de los Montes Torozos. Muy cerca de allí Vapat tiene los parques eólicos San Lorenzo, con unos 89 MW.

Hace unos días El Confidencial se hizo eco del “importante proyecto de 1.600 millones” de DC Mudarra sin mencionar que detrás está Vapat, con Begoña Villacís, consejera delegada de la patronal del sector de data centers, Spain DC, vendiendo sus bondades.

“Castilla y León está empezando a despertar ahora y puede ser un lugar muy interesante por su proximidad a Madrid”. “Estas instalaciones son una gran oportunidad de desarrollo para la España vaciada”, explicó la ex vicealcaldesa de Madrid.

El proyecto está en fase de evaluación de impacto ambiental, tras salir a exposición pública a finales de julio. El plazo de alegaciones ante la Junta de Castilla y León está abierto hasta el 2 de septiembre.

El alcalde de Torrelobatón, Alfredo Luengo, indicó hace unos días en La Tribuna de Valladolid que la promotora aún no le ha presentado sus planes. “Aquí no ha llegado el proyecto y no podemos decir nada porque no sabemos nada”. “Yo estoy a favor de lo que digan los técnicos”, afirmó. Luengo llegó a la alcaldía en las listas de Ciudadanos, el partido de Villacís, hoy extraparlamentario.

Una campaña de recogida de firmas incide especialmente en la huella hídrica del proyecto, que ocuparía entre 117 y 250 hectáreas de superficie. “La preocupación aumenta al comprobar que esta infraestructura se plantea en una zona donde ya existen proyectos para la instalación de plantas de producción de hidrógeno con una elevada demanda de agua y donde la Confederación Hidrográfica del Duero viene advirtiendo desde hace años de descensos significativos en los niveles de la masa de agua subterránea Aluvial del Duero”, exponen.

Alegaciones de una plataforma vecinal denuncian el “efecto tapón” que, aseguran, produciría el sellado del suelo al alterar la recarga de los acuíferos de Páramo de Torozos. Argumentan que afectaría al suministro de agua potable en municipios de Zamora (como Toro), poniendo “en riesgo” las Lagunas de Villafáfila, y que vulnera la Directiva Marco del Agua de la UE y el Convenio de Albufeira, al alterar la cuenca del Duero sin una Evaluación de Impacto Ambiental Transfronteriza.

Afirman también que oculta bajo la etiqueta de “infraestructura digital” la instalación de hasta 96 grupos electrógenos de emergencia, que sumarían una potencia térmica de 786,82 MW y requerirían almacenar 3.845 metros cúbicos de combustible diésel, con el consiguiente riesgo de contaminación atmosférica y acústica. O que, al ser una infraestructura altamente automatizada, el empleo neto para los residentes de Torrelobatón será insignificante, destruyendo a cambio suelo agrícola y el patrimonio ecoturístico local.

Una fortuna de 810 millones

El sigiloso dueño de Vapat, con intereses también en inmobiliario o ganadería, es una de las mayores fortunas de España, pese a ser semidesconocido para el gran público. El último ranking de El Mundo le situó en el puesto 97 de la lista de mayores patrimonios del país, con 810 millones. Entró al Top 100 en 2024. Un año después llegó al puesto 86, por delante de multimillonarios tan conocidos como Alberto Cortina (accionista de ACS o Ence).

Su holding, al que están vinculados sus cinco hijos, cerró 2025 con activos de 790 millones, una cifra de negocios de 83,8 millones, un resultado de 24,23 millones y 33 empleados, según sus últimas cuentas consolidadas, disponibles a través de Insight View.

Con medio siglo de trayectoria empresarial, durante 30 años González-Vallinas se inició en el comercio de cereales y materias primas o la logística, construyó piscifactorías y una fábrica de piensos para mascotas. En 1998 vendió su empresa Ipes Ibérica a la estadounidense Doane Pet Care, por unos 25 millones. Luego dio el salto a las renovables en su tierra natal.

Sus parques eólicos San Cebrián y Cerrato (Palencia) destacan por haber incorporado los primeros aerogeneradores Vestas de 4,5 MW en Europa. Vapat fue noticia tras denunciar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a BBVA, Santander, Sabadell y CaixaBank por pactar el precio de los derivados que les contrató. El proceso llegó a la Audiencia Nacional, que en enero de 2024 anuló la multa de 91 millones impuesta a las entidades en 2018 por la CNMC al no encontrar una infracción única y continuada entre 2006 y 2016, aunque sí dio por acreditadas las “conductas colusorias” contra Vapat.

Su irrupción en el negocio de los centros de datos sigue la estela de la fotovoltaica Solaria, compañía del Ibex 35 que ha entrado de lleno en este mercado a través de su filial Solaria Data Center, aprovechando sus terrenos, subestaciones, líneas de alta tensión y fibra óptica para suministrar energía limpia y barata a gran escala a estas infraestructuras, claves para el despliegue de la inteligencia artificial. Varios estudios advierten de su impacto ambiental o en los precios de la vivienda y la luz.

En la trayectoria de Vapat ha habido sombras. José María González Vélez, histórico de las renovables (ex presidente de la patronal APPA), ha asegurado en varias ocasiones que la Junta le pidió que cediera a este empresario parques eólicos en Valladolid (en concreto, en los Montes Torozos) para poder tenerlos en León. Lo hizo primero en El País, lo que le valió una condena por vulnerar el derecho al honor de González-Vallinas que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según fuentes conocedoras del caso.

Sin embargo, González Vélez se reafirmó posteriormente. Lo aseguró en 2021, en una comparecencia por la denominada Trama Eólica en la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León. “Me dijeron que si quería tener parques en Sahagún tenía que ceder los Torozos, y así lo hice”. “Una vez que hicimos y firmamos el documento aquel, que se firmó en la oficina mía en Madrid, con el señor González-Vallinas, pues yo creo que a los dos meses ya estaban las autorizaciones de los parques hechas, y ya se procedió a seguir con sus trámites”, declaró.

“Creo que tenía una... una cosa de truchas, de alimentos para truchas. Era lo único que yo sabía de él, pero físicamente yo no lo había visto nunca ni yo le conocía de nada como para cederle, efectivamente, los derechos o los trabajos hechos para una serie de parques. No se los hubiera cedido nunca”.

En su declaración como testigo en el juicio el pasado noviembre, el expresidente de APPA se reafirmó, según recogió la agencia Ical. Apuntó que quien le instó a ceder gratis a este empresario la mitad de sus proyectos, que en total sumaban 730 MW, fue el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, fallecido en 2017 por “causas naturales” al comenzar las pesquisas y poco antes de su declaración como imputado, tras conocerse que tenía 83 cuentas en Suiza.

A principios de este año quedó visto para sentencia el juicio de la Trama Eólica, supuestas mordidas de cerca de 80 millones para ex altos cargos de la Junta y empresarios de esta región que el PP gobierna desde hace 39 años. Los González-Vallinas no están entre los procesados por este caso de corrupción, el más grave del gobierno autonómico junto con el de Perla Negra, con el que comparte acusados, y cuya instrucción se prolongó diez años.

La energía fotovoltaica ofrece a nuestro país una competitividad energética sin precedentes. Sin embargo, el desconocimiento sobre qué tipo de instalación de paneles solares conviene llevar a cabo y cómo gestionarla aleja a muchos hogares de llevar a cabo la inversión y apostar por el autoconsumo.

“Una instalación colectiva, si está bien diseñada, suele ser económicamente más interesante”, afirma Sara Pizzinato, licenciada en Ciencias de los Materiales y responsable de Energías Renovables en Greenpeace España, que también advierte de que el proceso “puede ser más largo porque requiere de llegar a acuerdos con los vecinos” y enfrentarse a trámites más complejos con la distribuidora.

A la hora de tomar la decisión, es clave tener en cuenta los metros cuadrados de los que disponemos. Si compartimos un gran tejado y todos los participantes pueden cubrir sus necesidades, el autoconsumo compartido es ideal, según Pizzinato. Pero si el tejado es pequeño y hay muchos vecinos interesados, la experta matiza que la potencia podría ser insuficiente y “convendría [actuar] de forma individual” para asegurar la utilidad de la instalación.

Comunidades energéticas de vecinos

Para quienes quieren dar el paso pero no saben por dónde empezar, Greenpeace cuenta con una guía en la que se detallan los pasos a seguir y factores a tener en cuenta, así como una calculadora con la que analizar las cifras del ahorro en la factura tras la instalación de placas.

Aun así, Pizzinato subraya que la instalación compartida “puede ser algo más barata para cada uno de los participantes” y, además, abre la puerta a intercambios de energía entre vecinos si uno consume más que otro.

Una de las grandes posibilidades que señala la experta es el autoconsumo de proximidad, que permite compartir energía entre instalaciones situadas en un radio de hasta cinco kilómetros, algo que cambia totalmente las reglas del juego para quienes tienen tejados antiguos, en sombra, o viven en un entorno rural más disperso. “Es un primer paso para una comunidad energética”, destaca Pizzinato.

Estas comunidades permiten que hogares, pymes e incluso industrias compartan tejados industriales para alimentar viviendas cercanas. “Hay mucho potencial que no es ni económico ni técnico, pero sí social”, defiende la ingeniera, que aclara que “con el autoconsumo se puede hacer muchísimo hoy en día, por ejemplo que esa misma comunidad energética decida dejar unas cuotas, unos paneles fotovoltaicos, para familias en pobreza energética”.

Cómo se reparte la energía generada

Por supuesto, el sistema cuenta con margen de mejora. Actualmente el reparto de la energía se rige por coeficientes fijos, es decir, los vecinos deciden de antemano qué porcentaje de la energía producida le toca a cada uno según lo que hayan pagado. Desde Greenpeace se reclama que estos coeficientes sean dinámicos, “para que un vecino pueda aprovechar los excedentes de la instalación una vez que haya llegado al cupo de su parte”.

Mientras no haya una regulación más flexible y siempre que la instalación no cuente con baterías en las que almacenar la energía, la clave para rentabilizar la inversión es la gestión de la demanda, según la experta, siempre concentrando el consumo durante las horas de sol.

“Todos tenemos calentador de agua en casa y se puede aprovechar para calentar el agua en las horas de máxima producción, las horas centrales del día, es como tener una batería pero en forma de agua caliente”, sugiere Pizzinato, que insiste en que no es necesaria una domótica de vanguardia. También las lavadoras, la calefacción o el aire acondicionado se pueden programar para aprovechar la energía directa de las placas.

“El autoconsumo es un ejercicio maravilloso de tomar contacto con el sistema energético”, concluye la experta, que valora que, ya sea de forma individual o colectiva, puede convertirse en un valor de ahorro y conciencia social.

La empresa Hydnum Steel ha obtenido un “compromiso de inversión” de 150 millones de euros del Fondo de Coinversión (FOCO) gestionado por COFIDES, una sociedad mercantil estatal que gestiona, entre otros, fondos financieros del Estado y que tiene entre sus objetivos desde la internacionalización de la economía española a la promoción de la economía de impacto en España, entre otros.

En su accionariado, además del Estado, que ostenta una posición mayoritaria, participan el Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Sabadell y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

FOCO es un fondo creado por el Gobierno de España a través de la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cuenta con recursos del instrumento NextGeneration-EU.

Hydnum Steel cree que esta operación permitirá mejorar su capacidad financiera para acometer la construcción del complejo industrial que tiene previsto abrir en Puertollano (Ciudad Real), de cara a poner en marcha la primera fábrica de 'acero verde' de la península ibérica.

El pasado mes de abril obtuvo la declaración de Proyecto de Singular Interés (PSI) por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, “sin alegaciones relevantes”, aseguran sus promotores.

La operación se enmarca dentro de un plan financiero que movilizará una inversión global de más de 1.500 millones de euros. De esta cifra, alrededor de 600 millones corresponden a capital (equity) y alrededor de 1.000 millones a deuda.

El proyecto cuenta con un “sólido respaldo institucional” por parte de COFIDES y del PERTE II de Descarbonización Industrial, y está impulsado por Russula, la empresa promotora, junto con un grupo de socios industriales y financieros.

¿Cómo está el proceso de implantación de la planta?

Desde su anuncio en 2023, Hydnum Steel ha ido “avanzando” en su desarrollo técnico y comercial, según ha informado la propia compañía este miércoles.

“Se han superado trámites administrativos críticos, como la resolución favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la adecuación hidrológica del entorno y la obtención de 500 MW de capacidad de acceso a la red eléctrica nacional en el nudo de Brazatortas”, en la provincia de Ciudad Real, según ha detallado.

De acuerdo con su hoja de ruta, la compañía prevé iniciar el movimiento de tierras y las obras a finales de este mismo año 2026.

En este sentido, afirma que “el proyecto ha despertado gran interés entre clientes potenciales”, al haber alcanzado acuerdos que cubren una demanda del 100% de la capacidad de producción de la primera fase durante los primeros cinco años de operación.

La iniciativa, abundan los promotores, ha sido reconocida por el Foro Económico Mundial en el ámbito de la descarbonización industrial, y se apoya en un consorcio de empresas especializadas. Junto a Russula, participan la multinacional alemana Siemens (que aporta soluciones en digitalización, automatización y ciberseguridad), ABEI Energy (en generación renovable e hidrógeno verde) y la firma Primetals Technologies (proveedora de tecnología metalúrgica).

¿Cómo será la planta de acero verde?

Hydnum Steel está concebida como una planta integrada digitalmente que “prescindirá de combustibles fósiles”, utilizando en su lugar “hornos de arco eléctrico alimentados con hidrógeno verde y energía 100% renovable”.

Este modelo productivo, permitirá reducir las emisiones de CO₂ de Alcance 1 y 2 hasta un 98% en comparación con los métodos de alto horno tradicionales.

La digitalización de sus procesos busca “optimizar costes operativos, maximizar la eficiencia y reforzar la seguridad laboral”, añaden.

Asimismo, la incorporación de la tecnología de laminación continua Endless Strip Production (Arvedi ESP) y de un sistema de última generación en tratamiento de aguas (Zero Liquid Discharge) que evita vertidos e impulsa la reutilización hídrica, refuerza el perfil sostenible de la instalación.

Será una de las primeras que se construirán en el mundo, con una expectativa de producción de 2,7 millones de toneladas anuales de acero plano, “situando a España a la vanguardia de la descarbonización industrial”. Su proceso productivo libre de CO2 está basado en el uso de energías renovables e hidrógeno verde.

Prevé generar más de 1.000 empleos directos

En el plano social y económico, la implantación del complejo industrial en Puertollano supondrá “un importante motor para la reindustrialización de la zona y la fijación de población en el territorio”. El proyecto prevé la generación de más de 5.000 puestos de trabajo totales a lo largo de sus distintas fases, de los cuales más de 1.000 serán empleos directos de alta cualificación técnica y más de 4.000 indirectos e inducidos. Para respaldar esta demanda de talento, la compañía impulsará programas formativos locales y alianzas con centros educativos y la Universidad de Castilla-La Mancha para la capacitación técnica en la región.

Ángela Pérez, presidenta y consejera delegada de COFIDES, ha indicado que “mediante FOCO apoyamos proyectos que contribuyen a transformar sectores estratégicos para la economía. Hydnum Steel es un claro ejemplo de ello, al combinar innovación industrial, producción sostenible y desarrollo de capacidades productivas. Su puesta en marcha contribuirá a acelerar la descarbonización de la industria europea y el avance hacia una economía más sostenible”

Por su parte, Eva Maneiro, CEO de Hydnum Steel, ha señalado que “el respaldo de COFIDES y la adjudicación del PERTE de Descarbonización suponen un impulso fundamental para nuestro proyecto y su papel en la reindustrialización y descarbonización de la industria europea. Muestra que nuestra hoja de ruta avanza según lo planificado y está plenamente alineada con los objetivos de soberanía industrial y energética de España y la Unión Europea”.

El Cabildo de Lanzarote ha presentado una nueva propuesta para implantar renovables en la isla. Lo ha hecho tras la polémica que provocó su acuerdo con el Gobierno de Canarias sobre las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR), que contemplaba reservar 3.163 hectáreas de suelo virgen para construir grandes parques de energía eólica y solar sin contar ni con la población ni con los ayuntamientos. Ahora, la corporación ha remitido a los siete municipios un informe que propone priorizar el uso de las cubiertas y que reduce a 200 hectáreas (un 0,25% del territorio insular) el suelo a ocupar.

El documento propone una serie de localizaciones distribuidas por toda la isla que ahora tendrán que ser revalidadas por los gobiernos municipales. El Cabildo ha dado un plazo de tres semanas a los ayuntamientos para que presenten sus aportaciones y posibles propuestas antes de elevar el documento final al Consejo de la Reserva de la Biosfera y al Gobierno de Canarias.

El informe, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, ha sido elaborado por los doctores arquitectos Vicente Mirallave Izquierdo y Flora Pescador Monagas, por encargo de la Reserva de la Biosfera del Cabildo de Lanzarote. El documento resalta el paisaje como ''uno de los máximos valores a preservar'' antes de implantar cualquier infraestructura: ''Cualquier actuación sobre estos paisajes ha de ser muy medida y controlada en su escala, dimensiones y calidad de la intervención''.

Según el informe, Lanzarote tiene capacidad para avanzar hacia un modelo energético más autosuficiente sin necesidad de comprometer sus valores ambientales y paisajísticos. El objetivo final es alcanzar la autosuficiencia en 2040. Para conseguirlo, los investigadores sugieren que la implantación de renovables debe concentrarse ''prioritariamente'' en espacios que ya estén transformados o alterados por actividades previas.

Su implementación, añaden, debe ser compatible con la calidad de vida de la población, preservar los usos tradicionales del suelo y ser compatible con las actividades económicas, residenciales, agrícolas y turísticas. Además, el estudio encargado por el Cabildo coincide con el que publicó en junio la la Fundación César Manrique en junio en la importancia de la participación y la aceptación social de la planificación energética. Por último, apuesta por un modelo de gestión pública y de autoconsumo colectivo para evitar la especulación y garantizar la soberanía energética insular.

Cubiertas y canteras

El desarrollo energético en Lanzarote, dice el estudio, debe evitar ''la dispersión indiscriminada de instalaciones sobre el territorio insular'' o la ocupación masiva del suelo rústico. Por el contrario, se debe priorizar la ocupación de áreas obsoletas, incompletas y otros espacios degradados, así como las cubiertas de los edificios públicos y privados. Para garantizar que cualquier proyecto se adapte a las condiciones del lugar, el informe plantea que estos deben contar con un Estudio de Integración Paisajística donde se justifique plenamente su idoneidad.

''El modelo más eficiente [...] no sería una expansión extensiva de grandes parques energéticos, sino una estrategia jerarquizada: primero cubiertas urbanas y superficies ya artificializadas; después espacios degradados o industriales; y solo de forma limitada, instalaciones de mayor escala integradas en el territorio'', apunta el texto. Además, concluye que Lanzarote debe apostar por un sistema híbrido integrado por la energía solar y la eólica, y no elegir solo una de ellas.

El informe contempla 70,94 hectáreas (ha) de espacios degradados o transformados. Todos ellos son canteras de extracción de áridos explotadas por empresas: cantera de Lanzagrava (16,85 ha), cantera de hermanos Tavío (8,81) y cantera de Horinsa (28,28).

Sobre el uso de cubiertas, el documento cita un estudio del Instituto Tecnológico de Canarias que estima que Lanzarote dispone aproximadamente de 910 hectáreas de cubiertas aptas para instalar energía fotovoltaica, lo que permitiría generar 906 megavatios. El sector residencial acapararía el 55% de la superficie de cubiertas, siendo el segundo sector de mayor importancia la hostelería, con el 15%.

''Una parte muy significativa de la transición energética podría producirse sin necesidad de consumir nuevo suelo, especialmente mediante la activación del sector residencial, [...] junto con el sector turístico y de servicios'', reza el documento.

La generación energética, añaden, deberá vincularse a los principales centros de consumo tales como núcleos urbanos, sistemas generales o grandes infraestructuras energéticas e hidráulicas existentes. Según ha informado el Cabildo, se contempla instalar un parque fotovoltaico en el entorno de la cárcel de Tahíche, cuya producción energética se destinaría prioritariamente al ciclo integral del agua con el objetivo de paliar el elevado consumo de energía asociado a la desalación, depuración y distribución de los recursos hídricos de la isla.

Este servicio consumió el 13,72% de la energía que se produjo en Lanzarote en 2024, por debajo del consumo de los hogares (28,59%) y de los servicios de aojamiento (27,98%). El principal problema pasa por las enormes pérdidas del agua que producen las desaladoras. Según los últimos datos publicados, más del 50% de este recurso se pierde antes de llegar a las casas por las deficiencias de la red.

Otra de las propuestas que hace el estudio es aprovechar que el sistema eléctrico de Lanzarote y Fuerteventura están conectados para hacer de las dos islas ''un único espacio de energías renovables compartidas'' para ahorrar esfuerzos y consumo de suelo.

Desde la mañana de este lunes, Gipuzkoa abrió la llave para que un gas renovable entre a unos pocos miles sus hogares merced a la gestión de sus residuos orgánicos. El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) ha puesto en marcha la planta de 'Upgrading' en el denominado Complejo Medioambiental de Gipuzkoa. La maquinaria, la segunda de su tipo en España, es considerada por el presidente de GHK y diputado foral, el socialista José Ignacio Asensio, como una “vanguardia de la innovación ambiental”, consolidando al territorio como referente en “economía circular y transición energética”.

El proceso comienza en cada hogar con la separación de residuos en el contenedor marrón. Tras ser recogidos, se procesan anualmente cerca de 55.000 toneladas de materia orgánica. De este total, 15.000 toneladas se transforman en compost para uso agrícola; las 40.000 restantes se someten a un proceso de “digestión anaeróbica” donde millones de microorganismos transforman la materia en biogás. Anteriormente, se destinaba únicamente a generar electricidad mediante motores de cogeneración.

Ahora, con la nueva instalación, el complejo guipuzcoano puede decidir el destino más eficiente del recurso según las necesidades del sistema. A través del 'Upgrading', el biogás se purifica gracias a su paso por membranas que separan el dióxido de carbono del biometano, un gas renovable y de calidad. Finalmente, este se inyecta directamente a la red, aportando el equivalente al consumo medio anual de 9.000 hogares.

Juan Villar, consejero delegado de Nortegás, ha destacado durante el acto que “la tecnología se compra” pero “el compromiso ciudadano no”, agradeciendo la implicación de la sociedad guipuzcoana. Por su parte, Asensio ha señalado que este compromiso ha logrado duplicar la recogida selectiva de materia orgánica en una década, pasando del 29% al 60%. En este sentido, ha subrayado cómo “un gesto tan cotidiano” como separar la basura se traduce en “energía limpia, empleo y riqueza para el territorio”.

Se ha publicitado que la nueva infraestructura sitúa a Gipuzkoa entre las regiones europeas más avanzadas en gestión de residuos, un tema que ha suscitado controversias en el territorio durante años. Javier Rivas, directivo de FCC Medio Ambiente, una de las adjudicatarias del Complejo, ha calificado de “honor” formar parte de este avance, realizado “medianamente en plazo” gracias a la colaboración entre entidades. Aunque en 2022 se instaló la primera planta de este tipo en Valdemingómez, en Madrid, los responsables destacan que el 'Upgrading' de Gipuzkoa incorpora mejoras tecnológicas más punteras.

En la presentación se ha insistido en que el proyecto se alinea con las estrategias de la Unión Europea y el Gobierno de España para disminuir el consumo de combustibles fósiles. Actualmente, el Ejecutivo trabaja en una regulación para establecer una cuota obligatoria de biometano en el sistema gasista del 6% para 2035. Para superar este reto, Villar ha estimado que Euskadi necesita entre 25 y 35 plantas similares. En Europa, cerca de 2.000 plantas de biometano ya están en funcionamiento, consolidando este gas renovable como una herramienta clave para la descarbonización.

L’Associació Valenciana d’Empreses del Sector de l’Energia (AVAESEN) adverteix que la falta d’ajudes per a l’impuls de les comunitats energètiques posa en risc més de deu milions d’euros d’inversió, després d’anys amb la Comunitat Valenciana al capdavant del sector.

Segons apunta la patronal energètica, els pressupostos de la Generalitat per al 2026, aprovats aquest dimecres a les Corts Valencianes, deixen sense dotació específica aquesta línia d’ajudes, fet que suposaria el segon exercici consecutiu sense finançament autonòmic per a aquestes iniciatives. Aquesta falta de continuïtat, afirma AVAESEN, “ja està provocant una aturada en el desenvolupament de nous projectes, que afecta tant iniciatives promogudes per ajuntaments com inversions empresarials que requereixen un marc estable per a tirar endavant”.

L’associació apunta que aquests anys sense inversió, que fins ara s’havia nodrit de fons europeus en el marc de les estratègies d’adaptació al canvi climàtic, “poden comprometre la supervivència d’un sector empresarial especialitzat que s’havia preparat per a respondre al creixement d’aquest nou model energètic”.

L’any 2020, fonamentalment a través d’ajudes europees, les energies renovables van rebre una injecció econòmica que va impulsar el seu creixement. El 2023, la Generalitat Valenciana havia invertit 37 milions d’euros en instal·lacions d’autoconsum, incloses les comunitats energètiques locals. L’Executiu, encara davall la direcció del PSPV, Compromís i Unides Podem-EUPV, va assumir l’objectiu europeu d’assolir el 2030 els 10.000 megawatts d’energies renovables, dels quals 4.000 corresponen a energia eòlica i 6.000, a energia solar fotovoltaica.

Segons informa la Conselleria d’Indústria, que dirigeix Marian Cano, l’Ivace, que gestiona els fons per al foment de les comunitats energètiques, ja ha complit la senda financera assignada pels fons europeus per a aquestes iniciatives. És a dir, ha esgotat el pressupost que se li havia assignat, per la qual cosa la Direcció General de Pressupostos no ha pogut destinar més recursos a aquesta finalitat.

AVAESEN sol·licita a la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris que incorporen una dotació pressupostària específica per a l’impuls de les comunitats energètiques, encara que la patronal va formular la petició en ple debat parlamentari.

Segons l’últim informe de l’Observatori Energia Comuna d’ECODES, 104 de les 837 comunitats energètiques existents a Espanya es troben en territori valencià. Per a AVAESEN, “aquesta posició és el resultat d’anys de col·laboració entre administracions, empreses i entitats locals, un avanç que ara podria revertir-se mentre altres comunitats autònomes mantenen els seus programes de suport”.

L’associació també recorda que les ajudes públiques continuen sent un element clau perquè aquests projectes puguen fer-se realitat. El mateix informe d’ECODES assenyala que el 59% de les comunitats energètiques han necessitat algun tipus de finançament o subvenció pública per al seu desenvolupament. “Les subvencions no substitueixen la inversió privada, però sí que redueixen el risc inicial i permeten que les comunitats energètiques siguen accessibles també per a les llars en situació de vulnerabilitat energètica”, subratllen des d’AVAESEN. En aquest sentit, l’associació recorda que l’actual context geopolític i la incertesa en els mercats energètics fan preveure un increment del cost de l’electricitat en els pròxims mesos, fet que reforça la necessitat d’accelerar el desplegament de models de generació renovable de proximitat.

La Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN) avierte de que la falta de ayudas para el impulso de las comunidades energéticas pone en riesgo más de 10 millones de euros de inversión, tras años con la Comunitat Valenciana a la cabeza en el sector.

Según apunta la patronal energética, los presupuestos de la Generalitat para 2026, aprobados este miércoles en las Corts Valencianes, dejan sin dotación específica esta línea de ayudas, lo que supondría el segundo ejercicio consecutivo sin financiación autonómica para estas iniciativas. Esta falta de continuidad, afirma AVAESEN, “ya está provocando un parón en el desarrollo de nuevos proyectos, afectando tanto a iniciativas promovidas por ayuntamientos como a inversiones empresariales que requieren un marco estable para salir adelante”.

La asociación apunta que estos años sin inversión, que hasta la fecha se había nutrido de fondos europeos en el marco de las estrategias de adaptación al cambio climático, “pueden comprometer la supervivencia de un sector empresarial especializado que se había preparado para responder al crecimiento de este nuevo modelo energético”.

En el año 2020, a través fundamentalmente de ayudas europeas, las energías renovables disfrutaron una inyección económica que impulsó su crecimiento. En 2023, la Generalitat Valenciana había invertido 37 millones de euros en instalaciones de autoconsumo, incluidas las comunidades energéticas locales. El Ejecutivo, todavía bajo la dirección de PSPV, Compromís y Unides Podem-EUPV, asumió el objetivo europeo de alcanzar en 2030 los 10.000 megavatios de renovables, de los que 4.000 corresponden a energía eólica y 6.000 a solar fotovoltaica.

Según informa la Conselleria de Industria que dirige Marian Cano, el IVACE -que gestiona los fondos que para el fomento de las Comunidades Energéticas-, ya ha cumplido ya con la senda financiera asignada por los fondos europeos para los fondos destinados a las Comunidades energéticas. Es decir, que ha agotado el presupuesto que se le había asignado, por lo que la dirección general de Presupuestos no ha podido asignar más a este fin.

AVAESEN solicita a la Generalitat Valenciana y a los grupos parlamentarios que incorporen una dotación presupuestaria específica para el impulso de las comunidades energéticas, aunque la patronal hizo la petición en pleno debate parlamentario.

Según el último informe del Observatorio Energía Común de ECODES, 104 de las 837 comunidades energéticas existentes en España se encuentran en territorio valenciano. Para AVAESEN, “esta posición es el resultado de años de colaboración entre administraciones, empresas y entidades locales, un avance que ahora podría revertirse mientras otras comunidades autónomas mantienen sus programas de apoyo”.

La asociación recuerda además que las ayudas públicas continúan siendo un elemento clave para que estos proyectos puedan hacerse realidad. El mismo informe de ECODES señala que el 59 % de las comunidades energéticas han necesitado algún tipo de financiación o subvención pública para su desarrollo. “Las subvenciones no sustituyen la inversión privada, pero sí reducen el riesgo inicial y permiten que las comunidades energéticas sean accesibles también para hogares en situación de vulnerabilidad energética”, subrayan desde AVAESEN. En este sentido, la asociación recuerda que el actual contexto geopolítico y la incertidumbre en los mercados energéticos hacen prever un incremento del coste de la electricidad en los próximos meses, reforzando la necesidad de acelerar el despliegue de modelos de generación renovable de proximidad.

Las energías renovables generaron 6.940,68 gigavatios hora (GWh) en Catalunya en 2025, un 3,1% menos que el año anterior, según recoge un informe del Observatorio de las Energías Renovables en Catalunya presentado este martes. Según los datos recogidos por esta entidad, vinculada a la patronal eólica, Catalunya no solo no avanza sino que incluso puede retroceder en la transición energética, pese a que en los últimos años se había conseguido acelerar la implantación de instalaciones de renovables.

Con el bache del año 2025, la cobertura de la demanda energética por las renovables también se redujo hasta el 15,3%, frente al 16,2% que fue el año anterior. Estos niveles quedan lejos del objetivo del 50% de cobertura con renovables fijado para finales de esta década en el documento Prospectiva Energética de Catalunya 2050 (Proencat) del Govern. El menor vigor de las renovables se explica por la subida de la demanda eléctrica, la caída de la generación eólica y un incremento “limitado” de la nueva capacidad renovable.

En la producción eléctrica catalana, sin tener en cuenta la importación externa de electricidad, las renovables pasaron de representar el 19,1% en 2024 al 18,1% el pasado año.

La generación propia en territorio catalán cubrió el 84,6% de la demanda en 2025 y el diferencial restante se cubrió con el saldo de intercambio de electricidad.

La demanda de electricidad en Cataluña fue de 45.250,58 GWh en 2025, un 2,7% más que en el año anterior, mientras que la generación eléctrica total producida en Cataluña fue de 38.292,98 GWh, un 2,0% más.

El observatorio describe el aumento de las importaciones como una pérdida de “soberanía energética” para Catalunya.

La generación nuclear sigue siendo la primera fuente de producción eléctrica, con los tres reactores nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellòs II, que cubrieron el 50,4% de la demanda eléctrica, con 22.812,07 GWh producidos.

Entre las renovables, la primera fuente fue la energía hidráulica, después de generar 3.822,52 GWh y cubrir el 8,4% de la demanda. La eólica introdujo 2.360,62 GWh, un 16,8% menos, cubriendo el 5,2% de la demanda. La solar fotovoltaica, excluido el autoconsumo, generó 495,14 GWh, un 17,5% más, cubriendo el 1,1% de la demanda.

Con estos datos, el observatorio advierte que, ante el horizonte del cierre progresivo de la generación nuclear, Catalunya “tendrá que optar entre acelerar de manera significativa la implantación de generación renovable de alta capacidad”, especialmente la eólica y la fotovoltaica, o “incrementar la dependencia de las interconexiones con territorios vecinos para abastecerse de sus”.

Aumenta la capacidad instalada de renovables

En cuanto a la potencia instalada, las renovables crecieron en 78,51 MW en 2025 respecto al año anterior, sumando 12,2 MW eólicos y 73,34 MW solares fotovoltaicos sin incluir las instalaciones de autoconsumo, mientras que la capacidad hidroeléctrica disminuyó en 7,0. La nueva capacidad eólica corresponde a los dos aerogeneradores de la ampliación por el parque eólico Colladetes, en El Perelló.

En autoconsumo fotovoltaico, Catalunya registró 14.890 nuevas instalaciones en 2025 con una potencia total de 231 MW, por debajo de las 21.460 instalaciones y los 350 MW nuevas de 2024. El observatorio atribuye esta desaceleración al final de las subvenciones europeas de los fondos Next de la electricidad es bajo.

El peso del autoconsumo colectivo en Catalunya fue de 1,7 GW de potencia acumulada, el equivalente al 4,4% del total. Sin embargo, Catalunya se mantiene entre las comunidades autónomas líderes en el autoconsumo colectivo en el Estado español, acumulando el 16% de la potencia instalada total en autoconsumo.

La energía renovable sí se puede almacenar, aunque no siempre es fácil, barato o suficiente. También tengo que decirte que cuando hablamos de energía, la mayoría de las personas se refieren a la electricidad, aunque la energía también puede ser térmica: calor o frío. Pero vayamos por partes. Las dificultades de almacenamiento de la electricidad renovable son muchas porque las tecnologías que existen para ello en la actualidad son limitadas, caras y tienen pérdidas de energía.

El primer aspecto importante cuando hablamos de electricidad renovable es que las fuentes de producción no son constantes. Las más conocidas y las más utilizadas, al menos en España, son la solar y la eólica. Pero el Sol solo alumbra por el día y además puede haber nubes y no siempre sopla el viento ni lo hace con la misma intensidad. Estos hechos provocan que algunas veces se genere más energía de la necesaria, tanto, que hay ocasiones en las que sopla el viento y los aerogeneradores están apagados. Eso quiere decir que esa energía no hace falta y, si se produjera, no se podría almacenar.

El almacenamiento de electricidad renovable puede hacerse con baterías, pero las actuales tienen una capacidad limitada. Almacenar de esta forma a gran escala es caro y, además, con el tiempo, las baterías van perdiendo eficiencia, lo mismo que ocurre con las baterías de los móviles. Hay veces que sí se almacena, pero cuando se genera una gran producción, una vez que las baterías están llenas, ya no se almacena más. Y además hay otra cuestión a tener en cuenta, el almacenaje de electricidad conlleva una pérdida tanto en la carga como en la descarga, es decir, nunca se va a recuperar el 100% de la potencia almacenada.

Hay varias opciones tecnológicas. Una de ellas es las baterías de litio, como las de los móviles o los coches eléctricos. Otra opción son las centrales hidroeléctricas de bombeo. Estas centrales utilizan dos embalses de agua a diferentes alturas y funcionan como una batería gigante. En los momentos en los que hay baja demanda, la electricidad renovable se utiliza para bombear el agua al embalse superior. Cuando la demanda sube, el agua se deja caer para que genere nueva electricidad.

Hay otro procedimiento de almacenamiento de electricidad que, aunque tiene ya unos cuantos años, sigue siendo novedoso, se trata de la producción de hidrógeno verde. Consiste en convertir la electricidad renovable en hidrógeno aplicando al agua un proceso llamado electrólisis. Una vez separado del oxígeno del agua, el hidrógeno puede almacenarse por largos periodos de tiempo en tanques a alta presión antes de utilizarlo como fuente de energía. Pero el proceso de producción de hidrógeno verde tiene todavía ineficiencias y su almacenaje también presenta problemas.

Todo lo que te he explicado hasta ahora se refería a la electricidad, pero como te decía al principio, la energía tiene otras formas: el calor y el frío. Sobre todo, el calor es mucho más fácil de guardar que la electricidad porque se puede almacenar de forma directa, no hace falta transformarlo, por lo que se evitan las pérdidas de energía que provoca esa transformación. Un ejemplo muy sencillo es el agua caliente, si tú la almacenas en un depósito, puede haber una ligera pérdida, pero es pequeña.

Cuando lo que se quiere es almacenar temperaturas muy altas, lo que se hace es calentar materiales que absorben muy bien el calor, como algunas sales que se funden y retienen esa temperatura durante horas e incluso días. Esto se usa en algunas centrales solares, a las que se llama termosolares, que durante el día almacenan parte de la producción calentando sales en tanques hasta unos 500–600 °C (por lo que pasan al estado líquido, se funden), lo que les permite producir electricidad también por la noche cuando no hay sol. Y el calor también puede almacenarse en materiales sólidos como la piedra o el hormigón. Eso es lo que se utiliza en industrias o en las centrales solares térmicas de concentración. También se almacena frío y esto se usa bastante en climatización, con procesos que utilizan hielo o agua fría.

En resumen, la respuesta a tu pregunta es que la electricidad renovable sí puede almacenarse, aunque es un proceso con dificultades todavía no resueltas y caro y que es más sencillo y barato almacenar el calor.

—

María Herrando es doctora en ingeniería, coordinadora de proyectos en el Instituto Tecnológico de Aragón. Su campo de investigación es las energías renovables y la eficiencia energética.

Coordinación y redacción: Victoria Toro.

Pregunta enviada por Jesús Cabañas.

Investigadoras al rescate es un consultorio científico semanal, patrocinado por el programa L’Oréal-Unesco ‘For Women in Science’ y por Bristol Myers Squibb, que contesta a las dudas de lectores y lectoras sobre ciencia y tecnología. Son científicas y tecnólogas, socias de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas), las que responden a esas dudas. Envía tus preguntas a nosotrasrespondemos@gmail.com o por Bluesky o Instagram como #investigadorasalrescate.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha asegurado que “no va a hacer de Talavera un vertedero”, en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación sobre los proyectos de plantas de biometano que se dieron a conocer a finales del mes de junio.

Fue entonces cuando la Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Manca afirmó que es “viable desde el punto de vista ambiental” el proyecto para construir una planta de biometano y fertilizantes en esta ciudad, y que se estaba tramitando una autorización ambiental integrada para que pueda comenzar a funcionar.

De esta forma, Gregorio (PP), que gobierna el consistorio en coaliación con Vox, ha respondido al Partido Socialista, que previamente había hablado de “silencio atronador” por parte del alcalde y del portavoz de Vox, David Moreno, sobre este proyecto. “El silencio atronador es por parte de los socialistas”, ya que “todos los informes y expedientes positivos han venido por parte de la Junta de Comunidades, que está en manos del PSOE”, ha replicado Gregorio.

Además, ha avanzado que “más adelante hablaremos de cuándo se inicia este expediente porque alguno tendrá que esconder la cabeza cuando digamos en qué momento comienza este primer expediente”.

“Que todo se ajuste a la legalidad”

Con respecto a la situación de los proyectos de plantas de biometano, Gregorio ha explicado que “hay tres peticiones que todavía tienen que pasar por 200 informes”. En ese sentido, ha garantizado que “este alcalde sí que va a pedir todos los informes habidos y por haber para que ningún ciudadano de Talavera tenga la menor duda de que se ajustan a la legalidad”, tanto “medioambiental, social y económica”.

Asimismo, ha incidido en que “no les quepa ninguna duda de que yo voy a estar ahí, en esa lucha, y voy a estar el primero para que todo se ajuste a la legalidad”.

También ha advertido de que lo que no va a consentir es que se apruebe por parte de otra administración y le digan que él es el “culpable”.

elDiario.es y Acciona reúnen a expertas para debatir sobre la urgencia de abandonar los combustibles fósiles y la de comunicar este desafío a la sociedad de forma clara y sin caer en la desinformación

Son muchos quienes se llevan las manos a la cabeza al consultar la actualidad, y no es para menos. Entre conflictos bélicos, catástrofes climáticas, riesgos de Salud Pública o cambios tecnológicos que irrumpen a zancadas en el día a día sin hacerse entender, la palabra de expertos en cuestiones como geopolítica, meteorología, sanidad o tecnología es un reclamo cada vez más apreciado y atendido en los medios de comunicación. Y es que el deseo de quienes les escuchan es algo tan simple y a la par tan complejo como entender el mundo que les —y nos— rodea.

Pero lo noticioso cada vez ocurre más rápido y, además, lo hace en un entorno que se vuelve día a día más ruidoso y menos intuitivo. Y un cóctel molotov como este lleva, lógicamente, a la confusión: ¿Qué es de fiar y qué no? ¿Hasta qué punto hay que preocuparse en determinados aspectos? ¿Cuáles, por el contrario, requieren más atención de la que reciben?

Titulares a priori tan dispares como guerras, inundaciones o epidemias tienen, sin embargo, dos denominadores comunes en la inmensa mayoría de los casos: el clima y la energía. Conocer la relación entre ambos conceptos es crucial para entender y analizar con criterio todas aquellas informaciones que, de primeras, son tan aterradoras como desconcertantes. Pero no siempre es sencillo informarse al respecto, especialmente sin caer en la trampa de los bulos o la saturación.

La importancia de la energía limpia

Es aquí donde entra en juego la transición energética, un término que se ha convertido en una imposición marcada por el propio planeta y su deterioro. Cada minuto cuenta para una cuenta atrás en la que el contador baja sin descanso. Se trata de un reto a gran escala que implica de manera especial a sectores como la administración, la tecnología o la comunicación. Esta última ha de velar, precisamente, para explicar de manera clara y fundamentada las causas y las consecuencias de la ineficiencia energética y el cambio climático al conjunto de la sociedad.

Con el fin de acercar estas cuestiones a la ciudadanía de la forma más acertada posible, elDiario.es organiza junto a Acciona el coloquio Descarbonizar el futuro: cómo comunicar la emergencia climática, en el que expertas en energía, comunicación y sostenibilidad debatirán sobre la necesidad imperiosa de abandonar los combustibles fósiles y las maneras más factibles para hacerlo, sin dejar de lado otras cuestiones sociales o económicas. Durante la conversación se abordarán cuestiones relativas a la movilidad, la geopolítica o el consumo, entre muchas otras.

Para ello, intervendrán Rubén del Campo Hernández, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología; Belén Hinójar y Carmen Huidobro, creadoras de contenido sobre sostenibilidad y cambio climático (Climabar), y Edith Guedella, responsable de Sostenibilidad del Negocio de Construcción de Acciona y divulgadora científica. El encuentro se emitirá en directo en las redes sociales de elDiario.es el próximo día 15 de julio a las 18:00 horas y estará moderado por David Noriega, jefe de la sección de Sociedad en elDiario.es.

Hola.

¿Cómo llevas la semana?

Quería escribir hoy sobre Alemania. Sobre cómo la monumental crisis que azota a Volkswagen –cuyo consejo de administración debate hoy el despido de 100.000 trabajadores en todo el mundo y el cierre de cuatro fábricas— es sintomática de los problemas estructurales que sufre la otrora locomotora europea y la UE en general. Pero el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóó, me ha hecho cambiar de opinión.

Es una ventaja que la derecha diga en voz alta lo que quiere hacer. Varios ministros lo han resumido este miércoles: Feijóo dice lo que piensa, y lo que piensa es en recortes sociales, en sacar la motosierra.

El detonante ha sido el absentismo laboral. Ya te habrás enterado, pero, por si acaso, te lo resume: ante el Círculo de Empresarios Vascos, el líder del PP llamó “cáncer” a las bajas médicas y aseguró que hay un fraude masivo, aunque no aportó ni un dato que lo sostenga. Habló de un porcentaje de fraude por encima del 4% o el 5% sin ningún sustento y comparó las bajas de 2018 con las de 2026 en términos brutos (de 450.000 a 1,1 millones) ignorando que España ha pasado de 19 a casi 22,5 millones de ocupados, un truco de estadística de primero de carrera. Laura Olias explica en este artículo cómo funcionan las bajas laborales y por qué no existen las faltas “sin justificación” como dice Feijóo. Y también contamos los datos del aumento de bajas que desmienten el “fraude” masivo del “absentismo”.

No es la primera vez que el PP hace suya, casi al pie de la letra, una reivindicación empresarial: es el sello de la política económica del político gallego desde que llegó a Génova. El propio despido por absentismo que ahora vuelve a sobrevolar ya existió con Rajoy en 2012, igual que el recorte del sueldo a los funcionarios de baja. La motosierra, en el PP, tiene precedentes.

Y no se detiene ahí. En su último Congreso, el PP defendió elevar a 250 trabajadores el umbral a partir del cual una empresa está obligada a tener comité de empresa, lo que en la práctica vaciaría de representación sindical a la inmensa mayoría del tejido empresarial español, hecho de pymes. En pensiones, el partido dice defender el sistema público mientras vota sistemáticamente en contra de su revalorización con el IPC; aún recordamos los recortes de 2013 bajo el gobierno de Rajoy. Y en cuanto al ingreso mínimo vital, “se tiene que ayudar al que trabaja, no al que no quiere trabajar”, en palabras del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Aunque no ha dicho expresamente que vaya a recortarlo, Feijóo sí ha lanzado el bulo de que lo cobran incluso inmigrantes en situación irregular.

A todo esto, se suma la “prioridad nacional” pactada con Vox en cuatro comunidades, que condiciona el acceso a ayudas públicas a un “arraigo” con el territorio.

Nada de esto es gradualismo inocente, como recuerda Alberto Garzón. Es método: primero se asfixia la sanidad pública, después se dice que sobran bajas médicas. Que Feijóo lo diga tan claro, en realidad, nos hace un favor. Si algún día llega a la Moncloa, que nadie diga que no lo vio venir.

El dato

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Reactores nucleares son el equivalente a los activos de energías renovables que han vendido las grandes energéticas españolas en los últimos cinco años en todo el mundo. Hablamos de una potencia de más de 12 gigavatios (GW) en fotovoltaica, eólica e hidráulica. Estas operaciones, calculadas por el compañero Antonio M. Vélez a partir de datos de las propias compañías, ya superan los 15.000 millones de euros. Lejos de reflejar un repliegue de la transición energética, estas desinversiones responden a una estrategia financiera: reducir deuda, liberar capital y compartir riesgos en un momento en que la caída de los precios de la electricidad está lastrando la rentabilidad de muchas plantas. El sector reorienta además sus inversiones hacia las redes eléctricas y el almacenamiento, considerados los grandes cuellos de botella para la electrificación de la economía. Reflexión: la transición energética requiere no solo instalar más potencia limpia, sino adaptar el conjunto del sistema eléctrico para que esa inversión siga siendo viable.

El gráfico

Esta trabajadísima información de los compañeros del departamento de Datos Ainhoa Díez y Raúl Sánchez explica muy bien la gran transferencia que se produce en España entre los que pagan el alquiler y los que lo reciben. En 2025, casi 28.000 millones de euros pasaron de inquilinos a caseros en España. La cifra se ha duplicado en apenas una década y ya supone alrededor de un 1,6% del PIB. ¿Desde dónde se mueve el dinero y hacia dónde va? La mayor parte del dinero viene de los inquilinos más jóvenes: más de la mitad procede de menores de 45 años. Pero no es tanto una brecha generacional, sino de clase. Aunque todos los grupos de renta aportan una cifra similar --principalmente, porque los más ricos tienen alquileres más caros--, la desigualdad se muestra en el destino final de los pagos. El 10% más rico concentra casi la mitad de lo que se paga por alquiler en España.

Un estudio elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el CSIC presentado esta semana sostiene también que la principal línea de desigualdad económica en España no pasa por la edad, sino por la posición que ocupa cada hogar en el mercado de la vivienda: si vive de alquiler, es propietario de su vivienda o, además, obtiene ingresos por alquilar inmuebles a terceros.

No todo nos parece mal

A veces conviene la mirada de alguien de fuera para ver con mayor claridad lo que ocurre dentro. La insoportable toxicidad que destila el clima político en España parece no afectar a la economía. El mayor inversor del planeta coloca a España como su gran apuesta mundial. BlackRock, destaca del país que presenta una fotografía muy sólida desde el punto de vista macroeconómico. “Es el gran protagonista de Europa en lo que a crecimiento económico se refiere; su superávit por cuenta corriente en torno al 2%; una inflación controlada; y donde el mercado laboral está mejor”. BlackRock tiene alrededor de 104.000 millones de euros en invertidos en España. La mayor parte de esa cantidad, el 50%, está en Bolsa española. Es el mayor inversor privado del Ibex 35 y es el mayor accionista de muchas de las grandes compañías que lo componen.

Tipos (y tipas) de interés

Sube Rafael Ruiz, presidente de Ebro Motors Group. Hace cinco años era un consultor técnico al frente de Btech, una firma poco conocida fuera del sector del automóvil. Hoy es el primer accionista de Ebro, tras liderar la operación que devolvió la actividad a la antigua fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. El proyecto, que parecía casi quijotesco cuando arrancó, ha ido ganando tracción: la planta ya emplea a unos 2.000 trabajadores de forma directa (y hasta 4.000 si se cuenta el empleo indirecto) y produce alrededor de 250 vehículos diarios, con capacidad instalada para superar las 100.000 unidades anuales.

Ruiz reivindica además haber sido pionero en un modelo que otros fabricantes europeos empiezan ahora a imitar: aliarse con un socio chino, en su caso Chery, para reindustrializar plantas que el capital occidental había dado por perdidas. Prevé fabricar su primer modelo 100% eléctrico entre finales de este año y 2027.

El olfato inversor de Ruiz no se queda en Ebro. A través de su sociedad Focus On Next Frontier, acaba de meter cuatro millones de euros a título personal en Wallbox, el fabricante catalán de cargadores para vehículos eléctricos que atraviesa un delicado proceso de refinanciación de su deuda. La apuesta de Ruiz por la electrificación del automóvil no tiene fisuras.

Nos gusta la competencia

Estas informaciones de otros medios me han parecido interesantes:

Eso es todo por esta semana. Espero que este boletín te haya sido útil.

¡Hasta la próxima!