La Junta de Castilla y León ha defendido este jueves el nuevo gravamen autonómico a los grandes parques fotovoltaicos frente a las críticas del sector y del Gobierno de España y ha asegurado que su finalidad “no es recaudatoria”, sino lograr que estas instalaciones generen un mayor beneficio económico en los territorios donde se asientan.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado tras el Consejo de Gobierno que el Ejecutivo autonómico todavía no puede determinar cuánto espera ingresar con la extensión a la energía fotovoltaica del Impuesto sobre la Afección Medioambiental, el único tributo propio de Castilla y León. Hasta el momento este impuesto estaba afecto únicamente a los parques eólicos y ahora pasar a afectar a otro tipo de fuentes de energía como las fotovoltaicas.

“Lo que queremos básicamente en Castilla y León es que las fuentes de generación eléctrica acaben beneficiando al territorio donde la generación se produce”, ha resumido Carriedo.

El portavoz ha respondido así a las críticas formuladas por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que ha calificado el nuevo gravamen de recaudatorio e injustificado, y a las dudas sobre cómo encaja su creación con la política de reducción fiscal defendida por la Junta.

Exento el autoconsumo y los parques menores

Carriedo ha incidido en las exenciones previstas y ha asegurado que el gravamen no afectará a las instalaciones situadas en tejados ni al autoconsumo residencial o industrial, como tampoco a las plantas de menos de 50.000 metros cuadrados.

A partir de esa superficie, ha explicado, el impuesto tendrá carácter progresivo hasta alcanzar su tipo máximo en las instalaciones de 500 hectáreas o más.

La nueva regulación contempla además una bonificación del 30% cuando la empresa titular de la instalación alcance un convenio o acuerdo con instituciones y entidades locales para comprometer inversiones o actividades en el territorio.

Para la Junta, esta reducción pretende actuar como un “estímulo” para que las empresas fotovoltaicas alcancen acuerdos con los municipios y que parte de la riqueza vinculada a la producción eléctrica permanezca en las zonas donde se genera.

Precisamente esas exenciones y bonificaciones impiden, según Carriedo, calcular por el momento los ingresos que obtendrá la Comunidad, ya que durante el ejercicio las empresas podrán formalizar nuevos acuerdos con los territorios y reducir con ello su aportación fiscal.

Preguntado por si el gravamen puede desincentivar nuevas inversiones fotovoltaicas en Castilla y León, el portavoz ha defendido el efecto contrario y ha sostenido que debe servir para que las inversiones “se comprometan con el territorio”.

Carriedo ha recordado además que los ayuntamientos ya obtienen ingresos de estas instalaciones mediante sus propios tributos y ha insistido en que el propósito de la modificación autonómica es conseguir “la mayor reversión posible de estos recursos para el territorio”.

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha culminado la instalación de una nueva planta solar fotovoltaica destinada al autoconsumo eléctrico en el Hospital Universitario de Calahorra. La actuación permitirá al centro hospitalario riojabajeño generar parte de la energía que consume mediante una fuente renovable, mejorar en eficiencia y en sostenibilidad energética

La instalación se ha realizado sobre la cubierta del edificio de gestión del Hospital de Calahorra y cuenta con una potencia instalada de 59 kWp/50 kWn. El sistema, basado en módulos de alta eficiencia e inversores trifásicos de última generación conectados a la red IP del centro, tiene una producción estimada de 84.680 kWh anuales.

La planta fotovoltaica combina el suministro de la red eléctrica convencional con la generación solar directa durante las horas de radiación. De este modo, contribuye a optimizar el consumo eléctrico del centro hospitalario y a reducir su huella de carbono. El suministro eléctrico total del Hospital de Calahorra supera los 2,4 millones de kWh anuales.

La instalación dispone además de sistemas avanzados de monitorización y gestión telemática del rendimiento energético, que permiten realizar un seguimiento continuo del funcionamiento de los equipos y asegurar el máximo rendimiento de la planta solar desde su puesta en servicio.

Esta actuación está financiada con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria del Ministerio de Sanidad

Junto a la actuación desarrollada en el Hospital de Calahorra, el despliegue de instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo se ha completado en cinco centros de salud de Atención Primaria de La Rioja: el Centro de Salud Espartero cuenta con una instalación de 37,5 kWp; el Centro de Salud Siete Infantes de Lara, con 59 kWp; el Centro de Salud Cascajos, con 48,5 kWp; el Centro de Salud de Santo Domingo de la Calzada, con 88,5 kWp, y el Centro de Salud de Alfaro, con 22 kWp.

La organización Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio han convocado dos marchar de protesta este fin de semana contra “la falsa transición verde” del polígono eólico Bustasur y de los siete almacenes de baterías de energía que se proyectan en Cantabria.

El sábado 3 de octubre han oganizado la primera marcha en protesta por el polígono eólico Bustatur en el sur de Cantabria. El punto de encuentro es el lavadero público de Villanueva de las Rozas, desde donde saldrán a las 10:30 horas de la mañana en una marcha que se prevé que tenga una duración de dos horas.

El domingo, una segunda ruta familiar en Astillero ante uno de los siete proyectos de baterías “Bess” que se están tramitando en la comunidad. Unos seis kilómetros de recorrido que partirá también a las 10:30 horas desde el parking del polígono de Morero, junto a la segunda rotonda, en Astillero.

Esta movilización se produce “ante la avalancha de megaproyectos energéticos”, explica la organización que con estas dos acciones consecutivas pretende seguir sensibilizando sobre el terreno “con ejemplos concretos del expolio de los territorios, la estafa económica y los ecocidios ambientales que implica este modelo de falsa transición verde”.

Un modelo que -en su opinión- supone una continua “transacción económica” al servicio de grandes empresas como Red Eléctrica Española, Iberdrola, Repsol o EDP Renovables, entidades bancarias como el Banco Santander, grandes fondos de inversión como BlackRock.

“Todo ello con la complicidad de las administraciones públicas con sus autorizaciones y resoluciones favorables injustificadas, instituciones públicas como la Universidad de Cantabria, a través de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y la Fundación Leonardo Torres Quevedo”, denuncian.

Además, los Colectivos Vecinales reprochan que cada vez que convocan una acción informativa y de protesta “como reacción aparecen publirreportajes” en medios de comunicación.

Contra los almacenes de energía

Las plantas de baterías Bess, que almacenan energía, son para ellos “una nueva amenaza” que a su juicio “implica una pata más de este modelo especulativo que hacen llamar transición verde”.

Por ahora, hay siete proyectos tramitándose en Valdeolea (Bess Mataporquera), en Castro Urdiales (Bess Elcano), Camargo (Bess Camarreal), dos en Astillero (Bess Marina de Cudeyo y Bess Astillero), y dos en Ruesga y Solórzano (Bess Cantabria 1 y Bess Solórzano).

Los dos de Astillero se encuentran actualmente en periodo de alegaciones y de recurso de alzada, respectivamente. Un tercer proyecto, el de Mataporquera, acaba de cerrar su periodo de alegaciones.

“Estos proyectos no van a la raíz del problema energético, que son los combustibles, ni a la necesidad de cambiar el modelo energético de nuestras sociedades”, apuntan.

Además, añaden que se vincularían “a los ecocidios que implican los polígonos eólicos en construcción y tramitación, así como otros megaproyectos energéticos”. A estas circunstanciase se añade el impacto ambiental y social que implica alterar los entornos donde se pretenden ubicar estas instalaciones y sus infraestructuras asociadas.

En este sentido, recuerdan que las baterías que se pretenden instalar se componen de materiales cuya disponibilidad en el mundo es muy limitada y fuente de conflictos sociales. “Su extracción implica enormes impactos ambientales y son componentes en muchos casos con un elevado grado de toxicidad si se vierten al medioambiente”, aseguran.

En cuanto a los lugares donde se pretenden instalar, a su juicio, “se verían radicalmente transformados en polígonos industriales”. En este sentido, la marcha del próximo domingo transcurrirá por la zona donde se pretende instalar el almacén de baterías de Astillero, “que destruiría un valioso entorno natural junto a la Ría de Solía”, como parte de un nuevo polígono industrial -bautizado como Federico Cobo- que incluirá también la construcción de las fases dos y tres del centro de datos Altamira.

Este polígono se situaría en territorios municipales de Astillero, Camargo, Villaescusa y Piélagos. A escasos kilómetros de este emplazamiento -denuncian- se encuentran las obras “de otro faraónico proyecto que hoy en día sigue sin tener un objetivo claro” como es el polígono industrial de La Pasiega, en Parbayón.

“Genera una enorme frustración e indignación ver el destrozo de enormes extensiones de suelos con un alto nivel de fertilidad que han sido destruidos, siendo otro ejemplo más de derroche de dinero público sin contar con la población para nada”, expresan en un comunicado los Colectivos Vecinales.

Marcha del sábado

El sábado llevarán a cabo una primera marcha en el sur de Cantabria, para recorrer el área donde se pretende instalar el polígono eólico Bustatur. Uno de los ocho proyectos planificados en la actualidad en esta zona junto a Iguña y Soba. Áreas con una gran biodiversidad por sus humedales, bosques como Canales e Hijedo, zona estratégica de migración y vuelo de aves, hábitat del oso pardo o el patrimonio arqueológico de las guerras cántabras.

A pesar de todo ello, desde los Colectivos Vecinales vienen denunciando desde hace meses que estos territorios “se pretenden entregar al expolio” mediante el “discriminatorio Plan de Ordenación del Territorio (PROT)” que el Gobierno de Cantabria está tratando de aprobar.

En total, en un área de menos de 10 kilómetros a la redonda, se encuentran los proyectos de polígonos eólicos Bustatur, Henestrosas, Ornedo, Morosos, Somaloma-Las Quemadas, Cotío, Lomba y Anjana; así como el proyecto de baterías Bess Mataporquera.

A ello suman que en el Valle de Iguña continúan las obras para ampliar la central hidroeléctrica reversible Aguayo II, y recientemente se ha reactivado, tras su anulación por el TSJC, el proceso de tramitación del polígono eólico Alsa, “que junto a Campo Alto-La Costana y Cuesta Mayor, compone uno de los brazos adicionales al enorme polígono eólico El Escudo, actualmente con sentencia de paralización de las obras”.

En un momento en el que los precios de los combustibles están disparados y las perspectivas de almacenamiento de gas para el invierno son preocupantes, España, junto a Portugal y Luxemburgo, han mandado una carta a la Comisión Europea para que impulse verdaderamente a las energías renovables en la Unión Europea con el objetivo de 2040, en un momento en el que las políticas de la agenda verde están siendo debilitadas con la excusa del incremento de la competitividad y la simplificación de la burocracia.

Los ministros de Energía y Transición Ecológica de los tres países, Sara Aagesen y Maria da Graça Carvalho y Lex Delles, respectivamente, abogan porque “el marco de energías renovables para la próxima década debería ser una contribución justa de todos los Estados miembros y un despliegue rentable de las energías renovables en toda la Unión”.

“El objetivo de energías renovables de la UE para 2040 debería enviar una señal clara a los inversores y a los mercados. La integración del sistema debe centrarse en la flexibilidad, el almacenamiento, la modernización de la red, las interconexiones y la electrificación”, apuntan los tres países en su misiva.

La carta llega en un momento de fuerte preocupación en Europa por el incremento de los precios de los combustibles. En España, la inflación se ha disparado hasta el 4,9% en septiembre, seis décimas más en términos interanuales con respecto al dato de agosto, presionada al alza por el precio de los carburantes, ante el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio.

“Una alta dependencia de los combustibles fósiles coloca a nuestras economías y ciudadanos en una posición vulnerable. Debido a las incertidumbres geopolíticas, y como lo demuestran las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz, necesitamos actuar con rapidez para reducir las dependencias”, insisten los tres países.

Según los tres países firmantes de esta petición, “es clave reforzar la capacidad de las redes para permitir flujos de energía eficientes, garantizar la asequibilidad de la energía y apoyar la competitividad industrial. Esto puede lograrse mediante la digitalización, un mayor despliegue de almacenamiento de energía, soluciones no cableadas e inversiones, y debe garantizar una asignación justa de costes y resiliencia ante amenazas físicas y cibernéticas”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en su último discurso del Estado de la Unión Europea el pasado septiembre, abogó por impulsar políticas que reduzcan al máximo la dependencia de los combustibles fósiles, no solo por los precios también por el efecto sobre el cambio climático. Sin embargo, no se han tomado medidas contundentes desde Bruselas para su impulso.

Euskadi ha ingresado en los dos últimos años 1,3 millones de euros a través del canon que se impone a las grandes infraestructuras de renovables. En concreto, esta tasa ha supuesto una recaudación anual de 655.000 euros anuales correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026. El Gobierno vasco ha puesto en marcha este lunes el proceso público de consulta previa para definir cómo se reparten esos recursos, ya que se trata de que se reviertan en las zonas que albergan grandes desarrollos eólicos y fotovoltaicos.

El canon a los proyectos de renovables está previsto en la ley vasca de Transición Energética y Cambio Climático aprobada en el Parlamento Vasco en febrero de 2024, con un acuerdo del Gobierno con EH Bildu. Afecta tanto a las instalaciones de energías renovables implantadas en la comunidad autónoma con anterioridad a la entrada en vigor de la ley como las que se implanten de forma posterior, pero se trata de grandes instalaciones que estén en zonas 'naturales', no industriales. De hecho, están exentos del pago las instalaciones de autoconsumo eléctrico, definidas de acuerdo con la normativa en vigor que regula el autoconsumo de energía eléctrica, y las de generación de potencia inferior a 5 MW, salvo que dichas instalaciones unidas a otras de la misma persona física o jurídica o entidad, o unidas a otras de personas o entidades vinculadas, entreguen a la red, a través de la misma línea de evacuación, una potencia igual o superior a 5 MW.

De hecho, los únicos que, de momento pagan dicho canon son los cinco parques eólicos ya existentes antes de 2006, es decir de forma previa al parón de la construcción de instalaciones de renovables en Euskadi, ya que todavía no ha empezado a funcionar ninguno nuevo desde entonces. Tampoco paga ese canon el parque solar de Ekian, inaugurado en 2020, por estar en suelo industrial, aunque el año pasado el Gobierno vasco daba por seguro en una respuesta parlametaria que la instalación promovida por el Ente Vasco de la Energía (EVE) junto a Krean, empresa integrada en Corporación Mondragon tenía que pagar 38.500 euros por dicho canon.

Con el proceso abierto ahora se busca establecer una metodología para el reparto de estos recursos, que en principio deben contribuir al desarrollo de iniciativas alineadas con los objetivos de sostenibilidad, transición energética y adaptación climática impulsados por Euskadi. Según han informado desde el Gobierno vasco, la normativa prevé que las cantidades recaudadas “se destinen de forma prioritaria a actuaciones relacionadas con la conservación, reposición y restauración del medio ambiente, así como a la promoción del uso racional de la energía y de las energías renovables y la adaptación del territorio a los efectos del cambio climático”. “Gracias a estos recursos, las zonas receptoras podrán impulsar proyectos que mejoren la calidad ambiental de su entorno, favorezcan una gestión más eficiente de la energía y refuercen la resiliencia frente a los impactos derivados del cambio climático. De esta manera, el canon se configura como una herramienta que contribuye a que la transición energética genere beneficios compartidos para los territorios que acogen las infraestructuras renovables necesarias para avanzar hacia un sistema energético más sostenible”, han señalado.

En concreto, de momento pagan el canon los parques de Elgea, Urkilla, Badaia, Oiz y Puerto de Bilbao. El próximo en sumarse al pago del canon será el parque eólico de Labraza, ubicado en el término municipal de Oyón, que tendrá una potencia global de 40 MW. Cuatro de los cinco parques que abonan el canon tienen a Iberdrola como promotor -aunque se pusieron en marcha en principio por parte de la sociedad Eólicas Euskadi, en la que participaba el EVE, que después vendió su parte a Iberdrola- y el instalado en el Puerto de Bilbao es de Acciona.

En concreto, el parque de Elgea, el más antiguo de Euskadi, está ubicado en Álava, cuenta con 40 erogeneradores de 0,65 MW cada uno, que tienen un canon de 4.200 euros por cada molino, 168.000 euros anuales en total que paga su promotor, Iberdrola. El parque de Urkilla, en Gipuzkoa, que está conectado con el del Elgea, tiene 38 aerogeneradores de 0,85 MW que pagan 4.200 euros por unidad, lo que supone que Iberdrola, promotora del parque abona 159.600 euros cada año. El de Badaia, en Álava, tiene 30 aerogeneradores de 1,6 MW, que pagan un canon de4.800 euros, lo que implica 144.00 euros a pagar por Iberdrola por anualidad. El situado en Oiz, tiene 40 aerogeneradores de 0,85 MW que se traduce en 4.200 euros de canon por cada molino y 168.000 euros en total a abonar por Iberdrola. Por último, el miniparque del Puerto de Bilbao, que cuenta con cinco aerogeneradores de 2 MW de potencia, paga 3.200 euros por cada uno, lo que suma 16.000 euros que deberá abonar la empresa Acciona por año de funcionamiento.

La Comunitat Valenciana pateix un greu embós administratiu en la tramitació d’expedients de projectes d’energies renovables. El president de l’Associació Valenciana d’Empreses del Sector de l’Energia (Avaesen), Pedro Fresco, denuncia la tardança de la Generalitat en la devolució dels avals econòmics presentats per les empreses per a projectes que finalment resulten inviables. Aquestes garanties, que ascendeixen a 40.000 euros per megawatt, romanen bloquejades durant anys en lloc de restituir-se en qüestió de setmanes o mesos, com marca la llei i assegura que passa en altres comunitats autònomes. Aquesta inacció afecta de manera crítica petites i mitjanes empreses, cooperatives i promotors locals, atrapats en un procés burocraticoadministratiu sense perspectiva d’una solució pròxima.

Aquestes garanties economicofinanceres pretenen evitar l’especulació amb els punts de connexió i frenar l’acaparament de la xarxa. No obstant això, la legislació estableix la devolució obligatòria dels fons quan un projecte decaiga per causes alienes al promotor, com una declaració d’impacte ambiental desfavorable, la denegació de llicències municipals o el fet de no disposar d’un punt de connexió, i fixa un termini de tres mesos. Així mateix, el retard burocràtic, que asseguren que és d’entre quatre i cinc anys per a autoritzar una instal·lació, provoca la pèrdua de les vies de finançament originals. Davant d’aquesta situació, Avaesen sol·licita la no execució de les fiances excepte en els casos d’acaparament intencionat.

Aquesta paràlisi castiga especialment el teixit de xicotes i mitjanes empreses del sector. Per a poder assumir les garanties financeres requerides per l’Administració, els petits promotors acudeixen a entitats de crèdit i caució que cobren comissions anuals elevades. Determinades societats han explicat a elDiario.es que han d’abonar primes anuals de fins a 70.000 euros per projectes sense viabilitat, amb desemborsaments acumulats que superen els 160.000 euros en expedients inactius. Aquests sobrecostos obliguen les empreses a retallar les seues plantilles —amb reduccions dràstiques de personal que en alguns casos arriben fins a un 70%— per a afrontar el pagament de comissions sobre iniciatives extingides.

Aquest embós en la tramitació, tal com expliquen des del sector algunes de les empreses afectades, no afecta únicament la Conselleria d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç. Així, assenyalen que, malgrat l’emissió de resolucions favorables a la devolució dels avals per part de la Direcció General d’Indústria, els expedients queden retinguts en la Intervenció de la Generalitat Valenciana, un departament que també es troba saturat i que, per tant, retarda l’ordre final de pagament. Encara que la conselleria defén en les reunions mantingudes amb el sector que ha reforçat el personal i ha desplegat ferramentes informàtiques per a accelerar la resolució dels expedients, la resposta resulta insuficient per als afectats. Així, els petits promotors denuncien que la Generalitat Valenciana manté retinguts els avals malgrat haver sol·licitat de manera justificada l’arxivament de les actuacions.

La desesperació entre els promotors locals provoca el rebuig a la tramitació de noves instal·lacions en territori valencià. Després de la pèrdua de la primera onada de projectes fotovoltaics, des del sector adverteixen del risc que corre la segona generació d’inversions centrada en l’emmagatzematge amb bateries. Si l’Administració no resol aquest bloqueig burocràtic estructural, els promotors alerten que traslladaran les seues inversions a altres comunitats autònomes, amb el consegüent perjudici per a la transició energètica i l’ocupació tècnica a la Comunitat Valenciana.

280 milions en avals no executats

El Govern valencià ha iniciat la tramitació per a renunciar al cobrament de 280 milions d’euros en concepte d’avals presentats per promotors fotovoltaics que van decidir desistir dels seus projectes, una decisió que beneficia societats que no van completar les fites administratives exigides pel Ministeri per a la Transició Ecològica, i els permet recuperar o evitar l’execució de les fiances de 40.000 euros per megawatt. Aquesta mesura contrasta amb les demandes del sector local, que critica la desigualtat de tracte entre els grans grups d’inversió i les petites i mitjanes empreses implantades en el territori.

La Comunitat Valenciana sufre un serio atasco administrativo en la tramitación de expedientes de proyectos de energías renovables. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), Pedro Fresco, denuncia la tardanza de la Generalitat en la devolución de los avales económicos presentados por las empresas para proyectos que finalmente resultan inviables. Estas garantías, que ascienden a 40.000 euros por megavatio, permanecen bloqueadas durante años en lugar de restituirse en cuestión de semanas o meses, como marca la ley y asegura que sucede en otras comunidades autónomas. Esta inacción afecta de forma crítica a pequeñas y medianas empresas, cooperativas y desarrolladores locales, atrapados en un proceso burocrático-administrativo sin perspectiva de una pronta solución.

Estas garantías económico-financieras pretenden evitar la especulación con los puntos de conexión y frenar el acaparamiento de la red. Sin embargo, la legislación establece la devolución obligatoria de los fondos cuando un proyecto decae por causas ajenas al promotor, como una declaración de impacto ambiental desfavorable, la denegación de licencias municipales o el no disponer de un punto de conexión, y marca un plazo de tres meses. Asimismo, el retraso burocrático, que aseguran es de entre cuatro y cinco años para autorizar una instalación, provoca la pérdida de las vías de financiación originales. Ante esta situación, Avaesen solicita la no ejecución de las fianzas salvo en los casos de acopio intencionado.

Esta parálisis castiga especialmente al tejido de pequeñas y medianas empresas del sector. Para poder asumir las garantías financieras requeridas por la administración, los pequeños desarrolladores acuden a entidades de crédito y caución que cobran comisiones anuales elevadas. Determinadas sociedades han explicado a elDiario.es que deben abonar primas anuales de hasta 70.000 euros por proyectos sin viabilidad, con desembolsos acumulados que superan los 160.000 euros en expedientes inactivos. Estos sobrecostes obligan a las empresas a recortar sus plantillas —con reducciones drásticas de personal que en algunos casos alcanzan hasta un 70 %— para afrontar el pago de comisiones sobre iniciativas extintas.

Este cuello de botella en la tramitación, tal y como explican desde el sector algunas de las empresas afectadas, no afecta únicamente a la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. Así, reseñan que, a pesar de la emisión de resoluciones favorables a la devolución de los avales por parte de la Dirección General de Industria, los expedientes quedan retenidos en la Intervención de la Generalitat Valenciana, un departamento que también se encuentra saturado y que, por tanto, retrasa la orden final de pago. Aunque la conselleria defiende en las reuniones mantenidas con el sector que ha reforzado el personal y ha desplegado herramientas informáticas para acelerar la resolución de los expedientes, la respuesta resulta insuficiente para los afectados. Así, los pequeños promotores denuncian que la Generalitat Valenciana mantiene retenidos los avales a pesar de haber solicitado de forma justificada el archivo de las actuaciones.

La desesperación entre los desarrolladores locales provoca el rechazo a la tramitación de nuevas instalaciones en el territorio valenciano. Tras la pérdida de la primera ola de proyectos fotovoltaicos, desde el sector advierten del riesgo que corre la segunda generación de inversiones centrada en el almacenamiento con baterías. Si la administración no resuelve este bloqueo burocrático estructural, los promotores alertan que trasladarán sus inversiones a otras comunidades autónomas, con el consiguiente perjuicio para la transición energética y el empleo técnico en la Comunitat Valenciana.

280 millones en avales no ejecutados

El Gobierno valenciano ha iniciado la tramitación para renunciar al cobro de 280 millones de euros en concepto de avales presentados por promotores fotovoltaicos que decidieron desistir de sus proyectos, una decisión que beneficia a sociedades que no completaron los hitos administrativos exigidos por el Ministerio para la Transición Ecológica, permitiéndoles recuperar o evitar la ejecución de las fianzas de 40.000 euros por megavatio. Esta medida contrasta con las demandas del sector local, que critica la desigualdad de trato entre los grandes grupos de inversión y las pequeñas y medianas empresas implantadas en el territorio.

Durante años, Cataluña ha avanzado a un ritmo más lento que buena parte de España en el despliegue de energías renovables. Ahora, un proyecto situado en Alcarràs, en el Segrià, quiere contribuir a revertir esa tendencia. El parque fotovoltaico de Alcarràs, impulsado por la empresa española Solaria, representa un salto de escala para la generación solar en Cataluña y pone cifras a un reto que la comunidad tiene todavía por delante: acelerar la transición energética sin perder de vista las particularidades del territorio.

La dimensión del proyecto permite entender mejor lo que supone este cambio. Hace apenas unos meses, la potencia fotovoltaica acumulada en suelo rústico en Cataluña no superaba los 400 MW. Alcarràs aporta por sí solo 200 MW de Solaria, dentro de un complejo que alcanza los 300 MW al sumar otros 100 MW de otro operador. La magnitud resulta todavía más significativa si se compara con los objetivos marcados para los próximos años.

“Este proyecto supone un punto de inflexión”, explica Lluís Valle, director de Solaria en Cataluña. Y así lo certifican los datos: la planificación energética catalana contempla alcanzar hasta 4,5 GW de fotovoltaica sobre terreno en 2030. Eso significa que, en apenas cuatro años, Cataluña debería poner en funcionamiento el equivalente a unos diez proyectos de una dimensión similar al de Alcarràs. “El reto sigue siendo mayúsculo para Cataluña”, reconoce Valle, que considera que el proyecto permite “visualizar la escala que tendrá que adquirir el despliegue renovable”.

Un retraso con varias causas

Llegar hasta aquí no ha sido sencillo. Para Valle, resulta difícil atribuir más de una década de retraso a una única causa, pero señala que es deseable que haya estabilidad en la normativa. “A la sociedad y a la opinión pública en el territorio les es difícil diferenciar proyectos serios, maduros y bien planteados, como el caso de Alcarràs, de otros”, señala.

El escenario actual busca precisamente reducir esa incertidumbre. El Govern trabaja en el PLATER, el planeamiento territorial de las energías renovables, con el objetivo de consensuar previamente dónde pueden ubicarse este tipo de instalaciones y agilizar después los procesos administrativos necesarios para llevarlas a cabo. Valle considera que el planteamiento actual puede contribuir a desbloquear el despliegue: “La sensación es que el Govern actual tiene claro los objetivos y pretende consensuar con los diferentes municipios un planeamiento territorial”.

La necesidad de acelerar el despliegue energético convive, sin embargo, con uno de los principales debates alrededor de las plantas solares: su impacto sobre el suelo agrícola. En Alcarràs, Solaria defiende un modelo que trata de demostrar que ambas actividades pueden compartir espacio. Unas 70 hectáreas del proyecto no se destinan a la generación eléctrica y se utilizarán para plantar olivos, con los trabajos de acondicionamiento del riego y las primeras plantaciones ya iniciados.

“En mi opinión no debería existir tal debate”, afirma Valle. Para alcanzar los objetivos climáticos de Cataluña en 2050, calcula que sería necesario ocupar alrededor de un 2% de la superficie agraria del territorio. “Como sociedad madura, somos capaces de consensuar la ubicación de estas instalaciones entre promotores, Administración y gremios agrícolas”, defiende.

Una vez escogidos los emplazamientos, el siguiente reto pasa por reducir su impacto. “Es una cuestión de sentido común y de responsabilidad con el territorio”, asegura. En Alcarràs, la evolución tecnológica también ha permitido optimizar la ocupación del suelo mediante módulos de mayor potencia que los planteados inicialmente. Los olivos contribuirán, además, a reforzar la integración paisajística del parque.

Mucho más que electricidad

El proyecto también aspira a dejar una huella que vaya más allá de la energía producida. La inversión realizada en la construcción ha generado ingresos para las administraciones locales y, solo en concepto de ICIO, el municipio ha recibido más de cuatro millones de euros. A ello se suma el empleo asociado a la construcción y una serie de proyectos vinculados que amplían el impacto económico de la instalación.

“Estamos viendo que el proyecto fotovoltaico de Alcarràs ha propiciado otros dos nuevos proyectos ya reales en el municipio y en las mismas fincas”, explica Valle. Uno de ellos es una planta de biogás promovida por el propietario de los terrenos, que permitirá tratar hasta 140.000 toneladas de purines al año y generar biogás para su posterior inyección en la red de distribución.

El segundo está directamente relacionado con el almacenamiento energético. Solaria prevé poner en servicio en 2027 un sistema BESS de 400 MWh, que permitirá almacenar parte de la electricidad generada por el parque para poder verterla a la red cuando no haya producción solar. “Será con seguridad el más grande en Cataluña hasta la fecha”, apunta Valle.

Y el horizonte puede ser todavía más ambicioso. La infraestructura eléctrica disponible abre la puerta, según Solaria, a nuevas inversiones vinculadas a la transición digital. Entre ellas figura la posible implantación de un centro de datos en el entorno de Alcarràs y Lleida, un proyecto que, según Valle, tendría una escala “diez veces mayor” que las inversiones ya descritas.

Todo ello se produce en un territorio donde el despliegue de renovables también genera debate y oposición. Para Valle, escuchar al territorio forma parte de la responsabilidad de los promotores: “Nuestro deber es escuchar al territorio para adaptar el proyecto en el marco de sus posibilidades técnicas y administrativas”. Pero también reclama que las Administraciones mantengan el rumbo marcado por sus objetivos energéticos.

“Somos una sociedad crítica y siempre habrá oposición. Lo ha habido en cualquier transición y la energética no se queda al margen”, afirma. En su opinión, el avance del cambio climático está haciendo cada vez más visible la necesidad de actuar: “Aunque desearíamos todos no haber llegado a esta situación, es cierto que facilita al municipio y al territorio comprender el coste de no hacer proyectos como el nuestro”.

Alcarràs no puede solucionar por sí solo el retraso renovable de Cataluña. Pero sí puede servir para visualizar lo que significa pasar de los objetivos sobre el papel a las infraestructuras reales: más generación limpia, almacenamiento, actividad económica y nuevas oportunidades para el territorio.

El Cabildo de Gran Canaria pide que se fije un marco retributivo que se adapte mejor a la realidad de cada isla en la retribución de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, se facilite la entrada de más energía renovable y se reconozca el almacenamiento.

Para ello, la corporación insular ha presentado alegaciones al proyecto de real decreto con el que el Estado pretende modificar el marco retributivo de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

“Gran Canaria dispone cada vez de más energía renovable, pero una parte importante no puede aprovecharse”, asegura el Cabildo en un comunicado.

Cuando la producción eólica o fotovoltaica supera lo que el sistema puede integrar, las instalaciones que generan electricidad limpia tienen que reducir su producción mientras las centrales térmicas continúan siendo necesarias para garantizar el funcionamiento y la seguridad del sistema, añade la corporación insular.

Las alegaciones están respaldadas por un estudio encargado por el Cabildo que ha analizado, hora a hora, las 8.760 horas de funcionamiento del sistema eléctrico insular durante 2025 para calcular cuánto cuesta realmente producir electricidad en la isla y analizar si las reglas económicas previstas favorecen las tecnologías que permiten reducir ese coste.

El análisis concluye que durante 2025 Gran Canaria dejó de aprovechar 215 GWh de energía renovable, el 19,2% de toda la que potencialmente podía producir. En junio, este porcentaje llegó al 25%.

El estudio estima que producir mediante centrales térmicas una cantidad equivalente de electricidad tuvo un coste de entre 46 y 54 millones de euros, mientras que el ahorro máximo teórico derivado de aprovechar toda esa energía renovable se situaría entre 32 y 41 millones de euros anuales.

El Cabildo plantea cinco modificaciones concretas. La primera es que la referencia económica utilizada para remunerar la energía tenga en cuenta el coste real de producir electricidad en cada isla y en cada hora, en lugar de utilizar una referencia conjunta para Canarias.

La institución recuerda que cada sistema insular presenta diferentes niveles de demanda, tecnologías de generación, penetración renovable y costes, y que la información necesaria ya es publicada por Red Eléctrica.

La segunda propuesta plantea aplicar esta misma lógica al consumo, de forma que exista una señal económica que favorezca producir y consumir electricidad en aquellas horas en las que resulte más beneficioso para el sistema.

Las otras tres medidas se centran en el almacenamiento: establecer las mismas reglas para las baterías que presten los mismos servicios, reconocer económicamente el ahorro que generan al evitar el uso de centrales más caras y remunerar su disponibilidad para responder cuando el sistema necesite energía o potencia.

El Cabildo considera que el almacenamiento es una pieza estratégica para superar el hecho de que la producción de las renovables no siempre coincide con las horas de mayor demanda.

Una batería permite guardar energía cuando existe un exceso de producción y utilizarla posteriormente, pero también puede aportar potencia cuando el sistema lo necesita y reducir la dependencia de las centrales térmicas.

Según el estudio, cuando una batería presta ambos servicios, el valor que aporta al sistema puede multiplicarse entre 4,8 y 15,9 veces respecto a su utilización únicamente para almacenar y vender energía.

El estudio advierte de que, si se mantiene el funcionamiento actual del sistema y se incorpora la potencia renovable prevista, hasta el 50% de la energía renovable potencialmente producible podría no llegar a aprovecharse en 2030.

Para el Cabildo, este escenario demuestra que aumentar la potencia renovable no es suficiente si no se acompaña de almacenamiento y de un marco económico adecuado

Moeve ha acelerado de forma definitiva su estrategia de transformación energética 'Positive Motion' con el pistoletazo de salida oficial a las obras de construcción de 'Onuba', la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, llamado a convertirse en el mayor hub energético de hidrógeno renovable de toda Europa con una capacidad final de 2 gigavatios (GW) de electrólisis.

Esta primera fase echará a andar en el Parque Energético de Palos de la Frontera (Huelva) con una capacidad inicial de 300 megavatios (MW) de electrólisis, ampliable en 105 MW adicionales -condicionados a la disponibilidad eléctrica y a una nueva aprobación corporativa-. La iniciativa supone movilizar de forma directa más de 1.000 millones de euros de inversión conjunta, incluyendo la infraestructura industrial asociada y el desarrollo de una planta fotovoltaica de autoconsumo.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha subrayado que este movimiento marca un hito en la transición del sector. “Convertimos, de nuevo, una ambición en una realidad tangible: hoy dejamos atrás la era de los proyectos piloto de hidrógeno verde para avanzar hacia la construcción de proyectos de gran escala”, indicó.

Asimismo, el ejecutivo de la energética ha destacado la relevancia de un proyecto como 'Onuba' que en la escena internacional “consolida a España en el vagón de cabeza europeo para la producción de nuevas energías sostenibles y supone un paso decisivo para conseguir una Europa más competitiva y energéticamente más autónoma”.

Para llevar a cabo este despliegue, la antigua Cepsa ha diseñado un esquema accionarial y financiero corporativo de primer nivel donde tendrá el control con un 51% del capital.

Además, la compañía ha sumado como socios estratégicos a Hy24, el mayor fondo especializado en hidrógeno del planeta respaldado por Ardian, y a la sociedad estatal Cofides, que mantendrán una participación conjunta del 29%, tras la salida del accionariado de Masdar, pero que se mantiene en el proyecto como proveedor de energía a través de la firma de un contrato de suministro de energía a largo plazo (PPA, por su sigla en inglés).

El 20% restante queda en manos de Enagás Renovable --cuyo accionariado está también liderado de forma mayoritaria por Hy24, que ostenta el 80% de las acciones, mientras que Enagás mantiene el 20% restante-- y Alter Enersun.

En su arranque oficial este jueves, 'Onuba' ha contado con un respaldo contundente, con la presencia en el acto del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha asistido junto a Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; así como de la Junta de Andalucía, con su presidente Juanma Moreno a la cabeza; o de las instituciones comunitarias.

En su discurso, Pedro Sánchez ha asegurado que 'Onuba' representa “una parte de la solución” a la emergencia climática, en un territorio que este verano vio como los incendios arrasaron hectáreas. “Es un proyecto ejemplo de una parte de la solución a la emergencia climática y, además, forma parte del futuro de Huelva, Andalucía y del futuro energético e industrial de España y Europa”, ha manifestado.

Asimismo, ha puesto en valor la apuesta del Gobierno de España por acompañar al sector en esta transición energética y convertir al hidrógeno verde en “una oportunidad país”.

Sánchez, que ha anunciado también que en los próximos días se dará el pistoletazo a la tramitación de los primeros tramos de la red troncal de hidrógeno, ha considerado que producir más energía en España y Europa “no es solamente una cuestión climática, también lo es de autonomía”.

“No podemos dejar nuestro suministro a merced de guerras injustificadas ni pagar los platos rotos de quienes convierten la energía en una pieza más de sus juegos de poder”, ha manifestado.

Por su parte, Juanma Moreno ha reivindicado la fortaleza competitiva de la región en la carrera global por este vector energético. “Aquí se inicia la construcción del símbolo más potente con el que decirle al mundo que Andalucía y España están preparadas y capacitadas para ser protagonistas de la 'revolución' por la energía limpia que necesita el planeta”, ha dicho.

En esta misma línea, el presidente andaluz ha valorado el papel clave de la Comunidad Autónoma ante la “enorme oportunidad y la responsabilidad” de convertir a Andalucía “en la gran factoría de producción y exportación de hidrógeno renovable de Europa”.

Asimismo, Moreno ha solicitado al Gobierno central dotar a Andalucía de la infraestructura eléctrica suficiente para asumir la demanda de proyectos industriales deseosos de instalarse en la región. “Podemos hacerlo, debemos hacerlo y queremos hacerlo”, ha aseverado.

Mientras, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha valorado el impacto geopolítico y productivo de la planta.

“El reconocimiento de esta planta como Proyecto de Interés Común por la UE refleja su dimensión estratégica y contribución a la transformación de nuestro sistema energético”, ha señalado en un vídeo grabado.

El impacto socioeconómico en la región del proyecto será inmediato, con la estimación de generar más de 8.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos a lo largo de toda la cadena de valor. Asimismo, la fase de construcción y puesta en marcha involucrará la contratación de más de 400 pymes y trabajadores autónomos locales.

Desde el punto de vista industrial, 'Onuba' alcanzará una producción aproximada de 45.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable, lo que evitará la emisión de 250.000 toneladas de CO2 al año. Este volumen equivale al impacto contaminante del parque automovilístico completo de tres capitales andaluzas: Huelva, Cádiz y Jaén.

La previsión es que 'Onuba' entre en producción en 2029 y, en un principio, ésta será para autoconsumo, permitiendo sustituir al 100% el hidrógeno fósil que se consume en su Parque Energético en Palos de la Frontera por hidrógeno renovable. No obstante, el objetivo es que a futuro ese consumo de hidrógeno 'verde' también se destine al consumo de distintos actores industriales.

El proyecto cuenta con un respaldo público relevante, al haber obtenido una subvención de 304 millones de euros concedida por el Gobierno de España en el marco del Plan de Recuperación. Los fondos proceden del programa de apoyo a los Valles de Hidrógeno Renovable mediante la dotación europea NextGenerationEU.

Asimismo, el complejo será un escaparate tecnológico sin precedentes para el sector. Se constituirá como la primera planta nativa digital de Moeve, incorporando desde su fase de diseño un gemelo digital y una plataforma unificada de datos e IoT destinada a optimizar la eficiencia y la seguridad de la operación.

La inversión de Moeve en Andalucía alcanzará los 2.400 millones de euros de forma acumulada entre esta instalación y la nueva planta de biocombustibles 2G para la producción de SAF y diésel renovable (HVO).

La combinación de ambos activos convertirá a Palos de la Frontera en el mayor hub de moléculas verdes del continente y en un referente en procesos de reindustrialización, con dos de los cuatro mayores proyectos industriales que se construyen en España en la actualidad.

Se anunciaba hace unos días y esta semana se ha materializado. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su oposición al futuro Real Decreto del Gobierno de España, relativo a los centros de datos, presentando diez alegaciones al texto normativo.

El pasado 10 de septiembre la cuestión parecía abrir un nuevo conflicto entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ese día se terminaba el periodo de audiencia pública del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.

El castellanomanchego amagó entonces con la posibilidad de acudir a los tribunales, después de que el futuro decreto vaya a exigir que los centros de datos de mayor tamaño tengan como obligación acreditar que al menos el 80% de su consumo eléctrico proceda de energía renovable, y que eso se acredite hora a hora, entre otras cuestiones.

Esta y otras exigencias podrían afectar a una de las mayores apuestas tecnológicas previstas en la comunidad autónoma por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page: el data center que Meta, la multinacional matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, propiedad del magnate norteamericano Mark Zuckerberg planea abrir en Talavera de la Reina.

El proyecto tiene ya todos los parabienes del Gobierno regional para que se inicien las obras y Meta ha pagado ya la fianza de un millón de euros exigida por el Ejecutivo autonómico para comenzar. Ahora, reconocen una “profunda preocupación” ante el impacto directo que el actual diseño normativo puede provocar sobre el tejido tecnológico e industrial de la región.

Aducen que Castilla-La Mancha “se ha consolidado como un nodo tecnológico de referencia en el sur de Europa, albergando inversiones estratégicas de impacto global” (como el desarrollo de Meta) o “acumulando una cartera de iniciativas clave para la soberanía digital de España”.

“No es razonable” modificar condiciones de proyectos avanzados

La consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha justificado hoy las 'pegas' que ponen al texto normativo que se prepara, precisamente, porque con la actual propuesta se complicaría el camino a proyectos como el de Meta al cambiarse “las reglas del juego” en plena carrera empresarial -ya en marcha- por el desarrollo de estos centros tecnológicos.

Es algo que expresamente se ha reflejado al exponer los motivos de las diez alegaciones planteadas por el Gobierno de Page a las que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha.

La norma, se advierte, tendría “capacidad para condicionar inversiones tecnológicas estratégicas ya comprometidas en nuestra región” y en este caso, nada más y nada menos que con uno de los gigantes tecnológicos mundiales.

En opinión del Ejecutivo de esta comunidad, “se introducen rigideces desproporcionadas, plazos de transición manifiestamente insuficientes y criterios de eficiencia e hídricos desvinculados de la realidad climática peninsular”.

Se introducen rigideces desproporcionadas, plazos de transición manifiestamente insuficientes y criterios de eficiencia e hídricos desvinculados de la realidad climática peninsular

Padilla ha puesto el acento en el tratamiento de los proyectos que ya han obtenido permisos de acceso y conexión, pero todavía no están conectados a la red.

El proyecto de Real Decreto establece nuevos requisitos para estas instalaciones y concede seis meses para acreditar su cumplimiento. En caso contrario, podrían caducar los permisos y ejecutarse las garantías depositadas.

La portavoz de Page ha dicho que “no resulta razonable” modificar las condiciones de proyectos que ya han sido diseñados, tramitados y comprometidos de acuerdo con la normativa actualmente vigente.

Por este motivo, el Gobierno regional reclama “un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto y que proteja aquellas inversiones cuya tramitación se encuentre ya en una fase avanzada” y ha incidido precisamente en el caso de Meta.

Pedimos un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto y que proteja aquellas inversiones cuya tramitación se encuentre ya en una fase avanzada

Aunque el Gobierno regional “comparte” objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética de la norma o que “los centros de datos deben avanzar con un uso responsable de la energía y del agua, un recurso especialmente valioso y limitado” en Castilla-La Mancha, la consejera portavoz ha reclamado hoy que la norma sea “exigente, segura y territorialmente justa”.

Por un lado se afea que el proyecto normativo no se limite a desarrollar condiciones técnicas, sino que prevé recargos que pueden llegar al 500%, a la pérdida de permisos de acceso y conexión o a la caducidad de permisos ya concedidos, si las empresas promotoras no cumplen.

“Entendemos que medidas de esa intensidad necesitan una cobertura legal suficiente y no pueden quedar definidas íntegramente por una norma reglamentaria”, señala el Gobierno castellanomanchego que reclama, además, que los recargos sean “graduales y proporcionados”. En su opinión, “no debe recibir el mismo tratamiento un desajuste puntual que un incumplimiento grave y continuado”.

También sugiere que la pérdida de los permisos debe reservarse para los supuestos más graves, tras escuchar al interesado y ofrecer un plazo efectivo de subsanación.

“Respetar” las competencias autonómicas 

Otra de las críticas de Castilla-La Mancha tiene que ver con las competencias políticas sobre la cuestión. “El proyecto de Real Decreto concentra en el Estado las decisiones sobre la viabilidad de los centros, la retirada de permisos y el destino de la capacidad eléctrica que quede liberada”, explica el Ejecutivo de esta región.

A reglón seguido recuerda que la implantación de estas infraestructuras afecta al territorio, el urbanismo, la industria, el medio ambiente, el agua y las redes de distribución “son ámbitos en los que las comunidades autónomas tenemos competencias y responsabilidades”. De ahí que consideren los de Page que una norma con este alcance requiere “consulta pública previa y un diálogo más amplio con las comunidades y los sectores afectados”, incluido su “examen” en la Conferencia Sectorial de Energía.

“Castilla-La Mancha no puede quedar reducida a recibir una comunicación cuando ya se ha tomado la decisión. Pedimos una participación efectiva antes de denegar solicitudes, retirar permisos o reasignar capacidad”.

Además, reclama que los conflictos relativos a permisos de conexión en redes de competencia autonómica “sigan siendo resueltos por la Administración competente, como establece la legislación del sector eléctrico”.

Castilla-La Mancha no puede quedar reducida a recibir una comunicación cuando ya se ha tomado la decisión. Pedimos una participación efectiva antes de denegar solicitudes, retirar permisos o reasignar capacidad

“Tener en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio”

El Gobierno castellanomanchego pide una “aplicación realista y territorialmente justa de los criterios de eficiencia” para este tipo de proyectos empresariales.

Desde su punto de vista, los indicadores energéticos y de consumo de agua “deben tener en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio, utilizando factores de normalización compatibles con la metodología que establezca la Unión Europea”.

Eso, apostilla, “no significa rebajar los estándares ambientales ni establecer una excepción para Castilla-La Mancha”, sino “medir de forma comparable instalaciones situadas en condiciones climáticas diferentes y prever un periodo razonable de puesta en funcionamiento antes de aplicar recargos o declarar la caducidad de permisos”.

Ahora mismo, sugieren, las características climatológicas de la meseta sur peninsular, caracterizadas por mayores oscilaciones térmicas estacionales y veranos cálidos, “penalizan de forma directa y artificial a los centros de datos emplazados en el interior frente a regiones costeras o septentrionales de Europa”. Y eso, añaden, “supone una discriminación territorial indirecta y desincentiva la inversión en zonas de interior”.

También proponen una implantación progresiva de las exigencias de consumo renovable, que esté acompasada a la capacidad efectiva de las redes y al despliegue de nueva generación.

Finalmente advierten del posible “vacío regulatorio” sobre las instalaciones renovables asociadas a un centro de datos cuando este renuncia o pierde sus permisos, de ahí que esperen que el Gobierno de España “estudie estas alegaciones y las incorpore al texto definitivo”.

De lo contrario, concluyen, “estas exigencias ponen en riesgo la viabilidad de proyectos altamente maduros y comprometen gravemente la competitividad de la región frente a otros territorios nacionales y comunitarios”.

Para muchos, hablar de cambio climático es sinónimo de malas noticias y es lógico que sea así. Aún más en los años recientes, cuando España ha vivido episodios agudos de fenómenos que han pasado factura: desde la dana en València hasta la última sequía en Catalunya o los incendios estivales en Madrid y Huelva.

Esta acumulación de malas noticias han alimentado un relato colapsista que, paradójicamente, puede resultar tan paralizante como la negación más burda. Si el desastre es inevitable, ¿para qué actuar? El fatalismo, disfrazado de lucidez, es también una forma de rendición, diría Albert Camus.

Frente a ese doble escollo, el sociólogo Emilio Santiago Muíño (Madrid, 1984) investigador del CSIC especializado en ecología política y ecosocialismo, y el biólogo Héctor Tejero (Madrid, 1981), doctor en Bioquímica y diputado de Más Madrid en la Asamblea, llevan casi una década construyendo, libro a libro, una tercera vía. La iniciaron en ¿Qué hacer en caso de incendio? (Capitán Swing, 2019) y la afinaron en Contra el mito del colapso ecológico (Arpa, 2023). Ahora la despliegan a fondo en España contra el desierto (Arpa & Alfil Editores, 2026), un ensayo que aterriza en las circunstancias concretas de nuestro país las grandes preguntas de la transición ecológica: ¿Es posible descarbonizar sin empobrecernos? ¿Puede la lucha climática ser, además de necesaria, deseable?

La respuesta de los autores es un sí rotundo, aunque no caen en la ingenuidad. No se trata de negar la gravedad de la crisis, que el libro aborda en profundidad, sino de sostener que, por primera vez en dos siglos, la humanidad dispone de una base tecnológica capaz de sacarnos del “paleolítico energético” sin sacrificar el Estado del bienestar. Colocan por tanto el reto no en el plano técnico o científico, sino político. Y aquí es donde nace la utilidad de su obra, ya que la mayoría de la literatura climática camina hacia otros lugares.

La revolución de las fuerzas productivas

El punto de partida de Santiago y Tejero parece una inversión de sentido común: durante décadas, el ecologismo se ha asociado a “vivir con menos”, al conocido pero fallido “decrecimiento”. Los autores sostienen que esa imagen ha quedado obsoleta. La caída en picado del coste de la energía solar, la eólica y las baterías han abierto, dicen, “la llave de la abundancia dentro de los límites planetarios”.

Por primera vez, entonces, la electrificación de la economía permite universalizar niveles de vida reservados hasta ahora a una minoría, sin necesidad de seguir quemando combustibles fósiles. Para aterrizar esa promesa en España, ambos recurren a un acrónimo que funciona como si fuera un mapa de ruta: ALTEA, las iniciales de Agroalimentario, Ladrillo, Turismo, Energía y Automoción, los cinco sectores que concentran buena parte de las emisiones y también de la dependencia exterior del país.

Es en esa vieja España productiva, no solo en los despachos de Bruselas, donde se librará la verdadera batalla climática. Y es ahí donde los autores sitúan su propuesta de fondo: un ecosocialismo democrático que combine una relación distinta con el territorio capaz de devolver a comarcas despobladas un papel productivo en la nueva economía solar. Definen que esto pasa por apostar por la agricultura regenerativa, la electrificación del transporte y la de la industria.

La maldición de Sísifo a la española

España contra el desierto no es un tratado genérico sobre la relación con la energía y los procesos para optimizar su uso más verde. Es principalmente un libro sobre España. Uno de sus capítulos más certeros, “La maldición de Sísifo”, diagnostica los obstáculos sociopolíticos que arrastra el país para acometer esta transformación.

Lo enmarcan en una identidad nacional narrada históricamente desde la derrota y la melancolía, un Estado con menor capacidad fiscal y administrativa que sus vecinos europeos, una clase política atravesada durante décadas por las puertas giratorias del sector energético y un territorio con condicionantes geológicos propios negativos.

A ello se le suma un capítulo imprescindible dedicado a narrar la nueva normalidad que vive España, basándose en datos de la AEMET y haciendo referencia a los múltiples fenómenos adversos que llevamos atravesando los últimos años. Los autores no escatiman en cifras y ese rigor empírico es lo que distingue la obra de buena parte del ensayismo climático.

Empujar sin romper: cómo construir una alianza climática

La teoría política dibuja el núcleo argumental del libro. Apoyándose en referentes como Peter Gourevitch o Peter Hall, Santiago y Tejero recuerdan algo que a veces olvidamos: ninguna política, por acertada que sea técnicamente, se sostiene sin una coalición social que la respalde. “La política requiere política”, resumen citando a Gourevitch, y de ahí se desprende su cita estratégica, que es la de “empujar sin romper”.

Los autores señalan que hace falta construir una mayoría lo bastante amplia como para que no se desintegre en cuanto empiece a incomodar a intereses concretos. De ese principio derivan las cinco reformas que proponen para sostener esa alianza: vivienda asequible, electricidad y climatización para todos los hogares, alimentación justa y de calidad, un nuevo pacto para el mundo rural despoblado y una fiscalidad climática progresiva que financie un Estado capaz de estar a la altura.

Son, en el fondo, políticas de bienestar disfrazadas de políticas climáticas, pensadas para que la transición ecológica se perciba como una mejora tangible en la vida cotidiana de la mayoría. El libro invoca, en este sentido, precedentes históricos como el New Deal estadounidense o el “Pacto de la Vaca” sueco, que fueron grandes acuerdos que unieron a sectores sociales aparentemente distantes en torno a un proyecto común de modernización. De progreso.

Tres narrativas para disputar la hegemonía

Pero el relato, un sustantivo utilizado en abundancia en la política española en los últimos años, también es relevante. No solo basta con legislar o, al menos, intentarlo.

Por eso el libro dedica un capítulo entero a lo que llama las tres narrativas de la coalición climática: la prosperidad ecológica, que habla de vivir mejor; la seguridad climática, que habla de vivir sin miedo y la responsabilidad planetaria, que habla de hacerse cargo del reto para poder vivir en común.

Cada una, sostienen, conecta con un valor distinto de la tríada republicana (igualdad, libertad, fraternidad) y deben usarse para disputar el terreno discursivo a una derecha que, avisan, encuentra en el negacionismo climático y en el libertarismo un combustible ideológico que prende rápido.

La obra, por lo tanto, ofrece también un lenguaje (como si fuera George Lakoff y su “No pienses en un elefante”) para disputar el sentido común. Que esa apuesta convenza dependerá entonces de si la izquierda ecosocialista es capaz de aplicarla con la disciplina que exige, algo que su propio diagnóstico sobre la debilidad organizativa del movimiento climático español pone en duda.

Del Quijote al solarpunk

La imagen del Quijote no podía faltar en una conexión visual elemental. Durante siglos la identidad nacional ha narrado desde la derrota gloriosa de Don Quijote, que se embistió contra molinos que confundía con gigantes. Ahora la tarea es a la inversa, ya que se deben cuidar a los gigantes (los aerogeneradores o las placas solares) que a simple vista parecen solo molinos.

Los autores toman prestada la estética solarpunk, esa “gramática visual de las reconciliaciones improbables” en la que conviven rebaños de ovejas y turbinas eólicas o huertos urbanos y drones, para imaginar una España que deje atrás la melancolía del imperio perdido y mire hacia delante con un tipo de orgullo distinto: el de un país dueño de su propio destino energético.

Se trata de “cruzar el río sintiendo las piedras bajo los pies”, dicen citando a Deng Xiaoping, el exdirigente del Partido Comunista Chino. Avanzar sin certezas absolutas, pero también sin la parálisis de quien espera un mapa perfecto antes de dar el primer paso.

Ofrecen algo poco habitual, casi como una convicción argumentada de que todavía está en nuestra mano intentarlo, y una hoja de ruta concreta, con nombres, cifras y soluciones para que ese intento no se quede únicamente en buenas intenciones.

La consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha vuelto a atacar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a cuenta de su política energética, que pone en riesgo “importantes inversiones” autonómicas por el “cuello generado” debido a su mala “planificación”. Valle ha recordado que Aragón genera más de 22.00 gigavatios hora, lo que representa el 8,2% de la capacidad de generación eléctrica de España, muy por encima del peso en el PIB y la población, que está en el 3%.

La Comunidad “genera mucha más electricidad de la que consume, aproximadamente el doble”, con lo que es capaz de “vender” energía a otras comunidades o al sistema nacional en más de un 50%, y la gran mayoría, más de un 83%, procede de fuentes renovables. Por tanto, Aragón “no tiene un problema de energía”, sino de falta de acceso a la red, que ha achacado a “la falta de planificación, de ejecución y de gestión adecuada de la red de transporte por parte del Gobierno de España”.

Ello ha creado un problema “colosal” de acceso al sistema eléctrico para cualquier tipo de actividad industrial y económica, pero también para la vivienda, ha asegurado Eva Valle.

En palabras de la consejera, la planificación actualmente en vigor lleva un retraso “sin precedentes” en su ejecución: “Llevamos meses, por no decir más de un año, esperando que se publique la nueva planificación para el periodo 2026-2030”.

Valle ha hablado también de nudos de conexión, sobre lo que también llevan “años” esperando a que se resuelvan los concursos de acceso a la red solicitados por diferentes tipos de actividades económicas en la Comunidad.

“Esto obviamente afecta a las actividades que han solicitado esos accesos, pero con carácter general afecta a la inversión, a la creación de riqueza, de empleo y daña la imagen no solo de Aragón, sino también del conjunto del país”, ha alertado.

Ello hace que una de las principales ventajas competitivas que tiene Aragón, que es la capacidad de generación de energía, acabe convirtiéndose en un “cuello de botella” al no poder acceder a ella, lo que puede terminar “impidiendo la llegada de importantes inversiones”, grandes y pequeñas, y afectar a la capacidad de crecimiento y de generación de empleo, además de a la capacidad de posicionamiento frente a otros competidores.

Decreto de centros de datosEn relación con ell decreto que regula la implantación de los centros de datos, la consejera ha avanzado que la intención es presentar el documento de alegaciones el mismo jueves, último día del plazo.

El punto de partida de este documento comparte la necesidad de asegurar la sostenibilidad energética y medioambiental, así como de asegurar la protección adecuada de los datos con los que se trabaje en estas instalaciones, pero apostando por hacerlo “de manera equilibrada y proporcional”, de manera que sea compatible con el desarrollo de una infraestructura “estratégica para la economía del futuro” y para la capacidad de competir de la región y de las empresas aragonesas.

“Esto no es lo que hace el proyecto de Real Decreto que ha presentado el Gobierno, que de aprobarse como está constituye un verdadero riesgo para la implantación de centros de datos en todo el país, en particular en Aragón, que tiene un porcentaje más elevado de compromisos ya realizados y de tramitaciones ya en marcha de centros de datos”, ha recalcado.

Requisitos “casi imposibles”

Ha achacado este peligro a que el proyecto de real decreto incorpora unos requisitos que son “casi de imposible cumplimiento” tanto para los centros de datos en tramitación como para los nuevos proyectos, algo en lo que coinciden también en las asociaciones del sector, que hablan incluso de “la práctica imposibilidad de cumplir no sólo individualmente cada uno de los requisitos, sino también todos ellos en su conjunto”. Ello, ha reiterado, hace especial “daño” a Aragón, por el interés generado por el territorio para la instalación de estos centros.

A ello ha sumado que la propuesta del real decreto se ha hecho “sin ningún tipo de diálogo previo” ni con los centros de datos ni con las administraciones donde se prevén estas inversiones, y que “cambia radicalmente las reglas del juego”, lo que deja dos efectos inmediatos: “una enorme inseguridad jurídica” que puede afectar a los proyectos en tramitación y generar arbitrajes internacionales y hasta asunciones patrimoniales por parte del Estado, y también a la imagen y al deseo de los inversores de instalarse en Aragón; y coloca al país y a la Comunidad “en clara desventaja” con otros que tienen una regulaciones “mucho más acordes” con el desarrollo de esta actividad y que están “deseando que un competidor fuerte, como es Aragón y como es España, decida salirse del tablero de juego”.

Aragón generó casi 22.400 gigavatios hora (GWh) de electricidad en 2025, el doble del consumo eléctrico de la comunidad (11.190 GWh), según el último Boletín de Coyuntura Energética del Gobierno de Aragón. La comunidad sigue exportando prácticamente la mitad de lo que produce (46,5%), pero el margen se estrecha: la ratio entre producción total y consumo cae por segundo año consecutivo, al bajar en dos años del 213,4% al 200,1%. Las comunidades deficitarias que reciben este exceso de electricidad aragonesa son la Comunidad de Madrid, Cataluña, la Comunitat Valenciana o el País Vasco.

Es precisamente el peso de las renovables en ese modelo el que retrocede, y lo hace en los dos indicadores que mide el boletín a la vez, algo que no había ocurrido en ningún año en esta década. Sobre el consumo de energía primaria, la cuota renovable cae del 48% al 44,4%, mientras el gas natural recupera peso, del 23,3% al 27,8%. Sobre la producción eléctrica total, el retroceso es todavía mayor: del 90,1% de 2024 al 83,6% de 2025. Entre 2021 y 2024, ambos indicadores habían subido de forma casi ininterrumpida; 2025 es el primer año en que caen a la vez.

La eólica ilustra bien el fenómeno. La comunidad cerró el año con 5.709 megavatios (MW) de potencia eólica en funcionamiento –233 centrales, 409 MW y 16 centrales más que en 2024–, un máximo histórico. Y sin embargo produjo menos electricidad que el año anterior: 10.928 GWh, un 3,1% menos que los 11.278 GWh de 2024. El factor de capacidad –producción real frente a la máxima teórica– cayó al 21,8%, el segundo peor dato del periodo 2021-2025, solo por delante del 23,9% de 2022. Es la primera vez en la serie en que más potencia instalada no se traduce, como mínimo, en producción estable.

La fotovoltaica sí creció en todos los parámetros de potencia y producción, pero también perdió rendimiento. La potencia conectada a red aumentó un 28,9%, hasta 3.270 megavatios, y la producción subió un 5,5%, hasta 4.193 GWh. El autoconsumo –instalaciones que generan su propia electricidad– también se disparó: 19.888 instalaciones y 689 MW de potencia, frente a las 16.468 instalaciones y 560 MW de 2024. Pero el factor de capacidad fotovoltaico cayó del 17,9% al 14,6%, el nivel más bajo de todo el periodo junto al de 2021. La producción crece solo porque la nueva potencia instalada compensa sobradamente la pérdida de rendimiento por megavatio.

Gas natural

El hueco que deja la caída del peso renovable lo llena, sobre todo, el ciclo combinado, la central que quema gas natural para generar electricidad. Su producción se disparó un 115,3% en 2025, hasta 2.240 GWh, frente a los 1.040 GWh de 2024 –el mayor repunte porcentual de cualquier tecnología del año–. El propio boletín del Gobierno de Aragón vincula ese salto a un aumento directo del consumo de gas natural en la comunidad.

Ese repunte coincide con el año del apagón que se registró el 28 de abril de 2025, aunque los datos mensuales de Aragón apuntan a que el ciclo combinado ya producía muchísimo a principio de año que en 2024. La subida se intensifica en el segundo semestre, coincidiendo con las nuevas exigencias regulatorias.

Mientras, la hidroeléctrica protagoniza el mayor desplome porcentual del año: produjo 3.447 GWh, un 17,4% menos que en 2024. Ese año había sido excepcionalmente lluvioso —la producción hidroeléctrica subió un 61,1% sobre 2023—, y 2025 corrigió buena parte de esa subida puntual.

El dato más singular de todo el periodo 2021-2025, sin embargo, no está en ninguna de las grandes tecnologías, sino en el autoconsumo: las instalaciones se han multiplicado por 10,3 en cuatro años, de 1.924 en 2021 a 19.888 en 2025, y la potencia casi se ha quintuplicado, hasta 689 GW. Es el único indicador del boletín que crece todos los años sin excepción, mientras eólica, fotovoltaica a gran escala, hidroeléctrica y ciclo combinado oscilan al alza y a la baja según el año.

En realidad, el techo de la autosuficiencia renovable aragonesa no se tocó en 2025, sino antes: la producción renovable llegó a cubrir el 185,9% del consumo eléctrico en 2024, su máximo histórico, y ya bajó al 167,30% en 2025. Dicho de otro modo, la desaceleración empezó un año antes de que existiera ningún apagón al que atribuírsela.

Little darling, I feel that ice is slowly melting. Esa es una de las estrofas de la canción Here comes the sun de los Beatles. Esa descripción de cómo el hielo se deshace es un alegre canto primaveral en boca de los cuatro de Liverpool, pero una advertencia si vemos las evidencias de lo rápido que avanza el cambio climático. Y, en boca del ambientalista climático Bill McKibben (California, 1960), puede ser ambas cosas. Acaba de publicar con Capitán Swing un libro que comparte nombre con la famosa canción y en el que, aunque dice que hemos llegado a un punto de no retorno, nos tranquiliza señalando la solución.

McKibben apunta al sol como una fuente de energía tan barata, sostenible y estable que, dice, acabará desbancando al petróleo y al gas. Ni siquiera el negacionismo climático de Trump o la presión de la industria fósil podrá evitarlo. La cuestión es cuánto tardará en conseguirse. “No tenemos 40 años”, sostiene el escritor, que insiste en que hay mucha parte del daño que ya será irreparable, pero que todavía estamos a tiempo de “mitigar el cambio climático y tener un planeta vivible”.

Venimos del verano más caluroso desde que hay registros, con las sequías y los incendios arrasando el mundo… Pero usted ha escrito un libro tremendamente optimista.

En cierta manera. El problema es que ya se ha hecho mucho daño. Hace casi 40 años que escribí El fin de la naturaleza [Random House, 1989] sobre el efecto invernadero, que entonces era muy poco conocido, y casi todo sobre lo que alertaba se ha hecho realidad. Los incendios, inundaciones, las olas de calor, la subida del nivel del mar…

Hemos perdido mucho tiempo y no lo podemos recuperar. Lo que sí podemos intentar es que la cosa no empeore. Y, por fin, tenemos una arma con la que luchar. Y eso es muy bueno.

Actualmente, la forma más barata de producir energía es apuntar un trozo de metal hacia el sol

Tenemos placas solares desde la segunda mitad del siglo pasado. ¿Qué ha pasado para que ahora la energía solar sí pueda ser relevante para mitigar el cambio climático?

Siempre hemos contado con la energía del sol y del viento. Las placas se inventaron, como dices, en 1954, pero eran extremadamente caras. Tanto que en lo único en lo que se podían instalar era en satélites. Pero esto ha cambiado gracias a una combinación entre el activismo y avances tecnológicos.

Uno de los momentos clave lo marcó Alemania, cuando el partido verde tuvo la llave del Gobierno y usó ese poder para forzar la Energiewende [plan nacional para priorizar las energías renovables] y eso, a su vez, movió la economía de tal manera que permitió que China se especializara en la construcción de placas solares low-cost.

Hace cinco años conseguimos que fuera más barato producir energía solar que quemar cosas. Deberíamos haber querido llegar aquí antes porque el cambio climático podría destruir nuestra civilización y porque ya hay millones de personas que mueren cada año por respirar la contaminación causada por la combustión fósil. Y, además, necesitamos guerras para conseguir petróleo. Pero ya estamos ahí: la forma más barata de producir energía es apuntar un trozo de metal hacia el sol.

No deja de ser paradójico que debamos agradecérselo, en gran medida, a China, el país que durante mucho tiempo ha sido el que más contaminaba del mundo.

Y eso, otra paradoja, es culpa de Estados Unidos. El presidente Jimmy Carter invirtió montones de dinero en la energía solar con el objetivo de que pudiera producir el 20% de lo necesario de cara al año 2000. Si se hubiera conseguido, China habría acelerado el camino hacia los paneles baratos en lugar de querer quemar todo ese carbón.

Pero, lamentablemente, votamos a Ronald Reagan y eso nos costó décadas. A partir de ahí, el país se instauró en el negacionismo climático. El nuevo presidente quitó las placas solares que Carter había instalado en la Casa Blanca y eso dio muchas alas a las petroleras. Así que, sí, los americanos somos los malos de esta historia.

Y ahora han vuelto a votar a otro negacionista climático. ¿Cree que, aunque la energía solar sea la opción más lógica y barata, Donald Trump podría volver a hacernos perder décadas?

Creo que Estados Unidos ya no tiene ese poder. Si conseguimos apartar a Trump de la presidencia, siempre y cuando no se aferre al poder más de lo que ya lo ha hecho, podremos devolver al país al camino sensato. Pero requerirá mucha lucha, porque la industria es muy poderosa. Más en Estados Unidos que en cualquier otro lugar del planeta.

¿Qué podemos esperar que hagan para frenar el avance de la energía solar?

De todo. Sobre todo si tienen el apoyo de Trump. Cuando estaba haciendo su segunda campaña electoral, le dijo a la industria petrolera que, si le hacían donaciones por valor de mil millones de dólares, les daría lo que quisieran. Lo dijo y no se escondió. Y si eres una empresa de este sector, sin duda es una buena oferta.

La gente no tiene ni idea de lo que está pasando, pero es una locura. Estamos clausurando parques eólicos que están acabados al 90% y estamos prohibiendo la instalación de placas solares en terrenos federales.

He empezado la entrevista alabando su optimismo, pero ya empiezan a salir las pegas. Sobre todo teniendo en cuenta que esta semana la ONU avisó de que el calentamiento global superará pronto los 1,5º… ¿Seguimos a tiempo aunque Estados Unidos se instale en ese negacionismo?

No podemos parar el calentamiento global, ya es tarde para eso. Y, en ese sentido, el trabajo de mi vida ha sido un fracaso. Sin embargo, todavía podemos evitar algunas de esas décimas. Parece poco, pero es importante porque, a estas alturas, cada una de esas décimas es la responsable de desplazar a unos 140 millones de seres humanos de una zona climática peligrosa a otra segura.

Es un trabajo agridulce, porque nada de lo que hagamos va a hacer que todo vuelva a estar bien; simplemente conseguiremos que no se ponga demasiado mal.

A pesar de estas evidencias, sigue habiendo contradicciones. España es el país de Europa más eficiente en la producción de energía solar, pero seguimos importando el 70% de lo que necesitamos…

¿En qué formato?

Principalmente petróleo, con las correspondientes consecuencias del bloqueo de Ormuz

Lo que ha pasado estos meses a raíz de la guerra de Irán debería ser un recordatorio para que espabiláramos. La luz del sol tiene que viajar 150 millones de kilómetros para llegar a la Tierra y ninguno de ellos pasa por el estrecho de Ormuz. El mundo se está dando cuenta de eso, especialmente en Asia, donde están poniendo el foco en mejorar las baterías. Si lo consiguen, la energía solar y eólica española serán todavía más valiosas y eso acelerará vuestra independencia.

La energía nuclear es mejor que la fósil porque para que sea un problema algo tiene que ir mal. En cambio, una planta de gas sí o sí acabará destruyendo el mundo

Ahora, el foco del debate lo tenemos en las nucleares. Recientemente, se ha pospuesto el cierre de la central de Almaraz, lo que ha llevado a plantear la posibilidad de alargar la vida de este tipo de energía, que en España debía acabarse en 2035. Quienes lo proponen alegan que es la única manera de mantener el nivel de producción de la industria y de reducir los gases contaminantes. ¿Está de acuerdo?

La energía nuclear es, ciertamente, mejor que la fósil porque para que sea un problema algo tiene que ir terriblemente mal. Una planta de gas, aunque no haya ningún accidente, acabará destruyendo el mundo igual. La cuestión es que, hoy en día, la nuclear es una energía tremendamente cara.

Si tienes una central que funciona y la puedes mantener sin gastar un dinero disparatado, yo la mantendría abierta. Pero sólo hasta que tengas una infraestructura solar que desbanque esa producción. El kw/h solar nos cuesta céntimos y la energía nuclear nunca se acercará aquí. Es irónico.

¿Por qué?

Pues porque en los años 50 se decía que las centrales nucleares harían que la energía fuera demasiado barata como para cobrársela a la gente. Y eso es lo que está pasando hoy, pero con la energía solar. Australia ha llegado al punto de dar a todo el mundo tres horas de electricidad gratis cada día.

El otro problema que tienen las nucleares es que el agua que se necesita para enfriar las centrales se calienta demasiado, así que las que están cerca de ríos están empezando a ser contraproducentes.

Aun así, hay quien la sigue poniendo en el saco de las energías limpias.

Y es una tontería. Siempre digo a las personas a las que les encanta la energía nuclear que en el tejado de mi casa tengo un receptor para la mayor central nuclear que conocemos, esa que está en el cielo. A veces pienso que la única manera de convencerles es que vean los paneles solares como una especie de receptores de energía nuclear.

Muchos de los argumentos que frenan el avance de las energías sostenibles en España toman el gran apagón de abril de 2025 y sostienen que la red eléctrica no está preparada para ser suficientemente estable sólo con ellas. ¿Qué les diría?

Que no es cierto. Después de mucha investigación, se ha visto que no tuvo que ver con las energías renovables. Y menos lo será cuando se instalen más baterías, que harán que el sistema sea más sólido. Lo vemos en Texas, que es la cuna de la industria petrolera. El director de su sistema eléctrico ha dicho recientemente que han tenido un verano “muy aburrido” debido a la gran cantidad de energía solar acumulada.

Entiendo que la gente que tiene intereses económicos en el petróleo quiera ralentizar el auge de las energías renovables, pero lo hacen con argumentos idiotas. Especialmente, teniendo en cuenta que la energía fósil está destruyendo el planeta mientras hablamos. Aunque tuviéramos apagones cada ciertos años, siendo que creo que eso es bastante improbable, si comparáramos el coste que tendría con la destrucción del planeta, seguiría saliéndonos a cuenta.

Quieren retrasar el cambio todo lo que puedan, porque saben que es imparable. La cuestión es cuánto conseguirán retrasarlo, porque no tenemos 40 años.

La gente que tiene intereses económicos en el petróleo quiere ralentizar el auge de las renovables, pero lo hacen con argumentos idiotas

¿Cree que el hidrógeno verde se sitúa en el marco de esta estrategia? Al final, es menos contaminante que los combustibles fósiles, pero no es totalmente limpia y no deja de ser una apuesta que permite a la industria seguir sacando provecho de los gasoductos.

Totalmente. Quieren seguir quemando cosas. El problema del hidrógeno no es que no funcione, sino que es caro y que no puede competir con la energía solar. Ya hemos encontrado maneras de sustentar industrias enteras con el calor del sol. Lo único en lo que creo que estas alternativas puede ser competitiva es en los vuelos de larga distancia. Las baterías eléctricas serían demasiado pesadas como para que el avión despegara.

China está trabajando con baterías que permitirán vuelos de media distancia y ya es algo. Pero es verdad que habrá cosas difíciles de resolver y, quizás, ahí es donde el hidrógeno pueda jugar un papel importante.

Los vuelos de larga distancia son una de esas cosas que no son necesarias para la vida. ¿Podemos frenar el cambio climático lo suficiente como para tener un planeta vivible sin deshacernos de estos caprichos?

Esa es la gran pregunta. Y es muy difícil de responder. La sociedad cambia despacio y, si le dices a la gente que ya no podrá conducir o volar, todo será mucho más difícil. Los cambios llegarán, seguro. Sé que dentro de 100 años no viviremos como ahora. Y lo sé porque hay muchas cosas que la energía fósil nos permite hacer que no nos hacen tan felices como creemos.

Los humanos estamos diseñados para tener contacto entre nosotros y con la naturaleza. Esas son las cosas que nos hacen felices. Es bueno que la tecnología nos ayude a mantener nuestra vida tal y como es durante el mayor tiempo posible, pero creo que, con el tiempo, nos daremos cuenta de que hay formas mucho más interesantes de habitar el planeta. No creo que el futuro siga siendo combatir o esquivar guerras y ver vídeos de TikTok. Pero quién sabe.

Aunque no creo que la energía solar genere un colonialismo como el del petróleo o el gas, es muy posible que acabe derivando en algún tipo de imperialismo

Hablando de guerras. Dice que una de las ventajas de la energía solar es que, como llega a todo el planeta, no se puede monopolizar y, como cae con más fuerza sobre el ecuador, podría solventar las desigualdades históricas hacia el sur global. Ahora bien, se lo planteo al revés: ¿no puede eso propiciar que gigantes como China acaben expropiando tierras para colocar grandes extensiones de placas solares?

A ver, es cierto que China usa más energía solar que nadie y no es un país muy democrático, que digamos. Pero me preocupa bastante menos que Estados Unidos invadiendo países para conseguir su petróleo. La razón es que no creo que haya tanto dinero que ganar con la energía solar como para que eso salga a cuenta. Una vez pones la placa, la inversión se acaba; la energía ya sale gratis.

Pero ya sabes que la humanidad siempre es capaz de hacerlo todo de la peor manera posible. Así que, aunque no creo que genere un colonialismo igual que el que trajeron el petróleo o el gas, es muy posible que sí acabe derivando en algún tipo de imperialismo. El petróleo es la energía más sucia del planeta, en todos los sentidos. Y, aunque no creo que las renovables vayan a ser totalmente limpias, sí lo serán más que lo que hemos conocido hasta ahora.

Vuelve al optimismo.

Es que vivo en la América rural, lo que significa que la mayoría de mis vecinos votan a Trump. Y muchos tienen placas solares en el tejado. No es porque les preocupe la crisis climática, sino por esa visión individualista de ver sus casas como sus castillos. Y les encanta la autosuficiencia que les da la energía solar.

Hemos conseguido que 11 estados legalicen durante este año la posibilidad de tener placas solares en los balcones. En Europa lo veis normal, pero para nosotros está prohibido. Y muchos de los grandes promotores de este cambio han sido personas conservadoras que están en contra de los servicios públicos y las redes estatales.

¿Así que parte de la esperanza de que Estados Unidos se sume a la revolución solar se basa en los preparacionistas que quieren estar listos en caso de que llegue el apocalipsis?

Pues, básicamente sí. [Ríe]. Si Mad Max se rodara hoy, nadie buscaría bidones de petróleo porque podríamos tener placas solares.

Creo que alguien encontraría la manera de especular, sea como fuera.

Si, siempre pasa. Por eso, aunque sea muy optimista, no se me escapa que va a hacer falta mucho activismo para que esto se haga realidad. Y tenemos que hacerlo con un mensaje bonito, dejando de lado el catastrofismo. Porque sí, la energía solar es necesaria y económicamente más eficiente. Pero es que también es bonita.

Los humanos siempre hemos tenido una gran relación con el sol; piensa en los monolitos, las culturas indígenas y todas las canciones y las obras de arte que nos hablan del sol. Por no hablar de la importancia que tiene en todas y cada una de las religiones. El sol, a diferencia de otras fuentes de energía, tiene la capacidad de unirnos.

En South Lanarkshire, distrito ubicado al sureste de Glasgow, la ciudad más grande de Escocia, marcada durante décadas por la minería del carbón, todos recuerdan cuando el parque eólico de Hagshaw Hill, el primero del país, se puso en funcionamiento. En 1995, aquellos enormes aerogeneradores –26 en total, de unos 55 metros de altura y 15,6 megavatios de potencia– representaban una tecnología nueva que empezaba a demostrar que el viento podía convertirse en una fuente comercial de electricidad. Treinta años después, los vecinos de esta localidad celebran otro hito de la transición energética: el reciclaje del 99% de los molinos, desmantelados por completo al finalizar su vida útil.

Nunca antes un proceso de ‘repowering’ (repotenciación) había conseguido enviar a los vertederos solo el 0,1% de todo el descarte. El logro de la empresa ScottishPower tiene una trascendencia para Europa. Según WindEurope, la agencia eólica europea, se calcula que para el año 2030 habrá más de 50.000 aerogeneradores en todo el continente que habrán alcanzado o superado el fin de su fase operativa. En España, según cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), casi 3.000 aerogeneradores antiguos van a ser desmantelados y sustituidos.

Según la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en la actualidad es viable reciclar o reutilizar entre el 85% y el 90% de los materiales de un aerogenerador. El acero, cobre y aluminio se funden y se recuperan de forma madura en la industria convencional. El aprovechamiento de muchos componentes –la torre, por ejemplo– es una práctica habitual y consolidada en todos los procesos de repotenciación.

El gran reto de la industria eólica, explican desde AEE, es el reciclaje de las palas, fabricadas con materiales compuestos de fibra de vidrio o carbono, muy difíciles de reutilizar. El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular, aprobado por el Gobierno en 2022, estima que hasta 2030 se generarán en España entre 70.000 y 85.000 toneladas de materiales compuestos procedentes de las palas de los aerogeneradores.

Estos residuos van a parar, por lo general, a vertederos o a la incineración. Desde el 1 de enero de 2026 está en vigor una prohibición autoimpuesta por la industria eólica europea –coordinada por WindEurope– para, justamente, evitar que palas de aerogeneradores terminen en vertederos. Sin embargo, no constituye todavía una ley vinculante de la Unión Europea para todos los Estados miembros.

Palas para construir vallas y postes de señalización

El desmontaje de este parque eólico escocés se ha convertido en un gran experimento de economía circular para la energía eólica. El proceso fue auditado por una consultora externa –la firma Mott MacDonald–, que corroboró que el 79,5% de los materiales fue reciclado y el 20,4%, reutilizado. Menos del 0,1% se descartó.

La participación de una empresa irlandesa dedicada al reciclaje industrial ha sido clave en esta historia. Los técnicos de Plaswire diseñaron un innovador proceso para transformar el material de las palas en polímeros reforzados con fibra de vidrio que pueden emplearse posteriormente en construcción, como vallas, postes de señalización y componentes de drenaje, entre otros usos.

Las palas de Hagshaw Hill llegaron a las instalaciones de Plaswire en Irlanda del Norte. En su página web, esta empresa explica que, en primer lugar, los artefactos se cortaron y trituraron de forma mecánica. Luego, el material se transformó en un granulado compuesto por los diferentes elementos de las palas.

A diferencia de otros ensayos –que buscan recuperar cada componente con su calidad original–, esta empresa logró, con éxito, crear con todos esos “ingredientes” un polímero reforzado con fibra de vidrio, un material que se usa en el rubro de la construcción. “El reciclaje sostenible de las palas de los aerogeneradores es un desafío global. Este es un paso gigante”, explica Andrew Billingsley, CEO de Plaswire.

Para Ross Galbraith, director de construcción y operaciones terrestres de ScottishPower, el desmantelamiento de Hagshaw Hill será recordado como un “proyecto emblemático” de esta industria. “Demuestra que podemos integrar la energía eólica en una economía circular, pero también que podemos impulsar una industria completamente nueva del futuro”, afirma. “Hemos alcanzado un hito importantísimo en la economía circular de la energía renovable”, concluye.

El parque eólico de Hagshaw Hill tiene hoy 14 nuevas turbinas, mucho más potentes que las antiguas. Aporta el sistema eléctrico 80 mgavatios, energía suficiente para abastecer a 57.000 hogares durante un año.

Qué se está haciendo en España

Durante más de veinte años, las palas de los aerogeneradores de Tahivilla, en Cádiz, estuvieron expuestas al viento del Estrecho. El parque, puesto en marcha en 2004 con 98 turbinas (78,4 megavatios de potencia), está siendo hoy repotenciado. Los aerogeneradores antiguos serán sustituidos por solo 13 máquinas de entre 6 y 7 megavatios.

La operación, llevada a cabo por la empresa Acciona, se ha convertido en un banco de pruebas para la industria eólica española en materia de reciclaje. Las viejas palas ya han sido desmontadas y troceadas. Están a la espera de ser trasladadas a la planta de reciclado que la firma está construyendo en Navarra, que tendrá una capacidad de procesado de 6.000 toneladas de material al año.

Luz Reyes, gerente de Medio Ambiente Industrial de la compañía, relata avances en el aprovechamiento de estos materiales. Se han hecho pruebas piloto a pequeña escala, como la fabricación de vigas de torsión en plantas fotovoltaicas y la elaboración de suelas de zapatillas. El salto que se busca es mucho mayor, similar al de Escocia: lograr un reciclaje y reutilización del 100% y que los residuos de las palas puedan entrar en grandes cadenas industriales.

La empresa forma parte del proyecto europeo BLADES2BUILD, liderado por la cementera suiza Holcim para convertir los materiales en nuevos productos de construcción, entre ellos hormigón, asfalto y composites.

En 2025 se logró construir una losa de más de 120 metros cuadrados en el Centro Tecnológico de Acciona, en Algete, Madrid. La mezcla incorporó un 11% de material reciclado, incluidos elementos procedentes de la trituración de palas eólicas, que sustituyeron parcialmente a los áridos naturales.

Ante este alentador panorama tecnológico, Juan Virgilio Márquez, director general de la patronal española, advierte de un segundo reto para la economía circular eólica europea: que los materiales que salgan de estas plantas tengan un mercado industrial suficientemente grande y competitivo. “Si no, el reciclaje no se sostiene”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la concesión de 10,6 millones de euros para el aprovechamiento de energías renovables destinadas a comunidades energéticas y a comunidades de propietarios.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha señalado que “este es un ejemplo de la puesta del Gobierno regional por seguir socializando la energía, un camino que iniciamos con el fuerte apoyo e impulso al autoconsumo y que ahora da el paso a hacerlo de forma colectiva”.

Cuantías de hasta 300.000 euros por comunidad energética

La finalidad de las ayudas, que podrán solicitar comunidades energéticas y comunidades de propietarios, es permitir la financiación de instalaciones de energía solar fotovoltaica y de sistemas de almacenamiento, “esto último, es una novedad no solo en Castilla-La Mancha, sino en el conjunto del país”.

Las cuantías que podrán recibir serán como máximo de 80.000 euros por proyecto y hasta 300.000 euros por comunidad energética, ya que una misma comunidad puede tener varias instalaciones. El plazo de presentación de solicitudes será de seis meses desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria y solo se podrá hacer de forma telemática.

Con esta convocatoria de ayudas se persiguen, además, otras ventajas económicas como son la de apostar por el autoconsumo de forma colectiva a través de estas comunidades energéticas; incrementar la inversión en instalaciones de energía solar fotovoltaica; favorecer la actividad económica de empresas instaladoras, ingenierías, fabricantes y empresas auxiliares del sector energético; o reducir progresivamente los costes energéticos soportados por los beneficiarios. “Todo ello redundará en una mejora de la competitividad del tejido económico regional y en una mayor independencia energética”, apuntan desde el Gobierno regional.

En cuanto a su impacto social, Padilla ha expresado que la convocatoria constituye una herramienta para favorecer y “democratizar la producción energética”, con nuevos modelos participativos de producción y consumo de energía, que implique a “más ciudadanos, más ayuntamientos y pequeñas empresas”, de manera que, por ejemplo, “un ayuntamiento, varias pequeñas empresas y vecinos de un municipio puedan constituirse en comunidad energética, instalar placas fotovoltaicas, almacenar la energía y compartirla entre sus miembros para reducir la factura”.

Apunta, además, que Castilla-La Mancha está entre las primeras regiones del país, pues “hemos pasado de 67 megavatios de autoconsumo en 2019 a 990 en la actualidad, hemos multiplicado por 14 la potencia de generación fotovoltaica instalada para autoconsumo y contamos ya con 57.000 instalaciones”, ha detallado.

En palabras de la portavoz, el objetivo es “que la energía que se produce aquí, se comparta aquí y el ahorro y la parte de actividad económica que se genera, se quede aquí también”.

En la ribera izquierda del río Grande se extiende La Jara, un paraje natural moldeado por suaves lomas dedicadas históricamente al cultivo del cereal, del que se nutrían los molinos de Coín y panaderías históricas, como La Curruca. Abundan allí especies como el aguilucho cenizo, algunas de águila (perdicera, culebrera, real), el halcón peregrino y, de cuando en cuando, aparece algún martín pescador con su plumaje chillón. Este verano, sin embargo, predominan las excavadoras y camiones que motean de negro el terreno arcilloso.

Una legión de máquinas está preparando el terreno para plantar placas solares. Aplanan los cerros, abren zanjas, pelan la tierra y clavan las placas a más de 40 grados una tarde de terral a mediados de julio, a pesar de que la autorización administrativa pide evitar obra alguna en estos meses para evitar el impacto sobre aves esteparias y rapaces en época de nidificación.

La presunta irregularidad es una más de cuantas denuncian quienes se oponen a la transformación de La Jara, sellada a muchos kilómetros de aquí: si nada cambia, una gran superficie de placas que esperan empaquetadas junto al camino sustituirá al paisaje agrario tiñendo de negro alrededor de 400 hectáreas (cuatro millones de metros cuadrados) apenas a cinco kilómetros en línea recta de la Sierra de las Nieves, declarado parque nacional hace apenas cinco años gracias a su pinsapar, único en Europa. La instalación lindaría con la zona periférica de protección del parque y con la reserva de la biosfera, e incluso atravesaría bajo tierra un par de kilómetros del parque.

Un informe elaborado en 2024 por los catedráticos de la Universidad de Málaga José Damián Ruiz Sinoga, Matías Mérida y Marcos Castro alerta del impacto sobre la Sierra de las Nieves de estos proyectos, que entonces abarcaban aún más terreno: 728 hectáreas y un “expolio paisajístico” de casi 2.000, además de un consumo de agua de entre 11 y 56 millones de litros anuales en una zona sometida a sequías periódicas.

En 2021 los proyectos en ciernes llegaron a ocupar un tercio del término municipal de Coín y la propia Diputación pidió al Gobierno central y a la Junta una moratoria en las tramitaciones en la provincia. Con el paso del tiempo, algunos de esos proyectos han sido rechazados, otros eran meramente especulativos y otros cuantos han llegado a la fase definitiva: entre ellos, el que linda con la Sierra de las Nieves.

Toda la corporación en contra

La perspectiva de una Jara colonizada tiene en contra a toda la oposición municipal en el Ayuntamiento de Coín (PSOE, Vox, Andalucía X Sí y Por Andalucía), como se pudo comprobar en el último Pleno, en el que se escucharon lamentos por el “impacto brutal” que tendrá. El alcalde Francisco Javier Santos (PP) relató que fue el primero en oponerse, pero asegura que no puede hacer nada, porque el proyecto tiene el aval del Gobierno central, que lo ha declarado de utilidad pública. Sin embargo, el Ayuntamiento ha evitado durante cinco años modificar las normas urbanísticas, lo que hubiese permitido poner condiciones mucho más estrictas. Tampoco ha acudido a los tribunales para paralizarlo.

Ahora, la batalla se libra también ante la opinión pública, que en Coín lleva tiempo a flor de piel por el proyecto de un macrocomplejo turístico sobre el gran acuífero del pueblo. El destino de La Jara también lleva años movilizando a un puñado de objetores. Cada dos semanas, junto al río, informan a los vecinos del impacto que tendrá esto en sus vidas; invitan a periodistas y políticos, piden reuniones y alegan a cada oportunidad. Su esperanza ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que han interpuesto varios recursos.

“¿Tú crees que cargarse todo esto es ecológico? ¿Cómo pueden poner un polvorín aquí, a los pies del Parque Nacional?”, pregunta Marisa Casal, que encarna la resistencia de la Asociación Valle Natural Río Grande, mientras muestra a ambos lados del camino un paisaje ya pelado.

Una cuestión de rentabilidad: 2.600 euros por hectárea frente a 300

Para los dueños de la tierra la cuestión parece tener más que ver con la rentabilidad que con la biodiversidad o el paisaje. “Desde fuera se ven las cosas muy bien, pero aquí no hay futuro, y esto hay que vivirlo”, explica uno de los propietarios que ha alquilado sus tierras a la promotora y que prefiere no dar su nombre. Tiene 68 años, las ha trabajado sin descanso desde que era un crío y dice que ahora quiere hacer lo que no ha podido antes: “Ver mundo”.

Para él no es fácil, por eso se ha reservado una parcelita para sus gallinas, algunos olivos y una pequeña piscina para disfrutarla con sus nietos. Pero no ve otra opción: el kilo de trigo se paga apenas a 24 céntimos, nada que ver con lo que sacará de alquilar la tierra. No revela cuánto le pagan, ni el total de hectáreas, pero sí cuenta que es un alquiler a 25 años, renovable cada cinco años y pagadero anualmente. Los promotores del proyecto ofrecen dinero abundante y rápido por tierras que la nueva generación ya no está dispuesta a trabajar. Según dijo el alcalde en el Pleno, 2.600 euros por hectárea y año, frente a 300 que puede rendir con cereal.

La mayoría cede, pero no todos. Unos cientos de metros más abajo está Juan, camisa abierta, agua en bandolera, vara en mano para pastorear a sus ovejas: “Los demás tienen cereales, es normal que hayan entrado, pero nosotros es que vivimos de esto, ¿sabes?”. Ahora le quedan unas 500 ovejas, cien fanegas de tierra que van a quedar rodeadas, pocos años para jubilarse y una pequeña nave junto a la casa, pero es que a él le gusta hacer lo que ha hecho toda su vida. Así que respeta a quien cede o vende sus tierras (“es verdad que el campo deja poco”), facilita el trabajo si hace falta, pero él ni vende ni alquila, salvo un “cachito” del que tuvo que desprenderse. No quiere líos.

El regidor aseguró que 108 de los 110 propietarios de Coín han accedido a alquilar sus tierras, una cifra que los activistas cuestionan porque el BOE recoge al menos 324 parcelas “sujetas a expropiación”. “Estuve nueve días, de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Ayuntamiento de Coín, Alozaina, Casarabonela, Álora, Pizarra y Cártama, acompañando a los vecinos que se oponían a la expropiación, ayudándoles a presentar la documentación”, recuerda Casal.

Recursos ante el TSJ de Madrid

La otra gran pata de la estrategia de resistencia está en los tribunales. Sobre el papel, los activistas combaten contra tres parques fotovoltaicos diferentes (inicialmente eran cuatro y de mayor extensión), colindantes y del mismo promotor, autorizados por el Ministerio de Transición Ecológica (por tener capacidad para generar más de 50 MW), además de una gran línea de evacuación eléctrica desde Coín a Cártama.

Orla I y II y Natera están promovidos por sociedades instrumentales de Verbund, la principal eléctrica austriaca y una de las mayores compañías hidroeléctricas de Europa. El 51% de su capital pertenece al Estado austriaco. Muy cerca están previstos también los parques de Arcos VI, Jara y Ardenis, en estos casos con la autorización de la Junta de Andalucía.

El abogado Salvador Campos lleva desde 2021 recurriendo en nombre de la asociación. Primero, frente a las primeras resoluciones de autorización administrativa previa: “El Ministerio tardó dos años en resolverlo, cuando la ley marca tres meses”. Además, se presentaron 356 alegaciones particulares y se opuso el municipio de Alozaina.

También recurrieron la declaración de utilidad pública, que funciona a modo de chantaje, según la asociación: con ella en la mano, los promotores pueden solicitar la expropiación de las tierras si no llegan a un acuerdo con los propietarios, lo que desequilibra la negociación de partida. Casi todos los dueños de las tierras donde se ubicarán los parques han acabado llegando a acuerdos privados con Verbund, pero no ocurre así con muchos de quienes tienen tierras atravesadas por la línea de evacuación, que se han opuesto al levantamiento de las actas previas de ocupación, el pasado abril.

Verbund ha respondido al cuestionario remitido por este medio con un comunicado en el que no cuantifica las fincas expropiadas, los acuerdos que ha alcanzado con los propietarios ni su valor económico, tal y como se le había pedido. La empresa subraya que cumple de forma “rigurosa” la ley y asegura que está “impulsando” un “Programa de Impacto Local” para “maximizar los beneficios de las instalaciones en la región y su entorno”, sin dar detalles de en qué consiste. El Ministerio no ha respondido.

Obras en pleno verano

Ahora, la asociación ha llevado el asunto a los tribunales. La vía en el contencioso es doble: contra la autorización de los parques y contra la línea de evacuación, que atraviesa los municipios de Coín, Casarabonela, Álora, Pizarra y Cártama. Sin embargo, los recursos no paran las máquinas porque no son suspensivos.

La asociación denuncia que los proyectos originales (realizados entre octubre de 2020 y julio de 2022) y el de ejecución no han incorporado los condicionantes de la declaración de impacto ambiental y de la autorización administrativa, que son posteriores.

A finales de junio solicitaron la inspección y paralización urgente de la obra por entender que tampoco se ajusta a lo previsto. En un escrito dirigido tanto al MITECO como a la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, la asociación subraya que los desbroces, movimientos de tierra y retirada de cubierta vegetal van más allá de lo autorizado (que es lo estrictamente necesario para los módulos). Sospechan que el proyecto no recoge un plan de restauración vegetal e integración paisajística para minimizar el impacto; ni prospección de campo para identificar flora amenazada o posibles hábitats de interés comunitario; ni estudio de campo de la avifauna y cronograma para minimizar el impacto, a pesar de que la declaración de impacto obliga a tener en cuenta los ciclos biológicos de las especies protegidas; ni medidas compensatorias por la tala de cientos de olivos, sin contar con la afección sobre especies como el espino negro o el palmito.

Verbund no ha respondido a las preguntas sobre los incumplimientos concretos recogidas en el formulario, pero lo niega todo: “Los proyectos que actualmente promovemos en Coín se están construyendo conforme a las autorizaciones, permisos y licencias otorgados por las administraciones competentes, tanto a nivel nacional, autonómico, como local”. Según la empresa austriaca, la autorización ambiental ya recoge un amplio paquete de medidas preventivas, correctoras, compensatorias y de seguimiento. Lo que denuncian los activistas es, precisamente, que ese documento está siendo ignorado.

Tampoco hay constancia de un estudio sobre el impacto hidrológico y sobre el suelo y el subsuelo de instalar módulos en lomas con una pendiente mínima del 15%. A pie de campo, Tere, la mujer de Juan, dicta sentencia con la experiencia de toda la vida sobre el terreno: “Aquí cuando llueve las tierras andan. Esto no lo conocen ellos”.

“Nadie vigila nada”

La empresa insiste en que, en todo caso, la obra está sujeta a las inspecciones y controles pertinentes. “El problema es que dan la autorización, pero luego nadie vigila nada”, lamenta Casal a los pies del puente de Carranque, donde han llegado a coincidir tres camiones de gran tonelaje.

Tras las crecidas del otoño que arrastraron el de Valenciana, este puente el único que queda en pie; las grietas y las abolladuras muestran el impacto visible del trasiego continuo de vehículos de obra, que en teoría debían acceder a la zona de obras desde Alozaina y Casarabonela y no por este camino, sufragado por los propios vecinos. Cerca de allí, un poste y un cable reposan en la cuneta, apenas señalizados por un cartel de advertencia. Ha pasado apenas una semana del incendio de Los Gallardos cuyo origen apunta a la caída de un poste eléctrico.

La asociación tiene la sensación de estar batallando contra un gigante que ni se inmuta, porque el árbitro que debe vigilar está de su parte. “Presentamos unas alegaciones fundamentadas de 60 páginas y ni contestaron”, lamenta el abogado, que también denuncia que no pudieron acceder a documentación esencial porque la web daba error y nunca se publicó en los tablones municipales: “Ahora hemos solicitado a Coín que nos remita los expedientes y las licencias, y no lo hacen. Es una actuación extraordinaria que debería ser sometida a información pública”.

Nada de esto ha servido contra el gigante que toma forma en las tierras de La Jara.

La guerra de Estados Unidos contra Irán ha propiciado un sobrecoste de 10.300 millones de dólares (más de 8.800 millones de euros, al cambio actual) en las importaciones de combustibles fósiles de España, que es también el segundo país que más ha ahorrado en su factura energética durante este conflicto (más de 1.750 millones de dólares) gracias a las renovables instaladas desde 2020.

Son estimaciones de un informe que publica este miércoles el Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), laboratorio de ideas (think tank) con sede en Helsinki (Finlandia) que estudia la contaminación atmosférica, sus causas y sus efectos en la salud.

El informe sitúa a España (que apenas produce petróleo ni gas) entre los diez países del mundo que mayor sobrecoste han tenido que pagar en sus importaciones de combustibles fósiles por el encarecimiento de la energía desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el pasado 28 de febrero junto a Israel este conflicto, que mantiene prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, por el que transitaba el 20% del crudo y el gas natural licuado (GNL) que consume el planeta.

Esos 10.300 millones de dólares extra en importaciones equivalen al coste que tendría para la próxima década el sistema antiapagones que autorizó recientemente Bruselas al Gobierno mediante un mecanismo de ayudas de Estado. La cifra convierte a España en el noveno país del mundo que más sobrecoste ha pagado por sus importaciones de hidrocarburos por la guerra de Trump contra Irán, según CREA.

Entre los diez países más afectados están también Países Bajos (con un gasto extra de 13.500 millones de dólares), Italia (12.700 millones) y Francia (11.100 millones), que como España son miembros de la UE, territorio al que Trump impuso en julio de 2025 la compra de energía por importe de 750.000 millones de euros a cambio de suavizar los aranceles que luego le tumbó el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

El sobrecoste para los países europeos está en cualquier caso lejos de los tres gigantes económicos que encabezan el ranking, según CREA: China (35.500 millones de dólares más), India (22.500 millones) y Estados Unidos (16.500 millones). El informe, que ha analizado información de 170 países, estima que el conflicto en Irán ha disparado la factura mundial en combustibles fósiles en más de 330.000 millones de dólares extra: unos 283.000 millones de euros, al cambio actual.

El cálculo (unos 55.000 millones al mes), que equivale a todo el PIB de Finlandia, se refiere al sobrecoste respecto a lo que los mercados esperaban pagar antes de la guerra, sin incluir mayores costes de transporte marítimo, seguros de guerra u otros costes. Por eso CREA considera que es una estimación “conservadora”.

El informe señala que este conflicto supone el mayor shock de precios sostenido desde la Guerra del Golfo de 1990. Hace unos días, el Gobierno español esgrimió esta crisis como el argumento central para justificar la prórroga hasta 2030 de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), que previsiblemente va a trastocar el cierre nuclear paulatino hasta 2035 que el Ejecutivo pactó con las eléctricas en 2019, antes de esta crisis, de la pandemia o de la guerra en Ucrania.

El informe de CREA destaca que los países que han aumentado su generación con energías renovables desde 2020 han reducido su exposición al encarecimiento de los combustibles fósiles. Según el think tank, la nueva capacidad instalada desde el año de la gran pandemia ha permitido ahorrar unos 36.000 millones de dólares en importaciones de carbón, gas y petróleo durante los primeros cinco meses de la crisis.

De esa cifra, 10.600 millones corresponden específicamente al ahorro derivado de evitar comprar combustibles a los precios inflados por la guerra. España ocupa la segunda posición, solo por detrás de Italia, que ha logrado evitar más de 1.800 millones en importaciones de carbón, petróleo y gas en estos meses gracias a las energías limpias.

Otro informe publicado en junio por otro think tank europeo, Ember, cifraba en 10 euros mensuales el ahorro estimado en la factura eléctrica de los hogares españoles desde el inicio del conflicto gracias a las renovables.

De esos 330.000 millones de dólares sobrecoste, el crudo concentra prácticamente la mitad que estima CREA: unos 164.000 millones, con un precio medio un 35% superior al previsto antes de la guerra. Pero es en los productos refinados, de los que la población depende para su vida diaria, en los que se han sufrido incrementos mayores.

En el diésel ese sobrecoste ha sido del 59% (unos 74.000 millones de dólares); en la gasolina, del 43% (36.000 millones); y en el combustible para aviación, del 59%, hasta 20.000 millones de dólares. CREA cifra en 38.000 millones el sobrecoste en el GNL, algo mayor en los países del área del Pacífico (75%) que en los de la cuenca Atlántica (60%).

Impacto desigual

El informe recoge que los países de renta baja y media-baja están soportando un coste adicional equivalente al 1% de su PIB de 2024 debido al encarecimiento de los combustibles fósiles, frente al 0,45% en los países de renta alta. Es decir, más del doble en términos relativos. La razón es que tienen menos capacidad para absorber aumentos de precios y, en muchos casos, más dependencia de las importaciones energéticas.

El informe subraya también que la electrificación —especialmente en transporte y calefacción— está reduciendo la demanda de combustibles fósiles. Recuerda que, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el parque mundial de vehículos eléctricos podría sustituir 5 millones de barriles diarios de petróleo en 2030. Esta cantidad equivale al crudo que Arabia Saudí está exportando a través del oleoducto Este-Oeste como alternativa a Ormuz.

Seis meses después del inicio del conflicto, el estratégico estrecho continúa prácticamente cerrado. Ante el estancamiento de las negociaciones, este verano la cotización del petróleo Brent, de referencia para Europa, ha vuelto a superar los 90 dólares por barril. Y el precio del gas de referencia para Europa (conocido como TTF) ya está cerca de los 80 euros por megavatio/hora (MWh), un nivel inédito desde que comenzó esta crisis. En febrero rondaba los 30 euros/MWh.

La escalada del gas está contagiando a la factura eléctrica en España en un verano en el que la aportación de la eólica ha descendido por motivos estacionales, mientras se ha disparado la producción de los ciclos combinados (que queman gas natural), con la demanda al alza por las sucesivas olas de calor y el mayor uso de aparatos de aire acondicionado. Ya en julio los ciclos fueron la segunda fuente de generación de electricidad en España (20% del total), solo por detrás de la fotovoltaica.

La energía ya propició que la inflación se situase en julio en España en el 3,6%, en máximos desde mayo de 2024, con el diésel disparándose más de un 15%, lo que obligó al Gobierno a volver a elevar la rebaja fiscal al diésel hasta los 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los 5 céntimos inicialmente previstos. Este viernes se publicará el avance del IPC de agosto. Servicios de Estudios como el del BBVA han anticipado que podría superar el 4% por el encarecimiento de la energía.

Quintana Martín Galíndez (Burgos, 304 habitantes) ya no tiene el movimiento de hace una década. En la cabecera del Valle de Tobalina (877 habitantes), donde casi el 30% de la población supera los 65, quedan tres bares donde antes había muchos más, las oficinas bancarias han reducido sus días de atención y el municipio ha perdido alrededor de 140 habitantes en los últimos 12 años, cuando comenzó la desconexión y el desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Como tal, la central dejó de funcionar en agosto de 2017, después de 46 años de actividad. Entonces había 227 trabajadores en plantilla y otros 158 vinculados a empresas auxiliares y subcontratas. En total, 385 empleos quedaron afectados por el cierre en un territorio que hoy integra 27 municipios de Burgos y Álava dentro de la Zona de Transición Justa de Garoña.

Diez años después, la comarca vive una transformación que sobre el papel tiene una dimensión considerable. Desde 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido cerca de 17,43 millones de euros para 35 proyectos empresariales, energéticos y municipales, con una inversión de 31,48 millones.

Al otro lado de la sierra, en la Merindad de Cuesta-Urria, sienten que les ha tocado “el gordo de Navidad” gracias a un macroproyecto de almacenamiento hidráulico que aspira a heredar el nudo de evacuación de la central. El miedo en la comarca pasa por no vivir en sus carnes la situación que se ha vivido en las cuencas mineras del carbón.

La factura de apagar Garoña

“La central nació, creció, dio trabajo durante 40 años y ha muerto”. Jesús Ángel López de Mendoza, alcalde del Valle de Tobalina, resume así el cambio. Y añade una advertencia sobre el futuro: los próximos años todavía estarán marcados por el desmantelamiento, pero cuando termine esa actividad temporal la realidad será mucho más complicada.

Aunque la tasa de paro oficial del municipio se maquilla provisionalmente por debajo del 8% debido a que el desmantelamiento gestionado por Enresa emplea mano de obra comarcal, la preocupación real es qué ocurrirá cuando las demoliciones concluyan en un plazo máximo de diez años.

En esta parte de la comarca de Merindades, en el norte de Burgos, el problema no es únicamente laboral. Para el Valle de Tobalina, el cierre de la central también significó un golpe directo a las cuentas municipales.

Otro de los golpes al Valle de Tobalina vino de un cambio normativo sigiloso en los despachos de Madrid. López de Mendoza asegura que una modificación estatal en la ordenanza del ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) arrebató a las arcas municipales la posibilidad de cobrar las tasas ordinarias por la gigantesca obra de demolición de la central nuclear.

El Ayuntamiento calcula una pérdida patrimonial de 23 millones de euros vinculada al desmantelamiento y sostiene que ha dejado de ingresar alrededor de un millón de euros anuales en tributos corrientes que anteriormente contribuían a sostener el presupuesto.

La situación ha obligado al consistorio a tomar decisiones poco populares. El municipio administra 33 pedanías y ha tenido que mantener servicios como la guardería, el gimnasio, el telecentro, las piscinas o la biblioteca. Para poder sostenerlos, el Ayuntamiento ha tenido que elevar tasas como las de basura y agua y el IBI, como señala el regidor.

“He tenido que meter la mano en el bolsillo a los ciudadanos subiendo la basura, el agua y el IBI para mantener los servicios. Ahora voy cojo. Antes hacíamos las cosas en el día, ahora igual tardo dos días en dar el servicio”, apunta el alcalde.

Incluso las ayudas por albergar los residuos radiactivos resultan insuficientes. El convenio anual con Enresa reporta al ayuntamiento 447.000 euros, una cantidad que es insuficiente para dar todos los servicios.

López de Mendoza logró que el Gobierno flexibilizara las bases de estos convenios —una medida que afectará a todo el parque nuclear español— para poder destinar esa asignación a gasto corriente y costes de personal, y no solo a cemento. “Garoña ya es inviable. Lo de volver a abrirla es imposible, todo nace, crece y muere”, explica frente a los discursos que proponen reactivar la planta.

La nueva apuesta: agua como energía en lugar de uranio

Mientras el Valle de Tobalina intenta mantenerse, a pocos kilómetros, la perspectiva cambia de forma radical. El entorno de Garoña está concentrando proyectos renovables de gran tamaño. Uno de ellos es el desarrollo fotovoltaico de Solaria, acompañado de almacenamiento mediante baterías. En la Merindad de Cuesta-Urria se está trabajando en el proyecto una central hidroeléctrica reversible de 151 MW promovida por Waqbaw.

El funcionamiento es relativamente sencillo. Dos balsas situadas a distinta cota permiten almacenar electricidad en forma de agua. Cuando existe excedente de generación renovable, el sistema bombea agua hacia la balsa superior. Cuando la demanda aumenta, el agua vuelve a descender y mueve las turbinas para producir electricidad. La instalación está concebida como un circuito cerrado.

La inversión prevista ronda los 197 millones de euros. Para un municipio pequeño como Cuesta-Urria, con cerca 300 habitantes empadronados repartidos en 24 núcleos, el proyecto tiene una dimensión difícil de comparar con cualquier actuación municipal ordinaria.

Para Beltrán, el proyecto de una Central Hidráulica Reversible de bombeo en su término municipal es la única tabla de salvación para el ayuntamiento. La idea se le ocurrió tras un viaje con la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (AMAC) a la localidad valenciana de Cortes de Pallás, donde visitó la central de bombeo de La Muela. “Me di cuenta de que teníamos el lugar perfecto. Tenemos 339 metros de diferencia de altitud entre balsas en muy poco recorrido físico”. Tras consultar la viabilidad con René Gómez, entonces comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el proyecto echó a andar.

Beltrán estima que solo la licencia de obras, calculada sobre una inversión de ese tamaño, supondría unos ingresos extraordinarios para unas arcas municipales cuyo presupuesto ordinario ronda los 800.000 euros anuales. Además, el Consistorio espera ingresos recurrentes mediante cánones y tasas vinculados al funcionamiento de la instalación y a su línea de evacuación.

“Igual que hasta ahora el Valle de Tobalina con Garoña era un ayuntamiento privilegiado, pues ahora nos toca a nosotros. Es una lotería... En el momento en que arranquen las obras, simplemente con la licencia de obra, ya podemos echar adelante algún proyecto importante para asentar población”, apunta el regidor.

El proyecto, según Beltrán, cuenta con el respaldo unánime de los vecinos al plantearse como un circuito cerrado. “El miedo que teníamos era que fuera un circuito abierto desde el río y estuviera gastando agua del río Nela de continuo”. Sin embargo, la realidad de captar agua de un ecosistema fluvial con un estiaje severo mantiene en alerta a los colectivos conservacionistas de Las Merindades, un territorio con un largo historial de lucha ecológica que ya logró tumbar proyectos mineros y de fracking en la cuenca del Nela.

Una 'batería de agua' para la nueva generación renovable

Desde Waqbaw, su director de desarrollo, Víctor de Huerta, defiende que la central de Cuesta-Urria se ha planteado con especial atención a la conservación del entorno. La ubicación de las balsas fue consensuada con los ayuntamientos de la Merindad de Cuesta-Urria y parte de las instalaciones se situará sobre terrenos municipales. La empresa destaca además que el circuito será cerrado y que no habrá una detracción constante de agua del río Nela: el recurso se utilizará para el llenado inicial y para compensar la evaporación.

Frente a las dudas ambientales, Víctor de Huerta, director de desarrollo de Waqbaw, defiende el proyecto como una “infraestructura de país” alineada con la transición energética. “El bombeo reversible y las baterías no son tecnologías excluyentes, sino complementarias”, puntualiza De Huerta. “Pero mientras las baterías de litio sufren una degradación rápida y tienen una vida útil de 10 o 15 años, nosotros estamos construyendo una infraestructura energética madura diseñada para durar varias décadas”.

De Huerta destaca que una central reversible como la de Cuesta-Urria ofrece entre 6 y 10 horas de almacenamiento medio equivalente, inyectando inercia natural, soporte de cortocircuito y estabilidad de tensión a la red síncrona en una provincia con una penetración masiva de energía eólica y solar no gestionable. El objetivo es retener los excedentes de generación renovable que de otra manera acabarían desperdiciándose en forma de vertidos a la red.

El proyecto, además, no llega solo. Otra gran apuesta de la promotora es por el empleo. Waqbaw calcula alrededor de 200 puestos de trabajo temporales durante la construcción, pero asegura que el impacto no terminará cuando acaben las obras.

El compromiso con el Instituto para la Transición Justa contempla hasta 151 empleos equivalentes a tiempo completo vinculados a nuevos centros de trabajo en la zona durante diez años.

A esos puestos se suman 15.100 horas de formación para 100 personas de la comarca, con contenidos relacionados con las nuevas tecnologías energéticas, pero también con la gestión y puesta en valor del patrimonio cultural y el turismo rural. La intención, según la compañía, es que la inversión deje algo más que una infraestructura energética: trabajadores formados, actividad económica y herramientas para que parte de ese empleo pueda permanecer en el territorio una vez terminada la construcción.

La central de Cuesta-Urria ha obtenido conexión en la subestación de Garoña, en el nudo de 220 kV. Según la promotora, permitirá aprovechar excedentes de producción renovable y aportar flexibilidad al sistema eléctrico, además de inercia, estabilidad de tensión y soporte a la red.

8,7 millones de euros para 16 proyectos

El fin de los ingresos de la central en las cuentas del Ayuntamiento de Valle de Tobalina contrasta con la llegada de inversión a la comarca, aunque buena parte de ese dinero tiene un destino concreto: rehabilitar edificios, crear equipamientos, mejorar espacios públicos o impulsar proyectos energéticos. No sustituye automáticamente los ingresos recurrentes que generaba una instalación como Garoña.

El propio informe oficial de la Zona de Transición Justa refleja esa apuesta. Solo en infraestructuras municipales se han concedido 8,7 millones de euros para 16 proyectos. Entre ellos está la reforma integral de la residencia de mayores del Valle de Tobalina, con casi tres millones de euros, y la rehabilitación del Hostal Municipal, con 985.520 euros.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha inyectado en la zona de influencia de Garoña unos 17,43 millones de euros de ayudas públicas desde 2019. De esta cantidad, 10,3 millones corresponden a infraestructuras del Instituto para la Transición Justa) y 7,1 millones proceden de las líneas del IDAE para descarbonización y comunidades energéticas.

También hay actuaciones destinadas a recuperar espacios de uso colectivo. ENRESA ha cofinanciado 42 propuestas de desarrollo local en once municipios con 2,6 millones de euros. En Tobalina, 783.000 euros se destinan a actuaciones relacionadas con el embalse de Sobrón, la residencia, el entorno del embarcadero y un pabellón multifuncional. La idea es que estas inversiones ayuden a mantener servicios para tratar de mantener a la población.

Empleo de calidad y estable y salir del olvido institucional

En la comarca de las Merindades, el paro se mantiene actualmente por debajo del 8%, pero una parte de esa situación está relacionada con el propio desmantelamiento de Garoña. Hay trabajadores del valle, de Medina de Pomar, Trespaderne y Burgos que siguen vinculados a las obras de la central. Cuando todo eso acabé, se esfumará ese 'colchón'.

La prioridad pasa por conseguir que el empleo sea estable, como indican los alcaldes. El cierre de la nuclear afectó de forma directa a 385 trabajadores entre personal de Nuclenor y subcontratas. Las obras de la central de bombeo darán trabajo temporal a 200 personas, pero una vez operativa la CHR requerirá un volumen mínimo de personal para el mantenimiento diario.

“El turismo es solo una pata de banco”, advierte con severidad el alcalde de Cuesta-Urria, Alfredo Beltrán. “Es ir creando un tejido industrial que nos permita asentar unas 300 familias en la comarca para que la zona funcione”. Beltrán critica el olvido institucional que sufren los municipios fronterizos burgaleses por parte de las capitales autonómica y provincial.

La carretera autonómica que conecta el Valle de Tobalina con Miranda de Ebro, cuyos túneles carecen de iluminación eléctrica en pleno siglo XXI, es el ejemplo de ese abandono que denuncian los regidores. Mientras las grandes ciudades se nutren de la energía limpia generada en los montes y ríos del norte de Burgos, los alcaldes del entorno de la central nuclear de Garoña buscan conseguir que los millones de euros de la transición ecológica se conviertan en escuelas abiertas, más negocios, cajeros automáticos operativos y un futuro habitado en los pueblos que apagaron el átomo.