El Gobierno mira a Irlanda y sus medidas ante el “significativo riesgo” de apagones por culpa de los centros de datos

El Gobierno español tiene muy presente el efecto de los centros de datos en Irlanda. Este país acaba de aprobar un cambio legal que afecta directamente a estas instalaciones, con un enorme peso en su consumo eléctrico, tras detectar un “riesgo inmediato y significativo para la estabilidad de la red y la seguridad del suministro”.

En el Ministerio para la Transición Ecológica circulan varios informes de la Commission for Regulation of Utilities (CRU) irlandesa que sustentan su decisión de obligar a estos centros a mantenerse conectados durante perturbaciones de la red eléctrica.

La obligación entrará en vigor de forma gradual el 27 de octubre y afecta a todas las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte, también las existentes, con nuevas obligaciones técnicas y un régimen transitorio que restringe la demanda de los centros que no cumplan estas especificaciones.

La medida partió del operador del sistema, EirGrid, equivalente a Red Eléctrica de España (REE) y 100% estatal, para reducir el riesgo de desconexiones masivas de la red de transporte de grandes consumidores, en especial, centros de datos.

El dictamen de la CRU, del 22 de septiembre, recuerda que Irlanda no es el único país en esta situación: “Se han registrado casos de una pérdida significativa de carga de demanda de centros de datos a nivel mundial”. “Jurisdicciones como Australia y Texas ya han implementado, o están en proceso de implementar, normas técnicas similares”. 

EirGrid calculó que, en algunos escenarios, con la normativa actual podía llegar a perderse hasta el 90% de la demanda de centros de datos. En junio su consumo alcanzó unos 1.000 megavatios (MW), muy cerca del nivel de 900 MW que EirGrid cree compatible con su límite de seguridad: la cantidad máxima de demanda que su sistema (que incluye a Irlanda del Norte) podría perder de golpe sin poner en peligro su estabilidad.

Ya en julio, la CRU advirtió de que “la desconexión simultánea de un gran volumen de demanda del sistema eléctrico puede crear desequilibrios repentinos entre la oferta y la demanda, que EirGrid gestiona en tiempo real”, lo que supone “un riesgo significativo para la seguridad del sistema”.

Con el sistema actual, ante una perturbación breve de la tensión de la red en Irlanda, muchos centros de datos se desconectan casi instantáneamente y un fallo pequeño puede provocar una pérdida súbita de cientos de MW de demanda, con el consiguiente desequilibrio para la red. Ocurrió el pasado 6 de junio tras un problema en una subestación de 220 kV en Dublín (el área metropolitana de la capital irlandesa concentra el 99% de la capacidad de los data centers irlandeses). Se perdieron unos 480 MW, el 52% de la demanda de los centros de datos en ese momento. 

Para paliarlo, el operador irlandés lleva meses reduciendo exportaciones de electricidad, entre otras actuaciones, lo que puede encarecer la electricidad y agravar el desperdicio de energía renovable (los llamados vertidos). El objetivo con estas medidas es que, a medida que se adapten las instalaciones, EirGrid pueda retirar esas restricciones. La isla, una potencia eólica, cubrió con renovables en 2025 cerca del 42% de su consumo bruto de electricidad, según Eurostat.

Este país aprobó a principios de año el plan LEAP (Large Energy User Action Plan), para compatibilizar la expansión de los centros de datos y otras industrias de gran consumo energético con la capacidad de la red y el despliegue de renovables. El plan les obliga a aportar generación gestionable o almacenamiento y cubrir al menos el 80% del consumo anual con nuevas renovables, como acaba de plantear el Gobierno español, aunque les da un plazo de adaptación de seis años.

Sin parangón

Los principales centros de datos en Irlanda pertenecen, sobre todo, a grandes tecnológicas estadounidenses (Amazon, Microsoft, Meta y Google) y a operadores especializados que alquilan espacio, capacidad eléctrica y conectividad a terceros. Su situación no es comparable a España. Aquí tienen todavía un consumo residual, aunque ya empieza a notarse en la demanda de los grandes consumidores, según los indicadores que maneja REE, y no hay una normativa específica, aunque existen requisitos técnicos y permisos de consumo flexible.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya reclamó en enero de 2025, antes del histórico apagón del 28 de abril, que los data centers “dispongan de las características técnicas necesarias con respecto a capacidades de soportar huecos de tensión, de seguimiento de rampas u obligaciones de observabilidad y gestionabilidad, acordes a las necesidades actuales de la operación del sistema”.

Irlanda, que ejerce la presidencia de turno de la UE y en abril firmó con España un protocolo para explorar una futura interconexión eléctrica, está también en el foco del regulador español. En su informe sobre el borrador de decreto del Ejecutivo para regular los centros de datos, Competencia recuerda que en Irlanda estas instalaciones han pasado “del 4% del consumo total en 2015 al 28% en 2026, y se proyecta que alcance el 35% en 2035”.

Esto ha llevado “a introducir medidas para ordenar el desarrollo de este tipo de proyectos”, como modificar los códigos de red “para así gestionar mejor la conexión, fomentar el autoconsumo o la autogeneración y garantizar un acceso no discriminatorio que evite moratorias o retrasos en el desarrollo urbano”, recordó la CNMC.

El peso de los centros de datos en el consumo de Irlanda este año “podría alcanzar el 32%”, advertía hace unas semanas en Bloomberg Pedro Sánchez, en un artículo para defender la pertinencia de ese decreto urgente, planteado en agosto y que puede aprobarse con las Cortes disueltas, al no requerir del visto bueno del Parlamento.

Según El Periódico, la patronal del sector, que agrupa a gigantes tecnológicos pero también a ACS, las grandes energéticas o incluso al gigante sanitario Quirón, confía en que el decreto tenga que pasar el filtro de la Comisión Europea por sus exigencias sobre soberanía digital, con lo que no se aprobaría antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Pero la parte mollar del borrador no es esa, sino los exigentes requisitos de consumo de renovables que La CNMC ha pedido flexibiliza, al igual que la patronal de los centros de datos, que asegura que hay en riesgo 9.000 millones de inversión.

El Gobierno propuso que los centros de datos con potencia igual o superior a 1 MW respalden hora a hora al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable, hasta que la generación limpia supere el 90% del mix eléctrico. El borrador, que también incorpora nuevas exigencias de eficiencia energética e hídrica, suscita también el rechazo de los gobiernos autonómicos del PP, como el de Aragón, donde se han anunciado inversiones multimillonarias. Su consejera de Economía es Eva Valle, esposa del gurú económico de Alberto Núñez Feijóo, Alberto Nadal.

En paralelo a este decreto y a dos para impulsar el autoconsumo y las comunidades energéticas que el Gobierno ha reactivado ahora, el último Consejo de Ministros acordó la tramitación urgente de otra norma que permitirá ampliar la capacidad de la red eléctrica al establecer requisitos sobre las demandas de centros de datos y otras instalaciones que se conectan con electrónica de potencia.

Por la aplicación del criterio de acceso dinámico de la CNMC, los requisitos actuales drenan capacidad en aquellos nudos con los que comparte zona, que pueden estar a muchos kilómetros de distancia. Es decir, además de aprovechar la capacidad que necesiten para operar, impiden que otras demandas se conecten a su alrededor. Y la norma persigue aflorar capacidad disponible en las redes y reforzar la estabilidad del sistema frente a perturbaciones.

Ante la burbuja de peticiones de acceso a la red de proyectos de centros de datos sin nada detrás, el primer decreto por la guerra de Irán ya introdujo incentivos para permitir a los promotores renunciar formalmente a sus permisos recuperando los avales y sin ejecutar las garantías depositadas y atajar la especulación. También implantó exigencias como la vinculación del permiso a una actividad económica concreta, la prestación económica por reserva de capacidad, la caducidad de los permisos de acceso y conexión ante incumplimientos de determinados hitos y la priorización de determinados proyectos considerados estratégicos.

Según la CNMC, tras ese decreto en el caso de los centros de datos ya habrían renunciado permisos equivalentes a 1.600 MW. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, dijo hace unos días que las medidas para evitar el acaparamiento de permisos ya han liberado más de 1.000 MW en la red de transporte y 1.700 MW en distribución.