El martes 14 de abril la plantilla Txinzer ha cumplido 100 días de huelga indefinida. Este miércoles, el comité de la empresa pública, dependiente de los ayuntamientos de Irún y Hondarribia, ha declarado ante los medios que alcanzar esta cifra evidencia el “no querer resolver el conflicto”. Asimismo, advierte de que la falta de “avances en la negociación” ya está generando consecuencias en los servicios públicos de ambos municipios.

Alaitz Egiazabal, presidenta del comité de empresa, afirma que el conflicto se origina en un “deterioro de las condiciones laborales” prolongado en el tiempo. En comparación con otros servicios públicos similares, señala que los trabajadores acumulan “veinte puntos de pérdida de poder adquisitivo”. Según explica, el salario de un subcontratado ronda los 33.000 euros anuales, el de un trabajador interno los 28.000, mientras que la nueva propuesta lo reduciría a 26.000 euros.

La brecha salarial, añade Egiazabal, se triplica entre directivos y operarios, lo que considera una muestra “de un modelo claramente clasista” en la empresa. A ello se suma la falta de reconocimiento de la labor de los operarios, sin tener en cuenta la “toxicidad, peligrosidad y penosidad” de muchos puestos.

Seis meses antes de convocar la huelga, el comité intentó negociar sin éxito con la empresa. Ante la falta de avances, recurrieron al sindicato ELA y, desde el 5 de enero, los trabajadores se encuentran en huelga, que desde el 6 de febrero es indefinida. ELA ha denunciado a la empresa ante la Inspección de Trabajo y ha interpuesto una demanda en el juzgado de lo social por esquirolaje, es decir, por sustituir a trabajadores en huelga. La Constitución Española recoge en su artículo 28.2 el derecho fundamental a la huelga, que prohíbe esta práctica. Egiazabal ha señalado que el día anterior conocieron la sustitución de un miembro del comité de huelga.

La presidenta describe “una estrategia clara” por parte de la empresa: “reuniones sin contenido, calendarios abiertos, sin propuestas y dilación constante”. Reclama “decisiones políticas” y sostiene que existe una solución “sobre la mesa que supone menos de un 1%” del presupuesto de Txinzer para 2026. Insiste en que la empresa busca “alargar para descargar” mientras “intenta trasladar una imagen de normalidad que no existe”.

Las consecuencias del conflicto ya son visibles en Hondarribia, donde la atención pública y el Garbigune permanecen cerrados. Tampoco se están limpiando los depósitos de agua ni la red de alcantarillado, ni se realizan mantenimientos preventivos. Además, más de 24.000 hogares han recibido un recibo de agua incorrecto debido a la implantación de un nuevo sistema, lo que ha generado perjuicios económicos. Egiazabal advierte de que, si la situación continúa, podrían producirse daños en las instalaciones, malos olores y la aparición de ratas y cucarachas.

En septiembre de 2019 escribí en este espacio una columna titulada “No hay tercera vía contra la discriminación”, en alusión a la situación generada en torno a los “Alardes” de Irún y Hondarribia, que ahora recordaré. 

No pensaba tener que volver al tema y, menos aún, que hechos parecidos se fueran a repetir en otros lugares. Y, si bien no es la única ni será, desafortunadamente, la última vez, lo ocurrido en Sagunto merece seguir reflexionando sobre el largo y demasiado lento viaje hacia la plena y efectiva igualdad de hombres y mujeres. No quiero, en modo alguno, orillar los grandes avances logrados en todos los terrenos, pero tampoco puede obviarse que sigue habiendo déficits importantes.

Un viaje hacia la plena igualdad que pasa, desde luego, por Irún y Hondarribia y también por otras localidades y acontecimientos festivos. Pero, si resalto estas dos, es por su relevancia, su largo, intenso e incesante recorrido y porque me resultan muy cercanas en muchos sentidos. 

Pues bien, en dichas localidades guipuzcoanas, como la mayoría ya conoce, se celebran desde 1522 y 1638, respectivamente, unos desfiles de armas – Alardes – conmemorando, en esencia, sendas victorias o algo similar sobre las tropas francesas en los días, también respectivamente, de 30 de junio – San Marcial – y 8 de septiembre – Virgen de Guadalupe -. Desde aquellas lejanas fechas los Alardes se habían celebrado con la exclusiva participación de hombres en todos los papeles, excepción hecha de la cantinera de cada compañía participante. 

Sin embargo, desde hace años, muchas mujeres y hombres han querido tomar parte en estos Alardes en pie de igualdad, sin que ello haya sido posible todavía hoy de manera normalizada. Ya en 1996 unas pocas mujeres intentaron participar como soldados en ambas localidades, siendo un momento determinante para ellas y para el resto de mujeres y hombres que las apoyaron y también para el resto de la ciudadanía y para la propia celebración. 

No ha sido un esfuerzo gratuito, sino que, aunque no resulte fácil de comprender, estas mujeres y otras personas que las apoyaron se vieron sometidas a un sufrimiento tremendo que ha impactado duramente en sus vidas y en las de sus entornos más cercanos.

Y también en ambas localidades ha habido clamorosos y dolorosos silencios, además de respuestas varias en todos los espacios posibles, incluidos los Tribunales y poderes públicos concernidos. De un lado, se admitió judicialmente, en decisión difícil de entender, la celebración de actos o Alardes “privados”, entendiéndose que no generaban discriminación. De otro, muchas personas y grupos seguimos defendiendo que, como ordena la Constitución, corresponde a los poderes públicos – y en este caso, añado, muy particularmente, a los Ayuntamientos – promover la igualdad real y efectiva y remover los obstáculos que la dificultan. 

Pues bien, resultado de ello es que aún hoy coexisten dos Alardes con base en fórmulas jurídicas distintas: el “”tradicional“, en el que las mujeres solo intervienen como cantineras, impidiéndoseles otro papel - absolutamente discriminatorio, por tanto – y el ”mixto“ o auténticamente igualitario, en el que mujeres y hombres participan en igualdad y libertad. Algo que genera una inmensa perplejidad, pues, en mi opinión, ello contraviene la propia Ley de Igualdad de Euskadi, que prohíbe expresamente la organización y realización de actividades culturales en espacios públicos en las que se obstaculice la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres.

¿Y qué han hecho los poderes públicos al respecto durante estos años?. 

De un lado, es cierto que el Gobierno Vasco, a través de Emakunde – Instituto Vasco de la Mujer –, y el Parlamento Vasco, a través del Ararteko o Defensor del Pueblo, apoyan incluso presencialmente el desfile igualitario. Pero se puede también afirmar que, al mismo tiempo, falta una intervención clara y decidida – decididamente visual - de ambas instituciones, en defensa enérgica e indubitada de la Ley de Igualdad. 

Los Ayuntamientos, por su parte, durante demasiado tiempo se han resistido a cualquier avance. En Irún se viene solicitando la organización de un “Alarde Municipal”, como se había hecho durante cientos de años, hasta que se produjo este absurdo e injusto conflicto. Una petición que no ha tenido respuesta positiva, a lo que se añade la inmensa e imborrable vergüenza de que desde 1996, no haya sido sino en 2023 cuando quien ha sido Alcalde desde 2002 – José Antonio Santano, del PSE-EE, hoy Secretario de Estado de Transportes – haya recibido al Alarde igualitario, siendo así que siempre había recibido, sin ningún rubor y con total desparpajo, al Alarde discriminatorio. 

En Hondarribia la situación ha sido similar – Alcaldía del PNV hasta 2023 -, y, por el momento, tampoco ha cambiado sustancialmente desde esta fecha con el nuevo Ayuntamiento, lo que ha generado una cierta “decepción” en la consideración de la Compañía Jaizkibel – la compañía mixta -, si bien ha habido una mayor consideración oficial hacia esta Compañía.

Y, entretanto, la discriminación sigue desfilando y haciéndose presente e hiriendo cada año, en una especie de inasumible tercera vía, cual es la de que cada cual disfrute de la fiesta como lo desee, incluso si ese disfrute es claramente discriminatorio. 

Un último y muy reciente acontecimiento merece ser resaltado, por su novedad. El pasado 26 de marzo el Ayuntamiento de Hondarribia aprobó su II Plan de Igualdad, en el que el Alarde es abordado en dos líneas: avanzar para la resolución del conflicto – ¡qué menos! - y, lo que, en mi opinión, tiene un gran interés, “analizar fórmulas para reconocer la violencia sufrida en la defensa de los derechos de las mujeres a favor de un alarde igualitario”. A destacar que este Plan recibió el voto en contra del PSE-EE y del PNV. Ya ven que aún estamos así – así de mal, quiero decir -.

Y ahora, ustedes se preguntarán, y con toda la razón, ¿qué hay de lo de Sagunto? ¿Qué hay de esa decisión de la Cofradía de la Purísima Sangre de rechazar la participación de las mujeres en la procesión de la Semana Santa, apelando, una vez más, a la “tradición”?

Pues, sobre lo que ocurre en Sagunto, desconozco los detalles, más allá de lo leído. Pero, miren, borren de esta columna los términos de Irún, Hondarribia y Alardes y dejen el resto, pues sirve prácticamente en su integridad. Con una diferencia relevante: la Ministra de Igualdad ha anunciado que llevará el tema a la Fiscalía y que podría privar a la Semana Santa de Sagunto de su calificación de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Una decisión – esperemos que así termine siéndolo – cabal y necesaria que, lamentablemente, y de manera inexplicable, nunca se ha anunciado ni sugerido para otros conflictos discriminatorios similares, como los de Irún y Hondarribia. 

Estamos en el buen camino para la igualdad real y efectiva. No cabe, ciertamente, negar los avances en terrenos muy relevantes. Pero no cabe, tampoco, negar todas las dificultades y la realidad que cada día vemos. Una realidad que muestra todavía hoy altísimos niveles de violencia sobre las mujeres, desigualdad laboral, brecha salarial, diferencias en la asunción de las responsabilidades domésticas y de los cuidados y, en definitiva, diferentes oportunidades y condiciones de vida entre mujeres y hombres.

Hay quien opina que, comparada con estos otros terrenos de desigualdad, la participación de las mujeres en actos festivos es un tema menor, pero no es así. La igualdad no puede quedar al margen de los momentos en que la ciudadanía disfruta de tradiciones y diversiones, pues son momentos muy relevantes para la cohesión social. La fiesta une – o desune, como en los casos comentados – y es una expresión clara de la participación ciudadana. En estas fiestas que comento, es claro que no se habría tolerado en los últimos años pretender impedir, por ejemplo, la participación de personas de otras procedencias, pues ello habría sido humanamente injustificable, socialmente insoportable y jurídicamente insostenible. ¿Por qué se sigue, sin embargo, permitiendo orillar a las mujeres en muchas fiestas tradicionales?. ¿Por qué se sigue negando a las mujeres un papel en plena igualdad?.

Hay quien cree que hay “demasiada igualdad”, tal como revelan algunas encuestas. Pero la igualdad está cambiando el mundo y va a seguir haciéndolo para que cada persona disfrute de ello y mujeres y hombres vivamos iguales cada día en cada espacio de vida y en cada lugar.

Más allá del celofán político o de las malas interpretaciones, el acuerdo de este viernes entre los Gobiernos central y vasco en materia aeroportuaria no supone cambios jurídicos radicales en el modelo actual. Aena seguirá siendo el titular y el gestor de Loiu, Foronda y Hondarribia, solo que ahora un “órgano bilateral” de nuevo cuño coparticipará en la toma de decisiones en algunas materias, por ejemplo en lo relativo a inversiones, como los cerca de 470 millones contemplados en el DORA, la gran guía de actuaciones para el período 2027-2031, en los planes directores y en las servidumbres.

El lehendakari, Imanol Pradales, tras salir de su reunión bilateral con Pedro Sánchez, dijo a los periodistas en La Moncloa que habían acordado siete transferencias y que una de ellas eran los aeropuertos. “Euskadi podrá participar en la gestión de los tres aeropuertos [...]. Hasta hoy Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria. Con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos”, expuso. Horas después, Aena lanzó un comunicado anunciando que estudiaría las consecuencias políticas pactadas por su propio Gobierno, ya que en ningún caso es posible ceder la “gestión” aeroportuaria a Euskadi, cosa que no se ha producido.

El acuerdo está medido al milímetro para que no exceda el marco constitucional y estatutario por decisión expresa del equipo negociador, en el que han tomado parte tanto el secretario de Estado de Óscar Puente, el socialista irunés José Antonio Santano, como el ahora ministro y hasta hace días secretario de Estado de Ángel Víctor Torres, Arcadi España. Se alude a que el nuevo órgano coparticipará la “gestión”, pero siempre “en los términos” tasados del acuerdo. elDiario.es/Euskadi recoge las claves de un proceso en el que, en un momento u otro, han llegado a intervenir desde el presidente del Gobierno hasta la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.

El marco legal

El artículo 149.1 de la Constitución, promulgada en 1978, marca que “el Estado tiene competencia exclusiva” sobre una batería de materias que incluyen “marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves”. El Estatuto de 1979 otorga la competencia portuaria y aeroportuaria a la comunidad autónoma “sin perjuicio” de lo marcado por la norma de rango superior. Esto implica que Euskadi puede asumir “puertos y aeropuertos con calificación de interés general” pero solamente “cuando el Estado no se reserve su gestión directa” y también los que no tengan la etiqueta de “interés general”. Hasta ahí.

La transferencia de puertos se hizo en 1982, aunque aún en algunos foros se incluye en el listado de competencias estatutarias “pendientes”, como la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, por ejemplo. La de aeropuertos no se ha hecho porque Loiu, Foronda y Hondarribia son instalaciones de “interés general” y parte de la red del operador estatal Aena. Podría haberse optado por el modelo catalán, con dos redes, una dentro de Aena con las principales terminales, encabezadas por el Josep Tarradellas en El Prat, Barcelona, y otra autonómica, Aeroports de Catalunya, consistente en los aeródromos más pequeños y helipuertos. Acumularon unos 75.000 viajeros en 2025. Solamente el de Barcelona tiene el doble en un solo día.

Pero ese modelo ni se ha planteado. En el caso vasco, Loiu es una referencia de viajeros en el norte peninsular, sobre todo para vuelos de corta y media distancia, aunque en 2025 estrenó su primera conexión intercontinental, con destino en Newark, en Nueva Jersey pero al lado de Manhattan. Foronda, en Vitoria, está acumulando vuelos de operadores 'low cost' pero destaca, sobre todo, por ser el cuarto en España en tráfico de mercancías. Hondarribia es la instalación más pequeña, está pegada al mar y necesita hacer uso de espacio aéreo francés para las maniobras, pero plantear su degradación para un traspaso abriría la misma caja de Pandora que ha ocurrido con el puerto de Pasaia, la del agravio territorial.

La negociación

El PNV apoyó la investidura de Sánchez en 2023 a cambio de varios acuerdos. Uno de ellos era completar en 2025 la lista de transferencias “pendientes” del Estatuto de 1979. El Gobierno vasco ha arañado en este tiempo avances como la gestión de Cercanías o de los permisos de trabajo, pero ha aprovechado para demandar otros acuerdos políticos extraestatutarios para ganar en capacidad de gestión. Y uno de ellos han sido los aeropuertos.

Así, de un encuentro en La Moncloa entre Sánchez y Pradales de julio de 2025 salió el acuerdo de hallar una fórmula “negocial” para canalizar el deseo del Gobierno vasco de coparticipar en la “gestión” de Loiu, Foronda y Hondarribia. Para ello, se configuró una subcomisión paralela a las mesas que han ido negociando más transferencias. Nunca se habló de una “transferencia”, porque no era posible. Aunque el PNV inició el proceso demandando una “filial” de Aena, en febrero, como adelantó este periódico, ya se acordó constituir un “órgano bilateral” con representación paritaria, cuatro personas del Gobierno central y cuatro del vasco, para canalizar esa coparticipación en la gestión. Es lo que se ha terminado aprobando más allá de algunos dimes y diretes en los días previos a la bilateral.

La “gestión” vasca

El acuerdo no es una transferencia de la gestión, ni una alteración del marco constitucional y estatutario. Los aeropuertos vascos seguirán en manos de Aena, que además es dueño de las instalaciones, y no se cede su “gestión” al Gobierno vasco. El órgano nuevo tampoco es una filial de una entidad con un 49% de capital privado. Y eso que Aena tiene otras filiales para negocios en el extranjero e incluso para el particular caso del aeropuerto de Murcia, rescatado por el operador estatal. Durante todo el proceso, Aena ha operado de manera autónoma al Gobierno y ha realizado un marcaje estrecho de los avances para preservar sus intereses, sobre todo mirando a los accionistas extranjeros.

En realidad, el “órgano bilateral” actualiza el vigente marco configurado por un Gobierno del PP, el de Mariano Rajoy. En 2014, por ley, el Estado se reservó la gestión aeroportuaria, pero contempló un punto que no levantó ninguna polvareda: “Las comunidades autónomas podrán participar en la gestión de los aeropuertos de interés general en la forma que establezca la legislación del Estado y, en particular a través de los Comités de Coordinación Aeroportuaria”. El comité vasco se creó en 2014, sin que nunca haya proporcionado titulares ni generado controversias.

Es más, las instituciones locales ya participan de manera muy directa en la vida de sus aeropuertos. El caso más paradigmático es el de Vitoria. Todos los vuelos de pasajeros, sin excepción, van subvencionados con dinero público, y no precisamente de Aena. Existe una sociedad de “promoción” llamada VIA que sienta a la Cámara de Comercio, al Ayuntamiento, a la Diputación de Álava y al Gobierno vasco. Estos últimos días los cargos locales, y no precisamente Aena, han venido anunciado sus nuevas apuestas de rutas a Canarias y Baleares. Y existen gemelas a VIA para Hondarribia, Ortzibia, y para Loiu, Bilbao Air. Aena se limitará a gestionar las solicitudes de las aerolíneas previamente decididas por otros organismos.

El acuerdo

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el acuerdo consiste en la “creación del órgano bilateral aeroportuario Euskadi-Estado como instrumento de concurrencia, participación y cooperación entre ambas administraciones”. Se trata de la “articulación de un espacio estable que permite a Euskadi participar en la definición y orientación de las decisiones estratégicas en materia aeroportuaria” y el “establecimiento de un marco de cogestión sobre las infraestructuras aeroportuarias ubicadas en Euskadi”.

Esta “participación” del Gobierno vasco se traduce en “propuestas”, “informes”, definición de la estrategia“ o ”planificación económica“. Por ejemplo, trabajando el DORA, es decir, las inversiones, y haciendo ”seguimiento de tarifas aeroportuarias“. Euskadi quiere debatir sobre ”conectividad“, ”promoción de nuevas rutas“ e ”impulso“ tanto de los pasajeros como de la carga. Le da mucha relevancia a la movilidad aérea siendo un territorio sin AVE y sin fecha realista para su puesta en marcha después de veinte años de obras.

El acuerdo alude también a “coordinación” para políticas que sí son de competencia autonómica, como el desarrollo económico o de redes de transporte asociadas a los aeropuertos o incluso entre los aeropuertos, para facilitar conexiones. Igualmente, se quiere que Foronda sea un “sandbox”, un banco de pruebas de un nuevo modelo que pueda impulsar una infraestructura de grandes capacidades por la dimensión de su pista y su emplazamiento pero que ha vivido grandes momentos de crisis.

En puridad, el acuerdo permitirá a Euskadi emitir informes sobre tres materias, las inversiones, los planes directores y las servidumbres aeroportuarias. El nuevo órgano tendrá una presidencia rotatoria. Cada año, la dirigirá un miembro de cada parte. Se ha tasado que habrá un mínimo de tres reuniones anuales de coordinación, aunque las puede haber extraordinarias.

Las dudas de Aena

Aena, tras la cumbre entre Sánchez y Pradales, envió una nota. En ella, admitía que se había subrayado que los acuerdos aeroportuarios “se encuadran en el marco de la Constitución Española y el Estatuto de Gernika, y el respeto a la ley y la normativa estatal y autonómica aplicables”, pero insistía en que las interpretaciones que habían rodeado al asunto “suscitaban dudas”. “Sin perjuicio de un examen pormenorizado de los acuerdos anunciados y de su desarrollo ulterior, cuando sean conocidos, [el pacto] no puede suponer una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena. La nota oficial publicada por el Gobierno vasco contiene algunas manifestaciones sobre el acuerdo relativas a la intervención del órgano bilateral en procedimientos que afectan el funcionamiento de las infraestructuras aeroportuarias que podrían vulnerar las normas”, abundaban.

Fuentes del Estado, en privado, han trasladado en los últimos meses su preocupación por el relato articulado por parte del PNV en su deseo de sumar un nuevo hito en el desarrollo del autogobierno cuando se trata de un acuerdo perfectamente asumible. Esto es lo que ha molestado a Aena, que asegura que “continuará vigilando las actuaciones y novedades que se produzcan en esta materia y, en su caso, si fuera preciso, adoptará las decisiones necesarias en defensa de la aplicación de la legalidad vigente, del interés societario de Aena y de los derechos de la Sociedad y de todos sus accionistas (públicos y privados)”.

En los últimos días, se ha producido un goteo de noticias en torno al PNV. La formación ha empezado a anunciar los nombres de sus candidatos para las elecciones municipales de 2027. Aún quedan catorce meses para la cita con las urnas, sí, pero la maquinaria, según confirman fuentes internas, ya está en marcha. Hondarribia, Sestao, Lemoa, Galdakao o Mungia son los ejemplos de los últimos días. Y se suman a Barakaldo, anunciado hace ya unas semanas, o al cambio en Donostia, consumado ya en otoño de 2025 con la llegada de Jon Insausti en lugar de Eneko Goia. El proceso, según las mismas fuentes, será todavía largo, posiblemente sin que hasta finales de año estén todas las dudas despejadas. Las grandes incógnitas locales sobre la mesa del partido de Aitor Esteban son si Juan María Aburto dejará paso a otra persona en Bilbao, el nombre del candidato en Vitoria, donde se da por descontado que no repetirá Beatriz Artolazabal, y el futuro de Amaia Agirre en Getxo en plena investigación penal por el caso del edificio derribado Irurak Bat y con tres de sus exediles imputados.

Ya a comienzos de febrero se conoció que la actual alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, había sido ratificada por las bases para optar a la reelección. Ocupa el cargo desde 2015, cuando arrebató al PSE-EE uno de sus grandes feudos, y optaría ya a una cuarta legislatura. Sin embargo, que el PNV ha activado el modo electoral se ha hecho muy evidente esta semana. Gorka Álvarez, alcalde de Sestao desde mediada esta legislatura, ha sido ya 'nominado', Esther Iturrioz intentará repetir como alcaldesa de Lemoa y Alaitz Erkoreka aspira a hacer lo propio en Mungia. Y Erramun Osa quiere un tercer mandato en Garai.

Las designaciones han llegado también a municipios donde el PNV está en la oposición. Javi Zorriqueta será el candidato en Galdakao, con alcalde de EH Bildu y con la novedad de que celebrará en 2027 sus primeros comicios ya sin la parte de Usansolo, constituida como municipio totalmente independiente. Arantza Mendizabal optará en Sopuerta, también en Bizkaia, y Aitor Basterretxea en Ondarroa.

Y, en Gipuzkoa, los nacionalistas han lanzado ya la campaña en Hondarribia, una dolorosa pérdida de 2023. En esa localidad el actual alcalde es de Abotsanitz, Igor Enparan, quien más se significó en denunciar las irregularidades en la gestión del PNV local, particularmente en lo tocante a las decenas de adjudicaciones directas a una empresa de un cargo del partido, el grupo Montai. La elegida es María Serrano, que buscará revertir el fallido intento del remero Gonzalo Carrión. Serrano, en el pleno de esta misma semana, ha puesto en valor el estilo moderado de oposición del PNV en contraste con lo que, a su juicio, sufrieron en pasadas legislaturas.

Fuentes del PNV de Bizkaia, la territorial que más avanzado lleva el proceso, indican que aún queda mucho camino hasta tener todo el mapa de candidaturas. Son más de un centenar las asambleas locales que tienen que pronunciarse, recuerdan. Los momentos claves serán antes del verano, cuando los 'batzokis' de Getxo tendrán sobre la mesa el plan del partido para el próximo cuatrienio, y hacia el Alderdi Eguna de septiembre, cuando se sabrá si Aburto optará o no a un cuarto mandato, una opción que muchas voces ven improbable.

En el caso de Getxo, pesa sobre la alcaldesa Agirre la presión de la oposición, de la Justicia y de la Ertzaintza por el caso del palacete. Ella ha renunciado a dimitir, pero sí lo han hecho tres de sus concejales, ahora imputados en el derribo. Dos de ellos, que eran pareja, tenían previsto adquirir una vivienda de lujo en el solar donde estuvo el Irurak Bat. En el caso de Bilbao, el alcalde está ahora mismo de baja por sus problemas de salud. Es la tercera vez que le sucede. Amaia Arregi es la alcaldesa en funciones, aunque Aburto sí está despachando en casa algunos asuntos a la espera de recibir el alta médica en mayo. Será después cuando se analice el futuro electoral de quien es primer edil desde 2015 pero que ya notó cierto desgaste en las urnas en 2023. Tendrá 66 años cuando se celebren las municipales. Públicamente, preguntada por si se veía como candidata, la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, dijo estar centrada en sus labores en el Gobierno vasco. Pero, a la vez, se ha decidido reforzar su perfil político con más presencia pública y nuevos asesores.

Aburto llegó al cargo en 2015, como Goia en Donostia. Y el alcalde donostiarra ya vio claro que no optaría a la reelección y, de hecho, facilitó que su sucesor se rodara como alcalde. Insausti lleva ya unos meses en el cargo, con fuerte presencia pública y en redes sociales, y próximamente reforzará aún más su discurso propio. No está formalmente ungido como candidato, aunque todas las fuentes consultadas dan por hecho que así será. La oposición, de hecho, ha criticado que haya iniciado 'de facto' su campaña desde la institución. EH Bildu, PP y Elkarrekin, por ejemplo, criticaron que se hayan destinado más de 100.000 euros a buzonear una revista que, según creen, ensalza la figura de Insausti.

En Vitoria todas las voces -del PNV y externas- dan por hecho que Artolazabal no repetirá. Salió del Gobierno de Iñigo Urkullu para relevar a Gorka Urtaran y el partido pasó de primera a cuarta fuerza. Ahora Artolazabal es teniente de la alcaldesa del PSE-EE, Maider Etxebarria, con quien gobiernan en coalición tras recibir el apoyo del PP en la investidura. Ha tenido que lidiar como problemas como la larga huelga de jardines. EH Bildu ganó las elecciones en Vitoria. Fuentes del PNV alavés vaticinan una profunda renovación del grupo municipal. El líder socialista, Eneko Andueza, que ya ha confirmado que Etxebarria optará a un segundo mandato, lanzó el globo sonda de que el candidato del PNV sería Ramiro González, el diputado general desde 2015.

González siempre ha mejorado en las forales -que son el mismo día que las municipales- los datos en Vitoria de Urtaran o Artolazabal. En 2023 fueron 9.000 votos más, una diferencia sustancial. Preguntada por las listas, la presidenta del partido en Álava, Jone Berriozabal, en la Cadena Ser, ha apelado a la tranquilidad. “Es una reflexión que abordaremos cuando llegue el momento. Sé que suscita mucho interés. No es el momento de hablar de candidatos. Tenemos las elecciones en mayo de 2027. Estamos en marzo de 2026. Tranquilidad”, ha manifestado. González, oficialmente, no se ha pronunciado sobre si querría seguir para un cuarto mandato. “Esta cuestión hay que abordarla cuando toque. Hablaremos de esto cuando toque”, le dijo a este periódico en 2025. Voces muy relevantes de su partido, en cambio, insisten en que es un gran activo y que está en un “gran momento”.

La asamblea de PNV de Hondarribia ha elegido por unanimidad a María Serrano como candidata a la alcaldía de la localidad guipuzcoana para las elecciones municipales de 2027, “abriendo así una nueva etapa” para la formación 'jeltzale' en el municipio costero. Los nacionalistas perdieron en 2023 este feudo tras la victoria en las urnas del grupo independiente Abotsanitz de Igor Enparan. En años anteriores se habían sucedido denuncias de irregularidades como las relacionadas con los contratos a Montai, una empresa de un cargo del PNV.

Según han señalado desde el PNV, con esta decisión apuestan por “un perfil que combina renovación y experiencia”, y que representa “una forma de liderazgo cercana, preparada y con un profundo conocimiento tanto del funcionamiento del Ayuntamiento como de la realidad de Hondarribia”. De 41 años y hondarribiarra, será además la primera mujer en encabezar la candidatura 'jeltzale' a la alcaldía. Licenciada en Humanidades-Comunicación por la Universidad de Deusto, cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el ámbito de la comunicación y con experiencia en la gestión municipal tras haber sido concejala durante tres legislaturas en el Ayuntamiento de Hondarribia, informa Europa Press.

Serrano ha destacado que afronta esta nueva etapa “con ilusión, pero también con un profundo sentido de responsabilidad”. “Hondarribia es una ciudad con una gran calidad de vida, y así lo valora la ciudadanía. La debemos cuidar y seguir mejorando entre todos. Es momento de centrarnos en lo importante, en el día a día de la ciudadanía, y de afrontar los retos de futuro con seriedad”, ha afirmado. “No vengo con soluciones fáciles ni con grandes titulares. Vengo a trabajar, a escuchar y a construir. A construir acuerdos y a tender puentes para hacer una Hondarribia mejor entre todos y todas”, ha añadido.

El operador aeroportuario público-privado estatal Aena ha ofrecido 469,5 millones en inversiones para Loiu, Foronda y Hondarribia en el período 2027-2031, según el detalle del denominado DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria). La propuesta llega en plenas negociaciones entre los Gobiernos central y vasco para constituir un “órgano bilateral”, como adelantó este periódico, en el que las instituciones vascas puedan coparticipar en la gestión de las tres terminales y también en la toma de decisiones sobre las inversiones.

Aunque la competencia es exclusiva del Estado, el Ejecutivo de Imanol Pradales demanda una salida “negocial” para tener más voz y ya ha reclamado más recursos dado el contexto de que Euskadi es una comunidad autónoma sin conexión de alta velocidad ferroviaria. Aena, por el contrario, indica que la propuesta es “muy superior” a la del quinquenio 2022-2026, que no llegaba a 86 millones. Eso sí, parte de la “ola inversora” se cubrirá con subidas en las tarifas. Y las aerolíneas han protestado.

Loiu es el aeropuerto con más tráfico en Euskadi. Las inversiones previstas para la infraestructura que da servicio a Bilbao ascienden a 364,5 millones, por 63,4 del período anterior del DORA. Se anuncia un “alargamiento” de la terminal de Santiago Calatrava “por ambos lados” y una “ampliación del procesador central”, de modo que haya más espacio para facturación, seguridad y control de fronteras. En el caso de Loiu, se plantea un incremento de la tarifa de 0,35 céntimos por pasajero, que podrían ser 0,25 con incentivos.

Foronda, en Vitoria, es base de operaciones 'low cost' de pasajeros y también la cuarta terminal de la red de Aena en carga por la amplitud de su pista. Aquí se prometen 63,2 millones, frente a los 14,9 del anterior plan. Se busca un “recrecido de la pista”, mejoras en la terminal (equipajes, calderas o aislamientos), nuevos espacios de 'handling', mejora de los pavimentos de las pistas y un “simulador de fuego”. Aquí la subida de la tarifa es más suave, de 0,25 euros, 0,10 con incentivos. Hondarribia, el aeropuerto próximo a Donostia, recibirá 41,8 millones, por 8,5 millones del DORA previo. Se reformarán las salas de embarque, habrá mejoras en seguridad y habrá actuaciones en la pista, como el ranurado. Las tarifas son como las de Foronda.

La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha emitido en noviembre una sentencia en la que valida la resolución de primera instancia de un juzgado de Donostia tras un pleito laboral interpuesto por una antigua trabajadora de las empresas del grupo Montai, dedicadas a la organización de eventos y montajes y a cuyo frente está el empresario del PNV de Gipuzkoa Aitor Elorza. En este juicio, la exempleada quiso ser considerada plantilla del Ayuntamiento de Hondarribia -como así ha sido determinado por la Justicia- por llevar muchos años de continuo realizando servicios subcontratados a las mercantiles de Elorza, que facturaron allí millones de euros cuando gobernaba la formación nacionalista. Lo llamativo del proceso es que la demandante alegó por escrito que aunque estuvo dada de alta en varias empresas de Elorza a lo largo de los años eso era un simple truco contable para saltarse los topes legales para las adjudicaciones directas y sin concurso a una empresa, actualmente en 15.000 euros anuales (más IVA).

El PNV perdió Hondarribia tras las elecciones de 2023. Accedió a la alcaldía Igor Enparan de la plataforma Abotsanitz, que durante dos legislaturas en la oposición hizo bandera precisamente de denunciar irregularidades en la contratación pública en el municipio. Hasta 2023, el grupo de Elorza facturó millones de euros el municipio guipuzcoano. En aquel momento lo conformaban cuatro firmas, Montai Produkzioak, la matriz, Estali La Karpa, Kultur Kirol Zerbitzuak y Denok Zuzeneko Komunikazioa. Recientemente se ha creado una más, Ekiazpi, que ya está accediendo a adjudicaciones públicas.

A comienzos de 2025 hubo un juicio laboral por este caso, como adelantó este periódico. En él declaró el propio Elorza. En la respuesta a la primera pregunta que se le formuló admitió que, efectivamente, cuando una de sus empresas se acercaba al tope de facturación simplemente se cambiaba de CIF para continuar prestando el servicio, en este caso la gestión de los recintos culturales Itsas Etxea y Kultur Etxea. Es algo que este periódico detectó en 2020, 2021 y 2022.

“Llegan a un límite de facturación y entonces se nos solicita que... que... bueno... que fuese otra empresa la que facturase”, señaló, titubeante. No sólo eso. Reconoció también que una de las firmas del grupo, Estali La Karpa, nunca tuvo estructura más allá de dar de alta periódicamente a la trabajadora, aunque ha accedido a cuantiosas adjudicaciones públicas tanto en Hondarribia como de otras instituciones gobernadas por el PNV, como el Instituto de la Memoria (Gogora) en la etapa de Aintzane Ezenarro.

En este procedimiento judicial ha tenido un papel muy relevante igualmente el exedil de Cultura por el PNV Juan Luis Silanes o 'Kalixa', como es conocido. Emitió para el juicio un certificado con membretes municipales y en el que se da a entender que es documento del Ayuntamiento. En él apoya la demanda de la trabajadora, que en su formulación recoge claramente las irregularidades en la contratación que él mismo promovió y que, además, tienen otra derivada que ocultó en su escrito y que solamente admitió casi al final del interrogatorio en el juzgado. La empleada era su prima. Un detalle adicional es que esta mujer no solamente fue saltando de empresa a empresa del grupo Montai, sino que también fue dada de alta directamente en dos períodos por el propio PNV y por otras mercantiles próximas al partido ajenas a Elorza.

El resultado del proceso laboral fue una sentencia en primera instancia -que precisó de un auto de aclaración- en la que se daba la razón a la trabajadora y se interpretaba que tenía derecho a ser considerada como parte de la plantilla de Hondarribia. Aquel primer fallo, en su página trece, indicaba que “no es objeto de controversia” que las empresas de Elorza accedían a adjudicaciones directas de Hondarribia y que está “acreditado” que la única razón por la que la trabajadora saltaba de una a otra, por ejemplo a Estali La Karpa, “aunque fuere para continuar desempeñando el mismo trabajo”, era “el límite económico anual de contratación administrativa con la misma empresa sin concurso público”.

Ahora, el Superior no modifica la argumentación del juzgado de Donostia. En una resolución breve, de apenas tres páginas, refrenda esa primera sentencia. “El relato de hechos probados informa que la demandante trabajaba bajo la dirección, organización y planificación de los técnicos del ayuntamiento. Los servicios laborales se prestaban en el auditorio municipal y en la casa de cultura del ayuntamiento. La demandante participaba en la organización y publicidad previa de los eventos culturales contratados por el ayuntamiento; así como en el control y gestión de venta de entradas mediante la aplicación dispuesta por el ayuntamiento. También atendía al público; controlaba los accesos a la instalación; su cierre y rendía cuentas relacionadas con las entradas. Por consiguiente, el ayuntamiento aportaba los medios materiales y dirigía la actividad de la demandante, sin intervención ni aportación alguna de las sucesivas empresas formalmente empleadoras. Se revela el caso como claramente calificable de cesión ilegal”, se expone en un apartado de “fundamentos de derecho” en el que ni se mencionan las empresas. Los firmantes de la resolución son los magistrados Pablo Sesma de Luis, Ana Isabel Molina Castiella y Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa.

Se da la circunstancia de que la sentencia se dirige contra el actual equipo al frente de Hondarribia, el de Abotsanitz, que había recurrido el fallo en primera instancia y defendido la tesis de que no se podía considerar que la exempleada del grupo Montai fuese trabajadora pública 'de facto'. Es más, el Superior ha forzado a Abotsanitz a abonar las costas al empresario Elorza por haber elevado el pleito a segunda instancia, una simbólica cantidad de 100 euros.

Cuando este periódico publicó la información sobre esta causa, Elorza no atendió a las preguntas formuladas pero sí expuso la opinión en un foro público. “Todas las afirmaciones vertidas en ese texto son una sarta de mentiras, manipulaciones e insinuaciones sin pruebas. Es evidente que el único objetivo de este ataque es dañar mi imagen y la de Montai mediante falsedades y tergiversaciones. Montai y las empresas mencionadas operan dentro de la legalidad. No hay nada irregular en nuestra actividad, y cualquier insinuación de corrupción es pura calumnia. Todas las contrataciones se han hecho respetando la normativa vigente. No hay 'red mafiosa' ni tramas ocultas. Se utilizan nombres, conexiones familiares y relaciones personales para crear una falsa historia de conspiraciones que solo existe en la imaginación del autor”, dejó por escrito. Después, este periódico acreditó que el Ayuntamiento de Beasain, gobernado por el PNV, ha adjudicado a Montai un contrato de casi 500.000 euros tras sacar cero puntos en el concurso habilitado al efecto.

Hace seis años ya advertíamos del entramado político-empresarial que había detrás del proyecto de Zaldunborda. Es un entramado que responde a un 'modus operandi' ya conocido del PNV: utilizar las instituciones públicas para favorecer intereses privados y lucrarse de este tipo de pelotazos urbanísticos, siempre a costa del interés general.

Aitor Kerejeta, alcalde desde el 2007 hasta el 2015 y responsable político de Urbanismo y del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana durante su mandato, abandonó la alcaldía en junio de 2015. Pese a existir una inhabilitación de dos años para pasar del sector público al privado, apenas cinco meses después apareció firmando un documento como director general de la empresa VUSA. Este vínculo profesional no figuró en su currículum público de Linkedin hasta junio de 2017, dos años después de abandonar la alcaldía, finalizado ya el periodo de inhabilitación. En conjunto, los hechos dibujan un patrón en el que se deja cuidadosamente cerrado el marco de decisión desde lo público para, posteriormente, beneficiarse desde el ámbito privado, en una práctica que recuerda al “yo me lo guiso, yo me lo como”.

En aquel entonces afirmamos que “los buitres volaban sobre Zaldunborda, hambrientos de dinero”. Hoy, las informaciones publicadas confirman que estábamos en lo cierto, por mucho que entonces se nos acusase de mentirosos o de difundir simples rumores de calle. La ciudadanía hondarribitarra sospechaba que el Macro Outlet de Zaldunborda era un pelotazo impulsado por un conglomerado de empresas y cargos del PNV. Y ahora esas sospechas se ven refrendadas.

El Macro Outlet de Zaldunborda fue una operación urbanística que salió adelante en contra del deseo mayoritario del pueblo y de toda la oposición municipal, con el único apoyo del equipo de Gobierno del PNV que, en septiembre de 2019, emitió un comunicado defendiéndolo abiertamente. Pese a las advertencias, pese a las dudas legales y pese a la oposición social, el proyecto siguió su curso. Finalmente, en 2020, la justicia tumbó el PGOU, y con ello el Macro Outlet quedó definitivamente anulado.

¿Por qué vuelve ahora este tema? Porque ahora ese entramado de empresas -el mismo que siempre hemos denunciado- ha interpuesto una demanda de casi catorce millones de euros contra el Ayuntamiento de Hondarribia por no haber podido llevar adelante el proyecto. Si antes los buitres volaban sobre Zaldunborda, ahora sobrevuelan el propio Ayuntamiento, en busca de millones de euros procedentes de las arcas públicas. Porque, seamos claros: lo único que les interesa es el dinero y, en este caso, el dinero público de toda Hondarribia. Resulta difícil no preguntarse por la desfachatez y la falta de escrúpulos que hay que tener para, después de intentar imponer un pelotazo, pretender ahora que la ciudadanía hondarribitarra pague las consecuencias.

La reacción del PNV ante esta demanda es, cuanto menos, sorprendente. Incapaces de asumir su responsabilidad política en este escándalo, optan por manipular la realidad, señalar a Abotsanitz y crear un relato ficticio. Vaya jeta tienen, cuando fueron ellos y ellas quienes impulsaron y sostuvieron el proyecto hasta el final de sus días.

Pero el PNV no ha respondido a lo fundamental: ¿Puede el PNV demostrar qué cambios ha introducido Abotsanitz desde junio de 2025 que “hayan provocado” esta demanda millonaria? Seguimos esperando una respuesta. ¿Con quién está el PNV? ¿Con el conglomerado empresarial -vinculado al propio partido- que exige 13,7 millones de euros? ¿O con la ciudadanía hondarribitarra a la que se pretenden quitar esos casi catorce millones de euros?

Nos hemos quedado estupefactos ante la reacción del PNV. Su comportamiento cruza todas las líneas rojas en lo que respectaa la defensa de la administración pública, de las instituciones y del dinero de toda la ciudadanía. Este caso, de todas formas, no es un hecho aislado, sino que se suma a otros muchos que estamos viviendo últimamente en Euskal Herria ('caso De Miguel', 'caso Koldo', Glefaran, Guggenheim de Urdaibai, etc.), ejemplos claros de clientelismo, enchufismo y corrupción sistemática, orquestados por el propio partido. Sí, al PNV se le está cayendo la careta.

Desde Abotsanitz lo tenemos claro: el Macro Outletde Zaldunborda era, es y seguirá siendo un pelotazo, y ahora, más que nunca, queda demostrado cuál es el 'modus operandi' del PNV que lo impulsó, lo defendió y pretende ahora que lo pague el pueblo de Hondarribia.

El PNV ha solicitado al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que realice una auditoría de la gestión económica del Ayuntamiento de Hondarribia en 2024. Se trata de un movimiento político muy simbólico porque ese año es el primer ejercicio completo en que el este partido, que perdió las elecciones de 2023, no controló su otrora feudo en el Bidasoa. Ahora gobierna la plataforma independiente Abotsanitz, con Igor Enparan como alcalde, que precisamente en la oposición realizó continuadas denuncias de irregularidades en el municipio, particularmente en lo tocante a las decenas de adjudicaciones directas al grupo de empresas del miembro del PNV Aitor Elorza, Montai.

Este viernes, antes de la votación de las enmiendas a los presupuestos autonómicos de 2025, la comisión de Hacienda del Parlamento Vasco ha tratado el plan de trabajo de 2026 del Tribunal de Cuentas. Antes, los partidos pueden lanzar sus planteamientos. En el caso de los socios del Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, han presentado sus escritos por separado, algo excepcional en el día a día de la Cámara. Es en el documento registrado por los nacionalistas donde figura, entre otras, la propuesta de una auditoría de la nueva etapa en Hondarribia.

A la contra, la coalición Sumar ha propuesto nuevamente que el Tribunal de Cuentas analiza las adjudicaciones a Montai, un conglomerado que ahora tienen cinco empresas, la propia Montai, Estali La Karpa, Denok, Kultur Kirol Zerbitzuak y Ekiazpi. Además de en Hondarribia, estas empresas han recibido también decenas de adjudicaciones en otras muchas instituciones gobernadas por el PNV.

El debate sobre el plan de trabajo del Tribunal de Cuentas ha durado segundos. Ni siquiera ha habido debate. El presidente de la comisión, Álvaro Gotxi, ha dado cuenta de que todas las propuestas de todos los grupos han sido aceptadas “por asentimiento”. En la lista está también el intento del PP de que se revise más a fondo la contabilidad de la sociedad EKP, los puertos deportivos vascos, después de que se haya apuntado en otros informes que ha habido adjudicaciones irregulares de combustible, entre otras anomalías.

Estas peticiones del Parlamento, sin embargo, suelen caer siempre en saco roto. El Tribunal de Cuentas no tiene obligación de asumirlas, salvo que el Parlamento las demande vía acuerdo plenario. De hecho, como ejemplo, durante años le ha solicitado una revisión de las contrataciones con Montai y nunca se ha hecho esa auditoría 'ad hoc'.

El derribo en una acción reivindicada por grupos “antifascistas” de la cruz sobre el monte Morkaiko, en la localidad guipuzcoana de Elgoibar, a 72 horas del quincuagésimo aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco ha reabierto el debate sobre la simbología de aquella época que pervive en 2025 en Euskadi. El PNV, por ejemplo, ha criticado la destrucción de ese monumento dedicado a un príncipe Borbón sublevado que falleció en combate contra la II República durante la Guerra Civil en Eibar, la cuna precisamente del republicanismo en España. En Donostia, el Ayuntamiento tampoco accede a las pretensiones de retirar símbolo religioso, el Sagrado Corazón del monte Urgull, al entender que es un símbolo religioso y no político. En Vitoria mantiene su calle el segundo alcalde de la dictadura, el falangista José Lejarreta, y la historiadora Virginia López de Maturana, que elaboró en 2011 para el Gobierno vasco un catálogo de símbolos franquistas, remarca que “el 95%” de las calles o avenidas dedicadas a Navarra en Gipuzkoa lo son no por apego al territorio vecino sino como homenaje a las tropas navarras (básicamente carlistas) que conquistaron esos pueblos en 1936 y 1937.

En X, el grupo Elgoibar 1936 informó este martes de que “desconocidos” habían derribado la cruz de Morkaiko. Un vídeo muestra que se hizo con una rotaflex y por la noche. Aseguran que es algo que tenían que haber hecho las autoridades municipales hace muchos años. Fuentes de la Ertzaintza explican a este periódico que se ha abierto una investigación por “daños”, aunque de momento, siendo del lunes los hechos, no se han obtenido conclusiones. También analiza lo sucedido la propia Policía de Elgoibar.

En un comunicado, el Ayuntamiento “lleva años haciendo memoria histórica y democrática” y sus planes pasaban por “cambiar el significado de esa cruz”. “Por eso se le quitó el letrero y se le dejó la cruz vacía, simple testigo de los hechos de la época recordando las victimas de entonces”, expone la localidad, cuya alcaldesa es Maialen Gurrutxaga, del PNV.

¿Y cuál era el “signficado” del monumento que ha llegado hasta que han pasado 49 años y 362 días desde la muerte de Franco? Como explicó en 2023 este periódico con datos del Archivo de Gipuzkoa, ubicado en Oñati, uno de los Borbón huidos en 1931, el príncipe Carlos María Fernando Felipe Justiniano, de 28 años y tío de Juan Carlos I (tío-abuelo de Felipe VI, por lo tanto), tomó las armas contra la democracia con permiso del jefe de la Casa Real -pero ya no del Estado, Alfonso XIII- y con el rango de alférez de complemento. Acabó destinado en el frente de Eibar. Un balazo “frontal” lo mató el 27 de septiembre en el monte Morkaiko, ya en el término municipal de la vecina Elgoibar. Inicialmente fue enterrado en Tolosa, también en Gipuzkoa.

Pero al PNV de Elgoibar no le sobraba, aunque al menos desde 2014 ya se venía discutiendo sobre su retirada. “La cruz, su tamaño y su ubicación frente a las fosas de Zirardamendi nos ofrecen una imagen de la dimensión del horror de la guerra y del carácter totalitario del régimen franquista. Su supresión supone la eliminación o, al menos, la derogación de esta realidad. Hoy, para los elgoibarreses, la cruz de Morkaiku no es un lugar de recuerdo o exaltación del régimen franquista; pierde su significado original y es identificada por Elgoibar con el montañismo, y entendiéndola como un símbolo más de nuestro pueblo”, explican.

Y añaden: “Entre las actividades de memoria llevadas a cabo durante años por el Ayuntamiento de Elgoibar se encuentra el homenaje que se rinde cada año, el penúltimo domingo de septiembre, a los gudaris y milicianos que lucharon hasta el punto de dar vida en el mismo alto de Zirardamendi. En la cima hay una pequeña cruz de hierro dedicada en los años 50 a sus compañeros de combate. Las dos cruces, la de Morkaiku y la de Zirardamendi, son testigos de la guerra”.

Fue en 2022, hace apenas tres años, cuando en la propia Elgoibar perdió su avenida Pedro Muguruza, arquitecto y diseñador del valle de Cuelgamuros (o “de los Caídos”, en terminología de la época), gran símbolo de exaltación del régimen y de represión a los derrotados en la Guerra Civil. Muguruza nació allí en 1893. Cuatro años antes, en 2018, le fue retirado el título de hijo adoptivo en Hondarribia, también en Gipuzkoa, donde hasta 2023 el alcalde en la dictadura franquista pero también en la de Primo de Rivera Francisco Sagarzazu tenía un busto en el salón de plenos.

Muguruza es también el diseñador del Sagrado Corazón de Urgull, que corona una de las cumbres de Donostia. Entidades memorialistas y organizaciones que sufrieron la represión como el PCE han pedido su retirada. Fue ideado antes de la Guerra Civil pero fue tras la conquista cuando se activó el proceso para su construcción. Fue inaugurado tal día como hoy de 1950, de modo que celebra ahora 75 años. Para PNV y PSE-EE, que cogobiernan en Donostia, es un símbolo religioso y parte del paisaje de la ciudad. La delegada del Gobierno de España, la socialista Marisol Garmendia, manifestó que en su opinión no entraría en los símbolos franquistas que habrían de ser retirados.

Garmendia sí pidió en Vitoria que se trabajara en la retirada de la calle al alcalde José Lejarreta, falangista de “inquebrantable” lealtad a Franco al que parte de la historiografía local ha redibujado como un buen regidor que impulsó las fiestas. En primavera, se presentó una moción en el Ayuntamiento para cambiar esa denominación y otras como Obispo Ballester o Vicente Abréu. En el caso de Lejarreta, el anterior alcalde Gorka Urtaran llegó a decir que era una “buena persona”. La actual regidora, la socialista Maider Etxebarria, nunca se ha pronunciado claramente sobre este tema. En principio, un grupo de expertos deberá pronunciarse al respecto. El Estado, eso sí, ha aprovechado la reforma de la comisaría de la Policía Nacional para quitar del centro de Vitoria el último escudo que quedaba en una capital vasca, aunque nadie lo mencionó en la inauguración. La Diputación de Álava, de su lado, trabaja también para cerrar en 2025 un capítulo de la historia y retirar todos los honores que le puedan quedar a Franco -y a otros jerarcas de la dictadura- en la provincia.

Los promotores del fallido 'macrooutlet' de Zaldunborda, en Hondarribia, han presentado una demanda de casi 14 millones de euros contra el Ayuntamiento del citado municipio, ahora en manos de una coalición liderada por la plataforma Abotsanitz. Desde el Gobierno local han señalado que, “en consecuencia de los errores cometidos” por el PNV en la pasada legislatura, los tribunales “anularon” el plan general y ahora los promotores, Higertoki y Zaldunborda Berri, piden 13,7 millones por “los supuestos perjuicios económicos derivados de la paralización del proyecto”. Es el equivalente al 40% del presupuesto municipal actual, de unos 34 millones.

“Afectaría gravemente a la situación actual del Consistorio” por los trabajos que supuestamente realizaron durante la anterior legislatura, entiende el alcalde, Igor Enparan. El primer edil ha calificado de “muy grave” la presentación de esta demanda, ya que “asumir una indemnización de este calibre tendría un impacto contundente en las cuentas municipales”. “Los promotores de un macroproyecto que no aportaba ningún beneficio ni para la ciudadanía de Hondarribia, ni para el comercio local, pretenden, una vez más, enriquecerse a nuestra costa, y hacerlo de forma injusta”, ha incidido, según declaraciones recogidas por Europa Press.

A ello ha añadido que “quieren convertir una operación de alrededor de 2 millones de euros en una indemnización de casi 14”. “Sería gravísimo que la justicia nos obligara a pagar, porque supondría que la ciudadanía tendría que asumir las graves negligencias cometidas por los responsables municipales de PNV. La ciudadanía de Hondarribia no puede hipotecar su presente y su futuro por la mala gestión de algunos políticos”, ha sostenido, en referencia a sus predecesores.

Además, ha indicado que el equipo de Gobierno municipal “defenderá los intereses de la ciudadanía y el patrimonio público”, utilizando para ello “todos los recursos” a su alcance. A juicio del alcalde, “aún se sabe poco sobre los intereses económicos y políticos que rodeaban el macroproyecto de Zaldunborda, pero la presentación de esta demanda puede ayudar a esclarecer esas motivaciones ocultas”.

El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Hondarribia ha adjudicado el contrato del servicio de prevención comunitaria, tras estar 15 años sin vigencia. En un comunicado, la edil Lupe Queiruga ha indicado que el nuevo contrato, con una duración de un año, “aporta una base jurídica sólida y una estructura estable, garantizando la continuidad del trabajo que se realiza tanto con la juventud como con la comunidad en su conjunto”.

El contrato del servicio estaba vencido desde el 30 de abril de 2009, según ha indicado el Ayuntamiento, dirigido desde 2023 por una coalición de Abotsanitz y EH Bildu. Según ha apuntado, existía “una falta de control” por parte del anterior Gobierno local del PNV sobre este servicio y “no se estaban desarrollando los programas previstos”.

Queiruga ha indicado que, en este contexto, el Ayuntamiento “emprendió una profunda reorganización del servicio” y elaboró unos pliegos basados en tres líneas de actuación, “la prevención universal en los centros educativos, las campañas de sensibilización y la intervención de educadores de calle”. “Hemos analizado, reorganizado y establecido objetivos claros”, ha explicado. El nuevo contrato se firmó el 1 de septiembre, con una duración inicial de un año y posibilidad de prórroga por otro más.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha firmado una resolución en la que reconoce como víctima del franquismo a Roque Méndez, uno de los dos jóvenes tiroteado y asesinado por las fuerzas de seguridad franquistas en mayo de 1974 en una playa de Hondarribia cuando intentaban cruzar la frontera hispanofrancesa en barca desde San Juan de Luz. Este reconocimiento se suma al realizado en 2024 por el Gobierno vasco en el marco de su ley de víctimas de violencia policial. En paralelo, este miércoles se ha conocido que el colectivo Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (GEB) ha interpuesto una querella para que se fijen las responsabilidades de los agentes intervinientes y también del tercer ocupante de la embarcación, que salió ileso y que resultó ser un infiltrado apodado 'Cocoliso'.

El Estado considera como hechos constatables que Méndez protagonizó un “altercado” con la Policía franquista en 1973 en el que un subinspector “resultó herido de gravedad” y que, por ello, “se vio obligado a refugiarse en Francia”. En mayo de 1974, acompañado por José Luis Mondragón y por José Luis Arrondo ('Cocoliso') se montaron en una lancha en San Juan de Luz que, “al desembarcar en la playa de Los Frailes” (o de Asturiaga), se vieron “inmersos” en un “tiroteo” tras el cual falleció. Después, se le abrió una causa militar por terrorismo. Los efectos de la resolución comportan que se declara “ilegal” e “ilegítimo” cualquier actuación judicial contra esta persona por estos hechos, al igual que las posibles resoluciones administrativas. “Ha quedado acreditado que padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la dictadura franquista”, se puede leer en el documento firmado por el ministro. En el caso de Mondragón, la familia está ahora a la espera de la primera resolución del Gobierno vasco, ya que no la solicitaron en su momento.

Una investigación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi para el Ayuntamiento de Hondarribia calificó más de “emboscada” que de fuego cruzado lo sucedido -aunque se les atribuía querer acceder al territorio español con metralletas- y daba algunas pistas, a la luz de las heridas de bala encontradas en los cadáveres, de que fue una ejecución extrajudicial premeditada, incluso con disparos casi a bocajarro. Se apunta a la intervención tanto de agentes de Policía como de la Guardia Civil que conocían los movimientos de Méndez y Mondragón y también la identidad real de 'Cocoliso'. Detalla, asimismo, que con posterioridad al fallecimiento se procesó a ambos por delitos de terrorismo, acusados de pertenencia a ETA.

En este sentido, el dictamen de Aranzadi subraya que “ETA fue la organización armada que aglutinó el espectro ideológico en el que se situaban tanto Méndez como Mondragón, si bien en esa misma organización se abrieron en esos años varias escisiones que enlazan directamente con la biografía de ambos”. “Ni a Méndez ni a Mondragón se les puede considerar militantes de ETA en mayo de 1974, puesto que previamente dejaron de pertenecer a dicha organización”, se puede leer en el informe.

Méndez, natural de Santurtzi y nacido en 1954, era próximo a Eustaquio Mendizabal, alias 'Txikia'. Era apodado 'Poeta' por su gusto por la escritura. En sus escritos, se mostraba “de ideología abertzale y de izquierdas”. Ya en 1971 fue expulsado del instituto de Sestao por unas poesías alusivas “a la organización terrorista ETA”. En 1972 atacó una sucursal bancaria en esa localidad por “las largas colas que debían hacer los jubilados para cobrar la pensión”. En 1973, el propio 'Txikia' fue asesinado por la Policía. Unos días después, Méndez y otro activista repartían propaganda denunciando esta muerte y un policía les descubrió. Es el tiroteo que dejó un agente herido y que motivó la huida a Francia. Allí se aproximó a elementos alejados de la dirección de ETA.

Su compañero, Mondragón, entró en ETA en 1965 ó 1966. Era algo mayor, de 1947, y natural de Arrasate-Mondragón. Apodado 'Morico', fue parte del comando 'Los Cabras'. Sus acciones más significativas, según Aranzadi, fueron el reparto de propaganda y pintadas, “simple ejercicio de derechos básicos” en las democracias consolidadas. Se estableció en 1969 ya en Iparralde, al otro lado de la frontera y también allí se distanció de la ortodoxia de ETA. Aranzadi conoció que la madre de 'Cocoliso' acudió al domicilio de este joven para darles el pésame y pedir perdón por la “complicidad” de su hijo.

Según Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia, estos reconocimientos institucionales hacen “más clamorosa” todavía la ausencia de resoluciones judiciales en España sobre este tipo de casos. Citan como ejemplo similar la emboscada en Pasaia, de 1984, con cuatro tiroteados. Ven una “contradicción” entre el poder ejecutivo y el judicial, que sigue “encubriendo a los asesinos franquistas”. La querella quiere identificar a los policías actuantes e indagar la posible identidad nueva de 'Cocoliso', al que se dio por muerto “oportunamente” poco tiempo después, aparentemente tras un accidente. “Además de ofrecer verdad [...], el Estado debe traducirlo en responsabilidades penales de los victimarios”, se incide.

Osakidetza ha licitado la redacción del proyecto de ejecución de las obras del nuevo bloque quirúrgico del hospital del Bidasoa. La obras de este nuevo equipamiento se iniciarán en el último trimestre de este año y tendrán un plazo de ejecución de 24 meses. El Departamento de Salud del Gobierno vasco y Osakidetza invertirán en este proyecto, que mejorará la asistencia sanitaria a los vecinos de Irún y Hondarribia, 23 millones de euros, 11 para la construcción de este nuevo bloque quirúrgico y el resto, dedicado a equipamiento de alta tecnología.

La construcción del nuevo bloque quirúrgico, que incrementará la activididad quirúrgica del hospital en un 50%, es uno de los compromisos adquiridos por el Departamento de Salud del Gobierno vasco y Osakidetza vinculado al Plan Integral de Salud para el Bidasoa para modernizar y mejorar la atención a la ciudadanía tanto en el ámbito hospitalario como en la Atención Primaria, con la construcción de nuevos centros de salud en Irún Centro y en el barrio de Oinaurre, y una inversión total en los próximos años de más de 50 millones de euros para la comarca.

En breve, Osakidetza adjudicará la redacción del proyecto para habilitar y remodelar los locales de la calle Alarde, donde en los próximos meses, según las previsiones, en verano de 2026, estará ubicada la pediatría.

Actividad quirúrgica

El nuevo bloque quirúrgico se construirá en la segunda planta del hospital del Bidasoa y va a contar con una superficie útil de 2.090 metros cuadrados, que se distribuirán en seis quirofános, cuatro de ellos destinados a realizar cirugía mayor, y dos quirófanos preparados para llevar a cabo cirugías menores ambulatorias con sus correspondientes áreas de preparación quirúrgica y reanimación. Además, el área albergará la Unidad de Recuperación PostAnestésica (URPA). A este equipamiento se le suma la construcción de la unidad de cirugía sin ingreso y los accesos al bloque, lo que supone aumentar en más de 600 metros cuadrados la superficie actual del área quirúrgica.

Desde Osakidetza han destacado que la actividad quirúrgica del hospital del Bidasoa “está garantizada en todo momento” durante la ejecución de los trabajos de construcción del nuevo bloque quirúrgico. Se mantendrá la actividad programada en el propio centro mientras se desarrollen las obras, lo que va a evitar que los pacientes tengan que trasladarse a otros recursos hospitalarios para ser atendidos.

Para ello, Osakidetza ha instalado un edificio modular en el exterior, de más de 600 metros cuadrados, a donde se trasladarán los servicios administrativos y de gestión, liberando espacio en la segunda planta del hospital. Durante el tiempo que dure la obra del bloque quirúrgico, este edificio modular acogerá la recepción, administración y atención al público, la zona de servicios, los despachos médicos y la Dirección.

Tras la ejecución de estos trabajos se procederá a la instalación del equipamiento de alta tecnología en los nuevos quirófanos, así como a la dotación del resto de estancias y unidades del bloque quirúrgico. La nueva dirección de Osakidetza, con Lore Bilbao a la cabeza, cuenta con el “compromiso firme y apuesta clara por el fortalecimiento del servicio público de salud en Bidasoa”.

A orillas del Bidasoa, en el corazón amurallado de Hondarribia, se alza un edificio que ha sido testigo de guerras, asedios y también épocas de esplendor. Lo que en el siglo X comenzó como un castillo defensivo de los reyes de Navarra, en la actualidad es un hotel histórico que recibe visitantes de todo el mundo. El visitante que se adentra en el Parador de Hondarribia, encuentra mucho más que un alojamiento: descubre un espacio donde cada muro habla de un pasado bélico y estratégico que marcó la historia de la villa.

A finales del siglo X, al igual que gran parte de Euskadi, Hondarribia formaba parte del Reino de Navarra del rey Sancho de Abarca. Con el fin de defender la frontera y controlar un punto estratégico clave, el monarca optó por construir el castillo originario: una fortaleza destinada a la defensa militar, de planta cuadrangular. Dos siglos después, Sancho VII el Fuerte la reforzó.

No fue hasta el siglo XVI cuando, de la mano del emperador Carlos V, se llevaron a cabo importantes reformas que lo dotaron de un aspecto renacentista y monumental. El emperador era conocedor del punto estratégico en el que se ubicaba el castillo -frontera con el enemigo histórico, Francia-, pero también era consciente de cómo la pólvora estaba transformando la guerra y destruyendo todos los castillos medievales. Por ende, decidió reformarlo. “Él era conocedor de esa debilidad, por lo que decide reformar el castillo inicial y convertirlo en esta fortaleza rotunda, potente, eterna. Es una fortaleza muy musculosa desde el punto de vista arquitectónico”, señala Manuel Quintanar, director del Parador de Hondarribia.

Carlos V no solo le dio el nombre al establecimiento -hoy conocido como Castillo de Carlos V-, sino que fue el artífice de lo que durante tantos siglos sería este espacio: una fortaleza militar donde albergaba incluso las guarniciones.

En 1628 dio lugar el asedio francés, en el que los hondarribitarras triunfaron sobre las tropas del rey Luis XIII de Francia. En pleno asedio, los guipuzcoanos juraron a la Virgen Guadalupe que, en caso de salir airosos, lo agradecerían cada año con una procesión hasta su santuario. Tras 69 costosos amaneceres, el 7 de septiembre de 1638, el pueblo pudo al fin celebrar la victoria. Desde entonces, cada 8 de septiembre la comunidad celebra el triunfo frente a las tropas francesas, rindiendo gratitud a la Virgen en el Alarde, una procesión cívico-religiosa.

En esta contienda, el castillo sirvió como centro militar de la defensa, lugar donde se organizaba la resistencia y se refugiaba la población. Así se convirtió en uno de los espacios más emblemáticos de Hondarribia. Sin embargo, tras las guerras de 1794 y 1808, el edificio quedó en estado ruinoso y, a principios del siglo XX, fue adquirido por el ayuntamiento. La casa consistorial lo reformó por completo en 1959 y, en 1968, fue transformado en el actual Parador de Hondarribia.

“El parador es el establecimiento más importante de Hondarribia desde el punto de vista turístico. Además, está ubicado en el lugar más bonito, la Plaza de Armas, el monte más alto de la población”, comenta el director. El establecimiento mantiene un estrecho vínculo con el comercio y la hostelería local, a través de las asociaciones y el propio ayuntamiento. “El Parador es un elemento más que ponemos siempre a disposición de las autoridades locales para sacar brillo a los productos que presentan. Al no tener restaurante, nuestros clientes de alto poder adquisitivo llenan los restaurantes de la parte antigua y también de la marina, en la parte baja de la ciudad”, señala.

La fachada principal es austera, cerrada y sin ventanas, ya que formaba parte de la fortaleza. Se encuentra frente al monte Jaizkibel, desde donde provenían los cañonazos. “En la misma fachada del Parador, en la misma entrada, están esculpidas las hendiduras y los cañonazos de los muchos asedios que sufrió”, explica Quintanar.

El interior, en cambio, sorprende. Parece un palacio, donde una cuidada arquitectura convive con elementos históricos, como los cañones del siglo XV que forman parte de la decoración de la cafetería. La impresionante altura de casi diez metros de techo, con los estandartes de las guarniciones que pernoctaron y vivieron en el castillo, refuerza aún más el contraste entre la austeridad exterior y la riqueza interior.

La experiencia del cliente

Para el director, es esencial que los clientes puedan valorar la historia que guarda el edificio. Para ello, el Parador mantiene un acuerdo para que las visitas guiadas sean los más profesionales y experienciales posibles. “Tenemos al mejor partner, que es la fundación Arma Plaza. Está enfrente del parador y cuenta con profesionales muy formados”. Entre las visitas que ofrecen, destaca el salón de tapices, que alberga una de las colecciones de tapices más importantes de España. De los diez tapices diseñados por Pedro Pablo Rubens sobre la vida de Aquiles, el Parador conserva ocho. “Hay que llevar al cliente al salón y explicarle no solo los diseños de la escuela de Pedro Pablo Rubens, también como están hechos -con hilo de oro- y la vida de Aquiles, desde su nacimiento hasta su muerte”.

Respecto a los clientes, el director explica que en los últimos años ha habido cambios en su procedencia. “Nuestros clientes, que básicamente son franceses, están empezando a tornar, sobre todo en verano. El año pasado nos dimos cuenta de que los americanos fueron los que más nos visitaron. Aunque en verano, por supuesto, los franceses siguen siendo mayoría. También Países Bajos y Japón tienen fuerza”. En cuanto al perfil, se trata de un cliente de nivel cultural alto, de adquisitivo medio-alto y, en su mayoría, parejas. “El Parador, al no tener restaurante y ser pequeñito, cuenta con habitaciones preparadas para familias, pero nuestro cliente mayoritario es de pareja”.

El establecimiento cuenta de 36 habitaciones. La mitad son superiores, muy experienciales, lo que hace que los índices de ocupación sean muy altos. “A mitad de año podemos decir que es uno de los mejores años en la historia; creo vamos a terminar entre un 94 y un 96 de ocupación lineal”.

El día más importante del municipio es del Alarde, el 8 de septiembre. Ese día, las puertas del Parador se cierran para dar paso a los actos que se celebran en la Plaza de Armas, donde los caballos tienen un protagonismo especial. Por ello, los clientes deben disfrutar del espectáculo desde las ubicaciones habilitadas por el ayuntamiento en la plaza o desde las pocas ventanas del edificio. “Cualquier cliente que se hospeda con nosotros el día del Alarde sabe que está un poco cautivo dentro de la fortaleza, pero forma parte también de la experiencia de un espectáculo tan importante como este”.

Cuando Quintanar mira al futuro, expresa que aún hay retos pendientes. Gracias a los Fondos Next Generation, se está trabajando en la conservación del edificio: limpieza de fachadas y control de la vegetación para evitar su deterioro. “A este punto no habíamos podido llegar con nuestros propios recursos. Además, estamos arreglando la sala de tapices para hacerla más expositiva y que el cliente tenga una experiencia más museística”.

El futuro, según él, pasa por seguir adaptando un edificio vivo y cultural, con la máxima protección, pero sin dejar de ajustarlo a las necesidades del cliente. “Es una fortaleza militar única en Europa y hay que cuidarla”. Septiembre está a la vuelta de la esquina. El verano se termina, llegan las Banderas de la Concha, el Alarde y Zinemaldia. “En Zinemaldia también viene gente, por lo tanto, no hay descanso”, concluye Quintanar.

El artista extremeño Sergio Gómez, conocido como El Gato con Jotas, llevó este fin de semana la música popular de Extremadura más allá de sus fronteras. Dos actuaciones consecutivas —el viernes 22 de agosto en el Festival Agrocuir de Monterroso (Lugo) y el sábado 23 en el Festival de Folk de Hondarribia (Gipuzkoa)— convirtieron a la jota y al repertorio tradicional en protagonistas de un espectáculo que conecta raíces con modernidad.

En Monterroso, Gómez presentó un adelanto de su próximo trabajo, en el que combina melodías ancestrales con influencias electrónicas y un enfoque que reivindica la diversidad y la memoria cultural extremeña. La propuesta, que despertó el entusiasmo del público, fue una de las más aplaudidas de un festival marcado por la reivindicación y la celebración colectiva.

Un día después, la Plaza de Armas de Hondarribia se llenó de asistentes de todas las edades para vivir la energía de Electrojota, una experiencia sonora y visual que descontextualiza lo rural para situarlo en la vanguardia musical. El público respondió con aplausos y bailes a un directo que mostró que el folclore extremeño puede ser al mismo tiempo raíz y futuro.

Con más de medio centenar de actuaciones en lo que va de año, El Gato con Jotas se consolida como uno de los proyectos más originales del panorama folk en España. A este recorrido se suma el reconocimiento institucional recibido recientemente en los Encuentros de Montánchez, donde Gómez fue galardonado con el premio Diálogos de Cultura por su labor de difusión y renovación del patrimonio musical extremeño.

Más citas

Tras su paso por el Festival Pedro Vaquero de Candeleda (Ávila) el 29 de agosto, el grupo actuará el 6 de septiembre en Guareña (Badajoz), para después viajar a Alcobendas (Madrid) el 20 de septiembre, donde presentará su propuesta en La Esfera. La gira seguirá en Logrosán (Cáceres) el 21 de septiembre, y culminará en un escenario emblemático: el Gran Teatro de Cáceres el 26 de septiembre, cerrando así un mes lleno de música y tradición renovada.

En medio del acuerdo para iniciar la transferencia a Euskadi de la gestión de la Seguridad Social y las quejas políticas contra Sumar por retrasar el trapaso del SEPE, pasó mucho más inadvertido tras la reunión del martes en La Moncloa entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales el acuerdo para lograr en un plazo “improrrogable” de cuatro meses una fórmula para dar al Gobierno vasco capacidad de “gestión” en los tres aeropuertos de su territorio, Loiu, Foronda y Hondarribia. La propuesta vasca pasaría por crear una filial de Aena -que ahora es estatal en un 51% y privatizada en el otro 49%- con participación de las instituciones locales, según las fuentes consultadas, aunque es un planteamiento aún muy incipiente y que tiene que irse definiendo.

La Constitución de 1978 reserva al Estado la competencia “exclusiva” de las infraestructuras de “interés general” y, a la vez, permite que las comunidades autónomas gestionen aeropuertos que no tengan esa categoría. El Estatuto de 1979, de su lado, plantea que Euskadi podría asumir los “puertos y aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa”.

Las tres terminales vascas tienen la consideración de “interés general” y abrir la puerta a su cesión implicaría degradarlos, con todo lo que ello comportaría a nivel económico. Dos ejemplos. Loiu, en las proximidades de Bilbao, es una referencia del norte peninsular en vuelos de pasajeros internos y europeos y acaba de estrenar una primera ruta transoceánica a Newark, en las proximidades de Nueva York. Y Foronda, en Vitoria, es el cuarto aeropuerto de toda la red de Aena en volumen de carga solamente por detrás de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez, Barcelona-El Prat-Josep Tarradellas y Zaragoza. Hondarribia, que da servicio a Donostia, tiene una pista corta y complicaciones orográficas por estar pegado al mar y a la frontera con Francia, pero mantiene una cierta actividad de pasajeros y una decena de destinos.

Existe un precedente de transferencia de aeropuertos, el modelo catalán. La Generalitat tiene una entidad llamada Aeroports de Catalunya, pero apenas movió 55.000 pasajeros en 2024. Es la titular al 100% de los aeródromos de Lleida, de La Seu d'Urgell (cerca de Andorra) y de otras instalaciones y helipuertos incluso menores. Sin embargo, Aena sigue gestionando los catalanes de interés general, Reus, Girona (Costa Brava), Sabadell y, sobre todo, el de Barcelona. Solamente El Prat-Josep Tarradellas mueve mil veces más viajeros que toda la red autonómica, 55 millones en 2024.

Al Gobierno vasco no le convence ese modelo, según las fuentes consultadas. Obviamente, el Estado no va a acceder a la transferencia de los aeropuertos de “interés general” y, de hecho, los socialistas vascos habían cuestionado que el PNV incluyera “aeropuertos” como una materia pendiente. Pero el Ejecutivo de Sánchez sí se ha mostrado abierto a una fórmula “negocial” para dar cauce al “interés” de la comunidad autónoma en asumir funciones decisorias. De momento, se ha creado una “subcomisión bilateral de infraestructuras aeroportuarias” que deberá arrojar resultados en noviembre.

El acuerdo alcanzado explica que ese grupo de trabajo “articulará la participación del Gobierno vasco en los aspectos estratégicos, regulatorios y de supervisión de los aeropuertos de interés general del País Vasco”. Incluso detalla ya las “funciones” que tendría la Administración autonómica. Serían “impulsar la participación de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el diseño del DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria), así como de los borradores de planes directores”, “la evaluación de inversiones estratégicas y necesidades de conectividad territorial, facilitando la participación en la definición de estrategias de conectividad y la capacidad de propuesta de nuevas rutas, incentivos o inversiones”, “la supervisión de la calidad del servicio y sostenibilidad ambiental”, “la propuesta de medidas de coordinación intermodal (tren, autobús, logística)”, “la consulta sobre planes aeroportuarios estratégicos” y “promover la colaboración institucional y la coordinación territorial”.

Lo acordado entre los Gobiernos central y vasco no menciona el instrumento por el que se articulará la participación del Ejecutivo autonómico -por lo tanto, tampoco la posible filial de Aena- pero sí que se “estudiará la viabilidad y las distintas fórmulas negociales de cara a implementar el interés de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la gestión, conectividad y competitividad de los aeropuertos de interés general situados en su territorio”. Aena, en todo caso, ya tiene otras filiales. Un ejemplo: se creó una para gestionar el aeropuerto nuevo de Murcia, que es propiedad de la comunidad autónoma por diversas vicisitudes y desmanes económicos y hay otras para infraestructuras en el Reino Unido o en América. Se puede consultar aquí el organigrama.

El Gobierno vasco ya pone dinero

Se da la circunstancia de que el Gobierno vasco y las instituciones locales ya asumen ciertas funciones con los aeropuertos. Los tres tienen sociedades de promoción, Bilbao Air en el caso de Loiu, VIA en el de Foronda y Ortzibia en Hondarribia. En el caso del de Vitoria, hace solamente unos días trascendió un contrato para incorporar vuelos de la compañía Volotea con fondos del Ejecutivo vasco, de la Diputación de Álava, del Ayuntamiento y de la Cámara de Comercio pero no de Aena. Estas mismas instituciones financian también las operaciones de bajo coste de Ryanair.

En el decreto de estructura que firmó el lehendakari Pradales al acceder a Ajuria Enea asigna expresamente a la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, también la gestión de aeropuertos. Fuentes de ese departamento indican que se destinan actualmente 1.669.000 euros a las tres sociedades de promoción. VIA se lleva 950.000 euros, Ortzibia 599.000 y la Cámara de Comercio vizcaína 120.000 euros para la realización de estudios relacionados con Bilbao Air. Existe también, creado por el Gobierno de Mariano Rajoy, un “comité de coordinación aeroportuaria del País Vasco” que sienta a Aena, al Gobierno vasco y a otros organismos locales.

En Euskadi existe también el modelo de los puertos marítimos. En ese caso sí se ha hecho ya una transferencia. El Estado retiene los dos de “interés general”, el de Bilbao (aunque está emplazado en otros municipios como Santurtzi) y el de Pasaia.. El resto, son gestionados por la comunidad autónoma. Es más, el Gobierno vasco tiene capacidad de decisión en las direcciones de las infraestructuras estatales y, de hecho, el PNV ha hecho uso de esa prerrogativa para colocar personas del partido en esas funciones en los últimos años.

Competencia para el PSE-EE

Si se confirmara el acuerdo para dar capacidad de “gestión” a Euskadi en materia aeroportuaria, la competencia volvería a recaer en la parte del PSE-EE del bipartito vasco y no en el PNV. Ya ocurrió con Cercanías y con los permisos de trabajo para personas extranjeras y es lo que se prevé con la Seguridad Social y con las prestaciones y subsidios del SEPE. En el caso de la Seguridad Social el proceso ya ha arrancado con cuatro prestaciones no contributivas (100 millones) y las simbólicas pensiones del seguro escolar, las primeras que implicarán que una comunidad autónoma asuma funciones de la Tesorería General. Se espera “para otoño” más avances y, en particular, que se encauce lo relativo al SEPE, que depende de la parte de Sumar del Gobierno central.

Como ya adelantó este periódico, Sumar estaba poniendo más dificultades que los socialistas para llegar a acuerdos. Pradales, en Madrid, pidió “orden” a Sánchez y alertó de visiones “centralistas” en el Ejecutivo, en clara referencia a Yolanda Díaz. El vicelehendakari Mikel Torres, cabeza del PSE-EE en el Gobierno vasco, ha confirmado también esa sensación de que es Sumar quien más reparos pone con la Seguridad Social, unas funciones que lideraría él en su calidad de consejero de Economía, Trabajo y Empleo. Las fuentes consultadas señalan que, al margen de la escenificación de las diferencias, sí hay voluntad de lograr un acuerdo con el SEPE a la vuelta de las vacaciones.

Quien sea atendido en las Urgencias de los cinco principales hospitales de Osakidetza a las 20.00 horas de un viernes saldrá, por término medio, pasadas las 00.30 horas del sábado. El dato es un promedio. Varía en función de la gravedad del caso. Y también en función del centro, ya que en Basurto, en Bilbao, el reloj marcaría las 01.00 horas y en los hospitales de Vitoria, Txagorritxu y Santiago, ni siquiera habría llegado la medianoche. Las cuatro horas, 30 minutos y 9 segundos de estancia media registrados entre enero y abril de 2025 son, en todo caso, un indicador que empeora las cuatro horas, 12 minutos y 45 segundos del otoño de 2023.

La información sobre la situación de los servicios de Urgencias de Osakidetza ha sido enviada al Parlamento Vasco por el consejero de Salud, Alberto Martínez, en respuesta a una iniciativa de la portavoz sanitaria de EH Bildu, Rebeka Ubera. Precisamente fue también Ubera la que demandó las estadísticas de otoño de 2023 que permiten ahora hacer una comparativa.

De los cinco grandes centros del Servicio Vasco de Salud, el hospital universitario de Álava -que aglutina a Txagorritxu y Santiago en Vitoria, que vuelve a tener Urgencias generales desde este año- es el que sale mejor parado. La estancia media es de 213,75 minutos, un ligero empeoramiento con respecto a los 208,25 minutos del período anterior. Es el único por debajo de las cuatro horas de entre los principales.

Después figuran Usansolo, con 264 minutos de espera (235,75 en 2023), Cruces en Barakaldo con 280,5 (267 antes), el Donostia con 293,25 (empeora de los 273,75 de la medición anterior) y Basurto, que es el más lento con 299,25 minutos de promedio (el dato previo eran 279). En los comarcales, lo habitual son demoras de entre dos y tres horas, aunque con alguna excepción. En el hospital del Bidasoa (Irún-Hondarribia) en febrero la estancia media se disparó por encima de las cinco horas y el Alfredo Espinosa (Urduliz) presenta una media en lo que va de 2025 de cuatro horas, 54 minutos y 45 segundos.

Desglosando los datos del hospital con peores registros, el de Basurto, la estancia media es de entre seis y ocho horas para casos “muy graves”, de entre ocho y diez horas para los “graves” e incluso de entre siete y ocho horas para los “moderados”. En Vitoria, por el contrario, los “muy graves” no tardan en ser resueltos más de tres horas y los “graves” son dados de alta en entre cuatro y cinco horas. No hay información desglosada del efecto de la reapertura en esta ciudad de las Urgencias generales del centro, las de Santiago, que ya estaban operativas en abril, es decir, dentro del período medido por este informe.

Osakidetza facilita otro indicador para medir la eficacia de sus Urgencias, el tiempo de demora del “triaje”, que es la recepción en el hospital y la clasificación del caso en función de su gravedad. Aquí los más lentos son precisamente el centro alavés, que ha llegado a superar los 10 minutos para este proceso en enero de 2025, y Usansolo, con cerca de 12 minutos en marzo. Basurto, por el contrario, lo llegó a hacer en menos de 8 minutos en febrero. El Donostia hace el triaje en poco más de 7 minutos.

El arranque del verano en Euskadi ha sido excepcionalmente caluroso, a la luz de las estadísticas de Aemet que este periódico actualiza de continuo. Y 2025 en su conjunto, al menos en su primera mitad, también. Álava, con Girona y Tarragona, forma parte del podio de provincias con temperaturas más altas en relación con su media, 2,4 grados de más y a falta de las semanas presumiblemente más calurosas. Bizkaia y Gipuzkoa también están, ahora mismo, completando el año con temperaturas más elevadas desde que hay datos bordeando una subida de 2 grados.

Álava

En Álava la media de máximas es de 17,7 grados, cuando el promedio estadístico se quedaba en 15,3. No es el año más caluroso de los cincuenta de los que se tienen registros porque en 2022 se bordearon los tres grados por encima de lo normal pero, por el momento, se iguala hasta junio el segundo registro más alto, el de 2023. De los cinco años más cálidos en el territorio los cuatro últimos aparecen en la lista. Desde 2013, hace ya doce años, no hay un ejercicio más fresco que la media. El 1 de julio, este martes, el mercurio alcanzó valores nunca vistos en esa fecha en la zona, 37,7 grados, trece por encima de la media de máximas. El primer récord del año llegó el 10 de enero, con 16,7 grados de máxima, algo nunca visto antes. Los datos proceden de la estación meteorológica del aeropuerto de Foronda. Hay zonas más cálidas tanto al sur, en la Rioja Alavesa, como al norte, en Gardea.

Bizkaia

En Bizkaia, la media de máximas en 2025 frisa ya los 20 grados. Es una subida de 1,9 grados con relación a la media estadística. Este dato de 19,8 es la plusmarca desde que existen registros. Los anteriores ejercicios más cálidos fueron 2022 y 2023, por este orden. También desde 2013 todos y cada uno de los años son más cálidos de lo normal. El final de junio y el arranque de julio han batido récords. Se han alcanzado valores no conocidos en la época del año. Es el caso de los 37,4 del 20 de junio, por ejemplo. Pero también se superaron los 34 en mayo, algo igualmente no registrado antes. La información procede de una estación de Aemet en Bilbao.

Gipuzkoa

En Gipuzkoa viven también el año más cálido desde que hay datos. Con 19,3 grados de medio de máximas, comporta una subida de 1,8 con relación a los promedios estadísticos. 2022 fue el año con temperaturas más altas y entonces se desviaron de la media 1,5 grados, menos que en lo que va de 2025. El dato más extremo del ejercicio fueron los 33,3 grados del 11 de junio, once por encima de la media histórica en esa fecha. En enero ya se registraron jornadas por encima de los 20 grados. Los datos de este territorio proceden de una estación meteorológica ubicada en el aeropuerto de Hondarribia. Otras zonas del interior, menos condicionadas por el mar, suelen registrar datos más extremos.

La población de la comarca del Bidasoa, la de Irún y Hondarribia pero también incluso localidades del norte de Navarra, se rebela contra la supresión de las urgencias de pediatría en su hospital. Las familias que tienen a su hijo enfermo fuera del horario de la atención primaria se ven obligados a acudir al PAC, donde no hay pediatras, o si la dolencia es grave, a desplazarse hasta Donostia, a unos 20 kilómetros de distancia.

“Las familias están quemadas y hay una indignación tremenda, porque nos han quitado lo que teníamos desde que se inauguró el hospital, hace 36 años. No estamos pidiendo nada raro, sólo que se mantenga lo que teníamos hasta ahora. Nos sentimos agraviados en relación con el resto de hospitales comarcales de Gipuzkoa”, dice Manel Ferrán, de la plataforma Osasun Bidasoa, canalizadora de la protesta de la población y que llevó a cabo una multitudinaria manifestación en Irún el pasado fin de semana “por la sanidad infantil”.

Tras la manifestación enviaron una carta al consejero de Salud, Alberto Martínez, detallando sus reivindicaciones y pidiéndole una reunión para explicarle en persona las necesidades de la comarca, a las que se añade ahora que también se ha cerrado la consulta de psiquiatría infantojuvenil. No es la primera carta que mandan al consejero, pero aún están a la espera de la respuesta.

Hace tiempo que la comarca está en pie de guerra por las carencias que considera que tiene desde el punto de vista sanitario y la eliminación de facto del servicio de urgencias de pediatría en el hospital “ha sido la gota que ha colmado el vaso para los vecinos”, porque supone un transtorno muy grande para las familias. Precisamente la plataforma Osasun Bidasoa surgió en el año 2021, cuando “se anunció que se iba a cerrar los quirófanos del hospital Bidasoa y trasladaban al Onkologikoa”. “Entonces se generó un movimiento de profesionales del hospital, principalmente médicos y enfermeras, junto a asociaciones y se consiguió que la entonces consejera Sagardui rectificase”, relata Ferrán. Es lo que espera que pase ahora, que el Departamento de Salud devuelva al hospital las urgencias de pediatría porque “no tenerlas supone que estamos poniendo en peligro a muchos niños”.

El origen del conflicto hay que buscarlo en la falta de pediatras. “Hasta 2012, el Bidasoa tenía un servicio de urgencias con pediatras como el resto de los otros tres hospitales comarcales, que son Zumarraga, Mendaro y Arrasate. A partir de ese año, durante la época de los recortes en la sanidad, se cierran servicios de pediatría y se obliga a los pediatras de atención primaria a que hagan las guardias en el hospital. Entonces, eso generó un movimiento de protesta en los pediatras de toda Gipuzkoa que hace que las plazas de pediatría de primaria del Bidasoa no sean atractivas. Esto provoca que hay mucha gente que se va, y, aunque haya un recambio, es decir, lleguen pediatras jóvenes, enseguida se cansan y piden traslado y desaparecen. Entonces el servicio de pediatría de Atención Primaria está muy precarizado”, lamenta. “La consecuencia es que como no hay pediatras se ha acabado cerrando las urgencias porque no hay pediatras para que hagan las guardias. Todo porque hay una gestión nefasta del personal que genera que haya una fuga de profesionales, una fuga de talento”, señala.

Aunque desde Osakidetza se les prometió que se alargaría el turno de los pediatras de atención primaria hasta las cinco de la tarde, es algo “que no se está cumpliendo”, denuncia. “La mayoría de días no hay pediatra hasta las cinco. Así que la situación que hay ahora es que hay días que no hay pediatra a partir de las tres, otros días a partir de las cinco, y sábados y domingos no hay en todo el día ningún pediatra en la comarca de guardia”. Esto afecta, lo mismo que el cierre de la psiquiatría infantojuvenil, que se deriva a Donostia, a la población de población de Irún, Hondarribia, y también de los habitantes de la zona de las Cinco Villas de Navarra, que se desplazan por cercanía a este hospital para las consultas de especialistas. En total, unos 100.000 personas reciben atención en este hospital. “Una población similar al resto de hospitales comarcales, que sí mantienen el servicio de pediatría”, dicen.

Manel Ferrán cree que hay que ponerse en lo peor. “Si hay un niño, por ejemplo, con un problema de asma o una reacción alérgica grave, o un niño que convulsiona porque es epiléptico y no se consigue controlar todo ese tipo de problemas, el personal del hospital que hay ahora o el médico de familia, las urgencias de atención primaria, no, es pediatra y no tiene experiencia en tratar ese tipo de patologías. Entonces nos dicen que habrá una ambulancia que lo llevara a Donostia... pero sólo hay una ambulancia medicalizada, si hay un infarto o hay un ictus, la ambulancia está ocupada y el profesional que está en la puerta del hospital o en el PAC no tiene habilidad para manejar un problema urgente grave de un niño mientras espera la ambulancia. Son situaciones que no son muy frecuentes, pero si hay una situación grave se está poniendo en riesgo a los niños, y eso es lo que denunciamos”.

Además, desde la plataforma Osasun Bidasoa reclaman que se concreten las inversiones en las infraestructuras de salud que están comprometidas para la comarca.Por ejemplo, el tercer ambulatorio en Irún, y la renovación de uno de los que están ahora en funcionamiento, que es del año 1954 está “en muy mal estado, con barracones en el patio trasero”. “Las inversiones están prometidas, y nos aseguran que a partir de entre junio y julio avanzarán a los proyectos. Seguiremos insistiendo”.

De entrada, a finales del pasado mes se han aprobado mociones en los ayuntamientos de Irún y Hodarribia con el apoyo de todos los grupos y la abstención del PNV, pidiendo que se atiendan las reivindicaciones de la plataforma. En estas mociones se constata que “en los últimos meses la situación no ha hecho más que empeorar. Se mantienen las interminables listas de espera para acudir a una consulta especializada o para realizar una prueba diagnóstica. Servicios que habían funcionado con satisfacción se han quedado sin profesionales y, por tanto, sin atención a la población. Se han cerrado las consultas de psiquiatría infantil y juvenil y de urología por falta de profesionales. En los ambulatorios faltan pediatras y desde principios de abril en algunos centros solo se atienden urgencias”. “Un paso más en el deterioro de la atención sanitaria que Osakidetza presta en el Bidasoa”, denuncian.