El Informe sobre el Estado y Situación del Sistema Educativo no Universitario de Cantabria ha revelado la “buena salud” que vive el área, a pesar de la reducción demográfica y el descenso de alumnado.

Este documento, elaborado por el Consejo Escolar de Cantabria, ha sido presentado este viernes en rueda de prensa por el consejero del ramo, Sergio Silva, acompañado por la presidenta y el vicepresidente del Consejo Escolar, María Ángeles Navarro y Eduardo Caballero, respectivamente.

El titular de Educación ha destacado “la fiabilidad y buena orientación a la excelencia” que dispone la educación regional, con una tasa de abandono temprano del 5,5%.

Además, según el estudio, el 85% de la población de entre 25 y 34 años cuenta con una educación superior a la ESO; un gasto medio por alumno de más de 9.000 euros y una tasa de abandono escolar temprano dell 5,5%, frente al objetivo nacional del 10.

Igualmente, el sistema educativo de la comunidad autónoma presenta “buenos valores medios de equidad en rendimiento PISA en lectura, matemáticas y ciencias; y un alto rendimiento en valores de comprensión lectora”.

Todos estos indicadores sitúan a Cantabria en una posición educativa favorable frente al resto de territorios del país, según se desprende de los datos del estudio 'España 2050. Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional a largo plazo'.

Estas fortalezas se enmarcan en un contexto de descenso demográfico y reducción de alumnado, una constante “que marca el cambio estructural que experimenta el sistema educativo no universitario de Cantabria, y que se convierte en uno de sus principales retos”. Esta tendencia, según Silva, que viene registrada desde la llegada al Ejecutivo del actual equipo de Gobierno (PP) en 2023, continúa consolidándose en las etapas obligatorias, curso tras curso.

El consejero ha reivindicado la importancia del “dato” a la hora de afrontar la toma de decisiones estratégicas en el ámbito educativo, “máxime en un momento como en el que nos encontramos, donde estamos constantemente escuchando opiniones que muchas veces no se corresponden con el dato y, por lo tanto, con la realidad”, ha remarcado.

“No voy a repetir esos datos que tantas veces hemos mencionado de los 1.300 alumnos que se pierden en Infantil y Primaria para el curso entrante 2026-2027 o esos más de 5.000 alumnos que hemos perdido en el último trienio”, ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que este informe “corrobora todo eso”.

En este sentido, la presidenta del Consejo Escolar de Cantabria ha resaltado que, pese a que Cantabria es la región con menor tasa de natalidad, “una tasa bruta del 5,05 frente al 6,66 española”, es superior a la mayoría de las comunidades en indicadores de excelencia educativa, entre los que ha destacado la atención a las necesidades educativas especiales, el fomento de un clima seguro en las aulas o un índice de estrés docente más favorable que la media española.

Según Navarro, estos logros demuestran que, “en un contexto demográfico adverso”, Cantabria ha sabido construir un modelo educativo “robusto, cohesionado y orientado a la mejora continua, capaz de convertir la dificultad en oportunidad y la escasez en excelencia”.

Así, Silva ha insistido en la “buena salud” de la educación regional, pero ha subrayado que “esto no quiere decir que no sea mejorable” y ha apelado a no caer en la “autocomplacencia” ni el “conformismo”.

De igual modo, Silva ha destacado la importancia de algunas propuestas de mejora que recoge este estudio, especialmente en lo relativo a las competencias matemáticas y en lengua castellana, así como el fortalecimiento de la convivencia escolar, la participación de la comunidad educativa y la adaptación a los nuevos desafíos que plantea la transformación digital y la inteligencia artificial o el impulso de la excelencia.

Reducción demográfica de entre el 20% y el 25%

Por su parte, Eduardo Caballero ha destacado que este documento constata que Cantabria cuenta con un sistema educativo “fiable” y bien orientado hacia la excelencia con una estructura “sólida” e indicadores destacados sobre el resto de las comunidades, pero que al mismo tiempo “no cae en la autocomplacencia y apuesta por afrontar los retos que exigen de una intervención justa y responsable”.

Asimismo, ha destacado que, por primera vez, este informe aporta información sobre atención a la diversidad, convivencia, información sobre el alumnado extranjero y un informe técnico sobre la matriculación desde el curso 2022-2023 al 2025-2026.

Otra de las conclusiones que se extraen del documento es que los recursos han crecido y ahora han de mejorar su planificación, ejecución y efecto. Sobre ello, revela que el presupuesto de educación no universitaria de 2024 fue de 640,7 millones de euros y el gasto alcanzó los 669 millones.

El 70,65% del gasto se destinó al capítulo de personal y en el curso 2024-2025 se contabilizaron 8.016 docentes en centros públicos y 2.436 en centros privados, con una media de 8,2 alumnos por profesor en la pública y 11,1 en la privada-concertada.

En lo que respecta al descenso estructural de la población escolar, refleja, que todas las proyecciones demográficas apuntan a una reducción de entre el 20% y el 25% en Infantil, Primaria y Secundaria. Esta tendencia, ha señalado Caballero, no debe conducir únicamente a reducir ratios, abre la posibilidad de reasignar recursos hacia apoyos tempranos, tutorías en grupos pequeños, codocencia, refuerzo escolar, formación docente y atención a los centros y al alumnado de mayores necesidades.

Podemos ha denunciado la “estrategia” de la Consejería de Educación, dirigida por Sergio Silva (PP), de “castigar” a la escuela pública “por su osadía” al reivindicar mejoras salariales y de ratios mientras se “beneficia de forma sistemática” a la patronal de la educación concertada.

A juicio de la formación morada, los planes de la Consejería “no responden a criterios técnicos” sino a una “hoja de ruta ideológica perfectamente definida”.

Y es que, en su opinión, Silva utiliza los cupos de profesorado como una “venganza política” contra las reivindicaciones laborales.

La formación ha lamentado que la Consejería aborde la educación formal “como un negocio y un terreno de confrontación ideológica, en lugar de garantizar un derecho fundamental en igualdad de condiciones” y le ha exigido la “rectificación inmediata” de los cupos de profesorado, el “blindaje” de la escuela rural y el “fin de los privilegios” a la patronal de la concertada a costa del presupuesto de los cántabros.

Podemos ha advertido al Gobierno autonómico del PP que la comunidad educativa “no se va a quedar de brazos cruzados ante el desmantelamiento programado de la red pública ni ante el cierre de unidades escolares, especialmente sangrante en el medio rural”.

“Lo que Silva no termina de entender es que el profesorado, el personal educativo y las familias de Cantabria están firmemente comprometidos con la defensa de una escuela pública de calidad”, han señalado desde el partido morado.

La formación ha hecho especial hincapié en la “hipocresía” del Gobierno regional al “abanderar discursos contra la despoblación en Cantabria mientras, de forma paralela, se desmantelan los colegios de los pueblos”.

“Es una contradicción absoluta querer luchar contra el vaciado de nuestros municipios y, al mismo tiempo, privar de servicios básicos esenciales como la educación a la población que vivimos en el medio rural”, han indicado desde Podemos.

Y es que considera que el cierre de aulas rurales “desmiente el supuesto compromiso del Gobierno del PP contra la despoblación”.

Podemos ha advertido de que “sin escuelas rurales no hay futuro para los pueblos” y que la eliminación de aulas “empuja inevitablemente a las familias a abandonar el entorno rural”.

El PSOE ha alertado de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) “encubierto” en la educación pública a la vista de los “alarmantes” datos facilitados por sindicatos, como UGT, que indican que el próximo curso va a comenzar con 176 docentes y 52 aulas menos.

En un comunicado, la portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha advertido que su partido “no va a aceptar que se disfrace de reorganización lo que en la práctica supone destruir empleo público y deteriorar la educación pública”.

“Lo que estamos viendo es un ERE encubierto en la educación pública: se eliminan plazas, se cierran aulas y, al mismo tiempo, se endurecen las condiciones de acceso a las vacantes para los interinos, expulsando a docentes que llevan años trabajando en nuestros centros”, ha afirmado.

A su juicio, se trata del “mayor golpe a la educación pública en la historia de Cantabria” y, en este sentido, ha indicado que, una vez más, los hechos demuestran, que el Gobierno liderado por María José Sáenz de Buruaga (PP) “a lo único que se ha dedicado estos tres años es a deteriorar las condiciones en las que se presta la enseñanza pública”.

Quiñones ha advertido de que “cada plaza que se elimina tiene como consecuencia más carga de trabajo para el resto del profesorado en cada centro educativo, menos atención individualizada para el alumnado y más precariedad” para quienes sostienen la educación pública, un servicio que, según ha defendido, es el “mayor instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social y territorial”.

Quiñones ha instado al Ejecutivo regional “que dé la cara” y explique a la ciudadanía “las razones por las que están desmantelando la educación pública” y exponga “su modelo educativo sin trampantojos”.

“Si su modelo pasa por recortar la educación pública, como están demostrando, lo mínimo que pueden hacer es decirles a los cántabros cual es su modelo educativo, que pasa por seguir fomentando la educación pública y concertada mientras deteriorar la enseñanza pública”, ha concluido.

La Junta de Personal Docente ha presentado este jueves la campaña “Por la Pública”, una iniciativa que busca canalizar “el malestar creciente de familias, estudiantes y docentes de Cantabria” ante una gestión de la Consejería de Educación marcada por los recortes y la falta de diálogo.

Esta movilización se produce como una respuesta a las demandas ya planteadas por el profesorado de los centros; de hecho, la cifra de apoyos sigue creciendo y ya son 92 los claustros de toda la red educativa pública que han suscrito el documento reivindicativo conjunto.

Uno de los ejes de la denuncia sindical se sitúa en la gestión de los datos de escolarización, donde acusan a la Consejería de ejercer “una absoluta falta de transparencia con el objetivo de manipular la percepción pública y justificar la supresión de unidades”. Según han detallado los portavoces Conchi Sánchez (CCOO), Diegu San Gabriel (STEC) y Rus Trueba (ANPE Cantabria), mientras que en el proceso ordinario de matriculación se publican listas de admitidos y no admitidos en plataformas como EduCantabria, en el proceso extraordinario esta información se oculta sistemáticamente.

Los equipos directivos y las familias se encuentran ante un muro informativo que les impide conocer cuántas solicitudes reales existen para cada centro y dónde se están denegando plazas. Esta opacidad es calificada por la Junta como “inédita”, ya que nunca antes se había negado la matriculación en centros públicos en periodo extraordinario bajo el argumento de suprimir líneas en la propia localidad.

Los sindicatos denuncian que se está enviando a las familias el mensaje de que “no pueden matricularse ahora y deben esperar a septiembre”, lo que genera una incertidumbre deliberada que empuja a los padres a buscar alternativas fuera de la red pública, principalmente en centros privados-concertados.

Emplazamiento urgente al consejero Sergio Silva

Ante lo que consideran una situación límite, la Junta de Personal Docente ha lanzado un mensaje directo al responsable de Educación, Sergio Silva. Los representantes sindicales le han convocado públicamente para el próximo miércoles 29 de julio a las 10:30 horas en la sede de la Consejería. El objetivo de este encuentro es forzar el inicio de unas negociaciones que “llevan estancadas más de un año y medio”, según los docecntes.

El dato esgrimido por los sindicatos es contundente: se cumplen 548 días desde la última reunión mantenida para negociar la extensión de la bajada de ratios, celebrada el 21 de enero de 2025. Durante este tiempo, la administración no ha dado respuesta a las constantes propuestas e invitaciones para retomar el diálogo, a pesar de que la bajada de ratios en todas las etapas educativas fue un compromiso de legislatura del actual Ejecutivo, ha recordado Diegu San Gabriel.

Los portavoces de la Junta han advertido que, si el consejero no acude a la cita o no ofrece soluciones concretas, se procederá a anunciar el calendario de movilizaciones.

Recortes políticos: 94 grupos y 100 docentes menos

La campaña 'Por la Pública' pretende denunciar que los recortes previstos por la Consejería para el próximo curso no responden a causas demográficas naturales, sino a decisiones políticas deliberadas. A falta de conocer la propuesta definitiva de cupos, la administración pretendería suprimir 94 grupos escolares y más de un centenar de plazas de profesorado entre centros de Primaria, ESO y Bachillerato en toda la región.

Para los sindicatos, el argumento de la bajada de la natalidad es una “excusa” que se aplica de forma discriminatoria. Mientras se cierran líneas en la red pública bajo este pretexto, se mantienen intactos los conciertos con la educación privada, incluso en centros que presentan cifras de matriculación con las que se están eliminando unidades en la pública.

Este “doble rasero” está afectando gravemente a localidades como Colindres, Laredo, Barreda y Torrelavega (Sierrapando), donde las AMPAS ya han iniciado recogidas de firmas y movilizaciones para defender sus colegios, han recordado.

La “secundarización” de la Primaria

Otro de los puntos más alarmantes señalados durante la presentación de la campaña ha sido el impacto pedagógico de estos recortes, especialmente en los cursos de primero y segundo de Primaria. Los sindicatos alertan de un fenómeno que denominan la “secundarización” de la Primaria: debido a la falta de personal y a la supresión de puestos, se está privando a los alumnos más pequeños de una figura de tutor de referencia fija, según ha explicado la portavoz de CCOO, Conchi Sánchez.

“En lugar de contar con un docente que lidere el proceso de transición desde Infantil, los niños de apenas seis años se encuentran con aulas por las que pasan hasta siete docentes diferentes”, ha detallado. Especialistas de música, inglés o educación física, junto a otros profesores con “horas sueltas”, asumen funciones tutoriales de forma fragmentada. Esta situación, que ya comenzó a detectarse el curso pasado, se agravará considerablemente si se mantienen los cupos actuales, suponiendo lo que la Junta define como una “absoluta bajada de la calidad educativa” y un perjuicio directo para el alumnado más vulnerable, ha incidido Sánchez.

Burocracia y extraescolares: compromisos incumplidos

La campaña no solo se centra en las ratios y los recortes, sino que exige además el cumplimiento de los acuerdos firmados anteriormente. Los sindicatos denuncian que han pasado dos años desde que se fijó en el cronograma oficial la negociación para la reducción de la burocracia docente, sin que se haya celebrado ni una sola reunión al respecto. Los docentes se ven “sepultados por tareas administrativas” que les restan tiempo para la atención directa al alumnado.

Asimismo, la regulación de las actividades extraescolares sigue siendo una asignatura pendiente. A pesar de haber registrado cerca de 3.000 firmas de docentes en marzo de 2025 reclamando un marco jurídico que aporte seguridad a profesores y alumnos, la Consejería no ha mostrado voluntad de avance tras 16 meses de espera, han lamentado.

Para la Junta, es una cuestión de voluntad política, ya que muchas de estas regulaciones no dependen de partidas presupuestarias, sino de la disposición al diálogo del consejero Silva, a quien han acusado de ser “incapaz de llegar a acuerdos”.

El “doble rasero” de las aulas con pocos alumnos

De otro lado, la Junta de Personal Docente ha cuestionado la supuesta insostenibilidad de las aulas con diez alumnos, denunciando que este argumento varía arbitrariamente según se trate de la red pública o la concertada.

Mientras la Consejería justifica la supresión de unidades en centros públicos alegando falta de demanda, mantiene vigentes conciertos educativos en centros privados con cifras similares -como ocurre en el caso de La Salle en Los Corrales-, lo que evidencia un “doble rasero” en la gestión de recursos, han argumentado.

“Hay muchos factores a la hora de proponer la supresión de unidades de la escuela pública. En un colegio de una localidad rural, alejada de entornos urbanos, ¿hacemos a esas familias trasladarse a un núcleo urbano?”, ha cuestionado Rus Trueba (ANPE). “No se nos olvide que la escuela pública es la garante de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas. Es nuestro deber y nuestra obligación que esa red se mantenga y en las mejores condiciones posibles. No se trata únicamente de hacer matemáticas”, ha añadido.

Hacia una nueva “marea verde”

La Junta de Personal Docente ha concluido con un llamamiento a toda la sociedad cántabra para que se sume a esta nueva “marea verde”. El objetivo es hacer confluir las protestas de las AMPAS, los equipos directivos y los sindicatos en un frente común que exija “aulas con menos alumnos, docentes con mayor dedicación” y una defensa firme de los recursos públicos.

“Es hora de demostrar con hechos la disposición al diálogo que se pregona”, han sentenciado los representantes de STEC, ANPE y CCOO, recordando que el papel del consejero es, ante todo, velar por la enseñanza pública de su comunidad. La cita del próximo miércoles 29 de julio se presenta para ellos como decisiva en un conflicto que amenaza con enturbiar el inicio del próximo curso escolar si no se producen avances reales en las demandas de los 92 centros que ya se han sumado a las reivindicaciones.

Gari Arregui, Ane Loizate e Ivanna Jiménez, alumnado de 4º de Primaria del CPEIP Buztintxuri, han tirado este viernes el primer 'Chupinazo txiki'. “Iruindarrak, pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! Gora San Fermín!”, han gritado desde el segundo balcón del Ayuntamiento de Pamplona, como se hace tradicionalmente el 6 de julio desde el mismo lugar. Los niños han salido acompañados del alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, con quien han apretado el botón (pues la normativa no permite que los menores de edad manipulen pirotecnia) que ha lanzado el cohete.

“Nos ha gustado mucho la iniciativa, ya la vimos en el programa de fiestas y no dudamos en venir a verlo”, afirma una madre, que ha acudido con sus dos hijos que no superan la edad de Infantil, que su incentivo principal no es el cohete, sino “los gigantes y cabezudos”. De hecho, el ruido de la explosión ha hecho escapar algún lloro entre los pequeños. “También es importante que tengan su espacio en las fiestas” y “del chupinazo, que al final el 6 de julio es de adultos”, opina otra madre.

Pocos minutos después del lanzamiento, los gaiteros han puesto ritmo con el clásico “Ánimo pues”, aunque solo se han escuchado cantarla voces adultas. Preguntado por ello, un abuelo, con su nieto a hombros, asegura que ha vivido este chupinazo 'txiki' “como un chaval” y que escuchar estas “canciones tradicionales” es una “forma de crear nuevos sanfermineros”. Según su experiencia, del colegio “ya vienen aprendidos”. “Juegan a correr el encierro en el patio”, afirma.

A este chupinazo también le ha acompañado las peñas, charangas, dantzaris y los gaiteros. Todos ellos versión 'txiki'. Después los pequeños gaiteros se han dirigido hacia la calle Mayor, escoltados por los kilikis y cabezudos. Los 'gigantes' han permanecido bailando en la plaza Consistorial.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Pamplona, ha querido “hacer partícipes a los niños y niñas de uno de los momentos más emblemáticos de las fiestas de San Fermín”. Más allá de la actividad este 10 julio, el chupinazo 'txiki' se trasladó a las aulas los últimos días del curso escolar, en la que a partir de tres sesiones los alumnos elaboraron “ideas para mejorar la ciudad, combinando creatividad, participación y reflexión sobre su entorno”. A partir de las propuestas, que debían ser “presentadas en el registro municipal”, se realizó el sorteo que eligió a la clase ganadora para subir junto al alcalde al segundo balcón y gritar ante los pamploneses: “¡Viva San Fermín! Gora San Fermín!”.

CCOO ha denunciado que la Consejería de Educación planea llevar a cabo el próximo curso 2026-2027 “el mayor recorte de plantilla docente y de unidades de Infantil y Primaria desde 2012”, ante el que planteará a la Junta de Personal Docente la adopción de “medidas contundentes”, defendiendo incluso una huelga. Además, llama a las asociaciones de madres y padres de alumnos a sumarse a un “bloque común de rechazo”.

“Si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad”, ha aseverado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez.

160 docentes y 30 unidades de Educación Infantil y Primaria menos

Y es que el sindicato ha avisado en un comunicado que, a falta de confirmación oficial por parte del departamento que dirige Sergio Silva (PP), el borrador de cupos que ha enviado a la representación sindical confirma lo que la Federación de Enseñanza del sindicato “ya alertaba desde hace semanas”: una pérdida de más de 160 plazas docentes -55 de Educación Infantil, 80 de Primaria y otras 27 de Atención a la Diversidad, Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL)-.

Además, ha indicado que, según la información que han trasladado a la federación los equipos directivos y el profesorado de varios centros escolares de la región, la Consejería pretende también suprimir “más de 30 unidades de Educación Infantil y Primaria”.

“Ya veníamos avisando de nuestras sospechas. Intuíamos que la Consejería estaba preparando un gran recorte en Educación Infantil y Primaria”, ha lamentado Sánchez.

La sindicalista ha puesto como ejemplo el caso del colegio Pedro del Hoyo de Colindres, donde, según ha dicho, Educación tiene la intención de suprimir una de las aulas de 3 años cuando hay 21 alumnos y más pendientes de la matrícula extraordinaria.

“En otros centros no mandan apoyos para cubrir las horas de docencia de dirección y, en muchos casos, cuando el personal interino llegue a los centros por las especialidades de Música, Inglés o Educación Física se va a encontrar con la sorpresa de que su horario va a estar sobrecargado con otras tareas y esto sin contar con los centros que, al suprimir unidades, perderán horas de coordinación de planes y proyectos”, ha avisado.

Para CCOO, este “brutal recorte” de plazas puede provocar que haya personal interino que se vea fuera de la enseñanza a pesar de llevar toda la vida trabajando en Cantabria o que incluso funcionarios de carrera tengan que cambiarse de centro educativo porque su plaza ya no existe. “Es un absoluto desastre”, ha aseverado.

En cuanto a las variaciones de cupo, la federación ha señalado la pérdida de tres docentes en colegios como el Leonardo Torres Quevedo de La Serna de Iguña (Arenas de Iguña); Ramón Laza de Cabezón de la Sal, Juan de Herrera de Maliaño (Camargo), Jesús Cancio de Santander o Buenaventura González de Santa Cruz de Bezana.

Para Sánchez, “las cifras son de una gravedad extraordinaria porque es un recorte brutal de la educación pública y un atentado que afecta directamente al alumnado y a la calidad de la enseñanza”.

En este sentido, ha señalado que se van a unificar aulas y la pérdida de docentes acarreará una sobrecarga para los equipos directivos que tendrán que asumir tutorías.

Llamamiento a las AMPAS

La Federación de Enseñanza ha hecho un llamamiento a las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (AMPAs) y a la federación que las engloba (FAPA) para hacer “un bloque común de rechazo y oposición”.

Ha asegurado que a la Federación le han llegado casos de familias que quieren llevar a sus hijos al mismo centro donde estudian sus hermanos mayores y no se les está permitiendo la escolarización, ocasionando “un gran perjuicio para la organización y la conciliación de las familias”.

“La comunidad educativa tiene que ser consciente de la gravedad de estos recortes. No se trata únicamente de una cuestión laboral de los docentes sino que afecta a todo el alumnado y a la calidad de la enseñanza”, ha dicho.

CCOO ha afirmado que “si la Consejería continúa por este camino, el próximo curso no puede comenzar con normalidad”. “Vamos a plantear a la Junta de Personal Docente la adopción de medidas contundentes. Seguimos defendiendo la convocatoria de una huelga porque esto es intolerable. No lo podemos dejar pasar”, ha concluido Sánchez.

“Las familias de la escuela pública de Toledo han dicho basta de forma unánime”, con esta contundente afirmación, y coincidiendo con el último día del curso escolar, cientos de familias de la ciudad han protagonizado desde las 8:40 horas de la mañana lo que califican de “histórica movilización simultánea” para reclamar la climatización en las aulas de los centros escolares.

Lo que comenzó hace una semana como una protesta impulsada por el AMPA Vega Baja del CEIP Fábrica de Armas, que logró reunión en la primera convocatoria a 13 centros, se ha transformado hoy en un frente común absoluto: el 100% de las 16 AMPA de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de Toledo, junto con el AMPA del Conservatorio Profesional de Música ‘Jacinto Guerrero’, se han unido en una misma reclamación.

Las puertas de los centros educativos de la capital regional se han convertido a primera hora de este miércoles en el escenario de concentraciones pacíficas. El objetivo de esta inédita alianza vecinal y educativa es exigir a las administraciones competentes “un proyecto de climatización real, con plazos, presupuesto y fechas de ejecución, que garantice de forma urgente los derechos y el bienestar de los menores frente a un cambio climático que ofrece veranos cada vez más largos y extremos”.

Aulas a más de 30 grados antes de junio

Familias y profesores de los distintos centros públicos de la ciudad llevan semanas realizando mediciones diarias en el interior de las clases y de los comedores escolares, constatando que el termómetro supera con frecuencia los 30ºC mucho antes de llegar el mes de junio.

Esta situación de “estrés térmico”, señalan, “no solo pone en riesgo la salud de los menores, sino que incumple la normativa vigente del Estatuto de los Trabajadores” que, según recuerdan, fija el límite máximo de temperatura para trabajos de oficina y docencia en los 27ºC.

Asimismo, aducen que la propia Asociación Española de Pediatría alerta de que el calor extremo afecta de forma directa al rendimiento y la salud en la infancia.

Desde la Junta Directiva del AMPA Vega Baja del CEIP Fábrica de Armas califican la situación de “insostenible”. Ponen como ejemplo las graves deficiencias de su propio centro, donde el alumnado sufre temperaturas extremas al principio y final de curso (ya que el comedor está ubicado en un edificio de chapa sin aislamiento), mientras que en los meses de invierno sufren el problema inverso y se ven obligados a comer con el abrigo puesto.

Soluciones “irreales” y bloqueo de las administraciones

La comunidad escolar de Toledo tacha de “parches irreales e ineficaces” las soluciones planteadas por los representantes de las administraciones con responsabilidad en la gestión de los centros educativos.

Las familias recuerdan que abrir las ventanas para generar corriente no funciona en el ambiente seco de Toledo y que, debido al impacto del sol en las fachadas de edificios antiguos y mal aislados o sin voladizos que ofrezcan sombra, se ven obligados a mantener las persianas bajadas, impidiendo el uso de la luz natural.

Tampoco consideran viable concentrar el calendario escolar en los meses más fríos, ya que eso obligaría a los niños a pasar más tiempo en campamentos de verano que se realizan, precisamente, en las mismas instalaciones escolares de la ciudad.

Las AMPA denuncian que las distintas administraciones implicadas “se pasan la pelota” de unos a otros para eludir responsabilidades mientras nadie asume el problema de fondo.

Por ello, advierten que “esta unión histórica de familias no terminará con las vacaciones de verano” y que “si las administraciones no se sientan a trabajar de manera conjunta y presentan un plan real de manera inmediata, las movilizaciones se reanudarán con mayor intensidad al inicio del próximo curso en septiembre”.

Ayer, el consejero de Educación Amador Pastor aseguró que el Gobierno de Castilla-La Mancha está “comprometido” con la climatización de los centros educativos y tras reconocer que ha habido “reproches” por parte de diferentes administraciones respecto a las competencias en esta materia, recordó que las convocatorias de ayudas para la climatización, hasta tres, han tenido una “alta respuesta” por parte de más de 300 ayuntamientos de la región “que no han cuestionado ni las competencias ni las titularidades, simplemente han aprovechado esta disposición de fondos”.

La propia ministra de Educación, la toledana Milagros Tolón, recordó que el Gobierno de España ha puesto fondos para esta finalidad a disposición de las comunidades autónomas.

El alcalde de Toledo Carlos Velázquez se abría ayer a hablar con el Gobierno de Castilla-La Mancha, aunque volvió a poner la pelota de las competencias en el tejado de la Junta de Comunidades.

CCOO pide puntos de agua y zonas de sombra en los patios

Los sindicatos llevan meses reclamando actuar. En los últimos días, CCOO había anunciado su intención de recurrir a la Inspección de Trabajo para que se tomasen cartas en el asunto. De hecho el sindicato se ha sumado hoy a la protesta.

En concreto, junto a las AMPA y profesores, se ha concentrado hoy frente a los CEIP Rosa Park y Gómez Manrique de la capital regional. Este último, junto al CEIP Alfonso VI, son dos de los centros que se van a climatizar, explica CCOO, “pero no se va a realizar de forma suficiente”, porque en el caso del Gómez Manrique solo se van a climatizar algunas aulas.

CCOO pide también que las zonas comunes, como los patios, cuenten con puntos de agua y suficiente sombra. “Ahora mismo la situación es que los patios están desertizados y faltan puntos de agua, según trasladan las AMPA al sindicato”. Además, “los niños y niñas tienen que hacer sus clases de educación física y jugar en condiciones de seguridad”, afirma el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Toledo, Bernardino Mendoza.

En el caso del CEIP Rosa Park, el más antiguo y numeroso en cuanto a alumnado del barrio del Polígono, “no cuenta con zona de sombra alguna en todo el centro escolar ni tampoco en la entrada del mismo donde el paseo principal no tiene ni un solo árbol, una muestra de la desidia y el abandono por parte del Ayuntamiento de Toledo”, denuncian los padres y madres y el secretario general de CCOO en esta provincia, Federico Pérez.

El sindicato también insiste en emplazar a la administración local y regional a adoptar “de forma urgente” las medidas necesarias para garantizar aulas seguras, saludables y climatizadas.

“CCOO está acompañando y apoyando, de verdad, a las AMPAS de Toledo y de Talavera de la Reina para exigir la climatización de los centros educativos”, afirma el sindicato, que recuerda que la situación no es nueva y se viene denunciando “desde hace años”.

La situación que soportan alumnos y profesionales de la enseñanza durante los periodos de altas temperaturas, especialmente en los meses finales del curso escolar, “afectan directamente al bienestar, la salud y el rendimiento de toda la comunidad educativa, convirtiendo esta situación en un problema estructural que requiere soluciones definitivas”, zanja.

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha informado que tras la publicación este viernes de las listas definitivas del proceso de escolarización para el curso 2026-2027 se estima una bajada de aproximadamente mil solicitudes respecto al mismo proceso del año pasado.

Silva ha señalado que esto supone un 15% menos, lo que conllevará la pérdida de unas 50 clases, sobre todo en las zonas rurales, y ha achacado esta circunstancia a la baja demografía.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la mesa sectorial del ámbito, en la que ha pedido coger estas cifras “con cautela” puesto que se trata de una estimación.

Al respecto, ha afirmado que “normalmente” estos números “van mejorando” en función de las escolarizaciones extraordinarias o incorporaciones tardías al sistema educativo.

“En contra de lo que piensa mucha gente, el proceso de escolarización no es cerrado, sino que se mantiene vivo durante todo el año”, ha defendido.

Según ha detallado el consejero, con estos datos -de alumnos de nuevo ingreso o que cambian de centro-, y dentro del escenario “más desfavorable”, del total de 3.000 clases que hay entre las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria, se perderán en torno a 50, un 1,8%.

Y ha destacado que desde su departamento creen “necesario” abordar este tema con las organizaciones sindicales porque “pone de relieve algo de lo que llevamos hablando mucho tiempo, que es ese reto de la pérdida demográfica y, por lo tanto, de la pérdida de alumnos”, ha resumido.

En este sentido, el titular de Educación se ha referido a que la bajada “progresiva” de ratios en las aulas y que su Consejería sea “sensible” a esta realidad ha llevado a que “no se hayan tenido que tomar decisiones importantes en cuanto a la viabilidad de los centros”.

Aunque ha insistido en que si hay en torno a 3.000 nacimientos anuales, es “innegable” que eso “se está trasladando al sistema educativo”.

Al respecto, Silva se ha referido a estudios del Consejo Escolar o de fundaciones como la de Ramón Areces, que hablan que “de aquí al 2035 el sistema educativo de Cantabria puede perder aproximadamente entre un 20 y un 25% del alumnado que tiene en el tramo Infantil-Secundaria”.

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Educación y Empleo en su reunión de este martes la aprobación del gasto de 605.000 euros para la convocatoria de ayudas destinadas a la adquisición de libros de texto para alumnado matriculado en los cursos primero y segundo de Educación Primaria, durante el próximo el curso escolar 2026-2027, en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de La Rioja. 

Además de los alumnos matriculados en primero y segundo de Educación Primaria durante el próximo curso, también podrán beneficiarse de estas ayudas los estudiantes que cursen otro nivel educativo incluido en el programa de gratuidad de libros de texto (de tercero a sexto de Educación Primaria, ESO y el Grado Básico de FP), siempre que no puedan hacer uso de dicho programa por haber establecido el centro escolar, de manera exclusiva, libros de texto en soporte digital que no puedan ser reutilizados en cursos sucesivos. 

En función del tramo de renta per cápita de la unidad familiar del alumno solicitante, existen tres tipos de ayudas:

El plazo para la presentación de solicitudes será del 4 al 18 de junio de 2026, ambos inclusive, para alumnos que tengan asignada una plaza para el curso 2026-2027 en un centro docente de La Rioja. Excepcionalmente se abrirá un periodo extraordinario de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la formalización de la matrícula, para alumnado que se incorpore una vez iniciado el curso y que no tenía plaza asignada en el periodo ordinario de presentación de estas ayudas. 

Durante este curso, un total de 2.686 alumnos riojanos se han beneficiado de estas subvenciones. En concreto, 2.199 ha obtenido ayudas del tipo 1; 465 estudiantes del tipo 2 y 22 escolares del tipo 3. 

ANPE Cantabria ha exigido a la Consejería de Educación que publique cuanto antes el calendario de oposiciones del cuerpo de maestros y actúe “con la transparencia y previsión que merecen miles de aspirantes que llevan meses (e incluso años) preparando este proceso selectivo”.

Tras años reclamando una mayor previsión y una información transparente sobre el proceso selectivo, y después de pedir de manera reiterada que este curso se publicaran con suficiente antelación criterios y rúbricas claros y objetivos, a estas alturas los aspirantes continúan sin disponer de las fechas de celebración de las pruebas, ha lamentado el sindicato en un comunicado.

Para ANPE, resulta “incomprensible que quienes se juegan su futuro profesional y personal continúen afrontando esta situación de incertidumbre”, y ha insistido en que la Administración “tiene la obligación de garantizar unas condiciones mínimamente claras, transparentes y previsibles”.

“La sensación vuelve a ser la de llegar al examen teniendo que interpretar expectativas cambiantes en lugar de poder prepararse con seguridad, objetividad y criterios conocidos de antemano”, ha lamentado.

'Modelo Silva'

Además, ha indicado que la Consejería ha decidido modificar el calendario habitual de oposiciones apostando por el denominado “modelo Silva”, un sistema que, en su opinión, “lejos de mejorar las condiciones de los opositores, añade más incertidumbre a un proceso que debería caracterizarse precisamente por la claridad y la igualdad de oportunidades”.

“Desde ANPE Cantabria reiteramos nuestra exigencia de transparencia, planificación y respeto hacia todas las personas que participan en el proceso. Publicar de inmediato el calendario y los criterios claros de evaluación no es una concesión: es una responsabilidad de la Administración educativa”, ha concluido.

La Consejería de Educación prevé 6.600 solicitudes de plaza para el curso 2026/ 2027 en el proceso ordinario de escolarización que ha abierto este miércoles, una cifra similar a la del año pasado.

El proceso ha comenzado con la apertura del plazo de entrega de solicitudes para Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que se extenderá hasta el 29 de abril. La tramitación se podrá realizar vía presencial en el centro de primera opción, o a través de la plataforma educativa www.cantabria.es/yedra, para quienes ya estén dados de alta.

El proceso ordinario de admisión está dirigido al alumnado que se matricula por primera vez en enseñanzas sostenidas con fondos públicos, los alumnos que voluntariamente deseen cambiar de centro, y los que, habiendo obtenido reserva de plaza en un centro en el proceso previo de adscripción, quieran optar por uno distinto.

La solicitud de plaza tiene carácter gratuito, puede recogerse en cualquier centro educativo sostenido con fondos públicos y debe ser entregada, exclusivamente, en el centro educativo elegido como primera opción, explica el Gobierno de Cantabria en un comunicado. Todos los centros están obligados a tramitar las solicitudes, aunque no tengan vacantes, siempre que se presenten dentro del plazo señalado.

Por cada alumno se podrá presentar una única solicitud de admisión y se pueden pedir varios centros, ya que la solicitud permite ordenar por preferencia hasta un máximo de 6 centros, aumentando con ello las posibilidades de obtener un puesto escolar de interés para la familia.

Si el alumno es menor de edad, el solicitante deberá aportar la documentación acreditativa de la filiación, custodia o guardia legal.

En caso de existir menos plazas que solicitudes para un centro, los criterios de baremación son que haya hermanos ya matriculados, la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de uno de los padres o tutores legales y una renta per cápita de la unidad familiar inferior o igual a 2.750 euros y superior a 2.750 euros e inferior o igual a 4.500 euros.

El sorteo para dilucidar los casos de empate se realizará el 12 de mayo.

La publicación de las listas provisionales del proceso ordinario de escolarización se efectuará en el tablón de anuncios del centro solicitado y en el apartado de escolarización del portal www.educantabria el 21 de mayo y las definitivas saldrán el 5 de junio, tras el plazo de reclamaciones.

El plazo de matrícula para el próximo curso en Infantil y Primaria será del 10 al 19 de junio, y en ESO y Bachillerato se podrá realizar entre los días 29 de junio y 10 de julio.

Para la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo el procedimiento se rige por los mismos trámites, aunque los plazos se amplían hasta el 8 de mayo para la presentación de solicitudes, en la sede de la Consejería.

Novedades respecto al curso anterior

Como novedad, en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato se adelantan un poco las fechas este curso con respecto al año pasado para facilitar las adjudicaciones y la matrícula antes del periodo estival, lo que facilita realizar la planificación del curso.

Además, los Deportistas de Alto Nivel y los Deportistas de Alta Rendimiento que opten por Bachillerato dispondrán de prioridad en la adjudicación de plazas en institutos seleccionados para este tipo de reservas de plaza.

También, según el Gobierno, se abre un capítulo propio para la Educación Especial en la que la Comisión de Escolarización específica analiza caso por caso antes de efectuar las adjudicaciones, “conscientes de las necesidades y recursos que este colectivo requiere”.

La Consejería de Educación insiste “en trasladar certidumbre y seguridad a las familias, ya que se cuenta con los recursos y plazas necesarias para escolarizar a todos los demandantes de plaza”, destaca.

Calendario escolar

La Consejería de Educación publicó esta martes en el Boletín Oficial de Cantabria el calendario escolar del próximo curso, tras ser respaldado por el Consejo Escolar.

Los centros docentes comenzarán sus actividades el 1 de septiembre de 2026 y finalizarán el 30 de junio de 2027

En las etapas de educación infantil y educación primaria, y en los centros de educación especial, las actividades lectivas se desarrollarán desde el 8 de septiembre de 2026 hasta el 23 de junio de 2027, ambos inclusive.

En educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional las actividades lectivas se desarrollarán desde el 9 de septiembre de 2026 hasta el 24 de junio de 2027, ambos inclusive.

En las enseñanzas elementales y profesionales de música y de danza, las actividades lectivas se desarrollarán desde el 16 de septiembre de 2026 hasta el 31 de mayo de 2027, ambos inclusive.

Los periodos no lectivos serán del 2 al 6 de noviembre de 2026, del 24 de diciembre al 8 de enero de 2027, del 10 al 12 de febrero, del 22 al 24 de marzo y el 3 y 4 de mayo.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha anul·lat parcialment el currículum d'Educació Primària aprovat per l'anterior Govern d'esquerres. Tot i que aquell text ha estat substituït per noves normatives, la sentència fixa un límit clar al marge autonòmic: l'assignatura de religió ha de mantenir-se com a matèria integrada en el currículum conforme a la normativa estatal.

La resolució, que estima parcialment el recurs presentat per Escoles Catòliques i els bisbats de Mallorca, Menorca i Eivissa, invalida l'article 8 del decret curricular -que no incloïa la religió entre la relació de matèries a cursar en l'etapa de Primària, quedant aquella regulada en una disposició addicional- i força l'Administració a revisar com es configura l'assignatura als centres educatius. La resolució exigeix que el seu encaix normatiu respecti les condicions fixades per la legislació bàsica, cosa que pot tenir efectes en la seva organització dins de l'horari escolar o en el seu tractament com a assignatura.

Amb tot, Escoles Catòliques ha anunciat noves impugnacions contra els textos educatius impulsats per l'actual Executiu del PP, en considerar que les modificacions introduïdes continuen sense ajustar-se plenament a la legislació vigent, tal com assenyala en un comunicat.

La Llei Orgànica d'Educació (LOE) estableix que l'assignatura de religió ha d'oferir-se obligatòriament als centres i ser d'elecció voluntària per a l'alumnat, en desenvolupament del dret dels pares a que els seus fills rebin formació religiosa conforme a les seves conviccions. Aquest marc es recolza, en el cas de la religió catòlica, en l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu de 1979, i s'estén a altres confessions -com la islàmica, la jueva o l'evangèlica- a través d'altres acords. En tots els casos, l'Administració educativa està obligada a facilitar la seva ensenyança quan existeixi demanda suficient, cosa que reforça el caràcter garantit -encara que no obligatori- d'aquestes matèries dins del sistema educatiu.

Un precedent recent en Secundària

A les Balears, la resolució del TSJIB no és un fet aïllat. Arriba després que la mateixa Sala ja qüestionés el currículum de Secundària balear per motius similars. En aquella sentència, dictada l'abril de 2025, la màxima instància judicial de les illes concloïa que l'assignatura havia quedat fora del currículum real: encara que el text la mencionava en una disposició addicional, no l'incloïa entre les matèries que l'alumnat podia cursar.

Per als magistrats, no es tracta d'un detall tècnic, sinó d'una vulneració del marc legal. La Llei Orgànica d'Educació (LOE), en la seva redacció vigent després de la LOMLOE, estableix que la religió s'ha d'incloure com a àrea o matèria, ser d'oferta obligatòria per als centres i de caràcter voluntari per a l'alumnat. Aquesta previsió es remet, a més, a l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu de 1979, que exigeix que l'assignatura s'imparteixi en condicions equiparables a la resta de disciplines fonamentals.

La doctrina del Suprem i el Constitucional

La sentència del TSJIB es fonamenta en diverses resolucions del Tribunal Suprem en les quals avala el model educatiu derivat de la LOMLOE, establint que la matèria de religió s'ha d'oferir obligatòriament com a matèria, encara que la seva elecció sigui voluntària i sense necessitat d'una alternativa avaluable. En la mateixa línia, el Tribunal Constitucional, en la seva sentència 34/2023, va confirmar la constitucionalitat del sistema actual i va subratllar que el marc legal garanteix tant el dret de les famílies a la formació religiosa com el caràcter no obligatori de la matèria. Aquesta jurisprudència fixa un equilibri clar: permet a les administracions educatives modular el tractament de la religió, però no fins al punt d'eliminar-la o buidar-la de la seva condició de matèria dins del currículum.

Segons el TSJIB, el decret balear incomplia aquests requisits en no integrar-la com a matèria pròpiament dita, sinó relegar-la a una regulació secundària que no garanteix el seu estatus acadèmic. Encara que la sentència se centra en un punt concret del decret, el conflicte és de fons. Les entitats religioses sostenen que l'Administració ha intentat reduir el pes de la matèria en el sistema educatiu, mentre que el Govern defensava que el decret no excloïa en cap cas l'ensenyament de la religió del sistema educatiu. No en va, la matèria sí que estava contemplada en la norma a través de la seva inclusió en una disposició addicional -la quarta-, en la qual es regulava la seva oferta i es preveia, a més, una activitat alternativa per a l'alumnat que no optés per cursar-la.

En aquesta línia, l'Administració autonòmica al·legava que la regulació impugnada no només respectava la legislació estatal, sinó que pràcticament la reproduïa. En concret, defensava que el decret s'ajustava tant a la LOE com al Reial Decret 217/2022, que fixa els ensenyaments mínims de l'ESO, incloent el model d'oferta obligatòria de la matèria i l'organització d'una atenció educativa alternativa. L'Executiu també argumentava que el disseny del currículum garantia el compliment de la doctrina del Tribunal Suprem, en establir que l'alumnat havia de cursar obligatòriament una de les dues opcions: Religió o atenció educativa. D'aquesta manera, segons el Govern, s'evitava qualsevol situació de discriminació i s'assegurava l'equilibri entre els qui elegien la matèria i els qui no.

El Govern defensa el seu model

A més, l'Executiu autonòmic defensava que el model adoptat respectava els principis d'igualtat i seguretat jurídica, en alinear-se amb resolucions prèvies i amb la normativa bàsica estatal. En aquest sentit, va invocar la necessitat de mantenir una interpretació coherent amb altres pronunciaments judicials i amb el marc educatiu vigent, insistint que el decret no buidava de contingut l'assignatura, sinó que la integrava conforme als criteris establerts per la legislació.

El TSJIB rebutja de forma clara la tesi del Govern i considera insuficient que la Religió aparegui únicament en una disposició addicional. Per als magistrats, aquesta forma de regulació no garanteix que l'assignatura tingui l'estatus de matèria dins del currículum, tal com exigeix la legislació estatal. La sentència subratlla que no n'hi ha prou amb reconèixer formalment la seva existència: ha de figurar de manera expressa entre les assignatures que l'alumnat pot cursar.

Lluny de ser un cas aïllat, el conflicte a Balears s'inscriu en una onada de litigis en diferents comunitats autònomes sobre l'encaix de l'assignatura de religió en el sistema educatiu després de la LOMLOE. En territoris com Catalunya, Cantàbria o Astúries, els tribunals han avalat models que redueixen el seu pes acadèmic -per exemple, evitant que computi en determinats processos o establint alternatives no avaluables-, en considerar que no vulneren la normativa estatal sempre que la matèria continuí existint com a tal dins del currículum.

La diferència en el cas balear, segons el TSJIB, és qualitativa: no es tracta només d'una reducció de la seva rellevància, sinó d'una configuració que la deixa sense encaix real com a assignatura. En no figurar en el llistat de matèries que l'alumnat pot cursar, la religió queda, en la pràctica, fora del sistema d'assignatures, cosa que -a parer del tribunal- sobrepassa el marge autonòmic i vulnera l'obligació legal d'incloure-la com a àrea en condicions equiparables a la resta.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha anulado parcialmente el currículo de Educación Primaria aprobado por el anterior Govern de izquierdas. Aunque aquel texto ha sido sustituido por nuevas normativas, la sentencia fija un límite claro al margen autonómico: la asignatura de religión debe mantenerse como materia integrada en el currículo conforme a la normativa estatal.

El fallo, que estima parcialmente el recurso presentado por Escuela Católica y los obispados de Mallorca, Menorca y Eivissa, invalida el artículo 8 del decreto curricular -que no incluía la religión entre la relación de materias a cursar en la etapa de Primaria, quedando aquella regulada en una disposición adicional- y fuerza a la Administración a revisar cómo se configura la asignatura en los centros educativos. La resolución exige que su encaje normativo respete las condiciones fijadas por la legislación básica, lo que puede tener efectos en su organización dentro del horario escolar o en su tratamiento como asignatura.

Con todo, Escuela Católica ha anunciado que nuevas impugnaciones contra los textos educativos impulsados por el actual Ejecutivo del PP, al considerar que las modificaciones introducidas continúan sin ajustarse plenamente a la legislación vigente, tal como señala en un comunicado.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) establece que la asignatura de religión debe ofertarse obligatoriamente en los centros y ser de elección voluntaria para el alumnado, en desarrollo del derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa conforme a sus convicciones. Este marco se apoya, en el caso de la religión católica, en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, y se extiende a otras confesiones -como la islámica, la judía o la evangélica- a través de otros acuerdos. En todos los casos, la Administración educativa está obligada a facilitar su enseñanza cuando exista demanda suficiente, lo que refuerza el carácter garantizado -aunque no obligatorio- de estas materias dentro del sistema educativo.

Un precedente reciente en Secundaria

En Balears, la resolución del TSJIB no es un hecho aislado. Llega después de que la misma Sala ya cuestionara el currículo de Secundaria balear por motivos similares. En aquella sentencia, dictada en abril de 2025, la máxima instancia judicial de las islas concluía que la asignatura había quedado fuera del currículo real: aunque el texto la mencionaba en una disposición adicional, no la incluía entre las materias que el alumnado podía cursar.

Para los magistrados, no se trata de un detalle técnico, sino de una vulneración del marco legal. La Ley Orgánica de Educación (LOE), en su redacción vigente tras la LOMLOE, establece que la religión debe incluirse como área o materia, ser de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para el alumnado. Esta previsión se remite, además, al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, que exige que la asignatura se imparta en condiciones equiparables al resto de disciplinas fundamentales.

La doctrina del Supremo y el Constitucional

La sentencia del TSJIB se apoya en varias resoluciones del Tribunal Supremo en las que avala el modelo educativo derivado de la LOMLOE, estableciendo que la asignatura de religión debe ofertarse obligatoriamente como materia, aunque su elección sea voluntaria y sin necesidad de una alternativa evaluable. En la misma línea, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 34/2023, confirmó la constitucionalidad del sistema actual y subrayó que el marco legal garantiza tanto el derecho de las familias a la formación religiosa como el carácter no obligatorio de la asignatura. Esta jurisprudencia fija un equilibrio claro: permite a las administraciones educativas modular el tratamiento de la religión, pero no hasta el punto de eliminarla o vaciarla de su condición de materia dentro del currículo.

Según el TSJIB, el decreto balear incumplía estos requisitos al no integrarla como materia propiamente dicha, sino relegarla a una regulación secundaria que no garantiza su estatus académico. Aunque la sentencia se centra en un punto concreto del decreto, el conflicto es de fondo. Las entidades religiosas sostienen que la Administración ha tratado de reducir el peso de la asignatura en el sistema educativo, mientras que el Govern defendía que el decreto no excluía en ningún caso la enseñanza de la religión del sistema educativo. No en vano, la asignatura sí estaba contemplada en la norma a través de su inclusión en una disposición adicional -la cuarta-, en la que se regulaba su oferta y se preveía, además, una actividad alternativa para el alumnado que no optara por cursarla.

En esa línea, la Administración autonómica alegaba que la regulación impugnada no solo respetaba la legislación estatal, sino que prácticamente la reproducía. En concreto, defendía que el decreto se ajustaba tanto a la LOE como al Real Decreto 217/2022, que fija las enseñanzas mínimas de la ESO, incluyendo el modelo de oferta obligatoria de la asignatura y la organización de una atención educativa alternativa. El Ejecutivo también argumentaba que el diseño del currículo garantizaba el cumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo, al establecer que el alumnado debía cursar obligatoriamente una de las dos opciones: Religión o atención educativa. De este modo, según el Govern, se evitaba cualquier situación de discriminación y se aseguraba el equilibrio entre quienes elegían la asignatura y quienes no.

El Govern defiende su modelo

Además, el Ejecutivo autonómico defendía que el modelo adoptado respetaba los principios de igualdad y seguridad jurídica, al alinearse con resoluciones previas y con la normativa básica estatal. En este sentido, invocó la necesidad de mantener una interpretación coherente con otros pronunciamientos judiciales y con el marco educativo vigente, insistiendo en que el decreto no vaciaba de contenido la asignatura, sino que la integraba conforme a los criterios establecidos por la legislación.

El TSJIB rechaza de forma clara la tesis del Govern y considera insuficiente que la Religión aparezca únicamente en una disposición adicional. Para los magistrados, esa forma de regulación no garantiza que la asignatura tenga el estatus de materia dentro del currículo, tal y como exige la legislación estatal. La sentencia subraya que no basta con reconocer formalmente su existencia: debe figurar de manera expresa entre las asignaturas que el alumnado puede cursar.

Lejos de ser un caso aislado, el conflicto en Balears se inscribe en una oleada de litigios en distintas comunidades autónomas sobre el encaje de la asignatura de religión en el sistema educativo tras la LOMLOE. En territorios como Catalunya, Cantabria o Asturias, los tribunales han avalado modelos que reducen su peso académico -por ejemplo, evitando que compute en determinados procesos o estableciendo alternativas no evaluables-, al considerar que no vulneran la normativa estatal siempre que la materia siga existiendo como tal dentro del currículo.

La diferencia en el caso balear, según el TSJIB, es cualitativa: no se trata solo de una reducción de su relevancia, sino de una configuración que la deja sin encaje real como asignatura. Al no figurar en el listado de materias que el alumnado puede cursar, la religión queda, en la práctica, fuera del sistema de asignaturas, lo que -a juicio del tribunal- desborda el margen autonómico y vulnera la obligación legal de incluirla como área en condiciones equiparables al resto.

CCOO ha entregado este miércoles en la Delegación Provincial de Educación un total de 156 firmas de familias del Colegio de Infantil y Primaria 'Martínez Parras' de Hellín, solicitando que se dote al centro de personal especializado para poder atender las necesidades especiales de la mayoría del alumnado, a nivel lingüístico y cultural.

Ante la situación “crítica” a la que se enfrenta el personal docente del colegio debido al “elevado porcentaje de alumnos y alumnas que desconoce el idioma español”, la Federación de Enseñanza de CCOO ha registrado una solicitud a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, respaldada por 156 firmas de la comunidad educativa de dicho centro, según ha informado el sindicato.

Esta campaña de recogida de firmas, que ha tenido una “excelente respuesta” entre las familias, ha sido promovida por CCOO después de haber denunciado la situación en varias ocasiones “sin que la Administración haya resuelto el problema”.

Clases con “un 85% de alumnos” que no conoce la lengua española

El secretario general de CCOO, Paco Gómez, ha explicado que los maestros y maestras de este centro cada día se enfrentan a unas clases “en las que más del 85% del alumnado desconoce la lengua española”, lo que “no solo dificulta el aprendizaje sino también la comunicación con las familias”.

En este sentido, Paco Gómez ha advertido de la repercusión que esto tiene en la salud laboral de los maestros y maestras y los riesgos psicosociales asociados a “la sobrecarga de trabajo, el esfuerzo y también la frustración que sufren a diario”.

“Esto a su vez está afectando a la calidad de la enseñanza, porque el desconocimiento de la lengua afecta al rendimiento académico y a la integración lingüística y cultural de los alumnos y alumnas”, ha manifestado.

Paco Gómez ha dicho que CCOO va a estar al lado de los maestros y las maestras, y también de las familias, reivindicando “una educación de calidad para todos y todas”.

Ahondando en el origen de la situación que se ha generado en el colegio 'Martínez Parras', la secretaria general de la Federación de Enseñanza en Albacete, Rosana Clemente, ha señalado que lo que se pide es una mayor dotación presupuestaria para poder cumplir el Decreto 85/2018 que establece una serie de medidas para dar respuesta a la aparición de nuevas necesidades y poder atender la diversidad cada vez más presente en las aulas.

Rosana Clemente ha indicado que “el decreto está muy bien sobre papel, pero si no hay presupuesto para implementar las medidas, en la práctica nos encontramos con que el personal docente no dispone de personal de apoyo y eso se traduce en estrés laboral”. “Y por otro lado, tampoco se están derribando las barreras que impiden la inclusión educativa de colectivos vulnerables”, ha añadido.

Carencias similares en Caudete

La responsable de Enseñanza ha precisado que estas carencias no son exclusivas del colegio 'Martínez Parras', sino que se dan en otros centros como por ejemplo el CEIP 'Alcázar y Serrano' de Caudete.

Por lo tanto, CCOO exige a la Consejería el aumento de la dotación presupuestaria para poder contar con más recursos humanos y que se tenga en cuenta las peculiaridades de cada centro, ya que, de no hacerlo, “la visión integradora e inclusiva que inspiró el decreto queda en papel mojado y en una mera declaración de intenciones”.

Los casos de acoso escolar en Cantabria durante el pasado curso 2024-2025 se duplicaron respecto al periodo anterior, con 31 confirmados, de los 16 registrados en 2023-2024.

El protocolo de actuación se activó en 142 ocasiones, principalmente en el ámbito de la enseñanza Primaria y Secundaria (86,6%), frente a las 117 del curso anterior. De los 31 casos —19 afectaron a alumnas y 12 a alumnos—, 28 corresponden a violencia entre iguales y los restantes a situaciones relacionadas con diversidad funcional, xenofobia y homofobia.

Además, repuntaron levemente los procedimientos sancionadores, situándose en 186, lo que supone el 0,19% del alumnado matriculado, frente al 0,16% del curso anterior. La mayoría de los casos corresponden a alumnos (150) y se concentran en Secundaria (92,1%).

Mientras, las conductas más frecuentes fueron agresiones físicas, acoso, amenazas o coacciones (85 incidencias), reiteración de conductas contrarias a la convivencia (52) e injurias u ofensas contra miembros de la comunidad educativa (47).

Todos fueron seguidos por parte del Servicio de Inspección y la Unidad Técnica de Equidad Educativa y Convivencia de la Consejería de Educación a través de medidas como prácticas restaurativas, orientación individualizada, revisión del Plan de Acción Tutorial y programas de desarrollo socioemocionales.

Así se desprende del informe anual en materia de convivencia escolar correspondiente al curso 2024-2025, que ha presentado este miércoles en rueda de prensa el consejero del área, Sergio Silva.

El titular de Educación ha hecho hincapié en que este informe incorpora por primera vez un análisis “más amplio” que combina datos cuantitativos con la percepción subjetiva de los principales agentes de la comunidad educativa, es decir, alumnado, familias y profesorado.

Y ha puesto en valor que estos tres sectores perciben como “bueno” el clima de convivencia en los más de 300 centros educativos de Cantabria aunque se observa un descenso en la valoración general de los alumnos (de 3,24 a 3,14 sobre 4) y de las familias (de 3,26 a 2,97 sobre 4), si bien se mantiene una percepción positiva del clima laboral entre los docentes (3,90 sobre 5).

En cuanto a esta bajada en la percepción, el consejero ha destacado que el curso anterior fue “un poco especial” con un caso de acoso de “alto impacto mediático” como el sufrido por un alumno con discapacidad motora en el IES Leonardo Torres Quevedo. A ello ha unido el conflicto que mantienen su departamento y la Junta de Personal Docente, con las convocatorias de huelgas y manifestaciones.

En cuanto a la violencia laboral externa en el puesto de trabajo --que incluye tanto a personal docente como no docente--, la Consejería registró 11 notificaciones correspondientes a 8 mujeres y 3 hombres, lo que supone un descenso del 21,4% respecto al curso anterior, con 14 notificaciones.

Además, Cantabria registra los niveles más bajos del país en ruido y desorden en el aula, un 23%; así como en tiempo perdido de interrupciones, y en menor retraso del alumnado al comenzar la clase, un 15% en Secundaria y 9% en Primaria frente al 24% y 20% nacionales.

Finalmente, Silva ha destacado las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería o en colaboración con otras entidades orientadas a la mejora de la convivencia y del clima escolar como los programas 'Visita', que promueve el intercambio de buenas prácticas entre centros; 'Valientes', que analiza la convivencia y previene conflictos, y 'Prevención del bullying a través del Deporte' de la Fundación Real Racing Club.

Al respecto, por primera vez en 2024-2025 se desarrolló el Programa de Prevención de la Conducta Suicida (ZIUR) para promover el desarrollo de habilidades socioemocionales que prevengan la conducta suicida en el alumnado, y que ya se desarrolla en 22 centros.

Ha dicho que todas estas líneas se complementarán con la Ley de autoridad docente y un nuevo decreto de convivencia.

“No hay que confiarse”

El titular de Educación ha señalado que no se puede determinar “con certeza” si el aumento de los procedimientos disciplinarios y de acoso responde a un mejor diagnóstico, detección o incremento.

Al respecto, ha asegurado que es “pronto” para definir una tendencia porque “hay que esperar a una serie histórica en tres o más cursos”, ha apuntado.

Además, Silva ha asegurado que la lectura de estos datos constata el “buen clima” de convivencia escolar de Cantabria, ya que, en “el peor de los casos”, el de acoso, el porcentaje de afección es del 0,05% sobre un total de 77.000 alumnos y en el caso de procedimientos disciplinarios la cifra se sitúa en torno al 0,2%.

Sin embargo, ha advertido que “no hay que confiarse” puesto que “en cualquier momento puede haber casos graves”, y ha destacado que la Consejería hace “cada vez más esfuerzos por trabajar los problemas de convivencia con un enfoque más preventivo que reactivo”, por lo que ha pedido poner el acento en la prevención.

Plan nacional

Por otra parte, el consejero ha anunciado que Cantabria, junto a otras comunidades autónomas, solicitarán a la ministra de Educación, Pilar Alegría (PSOE), la activación de un plan nacional de detección, prevención y lucha contra el acoso escolar.

Según ha explicado, será en la próxima conferencia sectorial que se celebre --la cual se ha pedido por escrito hace dos semanas--, con el fin de que sirva de base para una futura ley nacional contra el acoso escolar.

Silva ha detallado que esta medida se fundamenta en buscar concienciar sobre este problema que afecta a miles de personas en un momento de desarrollo “especial” como es la infancia y la adolescencia, y con el fin de contribuir de forma “decisiva” a “romper con el entorno silente” que trae aparejado el acoso escolar.

También ha puesto el foco en el cambio de paradigma que experimentan niños y adolescentes con la irrupción de las redes sociales, que lleva este problema “más allá del centro escolar y del periodo lectivo”.

Por último, ha señalado que está trabajando con consejeros de otras comunidades para “intentar ganar el mayor número de voluntades y apoyos posibles para que realmente el Ministerio de Educación ejerza lo que sería algo natural, pero que no hace: que tome el liderazgo como Gobierno de la nación que es para un asunto común que nos afecta a todos”, ha afirmado.

El Gobierno de La Rioja promueve la igualdad y corresponsabilidad en las aulas con el laboratorio teatral ‘Ponte las gafas moradas y verás’. La subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, ha visitado este lunes, día 24, el CEIP Escultor Vicente Ochoa de Logroño con motivo del desarrollo del laboratorio teatral ‘Ponte las gafas moradas y verás’, una actividad dirigida al alumnado de 5º y 6º de Primaria para sensibilizar sobre la igualdad de género y promover la corresponsabilidad desde edades tempranas.

La iniciativa forma parte del programa de actividades organizado por el Gobierno de La Rioja con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N). La subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, ha destacado “la importancia de acercar la igualdad a las aulas desde herramientas participativas y adaptadas a los niños y niñas”. “La prevención empieza en la educación. Cuando el alumnado comprende desde pequeño qué son los roles de género y cómo afectan a nuestras decisiones y oportunidades, estamos construyendo una sociedad más justa y libre de violencias”, ha señalado Marañón. Asimismo, ha puesto en valor el papel del Centro de Documentación de la Mujer, responsable de esta iniciativa, y la implicación de los centros escolares de La Rioja.

“Esta actividad demuestra que las escuelas son un espacio clave para sembrar valores de respeto, corresponsabilidad y convivencia. La mejor forma de erradicar la violencia de género es trabajar cada día para que nuestras niñas y niños crezcan sin desigualdades normalizadas”, ha dicho.

Con este laboratorio teatral, el Gobierno de La Rioja continúa reforzando su programación por el 25N, centrada este año en la trata de mujeres y niñas bajo el lema ‘No es elección, es explotación’. “Nuestro compromiso es seguir impulsando iniciativas que generen conciencia social y actúen desde la prevención. La igualdad no se enseña en un día, es un trabajo constante que debemos hacer como sociedad”, ha concluido Marañón.

El CEIP Escultor Vicente Ochoa es el cuarto y último centro educativo participante en esta edición, tras las sesiones realizadas los días 3, 10 y 17 de noviembre en los CEIP Caballero de la Rosa, General Espartero y Gonzalo de Berceo (Villamediana), respectivamente. En esta ocasión, las actividades se han desarrollado en horario de mañana, con sesiones entre las 9:00 y las 10:30 y de 12:30 a 14:00 horas. 

Este taller utiliza dinámicas de juego, expresión corporal y pequeñas representaciones teatrales para trabajar conceptos clave como los roles de género, la carga mental y la distribución equitativa de las tareas domésticas, favoreciendo la reflexión crítica del alumnado sobre el reparto de responsabilidades en el hogar y su impacto en la vida familiar. Entre las actividades se incluyen juegos de distensión y concentración, dinámicas de roles, creación de ‘grupos familiares’, teatralización de escenas cotidianas y una puesta en común final para compartir conclusiones.

Acciones de sensibilización con motivo del 25N

La subdirectora general de Igualdad, Begoña Marañón, ha recordado las principales actividades previstas para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que combinan sensibilización educativa, cultura e institucional.

En el ámbito educativo, también se han distribuido entre los 84 centros riojanos de Educación Primaria —así como entre entidades que trabajan con infancia y juventud en riesgo de exclusión— materiales didácticos para trabajar el 25N en el aula mediante gafas moradas y lazos violeta para colorear, promoviendo desde los primeros cursos la reflexión sobre igualdad, estereotipos y buen trato.

Este martes tendrá lugar el acto central del 25N en el Parlamento de La Rioja a las 17:00 horas, conducido por la periodista Lourdes Díez. Participarán Rocío Mora, directora ejecutiva de APRAMP, y Paula (nombre ficticio), superviviente de trata y mediadora social, que compartirán su experiencia y el proceso de recuperación de las víctimas acompañadas por la entidad. El acto contará también con la intervención musical del Coro de la Escuela Píccolo y Saxo y la entrega simbólica de lazos solidarios elaborados por Aspace e Igual a Ti.

APRAMP, organización en defensa de las víctimas de trata y explotación sexual, es también la responsable de la exposición ‘Puntadas de dignidad’, que podrá visitarse del 24 de noviembre al 20 de diciembre en la sede del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) y se inaugurará oficialmente el día 26 de noviembre. La muestra reúne trajes confeccionados por mujeres supervivientes de trata con testimonios que relatan su proceso de recuperación y reconstrucción vital.

La programación incluye, además, la proyección del documental ‘Semillas del renacer’ en la ESDIR el 26 de noviembre; el fallo del concurso fotográfico ‘Retratos por el buen trato’; y las exposiciones itinerantes sobre sensibilización contra la violencia de género en municipios como Logroño, Rodezno, Grávalos, Fuenmayor, Santo Domingo de la Calzada, Briñas o Cuzcurrita.

Recursos públicos de atención y apoyo en La Rioja

Servicio de Atención a Víctimas de Violencia Sexual de La Rioja (SAVAS)

Información, asistencia jurídica, social y psicológica.

C/ Labradores, 48 – Bajo, Logroño

941 29 48 70, 699 14 96 42 (WhatsApp)

savas@larioja.org 

Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD)

Logroño – Marqués de Murrieta, 45-47 (Palacio de Justicia)

941 296 365 · oficina.victima@larioja.org 

Calahorra – Avenida Numancia, 26

941 294 345

Haro – Edificio Cid Paternina

941 294 346

Centro Asesor de la Mujer

Gran Vía, 7 – 5º, Logroño

941 294 550

centroasesormujer@larioja.org 

Red Vecinal contra la Violencia de Género e Intrafamiliar

941 244 902 / 636 759 083

La mesa sectorial de Educación, que se ha reunido este lunes, ha aprobado una oferta de 305 plazas distribuidas en diferentes especialidades de docentes del cuerpo de maestros de Aragón que se publicarán mediante convocatoria, y cuyos exámenes se celebrarán en verano de 2026. Las pruebas se convocarán de las especialidades de Educación Infantil, Primaria, Educación Física, Pedagogía Terapéutica, Audición y lenguaje, Música y las lenguas extranjeras de Inglés y Francés.

Este proceso selectivo únicamente incorpora plazas de reposición, que corresponden a la oferta de empleo del año 2024. Como en anteriores convocatorias, los procesos de reposición son ordinarios y la estructura de las pruebas será la habitual, constando de una fase escrita y una exposición oral con la programación y la unidad didáctica.

La oferta presentada inicialmente a las organizaciones sindicales abarcaba un total de 225 plazas, si bien finalmente, tras el proceso de negociación, se ofertarán 305 plazas de las diferentes especialidades del cuerpo de maestros. Ha salido adelante sin acuerdo con las organizaciones sindicales.

Así, se convocarán 70 plazas de Educación Infantil; 30 de Primaria; 50 de Educación Física; 15 de Música; 45 de Pedagogía Terapéutica; 20 de Audición y Lenguaje; 70 de Inglés y cinco de Francés.

Las sedes y las fechas de las pruebas están aún por decidir, a lo largo del mes de noviembre se constituirá la comisión, en la que participan personal del Departamento de Educación y de los tres Servicios Provinciales, que se encargará de la organización de todo el proceso selectivo.

Próximamente, se celebrará una mesa sectorial para negociar especialidades de Conservatorios y Escuelas Oficiales de Idiomas, y Enseñanzas Artísticas. Con ello, se pretende dar seguridad a los aspirantes de aquellos cuerpos docentes que no se convocan de forma más o menos habitual.

Empezamos el curso con un análisis que deja unas conclusiones preocupantes respecto a España y su sistema educativo. Como sabéis, en los últimos años nuestro país se ha estancado en las pruebas internacionales que miden el desempeño educativo, especialmente en matemáticas y ciencia.

Desde que salieron los últimos resultados, expertos de todo pelaje tratan de dilucidar qué está pasando para que se haya dado este parón –si es que íbamos hacia arriba, que también es discutible–, con teorías de todo tipo: que si las competencias, que si la mano blanda, el aprendizaje por proyectos o el buenismo... Por haber hay quien incluso culpa a Lomloe del teórico bajo nivel de España, pese a que ni siquiera estaba vigente cuando se hicieron los exámenes.

La semana pasada EsadeEcPol aportó su granito de arena al debate público con un informe titulado Calidad del Aprendizaje de Matemáticas y Ciencias en Primaria en España y Francia (se juntan los dos países porque se supone que tienen sistemas similares y comparten resultados y problemas), en el que ha analizado los microdatos de dos de estas pruebas para tratar de obtener respuestas.

Vienen a decir los autores, y esto es lo preocupante, que el problema no está en la escuela sino en la sociedad. “Los problemas relacionados con la alimentación y la transición de ordenadores a smartphones explican la mayor parte de la caída de los resultados”, sostiene el texto. Esto es: hay muchos niños que no tienen ni para comer bien, y en esas circunstancias es imposible que rindan en la escuela.

Hay más razones extraescolares para el bajo rendimiento. “Cada vez más niños declaran llegar con hambre a la escuela, con un aumento del 50% en España y del 55% en Francia. Además, aumentó la brecha entre la lengua en el hogar y la lengua de enseñanza, especialmente en España, país en el que el 32,1% de los alumnos de Primaria nunca o [solo] a veces hablan la lengua de enseñanza en el hogar”, escriben los autores. También España está entre los países con menos libros en casa, y están cayendo los hogares que tienen un lugar específico para que los jóvenes estudien.

Y este problema, que habla de toda la Sociedad, parece más difícil de afrontar que una disfunción educativa. Suena un poco a herejía, pero casi que el educativo específicamente es el menor de los problemas, aunque todo se exprese ahí.

A partir de aquí, las soluciones. La más obvia pasa por revertir la pobreza infantil o, en su defecto, asegurar que al menos los niños tengan –minimísimo– una comida garantizada al día. Ya os contamos hace un par de semanas que la ONG Educo calcula que establecer un comedor escolar universal y gratuito costaría unos 6.000 millones de euros al año, un 10% del presupuesto educativo total. Otra de las propuestas destacadas pasa por adelgazar los currículos para que los pequeños aprendan quizá menos cosas, pero más en profundidad. Esta idea está recogida en los actuales curriculums, pero quizá haga falta ahondar más.

Hay más, que os invito a leer en el artículo que publicamos o, si preferís la fuente primaria, en el informe original.

Nosotros seguimos con más cosas.

Esta semana hemos hablado de...

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En este boletín se celebra cuando un colectivo gana (o adquiere) derechos, como sabéis, así que cierro con esto y nos despedimos con un buen sabor de boca.

Gracias por estar ahí, el martes que viene más.

¡Feliz semana!

¿Por qué España retrocede –o al menos no mejora– en Matemáticas y Ciencia, según reflejan las pruebas internacionales? Un nuevo estudio, elaborado por EsadeEcPol, sugiere que, al menos en Primaria, el problema no está tanto en la escuela como en la sociedad. “Los problemas relacionados con la alimentación y la transición de ordenadores a smartphones explican la mayor parte de la caída de los resultados”, escriben Lucas Gortázar, director de educación de EsadeEcPol, y Paul Cahu, economista de la Educación, en el informe Calidad del Aprendizaje de Matemáticas y Ciencias en Primaria en España y Francia.

Los investigadores evalúan, a partir de los microdatos del examen internacional TIMMS 2023 y su comparación con ediciones anteriores, diferentes indicadores y elementos que influyen en los resultados académicos. Esos mismos que dicen que España –dejaremos de lado Francia en este artículo– está estancada (en el mejor de los casos) en Matemáticas y ha empeorado en Ciencias en los últimos años en un contexto en el que varios países sí están mejorando.

“Hay factores estructurales que vienen a explicar que en Primaria España y Francia no lo hacen bien, bastante peor que la media OCDE o casi toda. Es una brecha histórica, pero ha habido un empeoramiento del resultado”, explica Gortázar.

Con matices: los resultados mejoran –se acercan a las medias OCDE– en Secundaria, lo que según los autores “demuestra que progresan mucho más rápido [que en otros países] en el final de Primaria y Secundaria”. Pero lo hacen a un coste, añaden: “Casi el 30% acaba repitiendo curso (y, por tanto, aumentan sus posibilidades de abandonar el sistema educativo de forma prematura)”.

Aquí entra en juego, reflexiona Gortázar, qué se espera de la escuela en Primaria y Secundaria: si una función más social o más académica. Esto es, si se prioriza la inclusión, el bienestar, etc., o el aprendizaje puro y duro, los resultados académicos. Pero ese es otro debate.

Los autores concluyen que el problema tiene más que ver con lo que está pasando fuera de la escuela que con la escuela propiamente. En los hogares, concretamente, debido a la situación social. Sabido es en Educación que las circunstancias socioeconómicas familiares son uno de los principales predictores del rendimiento académico de un estudiante. Cuántos libros hay en casa, el estado nutricional del menor, su lengua materna o el equipamiento disponible son determinantes. Y casi todos van en retroceso.

Más hambre, menos libros

“Cada vez más niños declaran llegar con hambre a la escuela, con un aumento del 50% en España y del 55% en Francia, y con casi la mitad de los alumnos franceses de cuarto curso declarando sentir hambre todos o casi todos los días. Además, aumentó la brecha entre la lengua en el hogar y la lengua de enseñanza, especialmente en España, país en el que el 32,1% de los alumnos de Primaria nunca o [solo] a veces hablan la lengua de enseñanza en el hogar”, escriben los autores. También España está entre los países con menos libros en casa, y están cayendo los hogares que tienen un lugar específico para que los jóvenes estudien.

“Es probable que el descenso del índice social pueda provocar una caída de los resultados de aprendizaje de forma significativa en España y Francia”, sostienen Gortázar y Cahu. “Los problemas relacionados con la alimentación y la transición de ordenadores a smartphones explican la mayor parte de la caída de los resultados”, añaden.

¿Y los docentes, pilar fundamental del sistema? “Aunque para el caso de España podrían ser mejorables, los datos muestran que las habilidades cognitivas de los profesores de Primaria no parecen ser la razón de que los alumnos no aprendan tanto como podrían en Primaria”.

Baja calidad del aprendizaje

Los autores han creado además un Índice de Calidad de Aprendizaje (ICA), “que mide la contribución neta de los sistemas educativos al aprendizaje una vez descontado el contexto social, económico y cultural de los alumnos y las familias, así como las expectativas y el valor que estas otorgan a la educación”. En otras palabras, este índice evalúa la calidad de un sistema educativo, el efecto que este tiene sobre un estudiante.

Según este índice España, sostienen los investigadores, “se sitúa a la cola de los países de la OCDE en el ICA”. Explican los autores que “las puntuaciones TIMSS ajustadas por los factores sociales del alumnado y a las expectativas de sus familias en Matemáticas y Ciencias estaban unos 18 puntos por debajo de la media de la OCDE en 2023 en España”, lo que significa más o menos un trimestre por detrás.

Además, el estudio evalúa el impacto económico que una educación por debajo de la media tienen para los países. En el caso de España, calculan que es de unos 7.000 millones de euros para cada cohorte que pasa por Primaria (o sea, cada seis años) en base a lo que el estudiantado deja de ganar durante su carrera laboral por no poder acceder a mejores empleos debido a su rendimiento académico.

El impacto de cada factor

El estudio trata de cuantificar el efecto que los diversos elementos pueden tener en esta caída del rendimiento escolar, más allá de que “puede atribuirse en gran medida al empeoramiento de las condiciones sociales de la infancia”.

Y evalúan cada uno de ellos, empezando por un básico como es la alimentación. “Lo que más ha influido ha sido el hecho de que los niños declaren con más frecuencia tener hambre en la escuela, lo que, de acuerdo con nuestras estimaciones, está haciendo bajar las puntuaciones en casi 3 puntos en España”, sostienen. “Un análisis contrafactual muestra que, debido a esta evolución, las puntuaciones TIMSS en Primaria estarían experimentando una caída de 5 puntos en España, tanto en Ciencias como en Matemáticas. Dado que, en la realidad, disminuyeron unos 7 puntos de media en España, los cambios adversos en las condiciones sociales explican la mayor parte de la disminución de las puntuaciones en ambos países”, sostienen.

Este factor, además, influye en otros que a su vez impactan en el rendimiento escolar. “El hambre y el cansancio en clase del alumnado podrían ser dos factores determinantes en el clima de aprendizaje dentro del aula, incluso con un peso mayor que su origen social”, escriben los investigadores. Y la ciencia dice que hay relación entre una y otra: “El impacto del hambre en el clima de clase resulta especialmente significativo: el 80% de las clases en las que la mayoría de los alumnos manifiesta llegar con hambre se caracterizan por un ambiente ruidoso que dificulta su aprendizaje, frente al 40% de las clases en las que ninguno de los estudiantes declara esta situación”.

Causa-consecuencia, “como en la mayoría de los países de la OCDE (...), el clima de aprendizaje en el aula se ha deteriorado desde la zona anterior a la pandemia (y) es probable que haya contribuido al descenso global del rendimiento académico: podría haber tenido un impacto negativo en matemáticas de 5 puntos en España y de 3 puntos en Francia”.

Las propuestas

El informe concluye realizando una serie de propuestas de mejora. “Mejorar la calidad del aprendizaje en Primaria en los sistemas educativos de España y Francia podría tener repercusiones a largo plazo para todos los alumnos antes de que abandonen la escuela”, sostienen los autores.

El informe propone abordar los problemas que previamente ha señalado. “Mejorar las condiciones de aprendizaje abordando el empobrecimiento social de los alumnos en los últimos años”, plantea. Una medida que no requiere demasiada ampliación y que es ajena a la escuela, aunque su solución bien puede pasar por ella, por ejemplo ofreciendo un comedor universal y gratuito o mejorando las condiciones de vida generales de los hogares.

La segunda idea es “simplificar y elevar los niveles de aprendizaje estableciendo objetivos ambiciosos y programas realmente aplicables por parte de los docentes”. Explican los autores que es necesario cambiar la cantidad por la calidad en los currículums, un déficit histórico en España. “Es imperativo modificar el enfoque histórico de exceso de contenidos por un aprendizaje más profundo de las competencias básicas que permita profundizar en las competencias fundacionales, incluidas las matemáticas. Las recientes reformas curriculares han reproducido errores del pasado a través de grandes decretos gubernamentales que no desgranan de forma práctica los objetivos de aprendizaje ni proporcionan a los profesores ejemplos prácticos de cómo enseñar para alcanzar objetivos concretos”, argumentan.

Los investigadores proponen “facilitar formación práctica a docentes en servicio para enseñar competencias básicas para contextos sociales diversos y complejos”, porque, aunque ellos mismos señalan en el informe que la calidad docente no es uno de los principales problemas del sistema, sí lo es la creciente complejidad de las aulas, que está haciendo de la docencia una profesión cada vez más complicada, según advierten algunos autores.

La última medida sería “aumentar la inversión en apoyo específico y programas de refuerzo en Primaria para garantizar que ningún niño se quede atrás”, propuesta para la que se puede recuperar el argumento anterior de la complejidad en el aula. En este punto, destacan especialmente que es esencial actuar pronto. “Actuar precozmente sobre las competencias matemáticas es crítico: un reciente estudio longitudinal con datos censales de Catalunya mostró que los déficits de aprendizaje aparecidos en Primaria no revertían una vez que esos niños llegaban a Secundaria, con un 90% de alumnos con bajos resultados en matemáticas que seguían teniendo bajos resultados en Secundaria”, cierran.

Los pasillos de los colegios andaluces recuperan el bullicio este miércoles en el segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial. Un total de 708.604 alumnos —8.420 menos que el año pasado— regresan a las aulas en un inicio del curso marcado por la caída de la natalidad y por un escenario educativo que arrastra asignaturas pendientes, como la bajada de la ratio, la falta de recursos para la atención a la diversidad o las deficiencias en infraestructuras.

El sistema educativo andaluz ha perdido en su conjunto más de 120.000 estudiantes desde el curso 2018/19. Para los sindicatos, esta tendencia de pérdida progresiva de alumnado ofrece una oportunidad para reducir la ratio que llevan años demandando las familias y el profesorado. Sin embargo, habrá que esperar al curso que viene para que se empiecen a aplicar medidas en este sentido, en virtud del último acuerdo firmado por la Consejería de Desarrollo Educativo en la mesa sectorial de julio.

Por el momento, desde el Gobierno andaluz se asegura que, a pesar de contar con menos alumnos, la plantilla docente se ha reforzado: 3.100 profesores se han incorporado a la red pública (que suma un total de 108.657 docentes) y 331 maestros lo han hecho en la concertada, compuesta por 16.446 profesionales de la enseñanza. En suma, más de 125.000 maestros y profesores en centros sostenidos con fondos públicos. A todos ellos hay que sumar 284 nuevos especialistas de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), hasta un total de 13.959 (lo que supone un 37,5% más que en 2018, según los datos aportados por la Consejería).

Mientras el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno pone el foco en el incremento de los números (sin concretar cuántos docentes se han incorporado en cada nivel educativo, pese a haberlo consultado este periódico), los sindicatos que representan al profesorado, las asociaciones de familias y los grupos de la oposición comienzan el curso con la mirada puesta en los “grandes retos” que tiene por delante la educación en Andalucía, convencidos de que esas cifras no bastan para corregir las carencias estructurales que acumula el sistema educativo andaluz.

Avances “insuficientes”

El curso 2025-2026 arranca así con un contexto de críticas generalizadas a la gestión de la Junta por parte de la comunidad educativa. “El Gobierno del PP empieza la vuelta al cole con muchas asignaturas pendientes y muy malas notas”, resume la portavoz de Educación de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Alejandra Durán. “Son tantísimos los frentes abiertos y las necesidades que tiene nuestro sistema educativo que podemos hablar de un ataque integral que atañe a toda la comunidad”, lamenta la diputada de Por Andalucía, poniendo el acento en “la drástica reducción de la plantilla docente” o “el recorte de las becas comedor”.

Sus palabras sirven como termómetro del arranque del nuevo curso. Sindicatos como USTEA coinciden en que la vuelta al cole llega marcada por “reivindicaciones históricas” y la preocupación por “el daño que se le está haciendo a la educación pública andaluza”. Al hilo, alertan de la “privatización” progresiva que sufre la enseñanza en Andalucía: “desde la llegada del PP al Gobierno andaluz, se han cerrado más de 2.400 unidades en la pública, sin que los recortes hayan afectado a la concertada”, recuerda Francisco Fernández, portavoz de Educación de USTEA.

No obstante, entre las organizaciones sindicales, hay voces que se muestran más optimistas este año. “Empezamos un curso escolar en el que existen problemas que son crónicos, pero que afrontamos con mayor solvencia que otros cursos escolares”, resume Elena García, la presidenta del sector de Educación de CSIF Andalucía. Se refiere al acuerdo firmado en julio con la Consejería del ramo para “mejorar el sistema educativo y las condiciones laborales del profesorado andaluz”.

Ese acuerdo contempla medidas que se van a aplicar a lo largo de los próximos cuatro cursos, dibujando “un horizonte mejor” para el sistema educativo, según la representante de la primera fuerza sindical en la enseñanza pública andaluza. Entre las novedades que empiezan a implantarse en el presente curso académico, Elena García remarca que el profesorado cuente desde ya con la posibilidad de realizar telemáticamente las tareas que no requieren atención directa al alumnado (como reuniones de claustros, de equipos docentes o la elaboración de materiales curriculares, a excepción de las evaluaciones oficiales).

Las familias, por su parte, consideran que el pacto alcanzado sigue siendo “insuficiente”. Rocío Begínez, presidenta de FAMPA Sevilla, lamenta que la bajada de la ratio en Infantil se retrase un curso más (se espera ver materializada el próximo curso 2026-2027) y que solo contemple una reducción en el segundo ciclo de Infantil de 22 alumnos por aula. Además, la representante de las madres y padres del alumnado recuerda que “otro de los grandes problemas y preocupaciones” a los que se enfrentan las familias este año es “la falta de recursos y medios del alumnado con necesidades especiales (NEE) y de apoyo educativo (NEAE)”.

La atención a la diversidad, de nuevo en el centro de las demandas

Precisamente, la demanda de recursos para garantizar “una atención a la diversidad real” fue la punta de lanza de las movilizaciones convocadas el curso pasado por la comunidad educativa en Andalucía. Pese a la magnitud de lo que se denunciaba ya entonces –“el desmantelamiento de la educación pública”–, los colectivos que defienden la educación en la comunidad aún no han logrado movilizar a la población lo suficiente como para alcanzar el mismo grado de contestación social que las protestas sanitarias, las más multitudinarias en la sociedad andaluza.

Ese será, por tanto, otro de los retos del próximo curso: conseguir que el sentimiento de hartazgo compartido entre familias y docentes de las escuelas públicas de Andalucía se vea reflejado en las calles. Las mismas preocupaciones que trasladan las familias son las que los grupos de la oposición han recogido en su plan de acción para el próximo curso.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, asegura que su grupo va a permanecer “vigilante”, centrando su atención en cuatro ejes principales: la atención a la diversidad, la estabilización del profesorado interino, el deterioro de los centros educativos y la expansión de la FP privada, que, según denuncian, crece a costa de una oferta pública que no cubre la demanda creciente.

En esa misma línea, el PSOE andaluz percibe que el nuevo curso escolar echa a andar marcado “por el caos, la falta de planificación y la ausencia de diálogo con la comunidad educativa”. Los socialistas detectan los mismos problemas que vienen denunciando familias y sindicatos —especialmente la falta de recursos para atender a la diversidad— y añaden otros frentes como la supresión de “una figura tan importante como son los auxiliares de conversación”.

Otras reivindicaciones

Este curso, los esfuerzos de las familias irán también dirigidos a que se cambie el modelo de gestión de los comedores escolares y se garantice el cumplimiento de la ley de bioclimatización, que lleva “cinco años guardada en un cajón”. “Estamos rezando por que las temperaturas del inicio del curso no sean tan elevadas como las de final del curso pasado”, expresa la presidenta de FAMPA Sevilla, en nombre de las familias que en junio reactivaron los actos de protesta al registrarse aulas a 40 grados.

Sindicatos como USTEA comparten esta reivindicación, recordando que “solo un 6% de los centros haya aplicado la ley de bioclimatización desde su entrada en vigor en 2020”. Entre los principales retos para el curso 2025-2026, esta organización sindical incide de nuevo en la necesidad de reducir las ratios de alumnado, especialmente en áreas metropolitanas como Sevilla, Málaga y la Costa del Sol, lo que exige también un incremento de las plantillas docentes. Y reclama asimismo menos carga burocrática para el profesorado y mejoras en salud laboral, con medidas como la desconexión digital y la mejora de derechos e infraestructuras.

En lo que se refiere a las infraestructuras, la Consejería de Desarrollo Educativo ha avanzado que con vistas al curso 2025/26 se finalizarán un total de 247 obras en centros educativos, con un presupuesto 51,64 millones de euros. “De estas intervenciones se beneficiarán cerca de 104.000 estudiantes matriculados en estos centros, que verán ampliadas o mejoradas sus instalaciones”, indican desde el departamento dirigido por María del Carmen Castillo.

La semana que viene será el turno de Secundaria y Bachillerato

Tras la vuelta al cole del alumnado de Infantil y Primaria, el próximo lunes día 15 será el turno para el alumnado que curse Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos (886.255 estudiantes, 19.000 menos en cómputo global respecto al curso anterior), mientras que el día 22 comenzará el curso en las enseñanzas de régimen especial (Música, Danza, Artes Plásticas, Diseño, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Arte Dramático e Idiomas), con 87.707 estudiantes.

Así, el nuevo curso arranca con casi 1,8 millones de estudiantes y más de 130.000 docentes en las aulas de los 7.243 centros educativos andaluces (tanto públicos como concertados y privados). Pero también con el desafío de que estos números no queden atrapados en las estadísticas y se traduzcan en mejoras palpables en el día a día de la comunidad educativa andaluza.