Guadalajara tendrá 234 viviendas de Precio Tasado (VPT) en las parcelas RC1 y RC3 del sector 'Aguas Vivas Ampliación'. Al menos es la intención de la cooperativa Greenhabitat que hoy ha celebrado el acto simbólico de colocación de la 'primera piedra' de la futura promoción.

La cooperativa Greenhabitat está gestionada por Grupo NiDra, compañía especializada en proyectos residenciales. Además de esta prooción también gestiona en el mismo ámbito las promociones de las cooperativas Greenhabitat Guadalajara de 106 viviendas, con obras en fase avanzada, y Greenhabitat Las Encinas de 110 viviendas, en fase inicial. Las tres cooperativas fueron adjudicatarias de sus parcelas por parte de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) -ahora es Casa 47- y que era la anterior propietaria de los terrenos. En todas estas promociones las viviendas se distribuyen en urbanizaciones cerradas con amplias zonas comunes ajardinadas y piscina.

Enrique Batanero, presidente del Consejo Rector de Greenhabitat, S.Coop, “para los socios de Greenhabitat, hoy empieza a hacerse realidad el acceso a una vivienda asequible y de calidad en su ciudad. Este es el resultado de un trabajo colectivo que merece celebrarse.”

“Guadalajara es una ciudad que cada día eligen más personas para vivir, y la escasez de suelo residencial se traduce en una enorme falta de oferta. La vivienda es la prioridad de este Ayuntamiento: ya hemos impulsado más de 1.600 viviendas protegidas, y una de cada tres viviendas, es vivienda protegida. El modelo cooperativo, basado en la participación, la confianza y la cooperación, pone a las personas en el centro y eso es exactamente lo que necesitamos”, ha manifestado Ana Guarinos, alcaldesa de Guadalajara.

“El cooperativismo encarna los valores de la democracia: participación, responsabilidad y gestión compartida y da respuesta a la mayor preocupación de los ciudadanos hoy: la vivienda”, ha apuntado Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha. “La solución pasa por más oferta, y Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que está poniendo en marcha fondos para impulsar promociones con protección pública, sin esperar a otros. Guadalajara tiene la sana ambición de seguir creciendo de forma razonable y sostenible, y lo vamos a hacer de la mano del sector privado”, añade.

La actividad actual de NiDra supera las 1.000 viviendas. Entre sus próximos proyectos figura la gestión de nuevas promociones en Brunete (Madrid), con aproximadamente 300 viviendas en régimen libre.

Esta empresa fue fundada tras la COVID-19, en 2021, y está especializada en la gestión integral de cooperativas de viviendas y en la promoción de vivienda protegida y libre. Opera en la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha con una cartera activa de más de 1.000 viviendas.

Hoy, 4 de julio, conmemoramos el Dia Internacional de las Cooperativas bajo el lema 'Cooperativas por un mundo en paz'. Por ese motivo, queremos poner en valor el orgullo de pertenencia a la gran familia del cooperativismo agroalimentario de nuestra región.

Las cooperativas agroalimentarias nacieron para defender los intereses de los pequeños y medianos agricultores, dotándose de estructuras empresariales propias que les permitiesen transformar sus producciones y salir al mercado directamente, haciendo que los beneficios generados en dicha actividad se distribuyan entre los propios socios en función a su participación en la actividad cooperativizada. Este modelo empresarial, con sus defectos y sus virtudes, ha sobrevivido durante décadas, en algunos casos más de un siglo de actividad ininterrumpida, y a día de hoy sigue generando valor y riqueza en el medio rural de la región.

Los datos así lo acreditan. El cooperativismo agroalimentario en Castilla-La Mancha está representado por 558 empresas cooperativas que trabajan día a día para defender los intereses de los más de 158.000 socios que conforman su base social a lo largo y ancho de las cinco provincias de la región; empresas que generan valor y riqueza en nuestro medio rural que se cuantifica en los más de 2.800 millones de euros de facturación agregada, más de 6.600 empleos directos y decenas de miles de empleos indirectos. Y, aún más importante, lo hacen de manera sostenible a lo largo de los años.

Sí, las cooperativas somos la encarnación de la triple sostenibilidad. Pero no porque sea un empeño pasajero que responda a una moda a la que otros modelos empresariales tratan de subirse ahora para aprovechar los vientos favorables del entorno social. No.

Las cooperativas llevamos en nuestro ADN la sostenibilidad social por nuestro arraigo al territorio que las vio nacer. Porque no nos deslocalizamos en los momentos de dificultad. Porque vinimos para quedarnos creando vínculos estables con el entorno social en el que nos asentamos. Porque generamos cohesión social y somos motor del desarrollo local favoreciendo la lucha contra la despoblación y demostrando un gran potencial para favorecer el desarrollo económico endógeno.

Igualmente llevamos en nuestros principios fundacionales los valores de la sostenibilidad económica, porque encarnamos mejor que nadie el funcionamiento democrático de la empresa tanto a nivel social -al fomentar la democracia participativa en la toma de las decisiones-, como a nivel económico -al no deslocalizar el beneficio y distribuirlo entre nuestros socios-. También porque generamos empleo de calidad, estable, conciliador, inclusivo y participativo en el devenir de la empresa, demostrando ser un modelo resistente, resiliente y flexible a la hora mantener la empresa y el empleo incluso en los peores momentos de crisis económica.

Y, por supuesto, las cooperativas somos los mayores garantes de la sostenibilidad medioambiental, dado que nuestro territorio es nuestro centro de trabajo y fomentamos prácticas empresariales respetuosas con los principios de la economía circular, la bioeconomía y la eficiencia energética mediante el uso de las energías renovables.

Por todo ello, sí, estamos orgullosos de nuestras cooperativas y de ello presumimos. Hablemos bien de nosotros y de lo nuestro, esa será la mejor tarjeta de presentación para abordar con éxito los retos de futuro y atraer a las nuevas generaciones para que hagan del cooperativismo su proyecto de vida.

¡Feliz Día Internacional de las Cooperativas! Cooperativas por un mundo en paz.

La vivienda cooperativa en cesión de uso vive un momento crucial en España. Con tan solo 54 proyectos y 700 viviendas habitadas, 29 en construcción, 216 en marcha y 1.500 en desarrollo sobre el papel, aspira a multiplicarse y llegar a tener en desarrollo 2.500 en 2030. Desde 2020, cuando había 100 viviendas habitadas, se ha multiplicado por 7. El Plan Estatal de Vivienda aprobado recientemente por el Gobierno y las comunidades autónomas contempla que, junto al resto de proveedores sociales de vivienda, jueguen un papel importante en el ‘boom’ de alquiler social que se espera junto a la empresa pública Casa 47. Pero no cuentan con un presupuesto propio y reclaman mejoras legales y fiscales que, por ejemplo, sí que tienen otras organizaciones sin ánimo de lucro o hasta las socimis, sociedades inmobiliarias cotizadas.

“Estamos contentos del reconocimiento al modelo en cesión de uso que supone el Plan Estatal de Vivienda, aunque el despliegue y presupuesto al modelo cooperativo dependerá de cada comunidad autónoma”, comenta a elDiario.es David Guàrdia, de la Red de Vivienda Cooperativa, que se fundó en 2019 uniendo a las diferentes cooperativas de vivienda en cesión de uso en España y que cuenta con el reconocimiento de Housing Europe, la organización representativa de vivienda social a nivel europeo. Pero apunta a un reto para crecer más: mayor prioridad para las cooperativas y otras entidades sin lucro en el suelo público y mejoras fiscales.

Las cooperativas destacan la reciente ley de impulso de economía social aprobada por el Congreso, que define este tipo de cooperativas y las reconoce como especialmente protegidas, con una tributación del impuesto de sociedades del 10%. “Es un avance importante, pero seguimos con el absurdo que se premie con un 0% de impuesto de sociedades las SOCIMI, unas mercantiles obligadas por ley a vaciar la sociedad para repartir dividendos a los mercados, mientras las cooperativas que reinvierten el 100% de los excedentes en vivienda asequible pagamos un 10% de impuestos que se repercute a las personas socias usuarias. Hay que priorizar la función social de la vivienda por encima de la extracción de beneficio privado”, reclama Guàrdia. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó en 2009 para dinamizar el mercado inmobiliario ante la crisis una ley que permitió que las empresas inmobiliarias que cotizan en Bolsa no paguen impuestos de sociedades y esta ley sigue en vigor.

El impuesto a las socimi, bloqueado

En mayo del pasado año, el PSOE registró una ley para subir impuestos a las socimis y elevarlos al 25%, una medida que incluía también la subida del IVA a pisos turísticos y otras medidas. Esta ley aún no se ha votado ante la falta de apoyos. Pero meses antes, en noviembre de 2024, el PSOE decidió no respaldar a Sumar en las enmiendas presentadas a otra ley sobre fiscalidad y vivienda que también apostaba por subir los impuestos a las socimis.

Además, apunta Guàrdia, “las fundaciones dedicadas a alquiler social también tienen una tributación mejor que las cooperativas, pues no pagan impuesto de sociedades ni IBI, pero en este caso son entidades sin ánimo de lucro y, por tanto, contribuyen a generar vivienda social y asequible como las cooperativas. En este sentido vemos con buenos ojos la propuesta de Ley de Proveedores Sociales de Vivienda para mejorar el régimen fiscal de todas las organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas las cooperativas”.

El modelo de la vivienda cooperativa es particular y busca no solo la asequibilidad, sino también reforzar las redes de la vida comunitaria. La cooperativa consigue con los fondos de los socios y la financiación de bancos éticos y cooperativos, como Fiare Banca Ética, afrontar la construcción de vivienda y la posterior gestión de la cesión por uso.

Las viviendas son de la cooperativa y los socios que viven allí contribuyen a pagarla con una entrada que es menor que la habitual en una hipoteca, ya que es un esfuerzo dividido entre todos los socios, y recuperable en caso de baja. Por ello, la cuota posterior es también inferior a la de un alquiler, pues repercute a precio de coste el préstamo hipotecario de la cooperativa. El modelo de cesión de uso es parecido al alquiler, y así es reconocido por los poderes públicos, pero con la diferencia que la persona inquilina es socia de la cooperativa y decide en ella, razón por la que se adjudica el uso de acuerdo a la ley de cooperativas y no con la Ley de Arrendamientos Urbanos, concebida cuando no hay relación entre propietario e inquilino. 

Menos costes si hay cesión de suelo público

La fórmula sirve como vía de escape a los altos precios del alquiler y la compra, pero no siempre son tan asequibles como les gustaría. Al tener que afrontar el coste de la construcción y del suelo, pese a renunciar a los márgenes, los precios a veces se aproximan a los de mercado, sobre todo si no hay ayudas públicas. Por ello, las cooperativas de vivienda reclaman mayor financiación pública y la cesión de suelos públicos, algo que ya es común y da resultado en Catalunya, donde más recorrido y presencia tiene la vivienda cooperativa.

Sostre Cívic, de la que Guàrdia es codirector, es una de las mayores cooperativas, con casi 200 viviendas en convivencia, 400 en promoción y 120 en fase de impulso. Con casi 2.500 socios, la fuerte demanda en comparación con los proyectos disponibles es uno de los principales retos a gestionar, lo cual la vivienda cooperativa usa como argumento para potenciarla más.

Su ejemplo sirve para entender el abanico de precios. Los socios aportan entre un 5% y un 15% del capital inicial que puede variar de los 2.500 euros en los obtenidos por tanteo y retracto a los 35.000 en los más caros de nueva construcción en suelo adquirido por la cooperativa, con cuotas mensuales que pueden ir de los 300 a los 800 euros.

“En muchos municipios de Catalunya y de forma más modesta en otras poblaciones del estado, los ayuntamientos ceden terrenos públicos a cooperativas y eso facilita y abarata los costes y contribuye a generar vivienda social y asequible en un modelo que además promueve la dimensión comunitaria, la sostenibilidad y el fomento de la economía social y solidaria”, resalta Guàrdia.

El plan estatal de vivienda prevé destinar 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años, de los que 2.800 millones irán destinados a construcción de alquiler asequible, incluido el modelo en cesión de uso. Paralelamente y al margen de estos presupuestos, debe crecer el parque público promovido por la nueva empresa pública Casa 47 y la vivienda cooperativa, como el tercer sector, espera crecer impulsada por esta iniciativa.

Las fundaciones de vivienda con vocación social negocian también con el Gobierno mejoras fiscales y pactar preferencias para concursos públicos. Competir con el músculo financiero de los grandes fondos internacionales se antoja imposible, pero a cambio pueden abaratar los costes al no tener las ambiciones de rentabilidad que tienen las empresas privadas.

Mientras que en Viena, siempre puesta como ejemplo de asequibilidad en vivienda, un 25% de la vivienda es municipal y un 22% es de cooperativa o social, en Zurich las cooperativas superan el 20% y en Suiza el 8%. Dinamarca es otro país donde tienen un peso relevante.

En España, aunque se publicitan centenares de proyectos de cooperativas de vivienda, muchos son de propiedad y no cesión de uso y la mayoría están controladas por empresas privadas. Son solo una forma jurídica sin la voluntad de cesión de uso o cohousing, ni la vocación social de las cooperativas en cesión de uso. Es por eso que el recuento de la red estatal se queda en 54 proyectos habitados, 29 en construcción, 216 en marcha y 1.500 en desarrollo, porque tan solo se cuentan los proyectos cooperativos en cesión de uso.

Entre los casos extremos de estas falsas cooperativas están las que, tal y como destapó recientemente elDiario.es, compraron suelo público de Madrid para después vender las viviendas a particulares. Aunque debían de destinarse al alquiler social, en la venta la cooperativa explicaba a los compradores que se la podían alquilar a sí misma.

La economía social aporta el 11% del Producto Interior Bruto español. Uno de cada 10 euros que se generan en el país proviene de una red silenciosa que, sin embargo, se ancla al territorio y hace llegar al último rincón del estado productos y servicios que no llegarían de otra manera. Esta realidad ha quedado plasmada en la jornada 'Cooperativismo: el modelo que mantiene vivos los pueblos donde el mercado no llega', organizada por elDiario.es, en colaboración con Bidafarma. Durante el coloquio, todas las voces expertas han coincidido en defender el llamado “derecho a habitar”.

“Somos ciudadanos y la decisión de residir en una gran ciudad, en una pequeña capital de provincia o en un territorio más rural, debe ir más acompasada con los intereses personales o familiares y no verse mermada por la falta de oportunidades”, ha señalado la directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ángeles Marín.

Marín ha destacado algunas de las palancas que está activando el ministerio, como la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, una estrategia “de visión amplia que sirva de hoja de ruta para que el resto de administraciones, actores, asociaciones, tejido empresarial, grupos de acción local, la universidad o los centros de investigación alineen sus actuaciones”. El objetivo es llegar al “país de los 30 minutos”, en el que cualquier ciudadano, independientemente de su ubicación, tenga acceso a servicios básicos.

Uno de esos servicios básicos es el que presta Laura Maíllo, que es farmacéutica en un pequeño pueblo de montaña de unos 500 habitantes en la provincia de Ávila. Este es uno de los miles de municipios de esa España despoblada que vertebran el territorio. Según datos oficiales, en el 83,7% de los municipios viven menos de 5.000 personas. En estos territorios, normalmente envejecidos, el hecho de que haya una farmacia abierta o una tienda, “les da calidad de vida”, explica Maíllo.

El presidente de la cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma, Antonio Mingorance ha explicado durante el encuentro que la economía social hace “de la necesidad virtud”. Es “un modelo solidario de distribución”, que persigue que no haya “ciudadanos de primera ni de segunda”: “Es muy fácil traer un medicamento al centro de Madrid, lo difícil es distribuirlo entre los 7.500 pueblos que hay en toda España”.

En este sentido, los modelos cooperativistas suman la fuerza de todos sus socios para actuar con un único músculo, que permita compensar las dificultades en ciertas zonas o momentos con las fortalezas en otras áreas.

El presidente de la cooperativa de distribución alimentaria Unide, Carlos Jiménez, ha destacado que este modelo está profundamente arraigado en el territorio y, a diferencia de otras empresas, no se deslocalizan. Pero, más allá del rendimiento económico, ha hecho hincapié en el valor de la proximidad. “Cuando tienes una tienda con un surtido de 1.200 productos en un pueblo, estás garantizando una alimentación variada, mientras otros se alimentan de mercadillo o de lo que les lleva una furgoneta, sin poder elegir. Ese intangible de calidad de vida es importante, hacemos un servicio público”, defiende.

Es una idea con la que coincide Maíllo, quien no solo suministra medicamentos, sino que ejerce una labor de vigilancia entre sus vecinos e incluso de atención en determinados momentos, cuando no hay un médico o no puede acudir. La relación, en cualquier caso, es simbiótica: “Hay una necesidad tanto mía de atenderles, como suya de que les atienda”, reconoce.

Para blindar a estas cooperativas y favorecer la cohesión territorial, los ponentes han hecho un llamado a la concienciación, pero también han pedido medidas específicas. Jiménez ha reclamado una reforma fiscal urgente que promueva estos modelos, sometidos actualmente a una ley de 1990 que considera obsoleta. Mingorance ha pedido incentivos al arraigo y que se trabaje para que las diferencias en el acceso a los servicios básicos entre ciudadanos desaparezcan, garantizando la igualdad total, con independencia del código postal.

Laura Maíllo, por su parte, ha reivindicado la necesidad de apoyar a la farmacia rural y una atención sostenible y sostenida por parte de las instituciones, así como facilitar el desarrollo profesional de los y las farmacéuticas en los entornos rurales, para que puedan evolucionar académica y económicamente sin verse forzadas a mudarse a las ciudades.

El 16 de abril, el día que empezaba el proceso de regularización extraordinaria, amaneció con largas colas de personas que transitaban entre la ilusión y el desconcierto. Muchos no sabían exactamente qué documentos necesitaban ni cómo conseguirlos. Las administraciones locales se vieron desbordadas por la avalancha de solicitantes superados por el proceso burocrático. Las entidades encargadas de acompañarles también vivieron unos primeros días de “caos” y frustración porque “nada era tan fácil como parecía”.

Hoy, aunque esas colas han disminuido y los requisitos han quedado más claros gracias a la ayuda de las ONG, el proceso sigue siendo “complicado y confuso”, según las entidades. Ante esa situación, la cooperativa catalana Kloosiv ha creado Integra, una herramienta web pensada para simplificar el proceso.

La página da la bienvenida al usuario con un pequeño cuestionario para saber, en pocos segundos, si puede optar a la regularización y qué documentos necesita para pedirla. Es una herramienta gratuita y multiidioma que crea un expediente virtual, ligado a un código personal, que permite que los usuarios lleven todo el papeleo en sus teléfonos.

Se ha diseñado de tal manera que, al escanear los documentos, la app los lee y cumplimenta automáticamente los formularios del Ministerio e, incluso, guarda los documentos originales en el formato que pide Mercurio -el sistema oficial del Gobierno para los trámites de extranjería-. Los desarrolladores han tenido en cuenta el mínimo detalle, hasta el punto que su herramienta es capaz de alertar al usuario de que el documento que está introduciendo no es el adecuado, basándose en los metadatos del mismo.

Así, quien quiera solicitar la regularización extraordinaria puede asegurarse de que acude a su cita con todos los papeles y los requisitos en orden y digitalizados en un único lugar. “Algo tan simple como esto habría evitado muchas colas y muchos disgustos”, apunta Laura Ayala, una de las creadoras de la herramienta. Aunque esta web, a los ojos de un ciudadano de a pie, sea de todo menos simple, desde Kloosiv aseguran que carece de excesiva complejidad.

Es más, apuntan que podrían haber diseñado una app más completa, pero quisieron priorizar la rapidez. La tuvieron lista en menos de tres semanas desde que empezó la regularización. “Nos hubiera gustado hacerla antes, pero nadie estaba preparado para lo que sería”, explican desde la cooperativa, que se especializa en proyectos sociales para la economía social y solidaria.

Además de reducir tiempo de gestión, insisten en que Integra sirve para reducir trámites innecesarios y ponen de ejemplo el polémico certificado de vulnerabilidad, uno de los que más dolores de cabeza está causando. Muchos solicitantes han tenido que pasar incluso noches al raso para conseguirlo, sólo para después darse cuenta de que en realidad no lo necesitaban.

Integra está pensada para particulares, pero también para las entidades que se han acreditado como colaboradoras del Gobierno para asesorar a quienes quieran acogerse a la regularización. Se trata de ONG y asociaciones que han tenido que acompañar en un proceso que tampoco tenían claro. “Todas hacían lo que podían y cómo podían. Era necesario unificar criterios”, sostiene Ayala.

Desde la cooperativa insisten en que su app no sustituye “el ojo ni la sensibilidad humana”, pero sí facilita mucho el trabajo. “Lo que antes era una atención larguísima y requería diversas visitas, ahora se puede resolver con una cita de 10 minutos”. Eso, además de quitar presión a las entidades -siendo que muchas de ellas trabajan con personal voluntario-, también facilita la vida a los solicitantes que viven en zonas rurales y a personas sin hogar.

“Esta herramienta es utilísima, a la vez que fácil de usar. Es, simplemente, lo que debería haber hecho el Gobierno. Y que una cooperativa sin recursos haya sido capaz de lanzarla en sólo tres semanas, demuestra la incompetencia del Estado”, sostiene Omaima Blal, miembro de Regularización Ya y del Círculo de Migraciones de Coopolis, una de las entidades acompañantes.

Sostiene que el proceso de regularización ha sido “poco intuitivo e innecesariamente difícil”, cosa que ha derivado en que muchos solicitantes hayan tenido que recurrir a abogados especializados en extranjería para asegurarse de realizar el trámite correctamente. “Un proceso que tenía que ser gratuito se ha vuelto de pago para mucha gente. No tenemos nada en contra de acudir a profesionales, pero siempre que sea a precios adecuados y por voluntad propia, no porque el sistema no funciona”, lamenta Blal.

Temor ante una “avalancha” de requerimientos

Según los últimos datos oficiales (del 30 de mayo), el Ministerio ha recibido 550.000 solicitudes. De ellas, se han tramitado 146.700 y 92.000 habían sido aceptadas. Eso supone un 27% y un 18%, respectivamente. Desde las entidades lamentan que se trata de una cifra muy baja y les hace temer una posible “avalancha” de requerimientos.

“A partir del 30 de junio, empieza una segunda fase de la que nadie está hablando, que es cuando la administración empezará a paralizar solicitudes porque hay documentos que no se han presentado bien o porque faltan papeles”, pronostica Ayala, que insiste en que su app podría haber servido para evitar estos errores.

Por eso, se pusieron en contacto tanto con el Gobierno como con la Generalitat para que la recomendaran como herramienta desde las webs oficiales. Pero, por ahora, esa petición sólo ha sido escuchada por el Ayuntamiento de Barcelona. Esta falta de apoyo gubernamental, lamentan, ha hecho que Integra haya tenido menos usuarios de los esperados: a penas unos pocos centenares de particulares y algunas decenas de entidades.

Con todo, Ayala insiste en que el camino que queda todavía es largo y explican que ya están trabajando en una nueva versión de Integra que sirva para ayudar y atender a las entidades y solicitantes que reciban requerimientos.

Desde las ONG alaban el esfuerzo realizado por la cooperativa y destacan que el acompañamiento será casi más importante en esta segunda etapa. “Que te digan que algo no ha ido bien será angustiante para muchos. Así que tener una herramienta que deje claro qué necesitas y cuáles son los plazos va a ser esencial”, apunta Blal.

Asegura que las entidades se han sentido “muy solas y sobrecargadas” en este proceso y afean al Gobierno que no haya puesto las cosas más fáciles. “La regularización nació de una exigencia de la ciudadanía y, si sale adelante, también será por nosotras. Da un poco de vergüenza la gestión del Estado, pero es mejor quedarse con el orgullo de esta sociedad organizada”, remacha Blal.

Dejar atrás el ruido de la ciudad para apostar por el campo es una decisión que cada vez se plantean más personas al chocar de bruces con un mercado de la vivienda tensionado y un ritmo de vida no apto para todos los públicos. Son muchos quienes romantizan lo rural, aunque la mayoría ignoran una cuestión vital: sectores como la salud, la alimentación o el transporte no siempre son accesibles en la España Vaciada. Hace falta un sistema de distribución lo suficientemente robusto como para garantizar un servicio igual de eficaz a una capital como Madrid o Barcelona que a un municipio de 200 habitantes, y el modelo cooperativista es la piedra angular para cumplir con ello. 

Cooperativismo y cohesión territorial

Dinamizar el entorno rural es la única vía para distensionar y descongestionar las grandes ciudades que se acercan al colapso. Pero para conseguirlo hay que encajar primero todas las piezas que componen un entramado tan complejo, desde la rehabilitación de carreteras e infraestructuras en mal estado hasta la trazabilidad de alternativas que superen las barreras físicas, como los centros automatizados o las herramientas telemáticas.

Una misión de este calibre trae consigo muchas preguntas por hacerse: ¿Es factible la igualdad de oportunidades real entre territorios tan distintos? ¿Qué impacto económico tiene mantener servicios en lugares prácticamente despoblados? ¿Qué ocurre desde que un medicamento se patenta hasta que llega a los diferentes puntos del país? ¿Hasta qué punto el modelo cooperativo es imprescindible para la supervivencia de algunos municipios?

Para analizarlas todas, elDiario.es ha organizado junto a Bidafarma la mesa de debate Cooperativismo: el modelo que mantiene vivos los pueblos donde el mercado no llega, en la que contará con la intervención de Antonio Mingorance, presidente de Bidafarma; Carlos Jiménez Contreras, presidente de UNiDE / FECOMA, y Ana de los Ángeles Marín Andréu, directora general de Políticas contra la Despoblación del del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El encuentro se emitirá el 16 de junio a las 18h en las web de elDiario.es y estará moderado por David Noriega, jefe de Sociedad.

Los partidos políticos con representación parlamentaria en Asturias han demostrado este jueves que cuando sus representantes tienen interés en dialogar es más fácil sacar adelante una ley que permita reducir las trabas administrativas y mejorar al sector afectado. Y es lo que ha ocurrido con la nueva Ley de Cooperativas aprobada esta mañana en el parlamento asturiano con un amplio consenso parlamentario. La norma ha salido adelante con 41 votos a favor y cuatro abstenciones.

Actualmente, hay 169 cooperativas en el Principado que dan empleo a cerca de 3.000 trabajadores. Si se suman las sociedades laborales, que también forman parte de la economía social, el cómputo asciende a 383 empresas y 5.000 empleos directos.

El volumen anual de negocio que genera este sector ronda los 380 millones, según los datos facilitados por el Gobierno de Asturias.

Modernizar el marco jurídico

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha defendido hoy en la Junta General del Principado esta nueva ley que se caracteriza por modernizar de forma integral el marco jurídico de la economía social e impulsa el emprendimiento colectivo.

El texto sustituye a la ley vigente desde 2010 y es fruto de la negociación dentro de un proceso de diálogo institucional y social.

Cuando la política se toma en serio su función transformadora se nota en la vida real, porque hay menos obstáculos administrativos, mayor seguridad jurídica y nuevas oportunidades para las empresas

Borja Sánchez — Consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias

El valor político del consenso

Borja Sánchez ha destacado el amplio consenso parlamentario escenificado esta mañana en el parlamento asturiano.

Para el consejero, este consenso tiene un enorme valor político y práctico: “cuando la política se toma en serio -ha asegurado- su función transformadora se nota en la vida real, porque hay menos obstáculos administrativos, mayor seguridad jurídica y nuevas oportunidades para las empresas”.

Los cinco ejes principales

La nueva norma, estructurada en 185 artículos, configura un marco más ágil para el tejido productivo asturiano a través de cinco ejes principales: facilidades para emprender, flexibilidad económica, simplificación de la gestión, digitalización total y nuevas realidades.

Facilidades para emprender: reduce a dos el número mínimo de personas socias para constituir una cooperativa de primer grado, lo que evita que pequeños proyectos queden descartados.

Flexibilidad económica: mantiene el capital social mínimo en 3.000 euros, pero permite iniciar la actividad con un desembolso inicial del 25% y aportar el resto en un plazo de cuatro años.

Simplificación de la gestión: adapta las obligaciones al tamaño real de la empresa. El consejo rector solo será obligatorio a partir de diez personas socias y la figura de la intervención pasa a ser opcional en las cooperativas más pequeñas.

Digitalización total: consolida la sede electrónica y la página web corporativa como herramientas plenas para la comunicación y la publicidad.

Nuevas realidades: incorpora de forma expresa las cooperativas de industrias culturales y creativas junto con las de impulso empresarial y las de desarrollo local, fundamentales para fijar población y servicios en el medio rural.

Un sector estratégico para Asturias

El consejero ha incidido en que el cooperativismo no es un sector marginal, sino “emprendimiento colectivo en estado puro”.

“Esta fórmula de propiedad compartida y gestión democrática resulta esencial para el Principado como motor de arraigo territorial”, ha subrayado.

La nueva norma incorpora medidas que eran demandadas por el sector para facilitar la creación de nuevas entidades, reducir cargas burocráticas y adaptar la legislación a la realidad económica y social actual.

La valoración de ASATA

La agrupación de empresas de economía social de Asturias ASATA considera positiva la modernización normativa, que reduce burocracia, facilita la creación de cooperativas y reconoce nuevas fórmulas empresariales, aunque advierte de que su impacto dependerá de cómo se aplique y de los recursos que se destinen a su desarrollo.

Para la agrupación, la nueva ley supone un paso adelante para reforzar la competitividad de las cooperativas asturianas, mejorar su seguridad jurídica y eliminar obstáculos administrativos que, en muchas ocasiones, dificultaban la puesta en marcha y el funcionamiento ordinario de estas empresas de economía social.

La escucha activa

ASATA valora también que durante la tramitación de la norma se hayan tenido en cuenta propuestas y enmiendas trasladadas por la agrupación, en el marco del diálogo con el sector. A juicio de la entidad, “esta incorporación confirma la importancia de que las políticas públicas vinculadas a la economía social se construyan escuchando a quienes trabajan diariamente con las cooperativas y conocen sus necesidades reales”.

Su presidente, Ruperto Iglesias, está convencido de que esta es una ley “positiva, modernizadora y necesaria, que recoge avances importantes para el cooperativismo asturiano”.

Medidas en “la buena dirección”

Bajo su prisma, reducir burocracia, facilitar la constitución de cooperativas con dos personas socias, flexibilizar el desembolso del capital social y adaptar la organización interna de las entidades a su tamaño real son medidas que “van en la buena dirección”.

Entre los aspectos más relevantes de la norma, ASATA destaca la posibilidad de constituir cooperativas con un mínimo de dos personas socias, una medida que, según expone, puede facilitar el nacimiento de nuevos proyectos y evitar que algunas entidades entren en causa de disolución por la reducción de integrantes.

Menos trabas burocráticas

La entidad también valora positivamente que se mantenga el capital social mínimo en 3.000 euros, permitiendo que pueda desembolsarse de forma aplazada, con una aportación inicial mínima del 25%.

“Esta ley quita trabas y eso es importante. Para muchas iniciativas pequeñas, especialmente en el ámbito profesional, rural o de emprendimiento joven, los requisitos formales podían convertirse en una barrera de entrada. La posibilidad de crear cooperativas más pequeñas y flexibles puede abrir nuevas oportunidades para emprender colectivamente en Asturias”, afirma su presidente.

Otras actuaciones acertadas

La agrupación también considera acertada la simplificación de determinadas obligaciones administrativas, como que el consejo rector solo sea obligatorio en cooperativas con diez o más personas socias, permitiendo a las de menor tamaño optar por uno o dos administradores.

Del mismo modo, valora la eliminación del informe de gestión como obligación genérica junto al depósito de cuentas anuales, la posibilidad de realizar determinados procesos de disolución, liquidación y extinción de forma simultánea, y la supresión de publicaciones obligatorias en prensa en algunos supuestos.

Más recursos

No obstante, advierte de que la aprobación de la ley no puede ser entendida como un punto final, sino como el inicio de una nueva etapa que exigirá compromiso político, recursos técnicos y capacidad de gestión por parte del Gobierno asturiano.

En este sentido, la agrupación agradece el apoyo de los grupos parlamentarios que han respaldado la nueva norma y valora especialmente el amplio consenso alcanzado en torno a una ley relevante para el futuro del cooperativismo asturiano.

El reconocimiento al cooperativismo

Para ASATA, este acuerdo evidencia que la economía social debe ocupar un espacio compartido en la agenda pública, por encima de diferencias partidistas, y que el cooperativismo cuenta con un reconocimiento creciente como herramienta útil para generar empleo estable, arraigo territorial y desarrollo económico equilibrado.

“Valoramos el avance, pero no podemos ser complacientes. Una buena ley -añade- no basta si después la administración no funciona con agilidad, si los trámites siguen siendo lentos o si las cooperativas no encuentran acompañamiento cuando lo necesitan”.

Ruperto Iglesias cree que el Gobierno ha dado un paso importante y el consenso parlamentario alcanzado refuerza el valor de esta norma.

“Ahora toca demostrar que Asturias cree de verdad en el cooperativismo como motor económico y social”, incide.

Valoramos el avance, pero no podemos ser complacientes. Una buena ley no basta si después la administración no funciona con agilidad, si los trámites siguen siendo lentos o si las cooperativas no encuentran acompañamiento cuando lo necesitan. Ahora toca demostrar que Asturias cree de verdad en el cooperativismo como motor económico y social

Ruperto Iglesias — Presidente de ASATA

Generar empleo estable

La nueva ley también incorpora figuras como las cooperativas de impulso empresarial y las cooperativas de desarrollo local que ASATA considera especialmente relevantes para generar empleo estable, fijar población, dinamizar el territorio y dar respuesta a nuevas formas de actividad económica desde los principios de la economía social.

“Las cooperativas de impulso empresarial y las de desarrollo local pueden ser herramientas muy útiles si se despliegan bien”, manifiesta el presidente de la agrupación.

De ideas a proyectos viables

ASATA estima que Asturias necesita fórmulas que ayuden a transformar ideas en proyectos viables, especialmente en los territorios donde el emprendimiento individual tiene más dificultades y donde la cooperación puede marcar la diferencia.

La agrupación valora igualmente que la norma refuerce el uso de la página web corporativa como instrumento de publicidad, comunicación y participación, así como su utilidad para favorecer reuniones y encuentros telemáticos.

Políticas activas

Para la organización, esta adaptación a las herramientas digitales es imprescindible para modernizar el funcionamiento cooperativo y facilitar la participación de las personas socias.

La entidad recuerda, además, que las cooperativas son empresas democráticas, arraigadas en el territorio y comprometidas con la creación de empleo estable y con una distribución más equilibrada de la riqueza. Por ello, insiste en que la nueva ley debe ir acompañada de políticas activas de fomento del cooperativismo, formación, asesoramiento especializado, financiación adaptada y presencia de la economía social en las estrategias de desarrollo económico del Principado.

Convertir el acuerdo en resultados

“La ley abre una oportunidad. Agradecemos el apoyo de los grupos que la han hecho posible y el amplio consenso alcanzado, pero ahora hay que convertir ese acuerdo en resultados: más cooperativas, menos burocracia real, más empleo estable y más economía social en Asturias”, corrobora Ruperto Iglesias.

ASATA se compromete a colaborar con lealtad institucional, pero al mismo tiempo anuncia que va a ser exigente para que esta norma no se quede “en una buena intención legislativa”.

Esta semana podría marcar un antes y un después en el devenir cultural de Barcelona. Decenas de colectivos procedentes de los circuitos de base, entre ellos espacios del subsuelo y la contracultura, equipamientos municipales de gestión comunitaria y cooperativas y proyectos de la economía solidaria, se han reunido dos días en el Centre Cultural La Model. El objetivo de las ‘Jornades de Treball de Cultura de Base i Comunitària’ era elaborar propuestas que, más allá de garantizar la subsistencia de los proyectos culturales de base, impugnen un modelo de “ciudad sumida en la lógica neoliberal” que ha perdido decenas de espacios y puede perder aún más.

El encuentro parte de un diagnóstico claro presentado por Diego Salazar, socio fundador de la cooperativa Connectats e impulsor del proyecto Fes! Cultura. Así como está clara la existencia de un modelo cultural privado y otro modelo institucional, “no hay un reconocimiento político ni mediático de un tercer modelo que es la cultura de base y comunitaria”.

Sin embargo, la vida cultural de Barcelona no se puede explicar sin esta tercera pata en la que orbitan cientos de espacios y proyectos que no entienden la cultura como un producto que vende la empresa privada o como un servicio que ofrece la administración al ciudadano, sino como dinámicas cotidianas diseminadas por los barrios y de las que los habitantes son partícipes activos. “Es urgente cambiar el marco cultural de esta ciudad” porque “sin cultura de base no hay cultura de ciudad”, concluyó.

Un frente de luchas compartidas

A diferencia de otros momentos en los que la cultura de base se postulaba como un gremio con demandas concretas y particularidades muy sectoriales, e incluso como una plataforma desde la que resolver problemas concretos, en La Model flotaba la necesidad, diríase que hasta la urgencia, de conectarse con otras luchas de ciudad. Algunas intervenciones estuvieron protagonizadas por portavoces del movimiento Regularización Ya!, del colectivo No a l’Ampliació del Macba, de la Plataforma de Gestió Ciutadana (cuyas entidades gestionan 80 proyectos) y de Cultura Coop (con 120 cooperativas culturales en Catalunya).

Perfectamente hubiesen encajado más intervenciones de docentes, bibliotecarios y espacios okupados, pues, en palabras de Salazar, lo que se estaba impugnando era “un modelo de ciudad que no reconoce ni cuida las formas de cultura que producen las comunidades, sostienen la vida de los barrios y quedan fuera de las lógicas extractivistas del mercado”.

Las cifras presentadas fueron concluyentes. Los 112 millones destinados a la ampliación del MNAC, los 16 para la del Macba, los 70 para la construcción de una nueva sede del Liceu en el Port Vell o los 11 para el nuevo teatro y escuela de artes escénicas Génesis contrastan con los apenas 15 millones que destina el ayuntamiento al tejido cultural barcelonés.

La desproporción entre grandes inversiones y la paralela desatención a “artistas, colectivos y entidades de base que sostienen la cultura desde el territorio” revelan un modelo de ciudad “entregada al turismo, al negocio urbanístico y a la expulsión vecinal”, mientras “la cultura arraigada en los barrios se relega al ostracismo”, apuntó Salazar. Semolina Tomic, directora del Antic Teatre, calificó los patronatos y fundaciones que gestionan los grandes recintos culturales de la ciudad como “un entramado neoliberal muy heavy en favor de unos pocos”.

El encuentro de esta semana tiene su raíz en jornadas intermitentes que se han ido celebrando desde 2018. Pero, como remarcó Gerard Altaió, poeta y artista visual, esta vez la intención era ir más allá del diagnóstico de carencias y problemática para dibujar un nuevo escenario donde la cultura de base y comunitaria juegue un papel central en el entramado de la ciudad. Para ello, se organizaron siete mesas de trabajo desde las que profundizar en diferentes ámbitos y trazar unas primeras líneas de acción.

Las hubo sobre sostenibilidad económica y laboral, sobre la lucha para preservar los espacios, sobre burocracia administrativa, sobre reconocimiento institucional, sobre articulación interna y autoorganización, sobre alianzas con otras luchas ciudadanas y sobre cómo generar un relato que visibilice y legitime la aportación de la cultura de base y comunitaria a la sociedad.

Avalancha de propuestas

Propuestas no faltaron. La primera, reclamar una interlocución directa con el Ministerio de Trabajo, y no ya con el de Cultura, para asentar de una vez las especificidades laborales de los trabajadores del sector. La segunda, reclamar el censo de edificios de titularidad pública de Barcelona para, por un lado, saber quién los gestiona y si están ofreciendo algún tipo de retorno a la ciudad y, por otro, exigir la implantación de modelos de cogobernanza público-comunitaria.

También se habló de crear un observatorio que investigue cómo se reparten los presupuestos de cultura y a quién van. Y de aplicar prácticas reparadoras a los colectivos sistemáticamente excluidos que impliquen no solo cuotas preferenciales en puestos de trabajo, sino también destinar recursos específicos.

La avalancha de demandas y propuestas fue ordenada en una asamblea final dinamizada por la arquitecta Itziar González. Su elección no era caprichosa, pues preside el Observatori Ciutadà Contra la Corrupció. Lo primero que hizo fue asumir que todas las propuestas “serían integrales y no pensadas para satisfacer capillitas”. Y así fue. Tan integrales eran que muchas de ellas quedaron en simples esbozos de intenciones. No es fácil concretar tanto en tan pocas horas.

Aun así, y fruto de esa necesidad de plantear soluciones estructurales a problemas estructurales, apareció como una inesperada tabla de salvación articular una alianza sólida con la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Un frente común de espacios de cultura de base y comunitaria, de cooperativas y asociaciones en la órbita de la economía social y solidaria ya serían palabras mayores. Como lo es el concepto de los derechos culturales. Como lo es el de bien común frente al del ánimo de lucro. Se habló incluso de reforzar el ya existente Laboratorio Jurídico impulsado por la XES con demandas específicas desde el flanco cultural.

Por escrito todo suena algo espeso y confuso, pero, en caso de concretarse, son medidas y estrategias que atacarían directamente a la línea de flotación del sistema cultural barcelonés tal y como se entiende desde hace décadas. Porque en La Model no se habló solo de recursos económicos, sino de política y, más concretamente, de “un pacto social contra el actual modelo de política cultural”.

No faltó quien subrayó que nada de esto será posible si la ciudadanía no defiende sus derechos culturales como los educativos y sanitarios. Y ahí hay un gran desafío. Tal vez por ello se incidió en la importancia de la cultura de base, sus espacios diversos y prácticas comunitarias, como un dique fundamental ante el auge de la extrema derecha. Tampoco faltó quien lamentó tanta utopía. A esto último, González solo respondió: “Todo es utopía hasta que deja de serlo”.

Ni el Ministro de Cultura ni el PSC

En el acto final, el de presentación de conclusiones, destacó y fue destacada la ausencia de varias autoridades convocadas, pues habían confirmado su asistencia. Ni el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ni nadie del gabinete del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acudieron a La Model. Semolina Tomic, de l’Antic Teatre, no se mordió la lengua. “Todo el PSC ha excusado su presencia”, informó, “pero yo quiero denunciar su ausencia. Su deber era estar aquí. Pagamos su sueldo con nuestro dinero”, recordó, mientras lamentaba el agravio comparativo que supone que, “cuando una empresa como Focus presenta la maqueta de su nuevo edificio allí están todas las autoridades”.

Para gran parte de los allí presentes, la ausencia de autoridades del Ayuntamiento es una forma de negar una realidad: la de la existencia de estos circuitos y espacios de cultura de base y comunitaria. “Y es una negación que dura ya cuarenta años”, recordó Tomic.

Tanto entre los ponentes de las jornadas como entre los asistentes destacó la diversidad de perfiles, reflejo de la diversidad ya existente no solo en la ciudad sino en muchos de los espacios de gestión comunitaria que nutren de vida y cultura el subsuelo barcelonés. La paridad de género estuvo más que superada y la presencia de identidades no binarias también era notable.

Además, llamó positivamente la atención la variedad de acentos catalanes: no solo de Sarrià o Sant Andreu, sino también gallegos y castellanos, latinoamericanos y balcánicos, prueba de que muchos de los espacios que garantizan que Barcelona no sea solo una ciudad macrofestivalera y disponga de actividad cultural durante todo el año están sostenidos por catalanes llegados de todos los rincones del planeta.

La única presencia no prevista el martes en La Model fue el muy violento chaparrón que cayó durante el acto de la clausura. No solo llovió agua; también, piedra. Más de uno lo interpretó como una metáfora climatológica de la que se avecina. Las elecciones municipales de mayo de 2027 son el horizonte cargado de nubarrones que tienen entre ceja y ceja los impulsores del encuentro.

Así lo debieron percibir los representantes de los tres únicos partidos políticos presentes en la sala: Barcelona En Comú, ERC y CUP. El objetivo de los espacios de cultura de base y comunitaria reunidos esta semana ya no es mendigar recursos para seguir existiendo desde la marginalidad económica y política, sino hacer temblar las estructuras que sostienen el entramado cultural de Barcelona.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, acompañada por la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha presentado este viernes la convocatoria de subvenciones destinadas al emprendimiento y a la consolidación de las sociedades cooperativas de trabajo asociado, sociedades cooperativas de trabajo asociado micro, sociedades laborales y empresas de inserción sociolaboral. 

Dotada de 114.100 euros, esta línea dirigida estará abierta durante treinta días hábiles a partir de mañana sábado y “supone un avance significativo en el apoyo a la economía social y refuerza el compromiso del Gobierno de La Rioja con los modelos asociativos y colaborativos”. 

León ha destacado que la partida permitirá “potenciar proyectos y consolidar el tejido existente, promoviendo el acceso a la financiación, la mejora de estructuras, el asesoramiento y la difusión de los valores cooperativos en la región, así como fomentar la generación de empleo estable y el impulso del emprendimiento colectivo”. Actualmente, en La Rioja hay un total de 120 cooperativas no agrarias activas que aglutinan a 449 socios.

La consejera ha puesto en valor “la importancia del cooperativismo como herramienta para favorecer el arraigo poblacional y la cohesión territorial en una Comunidad como La Rioja, caracterizada por la presencia de numerosos pequeños municipios”. En este sentido, “las fórmulas de economía social representan una alternativa empresarial capaz de generar empleo estable y oportunidades de desarrollo en el medio rural”.

La finalidad de esta convocatoria, ha indicado Pilar Simón, “es apoyar el desarrollo de proyectos de emprendimiento y modernización de este tipo de empresas de economía social, mediante la mejora de su competitividad, facilitando así su consolidación”.

La Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo ha incluido esta ayuda en el Plan Estratégico de actuaciones para este año 2026. Desde que en 2022 el Parlamento de La Rioja aprobase por unanimidad La Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre Economía Social y Solidaria de La Rioja, el Gobierno de La Rioja ha fortalecido “su compromiso con este sector, gracias a la constitución del Consejo de Economía Social y Solidaria y a la creación de la Cátedra de Economía Social y Solidaria con la Universidad de La Rioja, así como al apoyo a la promoción del cooperativismo riojano y a los establecimientos comerciales en pequeños municipios”.

Estas subvenciones se financiarán exclusivamente con fondos propios de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con cargo a los créditos consignados en la Ley 8/2025, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2026.

Actuaciones subvencionables

Se consideran subvencionables las actuaciones desarrolladas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año 2026 en líneas como las subvenciones directas por inversión que contribuyan a la modernización y consolidación o mejora de la competitividad de cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción sociolaboral; la contratación de servicios de asistencia técnica; la realización de estudios de viabilidad, organización, comercialización o diagnosis; la implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión medioambiental; o la consultoría de innovación, en relación con la mejora de productos o procesos, diseño industrial o desarrollo de nuevos productos.

El importe máximo por solicitante es de 1.700 euros, independientemente de si la solicitud se refiere a gastos de inversión, de servicios de asistencia técnica o ambos.

Diversas entidades por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes por la tarde en el solar de la calle Llull 355, en Barcelona, para protestar contra la “privatización de la vivienda protegida”. Este amplio espacio vacío acogerá próximamente una promoción que correrá a cargo de la constructora Corp, que será la misma que edificará otros dos edificios en el mismo barrio. Entre todas, sumarán más de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO), casi la mitad de las que actualmente el Ayuntamiento tiene adjudicadas o en proceso de adjudicación.

Corp, una constructora a la que la justicia ha anulado recientemente una promoción de pisos de lujo, salió vencedora de la licitación pocos meses antes de que el consistorio presentara otros dos concursos abiertos a operadores privados para construir 600 viviendas más. Todo ello, según las entidades concentradas, supone un “proceso privatizador en medio de una emergencia habitacional grave”. Consideran que el hecho de que las promociones se estén adjudicando a promotoras privadas “favorece los intereses de la patronal inmobiliaria, asegurándoles beneficios astronómicos”.

Este tipo de promociones dedicadas a vivienda protegida suponen la cesión del terreno y la finca gratis durante 30 años y cuentan con subvenciones y financiación públicas que cubren el 100% del coste de construcción, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La administración también ha calculado que los beneficios que Corp puede sacar de un solar como el de Llull ronda el 11% anual. Con todo, las entidades convocantes -la XES, el Observatorio DESCA, la PAH, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, Habicoop y organizaciones juveniles de UGT y CCOO- han calculado que los beneficios de estas constructoras pueden rondar los 600 millones.

“Son beneficios estables y crecientes, ya que los alquileres aumentarán de la mano del IPC, todo ello en base a fondos públicos”, apuntan desde la XES. Esta entidad se muestra de acuerdo en que la prioridad es construir vivienda pública y protegida, pero considera que es una “contradicción” que la misma se encargue a empresas privadas. “Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir en suelo público, se debería encargar la gestión y la edificación a entidades sin ánimo de lucro”, apuntan desde la Federación de Cooperativas de Vivienda. “No tiene sentudi que estemos pensando en regular el uso social de la vivienda en suelo privado, pero se impulse la privatización en el suelo público”, remachan.

En esta línea, las entidades convocantes lamentan que las cooperativas de vivienda sólo han conseguido la adjudicación -todavía sin confirmar- de 200 VPO, lo que para los convocantes es un “agravio” y una “irresponsabilidad”, además de una vulneración del convenio ESAL, un pacto con el consistorio que establece que las cooperativas construirían y gestionarían 1.000 viviendas.

Que el peso de la balanza caiga del lado de las promotoras privadas, según alertan desde la PAH, “desplaza la función social de la vivienda”, lo cual es “especialmente grave” al tratarse de VPO, que están destinadas a “familias vulnerables sin más alternativa”. Lamentan que la administración esté cediendo el suelo público a empresas privadas que gestionarán estos pisos durante 99 años y recuerdan que cuando los operadores privados han sido las encargadas de VPO “los derechos de las inquilinas se han visto perjudicados”.

En esta línea, han recordado lo sucedido en hasta 34 promociones de vivienda protegida gestionadas por La Caixa, en las que los vecinos denunciaron falta de mantenimiento en los edificios, subidas de precio injustificadas, no renovación de contratos, expulsiones y cobro de cláusulas abusivas. Estos edificios fueron construidos por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 y por los que cobró más de 25 millones de euros en subvenciones.

Este caso dio paso a una campaña que vino a demostrar que el banco inició “prácticas especulativas feroces” en cuanto hubo recuperado la inversión inicial y los pisos pasaron a estar en una fase en la que la normativa le permitía vender o alquilar a precios “estipulados”, pero sin obligación alguna de tener las viviendas ocupadas.

“El resultado aumentó el patrimonio inmobiliario de La Caixa, que ha terminado desligándose de las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público”, denunciaron en su momento desde el Sindicat de Llogateres, entidad que acompañó a las vecinas afectadas.

Es cierto que actualmente esta situación no se podría repetir ya que, desde 2019, todas las viviendas de promoción pública en Catalunya mantienen la protección de forma indefinida, pero las entidades convocantes alertan de que “los operadores privados todavía pueden encontrar maneras de maximizar beneficios”, y apuntan a posibles cláusulas abusivas o la desinversión en el mantenimiento.

En este sentido, ponen la vista en el Plan Estatal de Vivienda, que también se ha presentado este martes y que, entre otras cosas, pretende blindar la VPO para siempre. “El Gobierno dice que ni un euro de este plan va a ir a parar a la especulación, pero eso es mentira si se cede el suelo público a grandes corporaciones inmobiliarias que se dedican a las viviendas de lujo”, alertan desde el Sindicat de Llogateres.

Por ello, los organizadores de la concentración exigen al gobierno municipal que pare los concursos abiertos -a los cuales han anunciado que presentarán enmiendas- y que destine ese suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL. “Es un cambio de paradigma: hay que dejar de usar estos pisos como anzuelo para la iniciativa privada. La solución a la crisis pasa por desmercantilizar la vivienda”.

Hay proyectos que no nacen en una pizarra ni en un plan de negocio. Surgen, más bien, de una incomodidad persistente con cómo funcionan las cosas. De una necesidad de hacerlas de otra manera. Así nace Sentido Inverso, una cooperativa granadina que ha decidido cuestionar la lógica tradicional de la consultoría para ponerla al servicio de quienes, casi siempre, se quedan fuera del foco.

“La idea surgió en 2024, tras años trabajando en entidades sociales, de una necesidad que detectamos: queríamos crear un proyecto empresarial donde el factor humano y la colaboración fueran el eje central, no sólo un recurso”, explica Jemi Sánchez, cofundadora junto a Margarita Arango. Dos perfiles, el social y el jurídico, que se complementan para sostener un modelo que no se limita a asesorar desde un despacho, sino que se implica directamente en la intervención.

Esa vocación de ir a contracorriente no es sólo un relato, sino el punto de partida de todo el proyecto. Sentido Inverso SCA nace en julio de 2024 como una apuesta consciente por “subvertir las estructuras tradicionales del emprendimiento y la intervención social”, desde una identidad feminista, sostenible y profundamente vinculada a las realidades que suelen quedar en los márgenes. Si el primer año fue el del arranque y la incertidumbre, 2025 sirvió para validar ese “pensamiento inverso” como una metodología sólida: “Hemos transformado la resiliencia en solvencia técnica”, explican, demostrando que es posible gestionar servicios públicos complejos y asesorar a grandes entidades sin renunciar a la cercanía ni al rigor humano. Hoy, lo que comenzó como un proyecto de autoempleo se ha consolidado como un agente de transformación social con proyección en toda Andalucía.

Esa evolución se traduce en una estructura de trabajo que articula lo social, lo jurídico y lo educativo como piezas de un mismo engranaje. Desde la gestión integral de proyectos, planes estratégicos o políticas públicas hasta la intervención directa con personas migrantes, víctimas de violencias o en situación de sinhogarismo, pasando por el asesoramiento jurídico especializado -especialmente en extranjería y protección de víctimas- o el desarrollo de programas educativos vinculados a la infancia vulnerable, la corresponsabilidad y la participación comunitaria. Una propuesta que no separa despacho y territorio, y cuya singularidad reside precisamente en esa fusión: convertir la consultoría técnica en una herramienta útil para intervenir en realidades de alta complejidad humana sin perder de vista el impacto directo.

Algo más que consultoría

Porque Sentido Inverso no es sólo una consultora. Es también calle, acompañamiento y presencia. En colaboración con el Ayuntamiento de Granada, gestionan la Unidad Móvil de atención a mujeres en contextos de prostitución, donde ofrecen apoyo social, jurídico y sanitario. Un trabajo que se extiende también a la infancia en situación de vulnerabilidad y a mujeres cuidadoras, con intervención directa en barrios como Norte y Zaidín. “Lo que más nos llena es ver el impacto tangible. No se trata sólo de números o de estrategia sobre el papel, sino de ver cómo una organización o una persona logra transformar su entorno gracias a una gestión más consciente y social”, explica Sánchez.

Esa doble dimensión, la de consultoría e intervención, es precisamente uno de los rasgos que define su modelo. Por un lado, diseñan estrategias de crecimiento y consolidación para entidades del tercer sector, acompañan en la captación de fondos públicos y privados y forman a equipos en intervención social, gestión emocional o enfoque interseccional. Por otro, aplican ese conocimiento directamente sobre el terreno, en contextos donde la desigualdad no es un concepto abstracto, sino una realidad cotidiana.

En ese cruce aparece también uno de sus principales retos: sostener el equilibrio. “En una consultoría que vive la economía social, el reto es demostrar que la rentabilidad económica y el impacto social no son enemigos, sino aliados”, señala Sánchez. “A veces toca romper muchos techos de cristal y prejuicios sobre cómo debe gestionarse una empresa hoy en día”. Sentido Inverso se define como una entidad sin ánimo de lucro que genera empleo -actualmente cuenta con un equipo multidisciplinar de 11 personas- y reinvierte sus beneficios en su propio objeto social. Un planteamiento que cuestiona directamente la dicotomía clásica entre lo económico y lo social, y que se alinea con los principios del cooperativismo.

No es casualidad que su propia identidad se articule en torno a una metáfora: Venus, el único planeta del sistema solar que gira en sentido contrario. “No seguimos la inercia del mercado tradicional”, explican desde la entidad. Una forma de entender la empresa que no nace de la lógica del beneficio, sino de la urgencia de intervenir sobre la desigualdad desde la raíz. Ese posicionamiento les ha valido distintos reconocimientos en el ámbito de la economía social y el emprendimiento, entre ellos su paso por la II edición de los Premios +Coop Granada impulsados por FAECTA Granada. Un respaldo que, lejos de cerrar una etapa, refuerza su hoja de ruta.

“Este reconocimiento es un impulso de energía que nos confirma que no estamos solas en esta visión”, apunta Sánchez. “Lo sentimos como una victoria colectiva, de todas las personas y entidades que creen que otra forma de hacer empresa -más justa, equilibrada y humana- es posible”. A corto y medio plazo, el objetivo es claro: consolidar un modelo en el que lo sostenible, lo social y lo rentable no compitan entre sí, sino que se refuercen mutuamente. Y hacerlo crecer. Actualmente con presencia en Granada y Málaga, Sentido Inverso aspira a extender su acompañamiento a otras provincias andaluzas, llevando ese “sentido inverso” a más organizaciones y territorios.

Porque, en el fondo, de eso se trata: de demostrar que otra forma de hacer empresa no sólo es deseable, sino viable. Y que, cuando el foco se pone en las personas, la transformación deja de ser un discurso para convertirse en práctica cotidiana.

La nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social ya es una realidad, aprobada este jueves de manera definitiva por el Congreso de los Diputados, y que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Entre las novedades más destacadas, la norma incluye medidas como nuevas ayudas fiscales a las cooperativas de viviendas en cesión de uso, más causas para descalificar a falsas cooperativas y más colectivos que pueden contratar las empresas de inserción, entre otras.

El Ministerio liderado por Yolanda Díaz, que ha impulsado la regulación, destacaba este jueves que la llamada “economía social” representa “un modelo económico alternativo que prioriza las personas por encima de los beneficios, promoviendo formas empresariales más justas, resistentes, horizontales y democráticas, y que permiten cohesionar el territorio combatiendo la despoblación rural y fomentando el arraigo”.

En concreto, la ley recoge las entidades que forman parte de la economía social, con la novedad de delimitar los centros especiales de empleo solo a aquellos de “iniciativa social”. Son “las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo de iniciativa social, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, las empresas sociales” que se rijan por los principios establecidos para este tipo de economía.

No se trata de un “apartado menor” de la economía, ha recordado este jueves Yolanda Díaz, ya que supone el 11% del PIB, más de 127.000 empresas y entidades, de las que dependen más de 2,2 millones de empleos directos e indirectos, ha cifrado su Ministerio.

Así, la nueva legislación incluye cambios en cuatro leyes que integraban el ecosistema normativo de este sector: la Ley de Cooperativas, la de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas.

A continuación, sin que sea una enumeración exhaustiva, se recogen algunas de las novedades más relevantes de la ley, que ha destacado el Ministerio y otros colectivos de la economía social.

Ayudas fiscales a vivienda de cesión de uso

La ley favorece por primera vez las cooperativas de vivienda de cesión de uso, al considerarlas “especialmente protegidas”. Se trata de un modelo todavía poco conocido, pero que está empezando a crecer en algunas zonas. A diferencia de otras fórmulas cooperativas, esta no se disuelve cuando se construye la promoción ni se reparte la propiedad, sino que es la entidad quien la mantiene y transfiere el derecho de uso a los socios.

Esta nueva legislación introduce así las cooperativas de vivienda de cesión de uso como “como cooperativa especialmente protegida”, siempre que mantengan la propiedad de las viviendas, no repartan retornos y cumplan requisitos específicos. Este reconocimiento otorga a estas cooperativas el acceso a determinados beneficios fiscales.

Más foco para destapar falsas cooperativas

La ley refuerza las causas de descalificación administrativa para actuar frente a entidades que operan bajo apariencia cooperativa, pero que vulneran sus principios y valores. Es decir, las falsas cooperativas que en algunos sectores han hecho mucha mella y han requerido de una intensa actuación de la Inspección de Trabajo, como ocurrió con Servicarne.

Por ejemplo, detalla la descalificación “cuando la prestación del trabajo de las personas socias trabajadoras o socias de trabajo no se desarrolle de acuerdo con su estatuto jurídico, con participación efectiva en la gestión democrática y en el ámbito de organización y dirección de la cooperativa, así como cuando se encubra bajo la forma cooperativa finalidades propias de otras clases de sociedades o cuando se advierta la dependencia de otras entidades o personas”, entre otras causas.

Digitalización y planes de igualdad en cooperativas

La norma también incorpora novedades en el terreno de la digitalización de las cooperativas, para adaptar “al siglo XXI el funcionamiento interno” de estas organizaciones, destaca el Ministerio de Trabajo, a través de la regulación de las comunicaciones electrónicas, la participación telemática en asambleas y consejos rectores, y el refuerzo del derecho de información de las personas socias, entre otros puntos.

La ley incorpora también medidas de igualdad ajustadas a su singularidad, como “planes de igualdad cooperativos”. Por ejemplo, también contempla una nueva Comisión de Igualdad, impulsa la conciliación y establece un nuevo principio de “presencia equilibrada” de mujeres y hombres en los órganos de la sociedad, como su Consejo Rector y Asamblea General.

Nuevos colectivos de trabajadores de centros de inserción

Con un lenguaje “menos estigmatizante”, destacan en el Ministerio de Trabajo, el texto incluye una definición de empresa de inserción “más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral”. La ley además amplía los colectivos de personas que pueden ser empleadas por las empresas de inserción.

Así, podrán contratar “como trabajadoras en inserción a las personas desempleadas o en situación de mejora de empleo e inscritas en los servicios públicos de empleo expuestas a factores de vulnerabilidad y/o exclusión social” y, específicamente se incorporan colectivos a los ya existentes como personas desempleadas durante dos años o “un período superior a doce meses en caso de ser personas mayores de 45 años”, víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos, y personas inmigrantes, así como beneficiarias de protección internacional, cuando por sus características o circunstancias personales presenten especiales dificultades de integración en el mercado laboral, entre otras.

Más contratación pública social

“La ley eleva la contratación pública reservada, aumentando el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social”, destaca el Ministerio de Trabajo. Además, los pliegos deberán incorporar criterios y condiciones de ejecución que fomenten la contratación de personas en itinerarios de inserción y la subcontratación de empresas de inserción, indican en Trabajo.

La legislación cuenta con el respaldo de la mayor patronal del sector, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que había pedido el apoyo para que saliera adelante en el Parlamento.

“La Economía Social constituye un punto de encuentro político, tal y como se ha reflejado en el compromiso manifestado por los distintos grupos parlamentarios a lo largo de la tramitación de este proyecto legislativo”, ha destacado la confederación presidida por Juan Antonio Pedreño.

La Ley Integral de Impulso de la Economía Social es una realidad. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de manera definitiva este nuevo marco legal que pretende aglutinar y modernizar tres leyes previas del conjunto de la llamada “economía social”, como las cooperativas y las empresas de inserción, impulsado por el Ministerio de Yolanda Díaz y que cuenta con un amplio respaldo del sector. El Congreso ha recibido de vuelta la norma del Senado y ha rechazado la mayor parte de las enmiendas incluidas por el PP.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado el trabajo de más de “un año y medio” para sacar esta legislación adelante, con las aportaciones del conjunto de diputados del Congreso y de los senadores de la Cámara Alta.

“Una pequeña reflexión: la economía social en España supone hoy, no un apartado menor de la economía en nuestro país. Es nada más y nada menos que el 11% del PIB, tiene que ver con la vida de muchísimas empresas”, ha destacado Díaz.

El Ministerio de Trabajo destaca que, como sector socialmente estratégico de nuestra actividad, “la Economía Social representa un modelo económico alternativo que prioriza las personas por encima de los beneficios, promoviendo formas empresariales más justas, resistentes, horizontales y democráticas, y que permiten cohesionar el territorio combatiendo la despoblación rural y fomentando el arraigo”.

Modernización de tres leyes previas

Esta Ley Integral supone una actualización del marco jurídico de la economía social en España, que aglutina y reforma tres leyes previas: la Ley de Cooperativas, la Ley de Empresas de Inserción y la Ley de Economía Social.

Además, incorpora una modificación de la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas para impulsar y proteger especialmente por primera vez el modelo de la vivienda cooperativa en cesión de uso, una de las medidas que ha destacado el Ministerio ante al actual problema de acceso y coste de la vivienda en España.

Entre sus novedades, la nueva ley impulsa “fórmulas innovadoras de la Economía Social”, destaca el Ministerio, “como la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso, las comunidades energéticas o el comercio justo”.

Otro de los avances más relevantes es el “refuerzo de las causas de descalificación administrativa” para actuar frente a las falsas cooperativas, entidades que operan bajo una apariencia de supuesta cooperativa,“ pero que vulneran sus principios y valores”, indican en Trabajo.

También se reforma la regulación de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre las novedades, se modifica la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, que pueden ser contratadas a través de estas empresas.

Yolanda Díaz ha destacado que, frente “al ruido” de la política en la actualidad, este jueves se ha celebrado “el valor democrático de las Cámaras, que sirvan para mejorar la vida de la gente”.

La legislación cuenta con el respaldo de la mayor patronal del sector, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que había pedido el apoyo para que saliera adelante. La organización destaca que la economía social supone no solo el 11% del PIB, sino también “cerca de 130.000 empresas y entidades que generan 2,25 millones de empleos directos e indirectos”.

“La Economía Social constituye, además, un punto de encuentro político, tal y como se ha reflejado en el compromiso manifestado por los distintos grupos parlamentarios a lo largo de la tramitación de este proyecto legislativo”, ha destacado CEPES, presidida por Juan Antonio Pedreño.

Frutas y verduras de temporada, pasta y frutos secos a granel, piensos para animales, pajitas de bambú, gel de ducha y detergente sin envasar, lácteos, carnes, productos veganos, huevos… pero también un indispensable de muchas cestas zaragozanas: cervezas Ambar. Las estanterías de A Vecinal están repletas de “productos ecológicos, artesanos y de cercanía”. Así lo anticipa el eslogan de la puerta de este supermercado cooperativo de Zaragoza, único en Aragón, situado en la calle Santiago Lapuente 5, en el barrio del Arrabal. 

Este proyecto colaborativo surgió en el año 2018 “de una forma orgánica” y gracias al poder del audiovisual. Inspirados en el documental ‘Food Coop’, un grupo de amigos de la capital aragonesa vio que era posible un modelo de consumo distinto en su ciudad. “Otras formas de consumo son posibles y son reales. Más allá de la teoría, aquí está la constatación”, señala Leyre Muskilda Fernández, una de las socias de A Vecinal.

Supermercado cooperativo

Ante la pregunta de qué es un supermercado cooperativo, Fernández responde: “Es una tienda donde abastecerte de productos para tu día a día (alimentación, higiene, cosas del hogar…), cumpliendo con unos criterios de sostenibilidad para las personas y para el planeta; y que además funciona de forma autónoma porque todas las decisiones se toman desde la cooperativa, desde las personas que son socias”.

Así, cooperación, sostenibilidad y soberanía alimentaria son los términos que rigen esta iniciativa. Porque, además de ofrecer productos ecológicos y de cercanía, A Vecinal tiene la particularidad de estar abierto a todo el público: “Ves desde gente mayor del barrio, que está muy en contacto con la huerta de Zaragoza, hasta muchas familias concienciadas con el tema de la alimentación de sus hijos. También proyectos comunitarios compran, hay un par de escuelas infantiles que tienen comedor”, señala.

Si bien es cierto que están solos en Aragón, A Vecinal forma parte de la Red Estatal de Supermercados Cooperativos. Una asociación española, creada hace tres años, con el “objetivo de unir fuerzas para impulsar nuestro modelo de distribución y consumo alimentario justo, sostenible y democrático”. En total son 15 espacios distribuidos por todo el país: Getafe, Valencia, Pamplona, Barcelona, Sevilla, Murcia… Como curiosidad, la primera asamblea se celebró en el desaparecido CSC Luis Buñuel y, de acuerdo con Fernández, “desde entonces la red funciona súper bien: ha generado puestos de trabajo, pide subvenciones, económicamente apoya, nos ofrece material comunicativo... En fin, cubre un poco áreas a las que no llegamos”. 

Como toda cooperativa, A Vecinal está formada por socios. En concreto, más de 500; una cifra que va aumentando cada mes. Para entrar, deben realizar una aportación de 150 euros con la que podrán disfrutar de los descuentos exclusivos del supermercado y ser partícipes del mismo. Pero, además del pago, cada socio tiene la obligación de realizar un trabajo voluntario de dos horas mensuales en los diferentes grupos de trabajo: facturación, comunicación, estructura, tienda y proveedores. “A la gente nos gusta. Puedes elegir lo que compras y tomar decisiones y a mí, personalmente, me encanta la idea de pensar que estoy siendo coherente con mis principios y con el planeta a la vez”, indica Fernández. Además del voluntariado, hay cuatro personas contratadas: tres en tienda y una en gerencia.

Productos ecológicos para todos los bolsillos

El objetivo es que “tu compra no la tengas que hacer en 30 sitios distintos”, por eso marcas conocidas también tienen su hueco. Sin embargo, A Vecinal destaca por vender productos de calidad y sostenibles, primando kilómetro cero y granel. “Es súper importante que puedas traer tu envase. Primero porque ahorras, te llevas la cantidad que necesitas, no estás generando excedente. Y luego porque evitas un consumo de plásticos innecesarios”, comenta. En caso de que el envase sea obligatorio, se apuesta por un packaging sostenible. 

Y es que la ecología es una de sus señas de identidad: “Entendemos que si un producto tiene un sello ecológico, pero viene de China en un avión; esa huella de carbono que ha dejado en todo el traslado lo invalida por completo”. Los productos son ecológicos pero, a diferencia de lo que se pueda pensar de primeras, accesibles para todos: “La alimentación saludable es un derecho y que haya sostenibilidad ambiental también es un derecho del planeta”.

Pero, ¿cómo hacerlo posible? A través de la cercanía, márgenes de beneficio no abusivos y el granel: “Nos dimos cuenta de que un producto a granel no es caro, si lo traes de cerca. Esto nos pasa con productos básicos como la pasta, el arroz, las harinas y, desde luego, con producto fresco. Los precios son imbatibles aquí”. 

En A Vecinal trabajan, en la medida de lo posible, con proveedores de la comunidad. Con ellos, se establece una relación cercana y de confianza, lo que agradecen ambas partes: “Aquí hacemos catas de producto y nos trasladamos por ejemplo a ver el queso d’Estrabilla. Ves los animalitos y pruebas el queso, y nuestro proveedor te cuenta cuánto le cuesta hacer ese producto y, entonces, entiendes el precio que tiene y el trabajo que lleva detrás. Pero es que resulta que a ellos, cosa que yo no era tan consciente, también les gusta saber quién compra su producto. Reciben un feedback que de otra manera no tienen”, relata.

Sobre los márgenes Fernández explica que a diferencia de “las grandes superficies que los calculan de forma disparada”, ellos únicamente requieren de ese “extra” para sufragar los salarios de los trabajadores y los costes del local. “No hay más cosas que pagar aquí, tan sencillo como eso”, concluye.

Tres cooperativas, Virgen de las Viñas, Vinícola de Tomelloso y San José, todas de Ciudad Real, han ratificado hoy en Tomelloso su fusión “con el aval que supone el respaldo mayoritario de sus socios” para conformar así la cooperativas vinícola más grande del mundo.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la presentación de esta unión que ha tenido lugar en Tomelloso con la presencia del presidente de Virgen de las Viñas, Rafael Torres, ha dado las gracias a “a los más de 3.000 socios que forman ya este gran complejo cooperativo, liderado por Rafael Torres, al que queremos agradecer el conjunto del Gobierno regional el trabajo realizado por lo que conllevará en el futuro y que es fruto de un gran trabajo silencioso, respetuoso y buscando el bien común para un sector importante para Castilla-La Mancha como es el del vino”.

Fruto de esta fusión, se crea la cooperativa vitivinícola más grande del mundo, con un potencial del entorno cercano a los 300 millones de kilos de uva. Virgen de las Viñas ha supuesto en la campaña 2025-2026 el 8,4 por ciento del vino de Castilla-La Mancha y el 11,5 por ciento del mosto; siendo el 5,2 por ciento de la producción nacional de vino y mosto, cifras que se verán incrementadas con esta fusión, “que me consta que puede no ser la última, lo cual es una buena señal porque fortalecerse es una política inteligente”, ha señalado el consejero.

Otro de los efectos que tendrá es que mejorará la posición comercial de esta empresa cooperativa, lo que ayudará a que pueda negociar en mejores condiciones, optimizando recursos y reduciendo costes, “lo que es una parte fundamental en este mundo que nos toca vivir, ya que no solo se trata de vender más y a mejor precio, sino trabajar por la vía de ahorro de costes”, ha dicho.

Liderazgo en exportaciones

Desde el punto de vista del conjunto del sector vitivinícola, esta fusión también supondrá un impulso al comercio exterior, que tal como ha manifestado Martínez Lizán, “va muy bien” y así nos lo confirma que Castilla-La Mancha haya vuelto a liderar las ventas exteriores de vinos y productos vitivinícolas de España en 2025. Además, mientras el total nacional ha registrado una caída de más del 3% en valor y casi de tres en volumen, Castilla-La Mancha ha seguido creciendo un año más“.

Los datos indican que la región ha vendido más de la mitad del vino nacional y los precios siguen aumentando. En 2025 lo han hecho un 3,4% “lo que es una noticia excelente, porque indica que vendemos más vino embotellado y de calidad, fruto, sin lugar a duda, del trabajo de los viticultores en primer lugar y de las cooperativas y la industria del vino en el trabajo que vienen desarrollando desde el principio”.

También, el alcalde de Tomelloso que ha asistido a la fusión, ha calificado como “un hito histórico para el pueblo” la fusión, una operación que afianza al nuevo complejo como la cooperativa vitivinícola de primer grado más grande del mundo y consolida a la ciudad como centro agroalimentario de la región.

“Estamos hablando del mayor proyecto agroalimentario económico de Castilla-La Mancha, con proyección nacional e internacional”, ha afirmado el alcalde, quien ha destacado el impacto social y económico de la cooperativa, que mantiene más de 100 empleos fijos y alcanza una media anual de 132 trabajadores, además de generar actividad indirecta en numerosos sectores vinculados.

Datos económicos de la cooperativa

El presidente de la entidad ha detallado los principales datos económicos de la cooperativa, que este fin de semana celebraba su asamblea general y ha señalado que cerró el ejercicio con una facturación de 95,6 millones de euros.

El 60% de esta cantidad, ha indicado, va a la exportación, tanto de granel como de vino embotellado. El valor de lo abonado a los socios por la cosecha alcanzó los 75,8 millones de euros y el capital neto supera los 62,6 millones de euros. Durante 2025, las inversiones ascendieron a 11 millones de euros.

En cuanto a producción, la cooperativa, registró una entrada de 213,9 millones de kilos de uva, un 13% menos que la campaña anterior debido a las altas temperaturas de agosto. La fusión, ha apuntado el presidente de la cooperativa, supondrá un incremento estimado de 30 millones de kilos adicionales y la incorporación de alrededor de 2.000 nuevas hectáreas a las más 21.000 con las que ya contaba la entidad.

Torres ha avanzado que tras esta fusión están trabajando en la integración también de otras propuestas, entre ellas de la cooperativa de Argamasilla de Alba, con la que ya están en conversaciones y con la que, ha incidido, “hay buena sintonía”. Espera que salga adelante “por el bien de los agricultores, porque estar unidos es mucho mejor que estar separados”.

El presidente de Virgen de las Viñas ha recalcado que cuando hacen una fusión “no solo pensamos en nosotros, pensamos también en los fusionados y tiene que haber ventajas para ambas partes”.

El presidente de la cooperativa ha informado también de las cifras alcanzadas en materia de enoturismo, con casi 7.000 visitas el pasado año al Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena, ubicado en sus instalaciones, el museo etnológico y las cuevas y de las próximas actuaciones en materia de formación.

El compromiso del Gobierno de España con la economía social “se ha reforzado de manera clara y sostenida” en los últimos años, situando este modelo productivo como uno de los ejes estratégicos de la política pública, con la igualdad de género como principio transversal. Así lo defiende Aicha Belassir, directora general de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES).

Uno de los hitos más relevantes de este recorrido ha sido la incorporación expresa de la economía social en la denominación del propio Ministerio, a lo que se suma la reciente aprobación en el Congreso del Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social. A ello se añade un compromiso presupuestario “sin precedentes”, articulado a través de convocatorias anuales de subvenciones y de instrumentos como el Plan Integral de Impulso a la Economía Social, financiado con fondos Next Generation en el marco del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados.

“El apoyo público debe entenderse como una palanca que contribuye a poner en marcha y fortalecer proyectos con impacto, siempre desde una lógica de autonomía y sostenibilidad a medio y largo plazo”, subraya Belassir, quien destaca iniciativas como WeCoop Mujeres ESS, fruto de la colaboración público-privada. “Proyectos como WeCoop no solo dan visibilidad al liderazgo femenino, sino que generan herramientas, redes y oportunidades tangibles”, señala Belassir, como ejemplo de respaldo institucional a un modelo económico más inclusivo.

En ese sentido, la directora general de la Economía Social subraya que “sostener este tipo de proyectos es coherente con nuestro compromiso con una economía más democrática, más inclusiva y arraigada en el territorio”. Este tipo de proyectos, añade Belassir, “contribuyen a corregir desigualdades estructurales que históricamente han limitado la presencia de las mujeres en los espacios de decisión económica”.

Liderazgo femenino con impacto en el territorio

Al hilo, la directora general recuerda que la actualización de la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027 refuerza de manera explícita el papel activo de las mujeres en este ámbito, con medidas orientadas a la reducción de las brechas de género, el acceso equitativo a la financiación y la promoción de su presencia en los órganos de decisión de las entidades.

Desde el MITES insisten en que la economía social y solidaria solo puede avanzar “si incorpora de forma real y visible la participación activa de las mujeres”. Según explica Belassir, el apoyo del Ministerio a través del Plan Integral de Impulso a la Economía Social está teniendo efectos claramente visibles en proyectos impulsados por mujeres. “Estamos viendo el nacimiento y la consolidación de iniciativas que amplían su impacto y que inciden directamente en la mejora de las condiciones de vida de otras mujeres, especialmente en ámbitos como el empleo, el emprendimiento colectivo o el acceso a redes”, señala.

WeCoop es uno de los ejemplos que, a su juicio, se enmarcan en esta visión, al haber permitido “fortalecer liderazgos femeninos y generar dinámicas de cooperación con impacto real en los territorios”.

Más allá de la financiación

El respaldo institucional a este tipo de proyectos se articula no solo a través de recursos económicos, sino también mediante un acompañamiento continuado. Desde el Ministerio se trabaja para reforzar la autonomía de las entidades, aumentar su visibilidad, fomentar redes entre proyectos y facilitar su consolidación y replicabilidad.

Este enfoque se apoya en la colaboración público-privada como elemento clave del ecosistema de la economía social. Para Belassir, estas alianzas aportan un valor añadido fundamental a cooperativas, pymes y proyectos de inclusión social, al permitir sumar capacidades, recursos y miradas diversas. “No se trata únicamente de financiar iniciativas, sino de acompañarlas y fortalecerlas como parte de una estrategia de país”, afirma.

El impulso a proyectos liderados por mujeres en la economía social también está teniendo efectos en ámbitos estratégicos como la innovación, la transformación digital y el desarrollo rural. Desde el Ministerio destacan que estas iniciativas demuestran que “la innovación no es solo tecnológica, sino también social y organizativa, al introducir nuevas formas de producir, cooperar y tomar decisiones desde una lógica orientada al bienestar colectivo”.

La directora general de la Economía Social remarca que muchas de ellas están liderando procesos de digitalización inclusiva, transición ecológica y nuevos modelos de cuidados desde una perspectiva de proximidad y arraigo territorial. “En el medio rural, además, contribuyen a fijar población y a generar empleo estable, especialmente femenino”, reforzando la cohesión social y territorial.

Retos pendientes y mirada a futuro

Desde su responsabilidad al frente de la Dirección General de la Economía Social y de la RSE, Belassir destaca el trabajo realizado en los últimos años para mejorar los procedimientos, reforzar la transparencia y garantizar la eficacia de las políticas públicas. Entre los avances, señala la actualización normativa, el refuerzo de la inversión pública, la recuperación de estadísticas y el desarrollo de herramientas de análisis y evaluación del impacto de la Estrategia Española de Economía Social.

Pese a los avances logrados, Belassir reconoce que persisten retos relevantes en el ámbito de la economía social. De todos ellos, destaca “el acceso estable a la financiación, la escalabilidad de los proyectos o la superación de barreras estructurales que afectan especialmente a las mujeres”. En este escenario, añade la directora general, la colaboración con la administración pública resulta clave, sobre todo en las fases iniciales, cuando “el apoyo institucional puede marcar la diferencia entre una buena idea y una iniciativa viable”.

El objetivo, en definitiva, es “acompañar en la génesis y las primeras etapas de desarrollo, creando así las condiciones necesarias para que, una vez consolidados estos proyectos, avancen hacia una mayor autonomía y una mayor sostenibilidad”. El modelo por el que apuesta el Ministerio busca ser “más dinámico y circular”, fomentando que los proyectos consolidados actúen como referentes y apoyo para nuevas iniciativas, fortaleciendo así el conjunto del ecosistema de la economía social.

Un mensaje a las mujeres emprendedoras

De cara al futuro inmediato, las prioridades pasan por consolidar estos avances, dotar a la economía social de mayor visibilidad, seguridad jurídica y reconocimiento institucional, así como reforzar su proyección como pilar estratégico del desarrollo económico y social, “posicionando a España como un referente europeo e internacional” en este ámbito.

Como integrante del grupo MujerES LíderES de la Economía Social y reconocida entre las 100 mujeres más influyentes en empresas sociales en Europa, Belassir lanza un mensaje de confianza y ambición colectiva: “Animo a las mujeres a creer en sus proyectos, apostar por la profesionalización, tejer redes y asumir espacios de responsabilidad”, concluye la directora general, subrayando que su participación activa es imprescindible para construir un modelo económico más inclusivo y orientado al interés general.

La crisis de la vivienda ha causado una sangría en los barrios más pobres de las grandes ciudades. Miles de personas pagan alquileres por encima de sus posibilidades, viven bajo amenaza de desahucio, comparten habitaciones o incluso ocupan pisos vacíos por falta de ingresos. Morad, residente junto a su pareja en La Florida, el distrito más humilde de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), era hasta hace un año uno de ellos. 

“Hace seis meses que me cambió todo”, reconoce Morad mientras apura un zumo de naranja antes de ir a trabajar en un almacén. El piso en el que vive con su pareja, y en el que espera ver crecer a su hijo recién nacido, era hasta hace poco del fondo buitre Divarian, que estuvo a punto de desalojarles. Ahora es propiedad de una cooperativa del barrio, de la que él mismo es socio. Se llama Les Juntes y acaba de ser premiada por la organización internacional World Habitat como ejemplo de lucha por el derecho a la vivienda a través de la acción comunitaria.

Las cooperativas de vivienda han proliferado en los últimos años en España, sobre todo en Catalunya, y permiten a sus socios construir o rehabilitar edificios para residir en ellos fuera del mercado libre. Pero Les Juntes es algo diferente. En el corazón de la Florida, con elevados índices de pobreza e inmigración, las posibilidades económicas de sus vecinos son otras. “Decidimos rescatar pisos que ya están construidos y habitados, en distintos inmuebles, y que son de fondos buitre o bancos, que hay muchos”, señala Francisco Rubio, uno de sus socios e impulsores.

Desde su fundación en 2023, Les Juntes ha adquirido ya ocho viviendas en los bloques de la Florida. Todas ellas de grandes propietarios: el más repetido es Divarian, la filial inmobiliaria del fondo de inversión Cerberus, pero también están Solvia, Idea VIP… En la mayoría de casos, la compra sirve para proteger a quien reside en la vivienda, familias en situación de vulnerabilidad que son socias de la cooperativa. “Muchos tenían amenaza de desahucio”, explica Júlia Porta, otra de las socias de la entidad. 

Francisco y Júlia, que es a su vez la joven presidenta de la Asociación de Vecinos de La Florida, relatan los inicios de Les Juntes durante una entrevista en el local de Pomezia, espacio comunitario y sede oficial de la cooperativa. Nació de los distintos proyectos sociales y comunitarios que existen en el barrio, como La Florida s’Aveïna o las cooperativas Keras Buti (de consumo de proximidad) o La Fundició.

“Este trabajo de apoyo mutuo entre vecinas nos llevó a constatar que el principal problema de la mayoría era tener unas condiciones dignas de vivienda, y que eso había que conseguirlo con la movilización, pero también con la construcción de alternativas”, señala Rubio. 

Invitaron a cooperativas de vivienda para copiar su ejemplo, pero no encajaban en La Florida. “Requieren una inversión inicial que la mayoría de vecinos no puede asumir”, constatan. Pero después de años de parar desahucios a las puertas de los pisos, dieron con la idea para su proyecto, que ahora describen como “cooperativa de vivienda dispersa”.

La primera compra que consiguieron fue de una vivienda habitada por Hanane, una mujer marroquí que vino sola a España con su hijo autista. “Creo que antes vivió cinco intentos de desahucio”, explica Porta. “En su caso recuerdo que llegamos a un acuerdo con la propiedad, que era también Divarian, pero ejecutaron igualmente el desahucio y vino la comitiva judicial. Lo paramos y poco después hicimos la compra del piso”, recuerda. 

El precio medio al que han comprado es de entre 50.000 y 60.000 euros. “Es inferior al precio de mercado, pero porque hay personas viviendo dentro, lo que los fondos llaman tener bicho, que pasan a ser socias”, explican los promotores. A ello hay que añadir una reforma mínima para dignificar los pisos, debido a la degradación que padecen. El importe de esas obras suele ser de media de 7.500 euros. Cabe recordar que los 800 pisos de los Bloques la Florida son de unos 40 m2 y 2,2m de altura, en su mayoría sin aislamiento y con instalaciones eléctricas precarias. 

Actualmente, en las ocho viviendas que ya son propiedad de la cooperativa habitan unas 30 personas, de las que diez son menores de edad. Todas las unidades familiares deben ser socias de Les Juntes y, de hecho, según relatan, la mayoría participaban ya en los espacios comunitarios del barrio. Tienen derecho de uso de la vivienda durante un período de 50 años, con una cuota de 450 euros al mes. Esta y otras particularidades las pueden decidir los cooperativistas en asamblea. 

“La idea es conseguir que las familias en situación vulnerable tengan una solución habitacional estable, que es lo que pide todo el mundo y lo que te permite construir un proyecto de vida”, señala Rubio. Además de los que ya tienen piso, cuentan con unos 50 socios que han aportado el capital inicial de 300 euros a la espera de poder acceder también a una vivienda en La Florida mediante este modelo. 

Levantada entre vecinos y activistas del barrio, Les Juntes también ha tenido que asociarse con entidades que conocen este mundo, especialmente la parte económica. De ahí que entre sus impulsores esté también La Dinamo (fundación que promueve la vivienda cooperativa) y LaCol (una conocida cooperativa de arquitectos de Barcelona). 

Con todo, según sus cuentas de 2024, el 47% de sus ingresos fueron préstamos de Coop57. El 34% procedió de subvenciones. El 8%, de las aportaciones de los socios, y el resto de donaciones privadas. 

De cara al futuro, aspiran a contar con la participación de las administraciones públicas, que puedan entrar en la estructura de la cooperativa como en las Community Land Trust británicas. “Se podría escalar mucho el número de viviendas cooperativizadas con la participación del Ayuntamiento”, señalan. Y no solo eso, también conseguir viviendas más espaciosas y dignas para que residan en ellas las familias socias. 

Otro reto es esquivar lo que llaman el “asistencialismo”. Es decir, no ser vistos en el barrio como la bolsa de vivienda de emergencia a la que simplemente apuntarse para solucionar problemas particulares. “Es esa lógica de que yo voy a la oficina a que me arreglen un problema. No, aquí debemos pensar entre todas qué estrategias podemos usar para afrontar los problemas conjuntos”, añaden.

Sea como sea, estos días toca celebrar el premio World Habitat. De 400 proyectos de todo el mundo, les seleccionaron junto con unos 25 y les han otorgado el galardón de bronce. El CEO de la organización internacional, David Ireland, los describió así: “Son un ejemplo de cómo la vivienda cooperativa puede desempeñar un papel clave en las políticas de vivienda asequible, especialmente para las personas excluidas de los sistemas convencionales. Ofrece un modelo que las autoridades locales de toda Europa podrían adaptar para abordar la inseguridad habitacional”.

Miquel mete la llave en la cerradura de la puerta de chapa con cuidado, casi un acto solemne, antes de empujarla y mostrar su futuro hogar. Ahora es sólo un solar, pero estos 600 metros cuadrados acogerán la que será una de las primeras cooperativas de vivienda sénior de España.

Este hombre de 64 años es uno de los doce integrantes del grupo que ha puesto en marcha La Constel·lació, una idea que se materializará en la calle Progrés de Badalona. Viene acompañado de Sunsi, Pilar y Elsa, otras compañeras que no se pierden la oportunidad de presumir de su proyecto.

Con una sonrisa en la cara, los cuatro cooperativistas señalan puntos del solar, dibujando un plano mental del futuro edificio. Para ellos, esta finca no será sólo un lugar en el que vivir, sino una oportunidad para pasar sus últimos años en compañía, atendidos y en un hogar que respete sus necesidades.

“Es algo que aleja la idea de la residencia y que, por contra, nos permite tener una vejez activa, con capacidad de decidir y de no ser invisibles”, resume Elsa.

Esta mujer de 70 años fundó la cooperativa con la esperanza de dar respuesta a una necesidad personal pero que muchas personas comparten al final de su vida. Además, en su caso, había un añadido: tiene esclerosis múltiple.

Todo empezó en 2017, después de su segunda rotura de pierna en poco tiempo. Elsa, que es de origen uruguayo y vive sola, vio que necesitaba empezar a planear sus próximos años. “Sola no podía. No sabía qué era, pero tenía claro que una residencia no me apetecía”, recuerda. Así que, buscando en Internet, encontró la “palabreja” cohousing. “No tenía idea de qué significaba, pero me interesó enseguida”, explica.

Se informó, se asesoró y puso a andar un proyecto que, al principio, iba a ser para personas con esclerosis. Pero no encontró a suficiente gente. Además, “estar solos hubiera sido totalmente contraproducente”, reconoce.

Mientras pensaba cómo hacerlo viable, la Generalitat reconoció a los jubilados como colectivo vulnerable y lo vio claro. Iba a compartir proyecto de vida con personas mayores o que tuvieran discapacidades motrices.

Una finca pensada para el “acceso universal”

“Mira, ahí va a estar el jardín”, dice Sunsi, con un brillo en los ojos. “Tendrá barbacoa”, asegura Elsa, provocando risas de sus compañeros. “Como buena hija del Río de la Plata no puedes pasar sin eso, ¿no?”, le responde Miquel. En la zona al aire libre, que ocupará la parte trasera del edificio, también quieren instalar una piscina climatizada. “Pero no por ocio, sino para hacer ejercicio”, aclaran.

De momento, ni la barbacoa ni la piscina están presupuestados. Son caprichos a futuro. Lo que sí está diseñada es una finca según los principios arquitectónicos del acceso universal, que garantiza que cualquier persona pueda usar todos y cada uno de los espacios y enseres.

Es algo que va mucho más allá de pensar más en rampas que en escaleras, o en que en los ascensores quepan sillas de ruedas o scooters. También contempla el diseño de cocinas y lavabos, que serán iguales independientemente de si se tiene movilidad reducida o no, para que no haya que adaptar nada si la situación del habitante cambia.

“Son cosas que desconocíamos, pero que tienen todo el sentido”, apunta Miquel. Como pensar en que los armarios estén en la parte inferior de la estancia o en que estos tengan ruedas para que se puedan quitar y que una persona en silla de ruedas pueda usar la encimera como espacio de trabajo.

“Se tendría que pensar en estos aspectos en todas las fincas, no sólo las que sean para jubilados”, añade Pilar. “También tendremos un baño en el portal de la entrada. ¿Acaso eso no le vendría bien también a una persona de 20 años?”, añade, entre risas.

“Ahora, mira allá”, la corta Miquel, que señala hacia uno de los laterales del solar. Allí hay una tabla negruzca, enganchada a la pared en una zona que cuenta con una especie de tarima. Es una pizarra. “Es que esto antes era una escuela”, explican.

La cooperativa ha decidido que conservarán este retazo del pasado porque su intención es conectar con el barrio. No han esperado a que empiecen las obras para empezar a involucrarse en las asambleas de vecinos.

Muchos vienen de otros municipios y, como Miquel, dejan atrás ciudades en las que han nacido y han visto crecer a sus hijos. Pero están listos para generar nuevos vínculos.

“Eso es la vejez activa. No aislarse, tejer redes nuevas y conectar con el barrio. Estaremos ahí para ellos igual que esperamos que ellos estén ahí para nosotros”, sostiene Pilar, que ve esta cooperativa como una evolución natural en una vida “llena de activismos”.

Unos se han acercado a la cooperativa por necesidad, pero otros lo han hecho por convicción. A pesar de estar bien de salud, de ser propietarios de una vivienda o de poder pagarse una residencia llegado el caso, han decidido hacer la apuesta.

“Yo no quería ser una carga ni acabar en una residencia”, dice Sunsi. Miquel pretende “arrancar viviendas al mercado especulativo” y Pilar, simplemente, cree en el poder de la comunidad: “Los viejos no tenemos por qué estar solos o tristes”.

Un proyecto a 10 años vista

La Constel·lació tendrá 12 viviendas, algunas individuales y otras para parejas, además de contar con zonas comunes como un lavadero, jardín y un comedor equipado con cocina. Todo ello les ha costado una inversión de 35.000 euros para comprar el solar, a los que se deberán sumar los gastos de las obras. Luego, las hipotecas costarán entre 800 y 1.000 euros al mes. “Es caro, la verdad que sí”, reconoce Sunsi.

Saben que no todas las personas jubiladas o con discapacidades tienen ese capital, pero ellos se consuelan pensando que están abriendo camino. En Catalunya hay cinco cooperativas sénior en marcha, un modelo que todavía está siendo explorado y que no cuenta de tanta popularidad como otras cooperativas de vivienda.

“A pesar de ser considerados un colectivo vulnerable, no tenemos ayudas de la administración”, lamenta Elsa, que requiere más facilidades a los ayuntamientos y a la Generalitat. Ellos han optado a subvenciones y a ayudas privadas, pero incluso así la inversión será alta. Tanto, que algunos han pensado en vender sus viviendas habituales para poder sufragar los gastos. “Hemos tenido que hablar con nuestros hijos, porque ese piso que pensaban que sería para ellos no lo será. Y lo aceptan, porque ven esta apuesta de vida como un activismo más”, explican.

La hipoteca que pagarán, de unos 20 años, no acabará con un piso en propiedad. La hipoteca es una especie de cuota que les da derecho a usar la vivienda, pero su tenencia siempre será de la cooperativa, para que los que vengan después lo tengan más fácil. “Es un proyecto de futuro, aunque suene raro oír a jubilados hablar de futuro”, ironiza Pilar.

La suya es una gesta que está siendo larga. La idea nació en 2017 y compraron el terreno en 2022. Entre que han podido reunir el dinero, conseguir los permisos y contratar el proyecto, esperan instalarse a finales de 2027. “Son muchos años, que representan una parte importante de lo que nos queda por vivir. Y cuando entremos, nuestras circunstancias no serán las mismas que cuando empezamos”, se lamenta Sunsi.

A pesar de los problemas y las dificultades, ven con optimismo los años que vendrán. A ellos les apetece envejecer así, rodeados de amigos y compañeros, con posibilidad de compartir un final de vida en que no serán una carga para nadie, en un hogar en el que podrán decidir cómo gestionar su vida. Hoy todavía es solo un solar, pero estos jubilados ya pueden ver esa barbacoa esperándoles en la esquina del jardín.

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur y en colaboración con Faecta Sevilla, ha celebrado este jueves la I edición de los Premios al Cooperativismo de la provincia, un reconocimiento al papel de las cooperativas como motor de desarrollo económico y cohesión social, especialmente en el medio rural.

El acto, presidido por el presidente de la institución provincial, Javier Fernández, y el alcalde de Cañada Rosal y vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha tenido lugar en Coenca Cooperativa de Envases Cañada Rosal, y ha incluido la inauguración de la avenida del Cooperativismo en el municipio.

En su intervención, Fernández ha destacado la importancia del tejido cooperativo en la provincia, “donde viven 700.000 personas en la capital y 1.300.000 en el resto de Sevilla, repartidas en 106 municipios”, y ha subrayado que Cañada Rosal y Coenca son “grandes ejemplos” de emprendimiento y cohesión social. Asimismo, ha añadido que en este municipio “hay más gente que trabaja por cuenta propia que ajena”, lo que demuestra “la valentía de quienes arriesgan para emprender”.

El presidente de la Diputación ha enmarcado en este sentido que las cooperativas “generan empleo desde un modelo diferente, en el que el trabajador es a la vez sindicato y patronal”, y ha destacado su contribución al asentamiento poblacional y a la lucha contra el reto demográfico, mediante la creación de oportunidades laborales en los municipios.

Oportunidades en el territorio

A la jornada han asistido también el presidente de Faecta-Sevilla, Francisco Javier Roldán; la directora de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Sevilla, Carmen Guzmán; y el director de la Cátedra de Emprendimiento e Innovación Empresarial en Economía Social de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco José Rincón, quienes participaron como parte del jurado. Entre los presentes estuvieron además el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano; y los secretarios generales de UGT y CCOO Sevilla, Juan Bautista Ginés y José Luis Gómez, respectivamente.

Por su parte, Rodrigo Rodríguez Hans ha valorado la celebración del acto en Cañada Rosal como una oportunidad para “impulsar un pueblo unido, trabajador y emprendedor” y poner en valor “un modelo empresarial que crea empleo estable, fija población y genera oportunidades reales en el territorio”. Reconoció además la trayectoria de Coenca durante 45 años y agradeció a Faecta su colaboración en la promoción del cooperativismo como herramienta de desarrollo solidario y competitivo.

Francisco Javier Roldán, presidente de Faecta-Sevilla, ha destacado por su parte que las cooperativas representan “el presente y el futuro de municipios como Cañada Rosal” y que los premios muestran “la realidad empresarial viva en la provincia, que hay que poner en valor”. La jornada, presentada por la periodista Mabel Mata, ha incluido una conferencia motivacional a cargo de Emilio Duró y la ceremonia de entrega de galardones.

Cooperativas galardonadas

Las cooperativas galardonadas en la I edición de los Premios al Cooperativismo de la provincia de Sevilla han sido: Triana ES ARTE (Sevilla), reconocida con el Premio Cooperativa de Nueva Creación por su impulso al sector cultural, la profesionalización de artistas de calle y el fortalecimiento del tejido social. Junto a ella, La Urdimbre (Sevilla) ha recibido el Premio a la Cooperativa más Innovadora por su labor en entornos educativos, procesos participativos y reciclaje de más de 21 toneladas de plástico.

Claros (Sevilla) se ha alzado con el Premio Consolidación Cooperativa por su trayectoria en el sector sociosanitario, liderazgo femenino y aportación al desarrollo económico y social, mientras que Vórtice Alcores Formación (Mairena del Alcor) se ha llevado el Premio Cooperativa de Ámbito Rural por su impulso a la formación, empleabilidad y desarrollo local de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Coenca (Cañada Rosal) ha recibido una mención especial del jurado por su contribución al fomento del cooperativismo, su impacto social y económico y su capacidad para profesionalizarse y competir en mercados nacionales e internacionales, promoviendo cohesión social, igualdad y estabilidad laboral.

El Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este miércoles por unanimidad iniciar el proceso de selección de una parcela municipal para desarrollar un proyecto de interés social que permita la construcción de al menos treinta viviendas colaborativas intergeneracionales, el primero de este tipo en la ciudad.

La iniciativa, presentada por el grupo municipal socialista, prevé la adjudicación de la cesión de derecho de superficie sobre la parcela seleccionada. Se trata de un modelo de colaboración público-privada en el que los propios beneficiarios se comprometen a aportar la financiación para la construcción y el mantenimiento de los edificios, así como a gestionar la explotación y garantizar la sostenibilidad social, económica y medioambiental de la comunidad.

Alternativas reales a retos habitacionales

El concejal socialista Tino Vaquero destacó que este tipo de proyectos “están extendidos en toda Europa y también en España” y subrayó que, en un contexto de envejecimiento poblacional y dificultades de acceso a la vivienda juvenil, la propuesta ofrece “alternativas reales” a los retos habitacionales actuales.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, resaltó que la iniciativa contribuye a “prevenir la soledad no deseada” y refuerza la colaboración público-privada, convirtiéndose en un modelo innovador de vivienda para mayores.

El portavoz municipal de Foro y edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, recordó que el equipo de Gobierno lleva más de un año colaborando con la cooperativa El Llar Cohousing para dar forma a un proyecto que “está muy cerca de ver la luz”. Por su parte, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, valoró la unanimidad del pleno y destacó ventajas como la sostenibilidad, el uso responsable del suelo y la promoción de la justicia social. La portavoz de Podemos también celebró el proyecto, subrayando la necesidad de facilitar y democratizar el acceso a la vivienda en la ciudad.

El presidente de la cooperativa El Llar, Amalio Espinosa Barrios, defendió durante la sesión plenaria que la propuesta es “profundamente humana” más que urbanística, y señaló que responde a los desafíos de una ciudad con una población cada vez más envejecida.

El proyecto prevé, además, que los cesionarios impidan la especulación durante la vida de la comunidad y que los edificios incluyan equipamientos sociales que contribuyan al bienestar colectivo, consolidando un modelo de vivienda colaborativa que combina habitabilidad, sostenibilidad y cohesión social.