Hay proyectos que no nacen en una pizarra ni en un plan de negocio. Surgen, más bien, de una incomodidad persistente con cómo funcionan las cosas. De una necesidad de hacerlas de otra manera. Así nace Sentido Inverso, una cooperativa granadina que ha decidido cuestionar la lógica tradicional de la consultoría para ponerla al servicio de quienes, casi siempre, se quedan fuera del foco.

“La idea surgió en 2024, tras años trabajando en entidades sociales, de una necesidad que detectamos: queríamos crear un proyecto empresarial donde el factor humano y la colaboración fueran el eje central, no sólo un recurso”, explica Jemi Sánchez, cofundadora junto a Margarita Arango. Dos perfiles, el social y el jurídico, que se complementan para sostener un modelo que no se limita a asesorar desde un despacho, sino que se implica directamente en la intervención.

Esa vocación de ir a contracorriente no es sólo un relato, sino el punto de partida de todo el proyecto. Sentido Inverso SCA nace en julio de 2024 como una apuesta consciente por “subvertir las estructuras tradicionales del emprendimiento y la intervención social”, desde una identidad feminista, sostenible y profundamente vinculada a las realidades que suelen quedar en los márgenes. Si el primer año fue el del arranque y la incertidumbre, 2025 sirvió para validar ese “pensamiento inverso” como una metodología sólida: “Hemos transformado la resiliencia en solvencia técnica”, explican, demostrando que es posible gestionar servicios públicos complejos y asesorar a grandes entidades sin renunciar a la cercanía ni al rigor humano. Hoy, lo que comenzó como un proyecto de autoempleo se ha consolidado como un agente de transformación social con proyección en toda Andalucía.

Esa evolución se traduce en una estructura de trabajo que articula lo social, lo jurídico y lo educativo como piezas de un mismo engranaje. Desde la gestión integral de proyectos, planes estratégicos o políticas públicas hasta la intervención directa con personas migrantes, víctimas de violencias o en situación de sinhogarismo, pasando por el asesoramiento jurídico especializado -especialmente en extranjería y protección de víctimas- o el desarrollo de programas educativos vinculados a la infancia vulnerable, la corresponsabilidad y la participación comunitaria. Una propuesta que no separa despacho y territorio, y cuya singularidad reside precisamente en esa fusión: convertir la consultoría técnica en una herramienta útil para intervenir en realidades de alta complejidad humana sin perder de vista el impacto directo.

Algo más que consultoría

Porque Sentido Inverso no es sólo una consultora. Es también calle, acompañamiento y presencia. En colaboración con el Ayuntamiento de Granada, gestionan la Unidad Móvil de atención a mujeres en contextos de prostitución, donde ofrecen apoyo social, jurídico y sanitario. Un trabajo que se extiende también a la infancia en situación de vulnerabilidad y a mujeres cuidadoras, con intervención directa en barrios como Norte y Zaidín. “Lo que más nos llena es ver el impacto tangible. No se trata sólo de números o de estrategia sobre el papel, sino de ver cómo una organización o una persona logra transformar su entorno gracias a una gestión más consciente y social”, explica Sánchez.

Esa doble dimensión, la de consultoría e intervención, es precisamente uno de los rasgos que define su modelo. Por un lado, diseñan estrategias de crecimiento y consolidación para entidades del tercer sector, acompañan en la captación de fondos públicos y privados y forman a equipos en intervención social, gestión emocional o enfoque interseccional. Por otro, aplican ese conocimiento directamente sobre el terreno, en contextos donde la desigualdad no es un concepto abstracto, sino una realidad cotidiana.

En ese cruce aparece también uno de sus principales retos: sostener el equilibrio. “En una consultoría que vive la economía social, el reto es demostrar que la rentabilidad económica y el impacto social no son enemigos, sino aliados”, señala Sánchez. “A veces toca romper muchos techos de cristal y prejuicios sobre cómo debe gestionarse una empresa hoy en día”. Sentido Inverso se define como una entidad sin ánimo de lucro que genera empleo -actualmente cuenta con un equipo multidisciplinar de 11 personas- y reinvierte sus beneficios en su propio objeto social. Un planteamiento que cuestiona directamente la dicotomía clásica entre lo económico y lo social, y que se alinea con los principios del cooperativismo.

No es casualidad que su propia identidad se articule en torno a una metáfora: Venus, el único planeta del sistema solar que gira en sentido contrario. “No seguimos la inercia del mercado tradicional”, explican desde la entidad. Una forma de entender la empresa que no nace de la lógica del beneficio, sino de la urgencia de intervenir sobre la desigualdad desde la raíz. Ese posicionamiento les ha valido distintos reconocimientos en el ámbito de la economía social y el emprendimiento, entre ellos su paso por la II edición de los Premios +Coop Granada impulsados por FAECTA Granada. Un respaldo que, lejos de cerrar una etapa, refuerza su hoja de ruta.

“Este reconocimiento es un impulso de energía que nos confirma que no estamos solas en esta visión”, apunta Sánchez. “Lo sentimos como una victoria colectiva, de todas las personas y entidades que creen que otra forma de hacer empresa -más justa, equilibrada y humana- es posible”. A corto y medio plazo, el objetivo es claro: consolidar un modelo en el que lo sostenible, lo social y lo rentable no compitan entre sí, sino que se refuercen mutuamente. Y hacerlo crecer. Actualmente con presencia en Granada y Málaga, Sentido Inverso aspira a extender su acompañamiento a otras provincias andaluzas, llevando ese “sentido inverso” a más organizaciones y territorios.

Porque, en el fondo, de eso se trata: de demostrar que otra forma de hacer empresa no sólo es deseable, sino viable. Y que, cuando el foco se pone en las personas, la transformación deja de ser un discurso para convertirse en práctica cotidiana.

La nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social ya es una realidad, aprobada este jueves de manera definitiva por el Congreso de los Diputados, y que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Entre las novedades más destacadas, la norma incluye medidas como nuevas ayudas fiscales a las cooperativas de viviendas en cesión de uso, más causas para descalificar a falsas cooperativas y más colectivos que pueden contratar las empresas de inserción, entre otras.

El Ministerio liderado por Yolanda Díaz, que ha impulsado la regulación, destacaba este jueves que la llamada “economía social” representa “un modelo económico alternativo que prioriza las personas por encima de los beneficios, promoviendo formas empresariales más justas, resistentes, horizontales y democráticas, y que permiten cohesionar el territorio combatiendo la despoblación rural y fomentando el arraigo”.

En concreto, la ley recoge las entidades que forman parte de la economía social, con la novedad de delimitar los centros especiales de empleo solo a aquellos de “iniciativa social”. Son “las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo de iniciativa social, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, las empresas sociales” que se rijan por los principios establecidos para este tipo de economía.

No se trata de un “apartado menor” de la economía, ha recordado este jueves Yolanda Díaz, ya que supone el 11% del PIB, más de 127.000 empresas y entidades, de las que dependen más de 2,2 millones de empleos directos e indirectos, ha cifrado su Ministerio.

Así, la nueva legislación incluye cambios en cuatro leyes que integraban el ecosistema normativo de este sector: la Ley de Cooperativas, la de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas.

A continuación, sin que sea una enumeración exhaustiva, se recogen algunas de las novedades más relevantes de la ley, que ha destacado el Ministerio y otros colectivos de la economía social.

Ayudas fiscales a vivienda de cesión de uso

La ley favorece por primera vez las cooperativas de vivienda de cesión de uso, al considerarlas “especialmente protegidas”. Se trata de un modelo todavía poco conocido, pero que está empezando a crecer en algunas zonas. A diferencia de otras fórmulas cooperativas, esta no se disuelve cuando se construye la promoción ni se reparte la propiedad, sino que es la entidad quien la mantiene y transfiere el derecho de uso a los socios.

Esta nueva legislación introduce así las cooperativas de vivienda de cesión de uso como “como cooperativa especialmente protegida”, siempre que mantengan la propiedad de las viviendas, no repartan retornos y cumplan requisitos específicos. Este reconocimiento otorga a estas cooperativas el acceso a determinados beneficios fiscales.

Más foco para destapar falsas cooperativas

La ley refuerza las causas de descalificación administrativa para actuar frente a entidades que operan bajo apariencia cooperativa, pero que vulneran sus principios y valores. Es decir, las falsas cooperativas que en algunos sectores han hecho mucha mella y han requerido de una intensa actuación de la Inspección de Trabajo, como ocurrió con Servicarne.

Por ejemplo, detalla la descalificación “cuando la prestación del trabajo de las personas socias trabajadoras o socias de trabajo no se desarrolle de acuerdo con su estatuto jurídico, con participación efectiva en la gestión democrática y en el ámbito de organización y dirección de la cooperativa, así como cuando se encubra bajo la forma cooperativa finalidades propias de otras clases de sociedades o cuando se advierta la dependencia de otras entidades o personas”, entre otras causas.

Digitalización y planes de igualdad en cooperativas

La norma también incorpora novedades en el terreno de la digitalización de las cooperativas, para adaptar “al siglo XXI el funcionamiento interno” de estas organizaciones, destaca el Ministerio de Trabajo, a través de la regulación de las comunicaciones electrónicas, la participación telemática en asambleas y consejos rectores, y el refuerzo del derecho de información de las personas socias, entre otros puntos.

La ley incorpora también medidas de igualdad ajustadas a su singularidad, como “planes de igualdad cooperativos”. Por ejemplo, también contempla una nueva Comisión de Igualdad, impulsa la conciliación y establece un nuevo principio de “presencia equilibrada” de mujeres y hombres en los órganos de la sociedad, como su Consejo Rector y Asamblea General.

Nuevos colectivos de trabajadores de centros de inserción

Con un lenguaje “menos estigmatizante”, destacan en el Ministerio de Trabajo, el texto incluye una definición de empresa de inserción “más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral”. La ley además amplía los colectivos de personas que pueden ser empleadas por las empresas de inserción.

Así, podrán contratar “como trabajadoras en inserción a las personas desempleadas o en situación de mejora de empleo e inscritas en los servicios públicos de empleo expuestas a factores de vulnerabilidad y/o exclusión social” y, específicamente se incorporan colectivos a los ya existentes como personas desempleadas durante dos años o “un período superior a doce meses en caso de ser personas mayores de 45 años”, víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos, y personas inmigrantes, así como beneficiarias de protección internacional, cuando por sus características o circunstancias personales presenten especiales dificultades de integración en el mercado laboral, entre otras.

Más contratación pública social

“La ley eleva la contratación pública reservada, aumentando el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social”, destaca el Ministerio de Trabajo. Además, los pliegos deberán incorporar criterios y condiciones de ejecución que fomenten la contratación de personas en itinerarios de inserción y la subcontratación de empresas de inserción, indican en Trabajo.

La legislación cuenta con el respaldo de la mayor patronal del sector, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que había pedido el apoyo para que saliera adelante en el Parlamento.

“La Economía Social constituye un punto de encuentro político, tal y como se ha reflejado en el compromiso manifestado por los distintos grupos parlamentarios a lo largo de la tramitación de este proyecto legislativo”, ha destacado la confederación presidida por Juan Antonio Pedreño.

La Ley Integral de Impulso de la Economía Social es una realidad. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de manera definitiva este nuevo marco legal que pretende aglutinar y modernizar tres leyes previas del conjunto de la llamada “economía social”, como las cooperativas y las empresas de inserción, impulsado por el Ministerio de Yolanda Díaz y que cuenta con un amplio respaldo del sector. El Congreso ha recibido de vuelta la norma del Senado y ha rechazado la mayor parte de las enmiendas incluidas por el PP.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado el trabajo de más de “un año y medio” para sacar esta legislación adelante, con las aportaciones del conjunto de diputados del Congreso y de los senadores de la Cámara Alta.

“Una pequeña reflexión: la economía social en España supone hoy, no un apartado menor de la economía en nuestro país. Es nada más y nada menos que el 11% del PIB, tiene que ver con la vida de muchísimas empresas”, ha destacado Díaz.

El Ministerio de Trabajo destaca que, como sector socialmente estratégico de nuestra actividad, “la Economía Social representa un modelo económico alternativo que prioriza las personas por encima de los beneficios, promoviendo formas empresariales más justas, resistentes, horizontales y democráticas, y que permiten cohesionar el territorio combatiendo la despoblación rural y fomentando el arraigo”.

Modernización de tres leyes previas

Esta Ley Integral supone una actualización del marco jurídico de la economía social en España, que aglutina y reforma tres leyes previas: la Ley de Cooperativas, la Ley de Empresas de Inserción y la Ley de Economía Social.

Además, incorpora una modificación de la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas para impulsar y proteger especialmente por primera vez el modelo de la vivienda cooperativa en cesión de uso, una de las medidas que ha destacado el Ministerio ante al actual problema de acceso y coste de la vivienda en España.

Entre sus novedades, la nueva ley impulsa “fórmulas innovadoras de la Economía Social”, destaca el Ministerio, “como la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso, las comunidades energéticas o el comercio justo”.

Otro de los avances más relevantes es el “refuerzo de las causas de descalificación administrativa” para actuar frente a las falsas cooperativas, entidades que operan bajo una apariencia de supuesta cooperativa,“ pero que vulneran sus principios y valores”, indican en Trabajo.

También se reforma la regulación de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre las novedades, se modifica la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, que pueden ser contratadas a través de estas empresas.

Yolanda Díaz ha destacado que, frente “al ruido” de la política en la actualidad, este jueves se ha celebrado “el valor democrático de las Cámaras, que sirvan para mejorar la vida de la gente”.

La legislación cuenta con el respaldo de la mayor patronal del sector, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que había pedido el apoyo para que saliera adelante. La organización destaca que la economía social supone no solo el 11% del PIB, sino también “cerca de 130.000 empresas y entidades que generan 2,25 millones de empleos directos e indirectos”.

“La Economía Social constituye, además, un punto de encuentro político, tal y como se ha reflejado en el compromiso manifestado por los distintos grupos parlamentarios a lo largo de la tramitación de este proyecto legislativo”, ha destacado CEPES, presidida por Juan Antonio Pedreño.

Frutas y verduras de temporada, pasta y frutos secos a granel, piensos para animales, pajitas de bambú, gel de ducha y detergente sin envasar, lácteos, carnes, productos veganos, huevos… pero también un indispensable de muchas cestas zaragozanas: cervezas Ambar. Las estanterías de A Vecinal están repletas de “productos ecológicos, artesanos y de cercanía”. Así lo anticipa el eslogan de la puerta de este supermercado cooperativo de Zaragoza, único en Aragón, situado en la calle Santiago Lapuente 5, en el barrio del Arrabal. 

Este proyecto colaborativo surgió en el año 2018 “de una forma orgánica” y gracias al poder del audiovisual. Inspirados en el documental ‘Food Coop’, un grupo de amigos de la capital aragonesa vio que era posible un modelo de consumo distinto en su ciudad. “Otras formas de consumo son posibles y son reales. Más allá de la teoría, aquí está la constatación”, señala Leyre Muskilda Fernández, una de las socias de A Vecinal.

Supermercado cooperativo

Ante la pregunta de qué es un supermercado cooperativo, Fernández responde: “Es una tienda donde abastecerte de productos para tu día a día (alimentación, higiene, cosas del hogar…), cumpliendo con unos criterios de sostenibilidad para las personas y para el planeta; y que además funciona de forma autónoma porque todas las decisiones se toman desde la cooperativa, desde las personas que son socias”.

Así, cooperación, sostenibilidad y soberanía alimentaria son los términos que rigen esta iniciativa. Porque, además de ofrecer productos ecológicos y de cercanía, A Vecinal tiene la particularidad de estar abierto a todo el público: “Ves desde gente mayor del barrio, que está muy en contacto con la huerta de Zaragoza, hasta muchas familias concienciadas con el tema de la alimentación de sus hijos. También proyectos comunitarios compran, hay un par de escuelas infantiles que tienen comedor”, señala.

Si bien es cierto que están solos en Aragón, A Vecinal forma parte de la Red Estatal de Supermercados Cooperativos. Una asociación española, creada hace tres años, con el “objetivo de unir fuerzas para impulsar nuestro modelo de distribución y consumo alimentario justo, sostenible y democrático”. En total son 15 espacios distribuidos por todo el país: Getafe, Valencia, Pamplona, Barcelona, Sevilla, Murcia… Como curiosidad, la primera asamblea se celebró en el desaparecido CSC Luis Buñuel y, de acuerdo con Fernández, “desde entonces la red funciona súper bien: ha generado puestos de trabajo, pide subvenciones, económicamente apoya, nos ofrece material comunicativo... En fin, cubre un poco áreas a las que no llegamos”. 

Como toda cooperativa, A Vecinal está formada por socios. En concreto, más de 500; una cifra que va aumentando cada mes. Para entrar, deben realizar una aportación de 150 euros con la que podrán disfrutar de los descuentos exclusivos del supermercado y ser partícipes del mismo. Pero, además del pago, cada socio tiene la obligación de realizar un trabajo voluntario de dos horas mensuales en los diferentes grupos de trabajo: facturación, comunicación, estructura, tienda y proveedores. “A la gente nos gusta. Puedes elegir lo que compras y tomar decisiones y a mí, personalmente, me encanta la idea de pensar que estoy siendo coherente con mis principios y con el planeta a la vez”, indica Fernández. Además del voluntariado, hay cuatro personas contratadas: tres en tienda y una en gerencia.

Productos ecológicos para todos los bolsillos

El objetivo es que “tu compra no la tengas que hacer en 30 sitios distintos”, por eso marcas conocidas también tienen su hueco. Sin embargo, A Vecinal destaca por vender productos de calidad y sostenibles, primando kilómetro cero y granel. “Es súper importante que puedas traer tu envase. Primero porque ahorras, te llevas la cantidad que necesitas, no estás generando excedente. Y luego porque evitas un consumo de plásticos innecesarios”, comenta. En caso de que el envase sea obligatorio, se apuesta por un packaging sostenible. 

Y es que la ecología es una de sus señas de identidad: “Entendemos que si un producto tiene un sello ecológico, pero viene de China en un avión; esa huella de carbono que ha dejado en todo el traslado lo invalida por completo”. Los productos son ecológicos pero, a diferencia de lo que se pueda pensar de primeras, accesibles para todos: “La alimentación saludable es un derecho y que haya sostenibilidad ambiental también es un derecho del planeta”.

Pero, ¿cómo hacerlo posible? A través de la cercanía, márgenes de beneficio no abusivos y el granel: “Nos dimos cuenta de que un producto a granel no es caro, si lo traes de cerca. Esto nos pasa con productos básicos como la pasta, el arroz, las harinas y, desde luego, con producto fresco. Los precios son imbatibles aquí”. 

En A Vecinal trabajan, en la medida de lo posible, con proveedores de la comunidad. Con ellos, se establece una relación cercana y de confianza, lo que agradecen ambas partes: “Aquí hacemos catas de producto y nos trasladamos por ejemplo a ver el queso d’Estrabilla. Ves los animalitos y pruebas el queso, y nuestro proveedor te cuenta cuánto le cuesta hacer ese producto y, entonces, entiendes el precio que tiene y el trabajo que lleva detrás. Pero es que resulta que a ellos, cosa que yo no era tan consciente, también les gusta saber quién compra su producto. Reciben un feedback que de otra manera no tienen”, relata.

Sobre los márgenes Fernández explica que a diferencia de “las grandes superficies que los calculan de forma disparada”, ellos únicamente requieren de ese “extra” para sufragar los salarios de los trabajadores y los costes del local. “No hay más cosas que pagar aquí, tan sencillo como eso”, concluye.

Tres cooperativas, Virgen de las Viñas, Vinícola de Tomelloso y San José, todas de Ciudad Real, han ratificado hoy en Tomelloso su fusión “con el aval que supone el respaldo mayoritario de sus socios” para conformar así la cooperativas vinícola más grande del mundo.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la presentación de esta unión que ha tenido lugar en Tomelloso con la presencia del presidente de Virgen de las Viñas, Rafael Torres, ha dado las gracias a “a los más de 3.000 socios que forman ya este gran complejo cooperativo, liderado por Rafael Torres, al que queremos agradecer el conjunto del Gobierno regional el trabajo realizado por lo que conllevará en el futuro y que es fruto de un gran trabajo silencioso, respetuoso y buscando el bien común para un sector importante para Castilla-La Mancha como es el del vino”.

Fruto de esta fusión, se crea la cooperativa vitivinícola más grande del mundo, con un potencial del entorno cercano a los 300 millones de kilos de uva. Virgen de las Viñas ha supuesto en la campaña 2025-2026 el 8,4 por ciento del vino de Castilla-La Mancha y el 11,5 por ciento del mosto; siendo el 5,2 por ciento de la producción nacional de vino y mosto, cifras que se verán incrementadas con esta fusión, “que me consta que puede no ser la última, lo cual es una buena señal porque fortalecerse es una política inteligente”, ha señalado el consejero.

Otro de los efectos que tendrá es que mejorará la posición comercial de esta empresa cooperativa, lo que ayudará a que pueda negociar en mejores condiciones, optimizando recursos y reduciendo costes, “lo que es una parte fundamental en este mundo que nos toca vivir, ya que no solo se trata de vender más y a mejor precio, sino trabajar por la vía de ahorro de costes”, ha dicho.

Liderazgo en exportaciones

Desde el punto de vista del conjunto del sector vitivinícola, esta fusión también supondrá un impulso al comercio exterior, que tal como ha manifestado Martínez Lizán, “va muy bien” y así nos lo confirma que Castilla-La Mancha haya vuelto a liderar las ventas exteriores de vinos y productos vitivinícolas de España en 2025. Además, mientras el total nacional ha registrado una caída de más del 3% en valor y casi de tres en volumen, Castilla-La Mancha ha seguido creciendo un año más“.

Los datos indican que la región ha vendido más de la mitad del vino nacional y los precios siguen aumentando. En 2025 lo han hecho un 3,4% “lo que es una noticia excelente, porque indica que vendemos más vino embotellado y de calidad, fruto, sin lugar a duda, del trabajo de los viticultores en primer lugar y de las cooperativas y la industria del vino en el trabajo que vienen desarrollando desde el principio”.

También, el alcalde de Tomelloso que ha asistido a la fusión, ha calificado como “un hito histórico para el pueblo” la fusión, una operación que afianza al nuevo complejo como la cooperativa vitivinícola de primer grado más grande del mundo y consolida a la ciudad como centro agroalimentario de la región.

“Estamos hablando del mayor proyecto agroalimentario económico de Castilla-La Mancha, con proyección nacional e internacional”, ha afirmado el alcalde, quien ha destacado el impacto social y económico de la cooperativa, que mantiene más de 100 empleos fijos y alcanza una media anual de 132 trabajadores, además de generar actividad indirecta en numerosos sectores vinculados.

Datos económicos de la cooperativa

El presidente de la entidad ha detallado los principales datos económicos de la cooperativa, que este fin de semana celebraba su asamblea general y ha señalado que cerró el ejercicio con una facturación de 95,6 millones de euros.

El 60% de esta cantidad, ha indicado, va a la exportación, tanto de granel como de vino embotellado. El valor de lo abonado a los socios por la cosecha alcanzó los 75,8 millones de euros y el capital neto supera los 62,6 millones de euros. Durante 2025, las inversiones ascendieron a 11 millones de euros.

En cuanto a producción, la cooperativa, registró una entrada de 213,9 millones de kilos de uva, un 13% menos que la campaña anterior debido a las altas temperaturas de agosto. La fusión, ha apuntado el presidente de la cooperativa, supondrá un incremento estimado de 30 millones de kilos adicionales y la incorporación de alrededor de 2.000 nuevas hectáreas a las más 21.000 con las que ya contaba la entidad.

Torres ha avanzado que tras esta fusión están trabajando en la integración también de otras propuestas, entre ellas de la cooperativa de Argamasilla de Alba, con la que ya están en conversaciones y con la que, ha incidido, “hay buena sintonía”. Espera que salga adelante “por el bien de los agricultores, porque estar unidos es mucho mejor que estar separados”.

El presidente de Virgen de las Viñas ha recalcado que cuando hacen una fusión “no solo pensamos en nosotros, pensamos también en los fusionados y tiene que haber ventajas para ambas partes”.

El presidente de la cooperativa ha informado también de las cifras alcanzadas en materia de enoturismo, con casi 7.000 visitas el pasado año al Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena, ubicado en sus instalaciones, el museo etnológico y las cuevas y de las próximas actuaciones en materia de formación.

El compromiso del Gobierno de España con la economía social “se ha reforzado de manera clara y sostenida” en los últimos años, situando este modelo productivo como uno de los ejes estratégicos de la política pública, con la igualdad de género como principio transversal. Así lo defiende Aicha Belassir, directora general de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES).

Uno de los hitos más relevantes de este recorrido ha sido la incorporación expresa de la economía social en la denominación del propio Ministerio, a lo que se suma la reciente aprobación en el Congreso del Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social. A ello se añade un compromiso presupuestario “sin precedentes”, articulado a través de convocatorias anuales de subvenciones y de instrumentos como el Plan Integral de Impulso a la Economía Social, financiado con fondos Next Generation en el marco del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados.

“El apoyo público debe entenderse como una palanca que contribuye a poner en marcha y fortalecer proyectos con impacto, siempre desde una lógica de autonomía y sostenibilidad a medio y largo plazo”, subraya Belassir, quien destaca iniciativas como WeCoop Mujeres ESS, fruto de la colaboración público-privada. “Proyectos como WeCoop no solo dan visibilidad al liderazgo femenino, sino que generan herramientas, redes y oportunidades tangibles”, señala Belassir, como ejemplo de respaldo institucional a un modelo económico más inclusivo.

En ese sentido, la directora general de la Economía Social subraya que “sostener este tipo de proyectos es coherente con nuestro compromiso con una economía más democrática, más inclusiva y arraigada en el territorio”. Este tipo de proyectos, añade Belassir, “contribuyen a corregir desigualdades estructurales que históricamente han limitado la presencia de las mujeres en los espacios de decisión económica”.

Liderazgo femenino con impacto en el territorio

Al hilo, la directora general recuerda que la actualización de la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027 refuerza de manera explícita el papel activo de las mujeres en este ámbito, con medidas orientadas a la reducción de las brechas de género, el acceso equitativo a la financiación y la promoción de su presencia en los órganos de decisión de las entidades.

Desde el MITES insisten en que la economía social y solidaria solo puede avanzar “si incorpora de forma real y visible la participación activa de las mujeres”. Según explica Belassir, el apoyo del Ministerio a través del Plan Integral de Impulso a la Economía Social está teniendo efectos claramente visibles en proyectos impulsados por mujeres. “Estamos viendo el nacimiento y la consolidación de iniciativas que amplían su impacto y que inciden directamente en la mejora de las condiciones de vida de otras mujeres, especialmente en ámbitos como el empleo, el emprendimiento colectivo o el acceso a redes”, señala.

WeCoop es uno de los ejemplos que, a su juicio, se enmarcan en esta visión, al haber permitido “fortalecer liderazgos femeninos y generar dinámicas de cooperación con impacto real en los territorios”.

Más allá de la financiación

El respaldo institucional a este tipo de proyectos se articula no solo a través de recursos económicos, sino también mediante un acompañamiento continuado. Desde el Ministerio se trabaja para reforzar la autonomía de las entidades, aumentar su visibilidad, fomentar redes entre proyectos y facilitar su consolidación y replicabilidad.

Este enfoque se apoya en la colaboración público-privada como elemento clave del ecosistema de la economía social. Para Belassir, estas alianzas aportan un valor añadido fundamental a cooperativas, pymes y proyectos de inclusión social, al permitir sumar capacidades, recursos y miradas diversas. “No se trata únicamente de financiar iniciativas, sino de acompañarlas y fortalecerlas como parte de una estrategia de país”, afirma.

El impulso a proyectos liderados por mujeres en la economía social también está teniendo efectos en ámbitos estratégicos como la innovación, la transformación digital y el desarrollo rural. Desde el Ministerio destacan que estas iniciativas demuestran que “la innovación no es solo tecnológica, sino también social y organizativa, al introducir nuevas formas de producir, cooperar y tomar decisiones desde una lógica orientada al bienestar colectivo”.

La directora general de la Economía Social remarca que muchas de ellas están liderando procesos de digitalización inclusiva, transición ecológica y nuevos modelos de cuidados desde una perspectiva de proximidad y arraigo territorial. “En el medio rural, además, contribuyen a fijar población y a generar empleo estable, especialmente femenino”, reforzando la cohesión social y territorial.

Retos pendientes y mirada a futuro

Desde su responsabilidad al frente de la Dirección General de la Economía Social y de la RSE, Belassir destaca el trabajo realizado en los últimos años para mejorar los procedimientos, reforzar la transparencia y garantizar la eficacia de las políticas públicas. Entre los avances, señala la actualización normativa, el refuerzo de la inversión pública, la recuperación de estadísticas y el desarrollo de herramientas de análisis y evaluación del impacto de la Estrategia Española de Economía Social.

Pese a los avances logrados, Belassir reconoce que persisten retos relevantes en el ámbito de la economía social. De todos ellos, destaca “el acceso estable a la financiación, la escalabilidad de los proyectos o la superación de barreras estructurales que afectan especialmente a las mujeres”. En este escenario, añade la directora general, la colaboración con la administración pública resulta clave, sobre todo en las fases iniciales, cuando “el apoyo institucional puede marcar la diferencia entre una buena idea y una iniciativa viable”.

El objetivo, en definitiva, es “acompañar en la génesis y las primeras etapas de desarrollo, creando así las condiciones necesarias para que, una vez consolidados estos proyectos, avancen hacia una mayor autonomía y una mayor sostenibilidad”. El modelo por el que apuesta el Ministerio busca ser “más dinámico y circular”, fomentando que los proyectos consolidados actúen como referentes y apoyo para nuevas iniciativas, fortaleciendo así el conjunto del ecosistema de la economía social.

Un mensaje a las mujeres emprendedoras

De cara al futuro inmediato, las prioridades pasan por consolidar estos avances, dotar a la economía social de mayor visibilidad, seguridad jurídica y reconocimiento institucional, así como reforzar su proyección como pilar estratégico del desarrollo económico y social, “posicionando a España como un referente europeo e internacional” en este ámbito.

Como integrante del grupo MujerES LíderES de la Economía Social y reconocida entre las 100 mujeres más influyentes en empresas sociales en Europa, Belassir lanza un mensaje de confianza y ambición colectiva: “Animo a las mujeres a creer en sus proyectos, apostar por la profesionalización, tejer redes y asumir espacios de responsabilidad”, concluye la directora general, subrayando que su participación activa es imprescindible para construir un modelo económico más inclusivo y orientado al interés general.

La crisis de la vivienda ha causado una sangría en los barrios más pobres de las grandes ciudades. Miles de personas pagan alquileres por encima de sus posibilidades, viven bajo amenaza de desahucio, comparten habitaciones o incluso ocupan pisos vacíos por falta de ingresos. Morad, residente junto a su pareja en La Florida, el distrito más humilde de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), era hasta hace un año uno de ellos. 

“Hace seis meses que me cambió todo”, reconoce Morad mientras apura un zumo de naranja antes de ir a trabajar en un almacén. El piso en el que vive con su pareja, y en el que espera ver crecer a su hijo recién nacido, era hasta hace poco del fondo buitre Divarian, que estuvo a punto de desalojarles. Ahora es propiedad de una cooperativa del barrio, de la que él mismo es socio. Se llama Les Juntes y acaba de ser premiada por la organización internacional World Habitat como ejemplo de lucha por el derecho a la vivienda a través de la acción comunitaria.

Las cooperativas de vivienda han proliferado en los últimos años en España, sobre todo en Catalunya, y permiten a sus socios construir o rehabilitar edificios para residir en ellos fuera del mercado libre. Pero Les Juntes es algo diferente. En el corazón de la Florida, con elevados índices de pobreza e inmigración, las posibilidades económicas de sus vecinos son otras. “Decidimos rescatar pisos que ya están construidos y habitados, en distintos inmuebles, y que son de fondos buitre o bancos, que hay muchos”, señala Francisco Rubio, uno de sus socios e impulsores.

Desde su fundación en 2023, Les Juntes ha adquirido ya ocho viviendas en los bloques de la Florida. Todas ellas de grandes propietarios: el más repetido es Divarian, la filial inmobiliaria del fondo de inversión Cerberus, pero también están Solvia, Idea VIP… En la mayoría de casos, la compra sirve para proteger a quien reside en la vivienda, familias en situación de vulnerabilidad que son socias de la cooperativa. “Muchos tenían amenaza de desahucio”, explica Júlia Porta, otra de las socias de la entidad. 

Francisco y Júlia, que es a su vez la joven presidenta de la Asociación de Vecinos de La Florida, relatan los inicios de Les Juntes durante una entrevista en el local de Pomezia, espacio comunitario y sede oficial de la cooperativa. Nació de los distintos proyectos sociales y comunitarios que existen en el barrio, como La Florida s’Aveïna o las cooperativas Keras Buti (de consumo de proximidad) o La Fundició.

“Este trabajo de apoyo mutuo entre vecinas nos llevó a constatar que el principal problema de la mayoría era tener unas condiciones dignas de vivienda, y que eso había que conseguirlo con la movilización, pero también con la construcción de alternativas”, señala Rubio. 

Invitaron a cooperativas de vivienda para copiar su ejemplo, pero no encajaban en La Florida. “Requieren una inversión inicial que la mayoría de vecinos no puede asumir”, constatan. Pero después de años de parar desahucios a las puertas de los pisos, dieron con la idea para su proyecto, que ahora describen como “cooperativa de vivienda dispersa”.

La primera compra que consiguieron fue de una vivienda habitada por Hanane, una mujer marroquí que vino sola a España con su hijo autista. “Creo que antes vivió cinco intentos de desahucio”, explica Porta. “En su caso recuerdo que llegamos a un acuerdo con la propiedad, que era también Divarian, pero ejecutaron igualmente el desahucio y vino la comitiva judicial. Lo paramos y poco después hicimos la compra del piso”, recuerda. 

El precio medio al que han comprado es de entre 50.000 y 60.000 euros. “Es inferior al precio de mercado, pero porque hay personas viviendo dentro, lo que los fondos llaman tener bicho, que pasan a ser socias”, explican los promotores. A ello hay que añadir una reforma mínima para dignificar los pisos, debido a la degradación que padecen. El importe de esas obras suele ser de media de 7.500 euros. Cabe recordar que los 800 pisos de los Bloques la Florida son de unos 40 m2 y 2,2m de altura, en su mayoría sin aislamiento y con instalaciones eléctricas precarias. 

Actualmente, en las ocho viviendas que ya son propiedad de la cooperativa habitan unas 30 personas, de las que diez son menores de edad. Todas las unidades familiares deben ser socias de Les Juntes y, de hecho, según relatan, la mayoría participaban ya en los espacios comunitarios del barrio. Tienen derecho de uso de la vivienda durante un período de 50 años, con una cuota de 450 euros al mes. Esta y otras particularidades las pueden decidir los cooperativistas en asamblea. 

“La idea es conseguir que las familias en situación vulnerable tengan una solución habitacional estable, que es lo que pide todo el mundo y lo que te permite construir un proyecto de vida”, señala Rubio. Además de los que ya tienen piso, cuentan con unos 50 socios que han aportado el capital inicial de 300 euros a la espera de poder acceder también a una vivienda en La Florida mediante este modelo. 

Levantada entre vecinos y activistas del barrio, Les Juntes también ha tenido que asociarse con entidades que conocen este mundo, especialmente la parte económica. De ahí que entre sus impulsores esté también La Dinamo (fundación que promueve la vivienda cooperativa) y LaCol (una conocida cooperativa de arquitectos de Barcelona). 

Con todo, según sus cuentas de 2024, el 47% de sus ingresos fueron préstamos de Coop57. El 34% procedió de subvenciones. El 8%, de las aportaciones de los socios, y el resto de donaciones privadas. 

De cara al futuro, aspiran a contar con la participación de las administraciones públicas, que puedan entrar en la estructura de la cooperativa como en las Community Land Trust británicas. “Se podría escalar mucho el número de viviendas cooperativizadas con la participación del Ayuntamiento”, señalan. Y no solo eso, también conseguir viviendas más espaciosas y dignas para que residan en ellas las familias socias. 

Otro reto es esquivar lo que llaman el “asistencialismo”. Es decir, no ser vistos en el barrio como la bolsa de vivienda de emergencia a la que simplemente apuntarse para solucionar problemas particulares. “Es esa lógica de que yo voy a la oficina a que me arreglen un problema. No, aquí debemos pensar entre todas qué estrategias podemos usar para afrontar los problemas conjuntos”, añaden.

Sea como sea, estos días toca celebrar el premio World Habitat. De 400 proyectos de todo el mundo, les seleccionaron junto con unos 25 y les han otorgado el galardón de bronce. El CEO de la organización internacional, David Ireland, los describió así: “Son un ejemplo de cómo la vivienda cooperativa puede desempeñar un papel clave en las políticas de vivienda asequible, especialmente para las personas excluidas de los sistemas convencionales. Ofrece un modelo que las autoridades locales de toda Europa podrían adaptar para abordar la inseguridad habitacional”.

Miquel mete la llave en la cerradura de la puerta de chapa con cuidado, casi un acto solemne, antes de empujarla y mostrar su futuro hogar. Ahora es sólo un solar, pero estos 600 metros cuadrados acogerán la que será una de las primeras cooperativas de vivienda sénior de España.

Este hombre de 64 años es uno de los doce integrantes del grupo que ha puesto en marcha La Constel·lació, una idea que se materializará en la calle Progrés de Badalona. Viene acompañado de Sunsi, Pilar y Elsa, otras compañeras que no se pierden la oportunidad de presumir de su proyecto.

Con una sonrisa en la cara, los cuatro cooperativistas señalan puntos del solar, dibujando un plano mental del futuro edificio. Para ellos, esta finca no será sólo un lugar en el que vivir, sino una oportunidad para pasar sus últimos años en compañía, atendidos y en un hogar que respete sus necesidades.

“Es algo que aleja la idea de la residencia y que, por contra, nos permite tener una vejez activa, con capacidad de decidir y de no ser invisibles”, resume Elsa.

Esta mujer de 70 años fundó la cooperativa con la esperanza de dar respuesta a una necesidad personal pero que muchas personas comparten al final de su vida. Además, en su caso, había un añadido: tiene esclerosis múltiple.

Todo empezó en 2017, después de su segunda rotura de pierna en poco tiempo. Elsa, que es de origen uruguayo y vive sola, vio que necesitaba empezar a planear sus próximos años. “Sola no podía. No sabía qué era, pero tenía claro que una residencia no me apetecía”, recuerda. Así que, buscando en Internet, encontró la “palabreja” cohousing. “No tenía idea de qué significaba, pero me interesó enseguida”, explica.

Se informó, se asesoró y puso a andar un proyecto que, al principio, iba a ser para personas con esclerosis. Pero no encontró a suficiente gente. Además, “estar solos hubiera sido totalmente contraproducente”, reconoce.

Mientras pensaba cómo hacerlo viable, la Generalitat reconoció a los jubilados como colectivo vulnerable y lo vio claro. Iba a compartir proyecto de vida con personas mayores o que tuvieran discapacidades motrices.

Una finca pensada para el “acceso universal”

“Mira, ahí va a estar el jardín”, dice Sunsi, con un brillo en los ojos. “Tendrá barbacoa”, asegura Elsa, provocando risas de sus compañeros. “Como buena hija del Río de la Plata no puedes pasar sin eso, ¿no?”, le responde Miquel. En la zona al aire libre, que ocupará la parte trasera del edificio, también quieren instalar una piscina climatizada. “Pero no por ocio, sino para hacer ejercicio”, aclaran.

De momento, ni la barbacoa ni la piscina están presupuestados. Son caprichos a futuro. Lo que sí está diseñada es una finca según los principios arquitectónicos del acceso universal, que garantiza que cualquier persona pueda usar todos y cada uno de los espacios y enseres.

Es algo que va mucho más allá de pensar más en rampas que en escaleras, o en que en los ascensores quepan sillas de ruedas o scooters. También contempla el diseño de cocinas y lavabos, que serán iguales independientemente de si se tiene movilidad reducida o no, para que no haya que adaptar nada si la situación del habitante cambia.

“Son cosas que desconocíamos, pero que tienen todo el sentido”, apunta Miquel. Como pensar en que los armarios estén en la parte inferior de la estancia o en que estos tengan ruedas para que se puedan quitar y que una persona en silla de ruedas pueda usar la encimera como espacio de trabajo.

“Se tendría que pensar en estos aspectos en todas las fincas, no sólo las que sean para jubilados”, añade Pilar. “También tendremos un baño en el portal de la entrada. ¿Acaso eso no le vendría bien también a una persona de 20 años?”, añade, entre risas.

“Ahora, mira allá”, la corta Miquel, que señala hacia uno de los laterales del solar. Allí hay una tabla negruzca, enganchada a la pared en una zona que cuenta con una especie de tarima. Es una pizarra. “Es que esto antes era una escuela”, explican.

La cooperativa ha decidido que conservarán este retazo del pasado porque su intención es conectar con el barrio. No han esperado a que empiecen las obras para empezar a involucrarse en las asambleas de vecinos.

Muchos vienen de otros municipios y, como Miquel, dejan atrás ciudades en las que han nacido y han visto crecer a sus hijos. Pero están listos para generar nuevos vínculos.

“Eso es la vejez activa. No aislarse, tejer redes nuevas y conectar con el barrio. Estaremos ahí para ellos igual que esperamos que ellos estén ahí para nosotros”, sostiene Pilar, que ve esta cooperativa como una evolución natural en una vida “llena de activismos”.

Unos se han acercado a la cooperativa por necesidad, pero otros lo han hecho por convicción. A pesar de estar bien de salud, de ser propietarios de una vivienda o de poder pagarse una residencia llegado el caso, han decidido hacer la apuesta.

“Yo no quería ser una carga ni acabar en una residencia”, dice Sunsi. Miquel pretende “arrancar viviendas al mercado especulativo” y Pilar, simplemente, cree en el poder de la comunidad: “Los viejos no tenemos por qué estar solos o tristes”.

Un proyecto a 10 años vista

La Constel·lació tendrá 12 viviendas, algunas individuales y otras para parejas, además de contar con zonas comunes como un lavadero, jardín y un comedor equipado con cocina. Todo ello les ha costado una inversión de 35.000 euros para comprar el solar, a los que se deberán sumar los gastos de las obras. Luego, las hipotecas costarán entre 800 y 1.000 euros al mes. “Es caro, la verdad que sí”, reconoce Sunsi.

Saben que no todas las personas jubiladas o con discapacidades tienen ese capital, pero ellos se consuelan pensando que están abriendo camino. En Catalunya hay cinco cooperativas sénior en marcha, un modelo que todavía está siendo explorado y que no cuenta de tanta popularidad como otras cooperativas de vivienda.

“A pesar de ser considerados un colectivo vulnerable, no tenemos ayudas de la administración”, lamenta Elsa, que requiere más facilidades a los ayuntamientos y a la Generalitat. Ellos han optado a subvenciones y a ayudas privadas, pero incluso así la inversión será alta. Tanto, que algunos han pensado en vender sus viviendas habituales para poder sufragar los gastos. “Hemos tenido que hablar con nuestros hijos, porque ese piso que pensaban que sería para ellos no lo será. Y lo aceptan, porque ven esta apuesta de vida como un activismo más”, explican.

La hipoteca que pagarán, de unos 20 años, no acabará con un piso en propiedad. La hipoteca es una especie de cuota que les da derecho a usar la vivienda, pero su tenencia siempre será de la cooperativa, para que los que vengan después lo tengan más fácil. “Es un proyecto de futuro, aunque suene raro oír a jubilados hablar de futuro”, ironiza Pilar.

La suya es una gesta que está siendo larga. La idea nació en 2017 y compraron el terreno en 2022. Entre que han podido reunir el dinero, conseguir los permisos y contratar el proyecto, esperan instalarse a finales de 2027. “Son muchos años, que representan una parte importante de lo que nos queda por vivir. Y cuando entremos, nuestras circunstancias no serán las mismas que cuando empezamos”, se lamenta Sunsi.

A pesar de los problemas y las dificultades, ven con optimismo los años que vendrán. A ellos les apetece envejecer así, rodeados de amigos y compañeros, con posibilidad de compartir un final de vida en que no serán una carga para nadie, en un hogar en el que podrán decidir cómo gestionar su vida. Hoy todavía es solo un solar, pero estos jubilados ya pueden ver esa barbacoa esperándoles en la esquina del jardín.

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur y en colaboración con Faecta Sevilla, ha celebrado este jueves la I edición de los Premios al Cooperativismo de la provincia, un reconocimiento al papel de las cooperativas como motor de desarrollo económico y cohesión social, especialmente en el medio rural.

El acto, presidido por el presidente de la institución provincial, Javier Fernández, y el alcalde de Cañada Rosal y vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha tenido lugar en Coenca Cooperativa de Envases Cañada Rosal, y ha incluido la inauguración de la avenida del Cooperativismo en el municipio.

En su intervención, Fernández ha destacado la importancia del tejido cooperativo en la provincia, “donde viven 700.000 personas en la capital y 1.300.000 en el resto de Sevilla, repartidas en 106 municipios”, y ha subrayado que Cañada Rosal y Coenca son “grandes ejemplos” de emprendimiento y cohesión social. Asimismo, ha añadido que en este municipio “hay más gente que trabaja por cuenta propia que ajena”, lo que demuestra “la valentía de quienes arriesgan para emprender”.

El presidente de la Diputación ha enmarcado en este sentido que las cooperativas “generan empleo desde un modelo diferente, en el que el trabajador es a la vez sindicato y patronal”, y ha destacado su contribución al asentamiento poblacional y a la lucha contra el reto demográfico, mediante la creación de oportunidades laborales en los municipios.

Oportunidades en el territorio

A la jornada han asistido también el presidente de Faecta-Sevilla, Francisco Javier Roldán; la directora de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Sevilla, Carmen Guzmán; y el director de la Cátedra de Emprendimiento e Innovación Empresarial en Economía Social de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco José Rincón, quienes participaron como parte del jurado. Entre los presentes estuvieron además el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano; y los secretarios generales de UGT y CCOO Sevilla, Juan Bautista Ginés y José Luis Gómez, respectivamente.

Por su parte, Rodrigo Rodríguez Hans ha valorado la celebración del acto en Cañada Rosal como una oportunidad para “impulsar un pueblo unido, trabajador y emprendedor” y poner en valor “un modelo empresarial que crea empleo estable, fija población y genera oportunidades reales en el territorio”. Reconoció además la trayectoria de Coenca durante 45 años y agradeció a Faecta su colaboración en la promoción del cooperativismo como herramienta de desarrollo solidario y competitivo.

Francisco Javier Roldán, presidente de Faecta-Sevilla, ha destacado por su parte que las cooperativas representan “el presente y el futuro de municipios como Cañada Rosal” y que los premios muestran “la realidad empresarial viva en la provincia, que hay que poner en valor”. La jornada, presentada por la periodista Mabel Mata, ha incluido una conferencia motivacional a cargo de Emilio Duró y la ceremonia de entrega de galardones.

Cooperativas galardonadas

Las cooperativas galardonadas en la I edición de los Premios al Cooperativismo de la provincia de Sevilla han sido: Triana ES ARTE (Sevilla), reconocida con el Premio Cooperativa de Nueva Creación por su impulso al sector cultural, la profesionalización de artistas de calle y el fortalecimiento del tejido social. Junto a ella, La Urdimbre (Sevilla) ha recibido el Premio a la Cooperativa más Innovadora por su labor en entornos educativos, procesos participativos y reciclaje de más de 21 toneladas de plástico.

Claros (Sevilla) se ha alzado con el Premio Consolidación Cooperativa por su trayectoria en el sector sociosanitario, liderazgo femenino y aportación al desarrollo económico y social, mientras que Vórtice Alcores Formación (Mairena del Alcor) se ha llevado el Premio Cooperativa de Ámbito Rural por su impulso a la formación, empleabilidad y desarrollo local de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Coenca (Cañada Rosal) ha recibido una mención especial del jurado por su contribución al fomento del cooperativismo, su impacto social y económico y su capacidad para profesionalizarse y competir en mercados nacionales e internacionales, promoviendo cohesión social, igualdad y estabilidad laboral.

El Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este miércoles por unanimidad iniciar el proceso de selección de una parcela municipal para desarrollar un proyecto de interés social que permita la construcción de al menos treinta viviendas colaborativas intergeneracionales, el primero de este tipo en la ciudad.

La iniciativa, presentada por el grupo municipal socialista, prevé la adjudicación de la cesión de derecho de superficie sobre la parcela seleccionada. Se trata de un modelo de colaboración público-privada en el que los propios beneficiarios se comprometen a aportar la financiación para la construcción y el mantenimiento de los edificios, así como a gestionar la explotación y garantizar la sostenibilidad social, económica y medioambiental de la comunidad.

Alternativas reales a retos habitacionales

El concejal socialista Tino Vaquero destacó que este tipo de proyectos “están extendidos en toda Europa y también en España” y subrayó que, en un contexto de envejecimiento poblacional y dificultades de acceso a la vivienda juvenil, la propuesta ofrece “alternativas reales” a los retos habitacionales actuales.

Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás, resaltó que la iniciativa contribuye a “prevenir la soledad no deseada” y refuerza la colaboración público-privada, convirtiéndose en un modelo innovador de vivienda para mayores.

El portavoz municipal de Foro y edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, recordó que el equipo de Gobierno lleva más de un año colaborando con la cooperativa El Llar Cohousing para dar forma a un proyecto que “está muy cerca de ver la luz”. Por su parte, el portavoz de IU, Javier Suárez Llana, valoró la unanimidad del pleno y destacó ventajas como la sostenibilidad, el uso responsable del suelo y la promoción de la justicia social. La portavoz de Podemos también celebró el proyecto, subrayando la necesidad de facilitar y democratizar el acceso a la vivienda en la ciudad.

El presidente de la cooperativa El Llar, Amalio Espinosa Barrios, defendió durante la sesión plenaria que la propuesta es “profundamente humana” más que urbanística, y señaló que responde a los desafíos de una ciudad con una población cada vez más envejecida.

El proyecto prevé, además, que los cesionarios impidan la especulación durante la vida de la comunidad y que los edificios incluyan equipamientos sociales que contribuyan al bienestar colectivo, consolidando un modelo de vivienda colaborativa que combina habitabilidad, sostenibilidad y cohesión social.

En un lugar de la Mancha se encuentra la localidad con más habitantes de esta comarca. Tomelloso tiene un censo de casi 37.000 vecinos y vecinas. Al ser llano prácticamente en su totalidad, de lejos pueden observarse grandes extensiones de cultivo de vid, precisamente por la Autovía CM-42, que recibe ese nombre, la de los Viñedos.

No es de extrañar que la ciudad de Tomelloso cuente igualmente con la bodega y almazara más grande de Europa, agrupada en la Cooperativa 'Virgen de las Viñas'. Cuenta con 20.000 hectáreas de viñedo entre vaso y espaldera; y 2.400 hectáreas de olivar, cuyo producto y derivados gestiona un equipo humano superior a 3.000 personas.

En realidad, esta cooperativa es considerada por muchos expertos la más grande del mundo. Hay una más extensa en California, pero está conformada por varios colectivos “de segundo plano” por lo que los criterios para el ranking dependen relativamente del cristal con que se mire.

De cualquier forma, 'Virgen de las Viñas' es un referente mundial que empezó con una pequeña bodega fundada en 1961 por 17 pequeños agricultores de la localidad. Ahora han más de un centenar de personas trabajando con contrato fijo y que reciben formación continuada gratuita en diferentes áreas especializadas.

Además, un “esfuerzo continuado de mejora” ha permitido que décadas después y debido a la calidad de esos suelos llanos y productivos, sus vinos sean “prácticamente ecológicos”, según defiende la cooperativa. 

Esa misma calidad se asegura y garantiza pese a los grandes volúmenes de producción: más de 150 millones de litros de vino y mosto por campaña. Elabora así sus vinos con las variedades de uva blanca Airén, Macabeo, Sauvignon Blanc, Chardonnay; y las variedades de uva tinta Tempranillo, Garnacha, Cabernet Sauvignon, Moravia, Tinto Velasco, Merlot y Syrah.

Todos ellos están entre sus marcas comerciales: Tomillar, Rocio, Lorenzete, Viña Tomilla y Dº Eugenio, con multitud de premios y reconocimientos. Ahora es todo un gigante dentro de Castilla-La Mancha y de toda España, y un referente en el desarrollo de la capacidad de producción vitivinícola de esta comunidad autónoma.

Su presidente desde hace 25 años, Rafael Torres, cuenta a elDiario.es Castilla-La Mancha, que la cooperativa ha seguido “la misma línea de búsqueda de calidad” desde que se fundó. En su primera producción, entraron 300.000 kilos de uva y al año siguiente ya eran tres millones de kilos. Desde entonces ha ido creciendo exponencialmente hasta haber alcanzado más de 300 millones de kilos de uva anuales.

Los clientes son los verdaderos dueños de la cooperativa

“La transformación en todos estos años ha sido tremenda, sobre todo a nivel tecnológico para hacernos modernos y competitivos. Nos hemos dotado de todas las innovaciones necesarias para elaborar muy buenos vinos, y cumplir con las exigencias que nos marcan los clientes, que, como siempre digo, son los verdaderos dueños de la cooperativa”, explicado.

Una de las grandes apuestas de la cooperativa ha sido el embotellado. Supone el 25% de la facturación, que cada año va aumentando porque han expandido las cadenas de producción. La cifra es vertiginosa: unas 24.000 botellas a la hora. Entre la producción y el embotellado, todos los días hábiles del año salen entre 700.000 y 800.000 litros de vino de la cooperativa.

El presidente de 'Virgen de las Viñas' también pone el acento en la almazara, procedente de los olivares que también crecen esas tierras manchegas. “Nuestra producción de aceite también ha ido creciendo paulatinamente. Empezamos un millón de kilos y después y ya estamos en los diez millones, tras la expansión de las plantaciones.

Hacia el enoturismo y la cultura

Su éxito y expansión han propiciado que con los años haya diversificado sus actividades hacia el enoturismo y la cultura en una obra social pionera dentro de las cooperativas agroalimentarias. Ese compromiso de la cooperativa se hizo realidad tras inaugurar en 2011 el Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena, un centro que alberga una exposición permanente compuesta por obras del 'Certamen Cultural Virgen de las Viñas' que se celebra desde 2001.

Este museo expone además obras de diferentes autores, con diversos estilos, técnicas y temáticas, lo cual hace que sea muy atractivo para los amantes del arte.

En la última convocatoria del certamen, en la modalidad de Periodismo, se premió al trabajo titulado 'La Tierra Santa de Tomelloso', de Javier Ruiz Martínez; y en la categoría de Escultura, fue la obra titulada 'Cavilaciones', de José Lillo Galiani.

La modalidad de Pintura incluye varios galardones, que recibieron las obras 'La belleza del otoño de la vida', de Caroline Culubret Worms; 'Coronación', de Leonor Solans García; 'Sueño de un triángulo', de Alejandro Calderón Martín; y 'Vórtice', de Patricia Ruiz Mayoral. El Premio Regional de Pintura fue para la obra 'Development of a Nude', de Salvador Pérez Tobarra, y el Premio para personas con discapacidad cayó en manos de Julia Martínez Navarro por su obra 'Bodegón con pera'.

En cuanto el enoturismo, la cooperativa aúna arte, tradición y vino mediante tres estancias. Además de la visita al Museo, ofrece conocer el Lagar, el corazón de la bodega que no ha dejado de latir desde sus orígenes. Se trata de un edificio emblemático que actualmente acoge el Museo Etnológico, con una colección de herramientas y útiles que ayudan a recordar cómo trabajaban en los viñedos los primeros pobladores de Tomelloso.

Y otra visita incluye las cuevas excavadas en una placa de piedra caliza recientemente rehabilitadas y abiertas al público para conocer de primera mano cómo se utilizaban hace cien años para elaborar y almacenar el vino. El presidente de la cooperativa adelanta que actualmente están ampliando estas cuevas para “homenajear a quienes las hicieron” porque “ahí empezó la riqueza vitivinícola de Tomelloso”. En total, el auge del enoturismo ha propiciado unas 9.000 visitas anuales.

Hace tres años, la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso celebró sus seis décadas de vida en un evento al que asistieron cerca de 2.000 personas entre socios, autoridades, empresarios y artistas.

El año pasado la bodega y almazara inició un proceso de ampliación de las instalaciones y mejora de la maquinaria debido a la creciente demanda de incorporación de nuevos socios. El proyecto contempla un almacén inteligente, otra sala de barricas, una nueva línea de embotellado, placas solares, un concentrador y rectificador de mostos y más prensas neumáticas.

Y su expansión sigue adelante también mediante fusiones. El pasado mes de junio se unió a Bodegas San José, tras haber realizado anteriormente dos fusiones, con la cooperativa de San Gregorio y con la Almazara de Tomelloso. Desde la cooperativa Virgen de las Viñas no se descartan más proyectos de fusión con otras cooperativas y bodegas, entre ellas de Manzanares.

Hace unas fechas, el Pabellón de las Tres Culturas fue escenario de la “IV Edición de los Premios Andalucía Economía Social”, una cita que reconoce a los proyectos de la Economía Social comprometidos con la sostenibilidad y la justicia social en nuestra comunidad. GIVIT fue una de las galardonadas, una cooperativa granadina que está revolucionando el sector de las plataformas digitales de reparto. Su modelo rompe con las reglas del juego impuestas por gigantes como Glovo, Uber Eats o Deliveroo, repartiendo el valor generado por la tecnología de una forma distinta. La diferencia con respecto a las plataformas capitalistas de reparto son dos, la primera de ellas es cómo tratan a los trabajadores, y la segunda es el reparto del valor de los datos.

Empezaré contando quiénes son y qué hacen. GIVIT nació en 2019, en Granada, en uno de los momentos más difíciles para la economía: la pandemia. Lo que comenzó como una idea para ofrecer servicios de mensajería y reparto se ha convertido en la mayor cooperativa de su sector en Europa, con más de 800 socios. En 2024, la empresa alcanzó una facturación superior a 9 millones de euros, con más de 200.000 repartos mensuales y presencia en 15 provincias y más de 100 localidades. Entre sus clientes figuran grandes marcas como Burger King y Popeyes, lo que demuestra que la competitividad no está reñida con la ética empresarial.

Las plataformas digitales de reparto han estado en el centro del debate laboral en los últimos años. Antes de la entrada en vigor de la Ley Rider en 2021, la mayoría de repartidores eran considerados autónomos, lo que implicaba ausencia de un salario fijo, de vacaciones pagadas o cotización a la Seguridad Social. Además, ellos debían asumir los costes como combustible, mantenimiento y seguros, lo que generaba ingresos variables y jornadas de más de 10 horas para alcanzar el salario mínimo. La Ley Rider modificó estas condiciones, y ante esa situación Deliveroo abandonó España, Just Eat adoptó el modelo asalariado, Glovo resistió acumulando multas millonarias antes de empezar a contratar en 2024, y Uber Eats sigue utilizando autónomos parcialmente.

Givit, en cambio, desde su nacimiento, y sin necesidad de una ley, ofrece un marco legal seguro y digno para sus trabajadores. Todas las personas socias están dadas de alta en el régimen general de la Seguridad Social, con planes de carrera, formación continua y posibilidad de promoción interna, desde el primer día. El motivo es que esta empresa no se crea para que la persona que pone el capital gane dinero por encima de todo, sino que trae de “serie”, y como misión, generar empleo de calidad, de forma que el dinero es el medio y no el fin. Todo ello se traduce en una apuesta por la profesionalización, la sostenibilidad medioambiental y las condiciones laborales justas, demostrando que es posible competir sin precarizar.

Quien tiene muchos datos, tiene “petróleo”, y las grandes plataformas capitalistas, ya sea de música como Spotify, de relaciones como Facebook, de compras como Amazon, o de mensajería, monetizan estos datos, convirtiéndose en muchos casos en su principal fuente de ingresos

La segunda gran diferencia es la gestión de los datos obtenidos de las personas trabajadoras y clientes, por medio de la plataforma. Los datos son considerados el “petróleo” del siglo XXI. Cada vez que hacemos click en alguna página de internet, en un “me gusta” o “no me gusta”, damos una opinión… generamos unos datos que son la materia prima para crear una información con diversos usos. Entre ellos está la publicidad dirigida o segmentada, según nuestros patrones revelados, o nuestros datos demográficos como edad, ubicación o lo que nos interesa. También se puede utilizar para el establecimiento de precios o investigación de tendencias. Por tanto, quien tiene muchos datos, tiene “petróleo”, y las grandes plataformas capitalistas, ya sea de música como Spotify, de relaciones como Facebook, de compras como Amazon, o de mensajería, monetizan estos datos, convirtiéndose en muchos casos en su principal fuente de ingresos.

Pues bien, Givit no vende los datos, ni de sus clientes ni de sus trabajadores, y los utiliza dentro de la empresa para que los trabajadores tengan una información transparente que les sirva para mejorar su desempeño, y por supuesto no emplea tecnologías invasivas como el rastreo emocional. ¿Es rentable un modelo así? La respuesta es sí. A pesar de competir en desventaja frente a gigantes tecnológicos —por no vender datos y ofrecer mejores condiciones laborales—, GIVIT ha demostrado que otro modelo es posible: rentable, sostenible y justo. Su crecimiento y su capacidad para atraer grandes clientes son prueba de ello.

El caso de GIVIT plantea una reflexión importante: ¿es hora de impulsar más cooperativas en el sector digital? Este modelo no solo genera empleo de calidad, sino que también protege derechos fundamentales en un contexto donde la explotación laboral y la invasión de la privacidad se han normalizado. El fomento de cooperativas como GIVIT no es solo una cuestión ética, sino también una inversión rentable para la sociedad. Estas empresas demuestran que la tecnología puede estar al servicio de las personas y no al revés.

GIVIT no compite únicamente por ofrecer un servicio de reparto eficiente; compite por cambiar las reglas del juego. Su apuesta por la economía social, la transparencia y la dignidad laboral la convierte en un referente en un sector dominado por plataformas que priorizan el beneficio sobre todo lo demás. En un mundo donde los datos son el nuevo petróleo y la precariedad laboral parece inevitable, GIVIT demuestra que hay alternativas. Y quizá, el futuro del reparto digital pase por seguir su ejemplo.

El año pasado fue Montréal (Canadá) la ciudad elegida, y este 2025 la ONU se ha fijado en Murcia para celebrar el V Simposio Técnico del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria (UNTFSSE). Dos jornadas de trabajo que han concluido este viernes donde expertos de alto nivel han protagonizado debates técnicos y mesas de análisis, compartiendo experiencias y enfoques estratégicos para alinear prioridades y reforzar el trabajo conjunto en torno a las políticas públicas relacionadas con la economía social.

El acto de clausura ha contado con la presencia de la presidenta de la UNTFSSE y responsable del programa de la OIT sobre cooperativas y economía social y solidaria, Simel Esim; el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín; el comisionado especial para la Economía Social del Gobierno de España, Jaime Iglesias y el presidente de Social Economy Europe, CEPES, UCOMUR y UCOERM, Juan Antonio Pedreño.

“Que Murcia sea la capital española de la Economía Social en 2025 se debe a que somos un territorio absolutamente volcado y comprometido con este modelo de empresa. Y lo estamos demostrando durante todo 2025. Y más todavía con la acogida de estas reuniones de Naciones Unidas en Murcia, algo histórico y de enorme relevancia para la Región y que ha venido de la mano de la Economía Social”, ha señalado este viernes Pedreño.

“La Capitalidad de Murcia está siendo un año de trabajo real, de reforzar alianzas a nivel regional, estatal, europeo y mundial, y de demostrar que este modelo empresarial exige un lugar propio en la definición de todas las políticas públicas”, ha añadido el presidente de UCOMUR.

Murcia, referente mundial para la economía social

“La Región Murcia no es solo un territorio con tradición cooperativa: es un laboratorio internacional de innovación social. Donde la economía social no es un concepto abstracto, sino una forma de anclar territorio y crear riqueza en torno a valores como participación, democracia, proximidad y resiliencia”, ha subrayado Pedreño. El presidente de UCOMUR ha añadido que esa es la razón por la que la ONU se ha fijado en la Región, porque ese ecosistema “demuestra que otro modo de crecer es posible y que la cooperación, cuando es real y sostenida, construye sociedades más fuertes, más equitativas y preparadas para los retos del presente y el futuro”.

Por su parte, Esim ha señalado que “la actividad de la Task Force está estrechamente vinculada con la experiencia de los territorios. Y Murcia es un lugar especialmente adecuado para celebrar esta reunión, porque cuenta con una larga tradición cooperativa y de economía social, sustentada en instituciones y organizaciones tan sólidas como UCOMUR y UCOERM. De hecho, para la ONU, la Región de Murcia es un referente mundial de la economía social”.

Dos jornadas de trabajo en el centro de Murcia

El foro ha tenido lugar en el edificio corporativo de CaixaBank, en pleno centro de Murcia. Tras una primera jornada centrada en las contribuciones de la Región de Murcia y España en su conjunto a la economía social, en la que también se abordaron las prioridades y retos que atraviesa el sector en todo el mundo, esta segunda se ha dividido en diversas sesiones temáticas enfocadas a que los participantes intercambien ideas, conocimientos y puntos de vista, además de poner en común estadísticas y líneas de investigación.

Estos dos días de trabajo han permitido avanzar en el diálogo internacional, presentar las fortalezas del ecosistema español y murciano, y definir los grandes ejes de trabajo que marcarán las políticas globales de economía social en los próximos años.

La Región de Murcia es una tierra pionera en el desarrollo de un marco jurídico para que la economía social forme parte de las políticas públicas. Esa es la principal idea que ha querido transmitir este jueves Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y de la Organización Europea de la Economía Social, en el marco del 5º Simposio Técnico del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria (UNFTSSE), que se celebra en Murcia hasta el próximo viernes.

“Este grupo de trabajo tiene la responsabilidad de visibilizar y proponer políticas públicas para el desarrollo de la economía social en el mundo”, ha explicado Pedreño a los medios de comunicación, rodeado de autoridades y expertos de primer nivel en el sector procedentes de todos los rincones del mundo. También conocido como Task Force en el contexto de las Naciones Unidas, el grupo de trabajo, sumado a organizaciones y observadores que también participan en debates como el de estos días, tiene la tarea de trasladar a los gobiernos las políticas que consideran adecuadas en materia de economía social.

Pedreño ha subrayado que el modelo consolidado de la economía social en la Región de Murcia y España es exportable a otros territorios del mundo. La economía social murciana, que ha descrito como un “crisol”, ha sumado en lo que va de año 130 nuevas empresas y más de 120 cooperativas. “Es lo que quiere conocer Naciones Unidas, para ver cómo se pueden trasladar estas políticas a otros territorios”, ha señalado.

La relevancia de la Región de Murcia en políticas de economía social

La economía social se describe como un modelo económico que pone a las personas y al interés colectivo por encima del lucro individual, basándose en principios de cooperación, solidaridad y gestión democrática. Engloba tanto a entidades privadas como cooperativas, mutualidades y otras sociedades laborales. La Región de Murcia es líder en la creación per cápita de cooperativas en España, con más de 2.500 empresas y entidades dedicadas a la economía social, que dan empleo a más de 100.000 personas, según ha explicado la consejera de Empleo, Marisa López Aragón.

Además, Murcia cuenta con seis pactos regionales sobre economía social, el mayor número de todo el país. Se trata de una amplia diferencia con respecto al resto de comunidades, que solo cuentan con dos, en el mejor de los casos. “Aquí se está trabajando seriamente y desde hace mucho tiempo en el desarrollo y el fomento de las políticas públicas para la economía social”, ha enfatizado Pedreño.

Seleccionada como Capital Española de la Economía Social en 2025, la Región de Murcia ha sido punto de encuentro y epicentro para diversas reuniones de trabajo y eventos relacionados con la economía social en lo que va de año. “El listón está muy alto para las siguientes ciudades que asuman esta iniciativa”, ha apostillado Jaime Iglesias, comisionado Especial para la Economía Social del Ministerio de Trabajo. Concretamente, en la reunión en Murcia, ha continuado, se trabajará en la redacción de un informe de seguimiento de la situación de la economía social en el mundo y de la Tercera Resolución de Naciones Unidas sobre economía social y solidaria, que verá la luz en 2026. Una iniciativa que, además, promovió por primera vez el Gobierno español en el año 2023.

La importancia del marco jurídico

El objetivo de la economía social y del grupo de trabajo de Naciones Unidas, según Pedreño, es avanzar “hacia una sociedad más democrática, más justa y participativa”. El presidente de Ucomur ha recalcado que los conocimientos globales en este campo son “muy recientes”, por lo que considera indispensable el ejemplo de España y de la Región de Murcia.

La clave, para él, es el marco jurídico. “Sin marco jurídico, difícilmente se puede desarrollar algo. En Europa se empezó a desarrollar en 2015”, ha detallado. Cuatro años antes, España ya había aprobado su primera Ley de Economía Social, que estableció por primera vez un marco jurídico común para las entidades del sector y sirvió de referencia para que otros países también desarrollasen su propia legislación. Con la presencia de diversos expertos de Naciones Unidas —de forma presencial y telemática— en este simposio en el Edificio Corporativo de Caixabank durante estos dos días, Murcia vuelve a colocarse en el mapa mundial de la economía social.

La consejera Noemí Manzanos ha informado de que se está ultimando otro convenio extraordinario que permitirá a FECOAR contratar una consultora que realice un diagnóstico de la situación actual en que se encuentra el sector cooperativo vitivinícola y su actual modelo de negocio, con el objetivo de definir una propuesta de transformación del modelo cooperativo en La Rioja. Con este objetivo, el Ejecutivo riojano ha establecido para el próximo ejercicio 2026 una aportación de 140.000 euros para ello. 

“Ese diagnóstico invitará a reflexionar y poner sobre la mesa una serie de medidas para que sean los propios cooperativistas los que puedan realizar propuestas concretas, tanto individuales como colectivas, ante las dificultades que está atravesando el sector vitivinícola, en definitiva, para hacer más fuerte el sector cooperativista”, ha señalado Noemí Manzanos. 

Asimismo, ese convenio extraordinario contemplará actuaciones destinadas a favorecer la sensibilización y apertura de visión de los consejos rectores mediante la difusión de experiencias de éxito en otras zonas productoras, además de fomentar la cooperación, la integración y la creación de sinergias entre cooperativas. 

Por su parte, el presidente de la FECOAR, Alfredo Sáenz, ha subrayado que “el estudio facilitará el estudio y análisis de cada una de las cooperativas, algo que es necesario para afianzar dónde estamos y proyectarnos hacia el futuro”. Las cooperativas, ha afirmado, “aportamos calidad económica y de vida a las personas que viven en el medio rural”.

Por último, estas líneas de trabajo buscarán fortalecer la estructura cooperativa, mejorar su capacidad de adaptación a los retos del sector y consolidar su papel como agente clave en el desarrollo del medio rural. El Gobierno de La Rioja y la Federación de Cooperativas Agrarias de La Rioja (FECOAR) continuarán trabajando de forma coordinada el próximo 2026 para impulsar un modelo cooperativo agrario con capacidad de adaptación y liderazgo a los nuevos retos del sector agroalimentario. Este esfuerzo se concreta a través de dos convenios de colaboración que buscan fortalecer un sector estratégico para el desarrollo económico y social de la región. 

Así se ha presentado durante la renovación del convenio anual del Gobierno de La Rioja con FECOAR. La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, y el presidente de FECOAR, Alfredo Sáenz, han firmado este convenio de colaboración anual, dotado con 48.000 euros, que permitirá mantener y reforzar actuaciones clave como la representación institucional, el asesoramiento técnico a las cooperativas, la divulgación de información sectorial, la organización de jornadas formativas, así como el apoyo a la modernización organizativa y de gestión. 

Noemí Manzanos ha destacado que FECOAR “representa un proyecto integrador que durante más de 25 años lleva prestando servicios, dando respuesta y representando al sector cooperativista riojano”. Un sector, ha recordado, que agrupa a 28 cooperativas, no solo vitivinícolas sino de otros sectores agroalimentarios que también se están integrando como la seta y el champiñón, que emplean a 330 personas y suman cerca de 6.000 socios.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha (CAVE-CLM), la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Castilla-La Mancha (ClamCoop), la Agencia EFE de Castilla-La Mancha y Críspulo Doñoro han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2025, en una gala celebrada en el Teatro de Rojas de Toledo.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de toda la ciudadanía, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal. Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos, según ha informado la ONCE.

En la gala han participado Patricia Sanz, vicepresidenta del Grupo Social ONCE; Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha; José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha; Barbara García Torijano, consejera de Bienestar Social; Carlos Velázquez, alcalde de Toledo; Milagros Tolón, delegada del Gobierno; Carlos Javier Hernández Yebra, delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha; y José Ortega, presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recameer). Han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales, así como por representantes de la discapacidad y de la sociedad castellanomanchega.

En la categoría de Administración Pública, el Premio Solidarios lo ha recibido la Unidad Militar de Emergencias (UME), en su vigésimo aniversario al consolidarse como una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía, gracias a su vocación de servicio, preparación técnica y capacidad de respuesta inmediata ante catástrofes y emergencias.

En el apartado de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón lo ha recogido la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha (CAVE-CLM) por su trabajo en la articulación y defensa del movimiento vecinal representando un modelo de participación ciudadana activa y solidaria.

En la categoría de Empresa el premio lo ha recibido la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Castilla-La Mancha (ClamCoop), por su impulso de la economía social a través de la creación de cooperativas de trabajo asociado para transformar el tejido empresarial castellanomanchego y hacerlo más innovador, amable y sostenible.

En el apartado de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación el premio se ha entregado a la Agencia EFE de Castilla-La Mancha, por abordar desde hace cuatro décadas, desde una perspectiva social, el periodismo de agencia y dar traslado al resto de medios de comunicación la información generada por el tercer sector, de forma veraz y rigurosa, lo que refuerza su perfil como agente de transformación social.

Finalmente, en la categoría de Persona Física, el Solidarios es para Críspulo Doñoro, por su apoyo al sector social de la discapacidad con un proyecto modesto desde el ámbito rural, pero con impacto, con la creación de la Fundación Virgen de la Fuensanta de Miñana (Guadalajara) que tiene como objetivo el impulsar desde una zona despoblada la integración en la sociedad de las personas con discapacidad.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla-La Mancha 2025 lo han formado Francisco José Armenta, director general de Discapacidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; Óscar García, director de Radio Castilla-La Mancha en CMM; José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla La Mancha; Bárbara Palau, consejera general de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales de la ONCE; Carlos Javier Hernández, delegado de ONCE en Castilla-La Mancha; y José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha.

La edición castellanomanchega de elDiario.es celebrará el próximo 27 de noviembre el acto de entrega de sus Reconocimientos Somos Km.0 en un acto que tendrá lugar en el Círculo del Arte de Toledo, a las 18 horas.

El objetivo es visibilizar la labor de personas o grupos de personas, entidades o asociaciones que contribuyen al desarrollo social, económico o cultural, entre otros, de Castilla-La Mancha.

El periódico cumple este año 11 años de trayectoria desde que en febrero de 2014 se sumase a la iniciativa impulsada por un grupo de periodistas que fundaron elDiario.es dos años antes, bajo la dirección de Ignacio Escolar.

Ahora en Castilla-La Mancha, con un equipo renovado, el acto servirá también para presentar a los nuevos integrantes de la redacción, dentro de un equipo que encabezan los editores Luis Enrique Espinoza y Javier Manzano y que dirige Carmen Bachiller.

A las periodistas Alicia Avilés, Pilar Virtudes se han unido este año Rodrigo Abad y Javier Muñoz de la Torre Granados, que participarán en el acto, junto a Fidel Manjavacas, periodista en Toledodiario.es, nuestro medio asociado, al que de forma reciente se ha incorporado Itziar Machicado.

El equipo lo completan Rocío Sánchez, al frente de Administración y Recursos Humanos, Verónica García, nuestra directora comercial y Julio López, responsable de las tareas multimedia.

Seis reconocimientos 'kilómetro cero'

Durante el acto se entregarán un total de seis reconocimientos a personas o entidades de la comunidad autónoma. En concreto el Reconocimiento Somos Km.0 al Emprendimiento Sostenible será para la empresa Capitán Denim con sede en Madrigueras (Albacete).

Esta empresa promueve un modelo de producción y consumo responsable, contribuye a la economía social y solidaria y también a la economía circular. Apuestan por la producción local, por procesos innovadores de bajo impacto, por usar materiales y tecnología sostenible Greensight y entienden la sostenibilidad “sin postureo y con hechos”.

Después, se entregará el Reconocimiento Somos Km.0 al impulso de la economía rural a Jésica Alfaro y Soledad López, propietarias de la Bodeguilla de Motilla, con sede en la localidad conquense de Motilla del Palancar. Con formación en el Basque Culinary Center. Desde Mugaritz, en Euskadi, pasando por Singapur o Costa Rica, conquenses, decidieron un buen día volver a sus orígenes, al pueblo y abrir su propio negocio. Se quiere visibilizar su apuesta por el desarrollo rural y su contribución a que nuestros pueblos, como Motilla del Palancar, tengan servicios gastronómicos de primera línea.

Por otro lado, se otorgará el Reconocimiento póstumo Somos Km.0 al activismo cultural, la defensa del patrimonio y la lucha por los derechos de las personas, a Francisco García Martín. (Villacañas, 1959-Toledo, 2025). Historiador y articulista en elDiario.es Castilla-La Mancha hasta su fallecimiento el pasado verano. Escritor, autor de numerosos libros en los que visibilizar a personas y colectivos olvidados, miembro de Amnistía Internacional estuvo siempre ocupado y preocupado por el movimiento vecinal y la promoción cultural.

También habrá un Reconocimiento Somos Km.0 a la labor por la inclusión social que se otorga a la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha y por extensión a todos los voluntarios y voluntarias que han hecho posible este año el programa ‘Castilla-La Mancha sin techos', al apostar por la escalada asistida y demostrar que la montaña puede ser accesible para todas las personas, independientemente de sus limitaciones físicas.

Además, se entregará el Reconocimiento Somos Km.0 a la investigación científica, a la divulgación y a la transferencia de conocimiento a los investigadores e investigadoras que están contribuyendo a la recuperación vestigios de la memoria más reciente en Castilla-La Mancha.

El éxito colectivo que supuso la vigente democracia, de la que hoy disfrutamos todas y todos, no fue fácil. Este periodo estuvo precedido por otro que requiere investigación, intervención social y reparación. También divulgación, transferencia de conocimiento sobre todo a las nuevas generaciones.

Es un trabajo fundamental para establecer puentes entre pasado y futuro y lo realizan las asociaciones memorialistas y también nuestros científicos y científicas en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), la Universidad de Alcalá (UAH) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), con el apoyo de las instituciones públicas locales, autonómicas y estatales. En el nombre de todas las personas, asociaciones, colectivos e instituciones que forman parte del Consejo Asesor de la Memoria Democrática de Castilla-La Mancha queremos visibilizar la labor de Francisco Alía Miranda, historiador, catedrático en la Universidad de Castilla-La Mancha, Verónica Sierra Blas, investigadora y profesora del Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá (UAH) y Julián López García, investigador y catedrático de Antropología Social y Cultural de la UNED.

Finalmente habrá un Reconocimiento honorífico a Cooperativas Agroalimentarias. Este año 2025 se celebra, precisamente, el Año Internacional de las Cooperativas. La ONU dedica este año a recordar el papel de estas entidades de economía social. En Castilla-La Mancha destaca la presencia de las cooperativas agroalimentarias con su importante presencia en el medio rural y también por su papel en la divulgación de los productos -kilómetro Cero- de la comunidad autónoma y en la internacionalización a través de la exportación.

Los Reconocimientos Somos Km.0 de elDiario.es Castilla-La Mancha están patrocinados por la Junta de Castilla-La Mancha y la marca de Alimentos 'Campo y Alma', BBVA, la Diputación Provincial de Guadalajara y la Diputación Provincial de Toledo. Además, colaboran la Denominación de Origen la Mancha, San Telesforo Mazapán y Arriaca Cervezas.

Datan de 1959. Xosé Manuel Beiras tenía entonces 23 años, estudiaba en París becado por el núcleo galleguista de la Editorial Galaxia y sentaba las bases de su sólida, formidable armazón intelectual. Son dos ensayos en los que el joven estudiante se interesa por las experiencias cooperativistas y por cómo estas pueden sostener un modelo diferente de sociedad. Faltan algunos años para el giro marxista de Beiras, algunos menos para que se involucre en la política antifranquista, pero esos dos textos, publicados en la Revista de Economía de Galicia, constituyen los primeros trabajos editados “de cierta envergadura” del que acabaría por convertirse en carismático líder del nacionalismo gallego de izquierdas, Xosé Manuel Beiras. Los recupera el libro Un socialismo propio. O cooperativismo no Beiras mozo (Companha Editora, 2025), uno de los varios volúmenes que, en los últimos meses, repasan la polifacética trayectoria del intelectual y político nacido en Santiago de Compostela en 1936 en ámbitos como la economía, la literatura o la militancia partidista.

El investigador Carlos Calvo Varela se ha encargado de exhumar las reflexiones sobre cooperativismo y contextualizarlas en un extenso, documentado y sustancioso prólogo: Le jeune Beiras. Socioxénese dun economista político. “Estos artículos científicos, los primeros de importancia publicados por Beiras”, explica Calvo a elDiario.es, “ayudan a comprender su formación intelectual y la de su generación”. La glosa con detalle en su introducción, quizás la más profunda cata conocida en la fase liberal progresista -así la define el propio objeto de investigación- de Beiras y su quinta.

Es, al fin y al cabo, la historia de una tradición política que se recompone tras la violenta ruptura del golpe fascista del 36. “Me llamó la atención la insistencia de las figuras del galleguismo que habían sobrevivido a la guerra en el interior”, añade, “por inculcar a los jóvenes el sentido de misión histórica en una época durísima”. La misión histórica de la redención política y cultural de Galicia en la que se embarcan, algunos para toda la vida, nombres como Beiras, Franco Grande, Ramón Lugrís, Rodríguez Mourullo, Xohana Torres, Méndez Ferrín. “Con todos los elementos en contra, los viejos galleguistas consiguen articular una nueva promoción de cuadros”, aduce.

Un precario “intelectual colectivo”

Este galleguismo del interior en la posguerra, una suerte de precario “intelectual colectivo” -lo bautiza Calvo Varela-, es el que envía a Beiras a estudiar a Francia. Y es este quien, como resultado de sus seminarios con el economista Georges Lassare o sus incursiones en la Bibliothèque Sainte-Geneviève, empieza a escribir sobre cooperativismo. “De alguna manera, un joven intelectual efectúa en estos textos la culminación teórica del programa económico del galleguismo histórico y del Partido Galeguista”, señala Calvo Varela, “para el que el gran modelo no era Irlanda, como sostiene el tópico, sino Dinamarca”. Dinamarca como paraíso pequeño burgués, claro. El Partido Galeguista, fundado en 1931, carecía de preocupación obrerista. Aun así, durante la República se mantuvo en la esfera progresista hasta el punto de integrarse en el Frente Popular (esta coalición le valió una escisión por la derecha a la que, por cierto, se sumó el padre de Beiras). Los documentos que incluye Un socialismo propio condensan, en todo caso, esa visión: Cooperativismo agropecuario: algunhas consideracións arredor da experiencia danesa y As diversas orientacións do cooperativismo no seu desenvolvemento histórico.

Cuatro años después de su publicación, ya en 1963, un Xosé Manuel Beiras de 27 años participaba en la fundación del Partido Socialista Galego (PSG), la primera organización política antifranquista nacida en la Galicia tras la Guerra Civil. La encabezó hasta su fracaso en las primeras elecciones de la restauración democrática en 1977.

Del galleguismo de preguerra al nacionalismo marxista

A desmenuzar esa otra aventura ha dedicado el politólogo Millán Fernández su monografía Unha historia mínima do PSG. Da clandestinidade ás primeiras eleccións autonómicas (1963-1981) (Companha Editora, de próxima aparición). El partido también había nacido en la órbita de la Editorial Galaxia. Socialdemócrata y europeísta -entendiendo por europeísta una especie de fe política en la construcción comunitaria y en un caracácter federalizante que no acabó de concretarse-, evolucionó hacia el socialismo radical a finales de los 60. Ya había sucedido la Revolución Cubana -“un acontecimiento fundamental para esta generación”, según Carlos Calvo- y en 1964, un nuevo hito del antifranquismo nacionalista: la constitución de la Unión do Povo Galego (UPG), inspirada por las revueltas anticoloniales y el comunismo y aún hoy núcleo del actual BNG.

“El PSG tendió una especie de puente entre el galleguismo de preguerra y el nuevo nacionalismo marxista radical”, acierta a sintetizar Fernández. Y la figura de Xosé Manuel Beiras resultó clave en este tránsito. Su propio padre, Manuel, había pertenecido al Partido Galeguista y a él lo habían educado como nacionalista gallego al margen de la escuela nacional católica: lo matricularon en la Prefectoría San José, del maestro republicano represaliado Jesús Pereira Vilariño, financiada por un grupo de pequeño burgueses compostelanos demócratas y desafectos al régimen franquista (Un mestre inesquecible se titula la pequeña aproximación biográfica a este suceso que ha publicado este año Companha). Y fue también Beiras quien, a través de sus lecturas, condujo al PSG hacia su “etapa radical” y lo alejó de su medio ambiente originario, la órbita de la editorial Galaxia.

“Él aporta todo su bagaje intelectual y marca la línea a nivel doctrinario e ideológico”, considera el autor de Unha historia mínima..., “lee autores anticoloniales como Albert Memmi, Frantz Fanon o [el occitano] Robert Lafont y convierte un partido socialdemócrata en un partido socialista”. El Beiras de esos años ya estudia el marxismo y en 1972 publica su obra más influyente, O atraso económico de Galicia. Aunque escrita sobre un país que, en buena medida, ha desaparecido, sus tesis sobre la dependencia de Galicia son todavía objeto de estudio y discusión. Y en su día y durante no pocos años marcaron la estrategia teórica de la izquierda nacionalista gallega.

El PSG nunca alcanzó la condición de partido de masas. “No pasó de partido de cuadros cuya militancia se fue aletargando”, dice Fernández, “pero nutrió de dirigentes a una parte importante de la izquierda gallega de la Transición y los primeros años de la democracia”. Al BNG llegó Beiras en 1982 tras su particular travesía del desierto -una prolongada crisis de salud mental- y lo lideró durante dos décadas. “El dirigente nacionalista más importante después de Castelao, indiscutiblemente”, asegura Calvo Varela. Pero también la rama gallega del PSOE recibió sustanciosos aportes procedentes del PSG -Fernando González Laxe, Xosé Luís Rodríguez Pardo, Ceferino Díaz- así como la otra izquierda nacionalista (la secuencia Unidade Galega, Partido Obreiro Galego, Esquerda Galega, años después integrada en el BNG). Unha historia mínima... es la primera monografía que se asoma, desde la politología y la historia y a partir de múltiples entrevistas con militantes, a esta experiencia. El propio Beiras firma el prólogo.

“Hoy es insólito semejante bagaje en un político”

La filóloga y catedrática Esperanza Mariño Davila compró un día la traducción gallega de As moscas, de Jean-Paul Sartre. La obra de teatro, escrita y representada durante la II Guerra Mundial en la Francia ocupada por los nazis, vuelve sobre el mito de Electra para componer una alegoría existencialista sobre la libertad. Puro Sartre de los años 40. “Su contenido me impresionó”, relata Mariño Davila a este periódico por correo electrónico. El traductor era Xosé Manuel Beiras. “Pensé que era una faceta importante y poco conocida del político. Circulaba incluso mucha información errónea en las fechas y en los títulos”, añade. Algo más tarde descubrió, en una edición facsimilar de la revista escolar Vamos!, sus primeros escritos literarios, cinco relatos y un poema escritos en gallego. El análisis de todos estos materiales lo reunió en Fíos de transparencia acesa. Narrativa, poesía e tradución en Xosé Manuel Beiras (Laiovento, 2025).

Los autores traducidos al gallego por Beiras funcionan prácticamente a modo de autorretrato político intelectual. Está Sartre y su querido Albert Camus sin la pelliza conformista que lo envolvió en las últimas décadas, la Antígona de Anouilh, Giradoux y Edgar Morin. “[Sus elecciones] siempre desarrollan un poso ético, filosófico o político”, señala Mariño Davila, “el humanismo ateo, una economía solidaria, una educación crítica y laica”. La profesora destaca a Anouilh, para quien el personaje de Antígona “prefigura la resistencia contra el nazismo”, y la versión de Os xustos, de Camus, que reflexiona sobre los límites de la violencia “y fue una obra muy querida por su autor y por la actriz que la representó, María Casares”. Gallega, exiliada, hija del presidente del Consejo de Ministros de la República en 1936, el coruñés Santiago Casares Quiroga. “En la actualidad resulta insólito un político con semejante bagaje intelectual”, dice Mariño Dávila, “la política implica una participación activa en la sociedad; sin embargo, las bases de su pensamiento quedaron explicitadas ya desde la adolescencia”.

El último libro firmado por Xosé Manuel Beiras se titula Retratos en fite (Laiovento, 2022) [algo así como Retratos atentos] y en él, al modo confeso del emocionante Libro dos amigos en que Otero Pedrayo recordaba entre otros a algunos derrotados del 36, dedica breve semblanzas a cuatro decenas de próximos, de su maestro Xesús Pereira al marxista francés Michel Löwy, del fusilado secretario general del Partido Galeguista Alexandre Bóveda al poeta Xosé María Álvarez Cáccamo, de Isaac Díaz Pardo al exalcalde y médico de Santiago de Compostela Martiño Noriega. “Siento saudades del joven que fui en esta misma orilla izquierda del Sena al mirarme en el espejo de los chicos y chicas que estos días discuten en las sesiones del Foro Social”, escribe en su introducción, “tenía yo cuatro o cinco años cuando aprendí las primeras letras, y no más de cinco o seis cuando mi padre me dio a leer Os rumorosos [el poema que conforma la letra del Himno Galego. Ahora, los ”bos e xenerosos“ andan escasos. Será que ya no leemos a Pondal. O será que es de noche en la rive gauche y las aguas del Sena arrastran fuel”.

En la época de la búsqueda de la rentabilidad inmediata y el máximo beneficio económico, una nueva forma de entender la economía va ganando peso en España. Este no es menor: en todo el país hay unas 24.000 cooperativas, con unos ocho millones de socios. Naciones Unidas ha declarado 2025 como el Año Internacional de las Cooperativas y elDiario.es, en colaboración con Bidafarma, ha celebrado este martes el coloquio 'El beneficio es para todos: el modelo cooperativo que une el éxito y el compromiso', con voces expertas del ámbito institucional, empresarial y asociativo.

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas, que se unen para satisfacer un conjunto de necesidades económicas, pero también sociales. “Es una empresa de personas, más que de capitales. Cada socio tiene voz y voto, independientemente de su aportación, lo que garantiza que puedan participar activamente en el proyecto y en la redistribución de la riqueza”, explicaba la directora general de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresa del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Aicha Belassir.

Estas pueden ser de varios tipos, como se ha visto en los ejemplos que se han ido desgranando a lo largo del coloquio. Desde una gran distribuidora farmacéutica, como Bidafarma, con implantación nacional que permite llevar un medicamento al pueblo donde una empresa capitalista no lo haría, hasta un grupo de familias que se unen para construir viviendas y comunidad en cesión de uso. Pero todas tienen algo en común. “El fin social está por encima del capital. Prácticamente, todo lo que ganamos se reinvierte y no repartimos dividendos, sino servicios y facilidades para ser cada vez mejores y prestar un mejor servicio a la sociedad”, indicaba el presidente de Bidafarma, Antonio Mingorance.

¿Cómo puede extenderse este modelo? El presidente de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) y de la Federación Andaluza de Empresas Cooperaitvas (Faecta), Luis Miguel Jurado, señalaba tres ejes de actuación. La educación, con la inclusión de estos contenidos desde primaria hasta postgrados; la prescripción en los dispositivos de emprendimiento, tanto públicos como privados; y a través de políticas públicas, con marcos jurídicos y fiscales adecuados. “Las cooperativas aportamos más de lo que recibimos”, indica Jurado.

Una de las dificultades que estos modelos tienen para dar a conocer sus beneficios fuera de las lógicas habituales es, precisamente, la dificultad para medir el retorno más allá de los macroindicadores habituales, como la productividad o el Producto Interior Bruto, y valorar su impacto social. En este sentido, tanto Jurado como Mingorance han coincidido en que desde el cooperativismo no siempre han sido capaces de “demostrar hacia afuera las bondades del modelo”, en términos de cohesión, conciliación, bienestar de los empleados o en materia medioambiental. “Nos dedicamos a hacer muchas cosas, pero tal vez deberíamos dedicar un poco de esfuerzo a contarlas”, bromeaban. Porque, como ha indicado Jurado, “donde hay cooperativas, hay cohesión social”.

Precisamente, impulsar el cooperativismo es una prioridad estratégica del Ministerio de Trabajo, que desde 2020 es también de Economía Social. Entre las líneas de actuación están la de visibilizar este modelo, con dos estrategias en este sentido, la última hasta 2027, o la creación de una secretaría de Estado específica; la renovación del marco normativo, con la ley de Cooperativas, la de Empresas de Inserción y la de Economía Social, que según ha desarrollado Belassir, “fue pionera en Europa”. Además, se realiza una convocatoria anual de subvenciones y se ha puesto en marcha un plan específico con fondos Next Generation.

Entre esas actuaciones, el Ministerio está “promoviendo la producción y actualización de datos estadísticos y desarrollando estudios técnicos” que permitan medir el retorno de estos mecanismos. En ese sentido, Belassir ha avanzado que “a finales de año o principios de 2026”, verá la luz la primera cuenta satélite de la economía social, junto al Instituto Nacional de Estadística, para que “ese impacto positivo en la sociedad tenga un reconocimiento tanto económico como político”.

Durante el coloquio, se ha abordado también la capacidad de estos modelos cooperativos para innovar en sectores emergentes, como la digitalización, la economía verde o los cuidados, pero también para ser competitivos en materia de desarrollo tecnológico. En Bidadarma, “el 50% de los almacenes tienen placas fotovoltaicas, hay un alto nivel de digitalización y se busca la eliminación absoluta del papel”, explicaba su presidente. No solo eso, como enumeraba Belassir, “la economía social lleva años a la vanguardia dando respuesta a sectores como la vivienda, las comunidades energéticas o las finanzas éticas”. Además, los ponentes han defendido la capacidad de las empresas cooperativas para garantizar empleo estable y anclar población en los territorios.

Por último, los participantes han dejado unos consejos para todo aquel que quiera emprender en el cooperativismo. “Primero, hay que tener claro el fin social: qué se quiere hacer y con quién”, ha indicado Mingorance, que ha recomendado tener “mucha paciencia y perseverancia para conseguir adeptos”, porque “no vale con tener la razón, tienes que lograr que te la den”. La directora general de Economía Social, por su parte, ha hecho hincapié en la necesidad de contar con un buen plan empresarial y formarse en emprendimiento colectivo. Y Jurado ha aconsejado cuidar y equilibrar las dos almas del modelo: la viabilidad económica y la parte social.

Conseguir la recuperación del cultivo del azafrán español a partir del 2030, tras años de retroceso, es el objetivo que se ha marcado Carlos Fernández, presidente de la Cooperativa OPAZ e impulsor de Plan Estratégico Nacional del Azafrán 2026-2030, la hoja de ruta para un sector moderno y sostenible.

Este plan, que se presentó en Villarrobledo (Albacete), se enmarca dentro del Proyecto INNOVAT-ES en el marco del PERTE de Economía Social, desarrollado por la Cooperativa OPAZ, junto a la Fundación Cellbitec de Almería, la Fundación Legado Bustillo de la Solana y la Universidad de Murcia. “Nosotros, como OPAZ, hemos aportado el conocimiento del sector y del cultivo”, asegura Carlos Fernández, que ya reivindican la necesidad de un plan director para este sector cuando estuvo al frente de la Denominación de Origen Azafrán de la Mancha.

Ya entonces señaló los principales escollos de un sector que hoy persisten: “Tenemos identificados problemas estructurales como la falta de mano de obra especializada, la ausencia de automatización de procesos, la falta de incorporación de jóvenes agricultores o la falta de liderazgo de la mujer en el cultivo”, para pasar luego a “trazar una línea de trabajo que permita poder enfrentar estos problemas y modernizar el sector y adaptarlo al siglo XXI”.

Este experto en el cultivo y comercialización de esta especia alertaba hace años del peligro de desaparición que corre por la disminución de los cultivadores y de la producción: “Cada vez hay menos gente que apuesta por el azafrán, estamos en unos 150 productores en la Denominación de Origen que presentamos el azafrán para certificar, estamos en la frontera de unas 90 hectáreas anuales” y a esto se une que las producciones en los últimos años no han sido buenas.

No obstante, es optimista y espera que el trabajo intenso que se está llevado a cabo dé sus frutos en los próximos años. “Estamos haciendo lo imposible para que se ejecuten todas las acciones y de cara al 2030 vivamos una etapa de recuperación del sector, no solo en Castilla-La Mancha sino a nivel nacional, porque este Plan se ha preparado en clave nacional y podamos recuperar producciones del siglo XX, cuando estaba entre las 70 y las 120 toneladas de azafrán anuales”, recuerda.

El Plan Estratégico se estructura en seis ejes fundamentales: la innovación y modernización de los procesos de cultivo y producción; la garantía de la calidad y trazabilidad mediante certificaciones avanzadas; la internacionalización y expansión en mercados Premium; la vertebración del sector a través de la cooperación entre productores, la formación y capacitación de nuevos profesionales; y la sostenibilidad integral que combina viabilidad económica, responsabilidad ambiental y cohesión social.

Una parte importante, la formación, ya ha dado comienzo: “Hemos empezado el primer curso de formación, una formación que consta de tres niveles, y el más básico lo hemos iniciado ya con 63 usuarios registrados”, señala. Este primer nivel consta de entre 60 a 120 horas de formación y en él se abordan cuáles son las pautas para poder tener el cultivo del azafrán en condiciones óptimas, posteriormente se desarrollarán los dos próximos niveles de formación, el último “es muy específico, de 1.200 horas, para integrarse dentro del cultivo de azafrán”.

Tecnificación y modernización

Paralelamente se está abordado un proceso de tecnificación del sector, ya que uno de sus principales problemas es la falta de automatización de los procesos. “Tenemos que trabajar acorde al tiempo en el que vivimos, hemos cambiado casi la mula por el tractor y poco más, en el sector de azafrán está todo por reinventar y así estamos”, asegura este experto.

La monda de la flor es la piedra angular sobre la que debe pivotar el progreso del sector de azafrán ya que es un embudo que no nos permite crecer, porque no hay suficiente gente para poder mondar lo que podríamos llegar a producir”

Entre los procesos clave que se deben modernizar el primero de ellos es la transformación de la flor o monda que sigue siendo cien por cien manual. “Esta es la piedra angular sobre la que debe pivotar el progreso del sector de azafrán ya que es un embudo que no nos permite crecer, porque no hay suficiente gente para poder mondar lo que podríamos llegar a producir”, señala, un problema que vive en la cooperativa que dirige donde en los últimos años se han sembrado ocho hectáreas nuevas y “nos pone en compromiso porque vamos a tener problemas para poder transformar todo la flor”.

También han puesto el acento en la importancia y beneficios que la unión de productores y empresas puede aportar al sector para impulsar toda la modernización. OPAZ es la primera agrupación de productores que se ha hecho en España y agrupa a cuatro empresas comercializadoras que representa a 80 productores, “esta cooperativa es una herramienta para poder enfrenar con mayores garantía de éxito a nivel financiero, estructural y de representación estos problemas”, asegura su presidente.

OPAZ ya está trabajando en la automatización de procesos y en un sistema de cultivo hidropónico en condiciones controladas: “En OPAZ contamos con la mayor superficie cultivada de azafrán en España y hemos apostado muy fuerte por un producto de calidad diferenciada con un peso muy relevante tanto en Castilla-La Mancha como a nivel internacional. Nuestro objetivo es hacer todo lo posible para defenderlo y potenciarlo”.

De hecho ya están avanzando en la automatización de la recogida del azafrán. “En 2026 vamos a contar con prototipos de recogida y vamos a ver si funcionan y qué necesitamos para mejorar; en 2026 esperamos poner en marcha a través de un grupo operativo  la materialización de prototipos de la monda, pero también tenemos que trabajar a nivel agronómico y de ingeniería para el desarrollo de tecnología para el sembrado y sacado de los bulbos porque ahora se sigue haciendo de forma semiautomática y lo ideal sería copiar el trabajo que se ha hecho en el ajo para automatizar la siembra y hacerlo a través de GPS, de forma profesional y adaptada el tiempo en el que vivimos”, asegura.

Sanidad de los bulbos

También desde OPAZ están trabajando en mejorar la sanidad de los bulbos o cormos, otros de los principales problemas del sector. “Estamos trabajando en un sistema de hidroponía en condiciones controladas que se trabaja en bandejas, sin suelo, cuyo objetivo es obtener bulbos libres de patógenos”, y están ya en una tercera fase.  

De momento, han conseguido dos reproducciones al año y “es posible que logremos una tercera del mismo bulbo, que es una de las grandes claves, perpetuar la reproducción con una primera generación desde un sistema hidropónico”, una cuestión que para Carlos Fernández es fundamental, ya que una de las cosas que limitaba este sistema es tener que utilizar bulbos nuevos cada vez que vas a obtener una reproducción.  “Nosotros con una primera generación ya vamos por la tercera y hemos conseguido replicar floración y cormos con un tamaño comercial asumible y unos niveles de patología por debajo del 1%, pero para esto se necesita una inversión muy alta”.

Paralelamente a todo esto, se está “trabajando para ver cuáles son los segmentos más apropiados para la comercialización, la revalorización de la marca España de azafrán, y en general trazar un plan desde la producción, pasando por la formación, y finalmente la comercialización para poder llegar a mercados que nos permita comercializar el azafrán a un precio que deje la riqueza que creemos que el azafrán puede dejar”, asegura el presidente de OPAZ.

El cálculo de la inversión que se necesita para poner en marcha todos estos elementos está en torno a los 18,5 millones de euros “sobre todo para la inclusión de jóvenes agricultores, potenciar el papel de liderazgo de la mujer en el sector, automatización con concursos públicos y trabajar la parte de sanidad vegetal de los bulbos en colaboraciones con centros de investigación”, señala.

Para todo este desarrollo, es fundamental el apoyo de la Administración: “Estamos tratando de aprovechar las herramientas que desde el Ministerio han puesto a nuestro alcance. Este plan se ejecuta gracias a la subvención y apoyo del Ministerio de Trabajo que cubre el 50 % a través del PERTE de Economía Social; a nivel regional, la Consejería acaba de cerrar los grupos operativos en los que también nos hemos apoyado para contar con ayuda pública para el desarrollo de la tecnología”.

Así lo señalaba también la viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Gracia Canales, durante la presentación del plan donde subrayaba entre los 40 Grupos Operativos de innovación agroalimentaria que se van a poner en marcha a partir de enero el azafrán tendrá un papel relevante: “Creemos que debe ser así por la relevancia cualitativa que tiene este cultivo en nuestra región”.

Un modelo replicable

Durante la presentación, el coordinador del proyecto, Antonio del Saz, señalaba que se han centrado en el sector del azafrán porque “es un cultivo que refleja de manera ejemplar los retos estructurales del sector agroalimentario español, como la necesidad de relevo generacional y de atraer nuevos trabajadores, la baja tasa de empleo femenino, la adaptación al cambio climático y el ahorro de recursos, la pérdida de población en las zonas rurales y la urgente necesidad de innovación y tecnificación”.

Por ello, este proyecto no solo busca modernizar el sector del azafrán, “sino generar un modelo replicable para todas las cooperativas agroalimentarias de España, fomentando la innovación, la sostenibilidad y la participación de nuevos profesionales, especialmente mujeres y jóvenes, para lo que se han desarrollado además un conjunto de acciones complementarias dirigidas a fortalecer el sector, entre las que se incluyen la implementación de programas formativos de distintos niveles, desde cursos básicos hasta formación especializada y avanzada”, concluía.