“No es como un alquiler, que cuando se te acaba el contrato no sabes si te lo subirán, si te lo renovarán o si tendrás que marcharte. Aquí sabes que esto no ocurrirá y que la cuota mensual no aumentará más de lo que sube el coste de la vida”. Pol Díaz (32 años) habla de su piso en La Sala, el primer proyecto de vivienda cooperativa en cesión de uso para jóvenes que existe en el país, según Sostre Cívic, la organización que está detrás de esta iniciativa. Habitar este tipo de vivienda le ha dado tranquilidad económica, dice.

Su bloque está ubicado en el municipio catalán de Calonge i Sant Antoni (Girona), un pueblo de la costa brava muy turístico y, por eso mismo, con precios de alquileres disparados. Pero en su edificio, diseñado para el ahorro de agua y energía –tiene una caldera de biomasa (de pellets), placas solares fotovoltaicas, coche eléctrico compartido entre los vecinos e instalaciones comunes que reducen la demanda de recursos– los pisos no son de alquiler, ni tampoco se venden. Son viviendas destinadas al disfrute de los socios de la cooperativa. Cada miembro paga una cuota de uso, similar a un alquiler –pero mucho más barato– y una entrada, una aportación inicial que es parcialmente recuperable, y que ayuda a impulsar el proyecto: contribuir a pagar al promotor, financiarlo desde sus inicios o afianzar su compromiso. Cada uno tiene derecho a habitar el piso hasta que se vaya de la cooperativa. Pero no es suyo, no la puede dejar en herencia ni ponerla en venta o en alquiler. En La Sala, los socios y residentes pagan entre 280 euros y 400 euros al mes por cada piso. La aportación inicial no supera los 5.500 euros.

La vida así, cuenta Díaz, resulta más fácil, no solo por la renta mensual, mucho más baja de la que impone el mercado, también por la ayuda continua entre vecinos, difícil de ver en el modelo de vivienda convencional.

Así piensa también Alicia Conejero, residente de La Balma, otro edificio de la cooperativa de vivienda Sostre Cívic. Vive aquí desde los inicios del proyecto, situado en el barrio de Poblenou, en Barcelona. Desde la azotea de La Balma, a la sombra que dan las placas solares, uno puede apreciar sus vistas privilegiadas, de cara al barrio. Este espacio abierto, donde también hay un columpio para los niños, es uno de los lugares de uso común del edificio. Desde allí arriba se pueden avistar las dos almas del distrito: a un lado, la herencia de su pasado obrero e industrial, con viviendas bajas de ladrillo visto; al otro, las edificaciones imponentes, brillantes y polémicas del Distrito 22@, el área de negocios destinada a la concentración estratégica de actividades intensivas en conocimiento. Según el portal Idealista, un piso de unos 50 metros cuadrados, la media en esta zona, se alquila a 1.300 euros al mes. Los residentes de La Balma pagan 700 euros de media por una casa de igual tamaño y muchos más espacios de uso común. No solo es que paguen menos; viven de otra manera y, según la mayoría de ellos, mucho mejor.

En La Sala, los socios y residentes pagan entre 280 euros y 400 euros al mes por cada piso. La aportación inicial no supera los 5.500 euros

Unas escaleras de madera conectan la azotea de La Balma con sus distintas plantas, en las que los pisos individuales se comunican a través de un pasillo exterior repleto de plantas. La luz entra por todos lados y las puertas de cada hogar son de cristal transparente; si sus habitantes están dispuestos a la convivencia, dejan los estores subidos en forma de invitación a un café de improviso, al cuidado de familiares o a la cesión de una pizca de sal. Si quieren intimidad, los bajan.

En cada planta hay espacios de uso común: un coworking con varias pantallas, mesas y sillas de oficina, una sala de curas con una bañera grande, un cuarto de lavandería, habitaciones de invitados, una sala polifuncional que han conquistado los niños con sus juguetes y, como joya de la corona, una gran sala común en la planta baja, con una cocina a disposición de todos los residentes, un taller anexo para los manitas y varios útiles donados al colectivo. El espacio, así, ya no es solo de paso, de saludos indiferentes en el ascensor: es de disfrute. “El edificio es nuestra casa”, resume Conejero.

Los socios, como parte de la cooperativa, poseen el edificio en su conjunto, y pueden habitar las viviendas de forma indefinida. Pero no son suyas, sino del colectivo. El modelo se mantiene al margen del mercado inmobiliario y, por lo tanto, del lucro, de los fondos buitres y de la especulación; y tampoco es un alquiler sujeto a la inestabilidad y al abuso de poder de la propiedad. Los cooperativistas participan para que todos puedan acceder a un inmueble digno, también en el día a día, en la organización del edificio, en los cuidados y en la convivencia conjunta.

La crisis de la vivienda en todo el país encuentra en Catalunya, y en concreto en Barcelona, uno de sus epicentros; y también una respuesta social y organizativa contundente. En esta provincia, el coste medio del alquiler residencial se situó en julio de 2025 en 1.155 euros, la cifra más alta del país, según el Observatorio del Alquiler. El valor medio de un piso en la ciudad condal asciende a los 377.000 euros, inasequible para amplias capas de la mayoría. Y los jóvenes, bajo este panorama, encuentran muros infranqueables; más de ocho de cada diez catalanes (el 82,4%) entre 16 y 34 años siguen viviendo en el hogar familiar, según el Consejo de la Juventud de España, una cifra que asciende al 84,8% en el caso del conjunto de los jóvenes.

La aportación inicial media de cada residente en La Balma es de 33.000 euros y la cuota de uso media es de 712 euros

En este contexto, el modelo cooperativista coge aire y fuerzas. La aportación inicial media de cada residente en La Balma es de 33.000 euros y la cuota de uso media es de 712 euros. Algo muy por debajo de los precios de Poblenou (y en general, de la capital) pero por encima de otras viviendas de la cooperativa Sostre Cívic, que cuenta con proyectos más centrados en el derecho de acceso. Gracias a la Ley Catalana de Vivienda, estas organizaciones pueden acceder a la compra en condiciones ventajosas de edificios deshabitados y, mediante una “rehabilitación energética de mínimos” ponerlos a disposición de socios a cambio de una especie de renta antigua, muy asequible durante toda la vida, con aportaciones de capital de máximo 8.000 euros y unas cuotas de 300 ó 400 euros, detallan desde la cooperativa.

“A mis nietas les encanta La Balma. Es que no quieren ir a ningún lado. Les digo: vamos a la playa, a un parque, al cine. No, no, no, dicen. Porque toda La Balma es su casa”, explica Conejero. Los niños entran y salen dentro del entorno seguro del edificio de la cooperativa, corren, juegan, conquistan la sala polivalente; sin la necesidad de que los adultos estén al cuidado de ellos sino que basta con que haya un adulto atento, por si surge algún problema. “Hay otro niño que su madre teletrabaja y muchas veces, si está enfermo y tal, se baja a mi casa. Pero ya es que ni me lo dice. O se viene a ver una serie, o a jugar con los juguetes de mis nietas”.

La crianza así no es en tribu, pero tampoco gira en torno a la familia tradicional en exclusiva, se amplía. Los vecinos quedan cada dos por tres para cenar, unos cocinan y otros solamente gozan del menú. Y en la siguiente se invierten los roles; el chat grupal bulle de favores cruzados y pertenencias que se prestan y se devuelven; y el hogar se extiende. “Sabes que si pasa algo, siempre hay una vecina al lado. Y que puedes tocar una puerta y no es alguien desconocido. Te sientes mucho menos sola”, dice. Y no solo se refiere a la calidez de la compañía en sí, sino al hecho de saber que, al otro lado de la pared, “hay alguien que sabe en qué momento vital estás”, cuenta Conejero.

Su historia con la vivienda cooperativa comenzó en 2015, cuando un viaje a Grecia, en plena crisis de refugiados, le hizo cambiar el chip. “Me puse a cooperativizar mi vida”, asegura; y en ese proceso encontró a Sostre Cívic. Vivía de alquiler y estaba apuntada a la lista municipal para acceder a una Vivienda de Protección Oficial (VPO). Precisamente por no tener propiedades, cumplía los criterios de la cooperativa para acceder a una vivienda en cesión de uso en el inmueble. Y le cambió la vida. “Yo vivía sola y a mí me gusta la soledad, o sea, no la he sufrido, pero aquí vivo mejor”, concluye.

No hay una lavadora en cada piso, hay un cuarto de lavadoras; no hay bañera en todos los pisos, sino una en un cuarto específico por si algún residente la necesita o la quiere disfrutar

Los residentes de su edificio habitan un concepto ampliado del hogar que no solo les facilita el derecho a una vivienda digna y asequible, también la vida en sí. Cuentan con el apoyo mutuo indispensable ante las inclemencias, y de paso sus viviendas tienen un menor consumo y aplican criterios de eficiencia –ecológica, energética, temporal–. No hay una lavadora en cada piso, hay un cuarto de lavadoras; no hay bañera en todos los pisos, sino una en un cuarto específico por si algún residente la necesita o la quiere disfrutar. Los arquitectos del inmueble, junto a los socios, diseñaron un edificio bien aislado y calefactado con geotermia, que aprovecha el calor de la tierra para repartirla por conductos dentro del edificio.

“Este sistema también les permite hacer free-cooling y refrigerar los pisos durante los meses cálidos sin aporte energético, solo con la circulación de agua refrescada por el mismo terreno”, explican desde el estudio de arquitectura, que inciden en un diseño del edificio pensado para maximizar la captación solar en las plantas bajas y reducir la radiación excesiva en las altas. La madera utilizada en la mayor parte de la infraestructura, y ya común en los edificios de Sostre Cívic, requiere entre un 60% y un 80% menos de energía para su obtención que el cemento, según el instituto de Arquitectura Econova, y es muy eficaz a la hora de aislar las viviendas, que necesitan menos calefacción en invierno y menos aire acondicionado en verano.

De lo individual a lo colectivo

Pero el camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil. “Hay que hacer un cambio de chip de lo individual a lo colectivo”, explica Conejero. Y en esa transición hay distintas velocidades y preferencias. Algunos residentes, por ejemplo, eran reacios a ceder sus herramientas al taller colectivo y siguen siendo reacios a la creación de una pequeña biblioteca en la sala común. Y en las asambleas, a veces, saltan chispas.

Las decisiones en La Balma se toman de manera democrática entre los socios, con una interlocución constante con la cooperativa, Sostre Cívic, y su junta rectora. “Aquí somos diferentes. A la hora de la verdad, siempre llegamos a acuerdos, pero si te tienes que fijar solo en las discusiones del grupo de Telegram dices: 'uf, qué horror de sitio'”, se ríe Conejero. “Todos se responsabilizan, pero hay gente que se pone más fácilmente y otra que menos… y al final hay que entender que no es lo que yo quiero, es lo que el grupo quiere o lo que el grupo necesita”.

Hay conflictos, claro. “Pero muchas veces son conflictos mucho menores de los que tiene cualquier comunidad de vecinos que se reúne a ver si ponen el ascensor. No se trata de que el conflicto no exista, sino de saber gestionarlo”, aseguran: hay unos estatutos, unas sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento grave y un protocolo de violencia machista, así como vías para recurrir a “instrumentos legales” al margen de la autogestión de la cooperativa, instrumentos que, por ahora, no se han tenido que aplicar.

Homera Rosetti vive en Cirerers, un edificio de vivienda cooperativa en el barrio barcelonés de Roquetes. Es, a día de hoy, el edificio de madera más alto del país, con ocho plantas. Junto a la madera, el otro material más utilizado aquí es el mortero de cal en las fachadas y las placas de yeso en los interiores. “Todos son materiales biodegradables y de baja huella ecológica, pues su producción, transporte y reciclaje comporta muy pocas emisiones de CO2 ”, resaltan desde Sostre Civic.

No cambiaría su vivienda ni su modo de vida en él, pero destaca que los comienzos no fueron para nada sencillos. “Hubo un currazo para aterrizar el proyecto, acabar de diseñar el edificio y tirar adelante la obra” codo a codo con los arquitectos; un proceso que se interrumpió por la pandemia y se complicó por el ascenso del coste de los materiales. “Y para nosotros eso era más dinero que poner, buscar más financiación y se nos complicaba la cosa”, relata. En abril de 2022, finalmente, entraron a vivir e inauguraron el edificio con una gran fiesta.

“El primer año de todos estos proyectos, que eso no lo sabíamos nosotros, se nos presentaron un montón de incidencias que tuvimos que ir resolviendo”. Si el edificio es nuestra casa, las goteras del edificio también son nuestras. “Eso y los desajustes a nivel comunitario”, pues una de las familias que residía en Cirerers se marchó. “No es para todo el mundo esta forma de vivir, tan comunitaria”, relata Rosetti.

A vueltas con la propiedad

Conejero apunta a otro cambio de chip importante: la relación con la propiedad de la vivienda. La casa es tuya y se tiene que sentir hogar, a diferencia de la desposesión del alquiler. Pero no es tuya en el sentido estricto de la propiedad inmobiliaria, es de la cooperativa. Y se nota en la relación con el espacio, que debe ser diferente. “Yo puedo pintar la casa del color que quiera, pero tenemos una norma que dice que consumimos ecológico, por lo que a lo mejor me sale más cara la pintura. Tampoco puedo tirar o poner un tabique si me apetece, porque tengo que pensar que detrás de mí vendrá otra persona.

No la va a heredar mi hija, porque esto no es heredable. Tienes que pedir permiso“. Si un residente de uno de los pisos tiene que abandonarlo temporalmente –porque se marcha al extranjero a trabajar unos años, por ejemplo– puede pedir una excedencia; pero si se va definitivamente, otro socio de la cooperativa ocupará su lugar. No se puede ni alquilar ni vender.

Conejero dice que su hija “está encantada”, a pesar de que no heredará el patrimonio. Es consciente de que su madre está mucho menos sola, que el acceso a la propiedad inmobiliaria era difícil, en plena escalada de precios y la familia extendida lo celebra. “En Navidad nos juntamos todos los hermanos y los hijos y cenamos en la sala común”, con unas instalaciones mucho más espaciosas y cómodas que las de cualquier piso medio.

Un sector en alza que quiere más

En Catalunya existen 67 edificios de vivienda cooperativa, que albergan un total de 1.190 hogares, según datos de la Federación de Cooperativas de Vivienda de Cataluña (Habicoop). Desde 2016, ha crecido una media anual del 53%. Desde Sostre Cívic reconocen, no obstante, que “es difícil” sin unas instituciones favorables a este modelo, como las que hay en Barcelona. “En mercados completamente desregulados es muy difícil que puedas desarrollar modelos de vivienda asequible a precio de coste”, sentencia un portavoz. Las cooperativas de vivienda en Barcelona tienen acceso a financiación en condiciones favorables a través del Instituto Catalán de Finanzas; mediante el derecho de tanteo y retracto que establece la Ley Catalana de Vivienda pueden comprar a bajo precio edificios que, de otra manera, acabarían en manos de fondos con ánimo de lucro; y el ayuntamiento les cede suelo gratis, lo que abarata los proyectos.

Los cuidados del futuro

Conejero reflexiona sobre cómo se imagina el futuro en La Balma. Espera que se alcancen acuerdos para que instalen aire acondicionado. A su juicio, el ecodiseño del edificio no basta para soportar el verano barcelonés, cada vez más difícil en un contexto de cambio climático. A la vez, está convencida de que los cuidados que necesita van a estar a la altura. “Yo tengo una enfermedad crónica y cualquier día necesitaré ayuda. El grupo me ha dicho que cuando llegue el momento lo solucionaremos. Yo tengo confianza plena en que cuando pase, se solucionará”, dice, porque ya ha visto cómo los residentes de La Balma se vuelcan en las necesidades específicas que surgen. La confianza, añade, surge desde el conocimiento de que el modelo funciona para vivir mejor.

El Gobierno regional somete a exposición pública la aprobación definitiva del Plan Parcial Brisa del Cantábrico para desarrollar en San Miguel de Meruelo, el primer proyecto de cohousing para personas mayores de Cantabria.

El anuncio ha sido publicado este lunes en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria (BOC) después de que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) aprobara el pasado 29 de julio de forma definitiva dicho plan para el desarrollo en este municipio de esta iniciativa de alojamientos colaborativos autogestionados, conocido como cohousing, para personas mayores.

Contra el acuerdo de aprobación se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la propia CROTU en el plazo de un mes a contar desde el martes 6 de octubre.

También se podrá presentar directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de dos meses, según se indica en el anuncio, consultado por Europa Press.

Se trata de un proyecto que llevaba trece años de tramitación. Con la aprobación del Plan Parcial, se continúa adelante hacia la ejecución de este proyecto impulsado por una cooperativa sin ánimo de lucro (Ciudad Residencial Brisas del Cantábrico) que cuenta actualmente con cerca de 400 personas socias.

Brisa del Cantábrico se desarrollará sobre una parcela de 89.000 metros cuadrados en San Miguel de Meruelo, un terreno que fue recalificado como urbanizable dotacional para la implantación de este equipamiento a través de una modificación puntual del planeamiento aprobada definitivamente en 2023.

El proyecto incluye 200 alojamientos de uso privativo, edificios y espacios comunes para la convivencia, viviendas con apoyos y unidades específicas destinadas a la atención de personas en situación de dependencia.

El modelo se desarrollará bajo un régimen cooperativo de cesión de uso y está concebido como una alternativa residencial estable para personas mayores, basada en el envejecimiento activo, la participación comunitaria, la sostenibilidad ambiental y un modelo integral de cuidados que permita a los residentes permanecer en el complejo durante todas las etapas de su vida.

El diseño del proyecto incorpora además criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con medidas dirigidas a favorecer el ahorro energético, la gestión responsable del agua, la movilidad compartida y la integración del complejo en el entorno, así como espacios abiertos a la participación de los vecinos del municipio.

La cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma, desconocida, pero con una facturación de 3.000 millones y una de las líderes del sector en España, se estrena en el asociacionismo mundial en Panamá. El presidente, Antonio Mingaronce (Lanjarón, Granada, 1957), asiste a su primera asamblea y conferencia de la Alianza de Cooperativas Internacional con la intención de darse a conocer, aprender de experiencias de otros países y hacer más fuerte el peso de España en el cooperativismo internacional. 

Bidafarma es una cooperativa que factura 3.000 millones, pero es bastante desconocida en España. ¿Cómo nace? 

La empresa nace hace diez años de la fusión de 12 cooperativas farmacéuticas. Nos fusionamos porque queremos ir hacia una sociedad más justa y a la vez necesitamos ser más eficientes. Si hacemos diez veces por separado aquello que podemos hacer una vez, podemos ser complementarios y unir sinergias. Juntas suman 1.000 años porque algunas tienen más de 100. 

¿Una fusión así se hace para que bajen los precios? 

Se consigue reducir costes, que es una forma de bajar precios, pero el mundo del medicamento está totalmente hiperregulado e intervenido, los precios dependen de la autoridad sanitaria, no los marcamos nosotros. 

¿La crisis del estrecho de Ormuz ha afectado a la distribución de medicamentos? 

No ha habido desabastecimiento, pero algunas materias primas pueden tener dificultades para llegar. Ha habido dificultades con el aluminio, cartonajes y demás, pero no ha habido una crisis con los medicamentos. 

Sí que hay problemas de desabastecimiento más crónico. 

Sí, para determinadas moléculas el desabastecimiento es un problema que convive con nosotros y creo que va a persistir. Lo bueno es que siempre tenemos alternativas de similar calidad, eficiencia y seguridad que el que está en desabastecimiento. Lo que se está haciendo en España desde la Agencia de Medicamentos y el Consejo General de Fedifar es aplicar una visión predictiva sobre qué desabastecimiento se puede producir y dónde para minimizar el impacto. 

¿A qué medicamentos afecta? 

Uno de los más afectados es Concerta, un medicamento que se utiliza para el trastorno de déficit de atención. Hay escasez, pero con una buena gestión se está resolviendo razonablemente. 

Tienen distribución en Ceuta, ¿faltan allí medicamentos? 

Estuvimos allí el jueves de la semana pasada y todo funciona con normalidad. Las farmacias siguen abiertas y no faltan medicamentos. Es verdad que ha sido doloroso para los ceutíes que viven allí y también que pueda haber países que no ayuden a sus ciudadanos. Nos reunimos con el Ministerio de Sanidad en Ceuta y las vías de comunicación están abiertas para lo que necesiten. 

En las farmacias de Ceuta hay normalidad

Ustedes son una cooperativa y son líderes en España en distribución farmacéutica, junto a otra cooperativa que es Cofares. ¿Es un sector que propicia al cooperativismo? ¿Por qué? 

La prestación farmacéutica en nuestro país es universal, el Estado da medicamentos a todos los ciudadanos para que acceda en igualdad de condiciones. La geografía española está muy dispersa, hay muchos pueblos pequeños, grandes, remotos, en algunos el acceso es difícil y requiere un gran coste. Solamente bajo un modelo cooperativo, se puede garantizar que los medicamentos lleguen a todos los ciudadanos. Si fuésemos al libre mercado, sería imposible, porque un medicamento que se sirve en las mismas condiciones, al mismo precio y con las mismas garantías en el último pueblo de España que en el centro reportaría pérdidas. Si el objeto social es servir y no el lucro, se garantiza que llegue. 

¿Cómo funciona la distribución farmacéutica? 

Después de la investigación, producción y preparación, el medicamento llega a las personas en las farmacias, distribuidas por todo el país. Tiene que haber seguridad en la cadena de suministro, en la cadena de frío y las redes logísticas de almacenes con más de 40.000 referencias son muy complejas. Era imposible que cada farmacia tomara sus medicamentos o tuviera las 40.000 referencias. Ya era complicado en una ciudad, ¿con qué medios se hace en un pueblo? Entonces se crea una red logística que es como una tela de araña, donde están los almacenes con todas las referencias que garantizan el abastecimiento. 

¿Los farmacéuticos son los dueños de la cooperativa? 

Sí, para ser socio de la cooperativa hay que tener una farmacia. 

Con los precios regulados, ¿la cooperativa se protege de la entrada de una multinacional?

Si este no fuera un sector regulado, seguramente sería otro escenario. ¿Tú entenderías que los medicamentos que van a pérdidas lleguen a pueblos de 500 habitantes? Es difícil hacerlos llegar. Entre los dos extremos de Granada hay 295 kilómetros y cientos de pueblos de 500, 800 o 900 habitantes. Todos los pueblos tienen el mismo servicio y medicamentos. ¿Tú crees que con el libre mercado una empresa que va a pérdidas va a llevar esos medicamentos durante mucho tiempo? Nuestro modelo es solidario, los farmacéuticos saben que no es rentable llevar medicamentos a algunos lugares y lo compensan con otros. 

¿Qué importancia tiene la ACI para vosotros, que asistís por primera vez? 

Sirve para reafirmar nuestra razón de ser, el beneficio social más allá del económico. Podemos aprender de otras cooperativas del mundo sanitario en otras partes del mundo e incluso de cooperativas de otros sectores y con otros modelos diferentes. También imagino que a otros les puede servir aprender de nuestro modelo, pues pocos países tienen una prestación sanitaria íntegra y universal. 

¿Y para internacionalizarse? 

No, nosotros nacimos para servir a la farmacia española y a nuestros 10.000 socios y no tenemos intención de salir a otros países. 

Hay quien asocia el cooperativismo a pequeñas empresas, pero la suya factura 3.000 millones. ¿Cómo es el equilibrio entre el idealismo y la escala, el responder a unos valores y crecer? 

Para realizar tu función social, tienes que ser rentable. Nosotros, por ejemplo, todo lo que ganamos, lo reinvertimos para ser cada vez mejores tecnológicamente. Nuestros 32 almacenes tienen un 96% de robotización e invertimos en IA y sostenibilidad. Esto nos lo podemos permitir hacer porque desde hace 10 años nos unimos todos. 

En su caso, los socios de la cooperativa son los farmacéuticos pero no, por ejemplo, un repartidor, ¿cierto?

Sí, así es, no es una cooperativa de trabajo. Pero los trabajadores tienen unas buenas condiciones y un nivel de rotación bastante bajo, con una vida laboral media dentro de la empresa de 15 años y un 40% con más de 21 años. 

Trump se ha posicionado en contra de las cooperativas en la ONU y parece que un modelo del PSOE como el de España apuesta más por ellas. ¿Este tipo de gobiernos son más proclives? 

Bueno, en España la ley de economía social la desarrolló Mariano Rajoy, aunque es verdad que luego Zapatero la desarrolló. Trump puede decir que está en contra de las cooperativas, pero Estados Unidos es el país que más cooperativas tiene. Y es un modelo en auge. 

¿Y la extrema derecha tampoco es amenaza para el cooperativismo? 

No lo creo. El cooperativismo, si no fuese eficaz, sería una amenaza para sí mismo. Pero ha demostrado que es una muy buena forma. Para amenazarlo, alguien tiene que ofrecer una alternativa mejor. Y no la hay. 

De todos modos, el cooperativismo sí que tiene unas raíces ideológicas. ¿Cómo se navega en ese término medio entre esos valores de paz y el no posicionamiento de la ACI en los conflictos? 

El mundo cooperativo está para resolver problemas sociales independientemente de su ideología. Nosotros en Bidafarma no tenemos ideología. Suministramos medicamentos a los pueblos, a las ciudades, a las personas, tenemos unos valores sociales y humanos inquebrantables, pero creemos que la salud no es de nadie, es de todos, y no tiene ideología. 

La salud es de todos, no tiene ideología

¿Han notado mejoras con el Gobierno del PSOE y sus últimos movimientos a favor del cooperativismo? 

No, siempre hemos funcionado de manera muy autonómica, y siempre hemos tenido una entente razonable con todos los gobiernos. 

¿Tal vez otros sectores con más competencia o cooperativas más pequeñas sí que pueden necesitar más esa protección?

No creo que haya que proteger, creo que la obligación de las cooperativas es hacerlo tan bien como para no necesitar esta protección. Con la sobreprotección no vamos a ningún sitio.

El Gobierno de España y el Principado de Asturias han abierto una negociación para resolver discrepancias sobre cinco artículos de la nueva Ley de Cooperativas asturiana, aprobada el pasado 28 de mayo en la Junta General del Principado y en vigor desde el 10 de junio tras su publicación en el boletín oficial. El acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación entre ambas administraciones, publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), identifica como objeto de discusión los artículos 21, 125, 128, 132 y 136 de la norma.

El conflicto entre ambos gobiernos, los dos progresistas de coalición entre PSOE e IU, se resume en cinco artículos cuestionados por el Gobierno central que afectan al régimen de las personas que trabajan en las cooperativas, especialmente a las personas socias trabajadoras y a la relación entre la regulación cooperativa y la normativa laboral estatal. Ambos designarán un grupo de trabajo que evite un recurso al Tribunal Constitucional de la norma.

El artículo 21 regula la figura de la persona socia de trabajo en aquellas cooperativas en las que el trabajo de los socios no forma parte de su actividad cooperativizada. Entre otras cuestiones, establece que sus condiciones deben tomar como referencia el convenio colectivo sectorial y fija reglas sobre jornada, turnos, festivos, vacaciones, permisos o movilidad. La propia ley incorpora en este apartado referencias a los mínimos establecidos por el Estatuto de los Trabajadores.

También está bajo discusión el artículo 125, dedicado específicamente a las personas socias trabajadoras de las cooperativas de trabajo asociado. El precepto establece quién puede adquirir esa condición, regula las limitaciones para menores de 18 años y determina que, a efectos de Seguridad Social, estas personas pueden quedar asimiladas a trabajadores por cuenta ajena o autónomos en función de la opción recogida en los estatutos de la cooperativa.

Uno de los preceptos de mayor contenido laboral es el artículo 128, que define como societaria y no laboral la relación de las personas socias trabajadoras con la cooperativa. La norma permite que estatutos, reglamentos internos o acuerdos de la asamblea regulen aspectos como la organización del trabajo, movilidad, clasificación profesional, vacaciones, permisos, jornada, turnos, descansos, excedencias o régimen disciplinario. Al mismo tiempo, obliga a respetar la legislación estatal cooperativa en materias como prevención de riesgos, jornada, descansos, vacaciones, permisos o causas de suspensión.

El cuarto artículo cuestionado, el 132, regula la suspensión de la relación de trabajo de los socios trabajadores. Incluye entre sus causas la incapacidad temporal, maternidad o paternidad, adopción o acogimiento y la privación de libertad mientras no exista sentencia condenatoria, además de garantizar la reincorporación al puesto reservado cuando desaparezca la causa de suspensión.

Las discrepancias alcanzan también el artículo 136, que establece los límites a la contratación de trabajadores asalariados por las cooperativas de trabajo asociado. Como regla general, las horas realizadas por estos empleados no pueden superar anualmente el 30% de las efectuadas por las personas socias trabajadoras, aunque la ley establece numerosas excepciones que no computan para ese porcentaje, entre ellas determinados supuestos de subrogación, sustituciones o trabajadores de centros subordinados o accesorios. La norma también contempla que, si se rebasa el límite, trabajadores indefinidos con dos años de antigüedad puedan solicitar su incorporación como socios.

Estado y Principado han acordado constituir un grupo de trabajo encargado de proponer una solución a la Comisión Bilateral y comunicar formalmente el inicio de las negociaciones al Tribunal Constitucional, conforme al procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Se trata del mecanismo previsto para solventar difererencias antes de acavar en el Constitucional

La nueva ley asturiana de cooperativas afecta a las 169 cooperativas constituidas en el Principado que dan empleo a cerca de 3.000 trabajadores. Si se suman las sociedades laborales, que también forman parte de la economía social, el cómputo asciende a 383 empresas y 5.000 empleos directos.

El nuevo texto emanado de la Junta General del Principado sustituyó a la norma del año 2010 buscando modernizar el marco jurídico de la economía social e impulsar el emprendimiento colectivo, aseguraba el Ejecutivo asturiano. En su aprobación no recibió ningún voto en contra.

Cristóbal Colón Palací, fundador de la cooperativa La Fageda, ha muerto este jueves a los 77 años, según ha confirmado la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Psicólogo de profesión, Colón fundó en 1982 en la comarca gerundense de La Garrotxa esta empresa de inserción laboral para personas con discapacidad intelectual, que ha pasado de la quincena de trabajadores con la que arrancó hace más de cuatro décadas a los más de 500 empleados que tiene en la actualidad, y más de 850 personas vinculadas a su actividad.

Nacido en Zuera (Zaragoza) en 1949, Colón se licenció en psicología clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Militante comunista en su juventud, trabajó como lo que entonces se llamaba mozo de manicomio y pasó por varios psiquiátricos, entre ellos el de Salt (Girona), donde conoció a quienes más tarde le ayudarían a poner en marcha la cooperativa en Olot. Convencido del papel del trabajo como herramienta de tratamiento y rehabilitación para personas con enfermedades mentales, en 1982 fundó La Fageda junto a su esposa, Carme Jordà, terapeuta y pedagoga que fue figura clave en la organización.

Colón explicó en distintas ocasiones que la idea de La Fageda surgió después de años trabajando en hospitales psiquiátricos, donde llegó a la conclusión de que era necesario crear una empresa al margen de esos centros. Su objetivo era que las personas con discapacidad pudieran “recuperar la dignidad” a través de un “trabajo real”, frente a las “manualidades” que, según denunciaba, se ofrecían en los hospitales psiquiátricos. Definía aquella iniciativa inicial como “un proyecto de locos con aventureros sensatos” cuya única determinación era “no volver al manicomio”.

El proyecto arrancó sin apenas recursos. Según relató la directora general adjunta de la entidad, Sílvia Domènech, cuando Cristóbal fundó La Fageda “no tenía ni proyecto ni dinero, ni tampoco ningún modelo en el que inspirarse”. En 1982, Colón se presentó en el despacho del entonces alcalde de Olot, Joan Sala, para plantearle que quería abrir una empresa —todavía no sabía de qué tipo— para 14 personas con trastornos, y que necesitaba un local.

Sala llegaría a decirle años después que pudo llevar a cabo el proyecto precisamente porque no conocía el mundo de la empresa: “Si hubieras conocido ni que fuera un poco el mundo de la empresa y los negocios, no lo hubieras intentado: lo pudisteis hacer porque no sabíais que era imposible”.

La cooperativa probó distintos servicios hasta encontrar estabilidad en la jardinería y la gestión de viveros. En 1984 adquirió la masía en ruinas de Els Casals, en el término municipal de Santa Pau, que contaba con una pequeña vaquería, y allí instaló sus viveros y comenzó a producir leche. En aquel momento era el único Centro Especial de Trabajo de España que combinaba discapacidad intelectual y trastornos mentales.

A principios de los años 90, una doble crisis —la caída del negocio de los viveros y la cuota láctea impuesta por Bruselas, que llevó al cierre de miles de explotaciones en España— llevó a la cooperativa a aprovechar el excedente de leche para fabricar yogures y no eliminar puestos de trabajo. Colón viajó a Francia y Suiza para conocer el funcionamiento de las marcas de yogur “de granja”, convenció a hospitales como el Vall d'Hebron para que comprasen su producto y logró persuadir a directivos de supermercados escépticos sobre su capacidad de competir con multinacionales como Danone o Nestlé. Aquellos años también trajeron tensiones internas: una crisis laboral por horas extra no remuneradas terminó con la salida pactada de varios empleados.

La firma se convirtió con el tiempo en objeto de estudio en escuelas de negocio como Harvard o IESE. Su trayectoria fue recogida en el libro La Fageda, historia de una locura empresarial y rentable (2013).

A lo largo de su trayectoria, Colón recibió distinciones como la Creu de Sant Jordi (2009), el Premi Memorial Lluís Companys de la Fundació Josep Irla (2010), la Medalla de la Ciutat d'Olot y el nombramiento como Acadèmic d'Honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, además de numerosos reconocimientos del ámbito empresarial y social.

En octubre de 2025, con motivo del Reconeixement a la Personalitat que otorga anualmente la patronal vallesana Cecot, defendió que el éxito de La Fageda no se reducía a beneficios económicos o cuotas de mercado, y llamó al conjunto del tejido empresarial a “mirar más allá de la cuenta de resultados”. En junio de 2024, la Universidad de Girona le nombró doctor honoris causa.

Desde la empresa han señalado en un comunicado que Colón dedicó más de cuatro décadas a impulsar un proyecto “construido sobre la convicción de que toda persona merece una oportunidad”, y han destacado que su forma de entender el trabajo como herramienta de dignificación contribuyó a demostrar que “poner la economía al servicio de las personas es posible”.

La directora general de La Fageda, Sílvia Domènech, ha declarado que la ausencia del fundador “deja un vacío muy profundo” y ha admitido que será una “gran responsabilidad estar a la altura de su legado”. El presidente del Patronato, Josep Maria Bonmatí, ha trasladado el pésame “más sentido” a la familia de Colón y su agradecimiento “por una vida dedicada a defender la dignidad de las personas”. La Fageda ha decretado dos días de duelo oficial, que afectarán al Servicio de Atención al Visitante, la Granja Cafetería de Olot, las actividades de ocio y el Club Social, así como a su participación en actos externos.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha hecho eco del fallecimiento a través de la red social X, donde ha afirmado que Colón “demostró que la inclusión y la dignidad también se construyen creando oportunidades” y que el proyecto de La Fageda “ha transformado muchas vidas y se ha convertido en un referente de la economía social en Catalunya”. El jefe del Ejecutivo catalán ha trasladado su condolencia a la familia, amistades y a todo el equipo de la cooperativa.

El fallecimiento del que fuera presidente de Eurocaja Rural, Andrés Gómez Mora, ha suscitado numerosas condolencias en Castilla-La Mancha tras conocerse la noticia.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mandado el pésame a toda la familia de la entidad. “Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Andrés Gómez Mora”, publicada en sus redes sociales, recordando que el toledano fue reconocido como 'Hijo predilecto de Castilla-La Mancha' y ha asegurado que el sector agrario y cooperativo “no se entiende sin su figura y siempre permanecerá en nuestra memoria el gran trabajo que ha realizado por engrandecer nuestra región”.

Desde el propio ámbito cooperativo del que fue “un referente”, se han recibido también mensajes de condolencia. La Cooperativa El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) lamenta su muerte y recuerda que el toledano recibió la Medalla de Honor de la cooperativa en 2025. “Le decimos adiós con hondo pesar”, han trasladado, en nombre de los 2.300 agricultores a los que representa. “El Consejo Rector transmite a sus hijos, a toda su familia y amigos-as, nuestro ánimo, condolencias y un abrazo cariñoso en estos duros momentos por su pérdida”.

“Nos quedamos con un inolvidable recuerdo por su entrega, sabiduría y generosidad, durante el tiempo que le hemos tratado, y también por su presencia en prácticamente todos nuestros Premios Nacionales 'Vinos Ojos del Guadiana' y cuándo lo requeríamos”.

“Descanse en paz un hombre sabio y referente en la escena oleícola regional y nacional al que tuvimos la suerte de conocer, y del que queremos resaltar su experiencia en la defensa del Aceite de Oliva Virgen de Castilla-La Mancha, al ser la denominación toledana la primera DOP de aceite de nuestra comunidad autónoma. Su legado y memoria nos acompañará siempre ligado a nuestra cooperativa castellanomanchega la más antigua de España y Europa de actividad ininterrumpida desde 1917”.

“Un firme defensor del medio rural”

También desde la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite Montes de Toledo, su presidente, Gregorio Gómez López y el director Enrique Gacía-Tenorio así co,o los miembros del Patronato de la Fundación y todo el equipo han expresado “su más profundo pesar” por el fallecimiento. De Gómez Mora aseguran que ha sido “una figura imprescindible para comprender la historia y el desarrollo de esta Denominación de Origen y uno de los grandes referentes del cooperativismo agrario y del sector oleícola de Castilla-La Mancha”.

“Agricultor de vocación, cooperativista convencido y firme defensor del medio rural”, Andrés Gómez Mora fue el fundador y primer presidente del Consejo Regulador de la DOP Aceite Montes de Toledo, en el año 1997, desempeñando un papel decisivo en la creación y consolidación de esta figura de calidad y su reconocimiento por parte de la Unión Europea.

También destacan “su visión, compromiso y capacidad de liderazgo” que “marcaron un antes y un después en el trabajo colectivo y en el potencial de la variedad Cornicabra como emblema de nuestro territorio”. Gracias a ello, prosiguen en un comunicado, “casi más de 25 años después, la DOP Montes de Toledo continúa siendo un referente nacional e internacional en la defensa de la calidad, el origen y la autenticidad del aceite de oliva virgen extra”.

Hasta sus últimos días, Andrés Gómez Mora mantuvo un estrecho vínculo con la Denominación de Origen. Era miembro del Patronato de la Fundación del Consejo Regulador y presidente de Oleotoledo, una de las cooperativas de segundo grado más importantes de Castilla-La Mancha e integrada por numerosas almazaras amparadas por la DOP Montes de Toledo, “contribuyendo de forma decisiva a la comercialización y valorización de los aceites de nuestro territorio”.

Su trayectoria estuvo siempre ligada al olivar y al movimiento cooperativo. Desde la presidencia de la Cooperativa Nuestra Señora de la Antigua de Mora, pasando por su dilatada etapa al frente de Eurocaja Rural y de su Fundación, impulsó numerosas iniciativas destinadas a fortalecer el sector agroalimentario, apoyar a los agricultores y favorecer el desarrollo económico y social del medio rural.

“Para la DOP Montes de Toledo tuvo un significado muy especial poder rendirle homenaje el pasado año, coincidiendo con el 25º aniversario de la Denominación, haciéndole entrega de uno de los Premios Cornicabra de Oro 2025, una distinción concedida de manera excepcional en reconocimiento a toda una vida dedicada a la promoción y defensa de los aceites de oliva virgen extra amparados por esta Denominación de Origen”.

Ciruela Claudia Reina Verde. Nombre, apellidos y linaje noble para una fruta que en Nalda es mucho más que un alimento de piel brillante, calibre generoso y dulzor perfecto. La ciruela es en este municipio de mil habitantes del valle del Iregua una forma de entender la vida, un motor socioeconómico y una seña de identidad. «Sin ciruela no hay verano», sostienen en sus calles, donde la agricultura es la principal actividad y el germen de un tejido social fuerte basado en el cooperativismo, la soberanía alimentaria y la comunidad.

Tan importante es esta fruta para Nalda que el pueblo celebra tres fiestas en su honor. Este primer domingo de agosto llega la Fiesta de la Ciruela Claudia, una jornada para festejar la recogida que coincide con el momento álgido de la recolección en verde. Más adelante, en primavera, celebran la Fiesta del Ciruelo en Flor, y al llegar la Navidad, la Fiesta de la Ciruela Pasa, para ensalzar a ese otro producto que nace del mismo árbol y que solo necesita tiempo para convertirse en un ingrediente muy apreciado en las cocinas de invierno. En definitiva, un ciclo festivo único en La Rioja: tres mercados al año diseñados para poner en valor el ritmo natural de la tierra y la maduración de su fruto estrella.

Una comunidad cuidadora: 100 personas tras el voluntariado

Este domingo, con la fiesta de la recogida, es el momento de celebrar la llegada de una fruta de excepcional calidad, famosa por sus beneficios para la salud gracias a sus sales minerales, su fibra digestiva y unos azúcares perfectamente equilibrados. Pero también es la ocasión para honrar a las agricultoras y los agricultores que han sabido mantener su cultivo, en gran parte gracias al esfuerzo realizado desde la Cooperativa Frutos del Campo de Nalda.

Ahí radica otro de los grandes éxitos de la Fiesta de la Ciruela Claudia Reina Verde: toda la organización recae en las personas socias, productoras, agricultores y un voluntariado volcado que supera el centenar de personas.

La Cooperativa Frutos del Campo, junto a las asociaciones PANAL y El Colletero, suman fuerzas para dinamizar el municipio y hacer comunidad. El trabajo se nota en todo: desde la elaboración artesanal de rosquillas, chorizo o los tradicionales pinchos de carrillera, hasta las emblemáticas migas de pastor que conectan a las vecinas con los recuerdos de la infancia. «Somos una comunidad cuidadora que cuida de sus vecinos al mismo tiempo que cuida del entorno», destaca Raquel Ramírez, quien subraya que a ese compromiso con la tierra se debe la suspensión este año de los tradicionales asados, debido al elevado riesgo de incendio.

Más de 70.000 kilos de cosecha

Esta feria nació en 1999 con el afán de preservar la autonomía popular y rendir homenaje a las raíces campesinas del valle del Iregua. A lo largo de este cuarto de siglo ha sabido evolucionar sumando nuevos puestos de economía solidaria sin perder su usanza tradicional. Este año, en la Plaza de la Tela, los visitantes encontrarán hogazas de pan, migas, las mejores rosquillas, flores, verduras de El Colletero, degustaciones, artesanos locales y hasta paseos en la Yayacleta.

De forma simultánea a la fiesta, la cooperativa de Nalda se encuentra en plena campaña. Prevé alcanzar en esta cosecha una producción de entre 70.000 y 80.000 kilos de ciruelas. Aunque este cultivo se mantiene como un complemento para los agricultores locales, desde el municipio destacan cómo la extensión de las fincas se ha estabilizado en los últimos años, logrando frenar la pérdida de terreno que sufrió hace una década en favor del peral. La Ciruela Claudia Reina Verde sigue teniendo su espacio en una tierra que se cuida y se respeta para ella, en un pueblo que la celebra y, sobre todo, en un entorno volcado en trabajar por su futuro.

Guadalajara tendrá 234 viviendas de Precio Tasado (VPT) en las parcelas RC1 y RC3 del sector 'Aguas Vivas Ampliación'. Al menos es la intención de la cooperativa Greenhabitat que hoy ha celebrado el acto simbólico de colocación de la 'primera piedra' de la futura promoción.

La cooperativa Greenhabitat está gestionada por Grupo NiDra, compañía especializada en proyectos residenciales. Además de esta prooción también gestiona en el mismo ámbito las promociones de las cooperativas Greenhabitat Guadalajara de 106 viviendas, con obras en fase avanzada, y Greenhabitat Las Encinas de 110 viviendas, en fase inicial. Las tres cooperativas fueron adjudicatarias de sus parcelas por parte de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) -ahora es Casa 47- y que era la anterior propietaria de los terrenos. En todas estas promociones las viviendas se distribuyen en urbanizaciones cerradas con amplias zonas comunes ajardinadas y piscina.

Enrique Batanero, presidente del Consejo Rector de Greenhabitat, S.Coop, “para los socios de Greenhabitat, hoy empieza a hacerse realidad el acceso a una vivienda asequible y de calidad en su ciudad. Este es el resultado de un trabajo colectivo que merece celebrarse.”

“Guadalajara es una ciudad que cada día eligen más personas para vivir, y la escasez de suelo residencial se traduce en una enorme falta de oferta. La vivienda es la prioridad de este Ayuntamiento: ya hemos impulsado más de 1.600 viviendas protegidas, y una de cada tres viviendas, es vivienda protegida. El modelo cooperativo, basado en la participación, la confianza y la cooperación, pone a las personas en el centro y eso es exactamente lo que necesitamos”, ha manifestado Ana Guarinos, alcaldesa de Guadalajara.

“El cooperativismo encarna los valores de la democracia: participación, responsabilidad y gestión compartida y da respuesta a la mayor preocupación de los ciudadanos hoy: la vivienda”, ha apuntado Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha. “La solución pasa por más oferta, y Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma que está poniendo en marcha fondos para impulsar promociones con protección pública, sin esperar a otros. Guadalajara tiene la sana ambición de seguir creciendo de forma razonable y sostenible, y lo vamos a hacer de la mano del sector privado”, añade.

La actividad actual de NiDra supera las 1.000 viviendas. Entre sus próximos proyectos figura la gestión de nuevas promociones en Brunete (Madrid), con aproximadamente 300 viviendas en régimen libre.

Esta empresa fue fundada tras la COVID-19, en 2021, y está especializada en la gestión integral de cooperativas de viviendas y en la promoción de vivienda protegida y libre. Opera en la Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha con una cartera activa de más de 1.000 viviendas.

Hoy, 4 de julio, conmemoramos el Dia Internacional de las Cooperativas bajo el lema 'Cooperativas por un mundo en paz'. Por ese motivo, queremos poner en valor el orgullo de pertenencia a la gran familia del cooperativismo agroalimentario de nuestra región.

Las cooperativas agroalimentarias nacieron para defender los intereses de los pequeños y medianos agricultores, dotándose de estructuras empresariales propias que les permitiesen transformar sus producciones y salir al mercado directamente, haciendo que los beneficios generados en dicha actividad se distribuyan entre los propios socios en función a su participación en la actividad cooperativizada. Este modelo empresarial, con sus defectos y sus virtudes, ha sobrevivido durante décadas, en algunos casos más de un siglo de actividad ininterrumpida, y a día de hoy sigue generando valor y riqueza en el medio rural de la región.

Los datos así lo acreditan. El cooperativismo agroalimentario en Castilla-La Mancha está representado por 558 empresas cooperativas que trabajan día a día para defender los intereses de los más de 158.000 socios que conforman su base social a lo largo y ancho de las cinco provincias de la región; empresas que generan valor y riqueza en nuestro medio rural que se cuantifica en los más de 2.800 millones de euros de facturación agregada, más de 6.600 empleos directos y decenas de miles de empleos indirectos. Y, aún más importante, lo hacen de manera sostenible a lo largo de los años.

Sí, las cooperativas somos la encarnación de la triple sostenibilidad. Pero no porque sea un empeño pasajero que responda a una moda a la que otros modelos empresariales tratan de subirse ahora para aprovechar los vientos favorables del entorno social. No.

Las cooperativas llevamos en nuestro ADN la sostenibilidad social por nuestro arraigo al territorio que las vio nacer. Porque no nos deslocalizamos en los momentos de dificultad. Porque vinimos para quedarnos creando vínculos estables con el entorno social en el que nos asentamos. Porque generamos cohesión social y somos motor del desarrollo local favoreciendo la lucha contra la despoblación y demostrando un gran potencial para favorecer el desarrollo económico endógeno.

Igualmente llevamos en nuestros principios fundacionales los valores de la sostenibilidad económica, porque encarnamos mejor que nadie el funcionamiento democrático de la empresa tanto a nivel social -al fomentar la democracia participativa en la toma de las decisiones-, como a nivel económico -al no deslocalizar el beneficio y distribuirlo entre nuestros socios-. También porque generamos empleo de calidad, estable, conciliador, inclusivo y participativo en el devenir de la empresa, demostrando ser un modelo resistente, resiliente y flexible a la hora mantener la empresa y el empleo incluso en los peores momentos de crisis económica.

Y, por supuesto, las cooperativas somos los mayores garantes de la sostenibilidad medioambiental, dado que nuestro territorio es nuestro centro de trabajo y fomentamos prácticas empresariales respetuosas con los principios de la economía circular, la bioeconomía y la eficiencia energética mediante el uso de las energías renovables.

Por todo ello, sí, estamos orgullosos de nuestras cooperativas y de ello presumimos. Hablemos bien de nosotros y de lo nuestro, esa será la mejor tarjeta de presentación para abordar con éxito los retos de futuro y atraer a las nuevas generaciones para que hagan del cooperativismo su proyecto de vida.

¡Feliz Día Internacional de las Cooperativas! Cooperativas por un mundo en paz.

La vivienda cooperativa en cesión de uso vive un momento crucial en España. Con tan solo 54 proyectos y 700 viviendas habitadas, 29 en construcción, 216 en marcha y 1.500 en desarrollo sobre el papel, aspira a multiplicarse y llegar a tener en desarrollo 2.500 en 2030. Desde 2020, cuando había 100 viviendas habitadas, se ha multiplicado por 7. El Plan Estatal de Vivienda aprobado recientemente por el Gobierno y las comunidades autónomas contempla que, junto al resto de proveedores sociales de vivienda, jueguen un papel importante en el ‘boom’ de alquiler social que se espera junto a la empresa pública Casa 47. Pero no cuentan con un presupuesto propio y reclaman mejoras legales y fiscales que, por ejemplo, sí que tienen otras organizaciones sin ánimo de lucro o hasta las socimis, sociedades inmobiliarias cotizadas.

“Estamos contentos del reconocimiento al modelo en cesión de uso que supone el Plan Estatal de Vivienda, aunque el despliegue y presupuesto al modelo cooperativo dependerá de cada comunidad autónoma”, comenta a elDiario.es David Guàrdia, de la Red de Vivienda Cooperativa, que se fundó en 2019 uniendo a las diferentes cooperativas de vivienda en cesión de uso en España y que cuenta con el reconocimiento de Housing Europe, la organización representativa de vivienda social a nivel europeo. Pero apunta a un reto para crecer más: mayor prioridad para las cooperativas y otras entidades sin lucro en el suelo público y mejoras fiscales.

Las cooperativas destacan la reciente ley de impulso de economía social aprobada por el Congreso, que define este tipo de cooperativas y las reconoce como especialmente protegidas, con una tributación del impuesto de sociedades del 10%. “Es un avance importante, pero seguimos con el absurdo que se premie con un 0% de impuesto de sociedades las SOCIMI, unas mercantiles obligadas por ley a vaciar la sociedad para repartir dividendos a los mercados, mientras las cooperativas que reinvierten el 100% de los excedentes en vivienda asequible pagamos un 10% de impuestos que se repercute a las personas socias usuarias. Hay que priorizar la función social de la vivienda por encima de la extracción de beneficio privado”, reclama Guàrdia. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó en 2009 para dinamizar el mercado inmobiliario ante la crisis una ley que permitió que las empresas inmobiliarias que cotizan en Bolsa no paguen impuestos de sociedades y esta ley sigue en vigor.

El impuesto a las socimi, bloqueado

En mayo del pasado año, el PSOE registró una ley para subir impuestos a las socimis y elevarlos al 25%, una medida que incluía también la subida del IVA a pisos turísticos y otras medidas. Esta ley aún no se ha votado ante la falta de apoyos. Pero meses antes, en noviembre de 2024, el PSOE decidió no respaldar a Sumar en las enmiendas presentadas a otra ley sobre fiscalidad y vivienda que también apostaba por subir los impuestos a las socimis.

Además, apunta Guàrdia, “las fundaciones dedicadas a alquiler social también tienen una tributación mejor que las cooperativas, pues no pagan impuesto de sociedades ni IBI, pero en este caso son entidades sin ánimo de lucro y, por tanto, contribuyen a generar vivienda social y asequible como las cooperativas. En este sentido vemos con buenos ojos la propuesta de Ley de Proveedores Sociales de Vivienda para mejorar el régimen fiscal de todas las organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas las cooperativas”.

El modelo de la vivienda cooperativa es particular y busca no solo la asequibilidad, sino también reforzar las redes de la vida comunitaria. La cooperativa consigue con los fondos de los socios y la financiación de bancos éticos y cooperativos, como Fiare Banca Ética, afrontar la construcción de vivienda y la posterior gestión de la cesión por uso.

Las viviendas son de la cooperativa y los socios que viven allí contribuyen a pagarla con una entrada que es menor que la habitual en una hipoteca, ya que es un esfuerzo dividido entre todos los socios, y recuperable en caso de baja. Por ello, la cuota posterior es también inferior a la de un alquiler, pues repercute a precio de coste el préstamo hipotecario de la cooperativa. El modelo de cesión de uso es parecido al alquiler, y así es reconocido por los poderes públicos, pero con la diferencia que la persona inquilina es socia de la cooperativa y decide en ella, razón por la que se adjudica el uso de acuerdo a la ley de cooperativas y no con la Ley de Arrendamientos Urbanos, concebida cuando no hay relación entre propietario e inquilino. 

Menos costes si hay cesión de suelo público

La fórmula sirve como vía de escape a los altos precios del alquiler y la compra, pero no siempre son tan asequibles como les gustaría. Al tener que afrontar el coste de la construcción y del suelo, pese a renunciar a los márgenes, los precios a veces se aproximan a los de mercado, sobre todo si no hay ayudas públicas. Por ello, las cooperativas de vivienda reclaman mayor financiación pública y la cesión de suelos públicos, algo que ya es común y da resultado en Catalunya, donde más recorrido y presencia tiene la vivienda cooperativa.

Sostre Cívic, de la que Guàrdia es codirector, es una de las mayores cooperativas, con casi 200 viviendas en convivencia, 400 en promoción y 120 en fase de impulso. Con casi 2.500 socios, la fuerte demanda en comparación con los proyectos disponibles es uno de los principales retos a gestionar, lo cual la vivienda cooperativa usa como argumento para potenciarla más.

Su ejemplo sirve para entender el abanico de precios. Los socios aportan entre un 5% y un 15% del capital inicial que puede variar de los 2.500 euros en los obtenidos por tanteo y retracto a los 35.000 en los más caros de nueva construcción en suelo adquirido por la cooperativa, con cuotas mensuales que pueden ir de los 300 a los 800 euros.

“En muchos municipios de Catalunya y de forma más modesta en otras poblaciones del estado, los ayuntamientos ceden terrenos públicos a cooperativas y eso facilita y abarata los costes y contribuye a generar vivienda social y asequible en un modelo que además promueve la dimensión comunitaria, la sostenibilidad y el fomento de la economía social y solidaria”, resalta Guàrdia.

El plan estatal de vivienda prevé destinar 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años, de los que 2.800 millones irán destinados a construcción de alquiler asequible, incluido el modelo en cesión de uso. Paralelamente y al margen de estos presupuestos, debe crecer el parque público promovido por la nueva empresa pública Casa 47 y la vivienda cooperativa, como el tercer sector, espera crecer impulsada por esta iniciativa.

Las fundaciones de vivienda con vocación social negocian también con el Gobierno mejoras fiscales y pactar preferencias para concursos públicos. Competir con el músculo financiero de los grandes fondos internacionales se antoja imposible, pero a cambio pueden abaratar los costes al no tener las ambiciones de rentabilidad que tienen las empresas privadas.

Mientras que en Viena, siempre puesta como ejemplo de asequibilidad en vivienda, un 25% de la vivienda es municipal y un 22% es de cooperativa o social, en Zurich las cooperativas superan el 20% y en Suiza el 8%. Dinamarca es otro país donde tienen un peso relevante.

En España, aunque se publicitan centenares de proyectos de cooperativas de vivienda, muchos son de propiedad y no cesión de uso y la mayoría están controladas por empresas privadas. Son solo una forma jurídica sin la voluntad de cesión de uso o cohousing, ni la vocación social de las cooperativas en cesión de uso. Es por eso que el recuento de la red estatal se queda en 54 proyectos habitados, 29 en construcción, 216 en marcha y 1.500 en desarrollo, porque tan solo se cuentan los proyectos cooperativos en cesión de uso.

Entre los casos extremos de estas falsas cooperativas están las que, tal y como destapó recientemente elDiario.es, compraron suelo público de Madrid para después vender las viviendas a particulares. Aunque debían de destinarse al alquiler social, en la venta la cooperativa explicaba a los compradores que se la podían alquilar a sí misma.

La economía social aporta el 11% del Producto Interior Bruto español. Uno de cada 10 euros que se generan en el país proviene de una red silenciosa que, sin embargo, se ancla al territorio y hace llegar al último rincón del estado productos y servicios que no llegarían de otra manera. Esta realidad ha quedado plasmada en la jornada 'Cooperativismo: el modelo que mantiene vivos los pueblos donde el mercado no llega', organizada por elDiario.es, en colaboración con Bidafarma. Durante el coloquio, todas las voces expertas han coincidido en defender el llamado “derecho a habitar”.

“Somos ciudadanos y la decisión de residir en una gran ciudad, en una pequeña capital de provincia o en un territorio más rural, debe ir más acompasada con los intereses personales o familiares y no verse mermada por la falta de oportunidades”, ha señalado la directora general de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ángeles Marín.

Marín ha destacado algunas de las palancas que está activando el ministerio, como la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, una estrategia “de visión amplia que sirva de hoja de ruta para que el resto de administraciones, actores, asociaciones, tejido empresarial, grupos de acción local, la universidad o los centros de investigación alineen sus actuaciones”. El objetivo es llegar al “país de los 30 minutos”, en el que cualquier ciudadano, independientemente de su ubicación, tenga acceso a servicios básicos.

Uno de esos servicios básicos es el que presta Laura Maíllo, que es farmacéutica en un pequeño pueblo de montaña de unos 500 habitantes en la provincia de Ávila. Este es uno de los miles de municipios de esa España despoblada que vertebran el territorio. Según datos oficiales, en el 83,7% de los municipios viven menos de 5.000 personas. En estos territorios, normalmente envejecidos, el hecho de que haya una farmacia abierta o una tienda, “les da calidad de vida”, explica Maíllo.

El presidente de la cooperativa de distribución farmacéutica Bidafarma, Antonio Mingorance ha explicado durante el encuentro que la economía social hace “de la necesidad virtud”. Es “un modelo solidario de distribución”, que persigue que no haya “ciudadanos de primera ni de segunda”: “Es muy fácil traer un medicamento al centro de Madrid, lo difícil es distribuirlo entre los 7.500 pueblos que hay en toda España”.

En este sentido, los modelos cooperativistas suman la fuerza de todos sus socios para actuar con un único músculo, que permita compensar las dificultades en ciertas zonas o momentos con las fortalezas en otras áreas.

El presidente de la cooperativa de distribución alimentaria Unide, Carlos Jiménez, ha destacado que este modelo está profundamente arraigado en el territorio y, a diferencia de otras empresas, no se deslocalizan. Pero, más allá del rendimiento económico, ha hecho hincapié en el valor de la proximidad. “Cuando tienes una tienda con un surtido de 1.200 productos en un pueblo, estás garantizando una alimentación variada, mientras otros se alimentan de mercadillo o de lo que les lleva una furgoneta, sin poder elegir. Ese intangible de calidad de vida es importante, hacemos un servicio público”, defiende.

Es una idea con la que coincide Maíllo, quien no solo suministra medicamentos, sino que ejerce una labor de vigilancia entre sus vecinos e incluso de atención en determinados momentos, cuando no hay un médico o no puede acudir. La relación, en cualquier caso, es simbiótica: “Hay una necesidad tanto mía de atenderles, como suya de que les atienda”, reconoce.

Para blindar a estas cooperativas y favorecer la cohesión territorial, los ponentes han hecho un llamado a la concienciación, pero también han pedido medidas específicas. Jiménez ha reclamado una reforma fiscal urgente que promueva estos modelos, sometidos actualmente a una ley de 1990 que considera obsoleta. Mingorance ha pedido incentivos al arraigo y que se trabaje para que las diferencias en el acceso a los servicios básicos entre ciudadanos desaparezcan, garantizando la igualdad total, con independencia del código postal.

Laura Maíllo, por su parte, ha reivindicado la necesidad de apoyar a la farmacia rural y una atención sostenible y sostenida por parte de las instituciones, así como facilitar el desarrollo profesional de los y las farmacéuticas en los entornos rurales, para que puedan evolucionar académica y económicamente sin verse forzadas a mudarse a las ciudades.

El 16 de abril, el día que empezaba el proceso de regularización extraordinaria, amaneció con largas colas de personas que transitaban entre la ilusión y el desconcierto. Muchos no sabían exactamente qué documentos necesitaban ni cómo conseguirlos. Las administraciones locales se vieron desbordadas por la avalancha de solicitantes superados por el proceso burocrático. Las entidades encargadas de acompañarles también vivieron unos primeros días de “caos” y frustración porque “nada era tan fácil como parecía”.

Hoy, aunque esas colas han disminuido y los requisitos han quedado más claros gracias a la ayuda de las ONG, el proceso sigue siendo “complicado y confuso”, según las entidades. Ante esa situación, la cooperativa catalana Kloosiv ha creado Integra, una herramienta web pensada para simplificar el proceso.

La página da la bienvenida al usuario con un pequeño cuestionario para saber, en pocos segundos, si puede optar a la regularización y qué documentos necesita para pedirla. Es una herramienta gratuita y multiidioma que crea un expediente virtual, ligado a un código personal, que permite que los usuarios lleven todo el papeleo en sus teléfonos.

Se ha diseñado de tal manera que, al escanear los documentos, la app los lee y cumplimenta automáticamente los formularios del Ministerio e, incluso, guarda los documentos originales en el formato que pide Mercurio -el sistema oficial del Gobierno para los trámites de extranjería-. Los desarrolladores han tenido en cuenta el mínimo detalle, hasta el punto que su herramienta es capaz de alertar al usuario de que el documento que está introduciendo no es el adecuado, basándose en los metadatos del mismo.

Así, quien quiera solicitar la regularización extraordinaria puede asegurarse de que acude a su cita con todos los papeles y los requisitos en orden y digitalizados en un único lugar. “Algo tan simple como esto habría evitado muchas colas y muchos disgustos”, apunta Laura Ayala, una de las creadoras de la herramienta. Aunque esta web, a los ojos de un ciudadano de a pie, sea de todo menos simple, desde Kloosiv aseguran que carece de excesiva complejidad.

Es más, apuntan que podrían haber diseñado una app más completa, pero quisieron priorizar la rapidez. La tuvieron lista en menos de tres semanas desde que empezó la regularización. “Nos hubiera gustado hacerla antes, pero nadie estaba preparado para lo que sería”, explican desde la cooperativa, que se especializa en proyectos sociales para la economía social y solidaria.

Además de reducir tiempo de gestión, insisten en que Integra sirve para reducir trámites innecesarios y ponen de ejemplo el polémico certificado de vulnerabilidad, uno de los que más dolores de cabeza está causando. Muchos solicitantes han tenido que pasar incluso noches al raso para conseguirlo, sólo para después darse cuenta de que en realidad no lo necesitaban.

Integra está pensada para particulares, pero también para las entidades que se han acreditado como colaboradoras del Gobierno para asesorar a quienes quieran acogerse a la regularización. Se trata de ONG y asociaciones que han tenido que acompañar en un proceso que tampoco tenían claro. “Todas hacían lo que podían y cómo podían. Era necesario unificar criterios”, sostiene Ayala.

Desde la cooperativa insisten en que su app no sustituye “el ojo ni la sensibilidad humana”, pero sí facilita mucho el trabajo. “Lo que antes era una atención larguísima y requería diversas visitas, ahora se puede resolver con una cita de 10 minutos”. Eso, además de quitar presión a las entidades -siendo que muchas de ellas trabajan con personal voluntario-, también facilita la vida a los solicitantes que viven en zonas rurales y a personas sin hogar.

“Esta herramienta es utilísima, a la vez que fácil de usar. Es, simplemente, lo que debería haber hecho el Gobierno. Y que una cooperativa sin recursos haya sido capaz de lanzarla en sólo tres semanas, demuestra la incompetencia del Estado”, sostiene Omaima Blal, miembro de Regularización Ya y del Círculo de Migraciones de Coopolis, una de las entidades acompañantes.

Sostiene que el proceso de regularización ha sido “poco intuitivo e innecesariamente difícil”, cosa que ha derivado en que muchos solicitantes hayan tenido que recurrir a abogados especializados en extranjería para asegurarse de realizar el trámite correctamente. “Un proceso que tenía que ser gratuito se ha vuelto de pago para mucha gente. No tenemos nada en contra de acudir a profesionales, pero siempre que sea a precios adecuados y por voluntad propia, no porque el sistema no funciona”, lamenta Blal.

Temor ante una “avalancha” de requerimientos

Según los últimos datos oficiales (del 30 de mayo), el Ministerio ha recibido 550.000 solicitudes. De ellas, se han tramitado 146.700 y 92.000 habían sido aceptadas. Eso supone un 27% y un 18%, respectivamente. Desde las entidades lamentan que se trata de una cifra muy baja y les hace temer una posible “avalancha” de requerimientos.

“A partir del 30 de junio, empieza una segunda fase de la que nadie está hablando, que es cuando la administración empezará a paralizar solicitudes porque hay documentos que no se han presentado bien o porque faltan papeles”, pronostica Ayala, que insiste en que su app podría haber servido para evitar estos errores.

Por eso, se pusieron en contacto tanto con el Gobierno como con la Generalitat para que la recomendaran como herramienta desde las webs oficiales. Pero, por ahora, esa petición sólo ha sido escuchada por el Ayuntamiento de Barcelona. Esta falta de apoyo gubernamental, lamentan, ha hecho que Integra haya tenido menos usuarios de los esperados: a penas unos pocos centenares de particulares y algunas decenas de entidades.

Con todo, Ayala insiste en que el camino que queda todavía es largo y explican que ya están trabajando en una nueva versión de Integra que sirva para ayudar y atender a las entidades y solicitantes que reciban requerimientos.

Desde las ONG alaban el esfuerzo realizado por la cooperativa y destacan que el acompañamiento será casi más importante en esta segunda etapa. “Que te digan que algo no ha ido bien será angustiante para muchos. Así que tener una herramienta que deje claro qué necesitas y cuáles son los plazos va a ser esencial”, apunta Blal.

Asegura que las entidades se han sentido “muy solas y sobrecargadas” en este proceso y afean al Gobierno que no haya puesto las cosas más fáciles. “La regularización nació de una exigencia de la ciudadanía y, si sale adelante, también será por nosotras. Da un poco de vergüenza la gestión del Estado, pero es mejor quedarse con el orgullo de esta sociedad organizada”, remacha Blal.

Dejar atrás el ruido de la ciudad para apostar por el campo es una decisión que cada vez se plantean más personas al chocar de bruces con un mercado de la vivienda tensionado y un ritmo de vida no apto para todos los públicos. Son muchos quienes romantizan lo rural, aunque la mayoría ignoran una cuestión vital: sectores como la salud, la alimentación o el transporte no siempre son accesibles en la España Vaciada. Hace falta un sistema de distribución lo suficientemente robusto como para garantizar un servicio igual de eficaz a una capital como Madrid o Barcelona que a un municipio de 200 habitantes, y el modelo cooperativista es la piedra angular para cumplir con ello. 

Cooperativismo y cohesión territorial

Dinamizar el entorno rural es la única vía para distensionar y descongestionar las grandes ciudades que se acercan al colapso. Pero para conseguirlo hay que encajar primero todas las piezas que componen un entramado tan complejo, desde la rehabilitación de carreteras e infraestructuras en mal estado hasta la trazabilidad de alternativas que superen las barreras físicas, como los centros automatizados o las herramientas telemáticas.

Una misión de este calibre trae consigo muchas preguntas por hacerse: ¿Es factible la igualdad de oportunidades real entre territorios tan distintos? ¿Qué impacto económico tiene mantener servicios en lugares prácticamente despoblados? ¿Qué ocurre desde que un medicamento se patenta hasta que llega a los diferentes puntos del país? ¿Hasta qué punto el modelo cooperativo es imprescindible para la supervivencia de algunos municipios?

Para analizarlas todas, elDiario.es ha organizado junto a Bidafarma la mesa de debate Cooperativismo: el modelo que mantiene vivos los pueblos donde el mercado no llega, en la que contará con la intervención de Antonio Mingorance, presidente de Bidafarma; Carlos Jiménez Contreras, presidente de UNiDE / FECOMA, y Ana de los Ángeles Marín Andréu, directora general de Políticas contra la Despoblación del del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El encuentro se emitirá el 16 de junio a las 18h en las web de elDiario.es y estará moderado por David Noriega, jefe de Sociedad.

Los partidos políticos con representación parlamentaria en Asturias han demostrado este jueves que cuando sus representantes tienen interés en dialogar es más fácil sacar adelante una ley que permita reducir las trabas administrativas y mejorar al sector afectado. Y es lo que ha ocurrido con la nueva Ley de Cooperativas aprobada esta mañana en el parlamento asturiano con un amplio consenso parlamentario. La norma ha salido adelante con 41 votos a favor y cuatro abstenciones.

Actualmente, hay 169 cooperativas en el Principado que dan empleo a cerca de 3.000 trabajadores. Si se suman las sociedades laborales, que también forman parte de la economía social, el cómputo asciende a 383 empresas y 5.000 empleos directos.

El volumen anual de negocio que genera este sector ronda los 380 millones, según los datos facilitados por el Gobierno de Asturias.

Modernizar el marco jurídico

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha defendido hoy en la Junta General del Principado esta nueva ley que se caracteriza por modernizar de forma integral el marco jurídico de la economía social e impulsa el emprendimiento colectivo.

El texto sustituye a la ley vigente desde 2010 y es fruto de la negociación dentro de un proceso de diálogo institucional y social.

Cuando la política se toma en serio su función transformadora se nota en la vida real, porque hay menos obstáculos administrativos, mayor seguridad jurídica y nuevas oportunidades para las empresas

Borja Sánchez — Consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias

El valor político del consenso

Borja Sánchez ha destacado el amplio consenso parlamentario escenificado esta mañana en el parlamento asturiano.

Para el consejero, este consenso tiene un enorme valor político y práctico: “cuando la política se toma en serio -ha asegurado- su función transformadora se nota en la vida real, porque hay menos obstáculos administrativos, mayor seguridad jurídica y nuevas oportunidades para las empresas”.

Los cinco ejes principales

La nueva norma, estructurada en 185 artículos, configura un marco más ágil para el tejido productivo asturiano a través de cinco ejes principales: facilidades para emprender, flexibilidad económica, simplificación de la gestión, digitalización total y nuevas realidades.

Facilidades para emprender: reduce a dos el número mínimo de personas socias para constituir una cooperativa de primer grado, lo que evita que pequeños proyectos queden descartados.

Flexibilidad económica: mantiene el capital social mínimo en 3.000 euros, pero permite iniciar la actividad con un desembolso inicial del 25% y aportar el resto en un plazo de cuatro años.

Simplificación de la gestión: adapta las obligaciones al tamaño real de la empresa. El consejo rector solo será obligatorio a partir de diez personas socias y la figura de la intervención pasa a ser opcional en las cooperativas más pequeñas.

Digitalización total: consolida la sede electrónica y la página web corporativa como herramientas plenas para la comunicación y la publicidad.

Nuevas realidades: incorpora de forma expresa las cooperativas de industrias culturales y creativas junto con las de impulso empresarial y las de desarrollo local, fundamentales para fijar población y servicios en el medio rural.

Un sector estratégico para Asturias

El consejero ha incidido en que el cooperativismo no es un sector marginal, sino “emprendimiento colectivo en estado puro”.

“Esta fórmula de propiedad compartida y gestión democrática resulta esencial para el Principado como motor de arraigo territorial”, ha subrayado.

La nueva norma incorpora medidas que eran demandadas por el sector para facilitar la creación de nuevas entidades, reducir cargas burocráticas y adaptar la legislación a la realidad económica y social actual.

La valoración de ASATA

La agrupación de empresas de economía social de Asturias ASATA considera positiva la modernización normativa, que reduce burocracia, facilita la creación de cooperativas y reconoce nuevas fórmulas empresariales, aunque advierte de que su impacto dependerá de cómo se aplique y de los recursos que se destinen a su desarrollo.

Para la agrupación, la nueva ley supone un paso adelante para reforzar la competitividad de las cooperativas asturianas, mejorar su seguridad jurídica y eliminar obstáculos administrativos que, en muchas ocasiones, dificultaban la puesta en marcha y el funcionamiento ordinario de estas empresas de economía social.

La escucha activa

ASATA valora también que durante la tramitación de la norma se hayan tenido en cuenta propuestas y enmiendas trasladadas por la agrupación, en el marco del diálogo con el sector. A juicio de la entidad, “esta incorporación confirma la importancia de que las políticas públicas vinculadas a la economía social se construyan escuchando a quienes trabajan diariamente con las cooperativas y conocen sus necesidades reales”.

Su presidente, Ruperto Iglesias, está convencido de que esta es una ley “positiva, modernizadora y necesaria, que recoge avances importantes para el cooperativismo asturiano”.

Medidas en “la buena dirección”

Bajo su prisma, reducir burocracia, facilitar la constitución de cooperativas con dos personas socias, flexibilizar el desembolso del capital social y adaptar la organización interna de las entidades a su tamaño real son medidas que “van en la buena dirección”.

Entre los aspectos más relevantes de la norma, ASATA destaca la posibilidad de constituir cooperativas con un mínimo de dos personas socias, una medida que, según expone, puede facilitar el nacimiento de nuevos proyectos y evitar que algunas entidades entren en causa de disolución por la reducción de integrantes.

Menos trabas burocráticas

La entidad también valora positivamente que se mantenga el capital social mínimo en 3.000 euros, permitiendo que pueda desembolsarse de forma aplazada, con una aportación inicial mínima del 25%.

“Esta ley quita trabas y eso es importante. Para muchas iniciativas pequeñas, especialmente en el ámbito profesional, rural o de emprendimiento joven, los requisitos formales podían convertirse en una barrera de entrada. La posibilidad de crear cooperativas más pequeñas y flexibles puede abrir nuevas oportunidades para emprender colectivamente en Asturias”, afirma su presidente.

Otras actuaciones acertadas

La agrupación también considera acertada la simplificación de determinadas obligaciones administrativas, como que el consejo rector solo sea obligatorio en cooperativas con diez o más personas socias, permitiendo a las de menor tamaño optar por uno o dos administradores.

Del mismo modo, valora la eliminación del informe de gestión como obligación genérica junto al depósito de cuentas anuales, la posibilidad de realizar determinados procesos de disolución, liquidación y extinción de forma simultánea, y la supresión de publicaciones obligatorias en prensa en algunos supuestos.

Más recursos

No obstante, advierte de que la aprobación de la ley no puede ser entendida como un punto final, sino como el inicio de una nueva etapa que exigirá compromiso político, recursos técnicos y capacidad de gestión por parte del Gobierno asturiano.

En este sentido, la agrupación agradece el apoyo de los grupos parlamentarios que han respaldado la nueva norma y valora especialmente el amplio consenso alcanzado en torno a una ley relevante para el futuro del cooperativismo asturiano.

El reconocimiento al cooperativismo

Para ASATA, este acuerdo evidencia que la economía social debe ocupar un espacio compartido en la agenda pública, por encima de diferencias partidistas, y que el cooperativismo cuenta con un reconocimiento creciente como herramienta útil para generar empleo estable, arraigo territorial y desarrollo económico equilibrado.

“Valoramos el avance, pero no podemos ser complacientes. Una buena ley -añade- no basta si después la administración no funciona con agilidad, si los trámites siguen siendo lentos o si las cooperativas no encuentran acompañamiento cuando lo necesitan”.

Ruperto Iglesias cree que el Gobierno ha dado un paso importante y el consenso parlamentario alcanzado refuerza el valor de esta norma.

“Ahora toca demostrar que Asturias cree de verdad en el cooperativismo como motor económico y social”, incide.

Valoramos el avance, pero no podemos ser complacientes. Una buena ley no basta si después la administración no funciona con agilidad, si los trámites siguen siendo lentos o si las cooperativas no encuentran acompañamiento cuando lo necesitan. Ahora toca demostrar que Asturias cree de verdad en el cooperativismo como motor económico y social

Ruperto Iglesias — Presidente de ASATA

Generar empleo estable

La nueva ley también incorpora figuras como las cooperativas de impulso empresarial y las cooperativas de desarrollo local que ASATA considera especialmente relevantes para generar empleo estable, fijar población, dinamizar el territorio y dar respuesta a nuevas formas de actividad económica desde los principios de la economía social.

“Las cooperativas de impulso empresarial y las de desarrollo local pueden ser herramientas muy útiles si se despliegan bien”, manifiesta el presidente de la agrupación.

De ideas a proyectos viables

ASATA estima que Asturias necesita fórmulas que ayuden a transformar ideas en proyectos viables, especialmente en los territorios donde el emprendimiento individual tiene más dificultades y donde la cooperación puede marcar la diferencia.

La agrupación valora igualmente que la norma refuerce el uso de la página web corporativa como instrumento de publicidad, comunicación y participación, así como su utilidad para favorecer reuniones y encuentros telemáticos.

Políticas activas

Para la organización, esta adaptación a las herramientas digitales es imprescindible para modernizar el funcionamiento cooperativo y facilitar la participación de las personas socias.

La entidad recuerda, además, que las cooperativas son empresas democráticas, arraigadas en el territorio y comprometidas con la creación de empleo estable y con una distribución más equilibrada de la riqueza. Por ello, insiste en que la nueva ley debe ir acompañada de políticas activas de fomento del cooperativismo, formación, asesoramiento especializado, financiación adaptada y presencia de la economía social en las estrategias de desarrollo económico del Principado.

Convertir el acuerdo en resultados

“La ley abre una oportunidad. Agradecemos el apoyo de los grupos que la han hecho posible y el amplio consenso alcanzado, pero ahora hay que convertir ese acuerdo en resultados: más cooperativas, menos burocracia real, más empleo estable y más economía social en Asturias”, corrobora Ruperto Iglesias.

ASATA se compromete a colaborar con lealtad institucional, pero al mismo tiempo anuncia que va a ser exigente para que esta norma no se quede “en una buena intención legislativa”.

Esta semana podría marcar un antes y un después en el devenir cultural de Barcelona. Decenas de colectivos procedentes de los circuitos de base, entre ellos espacios del subsuelo y la contracultura, equipamientos municipales de gestión comunitaria y cooperativas y proyectos de la economía solidaria, se han reunido dos días en el Centre Cultural La Model. El objetivo de las ‘Jornades de Treball de Cultura de Base i Comunitària’ era elaborar propuestas que, más allá de garantizar la subsistencia de los proyectos culturales de base, impugnen un modelo de “ciudad sumida en la lógica neoliberal” que ha perdido decenas de espacios y puede perder aún más.

El encuentro parte de un diagnóstico claro presentado por Diego Salazar, socio fundador de la cooperativa Connectats e impulsor del proyecto Fes! Cultura. Así como está clara la existencia de un modelo cultural privado y otro modelo institucional, “no hay un reconocimiento político ni mediático de un tercer modelo que es la cultura de base y comunitaria”.

Sin embargo, la vida cultural de Barcelona no se puede explicar sin esta tercera pata en la que orbitan cientos de espacios y proyectos que no entienden la cultura como un producto que vende la empresa privada o como un servicio que ofrece la administración al ciudadano, sino como dinámicas cotidianas diseminadas por los barrios y de las que los habitantes son partícipes activos. “Es urgente cambiar el marco cultural de esta ciudad” porque “sin cultura de base no hay cultura de ciudad”, concluyó.

Un frente de luchas compartidas

A diferencia de otros momentos en los que la cultura de base se postulaba como un gremio con demandas concretas y particularidades muy sectoriales, e incluso como una plataforma desde la que resolver problemas concretos, en La Model flotaba la necesidad, diríase que hasta la urgencia, de conectarse con otras luchas de ciudad. Algunas intervenciones estuvieron protagonizadas por portavoces del movimiento Regularización Ya!, del colectivo No a l’Ampliació del Macba, de la Plataforma de Gestió Ciutadana (cuyas entidades gestionan 80 proyectos) y de Cultura Coop (con 120 cooperativas culturales en Catalunya).

Perfectamente hubiesen encajado más intervenciones de docentes, bibliotecarios y espacios okupados, pues, en palabras de Salazar, lo que se estaba impugnando era “un modelo de ciudad que no reconoce ni cuida las formas de cultura que producen las comunidades, sostienen la vida de los barrios y quedan fuera de las lógicas extractivistas del mercado”.

Las cifras presentadas fueron concluyentes. Los 112 millones destinados a la ampliación del MNAC, los 16 para la del Macba, los 70 para la construcción de una nueva sede del Liceu en el Port Vell o los 11 para el nuevo teatro y escuela de artes escénicas Génesis contrastan con los apenas 15 millones que destina el ayuntamiento al tejido cultural barcelonés.

La desproporción entre grandes inversiones y la paralela desatención a “artistas, colectivos y entidades de base que sostienen la cultura desde el territorio” revelan un modelo de ciudad “entregada al turismo, al negocio urbanístico y a la expulsión vecinal”, mientras “la cultura arraigada en los barrios se relega al ostracismo”, apuntó Salazar. Semolina Tomic, directora del Antic Teatre, calificó los patronatos y fundaciones que gestionan los grandes recintos culturales de la ciudad como “un entramado neoliberal muy heavy en favor de unos pocos”.

El encuentro de esta semana tiene su raíz en jornadas intermitentes que se han ido celebrando desde 2018. Pero, como remarcó Gerard Altaió, poeta y artista visual, esta vez la intención era ir más allá del diagnóstico de carencias y problemática para dibujar un nuevo escenario donde la cultura de base y comunitaria juegue un papel central en el entramado de la ciudad. Para ello, se organizaron siete mesas de trabajo desde las que profundizar en diferentes ámbitos y trazar unas primeras líneas de acción.

Las hubo sobre sostenibilidad económica y laboral, sobre la lucha para preservar los espacios, sobre burocracia administrativa, sobre reconocimiento institucional, sobre articulación interna y autoorganización, sobre alianzas con otras luchas ciudadanas y sobre cómo generar un relato que visibilice y legitime la aportación de la cultura de base y comunitaria a la sociedad.

Avalancha de propuestas

Propuestas no faltaron. La primera, reclamar una interlocución directa con el Ministerio de Trabajo, y no ya con el de Cultura, para asentar de una vez las especificidades laborales de los trabajadores del sector. La segunda, reclamar el censo de edificios de titularidad pública de Barcelona para, por un lado, saber quién los gestiona y si están ofreciendo algún tipo de retorno a la ciudad y, por otro, exigir la implantación de modelos de cogobernanza público-comunitaria.

También se habló de crear un observatorio que investigue cómo se reparten los presupuestos de cultura y a quién van. Y de aplicar prácticas reparadoras a los colectivos sistemáticamente excluidos que impliquen no solo cuotas preferenciales en puestos de trabajo, sino también destinar recursos específicos.

La avalancha de demandas y propuestas fue ordenada en una asamblea final dinamizada por la arquitecta Itziar González. Su elección no era caprichosa, pues preside el Observatori Ciutadà Contra la Corrupció. Lo primero que hizo fue asumir que todas las propuestas “serían integrales y no pensadas para satisfacer capillitas”. Y así fue. Tan integrales eran que muchas de ellas quedaron en simples esbozos de intenciones. No es fácil concretar tanto en tan pocas horas.

Aun así, y fruto de esa necesidad de plantear soluciones estructurales a problemas estructurales, apareció como una inesperada tabla de salvación articular una alianza sólida con la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Un frente común de espacios de cultura de base y comunitaria, de cooperativas y asociaciones en la órbita de la economía social y solidaria ya serían palabras mayores. Como lo es el concepto de los derechos culturales. Como lo es el de bien común frente al del ánimo de lucro. Se habló incluso de reforzar el ya existente Laboratorio Jurídico impulsado por la XES con demandas específicas desde el flanco cultural.

Por escrito todo suena algo espeso y confuso, pero, en caso de concretarse, son medidas y estrategias que atacarían directamente a la línea de flotación del sistema cultural barcelonés tal y como se entiende desde hace décadas. Porque en La Model no se habló solo de recursos económicos, sino de política y, más concretamente, de “un pacto social contra el actual modelo de política cultural”.

No faltó quien subrayó que nada de esto será posible si la ciudadanía no defiende sus derechos culturales como los educativos y sanitarios. Y ahí hay un gran desafío. Tal vez por ello se incidió en la importancia de la cultura de base, sus espacios diversos y prácticas comunitarias, como un dique fundamental ante el auge de la extrema derecha. Tampoco faltó quien lamentó tanta utopía. A esto último, González solo respondió: “Todo es utopía hasta que deja de serlo”.

Ni el Ministro de Cultura ni el PSC

En el acto final, el de presentación de conclusiones, destacó y fue destacada la ausencia de varias autoridades convocadas, pues habían confirmado su asistencia. Ni el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ni nadie del gabinete del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acudieron a La Model. Semolina Tomic, de l’Antic Teatre, no se mordió la lengua. “Todo el PSC ha excusado su presencia”, informó, “pero yo quiero denunciar su ausencia. Su deber era estar aquí. Pagamos su sueldo con nuestro dinero”, recordó, mientras lamentaba el agravio comparativo que supone que, “cuando una empresa como Focus presenta la maqueta de su nuevo edificio allí están todas las autoridades”.

Para gran parte de los allí presentes, la ausencia de autoridades del Ayuntamiento es una forma de negar una realidad: la de la existencia de estos circuitos y espacios de cultura de base y comunitaria. “Y es una negación que dura ya cuarenta años”, recordó Tomic.

Tanto entre los ponentes de las jornadas como entre los asistentes destacó la diversidad de perfiles, reflejo de la diversidad ya existente no solo en la ciudad sino en muchos de los espacios de gestión comunitaria que nutren de vida y cultura el subsuelo barcelonés. La paridad de género estuvo más que superada y la presencia de identidades no binarias también era notable.

Además, llamó positivamente la atención la variedad de acentos catalanes: no solo de Sarrià o Sant Andreu, sino también gallegos y castellanos, latinoamericanos y balcánicos, prueba de que muchos de los espacios que garantizan que Barcelona no sea solo una ciudad macrofestivalera y disponga de actividad cultural durante todo el año están sostenidos por catalanes llegados de todos los rincones del planeta.

La única presencia no prevista el martes en La Model fue el muy violento chaparrón que cayó durante el acto de la clausura. No solo llovió agua; también, piedra. Más de uno lo interpretó como una metáfora climatológica de la que se avecina. Las elecciones municipales de mayo de 2027 son el horizonte cargado de nubarrones que tienen entre ceja y ceja los impulsores del encuentro.

Así lo debieron percibir los representantes de los tres únicos partidos políticos presentes en la sala: Barcelona En Comú, ERC y CUP. El objetivo de los espacios de cultura de base y comunitaria reunidos esta semana ya no es mendigar recursos para seguir existiendo desde la marginalidad económica y política, sino hacer temblar las estructuras que sostienen el entramado cultural de Barcelona.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, acompañada por la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha presentado este viernes la convocatoria de subvenciones destinadas al emprendimiento y a la consolidación de las sociedades cooperativas de trabajo asociado, sociedades cooperativas de trabajo asociado micro, sociedades laborales y empresas de inserción sociolaboral. 

Dotada de 114.100 euros, esta línea dirigida estará abierta durante treinta días hábiles a partir de mañana sábado y “supone un avance significativo en el apoyo a la economía social y refuerza el compromiso del Gobierno de La Rioja con los modelos asociativos y colaborativos”. 

León ha destacado que la partida permitirá “potenciar proyectos y consolidar el tejido existente, promoviendo el acceso a la financiación, la mejora de estructuras, el asesoramiento y la difusión de los valores cooperativos en la región, así como fomentar la generación de empleo estable y el impulso del emprendimiento colectivo”. Actualmente, en La Rioja hay un total de 120 cooperativas no agrarias activas que aglutinan a 449 socios.

La consejera ha puesto en valor “la importancia del cooperativismo como herramienta para favorecer el arraigo poblacional y la cohesión territorial en una Comunidad como La Rioja, caracterizada por la presencia de numerosos pequeños municipios”. En este sentido, “las fórmulas de economía social representan una alternativa empresarial capaz de generar empleo estable y oportunidades de desarrollo en el medio rural”.

La finalidad de esta convocatoria, ha indicado Pilar Simón, “es apoyar el desarrollo de proyectos de emprendimiento y modernización de este tipo de empresas de economía social, mediante la mejora de su competitividad, facilitando así su consolidación”.

La Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo ha incluido esta ayuda en el Plan Estratégico de actuaciones para este año 2026. Desde que en 2022 el Parlamento de La Rioja aprobase por unanimidad La Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre Economía Social y Solidaria de La Rioja, el Gobierno de La Rioja ha fortalecido “su compromiso con este sector, gracias a la constitución del Consejo de Economía Social y Solidaria y a la creación de la Cátedra de Economía Social y Solidaria con la Universidad de La Rioja, así como al apoyo a la promoción del cooperativismo riojano y a los establecimientos comerciales en pequeños municipios”.

Estas subvenciones se financiarán exclusivamente con fondos propios de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con cargo a los créditos consignados en la Ley 8/2025, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2026.

Actuaciones subvencionables

Se consideran subvencionables las actuaciones desarrolladas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año 2026 en líneas como las subvenciones directas por inversión que contribuyan a la modernización y consolidación o mejora de la competitividad de cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción sociolaboral; la contratación de servicios de asistencia técnica; la realización de estudios de viabilidad, organización, comercialización o diagnosis; la implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión medioambiental; o la consultoría de innovación, en relación con la mejora de productos o procesos, diseño industrial o desarrollo de nuevos productos.

El importe máximo por solicitante es de 1.700 euros, independientemente de si la solicitud se refiere a gastos de inversión, de servicios de asistencia técnica o ambos.

Diversas entidades por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes por la tarde en el solar de la calle Llull 355, en Barcelona, para protestar contra la “privatización de la vivienda protegida”. Este amplio espacio vacío acogerá próximamente una promoción que correrá a cargo de la constructora Corp, que será la misma que edificará otros dos edificios en el mismo barrio. Entre todas, sumarán más de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO), casi la mitad de las que actualmente el Ayuntamiento tiene adjudicadas o en proceso de adjudicación.

Corp, una constructora a la que la justicia ha anulado recientemente una promoción de pisos de lujo, salió vencedora de la licitación pocos meses antes de que el consistorio presentara otros dos concursos abiertos a operadores privados para construir 600 viviendas más. Todo ello, según las entidades concentradas, supone un “proceso privatizador en medio de una emergencia habitacional grave”. Consideran que el hecho de que las promociones se estén adjudicando a promotoras privadas “favorece los intereses de la patronal inmobiliaria, asegurándoles beneficios astronómicos”.

Este tipo de promociones dedicadas a vivienda protegida suponen la cesión del terreno y la finca gratis durante 30 años y cuentan con subvenciones y financiación públicas que cubren el 100% del coste de construcción, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La administración también ha calculado que los beneficios que Corp puede sacar de un solar como el de Llull ronda el 11% anual. Con todo, las entidades convocantes -la XES, el Observatorio DESCA, la PAH, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, Habicoop y organizaciones juveniles de UGT y CCOO- han calculado que los beneficios de estas constructoras pueden rondar los 600 millones.

“Son beneficios estables y crecientes, ya que los alquileres aumentarán de la mano del IPC, todo ello en base a fondos públicos”, apuntan desde la XES. Esta entidad se muestra de acuerdo en que la prioridad es construir vivienda pública y protegida, pero considera que es una “contradicción” que la misma se encargue a empresas privadas. “Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir en suelo público, se debería encargar la gestión y la edificación a entidades sin ánimo de lucro”, apuntan desde la Federación de Cooperativas de Vivienda. “No tiene sentudi que estemos pensando en regular el uso social de la vivienda en suelo privado, pero se impulse la privatización en el suelo público”, remachan.

En esta línea, las entidades convocantes lamentan que las cooperativas de vivienda sólo han conseguido la adjudicación -todavía sin confirmar- de 200 VPO, lo que para los convocantes es un “agravio” y una “irresponsabilidad”, además de una vulneración del convenio ESAL, un pacto con el consistorio que establece que las cooperativas construirían y gestionarían 1.000 viviendas.

Que el peso de la balanza caiga del lado de las promotoras privadas, según alertan desde la PAH, “desplaza la función social de la vivienda”, lo cual es “especialmente grave” al tratarse de VPO, que están destinadas a “familias vulnerables sin más alternativa”. Lamentan que la administración esté cediendo el suelo público a empresas privadas que gestionarán estos pisos durante 99 años y recuerdan que cuando los operadores privados han sido las encargadas de VPO “los derechos de las inquilinas se han visto perjudicados”.

En esta línea, han recordado lo sucedido en hasta 34 promociones de vivienda protegida gestionadas por La Caixa, en las que los vecinos denunciaron falta de mantenimiento en los edificios, subidas de precio injustificadas, no renovación de contratos, expulsiones y cobro de cláusulas abusivas. Estos edificios fueron construidos por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 y por los que cobró más de 25 millones de euros en subvenciones.

Este caso dio paso a una campaña que vino a demostrar que el banco inició “prácticas especulativas feroces” en cuanto hubo recuperado la inversión inicial y los pisos pasaron a estar en una fase en la que la normativa le permitía vender o alquilar a precios “estipulados”, pero sin obligación alguna de tener las viviendas ocupadas.

“El resultado aumentó el patrimonio inmobiliario de La Caixa, que ha terminado desligándose de las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público”, denunciaron en su momento desde el Sindicat de Llogateres, entidad que acompañó a las vecinas afectadas.

Es cierto que actualmente esta situación no se podría repetir ya que, desde 2019, todas las viviendas de promoción pública en Catalunya mantienen la protección de forma indefinida, pero las entidades convocantes alertan de que “los operadores privados todavía pueden encontrar maneras de maximizar beneficios”, y apuntan a posibles cláusulas abusivas o la desinversión en el mantenimiento.

En este sentido, ponen la vista en el Plan Estatal de Vivienda, que también se ha presentado este martes y que, entre otras cosas, pretende blindar la VPO para siempre. “El Gobierno dice que ni un euro de este plan va a ir a parar a la especulación, pero eso es mentira si se cede el suelo público a grandes corporaciones inmobiliarias que se dedican a las viviendas de lujo”, alertan desde el Sindicat de Llogateres.

Por ello, los organizadores de la concentración exigen al gobierno municipal que pare los concursos abiertos -a los cuales han anunciado que presentarán enmiendas- y que destine ese suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL. “Es un cambio de paradigma: hay que dejar de usar estos pisos como anzuelo para la iniciativa privada. La solución a la crisis pasa por desmercantilizar la vivienda”.

Hay proyectos que no nacen en una pizarra ni en un plan de negocio. Surgen, más bien, de una incomodidad persistente con cómo funcionan las cosas. De una necesidad de hacerlas de otra manera. Así nace Sentido Inverso, una cooperativa granadina que ha decidido cuestionar la lógica tradicional de la consultoría para ponerla al servicio de quienes, casi siempre, se quedan fuera del foco.

“La idea surgió en 2024, tras años trabajando en entidades sociales, de una necesidad que detectamos: queríamos crear un proyecto empresarial donde el factor humano y la colaboración fueran el eje central, no sólo un recurso”, explica Jemi Sánchez, cofundadora junto a Margarita Arango. Dos perfiles, el social y el jurídico, que se complementan para sostener un modelo que no se limita a asesorar desde un despacho, sino que se implica directamente en la intervención.

Esa vocación de ir a contracorriente no es sólo un relato, sino el punto de partida de todo el proyecto. Sentido Inverso SCA nace en julio de 2024 como una apuesta consciente por “subvertir las estructuras tradicionales del emprendimiento y la intervención social”, desde una identidad feminista, sostenible y profundamente vinculada a las realidades que suelen quedar en los márgenes. Si el primer año fue el del arranque y la incertidumbre, 2025 sirvió para validar ese “pensamiento inverso” como una metodología sólida: “Hemos transformado la resiliencia en solvencia técnica”, explican, demostrando que es posible gestionar servicios públicos complejos y asesorar a grandes entidades sin renunciar a la cercanía ni al rigor humano. Hoy, lo que comenzó como un proyecto de autoempleo se ha consolidado como un agente de transformación social con proyección en toda Andalucía.

Esa evolución se traduce en una estructura de trabajo que articula lo social, lo jurídico y lo educativo como piezas de un mismo engranaje. Desde la gestión integral de proyectos, planes estratégicos o políticas públicas hasta la intervención directa con personas migrantes, víctimas de violencias o en situación de sinhogarismo, pasando por el asesoramiento jurídico especializado -especialmente en extranjería y protección de víctimas- o el desarrollo de programas educativos vinculados a la infancia vulnerable, la corresponsabilidad y la participación comunitaria. Una propuesta que no separa despacho y territorio, y cuya singularidad reside precisamente en esa fusión: convertir la consultoría técnica en una herramienta útil para intervenir en realidades de alta complejidad humana sin perder de vista el impacto directo.

Algo más que consultoría

Porque Sentido Inverso no es sólo una consultora. Es también calle, acompañamiento y presencia. En colaboración con el Ayuntamiento de Granada, gestionan la Unidad Móvil de atención a mujeres en contextos de prostitución, donde ofrecen apoyo social, jurídico y sanitario. Un trabajo que se extiende también a la infancia en situación de vulnerabilidad y a mujeres cuidadoras, con intervención directa en barrios como Norte y Zaidín. “Lo que más nos llena es ver el impacto tangible. No se trata sólo de números o de estrategia sobre el papel, sino de ver cómo una organización o una persona logra transformar su entorno gracias a una gestión más consciente y social”, explica Sánchez.

Esa doble dimensión, la de consultoría e intervención, es precisamente uno de los rasgos que define su modelo. Por un lado, diseñan estrategias de crecimiento y consolidación para entidades del tercer sector, acompañan en la captación de fondos públicos y privados y forman a equipos en intervención social, gestión emocional o enfoque interseccional. Por otro, aplican ese conocimiento directamente sobre el terreno, en contextos donde la desigualdad no es un concepto abstracto, sino una realidad cotidiana.

En ese cruce aparece también uno de sus principales retos: sostener el equilibrio. “En una consultoría que vive la economía social, el reto es demostrar que la rentabilidad económica y el impacto social no son enemigos, sino aliados”, señala Sánchez. “A veces toca romper muchos techos de cristal y prejuicios sobre cómo debe gestionarse una empresa hoy en día”. Sentido Inverso se define como una entidad sin ánimo de lucro que genera empleo -actualmente cuenta con un equipo multidisciplinar de 11 personas- y reinvierte sus beneficios en su propio objeto social. Un planteamiento que cuestiona directamente la dicotomía clásica entre lo económico y lo social, y que se alinea con los principios del cooperativismo.

No es casualidad que su propia identidad se articule en torno a una metáfora: Venus, el único planeta del sistema solar que gira en sentido contrario. “No seguimos la inercia del mercado tradicional”, explican desde la entidad. Una forma de entender la empresa que no nace de la lógica del beneficio, sino de la urgencia de intervenir sobre la desigualdad desde la raíz. Ese posicionamiento les ha valido distintos reconocimientos en el ámbito de la economía social y el emprendimiento, entre ellos su paso por la II edición de los Premios +Coop Granada impulsados por FAECTA Granada. Un respaldo que, lejos de cerrar una etapa, refuerza su hoja de ruta.

“Este reconocimiento es un impulso de energía que nos confirma que no estamos solas en esta visión”, apunta Sánchez. “Lo sentimos como una victoria colectiva, de todas las personas y entidades que creen que otra forma de hacer empresa -más justa, equilibrada y humana- es posible”. A corto y medio plazo, el objetivo es claro: consolidar un modelo en el que lo sostenible, lo social y lo rentable no compitan entre sí, sino que se refuercen mutuamente. Y hacerlo crecer. Actualmente con presencia en Granada y Málaga, Sentido Inverso aspira a extender su acompañamiento a otras provincias andaluzas, llevando ese “sentido inverso” a más organizaciones y territorios.

Porque, en el fondo, de eso se trata: de demostrar que otra forma de hacer empresa no sólo es deseable, sino viable. Y que, cuando el foco se pone en las personas, la transformación deja de ser un discurso para convertirse en práctica cotidiana.

La nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social ya es una realidad, aprobada este jueves de manera definitiva por el Congreso de los Diputados, y que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Entre las novedades más destacadas, la norma incluye medidas como nuevas ayudas fiscales a las cooperativas de viviendas en cesión de uso, más causas para descalificar a falsas cooperativas y más colectivos que pueden contratar las empresas de inserción, entre otras.

El Ministerio liderado por Yolanda Díaz, que ha impulsado la regulación, destacaba este jueves que la llamada “economía social” representa “un modelo económico alternativo que prioriza las personas por encima de los beneficios, promoviendo formas empresariales más justas, resistentes, horizontales y democráticas, y que permiten cohesionar el territorio combatiendo la despoblación rural y fomentando el arraigo”.

En concreto, la ley recoge las entidades que forman parte de la economía social, con la novedad de delimitar los centros especiales de empleo solo a aquellos de “iniciativa social”. Son “las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo de iniciativa social, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación, las empresas sociales” que se rijan por los principios establecidos para este tipo de economía.

No se trata de un “apartado menor” de la economía, ha recordado este jueves Yolanda Díaz, ya que supone el 11% del PIB, más de 127.000 empresas y entidades, de las que dependen más de 2,2 millones de empleos directos e indirectos, ha cifrado su Ministerio.

Así, la nueva legislación incluye cambios en cuatro leyes que integraban el ecosistema normativo de este sector: la Ley de Cooperativas, la de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas.

A continuación, sin que sea una enumeración exhaustiva, se recogen algunas de las novedades más relevantes de la ley, que ha destacado el Ministerio y otros colectivos de la economía social.

Ayudas fiscales a vivienda de cesión de uso

La ley favorece por primera vez las cooperativas de vivienda de cesión de uso, al considerarlas “especialmente protegidas”. Se trata de un modelo todavía poco conocido, pero que está empezando a crecer en algunas zonas. A diferencia de otras fórmulas cooperativas, esta no se disuelve cuando se construye la promoción ni se reparte la propiedad, sino que es la entidad quien la mantiene y transfiere el derecho de uso a los socios.

Esta nueva legislación introduce así las cooperativas de vivienda de cesión de uso como “como cooperativa especialmente protegida”, siempre que mantengan la propiedad de las viviendas, no repartan retornos y cumplan requisitos específicos. Este reconocimiento otorga a estas cooperativas el acceso a determinados beneficios fiscales.

Más foco para destapar falsas cooperativas

La ley refuerza las causas de descalificación administrativa para actuar frente a entidades que operan bajo apariencia cooperativa, pero que vulneran sus principios y valores. Es decir, las falsas cooperativas que en algunos sectores han hecho mucha mella y han requerido de una intensa actuación de la Inspección de Trabajo, como ocurrió con Servicarne.

Por ejemplo, detalla la descalificación “cuando la prestación del trabajo de las personas socias trabajadoras o socias de trabajo no se desarrolle de acuerdo con su estatuto jurídico, con participación efectiva en la gestión democrática y en el ámbito de organización y dirección de la cooperativa, así como cuando se encubra bajo la forma cooperativa finalidades propias de otras clases de sociedades o cuando se advierta la dependencia de otras entidades o personas”, entre otras causas.

Digitalización y planes de igualdad en cooperativas

La norma también incorpora novedades en el terreno de la digitalización de las cooperativas, para adaptar “al siglo XXI el funcionamiento interno” de estas organizaciones, destaca el Ministerio de Trabajo, a través de la regulación de las comunicaciones electrónicas, la participación telemática en asambleas y consejos rectores, y el refuerzo del derecho de información de las personas socias, entre otros puntos.

La ley incorpora también medidas de igualdad ajustadas a su singularidad, como “planes de igualdad cooperativos”. Por ejemplo, también contempla una nueva Comisión de Igualdad, impulsa la conciliación y establece un nuevo principio de “presencia equilibrada” de mujeres y hombres en los órganos de la sociedad, como su Consejo Rector y Asamblea General.

Nuevos colectivos de trabajadores de centros de inserción

Con un lenguaje “menos estigmatizante”, destacan en el Ministerio de Trabajo, el texto incluye una definición de empresa de inserción “más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral”. La ley además amplía los colectivos de personas que pueden ser empleadas por las empresas de inserción.

Así, podrán contratar “como trabajadoras en inserción a las personas desempleadas o en situación de mejora de empleo e inscritas en los servicios públicos de empleo expuestas a factores de vulnerabilidad y/o exclusión social” y, específicamente se incorporan colectivos a los ya existentes como personas desempleadas durante dos años o “un período superior a doce meses en caso de ser personas mayores de 45 años”, víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos, y personas inmigrantes, así como beneficiarias de protección internacional, cuando por sus características o circunstancias personales presenten especiales dificultades de integración en el mercado laboral, entre otras.

Más contratación pública social

“La ley eleva la contratación pública reservada, aumentando el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social”, destaca el Ministerio de Trabajo. Además, los pliegos deberán incorporar criterios y condiciones de ejecución que fomenten la contratación de personas en itinerarios de inserción y la subcontratación de empresas de inserción, indican en Trabajo.

La legislación cuenta con el respaldo de la mayor patronal del sector, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que había pedido el apoyo para que saliera adelante en el Parlamento.

“La Economía Social constituye un punto de encuentro político, tal y como se ha reflejado en el compromiso manifestado por los distintos grupos parlamentarios a lo largo de la tramitación de este proyecto legislativo”, ha destacado la confederación presidida por Juan Antonio Pedreño.

La Ley Integral de Impulso de la Economía Social es una realidad. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves de manera definitiva este nuevo marco legal que pretende aglutinar y modernizar tres leyes previas del conjunto de la llamada “economía social”, como las cooperativas y las empresas de inserción, impulsado por el Ministerio de Yolanda Díaz y que cuenta con un amplio respaldo del sector. El Congreso ha recibido de vuelta la norma del Senado y ha rechazado la mayor parte de las enmiendas incluidas por el PP.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha celebrado el trabajo de más de “un año y medio” para sacar esta legislación adelante, con las aportaciones del conjunto de diputados del Congreso y de los senadores de la Cámara Alta.

“Una pequeña reflexión: la economía social en España supone hoy, no un apartado menor de la economía en nuestro país. Es nada más y nada menos que el 11% del PIB, tiene que ver con la vida de muchísimas empresas”, ha destacado Díaz.

El Ministerio de Trabajo destaca que, como sector socialmente estratégico de nuestra actividad, “la Economía Social representa un modelo económico alternativo que prioriza las personas por encima de los beneficios, promoviendo formas empresariales más justas, resistentes, horizontales y democráticas, y que permiten cohesionar el territorio combatiendo la despoblación rural y fomentando el arraigo”.

Modernización de tres leyes previas

Esta Ley Integral supone una actualización del marco jurídico de la economía social en España, que aglutina y reforma tres leyes previas: la Ley de Cooperativas, la Ley de Empresas de Inserción y la Ley de Economía Social.

Además, incorpora una modificación de la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas para impulsar y proteger especialmente por primera vez el modelo de la vivienda cooperativa en cesión de uso, una de las medidas que ha destacado el Ministerio ante al actual problema de acceso y coste de la vivienda en España.

Entre sus novedades, la nueva ley impulsa “fórmulas innovadoras de la Economía Social”, destaca el Ministerio, “como la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso, las comunidades energéticas o el comercio justo”.

Otro de los avances más relevantes es el “refuerzo de las causas de descalificación administrativa” para actuar frente a las falsas cooperativas, entidades que operan bajo una apariencia de supuesta cooperativa,“ pero que vulneran sus principios y valores”, indican en Trabajo.

También se reforma la regulación de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre las novedades, se modifica la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, que pueden ser contratadas a través de estas empresas.

Yolanda Díaz ha destacado que, frente “al ruido” de la política en la actualidad, este jueves se ha celebrado “el valor democrático de las Cámaras, que sirvan para mejorar la vida de la gente”.

La legislación cuenta con el respaldo de la mayor patronal del sector, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que había pedido el apoyo para que saliera adelante. La organización destaca que la economía social supone no solo el 11% del PIB, sino también “cerca de 130.000 empresas y entidades que generan 2,25 millones de empleos directos e indirectos”.

“La Economía Social constituye, además, un punto de encuentro político, tal y como se ha reflejado en el compromiso manifestado por los distintos grupos parlamentarios a lo largo de la tramitación de este proyecto legislativo”, ha destacado CEPES, presidida por Juan Antonio Pedreño.