Talavera de la Reina decidió anoche suspender todas las actividades programadas para este fin de semana relacionadas con la fiesta de Carnaval, San Valentín y la tradicional romería de Santa Apolonia, “en solidaridad con los vecinos afectados por las inundaciones así como por las condiciones meteorológicas adversas”, tras casi una semana con varias calles inundadas por el desbordamiento de los arroyos que atraviesan la población.

La edil de Comercio y Festejos, María Pilar Guerrero, ha explicado que con la situación “complicada” que atraviesa la ciudad se ha tomado esta decisión “con el fin de priorizar la seguridad y el bienestar de la población”.

Entre los eventos cancelados se encuentran: el desfile escolar de Carnaval del viernes 13 de febrero, el flashmob de baile urbano y la actuación de la chirigota del sábado 14 de febrero, y la tradicional romería de Santa Apolonia del domingo 15 de febrero.

Una familia con dos menores desalojada a un polideportivo

La edil ha expresado su apoyo a todas las personas y familias que están viviendo momentos complicados como consecuencia del temporal. De hecho, también en la noche de ayer, el alcalde José Julián Gregorio informó de que se había procedido al desalojo de una familia, dos de ellos menores, dado que su vivienda, ubicada en una de las calles inundadas por los efectos del temporal se encontraba “a ras de suelo” y se estaba inundando.

Una información que también había facilitado el Gobierno de Castilla-La Mancha- que habló del desalojo de cinco personas- y de la activación desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 del ERIE (Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias) de Albergue de Cruz Roja para acoger en el pabellón polideportivo José Ángel de Jesús Encinas a estas personas afectadas, tras pedirlo el ayuntamiento.

El alcalde ha explicado que está atendiendo a esta familia que se encuentra en el polideportivo, “en un lugar con intimidad”, hasta que puedan regresar a su domicilio habitual.

Se trata de una madre con sus cuatro hijos de 19, 17, 13 y 8 años, que viven en un bajo que se ha inundado. Han permanecido en el pabellón hasta las 8 de la mañana, cuando se han marchado a trabajar al colegio e instituto.

Este miércoles, los miembros de Protección Civil realizarán una valoración de la vivienda y la familia continuará atendida tanto por el Ayuntamiento como por personal de Cruz Roja.

Tras la visita, se ha dado a conocer que esta familia será trasladada a las instalaciones del Instituto de Ciencias de la Salud (ICS) y miembros de Protección Civil “acompañarán a sus cinco integrantes a recoger sus enseres y a ayudarles en el traslado”. Además, se ha anunciado que el albergue instalado en el polideportivo José Ángel de Jesús Encinas permanecerá en preventivo.

El alcalde ha agradecido a todos los servicios de emergencias “su incansable labor” ayudando en las labores de achique de agua para que Talavera “vuelva a la normalidad lo antes posible”. A su vez, sigue pidiendo “prudencia” porque la borrasca y las lluvias van a continuar, y ante cualquier emergencia llamen al, 092, al 112 o a Protección Civil.

Aqualia lleva dos bombas de achique de 600.000 litros por hora

El alcalde, José Julián Gregorio, ha agradecido a la empresa Aqualia que haya destinado “más recursos” para ayudar a los vecinos que sufren las inundaciones en sus viviendas que afectan a varias calles de la ciudad. De hecho es la empresa que tiene adjudicado el contrato público para gestionar el abastecimiento y el alcantarillado de la ciudad.

La citada empresa ha proporcionado dos bombas de evacuación de 600.000 litros la hora, más otras tres de menor nivel de evacuación procedentes de la citada empresa de localidades de la provincia “que ya se encuentran en Talavera” achicando agua para paliar los efectos del temporal y ayudar a los vecinos que tienen anegadas sus viviendas o garajes, principalmente en la zona de Entretorres, Hilanderas y Grisetas.

Gregorio asegura que  las medidas “van surtiendo efecto” ya que se está evacuando agua a sazón de “aproximadamente de dos millones de litros a la hora”.

Por otro lado, la Policía Local ha cortado al tráfico la avenida Real Fábrica de Sedas y a través de una tubería se está derivando agua al río. “Esperamos poder aliviar la presión y que el agua vaya descendiendo”. La alternativa que se ofrece al tráfico para los vecinos es la calle Francisco Aguirre.

Una avería en el tritubo -la arteria principal de abastecimiento de agua a Santander desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable del Tojo- está afectando al suministro de agua en varias zonas de la ciudad, especialmente a las altas, con falta de suministro y bajadas de presión en áreas de La Albericia, El Alisal, Monte, Corbán y San Román de la Llanilla. Desde el Ayuntamiento se espera que la incidencia quede solucionada a lo largo de la mañana.

Además, esta avería también ha provocado un reventón en la tubería general en la Avenida de Valdecilla, afectando a algunos números de la calle Padre Rábago, y la previsión es normalizar el suministro en esta zona a última hora de la tarde.

Según ha informado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, alrededor de las 07.15 horas de hoy se ha producido un reventón en la tubería de 500 milímetros, a la altura de Revilla de Camargo, y Aqualia -la empresa concesionaria del servicio de agua- se encuentra trabajando en su reparación “desde el primer momento”.

Tras la avería, se ha procedido al cierre del tramo de tubería afectada y se han ejecutado las maniobras necesarias para desviar y reponer el suministro.

“Se está actuando con refuerzos de personal con el fin de normalizar la situación lo antes posible, especialmente en las zonas altas de la ciudad, donde la presión del agua dificulta el servicio”, ha destacado la concejala, y ha detallado que se han recibido avisos por falta de suministro y bajadas de presión en áreas de La Albericia, El Alisal, Monte, Corbán y San Román de la Llanilla.

Rojo ha asegurado que se espera que el suministro quede restablecido en estas zonas afectadas a lo largo de la mañana y ha indicado que, gracias a los trabajos realizados de forma continuada, se va normalizando progresivamente en los diferentes barrios.

Como consecuencia de esta avería, se ha producido también un reventón en la tubería general en la Avenida de Valdecilla, sobre las 11.00 horas, hasta donde se han desplazado efectivos de Policía Local para garantizar la seguridad en la zona.

Aqualia trabaja también en la reparación de este tramo, que afecta a algunos números de la calle Padre Rábago, y en este caso, la previsión es normalizar el suministro a última hora de la tarde.

Por último, Rojo ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento y de Aqualia para resolver la incidencia con la mayor celeridad posible y ha agradecido la comprensión de los vecinos ante las molestias ocasionadas.

El Tribunal de Cuentas ha vuelto a advertir al Ayuntamiento de Santander que Aqualia no puede cobrar los recibos del agua y alcantarillado a los vecinos porque es un ingreso tributario que no se puede gestionar externamente. Se trata de un aviso que la entidad fiscalizadora ya hizo al Consistorio hace diez años, en 2015, sin que desde entonces se haya corregido. Estos ingresos los sigue percibiendo directamente la empresa, que se encarga de la recaudación en periodo voluntario, “lo cual no se corresponde con la naturaleza de estos derechos de naturaleza tributaria”, especifica textualmente el informe, debiendo integrarse en la Tesorería municipal.

Así, el Tribunal vuelve a insistir en revisar los acuerdos en vigor con la empresa que presta el servicio de suministro de agua y alcantarillado para establecer un régimen de retribución que no implique ceder los ingresos por esas tasas. Una recomendación -recuerda- que ya figuraba recogida en el informe de fiscalización de la gestión recaudatoria en ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes sin órgano de control externo propio, como es el caso de Santander.

El Tribunal de Cuentas cuestiona también que la contabilidad y la liquidación presupuestaria del Ayuntamiento de Santander no recogen el importe de los ingresos procedentes de las tasas por los servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado. Estos datos no aparecen en las cuentas municipales correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021.

Privatización en 2006

El Servicio de Aguas de Santander se privatizó en marzo de 2006 mediante un contrato de gestión de los servicios públicos de suministro de agua y alcantarillado en el que se recoge, como prestación accesoria, el servicio de recaudación en periodo voluntario de la tasa de recogida de basuras. En este documento se autorizaba a la empresa contratista a realizar las tareas de ejecución y asistencia técnica necesarias, sin que impliquen ejercicio de autoridad.

Los ingresos de las tasas los percibe la empresa Aqualia y no se integran en la tesoría municipal, según consta en el informe, lo cual no se corresponde con la regulación de las ordenanzas fiscales correspondientes.

Problemas con las tarifas

La privatización de este servicio se produjo en puertas de unas elecciones y con una lluvia de millones que cayeron en las arcas municipales como consecuencia del fuerte canon inicial, 69,2 millones de euros, que Aqualia depositó para adjudicarse el control durante 25 años. Seis años después, en 2012, el equipo de gobierno de la ciudad, del Partido Popular, modificó sustancialmente el régimen tarifario por motivos medioambientales (reducir el consumo de agua) y para “ajustar el recibo del agua al consumo real y favorecer así a los que menos gastan”.

Transcurridos los años, se demostró que los ingresos de la concesionaria se dispararon gracias a esta decisión municipal mientras los consumos corrieron parejos debido a que fallaron los cálculos sobre incremento de población y por lo tanto de consumos que se hicieron antes de la crisis de 2008, compensando de este modo unos resultados económicos deficitarios en los primeros ejercicios.

No fue la única anomalía detectada con la Intervención municipal, que señaló en un informe hace unos años que Aqualia, en aquel momento, computara como gastos de la concesionaria cosas que a su entender no eran imputables. Dentro del concepto 'gastos de mantenimiento' se incluían algunos relativos a pago de personal y la incorporación del servicio al proyecto Smart City. Además, la Intervención consideró que el 5% que se estaba aplicando de recargo a los recibos impagados por los usuarios debería ser ingresado en las arcas municipales y no quedárselo Aqualia.

Los municipios toledanos integrados en la Mancomunidad de Servicios de Cabeza del Torcón (II) ya disponen de nuevo de agua potable después de que una inversión térmica les haya privado de la misma durante casi diez días este mes de julio.

Así lo ha comunicado la presidente de dicha mancomunidad y alcaldesa de Cuerva, Montse Rojas, en un nota informativa fechada este sábado, 13 de julio, que varios de los ayuntamientos afectados han compartido en sus redes sociales.

En ella se indica que el agua ya es de nuevo “apta y potable para el consumo humano”. “Agradecemos la paciencia y comprensión de todos los vecinos así como el trabajo realizado por la empresa que se encarga del tratamiento de las aguas del referido embalse -Aqualia-”, agrega.

La Mancomunidad está formada por los municipios de Casasbuenas, Cuerva, Gálvez, Las Ventas con Peña Aguilera, Menasalbas, Noez, Pulgar, San Pablo de los Montes, San Martín de Montalbán y Totanés. En total, unos 13.000 vecinos, más los visitantes que llegan en verano, se abastecen de dicho embalse.

Aqualia trasladó que la mencionada inversión térmica en el agua se produjo por una variación “brusca” de las temperaturas en el embalse. Así, se detectó “una alteración de algunos de los parámetros en el agua, tal como el manganeso, hierro y aluminio. Para solucionar la situación, se ha cambiado la dosificación de reactivos”, indicaron el pasado 4 de julio.

Según explicó a elDiarioclm.es el profesor de Hidrología, Gestión del Agua y Evaluación del Impacto Ambiental de la Universidad de Alcalá (UAH), Antonio Sastre, la inversión térmica es un término que se aplica más bien a la meteorología. “Se trata de que el aire más frío se instala en los niveles bajos de la atmósfera de forma estable y eso genera un enfriamiento pequeño, pero suficiente en el agua”, subrayó.

Tras este suceso, la Consejería de Desarrollo Sostenible trasladó este pasado miércoles que iban a presentar propuesta técnica a través de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha a la Mancomunidad para los municipios que la integran pudieran conectarse al Sistema de Picadas ya en 2025.

El consumo del agua del grifo se suspendió hace ya cinco días en los diez pueblos que conforman la Mancomunidad Cabeza del Torcón, en Toledo. Hay unas 15.000 personas empadronadas en estas localidades y han tenido que buscar alternativas durante estos últimos días para beber agua potable. Los últimos análisis mantienen la recomendación de no utilizarla, según confirman desde Aqualia FCC.

La advertencia sobre la no potabilidad del agua se realizó el pasado 4 de julio. La empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de la Mancomunidad comunicaba que se había producido una inversión térmica en el agua del embalse, debido a la variación brusca de las temperaturas en el pantano.

Como medida preventiva se pedía a la población no beber agua del grifo debido a la alteración de los parámetros relacionados con la presencia de manganeso, hierro y aluminio. Para solventar el problema se están realizando controles analíticos del agua, que todavía no muestran parámetros aptos para el agua de boca.

Montserrat Rojas, alcaldesa de Cuerva, uno de los pueblos afectados, es también la presidenta de la mancomunidad. “Los valores han ido mejorando, pero esto no depende de nosotros ni de Aqualia”, ha explicado en conversación con elDiarioclm.es. El lunes los valores ya iban siendo “más normales, dentro de que estaban alterados”. Rojas agradece la respuesta de la ciudadanía que ha sido “tranquila”. “Todo el mundo es consciente de que esto no depende de nadie”.

Por parte de la Junta de Comunidades, Silvia Díaz, directora gerenta de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, ha señalado que ni Aqualia FCC ni la mancomunidad de municipios han pedido al Gobierno regional colaboración al respecto.

Cuando el agua ya no está tan caliente

Pero, ¿a qué se refiere en concreto la 'inversión térmica'? El profesor de Hidrología, Gestión del Agua y Evaluación del Impacto Ambiental de la Universidad de Alcalá (UAH), Antonio Sastre, explica que es un término que se aplica más bien a la meteorología. “Se trata de que el aire más frío se instala en los niveles bajos de la atmósfera de forma estable y eso genera un enfriamiento pequeño, pero suficiente en el agua”, explica el profesor.

Al estar en contacto con este aire más frío, sobre todo en estas noches estivales que han sido más frescas de lo habitual, se produce un cambio en la densidad del agua. “Es casi inapreciable, pero es suficiente para que se alteren sus condiciones de equilibrio”, resalta Sastre. Durante los meses más calientes, el agua en los embalses se somete a un proceso de “estratificación”, en la que se queda una capa de agua más caliente en la superficie y otras más frías por debajo.

“Cuando se cambia este esquema y se altera esta estratificación, se alteran también las condiciones hidroquímicas del agua. Y esto significa que hay que volver a modificarlos para que se garantice un agua con suficiente calidad para beber”, resalta el científico.

Los embalses son “algo vivo”

Carlos Triviño fue durante más de 30 años el jefe de la Adjuntía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Toledo. Está familiarizado con los embalses, y los ve “casi como una madre”, bromea. “Da la sensación de que el agua es homogénea, pero la estructura de un embalse es compleja, en cuanto a la composición mineral del agua. La temperatura, la salinidad del agua, responde a unos ciclos y es algo relativamente heterogéneo”, explica.

Simplificándolo: durante los meses más fríos, el agua está “mezclada”, pero durante los meses más cálidos las capas se van diferenciando cada vez más. Es la estratificación a la que también hace referencia Antonio Sastre. Hay capas que se pueden ir comprobando, explica Triviño, y son cambios bruscos. La temperatura no va bajando de forma continua y estable, sino que entre capa y capa hay mucha diferencia.

Esto lo sabían ya los romanos, señala. “Ya en época romana había torres de captación que permitían coger la mejor capa del agua para potabilizar”, describe. Esta distribución de las aguas ayuda al embalse a mantener un equilibrio, porque “mantiene todas las características” del entorno.

Con menos oxígeno, el agua está más propensa a producir determinados tipos de sustancias minerales que hacen más difícil el proceso de depuración

Estas capas se van creando a medida que avanza la primavera y en verano ya se desarrolla una resistencia “muy fuerte” de las masas para no mezclarse entre sí. En las zonas más profundas, hay más posibilidad de aparición de fenómenos “indeseables” para el consumo del agua, con menos presencia de oxígeno. “Y con menos oxígeno, el agua está más propensa a producir determinados tipos de sustancias minerales que hacen más difícil el proceso de depuración”, describe. Por el contrario, en la parte de arriba hay más oxígeno, lo que provoca que proliferen las algas.

Todo esto ocurriría en condiciones normales, explica el experto. “Pero últimamente los ciclos cambian. Hay periodos de mezcla y lo que estaba en el fondo estratificado se viene arriba y se vuelve a mezclar”, resalta. Esto provoca, tal y como avisaba Aqualia FCC, cambios en los valores de elementos como el hierro o el manganeso.

Triviño lo explica de una manera muy sencilla. “Viene un poco de frío y el embalse dice 'ya estamos en otoño' e inicia su proceso de mezcla”. Entonces, lo de abajo se mueve arriba y se mezcla. En el caso del embalse Cabeza del Torcón, o Torcón II, tenía un ciclo en el que se llena desde noviembre hasta mayo y luego se consumía “prácticamente entero”.

Pero estos ciclos definidos se han alterado y la dinámica habitual del pantano también. “Los embalses son algo vivo y no son homogéneos”, advierte el experto. Y, finaliza: “Cada cosa nueva no nos puede sorprender. Estas dinámicas pueden producir parcialmente este tipo de situaciones”.

Por ahora, habrá que esperar a que las analíticas vuelva a dar el visto bueno para beber nuevamente del Cabeza del Torcón.

La empresa Aqualia ha puesto en marcha en Mérida la mayor planta de tratamiento de aguas residuales con microalgas de Europa, y una de las más grandes del mundo, cuya capacidad de depuración es de dos millones de litros al día, además de producir biomasa de alto valor.

La biofactoría, de 20.000 metros cuadrados de superficie, ha sido inaugurada este lunes en un acto en el que han intervenido directivos de Aqualia y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

El proyecto ha puesto una inversión superior a los 10 millones de euros, 8,8 millones de ellos de la Unión Europea y 1,5 millones de la empresa concesionaria del suministro de agua en Mérida. La planta cuenta con 665 paneles fotovoltaicos que generan el 75 % de la energía necesaria para el tratamiento y, además, se han instalado unas microturbinas que producen 770 kilovatios.

El director de la Zona 1 de Aqualia en España, Matías Loarca, ha destacado que esta instalación es un “ejemplo paradigmático” de la colaboración pública-privada. Y ha subrayado que esta tecnología supone una apuesta por la sostenibilidad en la depuración de las aguas residuales y, especialmente, una solución para los municipios de pequeño tamaño donde no existe ningún tipo de tratamiento.

El responsable del Área de Sostenibilidad del Departamento de Innovación y Tecnología de la empresa, Arbib Zouhayr, ha señalado que llevan doce años trabajando en la tecnología del tratamiento con microalgas. Zouhayr ha aclarado que el objetivo número uno de la instalación es depurar el agua de forma eficiente para 10.000 habitantes según los parámetros que marca la directiva de la Unión Europa.

Una vez que se han tratado las aguas residuales en las lagunas de algas y bacterias, y por medio de humedales artificiales, es el momento de extraer el valor añadido. Para biomasa obtenida, rica en el carbono, el nitrógeno y el fósforo que se ha eliminado con la depuración, tienen una línea dedicada a producir bioestimulantes de “altísimo valor agronómico”, según Zouhayr.

Además, tienen una segunda línea más simplificada para la gestión del fango, que se puede hacer “a los diez o los quince años” con la climatología que tiene Mérida, ha pronosticado.

Zouhayr ha explicado que gracias al oxígeno que producen las microalgas se puede eliminar el carbono, el nitrógeno y el fósforo simultáneamente en el mismo reactor -la planta tiene tres-, lo que permite ahorrar 200.000 kilovatios al año de energía en el tratamiento de las aguas residuales. Es decir, el consumo de 40 viviendas de cuatro miembros, ha puesto como ejemplo el directivo de Aqualia, que ha comentado que en futuro también podrá producir biometano.

El alcalde ha destacado que Mérida cuente con la mayor planta de tratamiento de aguas residuales con microalgas más grande de Europa. Rodríguez Osuna ha comentado que esta solución pensada para los pequeños municipios está alineada con los objetivos del Gobierno de España y de los ODS para el tratamiento de las aguas residuales de una forma cada vez más sostenible, eficaz y natural. La “cesión no fue fácil” a la hora de justificar la implementación del servicio que presta Aqualia como empresa concesionaria, ha reconocido.

La empresa FCC Aqualia, concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en Alcoi, dejó de abonar gastos o incurrió en sobrecoges por un valor total de un millón de euros, según ha acreditado una investigación de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), en cuyo informe de conclusiones pide al consistorio que reclame a la firma y que tramite los procedimientos de regulación económica. 

Fuentes de Aqualia señalan que las cuestiones analizadas en el informe son todas “de carácter interpretativo entre el ayuntamiento y la empresa concesionaria” y, en todo caso, “meramente administrativas”. También destacan la duración de la concesión (dos décadas) y el hecho de que la AVA aceptara varias alegaciones de la empresa. Además, recuerda que el informe de Antifraude formula recomendaciones sin “implicaciones judiciales de ningún tipo”.

Tras una alerta recibida en la agencia, han aflorado varias irregularidades sobre la concesión. Así, el Ayuntamiento de Alcoi asumió los gastos del consumo de eléctrica del bombeo para el servicio de agua potable cuando, según el pliego de cláusulas administrativas, correspondían al concesionario. Entre 2004 y 2019, estos gastos han supuesto que el consistorio abonara 462.634 euros.

La empresa defiende que “cualquiera de las interpretaciones posibles sobre quién asume los costes de la energía eléctrica de unos bombeos tiene un efecto económico absolutamente neutro para Aqualia, toda vez que, aunque le correspondiera asumirlos al concesionario, se trataría de un coste más del servicio y, como tal, lo incluiría en la correspondiente liquidación del ejercicio”.

Además, la empresa percibió la retribución de la indemnización compensatoria por la gestión del canon de saneamiento de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), “incumpliendo la oferta presentada en la licitación del contrato”. El importe estimado, por ingresos directos derivados de la concesión del servicio no declarados en los estudios de tarifas, asciende a 432.276 euros. Aunque Antifraude apostilla que no le consta que se haya repercutido por parte de la empresa de forma directa a los usuarios.

Por su parte, la filial de FCC interpreta que no se trata de un servicio que preste como concesionaria “sino como gestor de ese servicio para la EPSAR”. En la prestación, añaden fuentes de la empresa, la prestación de la compañía “incurre tanto en gastos como en una indemnización, fijada por la propia EPSAR”. Así, defienden que “en ningún documento contractual analizado por la AVA se afirma que Aqualia tuviera que entregar al órgano de contratación esas indemnizaciones, que se le conceden por soportar costes reales para recaudar un tributo en beneficio de otra administración pública, como hace cualquier otra empresa gestora de servicios de agua”. 

Sobre las obras de renovación del sector Eixample de la red de agua potable de Alcoi ejecutadas por FCC Aqualia, el informe destaca que no figuraban en el anteproyecto ni en las bases o las especificaciones técnicas del contrato de concesión que, en todo caso, deberían ser previos a la adjudicación. Los importes de la inversión en el proyecto aprobado después de la adjudicación “no se corresponden, siendo superiores, a los recogidos en la oferta económica de la entidad concesionaria”, agrega la AVA.

El informe estima un sobrecoste en las obras, financiadas con el canon variable que la concesionaria abona al ayuntamiento, de 51.132 euros respecto al importe ejecutado. Además, los 77.655 euros de honorarios por la dirección de obras del proyecto, fueron asumidos directamente por la Corporación municipal “cuando en paridad se trata de un coste asociado a la concesión”, señala Antifraude.

Fuentes de la firma concesionaria señalan que se trata de “una pequeña diferencia” entre el presupuesto y el valor de obra certificado de unos 50.000 euros en una actuación de más de dos millones de euros“. Una ”circunstancia absolutamente normal y que sucede habitualmente en la realización de obras civiles“, agregan.

Por otro lado, la AVA también reprocha a la empresa que, desde el inicio de la concesión en 2000, haya incumplido la obligación de presentar ante el Ayuntamiento de Alcoi las copias certificadas de la cuenta de pérdidas y ganancias y de los balances de situación sobre la concesión, tal como preveían los pliegos que rigen la contratación. Tampoco consta la aprobación de las liquidaciones definitivas anuales por parte del consistorio.

Datos inexactos en la actualización de la tarifa

Además, Antifraude ha constatado la coincidencia entre las previsiones de costes e ingresos previstos en los estudios de solicitud de actualización de las tarifas, previas al inicio del ejercicio, y los documentos presentados “sin certificar de ningún modo” en formato de cuenta de pérdidas y ganancias y balance de situación de la unidad independiente del servicio de abastecimiento de agua de Aqualia Alcoi.

La AVA también lamenta la “falta de rigor” en los datos recogidos por la entidad concesionaria en los datos recogidos en los estudios de actualización de las tarifas del agua potable. Finalmente, el informe también destaca que la Comisión de Seguimiento y Control del Servicio, regulada en el pliego de condiciones de la concesión, sólo se ha reunido una vez desde el 2003.

Además de recuperar las cantidades que desglosa la agencia, que suman un millón de euros, el informe también insta al Ayuntamiento de Alcoi a exigir a FCC Aqualia la documentación necesaria para aprobar las liquidaciones anuales pendientes y a que establezca una periodicidad para la convocatoria de la Comisión de Seguimiento y Control del Servicio.

Finalmente, y dada la “inexactitud de los datos” de las memorias de la empresa, Antifraude recomienda que “se extreme la diligencia” en la revisión de la documentación presentada por FCC Aqualia y que incluso se soliciten aclaraciones o rectificaciones. La empresa, por su parte, indica que está en “permanente contacto” con el Ayuntamiento de Alcoi para “dirimir estas cuestiones”.

El pleno de la Corporación Municipal de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, ha aprobado por unanimidad desestimar el recurso de reposición presentado por la empresa Aqualia que recientemente ha dejado de formar parte de la empresa Aguas de Alcázar tras la remunicipalización del servicio en la localidad.

La compañía había solicitado percibir una indemnización, exigiendo el lucro cesante, por las ganancias que dejará de percibir. El informe jurídico presentado por los técnicos municipales y que avala la decisión del Consistorio para rechazar el recurso de la empresa establece que la firma no tiene derecho a percibir ningún tipo de indemnización en tanto que el contrato, cuya duración estaba establecida en 25 años, es nulo y está liquidado, según informa el Ayuntamiento alcazareño.

Se trata, dice el Consistorio “de una solicitud que la empresa puede pedir pero que el ayuntamiento considera que no tiene derecho ya que no puede pedir beneficios que podría haber tenido a futuro cuando el contrato está liquidado y además declarado nulo por el Tribunal Supremo”.

El pleno también ha dado luz verde a abonar a Aqualia el dinero restante de participación en el resultado de Aguas de Alcázar, relativo al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio de este año, según informa Europa Press. Este abono en su cómputo total supone más de 433.000 euros, de los que ya había abonados 428.000 euros, por lo que restan algo menos de 5.000 euros para pagar.

El Tribunal Supremo emitió esta semana una sentencia en la que se confirmaba la anulación del pleno en el que se confirmó la privatización de la empresa de aguas de la localidad, a través de una empresa mixta. Aqualia, socio de dicha empresa mixta, ha mostrado su “máximo respeto” por la decisión judicial, recordando que en 2014 se enfrentaron a un concurso público muy exigente licitado por el Ayuntamiento alcazareño, y motivado por “el estado de quiebra técnic”a en el que la anterior empresa municipal se encontraba.

La sentencia del Supremo, aseguran, representa un “perjuicio” para Aqualia, que se ve “afectada” por un error formal en el proceso administrativo previo a la constitución de la empresa mixta. “En este sentido la sentencia del Supremo no valora la adjudicación, que se realizó de forma totalmente legal”, afirman.

De este modo, explican que las decisiones judiciales “no restan legitimidad ni valor” al trabajo desarrollado por el equipo de Aguas de Alcázar, que durante estos años se ha dedicado “con máxima profesionalidad y entrega” a la prestación de un servicio público esencial, como el del ciclo integral del agua, “a plena satisfacción de los alcazareños”.

Cinco años de “mejora continua”

Aqualia también defiende que en los últimos cinco años, la mejora del Servicio Municipal de Aguas de Alcázar “ha sido continua en todos los aspectos”: técnico, social, ambiental o de compromiso con los empleados, alcanzando un elevado nivel de excelencia, todo ello manteniendo las mismas tarifas que están congeladas desde 2014. “Hoy, la Empresa Mixta Aguas de Alcázar, es solvente financieramente, reporta importantes ingresos al Ayuntamiento y su contabilidad es clara y trasparente”, defienden.

La empresa asegura que se han ejecutado inversiones por un valor superior a 1,1 millón de euros, “allí donde más se requería”, mientra que la gestión del servicio ha “incrementado su eficacia” a través de medios técnicos de “primer nivel” para el control total de la red y los consumos que se producen “en todo momento”.

También defienden que se ha mejorado “sustancialmente” la atención al ciudadano, a través de la renovación completa de las oficinas presenciales e implementando otros canales de atención, como una línea telefónica gratuita de atención al ciudadano las 24h/día, una oficina virtual y una aplicación móvil (App), para realizar todas las gestiones sin desplazamientos. “La mejora del servicio resulta evidente si recordamos que durante la gestión de la antigua empresa las averías se gestionaban bien a través de la Policía Local, bien a través de un teléfono móvil que atendía el operario guardia a la vez que reparaba la incidencia”.

Desde Aqualia aseguran también que han disminuido los olores de la depuradora, con una reducción de los niveles de gases en el ambiente del 95% y que se ha desarrollado un Programa de Educación Ambiental, puesto en marcha en 2017, que ha contado con más de 3.000 usuarios al año, “en lo que representa el mayor ratio por población en Castilla-La Mancha”. El Programa ha desarrollado más de 100 actividades cada año. También, se ha atendido a 30 familias en riesgo de exclusión y se ha donado más de 3.000 euros a Cáritas, recalcan.

 El Herbalife Gran Canaria y Aqualia han renovado este jueves su acuerdo de colaboración para continuar concienciando a la sociedad canaria sobre la importancia de cuidar del medio ambiente.

“Este año ampliamos la colaboración con los colegios y con el deporte base ofreciendo balones y material deportivo”, ha explicado durante la firma del acuerdo en el Gran Canaria Arena el jefe de producción de Aqualia en la provincia de Las Palmas y en el norte de Tenerife, Braulio Domínguez.

Además, la empresa de gestión del ciclo de aguas colaborará “con la asistencia de los municipios a los partidos” en el Gran Canaria Arena y repartirá un díptico para “concienciar, sobre todo a los niños, de que no deben usar el váter como una papelera”.

El acuerdo de patrocinio se inició la pasada temporada con el objetivo de activar un proyecto que promoviera el buen uso del inodoro, ha explicado el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, Enrique Moreno, quien también ha destacado que esta colaboración tiene “una doble virtud”.

Ha apuntado que la primera es concienciar a la ciudadanía sobre el uso de las toallitas y dar a conocer el programa #nolotires de Aqualia, para evitar que los papeles lleguen al mar sin destruir y dañen las costas, mientras que la segunda es apoyar el proyecto del Herbalife para llevar el baloncesto a todos los municipios de Gran Canaria.

Por su parte, Domínguez ha recordado que esta colaboración tuvo el año pasado “unos efectos muy positivos” en la sociedad del archipiélago, por lo que espera que se mantenga también de cara a los próximos ejercicios.

La campaña #nolotires de Aqualia busca promover una conducta responsable en el uso del agua y, para ello, ofrece indicaciones sobre cuál es el lugar correcto para deshacerse de residuos como las toallitas, el aceite, los fármacos y los productos cosméticos.

En concreto, las toallitas pueden generar atascos en las tuberías y desbordamientos en las aguas fecales de las calles, además de roturas en las depuradoras, mientras que cada litro de aceite arrojado por el fregadero puede contaminar hasta 1.000 litros de agua. 

El recibo del agua en Santander se ha situado este año que termina por encima del precio medio nacional, pese a que no ha experimentado variación en cuanto a las tarifas. Sí lo ha experimentado el conjunto del país, cuya media ha abaratado el precio del agua un 0,9%, según datos que acaba de hacer públicos la organización de consumidores Facua.

Abrir el grifo del hogar en la capital cántabra y depurar las aguas cuesta este año 26,42 euros (sin incluir IVA), un precio medio que se obtiene del balance de lo que cobra Aqualia, empresa privada que gestiona el Servicio de Aguas, por consumos mínimos y el canon de saneamiento del Gobierno autonómico que repercute en el recibo, así como por otros conceptos menores. Este precio medio no ha experimentado variación este año, pero se encuentra por encima de la media nacional que es de 24,63 euros.

El precio del recibo en Santander es más barato que en Barcelona (46,89 euros), Cádiz (37,49), Sevilla (36,22), Palma de Mallorca (34,62) y Almería (28,85), pero más caro que en Bilbao (23,30) y Gijón (22,98), ciudades próximas, por no hablar de Coruña (20,48), Zaragoza (18,69), Vitoria (18,64), Pamplona (18,56) y Valladolid (17,48). La capital española con el agua más barata es León en donde cuesta 5,49 euros, casi cinco veces menos que en la capital de Cantabria.

En cuanto a suministro del agua estrictamente hablando, Santander está por debajo de la media española y no discrimina el precio del abastecimiento por el tipo de contador (hay dos calibres, de 13 y 15 mm), solo por el consumo. Por un consumo mínimo, el precio del suministro (5,52 euros) está por debajo de la media nacional (8,05 y 16,75 euros, según el calibre del contador). En consumos superiores, el precio (15,73 euros) sigue estando por debajo de la media nacional con un contador de 15 mm (16,90) aunque no cuando hay un contador de 13 mm (8,20).

Lo que sí encarece el recibo en la capital es el canon de saneamiento, que está muy por encima de la media española. En Santander se aplica en el recibo una tasa de 7,79 euros para consumos mínimos y de 13,18 euros para un consumo mensual de 20 metros cúbicos. La media nacional está muy por debajo: 2,84 y 6,68 euros, respectivamente, es decir, prácticamente un tercio menos en consumo mínimo y la mitad en consumo de 20 metros cúbicos.

Vivienda tipo y recomendaciones

El análisis de Facua toma como referencia dos modelos: una vivienda con tres habitantes y un consumo mensual de 10 o 20 metros cúbicos. Tanto los usuarios con contadores de 13 milímetros de diámetro como aquellos con contadores de 15 milímetros pagan ligeramente menos en el conjunto del país, aunque no en Santander, con respecto a 2018: una bajada media nacional de un 1,0% para consumos de 10 metros cúbicos y del 0,8% para los de 20 metros cúbicos.

En Santander se aplican, asimismo, descuentos por niveles bajos de renta, como en el caso de A Coruña, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, Madrid y Palma de Mallorca. Esto no es algo generalizado, ya que 17 ciudades españolas no aplican bonificaciones.

Facua considera que el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de residentes de la vivienda. Por ello, la asociación cree que debe avanzarse en la facturación por habitante, así como en la aplicación de tarifas progresivas donde se penalicen los consumos excesivos.

El proyecto Life-ANSWER (soluciones avanzadas de nutrientes con recuperación electroquímica, en sus siglas en inglés) llega a su fin tras concluir su ejecución, desarrollada en el período previsto de tres años.

Life-ANSWER arrancaba en 2016, tal y como ya explicábamos en nuestro blog #DeCiencia, con el objetivo validar (técnica y económicamente) una innovadora respuesta a la problemática del tratamiento de las aguas residuales de la industria agroalimentaria.

Con este fin, el proyecto ha logrado desarrollar una solución basada en la integración de sistemas de electrocoagulación, tecnologías electroquímicas microbianas y procesos de membrana y fotodesinfección. Además, ha contribuido a la descarga cero de efluentes y ha conseguido otros logros como reutilizar el agua tratada, producir energía y recuperar el residuo generado en el proceso para utilizarlo posteriormente como fertilizante.

Los principales resultados

Para alcanzar los objetivos propuestos, Life-ANSWER se ha basado en la tecnología y la innovación con el fin de garantizar la sostenibilidad y la economía circular en el proceso de gestión del agua.

Entre los principales logros está haber llevado a cabo una de las experiencias demostrativas de mayor capacidad y duración mediante biorreactores fluidizados electroquímicos.

Sus resultados indican que se han alcanzado rendimientos de eliminación de materia orgánica y nutrientes elevados con un coste de operación bajo y se ha obtenido un biogás enriquecido en metano e hidrógeno que permite reducir el consumo de energía y, consecuentemente, las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25%.

Además, en el proceso de recuperación y de eliminación de nutrientes se han alcanzado distintos valores de reducción: en una primera etapa (electrocoagulación),  el 58% de fósforo y el 40% de nitrógeno. En una segunda etapa (biorreactor fluidizado electroquímico), el 85% de materia orgánica y el 52% de nutrientes remanentes en el efluente resultante de la primera etapa.

Además, el  tren de tratamiento terciario desarrollado ha permitido obtener agua regenerada de alta calidad, según la normativa nacional, lo que garantiza su reutilización en diferentes usos (riego, baldeo, lavado de vehículos, sistemas contra incendios) de forma segura.

Por otro lado se  ha conseguido reducir el uso de productos químicos y reutilizar algunos residuos comunes de las industrias cerveceras. Como, por ejemplo, el aluminio para la fabricación de ánodos de sacrificio.

Se ha desarrollado un nuevo concepto de estimulación del metabolismo de microorganismos con electrodos fluidizados, para la descontaminación y el aprovechamiento energético de aguas residuales y se ha utilizado el residuo generado durante el proceso como fertilizante con un alto contenido en fósforo y nitrógeno.

Gracias a la valoración energética del agua residual, el consumo de la energía se ha reducido hasta un 25%, con la consecuente disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Además, se ha logrado sustituir el uso de reactivos químicos por un aluminio reciclado, así como reutilizar el agua tratada para riego y otros fines industriales.

Este martes se celebraba  el evento de clausura del proyecto en la sede corporativa de Mahou San Miguel en Madrid. Bajo el título 'Infoday ANSWER: Gestión de vertidos en el marco de la economía circular', el encuentro ha congregado, entre otros, a representantes de los socios de Life-ANSWER para presentar estas conclusiones y resultados. 

La iniciativa ha estado impulsada por un consorcio formado por cuatro socios: Mahou San Miguel (coordinador del proyecto), Aqualia, el Grupo Bioe de la Universidad de Alcalá y Recuperaciones Tolón, y ha contado con la financiación de la Unión Europea a través del programa LIFE.

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Santander, Javier Ceruti, ha reprochado este jueves al equipo de Gobierno que encabeza Gema Igual (PP) que no haya cerrado “en tiempo y forma” el expediente abierto para reequilibrar la explotación del servicio de aguas después de que un informe municipal revelara que Aqualia ha registrado en diez años un superávit de 2,4 millones de euros, 800.000 euros más del máximo establecido por contrato.

Tal y como ha publicado eldiario.es, dicho expediente ha caducado al haber pasado el plazo máximo permitido para su resolución -tres meses-, lo que ha obligado al Consistorio santanderino a abrir uno nuevo. El equipo de Gobierno ha justificado la demora en la “extensión” de las alegaciones presentadas por la empresa concesionaria y en la necesidad de solicitar nuevos informes a los técnicos municipales, aunque, según ha subrayado, el nuevo expediente “no empezará de cero”.

Ceruti ha recriminado al concejal de Medio Ambiente, José Ignacio Quirós, que haya dejado caducar el expediente de “enriquecimiento injusto” de Aqualia, que “estaba cobrando más e invirtiendo menos de lo acordado” en la prestación del servicio de aguas y saneamiento.

El candidato de Cs ha recordado que la Intervención “propuso medidas de reequilibrio, como la reducción de las tarifas o el aumento del canon por inversión en mejoras”. Sin embargo, y “transcurrido el tiempo límite para actuar”, los motivos para estar preocupados “son múltiples y diversos”. “El Ayuntamiento no solo consiente que Aqualia se enriquezca a costa de los ciudadanos, sino que a la vez demuestra su incapacidad de gestionar un expediente en tiempo y forma antes de las próximas elecciones”, ha sostenido.

Un motivo por el que Cs Santander ha solicitado al equipo de Gobierno municipal “explicaciones acerca de por qué ha permitido a Aqualia cobrar de más a los vecinos e incumplir, de forma sistemática, las obras de mejora”. Asimismo, tal y como ha indicado Javier Ceruti, “exigimos que se adopten las medidas correctoras oportunas” con el objetivo de “reestablecer” el equilibrio económico financiero y “devolver” el dinero a los contribuyentes.

“Sigue adelante”

En una nota de prensa, Quirós ha salido al paso de las críticas vertidas por Ciudadanos y ha lamentado qeu su candidato tenga “tan poco que aportar” a la política municipal para necesitar hacer campaña con “manipulaciones” y “falseando la realidad”.

El concejal de Medio Ambiente ha confirmado la información publicada por este diario, y es que la Junta de Gobierno Local acordó la pasada semana la apertura de un nuevo expediente tras expirar el plazo que había para resolver el anterior “sin que diera tiempo a analizar toda la documentación y sin que existiera tampoco posibilidad de prorrogar el plazo”.

Transcurrido el plazo legalmente previsto para resolver el expediente sin que haya concluido el examen de toda la documentación aportada y solicitada por el instructor, se ha declarado su caducidad y el inicio de uno nuevo al que se incorporan todos los trámites y actuaciones practicadas hasta la fecha. “De esa manera, se garantiza la continuidad del procedimiento”, ha enfatizado el edil.

La privatización del servicio de aguas en Santander está siendo un negocio muy lucrativo para la empresa concesionaria, tanto que el Ayuntamiento abrió el pasado mes de noviembre un expediente para recuperar para las arcas públicas parte del beneficio que ha obtenido FCC Aqualia en los diez primeros años de gestión.

En concreto, según reveló un informe realizado por los técnicos municipales, entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2015, la sociedad participada por Carlos Slim y Esther Koplowitz registró en la capital cántabra un superávit de más de 2,4 millones de euros, lo que supone un 48% por encima del beneficio máximo posible establecido en el contrato para este periodo (1,6 millones de euros).

Sin embargo, el expediente que el Ayuntamiento abrió para ajustar cuentas con Aqualia y que iba a estar cerrado “en un plazo de tres meses”, según anunció hace casi medio año el concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, José Ignacio Quirós, ha terminado caducando, tal y como consta en la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es.

A propuesta de la concejala de Hacienda, Ana González Pescador, la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 19 de abril “declarar la caducidad del expediente para la restitución, en su caso, del equilibrio económico-financiero del contrato” e iniciar un nuevo procedimiento.

A preguntas de este diario, el equipo de Gobierno (PP) en el Ayuntamiento de Santander ha explicado que el motivo por el que ha caducado el expediente se debe a “la extensión de las alegaciones y la petición de informes después de las mismas, lo que ha hecho que finalizaran los tres meses de plazo sin haber podido resolverlo”.

“Como no cabe ampliación de ese plazo de tres meses, lo que se hace es iniciar un nuevo expediente, con el mismo objetivo”, señalan los populares. No obstante, el equipo que encabeza Gema Igual indica que “no existe ninguna consecuencia más que se inicia de nuevo el plazo, pero con la incorporación de toda la documentación”. “No se parte de cero”, subrayan.

Cambio en las tarifas

Como consecuencia del supéravit logrado por Aqualia, además de abrir el expediente para el reequilibrio financiero de la concesión, el Ayuntamiento de Santander aprobó no repercutir en este año 2019 la subida del IPC (2,2%) en las tarifas del agua, como está previsto con carácter anual en el pliego de condiciones.

Uno de los principales motivos para lograr ese beneficio de 2,4 millones de euros ha sido la estructura tarifaria implantada en 2012, en la que se eliminaba el sistema de mínimos (40 metros cúbicos) y se establecía el cobro por consumo “real”.

Con la nueva estructura, se quería fomentar el ahorro de agua y se preveía una reducción total del consumo de un 10% y, aunque el concejal ha asegurado que un 69% de los abonados se han beneficiado de la nueva estructura tarifaria y pagan menos desde 2012, en términos globales no se ha reducido el consumo por lo que la concesionaria ha ingresado 790.000 euros más de lo previsto entre 2006 y 2015.

Los dos últimos alcaldes del PP en Zuera, José Manuel Larqué (1995-1999 y 2007-2012), actual tesorero del PP en Aragón, y Antonio Bolea (2012-2015), han tenido, con los mandatos de Javier Puyuelo y Francisco Gracia (ambos del PSOE) intercalados, papeles destacados en el desaguisado de la gestión de la contrata municipal del abastecimiento de agua de boca y la depuración, con la que, según una auditoría encargada por el actual alcalde, Luis Zubieta (PSOE), Aqualia adeuda más de un millón de euros al Ayuntamiento zufariense en cánones y obras no ejecutadas.

La adjudicación inicial de la concesión a Sogesur se produjo, tras un concurso público, el 19 de febrero de 1999 en un Pleno presidido por Larqué. Casi cuatro años más tarde, en enero de 2003, con Puyuelo en la Alcaldía, Aqualia, filial de la multinacional española FCC, con el fondo australiano IFM Investors Pty Ltd como socio desde hace unos meses, pasó a ejecutar la contrata tras absorber a la adjudicataria.

El contrato renovado, con una vigencia de quince años, fue firmado el 14 de abril de 2014, en la etapa de Bolea, aunque la fecha de inicio se pospuso al día 1 del mes siguiente. Si ninguna de las dos partes lo denunciaba con un año de antelación, se prorrogaba de manera automática por periodos de cinco años, el primero de los cuales finaliza el último día de abril del año que viene.

Tanto Zubieta (cuando era concejal), el 25 de abril de 2013, como el edil del PAR Javier Nasarre, en este caso al día siguiente, pidieron por escrito comunicar a Aqualia el inicio de los trámites para la rescisión e iniciar la preparación de un nuevo concurso. “Después de 15 años de concesión y el aumento del número de empresas que pueden prestar ese servicio, un nuevo concurso es la manera más efectiva de mejorar el servicio y el ahorro económico a todos los vecinos y empresas de nuestro municipio”, sostenía el aragonesista.

El Pleno que se celebró fuera de plazo

La secretaria del Consistorio emitió entonces un informe según el cual el Pleno debía tomar una decisión antes del 1 de mayo de ese año para poder iniciar la rescisión en fecha, aunque antes el Ayuntamiento debería disponer de “los informes que se estimen pertinentes para conocer la situación del contrato en relación a posibles incumplimientos manifiestos del contrato que no se puedan resolver en base al contenido del mismo, de datos técnicos que puedan llevar a considerar necesaria la finalización del contrato o la conveniencia de una nueva concesión, de la situación económico-financiera del contrato”.

Sin embargo, el alcalde no convocó el Pleno hasta el 2 de mayo, jueves después de un festivo y cuando ya había transcurrido el plazo para hacer efectiva la denuncia. Tampoco era mucho mayor el margen: las peticiones de la oposición llegaron el jueves y el viernes, y las 48 horas de plazo mínimo para celebrarlo a partir del lunes caían en ese miércoles no hábil, lo que obligaba a trasladarlo al jueves.

En la reunión, el PSOE justificó la urgencia de tomar una decisión por considerarlo “de primera necesidad y relevante” en la gestión del Ayuntamiento “tanto por la repercusión general en todos los ciudadanos, que además costean el servicio, como por el montante económico para las arcas municipales”.

PSOE y PAR sumaban entonces siete concejales, lo que les daba la mayoría en el Pleno. Y gracias a ella sacaron adelante, con los seis votos en contra del PP, el acuerdo para iniciar la rescisión. Sin embargo, esta tardaría más de una semana, hasta el día 10, en ser comunicada a Aqualia, que recurrió la decisión y pidió su nulidad. No hay más papeles en el expediente, certificó cuatro años después el actual secretario.

“Si sigue operativo, es por voluntad de las partes”

Sin embargo, un informe del actual secretario recuerda que, desde 2000, las prórrogas de los contratos públicos deben ser ratificadas de forma expresa por ambas partes antes de que esta pueda comenzar, ya que las ampliaciones tácitas pasaban a estar poco menos que proscritas desde finales del siglo pasado. Y eso no ocurrió, o al menos no consta en el expediente, con la prolongación del contrato que ahora está a punto de caducar.

“En definitiva, la viabilidad de la posible prórroga de un contrato tiene que ser resuelta de acuerdo con la normativa que esté en vigor en el momento en el que se acuerde la prórroga”, señala el dictamen, por lo que “no es admisible considerar prorrogado automática o tácitamente el contrato de referencia, debiendo haber quedado extinguido a finales de abril de 2014”. Así, añade, “habría de instarse la finalización del mismo con carácter inmediato y promover en su caso, una nueva licitación”.

“El contrato expiró a los quince años, no ya a partir de su formalización, sino de la fecha en que se inició la prestación del servicio, esto es, el 30 de abril de 2014 –concluye el informe-. Si en el momento actual sigue operativo, lo es por exclusiva voluntad de las partes y por razón de la incidencia del principio de continuidad en la prestación de servicios públicos”.

El dictamen, de hecho, considera de “mayor racionalidad” que el Ayuntamiento “deba finalizar el contrato sin instar su revisión de oficio (…) en la brevedad que le resulte racionalmente posible y al objeto de evitar que pueda interpretarse la existencia de una tácita y nueva prórroga”.

Ya son 16 años sin saldar sus obligaciones pecuniarias con el Ayuntamiento. Es lo que ha hecho Aqualia en el municipio zaragozano de Zuera, según una auditoría encargada por el actual alcalde, Luis Zubieta (PSOE), y a la que ha tenido acceso eldiario.es. La deuda total acumulada por la compañía con el Consistorio se cifra en 1.028.462 euros.

En junio de 2018, el equipo de gobierno de este municipio zaragozano (con una población de 8.000 habitantes), envió la auditoria y otro informe de un bufete de abogados a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón (un órgano consultivo en materia de contratación pública de la Administración, dependiente del Ejecutivo autonómico).

La Junta Consultiva dio la razón al Ayuntamiento y avaló la reclamación de la cantidad adeudada. En octubre de este mismo año, el Pleno del Consistorio aprobó requerir de manera oficial, por vía administrativa, a Aqualia. La respuesta de la empresa llegó la semana pasada en forma de recurso de reposición.

El contrato

El contrato con Aqualia se firmó el 14 de abril de 1999 (en aquel momento se rubricó con Sogesur, S. A., que, en 2003, fue absorbida por Aqualia) para la gestión del servicio municipal de agua y alcantarillado. En el mismo, Aqualia se comprometía a llevar a cabo una obra de conexión del abastecimiento al P. I. El Campillo valorada en 37 millones de pesetas (que realizó) y al pago de otros 37 millones de pesetas (222.374 euros) en concepto de canon por el uso de instalaciones. Se acordó hacer efectivo el abono de este segundo concepto, en pagos anuales durante la vigencia del contrato (15 años) a razón de 0,0575 euros/metro cúbico de agua facturada y cobrada el primer año y revisable en los posteriores según el IPC. Del impago de ese canon es de donde emana, en gran medida, la deuda actual.

Desde la firma del contrato hasta donde llega la auditoría (2016), PP y PSOE se han repartido el sillón de mando en el Consistorio: en 1999 el alcalde era José Manuel Larqué (actual tesorero del PP en Aragón); entre 1999 y 2007 la Alcaldía correspondió al PSOE; paso de nuevo (de 2007 a 2015) al PP y, desde ese momento al actual, vuelve a estar en manos socialistas.

Auditoría

La auditoría muestra como Aqualia solo hizo efectivo el canon por el uso de instalaciones en 1999 y 2000. Posteriormente, dejó de pagar hasta 2016 (aunque en el propio informe ya se advierte que habría que sumar las cantidades de los ejercicios 2017 y 2018). El total pendiente de liquidar por esos 16 años sin pagar es de 641.063,26 euros, que, actualizado por aplicación del IPC –siempre según la auditoria– da una cantidad de 725.697 euros.

A ello se le deben añadir otros conceptos, el más cuantioso es el canon de control de vertidos, que Aqualia no liquidó entre 2004 y 2008, tampoco en 2010, ni entre 2012 y 2016. Y lo hizo parcialmente en 2003, 2009 y 2011. Lo que supone una deuda de 263.366 euros. A ello se le suman dos mejoras ofertadas por la empresa y no realizadas: el Plan de Control de Vertidos (valorado en 30.000 euros) y el Plan Director del Servicio (30.051). En total, 323.417 euros a favor del Consistorio.

A esa cantidad, en la auditoría se restan una serie de partidas a favor de Aqualia, por valor de 47.666 euros. Lo que daría una deuda absoluta por “Otros conceptos” de 275.750 euros. Con el ajuste del IPC, 302.765 euros. Que sumado al uso de instalaciones muestra la deuda total de 1.028,462 euros.

Informe de un bufete de abogados

Además de la auditoría, existe otro informe (encargado, igualmente, por el alcalde actual, Luis Zubieta, y elaborado por un bufete de abogados para el periodo 1999 – 2014) al que ha accedido este medio. Establece una deuda de 522.932,73 euros (hasta 2014) por el uso de las instalaciones.

Uno de los aspectos más destacables del mismo, es que asegura que las liquidaciones presentadas por Aqualia (en 1999 y 2000) eran “manifiestamente inferiores a lo que resultaría de la aplicación de la oferta de la adjudicataria”, y, sin embargo, fueron aceptadas por el Ayuntamiento. Posteriormente, y al menos hasta 2014 (horizonte temporal del estudio), la empresa siguió presentando liquidaciones, que, esta vez sí, fueron rechazadas por el Consistorio.

El informe recoge, en parte, el contenido de una reunión mantenida en 2016 entre representantes del Ayuntamiento y de Aqualia, y a partir de la cual la interventora redactó otro informe. En el mismo, se dice que el Consistorio “invocó que la concesionaria no estaba respetando el contrato y los pliegos en las propuestas de liquidación” y que estaba compensando el importe del canon por el uso de instalaciones dependiendo de los resultados de la explotación.

En este encuentro, Aqualia se quejó de la “supuesta insuficiencia de las tarifas advirtiendo que el coste de explotación había sido superior al canon a favor del Ayuntamiento” y esgrimió que el Consistorio “no podía ir contra sus actos” y que si había aceptado las liquidaciones de 1999 y 2000 (calculadas ya en base a los resultados y no a lo estipulado) debía actuar del mismo modo con las siguientes.

“No se tienen en cuenta las variables que afectan a costes e ingresos”

La justificación que recoge el informe de la interventora, sigue siendo el principal argumento utilizado en la actualidad por la empresa. Fuentes de la misma han asegurado a este medio que Aqualia “discrepa del importe de liquidación propuesto por el Ayuntamiento para el periodo 2001-2016, por no tenerse en cuenta en el método aplicado todas las variables que han afectado a los costes e ingresos del servicio durante ese periodo, las cuales se han ido informando y actualizando por parte de esta empresa periódicamente en las diferentes liquidaciones anuales presentadas ante el Consistorio”.

Se refieren también estas mismas fuentes, como argumento que da solidez a su postura, a una de las conclusiones incluidas en la auditoría, que se refiere a la necesidad de “realizar una revisión de la estructura tarifaria y de las tarifas, desde una visión de ciclo integral del agua, que recoja todas las actividades prestadas por la entidad gestora del servicio municipal”.

Llaman la atención acerca de la inacción del Ayuntamiento zufariense, que se limitó a dejar de aceptar las liquidaciones sin que mediara comunicación alguna. Indican, por añadidura, que el problema principal se da en el pago por el uso de las instalaciones, ya que en lo referente al canon de vertidos es probable que se alcance un acuerdo sin dificultad.

Contrato de obligado cumplimiento

El informe realizado por el bufete de abogados rechaza el argumento de Aqualia, ya que Sogesur realizó una oferta “de un canon unitario fijo, con independencia de la evolución económica del contrato” y la concesionaria asumió, “expresamente, el riesgo y ventura”.

Recurre al artículo 202 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 (ya derogada por la de 2017), que dice “una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación solo podrá introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender causas imprevistas”, por lo tanto –refleja el estudio–, “solo el órgano de contratación puede modificar el contrato”. La normativa vigente en la actualidad se refiere a ello en su artículo 203.

Por añadidura, el artículo 193 de la ley derogada (189 en la actual) señala que “los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas”.

Aceptación de las primeras liquidaciones y prescripción

Se refiere también el informe al ardid utilizado por la empresa al respecto de que la aceptación por parte del Consistorio de las dos primeras liquidaciones (en las que no se siguió el criterio defendido por la Administración en las siguientes) supone un “cambio de criterio”.

Tras el análisis de varias sentencias, el estudio llega a la conclusión de que “el hecho de que el Ayuntamiento haya aplicado un criterio erróneo, aprobando las propuestas, no impide que en lo sucesivo pueda rectificar y practicar las liquidaciones en los términos contemplados en el contrato”.

Acerca de la posible prescripción del derecho de la Administración a reclamar el canon, el informe apunta al artículo 15 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP). El cual señala que prescribirá a los cuatro años el derecho de la Hacienda Pública Estatal a, entre otros aspectos, “reconocer o liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse”.

A la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública estatal se refiere la Ley General Tributaria, que, en su artículo 68, especifica que la prescripción se interrumpe, entre otras posibilidades, “por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria”.

Entienden, por tanto, los encargados de elaborar el informe, que, dado que Aqualia ha presentado propuestas de liquidación, “es indiscutible que se ha interrumpido la prescripción”.

Una vez notificada la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre Aguas de Alcázar, y que abre la vía a su posible remunicipalización, la empresa privada Aqualia -que forma parte de la nueva empresa mixta- está analizándola y valorando la preparación de un recurso de casación contra la misma.

Según apunta la compañía, la sentencia considera suficientemente acreditado que en el momento de la celebración del pleno municipal del 24 de julio de 2014 por el que se 'privatizó' Aguas de Alcázar, concurría la “urgencia” dado que esta última se encontraba “en una situación de crisis, al encontrarse en causa legal de disolución, al superar ampliamente las deudas acumuladas su patrimonio”.

Igualmente, interpreta que la sentencia “declara nulo” el contrato por razones formales, pero no porque el Tribunal considerare que el contrato en sí o la creación de una sociedad mixta fuera ilegal. “Es más, fue precisamente la entrada de Aqualia en la sociedad, mediante la creación de la Empresa Mixta y el préstamo de Aqualia a la misma, junto con el rigor presupuestario y una gestión profesional, lo que ha hecho posible que Aguas de Alcázar Empresa Mixta sea hoy una empresa solvente capaz de atender todos sus compromisos”, apunta la empresa.

Asimismo, considera que esa era la “única solución legal para salvar Aguas de Alcázar”, y que “ni mucho menos fue un regalo”, lo que demuestra que sólo una empresa se presentara al concurso, cuando en procesos similares suele haber hasta seis licitadores. Añade que una eventual resolución del contrato por parte del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan colocará al Consistorio en una posición en la que van a tener que asumir “una deuda muy importante, de 24 millones de euros”, para devolver lo que Aqualia entregó para “sanear la sociedad municipal que estaba quebrada”. De hecho, acusa al Ayuntamiento de utilizar la gestión del agua como “herramienta política”.

“La resolución supondría además empeorar la situación crítica inmediatamente anterior a la transformación de Aguas de Alcázar Empresa Municipal en Empresa Mixta”, subraya Aqualia, e informa de que actualmente los servicios relacionados con el ciclo hidráulico se prestan con normalidad, las tarifas están congeladas, y la Empresa Mixta Aguas de Alcázar es “solvente financieramente”. 

La actual Corporación Municipal, concluye, ha actuado, en este recurso y en otros relacionados con esta cuestión, movida por “intereses políticos, completamente respetables”, pero que “podrían comprometer gravemente la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, el futuro de los habitantes de Alcázar y el futuro de los empleados de Aguas de Alcázar Empresa Mixta”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha estimado el recurso de la ex concejala de Alcázar de San Juan Ana Belén Tejado y ha abierto la vía para la remunicipalización de Aguas de Alcázar. La alcaldesa, Rosa Melchor ha dado la enhorabuena a todos los vecinos de Alcázar “porque hoy se ha dado un paso más por la remunicipalización”.

Asimismo, la alcaldesa del Consistorio alcazareño ha dicho que “desde el principio hemos continuado trabajando para remunicipalizar este servicio. Desde el día de hoy se conoce de forma no oficial, no hemos visto el fallo en detalle, no sabemos exactamente los contenidos pero sí sabemos la apelación presentada por la ex concejal socialista”, ha dicho.

El fallo es favorable y “es un paso más encaminado a resolver problemas de la financiación de Aguas de Alcázar. Era una sentencia muy deseada y esperada, nos ayuda a seguir avanzando”. En este sentido, ha dicho que “nosotros creíamos que había causas objetivas más que suficientes para que se hubiese ganado, puesto que era un defecto de forma”.

Si el fallo es completamente favorable tal y como en apariencia se supone, “eso será una buena nueva para todos aquellos que desde el principio hemos estado intentando recuperar Aguas de Alcázar”. En cuanto a las consecuencias directas de este fallo, la alcaldesa ha señalado que “soy muy cauta, pero entiendo que no es lo mismo la responsabilidad que se tiene siendo la alcaldesa que un ciudadano de la calle. Nuestras opiniones están siempre basadas en el asesoramiento técnico de los juristas que trabajan en y para el Ayuntamiento”.

Ha expresado querer ver el fallo con detalle y estudiarlo. “Si éste responde a las pretensiones de la demandante, eso supondría que podríamos empezar el procedimiento de liquidación”, ha dicho Melchor. En este sentido, ha dicho que “no voy a hablar de plazos, pero esperemos resolver el contrato que nosotros entendemos que nunca se debió firmar”.

Aqualia tiene la vía abierta para recurrir ante el Supremo

Aqualia tiene la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo: “Estamos en un Estado de Derecho y es su decisión. Este es un paso más, importante, pero en efecto no hay ningún paso definitivo en sí mismo, sino que lo que hace es contribuir a que el proceso siga adelante”.

Del mismo modo que contribuyó la primera sentencia favorable sobre la vulneración de derechos fundamentales, “del mismo modo que la demanda del actual portavoz del equipo de Gobierno, este paso nos acerca más porque habla del pleno en el que se ratifica la adjudicación”, ha dejado claro Melchor.

En cuanto a las demás causas, la única que hay abierta es la demanda que presentó el portavoz del Gobierno. “Aunque el fallo en votación del consejo consultivo fue desfavorable al proceso de remunicipalización, sí que hubo dos votos particulares. Por tanto, entendimos que hay mucho que hablar. En derecho, dos y dos no son cuatro. No es una ciencia exacta, está sujeta siempre a la interpretación de jueces, abogados y fiscales”. De este modo, está ese procedimiento abierto y “estamos recopilando la documentación necesaria para abrir el proceso de lesividad”, ha recordado.

A mediados de este mes, Santa Cruz de Bezana finalizará la obra que conectará el depósito general de la Autovía del Agua del Gobierno de Cantabria a la red de distribución municipal de agua potable en el entorno de la zona conocida como 'El Churrasco'.

Así lo ha anunciado este jueves el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, que ha recordado que con esta obra que supone una inversión de 10.823 euros, el municipio podrá abastecerse además de con los recursos propios de los que ya dispone, con agua procedente de la Autovía del Agua.

La medida se toma para garantizar el suministro de agua a la población de Santa Cruz de Bezana en situaciones imprevistas y de emergencia, agilizando los trabajos ante la sequía que este año está sufriendo la región, y que está afectando directamente a los acuíferos y a la disponibilidad de agua.

La Plataforma contra la privatización del agua de Alcázar de San Juan ha celebrado este año tres años de concentraciones y movilización en la calle, siempre con el mismo objetivo: reclamar agua pública en la localidad ciudadrealeña. Para esto, organizaron una concentración “especial” este pasado viernes 24 de marzo, en la que lograron atraer a más vecinos de lo habitual junto a quienes reclamaron al Gobierno socialista, liderado por Rosa Melchor, que todo sigue igual que en 2014. Fue entonces cuando el exalcalde, Diego Ortega, convirtió la empresa municipal en una mixta con Aqualia.

En enero de ese año comenzaron las movilizaciones, en las que la plataforma llegó a encerrarse en el Ayuntamiento de la localidad tras conocer que el Ejecutivo local quería vender el 52% de las acciones de la empresa pública. El colectivo logró juntar miles de firmas para pedir una consulta popular que se realizó, aunque el PP hizo todo lo posible por desacreditar los votos. El día de concentración elegido fue el viernes en la Plaza de España de la localidad, donde llegaron a reunirse entonces miles de personas.

Este pasado viernes, la concentración atrajo a más gente en comparación a los viernes pasados pero sin acercarse a los niveles de 2014. El portavoz de la plataforma, Fernando Ruiz de Osma, explica que la idea era recordar que han sido tres años de lucha y que esta no cambia. “Nos metimos con el PP en su día y hoy seguimos queriendo hacer lo mismo. Queremos que se haga ya la remunicipalización”.

El mensaje para el PSOE es muy claro: “ellos llevaban esto en su programa elecotral como su punto estrella. Queremos ver cambios”, afirma Ruiz de Osma. Pero, además, asegura, hay una sentencia judicial de comienzos de 2016 en la que se anula la decisión de cambiar el modelo de empresa. “Por lo tanto, se puede resolver el contrato con Aqualia con facilidad, según los expertos”, explica el activista. Lo que critica al PSOE es que se hayan “dilatado todos los procedimientos”.

“Seguimos constantemente igual, no se dan pasos suficientes y algo que podría estar resuelto no lo está. Lo achacamos a una falta de voluntad política y falta de señales claras de que se quiera hacer la remunicipalización”, afirma el portavoz. Sin embargo, no piensan dejar de reivindicar el agua pública y para eso cuentan con el apoyo de otras plataformas y activistas, como desde Toledo y Viso de San Juan, que acompañaron al colectivo este pasado viernes.

“No podemos abandonar la lucha ni la esperanza y eso es porque creemos que se puede conseguir”, afirma el portavoz. De este modo, también advierte de que una lucha “tan larga en el tiempo” también ha tenido sus consecuencias. “Con tan pocos resultados, a veces se hace difícil y muchas veces el desánimo cunde. Pero son sólo momentos”, afirma Ruiz de Osma. De este modo, es tajante al asegurar que la Plataforma sigue “muy viva” y que la atención sigue siendo la misma. “Seguiremos hasta que Aqualia se vaya de Alcázar de San Juan”.