Tras ocuparse de las migraciones del Sur al Norte en obras anteriores como El granado de Lesbos u Horizonte, la periodista y escritora María Iglesias (Sevilla, 1976) quería dar una vuelta de tuerca a este tema de triste actualidad, abordarlo desde una perspectiva diferente. El resultado de este reto lleva por título Puro empeño (Edhasa), y es la historia de dos amigas que se ven involucradas en un asunto espinoso: sacar de Marruecos, como hija de una de ellas, a la bebé de una adolescente marroquí y de un joven inmigrante de Mali que murió en un salto de la valla de Melilla.

“No me propuse hablar de la trata infantil o del tráfico de niños, siempre empiezo a escribir por una imagen, una escena o una evocación”, afirma. “Pero en el proceso de escribir fui viendo que en la relación Norte-Sur se dan zonas de sombra que pueden permitir, y de hecho permiten, ese tráfico. Sin ir más lejos, este verano fue muy sonado el caso de Suecia, donde en los últimos 40 años miles de bebés de Corea del Sur, Colombia, China, Chile o Sri Lanka fueron dados en adopción a familias de ese país”.

La sevillana, que asegura concebir la escritura como “un viaje de descubrimiento” para sí misma, quería ponerse esta vez a prueba: “Soy una persona vehemente en la defensa de los Derechos Humanos, y me encuentro a menudo voces que me recuerdan que las cosas son más complejas de lo que parecen, que no hay blancos ni negros. Me interesaba trabajar sobre esa escala de grises de los dilemas y las opciones éticas, y considerar que no todo se hace desde el cinismo o la perversidad. A veces, con la mejor de las intenciones, no tenemos garantía de que el resultado de nuestras acciones no cause un daño. Y siendo yo muy de posicionarme, en esta historia quería que no resultara tan fácil posicionarse, ni para mí ni para los demás”.

El atractivo de los buenos

Puro empeño está protagonizada por la española Alba y la francesa Simone, dos grandes amigas que se citan en Nador, en el Norte de Marruecos. Allí, Simone se dispone a desafiar las leyes adoptando a esa niña, con el consentimiento de su madre y la ayuda de un buscavidas local, Jamal. La autora se mete en la piel de todos estos personajes a través del uso de la primera persona del singular, “para que cada uno contara los hechos desde su punto de vista, y el lector o la lectora pudiera sentirse cocreador del puzle final. La realidad es, al final, el resultado de esa perspectiva múltiple, porque todos tienen razones para hacer lo que hacen, no hay una que sea la buena”.

Con un ritmo intenso, afín al thriller, esta novela coral quiere refutar la extendida idea de que solo el mal es excitante para la ficción novelesca o cinematográfica. “Vivimos rodeados de aventuras éticas no contadas”, asevera Iglesias. “La gente ética, que en mi opinión es la mayoría, se ve eclipsada por la injusta fascinación que produce el mal, pero a mí me parece más rica y compleja, y mucho más atractiva. Los malos, como vemos últimamente, son simples y se dejan llevar por intereses muy claros. Me interesan mucho más las epopeyas de la resistencia y la supervivencia cotidianas”.

Un detalle fundamental en la novela es el escenario principal, la villa fronteriza de Nador, junto con los pueblos del Alto Atlas, tan diferentes a los emplazamientos marroquíes más habituales de las novelas, con Tánger a la cabeza. “Quería salirme de las ciudades imperiales, que son más turísticas. He sido varios años jurado del Festival de Cine de Nador y he podido familiarizarme con el lugar. Las personas que viven allí suelen decir que no es una ciudad bonita, pero tiene el encanto de lo auténtico. Y es gente que migra no solo por carecer de buenas condiciones de vida, sino también por su deseo de proyectarse y cumplir con sus expectativas. A diferencia de Horizonte, donde se veían marroquíes con profesiones liberales, aquí hay una población obrera, currante y proactiva, que yo quería mostrar sin victimizarlos”.      

Una situación peligrosa

A la hora de responder si tiene fe en que la ficción pueda cambiar la forma de pensar de los lectores, responde que “prefiero no ser prescriptora de qué debe o no hacer la ficción, y de hecho yo voy a una librería y me dejo tentar por cosas muy diferentes. Pero, desde mi libertad, lo que más me interesa es escribir libros con vocación de incidir en la realidad y transformarla, como trato de hacer con mi periodismo”.

Iglesias, que presentará su obra el próximo 2 de octubre en el Cicus de Sevilla y el día 7 en la librería madrileña Ateneo La Maliciosa, no es ajena al hecho de que el libro aparece “en medio de una oleada brutal anti-inmigración”, y asume que “la situación es preocupante, peligrosa, con este auge del fascismo a nivel global que amenaza la democracia, las libertades y los Derechos Humanos, todo lo que hemos conquistado con mucho esfuerzo desde la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, no soy optimista ni pesimista, soy de construir. Aportar nuestro grano de arena a esta democracia que es convivencia entre discrepantes, no solo entre izquierdas y derechas, sino en las familias, en las comunidades de vecinos”.

Y todo eso pasa, agrega, por un rechazo al individualismo que el sistema impone. “En mi novela anterior ya hablaba de una generación que se está mostrando muy activa en echar un pulso por la igualdad Norte-Sur. Gente conectada con el mundo, a la que no le cuelan ya las viejas historias de dominación o los relatos que les hacían creerse inferiores. Pero lo que Puro empeño pone de manifiesto es que hay dilemas en los que lo individual, el sálvese quien pueda, no basta, se necesitan respuestas colectivas, sociales”.     

Los aviones de Salvamento Marítimo estuvieron casi medio año sin volar por la noche en pleno repunte migratorio en Canarias. Desde el verano pasado hasta principios de febrero, coincidiendo con los primeros meses de gestión de la nueva adjudicataria, la UTE World Aviation & Eliteavia, las aeronaves dejaron de operar doce horas diarias, normalmente en horario nocturno, debido a la falta de personal para cubrir turnos. Esta limitación se extendió alrededor de seis meses, tiempo en el que cerca de 30.000 personas alcanzaron las Islas en pateras y cayucos. 

Los registros de inoperatividades de las aeronaves de Salvamento, la institución pública encargada de la búsqueda y rescate de personas en aguas españolas, han sido obtenidos por Canarias Ahora y la Fundación porCausa a través del Portal de Transparencia.

La información corresponde a los aviones ubicados en dos de las tres bases de Salvamento, en Valencia y Las Palmas de Gran Canaria, y muestra cada una de las inoperatividades, el motivo y el tiempo de duración del percance desde que la UTE World Aviation & Eliteavia inició el servicio en ambas (el 19 de junio de 2024 y el 12 de agosto de ese mismo año, respectivamente) hasta finales de noviembre del curso pasado. Los datos relativos al tercer avión, situado en Santiago de Compostela, no fueron solicitados al hallarse por entonces en mantenimiento. 

Los archivos facilitados por Salvamento Marítimo muestran que, desde que la nueva adjudicataria se hizo cargo de sus aviones a través de un contrato de cinco años valorado en 44,02 millones, estos pasaron a quedar inoperativos doce horas diarias por “descanso de la tripulación”. En Valencia, era habitualmente desde las 19.00 hasta las 07.00. En Gran Canaria, desde las 20.00 hasta las 08.00. Esto se repitió casi sin excepción hasta el 7 de febrero de 2025, fecha en la que World Aviation obtuvo un certificado emitido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que le permite interrumpir el descanso de la tripulación “en condiciones excepcionales y siempre que puedan correr riesgo vidas humanas”. 

A partir de ese momento, los aviones dejaron de estar inoperativos por las noches. Ya pueden volar en caso de ser reclamados por una emergencia. Pero en todo el periodo anterior, de alrededor de seis meses, no podían. Periodo en el que llegaron a Canarias cerca de 30.000 migrantes en cientos de embarcaciones precarias y unas 211 personas murieron intentando alcanzar el Archipiélago, de acuerdo con las cifras del proyecto Missing migrants de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La organización no gubernamental (ONG) Caminando Fronteras ha cifrado en 9.757 las víctimas solo en 2024. 

Salvamento ha defendido que su servicio “se presta las 24 horas del día los 365 días del año”, estén las aeronaves o no. Y que para ello “hace uso de cualquier recurso disponible, ya sea propio o de terceros (militares, civiles, privados), sin que por ello se vea mermada su capacidad de respuesta”. La institución no ha sancionado a la UTE escudándose en que esta tenía seis meses “para obtener las licencias requeridas”. World Aviation, por su parte, ha agregado que los aviones, según el pliego de condiciones, vuelan 600 horas anuales cada uno, una media de 1,64 horas al día, obviando que ese mismo pliego exige un horario de funcionamiento de 24 horas todos los días del año y una operatividad anual del 80%. 

Para entender por qué los aviones estuvieron la mitad del tiempo inoperativos en pleno repunte migratorio, conviene explicar cómo funcionan los turnos y descansos en el servicio aéreo de Salvamento. Vienen regulados por la Circular Operativa 16-B, de la AESA. Esa resolución señala que el tiempo máximo de presencia física de una tripulación es de 12 horas y que el tramo mínimo de duración del descanso es de 10,5 horas. 

La regulación implica que para que los aviones permanezcan activos las 24 horas es necesario contar con mínimo dos tripulaciones, una por el día y otra por la noche, e incluso una tercera en caso de que se produzca alguna baja, aseguran fuentes del Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA). Cada tripulación consta de un comandante, un copiloto, dos coordinadores tácticos de misión y un técnico de apoyo al vuelo. 

Pero eso rara vez ha funcionado así en Salvamento Marítimo. La anterior contratista, la empresa Avincis, operó en los últimos años bajo un régimen excepcional aprobado por la AESA que permitía que una misma tripulación trabajara todo el día en régimen de guardia localizada durante periodos de más de una semana, según fuentes. A cambio, se imponían estrictas condiciones de mitigación de la fatiga, incluyendo siestas obligatorias, plazos de descanso mínimo y limitaciones en las actividades nocturnas. 

Esa flexibilidad normativa permitía a Avincis mantener sus aeronaves disponibles día y noche, siendo posible activar las tripulaciones “en condiciones excepcionales y siempre que puedan correr riesgo vidas humanas”. Un trabajador de la empresa explica que, aunque la organización de los descansos tras una activación podía parecer compleja, sobre todo por la noche, el sistema estaba diseñado para garantizar tanto la seguridad como la eficacia del servicio. La operatividad continua era posible incluso con una plantilla limitada. 

Sin embargo, tras el relevo en la gestión, la UTE World Aviation & Eliteavia no contaba inicialmente con esa exención ni tampoco con trabajadores para cubrir todos los turnos, por lo que tuvo que cumplir estrictamente las jornadas de doce horas de actividad y otras tantas de descanso. La UTE resultó adjudicataria del contrato el 21 de julio de 2023, comenzó oficialmente el servicio el 27 de agosto de 2024, solicitó la exención el 26 de septiembre de ese mismo año y finalmente la obtuvo el 7 de febrero de 2025. Es decir, alrededor de medio año sin poder volar los aviones por la noche en pleno repunte migratorio en la ruta atlántica. 

“Las emergencias suceden en cualquier momento”

Las llegadas de migrantes a Canarias no ocurren en un tramo concreto del día. Una fuente del servicio de rescate aéreo de Salvamento apunta que las neumáticas, que suelen proceder de Marruecos y el Sáhara, inician su travesía por la noche para llegar a Lanzarote y Fuerteventura por la mañana. Pero en los casos de cayucos y pateras, “pueden llegar a cualquier hora”. “Esto es 24/7. Las emergencias suceden en cualquier momento y no es previsible”, agrega un patrón de una salvamar en Gran Canaria que prefiere no revelar su identidad. 

Por la noche, de hecho, mientras los aviones estaban inactivos, se produjo el mayor naufragio registrado en las costas del Archipiélago. Tuvo lugar en torno a las tres de la madrugada del 29 de septiembre, en El Hierro. Una llamada enviada desde dentro de un cayuco en medio del Atlántico puso en alerta a los servicios de emergencia. La embarcación había salido de Mauritania con 90 personas a bordo y estaba a la deriva, a solo cuatro millas de la isla más occidental de Canarias. 

Cuando los equipos de rescate llegaron, la embarcación volcó. La tripulación de la Guardamar Concepción Arenal consiguió sacar del agua los cadáveres de nueve personas y poner a salvo a 27. Los otros 54 migrantes que viajaban en el cayuco desaparecieron en el mar. 

El último informe Monitoreo del Derecho a la Vida, de Caminando Fronteras, recoge el siguiente testimonio de un migrante a la deriva en la ruta canaria: “Nos hundimos, una de las gomas está totalmente desinflada, hay gente ya en el agua. Les sostenemos para que no se separen de la embarcación. Llevamos horas comunicando, ya tenéis la posición, ¿por qué no viene nadie? Hemos llamado a todos, dicen que viene Marruecos, pero no llega. Que manden aunque sea un avión, algo. No vamos a aguantar más, nos iremos todos al fondo, nadie tiene piedad de nosotros, que Alá se apiade de nosotros”. 

Los aviones de Salvamento Marítimo son utilizados para proteger la vida humana en el mar, prevenir la contaminación y garantizar la seguridad marítima. Son capaces de localizar pateras y cayucos y su “gran ventaja es su velocidad, autonomía y capacidad de transportar sensores”. Sus misiones principales son el patrullaje, la observación y la búsqueda, pero tienen una capacidad de rescate “limitada”, según Salvamento. 

Todas las fuentes consultadas coinciden en afirmar que los aviones localizan y los helicópteros rescatan. Pero eso no significa que los segundos puedan sustituir a los primeros. Una aeronave tiene “muchísimo más rango de acción”, de acuerdo con el SLTA, y los helicópteros “son poco prácticos para realizar búsquedas” porque tienen “menos capacidad y autonomía”, confiesa un piloto de este tipo de medios. 

Incluso Salvamento explica que “ante el desconocimiento del estado y lugar donde puede encontrarse una embarcación en peligro, un medio aéreo de ala fija [avión] complementa cualquier búsqueda por velocidad y autonomía, pudiendo cubrir una mayor superficie en el mar”. 

El trabajador de Avincis antes citado recuerda que la zona de rescate que rodea Canarias es amplia y que si se produce una emergencia en el sur, por ejemplo, el avión llega mucho antes, valora la situación y coordina la maniobra para que el helicóptero rescate a la persona en apuros lo más rápido posible. Para un piloto de helicópteros consultado, la falta de aeronaves les podría afectar en el consumo de horas de vuelo (trabajarían más por carencia de medios) y en la localización de las embarcaciones. Pero si esto último lo saben, sostiene, “tenemos lo necesario” para realizar un rescate. 

ONG y expertos denuncian la falta de recursos: “La cobertura es solo nominal”

ONG y personas expertas en migraciones alertan de deficiencias estructurales en el dispositivo de Salvamento Marítimo en España. Acusan a las autoridades de mantener una cobertura insuficiente y de operar bajo un modelo que no garantiza la atención continua a las personas migrantes en peligro en el mar.

“La empresa que recibe el contrato contrata por 24 horas, pero son 24 horas nominales. No son reales. Y eso lo sabe todo el mundo”, denuncia Teodoro Bondyale, miembro de la Federación de Africanos en Canarias. Según el activista, esta situación no es nueva: “Llevamos 30 años viviendo esto”.

La crítica se dirige a la brecha entre la operatividad prometida por los pliegos públicos, una disponibilidad permanente, y la realidad del servicio, condicionado por limitaciones de personal, turnos de descanso y decisiones administrativas.

En la ruta migratoria hacia Canarias, se han documentado demoras superiores a las 24 horas en las labores de rescate. Ibrahima Konaté, investigador independiente y fundador de Missing Voices, atribuye estos retrasos a “falta de coordinación, carencia de recursos y escasa voluntad política”. En su opinión, se trata de una vulneración de los protocolos internacionales en materia de búsqueda y salvamento.

Caminando Fronteras, colectivo de referencia en la denuncia de vulneraciones de derechos humanos en la frontera sur, sostiene que las decisiones sobre cuándo intervenir o no se toman con criterios arbitrarios, en ocasiones ignorando las directrices de organismos de Naciones Unidas. “Solo se actúa cuando hay presión mediática, no cuando hay vidas en riesgo”, lamentan desde la organización.

Estas prácticas han motivado denuncias ante tribunales españoles y europeos. Migreurop, Alarm Phone y Caminando Fronteras coinciden en que los fallos del sistema no son ocasionales, sino que responden a una política deliberada de externalización del control migratorio que, alertan, pone en peligro la vida de las personas migrantes.

“No se trata solo de medios. Se trata de voluntad política para salvar vidas”, remacha Teodoro Bondyale, de la Federación de Africanos en Canarias.

600 horas anuales de vuelo por avión

World Aviation no ha respondido a las preguntas concretas planteadas por esta redacción, sino que se ha defendido de manera genérica apoyándose en dos cuestiones: las horas de vuelo estimadas y el periodo de transición establecido tras la adjudicación del contrato. 

Según el pliego de condiciones, los aviones de Salvamento vuelan 600 horas anuales cada uno, una media de 1,64 horas al día. Esa cifra, apunta World Aviation, “está en línea con los volúmenes operativos de años anteriores” y “se ha incorporado el equipo necesario para asegurar su cumplimiento”. La empresa no menciona que ese mismo pliego exige un horario de funcionamiento de 24 horas y una operatividad anual mayor o igual que el 80%. 

Con respecto al periodo de transición, World Aviation vuelve a apoyarse en el pliego, que indica que dispone de medio año desde su entrada en servicio para obtener las licencias requeridas. “En cualquier caso”, señala el documento, debe garantizarse el servicio “mediante la subcontratación temporal a terceras organizaciones u otras soluciones”. La compañía opina igualmente que ha superado “con éxito” el plan de transición pese a que los aviones estuvieron casi medio año sin volar por la noche por falta de medios. 

Salvamento no ha sancionado a World Aviation por ello. Hasta noviembre del año pasado, solo había penalizado a dos contratistas desde 2021: las empresas Quercus XXI y Astilleros del Guadalquivir. La segunda, encargada del servicio de varado del buque remolcador Marta Mata, recibió una multa de 61.500 euros en 2023 precisamente por “inoperatividades y retrasos”, según una resolución obtenida a través del Portal de Transparencia.

Desde hace 22 años en el Área de Migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía llevamos a cabo el monitoreo y un análisis de las personas que acceden por vías irregulares a través de la frontera sur española. 

Este trabajo tiene diferentes objetivos, siendo el principal visibilizar la ausencia de un enfoque de derechos en las políticas migratorias y denunciar las vulneraciones sistemáticas que se producen en su aplicación. De este modo exigimos a las autoridades gubernamentales el cumplimiento de la legislación y el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos con especial atención a los artículos 13 y 14. 

La elaboración de nuestro balance migratorio anual no solo permite poner de manifiesto la falta de transparencia en el tratamiento de los datos por parte de las administraciones públicas, particularmente del Ministerio del Interior, sino también fomentar un pensamiento crítico frente a los discursos que criminalizan e instrumentalizan y las prácticas que deshumanizan y homogeneizan a las personas migrantes, especialmente aquellas de un determinado perfil étnico y cultural. 

Contar con datos precisos sobre el número de personas que acceden por las distintas rutas, su procedencia, sexo o género nos ayuda, por ejemplo, a comprender cómo han incrementado los discursos racistas y xenófobos y cómo se manifiesta el racismo institucional y estructural en sus múltiples formas. 

Algunos de los ejemplos de estas prácticas son las devoluciones en caliente o la externalización de fronteras hacia terceros países, medidas que, cada año, privan a miles de personas del derecho a migrar o solicitar protección internacional y asilo. 

Si, especialmente durante los meses de verano, en los medios de comunicación generalistas solo se muestra el bochornoso espectáculo ofrecido por los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas que han tratado como mercancía e instrumentalizado de forma partidista la protección de la infancia migrante, o se incide repetitivamente en la llegada de cayucos o pateras a Canarias -la que por 5º año desde 2019 es la ruta más transitada de la frontera sur española-, no es de extrañar que la inmigración pasase de ser la cuarta preocupación de España a principios de 2024 a la primera en el mes de julio de ese mismo año, según el CIS. 

Tampoco sorprende que esa manipulación mediática haga creer que en verano es cuando más personas llegan, cuando realmente suelen ser los meses del último trimestre aquellos en los que, según nuestro monitoreo, más personas llegan. En 2024 fue el mes de noviembre con la llegada de 10.638 personas y la gran mayoría fue a la isla de El Hierro. 

Mucho menos raro es que la gente ignore que desde el récord de llegadas en la serie histórica en 2018, con 64.120 personas, el descenso de las llegadas a península y en concreto a Andalucía en 2024 haya sido de más de un 80% en comparación con ese mismo 2018. Y, sobre todo, que eso se deba al buen trabajo que está haciendo Marruecos, al que, a cambio de ingentes cantidades de dinero, se externaliza la represión más violenta hacia las personas procedentes de países como Senegal, Mali, Chad, Sudán, Guinea Conakri, Ghana, Costa de Marfil… y así les sea prácticamente imposible llegar a algún punto de la península o Baleares. 

El blindaje del norte del país vecino ha verticalizado la frontera y ha hecho que casi la única ruta posible para las personas procedentes de África occidental sea Canarias: la ruta más lejana y con más días de travesía, con las embarcaciones más precarias y también la más mortífera

Y es por eso por lo que llegan más personas a Canarias -por delante del 2006, porque el blindaje del norte del país vecino ha verticalizado la frontera y ha hecho que casi la única ruta posible para las personas procedentes de África occidental sea Canarias: la ruta más lejana y con más días de travesía, con las embarcaciones más precarias y también la más mortífera. De las 2.465 personas que perdieron la vida o desaparecieron durante el 2024, el 75% lo hizo en esta ruta. 

No nos estremecemos lo suficiente cuando conocemos que han aparecido varios cayucos en Cabo Verde, en República Dominicana o apenas unos días atrás uno en Trinidad y Tobago, que partieron desde algún punto de Mauritania o Senegal con cadáveres o personas momificadas en su interior. Tampoco que, aunque el porcentaje de mujeres que llegan se mantenga en torno a un 5% del total de llegadas, las mujeres que fallecen o desaparecen durante la travesía hayan sido el 11% del total de esas 2.465 personas. Y que, obviamente, más del 80% de esas personas que fallecen sean personas negras. 

A pesar de que durante todo el 2024 han accedido 64.048 personas, apenas un 10% más que el año anterior y un 38% menos -según Frontex- en total en toda la frontera sur europea, las medidas que se pretenden implantar con la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y otras ya implantadas por algunos gobiernos europeos están muy lejos de garantizar vías de migración legales y seguras para que cada año no tengan que morir miles de personas en nuestros mares y océanos. 

En concreto y según el proyecto Missing Migrants de la Organización Internacional de las Migraciones – OIM - 31.162 personas han perdido la vida en el Mediterráneo durante estos últimos 10 años. Según nuestro registro, desde 1988 han sido 19.363 en la frontera sur española y el 76% de muertes se ha producido en los últimos 5 años. 

Así que en APDHA lanzamos varias preguntas para segur invitando a la reflexión y favorecer el debate en pro de los derechos humanos: ¿De verdad un país como el nuestro, la quinta economía europea, no puede establecer un sistema que sea respetuoso con los derechos humanos para la acogida de 175 personas al día? ¿Realmente el gobierno de un país no puede gestionar la llegada de 64.048 personas durante un año cuando un gobierno local puede gestionar la estancia de 230.000 turistas en un mes? ¿Es posible que un país como el nuestro no cuente con los medios humanos y materiales suficientes para atender al 0,10% del total de la población estatal? 

¿Realmente un gobierno como el nuestro, que presume de ser de los más progresistas de la Historia, puede dejar morir cada año a miles de personas sin asumir que estas prácticas forman parte de la ideología racista y xenófoba que nunca abandono Europa?

Una persona muerta cada cuatro horas es el trágico balance migratorio del acceso a España desde África durante 2024, en el que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha documentado la muerte y desaparición de 2.465 personas, de las cuales 591 cuerpos han aparecido en las costas o en alguna embarcación durante el rescate y otras 1.874 se tiene constancia de que han muerto o no se les ha encontrado pero han desaparecido para siempre.

Es el segundo año tras 2023 con más personas muertas y desaparecidas de la serie histórica que en APDHA lleva registrando desde 1988, según han informado en rueda de prensa este martes en Sevilla. “Desgraciadamente cada vez parecen más lejos que se establezcan vías legales y seguras para que las personas puedan acceder a territorio seguro cuando sus vidas corren peligro o quieran emprender un proyecto migratorio”, han denunciado. Canarias continúa siendo la ruta más transitada, pero a la vez la más mortífera: más del 75% de las personas que han perdido la vida o desaparecido en 2024 lo ha hecho en esta ruta.

Pese a que las llegadas de migrantes a la UE caen un 38% en 2024, el incremento de personas que tomaron la ruta canaria en 2024 ha hecho que el año pasado haya tenido un total de 64.048 llegadas tanto por vía marítima como terrestre, el segundo con más llegadas, solo superado por 2018. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, viaja este martes a Estrasburgo para abordar la política migratoria y el papel de las regiones ultraperiféricas en la UE.

Macarena Olid, vicecoordinadora de la APDHA, ha dicho que “las políticas migratorias de la Unión Europea y del Estado español están condenando cada año a miles y miles de personas a utilizar las rutas más peligrosas, en las que deben jugarse la vida a bordo de precarias embarcaciones, para ejercer su legítimo derecho a migrar, reconocido como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

La coordinadora del informe, Ana Rosado, ha explicado que en 2024 “de media, cada día accedieron a territorio español por vías irregulares 175 personas, de las cuales 128 lo hacían a alguna de las Islas Canarias, 15 accedían por Andalucía, 24 por la ruta de Levante y 8 lo hacían a Ceuta y Melilla”.

El vacío de noticias típico del verano y los discursos racistas y xenófobos que se lanzaron provocó que la inmigración pasara de ser la cuarta a la primera preocupación de los españoles según el CIS durante el mes de julio"

Rosado apunta que “el incremento de llegadas en la ruta canaria es inversamente proporcional al descenso en las llegadas a las rutas que conducen hasta la península, a excepción de la ruta de Levante, que ha experimentado un incremento por las llegadas a Baleares”. La coordinadora del Frontera Sur señala que “no se trata de algo nuevo, sino que es un cambio que se lleva produciendo claramente desde 2019, coincidiendo con el reforzamiento de los acuerdos suscritos con Marruecos”.

La coordinadora ha lamentado “el bochornoso espectáculo del pasado verano, cuando, por intereses políticos, algunos partidos han instrumentalizado y han mercadeado con la infancia migrante o con las personas que se desplazaban desde las Islas Canarias hasta la península”. “El vacío de noticias típico del verano y los discursos racistas y xenófobos que se lanzaron provocó que la inmigración pasara de ser la cuarta a la primera preocupación de los españoles según el CIS durante el mes de julio”, ha comentado.

Para concluir respecto a estas cuestiones, Rosado ha señalado que “justamente durante los últimos 5 años se concentran casi 11.000 muertes de las 19.363 que hemos podido registrar desde APDHA durante los últimos 37 años”, lo que viene a señalar que “las políticas de militarización y externalización de fronteras en terceros países ha empeorado la situación de las personas que necesitan acceder a territorio seguro, al tiempo que tenemos un sistema de asilo cada vez más restrictivo y prácticas que, como las devoluciones en caliente, vulneran sistemáticamente los derechos humanos”. “Los datos que hoy presentamos confirman el fracaso absoluto de las políticas migratorias europeas”, ha sentenciado Rosado.

Trabajo de campo en asentamientos de Huelva y Almería

APDHA ha realizado este año un estudio de investigación acerca de la situación que enfrentan las personas migrantes que residen en los asentamientos de infraviviendas. El informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024. Las fronteras internas en Andalucía: las vulneraciones de derechos en los asentamientos de Huelva y Almería’ centra su mirada en la realidad que viven las personas trabajadoras migrantes que, vinculadas a la industria agroalimentaria de las provincias de Almería y Huelva, se ven obligadas a vivir en chabolas.

Se trata de un trabajo de campo realizado por investigadoras de la APDHA y que ha sido cofinanciada por el proyecto Tejiendo Derechos (WakeUpRights) de la Unión Europea y Oxfam Intermón en el marco del programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) de la UE. En él se refleja “una serie de vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos que requieren una respuesta urgente y estructural”. “Las condiciones laborales precarias, la falta de acceso a servicios básicos, la discriminación social y la precariedad habitacional no solo afectan la calidad de vida de los y las residentes, sino que también perpetúan un ciclo de exclusión y explotación que socava su dignidad humana”, lamenta el informe anual.

Es fundamental que se implementen soluciones integrales que incluyan la construcción de viviendas asequibles, el acceso a servicios básicos y programas de integración social

Aunque existen “esfuerzos aislados” para mejorar estas condiciones, como Lepe en Huelva y Níjar en Almería, la creación de alojamientos temporales y la intervención de organizaciones locales, así como “la falta de una estrategia integral y coordinada entre las administraciones públicas ha obstaculizado avances significativos”.

El plan estratégico para erradicar los asentamientos informales, “aunque positivo, no ha logrado abordar de manera efectiva la magnitud del problema”. “La insuficiencia de recursos y la falta de infraestructuras adecuadas siguen siendo barreras importantes”, dice APDHA, que concluye que el plan “no puede limitarse únicamente al desmantelamiento de las infraviviendas o a la prohibición y vigilancia para evitar la construcción de nuevas, sin ofrecer alternativas habitacionales reales y dignas”.

“Es fundamental que se implementen soluciones integrales que incluyan la construcción de viviendas asequibles, el acceso a servicios básicos y programas de integración social. De lo contrario, se corre el riesgo de que el plan se convierta en una medida que obligue a las personas migrantes a vivir en situación de calle, perpetuando así la vulnerabilidad y la exclusión social de estas personas”, recoge el informe.

La “cronificación” de la situación

Macarena Olid, vicecoordinadora de la APDHA, ha destacado “el trabajo de campo realizado por el equipo de investigadoras de APDHA”, quienes, “sobre el terreno, han conocido de primera mano la realidad de los asentamientos, han entrevistado a las personas obligadas a vivir en esas condiciones y se han puesto en contacto con las entidades y colectivos que les brindan ayuda y apoyo así como con los responsables de las administraciones públicas que obvian sus obligaciones para con estas personas y miran hacia otro lado mientras se vulneran sus derechos más elementales”.

Carmen Vásquez, una de las investigadoras de APDHA que ha participado en la confección del informe, ha explicado que se ha realizado “un estudio de corte cualitativo que se basa en entrevistas a trabajadores migrantes, personal de las administraciones públicas y ONGs, además de la observación participante en los asentamientos y el análisis de la información proveniente de los diarios de campos de las investigadoras”.

Vásquez ha señalado que “aunque la agricultura intensiva es el motor económico de estas dos provincias, generando grandes beneficios económicos, las condiciones laborales de los trabajadores migrantes son sumamente precarias”. De esta forma, “mientras que en Almería se contabiliza un 22,3% de población extranjera y en Huelva un 10,57%, las cifras reales podrían ser mucho más altas debido a la falta de datos sobre personas en situación irregular”. La investigadora de APDHA ha apuntado que “son muchos los problemas que afronta cotidianamente este colectivo, entre los que destacan infraviviendas construidas con materiales desechados como plástico, cartón o palets, la falta de agua potable, electricidad y saneamientos, la cronificación de la situación para las personas que residen permanentemente en estos lugares, la vulnerabilidad de los niños, mujeres y jóvenes ex tutelados, problemas de salud vinculados a condiciones de vida insalubres, la permanente amenaza de incendios, la dificultad para obtener atención sanitaria o problemas para la escolarización de los menores”.

Vásquez ha cuantificado en “al menos 7.000 personas en Almería y como mínimo otras 5.000 en la provincia de Huelva que viven en estas condiciones que hemos descrito” y ha señalado algunas de las soluciones que APDHA pone encima de la mesa para revertir esta dramática situación: “soluciones habitacionales a partir de la construcción de viviendas sostenibles y accesibles, regularización laboral y mejoras en las condiciones de trabajo, políticas inclusivas con programas específicos para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, un enfoque integral con coordinación entre las administraciones para hacer frente a esta realidad y una supervisión ambiental que establezca controles para minimizar el impacto negativo de la agricultura intensiva tanto en el entorno como en las comunidades afectadas”.

La celebración el pasado 26 y 27 de octubre en Melilla de la asamblea extraordinaria de la federación Andalucía Acoge sirvió para reafirmar el compromiso de todas con la construcción conjunta de convivencia desde la diversidad y la reivindicación a la administración pública en su responsabilidad en hacerlo, generando políticas de igualdad de derechos.

Bajo el lema ‘Diversidad que nos une, solidaridad que nos fortalece’, el encuentro mantenido sirvió además para acompañar a la asociación Melilla Acoge en la celebración de su 30 aniversario, que se centró especialmente en la noche del viernes 25, donde se reunieron voluntariado y equipo técnico de la asociación, así como instituciones y representantes locales. Se realizó además un reconocimiento a personas voluntarias que muestran su compromiso con la entidad desde hace años.

El encuentro en Melilla sirvió también para que durante todo el fin de semana se realizaran diferentes visitas a espacios representativos del territorio para conocer un poco más de cerca la realidad de la Ciudad Autónoma. Tras los actos propios de la asamblea, llegó uno de los platos fuertes, en un acto público en el que se salió a la calle bajo la pancarta ‘Caminos seguros para las personas migrantes’ con la que se denunció la realidad de la Frontera Sur.

Un manifiesto que protesta, propone y apuesta

Como cierre del acto, el presidente de la federación, Jesús García Grijalbo, leyó el manifiesto en el que se puso el acento, por un lado, en el número de muertes de la Frontera Sur del país por la falta de vías legales y seguras, entre otras razones. Por otro, apuntó hacia la actual coyuntura política con la implementación de un Pacto Europeo de Migración y Asilo del que como parte de la sociedad civil se sigue pendiente para que suponga un avance de derechos y no una política de elevación de muros.

Por este motivo, desde Andalucía Acoge y las asociaciones federadas, se realizaron una serie de propuestas a las administraciones públicas para cambiar esta realidad:

·        Que se establezca un modelo económico mundial que no condene a la pobreza a millones de personas del sur global.  

·        Que se establezcan caminos migratorios seguros y legales que garanticen el derecho a la vida de todas las personas que migran.  

·        Una gestión responsable de las fronteras, que no puede delegarse a terceros países que perpetúan violaciones de derechos humanos e incrementan la mortalidad en rutas migratorias peligrosas.  

·        Una política migratoria que priorice la dignidad de las personas y ofrezca especial protección a los colectivos vulnerables, como mujeres, menores con o sin referentes familiares, personas víctimas de trata y personas LGTBIQ+, entre otras, quienes enfrentan riesgos adicionales durante su proceso migratorio. La incorporación de estas personas a la sociedad contribuiría sin duda a la generación de un bien común para todos y todas.   

Por último, reforzando también el lema de la asamblea, que mira hacia un modelo de convivencia diversa y solidaria, también se realizó la apuesta por:

·        Trabajar en el fomento de comunidades diversas, inclusivas y acogedoras, donde todas las voces seamos escuchadas y valoradas en igualdad de condiciones, asumiendo que la diversidad construye sociedades más ricas, plurales y valiosas.  

·        Promocionar la solidaridad, la creación de redes de apoyo y la generación de alianzas a todos los niveles, porque hacerlo nos fortalece como comunidad y define un camino conjunto de convivencia. 

·        Y, por último, reivindicar responsabilidad a las administraciones públicas en generar un espacio de igualdad de derechos y promoción de la convivencia a través de políticas públicas que las potencien.  

Siham Khalifa El Abdi es la directora nacional adjunta del Área de Infancia y Familia de Fundación SAMU, una entidad sin ánimo de lucro que cuenta con una red de atención de jóvenes migrantes llegados a España. La reubicación de estos menores de edad es un debate que lleva varias semanas encima de la mesa y que tuvo como punto de inflexión hace solo un mes el fracaso de la reforma de la Ley de Extranjería, tumbada por PP y Junts, que pretendía sistematizar la solidaridad interterritorial en la acogida de menores migrantes. El asesinato de un niño de 11 años en Mocejón ha servido como excusa a la extrema derecha para una práctica habitual en sus redes: vincular sin datos delincuencia, violencia e inmigración.

Khalifa El Abdi rechaza con contundencia ese discurso, en el que se enredan los populares, y nos habla en esta entrevista realizada a finales de julio, con conocimiento de causa, de quiénes son esos chicos que llegan a España.

¿Cuál es el perfil de los menores migrantes que llegan a España a través del mar?

Levamos 20 años trabajando con migraciones de este tipo y nos seguimos preguntando quiénes son. Pues son niños y son niñas, llegan a nuestras fronteras para quedarse y sin el acompañamiento de un adulto, con todo lo que ello implica. La inmensa mayoría llega de países del Magreb, en particular de Marruecos y de Argelia, y en un alto índice del África subsahariana. Insisto, y voy a repetirlo hasta la saciedad, estamos hablando de niños y de niñas, de hasta cuatro o cinco años.

Buscan una vida mejor, buscan cumplir un sueño, buscan ser libres, buscan un trabajo digno. Las historias de vida que cuentan estos niños en régimen de acogida son muy diversas, desde vivir su orientación sexual en libertad porque se han sentido perseguidos en su país de origen hasta proyectos migratorios basados en trabajar lo antes posible y ahorrar dinero para poder pagarle una intervención quirúrgica a su padre o madre. Cada historia de vida es única. El denominador común: buscan una oportunidad, escapando de conflictos bélicos, de persecuciones, de hambrunas, de violación de derechos humanos... Podemos encontrar de todo.

¿Por qué cree que sigue primando el discurso de la marginalidad y del odio asociado a esos jóvenes que huyen de su país a los que se les llama 'menas'?

Lo único que ha conseguido lo que empezó siendo un acrónimo de menores extranjeros no acompañados es, por el uso que se le ha dado, deshumanizar al colectivo y criminalizarlo. Detrás de ese 'mena' del que hablan hay un niño o una niña. No hay que hacer una revisión bibliográfica muy exquisita para saber que hay una instrumentalización política de la migración, en concreto del colectivo de menores de edad, que no ha ayudado, pero no deja de ser un colectivo que está en una situación de vulnerabilidad extrema.

Los niños migrantes a los que se intenta criminalizar, muchas veces detrás del término 'mena', son menores con historias muy duras y expuestos al desamparo. No dejan de ser niños, niñas y adolescentes que han conseguido llegar vivos y han estado expuestos a riesgos, a exclusión y a una situación que termina con ellos en una red de acogida del sistema de protección de menores como cualquier otro niño nacional y a los que se les debería dar el mismo trato de niño, independientemente del origen. Esa es la base de la protección a la infancia.

No me gusta hablar de la migración como un problema porque los migrantes no somos un problema sino somos personas que venimos a sumar. Son historias de vida que sueñan con un proyecto y en la inmensa mayoría de las veces lo consiguen. Por desgracia, no solemos ser protagonistas de buenas noticias y somos sólo noticia por cuestiones que generan alarma social

Se ha hablado en estos meses del “reparto obligatorio” de estos menores, ¿qué le parece?

Haría una mención escueta a ese asunto en concreto, porque no soy experta en la materia, pero en esto del reparto me atrevería a decir que que ahí entran en juego también los recursos disponibles por parte de las administraciones públicas. Y ahí lo dejo. En SAMU tenemos una red muy importante de acogida de menores de edad en Canarias y en Baleares, donde más incidencia de entrada está habiendo, acompañada de entradas a nado de jóvenes por Ceuta procedentes de la zona de Castillejos, de Tetuán, del norte de Marruecos.

Llevamos muchos años abordando este tipo de migraciones, tanto de adultos como de menores, y de emergencias humanitarias. ¿Es hora de hablar ya de una política migratoria seria para este tipo de situaciones?

Para hablar de una política migratoria seria llegamos ya tarde porque el problema ya lo tenemos y es una realidad. La migración es una realidad, no es un problema. El problema es la red de recursos disponibles, que habría que solucionar. No me gusta hablar de la migración como un problema porque los migrantes no somos un problema sino personas que venimos a sumar. Son historias de vida que sueñan con un proyecto y en la inmensa mayoría de las veces lo consiguen. Por desgracia, no solemos ser protagonistas de buenas noticias y somos sólo noticia por cuestiones que generan alarma social. Eso es algo que no he conseguido averiguar todavía. Pero la migración no es un problema y creo que los estudios del retorno económico de la inversión que se hace en la migración lo demuestran.

¿Qué nos podría contar de experiencias que ha visto y de chicos migrantes que suman a nuestra sociedad?

Estoy convencida de que sumamos. Sumamos todos. Cualquier colectivo que trabaje la acción social podría argumentar con mucha solvencia que es un colectivo que suma. Estamos trabajando con niños y niñas que muchas veces vienen de situación de desprotección, incluso de familias desestructuradas. Generan alarma social, sí, pero porque son niños que vienen muy dañados que necesitan una atención especial pero que se pueden reconducir y que se pueden salvar. Son vidas que se pueden salvar. En la Fundación Samu y en cualquier otra entidad que trabaje en la atención a menores tenemos historias de vidas que hemos salvado.

En el proceso de esa sanación, de esa reconducción y de ese trabajo obviamente tenemos casos que puedan generar alarma social pero para nada se puede convertir en una representación del colectivo. Para mí, es un colectivo digno de admirar. Y la diferencia está en la óptica que hacemos de la percepción y del estudio. En nuestros centros hay niños de 11 o 12 años con una capacidad de superación y una resiliencia que no he visto en adultos. Niños que han sobrevivido una travesía peligrosísima en la mar, con barreras culturales, con barreras idiomáticas y que han conseguido en cuatro o cinco años ser un ciudadano más: aprender un idioma, estudiar, formarse, emanciparse a partir de los 18 años, conseguir un empleo. Si esa historia de vida, si ese proyecto migratorio de no más de cinco o seis años no es digno de admirar, no sé qué lo es.

¿Qué opinión le merece cuando algunos líderes políticos siguen asociando inmigración y delincuencia? “Tenemos derecho a salir a la calle con seguridad”, dijo Alberto Núñez Feijóo hace un mes cuando el PP se debatía si apoyar o no la ley para obligar a acoger menores migrantes.

No sé en qué contexto se hicieron esas declaraciones. Yo lo único que puedo decir es que la realidad que yo vivo y la realidad que vivimos los trabajadores y los profesionales que trabajamos en SAMU, que nos dedicamos desde hace muchos años a la acogida de migrantes en esta protección de menores, para nada trabajamos con un colectivo que consideramos peligroso para la sociedad. Yo no soy peligrosa para la sociedad. Para nada.

También hace poco, y coincidiendo con el repunte de llegadas de jóvenes a Canarias, se habló mucho de la figura de Lamine Yamal o de Nico Williams [ambos españoles, descendientes de familias migrantes] tras su papel en la Eurocopa de fútbol con España. ¿Qué podría comentar a ese respecto?

Ha tenido un importante impacto el efecto de esos jugadores en nuestros centros, eso es cierto. Dentro de esos sueños de los que hablaba y que motivan las migraciones, tenemos en nuestros centros muchos niños que su proyecto migratorio es convertirse en Messi. Y te preguntas, ¿cómo puedo trabajar yo en ese proyecto de inserción sociolaboral? Podemos ayudar a conseguirle primero documentación, luego formación, que tenga un buen nivel de español, etc. Pero de ahí a conseguir convertirle en Messi o Lamine Yamal es complicado, ¿no?

La lectura que hacemos con la figura de Yamal es que han visto que alguien muy parecido y con el que se pueden identificar, no por el color de la piel ni mucho menos sino por su historia de vida, los ha acercado al éxito, al reconocimiento público. Tiene una lectura muy interesante, y nosotros lo aplaudimos, porque un niño subsahariano con una historia migratoria, de segunda generación, ha llegado a ganar la Eurocopa. Y que un nombre como Lamine Yamal, de padre magrebí, sea noticia por algo que no tenga que ver con delincuencia juvenil.

Si no tienes empleo, no tienes medios propios de vida, y además eres migrante, estás condenado a la marginalidad. Y los programas de alta intensidad le han cambiado la vida a muchos niños tutelados que se han convertido en niños extutelados

¿Son habitualmente exitosos los pasos que tienen los chicos y chicas en los centros de acogida?

En los centros que gestiona Fundación Samu hay historias de éxito maravillosas que no llegan a la prensa pero las hay. La inmensa mayoría de los niños migrantes que acogemos y que acompañamos a esa transición a la vida adulta son historias de éxito, dignas de admiración. Yo admiro mucho a la gente que consigue pequeñas cosas sobre todo cuando parten de una situación de desventaja. No es lo mismo partir de una situación de desventaja y llegar a ser un señor con un sueldo que cotiza a la Seguridad Social en este país que vivir en un entorno normalizado. Tampoco le quito mérito a los que han tenido mejor suerte geográfica, pero que a mí me gusta poner el foco en la situación de desventaja, para valorar aún más si cabe, los logros que tienen nuestros niños y nuestras niñas.

Y, ¿qué pasa con ellos cuando cumplen la mayoría de edad y salen del sistema de protección?

El sistema de protección de menores te cubre la situación de desamparo hasta que cesa la tutela administrativa con los 18 años. Hay diferencias entre comunidades autónomas. Donde Fundación SAMU tiene programas de alta intensidad es fundamentalmente en Andalucía, con una red de plazas muy importante, desde hace cuatro o cinco años. Hemos vivido en Andalucía esa situación de tener solo tres plazas vacantes para 30 candidatos que iban a cumplir los 18 años, pero eso se ha revertido a lo largo de los últimos años porque ha crecido la red de plazas públicas, de programas públicos de la Junta de Andalucía. Eso ha sido un antes y un después en su transición a la vida adulta. Porque de nada sirve la inversión que hacemos en la red de acogida del sistema de protección de menores si luego no le podemos dar continuidad ya que, con esa edad, la inmensa mayoría no están preparados a nivel madurativo.

Muchas veces no están preparados. a nivel documental, o no han culminado su formación y no tienen acceso al empleo, que al final es el motor de la inclusión social. Si no hay empleo, no hay medios propios de vida. Y si no tienes empleo, no tienes medios propios de vida, y además eres migrante, estás condenado a la marginalidad. Y los programas de alta intensidad le han cambiado la vida a muchos niños tutelados que se han convertido en niños extutelados.

¿Qué sucede con esa minoría que no accede a los programas de mayoría de edad?

Pues siguen estando en una situación de extrema vulnerabilidad y en riesgo. Afortunadamente, y aquí sí solo hablo de la Junta de Andalucía, son cada vez menos si lo comparamos con hace cinco años. En esos programas se trabaja la autonomía y esa transición a la vida independiente a través de la formación, del acceso al empleo y del trabajo comunitario. Porque hay niños que pueden tener acceso al empleo y tener medios propios de vida pero siguen estando solos. Y para escapar de los guetos y de esas diferencias y esas problemas problemáticas interculturales tenemos que trabajar la inclusión social. En esos programas pueden estar hasta los 25 años, aunque es cierto que no se agota ese plazo salvo en casos puntuales.

Tenemos niños y niñas que han accedido a a carreras universitarias y se les da ese apoyo para terminar un grado superior o un grado medio, pero la inmensa mayoría cursan baja por cumplimiento de objetivos. También hay una red de 300 plazas que dependen de Políticas Migratorias específicamente para jóvenes extutelados migrantes y que nació justo después de la pandemia, que había dejado descubierto un problema bastante grave y que ahora da continuidad al trabajo que se hace con los menores. Si no se les da acompañamiento, se corre el riesgo de que, si la persona por sí sola no puede mantener los logros alcanzados, todo lo trabajado y todo lo invertido en la etapa de minoría de edad cae en saco roto.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha presentado este lunes en Sevilla el Informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2024. CIEs: espacios sin derechos para migrantes’ con el que denuncia los Centros de Internamiento de Extranjeros e insta al Ministerio de Interior a establecer que la expulsión no sea el objetivo principal de las políticas migratorias. 

El estudio no se limita a abordar la problemática de los CIE, donde “se vulneran derechos humanos” recogidos en la propia Constitución mediante la privación de la libertad, sino que abarca la situación que viven las personas migrantes en otros centros de retención como los CATE o los CETI, y también reconoce el trato vejatorio a otros colectivos vulnerables como mujeres y niños.

Tal y como justifica el coordinador general de la asociación, Diego Boza, este 2024 se cumplen 20 años de la apertura del primer CIE en Andalucía, en Algeciras, y será el año en que se finalice y se ponga en funcionamiento el nuevo CIE de Algeciras, uno de los más grandes de Europa. En la elaboración del informe han colaborado militantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Algeciras Acoge, Coordinadora CIEs NO Cádiz, Convivir Sin Racismo, Mundo en Movimiento, Iridia, Tanquem Els CIEs, Coordinadora CIEs NO Valencia, Solidary Wheels y Asociación Elín, así como otros activistas que participan en el Informe de a título personal.

Ana Rosado, coordinadora del informe, ha señalado que aunque está prohibido internar a menores de edad en los CIE, “el propio Ministerio del Interior tuvo que reconocer que en 2018 había detenido en centros de internamiento al menos a 89 niños y niñas, lo que supone una gravísima vulneración de sus derechos”.

Institucionalización de la “vulneración de derechos humanos”

Rosado ha subrayado también que “en 2006 un grupo de mujeres internadas en el CIE de Málaga, hoy ya cerrado, denunció como habían sido obligadas a participar en fiestas sexuales por parte de los agentes de policía que las custodiaban y habían de velar por sus derechos”. Rosado también ha relatado el caso de Olga, una mujer de nacionalidad rusa que fue violada a punta de pistola y a quien, tras la negativa de la Guardia Civil a registrar su denuncia por considerar que mentía, se la internó en un CIE. No obstante, para Rosado el ejemplo más claro de vulneración de los derechos humanos son las numerosas “muertes evitables” que se han producido en dichos centros, siendo los casos de Samba Martine e Idrissa Diallo los “más significativos y los que más movilizaron a la opinión pública”.

“Ineficacia” de las políticas migratorias españolas

Tal y como ha afirmado Diego Boza, “los CIE son a día de hoy una medida ineficaz” porque “no cumplen con el objetivo para el que supuestamente fueron creados y que no era otro que impulsar la deportación de personas migrantes en situación administrativa irregular”.  “Más del 50% de las 83.133 personas que han sido detenidas forzosamente en los CIE desde 2011 no fueron deportadas” y “en 2016 y en 2017 solo se expulsó, respectivamente, a un 29% y a un 34% de las personas detenidas”, ha señalado Boza. Por tanto, explica el coordinador que “los CIE están cumpliendo en la actualidad un doble objetivo simbólico: son, por una parte, un elemento de intimidación para la población migrante y, por otro, trasladan un mensaje de criminalización segregadora hacia la opinión pública”

Por esa razón Rosado, responsable del área de migraciones y coordinadora del informe, ha coincidido con Boza en que el Gobierno “debería de plantear nuevas alternativas más efectivas” que incluyan vías legales y seguras para que los migrantes vengan adecuadamente “sin poner en peligro sus vidas”. Paralelamente, plantean medidas para que en el caso de efectuarse dicha deportación se haga sin internamiento y “en condiciones digas” como pueden ser “las pulseras de localización o exigir que la persona se presente ante las autoridades correspondientes cada 15 días”. De esta forma, Rosado ha criticado las políticas españolas y europeas de migración “por no establecer un sistema de acogida” al considerar el criterio del sistema de deportación “arbitrario” por no establecer bases claras.

Esta vigesimosegunda edición del informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur’, que se lleva publicando desde el año 2003, consta de dos apartados centrales: un análisis migratorio del año 2024 y un análisis multidisciplinar interactivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

2.789 muertes y desapariciones en el año 2023

Boza ha dedicado un reconocimiento a las “2.789 personas que perdieron la vida en el año 2023 intentando llegar a España a través de Frontera Sur”, de las cuales solo “se han encontrado el cadáver de 473”. En este sentido, tal y como muestran los datos, la firma de los acuerdos con Marruecos para la externalización del control de fronteras ha supuesto la consolidación de la ruta canaria como la ruta más utilizada para intentar acceder a las costas españolas. Dicha ruta, por la cantidad de kilómetros que implica en pleno océano, ha supuesto un importante aumento de la peligrosidad y mortalidad, de tal forma que en los últimos 5 años se acumula un 59% del total de 16.898 víctimas mortales registradas en la frontera sur desde 1988. 

Análogamente, Boza ha especificado que se han concedido más de 60000 protecciones subsidiarias a personas de origen venezolano que llegan por avión, ante lo que ha planteado la cuestión de “por qué unas vidas se salvan y otras no”.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado este miércoles en Sevilla su Balance Migratorio 2023, que recoge una cifra récord de muertes y desapariciones en toda la serie histórica de datos con la que trabaja la entidad andaluza. En total fueron al menos 2.789 personas las que fallecieron o desaparecieron para siempre cuando intentaban llegar al Estado español por su frontera sur., según informa APDHA en una nota.

El Balance Migratorio es fruto de la labor de monitoreo que realiza cada año la organización y en la que detalla de manera pormenorizada la evolución de los flujos migratorios, ofreciendo una detallada comparativa con respecto a los datos de los años anteriores. El Balance Migratorio elaborado por APDHA es también una respuesta ante la “falta de transparencia” del Ministerio del Interior y del Gobierno, quienes, “pese a tener la obligación de ofrecer datos detallados, incumplen reiteradamente este precepto y solo ofrecen datos mínimos, invisibilizando además a las personas que pierden la vida durante el trayecto migratorio”, denuncia APDHA.

Diego Boza Martínez, coordinador general de la APDHA, ha comenzado su intervención lamentando que “2023 es un año récord en cuanto a número de víctimas y desapariciones”, pues durante el año pasado “un total de 2.789 personas murieron o desaparecieron para siempre cuando intentaban acceder a Europa a través de la frontera sur del Estado español”. El coordinador de APDHA ha explicado que “durante los últimos 4 años se acumula una cifra de más de 8.000 personas que han muerto o desaparecido, lo que supone un 59% del total de muertos y desaparecidos que se han registrado desde 1988”. Boza ha apuntado que “un 80% de las víctimas han fallecido cuando intentaban llegar a Canarias, en la que sin duda es la ruta más peligrosa”.

Ana Rosado, coordinadora del Informe Frontera Sur de APDHA, ha señalado que “en 2023 58.762 personas accedieron de forma irregular al Estado español”, apuntando que “la mayoría lo hicieron por vía marítima”. Rosado explica que “la política de externalización de fronteras que mantiene el Estado español con Marruecos ha desviado a la mayoría de las personas migrantes hacia la ruta canaria, que es la más peligrosa de todas”. En este sentido, “cada día han llegado a Canarias una media de 112 personas, siendo la isla de El Hierro la que más personas ha recibido durante 2023, en total más de 14.000”. El aumento en la ruta canaria, como explica la coordinadora del Informe Frontera Sur, “se ha producido porque desde 2018 hasta 2023 se ha producido un descenso de hasta un 93% en la ruta del Estrecho por los acuerdos que el Estado español mantiene desde 2019 con el país vecino”.

Rosado ha informado de que “en 2023 llegaron de manera irregular a Andalucía un total de 9.800 personas, lo que supone un 17% del total estatal”. En este sentido, la ruta del Mar de Alborán ha sido la más utilizada para llegar a las costas andaluzas y Almería ha sido la provincia que más personas migrantes ha recibido, “2.000 más que en el año anterior”, mientras que las provincias de Málaga y Granada han recibido conjuntamente durante 2023 unas 1.100 personas. A Cádiz, como señala la integrante de APDHA, “han llegado en 2023 apenas 1.287 personas, lo que supone un descenso del 93% con respecto a la cifra de personas llegadas en 2018”. La llamada ruta de Levante, que conduce a provincias como Murcia, Alicante o a las Islas Baleares, “también ha sufrido un descenso significativo, suponiendo menos de un 10% del conjunto de personas que acceden al Estado español por su frontera sur”. También se ha producido un descenso significativo en las entradas, fundamentalmente por vía terrestre, que se producen en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La coordinadora del Informe Frontera Sur de la APDHA, Ana Rosado, ha explicado que “a pesar del aumento de llegadas respecto al año anterior, no es el máximo histórico, pues otros años aún hemos recibido a más personas migrantes” y ha lamentado que esa experiencia “no nos ha servido para implementar un sistema de acogida digno y respetuoso con los derechos humanos, dotado con suficientes recursos profesionales y materiales”. Rosado, en este sentido, ha precisado que “con la excusa de la emergencia, las autoridades ponen en marcha medidas que en la mayoría de los casos vulneran los derechos de las personas que se han jugado la vida con la esperanza de llegar a un lugar seguro”.

Toché García, integrante del Área de Migraciones de la APDHA, ha querido mostrar la preocupación de la entidad por “el auge de los discursos racistas y xenófobos, así como por las políticas de externalización de fronteras que la Unión Europea acuerda con países cuyos gobiernos son poco democráticos y vulneran sistemáticamente los derechos humanos”. Toché ha señalado que “durante 2023 llegaron a la frontera sur europea más de 280.000 personas, lo que supone un incremento del 60% respecto al año anterior, siendo Italia el país europeo que más personas migrantes ha recibido”. La portavoz del Área de Migraciones de APDHA ha señalado que, “pese al aumento con respecto a 2022, estamos muy lejos de las cifras de más de un millón de personas que se experimentó con la crisis de refugiados de 2015” y que “lo que queda demostrado es que las políticas migratorias de la Unión Europea ni frenan ni reducen el flujo migratorio, sino que solo lo reconduce hacia rutas más peligrosas”. García ha querido destacar también que “durante 2023 han llegado a la frontera sur europea más de 30.000 menores de edad, de los cuales más de 18.000 viajaban sin estar acompañados por ningún familiar o referente adulto” y ha denunciado que “los sistemas de acogida para estos niños y niñas distan mucho de lo que deberían ser para garantizar su protección y sus derechos”.

Para concluir, Diego Boza, coordinador general de la APDHA, ha vuelto a recalcar que “nos encontramos, como los datos indican, en el peor momento de nuestra serie histórica, con un récord y unas cifras nunca vistas de personas fallecidas o desaparecidas” y ha apuntado que “estos datos son fruto de unas políticas de externalización y control de fronteras que son unas políticas asesinas, que solo buscan ocasionar el mayor dolor y el mayor sufrimiento”. En este sentido, ha explicado que “el intento de impermeabilizar la costa norte de Marruecos, a través de los acuerdos firmados por este país con el gobierno español y con la Unión Europea, es lo que ocasiona que la mayoría de personas migrantes se vean abocadas a transitar por la ruta canaria” y que “siempre que la ruta canaria es la más utilizada, es cuando se producen más muertes y desapariciones”. Boza ha concluido su intervención asegurando que “es urgente y necesario cambiar nuestras políticas migratorias y, en contra de lo que afirma el pacto migratorio europeo recién suscrito, es preciso asegurar vías legales y seguras para llegar a Europa y garantizar el respeto de los derechos de todas las personas que quieren migrar a Europa”.

Efectivos de la Guardia Civil han abierto una investigación tras la aparición en la mañana de este viernes de una embarcación semirrígida tipo narcolancha encallada en Sancti Petri, en el término municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz). El hallazgo se ha encontrado apenas dos días después de que los pilotos de una embarcación semirrígida de similares características huyeran hacia esta zona tras arrojar al mar a un grupo de migrantes que viajaban en ella, provocando la muerte a cuatro de ellos.

Según han indicado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la embarcación apareció encallada sin tripulación. Cabe recordar que este miércoles los pilotos de una lancha similar desembarcaron a ocho inmigrantes arrojándolos al mar en el caño de Sancti Petri, teniendo que ser rescatados y por lo que dos permanecen ingresados en el hospital. La embarcación, una vez arrojados los inmigrantes, huyó de la zona. Además, otros 27 fueron arrojados en la playa de Camposoto, en San Fernando, siendo auxiliados 23, mientras que cuatro perdieron la vida.

De acuerdo con el relato de la persona que rescató con una pequeña embarcación a los ocho inmigrantes en Sancti Petri, le embarcación que soltó a los 35 inmigrantes –seis de ellos menores– era la misma, puesto que cuando llegó a Sancti Petri “venía de soltar en Camposoto al resto y la corriente los metió aquí en la Punta del Boquerón, porque estos [ocho] no querían saltar”. “Según transmitieron ellos, les dijo que aquí hacían pie y aquí lo que era un boquete, donde los tiró era a un pozo”, dijo entonces.

Del total de hospitalizados una vez que fueron rescatados y atendidos, dos permanecen ingresados en el hospital con una evolución favorable en planta después de haber estado de observación de Urgencias, mientras que otros dos –uno en el hospital de Puerto Real y otro en San Carlos– ya han recibido el alta. Por este suceso, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha convocado este mismo viernes una concentración en Sancti Petri en memoria de los cuatro migrantes fallecidos que se suman a la lista de “víctimas de las políticas migratorias y de la ausencia de vías de migración legales y seguras”, según lamentan desde APDHA.

Al menos cuatro personas migrantes han muerto y otras cuatro han sido trasladados al hospital con una hipotermia grave después de que los pilotos de la embarcación semirrígida en la que se desplazaban les hubieran obligado a tirarse al mar antes de llegar a tierra. La embarcación ha llegado primero a las inmediaciones de la costa de playa de Camposoto, en San Fernando (Cádiz). Allí sus tripulantes han obligado a 27 de sus ocupantes a arrojarse al mar. De ellos, 23 han sido rescatados con vida, y cuatro de ellos han muerto.

A continuación, los pilotos de la embarcación han continuado la marcha hacia el caño de Sancti Petri, donde han obligado a arrojarse al mar a los otros ocho ocupantes, que han sido rescatados, aunque cuatro de ellos han sido trasladados al hospital con hipotermia grave.

Uno de ellos ha contado que se habían negado a arrojarse al mar, como habían hecho los otros ocupantes, pero los pilotos les obligaron a hacerlo después amenazándoles con un cuchillo, según fuentes de Cruz Roja. Posteriormente los pilotos de la embarcación han huido mar adentro. La Cadena SER informa de que el número de desaparecidos se elevaría a diez, si bien las versiones de algunos testimonios difieren.

Policía Nacional, Guardia Civil y Salvamento Marítimo, así como equipos de atención de Cruz Roja, han acudido a la zona para atender a los inmigrantes e iniciar la investigación sobre lo sucedido. Fuente del vídeo: AUGC, vía Europa Press.

Una embarcación semirrígida con más de una treintena de inmigrantes de origen magrebí ha alcanzado las costas de Cádiz, en El Puerto de Santa María, en la mañana de este jueves. Entre los tripulantes uno de ellos ha llegado fallecido. Además, otro de los 38 tripulantes se encuentra ingresado en el hospital portuense.

Según han indicado a Europa Press desde la Subdelegación del Gobierno, la embarcación ha llegado la zona de la playa del Cangrejo Rojo, que se encuentra entre Vistahermosa y Las Redes, en El Puerto.

Asimismo, han señalado que según la información de la que disponen, el tripulante había fallecido hacía un par de días en la travesía que han llevado a cabo, que ha durado unos seis días.

Por su parte, fuentes de la Policía Nacional han señalado que la embarcación arribó en la playa sobre las 9,10 horas compuesta por 38 personas, todos mayores de edad y de origen magrebí, de los que uno había fallecido y otro se encuentra hospitalizado.

La gravedad de lo sucedido durante los meses de verano en las rutas migratorias hacia Europa no se puede circunscribir únicamente a un incremento de personas desaparecidas y muertas, aunque sí merece sin duda la primera de las miradas. Solo por ilustrar esta afirmación, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a 31 de agosto de 2023, las cifras de las desapariciones y muertes en el Mar Mediterráneo alcanzaron las 2.338 personas, una cantidad que, a falta de cuatro meses para que acabara el año, era ya levemente inferior a la registrada en todo el año 2022.  

En España los números también aumentaron: hasta agosto de 2023 llegaron por vía terrestre y marítima alrededor de 21.780 personas, lo que supone un 14,6% más que el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior. En cuanto a fallecimientos y desapariciones, la organización Caminando Fronteras había documentado 951 personas en el primer semestre del año, de las cuales 778 pertenecen a la ruta canaria, la más mortífera de todas.  

La preocupación se inclina más bien en fomentar el crecimiento de unos muros (imaginarios o no) que terminen de blindar el concepto ya robustecido de ‘Europa Fortaleza’

Pero la incuestionable gravedad de estas cifras, como decimos, se extiende además hacia lo que esta dolorosa realidad significa de por sí: la falta de prioridad desde la Unión Europea (UE) y sus países miembros por generar políticas y procurar medios que habiliten vías legales y seguras. Lejos de esto, la preocupación se inclina más bien en fomentar el crecimiento de unos muros (imaginarios o no) que terminen de blindar el concepto ya robustecido de ‘Europa Fortaleza’. Consecuencia directa de esta tendencia se está reflejando en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que encara la recta final para su aprobación con unos mecanismos de control de frontera y un sistema de asilo endurecidos y alejados del enfoque de derechos humanos.  

Así, de un lado, no solo se han fortalecido los acuerdos desde la UE con terceros países para la externalización de fronteras, fruto de los cuales se está trasladando la responsabilidad y el peso de la acción migratoria, sino que, de otro, está adquiriendo legitimidad la práctica de las devoluciones en caliente, en la que con demasiada frecuencia se producen expulsiones sin que se dé acceso a la protección a derechos de ninguna clase. Sobre la primera cuestión, este mes de julio, la UE ratificó un acuerdo migratorio con Túnez de 1.000 millones de euros a cambio de frenar los flujos migratorios. Este país, Túnez, saltaba a la palestra en esas mismas fechas en un episodio de vulneración de derechos flagrante al constatarse que sus fuerzas de seguridad están abandonando a decenas (sino centenares) de personas en un desierto que actúa de frontera con Libia, causando al menos la muerte contrastada de 25 personas.  

Sobre la segunda cuestión, centrándonos en España, bastaría mencionar al respecto la masacre de Melilla no de este verano, sino del anterior, en la que al menos 37 personas perdieron la vida y 76 desaparecieron y que a día de hoy se encuentra archivada por la Fiscalía del Estado. Pero también a finales de este pasado agosto el Gobierno español volvía a protagonizar otro episodio controvertido. Un total de 168 personas fueron rescatadas por la patrullera de la Guardia Civil ‘Río Tajo’ frente a costas mauritanas y seis días después devueltas a Senegal sin que pudiera garantizarse su derecho al asilo y ante la negativa de Mauritania al desembarco en su territorio (país con el que, por cierto, también existen acuerdos de externalización de fronteras, que ahora quedan en entredicho).  

Como sociedad civil organizada, nos esforzamos cada día en aprender con rapidez y profundidad los detalles de este contexto complejo, interconectado y, sin duda, hostil

Una última reflexión hacia la situación migratoria en frontera durante los meses de verano nos obliga a detenernos precisamente al comienzo del mismo, el 21 de junio, cuando se produjo el naufragio de una lancha neumática entre Canarias y Marruecos, el cual, tras más de diez horas de espera (que no se han llegado a justificar) se saldó con la actuación tardía de salvamento marítimo marroquí y la muerte o desaparición de 36 personas. En una operación repleta de claroscuros sobre la que el propio Defensor del Pueblo ha puesto el foco y que tiene como telón de fondo el acuerdo de hace más de un año y medio en relación al Sáhara Occidental, la realidad que subyace es que el Gobierno español pudo omitir, a la espera de que Marruecos actuase, su deber de socorro.  

En definitiva, y volviendo al principio, lo que todas estas realidades anteriormente descritas constatan es que existe un compromiso insuficiente por parte de los poderes públicos para incorporar los derechos humanos en una cuestión tan relevante como las migraciones. Por esta razón, como sociedad civil organizada, nos esforzamos cada día en aprender con rapidez y profundidad los detalles de este contexto complejo, interconectado y, sin duda, hostil, a fin de desarrollar estrategias que coloquen los derechos de todas las personas en el centro de las políticas, siendo el primero de ellos, de manera incontestable, el derecho a la vida.

Encontrar a un ser querido entre las tragedias de la ruta canaria no es tarea fácil. Este trayecto se ha convertido ya en el más mortal del mundo y muchos cuerpos se han hundido para siempre en el fondo del mar. Solo en el primer semestre de 2023, desaparecieron al menos 19 embarcaciones con todos sus ocupantes a bordo. En estos casos, la falta de testimonios de supervivientes hace aún más complicado identificar a los fallecidos. Diferentes organizaciones han elaborado guías de actuación para pedir ayuda, pero a partir del próximo año, las familias contarán con una nueva herramienta: un software de reconocimiento facial. 

Este miércoles 30 de agosto, con motivo del Día Internacional de las Desapariciones Forzosas, Cruz Roja ha anunciado que trabaja en un nuevo proyecto de identificación de personas desaparecidas en las rutas migratorias marítimas. “Solo el 13% de los cadáveres son recuperados y, por tanto, identificados como fallecidos, lo que provoca en las familias un sentimiento de pérdida ambigua por la gran cantidad de casos no resueltos”, señala la ONG. 

El software de reconocimiento facial contrastará diferentes imágenes. Una de las aplicaciones de esta herramienta será mostrar el porcentaje de coincidencia entre una foto entregada por la familia del desaparecido y dos fotos actuales. Este sistema también permite crear una imagen del posible aspecto físico actual de la persona a la que se busca y así “contrastar la probabilidad de que sea la misma persona”. La tercera opción es comparar la imagen de la persona con la de un familiar directo, para analizar una posible relación biológica. 

Más allá de las imágenes de las bases de datos de Cruz Roja, también podrá utilizarse información de redes sociales u otras páginas web. “En algunos casos las familias nos aportan fotos publicadas en los medios de comunicación de las llegadas en las que creen haber identificado a sus seres queridos. También podríamos contrastarlo con esto”, explica a esta redacción Silvia Cruz Orán, coordinadora del proyecto Migrantes Desaparecidos en Canarias de la Cruz Roja. 

Este software tendrá “coste cero” para la entidad y será desarrollado por la Fundación Tecsos con el objetivo de dar “respuestas innovadoras a necesidades sociales”. “Ahora mismo el software está en fase de desarrollo. Ya se han entregado los requerimientos técnicos al proveedor, se han hecho las primeras pruebas y es técnicamente viable”, asegura Cruz Orán. 

“La herramienta nos va a servir para aportar más rigurosidad y fiabilidad de lo que nos podría aportar una comparación manual. Reducirá el margen de error con respecto a las comparaciones hechas con el ojo humano a través de datos, porcentajes y probabilidad”, insiste la responsable de Cruz Roja.

Los muertos de la ruta 

En el caso de las personas fallecidas cuyo cadáver se recupera, este software puede ser un complemento más. Sin embargo, Cruz Roja aclara que la entidad ya cuenta con un convenio con el Ministerio de Justicia para identificar a los migrantes que llegan a tierra sin vida.

“La identificación de los cuerpos de personas migrantes no es nada sencilla. La mayoría de las veces las familias se encuentran en origen y la toma de muestras de ADN no es un proceso que funcione de forma sencilla. Tener un paso previo que pueda indicar que la persona que ha llegado es coincidente con la que se busca puede ser definitivo”, señala Silvia Cruz. En muchos casos, la identificación visual es imposible. “Muchos de los cuerpos llegan en un estado de descomposición considerable”, relata. 

El Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de la ONG ha recibido solicitudes de búsqueda de 283 familias desde que se puso en marcha. En 2023, la entidad ha logrado restablecer el contacto con once migrantes y ha acompañado a 22 familias en el proceso de identificación de fallecidos. 

“Que Cruz Roja sea quien da la atención a pie de playa hace que las familias ya sepan que es la entidad que tiene acceso a la información que buscan. Nos llaman pidiendo que digamos si la persona está o no entre los recién llegados. Muchas veces las familias que están en otros países piden a un pariente que hable español o que viva en España que se ponga en contacto con nosotros, pero recordamos que este servicio también se presta en los países de origen”, señala Silvia Cruz. 

En lo que va de año, han sobrevivido a la ruta canaria 9.864 personas en 188 embarcaciones. En los últimos meses, la crisis sociopolítica que atraviesa Senegal ha convertido a sus nacionales en protagonistas. Los senegaleses son ya la nacionalidad principal entre quienes toman este camino para acceder a Europa. Así, los cayucos han reaparecido en el Atlántico, incrementando las llegadas a Tenerife y El Hierro. Mientras tanto, las salidas desde Marruecos y el Sáhara hacia Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria continúan. 

Las muertes y desapariciones tampoco cesan. Entre enero y julio de 2023 perdieron la vida en el camino al menos 778 personas, según los datos del colectivo Caminando Fronteras. La última tragedia se contabilizó hace tres días, con la muerte de al menos cuatro personas que salieron rumbo a Canarias. Tres de ellos eran de Comores y uno de Costa de Marfil. En esta neumática viajaban al menos 50 supervivientes, que han sido reubicados en diferentes puntos de Marruecos.

Un cayuco con 103 personas a bordo ha sido rescatado este domingo al sur de la isla de Gran Canaria, ha informado Salvamento Marítimo.

Hacia las 7:30 horas, la Guardia Civil informó de que el radar había detectado una embarcación a unas 4 millas del puerto de Arguineguín, al sur de Gran Canaria.

La Guardamar Calíope salió en su auxilio y rescató a las 103 personas que iban a bordo, todas subsaharianas y hombres, excepto una mujer.

Las 103 personas han sido desembarcadas en Arguineguín, donde fueron atendidos por Cruz Roja. 

En el año 2003 se nos quedó grabado el horror de la tragedia en la Bahía de Cádiz. Durante aquellos días de octubre, empezaron a aparecer en las playas de El Puerto los cadáveres descompuestos de las víctimas que había dejado la que se empezó a llamar la “Patera de Rota”.

De sus 50 ocupantes, aparecieron 37 cadáveres, quedaron 5 supervivientes y el resto se dieron por desaparecidos. Nos tocó de cerca y nos encogió el corazón y las entrañas. La APDHA era de las pocas asociaciones que entonces intentaba visibilizar esta masacre cotidiana. De ahí nació aquel primer informe sobre los Derechos Humanos en la Frontera Sur que publicamos en 2003, hace ahora 20 años.

Antes que la denuncia, fue el dolor y la sensibilidad la que nos llevó a ese intento de hacer visible lo que desde gobiernos y administraciones intentaban ocultar: centenares de personas estaban perdiendo la vida en nuestra frontera sur sin que movieran un dedo y, mucho menos, se replantearan sus políticas migratorias.

Marlaska y su gobierno tienen una responsabilidad directa en los trágicos sucesos que se han sucedido bajo su mandato

Es el dolor lo que nos impulsó a hacer un seguimiento lo más exhaustivo y contrastado posible año tras año de lo que estaba pasando en las puertas de Europa Sur, al tiempo que ofrecer un análisis riguroso de las políticas que lo provocaban.

Los balances anuales que publicaba entonces el Ministerio del Interior, llamados “Balance de la lucha contra la inmigración irregular”, eran sistemáticamente incompletos y con frecuentes errores, insuficiente para hacer un análisis mínimamente detallado sobre los flujos migratorios.

Con el nefasto ministro Marlaska, la estadística se actualiza quincenalmente, con lo cual ahora podemos comprobar su inutilidad no sólo cada año sino quincena a quincena. Marlaska y su gobierno tienen una responsabilidad directa en los trágicos sucesos que se han sucedido bajo su mandato: inhumanos hacinamientos en los Salvamares y en naves improvisadas en la costa andaluza en 2018 o en el puerto de Arguineguín en noviembre de 2020, la respuesta infame a la entrada masiva en Ceuta en mayo de 2021, la continuidad de las llamadas devoluciones en caliente o los al menos 37 muertos en el paso fronterizo de El Barrio Chino en Melilla en junio de 2021, amén de su responsabilidad general en la continuidad de la tragedia en las fronteras del Estado con centenares de víctimas cada año.

Nuestro Informe sobre los Derechos Humanos en la Frontera Sur va más allá de un simple balance migratorio

Pero quizás es menos conocido que desde su Ministerio se ha forzado a un apagón informativo a las diversas agencias que intervienen en el proceso migratorio, en una muestra más de la falta de transparencia y opacidad. Ello nos animó al equipo de la APDHA a incluir cada año un balance migratorio que ofreciera datos contrastados no sólo de víctimas, sino de la llegada e interceptación de migrantes en nuestra frontera sur.

En cada informe Derechos Humanos en la Frontera Sur de la APDHA encontramos una mochila cargada de voluntariado y activismo comprometido a través de trabajo de campo, seguimiento exhaustivo de medios de comunicación y redes sociales y, sobre todo, de las estrechas relaciones con organizaciones amigas a ambos lados del Estrecho.

Pero llegados aquí, es preciso señalar que nuestro Informe sobre los Derechos Humanos en la Frontera Sur va más allá de un simple balance migratorio. Al mirar atrás sorprende la enorme variedad temática relacionada con las fronteras y las migraciones que hemos ido abordando. Hay temas recurrentes: la Europa Fortaleza, el acuerdo de Schengen, el papel del FRONTEX, el SIVE, el negocio de las fronteras, las migraciones climáticas, los acuerdos bilaterales y multilaterales con países del sur, la externalización de las fronteras, la situación en diversos países a ambos lados del Mediterráneo, los centros de retención/encerramiento o la infancia migrante. Además, se pone el foco en la cuestión de género, no solo sobre quienes tienen la valentía de atravesar el estrecho, sino también acerca de las mujeres porteadoras, las trabajadoras transfronterizas o la injusticia del sistema y la explotación de las jornaleras contratadas en origen.

Este mundo-frontera se teje como un cáncer en nuestras sociedades, pudriendo nuestras raíces y dividiendo a la propia sociedad

Así, los informes que llamamos familiarmente “Frontera sur”, han ido poco a poco ampliando su mirada de las fronteras no sólo como un marco migratorio en un mundo de desigualdades, sino advirtiendo que se trata de un espacio de excepcionalidad y de no derechos; un lugar de vergüenza donde quedan en suspenso los principios del estado de derecho.

Las actuales políticas de frontera originan una cultura que conforma un estatus de poder, hábitos, privilegios, racismo, discriminación, brechas de desigualdad, actuaciones represivas y un espacio en blanco donde se escriben las violaciones de los derechos humanos.

Este mundo-frontera se teje como un cáncer en nuestras sociedades, pudriendo nuestras raíces y dividiendo a la propia sociedad. Esta es una de las conclusiones que extraemos de este balance de 20 años de los Informes Frontera Sur de la APDHA: la actual gestión de las fronteras en Europa son un cáncer que pudre el cuerpo social, que hace crecer el racismo y la xenofobia, que provoca un enorme sufrimiento y una insoportable cantidad de personas muertas, como recogemos en el informe de este año.

Otra es que debemos seguir exigiendo con toda contundencia el respeto a los derechos humanos en las fronteras, sin los que de forma creciente nos degradamos como sociedad civilizada. 

Casi 35 años después de que se localizara el cadáver de un varón marroquí en la playa de Los Lances en Tarifa, el pasado año 2022 ha sido el segundo de la serie histórica desde 1988 con un mayor número de personas fallecidas y desaparecidas en la Frontera Sur española de acuerdo al registro de datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). “No encontramos tragedias que se aproximen a estas cifras tremendos de personas que pierden la vida en los procesos migratorios Ni los datos relacionados por las víctimas del terrorismo o de las violencias machistas, ni de los accidentes de tráfico. Personas, y no números, invisibilizadas por un sistema político –da igual el color o ideología que gobierne– que nunca sitúa en primer lugar el derecho a la vida por encima de la situación administrativa”, denuncia la organización, que este lunes ha presentado en Sevilla un monográfico sobre muertes y desapariciones en la frontera sur española.

Una veintena de informes después, “la situación en las fronteras no ha mejorado, sino que ha empeorado de manera alarmante”, especialmente en cuanto a pérdidas humanas se refiere, según los datos que maneja APDHA, publicado en el informe 'Derechos Humanos en la Frontera Sur 2023. 35 años de vidas sin rastro' presentado este lunes en Sevilla. De hecho, los tres últimos años concentran más del 40% de las muertes y desapariciones de toda serie histórica. Durante 2022, han sido 1.901 personas las fallecidas o desaparecidas, esto es, cada día cinco personas perdieron la vida en la frontera sur española, el 70% durante su desplazamiento a las Islas Canarias, la ruta más mortífera, seguida de la ruta de Alborán (hacia Málaga y Almería), que ha visto incrementar las muertes y desapariciones en un 53,7%.

“Este coste en vidas humanas no es un suceso accidental, es el fruto de unas políticas migratorias concretas que tratan de impermeabilizar la frontera sur a través de la militarización de las rutas, la externalización del control migratorio, la criminalización de los flujos y la despersonalización de las víctimas”, denuncia el informe, que incluye con un par de referencias específicas a lo acaecido el pasado año. Por un lado, los hechos del 24 de junio en la frontera del Barrio Chino entre Nador y Melilla, donde, según las fuentes de APDHA, al menos 70 personas perdieron la vida. Por último, el relato, estructurado y metódico, de los hechos que están detrás de cada una de los 1.901 personas fallecidas o desaparecidas que la asociación ha documentado en este año.

Más de 14.000 muertes y desapariciones

“Un relato que, por doloroso y espeluznante, ojalá fuera leído por quienes están detrás de las políticas migratorias que llevan 35 años dejando una hilera de vidas sin rastro”, lamenta APDHA, que se refiere también a la situación de las mujeres migrantes que, ya desde la partida, tienen el doble de posibilidades de morir en el mar, y que “sirven como instrumento y justificación para el discurso del rescate institucional. Pero para las que no hay ni un minuto de silencio porque no se consideran víctimas de la violencia machista que también ejercen los estados”.

Al menos 5.744 personas murieron o desaparecieron durante los tres últimos años, elevando la serie histórica a 14.109 personas, “personas con nombre y apellidos, con una vida, con una familia y unos sueños ahora rotos”. Desde la APDHA recuerdan que el año 2021 fue el de mayor número de víctimas (al menos 2.126) y que este 2022 ha sido el segundo año, con datos tremendos: cada cuatro horas y media una persona muere o desaparece en el trayecto migratorio hacia España“. La inanición por falta de alimento o agua potable, la hipotermia, la aspiración tóxica, las quemaduras producidas por la mezcla de agua salada y gasolina y las caídas al mar por el hacinamiento en las embarcaciones son las principales causas de muerte durante las travesías, según la APDHA.

“Pero este coste en vidas humanas no un suceso accidental, es el fruto de unas políticas migratorias concretas que tratan de impermeabilizar la frontera sur a través de la militarización de las rutas, la externalización del control migratorio, la criminalización de los flujos y la despersonalización de las víctimas”, denuncia la asociación. v> De hecho, el objetivo de informe es analizar el efecto de las políticas en la vulneración grave de los derechos humanos de las personas que desde África tratan de migrar a España y la ausencia de mecanismos para paliar esta tragedia, así como señalar la política migratoria y de fronteras como una de las formas más claras de discriminación racial.

Además, el informe incide específicamente en los efectos que esta situación genera en las familias. “Da continuidad a la campaña Vidas sin Rastro que iniciamos el año pasado y que busca la creación de instrumentos para sanar el dolor de esas familias y acabar con la grave desprotección institucional que padecen en la búsqueda de sus seres queridos, ante las numerosas trabas burocráticas y la falta de un protocolo claro y de transparencia. La campaña plantea propuestas específicas que pueden reducir el sufrimiento por la pérdida y, sobre todo, por la incertidumbre que estas familias padecen ante el laberinto burocrático español. A la vez, subraya la manera en que tanto las personas desaparecidas o muertas en la frontera sur como sus familiares son víctimas del racismo institucional.

Desde el año 2014, el primer sábado del mes de febrero, diferentes colectivos sociales de Ceuta y del resto de España, convocamos un acto en homenaje a las víctimas de la masacre del Tarajal. Este año, de nuevo, nos volveremos a reunir para recordar a las 15 personas que perdieron la vida tras aquella actuación desproporcionada y violenta de la Guardia Civil. 

No se trata solo de recordar a aquellas personas fallecidas, sino que la Marcha del Tarajal tiene un componente reivindicativo muy intenso ya que pone de relieve, un año más, la absoluta falta de interés de la Justicia y de las autoridades españolas por aclarar las responsabilidades que se derivan de aquellas muertes. Nueve años después seguimos sin encontrar respuestas, seguimos sin haber puesto fin a la impunidad que protege a las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la Frontera Sur. 

Este año, además, la Marcha del Tarajal se hace especialmente relevante ante los hechos ocurridos en Melilla el pasado 24 de junio. En el paso fronterizo del Barrio Chino, entre Melilla y Nador, perdieron la vida, al menos, 23 personas, aunque las cifras no oficiales se elevan por encima de las 60. 

Los hechos de Tarajal y del Barrio Chino se parecen tanto, que la segunda tragedia no se explica sin la primera. En efecto, de nuevo en Melilla, la actuación conjunta de los cuerpos policiales de Marruecos y de España provocó una tragedia injustificable. De nuevo, las personas muertas fueron migrantes desesperados por lograr superar las vallas que marcan las políticas migratorias españolas y europeas. 

También en lo que pasó hay muchas coincidencias. En los discursos que acusaban a las personas migrantes de violentas. Y en las mentiras. Tanto Fernández Díaz en su momento, como Grande-Marlaska este año, dieron versiones que pronto fueron desmentidas.

También en lo que pasó después hay muchas coincidencias. En los discursos que acusaban a las personas migrantes de violentas. Y en las mentiras. Tanto Fernández Díaz en su momento, como Grande-Marlaska este año, dieron versiones que pronto fueron desmentidas por la fuerza de los testimonios, de los informes y, sobre todo, de las imágenes, que evidenciaron que la versión oficial distaba mucho de la real. Y pese a ello, ambos siguieron en su cargo. Por tanto, no hay diferencia en esto entre un Gobierno del Partido Popular y el llamado gobierno más progresista de la historia de España. 

Asimismo, Tarajal y Barrio Chino también comparten impunidad. Aunque en un primer momento, la Fiscalía abrió investigación por los hechos de Melilla, algo que no ocurrió en 2014. No obstante, con el archivo de las actuaciones el pasado mes de diciembre, el efecto que se ha producido es el mismo: la sensación de impunidad, de que las muertes de las personas migrantes que se producen tratando de entrar en territorio español no interesan. No interesan para rescatarlas cuando naufragan, para identificarlas cuando aparecen, ni para depurar responsabilidades cuando perecen fruto de una actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Si en el año 2014 la Justicia hubiera actuado con celeridad y de forma pertinente, si se hubiera investigado la actuación que dio lugar al ahogamiento de 15 personas en la playa del Tarajal, si se hubiesen puesto en marcha los mecanismos jurídicos oportunos para determinar quiénes fueron los responsables de que a las personas en el mar se les disparasen pelotas de goma y se tratase de destrozar sus flotadores, es evidente que la actuación en Melilla el pasado 24 de junio habría sido muy diferente. Porque solo así se podría haber generado una cultura de la responsabilidad y de la proporcionalidad entre los agentes fronterizos. Y solo así se podría haber evidenciado que las vidas de las personas migrantes también importan y que la muerte de una persona que trata de entrar en España se va a investigar tal y como se investiga la muerte de cualquier persona en territorio español. 

Sin embargo eso no ocurrió, y por eso hoy lamentamos la muerte de tantas personas en la frontera entre Nador y Melilla, la mayoría de ellas provenientes de un país en conflicto, Sudán. Es también esa la razón que nos lleva, un año más, a participar en la Marcha del Tarajal: recordar a esas personas y, sobre todo, exigir el fin de la impunidad en nuestras fronteras.

Cada vez que Fernando Grande-Marlaska habla sobre la tragedia de Melilla, suele repetir su habitual argumentario sin detallar los hechos: nadie murió en España, la Guardia Civil actuó de forma proporcional y toda su actuación cumplió con la legalidad vigente. Pero los pilares de la versión oficial se tambalean y el ministro del Interior tendrá aún más complicado defender su relato de los hechos durante su comparecencia en el Congreso de este miércoles, en la que tendrá que dar explicaciones sobre la muerte de 23 personas el pasado 24 de junio en la frontera.

A las conclusiones de los diputados y del Defensor del Pueblo tras el visionado de las imágenes oficiales se ha sumado la nueva investigación publicada este martes por el consorcio de medios Lighthouse Reports, entre los que está El País. El trabajo, que constata que al menos hubo una persona fallecida en suelo español, desmiente el relato de los hechos del Ministerio del Interior.

Estos son los puntos clave sin aclarar a los que tendrá que enfrentarse Grande-Marlaska durante su comparecencia.

Dónde murieron 

A pesar de la nueva investigación, Fernando Grande-Marlaska ha insistido siempre en que ninguna de las muertes tuvo lugar en suelo español, pero ha evitado dar detalles concretos de los hechos. Según los diputados que han tenido acceso a las imágenes oficiales, el documental de la BBC y la última investigación de Lighthouse Reports, el momento más dramático tuvo lugar en el lado marroquí de la puerta que conecta Marruecos con España en el puesto fronterizo de Barrio Chino. Durante la estampida, varios cuerpos cayeron a ambos lados de la alambrada. Un agente marroquí y un superviviente de la tragedia señalaron que al menos uno de ellos falleció en suelo español, según el trabajo publicado este martes en varios medios europeos. Se llamaba Abdul Aziz Yacoub, según el testigo, amigo de la víctima. Interior, sin embargo, asegura que se trata de “especulaciones periodísticas”. 

Marlaska ha reiterado que “ningún hecho trágico” tuvo lugar en suelo español, pero las imágenes muestran a varias personas, aparentemente inconscientes, tiradas en el lado español de la frontera. En un primer momento, Interior dijo que esa zona se trataba de un área operativa conjunta pero no era suelo español. Ahora, fuentes de Interior reconocen a elDiario.es que esa parte del puesto fronterizo es España.

Falta de auxilio

Vídeos de los hechos, la investigación preliminar del Defensor del Pueblo y los testimonios de los testigos recogidos por elDiario.es apuntan a la falta de asistencia recibida por los refugiados durante la tragedia. Las informaciones publicadas a partir de las imágenes oficiales indican que no se prestó atención sanitaria ni las personas atrapadas en el interior de la alambrada durante la estampida ni a aquellos que lograron sortear la valla por completo y fueron devueltos en caliente a Marruecos. 

Por un lado, el ministro no ha dado explicaciones detalladas sobre por qué ni los agentes españoles ni los servicios sanitarios entraron al paso fronterizo a socorrer a las personas que quedaron atrapadas en la avalancha humana desencadenada en la puerta que conecta Marruecos con España. Al menos dos de las personas que estaban tiradas en el lado español del paso fronterizo fueron trasladadas a Marruecos por gendarmes alauíes sin que las fuerzas de seguridad españolas interviniesen. 

Por otro lado, los supervivientes que consiguieron saltar la totalidad de la alambrada denuncian haber sido devueltos en caliente a pesar de encontrarse heridos. Dos de ellos aseguran que se quedaron inconscientes en suelo español y recuperaron la consciencia antes de ser devueltos, sin recibir asistencia médica. Otro dice haber sido retornado a Marruecos cuando no tenía conocimiento. 

Según el Defensor del Pueblo, los vídeos oficiales muestran una ambulancia parada a cierta distancia de los vehículos de la Guardia Civil que no llega a intervenir en ningún momento. Fuentes de Interior han confirmado que la ambulancia permaneció “a unos 100 metros de distancia” y no se aproximó a la zona “por riesgo de ser alcanzados por los objetos y piedras que lanzaban los inmigrantes”.

Imposibilidad para pedir asilo en Melilla sin saltar la valla

Cuando el ministro del Interior es preguntado por la tragedia de Melilla, suele destacar la supuesta agresividad empleada por los refugiados en su intento de entrar en la ciudad por la valla. Más allá de que empleasen la violencia en este salto, para Marlaska, saltar la alambrada es una forma de entrada “violenta” en sí misma y siempre la ha diferenciado de las llegadas en patera, una vía clandestina que, sin embargo, es más arriesgada y más costosa. 

De lo que no habla Marlaska es de la imposibilidad con la que se chocan los solicitantes de asilo negros para pedir protección en el paso fronterizo de las ciudades autónomas. Los migrantes subsaharianos son atosigados por las autoridades marroquíes y no pueden acceder a las oficinas de asilo existentes en las fronteras con España. La mayoría de personas que saltaron la valla durante la tragedia de Ceuta eran sudaneses, una nacionalidad que tiene un altísimo porcentaje de peticiones aceptadas de protección internacional en España. 

Este mismo martes, tras una visita a la ciudad autónoma, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa se lo ha recordado al ministro:  “En la práctica, no parece haber otra forma de entrar en Melilla y solicitar protección a las autoridades más que nadando o saltando la valla, arriesgando la vida”.

Devoluciones en caliente

470 personas fueron devueltas en caliente durante la tragedia de Melilla, según las cifras oficiales publicadas por el Defensor del Pueblo. Ángel Gabilondo concluyó que Interior incumplió la legislación nacional e internacional y recordó al Gobierno que, para practicar el “rechazo en frontera” recogido en la Ley de Seguridad Ciudadana debe realizar un estudio individualizado de cada caso, como concluyó el Tribunal Constitucional. 

Según los testimonios de las personas devueltas recogidos por elDiario.es, entre los devueltos por la Guardia Civil había refugiados –algunos incluso reconocidos por Acnur–, menores y heridos.  

Pese a todo, Marlaska continúa defendiendo la legalidad de estas prácticas. 

La entrada de agentes marroquíes en España

Gendarmes marroquíes entraron en suelo español durante el operativo desplegado en la frontera para responder a la entrada de migrantes. Los agentes del país vecino lanzaron piedras contra los migrantes desde una garita coronada con una bandera española, pero también fueron más allá, sorteando la totalidad del perímetro fronterizo, para recoger y devolver a algunos de los refugiados que entraron en Melilla, como reflejan las imágenes de Javier Bernardo adelantadas por Público el 25 de junio. 

El ministro tachó de “falsedad” la entrada de gendarmes de Marruecos a España, pero ante la evidencia de las imágenes, reculó y defendió que la actuación se había ajustado a la legalidad. 

¿Desaparecidos? ¿Fieles difuntos? Desde que se documentara el primer naufragio de una patera en la frontera sur europea, en 1988, más de 12.000 personas han perdido la vida en su trayecto migratorio, según cifras de la APDHA. Han pasado exactamente 34 años desde la imagen de aquel cadáver en la playa de Los Lances, en Tarifa. Cada 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos y, en esta ocasión, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, junto a más de un centenar de organizaciones, ha aprovechado esa fecha para presentar públicamente el documento ‘Medidas para un trato digno a las personas muertas y desaparecidas en los trayectos migratorios y a sus familiares’, dentro de su campaña Vidas Sin Rastro. El enunciado del protocolo, y el simbólico día escogido, ya hablan bien a las claras sus pretensiones. ¿La finalidad? Superar la “ausencia de mecanismos de acceso” para quienes buscan a personas que han iniciado su viaje hacie un futuro mejor lejos de su lugar de origen. La barrera idiomática, las dificultades burocráticas y la multiplicidad de instancias hacen prácticamente imposible que esa búsqueda tenga resultado, denuncian.

Al otro lado del teléfono, desde Argelia, Ryad relata cómo lleva intentando que “alguien” le diga qué ha pasado con su hermano ante la ausencia de certidumbres. Él y otras diez personas partieron el 21 de agosto de 2021 en una patera desde Cherchell, de la provincia de Tipasa. “Hemos hecho de todo pero no sabemos nada”, resume en un apurado español, fruto de sus intentos de los últimos meses en contactar con algún organismo en nuestro país que le ayude en la compleja tarea de saber qué pasó con su hermano, al igual que tratan de saber familiares de tantos desaparecidos que intentan llegar a España en patera desde Marruecos o Argelia, a través del Atlántico o del Mediterráneo.

“Es un gran dolor para mi familia. No sabemos dónde están desde que desaparecieron. He hablado con todo el mundo y nadie sabe de mi hermano”, insiste. “Joven argelino de 22 años en el momento de su desaparición. Desapareció entre Tipaza y Cherchell en una embarcación que salió en dirección a Alicante. Su familia lo busca desde entonces”, reza este aviso publicado también por Caminando Fronteras.

"Ningún organismo podrá confirmar una muerte sin cuerpo ni identificación. Y sin cuerpo sigue abierta la esperanza por muy loca que sea", explica una activista

La esperanza del “desaparecido”

Activistas internacionales del denominado Grupo Puente, como María, ayudan esa tarea. “Muchas veces son incapaces de aceptar el duelo y piensan que han llegado y están en cárceles españolas. Se agarran a un clavo ardiendo. Siguen buscando y están atentos a noticias de cuando aparecen cuerpos en la orilla de la costa española para ver si se trata de sus familiares”, explica la activista canaria desde Francia. En el caso de la embarcación perseguida por Ryad, “salió de Argelia hace más de un año y nunca han aparecido sus ocupantes”. La “desesperación”, comenta, les lleva a publicar sus fotografías por redes sociales, “en cualquier lugar”, para ver si alguien tiene alguna información que les pueda servir, comenta María.

“Es un poco complicado. En el fondo saben la verdad pero no quieren dejar de seguir buscando, como una forma de no traicionar a la persona muerta. Es el problema del término 'desaparecido', que deja tantas puertas abiertas”. “Ningún organismo podrá confirmar una muerte sin cuerpo ni identificación. Y sin cuerpo sigue abierta la esperanza por muy loca que sea”, explica la activista.

“Vacío legal y administrativo”

Para APDHA y el resto de organizaciones, “a pesar del número creciente de fallecimientos en la frontera sur, desde las autoridades estatales nada se ha hecho por proporcionar un trato adecuado, integral y digno a estas personas y a sus familias”. “El programa de medidas es absolutamente necesario para cambiar la realidad que vienen sufriendo las personas migrantes y sus familiares desde hace más de tres décadas”, concluyen acerca del documento, que será enviado al Defensor del Pueblo, al Gobierno de España y a responsables de grupos parlamentarios.

“Es tal la odisea, el vacío legal y administrativo con el que se encuentran las familias y tan grande el sufrimiento y la impotencia que esta inexistencia de mecanismos provoca, que hemos preparado un programa específico con las medidas necesarias para un trato digno a las personas muertas y desaparecidas y sus familiares en la frontera sur”, explica la APDHA.

Entre las medidas presentadas destaca la creación de una Oficina Única de Información para Familiares, que se enmarcaría orgánicamente dentro de la estructura del Defensor del Pueblo y que “debe asegurar una atención integral en el acompañamiento y apoyo a las familias tanto en la denuncia, búsqueda y localización de sus seres queridos, como en los procesos de identificación de personas fallecidas”, señalan desde la APDHA. A Dicha oficina única podrían acceder los familiares a través de una web, por teléfono o por correo electrónico y que vendría acompañada de unas 'unidades de gestión' ubicadas en las principales zonas de llegada de migrantes.

Las organizaciones también proponen crear un banco de ADN, en conexión con el sistema I-Familia recientemente creado por Interpol, mejorar los convenios de repatriación o establecer un nuevo marco jurídico para las declaraciones de ausencia o fallecimiento en relación con las personas migrantes.

Salvamento Marítimo y Guardia Civil han rescatado a 55 personas de origen magrebí, entre ellas seis menores, que viajaban a bordo de cuatro pateras localizadas en aguas de Almería.

La embarcación Salvamar Algenib ha auxiliado durante la madrugada a tres pateras que han sido avistadas a entre nueve y seis millas náuticas al sur del litoral de Garrucha con 40 ocupantes a bordo, mientras que la Salvamar Spica rescataba a otras 14 personas a última hora de la tarde del martes a unas diez millas náuticas al sureste de Aguamarga, en Níjar.

En esta patera viajaban nueve varones, tres mujeres y dos menores, si bien uno de los hombres fue rescatado por agentes de la patrullera Río Arlanza, en la que se le trasladó hasta el puerto de Almería.

Las tres embarcaciones localizadas frente a la costa de Garrucha fueron interceptadas entre las 1,25 y las 3,25 horas. A bordo, 16 ocupantes en una; nueve en la segunda; y 15 en la tercera. En estas viajaban cuatro menores y cinco mujeres.

Las personas rescatadas, en aparente buen estado de salud, han sido trasladadas al puerto de Almería, donde se han activado equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) de Cruz Roja para prestarles asistencia humanitaria.