54 menores fueron recluidos en los CIE en 2019 a pesar de que la ley lo prohíbe

Un año más, los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) han encerrado a menores entre sus paredes a pesar de que la Ley de Extranjería lo prohíbe. En 2019, 54 adolescentes extranjeros que no superaban la mayoría de edad fueron recluidos en estas instalaciones policiales, un 40% menos con respecto al año anterior, según el último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Defensor del Pueblo, a través de los datos proporcionados por el Ministerio del Interior. El internamiento de menores es uno de los distintos incumplimientos de la normativa detectados por el organismo en los CIE, que el Gobierno pretende reabrir cuando los principales países de origen y tránsito acepten recibir deportados tras el cierre de fronteras causado por la pandemia.

El MNP llama la atención especialmente a los CIE de Algeciras, Barcelona y Murcia, con más de diez menores internados en sus instalaciones a lo largo de 2019. La cifra de 54 adolescentes encerrados en los CIE corresponde únicamente a aquellos reconocidos en los registros del Ministerio del Interior, es decir, los que han sido identificados como tal una vez encerrados y pasan a ser liberados por orden judicial, generalmente tras la intervención de las ONG presentes en estos centros.

Algunas de estas organizaciones alertan de que, más allá de los menores reconocidos por la Administración una vez son encerrados en los CIE, también se encuentran a chavales con documentos que prueban su minoría de edad sin que las autoridades lleguen a identificarles como tal. Por tanto, según sus advertencias, la cifra real de adolescentes recluidos en estos centros con menos de 18 años podría ser mayor a la oficial.

Uno de ellos es B. M, un adolescente que manifestó tener 17 años localizado el año pasado por la organización Convivir Sin Racismo en una de sus visitas en el CIE de Murcia, uno de los centros con más menores suelen ser detectados. El joven no tenía documentación, por lo que pidió a su familia que le enviaran la partida de nacimiento desde su país y “un carnet de tipo sangre donde aparece su fotografía”, relataba la ONG en una queja registrada en el Defensor del Pueblo. “En Benidorm está la mujer que le cuidó de pequeño y está dispuesto a acogerle”, indicaba la petición. Finalmente, el joven fue liberado.

En 2020, han continuado las denuncias de ONG sobre el internamiento de menores en los CIE. Según alertó en febrero CIEs No Valencia, al menos cinco adolescentes argelinos fueron encerrados en el centro de Zapadores. Los chavales habían manifestado tener menos de 18 años cuando fueron privados de libertad. De ellos, dos fueron puestos a disposición de los órganos de protección oportunos tras ser reconocidos como menores de edad en las pruebas médicas realizadas, detalló la organización. Un tercero fue puesto en libertad a causa de la documentación aportada, aunque las pruebas de determinación de la edad dictaminaban que era mayor.

Los otros dos chicos, de quienes se aportó su documentación original, liberados pero no fueron reconocidos como menores de edad por el juzgado correspondiente. La plataforma aseguró que ninguna autoridad asumió su tutela, por lo que a su salida se quedaron en situación de desamparo. “Ninguno de estos chicos ni muchos otros deberían permanecer ni un solo día en el CIE si las autoridades, ante la más mínima duda, adoptaran las medidas que contempla la ley para proteger a la infancia”, denuncian desde la plataforma.

La semana pasada, el Tribunal Supremo confirmó la prohibición de realizar pruebas de la edad a los adolescentes extranjeros no acompañados que cuentan con documentación que acredita su minoría de edad, tras una denuncia interpuesta por la Fundación Raices con respecto al caso de Mammadou, un menor maliense declarado mayor por la Fiscalía a pesar de tener un pasaporte que demostraba no superar los 18 años.

La Corte ya había sentado jurisprudencia en ese sentido en 2015, pero su última sentencia al respecto ha dado un paso más frente a las distintas interpretaciones realizadas por la Fiscalía en cuanto a la desconfianza suscitada entre las autoridades ante los papeles presentados por menores migrantes de determinadas nacionalidades, que son forzados a someterse a unas pruebas de determinación de la edad que en muchas ocasiones acaban arrebatándoles su infancia debido al amplio margen de error. Un hecho que ha derivado en decenas de internamientos injustificados en los CIE, según las organizaciones especializadas.

Además del internamiento de menores extranjeros no acompañados, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha alertado sobre algunas de las irregularidades comprobadas durante sus visitas a los CIE en 2019. El Defensor del Pueblo destaca la necesidad de clausura o reforma de algunas de las infraestructuras de los CIE; la negativa a enviar los partes de lesiones a la autoridad judicial correspondiente por parte de algunos de servicios médicos de estos centros; el uso de medidas coercitivas, la inexistencia de asistencia jurídica en algunas instalaciones o los obstáculos que impiden el contacto con familiares durante las visitas.

Reticencias al envío de partes de lesiones al juzgado

El MNP denuncia que el servicio médico de determinados CIE no remitan directamente al juzgado de instrucción de guardia “los partes de lesiones que se redactan”, sin perjuicio de que también se remitan al juzgado de control del CIE correspondiente y a la Fiscalía. Según reclama el Defensor, esta práctica es común en los CIE de Algeciras y de Valencia, a pesar de que incumple la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El informe también ha llamado la atención sobre “el uso de las medidas coercitivas” en los CIE: “Aún mejorar, a juicio de esta institución, tanto desde el punto de vista de su regulación normativa como desde el punto de vista de su implementación práctica”. Durante la visita al CIE de Barcelona, la institución comprobó que el libro registro de uso de medios de contención solo quedan reflejadas las separaciones preventivas, pero no la utilización de otros medios ni la duración de su empleo, por lo que ha reclamado a su dirección un mayor control en este sentido.

En el CIE de Valencia, los internos no pueden estar en contacto físico con los allegados que los visitan, a pesar de encontrarse entre las exigencias de los juzgados de control y la MNP. Como supuesta solución ante las denunciadas mamparas cerradas, la dirección del centro de Zapadores ha realizado un agujero circular de unos 30 centímetros en el cristal, por el que sólo puede introducirse una mano. “Al parecer el juez de control de estancia de Valencia ha considerado suficiente”, detalla el Defensor del Pueblo, que reconoce no quedarse conforme con su respuesta y ha reiterado su sugerencia: “A juicio de esta institución, ese hueco no permite el contacto físico”.