89 menores estuvieron encerrados en los CIE en 2018, un 46% más que el año anterior

El número de menores encerrados en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) aumentó en 2018 un 46% respecto al año anterior. Un total de 89 adolescentes fueron identificados como menores durante su internamiento en los CIE, frente a los 48 que pasaron por uno de estos centros en 2017, según las cifras proporcionadas por el Ministerio del Interior al Servicio Jesuita de Migrantes (SJM-E), que este jueves ha presentado su informe anual.

El internamiento de jóvenes que manifiestan ser menores de edad es una de las “situaciones de vulnerabilidad observada con más frecuencia por los equipos” de la red en los CIE. Según los datos de Interior, el mayor número de menores fueron identificados en Barcelona, Murcia y Madrid. Durante sus visitas a cinco centros, el SJM ha documentado los casos de 93 jóvenes que han manifestdo ser menores de edad. La mayoría de ellos, 42, en el CIE de Zona Franca.

Son algunos de los datos en los que el Servicio Jesuita a Migrantes se ha apoyado para cargar, una vez más, contra estos centros en los que se encierra durante un máximo de 60 días a personas extranjeras por estar en situación irregular con el objetivo de materializar su expulsión. La ONG ha recopilado una serie de “deficiencias y malas prácticas” dentro de los CIE y ha insistido en su reclamación principal: el cierre de estos centros.

“Son lugares de sufrimiento inútil para los migrantes, espacios en los que se vulnera sus derechos, lugares indignos para la vida, que incumplen el Reglamento de los propios centros y que no tiene en cuenta las situaciones de vulnerabilidad”, ha asegurado la coordinadora del SJM, María del Carmen de la Fuente.

En 2018, el número de personas internadas en ellos descendió después de dos años de aumento. A lo largo del año pasado, fueron encerradas 7.855 personas, 7.676 varones y 179 mujeres. Son 959 migrantes menos que en 2017, una caída del 11%.

Este descenso contrasta con el repunte en las llegadas irregulares en la frontera sur registrado el mismo año. La organización atribuye la bajada a varias causas posibles, entre ellas “el estado de las instalaciones de los CIE, que provoca el cierre de alguno para acometer obras de reforma”, como el de Las Palmas, “o la restricción de módulos disponibles”, como en Algeciras o Tarifa. Otro factor que apuntan es “la decisión de no internar a la población subsahariana con expedientes de devolución desde mediados del verano de 2018, comprobada la práctica imposibilidad de ejecutarla”, con lo que a juicio del SJM se les “ahorra un sufrimiento inútil”.

La red ha expresado en varias ocasiones su preocupación “por lo gratuito –inútil– del sufrimiento de tantas personas internadas a pesar de la certeza de que no iba a ser posible devolverlas a sus países de origen”. En 2018, el 58% de las personas internadas en un CIE fueron finalmente expulsadas. Es decir, el 42% estuvieron encerradas sin motivo.

El dato de deportaciones desde los CIE en relación con el total de internamientos se incrementa así frente a 2017, cuando fue fue del 37%. El SJM explica este mayor porcentaje por el “aumento notable” de las entradas irregulares de personas marroquíes y argelinas, cuyos Estados cuentan con acuerdos de devolución con España, por lo que las deportaciones se ejecutan de manera más rápida.

La población marroquí y argelina supone dos tercios del total de internos en los CIE. La red en defensa de los derechos de los migrantes considera que se dispensa un “trato discriminatorio” a las personas de estas nacionalidades. Según exponen en el informe, el 92% de las personas argelinas y un 79% de las marroquíes fueron encerradas con el objetivo de ser devueltos por su entrada irregular en España.

La red recalca que esta “discriminación” no se limita al internamiento, para lo que acude a observaciones del Defensor del Pueblo y las ONG que apuntan al “diferente tratamiento” que reciben las personas de origen magrebí y las de otros orígenes tras desembarcar en España. “Las primeras pasan los trámites de identificación detenidas hasta 72 horas en comisarías de policía, mientras que las otras lo hacen en Centros de Acogida Temporal de Extranjeros; las primeras no gozan de recursos de acogida humanitaria alternativos al CIE o posteriores a su puesta en libertad del mismo (salvo excepciones, como mujeres embarazadas); las segundas reciben un tratamiento humanitario mejorable, pero más positivo que el CIE”.

Estas diferencias también se extienden tras la puesta en libertad. La población magrebí, denuncian, no es derivada a centros de acogida humanitaria tras salir del CIE. “Se le deja en la calle, sin recursos, incluso cuando se ha admitido a trámite su solicitud de protección internacional y se les ha provisto de tarjeta roja. El colapso de las redes locales de acogida residencial en situaciones de emergencia no hace sino multiplicar las situaciones de riesgo y precariedad que están viviendo muchos de estos jóvenes magrebíes”.

Aumenta el número de solicitantes de asilo

A lo largo de los últimos años ha aumentado el número de personas que solicita asilo en los CIE. De acuerdo con el informe, 1.776 pidieron protección internacional en 2018, frente a las 1.381 y 770 en los años anteriores. Solo 543 peticiones fueron admitidas a trámite, un 30,57%, un porcentaje algo más alto que en 2017, según expone el documento. Para el SJM, esta cifra pone de relieve “las situaciones de personas con perfil de refugiadas que no han tenido opción de solicitar protección en el momento de su desembarco o durante las primeras 72 de detención policial”.

La organización vuelve a denunciar dificultades y trabas a la hora de solicitar protección internacional dentro de los CIE. “Se observan casos de personas a las que se desatienden las reiteradas solicitudes del impreso, cuyas solicitudes dirigidas al director no se sacan del buzón hasta después de ejecutada la devolución o la expulsión, o que se quejan de haber percibido defectos o escasa fiabilidad en el servicio de interpretación”.

El SJM denuncia también “limitaciones” en la comunicación --por falta de una lengua común con otros internos, por falta de interpretación en la relación con las administraciones o por limitaciones en la comunicación telefónica--, trabas al acceso de ONG y limitaciones de la asistencia sociocultural y jurídica, así como la “gestión de situaciones de crisis”, como las desencadenadas cuando los internos protestan o tratan de huir de los centros. Por ejemplo, en el CIE de Barcelona, los equipos del SJM acompañaron a dos personas que manifestaron haber sido objeto de una agresión por parte de agentes de la policía.

“Mientras no se clausuren los CIE, es preciso mejorar las condiciones materiales y la gestión. Y cuando se producen situaciones conflictivas, es preciso encararlas interviniendo con profesionalidad, atajando cualquier expresión violenta o discriminatoria, como de quien toma represalias”, concluyen.

Para José Luis Segovia, capellán del CIE de Aluche, mantener estos centros abiertos “es ilegítimo porque privan de libertad por infracciones administrativas, inmoral porque no les trata como seres humanos, sino como puros fardos destinados a devolverles a origen”, ha denunciado durante la presentación del informe. Lo mismo ha defendido Josep Buades, del SJM, que ha opinado que no se clausuran “por prevención general, por dejar claro que no hagas esto o verás las consecuencias” y para “apaciguar a la opinión pública” en pleno impulso de los discursos de extrema derecha.