“Hay que seguir construyendo la Unión Europea. Soy de la generación que tenía grabado a fuego en la memoria que España es el problema y Europa la solución”. Con estas palabras, Enrique Barón (Madrid, 1944), doctor en Derecho y economista, expresidente del Parlamento Europeo entre 1989 y 1992, señala el camino a recorrer cuando “hay gente que discute el sistema multilateral del marco de la ONU, aunque funciona”.

Ahora ha publicado Paz y guerra De la URSS a la magna Rusia. Notas de viajes (RBA Libros), donde repasa algunos de los momentos de su carrera para diseccionar la historia de Rusia y el papel de “neozar” Vladímir Putin. Barón asegura que “el futuro de Europa depende de que se consiga una paz justa en Ucrania”, en un momento complicado en la consecución de la construcción de Europa como “Federación Europea”.

Usted explica en su libro que fue a dar un discurso en Kaliningrado, ciudad de Emmanuel Kant y donde tenía la oportunidad de hablar de su concepto de paz perpetua. ¿Qué está fallando para que esa paz se vea vulnerada de esta manera cuando se cumple un cuarto del siglo XXI?

La paz no ha sido la situación normal. Fui a Kaliningrado en un momento en el que estábamos tratando de acercarnos desde la Unión Europea en lo que se llamaba Asociación para la paz. Di una conferencia con el título A Farewell to Arms (Adiós a las armas), que es el título del de la famosa novela de Ernest Hemingway. Expliqué cómo estábamos construyendo Europa en un momento en el que había una posibilidad de acercamiento y de diálogo tras la caída del muro y la implosión de la Unión Soviética.

La paz no es un estado normal. La paz es un proceso que hay que trabajar. Siempre pongo la imagen del tejedor: la paz es un proceso de ir tejiendo valores, intereses, complicidades y, sobre todo, controlar la violencia, que es un elemento que está presente en las sociedades humanas.

Ahora se escucha que hay que acabar con el viejo orden establecido en reglas internacionales... No creo que se deba de reemplazar, ya que entonces solo tendremos caos y el ejercicio del poder absoluto

¿Sería posible ahora una Conferencia de Helsinki como la de 1975? Usted señala esa Conferencia como un “ejercicio modélico de diplomacia” por su acta sobre derechos humanos y libertades, que operó de forma pacífica como una “carga de profundidad” que acabó socavando al bloque soviético.

La Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), que fue la hija de la Conferencia de Helsinki, sigue existiendo y no ha sido denunciada ni por Rusia. Tiene una asamblea parlamentaria en la que hay parlamentarios de toda Europa. Sería muy interesante que el espíritu de Helsinki volviera. Lo que pasa es que la Federación Rusa se metió en una guerra de agresión contra Ucrania y solo hay dos salidas: un triunfo con la eliminación absoluta del contrario o volver a la mesa de negociación y tratar de actuar de manera civilizada.

Escribe en su libro sobre la prueba de fuego de Ucrania para Europa, en los dos sentidos, como compromiso y como zona de guerra. ¿Cuáles deberían ser los próximos pasos de la UE para asegurar la paz?

El futuro de Europa depende de que se consiga una paz justa en Ucrania. Ahora se escucha que hay que acabar con el viejo orden establecido en reglas internacionales... No creo que se deba de reemplazar, ya que entonces solo tendremos caos y el ejercicio del poder absoluto. Solo tendríamos el sonido de las bombas, que rompe todas las normas de derecho internacional. Yo era presidente del Parlamento Europeo cuando cayó el muro de Berlín, que era la cicatriz que dividía Europa, y la Unión Europea la formaban 12 países. Ahora mismo tenemos en la UE a las repúblicas bálticas, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria... Se trata de que adoptemos un compromiso para compartir el presente y el futuro con estos países en la Unión Europea.

¿Cree que la UE debe sentarse a negociar con Vladímir Putin sobre Ucrania como han propuesto Emmanuel Macron o Giorgia Meloni?

La Unión Europea no se ha levantado de ninguna mesa. Ha sido Putin el que ha reemplazado la mesa de negociación por la invasión y la agresión.

Le pregunto por una posible negociación porque usted explica que Putin se mueve con la premisa histórica de Stalin de que “el que ocupa el territorio impone también su sistema social hasta donde llega su ejército”, de hecho, la cesión de territorio es donde chocan las negociaciones entre EEUU, Ucrania y Rusia.

Rusia es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. La carta de las Naciones Unidas establece claramente que está en contra de las guerras de invasión de otro Estado miembro, Ucrania es Estado miembro fundador de la ONU. El que tiene que estar dispuesto a sentarse con la Unión Europea es Putin. Pero Putin trata de imponer un orden que reemplace al de la ONU, algo también responde a otro tipo de intereses de Estados Unidos y de China.

En su libro comenta la anécdota de que en la cumbre de Alaska de 2025 entre Donald Trump y Putin, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acudió luciendo un jersey con las letras “CCCP”, el acrónimo en alfabeto cirílico de la Unión Soviética. Asegura que no fue un mensaje subliminal, sino una pura imagen de propaganda (agit-prop) que condensaba la “idea fija” de Putin originada por un fuerte “síndrome posimperial”.

El mundo ha cambiado mucho. Desde la caída del muro de Berlín, Rusia trata de aceptar la nueva realidad o trata de reconstruir la Unión Soviética. Para Putin, una de sus ideas fijas es que la tragedia más grande que se ha producido desde la Segunda Guerra Mundial fue la implosión de la Unión Soviética. El presidente Mijail Gorbachov, al que traté cuando era presidente del Parlamento Europeo, ya señaló que el sistema soviético estaba gripado, se había destruido como un sistema y aportaba casi todos sus recursos a un esfuerzo militar, fracasó desde dentro.

Hay que seguir construyendo la Unión Europea. Soy de la generación que tenía grabado a fuego en la memoria que España es el problema y Europa la solución

Usted señala que o se dan pasos para construir una “Federación Europea” (el sueño fundacional de 1950) o se corre el riesgo de retroceder hacia una “Santa Alianza”, un sistema dominado por áreas de influencia, nacionalismos regresivos y el sometimiento al neozarismo de Putin, ¿cuáles son los principales impedimentos para alcanzar esa Federación Europea?

La Federación Europea se lleva construyendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde el Congreso de La Haya de 1948. Entonces se acordó que había que encontrar una solución federal que superara el pasado. La Declaración Shuman dice que el objetivo es que hay que construir compartiendo valores e intereses, paso a paso, para hacer una federación europea, no habla de un mercado, sino una federación. La actual Unión Europea cuenta con unos tratados que son la constitución, con una declaración de derechos humanos y de valores comunes, con una moneda que funciona y tiene la adhesión del 80% de la ciudadanía. Lo que nos falta ahora es defender lo que hemos conseguido y una política de seguridad, que es ahora el gran desafío.

Usted habla en su capítulo sobre Yugoslavia sobre cómo el fracaso inicial a la hora de detener el conflicto evidenció la imperiosa necesidad de que la UE aprendiera a “hablar con una sola voz” y lograra fraguar una verdadera Política Exterior y de Seguridad Común. Sin embargo, ahora es difícil tener una sola voz, incluso hemos tenido la extraña situación de que la presidenta de la Comisión Europea deslizara que la UE se tendría que olvidar en algún momento del sistema basado en reglas como única forma de defender sus intereses.

Hay que seguir construyendo la Unión Europea. Soy de la generación que tenía grabado a fuego en la memoria que España es el problema y Europa la solución, la famosa frase de Ortega y Gasset. Y esto requiere un esfuerzo cotidiano. La única respuesta es lo que dijo Jean Monnet: “Europa se forjará en crisis”. Ahora hay gente que discute el sistema multilateral del marco de la ONU, aunque funciona, pero no he visto a ningún líder que diga que el sistema de tráfico aéreo hay que desmantelarlo y reemplazarlo. Poner de acuerdo a muchos mediante el diálogo e intereses conjuntos es muy costoso, aunque se ha hecho durante siglos, pero las consecuencias de volver a la ley del más fuerte son peores.

¿Tiene sentido la gobernanza de la UE cuando un país como Hungría tiene capacidad de vetar decisiones que han respaldado el resto de los 26 miembros de la UE?

La unanimidad no funciona ni en las familias. Es necesario reemplazar los vetos o que Hungría respete y aplique los acuerdos. No hay que olvidar que en Hungría hay elecciones en abril. Ya hemos visto lo que ha pasado en Italia y en Francia: un referéndum que planteaba una reforma excepcional por la puerta de atrás ha sido tumbado por el voto en su mayoría femenino y de jóvenes en Italia, y en las elecciones municipales francesas no han triunfado los partidos que plantean una vuelta a un pasado que nunca fue mejor.

El Parlamento Europeo ha dado este jueves su respaldo al acuerdo comercial que firmaron Estados Unidos y la Unión Europea el pasado agosto de 2025, pese a que el comentario general en la Eurocámara es que el tratado comercial es “desequilibrado” para los intereses europeos. La votación ha finalizado con 417 votos a favor, 154 en contra y 71 abstenciones.

Para sacarlo adelante, se han tenido que añadir varias enmiendas, alguna de las que ya se habían aprobado en la Comisión Internacional de Comercio, como una salvaguardia por la que se suspendería el acuerdo en caso de nuevos aranceles estadounidenses, otra de “entrada en vigor” por la que las preferencias arancelarias solo se aplicarán si Trump respeta sus compromisos, donde se ha añadido la reducción por parte de Estados Unidos de los aranceles sobre productos europeos con contenido de acero y aluminio inferior al 50 %, hasta un máximo del 15 %; pero además se han añadido otra que establece que el pacto expirará en marzo de 2028, salvo que ambas partes acuerden prorrogarlo, y un mecanismo de salvaguardia por el que la Comisión tiene la tarea de supervisar el impacto de las nuevas normas y podría suspender temporalmente los nuevos aranceles si las importaciones estadounidenses alcanzaran un nivel que pudiera causar un daño grave a la industria europea, por ejemplo, en caso de un aumento del 10 % en las importaciones de un determinado grupo de productos.

El acuerdo comercial elimina los aranceles sobre cientos de productos industriales y agrícolas estadounidenses, mientras impone un arancel general del 15% sobre la UE, aunque está por ver cuál va a ser la respuesta del presidente de EEUU, Donald Trump, ante su caótica política comercial después de que el Tribunal Supremo de EEUU tumbara sus decisiones sobre aranceles. Estos cambios en la posición de EEUU provocaron numerosos retrasos en la aprobación del acuerdo por parte de la Eurocámara. Ahora el Consejo Europeo tiene que aprobar el acuerdo

Para tratar de defender el acuerdo apareció en la Eurocámara el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ya que Maros Sefcovic, comisario de Comercio se encontraba en Camerún por la conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En su discurso previo, Dombrovskis ha tratado de ensalzar las cualidades de un acuerdo que fue asumido como una humillación en varias capitales europeas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su disconformidad asegurando que respaldaba el acuerdo, “pero sin ningún entusiasmo”.

“No olvidemos la magnitud de lo que está en juego: Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, nuestro principal socio comercial y nuestro principal destino de exportaciones. Solo en 2024-2025, se intercambiaron bienes y servicios por valor de 1,7 billones de euros a través del Atlántico. Hemos invertido en las respectivas economías 4,8 billones de euros. En conjunto, nuestro comercio con Estados Unidos representa alrededor del 20 % de nuestro comercio global”, detalló el comisario europeo.

Dombrovskis admitió como “motivo de preocupación” de los miembros de la Cámara “en lo relativo a los aranceles sobre el acero y el aluminio, y sus productos derivados” y por la obtención de “garantías sobre el compromiso de Estados Unidos de respetar el acuerdo, así como la necesidad de salvaguardias en caso de que sus términos sean vulnerados”.

Durante el debate se exigió que Estados Unidos aclare cómo reducirá el arancel del 50% sobre cientos de productos que contienen acero y aluminio, una cuestión que los europarlamentarios han insistido en que se tendría que definir para que el acuerso saliera adelante.

Pero a pesar de los temores, el comisario pidió que “a pesar de estas preocupaciones legítimas, una verdad permanece: nuestros intereses económicos exigen que avancemos”. Dombrovskis llegó a decir: “debemos demostrar buena fe por nuestra parte si queremos recibir buena fe a cambio”, lo que provocó cierto revuelo entre los eurodiputados ante las amenazas y cambios de posturas continuas de Trump respecto a Europa. Para apaciguar el graderío, el comisario puntualizó que “aunque seguiremos esforzándonos por mantener relaciones constructivas y evitar la volatilidad, no cerraremos los ojos ante ningún riesgo para nuestros intereses. La Comisión se mantendrá vigilante, preparada para defender los intereses europeos siempre que sea necesario. Estamos siguiendo de cerca las investigaciones estadounidenses en virtud de la Sección 301, que podrían sustituir la base jurídica de los aranceles estadounidenses”.

El Parlamento Europeo ya había dado un primer paso para aprobar el acuerdo comercial entre EEUU y la Unión Europea, pero había añadido dos cláusulas ante los cambios de posición constantes del presidente de EEUU en su política de comercio exterior. Las enmiendas no gustaron en EEUU. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, aseguró que si la UE no quiere perder el acceso “favorable” a los contratos con las empresas estadounidenses de Gas Natural Licuado (GNL) tenía que aprobar el acuerdo comercial firmado entre Ursula Von der Leyen y Trump sin enmiendas ni cambios.

El eurodiputado socialdemócrata Bernd Lange, ponente en la Eurocámara del documento de acuerdo, señaló que “las condiciones están claramente definidas en la posición del Parlamento. Incluyen una cláusula de entrada en vigor (”sunrise clause“) que exige el cumplimiento total por parte de Estados Unidos antes de que el reglamento pueda aplicarse, y una cláusula de caducidad (”sunset clause“) que garantiza la supervisión parlamentaria completa de cualquier extensión de las concesiones, manteniéndose siempre conforme a la normativa de la OMC. Cualquier nueva amenaza arancelaria o el incumplimiento del acuerdo en beneficio de los productores y consumidores europeos provocará la caducidad de la legislación”.

Nuevas amenazas comerciales de EEUU contra Europa. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, ha asegurado este lunes que si la UE no quiere perder el acceso “favorable” a los contratos con las empresas estadounidenses de Gas Natural Licuado (GNL) tiene que aprobar el acuerdo comercial firmado entre Ursula Von der Leyen y Donald Trump sin enmiendas ni cambios.

El tratado comercial, que firmaron Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en el resort de lujo propiedad del presidente de EEUU en Escocia, se tiene que ratificar en la Eurocámara. Hay dudas de que los europarlamentarios lo lleven finalmente al pleno de esta semana ante la incertidumbre que ha provocado el presidente de EEUU, Donald Trump, con su caótica política comercial una vez que el Tribunal Supremo de su país tumbó los aranceles que impuso a numerosos países del mundo.

“No sé qué pasará con respecto a la energía si no siguen adelante con el acuerdo. Si Turnberry no se implementa, volvemos al punto de partida. No estoy seguro de hacia dónde vamos. Creo que Estados Unidos seguirá queriendo hacer negocios con Europa, pero los términos podrían no ser tan favorables. El entorno ciertamente no será tan favorable. Y… hay otros compradores disponibles”, ha declarado Puzder al Financial Times.

La votación se ha retrasado varias semanas en la Eurocámara por las amenazas de Trump por anexionarse Groenlandia o la incertidumbre que provocó el presidente estadounidense anunciando nuevos impuestos fronterizos tras la decisión judicial que tumbó su política comercial de aranceles. El comisario europeo de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, pidió a los eurodiputados que tratarán de aprobar el tratado ciñéndose a lo acordado en “la declaración conjunta de Turnberry”. Los parlamentarios europeos ya añadieron alguna dos enmiendas al acuerdo comercial: una por la que se suspendería el acuerdo en caso de nuevos aranceles estadounidenses y otra de “entrada en vigor” por la que las preferencias arancelarias solo se aplicarán si Trump respeta sus compromisos.

En el acuerdo comercial, que en algunas capitales europeas se definió como “humillante” para los intereses de la UE, está incluido el desembolso de 750.000 millones de dólares por parte de Europa en la compra de productos energéticos estadounidenses hasta 2028. Entre esos productos estarían los contratos de GNL, pero también hay de adquisición de petróleo y de tecnología nuclear para uso civil.

Amenaza con los mercados energéticos tensionados

La nueva amenaza de EEUU llega cuando los mercados energéticos están fuertemente tensionados por la guerra de Irán que comenzaron Estados Unidos e Israel. Precisamente, la Comisión Europea indicó este lunes que no teme por la seguridad energética de la UE, pero pidió a los 27 Estados miembros a comenzar a aumentar las reservas de gas ante la crisis energética en el Golfo.

“Teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados derivada del conflicto en Oriente Medio, la Comisión Europea insta a los Estados miembros a iniciar de forma coordinada la temporada de llenado de gas y los preparativos de cara al próximo invierno”, ha señalado un portavoz de la Comisión en el encuentro diario con los periodistas.

La guerra de Irán ha vuelto a poner sobre la mesa la fuerte dependencia de los combustibles fósiles por parte de la UE. En el último Consejo Europeo, celebrado el pasado jueves 19 de marzo, los 27 países de la UE convergieron en que “los recientes picos en los precios de los combustibles fósiles importados demuestran que la transición energética sigue siendo la estrategia más eficaz para lograr la autonomía estratégica de Europa” y “reducir estructuralmente los precios de la energía”, de manera que “acelerar el despliegue e integración de fuentes de energía renovables y de baja emisión de carbono, así como del almacenamiento energético, es esencial para reducir la dependencia de los volátiles mercados de combustibles fósiles y mejorar la seguridad del suministro”. Ahora bien, es un proceso largo y no todos los países europeos siguen el mismo camino para lograr la soberanía energética.

Lo que no parece extraño, es que Estados Unidos no solo ha desestabilizado el mercado energético, sino que parece querer sacar provecho del incremento de precios y la escasez que se empieza a vislumbrar en los mercados. Solo un 10% del GNL que se transportaba por el estrecho de Ormuz se dirigía a Europa, pero el cierre de instalaciones en Catar y otros países del Golfo han provocado un incremento de precios que afecta a todo el sistema energético.

“Pensé que los europeos deberían haberse comprometido con un billón de dólares en energía, porque no era solo una promesa de que comprarían esta energía, era un compromiso de que se la venderíamos. Si van a sobrevivir económicamente, necesitan energía, y nosotros podemos suministrarla. Nos gustaría tener el tipo de relación que nos incentive a hacerlo”, ha comentado Puzder.

El embajador de EEUU en la UE no solo quiere que los europeos le compren solo el gas a Estados Unidos. Puzder también pretende que Bruselas cambie la ley europea que obliga a las empresas vendedoras de GNL a que publiquen sus emisiones de metano antes del 1 de enero. Ante la imposibilidad de las compañías de EEUU de cumplir la normativa, Puzder ha solicitado su modificación con el argumento de que “aumentaría los costos de combustible”.

La Unión Europea ha notificado este lunes a los países del Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay) la aplicación provisional desde el 1 de mayo del acuerdo comercial que firmaron con la UE. Ante la decisión del Parlamento Europeo de llevar a los tribunales el tratado comercial por las dudas sobre su compatibilidad con los tratados de la Unión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció a finales de febrero que pese al obstáculo judicial el acuerdo comercial se empezaría a aplicar desde la aprobación por parte de los parlamentos de los países latinoamericanos.

Según ha informado la Comisión, el acuerdo comercial “se aplicará así provisionalmente desde el 1 de mayo entre la UE y todos los países del Mercosur que completen sus procedimientos de ratificación y notifiquen a la UE antes de finales de marzo: Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han hecho. Paraguay ha ratificado recientemente el acuerdo y se espera que envíe su notificación pronto”.

La aplicación provisional del acuerdo comercial va a soliviantar a las organizaciones agrarias que se han estado manifestando durante meses para intentar tumbar la aprobación del acuerdo comercial con el argumento de que no hay suficientes salvaguardas para evitar la importación desde Europa de carne con hormona prohibidas en el marco europeo o productos agrarios sudamericanos a precios tan bajo que rompan el mercado de la UE. 

El tratado comercial fue firmado por los responsables políticos de la UE y los cuatro países que forman Mercosur el pasado 17 de enero. Sin embargo, el acuerdo estaba ahora en el limbo ya que el Parlamento Europeo remitió el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE. En teoría, se tendría que paralizar de manera efectiva su tramitación hasta que los jueces dicten su opinión.

Bruselas apunta que la aplicación provisional asegura “la eliminación de aranceles sobre ciertos productos desde el primer día, creando reglas predecibles para el comercio y la inversión. De esta manera, las empresas, consumidores y agricultores de la UE pueden empezar a beneficiarse del acuerdo de inmediato, mientras que los sectores sensibles de la economía europea están completamente protegidos mediante salvaguardas robustas”.

Según la Comisión, la puesta en marcha del acuerdo también “garantizará una colaboración más estrecha entre la UE y el Mercosur en asuntos globales urgentes, como los derechos laborales y el cambio climático. Asimismo, fomentará cadenas de suministro más resilientes y confiables, cruciales en particular para el flujo predecible de Materias Primas Críticas”.

El Comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, declaró: “Hoy damos un paso importante para demostrar nuestra credibilidad como socio comercial de peso. La prioridad ahora es transformar este acuerdo UE-Mercosur en resultados concretos, ofreciendo a los exportadores europeos la plataforma que necesitan para aprovechar nuevas oportunidades de comercio, crecimiento y empleo. La aplicación provisional nos permitirá comenzar a cumplir esa promesa. Espero ver cómo este acuerdo alcanza todo su potencial, fortaleciendo nuestra economía y reforzando nuestra posición en el comercio global, mientras completamos todos los procedimientos democráticos”.

Negociaciones con Australia

Por otro lado, Von der Leyen se encuentra en Australia para tratar de cerrar un nuevo acuerdo comercial entre la UE y este país. Según fuentes de la Comisión Europea si el acuerdo se cierra supondrá “una reducción de aranceles de alrededor de 1.000 millones de euros al año para los exportadores europeos. También se espera que las exportaciones de bienes de la UE a Australia crecerán aproximadamente un 33%”.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la solicitud presentada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas sobre la incineradora de Las Lomas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. La entidad solicita asimismo a la Comisión Europea la apertura de una investigación preliminar.

Así consta en un escrito remitido a la Fravm, según recoge Europa Press, en el que la Comisión de Peticiones señala que la petición ha sido declarada admisible al considerar que el asunto “entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”. En la carta, el mismo órgano indica que ha solicitado a la Comisión Europea que lleve a cabo “una investigación preliminar sobre este asunto” y que, además, ha trasladado la petición a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo para su análisis.

El documento recuerda también que la responsabilidad principal de la correcta aplicación del Derecho de la Unión recae en los Estados miembros, y apunta que las cuestiones planteadas en la petición están recogidas en la normativa europea sobre residuos y en las estrategias vinculadas a la economía circular.

“Deficiencias” en la seguridad con impacto en la salud

La solicitud registrada por los colectivos vecinales denuncia el retraso en la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en la incineradora de Valdemingómez, así como diversas “deficiencias” que, según sostienen, pueden afectar a la seguridad de la instalación y tener impacto en la salud de la población y el medio ambiente. En concreto, según apunta la Fravm en un comunicado, el Ayuntamiento de Madrid debería haber implementado hace más de dos años medidas exigidas por la normativa comunitaria, como un sistema de gestión ambiental con un plan de gestión de accidentes o mecanismos de control y comparación de emisiones contaminantes para cumplir el Reglamento de Emisiones Industriales.

Ante esta situación, las asociaciones decidieron elevar el caso a las instituciones europeas, a la espera ahora de que se recabe información al Consistorio madrileño y se avance en el análisis del expediente. La admisión a trámite se produce tras un proceso en el que, según recuerdan los colectivos, los eurodiputados del Partido Popular Europeo votaron en contra de su tramitación en la Comisión de Peticiones.

El PSOE ataca a Almeida ya que Bruselas hace “más caso” a los vecinos

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha criticado que en Bruselas se haga “más caso” a las denuncias de los vecinos de Vallecas que a su propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Le ha acusado de “mirar hacia otro lado” con la incineradora de Las Lomas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. En declaraciones remitidas a la prensa, Benito ha señalado que los vecinos de este distrito llevan “años denunciando” los efectos de esta instalación, entre otros, “malos olores, emisiones y preocupación por la salud”. Especialmente en el Ensanche de Vallecas, donde según ha indicado, “miles de familias” reclaman algo tan “básico” como aire “limpio”.

“Pero lo más llamativo es que esa voz parece escucharse antes, fuera que dentro de Madrid. En Bruselas ya se han abierto investigaciones por las denuncias vecinales, mientras aquí el ayuntamiento sigue mirando hacia otro lado”, ha reiterado. En este sentido, el socialista ha reprochado que Gobierno municipal haya optado por prolongar la actividad de la incineradora hasta el año 2040. A su juicio, esta decisión supone mantener “un modelo contaminante que afecta directamente a estos barrios”.

Además, Benito también ha cargado contra Sanz por asegurar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno las “inversiones millonarias” acometidas a lo largo de los años para seguir mejorando la instalación. “La pregunta es evidente: ¿millones para qué?”, ha planteado, para añadir que, a su juicio, no se han destinado a “reducir residuos, impulsar el reciclaje ni avanzar hacia la economía circular”, sino a “seguir contaminando el aire de los madrileños, especialmente el de los barrios del sureste”. “¿Por qué quienes más sufren la contaminación son siempre los mismos barrios como Vallecas?”, ha zanjado.

El Ayuntamiento recalca que “cumple con la normativa”

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz (también portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias), ha asegurado que Valdemingómez “cumple con la normativa vigente” y está “haciendo las cosas muy bien”. Sanz ha indicado que la petición ha sido admitida a trámite al reunir formalmente las características para ello, pero ha remarcado que Valdemingómez “cumple con toda la normativa vigente, con una autorización ambiental integrada que establece los valores límites de emisión, que está a disposición de cualquier organismo estatal o comunitario que quiera analizar su funcionamiento”.

“Valdemingómez cumple, ha cumplido y seguirá cumpliendo con todos los límites y, por lo tanto, creo que se están haciendo las cosas muy bien en ese sentido”, ha declarado la vicealcaldesa, que ha recodado las “inversiones millonarias” acometidas a lo largo de los años para seguir mejorando con todas las autorizaciones “siempre en vigor”. Razón por la que, entienden desde el Gobierno de Cibeles, no hay “ningún problema”.

El Parlamento Europeo ha dado un primer paso para aprobar el acuerdo comercial entre EEUU y la Unión Europea pero han añadido dos cláusulas ante los cambios de posición constantes del presidente de EEUU, Donald Trump, en su política de comercio exterior. La Comisión Internacional de Comercio ha añadido dos salvaguardas por la que se suspendería el acuerdo en caso de nuevos aranceles estadounidenses y otra de “entrada en vigor” por la que las preferencias arancelarias solo se aplicarán si Trump respeta sus compromisos.

“Las preferencias arancelarias para los productos estadounidenses solo serán efectivas cuando los compromisos acordados en Turnberry sean efectivamente respetados por la parte estadounidense”. El Parlamento Europeo ha dado el primer paso para la aprobación de acuerdo comercial con Estados Unidos, pero el caos de la política comercial que ha puesto en marcha el presidente de EEUU, Donald Trump, tras la decisión del Tribunal Supremo de tumbar sus aranceles, ha hecho que los europarlamentarios añadan una cláusula al acuerdo en el que exigen su cumplimiento tal y como se firmó o los productos estadounidenses se verán afectados por tasas fronterizas más altas.

El ponente del Parlamento para este expediente, el socialista alemán Bernd Lange, ha comentado que “se ha alcanzado una amplia mayoría en torno a un texto sólido que pretende aportar estabilidad, equidad y firmeza a nuestra relación comercial con Estados Unidos. Nuestro mensaje es claro: no tomaremos ninguna decisión final sin claridad. El Parlamento pretende mantenerse al mando y tener la última palabra sobre la aplicación del acuerdo”.

“Estábamos preparados para votar en enero, pero las amenazas de EEUU contra Groenlandia y la incertidumbre causada por la respuesta de la administración estadounidense a la sentencia del Tribunal Supremo nos han obligado en dos ocasiones a posponer la votación”, ha comentado Lange.

Tras la decisión del Tribunal Supremo de EEUU de tumbar los aranceles que planteó Trump, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, propuso recientemente investigaciones sobre los principales socios comerciales de Washington, incluidos la UE y China, con el objetivo de sustituir los llamados aranceles recíprocos, según publicó Bloomberg.

En caso de que las investigaciones diesen lugar a nuevos gravámenes contra la UE, que todavía no ha recibido la respuesta de la Administración Trump de que se va a garantizar el acuerdo comercial previo, la Comisión Europea ya anunció que contraatacará “con firmeza y de forma proporcionada”.

Las amenazas por Groenlandia o los avisos a España pesan todavía mucho en las capitales europeas. Los europarlamentarios han dejado claro “que cualquier arancel impuesto a la UE o a uno de sus Estados miembros debido a sus decisiones de política exterior es inaceptable”. En este sentido, la eurocámara “ha reforzado la cláusula de suspensión. Si se materializaran tales aranceles, suspenderíamos inmediatamente el trabajo legislativo que aplica las preferencias arancelarias a los productos estadounidenses. Las amenazas arancelarias contra uno de nosotros son una amenaza contra todos”.

En este sentido, los parlamentarios europeos ha querido dejar claro que “si EEUU decide aumentar los actuales aranceles de la Sección 122 del 10% al 15% de forma generalizada [Trump se basó en este punto de la legislación estadounidense para mantener los aranceles tras la decisión del Supremo], la mayoría de los productos de la UE estarían sujetos a un arancel efectivo superior al límite del 15% debido a la adición del arancel de la Nación Más Favorecida. Esto también sería inaceptable y daría lugar a la suspensión de nuestro trabajo sobre estos expedientes”.

Los miembros de la Comisión Internacional de Comercio también han avalado que se cumpla como criterio, antes de que el reglamento entre en vigor, “la reducción de los aranceles sobre productos de la UE que contienen menos del 50% de acero o aluminio, pasando del 50 % al 15 %”.

“Este nuevo conjunto de condiciones complementa el texto ya negociado y acordado por los negociadores del Parlamento, que abarca las denominadas cinco ‘S’: una solución específica para el acero y el aluminio, una cláusula de expiración (sunset), una disposición de statu quo (standstill), un mecanismo de salvaguardia y un artículo de suspensión reforzado”, ha comentado el ponente del Parlamento.

El Parlamento Europeo ha elaborado un informe en el que asegura que tras una investigación, en la que cuenta con “testigos creíbles”, se confirma que la denuncia de un trabajador parlamentario contra el eurodiputado de Junts Toni Comin “podría ser acoso” psicológico y sexual, según ha adelantado el diario Ara.

La Eurocámara afirma que hay “pruebas suficientes” y defiende “la continuación del procedimiento del caso” contra el representante de Junts en los tribunales. Incluso el Parlamento Europeo se ofrece a proporcionar “apoyo financiero” al exasistente que denunció los abusos para sufragarle los costes judiciales y de los abogados. Comín niega las acusaciones y advierte de que “se reserva el derecho de emprender acciones legales contra las personas que están denunciando falsamente con voluntad de difamación”. El eurodiputado de Junts asegura que “nunca ha sido llamado” por el Parlamento Europeo “para explicar la verdad de los hechos”.

La cuestión es que Comín no tiene el acta de eurodiputado con lo que el Parlamento Europeo no puede sancionarlo ni hacer público el informe que ha publicado Ara. En la apertura de cada pleno de la Eurocámara, su presidenta, Roberta Metsola, anuncia el resultado de investigaciones sobre los eurodiputados y las sanciones aplicadas, pero “solo tiene poderes disciplinarios sobre los eurodiputados” de pleno derecho. En el caso de Comín no es posible porque no ocupa escaño.

En enero de 2025 se hizo pública la denuncia de un ex asesor del político contra Toni Comín en la que mencionaban tocamientos, insinuaciones y proposiciones sexuales, además de hostigamiento laboral, broncas sin motivo y amenazas de despido. El exasistente también denunció que “la búsqueda de contacto físico” por parte del exconseller aumentó con el tiempo hasta llegar a “momentos insoportables”.

El informe del Parlamento confirma que Comín podría haber violado tanto el punto que define el acoso psicológico como “cualquier conducta abusiva que sea persistente, repetida o sistemática, que implique comportamientos, palabras, acciones, gestos o comunicaciones escritas intencionales que menoscaben la personalidad, la dignidad o la integridad física o mental de una persona”; así como el acoso sexual, definido como “cualquier conducta de naturaleza sexual que no sea deseada por la persona a la que va dirigida y que tenga por objeto o efecto vulnerar su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, ofensivo o molesto”.

Comín solo podría recurrir las conclusiones de la investigación del Parlamento Europeo si obtiene el acta de eurodiputado, pero no puede ejercer como eurodiputado porque las autoridades españolas le exigen jurar la Constitución presencialmente en Madrid para obtener el acta, por lo que podría ser detenido por la orden que pesa sobre él por el procés. El caso sobre su escaño se encuentra ante la justicia europea, que debe decidir si la Eurocámara le entrega el acta aunque no acate la Carta Magna.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este martes la imposición de una sanción al eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Luis Pérez Fernández 'Alvise' por grabar al eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar y lanzar comentarios despectivos contra él en redes sociales.

Metsola ha señalado que Alvise ha sido sancionado por “grabar durante una sesión plenaria a otro eurodiputado sin su consentimiento y posteriormente emitir el vídeo en las redes sociales con comentarios despectivos”.

La sanción contra el eurodiputado ultra será la pérdida de unos 3.500 euros, ya que consiste en la eliminación durante diez días del cobro de la dieta diaria, y una suspensión temporal para acudir al pleno de la Eurocámara durante cuatro días.

El Parlamento Europeo ya sancionó a Alvise por ocultar sus ingresos en su declaración de bienes después de tomar posesión como eurodiputado. La decisión de la presidenta de la Eurocámara fue suspender las dietas de estancia durante dos días, por lo que infringir el código de conducta solo le costó 700 euros. 

Alvise está a la espera de la resolución de la Eurocámara de dos procedimientos para decidir si pierde la inmunidad que le otorga su condición de parlamentario europeo, tras sendas peticiones del Tribunal Supremo.

Las causas por las que el Alto Tribunal ha pedido acabar con la inmunidad de Alvise son por acosar a la fiscal Susana Gisbert, especialista de delitos de odio en el Ministerio Público en València, a la que hostigó con varios mensajes en Telegram, y por financiación ilegal de su candidatura a los últimos comicios europeos.

Además, Alvise también tiene otras dos causas en el Supremo. Está acusado de acosar a los dos eurodiputados de su propio partido, Se Acabó La Fiesta, y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha visitado este miércoles el Parlamento Europeo para asistir al Comité de las Regiones de la UE, del que es vicepresidente, y desde Bruselas ha lanzado un mensaje de “preocupación” por la amenaza de Donald Trump de ordenar un embargo comercial a España por su posición contraria al bombardeo ilegal contra Irán.

El Gobierno español, en virtud de la Resolución 56/83 de Naciones Unidas (entre otras), negó a Estados Unidos el uso de sus bases militares en Rota y Morón para suministrar apoyo a los cazas que están bombardeando Irán desde el pasado domingo. El presidente Pedro Sánchez ha vuelto a denunciar hoy que ese ataque de Estados Unidos e Israel viola la legalidad internacional, no tiene mandato del Consejo de Seguridad ni autorización del Congreso, y no respeta el multilateralismo.

Moreno viajaba este miércoles a Bruselas para retomar su agenda europea y ha aprovechado para cargar contra Sánchez, replicando desde la sede del Parlamento europeo en Bruselas el mensaje que la dirección nacional del PP ha lanzado también hoy desde nuestro país: “España está aislada”.

“Lo que me preocupa y hoy he oído aquí en el Parlamento Europeo es que España está aislada, se ha quedado aislada del mundo y de los grandes países, de Francia, de Alemania, aislada de europa y del mundo. Si empezamos a tener dificultades con Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos... Este aislamiento yo lo he notado hoy aquí”, ha explicado a un grupo de periodistas en los pasillos de la Eurocámara. Al ser preguntado por quién le ha trasladado esta idea, Moreno ha explicado que fue en una reunión con parlamentarios populares en el Comité de las Regiones, del que él es vicepresidente.

El mensaje del presidente andaluz ha coincidido con una comparecencia del portavoz del Ejecutivo comunitario, que ha hecho una defensa cerrada de España ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “La Comisión garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea, que tiene competencias comperciales de los 27 países miembros”, ha advertido. “Nos solidarizamos plenamente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”, sentencia.

También hoy, el presidente de la República Francesa, el liberal Emmanuel Macron, ha telefoneado a Sánchez para mostrarle su apoyo tras la amenaza directa de Trump el día anterior. El presidente de los Estados Unidos cargó contra “el liderazgo de España” en una comparecencia en la Casa Blanca junto al canciller de Alemania, el conservador Friedrich Merz, que evitó salir en defensa de su socio.

Luego Merz explicó que no quiso polemizar con Trump en público y que, a puerta cerrada, le hizo saber que no podía castigar comercialmente a un miembro de la UE sin penalizar a todos. El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, expresó su malestar por la actitud de Merz.

Es en exte contexto en el que el presidente andaluz ha expresado su temor por que las amenazas de Trump a España impacten en la economía de Andalucía, la segunda comunidad exportadora a Estados Unidos, que vende sobre todo aceite de oliva, jamón ibérico, vino y aceituna de mesa, entre otros productos agroalimentarios y maquinaria. “Esa amenaza es preocupante. Es preocupante porque, al final, estamos hablando de la primera economía del mundo y la influencia que ejerce esa primera economía del mundo”, ha dicho Moreno.

El líder andaluz asegura que la situación “puede complicar mucho la economía andaluza y española” tanto en el sector primario sino “también en la propia industria” y recordó que España “merece un respeto”. “Creo que en Estados Unidos tienen que saber también diferenciar lo que es un gobierno, en este caso es un mal gobierno y un mal mandatario, que tiene unas pésimas relaciones, y otra cosa son los españoles. España merece un respeto y tiene que ser respetada”, manifestó.

Desde Bruselas, la eurodiputada del Grupo Socialdemócrata, Lina Gálvez, ha matizado que el Comité de las Regiones, donde se encuentra Moreno, “sólo usa el Plenario del Parlamento europeo, que es una parte mínima, y además no está funcionando como Plenario del Parlamento, sino del Comité de las Regiones”. Gálvez ha afeado al presidente andaluz que haga una “extrapolación bastante irreal” de lo que ha oído en el Parlamento “como espacio físico”.

La eurodiputada socialista andaluza sostiene que lo que a ella le la llegado, de compañeros y trabajadores del Parlamento, es todo lo contrario: mensajes de apoyo por la posición de España en defensa de la diplomacia, las relaciones internacionales y la legalidad.

Las instituciones europeas tratan de trazar una hoja de ruta para atajar un problema de vivienda global, que ataca a buena parte del continente. Los precios de compraventa se han disparado en un 61% en los últimos 15 años y los del alquiler han subido un 29% en toda la UE, según los datos de la Comisión Europea, que el pasado mes de diciembre presentó un Plan de Vivienda Asequible para movilizar 150.000 millones de euros. Además, la presidenta Ursula von der Leyen nombró al primer comisario europeo con una cartera específica, Dan Jørgensen, y el Parlamento creó una comisión especial para proponer medidas concretas frente a la crisis residencial.

Fruto de esos trabajos, la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la UE ha elaborado un informe, que el Pleno del Parlamento Europeo deberá ratificar en un par de semanas, previsiblemente el 10 de marzo. El texto, negociado entre liberales, conservadores y socialdemócratas, y con el eurodiputado del PPE Borja Giménez como ponente, no tiene carácter vinculante, sino que señala las prioridades que deberían regir las políticas estatales, siempre bajo un principio de subsidiaridad. “Es una competencia de los Estados miembros, de los entes locales y regionales”, apuntaba el propio Giménez este viernes en un encuentro con periodistas, donde admitía que “hay 27 mercados inmobiliarios, cada uno con sus particularidades”.

Más allá de ser una declaración de intenciones, el documento muestra también la dificultad para plantear una estrategia común, capaz de ser asumida por gobiernos de diferente signo político. “Para nosotros, está lejos de ser perfecto”, apunta la eurodiputada socialista Alicia Homs, que ha justificado el apoyo de su grupo tras lograr introducir “aspectos que sí lo son y es necesario que lleguen a la Comisión, para que los pueda tener en cuenta”.

En concreto, los socialistas celebran haber incorporado cuestiones como la atención al sinhogarismo, el reconocimiento de modelos de vivienda alternativa, como las cooperativas, límites a la especulación y la financiarización de la vivienda o el refuerzo de los derechos de los inquilinos, mejorando la transparencia y reforzando los mecanismos de resolución de conflictos. “El borrador inicial se dedicaba exclusivamente al derecho a la propiedad, con el cual estamos de acuerdo”, señala Homs, que lanza una reflexión: “El 0,05% de las casas están okupadas y el 40% de la población en Europa es inquilina. Si tenemos que hacer un equilibrio, quizá habría que hablar incluso más sobre sus derechos y protecciones”.

La “seguridad jurídica” de los propietarios de viviendas en alquiler ha sido uno de los ejes capitales del Partido Popular, tanto en Europa como a nivel nacional. “En España hemos observado que la laxitud frente a estos fenómenos es un efecto de expulsión de vivienda del mercado y, por tanto, de oferta”, señala González, un día después de que decayera en el Congreso el escudo social que protege a los hogares vulnerables frente a desahucios.

Un IVA súperreducido para vivienda social y en alquiler

Según los datos que recoge el informe, en toda la Unión Europea hacen falta 10 millones de viviendas, unas 700.000 de ellas en este país, acorde a las estimaciones del Banco de España. De hecho, la construcción es uno de los ejes centrales de la propuesta. “Si no hay vivienda, los precios van a estar disparados”, apunta González, que propone el mix de recetas clásicas de la derecha: menos trámites, la implantación del silencio administrativo y bajada de impuestos. En este sentido, una de las propuestas pasa por ampliar la capacidad de los Estados para aplicar un IVA súperreducido para la construcción de vivienda con fines sociales, rehabilitación o alquiler residencial. “Abriría la puerta a poder pasar de entre un 6 a 10% a entre un 2 a un 5%”, ha señalado.

“Es evidente que hay que construir más”, concede Homs, pero “más vivienda pública y asequible, que es lo que falta en este momento”. “Nos estamos encontrando con gente de clase media, con buenos sueldos y problemas para pagar el alquiler que no puede plantearse comprar una casa”, ha señalado la eurodiputada socialista. Y en este sentido, también hay discrepancias en torno al informe. “La solución al problema de la vivienda, desde nuestra perspectiva, no vendrá de tener un parque público monumental”, considera Giménez, que apuesta por este tipo de solución como fórmula de “transición” hacia el mercado libre.

Un fondo propio para vivienda

La financiación es otro de los ejes centrales del informe. Hay varias vías por las que canalizar las inversiones, desde los fondos europeos hasta el papel que puede jugar el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en la creación de una cuenta específica para vivienda, tanto en materia de construcción como en rehabilitación. Según los datos de la Comisión, una de cada diez ciudadanos comunitarios tiene problemas para mantener una temperatura adecuada en su hogar y 800.000 viviendas sociales necesitan ser renovadas cada año.

En la misma línea, los negociadores han acordado reclamar a los Estados que revisen sus normas estatales sobre ayudas para facilitar la inversión pública en vivienda social, “respetando la diversidad de los mercados nacionales”. “Tras la crisis financiera hubo importantes restricciones al crédito para el sector de la construcción. Sabiendo de dónde venimos, queremos que haya cierta laxitud”, añade González.

La propuesta incluye también una línea dedicada a la transparencia de la información. “Sin datos, estamos ciegos para el diseño de estas políticas”, reconoce González, que propone “utilizar Eurostat para compartir datos” y “crear una nueva plataforma digital de la UE”. De hecho, la opacidad del mercado es un diagnóstico común. En España, el flujo de información es uno de los requisitos que el Ministerio de Vivienda ha puesto sobre la mesa para adherirse al nuevo Plan Estatal, para el periodo 2026-2030, previsto para diciembre de 2025, pero que todavía no se ha presentado.

Pese a las discrepancias, el eurodiputado 'popular' pone en valor que pese a las “visiones diferentes” es “un éxito” que en Bruselas grupos tan diversos en sus planteamientos hayan sido “capaces de aprobar una posición conjunta”. La clave será si esas propuestas pueden trasladarse a un ecosistema competencial de sensibilidades también diferentes.

Aunque la Comisión Europea ha confirmado que no hubo manipulación en la revisión del crecimiento de la economía española, que realizó el INE, el Partido Popular sigue utilizando este bulo como arma política para atacar al Gobierno en la figura de la actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, que entonces era vicepresidenta y ministra de Economía del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Durante la comparecencia de Calviño este jueves en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo, el eurodiputado del PP Fernando Navarrete ha lamentado “el desprecio sistemático” de la presidenta del BEI por el control y la independencia de las instituciones. Según Navarrete, esta actitud “viene de su etapa como vicepresidenta en el Gobierno de España”. El Partido Popular ha hecho del libro de memorias de la exministra de Economía un arma de oposición, aunque la Comisión Europea haya tumbado sus acusaciones.

En sus memorias, Calviño explica: “En el Ministerio de Economía teníamos claro que había un problema con la metodología de estimación del PIB del INE. Nunca hemos sabido bien por qué, pero el caso es que el organismo de estadística mantuvo durante años una estimación de la actividad muy inferior a la real... Por respeto, institucional, yo no quería cuestionar en público el trabajo del INE, lo que me exigió hacer verdaderos malabarismos en las entrevistas y preguntas parlamentarias. Pero sí podíamos tratar de ayudarles a nivel técnico para mejorar sus metodologías, y eso hicimos”.

El eurodiputado del PP ha espetado a Calviño que el reglamento europeo sobre estadística establece que son los presidentes del INE quienes tienen la competencia exclusiva para decidir los métodos, estándares y procedimientos estadísticos y que deben “actuar de forma independiente, sin solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno o institución”.

“¿Quién le ayudó a perpetrar semejante tropelía? Primero el INE. Ahora el BEI. El problema no es un episodio, es el patrón”, le ha remarcado Navarrete a la exvicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez.

Respuesta del comisario europeo al PP

Sin embargo, ha sido el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, quién ha desmentido los argumentos del PP precisamente como respuesta a una pregunta que hizo Navarrete junto a otros eurodiputados del PP español como Esteban González Pons, Dolors Montserrat, Isabel Benjumea y Tomáš Zdechovský, eurodiputado checo del PPE.

Dombrovskis responde a la pregunta parlamentaria de los europarlamentarios conservadores que “las revisiones del PIB en España publicadas en 2024 se realizaron de acuerdo con la metodología establecida en el Reglamento (UE) n.º 549/2013 sobre el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (ESA 2010)”.

Además, el comisario europeo subraya que “estas revisiones se debieron a la aplicación de una revisión de referencia periódica de las cuentas nacionales y de la balanza de pagos, realizada de forma coordinada en todos los Estados miembros al menos una vez cada cinco años para incorporar nuevas fuentes de datos y cambios importantes en la metodología estadística internacional”.

También añade que “el impacto de las revisiones sobre el PIB nominal de España fue del 1,6 % (promedio anual entre 2020 y 2023), situándose dentro del rango observado en otros Estados miembros, que varió entre el −3,8% y el 6,8%”, pero además recalca que “la revisión media de las tasas anuales de crecimiento del PIB real fue de 0,3 puntos porcentuales en España (promedio anual entre 2020 y 2023), mientras que el promedio para los Estados miembros osciló entre −0,4 y 1,1 puntos porcentuales”. Es decir, Dombrovskis rebaja el impacto de los cambios que realizó el INE del crecimiento económico de España respecto a otros servicios públicos estadísticos en diferentes países de la UE.

El comisario de Economía ha recordado que “la Comisión supervisa de forma continua el cumplimiento de la legislación de la Unión Europea por parte de los Estados miembros”, especialmente el Reglamento sobre estadísticas europeas, que establece el principio de independencia profesional, que se desarrolla posteriormente en el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas.

En la pregunta de los eurodiputados del PP se asegura que la “posterior dimisión del presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez Poo, en junio de 2022, tras las presiones de la entonces vicepresidenta Nadia Calviño, confirmarían una grave vulneración de la independencia profesional del INE”.

Pero, el comisario europeo de Economía rebate está argumentación al asegurar que “tal como señaló la Comisión en otra pregunta... no dispone de información que indique que el Reglamento (CE) n.º 223/2009 haya sido vulnerado en relación con la decisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística de dimitir en 2022”.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado este miércoles por unanimidad la organización de una misión oficial de observación a la provincia de Valencia para analizar sobre el terreno las consecuencias de la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 230 víctimas mortales. La visita tendrá lugar, previsiblemente, en octubre de 2026 y se enmarca en el compromiso de la comisión de investigar en profundidad lo sucedido. La iniciativa ha sido propuesta por la eurodiputada socialista Sandra Gómez y ha sido secundada por todos los grupos.

Tal y como explica Gómez, la Unión Europea mandará una misión a las localidades afectadas por la dana: “Es una muestra más del apoyo que han venido ejerciendo las instituciones europeas para que los municipios, y sobre todo, las víctimas tengan el apoyo que no encontraron en el Gobierno de la Generalitat Valenciana”.

Así mismo, prosigue la eurodiputada socialista, se trata de un “triunfo” de las entidades que representan a las víctimas porque recuerda que esta petición “nace de un empeño desde hace más de un año de que las instituciones, en este caso el Parlamento, puedan conocer de primera mano cómo sufrieron las personas afectadas por la dana y la tragedia que tuvieron que afrontar”.

Gómez recuerda que esta petición ha sido “numerosas veces bloqueada y vetada por el Partido Popular que ha impedido en el último año que el Parlamento pueda visitar y conocer de primera mano esas consecuencias terribles”. “Es una buena noticia porque es un triunfo de la democracia, pero sobre todo de la voz de la ciudadanía, que se impone a los gobiernos que no quieren que se escuche su voz”, resalta la europarlamentaria socialista.

El eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, ha celebrado el acuerdo unánime y ha destacado que “hoy Europa ha demostrado que está a la altura de las víctimas y del pueblo valenciano”. “Llevamos meses pidiendo esta misión. La hemos reclamado en numerosas ocasiones y hoy, por fin, todos los grupos políticos han entendido que era necesaria. La unanimidad envía un mensaje claro: las víctimas merecen verdad, transparencia y justicia”, ha señalado Marzà.

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles una resolución en la que urge a incluir el consentimiento en la definición de violación en toda la Unión Europea. Con este paso se busca el objetivo de incorporar el “solo sí es sí” en la definición del delito en la revisión de la directiva sobre la violencia contra las mujeres, que tendría que estar aprobada en 2027. La medida ha tenido el respaldo de la mayoría de los grupos políticos, incluido el PP, mientras que la ultraderecha ha votado en contra en las comisiones parlamentarias.

El texto pide a la Comisión Europea “que proponga sin retraso legislación que establezca una definición de violación a escala de la Unión basada en el requisito del consentimiento libre, informado y revocable. Sólo es válida una indicación clara, afirmativa, libre e inequívoca de consentimiento (...). El silencio, la falta de resistencia verbal o física o la ausencia de un 'no' no pueden interpretarse como consentimiento; ni el consentimiento previo ni la conducta sexual pasada ni ninguna relación pasada o presente con el agresor (...) implican el consentimiento actual o futuro para cualquier acto sexual”.

En esta nueva resolución, los eurodiputados señalan que la violencia sexual suele verse agravada por otras formas de discriminación. De esta manera, se instan a los Estados miembros a garantizar una atención médica integral, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva como el aborto, el apoyo psicológico y la asistencia jurídica. El informe destaca la necesidad de centros de crisis abiertos las 24 horas, servicios especializados gratuitos y mecanismos eficaces de reparación. También pide ampliar los plazos de prescripción de los delitos de violación, reconociendo que muchas víctimas denuncian los hechos solo tras retrasos significativos debido al trauma, el miedo o la presión social.

Ya se aprobó una norma en 2024 en el que se se recogían como delito determinadas formas de violencia de género en toda la UE. Entonces la Eurocámara solicitó que el consentimiento fuera tomado en cuenta a la hora de definir el crimen de violación. Sin embargo, una serie de países, encabezados por Alemania y Francia tumbaron la iniciativa en el Consejo de la UE. Ahora hay otra oportunidad para volver a incluir en la normativa el “sí es sí”, que España impulsó en la Cámara europea.

La normativa que se aprobó en 2024 sí establecía normas a escala de la UE sobre la tipificación como delito, que los países tienen que incluir en las legislaciones penales, como la prohibición de la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, así como medidas específicas contra los delitos online, como la difusión de material íntimo o el ciberacoso. Además, se propusieron agravantes como el ejercicio reiterado de violencia contra la mujer, la comisión de un acto de violencia contra una persona vulnerable o un niño y el uso de niveles extremos de violencia.

Desde Podemos en el Parlamento Europeo explican que “el texto aprobado va en consonancia a la legislación española impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en 2023” y que la medida aprobada ratifica que “solo sí es sí, que el consentimiento debe ser siempre explícito y que la ausencia de un no jamás constituye un sí”.

“La ley de libertad sexual fue pionera y ha abierto camino en una Unión Europea que avanza para garantizar el derecho a la libertad sexual de las mujeres”, insisten desde la formación morada en la Eurocámara.

El Partido Popular español en la Eurocámara ha asegurado que “siempre ha sido firme con la defensa del Convenio de Estambul . Este Convenio es la piedra angular en la lucha contra la violencia contra las mujeres. España tuvo un papel pionero gracias al Gobierno de Mariano Rajoy, quien ratificó el Convenio en 2014. Este Convenio refleja en su artículo 36 que el consentimiento debe ser claro, afirmativo, libremente dado e inequívoco”.

“El PP ha votado defendiendo el apoyo a la protección de las víctimas y el principio de consentimiento como puntos vectores y tradición de un partido que siempre ha defendido la protección real de las mujeres”, aseguran desde la formación conservadora.

Según han informado desde el PP en la Eurocámara “apoyar la definición de consentimiento en este informe no es en ningún caso apoyar la ley del 'solo sí es sí', sino reforzar y proteger en todos los aspectos posibles la protección de las víctimas y sus derechos”, pese a que dicha normativa española recoge los mismos puntos que la iniciativa en la Eurocámara.

El grupo de Compromís en el Parlamento Europeo –integrado en Verdes/ALE– ha votado en contra del informe sobre vivienda impulsado por el Partido Popular en la Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo, un texto “pactado con la extrema derecha que, lejos de ofrecer soluciones, apunta a un modelo como el que nos llevó a la burbuja de 2008”. “Este informe, no solo pasa de puntillas por las causas reales de la crisis de la vivienda, sino que sienta las bases para una posible burbuja inmobiliaria que volvería a estallar sobre las espaldas de las familias trabajadoras”, ha denunciado el eurodiputado valencianista, Vicent Marzà.

Según denuncia el europarlamentario de Compromís, “mientras casi la mitad de la población sufre de forma directa la crisis de la vivienda, el acuerdo del PP con la extrema derecha de Meloni prioriza los intereses de grandes propietarios y fondos de inversión”. Así, recuerdan que según datos recientes, el 10% de los hogares más ricos concentra ya casi la mitad del valor de toda la vivienda en España, lo que convierte el parque inmobiliario en el “núcleo de las desigualdades”. “En lugar de frenar esta extracción de rentas de las familias hacia quienes acumulan viviendas como si fueran bonos financieros, el informe legitima la financiarización de la vivienda y se encomienda a los mismos mecanismos de mercado que nos han traido hasta aquí”, ha añadido Marzà.

El texto presentado por el PP, relata el eurodiputado valenciano, “insiste en simplificar trámites, abaratar condiciones para la nueva construcción y ofrecer incentivos fiscales sin condicionalidades sociales claras, pero evita reconocer la especulación y la financiarización como motores de la crisis y no establece límites efectivos a la acumulación de vivienda por parte de grandes inversores”. Además, sostiene, “rechaza plantear la inversión en vivienda social y asequible como una prioridad que pueda quedar fuera de los corsés fiscales del Pacto de Estabilidad, a diferencia de lo que ya se ha hecho con el gasto en defensa”. “Cuando la UE quiere, encuentra la forma de invertir en lo que considera estratégico; lo que nos dice este informe es que para el PP y sus socios la vivienda de la gente no lo es”, ha subrayado el eurodiputado.

Compromís critica especialmente que el informe dedique más esfuerzo a criminalizar a las personas “okupas” que a proteger a aquellos que no pueden acceder a comprar si quiera su primera vivienda. El texto, advierte, llega a plantear que Europol coordine la persecución de la ocupación de viviendas, “como si fuera uno de los grandes problemas de seguridad de la Unión, mientras ignora que los casos de ocupación representan una fracción mínima del parque total de vivienda frente a los millones de hogares atrapados por alquileres desbocados”.

Además, se muestra sorprendido porque el PSOE haya decidido apoyar este informe en la Comisión de Vivienda, “alineándose con un texto que consolida los privilegios de los grandes propietarios y renuncia a situar la asequibilidad en el centro”. “No entendemos que quienes dicen defender el derecho a la vivienda avalen un informe que apuesta por incentivos fiscales a los propietarios sin exigir contrapartidas en forma de alquileres asequibles o límites claros a la especulación”, ha criticado Marzà.

Frente a este enfoque, Compromís reclama que la prioridad de cualquier política europea de vivienda sea la asequibilidad y el acceso universal a una vivienda digna. Sus propuestas pasan por limitar la compra masiva de vivienda por parte de fondos de inversión, gravar las viviendas vacías y secundarias, reforzar de forma estable la vivienda pública, cooperativa y no lucrativa y garantizar que ningún hogar tenga que destinar más del 30% de sus ingresos a los costes de vivienda. Asimismo, defienden orientar los recursos europeos hacia viviendas que se mantengan asequibles en el tiempo, en lugar de hacia nuevos ciclos especulativos.

“Nuestra oposición a este informe no es el final del debate. Vamos a seguir luchando para mejorarlo antes del voto en el pleno”, subraya Marzà, y concluye: “Europa necesita una política de vivienda que plantee soluciones para una mayoría social y no para unos pocos”.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha declarado este jueves que la sentencia que se ha conocido este jueves sobre su inmunidad y la de Toni Comín y Clara Ponsatí “es una bofetada muy dura al Parlamento Europeo”, ya que “el máximo tribunal de la Unión Europea revoca una decisión contra los derechos que han sido vulnerados por ese rodillo que formaban el PP, el Partido Socialista, Vox y Ciudadanos con el apoyo del Gobierno español y con la complicidad vergonzosa de la presidencia de la Eurocámara”.

“Hoy el Parlamento Europeo ha pasado mucha vergüenza y debe examinar qué ha hecho mal, como le ha dicho el Tribunal de Justicia de la UE... en aquel momento era tan evidente que se estaban pisoteando unos derechos… ¿Cómo se podía justificar que una persona que ha participado en un acto en el que se gritó que debíamos ir a prisión, que esa persona, actuando como relatora, iba a ser imparcial? Hemos tenido que esperar, lamentablemente, demasiados años y causa un daño grave a la reputación del Parlamento Europeo”, ha apuntado Puigdemont, acompañado por Toni Comí en las instalaciones de la Eurocámara.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló este jueves la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad de los entonces diputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí en 2021. La sentencia considera que la designación del ponente que redactó el informe para el Parlamento, un diputado de extrema derecha que había compartido un acto junto a Vox favorable a la detención y enjuiciamiento de los independentistas, fue “contraria a la exigencia de imparcialidad”, por lo que debió considerarse nulo.

La sentencia no tiene efectos directos sobre ninguna de las causas abiertas por los independentistas, más allá de la defensa de su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, tanto Puigdemont como Ponsatí han dejado de ser miembros de la cámara, mientras que Comín sigue manteniendo una batalla por ser reconocido como diputado.

El presidente de Junts ha cargado duramente contra la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a la que ha recriminado que “se negó a recibirnos a tres eurodiputados que queríamos exponerle la situación en la que nos encontrábamos y se negó a dar una respuesta. Requeriría una aclaración por parte de la presidenta sobre cuál es su papel: si es el de miembro de un partido político o el de presidenta de todos los eurodiputados, incluidos aquellos con los que no está de acuerdo”.

Prudentes sobre la decisión de la Amnistía

Preguntado por si la sentencia puede tener algún efecto sobre la posición del TJUE sobre la Ley de Amnistía, Puigdemont ha insistido en que son “prudentes respecto a las expectativas sobre lo que deben hacer los tribunales y con sus decisiones. Es evidente que la opinión del abogado general, en el caso de las cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía, era contundente, pero quien debe tomar la decisión es el Tribunal. Ya sabéis que la opinión no es vinculante y nosotros mantendremos la prudencia, el respeto y la expectativa”.

Sobre un posible acercamiento al PSOE en caso de que la Ley de Amnistía sea respaldada por los tribunales, el presidente de Junts ha recordado que “eso son muchas pantallas, ni siquiera hemos pasado la primera pantalla. Primero tenemos que ver cuál es la decisión del juez del TJUE y, después, cuál es la decisión del juez español. Una cosa es lo que diga Europa y otra cosa es lo que haga España, porque en el caso de Cataluña, España va por su cuenta”.

Las palabras de Puigdemont llegan cuando el Gobierno de Pedro Sánchez trata de rearmar la mayoría de la investidura para tratar de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. En el caso de Junts, las relaciones del Ejecutivo de Sánchez con el partido independentista catalán no pasan por el mejor momento. Los problemas de Rodalies, que han sido ampliamente utilizados por Junts para ataca a los socialistas, o la posición de la formación de Puigdemont con su rechazo al escudo social, han provocado que el supuesto diálogo entre ambas formaciones se vea constantemente trabado. Además, los independentistas insisten en recordar que quedan todavía pendientes algunas cuestiones como la publicación de las balanzas fiscales o la oficialidad del catalán en la UE.

Mientras, a pesar de que el TJUE señala como “contraria a la exigencia de imparcialidad” que el ponente que redactó el informe para el Parlamento pidiendo la pérdida de la inmunidad de los tres parlamentarios independentistas fuera un eurodiputado de extrema derecha que había compartido un acto junto a Vox favorable a la detención y enjuiciamiento, Jorge Buxadé, jefe de Vox en el Parlamento Europeo, ha señalado que la sentencia del “demuestra que se trata de un Tribunal profundamente parcial, politizado e ideologizado”. En lugar de hacer un ejercicio de autocrítica, el líder de la formación de ultraderecha ha comentado que “esta sentencia confirma que la justicia europea no actúa con neutralidad, sino con criterios políticos”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado este jueves la decisión de la Eurocámara de suspender la inmunidad de los entonces diputados Carles Puigdemont, Tonio Comín y Clara Ponsatí en 2021. La sentencia considera que la designación del ponente que redactó el informe para el Parlamento, un diputado de extrema derecha que había compartido un acto junto a Vox favorable a la detención y enjuiciamiento de los independentistas, fue “contraria a la exigencia de imparcialidad”, por lo que debió considerarse nulo.

La sentencia no tiene efectos directos sobre ninguna de las causas abiertas por los independentistas, más allá de la defensa de su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, tanto Puigdemont como Ponsatí han dejado de ser miembros de la cámara, mientras que Comín sigue manteniendo una batalla por ser reconocido como diputado.

La Justicia europea se ha pronunciado concretamente sobre el recurso que interpusieron Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí contra la decisión de la Eurocámara de retirarles la protección parlamentaria en 2021, después de que el Tribunal Supremo solicitase el suplicatorio para poderles juzgar en España por la causa del 'procés'.

No obstante, el abogado general de la Unión Europea recomendó al tribunal el sobreseimiento de la causa al menos para Puigdemont y Ponsatí, porque al no haberse presentado a las elecciones europeas de 2024 “ya no tienen interés en ejercitar la acción”.

En cambio, sí consideraba el abogado, Maciej Szpunar, que el caso “sigue teniendo interés” para Comín, quien se presentó a esos comicios y obtuvo los votos necesarios para revalidar su escaño, aunque hoy en día no lo ocupa porque no acudió a Madrid a acatar la Constitución, por riesgo a ser detenido.

Con todo, el abogado consideró que el TJUE debe desestimar el recurso. En primer lugar, señaló que la Eurocámara no violó los derechos de Puigdemont, Comín y Ponsatí a que su caso se tratara de forma imparcial y equitativa cuando decidió unificar los tres suplicatorios en un único ponente, perteneciente al mismo grupo político que Ciudadanos y VOX, partido que se ha personado en la causa del '1-O'. Tampoco los violó, según Szpunar, al considerar que el suplicatorio que solicitó el Supremo no ponía en riesgo la independencia de la Eurocámara.

El TJUE también se espera que emita este año su sentencia sobre la ley de amnistía, un fallo para el que todavía no hay fecha y que determinará la posible vuelta a España de Puigdemont. Aunque el regreso del líder de Junts dependerá, en gran medida, de la sentencia que debe dictar el Constitucional respecto a si el Supremo debió haber amnistiado el delito de malversación.

La extrema derecha internacional se prepara para hacer desembarcar en el Parlamento Europeo uno de sus puntos de encuentro de mayor nivel. Rostros conocidos de la agenda ultra de una veintena de países se darán cita en Bruselas este martes convocados por la Red Política de Valores (PNfV, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones clave de este universo de actores ultras. Tras pasar por el Senado español hace un año, la séptima edición de su Cumbre Transatlántica contará con representantes españoles como el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de Abogados Cristianos Polonia Castellanos.

Bajo el lema “Libertad de expresión VS expresión regulada: fortaleciendo los pilares la de democracia”, el foro servirá para que las figuras más destacadas de la ultraderecha conviertan Bruselas en epicentro del discurso reaccionario y compartan sus estrategias para intentar imponer su agenda. Son líderes políticos, religiosos y de organizaciones civiles que abogan por ilegalizar el aborto, la eutanasia o el matrimonio homosexual y enarbolan teorías como la del Gran Reemplazo, un discurso popularizado en los últimos años por la ultraderecha según el cual se estaría intentando sustituir a la población blanca en Occidente por inmigrantes.

Todo ello va revestido en esta edición de “derecho a la libertad de expresión”. Se presentan como víctimas de la censura y la “cultura de la cancelación” frente a la “expresión pacífica” de sus convicciones, que aseguran que “cada vez más” se está viendo “estigmatizada como 'discurso de odio' o 'extremismo'”. Este enfoque “no es casual”, dice Wendy Vía, directora de la organización Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE), que lleva años monitorizando a estos grupos. Porque en el fondo sus apelaciones a la libertad de expresión “funcionan como herramienta política” para ocultar y legitimar “agendas reaccionarias” y “justificar ataques a los derechos humanos” casi siempre en nombre de la religión.

Dos familias políticas del Parlamento Europeo patrocinan la cumbre: los Patriotas por Europa y los Reformistas y Conservadores (ECR). A este último grupo pertenece el actual presidente de la Red Política de Valores, el eurodiputado croata de Movimiento por la Patria Stephen Bartulica, que sustituyó en el cargo al actual presidente electo de Chile José Antonio Kast. La red integra nombres de diferentes países y habitualmente fundadores o miembros de otras organizaciones locales: su presidente de honor es el exministro con José María Aznar Jaime Mayor Oreja y en su Consejo Asesor figura el exsenador del PP y alto cargo del Gobierno de Cantabria Javier Puente, pero ninguno de los dos aparecen en el programa de esta edición.

El plantel político europeo de los Reformistas y Conservadores estará integrado por asistentes como el exprimer ministro polaco Mateusz Morawiecki, del partido Ley y Justicia (PiS), dos eurodiputados de los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni y una de Identité-Libertés, el partido de Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen. De la mano de los Patriotas por Europa intervendrán Santiago Abascal y la eurodiputada Margarita de la Pisa de Vox y dos miembros de Fidesz, la formación del ultra húngaro Viktor Orban.

La presencia de líderes políticos no se limita al ámbito europeo. Repite tras pasar por la cumbre organizada por el Senado la miembro del Parlamento ugandés Lucy Akello, que según GPAHE contribuyó a la aprobación de una ley anti-LGBTI que establece la cadena perpetua para la homosexualidad en Uganda. El Parlamento Europeo recibirá además figuras relevantes de Latinoamérica como el exministro de Exteriores de Jair Bolsonaro, el brasileño Erenesto Araujo, que a la vez es uno de los asesores de la Fundación Disenso de Vox. Desde la Argentina de Javier Milei llegarán los diputados de La Libertad Avanza Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, que impulsa el proyecto del Gobierno de bajar la imputabilidad penal a los 13 años. También habrá políticos cercanos al presidente chileno electo, José Antonio Kast y legisladores de Paraguay, donde la extrema derecha está creciendo fuertemente en los últimos años.

“Para ellos esta batalla es clave, es cultural pero también legislativa, porque estos discursos para los que reclaman espacio y legitimidad no se quedan en discurso, sino que tienen voluntad de ser implementados, y por eso escenarios como el Congreso de los Diputados o el Parlamento Europeo son tan importantes”, reflexiona el historiador y experto en extremas derechas Steven Forti. “El objetivo es ocupar los espacios democráticos, tener visibilidad mediática y meter sus temas en la agenda política”, subraya.

“Los think tanks y estas redes y foros son la expresión de cómo se puede implementar y fortalecer esta agenda”, explica Forti, que hace hincapié en el tema del encuentro: “El concepto de libertad fue secuestrado por el neoliberalismo al mundo progresista, y ahora por la extrema derecha, que enarbola la libertad de expresión frente a la 'censura de lo políticamente correcto', el 'wokismo' y la 'agenda globalista' que están –según ellos– destruyendo los valores y los pilares de Occidente”.

Lobbies y cruzada judicial

La pata de las organizaciones de la sociedad civil está encabezada por The Heritage Foundation, considerado el mayor lobby ultra del mundo e inspirador de la hoja de ruta de Donald Trump. La fundación es autora del Proyecto 2025, un plan ultraconservador para “salvar Estados Unidos” del que el presidente intentó desvincularse. Sin embargo, la CNN reveló que hasta 140 personas que habían trabajado para él estaban detrás del plan. La influencia de The Heritage Foundation en la presidencia estadounidense llega hasta el punto de que el economista jefe del think thank ha sido elegido por el republicano como director de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Las jornadas vuelven a poner sobre la mesa la relación entre los grupos de ultraderecha en la Unión Europea y la Administración Trump, que ya celebró en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional de diciembre “la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos” como “motivo de gran optimismo”. El Gobierno estadounidense sigue en su cruzada para tratar que las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses no tengan que responder a la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE. La norma protege la privacidad de los ciudadanos y obliga a los gigantes tecnológicos a controlar discursos de odio, por lo que ha sido criticada por el propietario de X Elon Musk haciendo referencia a que las reglas de moderación constituyen un “ataque” a la “libertad de expresión”.

Esta narrativa es la que reproducen los organizadores de la Cumbre Transatlántica, en la que también tendrá un papel clave la Alliance Defending Freedom International. Esta es la rama global de la ADF con sede en Estados Unidos, una organización que el GPAHE califica de “poderosa” y a la que atribuye un “papel fundamental” en la campaña que condujo a que el Supremo tumbara la sentencia que garantizaba el aborto en el país. Su filial internacional, que participará en el foro de este 3 de febrero, ya organizó en el Parlamento Europeo el pasado mayo un evento en el que tildaba de “censura online” la DSA.

“En general cuando la extrema derecha habla de libertad de expresión, lo que reclama es una vía libre para discriminar, promover el odio xenófobo y a todo aquello que consideran distinto a su modelo de familia y de sociedad. Pasa con el trumpismo, o con la derecha de AFD cuando quiere seguir recuperando el legado nazi en su discurso, o el presidente Kast cuando niega el terrorismo de Estado de Pinochet”, sostiene Federico Finchelstein, historiador y catedrático en The New School (Nueva York).

“En concreto, la libertad de expresión que reinvindican estos extremistas con vocación fascista es la de odiar, discriminar y hacer que la democracia sea menos pluralista y tolerante de la diferencia”, remata Finchelstein, autor de varios libros sobre fascismos y populismos.

Se suman a las organizaciones norteamericanas varias que tienen en el litigio estratégico para tumbar derechos su principal actividad. Es el caso de la española Polonia Castellanos, la presidenta de Abogados Cristianos, una organización que utiliza los tribunales para intentar recortar derechos y que actualmente está inmersa en la batalla judicial para evitar que una mujer de Barcelona acceda a la eutanasia. Castellanos es parte del Consejo de Expertos de la Red Política de Valores (PNfV), en el que también está el asistente Jay Richards, de The Herritage Foundation. Ambos hablarán en una de las mesas redondas sobre medios de comunicación y cultura.

Que las organizaciones ultra a nivel global compartan rostros no es una excepción: los nombres van reproduciéndose en unas y otras hasta tejer un tupido mapa que no para de extenderse. A Bruselas viajará también Sharon Slater, cofundadora de Family Watch y férrea opositora al matrimonio igualitario, las relaciones sexuales fuera del matrimonio o el aborto, como ya defendió en el Senado en la anterior cumbre. Y también Nedy Casillas, del Centro de Derechos Fundamentales, cuyo lema es “Dios, Patria, Familia”. Ambas son miembros de la Junta Directiva de la PNfV.

La fundación del partido húngaro Fidesz, que también contará con un representante, y el Centro de Derechos Fundamentales son dos de los actores húngaros señalados habitualmente como ideólogos de Víktor Orban. Se suma a ellos el Centro Europeo para la Ley y la Justicia, que centra su actividad en la ofensiva judicial y en el lobby en el Parlamento Europeo contra los derechos sexuales y reproductivos. Gregor Puppnick, su director general y una de las figuras más activas del movimiento anti matrimonio homosexual en Francia, será uno de los ponentes.

Wendy Vía, de GPAHE, apunta a cómo este tipo de cumbres “desempeñan un papel clave” en la coordinación internacional y el aumento de influencia de estos grupos. Los foros suelen servir para compartir ideas y prácticas e intercambiar estrategias a modo de “centro de contactos” que les permita establecer alianzas y a los actores “más pequeños” aprender, adaptar y replicar estrategias legales desarrolladas por grupos más influyentes, apunta Vía en referencia a Abogados Cristianos.

Los progresistas se movilizan

El encuentro ha causado estupor entre los parlamentarios progresistas de la Cámara europea. La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha impulsado el envío de una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en la que señala que “la concentración de la internacional fascista no debería ser financiada con fondos europeos ni celebrarse en las instalaciones del Parlamento Europeo”. La misiva, firmada por unos 30 diputados de los grupos políticos de la izquierda, verdes, liberales y socialdemócratas, denuncia que el Parlamento Europeo permita en sus instalaciones la celebración de un foro “a activistas que están en contra de la democracia”.

Entre los españoles firmantes de la carta se encuentran Estrella Galán, Jaume Asens, Pernando Barrena, Vicent Marzà, Isa Serra e Irene Montero. “Esas jornadas deberían estar prohibidas en una institución que se dice democrática. Una institución europea como el Parlamento no puede ponerle un altavoz al odio y a la violencia. Si se realizan, en ellas se cometerán delitos de odio contra las mujeres, contra las personas LGTBI. Por eso la Presidencia del Parlamento debería impedir su realización. Basta ya de normalizar el fascismo”, ha afirmado la eurodiputada de Podemos Isa Serra.

En la misma línea se ha expresado Iratxe García, presidenta del grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, que se posiciona “rotundamente en contra” de la cesión del espacio a organizaciones “que tienen como fina atacar los principios y valores en los que se fundamenta la UE” y que son “absolutamente incompatibles con los objetivos de este lobby ultraconservador”. La líder de los socialistas europeos ha calificado de “lamentable” que el foro se organice con la ayuda de dos grupos de la Eurocámara y partidos como Vox, ante lo que ha hecho un llamamiento al PP “para que deje de dar cobertura a la extrema derecha” con sus pactos.

La misiva reclama “prohibir el evento de discurso de odio” en base a la Resolución sobre “el aumento de la violencia neofascista en Europa” y pide a la presidenta de la Eurocámara que “se respete” la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Código de Conduta del Parlamento, ya que el foro “ataca la dignidad e integridad” de mujeres y personas LGTBI. Sin embargo, la realidad es que la Cámara europea no recoge en sus estatutos la posibilidad de prohibir este tipo de encuentros.

A preguntas de este medio sobre la posibilidad exigida en la carta, el Parlamento Europeo se limita a especificar que “los eurodiputados, los grupos políticos y la secretaría del Parlamento organizan y acogen eventos regularmente” y que los participantes, si son representantes de determinados intereses, “deben estar previamente registrados en el Registro de Transparencia para poder acceder a las instalaciones del Parlamento”, como recoge en el reglamento.

Adelante Andalucía ha decidido acudir a la Comisión Europea para que investigue el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con 45 fallecidos y más de un centenar de heridos (22 siguen aún hospitalizados).

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes, está todavía recabando todos los datos sobre el descarrilamiento y choque de trenes que tuvo lugar hace una semana, pero el partido de Teresa Rodríguez no ha esperado a conocer las conclusiones de su informe, y se ha aliado con la eurodiputada del BNG Ana Miranda Paz -adscrita al grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea- para que intervengan las autoridades europeas.

Ana Miranda Paz tiene experiencia en estos procesos. En 2016 denunció al Estado español para que la Comisión Europea abriera un “procedimiento de infracción” tras el descarrilamiento, en 2013, de un tren de alta velocidad en la pronunciada curva de Angrois, a la entrada de Santiago de Compostela, que causó 80 muertos y más de 140 heridos. 

Un “procedimiento de infracción” es una acción formal de la Comisión Europea contra un Estado miembro por incumplir el Derecho de la UE, ya sea por no trasponer directivas a tiempo, no aplicar normas correctamente o violar tratados. El procedimiento es así: Bruselas remite una carta de emplazamiento con el país denunciado para abrir un diálogo, luego se emite un dictamen motivado y, si existen causas razonables, puede derivar en una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). 

Tras el accidente de Angrois, la eurodiputada del BNG denunció “deficiencias en que el Estado español -entonces bajo un Gobierno de Mariano Rajoy- llevó a cabo la investigación del accidente, por un organismo que se demostró que no era independiente”. También acusó al Ejecutivo de “opacidad gubernamental” y de no dar “amparo y transparencia a las víctimas”. En 2018, la Comisión Europea abrió expediente a España por la “falta de implementación de las normas de seguridad ferroviaria”, que se cerró en 2024.

La iniciativa ahora de Adelante Andalucía, un grupo con dos diputados en el Parlamento autonómico, es hacer el mismo recorrido hasta Bruselas que se hizo entonces con el accidente de Angrois. La petición expresa que dirigen a la Comisión Europea, con solicitud de respuesta escrita, es si puede “verificar si las normas implementadas después del accidente de Angrois estaban implementadas en el momento del trágico accidente de Adamuz?”.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, plantea otras dos preguntas, encaminadas a que el choque mortal entre un tren Iryo que viajaba de Málaga a Madrid con un tren Alvia que recorría el trayecto Madrid-Huelva, acabe en las manos de la Agencia Europea del Ferrocarril, el organismo dependiente de la Comisión Europea que ya investigó la tragedia de Angrois y concluyó que la CIAF no había actuado de manera independiente de Renfe.

“¿Puede confirmar la Comisión si ya se ha abierto una investigación de la Agencia Ferroviaria Europea después del accidente de Adamuz el pasado 18 de enero? ¿Va a abrir la Comisión un procedimiento de infracción contra España por este trágico nuevo accidente?”, rezan ambas preguntas.

La Comisión Europea terminó acusando a España de incumplir la normativa europea de seguridad ferroviaria y le reprocho no haber realizado una investigación independiente de lo ocurrido en la curva de Anglois. Christopher Carr, jefe de seguridad de la Agencia Europea del Ferrocarril, redactó un informe muy duro contra el Ministerio de Fomento, dirigido entonces por Ana Pastor, afeándole que Renfe y Adif se habían investigado a sí mismas para concluir que el accidente se debió a un “error humano”.

Bruselas obligó a España a reformar las investigaciones de accidentes ferroviarios y a replantear todo el modelo de análisis de riesgos de la red vial del país.

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez ha comparecido como investigado en el Tribunal Supremo y ha negado haber acosado o promovido el hostigamiento hacia sus dos eurodiputados, aunque ha reconocido ser el autor de los mensajes de Telegram que investiga el juez. “Creo que va a archivarse”, se ha limitado a decir antes de empezar a promocionar un libro ante las cámaras y hacer campaña electoral de cara a los comicios de Aragón.

“Por respeto al juez, no puedo hablar, tiene carácter reservado, estoy súper convencido de mi inocencia”, ha dicho Alvise Pérez, negando de forma velada las acusaciones de acoso que pesan sobre él. Guillermo Ruiz, abogado de los dos eurodiputados denunciantes, ha explicado a las puertas del Supremo que ellos discrepan de que los mensaajes de Alvise respondan a un simple conflicto político entre parlamentarios. “Hubo amenazas y han tenido que cambiar de vida por no enfrentar directamente con este señor. Lo haremos valer en el futuro en el procedimiento”.

Alvise ha aprovechado para sacar un ejemplar de su próximo libro, que según dice “ya está en preventa”, y hacer campaña. “Creo que vamos a cambiar el gobierno de Aragón dentro de muy poco. Permitidme agradecer a todo el pueblo de Aragón su excelente y masiva acogida”.

Esta causa por acoso y hostigamiento es una de las cuatro diligencias penales que el Supremo mantiene abiertas contra el líder de 'Se Acabó La Fiesta' además de varios pleitos civiles que tramitan distintos juzgados y tribunales. Distintos jueces de la Sala de lo Penal también le investigan por promover un acoso similar contra la fiscal Susana Gisbert, por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemeia y, finalmente, por financiar su campaña de las últimas elecciones europeas con 100.000 euros en efectivo entregados por un empresario del sector de las criptomonedas.

La causa por el supuesto acoso a sus eurodiputados, que tiene como instructor a Manuel Marchena, arrancó hace varias semanas. Hace unos días el instructor tomó declaración a los dos eurodiputados que denunciaron por su acoso a su antiguo líder: Diego Solier y Nora Junco. Ante Marchena, según fuentes jurídicas, ambos ratificaron sus acusaciones y aseguraron que sus datos personales –por ejemplo, su teléfono móvil– fueron filtrados a miles de personas en pleno conflicto con Alvise.

Estas mismas fuentes otorgan poco recorrido a esta causa antes de que Marchena decida si el caso es enviado a juicio o si se archiva. El magistrado tendrá que analizar, entre otros aspectos, si los mensajes que Alvise lanzó contra sus eurodiputados en Telegram y en diversas entrevistas alcanzan la categoría de acoso y si el aluvión de mensajes, insultos y amenazas que recibieron condicionó su día a día de alguna manera.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este lunes la prohibición de entrada en la Eurocámara “a todo el personal diplomático y a cualquier otro representante de la República Islámica de Irán”. La medida adoptada por Metsola responde al clima de violencia con el que se están reprimiendo las protestas ciudadanas contra el régimen de Teherán.

“No es posible seguir con el mismo patrón habitual. Mientras el valiente pueblo de Irán continúa defendiendo sus derechos y su libertad... Esta Cámara no ayudará a legitimar este régimen que se ha mantenido mediante la tortura, la represión y el asesinato”, ha apuntado la presidenta del Parlamento europeo en un mensaje en la red social X.

Más de 500 personas han muerto en las protestas de Irán desde que empezaron a finales de diciembre motivadas por los problemas financieros del país. Según la ONG Human Rights Activists News Agency —que opera desde Estados Unidos y es opositora al régimen de los ayatolás— la violencia entre las fuerzas de seguridad iraníes y los manifestantes deja, de momento, 538 muertos; 48 del personal de seguridad y 490 civiles, ocho de ellos menores de edad.

Esta es la primera medida contra Irán desde el inicio de esta nueva ola de protestas. La Comisión Europea anunció la semana pasada que estaba analizando la imposición de nuevas sanciones contra Irán por la represión violenta de las manifestaciones.

La jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ya anunció que iba a “proponer sanciones adicionales en respuesta a la brutal represión del régimen contra los manifestantes”, aunque todavía no se han materializado. La UE tiene un historial de sanciones contra Irán que van desde violaciones de los derechos humanos o el programa nuclear. Las últimas penalizaciones contra el régimen iraní se aprobaron en 2024 e iban dirigidas a limitar las exportaciones de material tecnológico para fabricar drones y misiles tras los ataques contra Israel.

La presidenta del Parlamento Europeo pretende que las nuevas sanciones vayan más allá y se recupere la propuesta de designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista. La Guardia Revolucionaria Islámica es una rama de las fuerzas armadas de Irán dedicada a proteger al sistema teocrático de la República Islámica. 

La UE ya incluyó a la Guardia Revolucionaria Islámica en su lista de sanciones para congelar sus activos en suelo europeo. También hay dirigentes de este grupo iraní en una lista de personalidades sancionadas.

No es la primera vez que el Parlamento Europeo prohíbe a determinados grupos de personas la entrada en sus instalaciones de Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo. También se prohibió la entrada de autoridades marroquíes por la vulneración de derechos humanos y de representantes cataríes por el escándalo del Qatargate.