El Parlamento Europeo ha otorgado este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia a la Corte Penal Internacional (CPI) y a sus trabajadores. La decisión tiene una fuerte carga política tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la imposición de sanciones a sus jueces y fiscales en su ofensiva para desmantelar el tribunal.

El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, concedido por primera vez en 1988 a Nelson Mandela y Anatoli Marchenko, es el máximo homenaje rendido por la Unión Europea a la labor en el ámbito de los derechos humanos. Los eurodiputados socialdemócratas y del PP Europeo se han unido para conseguir los votos necesarios para conceder el premio a la CPI.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha declarado que “la Unión Europea se fundamenta en el respeto al multilateralismo y a las instituciones internacionales. Al conceder el premio Sájarov a la Corte Penal Internacional y a sus responsables, el Parlamento Europeo reconoce la importante labor del tribunal en la defensa del Derecho internacional y la justicia”.

“La Corte desempeña un papel fundamental en la lucha mundial contra la impunidad. A través de la justicia penal internacional, pretende exigir responsabilidades a los autores de estos crímenes y contribuir a evitar que vuelvan a cometerse. El premio pone de relieve la labor de la CPI, que incluye investigaciones, procesamientos, juicios y la emisión o autorización de órdenes de detención. La UE debe proteger los mecanismos mundiales de justicia internacional y rendición de cuentas”, ha señalado Metsola.

La Corte Penal Internacional ha mandado un comunicado en el que agradece el galardón, que “llega en un momento en el que la Corte y sus responsables afrontan desafíos sin precedentes, incluidas sanciones destinadas a obstaculizar el ejercicio de su mandato judicial”.

“Aunque este premio reconoce la labor de la Corte en la lucha contra la impunidad y en la garantía de juicios justos, también supone un importante reconocimiento del papel de la justicia internacional como piedra angular de una paz duradera. En un mundo marcado por el aumento de los conflictos, no hay paz sin justicia ni seguridad sin ley”, apuntan desde la CPI.

Objetivo a desmantelar por la Casa Blanca

La CPI se ha convertido en el objetivo de la Casa Blanca desde hace meses. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el pasado julio que Estados Unidos iba a poner en marcha una “campaña de gran envergadura para desmantelar la amenaza que supone la Corte Penal Internacional para la soberanía estadounidense”.

Este mes de octubre, la Administración Trump impuso nuevas sanciones a la CPI tras señalar que se ha politizado y ha intentado juzgar de forma injusta e ilegal a estadounidenses e israelíes por delitos de guerra. Entre otras personas, las sanciones iban dirigidas contra la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI, quien había dirigido las investigaciones en casos de la CPI contra tropas estadounidenses en Irak y Afganistány a la que se le concedió el Premio Nobel de la Paz.

Las sanciones bloquean cualquier activo que la CPI, como institución, pueda tener en jurisdicciones estadounidenses y establecen un plazo de seis meses para que las empresas y personas estadounidenses que mantengan relaciones comerciales con la Corte pongan fin a dichas relaciones.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu felicitó a Trump “por haber tomado esta decisión crucial de imponer sanciones a la CPI. La CPI no es un tribunal. Es un organismo político que supone una amenaza mortal para las democracias respetuosas con la ley de todo el mundo y para la propia idea de soberanía nacional. Gracias por vuestro liderazgo”.

La respuesta de la Unión Europea fue bastante tibia. Solo un comunicado en el que se aseguraba que “la UE siempre ha apoyado a la Corte Penal Internacional. Es profundamente lamentable que Estados Unidos haya anunciado su intención de imponer sanciones”.

En su comunicado, la UE subrayó que “colaborará estrechamente con la CPI para garantizar que siga funcionando de manera eficaz. Y seguimos comprometidos a colaborar con los 125 Estados que son partes del Estatuto de Roma para preservar y respetar su independencia, de modo que pueda continuar con su misión vital. Dado que hay un plazo de seis meses antes de que las medidas sean aplicables, existe margen para el diálogo”, sostiene. Y termina: “La UE está dispuesta a adoptar todas las medidas necesarias para que la Corte pueda llevar a cabo su labor, tanto en la investigación como en el enjuiciamiento de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y para proteger los intereses de los operadores de la UE dentro del mercado único”.

'Estatuto de bloqueo' de la UE para defender a la CPI

Aunque esas medidas, de momento, no se han puesto en marcha ya que las sanciones de EEUU no son firmes y hay un periodo de seis meses para su imposición. Los eurodiputados han pedido en reiteradas ocasiones a la Comisión Europea que active el denominado 'estatuto de bloqueo' de la UE para proteger a los responsables de la CPI frente a ataques extraterritoriales y permitir que el tribunal siga desempeñando sus funciones con plena independencia.

El estatuto de bloqueo protege a los operadores europeos al anular dentro de la UE los efectos de cualquier resolución judicial extranjera basada en leyes de otros países. También les permite reclamar ante los tribunales una indemnización por los daños derivados de la aplicación extraterritorial de leyes extranjeras.

La recién reelegida líder de los socialdemócratas europeos (S&D) en la Eurocámara, Iratxe García, ha cargado duramente contra la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen, por tener una de las posiciones más duras contra la inmigración entre los 27 líderes de la Unión Europea. García ha señalado que Frederiksen “no estaba defendiendo la postura socialdemócrata. No es la posición del grupo S&D ni la de la familia política socialdemócrata” cuando pidió en el pasado Consejo Europeo de la semana pasada que la UE censure la regularización migratoria de España que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez.

La primera ministra danesa fue la más dura de los tres líderes que lanzaron la iniciativa contra las políticas de Pedro Sánchez. “Si un país está haciendo básicamente justo lo contrario que el resto —es decir, alguien entra ilegalmente en un país y, de repente, se le permite quedarse legalmente—, creo que va en contra de la política migratoria que cuenta hoy con un amplio respaldo mayoritario en Europa. He pedido a la Comisión que examine más a fondo esta cuestión”, declaró la dirigente danesa en clara alusión a las políticas migratorias de Sánchez.

Aunque la primera ministra danesa es del partido socialista y podría tener alguna consonancia política con Sánchez, ha adoptado las posiciones más duras ante la inmigración de toda Europa. Frederiksen también quiso que en las conclusiones de la cumbre se puntualice que la migración irregular “es un delito” y que la inmigración esta “relacionada con los índices de criminalidad”.

Finalmente, los tres países que lideraron el ataque contra Sánchez -Dinamarca, Polonia e Italia- fracasaron en su intento de definir una política más dura contra la inmigración en las conclusiones del Consejo Europeo. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha revelado días más tarde que “se produjo un enfrentamiento bastante duro. Por un lado, el presidente del Gobierno español defendía una política migratoria que, en nuestra opinión, es ineficaz, es decir, una apertura excesiva. Por otro lado, había una alianza muy sólida entre Polonia, Italia y Dinamarca”.

La cuestión es que en Italia gobierna el partido de ultraderecha de Giorgia Meloni; en Polonia, Tusk es el líder de Plataforma Cívica, formación conservadora que está dentro del Partido Popular Europeo, mientras que Frederiksen es presidente de los Socialdemócratas daneses, que están en la misma familia política que el PSOE de Pedro Sánchez. La posición de la primera ministra danesa es más compleja cuando solo hay ahora tres países de los 27 que conforman la Unión Europea con gobiernos socialdemócratas: España, Dinamarca y Malta.

Iratxe García ha renovado su liderazgo en el grupo socialdemócrata europeo, el segundo con más europarlamentarios de la cámara europea, con 135, de los que 20 son españoles, mientras que solo tres son daneses. Durante su participación en el pleno del Parlamento Europeo, que se está celebrando en Estrasburgo, señaló que “los enemigos de Europa no son los migrantes. Son fondos buitre que desalojan a una mujer discapacitada de 87 años. Autócratas y belicistas que hacen que los ciudadanos paguen por sus guerras. Negacionistas del clima que sacrifican nuestros hogares y cultivos por ganancias. Y los cómplices europeos que los facilitan”.

Fuentes de los socialdemócratas europeos han explicado que no es la primera vez que Frederiksen ha mostrado su postura más dura contra la inmigración, aunque no se espera una declaración oficial del grupo socialdemócrata del Parlamento en la misma línea de las palabras de García de desautorización del discurso de la primera ministra danesa.

Por otro lado, las mismas fuentes han subrayado que la delegación danesa del grupo socialdemócrata no ha realizado ningún comentario ni ha adoptado ninguna reacción ante las palabras de García.

La líder del la formación de extema derecha alemana AfD, Alice Weidel, ha dado este miércoles una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en el que ha pintado una situación “terrible” y “caos” en Europa y ha cargado contra el Estado del Bienestar: “Queremos menos redistribución”. Utilizando la crisis migratoria de Ceuta, Weidel ha abogado por el cierre de las fronteras interiores europeas y ha propuesto una reforma total de la Unión Europea porque “nos está despojando de nuestra riqueza material y de otros recursos en un contexto de depreciación de la moneda, desempleo y fronteras abiertas”, aunque no ha dado ningún dato que avale sus posiciones.

“Proteger las fronteras es una decisión que corresponde a los Estados soberanos. Si la Unión Europea no es capaz de proteger nuestras fronteras exteriores, como las de Ceuta y otros puntos de entrada, y de hacer frente a las consecuencias que vemos en nuestros países, entonces los Estados soberanos tienen derecho a proteger sus fronteras nacionales. Si el espacio Schengen ha dejado de funcionar, si Schengen ya no funciona, debemos abandonarlo y proteger nuestras fronteras”, ha señalado Weidel, aunque ninguno de los inmigrantes que entraron en Ceuta en la crisis migratoria del 30 y 31 de julio ha conseguido pasar al continente europeo.

“No queremos que los europeos pierdan su hogar ni su propia identidad. Quienes vienen de fuera con la intención de sembrar el desorden en nuestros países no deberían ser bienvenidos: deberían ser detenidos y deportados”, ha comentado.

La líder de la AfD ha pintado a la Unión Europea como “un escenario caótico” con el argumento de “los disturbios en Francia e Italia” de los que ha culpado a “sectores de la izquierda”. La economista alemana ha resaltado claramente que está en contra del Estado del Bienestar tras apuntar que quiere “menos redistribución” y “reducir drásticamente el gasto público”.

Como otras formaciones de ultraderecha, Weidel ha atacado las políticas ecológicas de la agenda verde europea. “La política europea del Pacto Verde ha encarecido artificialmente la energía y perjudica a la industria. Ahora tenemos los precios más altos de Europa porque hemos abandonado la energía nuclear. Actualmente no tenemos ninguna central nuclear en funcionamiento. Y, una vez más, todo esto se debe a una transición energética ideológica que nos ha obligado a apostar por la energía eólica y solar”. Sin embargo, la Comisión Europea aboga por el desarrollo de la energía nuclear y renovables y España cuenta con los precios energéticos más bajos de la UE por su apuesta por las energías renovables.

Weidel ha apuntado que defiende “una Unión Europea que sea una Europa de las patrias, una Europa de las naciones soberanas, en la que todos estemos en pie de igualdad. No queremos que la Unión Europea nos señale con el dedo, nos dé lecciones y nos diga lo que debemos hacer, ni tampoco que pretenda decirles a nuestros vecinos cómo tienen que actuar. Eso no conduce a verdaderas asociaciones ni a relaciones de auténtica cooperación”, aunque no ha llegado a especificar cómo se formularía esa asociación.

La líder de ultraderecha alemana también ha vaticinado una crisis económica de deuda por lo que aduce que es “necesario reformar los tratados de la Unión Europea”, aunque posteriormente añadió que “los tratados prohíben los rescates financieros, es decir, que un país financie a otro. Sin embargo, esta disposición lleva incumpliéndose más de diez años, quizá quince. También se prohíbe que el Banco Central Europeo financie la deuda pública. ¿Y qué está haciendo el BCE? Está financiando la deuda pública”.

Posteriormente ha hecho una relación entre la deuda, la Unión Europea y el crecimiento de la inflación solo sostenida por sus propias palabras, pero sin argumentos de peso que lo respalden: “Hemos visto países que no se han centrado realmente en cumplir sus responsabilidades y un desplazamiento de los inversores privados. En la práctica, se les ha ido expulsando de la Unión Europea, especialmente en Alemania. Se ha producido un efecto de desplazamiento provocado por la inflación que ha alcanzado tal magnitud que los salarios de los trabajadores ya no mantienen el ritmo de los precios. Han perdido una enorme cantidad de poder adquisitivo durante los últimos diez años y eso está relacionado con este proyecto mal concebido”.

Respecto a la invasión de Ucrania, Weidel, que en otras ocasiones ha pedido que Alemania deje de ayudar a los ucranianos, ha pedido que se sienten a negociar la paz, pero que se “adopte un enfoque diplomático sensato que tengan debidamente en cuenta tanto los intereses de Ucrania como los de Rusia”, es decir, la líder ultraderechista pone en el mismo nivel las exigencias del invasor que del invadido.

“Ha quedado meridianamente claro que, si las tres grandes potencias —Rusia, Estados Unidos y China— se sientan a negociar, el liderazgo europeo —si es que existe tal liderazgo— queda al margen. Ni siquiera se habla de que Europa pueda desempeñar un papel de liderazgo. Ni siquiera se invita a los europeos a sentarse a esa mesa. Esto es ya una cuestión entre Rusia, China y Estados Unidos. Y debería servir de señal de alarma para todos nosotros. Por eso debemos cambiar de rumbo y poner fin a todo este sinsentido en el ámbito europeo. Ha llegado la hora de que impulsemos una solución pragmática para Ucrania”, ha concluido Weidel.

La regulació del principi de “prioritat nacional” aprovada pel PP i Vox a la Comunitat Valenciana se situa al marge de la normativa i la jurisprudència de la Unió Europea. La doctrina fixada per la mateixa Comissió Europea —tal com explica l'executiu comunitari en resposta a una iniciativa parlamentària sobre l'accés a l'habitatge i les ajudes públiques— conclou que els estats membres no tenen cobertura legal per a imposar requisits de residència superiors als cinc anys als estrangers establits legalment, tal com estableix la legislació europea.

Aquest mateix dimecres, les Corts Valencianes han aprovat, amb els vots del PP i Vox, la inclusió formal del principi de “prioritat nacional” en l'accés a l'habitatge públic, després que els populars acceptaren una esmena presentada pel partit d'extrema dreta a la seua proposta parlamentària sobre aquesta matèria. L'acord estableix l'obligació de procurar l'assignació prioritària dels recursos públics a les persones que acrediten un “arrelament real, durador i verificable” a la Comunitat Valenciana, i vincula la concessió d'habitatge protegit a la permanència històrica en el territori valencià.

Durant una sessió dedicada monogràficament a la crisi de l'habitatge i la immigració, el debat ha evidenciat la profunda divisió a la cambra. Mentre que el síndic del PP, Fernando Pastor, ha defensat les mesures per a afrontar els problemes del sector davant dels qui considera que “mai no han fet ni un brot en matèria d'habitatge” —en referència al PSPV i a Compromís—, el portaveu de Vox, José María Llanos, ha justificat la restricció de l'accés amb l'argument de la limitació de recursos davant de l'augment de la població immigrant.

Per la seua banda, els grups de l'oposició han rebutjat rotundament aquesta iniciativa. El síndic socialista, José Muñoz, ha censurat un model que contraposa la protecció de les persones vulnerables amb el suport als “fons voltor i l'especulació pura”, mentre que el portaveu de Compromís, Joan Baldoví, ha acusat Vox d'eludir les solucions reals en matèria d'habitatge per a “inocular odi” en el debat polític valencià.

La “prioritat nacional”, rebutjada per Brussel·les

Tota aquesta controvèrsia té l'origen en la Llei 5/2026, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, més coneguda com la Llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat Valenciana. En l'article 45, la norma valenciana habilita el desplegament reglamentari de la “prioritat nacional” en matèria d'habitatge de protecció pública en règim de compra i exigeix per a la inscripció com a demandant “un mínim de deu anys d'empadronament històric en algun municipi de la Comunitat Valenciana i d'Espanya de manera continuada o interrompuda”.

Aquesta exigència d'una dècada d'arrelament duplica el límit fixat pel dret comunitari. Així ho estableix el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, en la seua resposta a una consulta de l'eurodiputat de Compromís Vicent Marzà, en la qual la Comissió aclareix que l'article 11 de la Directiva 2003/109/CE garanteix als residents de llarga duració la plena igualtat de tracte amb els nacionals en l'accés a les prestacions socials i als procediments d'habitatge.

Brunner recorda que la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) impedeix l'enduriment unilateral d'aquests criteris per part de les administracions regionals o nacionals. “Els estats membres no poden imposar unilateralment un requisit de residència més llarg que el període de cinc anys establit”, assevera en la seua resposta. Així mateix, la Comissió adverteix que qualsevol requisit de residència que perjudique de manera desproporcionada els residents d'altres estats o els nacionals de tercers països incorre en una “discriminació indirecta” prohibida per l'ordenament europeu.

Amb la posició de la Comissió Europea per escrit, Marzà ha registrat una nova pregunta davant del Parlament Europeu dirigida específicament a la Llei d'acompanyament aprovada a les Corts Valencianes. En el seu text, l'eurodiputat pregunta directament a l'executiu comunitari si considera que l'article 45 de la norma valenciana incompleix el marc legal europeu i quines mesures preveu adoptar davant d'una disposició que ja està en vigor.

Marzà, en declaracions a elDiario.es, admet que la primera consulta, motivada pels acords de govern impulsats per la dreta i l'extrema dreta en comunitats com Aragó, perseguia posar contra les cordes les polítiques d'exclusió social: “La Comissió ha confirmat que és il·legal i PP i Vox han aprovat una qüestió que, segons el que afirma el comissari Brunner, és il·legal”, argumenta el parlamentari per a fonamentar la invalidesa de la norma valenciana.

A parer de Marzà, la posició expressada pel comissari austríac, integrat en el Partit Popular Europeu, evidencia que les mesures de la dreta valenciana s'allunyen del mateix consens comunitari. “Es demostra clarament que no tenen cap solució viable per a res i que l'única cosa que volen és generar odi i enfrontar la gent. Tot el que diuen que aplicaran és fals que puguen aplicar-ho”, sosté l'eurodiputat valencianista mentre espera la resposta a la seua última pregunta.

El síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, ha explicat, després de conéixer la resposta de Brunner, que la formació valencianista ja havia denunciat aquest criteri i ha recordat la presentació d'una petició davant del Defensor del Poble per la “presumpta inconstitucionalitat” d'aquest concepte. “La Comissió Europea ha dit clarament que la Llei d'acompanyament incompleix la normativa europea pel que fa al concepte de Vox de 'prioritat nacional'; veurem què fa el Partit Popular”, ha assenyalat Baldoví. El portaveu ha afegit que també incorporaran la resposta de la Comissió Europea a la denúncia davant del Defensor del Poble per a reforçar la seua acció legal.

Pérez Llorca no hi veu “cap problema”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la mateixa línia expressada pel president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha defensat la “prioritat nacional” pactada amb Vox en matèria d'habitatge i ha llevat importància als advertiments jurídics després de la resposta de Brunner a Marzà. El cap del Consell ha assegurat que no hi ha “cap problema” amb aquestes mesures i ha argumentat que la seua aplicació és habitual en les ordenances de la majoria dels ajuntaments, independentment del seu color polític.

Així mateix, Pérez Llorca ha qualificat d'“estèril” el debat generat al voltant d'aquesta qüestió i s'ha reafirmat plenament en els acords de govern amb els seus socis. El mandatari autonòmic ha afirmat que no es penedeix “de res del pacte” i ha destacat que aquest acord aporta estabilitat a la Comunitat Valenciana, rebaixa la pressió fiscal i promou la construcció d'habitatge protegit en el territori.

La regulación del principio de “prioridad nacional” aprobada por el PP y Vox en la Comunitat Valenciana se sitúa al margen de la normativa y la jurisprudencia de la Unión Europea. La doctrina fijada por la propia Comisión Europea –tal y como explica el Ejecutivo comunitario en respuesta a una iniciativa parlamentaria sobre el acceso a la vivienda y las ayudas públicas– concluye que los Estados miembros carecen de cobertura legal para imponer requisitos de residencia superiores a los cinco años a los extranjeros legalmente asentados, conforme marca la legislación europea.

Este mismo miércoles, las Corts Valencianes han aprobado, con los votos del PP y Vox, la inclusión formal del principio de “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda pública tras aceptar los populares una enmienda presentada por el partido de ultraderecha a su propuesta parlamentaria sobre esta materia. El acuerdo establece la obligación de procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a aquellas personas que acrediten un “arraigo real, duradero y verificable” en la Comunitat Valenciana, vinculando la concesión de vivienda protegida a la permanencia histórica en el territorio valenciano.

Durante una sesión dedicada de manera monográfica a la crisis habitacional y la inmigración, el debate ha evidenciado la profunda división en la cámara. Mientras el síndic del PP, Fernando Pastor, ha defendido las medidas para atajar los problemas del sector frente a quienes considera que “nunca han dado un palo al agua en materia de vivienda” –en referencia al PSPV y a Compromís–, el portavoz de Vox, José María Llanos, ha justificado la restricción de acceso argumentando la limitación de recursos frente al incremento de la población inmigrante.

Por su parte, los grupos de la oposición han rechazado de forma tajante esta iniciativa. El síndic socialista, José Muñoz, ha censurado un modelo que contrapone la protección de las personas vulnerables con el respaldo a “los fondos buitre y la pura especulación”, al tiempo que el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado a Vox de eludir las soluciones reales en materia residencial para “inocular odio” en el debate político valenciano.

La “prioridad nacional”, rechazada por Bruselas

Toda esta controversia tiene su origen en la Ley 5/2026 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, más conocida como la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana. En su artículo 45, la norma valenciana habilita el desarrollo reglamentario de la “prioridad nacional” en materia de vivienda de protección pública en régimen de compra y exige para la inscripción como demandante “un mínimo de diez años de empadronamiento histórico en algún municipio de la Comunitat Valenciana y de España de manera continuada o interrumpida”.

Esta exigencia de una década de arraigo duplica el tope fijado por el Derecho comunitario. Así lo establece el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en su respuesta a una consulta del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, en la que la Comisión aclara que el artículo 11 de la Directiva 2003/109/CE garantiza a los residentes de larga duración la plena igualdad de trato con los nacionales en el acceso a las prestaciones sociales y a los procedimientos de vivienda.

Brunner recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impide el endurecimiento unilateral de estos criterios por parte de las administraciones regionales o nacionales. “Los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años establecido”, asevera en su contestación. Asimismo, la Comisión advierte de que cualquier requisito de residencia que perjudique de manera desproporcionada a los residentes de otros Estados o a los nacionales de terceros países incurre en una “discriminación indirecta” prohibida por el ordenamiento europeo.

Con la posición de la Comisión Europea por escrito, Marzà ha registrado una nueva pregunta ante el Parlamento Europeo dirigida de manera específica a la Ley de Acompañamiento aprobada en las Corts Valencianes. En su texto, el eurodiputado inquiere directamente al Ejecutivo comunitario si considera que el artículo 45 de la norma valenciana incumple el marco legal europeo y qué medidas prevé adoptar frente a una disposición que ya se encuentra en vigor.

Marzà, en declaraciones a elDiario.es, admite que la primera consulta, motivada por los acuerdos de gobierno impulsados por la derecha y la extrema derecha en comunidades como Aragón, persigue acorralar las políticas de exclusión social: “La Comisión ha confirmado que es ilegal y PP y Vox han aprobado una cuestión que, según lo que afirma el comisario Brunner, es ilegal”, argumenta el parlamentario para fundamentar la invalidez de la norma valenciana.

A juicio de Marzà, la posición emitida por el comisario austríaco, encuadrado en el Partido Popular Europeo, evidencia que las medidas de la derecha valenciana se alejan del propio consenso comunitario. “Se demuestra claramente que no tienen ninguna solución viable para nada y que lo único que quieren es generar odio y confrontar a la gente. Todo lo que dicen que van a aplicar es falso que puedan aplicarlo”, sostiene el eurodiputado valencianista a la espera de respuesta a su última pregunta.

El síndic de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, ha explicado tras conocer la respuesta de Brunner que la formación valencianista ya había denunciado este criterio y ha recordado la presentación de un requerimiento ante el Defensor del Pueblo por la “presunta inconstitucionalidad” de este concepto. “La Comisión Europea ha dicho claramente que la Ley de Acompañamiento incumple la normativa europea en lo referente al concepto de Vox de 'prioridad nacional'; veremos qué hace el Partido Popular”, ha apuntado Baldoví. El portavoz ha añadido además que sumarán la contestación de la Comisión Europea a la denuncia ante el Defensor del Pueblo para dar más fuerza a su acción legal.

Pérez Llorca no ve “ningún problema”

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la misma línea manifestada por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la “prioridad nacional” pactada con Vox en materia de vivienda y ha restado importancia a las advertencias jurídicas tras la respuesta de Brunner a Marzà. El jefe del Consell ha asegurado que no existe “ningún problema” con estas medidas y ha argumentado que su aplicación es habitual en las ordenanzas de la mayoría de los ayuntamientos al margen de su color político.

Asimismo, Pérez Llorca ha calificado de “estéril” el debate generado en torno a este asunto y se ha reafirmado plenamente en los acuerdos de gobierno con sus socios. El mandatario autonómico ha afirmado que no se arrepiente “de nada del pacto”, destacando que este entendimiento aporta estabilidad a la Comunitat Valenciana, rebaja la presión fiscal y promueve la construcción de vivienda protegida en el territorio.

La Comisión Europea ha fijado su posición sobre las políticas de acceso a las prestaciones públicas y a la vivienda basadas en el principio de la “prioridad nacional”. A través de una respuesta oficial al Parlamento Europeo, el Ejecutivo comunitario ha recordado que la legislación europea exige la absoluta igualdad de trato entre los ciudadanos nacionales y los residentes extranjeros de larga duración en la concesión de ayudas sociales.

Así se desprende de la respuesta del comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, a una pregunta del eurodiputado de Compromís Vicent Marzà, en la que alertaba sobre el avance en diversos Estados miembros de criterios de acceso a recursos públicos condicionados al arraigo prolongado o a la residencia continuada. Marzà citaba de forma expresa la incorporación de este tipo de cláusulas en recientes acuerdos de gobierno en España, como el caso de Aragón, y planteaba si estas medidas incurren en una discriminación indirecta incompatible con los artículos 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La respuesta de Brunner aclara de forma tajante los límites legales que amparan a los ciudadanos de terceros países con estatus legal consolidado y subraya que la Directiva 2003/109/CE garantiza la igualdad de trato en ámbitos clave como “las prestaciones de la seguridad social, de la asistencia social y de la protección social, y los procedimientos para acceder a la vivienda”.

En este sentido, la Comisión apela a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para remarcar que los Estados ni las comunidades autónomas tienen margen de maniobra para endurecer las condiciones de acceso. “Los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años establecido”, aclara la contestación oficial.

Aunque la Directiva sobre igualdad racial (2000/43/CE) no cubre las diferencias por razón de nacionalidad, la doctrina consolidada del TJUE prohíbe cualquier criterio que, bajo una aparente neutralidad, provoque un perjuicio desproporcionado a los ciudadanos de otros países: “A menos que esté justificada y sea proporcionada, una disposición de Derecho nacional es indirectamente discriminatoria si afecta intrínsecamente a los nacionales de otros Estados miembros o a los nacionales de terceros países más que a los nacionales del Estado de acogida”.

Respecto a la situación concreta de Aragón planteada en la consulta de Marzà, Bruselas elude pronunciarse sobre el texto autonómico debido a su estado de tramitación. “La Comisión entiende que la Ley de Aragón aún no se ha adoptado. La Comisión no formula observaciones sobre proyectos de ley o propuestas”, explica la contestación de Brunner, quien confirma que mantendrá una vigilancia activa sobre la tramitación legislativa en España para garantizar el cumplimiento estricto del ordenamiento comunitario: “La Comisión continuará siguiendo la evolución de la situación para velar por el cumplimiento del Derecho de la UE”.

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu ha acordat aquest dilluns, amb els vots a favor del PP, de Vox i de l'eurodiputat Diego Solier, exmembre de Se Acabó La Fiesta, ajornar fins a setembre de l'any que ve la missió oficial d'observació a la província de València per a analitzar sobre el terreny les conseqüències de la dana del 29 d'octubre de 2024, que va causar 233 víctimes mortals.

La visita estava prevista per a aquest mateix mes, però, com que era incompatible amb la celebració de les eleccions generals del pròxim 29 de novembre, s'ha optat per ajornar-la un any, malgrat que l'eurodiputada valenciana del PSOE Sandra Gómez havia proposat fer-la al desembre o al febrer, una opció rebutjada per les forces esmentades.

Sobre aquesta qüestió, en declaracions a elDiario.es, Gómez, autora de la proposta inicial de la missió, ha considerat que l'ajornament fins a setembre de l'any que ve és “una autèntica vergonya que no fa sinó demostrar una vegada més que el PP té pànic de visibilitzar la seua gestió de la catàstrofe” i ha afegit que als populars “els molesta que es parle de la dana perquè han estat boicotejant aquesta proposta des del principi fins que no van tindre més remei que acceptar-la per a no quedar retratats”.

Gómez ha posat en relleu que també hi haurà una missió d'eurodiputats a Ceuta que se celebrarà al febrer: “Sense llevar rellevància a aquesta qüestió, va ser una cosa que es va produir el passat mes d'agost. La dana va ser l'octubre de 2024 i quan es faça la missió hauran passat quasi tres anys. És lamentable quan hi havia l'opció de fer-la al desembre, tal com hem proposat els socialistes”.

En el marc d'aquesta missió a la zona zero s'havia d'analitzar tot el que està relacionat amb la gestió de la catàstrofe, com també les seues causes i conseqüències, mitjançant reunions amb les associacions de víctimes, amb totes les administracions i amb organismes com l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) o la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado este lunes con los votos a favor del PP, de Vox y del eurodiputado Diego Solier, exmiembro de Se Acabó La Fiesta, aplazar a septiembre del año que viene la misión oficial de observación a la provincia de Valencia para analizar sobre el terreno las consecuencias de la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 233 víctimas mortales.

La visita estaba prevista para este mismo mes, pero al ser incompatible con la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, se ha optado por su aplazamiento a un año vista, y eso pese a que la eurodiputada valenciana del PSOE, Sandra Gómez, había propuesto realizarla en diciembre o en febrero, opción rechazada por las mencionadas fuerzas.

Al respecto, en declaraciones a elDiario.es, Gómez, autora de la propuesta inicial de la misión, ha considerado que el aplazamiento para septiembre del año que viene “una auténtica vergüenza que no hace sino demostrar una vez más que el PP tiene pánico a visibilizar su gestión de la catástrofe” y ha añadido que a los populares “les molesta que se hable de la dana porque han estado boicoteando esta misión desde el principio hasta que no tuvieron más remedio que aceptarla para no quedar retratados”.

Gómez ha puesto de relieve que también habrá una misión de eurodiputados a Ceuta que se celebrará en febrero: “Sin quitar relevancia al este asunto, fue algo que se produjo el pasado mes de agosto. La dana fue en octubre de 2024 y cuando se haga la misión habrán pasado casi tres años, es lamentable cuando estaba la opción de hacerla en diciembre tal y como hemos propuesto los socialistas”.

En virtud de esta misión a la zona cero se iba a analizar todo lo relacionado con la gestión de la catástrofe, así como con sus causas y consecuencias, mediante reuniones con las asociaciones de víctimas, con todas las administraciones y con organismos como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

L'eurodiputada socialista Leire Pajín reivindica una Unió Europea més pròxima al territori i més ambiciosa davant dels grans desafiaments globals. Defensa una transició energètica que tinga en compte les particularitats de sectors com el ceràmic, reclama protecció per a la pesca mediterrània i els treballadors humanitaris i aposta perquè Europa faça un pas avant en l'àmbit digital amb ferramentes pròpies per a combatre la desinformació i l'odi. Pajín, ponent del mecanisme europeu de protecció civil, situa, a més, la prevenció en el centre de la resposta de la UE després de la dana de València: “El més important és treballar perquè açò no torne a passar”.

Fa dos anys de la teua tornada a la primera línia política i del teu treball al Parlament Europeu. Quin balanç fas d'aquest temps i quins han sigut els teus principals àmbits de treball?

La primera cosa de què t'adones quan arribes ací és que la legislació europea té una implicació directa en els nostres sectors productius més pròxims. Per tant, és molt important que seguim els temes no sols des d'una perspectiva global o geopolítica, sinó també des d'una perspectiva territorial. És un poc el que hem tractat de fer des del primer dia. En aquest sentit, he estat molt pendent dels pescadors, perquè han sigut dos anys en què la Comissió ha negociat amb el Consell les noves quotes i la nova política pesquera. Hem tractat de fer veure a la Comissió que estem a favor d'una pesca sostenible, però que, precisament, quan demanem que aquesta sostenibilitat tinga repercussió en les economies dels pescadors, això es complisca. Cal trobar un equilibri entre la sostenibilitat ambiental i la sostenibilitat econòmica de la vida dels territoris.

També hem estat molt pendents del sector del joguet, molt present a Ibi, a Alacant, amb el qual jo treballava des de feia molts anys. Moltes de les normatives que hem aprovat aquests dos anys tenen a veure amb la seguretat dels productes i els joguets, i sobretot amb la lluita contra la competència deslleial i el control d'altres productes que entren, especialment, per internet. I ara treballe molt de prop amb el sector de la indústria ceràmica. En la Comissió d'Indústria s'estan debatent els que anomenem ETS, els indicadors de transició energètica per a la indústria. Hem posat damunt de la taula que som ferms defensors de la descarbonització, però que aquesta descarbonització ha de ser justa, viable i tindre en compte la diversitat industrial europea.

La nostra indústria ceràmica és molt concreta i té unes dificultats tecnològiques que no tenen altres indústries. Per tant, reclamem que hi haja uns indicadors que s'ajusten a aquesta realitat concreta. Estem a favor que aquestes indústries facen la transició, però han de fer-la tenint en compte la seua realitat. A més de més temps i més ajudes per a aquesta transició, estem demanant que s'ajusten els mecanismes i les mesures a la situació que tenen hui i que hi haja indicadors específics per a aquest tipus d'indústries. De fet, d'ací a dues setmanes votarem en la Comissió d'Indústria unes esmenes que he presentat precisament per a intentar que això siga així. També hem estat molt pendents dels agricultors en els grans debats comercials, com Mercosur. Hem intentat aportar aquesta mirada territorial als grans debats europeus.

En el cas de la pesca valenciana, fins a quin punt les mesures europees tenen en compte la realitat d'una flota xicoteta i artesanal com la del Mediterrani?

Cal conéixer aquesta realitat per a buscar una combinació de solucions. D'una banda, hi ha un problema de relleu generacional, de falta d'incentius per a les generacions joves. I això no sols ho ha de fer Europa: també la Generalitat Valenciana i les institucions més pròximes al territori han d'apostar per la formació, per explicar què suposa la pesca i per incentivar que les noves generacions continuen amb aquesta tradició. Jo conec aquestes realitats des de menuda perquè l'últim pescador que queda a Benidorm de diverses generacions és amic meu des de la infància i he vist com ha evolucionat. Aquest és un factor. L'altre són les mesures que des de Brussel·les s'imposen moltes vegades sense conéixer prou aquesta realitat territorial. Nosaltres defensem que els pescadors que coneixem del Mediterrani són els que millor coneixen la importància de deixar períodes de reserva i garantir la reposició de les espècies. I ho estan fent.

Perquè viuen d'això.

Exactament. Són els primers interessats. Si imposem mesures amb les quals estem d'acord per a garantir la reposició de les espècies, i les dades estan ben actualitzades, també hem de tindre en compte aquesta realitat. Enguany hi ha hagut un gran debat sobre els oceans a les Nacions Unides i també a la Unió Europea. Cal incorporar al debat les comunitats que viuen al Mediterrani i del Mediterrani. No podem tindre en compte únicament la sostenibilitat ambiental; també hem de protegir especialment les comunitats que viuen d'aquests territoris. Aquest ha sigut el nostre plantejament.

Has parlat també del calcer i d'altres sectors exportadors valencians. Moltes vegades es presenta qualsevol acord comercial com una amenaça. Mercosur pot ser beneficiós per a sectors com el calcer o la ceràmica?

Clarament. Hem fet un esforç per explicar l'acord de Mercosur a la Comunitat Valenciana i traslladar que té grans beneficis per als nostres principals sectors exportadors. El calcer, per descomptat, però també productes com l'oli o el vi de molts dels nostres territoris se'n veuran clarament beneficiats. I aquells sectors que podrien resultar perjudicats estan clarament protegits. No sols perquè l'acord ho diu explícitament, sinó perquè, a més, hem votat prèviament clàusules espill i clàusules de salvaguarda per a protegir els nostres sectors. Per això el defensem. Ens sembla un bon acord per als nostres sectors, però també un bon acord per al context geopolític en què vivim hui. En el cas de l'acord amb l'Índia, per exemple, sí que hi pot haver riscos seriosos per a la indústria ceràmica. Per això hem demanat al comissari que establisca mecanismes de seguiment molt específics per a aquest sector i que ens permeta adoptar mesures si es veu clarament perjudicat.

Hi ha una qüestió especialment sensible ara mateix: l'acció humanitària. L'extrema dreta ha posat el focus en les ONG i cada vegada veiem més atacs contra aquestes organitzacions. Com es pot actuar des del Parlament Europeu per a evitar aquesta persecució?

Vivim en una tempestat perfecta. Estem en el moment més difícil per a l'ajuda humanitària dels últims cinquanta anys, segurament el més difícil des que existeix, per dues raons: perquè és quan més conflictes proliferen al mateix temps que hi ha menys ajuda disponible. Quan els Estats Units decideixen fer marxa arrere i desmantellar el sistema humanitari estatunidenc, que era el més important tant quantitativament com qualitativament, posen en risc milions de vides. Ja tenim estudis que permeten mesurar el nombre de morts que s'estan produint a conseqüència d'aturar la vacunació infantil i els programes de prevenció en matèria de VIH, sida o tuberculosi. Ara per ara podem comptabilitzar les repercussions que això té.

Això obliga la Unió Europea a assumir un paper molt més important. No es tracta de substituir els Estats Units, sinó que la Unió Europea siga més estratègica i garantisca que l'ajuda humanitària arribe especialment als llocs on hi ha més conflictes i on és més difícil arribar. Al mateix temps, hem d'exigir un desplegament de tota la capacitat diplomàtica europea per a garantir la protecció dels treballadors humanitaris. No s'havien assassinat mai tants treballadors humanitaris com ara. També cal garantir l'accés a l'ajuda humanitària. Jo soc la ponent del Parlament Europeu per a l'ajuda humanitària i, després de moltes negociacions molt difícils, vam aconseguir que l'informe sobre ajuda humanitària s'aprovara per una immensa majoria. Ha sigut un pas important perquè suposa un missatge contundent del Parlament Europeu a la Comissió perquè lidere aquesta posició.

S'han produït assassinats de cooperants en llocs com el Sudan, on la situació és molt difícil, però en territori de la Unió Europea també veiem atacs contra cooperants i contra persones que presten ajuda humanitària o social. Com es pot combatre?

El primer és lluitar contra la desinformació. A parer meu, si haguera de triar un repte per a aquesta legislatura a la Unió Europea, seria l'àmbit digital. En aquest terreny ens estem jugant la batalla de la democràcia. Per tant, la lluita contra la desinformació i contra l'odi que campa impunement per internet ha de ser clarament un dels objectius.

En segon lloc, cal fer complir la llei. Hi ha una legislació que protegeix aquelles persones que socorren terceres persones des de la neutralitat i la imparcialitat, per un sentiment de protecció. Això està regulat i, per tant, hem de fer complir aquesta llei. Però és tremendament important lluitar contra la desinformació perquè és en les xarxes socials on s'està generant el caldo de cultiu que permet que s'ataque aquestes persones i es genere odi contra elles.

I, en tercer lloc, hem de construir un relat positiu sobre els reptes que tenim hui. Això de vegades ens falta, començant per la migració, per exemple.

La Unió Europea ja va aprovar en la legislatura anterior una legislació molt ambiciosa sobre els serveis digitals i la Comissió ha multat grans multinacionals. Però l'opinió pública europea continua estant en bona part en mans de plataformes i empreses tecnològiques estatunidenques o xineses. Com es pot regular aquesta situació des del Parlament Europeu?

Evidentment, exercint pressió política des del Parlament. Vam ser valents en la legislació, però ara és el moment de la veritat. Hem de ser valents en l'aplicació i en les ferramentes de seguiment. Jo soc absolutament partidària que la Unió Europea tinga les seues pròpies plataformes digitals. Crec que necessitem plataformes digitals europees basades en l'ètica i en els codis de conducta europeus.

També haurem de pensar, per què no, en agències públiques de seguiment de les xarxes socials i de les plataformes digitals, de la mateixa manera que creiem en una televisió pública o en una ràdio pública que fan una tasca pública i garanteixen uns valors democràtics i constitucionals. Espere que la Unió Europea faça realment un pas avant, siga valenta i tinga les seues pròpies ferramentes i, sobretot, les seues pròpies agències de seguiment que permeten que l'espai democràtic que defensem siga una garantia també en l'àmbit digital.

També eres ponent del mecanisme europeu de protecció civil. Després de la dana de València i dels incendis, què hauria de canviar en la resposta europea a aquest tipus de catàstrofes?

Soc la ponent del mecanisme de protecció civil, que és la ferramenta que té la Unió Europea no sols per a respondre a crisis com els incendis o les danes quan es produeixen. La Comunitat Valenciana ha vist com la solidaritat europea va arribar ràpidament i àmpliament amb la dana i també amb els incendis. Però la nostra obsessió ara és evitar que això torne a passar. Volem que el mecanisme de protecció civil no siga únicament una bona ferramenta de resposta ràpida, de solidaritat, emergència i reconstrucció, sinó que s'anticipe i pose tots els mecanismes necessaris per a previndre aquest tipus de crisis. I que genere el que jo anomene una cultura de la preparació, perquè els ciutadans sàpien què han de fer, com ho han de fer i quan ho han de fer en un moment d'emergència. Tot això que vam exigir en el seu dia al Govern valencià i que no va fer ha de funcionar. A més, hem de formar i educar la ciutadania perquè sàpia com respondre. Però, sobretot, hem de ser capaços d'anticipar-nos.

La ciència permet hui conéixer amb prou antelació molts d'aquests fenòmens. La clau està, per tant, a anticipar-se?

Hui la ciència ens permet conéixer amb temps suficient què passarà i com passarà. El que necessitem són mecanismes capaços d'anticipar-se a aquests riscos i solucionar-los abans d'hora. Això és el que demanem al mecanisme de protecció civil. Per a mi, i així em vaig comprometre davant de les víctimes de València quan van vindre ací, el més important és prometre'ls que treballarem tant com siga possible perquè això no torne a passar. I la millor manera de fer-ho és treballar per a tindre bones ferramentes que ens permeten anticipar-nos i respondre millor.

La eurodiputada socialista Leire Pajín reivindica una Unión Europea más pegada al territorio y más ambiciosa ante los grandes desafíos globales. Defiende una transición energética que tenga en cuenta las particularidades de sectores como la cerámica, reclama protección para la pesca mediterránea y los trabajadores humanitarios y apuesta por que Europa dé un paso adelante en el ámbito digital con herramientas propias para combatir la desinformación y el odio. Pajín, ponente del mecanismo europeo de protección civil, sitúa además la prevención en el centro de la respuesta de la UE tras la dana de València: “Lo más importante es trabajar para que esto no vuelva a ocurrir”

Se cumplen dos años de tu vuelta a la primera línea política y de tu trabajo en el Parlamento Europeo. ¿Qué balance haces de este tiempo y cuáles han sido tus principales ámbitos de trabajo?

Lo primero que te das cuenta cuando llegas aquí es que la legislación europea tiene una implicación directa en nuestros sectores productivos más cercanos. Por tanto, es muy importante que sigamos los temas no solo desde una perspectiva global o geopolítica, sino también desde una perspectiva territorial. Es un poco lo que hemos tratado de hacer desde el primer día. En ese sentido, he estado muy pendiente de los pescadores, porque han sido dos años en los que la Comisión ha negociado con el Consejo las nuevas cuotas y la nueva política pesquera. Hemos tratado de hacerle ver a la Comisión que estamos a favor de una pesca sostenible, pero que precisamente cuando estamos pidiendo que esa sostenibilidad tenga repercusión en las economías de los pescadores, eso se cumpla. Hay que hacer un balance entre la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad económica de la vida de los territorios.

También hemos estado muy pendientes del sector juguetero, muy presente en Ibi, en Alicante, con el que yo venía trabajando desde hace muchos años. Muchas de las normativas que hemos aprobado estos dos años tienen que ver con la seguridad de los productos y los juguetes, y sobre todo con la lucha contra la competencia desleal y el control de otros productos que entran, especialmente, por internet. Y ahora estoy trabajando muy de cerca con el sector de la industria cerámica. En la Comisión de Industria se está discutiendo lo que llamamos los ETS, los indicadores de transición energética para la industria. Hemos puesto encima de la mesa que somos firmes defensores de la descarbonización, pero que esa descarbonización tiene que ser justa, viable y tener en cuenta la diversidad industrial europea.

Nuestra industria cerámica es muy concreta y tiene unas dificultades tecnológicas que no tienen otras industrias. Por tanto, reclamamos que haya unos indicadores que se ajusten a esa realidad concreta. Estamos a favor de que estas industrias transiten, pero tienen que hacerlo teniendo en cuenta su realidad. Además de más tiempo y más ayudas para esa transición, estamos pidiendo que se ajusten los mecanismos y las medidas a la situación que tienen hoy y que haya indicadores específicos para este tipo de industrias. De hecho, dentro de dos semanas vamos a votar en la Comisión de Industria unas enmiendas que he presentado precisamente para intentar que eso sea así. También hemos estado muy pendientes de los agricultores en los grandes debates comerciales, como Mercosur. Hemos intentado aportar esa mirada territorial a los grandes debates europeos.

En el caso de la pesca valenciana, ¿hasta qué punto las medidas europeas tienen en cuenta la realidad de una flota pequeña y artesanal como la del Mediterráneo?

Hay que conocer esa realidad para buscar una combinación de soluciones. Por un lado, existe un problema de relevo generacional, de falta de incentivos para las generaciones jóvenes. Y eso no solo lo tiene que hacer Europa: también la Generalitat Valenciana y las instituciones más cercanas al territorio tienen que apostar por la formación, por explicar lo que supone la pesca y por incentivar que las nuevas generaciones continúen con esa tradición. Yo conozco esas realidades desde pequeña porque el último pescador que queda en Benidorm de varias generaciones es amigo mío desde la infancia y he visto cómo ha evolucionado. Ese es un factor. El otro son las medidas que desde Bruselas se imponen muchas veces sin conocer suficientemente esa realidad territorial. Nosotros defendemos que los pescadores que conocemos del Mediterráneo son quienes mejor conocen la importancia de dejar tiempos de reserva y garantizar la reposición de las especies. Y lo están haciendo.

Porque viven de ello.

Exactamente. Son los primeros interesados. Si imponemos medidas con las que estamos de acuerdo para garantizar la reposición de las especies, y los datos están bien actualizados, tenemos que tener en cuenta también esa realidad. Este año ha habido un gran debate sobre los océanos en Naciones Unidas y también en la Unión Europea. Hay que incorporar al debate a las comunidades que viven en el Mediterráneo y del Mediterráneo. No podemos tener en cuenta únicamente la sostenibilidad ambiental; también tenemos que proteger especialmente a las comunidades que viven de esos territorios. Esa ha sido nuestra aproximación.

Has hablado también del calzado y de otros sectores exportadores valencianos. Muchas veces se presenta cualquier acuerdo comercial como una amenaza. ¿Mercosur puede ser beneficioso para sectores como el calzado o la cerámica?

Claramente. Hemos hecho un esfuerzo por explicar el acuerdo de Mercosur en la Comunitat Valenciana y trasladar que tiene grandes beneficios para nuestros principales sectores exportadores. El calzado, desde luego, pero también productos como el aceite o el vino de muchos de nuestros territorios van a verse claramente beneficiados. Y aquellos sectores que podrían verse perjudicados están claramente protegidos. No solo porque el acuerdo lo dice explícitamente, sino porque además hemos votado previamente cláusulas de espejo y cláusulas de salvaguarda para proteger a nuestros sectores. Por eso lo defendemos. Nos parece un buen acuerdo para nuestros sectores, pero además un buen acuerdo para el contexto geopolítico en el que hoy vivimos. En el caso del acuerdo con India, por ejemplo, sí puede haber riesgos serios para la industria cerámica. Por eso le hemos pedido al comisario que establezca mecanismos de seguimiento muy específicos para este sector y que nos permita adoptar medidas si se ve claramente perjudicado.

Hay un asunto especialmente sensible ahora mismo: la acción humanitaria. La ultraderecha ha puesto el foco en las ONG y cada vez vemos más ataques contra ellas. ¿Cómo se puede actuar desde el Parlamento Europeo para evitar esa persecución?

Vivimos en una tormenta perfecta. Estamos en el momento más difícil para la ayuda humanitaria en los últimos 50 años, seguramente el más difícil desde que existe, por dos razones: porque es cuando más conflictos están proliferando al mismo tiempo que menos ayuda disponible existe. Cuando Estados Unidos decide dar marcha atrás y desmantelar el sistema humanitario estadounidense, que era el más importante tanto cuantitativa como cualitativamente, pone en riesgo millones de vidas. Ya tenemos estudios que permiten medir el número de muertes que se están produciendo como consecuencia de parar la vacunación infantil y los programas de prevención en materia de VIH, sida o tuberculosis. Ya podemos contar las repercusiones que esto está teniendo.

Eso obliga a la Unión Europea a asumir un papel muchísimo más importante. No se trata de sustituir a Estados Unidos, sino de que la Unión Europea sea más estratégica y garantice que la ayuda humanitaria llega especialmente a los lugares donde hay más conflictos y donde es más difícil llegar. Al mismo tiempo, tenemos que exigir un despliegue de toda la capacidad diplomática europea para garantizar la protección de los trabajadores humanitarios. Nunca antes se habían asesinado tantos trabajadores humanitarios como ahora. También hay que garantizar el acceso a la ayuda humanitaria. Yo soy la ponente del Parlamento Europeo para la ayuda humanitaria y, después de muchas negociaciones muy difíciles, conseguimos que el informe sobre ayuda humanitaria se aprobara por una inmensa mayoría. Ha sido un paso importante porque supone un mensaje contundente del Parlamento Europeo a la Comisión para que lidere esa posición.

Se ha producido asesinatos de cooperantes en lugares como Sudán, donde la situación es muy difícil, pero en territorio de la Unión Europea también estamos viendo ataques contra cooperantes y contra personas que prestan ayuda humanitaria o social. ¿Cómo se puede combatir?

Lo primero es luchar contra la desinformación. En mi opinión, si tuviera que elegir un reto para esta legislatura en la Unión Europea, sería el ámbito digital. En ese terreno nos estamos jugando la batalla de la democracia. Por tanto, la lucha contra la desinformación y contra el odio que campa impunemente por internet debe ser claramente uno de los objetivos.

En segundo lugar, hay que hacer cumplir la ley. Existe una legislación que protege a aquellas personas que socorren a terceras personas desde la neutralidad y la imparcialidad, por un sentimiento de protección. Eso está regulado y, por tanto, tenemos que hacer cumplir esa ley. Pero es tremendamente importante luchar contra la desinformación porque es en las redes sociales donde se está generando el caldo de cultivo que permite que se ataque a esas personas y se genere odio contra ellas.

Y, en tercer lugar, tenemos que construir una narrativa positiva sobre los retos que hoy tenemos. Eso a veces nos falta, empezando por la migración, por ejemplo.

La Unión Europea ya aprobó en la anterior legislatura una legislación muy ambiciosa sobre los servicios digitales y la Comisión ha multado a grandes multinacionales. Pero la opinión pública europea sigue estando en buena medida en manos de plataformas y empresas tecnológicas estadounidenses o chinas. ¿Cómo se puede regular esta situación desde el Parlamento Europeo?

Evidentemente, presionando políticamente desde el Parlamento. Fuimos valientes en la legislación, pero ahora es el momento de la verdad. Tenemos que ser valientes en la implementación y en las herramientas de seguimiento. Yo soy absolutamente partidaria de que la Unión Europea tenga sus propias plataformas digitales. Creo que necesitamos plataformas digitales europeas basadas en la ética y en los códigos de conducta europeos.

También tendremos que pensar, por qué no, en agencias públicas de seguimiento de las redes sociales y de las plataformas digitales, de la misma manera que creemos en una televisión pública o en una radio pública que hacen una labor pública y garantizan unos valores democráticos y constitucionales. Espero que la Unión Europea dé realmente un paso al frente, sea valiente y tenga sus propias herramientas y, sobre todo, sus propias agencias de seguimiento que permitan que el espacio democrático que defendemos sea una garantía también en el ámbito digital.

También eres ponente del mecanismo europeo de protección civil. Después de la dana de València y de los incendios, ¿qué debería cambiar en la respuesta europea a este tipo de catástrofes?

Soy la ponente del mecanismo de protección civil, que es la herramienta que tiene la Unión Europea no solo para responder a crisis como los incendios o las danas cuando suceden. La Comunitat Valenciana ha visto cómo la solidaridad europea llegó rápida y ampliamente con la dana y también con los incendios. Pero nuestra obsesión ahora es evitar que esto vuelva a pasar. Queremos que el mecanismo de protección civil no sea únicamente una buena herramienta de respuesta rápida, de solidaridad, emergencia y reconstrucción, sino que se anticipe y ponga todos los mecanismos necesarios para prevenir este tipo de crisis. Y que genere lo que yo llamo una cultura de la preparación, para que los ciudadanos sepan qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer en un momento de emergencia. Todo esto que exigimos en su día al Gobierno valenciano y que no hizo tiene que funcionar. Además, tenemos que formar y educar a la ciudadanía para saber cómo responder. Pero, sobre todo, tenemos que ser capaces de anticiparnos.

La ciencia permite hoy conocer con bastante antelación muchos de estos fenómenos. ¿La clave está, por tanto, en anticiparse?

Hoy la ciencia nos permite conocer con tiempo suficiente qué va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Lo que necesitamos son mecanismos capaces de anticiparse a esos riesgos y solucionarlos antes de tiempo. Eso es lo que le estamos pidiendo al mecanismo de protección civil. Para mí, y así me comprometí ante las víctimas de València cuando vinieron aquí, lo más importante es prometerles que vamos a trabajar todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. Y la mejor manera de hacerlo es trabajar para tener buenas herramientas que permitan anticiparnos y responder mejor.

Este martes, los eurodiputados se han encontrado con una sorpresa a su llegada al Parlamento Europeo: una estatua de dos metros y medio de alto de Donald Trump, desnudo y cubierto en oro sentado sobre la espalda de un hombre mucho más pequeño.

La escultura, llamada 'La plaga naranja' o 'Rey de la injusticia' es el trabajo de un artista danés llamado Jens Galschiøt, conocido por convertir en obras de arte polémicas de gran tamaño todo tipo de asuntos de actualidad, desde los abusos de derechos humanos hasta el cambio climático. En este caso, quiere denunciar el riesgo que a su juicio el dirigente estadounidense supone para el orden y seguridad globales.

En este caso, la imagen del presidente estadounidense sostiene la balanza con la que habitualmente se representa a la Justicia en la mano derecha y un palo de golf en la otra. A sus pies, a modo de pelota de golf, aparece una pequeña bola de la Tierra y todo su cuerpo se sostiene sobre los hombros de un pequeño hombre que sufre bajo su peso. Está hecha de cobre y recubierta de oro de 23 quilates.

En declaraciones al diario digital europeo Rapporteur, el artista ha afirmado que “es una declaración realmente grande poner un presidente desnudo, en oro, en el centro del Parlamento” y, ante la posibilidad de que surjan las quejas, ha dicho a este mismo medio que “lo pondremos en una scooter y le daremos una vuelta por Estrasburgo”.

La exhibición ha estado organizada por el eurodiputado danés Per Clausen, que forma parte del grupo parlamentario de izquierdas 'The Left' y no está resultando indiferente. Desde primera hora numerosos diputados y trabajadores del Parlamento Europeo han parado frente a ella para observarla, otros para tomar fotografías o han corrido a avisar a otros compañeros para que la vieran. Algunos han pasado de largo y después han regresado para verla.

También ha habido algunas críticas en público, particularmente de eurodiputados de extrema derecha como es el caso de Tom Vandendriessche, eurodiputado del grupo ultraderechista 'Patriotas por Europa' o de su compañera de grupo Barbara Bonte, quien intentaba llamar la atención del presidente de EEUU, Donald Trump, sin demasiado éxito.

Bajo la estatua, además del nombre original de la escultura, 'La plaga naranja', puede leerse: “Estoy sentado sobre la espalda de un hombre. Él está hundiéndose bajo mi peso. Haré cualquier cosa para ayudarle. Excepto bajarme de su espalda”, y añade 'El Rey de la Injusticia'.

La obra de Jens Galschiøt en realidad no es nueva. Ya ha sido expuesta al menos en dos ocasiones. La primera, en la ciudad de Belém, en Brasil, con motivo de la Conferencia del Clima celebrada en el país latinoamericano en noviembre de 2025 y por la que desfiló cuando aún no estaba bañada en oro la figura del mandatario norteamericano. También fue expuesta en el centro de la ciudad alemana de Múnich con motivo de la Conferencia de Seguridad celebrada en la ciudad alemana en febrero de este año.

La escultura también estuvo presente en las ciudades danesas de Copenhague o Rebild con motivo de las manifestaciones contra la injerencia del presidente estadounidense en la política danesa y en Groenlandia.

“Personalmente, creo que Trump es un problema para el mundo porque está destruyendo la manera en la que pensamos en Occidente. Yo tengo muchos problemas en China y a mis amigos chinos siempre les puedo explicar que en Occidente hacemos cierta cosa, o que se respeta la libertad de expresión o la propiedad privada. Pero Trump ha destruido esto”, dijo a EFE Galschiøt.

Galschiøt dijo que su estatua, inspirada en el cuento 'El traje nuevo del emperador' de Hans Christian Andersen, también tiene que ver “con la imagen del mundo en este momento, los súper estados aplastando a los pequeños, gente poderosa y gente sin poder”. “El hombre pequeño (que sostiene a Trump) podría ser la Unión Europea”, aventura el escultor.

Vicent Marzà, eurodiputat de Compromís i coordinador dels Verds Europeus a la Comissió de Comerç Internacional, ha complit dos anys al Parlament Europeu. En aquest temps ha centrat bona part de la seua activitat en la defensa dels interessos dels sectors productius valencians, però també en qüestions com l’habitatge on és vicepresident de la comissió que aborda el tema, les relacions comercials amb tercers països o la dependència tecnològica europea. L’acord amb l’Índia, Mercosur, les relacions amb el Marroc, l’arròs o el sector ceràmic han sigut alguns dels seus fronts de treball.

Estàs a punt de complir dos anys com a eurodiputat. Quin balanç fas d’aquest període?

Hem treballat defensant tots els sectors valencians i intentant fer compatible aquesta defensa territorial amb la sostenibilitat, la reducció d’emissions i la generació de llocs de treball. En aquest sentit, hem estat molt centrats en sectors com el taulell, l’agricultura o el transport.

El taulell és un dels sectors que més està patint la transició energètica. Què demaneu a Europa?

El sector està preparat per fer un canvi tecnològic. Ja existeix una alternativa, que és l’electrificació, però no es pot aplicar immediatament perquè no hi ha prou xarxa elèctrica. I no és possible crear-la en dos, tres, quatre o cinc anys. Per tant, mentre no arribe aquesta solució tecnològica, no podem exigir un esforç que destruïsca llocs de treball. El sector necessita més temps i més ajudes directes per a l’electrificació i la reducció d’emissions. I, a més, hi ha una oportunitat industrial valenciana. Els primers que han fet un forn 100% elèctric per a la ceràmica són una empresa valenciana. Això podria generar també més llocs de treball en la fabricació d’aquests forns. Hem aconseguit alguns avanços perquè la modificació del mercat d’emissions no siga tan dura com estava plantejada inicialment. No és el 100% del que volem, però hem obert la porta perquè no siga el que s’havia plantejat fins ara.

En l’acord comercial amb l’Índia heu aconseguit que l’arròs quede fora. Per què era tan important?

Va ser una de les meues obsessions des del primer dia. Quan em vaig reunir amb el negociador de l’acord amb l’Índia, li vaig plantejar dues qüestions: la protecció de la indústria i de l’agricultura i, en concret, l’arròs. Vaig defensar que l’arròs quedara fora sí o sí de l’acord comercial i ho hem aconseguit. Per tant, no entrarà arròs de l’Índia que inunde encara més el mercat europeu i afone encara més l’arròs valencià.

També heu denunciat problemes amb l’etiquetatge de l’arròs.

Hi ha hagut un engany total i directe. La normativa europea regula aquesta qüestió i vam acompanyar els representants de la Unió de Llauradors perquè es reuniren amb els responsables de la Comissió. Ens van assegurar que, amb la normativa actual, és clarament il·legal el que s’està fent perquè porta a engany els consumidors. A partir d’això vam parlar amb el Ministeri de Consum, que ha obert expedient a la Generalitat Valenciana perquè investigue els casos en què s’està etiquetant l’arròs d’una manera que pot enganyar els consumidors.

En la normativa sobre els drets dels passatgers heu aconseguit també alguns avanços. Quins?

Hem aconseguit que ja no puguen enganyar-nos amb el preu. El preu que es mostre per defecte haurà d’incloure la maleta, de manera que es puguen comparar realment els preus. També hem aconseguit que les famílies puguen seure juntes. El model de negoci que consisteix a separar les famílies i cobrar per asseure’s juntes s’ha acabat. I les persones que necessiten acompanyant, com les persones amb mobilitat reduïda o les persones cegues, podran tindre’l gratuïtament. També hem avançat en les indemnitzacions. Crec que és una bona mostra de la capacitat de defensar els drets de la ciutadania per davant dels beneficis d’algunes aerolínies.

Mercosur és un dels grans assumptes pendents. Per què us oposeu a l’acord?

Nosaltres hem estat en contra de l’acord amb Mercosur des de l’inici, sobretot per l’afectació al camp valencià, però també a altres sectors. Cinc eurodiputats de diferents grups vam iniciar un procediment perquè la justícia es pronuncie sobre si aquest acord és legal i compleix els requisits que ha de complir. Hem aconseguit que la majoria done suport a portar-lo davant del Tribunal. Nosaltres pensem que no compleix la normativa i, a banda de les raons de contingut, com la falta de clàusules de reciprocitat o de mecanismes que obliguen al compliment en qüestions com la desforestació, els drets humans o la competència deslleial, pensem que també és il·legal. Ara la justícia s’ha de pronunciar.

Un altre dels teus fronts és el Sàhara i les relacions entre la Unió Europea i el Marroc. Què plantegeu?

Estem impulsant que se suspenga l’acord d’associació i l’acord comercial entre la Unió Europea i el Marroc perquè vulnera una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que assenyalava que s’estaven vulnerant els drets bàsics del poble sahrauí. I també perquè el Marroc no és un soci fiable. La política europea d’externalització de fronteres ens fa més dèbils perquè ens fa dependre de governs autoritaris. Cada vegada destinem més recursos a una política que no resol el problema.

Què hauria de fer Europa amb aquesta política migratòria?

Hem de buscar solucions perquè les persones que ja estan a Europa puguen tindre una integració adequada, un treball i puguen contribuir a l’economia europea. Estem destinant desenes de milers de milions d’euros a una política de fronteres que no té cap efecte, quan una part d’aquests recursos es podria utilitzar per integrar aquestes persones.

Ets també vicepresident de la Comissió d’Habitatge. Què pot fer la Unió Europea davant la crisi que hi ha a Espanya?

La Comissió Europea inicialment no volia que parlàrem d’habitatge perquè deia que no era competència seua. Nosaltres li vam insistir: si parleu de defensa, quan no teniu competències en defensa, per què no podem parlar del principal problema que té la ciutadania treballadora, que és l’habitatge? Hem comprovat que moltes de les mesures que ara es reclamen a Espanya ja s’estan aplicant en altres països de la Unió Europea. Per tant, no es pot dir que siguen il·legals o inviables. Cal acabar amb l’especulació financera sobre l’habitatge i evitar que es puguen comprar habitatges simplement per fer-ne un ús especulatiu. També cal impedir que es destinen habitatges a usos que no siguen residencials quan hi ha persones que no tenen habitatge en aquella zona. I hem de reforçar els drets dels inquilins. En altres llocs d’Europa els contractes són indefinits i no es poden apujar els lloguers d’un dia per l’altre.

I què hauria de fer Europa amb els recursos públics destinats a habitatge?

Hem de construir més habitatge, però habitatge assequible. No necessitem més habitatge de luxe, ni més habitatge per a ús turístic, ni més habitatge per fer negoci. Necessitem més habitatge assequible. Hi ha un pla de la Unió Europea amb més de 60.000 milions d’euros i nosaltres hem posat com a condició que només s’utilitze perquè siga habitatge assequible permanentment. No pot passar com a l’Estat espanyol, que es privatitza al cap de poc de temps.

Parles d’harmonitzar les legislacions europees a l’alça.

Exactament. Hem estudiat allà on funcionen polítiques d’èxit i es poden aplicar a tota Europa. El que exigim a la Comissió Europea és que les harmonitze a l’alça. Hem aconseguit un pas important: la Comissió Europea ha plantejat limitar la compra de segones residències i declarar zones tensionades per actuar sobre els preus del lloguer. No ens agrada com es planteja perquè és una fórmula complicada i serà difícil d’aplicar, però és un primer pas per començar a escoltar la realitat de la gent.

Parlem de la Xina. Quina relació ha de tindre Europa amb el gegant asiàtic, especialment ara que les empreses xineses estan guanyant pes industrial al País Valencià?

Ha de ser una relació directa, sense intermediaris i amb tota la diplomàcia del món, però arribant a acords. Ningú qüestiona que ens hem de desconnectar de Rússia i de la dependència gasística que teníem de Rússia, però poca gent s’està qüestionant que també hem de desconnectar de la dependència que tenim dels Estats Units. Si volem ser actors principals en el món, hem de ser actors propis, relacionar-nos amb tothom d’igual a igual i desenvolupar industrialment el nostre territori. Hem de recuperar les relacions amb la Xina de manera directa, però amb una mirada molt clara: hem de generar més llocs de treball industrials i de major qualitat al nostre territori. Els xinesos porten avantatge perquè fa molt de temps que inverteixen massivament en aquests sectors. Haurem de veure com marquem les condicions per no acabar sent dependents d’ells tampoc.

Per tant, quin és el model que proposes?

No volem dependre ni de la Xina, ni dels Estats Units, ni de Rússia. Hem de ser els europeus els qui decidim el nostre futur. Europa encara té capacitat de lideratge mundial en determinats sectors, però no estem invertint-hi. Necessitem mesures que incentiven la creació d’empreses europees d’alt nivell. Per exemple, soc el ponent de l’alta velocitat ferroviària i he plantejat que no deixem d’invertir en les rodalies, el transport convencional o la mitjana distància per invertir-ho tot en l’AVE. També en això hi ha competitivitat. Tenim una fàbrica molt important al País Valencià, com Stadler, que podria tindre encara més múscul si les institucions europees apostaren per una estratègia ferroviària adequada. Hem d’invertir en indústria ferroviària per no dependre de ningú.

I aquesta autonomia també passa per reduir la dependència tecnològica dels Estats Units?

Sí. El debat públic i l’opinió pública europea estan molt mediatitzats pels interessos tecnològics i comercials de les empreses nord-americanes. Hem d’acabar amb això. Hem de regular les xarxes per evitar que puguen dirigir-nos cap a una opinió o una altra i hem de desenvolupar tecnologia pròpia europea en tots els àmbits. També hem de deixar de dependre dels sistemes de pagament i d’altres infraestructures tecnològiques que estan en mans d’empreses americanes. Necessitem tecnologia europea en tots els àmbits per desconnectar-nos dels Estats Units i del negoci que fan amb les nostres vides. I, al mateix temps, hem de protegir els drets humans, amb els estàndards més alts en drets humans i llibertat d’expressió. Això és Europa: no continuar sotmesos ni als Estats Units ni a cap altra potència.

El Partido Popular Europeo ha conseguido sacar adelante este jueves su resolución sobre la crisis migratoria de Ceuta en el Parlamento Europeo gracias al respaldo de los grupos de ultraderecha. El Partido Popular español había trabajado a destajo para llevar la crisis migratoria en la ciudad española al centro de debate político europeo y atacar al Gobierno de Pedro Sánchez en un momento en el que este tema es muy sensible en Bruselas. Los tres grupos de la ultraderecha, Patriots (donde se incluye Vox), ECR (el grupo del partido de Giorgia Meloni) y ESN (donde están los filonazis de Afd), junto a una escisión de los liberales han respaldado la moción de los populares que reclama a Marruecos que respete la soberanía española y su integridad territorial de manera “incondicional”, al tiempo que le insta a asumir sus responsabilidades en materia de control fronterizo y retornos tras la “invasión” de Ceuta.

La resolución ha sido aprobada con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones. Los socialistas ya advirtieron el pasado martes que los populares tendrían que modificar mucho su propuesta si querían obtener su respaldo. La resolución de los socialistas europeos no ha prosperado.

La secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha apuntado en la red social X que “el Parlamento Europeo ha dicho claro que Ceuta no se vende, se defiende. Aprobamos una Resolución que exige a Sánchez aplicar inmediatamente el Pacto Europeo de Migración y Asilo, garantizar la seguridad y acelerar el retorno de adultos y menores”.

La dirigente española de los conservadores europeos ha asegurado que la resolución tiene “un mensaje nítido a Marruecos: la soberanía y la integridad territorial de España no se negocian. Se respetan. Incondicionalmente. Rabat debe asumir su responsabilidad y readmitir a todos los irregulares. Europa logra en tres días lo que Sánchez no ha hecho en 50: escucha, ayuda y soluciones. Ceuta no está sola. Toda Europa está con ella”.

La formación ultraderechista Vox ha comentado en un comunicado que el resultado supone un “duro golpe político a Pedro Sánchez y Marruecos” y consolida una mayoría en la Eurocámara capaz de actuar ante lo sucedido en Ceuta frente a la posición mantenida por los socialistas y la diplomacia marroquí.

Por su parte, el grupo socialdemócrata en el Parlamento europeo ha acusado a los populares de promocionar politicas de odio sumando su voto a la extremaderecha. “Hoy el PPE y la extrema derecha mostraron su verdadero rostro. Votamos por la solidaridad y la protección de los menores en situación de necesidad en Ceuta. Ellos votaron por el odio”, apuntan en un mensaje en la red social X.

El texto aprobado exige a Marruecos que cumpla sus compromisos en materia de control fronterizo, retorno y cooperación migratoria tras la invasión de migrantes de Ceuta. Además, puntualiza que la relación de asociación con el reino alauí “debe basarse en el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión, como principio fundamental del Derecho internacional y condición innegociable”.

Aunque la moción aprobada recoge que “toda declaración que cuestione la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio”, la resolución del PPE no pide explícitamente que la Unión Europea se replantee la relación de amistad con marruecos “si no se respetan las fronteras”, como solicitó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una comparecencia que organizó el Comité de Libertades Civiles de la Eurocámara.

Las diferencias con la resolución de los socialistas eran muy grandes. Entre otras cosas, el texto ensalzaba la colaboración con Marruecos, mediante “los mecanismos de cooperación existentes” entre ambos países que “permitieron el rápido retorno de la gran mayoría de las personas que habían cruzado la frontera” de forma irregular“ y recuerda ”la importancia de mantener asociaciones sólidas, constructivas y mutuamente beneficiosas con terceros países“. Un planteamiento que el grupo del PPE, especialmente los eurodiputados españoles, no estaba dispuesto a respaldar.

De hecho, la moción insiste en el Gobierno de España, “según informes confidenciales divulgados el 9 de septiembre”, había recibido “reiteradas advertencias” de autoridades locales y los servicios de seguridad e inteligencia sobre la presión en la fronteriza.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, avaló este miércoles la versión del Gobierno español y ha definido la entrada masiva de miles de personas en la ciudad española los días 30 y 31 de julio como “la explotación de personas vulnerables por parte de traficantes y redes de contrabando sin escrúpulos y por parte de nuestros adversarios”, durante su discurso del Estado de la Unión Europea en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Durante la tarde del miércoles, la eurocámara también aprobó “una investigación independiente” de la entrada masiva de migrantes en Ceuta dentro de las propuestas sobre guerras híbridas e integridad territorial. Esta iniciativa, defendida por una eurodiputada lituana del PPE es diferente a la resolución sobre Ceuta que se ha aprobado este jueves.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney ha señalado este jueves que la nueva relación de la UE y Canadá “no va a crear un tercer bloque para convertirnos en una potencia rival, aunque con mejores modales. No se busca el poder para dominar a los demás. Va a contribuir a construir el próximo orden mundial: justo, estable y próspero” como respuesta a las amenazas del presidente Donald Trump, durante su discurso en la sede del Parlamento europeo en Estrasburgo. Carney ha dado la bienvenida a la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de que Canadá se convierta en “el primer miembro asociado de la Unión Europea” durante su discurso del estado de la UE.

El primer ministro de Canadá ha explicado que la propuesta de Von der Leyen permitirá “construir una alianza de futuro, abriendo la puerta a que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea. Canadá acoge con satisfacción esta ambición. Y les diré algo: las encuestas muestran que una abrumadora mayoría de los canadienses apoya estrechar mucho más los vínculos con Europa”.

A la hora de definir la nueva relación, el líder canadiense ha comentado que “Canadá y Europa deberían garantizar la autonomía estratégica mediante una cooperación profunda en todo el abanico de capacidades estratégicas, incluidos los minerales críticos, la capacidad industrial de defensa, la inteligencia artificial y la capacidad de computación, la seguridad energética, el espacio y los sistemas de pago. Deberíamos avanzar hacia un comercio digital sin trabas de bienes no agrícolas y de una amplia variedad de servicios. Deberíamos estrechar nuestros vínculos entre ciudadanos, permitiendo a nuestros jóvenes trabajar, estudiar y vivir donde quieran a ambos lados del Atlántico”.

Carney ha añadido que aunque “Canadá y Europa no están unidos por la geografía, nuestros amigos daneses saben que compartimos una frontera de 3.000 kilómetros en el Ártico. Estamos unidos por una afinidad: electiva, elegida, renovada y más fuerte precisamente por serlo”.

“Defensa de la dignidad humana, la libertad y la democracia”

“No somos aliados solo cuando hace buen tiempo. No buscamos acuerdos en los que uno gana a costa del otro. Nuestro compromiso con el Estado de derecho y nuestra defensa firme de la dignidad humana, la libertad individual y la democracia comparten las mismas raíces profundas y la misma determinación inquebrantable. Compartimos unos valores por los que siempre hemos luchado y cuya defensa exige que permanezcamos siempre vigilantes. Creemos que una economía fuerte no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir una sociedad justa”, ha destacado Carney en su discurso.

En este sentido, el político canadiense ha utilizado la figura de Johann Wolfgang von Goethe para recordar que “los ideales deben defenderse, que los valores no se protegen por sí solos”. Además, ha recordado que durante la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de la cresta de Vimy, un joven teniente canadiense llamado Leslie Miller recogió un puñado de bellotas de aquel paisaje europeo destrozado. Las llevó a su país y las plantó en suelo canadiense, en Ontario, donde crecieron hasta convertirse en un bosque. Un siglo después, se completó este “profundo círculo de renovación: los injertos de los robles canadienses de Miller fueron repatriados a Francia y replantados en la misma cresta de Vimy donde habían nacido. ”Esta es la esencia de la asociación entre Canadá y la Unión Europea: semillas, valores, ideas, comercio, personas y progreso que llevan siglos cruzando el Atlántico en ambas direcciones“, ha rematado.

“Sociedades azotadas por nuevas tormentas”

El presidente de Canadá ha definido un escenario geopolítico lleno de peligros para explicar la necesidad de que potencias medias se unan. “Nuestras sociedades se ven azotadas por nuevas tormentas: la alteración provocada por el cambio climático, la erosión de las normas democráticas y la instrumentalización del comercio. Las organizaciones multilaterales en las que antes confiábamos se han debilitado. Hoy resulta difícil conciliar soberanía y apertura. La integración económica se está utilizando como un arma. Los aranceles se emplean para ejercer presión y los mecanismos financieros, como instrumentos de coerción. Las cadenas de suministro constituyen puntos débiles que pueden ser explotados”.

También ha tenido unas palabras concretas para las grandes corporaciones tecnológicas por su papel en la geopolítica global. “La tecnología está transformando la naturaleza de la guerra, la estructura de nuestras economías y la capacidad de los Estados para gobernar. Las plataformas tecnológicas aspiran a ejercer una soberanía propia. Quieren establecer las reglas de acceso. Quieren dictar las normas de regulación e incluso eludirlas. Quieren controlar nuestros datos, difundir desinformación y robarles la infancia a nuestros hijos”, ha señalado.

Amenaza de Trump

Antes de que se sepa cómo se va a articular la nueva relación, el presidente de EEUU, Donald Trump, ya mandó una amenaza contra la Unión Europea advirtiendo de que si consideraba “que se trata de un acto hostil” iba a imponer aranceles muy duros o dejará de comerciar con Europa.

Carney no tuvo dudas a la hora de plantar cara a Trump y abandonar las negociaciones comerciales con EEUU. En su pulso con Trump, Carney comentó: “No estábamos dispuestos a comprometer la soberanía de Canadá”. El primer ministro de Canadá anunció entonces que igualaría “dólar por dólar” los nuevos aranceles que aprobó la Casa Blanca como castigo.

Carney fue recibido por los eurodiputados casi como una estrella de cine. Antes de dar su discurso, los parlamentarios se arremolinaron a su alrededor para hacerse fotos con el líder mundial de moda. La presidenta del grupo de Los Verdes, Terry Reintke, apareció en el pleno con una camiseta de la selección canadiense de hockey lo que entusiasmó a Carney.

En el hemiciclo europeo, mientras la mayoría de los eurodiputados se levantaba para aplaudir el mensaje de Carney con entusiasmo, los parlamentarios de la ultraderecha se mantenían sentados y muchos sin aplaudir mostrando la sumisión a Trump.

Respuesta europea

Las amenazas de Trump han retumbado en la UE. Desde la Comisión Europea se han repetido las palabras que Von der Leyen dijo en su discurso del estado de la UE: “Esta no es una alianza contra nadie, sino para reforzar nuestra fortaleza común”.

El ministro francés para Europa, Benjamin Haddad, respondió que “no corresponde a Estados Unidos elegir la orientación política y geopolítica de los europeos. Una vez más, mantenemos una relación con Canadá y tenemos pleno derecho a tratar de profundizarla”.

El pleno del Parlamento Europeo que se está celebrando esta semana en Estrasburgo ha tenido como especial invitado y protagonista al primer ministro de Canadá, Mark Carney. Solo su presencia en la Eurocámara es sido un mensaje de profundo calado geopolítico, frente a las imposiciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Frente a un mundo donde una serie de dirigentes trata de saltarse las reglas internacionales, la consolidación de las relaciones entre la UE y Canadá es fundamental para abrir nuevas vías de colaboración que rompan la dependencia de EEUU. El líder canadiense ha llegado a Estrasburgo con la intención de profundizar la alianza económica con la UE.

Este acercamiento ha ocupado un lugar destacado en el discurso del Estado de la Unión Europea de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien ha afirmado ante Carney que la Unión quiere “llevar la asociación con Canadá al más alto nivel posible” y ha añadido que ambos trabajarán juntos para “abrir la puerta a que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea”.

El primer ministro canadiense, que ha asistido este miércoles a escuchar a Von der Leyen un día antes de dar un discurso en el pleno de Estrasburgo en medio de una gran expectación, ha sido recibido con una ovación cerrada en el hemiciclo. “Mark, tu presencia aquí es un símbolo de la duradera amistad entre nuestros pueblos. Nuestros vínculos culturales, históricos y personales están profundamente arraigados en el tejido de nuestras sociedades”, ha dicho la jefa del Ejecutivo comunitario. “Por encima de todo, querido Mark, Europa y Canadá creen en la democracia. Creemos que el poder no pertenece a los más fuertes, a los más ricos ni a los que más gritan, sino a todos nosotros. Que las democracias tienen la libertad de elegir con quién trabajar. Por eso unimos nuestras fuerzas de forma voluntaria”, ha proseguido.

Durante su discurso, la presidenta de la Comisión ha enumerado los acuerdos comerciales con Australia, la India, el bloque del Mercosur, México e Indonesia. Y en un aparente recado a Trump, ha subrayado: “Estas alianzas son una elección estratégica para Europa. Pero también responden a la fractura del sistema internacional basado en normas. Para algunos, la respuesta es actuar por libre. Pero esa no es una opción para nosotros”.

“Europa siempre estará a la vanguardia a la hora de defender el sistema basado en normas. Pero ya no podemos confiar en él como la única forma de garantizar nuestros intereses. Ni dar por sentado que sus normas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos. En este nuevo mundo, debemos replantearnos urgentemente nuestras alianzas y construir coaliciones globales en favor de nuestra resiliencia y nuestras democracias”, ha agregado, en palabras que se alinean con el ya célebre discurso de Carney en Davos en enero, en el que llamó a las “potencias medianas” a coordinarse para sobrevivir entre los grandes poderes.

Un estatus especial

Ottawa ha pedido a Bruselas que tantee la posibilidad de encontrar un estatus especial para Canadá, una fórmula de relación donde haya una colaboración privilegiada entre ambos bloques. Otros países como Australia ya han avisado de que podrían seguir la vía canadiense de relación con la UE ante el deterioro de las relaciones con EEUU.

El problema para la Unión Europea es que sus países no cumplen los acuerdos mínimos que se firman. El primer ministro canadiense ha avisado de que aún es necesario que diez Estados miembros de la UE ratifiquen el acuerdo comercial firmado hace nueve años, según reveló en una entrevista al periódico Financial Times. España sí ratificó el acuerdo comercial de la UE con Canadá.

En las instituciones europeas esperan que la nueva situación geopolítica facilite que los países más renqueantes consoliden la nueva relación con el socio norteamericano. En 2025, el comercio de bienes entre la Unión Europea y Canadá ascendió a 82.000 millones de euros. La UE ya es el segundo socio comercial de Canadá, que se sitúa como el duodécimo de la comunidad europea.

En la última reunión de los responsables diplomáticos de los 27 países de la UE, la semana pasada, se acordó sin objeciones y por unanimidad la necesidad de impulsar las relaciones comerciales y en otros aspectos con Canadá, pese a su enfrentamiento con Trump, que podría provocar la prudencia de los países más cercanos al presidente estadounidense.

Carney no tuvo dudas a la hora de plantar cara a Trump y abandonar las negociaciones comerciales con EEUU, que llegó a decir que Canadá era el “estado número 51” de EEUU. En su pulso con Trump, Carney comentó: “No estábamos dispuestos a comprometer la soberanía de Canadá”. El primer ministro de Canadá anunció entonces que igualaría “dólar por dólar” los nuevos aranceles que aprobó la Casa Blanca.

Philipp Lausberg, analista del European Policy Centre, explica que “Canadá está ofreciendo a Europa una lección sobre cómo hacer frente a Trump: la dependencia económica no tiene por qué traducirse en sumisión política”. Lausberg resalta que “Carney ha respondido a la última ofensiva arancelaria de Washington suspendiendo las negociaciones comerciales y prometiendo una respuesta recíproca, dólar por dólar. Es una decisión llamativa para un país que envía alrededor del 70% de sus exportaciones a Estados Unidos. Sin embargo, el cálculo de Carney es que ceder una y otra vez ante unas exigencias cada vez mayores acaba generando una vulnerabilidad aún mayor”.

En este sentido, el primer ministro de Canadá quiere dejar de depender de EEUU y está abriendo su país a nuevos acuerdos comerciales e inversiones de otros socios, incluida China, lo que le ha valido nuevas críticas desde Washington.

Del comercio a los minerales críticos

En esta búsqueda de nuevos ámbitos de trabajo, la UE y Canadá están negociando la ampliación de acuerdos en varias materias que van desde comercio, defensa, minerales críticos, energía, sistemas financieros y liberalización de visados. “Pasaremos del CETA [el acuerdo económico comercial] a una Alianza para el Futuro con el fin de crear un espacio común de prosperidad y seguridad económica. Trabajaremos en la fabricación inteligente. Crearemos una alianza tecnológica. Integraremos las bases industriales de defensa. Haremos del Ártico un proyecto conjunto emblemático. Trabajaremos en materia de energía, minerales críticos y baterías. En inteligencia artificial, tecnología cuántica, ciberseguridad y seguridad económica”, ha avanzado Von der Leyen.

Ambos bloques se han conminado a una reunión que tendrá lugar en Montreal a finales de octubre para acelerar los tratados. En temas de defensa ya se está hablando entre las dos partes. La coordinación en materia de seguridad en la región del Ártico y las alianzas entre las industrias militares son algunas de las opciones que se están estudiando.

Anand Sundar, investigador del centro de pensamiento European Council on Foreign Relations, apunta que “los proyectos europeos de defensa deberían abrirse a países de fuera de la UE y del Espacio Económico Europeo. Las Fuerzas Armadas canadienses aportan una experiencia y unos conocimientos considerables en materia de guerra en el Ártico, un ámbito que está cobrando cada vez más interés para Europa ante el aumento de las amenazas tanto de Rusia como de Estados Unidos”. Trump volvió a incendiar las relaciones con la UE en la pasada cumbre de la OTAN cuando apuntó que “Groenlandia debería estar bajo el control de Estados Unidos y no de Dinamarca”.

Sundar recuerda que Carney dejó claro en un reciente discurso que “se acabaron los días en los que nuestras Fuerzas Armadas enviaban 70 centavos de cada dólar a EEUU”, con lo que se abren numerosas oportunidades para la industria europea de defensa.

No es el único ámbito en el que Canadá y la UE siguen la misma senda. Carney ha asegurado que quiere impulsar la creación de un organismo mundial que contribuya a supervisar la inteligencia artificial (IA) y a garantizar que su desarrollo sea seguro, según declaró en una entrevista a Bloomberg. Los temores a las consecuencias de una IA sin control han crecido en Europa.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, declaró a elDiario.es que “no es muy realista pensar que, tratándose de tecnologías que evolucionan a una velocidad tan rápida, podamos alcanzar algún tipo de acuerdo para ralentizar su desarrollo”. “Siempre habrá alguien que quiera impulsar y acelerar ese desarrollo. Es más importante centrarnos en cómo podemos alcanzar un acuerdo internacional sobre estas normas de seguridad, también en lo que respecta a la IA, porque los riesgos que estamos viendo ahora están relacionados principalmente con la ciberseguridad”.

En este acercamiento, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció que la Eurocámara abrirá una oficina en Ottawa para reforzar los lazos con Canadá y facilitar los intercambios parlamentarios a ambos lados del Atlántico.

Ceuta se ha colocado en el centro del debate político en las instituciones europeas. El Partido Popular español ha trabajado a destajo para llevar la crisis migratoria en la ciudad española a las agendas que se discuten en la UE. La migración es un tema candente en Bruselas y los populares han encontrado una vía para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Esta semana hay un pleno en el Parlamento Europeo donde se está negociando una resolución sobre la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio en Ceuta, que se votará el jueves. El PP europeo ha incluido un punto en el que “considera que toda declaración que cuestione la soberanía española [de Ceuta] es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio”, mientras que los socialistas europeos recalcan que “su consternación ante la reacción inicial de algunos Estados miembros, que equivalía a culpar a España y al Gobierno español de la llegada sin precedentes de un número tan elevado de personas a Ceuta”.

Respecto a Marruecos, la resolución de los socialistas europeos ensalza la colaboración con Marruecos, mediante “los mecanismos de cooperación existentes” entre ambos países que “permitieron el rápido retorno de la gran mayoría de las personas que habían cruzado la frontera” de forma irregular“ y recuerda ”la importancia de mantener asociaciones sólidas, constructivas y mutuamente beneficiosas con terceros países“.

Durante los días posteriores a la crisis migratoria varios dirigentes del Gobierno marroquí pusieron en duda la españolidad de Ceuta y Melilla y exigieron su “devolución” a Marruecos.

El eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, ha declarado que “es muy difícil que se pueda aspirar a una relación comercial o política normalizada con Marruecos cuando ni los cadáveres de los que se ahogaron han sido autorizados a ser retornados para ser enterrados”. Sin embargo, la resolución del PPE no pide explícitamente que la Unión Europea se replantee la relación de amistad con marruecos “si no se respetan las fronteras”, como solicitó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una comparecencia que organizó el Comité de Libertades Civiles de la Eurocámara.

El punto 14 de la resolución de los populares europeos añade la petición“a las autoridades marroquíes que asuman sus responsabilidades como socio clave de la Unión Europea y que cumplan sus compromisos en materia de gestión de fronteras, retorno y cooperación migratoria; subraya que dicha asociación debe basarse en el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión, como principio fundamental del Derecho internacional y condición innegociable”.

Desde la Comisión Europea, que preside Ursula Von der Leyen, del PPE, se ha tenido mucho cuidado de acusar a Marruecos de cualquier iniciativa relacionada con la entrada de 80.000 inmigrantes en Ceuta. Marruecos es un socio para la UE y en Bruselas no se quiere enfadar a un país con el que se pretenden mantener las mejores relaciones.

Nadie duda de que fue “guerra híbrida”

Mientras que los populares condenan “la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”, los socialistas europeos han recogido la versión del Gobierno español y apuntan a que “los acontecimientos registrados en Ceuta constituyeron un ataque híbrido contra la integridad territorial de Europa, perpetrado por actores internacionales hostiles, junto con traficantes y redes criminales de contrabando, que convencieron a personas para que se desplazaran a Ceuta con la esperanza de dividir a Europa”.

La líder de los socialistas europeos en la Eurocámara, Iratxe García, ha culpado al Partido Popular español de obligar al presidente del PP Europeo, Manfred Weber, de lanzar un mensaje la red social X contra el Gobierno español por la entrada de masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio que provocó la falta de solidaridad de buena parte de los Estados miembros de la UE. Esta semana se está celebrando un pleno en el Parlamento Europeo en el que se está negociando entre los grupos políticos una resolución sobre la crisis migratoria de Ceuta.

“Al minuto de ocurrir esta entrada masiva a Ceuta, el PP español mandó a Weber escribir un post en X contra el Gobierno de España, ahí se abrió la veda”, ha apuntado García, que ha añadido que “Ceuta es España y Ceuta es Europa. Lo que ha ocurrido en Ceuta es una cuestión europea. Los socialistas europeos sentimos que un ataque al Gobierno de España es un ataque a los valores fundamentales de nuestra familia política”.

“Cuando atacaron a Italia, Polonia o Rumanía [en referencia a las crisis migratorias que sufrieron], la primera reacción fue estar al lado del país europeo. El PP tiene que decidir si quiere acordar con una resolución con la extrema derecha o asumir su responsabilidad europea y ayudar a España en esta crisis”, ha apuntado la líder de los socialistas.

De hecho, en la resolución de los socialistas europeos se “expresa la consternación ante la reacción inicial de algunos Estados miembros, que equivalía a culpar a España y al Gobierno español de la llegada sin precedentes de un número tan elevado de personas a Ceuta”. Posteriormente se alaba que varios países expresaron su solidaridad con la situación que estaba sufriendo España.

Además, los socialistas recriminan específicamente al gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni su posición con España: “Critica la decisión de Italia de introducir de forma inmediata, a partir del 1 de agosto y a raíz de los acontecimientos en Ceuta, controles en su frontera interior con España, pese a que las personas llegadas de forma irregular no podían continuar su viaje hacia España ni hacia otro Estado del espacio Schengen; considera que dicha decisión no era ni necesaria ni proporcionada”.

El Parlamento Europeo ha encargado al profesor Adrián Todolí Signes, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València, una investigación destinada a analizar cómo los modelos de negocio y las prácticas laborales de las grandes compañías tecnológicas globales están afectando a las condiciones de trabajo en la Unión Europea.

El estudio aborda hasta qué punto las nuevas formas de organización empresarial utilizadas por las grandes tecnológicas pueden debilitar la aplicación de los estándares laborales existentes o dificultar su efectividad. La investigación examinará fenómenos como la subcontratación, la fragmentación de las plantillas, el empleo mediante empresas intermediarias y el creciente uso de algoritmos para organizar, supervisar y evaluar el trabajo.

Una parte relevante del estudio estará dedicada a la denominada gestión algorítmica, es decir, al empleo de sistemas automatizados y de inteligencia artificial para distribuir tareas, controlar el rendimiento, evaluar a los trabajadores o intervenir en decisiones que afectan a su relación laboral. El proyecto analizará asimismo el uso de tecnologías de vigilancia digital en el trabajo y las dificultades que estas herramientas plantean desde la perspectiva de la legislación laboral y de protección de datos.

El trabajo que interesa al Parlamente europeo comprende el análisis de las prácticas empresariales de las grandes tecnológicas y de sus consecuencias para los trabajadores, así como el estudio del marco jurídico europeo aplicable. La investigación prestará especial atención a cómo la internacionalización y el uso de empresas contratistas locales afecta a las condiciones laborales.

La investigación incluye además un amplio análisis jurídico de la normativa de la Unión Europea y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se estudiará también de manera específica el ordenamiento español y se utilizarán experiencias procedentes de otros Estados miembros cuando permitan identificar problemas regulatorios o soluciones relevantes.

El objetivo es conocer si el marco legislativo actual es suficiente para proteger a las personas trabajadoras ante estos nuevas prácticas empresariales.

Otro de los ámbitos analizados será la contratación pública. El estudio examinará en qué medida las Administraciones pueden utilizar sus contratos con grandes compañías tecnológicas para exigir el cumplimiento de estándares laborales, introducir cláusulas sociales, controlar las cadenas de subcontratación y evitar que determinadas formas de organización empresarial terminen facilitando la elusión de obligaciones laborales.

El proyecto parte de una realidad que ha adquirido una dimensión creciente durante los últimos años. Grandes compañías tecnológicas operan simultáneamente en numerosos países y organizan buena parte de sus actividades mediante complejas redes de sociedades, proveedores, contratistas y empresas auxiliares. Esta estructura permite desarrollar actividades a gran escala, aunque también puede hacer más difícil determinar quién adopta realmente las decisiones que condicionan el trabajo y quién debe asumir las correspondientes responsabilidades jurídicas.

“Las grandes empresas tecnológicas han desarrollado una enorme capacidad para reorganizar los mercados y la forma en la que se presta el trabajo. La legislación laboral europea debe ser capaz de identificar dónde se encuentra realmente el poder de decisión empresarial y garantizar que la utilización de tecnología, intermediarios o cadenas de subcontratación no reduzca la protección que corresponde a los trabajadores”, señala Todolí.

La investigación se desarrollará durante 2026 y sus resultados serán presentados ante el Parlamento Europeo.

Adrián Todolí Signes es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València. Su investigación se ha especializado durante los últimos años en el impacto de la digitalización, la inteligencia artificial y la gestión algorítmica sobre las relaciones laborales. Ha participado como experto en diferentes proyectos nacionales e internacionales relacionados con las plataformas digitales, las nuevas formas de empleo y la transformación tecnológica del trabajo.

El encargo del Parlamento Europeo sitúa de nuevo a la Universitat de València en el debate europeo sobre la regulación de la inteligencia artificial, las grandes plataformas digitales y el futuro de las relaciones laborales, en un momento en el que las instituciones de la Unión están desarrollando nuevas normas destinadas a adaptar la protección de los trabajadores a una economía cada vez más digitalizada.

El Parlament Europeu ha encarregat al professor Adrián Todolí Signes, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València, una investigació destinada a analitzar com els models de negoci i les pràctiques laborals de les grans companyies tecnològiques globals estan afectant les condicions de treball a la Unió Europea.

L’estudi aborda fins a quin punt les noves formes d’organització empresarial utilitzades per les grans tecnològiques poden debilitar l’aplicació dels estàndards laborals existents o dificultar la seua efectivitat. La investigació examinarà fenòmens com la subcontractació, la fragmentació de les plantilles, l’ocupació mitjançant empreses intermediàries i l’ús creixent d’algoritmes per a organitzar, supervisar i avaluar el treball.

Una part rellevant de l’estudi estarà dedicada a l’anomenada gestió algorítmica, és a dir, a l’ús de sistemes automatitzats i d’intel·ligència artificial per a distribuir tasques, controlar el rendiment, avaluar els treballadors o intervindre en decisions que afecten la seua relació laboral. El projecte analitzarà també l’ús de tecnologies de vigilància digital en el treball i les dificultats que aquestes eines plantegen des de la perspectiva de la legislació laboral i de protecció de dades.

El treball que interessa al Parlament Europeu comprén l’anàlisi de les pràctiques empresarials de les grans tecnològiques i de les seues conseqüències per als treballadors, com també l’estudi del marc jurídic europeu aplicable. La investigació prestarà una atenció especial a com la internacionalització i l’ús d’empreses contractistes locals afecten les condicions laborals.

La investigació inclou, a més, una àmplia anàlisi jurídica de la normativa de la Unió Europea i de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. S’estudiarà també de manera específica l’ordenament espanyol i s’utilitzaran experiències procedents d’altres estats membres quan permeten identificar problemes regulatoris o solucions rellevants.

L’objectiu és conéixer si el marc legislatiu actual és suficient per a protegir les persones treballadores davant d’aquestes noves pràctiques empresarials.

Un altre dels àmbits analitzats serà la contractació pública. L’estudi examinarà en quina mesura les administracions poden utilitzar els seus contractes amb grans companyies tecnològiques per a exigir el compliment d’estàndards laborals, introduir clàusules socials, controlar les cadenes de subcontractació i evitar que determinades formes d’organització empresarial acaben facilitant l’elusió d’obligacions laborals.

El projecte parteix d’una realitat que ha adquirit una dimensió creixent durant els últims anys. Grans companyies tecnològiques operen simultàniament en nombrosos països i organitzen bona part de les seues activitats mitjançant complexes xarxes de societats, proveïdors, contractistes i empreses auxiliars. Aquesta estructura permet desenvolupar activitats a gran escala, encara que també pot fer més difícil determinar qui adopta realment les decisions que condicionen el treball i qui ha d’assumir les responsabilitats jurídiques corresponents.

“Les grans empreses tecnològiques han desenvolupat una enorme capacitat per a reorganitzar els mercats i la manera en què es presta el treball. La legislació laboral europea ha de ser capaç d’identificar on es troba realment el poder de decisió empresarial i garantir que la utilització de tecnologia, intermediaris o cadenes de subcontractació no reduïsca la protecció que correspon als treballadors”, assenyala Todolí.

La investigació es desenvoluparà durant el 2026 i els seus resultats seran presentats davant del Parlament Europeu.

Adrián Todolí Signes és catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València. La seua investigació s’ha especialitzat durant els últims anys en l’impacte de la digitalització, la intel·ligència artificial i la gestió algorítmica sobre les relacions laborals. Ha participat com a expert en diferents projectes nacionals i internacionals relacionats amb les plataformes digitals, les noves formes d’ocupació i la transformació tecnològica del treball.

L’encàrrec del Parlament Europeu situa de nou la Universitat de València en el debat europeu sobre la regulació de la intel·ligència artificial, les grans plataformes digitals i el futur de les relacions laborals, en un moment en què les institucions de la Unió estan desenvolupant noves normes destinades a adaptar la protecció dels treballadors a una economia cada vegada més digitalitzada.

Se avecina un otoño caliente en Bruselas. La tensión política se ha acrecentado entre los socios que auparon a Ursula Von der Leyen a la presidencia de la Comisión Europea. Von der Leyen tiene que dar el discurso del Estado de la Unión Europea este miércoles en la sede de Estrasburgo de la Eurocámara mientras la desconfianza se ha acrecentado entre las formaciones políticas cuando se acerca la mitad de la legislatura y las promesas de soberanía e independencia europea están muy lejos de cumplirse. La inmigración con Ceuta como eje de la discusión, la defensa de Europa, la protección de los menores ante las redes sociales o el impulso de políticas que mejoren la economía y la vida de los ciudadanos van a ser parte del discurso de la presidenta de la Comisión.

Los socialistas europeos ya han avisado de que es necesario “un cambio de rumbo”, mientras que los liberales exigen “una vía creíble para convertir la ambición europea en resultados”. Si hay algo que ha caracterizado la gestión de la UE es la escasez de resultados, ya sea por frenos burocráticos o por escollos políticos o nacionales. El PP Europeo, la formación de Von der Leyen, se debate en una lucha contra sí mismo en su estrategia por apoyarse en la ultraderecha para reducir las exigencias medioambientales a las empresas o endurecer las políticas migratorias, a pesar de que se traduce en la perdida de espacio político, como se ha visto con la AfD en las elecciones del lander alemán de Saxony-Anhalt. Además, la ultraderecha ha conseguido imponer su agenda temas como la inmigración, con la aprobación de los centros de retorno en terceros países, o la flexibilización de la agenda verde, sin que hayan tenido apenas desgaste.

En el exterior, la Unión Europea se enfrenta a un triángulo de amenazas. Por un lado, los ataques híbridos de Rusia, que busca minar a Europa, único apoyo real de Ucrania frente al Kremlin; por otro, la política beligerante de la Administración de Donald Trump para debilitar a la UE y dominarla desde el punto de vista empresarial y comercial; finalmente, el riesgo económico que supone China, convertida en un reto financiero debido al abultado déficit comercial de Europa con el gigante asiático. Junto a este contexto geopolítico, la UE también tiene que lidiar con el enemigo interno de una extrema derecha europea alineada con Trump y Vladímir Putin.

Con este panorama, los recelos se han acrecentado entre las formaciones políticas ante los bandazos que ha dado la presidenta de la Comisión Europea en el último año, sin que se hayan cumplido las promesas sobre la independencia de Europa frente al resto del mundo.

Si en el pasado discurso del Estado de la Unión Von der Leyen proponía la suspensión de apoyo bilateral a Israel para frenar el genocidio en Gaza, durante todo el año solo ha obstaculizado cualquier actuación contra Israel.

Si en septiembre de 2025 lanzaba una arenga con tintes militares (“Europa defenderá cada centímetro de su territorio”) tras las violaciones del espacio aéreo de varios países europeos por parte de Rusia, la realidad es que ni la industria militar europea ni los países están aún preparados para responder por si solos a la amenaza del Kremlin y dependen todavía de un aliado como Estados Unidos, que está en proceso de abandono de la defensa de Europa. Todavía es solo un proyecto aquel 'muro de drones' que se anunció como fórmula para responder a la amenaza híbrida de Rusia.

Con el marasmo en el que se ha convertido la política internacional con dirigentes como Trump, Vladímir Putin o Benjamin Netanyahu, Von der Leyen cometió un error sin precedentes en marzo cuando se atrevió a tirar por tierra los principios fundamentales de la Unión Europea con su propuesta de arrinconar el sistema basado en reglas y el derecho internacional cuando fuera necesario. El escándalo fue mayúsculo y Von der Leyen tuvo que dar marcha atrás dos días después tras las exigencias de rectificación por parte de los Estados miembros. Lejos de rebajar su obsesión por controlar la política exterior de la UE, la política alemana presiona para desmantelar el Servicio Europeo de Acción Exterior, que dirige Kaja Kallas, y que sus competencias queden absorbidas por el resto de comisarios, es decir, un movimiento más para centralizar el poder.

Como elemento positivo, Von der Leyen ha conseguido mantener el apoyo europeo a Ucrania frente a Rusia, incluso rompiendo planteamientos de los países más austeros mediante el préstamo de 90.000 millones para Kiev respaldado por deuda europea.

Lejos de cumplir con el informe Draghi

Aunque el año pasado, Von der Leyen aseguraba que la prioridad era sacar a Europa de la atonía económica que le atenaza, los datos son poco elocuentes. Se ha asumido con una tímida alegría el crecimiento del 0,6% de la economía de la zona euro en el segundo trimestre de este año, aunque la inflación se volvió a disparar al 3,3% el pasado agosto, debido a las turbulencias sobre los precios que ha provocado la guerra de Irán. Pero además, el centro de estudios European Policy Innovation Council ha constatado que solo se han aplicado el 15,7% de las 383 recomendaciones incluidas en el informe de Mario Draghi para mejorar la competitividad de la UE.

En todo caso se han dado pequeños pasos en el terreno de la desregulación bajo el eufemismo de simplificación para facilitar la operatividad de las empresas, a veces sacrificando los avances que se había hecho en la lucha contra el cambio climático, pero aspectos como la unidad de mercado, la unidad bancaria, el impulso de campeones europeos, entre otras medidas, son todavía más ideas en sesudos papeles que políticas concretas.

Limitar redes sociales en medio del tsunami de la IA

Una prueba clara de la lentitud en la capacidad de respuesta es que mientras hace un año la prioridad era acelerar el desarrollo para competir con Estados Unidos o China en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, hoy se alzan voces para impulsar la regulación que controle los peligros que puede suponer esta tecnología. Sin embargo, el principal anuncio de Von der Leyen en el campo tecnológico va a ser el establecimiento a nivel europeo de la edad mínima de 15 años para acceder a las redes sociales, cuando el mundo realmente debate ahora el peligro que puede llegar a suponer el desarrollo sin una regulación sólida de la Inteligencia Artificial.

En el ámbito comercial se cerró tras un año de negociaciones internas el acuerdo comercial con Estados Unidos, que en algunas capitales europeas se calificó como “humillante”. Pese al desorden que provocó Trump con su esquizofrénica política arancelaria, la UE ha dado pasos relevantes con la firma de nuevos acuerdos comerciales o la ampliación de los ya existentes con Mercosur, Australia, India o Singapur. Mención aparte tienen las relaciones con Canadá, cuyo primer ministro Mark Carney, participará con un discurso en el pleno del Parlamento Europeo. La UE y el país norteamericano quieren ampliar las relaciones, especialmente económicas y de defensa.

Mientras con China se está a la espera de que en octubre se concreten las negociaciones para tratar de rebajar la tensión en las relaciones económicas entre ambos bloques. Desde hace meses, Bruselas está aprobando medidas para tratar de cambiar la relación comercial con el gigante asiático, que ha calificado como “insostenible”. El objetivo de Europa es reducir su déficit comercial de 360.000 millones de euros con China, sin que las medidas provoquen un movimiento en Pekín que pueda causar males mayores, ante la capacidad que tiene de abrir o cerrar el grifo de exportaciones de minerales críticos y tierras raras, esenciales para la industria tecnológica, automovilística o de defensa. La Comisión aseguró que su “enfoque general sigue siendo la reducción de riesgos ('de-risking'), no el desacoplamiento”.

“Una Europa que anteponga a las personas”

Ante la gestión de Von der Leyen, la líder de los socialistas en la Eurocámara, Iratxe García, señala que “todo el mundo está esperando a la Unión Europea. Hay que alejarse de la desregulación y avanzar hacia una Europa que anteponga a las personas”. García ha resaltado que si no hay un cambio claro de política en Von der Leyen y los populares mantienen su estrategia de pactar con la ultraderecha se encontrarán a los socialistas “en frente”.

Con un tono diferente, pero centrado en la misma idea, el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, subraya que “hay muchas preocupaciones e incluso miedos sobre perder empleos, sobre el coste de la vida, sobre cómo podemos permitirnos nuestra vida y luego financiarla” por lo que “la gente debería estar en el centro del discurso sobre el Estado de la Unión”.

La líder de los liberales en la Eurocámara resalta que “Europa también debe demostrar su relevancia en la vida cotidiana de los ciudadanos. Eso significa reducir las facturas energéticas de las familias y las empresas, hacer frente al coste de la vida y aumentar la oferta de vivienda asequible. No podemos permitir que la extrema derecha venda un pasado idealizado como respuesta a los problemas actuales”.

Las negociaciones por el próximo presupuesto plurianual europeo, correspondiente al periodo 202-2034, está provocando extrañas alianzas entre los países europeos. La batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP) empezó acentuando la clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea con una guerra dialéctica entre los países austeros –Alemania, Países Bajos o Suecia– y los países que pretenden aumentar el gasto y hacer uso de la deuda –Francia, España o Italia–. Sin embargo, la búsqueda de soluciones para evitar recortes presupuestarios ha hecho que países frugales se unan con los 'amigos de la Cohesión'. Vuelve a ponerse sobre la mesa la opción de utilizar los activos congelados rusos, depositados en una entidad belga, para financiar Ucrania en su guerra contra Rusia, un conflicto que ha cumplido cuatro años y no tiene visos de solución a corto plazo.

A finales de agosto, España, Suecia, Polonia y Países Bajos le mandaron una carta conjunta a la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en la que reclamaban “hacer un mayor uso” de los 210.000 millones de activos rusos congelados que están depositados en la empresa Euroclear, con sede en Bélgica. Ahora la iniciativa también ha sido recogida por Alemania, que tiene como objetivo recortar drásticamente el presupuesto comunitario en su conjunto, y ha encontrado en los fondos rusos una vía para cerrar el paso a un incremento del gasto presupuestario.

De esta manera, estados que reivindican la austeridad como Alemania, Suecia o Países Bajos se han unido a países como España, que abogan por incrementar el gasto y utilizar deuda conjunta, en pos de utilizar los activos rusos también para acercar posturas en una negociación presupuestaria que se antoja imposible.

Entonces, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, agradeció la iniciativa de los cuatro países y señaló que “Ucrania necesita cubrir el creciente desfase entre sus gastos de defensa y los costes de reconstrucción y recuperación. Es justo y lógico utilizar los activos rusos, en lugar de recurrir únicamente al dinero de los contribuyentes europeos. Mediante un debate profesional y un análisis riguroso, los expertos pueden desarrollar soluciones viables que sean conformes con las normas europeas, el derecho internacional y el principio del Estado de derecho, al tiempo que los riesgos pueden mitigarse y repartirse colectivamente de forma equitativa, sin imponer una carga injusta a ningún Estado miembro en particular”.

El pasado diciembre la Unión Europea fracasó en su intento de utilizar los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados para financiar a Ucrania en su guerra con Rusia. Tras más de 16 horas de negociación, los responsables de las instituciones europeas, respaldados por numerosos países, no consiguieron doblegar el brazo a Bélgica, país que vetó la utilización de los activos inmovilizados rusos con el argumento de las posibles consecuencias judiciales en un futuro. Como solución, la UE cerró un acuerdo para prestar 90.000 millones de euros a Ucrania avalados con el presupuesto comunitario.

Este viernes, la Comisión Europea aprobó, dentro del préstamo de 90.000 millones, la concesión de 6.100 millones de euros para que Ucrania adquiera armas para defensa aérea y antimisiles, drones y material para guerra electrónica. Bruselas asegura que “estos fondos servirán para adquirir productos de defensa tanto a empresas de la UE como ucranianas. Tras el acuerdo alcanzado el lunes por los Estados miembros, la decisión permite además a Ucrania adquirir misiles PAC-3 para los sistemas Patriot”, que son vitales para evitar ataques con misiles balísticos por parte de Rusia.

La Comisión ya ha desembolsado 8.350 millones de euros en financiación para la defensa de Ucrania de los 28.300 millones de euros designados para este objetivo en 2026. El problema es que el Gobierno ucraniano advierte de que Rusia no da señales de querer finalizar la confrontación y las necesidades financiera para la defensa de Ucrania crecen.

Fuentes diplomáticas han señalado que se puede plantear a Bélgica la utilización de los activos rusos ante la amenaza de recibir menos dinero para agricultura o las regiones. En el actual presupuesto plurianual de la UE (2023-2027), Bélgica tiene asignados 3.150 millones de euros mientras que en fondos regionales recibiría otros 3.000 millones.

Esta semana un grupo de 122 europarlamentarios (pertenecientes al Partido Popular Europeo, Socialistas y Demócratas, Renew Europe, Verdes/ALE, La Izquierda y ECR) solicitaron por carta a las instituciones europeas que se retome la iniciativa de los fondos rusos, ya que el préstamo de 90.000 millones no será suficiente. Ante la recepción de la misiva, la Comisión Europea ha respondido que la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados “nunca ha estado fuera de la mesa. Sigue estando ahí como una herramienta”.

Pasar los activos rusos a cuentas bajo jurisdicción de la UE

La UE está buscando son soluciones jurídicas que reduzcan el riesgo que pone Bélgica como excusa. Una de las opciones que se ha planteado es la posibilidad de transferir la custodia de los activos congelados de Bélgica a la jurisdicción de la Unión Europea, es decir, los demás países de la UE compartirían conjuntamente con los riesgos, como exigen los dirigentes belgas, en caso de que el Banco Central de Rusia vaya a los tribunales.

El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, afirmó en agosto durante una visita a Ucrania que Bélgica se abriría a utilizar los activos congelados si los demás países de la UE comparten los riesgos.

Las últimas sentencias judiciales están siendo contrarias a los intereses rusos. El Tribunal General de la Unión Europea rechazó el recurso presentado por el Gobierno de Hungría, con Viktor Orbán como primer ministro, contra la decisión de utilizar los intereses procedentes de los activos rusos congelados para apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas. El pasado agosto la UE transfirió casi 1.400 millones de euros en intereses generados por activos rusos congelados. Esta es la quinta transferencia de este tipo, que acumula algo más de 8.000 millones para Ucrania.