Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha acordado este martes cursar suplicatorio al Parlamento Europeo para que suspenda la inmunidad del eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, en relación a la causa abierta contra él tras una querella del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, por presuntos delitos de coacciones o amenazas condicionales.

Según recoge el auto del instructor, los hechos objeto de querella vienen conformados por diversas declaraciones y manifestaciones del ultraderechista en el canal público de la plataforma de mensajería Telegram identificado como “@Alviseperez”, canal que aparece públicamente asociado a su nombre desde, al menos, el mes de octubre de 2024 y hasta el mes de diciembre de 2025. En esos mensajes, comentarios y enlaces a contenidos de terceros, referidos directa y nominalmente al querellante, José Ignacio Landaluce Calleja, instaba para que dimitiera de su cargo de alcalde de Algeciras, con la advertencia de que, de no hacerlo, haría públicos contenidos relativos a comportamientos presuntamente delictivos.

Tras destacar en el auto varios de los mensajes señalados, el instructor indica que los hechos, en principio, podrían ser constitutivos de delitos de coacciones del artículo 172.1 del Código Penal, o, alternativamente, de amenazas condicionales del artículo 169.1.

Se trata del cuarto suplicatorio elevado desde el Supremo en causas abiertas al ultra Alvise Pérez. De los otros tres suplicatorios ya cursados, dos ya han sido concedidos: el que le investiga por delitos de financiación ilegal de partido y por delito electoral por la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, y el que tiene abierto por mensajes relativos a la fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia. El tercero es el referido a presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF.

Aparte de esas cuatro causas, Alvise Pérez tiene actualmente abiertas en el Supremo otras dos: una por la presunta difusión de una prueba falsa de COVID del exministro de Sanidad y hoy presidente de la Generalitat catalana Salvador Illa, y otra por presunta instigación de desórdenes públicos en relación a protestas agrícolas de febrero de 2024 en Madrid.

El peligroso incendio de la sierra de Alcubierre, que sigue sin estar controlado, volvió a coger a Jorge Azcón fuera de Aragón. En concreto, en el Comité Europeo de las Regiones, donde se ha convertido ya en un habitual: se ha desplazado hasta Bruselas hasta siete veces en los menos de tres años que lleva como presidente autonómico para actos en esta institución, de menor fuste que la Comisión o el Parlamento Europeo. Su antecesor, el socialista Javier Lambán, solo fue dos veces en ocho años de gobierno a la capital belga, y en ambas para sendos eventos en la Eurocámara.

No es la primera vez que un suceso le sorprende lejos de la comunidad, ya que la riada de hace un año le cogió de boda privada en Galicia. En esta ocasión ha sido distinto: primero era un viaje oficial y además Azcón reaccionó a tiempo al adelantar su regreso 24 horas: el mismo viernes a primera hora ya estaba en la Sala de Crisis del 112 Aragón para seguir la evolución del fuego en Leciñena, y a continuación se desplazó hasta las zonas afectadas.

La historia de Azcón con el Comité de las Regiones viene de lejos. Al principio de su etapa como primer edil de Zaragoza, en 2020, trascendió que recibía semanalmente su despacho de Alcaldía clases de inglés sufragadas por este órgano comunitario, que da voz a las regiones y a las entidades locales. “Me lo pago yo y se la paso al Comité de las Regiones para que me la abone”, admitió entonces al diario Público. Ahora, como presidente autonómico, ha conseguido ascender hasta una de las vicepresidencias de la Mesa, lo que según fuentes del Ejecutivo autonómico justifica tanto desplazamiento de Azcón a Bruselas. Sin embargo, esto tiene una segunda lectura: en realidad, la Vicepresidencia Primera recae en el presidente andaluz, Juanma Moreno, mientras que el dirigente aragonés se ha repartido con su homólogo gallego, Alfonso Rueda, una de las otras 27 vicepresidencias de la Mesa y la ocupará durante la segunda mitad del actual mandato.

Según informó el 'Faro de Vigo' hace unas semanas, Rueda se ha desplazado a Bruselas desde enero del año pasado en cinco ocasiones, tantas como Azcón pese a que el primero ha sido quien ha ocupado en este tiempo el puesto de vicepresidente. El exalcalde de Zaragoza ha acudido a la capital belga en enero y noviembre de 2024; en febrero, mayo y octubre de 2025, y en mayo y junio de este año. En este tiempo, además de asistir a las sesiones plenarias del Comité de las Regiones, Azcón ha escenificado reuniones con los comisarios europeos de Transportes, de Agricultura y de Start Ups, Investigación e Innovación. Las mismas fuentes autonómicas recuerdan la importancia de “defender los intereses de Aragón” ante estas instancias en materias “críticas” como el transporte (como el Canfranc) o la agricultura (por la PAC).

El Comité de las Regiones es una institución comunitaria de carácter más secundario que decisorio: su mayor competencia es que debe ser consultado por la Comisión Europea y el Consejo de la UE en propuestas que generen afecciones en el ámbito regional o local. Su influencia se articula a través de dictámenes que se publican en el Diario Oficial comunitario y mediante estudios sectoriales con la ayuda de expertos. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa tiene también la capacidad de interponer recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En sus ocho años como presidente aragonés, entre 2015 y 2023, el socialista Javier Lambán fue mucho menos proclive a viajar hasta Bruselas y de hecho delegó en los consejeros de Presidencia, Vicente Guillén primero y Mayte Pérez después, la asistencia a los plenos. Sí que se desplazó en su primera etapa a la capital belga, pero para tres actos concretos —en octubre de 2016 y en julio y noviembre de 2018— sobre el Canfranc, la política regional comunitaria y el Corredor Cantábrico Mediterráneo.

Otras polémicas

El presidente aragonés ha vivido más de una polémica debido a sus viajes fuera de Aragón, especialmente en los desplazamientos privados. A finales de enero de 2024, precisamente poco antes de su primer vuelo a Bruselas como jefe del Ejecutivo, saltó una gran controversia debido a la semana de asueto que Azcón pasó en Puerto, adonde fue con su amigo, el constructor Juan Forcén, más las respectivas parejas. Ante la petición de explicaciones por parte de la oposición, justificó que fue un viaje pagado por su mujer por su 50 cumpleaños.

A este se suma la mencionada visita a Galicia en junio del año pasado, hasta donde acudió con vehículo y chófer del Gobierno de Aragón para asistir a la boda del conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta. Ahí permaneció dos días pese a que ya había comenzado un episodio de fuertes tormentas que arrasaron municipios de Zaragoza y Teruel.

El futuro político de Marine Le Pen se decide esta semana. Un tribunal de París anunciará el martes la sentencia del juicio en apelación en el caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional (hoy rebautizado Agrupación Nacional, RN) por el que Le Pen fue juzgada y condenada por primera vez en 2025. La todavía líder del partido ha anunciado que la decisión judicial condicionará su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027.

Le Pen, junto a varios antiguos eurodiputados del partido, fueron condenados por haber establecido, entre 2004 y 2016, un “sistema” destinado a desviar fondos de la Unión Europea. En concreto, utilizando el dinero destinado a los asistentes parlamentarios de los eurodiputados para financiar otras actividades del partido en Francia.

El tribunal estimó que el Frente Nacional malversó 2,9 millones de euros durante más de 11 años, a través de un sistema de empleos ficticios que consistía en hacer que los asistentes parlamentarios de los eurodiputados trabajaran para el partido. La sentencia consideró probada además “la existencia de un sistema organizado, centralizado y optimizado”, con Marine Le Pen “en el centro” del mismo desde 2009, cuando “se integró con autoridad y determinación en el funcionamiento establecido por su padre, en el que ya participaba desde 2004”.

En primera instancia, Le Pen fue condenada en marzo del año pasado por un delito de malversación de fondos públicos a cuatro años de prisión, con dos de prisión firme (que probablemente podría cumplir con brazalete electrónico), además de una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación para cargos públicos con ejecución inmediata. Esta última pena, aún en vigor, le impide presentarse a futuras elecciones en Francia, incluidas las presidenciales de 2027. No obstante, Le Pen ha podido conservar su acta de diputada, ya que la jurisprudencia francesa permite a los parlamentarios mantener su escaño hasta el final de la legislatura.

En el juicio en apelación, celebrado el pasado febrero, la fiscalía solicitó que se confirmaran las penas requeridas en primera instancia, aunque redujo ligeramente la petición de cárcel a solo un año de prisión efectiva. En cualquier caso, la triple candidata a las elecciones presidenciales (finalista en 2017 y 2022) anunció ya en febrero que la decisión del tribunal de apelación determinará el futuro de su candidatura. “Si se aceptan las peticiones de la Fiscalía, se me impedirá presentarme a las elecciones”, advirtió entonces.

Más allá de la posible inhabilitación, Le Pen también considera que una condena de prisión imposibilitaría la campaña. “Si puedo ser candidata, lo seré, siempre y cuando pueda hacer campaña”, declaró la diputada hace unos días en una entrevista al canal LCI, añadiendo que “cuando se es candidato a las presidenciales, hay que tener total libertad de movimiento”. Por eso, Le Pen había advertido que, de una forma u otra, la sentencia del martes marca el momento decisivo respecto a la viabilidad de una nueva candidatura.

Posible resquicio

Pese a que el llamado caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional lleva más de diez años abierto, la sentencia de marzo de 2025 pareció sorprender a Marine Le Pen, que durante todo el juicio negó cualquier acción delictiva y rechazó la autoridad del Parlamento Europeo para poner en cuestión la utilización de los fondos de los diputados. No obstante, en la apelación, los acusados han variado su defensa y han alegado diferencias de interpretación o desconocimiento de las normas comunitarias.

En cualquier caso, la mayoría de juristas considera como escenario más probable la confirmación de la sentencia y de las penas pronunciadas en primera instancia. Prácticamente nadie contempla ni la absolución total, ni la suspensión completa de la pena de inelegibilidad.

No obstante, el partido aún estima posible un pequeño resquicio que permitiría a Le Pen presentarse por cuarta vez a la jefatura del Estado: la reducción de la inhabilitación de cinco a dos años, con lo que finalizaría el 31 de marzo de 2027. La primera vuelta de las presidenciales se celebrará el domingo 18 de abril y, en Francia, los mismos expertos se interrogan estos días sobre si menos de un mes de margen es suficiente para realizar todos los trámites necesarios para inscribir la hipotética candidatura de Le Pen.

El veredicto en primera instancia fue acogido con una oleada de críticas con ecos trumpistas, invocando una persecución política por parte “del sistema”. El partido organizó un mitin de apoyo a la líder ultra, con participación de figuras de la ultraderecha europea, en el que Le Pen llegó a compararse con Martin Luther King.

Candidatura de Bardella

La extrema derecha lepenista está en posición destacada en todos los sondeos de cara a la primera vuelta de las presidenciales del año que viene, tanto si Marine Le Pen es candidata como si la inhabilitación obliga a su protegido, Jordan Bardella, a tomarle el relevo. De hecho, los expertos en demoscopia apuntan que las encuestas son ligeramente más favorables para Bardella.

Sin embargo, los posibles adversarios que se han manifestado al respecto, afirman que Bardella, por su juventud y falta de experiencia en una campaña presidencial, sería un candidato menos sólido. “[Marine Le Pen] es una mujer muy inteligente, no está ahí por casualidad. Y si se presenta por cuarta vez, no es una rival de la que uno se pueda burlar”, reconocía recientemente Jean-Luc Mélenchon en una entrevista a la emisora Radio Nova.

Más relevante aún, en caso de inhabilitación confirmada, queda por ver cómo los líderes de la extrema derecha francesa gestionan el reequilibrio de su nueva relación entre mentora y protegido. Bardella, que reconoce deber su carrera a Marine Le Pen, ha ido poco a poco cimentando una popularidad propia, a veces eclipsando a su mentora, y una línea política ligeramente divergente al populismo lepenista.

Dentro de RN algunos ven con desconfianza un posible giro liberal y en cierto modo favorable a la élite económica. Divergencias a las que no está acostumbrado un partido de tradición bonapartista, de clan y vertical, gestionado siempre por una misma familia, en el que por primera vez —y por causas externas— el poder de decisión lo tendría un candidato que no se apellida Le Pen.

Agentes de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registran este miércoles un inmueble en el distrito madrileño de Salamanca adscrito al grupo parlamentario europeo Identidad y Democracia (ID), el antiguo grupo de extrema derecha liderado por Marine Le Pen y Matteo Salvini. Ahora este grupo de la eurocámara se denomina Patriots for Europe, donde además de las formaciones francesa e italiana también está inscrita la formación española ultraderechista Vox.

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que el operativo se enmarca en una diligencia ordenada por la Fiscalía europea que afecta a varios países, entre ellos España, Bélgica, Italia y Francia.

Se trata de una investigación por el presunto mal uso de fondos europeos por parte de los eurodiputados de Identidad y Democracia.

La propia Fiscalía europea ha confirmado a EFE estar “está llevando a cabo medidas de investigación en Francia y otros países europeos en el marco de una investigación en curso sobre el uso de fondos europeos por parte de un antiguo grupo político del Parlamento Europeo entre 2019 y 2024”, si bien ha rechazado facilitar más información para no comprometer las pesquisas.

Presuntamente, el grupo ID (que estuvo en activo entre 2019 y 2024) gastó indebidamente 4,33 millones de euros abonados por el Europarlamento para garantizar su funcionamiento.

Entre los usos de ese dinero figurarían donaciones a asociaciones que no guardaban relación directa con la actividad del grupo político y también contratos con empresas afines a los partidos.

Solo hace dos semanas, el grupo de extrema derecha Patriots for Europe, en el que está inscrito la formación ultra española Vox, tuvo que devolver 276.967 euros de fondos de la UE que utilizó de forma indebida en 2024.

Una auditoría del departamento financiero del Parlamento Europeo confirmó que el grupo de extrema derecha realizó donaciones impropias, además de infringir las normas de contratación pública y de conceder contratos mediante procedimientos irregulares, que según la auditoría fueron concedidas a empresas francesas con estrechos vínculos con el partido francés Rassemblement national

Seis centros educativos de Cantabria serán Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) en el próximo curso 2026-2027, en el que participarán un total de 260 centros de toda España.

El programa ha recibido 539 solicitudes de centros educativos del conjunto del país, una cifra superior a la del año pasado. De todas ellas, se han seleccionado finalmente 260 Escuelas Embajadoras, distribuidas por todas las Comunidades Autónomas y Melilla. De estas 260 escuelas, 103 son centros de nuevo ingreso y 157 renuevan su candidatura EPAS. Además, 75 de estos centros educativos -con más de tres años de participación en el programa- actuarán como MEPAS (Escuelas Mentoras), convirtiéndose en referentes para otras escuelas embajadoras de su comunidad.

En el caso de Cantabria, hay cinco centros EPAS. Se trata del IES El Astillero, el CPEE Pintor Martín Sáez de Laredo, el Colegio San José - Niño Jesús de Reinosa, el IES La Marina de Santa Cruz de Bezana y el IES Leonardo Torres Quevedo de Santander. Además, el IES Cantabria de Santander actuará como Escuela Mentora.

La edición 2026-2027 será la duodécima de este programa que se desarrolla en todos los países de la Unión Europea, así como en Reino Unido. Cada año, el programa EPAS involucra a cerca de 6.500 alumnos a partir de 4º de la ESO y a unos 1.000 profesores en España. Desde su inicio en el curso 2015-2016, más de 400 centros y 49.000 estudiantes de todo el país se han beneficiado de este programa.

El programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo tiene como objetivo fomentar el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes. Se basa en un enfoque participativo que permite al alumnado comprender activamente qué es la Unión Europea, cómo funciona y cómo afecta a su vida cotidiana.

Además de enseñar contenidos sobre la UE, el programa ofrece al alumnado la oportunidad de experimentar su ciudadanía europea, promoviendo valores democráticos y la participación activa. Al completar el programa, tanto estudiantes como docentes adquieren una mayor comprensión de las oportunidades que ofrece la ciudadanía europea y del papel que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones. Uno de los objetivos clave es motivar la participación electoral en las elecciones europeas.

Los centros participantes se comprometen a asistir a una formación obligatoria en Madrid al inicio del curso (con todos los gastos cubiertos por el Parlamento Europeo); mantener un InfoPoint sobre el Parlamento Europeo actualizado en un espacio visible del centro; trabajar con materiales didácticos proporcionados por el Parlamento Europeo; oganizar actividades relacionadas con la Unión Europea a lo largo del curso, y celebrar el 9 de mayo, Día de Europa, con eventos e iniciativas propias.

A lo largo del curso 2025-2026, los centros participantes llevaron a cabo múltiples actividades vinculadas con la Unión Europea. Entre ellas, destacan los encuentros con eurodiputados españoles, las simulaciones del Parlamento Europeo o los encuentros EPAS autonómicos y regionales. Además, algunos centros participaron en un encuentro transnacional junto a escuelas embajadoras de Chipre y Malta, celebrado en abril en Madrid.

El euro digital avanza tras meses de negociaciones en el Parlamento Europeo. El Comité de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara ha aprobado este martes el paquete legislativo de la moneda única para reforzar la aceptación y el acceso al efectivo en toda la Unión Europea y avanza en la creación de un euro digital tanto en su versión en línea como el pago a través de aplicaciones sin conexión. Los partidos que han respaldado la propuesta resaltan que es el paso decisivo para reducir la dependencia de las empresas de pago estadounidenses como Visa o Mastercard.

El eurodiputado español del PP Fernando Navarrete ha dirigido la ponencia para que el euro digital sea una realidad en los próximos años. El eurodiputado popular ha destacado que el acuerdo protege por primera vez a nivel europeo el efectivo, ya que se garantiza tanto su aceptación como su acceso en todo el territorio de la Unión, incluidas las zonas rurales y menos pobladas.

Finalmente, el euro digital será una nueva forma electrónica de dinero emitida por el Banco Central Europeo (BCE) y funcionaría tanto en línea como sin conexión. En un primer momento, la ponencia solo recogía la fórmula sin conexión, ya que Navarrete defendía que se debía dejar a la iniciativa privada la posibilidad de ofrecer fórmulas de pago, pese a la negativa del BCE. Finalmente, se han impuesto las dos fórmulas: una vía de pagos en línea, que se procesarían mediante un sistema basado en cuentas, y otra fórmula como si fuera un monedero con pagos sin conexión, que funcionaría directamente a través de dispositivos de almacenamiento local, como un teléfono móvil.

Operaciones sin registro de liquidación

Esta fórmula offline responde a las presiones de varios grupos políticos por asegurar la privacidad en las operaciones. De esta manera, este monedero no registrará la liquidación del pago en una plataforma ni se enviará la información de la transacción. Para acceder a la información de ese pago, las autoridades tendrán que argumentar la petición de la información y que un juez le dé el permiso.

En la versión en línea, los bancos tendrán que ser los que ofrezcan a sus clientes de manera gratuita la vía para su utilización, ya que en esta versión serán los comerciantes los que abonarán el coste de la creación de la infraestructura, como ya ocurre con los TPV para el pago con tarjetas de crédito o débito. La nueva normativa marca que en ningún caso los comerciantes tendrán que pagar más por el euro digital de lo que ya pagan por admitir el pago con tarjeta.

Todos los comercios que ya hayan aceptado alguna forma de pago digital estarán obligados a aceptar el euro digital, solo aquellos que todavía no tengan una vía tecnológica de cobrar a sus clientes podrán rechazar esta vía de pago.

“El objetivo no es empujar a nadie hacia una determinada forma de pago, sino ofrecer más opciones y preservar la libertad de elección. Queremos que quien quiera seguir utilizando efectivo pueda hacerlo y que quien prefiera medios digitales disponga también de una alternativa europea y segura proporcionada por el Banco Central Europeo”, ha señalado Navarrete.

Ante la preocupación del BCE por la estabilidad financiera, hay unos límites de tenencia de euros digitales para los ciudadanos, con el objetivo de que no haya trasvases masivos de depósitos a euros digitales y se provoquen problemas de solvencia a las entidades financieras. Será la institución que marca la política monetaria quién establezca ese límite, aunque tendrá flexibilidad para bajarlo o subirlo según la situación económica.

Jonás Fernández, portavoz de los socialistas en asuntos económicos y monetarios en la Eurocámara, ha destacado que “este acuerdo garantiza la continuidad del dinero público europeo en todas sus formas y nos dota de una nueva herramienta que, por primera vez, ofrecerá a ciudadanos y pequeñas empresas una alternativa genuinamente europea al oligopolio extranjero de pagos que actualmente impone sus condiciones a voluntad”.

Dentro del grupo de Liberales, Gilles Boyer, ha señalado que “los sistemas de pago no son neutrales; son instrumentos de poder. Nosotros, los europeos, hemos tenido muchas señales de alerta sobre nuestra dependencia de Estados Unidos. Ahora estamos plenamente despiertos, pero no siempre actuamos. La votación de hoy sobre el euro digital está convirtiendo en realidad una solución de pago soberana y paneuropea”.

Ahora comenzarán las negociaciones con los Estados miembros en julio para intentar cerrar un acuerdo final a finales de 2026. El BCE tiene previsot que la emisión del euro ditital sea a principios de 2029.

El grupo de extrema derecha Patriots for Europe, en el que está inscrito la formación ultra española Vox, tiene que devolver 276.967 euros de fondos de la UE que utilizó de forma indebida en 2024. Una auditoría del departamento financiero del Parlamento Europeo ha confirmado que el grupo de extrema derecha realizó donaciones impropias, además de infringir las normas de contratación pública y de conceder contratos mediante procedimientos irregulares, que según la auditoría fueron concedidas a empresas francesas con estrechos vínculos con el partido francés Rassemblement national, según publica Politico.

Las irregularidades financieras del grupo de extrema derecha Patriots corresponden al segundo semestre de 2024. Este grupo ultra tiene otra investigación pendiente por la utilización de ayudas por 4,3 millones de euros cuando tenía como denominación Identidad y Democracia entre 2019 y 2024.

El comité de control presupuestario de la Eurocámara ha solicitado al Parlamento que exija los 4,3 millones de euros de Patriots, pero el grupo se niega a pagar con el argumento de que no tiene vínculos con Identidad y Democracia, a la que definen como una entidad jurídica distinta, pese a que repiten en el mismo grupo partidos como Rassemblement national o el italiano La Lega o el austriaco FPÖ.

En el caso de las irregularidades y el dinero que sí se ha confirmado que tiene que devolver, según el informe de los servicios de la Eurocámara, el grupo Patriots donó 54.620 euros a organizaciones locales y regionales, lo cual es una ilegalidad, ya que el reglamento del Parlamento Europeo marca que los gastos se deben dedicar a actividades políticas a nivel de la UE. Entre las asociaciones que fueron financiadas por el grupo de ultraderecha están grupos que defienden tradiciones francesas y flamenca, extrañas asociaciones deportivas como una organización de fútbol sala en Martinica, un club de tenis en Guadalupe y una organización guadalupeña que organiza competiciones de quads o un grupo italiano que promueve los coches Fiat Panda.

Por otro lado, Patriot también adjudicó irregularmente tres contratos públicos por valor de 197.258 euros, de los que la mayor parte, 146.444 euros, se concedieron a e-Politic, una empresa de comunicación que estaba dirigida por un antiguo responsable de Rassemblement national y que prestó servicios a dicho partido durante años, según informó Le Monde.

Los funcionarios de la eurocámara también apuntan a 25.200 euros gastados en publicidad en una revista política dirigida por un antiguo miembro del Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ, Partido de la Libertad de Austria). El Parlamento consideró este gasto irregular por ser una subvención encubierta. El servicio financiero del Parlamento ha señalado que el dinero malgastado debe recuperarse de los fondos de 2025 concedido al grupo ultraderechista.

La europarlamentaria de Podemos, Irene Montero, ha dado este martes la nota de color en la Eurocámara cuando le ha cantado el cumpleaños feliz al presidente de EEUU, Donald Trump, como crítica a la política exterior de la Unión Europea. “¿Qué celebra Europa? ¿Podemos celebrar que hemos impedido un genocidio? ¿Hemos parado una agresión ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán? ¿Podemos celebrar que hemos roto relaciones con Israel? ¿Hemos parado la ocupación del Líbano? No, nada de eso podemos celebrar”, ha comentado la eurodiputada.

Montero se ha dirigido a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, que se encontraba en el Parlamento Europeo: “¿Qué celebra usted señora Kallas? ¿Celebra usted el cumpleaños de Donald Trump? Entonces vamos a cantarle”.

Ha sido en ese momento cuando la representante de Podemos en la Eurocámara ha empezado a cantar en inglés el cumpleaños feliz. “Happy birthday to Trump, happy birhday mister Genocide... (Cumpleaños feliz para Trump, cumpleaños feliz señor Genocidio”.

Kallas se encontraba en la Eurocámara porque el pleno estaba debatiendo una resolución bajo el título 'El papel de la UE en los esfuerzos por la paz y la estabilidad en todo Oriente Medio tras el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán'. Kallas ha señalado en el Parlamento Europeo que había “motivos para un optimismo cauto en cuanto a la situación en Oriente Medio. Una vez (el acuerdo) esté plenamente implementado, debería además contribuir a aliviar la presión en los mercados globales de energía”.

Montero ha asegurado que Europa no tiene nada que celebrar en esta guerra. “¿Qué está celebrando Europa? Irán está celebrando que ha ganado. Y Donald Trump, como no puede celebrar que ha ganado, celebra su ochenta cumpleaños montándose su propio imperio romano poniendo a sus gladiadores a romperse la cara como se la han roto a Topuria”.

Otros grupos políticos se han mostrado críticos con la liviana posición de la UE frente a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Iratxe García, líder de los socialdemócratas en la Eurocámara, ha destacado que “el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Pero también demuestra el absoluto sinsentido de esta guerra. Tras miles de muertos y semanas de inestabilidad global, volvemos al punto de partida: la libre circulación por el estrecho de Ormuz”.

Por su parte, Valérie Hayer, presidenta de Renew, el grupo de los liberales en la Eurocámara, ha comentado que “durante casi cuatro meses, esta guerra absurda ha supuesto graves riesgos para la seguridad nuclear mundial. Ha desestabilizado Oriente Medio, la economía europea y el comercio global. Nuestro pensamiento está con el pueblo iraní, que sufre desde hace décadas la represión y el terror de un régimen que le priva de libertad y dignidad. Ojalá este acuerdo de paz con Estados Unidos abra un camino de esperanza”.

Hace un año, el 10 de junio de 2025, Yanis Varoufakis intervenía en el Parlamento Europeo en un evento organizado por The Left y M5S Europa, junto a Jeffrey Sachs y Giuseppe Conte, para debatir sobre las condiciones económicas para la paz. Lo que dijo entonces no solo no ha perdido vigencia: se ha vuelto más urgente con cada mes que pasa. Vale la pena recuperarlo, porque sus palabras iluminan con precisión incómoda el camino que Europa ha decidido recorrer.

Vivimos en el Antropoceno. Los geólogos así lo han bautizado: la era en la que la acción humana se ha convertido en la principal fuerza transformadora del planeta. El cambio climático no es ya una amenaza futura; es el presente que habitamos. Entre todos los sistemas que sostienen la vida en Europa, uno de los más frágiles y determinantes es el Gulf Stream, esa corriente del Atlántico Norte que transporta calor desde el trópico hacia nuestras costas y garantiza el clima templado del que gozamos. Sin él, inviernos siberianos en Lisboa o en Bilbao. Los científicos advierten de que el calentamiento global está alterando la salinidad del océano y amenaza con debilitar o incluso invertir esta corriente. Un cambio invisible en las profundidades del Atlántico, con consecuencias catastróficas en superficie.

Esta imagen me parece la metáfora más precisa para describir lo que el keynesianismo militar está haciendo hoy con la economía europea. Opera en profundidad, silenciosamente, y sus efectos se percibirán en superficie cuando ya sea tarde para revertirlos.

El concepto no es nuevo. Eisenhower lo advirtió en 1961, cuando al abandonar la presidencia pronunció uno de los discursos más lúcidos y valientes de la historia política americana: cuidado con el complejo militar-industrial, dijo, porque tiene la capacidad de capturar el Estado, desviar los recursos públicos y distorsionar la democracia desde dentro. Lo que Eisenhower veía como un riesgo, Varoufakis lo describe hoy como un sistema consumado y en plena expansión. Un sistema que, como la mafia, no vende seguridad: vende la ausencia de la amenaza que él mismo genera o amplifica. Para perpetuarse necesita conflictos, todos ellos convenientemente lejanos del territorio americano. Necesita que el miedo no desaparezca nunca del todo, porque el miedo es su materia prima y su razón de ser.

Esta es, en realidad, una dimensión nueva del Minotauro Global que Varoufakis describió en su libro homónimo. Más allá de los déficits gemelos —comercial y fiscal— que EEUU utiliza como aspiradora del excedente mundial, el sistema necesita conflictos que lo alimenten. Sin guerras o amenazas de guerra no hay demanda de armamento. Sin demanda de armamento no hay justificación para el gasto público militar. Sin ese gasto, el motor keynesiano del complejo se detiene. El conflicto no es un fallo del sistema; es su condición de funcionamiento.

El caso más extremo y más sangrante de esta lógica es el genocidio que Israel perpetra contra la población palestina, en Gaza y en Cisjordania. Hay una psicología de la impunidad que cualquiera que haya tenido que gestionar una situación de abuso de poder conoce bien: cuando a quien ejerce la tiranía no se le ponen límites, el monstruo crece. Cada acto que queda sin consecuencias redefine hacia arriba el umbral de lo tolerable, tanto para quien lo comete como para quienes lo contemplan. Israel lleva décadas acumulando esa experiencia: cada asentamiento ilegal consentido, cada operación militar desproporcionada que mereció solo una “condena enérgica”, cada flotilla atacada con impunidad, ha sido interpretada como una señal inequívoca de que puede seguir. Lo que Ben Gvir hace hoy —la crueldad exhibicionista, la humillación deliberada— solo es explicable como comportamiento de quien ha interiorizado que no habrá consecuencias. Es la conducta de un Estado que ha aprendido que los límites son decorativos. El resultado es un Estado militarizado hasta los huesos, campo de pruebas de armamento convencional y de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial aplicada al exterminio, que avanza masacrando a la población autóctona con la impunidad de los vaqueros del lejano oeste. La diferencia es que aquello ocurrió hace siglo y medio y lo conocemos por los libros de historia. Esto sucede ahora, en el siglo XXI, y lo estamos viendo en streaming. Quien quiera mirar, puede hacerlo. La pregunta perturbadora es cuántos prefieren no hacerlo.

Y es en este contexto donde Europa cae en la trampa. La Cumbre de La Haya de junio de 2025 fijó el objetivo del 5% del PIB en gasto de defensa para 2035. Un nivel sin precedentes en tiempos formalmente de paz. El problema es que Europa no tiene la arquitectura institucional —ni soberanía monetaria, ni base industrial integrada, ni política de compras común— para que ese gasto genere un multiplicador propio. Una parte sustancial del incremento se irá en importaciones de equipamiento americano. El keynesianismo que se activa no es europeo; es americano. Europa paga, EEUU cobra, y el Gulf Stream de la dependencia no solo no se invierte sino que se refuerza.

El coste de oportunidad es enorme y concreto. Cada euro destinado a defensa es un euro que no va a la descarbonización, a la digitalización, a la transición sociodemográfica de un continente que envejece. Piketty acaba de cuantificarlo con precisión en el Global Justice Report, presentado la semana pasada en París en la Conferencia Mundial sobre Desigualdad: un euro invertido en educación o sanidad genera tres o cuatro veces menos huella material y energética que el mismo euro en industria manufacturera o defensa. La aritmética del keynesianismo militar es, pues, doblemente perversa: destruye más planeta por euro gastado y genera menos tejido productivo transferible a la economía civil.

Cada euro destinado a defensa es un euro que no va a la descarbonización, a la digitalización, a la transición sociodemográfica de un continente que envejece

A todo ello se suma lo que me permito llamar el 'civilwashing' del gasto militar: la operación ideológica por la que se presentan las externalidades civiles de la investigación militar —internet, el GPS, los semiconductores— como argumento para justificarlo. Como si hubiéramos necesitado pasar por la carrera armamentística para llegar al teléfono móvil. Como si no hubiera sido posible invertir directamente en investigación civil con la misma escala de recursos y sin el rodeo por la destrucción. El civilwashing no es solo una distorsión histórica; es la coartada que permite al sistema reproducirse sin ser nombrado.

Pero un buen diagnóstico sin receta es solo un lamento. Y recetas las hay.

Mariana Mazzucato lleva años argumentando que el modelo de innovación de las misiones —ese enfoque que moviliza recursos públicos masivos alrededor de objetivos concretos y transformadores— puede y debe aplicarse a los grandes retos civiles de nuestro tiempo: la descarbonización, la salud, la alimentación sostenible. Es cierto que transponer ese modelo del ámbito militar al civil tiene sus dificultades. Las empresas del complejo militar-industrial están organizadas para satisfacer a un único comprador público con especificaciones cerradas, no para competir en mercados abiertos. Su cultura interna, dominada por la ingeniería de alto rendimiento, es incompatible con la velocidad y la adaptabilidad que exige el mercado civil. Pero conocer el obstáculo es el primer paso para sortearlo. El camino está señalado; lo que falta es la voluntad de recorrerlo.

Varoufakis propone el instrumento macroeconómico para financiarlo: un New Deal Verde europeo respaldado por deuda mutualizada, ese momento hamiltoniano que Europa lleva décadas aplazando. Cuando Alexander Hamilton convenció a los estados americanos de mutualizar sus deudas tras la independencia, no lo hizo por generosidad; lo hizo porque entendió que sin esa palanca financiera común no habría proyecto colectivo posible. Europa necesita su propio Hamilton, alguien que entienda que sin deuda común no hay inversión transformadora, y sin inversión transformadora no hay desacoplamiento de la economía americana.

El Global Justice Report de Piketty añade la dimensión redistributiva que completa el cuadro. El informe, elaborado por 45 autores del World Inequality Lab, propone un sistema de fiscalidad progresiva sobre las grandes fortunas para financiar un Fondo de Justicia Global orientado a la transición ecológica y a la reducción de la desigualdad. La lógica es impecable: los recursos que hoy se acumulan improductivamente en los patrimonios de los ultra-ricos podrían financiar exactamente el tipo de inversión en educación, sanidad y transición verde que el keynesianismo militar desplaza. Es, en definitiva, la misma apuesta por un keynesianismo civil que haga lo que el militar no puede: generar capacidades transferibles, reducir desigualdades y construir resiliencia social.

Y finalmente, la cuestión que subyace a todo lo anterior: mientras Europa siga dentro de la OTAN bajo las condiciones actuales, ninguna de estas recetas tendrá espacio para aplicarse plenamente. La OTAN actúa como esa organización mafiosa de la que hablaba Varoufakis: garantiza seguridad a cambio del peaje del gasto militar y de la compra de maquinaria de guerra americana. Es una dependencia que se autoalimenta y que solo puede romperse construyendo una defensa exclusivamente europea, soberana, dimensionada a las amenazas reales y no a los intereses de la industria americana. Para ello, la Comisión Europea y las instituciones de seguridad del continente necesitan liderazgos que no sean meros gestores de una dependencia heredada, sino arquitectos de una autonomía largamente postergada.

Hay, pues, otro cambio climático pendiente, este también de origen humano, también 'europagénico': el que debe invertir la corriente del keynesianismo militar y sustituirla por una corriente cálida de inversión civil, redistributiva y soberana. El Gulf Stream del Atlántico puede cambiar de sentido por la acción irreflexiva del hombre. El de la dependencia económica europea también puede hacerlo, pero esta vez de forma deliberada y consciente, si Europa decide finalmente ser protagonista de su propio destino en lugar de espectadora de su propia decadencia.

Varoufakis lo dijo hace un año en el Parlamento Europeo. Merece la pena que alguien, por fin, le escuche.

Este viernes 12 de junio ha entrado en vigor el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo como ejemplo de la asunción de postulados ultras por parte de los partidos conservadores del PP Europeo. Casualmente, esta es la misma semana en la que se cumplen dos años de las últimas elecciones europeas. Entonces, los resultados volvieron a llevar a Ursula Von der Leyen a la presidencia de la Comisión Europea, pero ante el auge de la extrema derecha, la política conservadora alemana comenzó la legislatura flirteando con los ultras en la Eurocámara. Aunque finalmente, la coalición entre conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes construyó la mayoría que sustenta la Comisión, Von der Leyen ha mantenido una estrategia de normalización de planteamientos ultras para dividir a las fuerzas de ultraderecha que ha devenido en un fracaso.

Javier Carbonell, Tabea Schaumann y Levente Kocsis, investigadores del European Policy Centre, han realizado un informe en el que revelan que “uno de los principales enfoques estratégicos del segundo mandato de Von der Leyen ha sido acercarse a ciertas partes de la extrema derecha, mientras continúa excluyendo a otras. Esto ha ocurrido especialmente en el caso de los miembros del grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), al tiempo que continúa rechazando a Patriotas por Europa (PfE) [al que pertenece Vox y AfD] y a Europa de las Naciones Soberanas (ESN)”.

La elección de ECR no es baladí. En este grupo parlamentario está la formación política de la primera ministra italiana, Georgia Meloni, Fratelli d'Italia, que aunque fue señalada por sus planteamientos parafascistas en sus inicios, cuando llegó al poder hizo un viaje hacia la moderación ante las necesidades de las responsabilidades de Gobierno, cuando Italia se encuentra en una situación económica bastante complicada que le obliga a ceder terreno en el terreno ideológico para conseguir apoyo de la Comisión.

Csaba Stefán, investigador de del Centre for European Policy Studies, explica que Meloni “tras llegar al poder se convirtió, en cierta medida, en una de las dirigentes favoritas de la presidenta de la Comisión Europea. Su política interna demuestra que sus convicciones de derecha radical no han desaparecido, pero también que las exigencias de gobernar la han obligado a adoptar un enfoque más pragmático, incluido en el ámbito de la Unión Europea”.

“Mayor capacidad de maniobra frente a los Socialistas”

Los investigadores del European Policy Centre explican que la motivación detrás de la estrategia de Von der Leyen “fue el reconocimiento de que los partidos del ECR ocupaban el poder en varios gobiernos importantes, como el de Italia, y que la cooperación con ellos daría al PPE una mayor capacidad de maniobra frente a los Socialistas y Demócratas”. La primera votación conjunta de conservadores y ultras fue simbólica, pero quedó como una clara advertencia: sacaron adelante una declaración que reconocía a Edmundo González como “presidente electo de Venezuela”, lo que provocó que las diferentes fuerzas de izquierdas denominaran desde entonces como 'coalición Venezuela' a la unión de conservadores y extrema derecha en la Eurocámara.

Desde entonces, los populares europeos se han apoyado en las formaciones de ultraderecha para rebajar las exigencias medioambientales a las empresas y contra la deforestación, que se aprobaron la legislatura pasada como parte de la transición verde, o la inmigración. Tanto el PPE como los ultras admitían que se abría una nueva etapa con la derechización de las políticas de la Unión Europea. El grupo ECR mandó un comunicado en el que resaltaba que “esta votación demuestra que es posible una nueva mayoría en Europa, una que prioriza la competitividad, la claridad legal y el espacio para la innovación”.

La cuestión es que los vínculos entre el PP Europeo con la ultraderecha no se han limitado al grupo parlamentario de la formación de Meloni. El pasado mes de marzo, justo cuando el Partido Popular Europeo trataba de celebrar su 50 aniversario, la agencia alemana DPA informaba de reuniones presenciales y un grupo de WhatsApp entre los populares y miembros de la formación de ultraderecha alemana, AfD, incluida en el grupo parlamentario PfE, para coordinar una propuesta legislativa que endureciera la política migratoria, como así ha sido finalmente con el Pacto de Emigración y Asilo.

Estas alianzas empezaron a provocar resquemores más fuertes entre los conservadores cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, hizo pública su estrategia de seguridad, donde celebraba “con gran optimismo” la “creciente influencia de los partidos patrióticos europeos”, eufemismo para denominar a la extrema derecha. 

Como explican Jeremy Shapiro y Zsuzsanna Végh, analistas del European Council on Foreign Relations, “la convergencia entre el movimiento MAGA liderado por Trump y la extrema derecha europea significa que los europeos liberales se enfrentan ahora a una guerra en dos frentes. En el frente interno, la extrema derecha europea, envalentonada por la elección de Trump, se siente cada vez más fortalecida para impulsar la transformación del núcleo institucional de la Unión Europea. En el frente externo, Estados Unidos utiliza sus vínculos con partidos políticos europeos como una herramienta de presión en su guerra comercial y regulatoria contra la Unión Europea”. De hecho, Trump tiene entre sus objetivos acabar con las políticas europeas construidas a través de la agenda verde y con la regulación digital de la UE, que afecta especialmente a las grandes compañías tecnológicas estadounidenses. 

Sin embargo, los investigadores del European Council on Foreign Relations, también apuntan que “la nueva alianza transatlántica de extrema derecha no está exenta de desafíos. Trump es impopular en Europa, incluso en países donde la extrema derecha cuenta con una sólida base electoral. La guerra comercial impulsada por Trump, por ejemplo, afecta directamente a muchos de los sectores sociales y económicos que constituyen la base de apoyo de la extrema derecha en Europa”. Los líderes de la formación de extrema derecha francesa Rassemblement national, Marine Le Pen y Jordan Bardella, han marcado distancias con Trump por varias de sus actuaciones políticas.

Adaptación de la ultraderecha para remodelar la UE

Dejando de lado a Trump, la ultraderecha europea ha optado por cambiar de estrategia y optar por una posición práctica, menos radical, que le permita sacar adelante sus postulados apoyando a los conservadores europeos. El investigador de del Centre for European Policy Studies señala que “hay un cambio de la derecha radical, que ha pasado de rechazar la Unión Europea a tratar activamente de remodelarla junto con otros partidos de la misma tendencia, y que constituye una forma de adaptación política”. En este sentido, ya han comenzado las negociaciones con el PPE para tratar de flexibilizar los objetivos de emisiones y el veto a los coches de combustión en 2035.

Pero además, el problema para el PPE, especialmente para su presidente, el también alemán, Manfred Weber, al que acusan de gestar las negociaciones con los ultraderechistas en el Parlamento Europeo, es que el canciller alemán, Friedrich Merz, ha mandado varios avisos sobre las consecuencias en Alemania de darles alas a las formaciones de ultraderecha. Merz ha avisado públicamente al presidente del PPE: “Weber sabe que nos oponemos a esta colaboración”. Mientras, se hacían públicos unos sondeos de las próximas elecciones en dos Estados de la Alemania del Este (Sachsen-Anhalt y Mecklenburg-Vorpommern) en las que los ultraderechistas del AfD estaban por delante del partido de Merz, Weber y Von der Leyen.

Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia electoral de la estrategia seguida por el PPE y por Von der Leyen? Los investigadores del European Policy Centre explican que “los resultados muestran que el PPE ha perdido parte de su apoyo, por lo que no ha logrado recuperar a los votantes que se habían desplazado hacia la extrema derecha. Además, los dos grupos excluidos de esta estrategia de normalización, PfE y ESN, son los que han registrado los mayores aumentos en su cuota de voto. Tampoco parece que la estrategia haya beneficiado de manera significativa al ECR, cuyo número proyectado de eurodiputados se ha mantenido relativamente estable. Más bien, parece que formar parte del establishment ha perjudicado al ECR más de lo que ha beneficiado al PPE, reforzando así la estrategia antisistema defendida por PfE y ESN”.

Variedad: Valencia. Origen: Sudáfrica. La entrada de cítricos extracomunitarios, fruto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Sudáfrica, es una de las mayores amenazas al campo valenciano. El Acuerdo de Asociación Económica UE-SADC, vigente desde 2016, ha disparado las importaciones de cítricos sudafricanos en casi una década, con un aumento de un 83% en total. Lo hace además a principio de temporada, presionando los precios de la naranja valenciana a la baja y lastrando la campaña año tras año.

Es en este contexto en el que el eurodiputado de Compromís Vicent Marzà realizó una visita a Sudáfrica la pasada semana. Marzà es miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) y acudió como representante para “fiscalizar” el cumplimiento de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y su socio, un país cada vez más potente a nivel comercial, pero también profundamente desigual. Marzà señala que la alarma por del sistema de detección de plagas para los cítricos que proceden de Sudáfrica ha saltado en 640 ocasiones, pese a los escasos controles realizados. El eurodiputado lo enfoca como un problema de salud pública, pero también de derechos de los trabajadores: según ha podido constatar, se emplean pesticidas que en la Unión Europea están prohibidos por ser cancerígenos y “se vulneran los derechos humanos de las trabajadoras”. El eurodiputado mantuvo un encuentro con representantes de las trabajadoras citrícolas, en el marco de una serie de reuniones con ministros y responsables de las comisiones de comercio.

Marzà se desplazó a Ciudad del Cabo con las reivindicaciones de La Unió de Llauradors i Ramaders, que han trabajado con el eurodiputado antes del viaje. Entregó una serie de puntos en las reuniones con la delegación de la UE y con los responsables sudafricanos, como el tratamiento en frío obligatorio de los cítricos para eliminar plagas como la Thaumatotibia leucotreta o la Phyllosticta citricarpa. Entre 2016 y 2025 se han registrado 640 interceptaciones fitosanitarias en la frontera europea. No es un riesgo residual, es un problema estructural, señalan los valencianistas.

De igual modo, afirma Marzà, los controles fitosanitarios en frontera deben reforzarse, especialmente durante los picos de importación. La reciprocidad de condiciones es una línea roja, subrayan. La tercera demanda es que no se solapen las temporadas; el calendario arancelario preferencial del acuerdo coincide exactamente con el inicio de la campaña mediterránea, y el eurodiputado pide revisar ese mecanismo para que la entrada masiva de cítricos sudafricanos no destruya los precios en el momento más crítico del año para el campo valenciano. Sudáfrica, recuerdan desde el entorno del eurodiputado, ha denunciado tres veces a la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio por restricciones fitosanitarias a sus exportaciones de cítricos. Es una cuestión que genera mucha tensión, apuntan.“Precisamente porque hay una relación estratégica nueva en construcción, es el momento de resolver esto bien”, señala Marzà, que subraya: “No podemos construir una asociación justa para Sudáfrica que al mismo tiempo sea injusta para los agricultores valencianos”.

El representante valencianista hace referencia al Clean Trade and Investment Partnership (CTIP), un nuevo instrumento de la Comisión Europea centrado en la transición energética, las materias primas críticas y el desarrollo industrial, que vendrá acompañado de un paquete de 4.700 millones de euros. “El CTIP debe ayudar al desarrollo industrial de Sudáfrica y a la transición verde y social. No puede ser un mecanismo que reactive el modelo colonial de extraer y exportar. Tiene que fijar empleo de calidad en origen”, explica Marzà, que sitúa al país africano, socio preferente, como algo que “nos da una posición de partida, pero no nos regala nada. Ellos quieren que el CTIP sirva para que el valor añadido se quede en su país, no solo para que se lleven materias primas en bruto”.

El eurodiputado se reunió con el viceministro de Comercio, Industria y Competencia, Zuko Godlimpi y con el jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de la Presidencia, Rudi Dicks uno de los arquitectos de la Operation Vulindlela, el gran paquete de reformas estructurales del gobierno de unidad nacional. También se vio con los presidentes de las comisiones parlamentarias de Comercio, Energía y Recursos Minerales, que le trasladaron el mismo mensaje: el acuerdo ha de ser una palanca de desarrollo industrial.

La delegación también se reunió con sindicatos, activistas de justicia ambiental y ONG sudafricanas en Johannesburgo, con un discurso que, según trasladan los valencianistas, se aleja bastante del optimismo de las cumbres. El eurodiputado quiere trasladar dos ideas a las negociaciones del CTIP: la mejora en las infraestructuras de transporte público -la población trabajadora de Sudáfrica gasta un 60% de su sueldo en desplazarse hasta su lugar de trabajo- y el acceso al agua potable: “No podemos llegar aquí solo a hablar de nuestros intereses en minerales o en cítricos. Tenemos que preguntarnos qué tipo de desarrollo queremos apoyar y para quién”, señala.

El Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de levantar la inmunidad al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis Alvise Pérez, para que sea juzgado por el Tribunal Supremo por un caso de financiación ilegal.

Los europarlamentarios de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara que estudiaron este caso ya habían decidido la semana pasada que la protección de Alvise fuera suspendida por 20 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra.

Esta es ya la segunda vez que la Eurocámara acuerda por mayoría levantar la inmunidad a Alvise Pérez. En la anterior ocasión fue para que sea juzgado por el Supremo por el supuesto acoso contra la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert.

En el caso de financiación ilegal, tal y como reveló elDiario.es, el agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral.

Alvise contactó con Romillo, apodado 'CryptoSpain', para colaborar y finalmente obtener dinero de cara a las elecciones europeas de 2024. Un día antes de lanzarse a la carretera y empezar su campaña, Alvise acudió a las oficinas de una empresa de Romillo y recogió 100.000 euros en efectivo.

Romillo ha reconocido que entregó el dinero y el propio Alvise lo confesó en su declaración judicial voluntaria del pasado mes de julio de 2025. Según su versión, el dinero no era para financiar la candidatura en la que consiguió casi 800.000 votos y tres escaños en Bruselas, sino para “capitalizarse a nivel personal” por el sorteo de su sueldo que prometió a sus seguidores y votantes.

El Ministerio Público dejó claro que no se quedó convencido con las explicaciones de Alvise y explicó que había “indicios racionales de criminalidad”. En medio año de diligencias la Policía concluyó que Alvise recibió esos 100.000 euros en efectivo para financiar su campaña y no por otros motivos esgrimidos por el agitador, que pasó de afirmar que era dinero cobrado por “trabajos” como “autónomo” a decir que era para hacer frente al sorteo de su sueldo.

“Ocultando los gastos electorales”

La Fiscalía destacó que Alvise cobró ese dinero en efectivo “con el objeto de financiar su campaña electoral a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024”, mientras Romillo abría wallets [monederos digitales donde están las criptomonedas] para que sus seguidores pudieran hacer donaciones en criptomonedas. Lo hizo, además, “ocultando a las autoridades encargadas de supervisar los gastos electorales la existencia de tal donación”. Según las acusaciones que pesan sobre él, Se Acabó La Fiesta nunca explicó al Tribunal de Cuentas de dónde sacó el dinero para financiar la candidatura.

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, acordó mandar a prisión sin fianza a Romillo por supuesta estafa con criptomonedas en noviembre de 2025. Romillo fue detenido tras hallar una cuenta vinculada al empresario con 29 millones de euros en Singapur nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club (MIC) supuestamente estafados. El juez acordó el procesamiento de Romillo y otros nueve procesados y les impuso una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. Les procesó por estafar presuntamente más de 185 millones, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a 3.062 inversores.

Además se le ha atribuido a Romillo un presunto fraude fiscal de 88 millones de euros. El magistrado instructor entiende que hay “indicios racionales y suficientes” de que Romillo “habría llevado a cabo una conducta defraudatoria” mediante “la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica” en los ejercicios 2023 y 2024.

En el caso del hostigamiento a la fiscal, el Supremo señaló que se investiga a Alvise por posibles injurias, coacciones y delito de odio contra Gisbert. El político ultra lanzó varios mensajes sobre esta fiscal en febrero de 2024 en su canal de Telegram. Alvise inició una de sus múltiples campañas de señalamientos a los fiscales especialistas en delitos de odio. En dos de los mensajes, Alvise publicó varias fotografías de la fiscal, que denunció al agitador por injurias y amenazas.

Otras causas pendientes de Alvise

Además, Alvise está acusado en el Alto Tribunal por acosar a los dos eurodiputados de su propio partido y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

La última querella presentada contra el eurodiputado en el Supremo ha sido por parte del alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual, pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó el PSOE. El Supremo indicó que se aprecia un delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario por parte del político ultra contra el regidor.

El partido de Alvise Pérez se fue de vacío de las elecciones en Andalucía del pasado domingo. Es la tercera vez que Se Acabó la Fiesta no logra representación en unas elecciones autonómicas, pero en esta ocasión ha conseguido sumar más de 105.000 papeletas y un 2,5% del voto en la tierra del eurodiputado. Alvise lo ha celebrado apuntando a las generales: “Perseveramos. Cuando entremos al Congreso en las próximas generales habrá un antes y un después”.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo recomendó este miércoles que el Gobierno español suspenda el cierre planeado de la central nuclear de Almaraz, autorice la prórroga de su vida útil hasta al menos el año 2040 y evalúe “la viabilidad de nuevas prórrogas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”.

El informe, que salió adelante con el apoyo de los grupos de la derecha y ultraderecha parlamentaria, reclama al Gobierno que suspenda “cualquier medida” encaminada al cierre de esta u otras centrales en España“, y pide al país ”que reconsidere su política de abandono de la energía nuclear“, que cree impulsada por motivos ideológicos.

Se trata de las recomendaciones no vinculantes de los eurodiputados que visitaron la central nuclear de Almaraz el pasado mes de febrero, una misión compuesta por los ultraconservadores polacos Bogdan Rzonca y Kosma Złotowski, el popular griego Fredis Beleris, el ultraderechista neerlandés Sebastian Kruis y el polaco Marcin Sypniewski, de extrema derecha.

Varios eurodiputados españoles acudieron además como observadores; es el caso de Elena Nevado del Campo (PP), Nacho Sánchez Amor (PSOE), Juan Carlos Girauta (Vox) y Diego Solier (independiente en los ultraconservadores europeos, que inicialmente concurrió en la lista de 'Se Acabó la Fiesta').

El borrador del informe, presentado en abril, ya pedía al Gobierno que revertiera el cierre de la central nuclear de Almaraz y advertía de los riesgos demográficos y económicos de cierres industriales en las regiones europeas con menor desarrollo económico, como es el caso de Extremadura. Finalmente, una decena de enmiendas de Vox recibieron a última hora el apoyo del PP para incluir la referencia a 2040 y endurecer el tono del texto, con referencias a una “profunda preocupación por la reciente inestabilidad del sistema eléctrico y los apagones ocurridos en España” y el impacto en el sistema que podría tener el cierre planeado de Almaraz.

Los eurodiputados piden también a la Comisión Europea que evalúe si los planes de cerrar las centrales nucleares en España “son consistentes con los principios de buena gobernanza, transparencia y legislación basada en evidencia, particularmente a la luz de la ausencia de una justificación técnica, económica o social disponible públicamente”.

La visita de los eurodiputados responde a la petición elevada en mayo de 2025 por la plataforma ‘Sí a Almaraz’, en la que instó al Parlamento Europeo a conocer ‘in situ’ la central y abordar el impacto económico, energético y social que tendría el cierre de la planta.

El calendario pactado en 2019 por el Gobierno español, sindicatos y empresas establece que el 1 de noviembre de 2027 tendría que dejar de funcionar un primer reactor de Almaraz, mientras que el segundo tendría que cerrar el 31 de octubre de 2028.

No obstante, el pasado octubre, Iberdrola, Endesa y Naturgy -las empresas propietarias de la central- solicitaron formalmente al Ministerio para la Transición Ecológica una prórroga para los dos reactores hasta junio de 2030, lo que genera el rechazo de grupos ecologistas como Greenpeace. 

“El Gobierno regional, en el que está Vox, ha hecho todo lo que puede hacer un Gobierno regional para mantener esa central nuclear (...). Ahora son otros gobiernos, en este caso el Gobierno de España, el que debería también tener claro que tiene que hacer su parte con los impuestos a nivel estatal”, dijo el vicepresidente de Extremadura, Óscar Fernández.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, señaló en un comunicado remitido por el PP que “el mensaje del Parlamento Europeo es contundente y claro” y que “el Gobierno debe reconsiderar el cierre de Almaraz ya que en estos momentos la energía nuclear es considerada verde de transición y se ha convertido en esencial en gran parte de los países europeos”.

Guardiola ha celebrado el “respaldo” de Bruselas, donde se encuentra este miércoles oara participar en el Comité de las Regiones. “Hoy es un día importante para Extremadura”, ha dicho y también ha subrayado que el documento “advierte de los riesgos demográficos, económicos y en materia de seguridad de su cierre”.

Pero el PSOE ha acusado a Guardiola, de “mentir y manipular de forma interesada”. El eurodiputado socialista extremeño, Ignacio Sánchez Amor, ha afirmado que “ya está bien de manosear la continuidad de Almaraz con fines partidistas” y ha aclarado que lo votado en el Parlamento Europeo “no tiene nada que ver con decidir la continuidad o el cierre de la central”, ya que se trata de una competencia “estrictamente nacional”.

Según ha explicado, lo aprobado en la Comisión de Peticiones es un documento impulsado por PP y Vox “cuyo único objetivo es atacar al Gobierno de España”, y ha subrayado que todas las enmiendas presentadas por el PSOE fueron rechazadas, mientras el PP “asumió íntegramente los postulados de la ultraderecha”. “Frente a la desinformación interesada del PP, el PSOE ha reiterado que su posición sobre la Central Nuclear de Almaraz no ha cambiado”, ha indicado el eurodiputado socialista.

El PSOE señala que sigue a la espera del informe definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear y, posteriormente, de la decisión que adopte el Gobierno de España, que es la administración competente en esta materia. 

Un estudio encargado por el propio Parlamento Europeo (PE 776.001, enero de 2026) alerta de que los mecanismos actuales de la política de cohesión presentan fallos estructurales graves que ponen en riesgo que los fondos destinados a la reconstrucción post-dana generen una resiliencia real. El informe identifica un conjunto de disfunciones que afectan directamente a cómo se está gestionando, y se podría malgestionar, el dinero europeo en territorios como la Comunitat Valenciana.

Entre las deficiencias que documenta el informe destaca que los proyectos financiados no se seleccionan en base al riesgo climático, sino a criterios administrativos que no priorizan la resiliencia futura, que las herramientas de evaluación territorial del riesgo están obsoletas, lo que significa que se toman decisiones de inversión sin un conocimiento actualizado de la exposición real de los territorios, que los sistemas de seguimiento no miden resultados de resiliencia a largo plazo, por lo que es imposible saber si el dinero invertido realmente reduce la vulnerabilidad o simplemente restaura lo que había, o que la coordinación entre los principales agentes institucionales es insuficiente, con solapamientos entre instrumentos que generan incoherencias y vacíos.

El texto de la eurocámara reconoce también que los procedimientos son lentos y administrativamente complejos, lo que ralentiza la respuesta precisamente cuando más urgencia hay, y que las comunidades afectadas tienen una participación mínima o nula en las decisiones sobre su propia reconstrucción. El informe concluye que el principio de «reconstruir para mejorar» (aprovechar la reconstrucción no para volver al punto de partida, sino para reducir las vulnerabilidades futuras) sigue siendo en la práctica una declaración de intenciones sin mecanismos que la hagan efectiva ni obligatoria.

Ante esta situación, el eurodiputado de Compromís en el grupo Verdes/ALE, Vicent Marzà, ha presentado una pregunta parlamentaria formal a la Comisión Europea. “El propio Parlamento Europeo documenta los fallos del sistema y la Comisión sigue sin actuar. No podemos consentir que cientos de millones de euros reconstruyan exactamente la misma vulnerabilidad que la DANA puso al descubierto. Eso no es reconstrucción: es tirar el dinero público europeo”, ha afirmado Marzà.

El eurodiputado ha recordado que fue una enmienda de Compromís y del grupo Verdes/ALE la que introducía el enfoque de “build back better” en el uso de los fondos. Marzà ha exigido a la Comisión tres compromisos concretos: que defina y exija indicadores específicos de resiliencia climática en el seguimiento de los fondos asignados, que incorpore el principio de «reconstruir para mejorar» como requisito vinculante en los nuevos reglamentos de cohesión para el período 2028-2034 y que adopte medidas urgentes para que sean las propias comunidades afectadas quienes tengan voz real en las decisiones sobre su reconstrucción.

“Si la Comisión no actúa ahora, cuando el Parlamento Europeo ya le ha puesto los deberes sobre la mesa, estaremos construyendo la próxima catástrofe con dinero europeo”, ha concluido Marzà.

Un estudi encarregat pel propi Parlament Europeu (PE 776.001, gener de 2026) alerta que els mecanismes actuals de la política de cohesió presenten fallades estructurals greus que posen en risc que els fons destinats a la reconstrucció post-DANA generen una resiliència real. L'informe identifica un conjunt de disfuncions que afecten directament a com s'està gestionant, i es podria malgestionar, els diners europeus en territoris com la Comunitat Valenciana.

Entre les deficiències que documenta l'informe destaca que els projectes finançats no se seleccionen sobre la base del risc climàtic, sinó a criteris administratius que no prioritzen la resiliència futura, que les eines d'avaluació territorial del risc estan obsoletes, cosa que significa que es prenen decisions d'inversió sense un coneixement actualitzat de l'exposició real dels territoris, que els sistemes de seguiment no mesuren resultats de resiliència a llarg termini, per la qual cosa és impossible saber si els diners invertits realment redueix la vulnerabilitat o simplement restaura el que hi havia, o que la coordinació entre els principals agents institucionals és insuficient, amb solapaments entre instruments que generen incoherències i buits.

El text de la eurocàmera reconeix també que els procediments són lents i administrativament complexos, la qual cosa alenteix la resposta precisament quan més urgència hi ha, i que les comunitats afectades tenen una participació mínima o nul·la en les decisions sobre la seua pròpia reconstrucció. L'informe conclou que el principi de «reconstruir per a millorar» (aprofitar la reconstrucció no per a tornar al punt de partida, sinó per a reduir les vulnerabilitats futures) continua sent en la pràctica una declaració d'intencions sense mecanismes que la facen efectiva ni obligatòria.

Davant aquesta situació, l'eurodiputat de Compromís en el grup Verds/ALE, Vicent Marzà, ha presentat una pregunta parlamentària formal a la Comissió Europea. “El propi Parlament Europeu documenta les fallades del sistema i la Comissió segueix sense actuar. No podem consentir que centenars de milions d'euros reconstruïsquen exactament la mateixa vulnerabilitat que la DANA va posar al descobert. Això no és reconstrucció: és tirar els diners públics europeus”, ha afirmat Marzà.

L'eurodiputat ha recordat que va ser una esmena de Compromís i del grup Verds/ALE la que introduïa l'enfocament de “build back better” en l'ús dels fons. Marzà ha exigit a la Comissió tres compromisos concrets: que definisca i exigisca indicadors específics de resiliència climàtica en el seguiment dels fons assignats, que incorpore el principi de «reconstruir per a millorar» com a requisit vinculant en els nous reglaments de cohesió per al període 2028-2034 i que adopte mesures urgents perquè siguen les pròpies comunitats afectades els qui tinguen veu real en les decisions sobre la seua reconstrucció.

“Si la Comissió no actua ara, quan el Parlament Europeu ja li ha posat els deures sobre la taula, estarem construint la pròxima catàstrofe amb diners europeus”, ha conclòs Marzà.

Este 1 de mayo entra en vigor de manera provisional el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay). Tras más de 25 años de negociaciones y aunque fuera firmado por los responsables políticos de la UE y los cuatro países latinoamericanos el pasado 17 de enero, el tratado comercial todavía se enfrenta a varios interrogantes que ponen en duda su permanencia.

Por un lado, el acuerdo está aún pendiente de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de su ratificación por la Eurocámara. Mientras agricultores y ecologistas europeos están pidiendo su abolición, al otro lado del Atlántico, pese a su ratificación, hay disputas entre los cuatro países por la distribución de cuotas de exportación a la UE.

El pasado enero el Consejo Europeo facultó a la Comisión Europea para aprobar la aplicación provisional del acuerdo a partir de la primera ratificación por un país del Mercosur. El 27 de febrero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció que la UE procedería a la puesta en marcha de forma interina, lo que provocó una ola de protestas por parte de los agricultores europeos.

Von der Leyen ha declarado este jueves que “se ha invertido mucho trabajo para sacar adelante este acuerdo histórico; ahora es el momento de dedicar el mismo esfuerzo a garantizar que nuestros ciudadanos y empresas aprovechen sus beneficios de inmediato. Desde el primer día, se reducen los aranceles y se abren nuevas oportunidades de mercado”.

Desde la Comisión Europea se insiste en que “se espera que el acuerdo incremente las exportaciones agroalimentarias de la UE a la región en un 50%, con los primeros contingentes arancelarios y reducciones que entrarán en vigor. Además, 344 Indicaciones Geográficas europeas, como el Parmigiano Reggiano y el Bordeaux, obtendrán protección jurídica en el Mercosur, evitando su imitación en este mercado de consumo en crecimiento”. Brusela argumenta que “para 2040, se espera que estos beneficios combinados impulsen las exportaciones anuales de la UE a la región del Mercosur en un 39%, hasta alcanzar los 50.000 millones de euros”.

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado que “se trata de una oportunidad que debemos aprovechar para seguir ampliando nuestra presencia en los mercados exteriores”, ya que “permitirá eliminar los aranceles de forma progresiva y llegar a un mercado de más de 260 millones de consumidores”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo, destacó que Mercosur abre “un mercado de más de 700 millones de consumidores” y España “respalda esta aplicación provisional desde ya, con estabilidad y reglas claras”, para un acuerdo que, aseguró, “aumenta” la autonomía de Europa en aspectos como la energía o las materias primas.

Pelea por las cuotas en el continente americano

A pesar de las buenas previsiones comerciales para ambos lados del Atlántico, el acuerdo está todavía pendiente de resolver algunas trabas. En la parte del continente americano, los cuatro países aún no se han puesto de acuerdo en cómo se van a repartir las cuotas de exportación, negociadas en bloque con la UE. Bruselas otorgó 21 cuotas a Mercosur para diferentes productos, que van desde carnes a miel, pasando por etanol, azúcar, arroz, azúcar o maíz, pero ahora se las tienen que repartir entre los países.

El ministro uruguayo de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, admitió que con toda probabilidad no se alcanzaría un acuerdo de distribución antes de que entre en vigor el tratado, con lo que los países del cono Sur podrían seguir el sistema por el que el primero que llega es quien accede a la cuota establecida.

La pugna entre los países de Mercosur va a ser tremenda. Oddone advirtió de que “flexibilidad y la capacidad de reacción” a la hora de conseguir las cuotas serán fundamentales para aumentar la competitividad exportadora de Uruguay a corto plazo.

Pendientes en la UE de la decisión judicial

Mientras, en la Unión Europea se está a la espera de una decisión del Tribunal de Justicia de la UE para decidir si el acuerdo comercial cumple con los Tratados de la Unión. Fueron los eurodiputados los que mandaron el acuerdo a los tribunales en un momento en el que la calle estaba encendida por las protestas de los agricultores, que en su mayoría se oponen a esta alianza comercial.

El caso se presentó formalmente el 25 de marzo y se puede alargar hasta un año. Los países miembros y las instituciones de la UE pueden presentar observaciones y habrá una vista oral posteriormente. Con toda esta información, el abogado general de la UE al que le toque el caso hará una interpretación jurídica y finalmente los jueces emitirán la sentencia definitiva.

En caso de que los magistrados europeos sentencien que el acuerdo comercial o algunas de sus partes no cumple con el Derecho de la UE, se tendrá que modificar el documento del tratado, volver a firmarse por los países y ratificar su aprobación por el Parlamento europeo, un proceso que puede suponer meses y meses de retraso.

Pero incluso si el acuerdo comercial cumple con los Tratados de la UE habría que ver qué recibimiento tiene en la Eurocámara. Países como Francia o Polonia se han opuesto públicamente al acuerdo con Mercosur, al igual que varios grupos parlamentarios que van desde las formaciones de ultraderecha a los Verdes o la izquierda. Incluso hay europarlamentarios de los grupos Popular europeo y socialdemócrata que no seguirían la disciplina parlamentaria y votarían en contra.

Rechazo de una parte de agricultores y ecologistas

Las organizaciones agrarias ya anunciaron su total oposición a la aplicación provisional del acuerdo comercial. Asaja ya anunció su rechazo y presentó un informe de auditoría de la Comisión sobre la carne bovina, que concluye que Brasil no ha logrado garantizar que la carne exportada a la UE esté libre de animales tratados con estradiol, una hormona prohibida en el marco europeo. Asaja ha exigido al Gobierno de España que se sume a Hungría y Polonia y que presente un recurso ante el TJUE para suspender cautelarmente el acuerdo.

Mientras, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) definió como “grave irresponsabilidad” la decisión de la Comisión ante “la evidente amenaza que supone para la seguridad alimentaria”. Por su parte, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos criticó la decisión de Bruselas cuando el acuerdo comercial cuenta con el rechazo del sector agrario, la oposición del Parlamento Europeo, las dudas jurídicas sobre su compatibilidad y las críticas surgidas por el mecanismo de gestión, ya que “no tiene garantías suficientes”.

El director general de Cooperativas AgroAlimentarias, Gabriel Trenzado, reconoció a la agencia Efe que “de la noche a la mañana no va a cambiar el comercio, pero hay que ver cómo se van configurando los flujos”, además de resaltar el momento de “incertidumbre” y el “miedo” en las producciones más defensivas frente a una avalancha de importaciones.

Sin embargo, las empresas dedicadas al aceite de oliva, al vino o al queso han celebrado la puesta en marca del acuerdo comercial. España tiene un déficit comercial de alimentos, bebidas y tabaco con Mercosur, con importaciones por 4.069 millones de euros, diez veces superiores a las exportaciones (381,6 millones), según los datos de Economía de 2025.

También se han opuesto organizaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en acción por su impacto climático, ya que podría incrementar la desforestación de grandes zonas en los países americanos y aumentar la sobreexplotación de zonas ya agotadas agrariamente.

El Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de levantar la inmunidad al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis Alvise Pérez, para que sea juzgado por el Tribunal Supremo por el supuesto acoso contra la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert. La comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, donde se estudió el caso, había decidido la semana pasada que esta protección fuera suspendida al eurodiputado ultraderechista por 16 votos a favor y uno en contra.

En este caso del hostigamiento a la fiscal, el Supremo señaló que se investiga a Alvise por posibles injurias, coacciones y delito de odio contra Gisbert. El político ultra lanzó varios mensajes sobre esta fiscal en febrero de 2024 en su canal de Telegram. Alvise inició una de sus múltiples campañas de señalamientos a los fiscales especialistas en delitos de odio. En dos de los mensajes, Alvise publicó varias fotografías de la fiscal, que denunció al agitador por injurias y amenazas.

“Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN”, añadía el ultraderechista en uno de sus mensajes. La investigación constató que en dicho canal se realizaron hasta 1.500 comentarios “con contenidos insultantes o expresando la voluntad de perseguir o atacar a la fiscal en cualquiera de los lugares que frecuentara, atacar su casa, hacerla la vida imposible o abordar ataques contra ella en presencia de su familia”.

En la apertura de diligencias el Supremo apuntó que sus mensajes muestran “que pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima”. Según argumentaron los jueces, este acoso se fundamentaba “a partir de la persecución que pudieran desplegar las centenares de personas que asumieran su reto”.

Otras causas de Alvise en el Supremo

El Tribunal Supremo tienen otras cuatro causas abiertas contra el europarlamentario de ultraderecha. Por un lado, hay un caso de financiación ilegal, tal y como reveló elDiario.es, en el que el agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral.

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, acordó mandar a prisión sin fianza a Álvaro Romillo por supuesta estafa con criptomonedas en noviembre de 2025. Romillo es el empresario del sector de las criptomonedas que financió a Alvise Pérez. Fue detenido tras hallar una cuenta vinculada al empresario con 29 millones de euros en Singapur nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club (MIC) supuestamente estafados. Este caso también está siendo estudiado por la Eurocámara para decidir si levanta la inmunidad a Alvise para que sea juzgado por el Supremo.

Además, Alvise está acusado en el Alto Tribunal por acosar a los dos eurodiputados de su propio partido, Se Acabó La Fiesta, y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

La última querella presentada con el eurodiputado en el Supremo ha sido por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual, pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó el PSOE contra él. El Supremo indicó que se aprecia un delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario del político ultra.

Alvise Pérez presentó el pasado 12 de octubre su candidatura a las elecciones generales de España, que están previstas para 2027. En este acto aseguró que las investigaciones del Tribunal Supremo son una campaña de acoso contra él por parte del sistema “corrupto”.

“Hay que seguir construyendo la Unión Europea. Soy de la generación que tenía grabado a fuego en la memoria que España es el problema y Europa la solución”. Con estas palabras, Enrique Barón (Madrid, 1944), doctor en Derecho y economista, expresidente del Parlamento Europeo entre 1989 y 1992, señala el camino a recorrer cuando “hay gente que discute el sistema multilateral del marco de la ONU, aunque funciona”.

Ahora ha publicado Paz y guerra De la URSS a la magna Rusia. Notas de viajes (RBA Libros), donde repasa algunos de los momentos de su carrera para diseccionar la historia de Rusia y el papel de “neozar” Vladímir Putin. Barón asegura que “el futuro de Europa depende de que se consiga una paz justa en Ucrania”, en un momento complicado en la consecución de la construcción de Europa como “Federación Europea”.

Usted explica en su libro que fue a dar un discurso en Kaliningrado, ciudad de Emmanuel Kant y donde tenía la oportunidad de hablar de su concepto de paz perpetua. ¿Qué está fallando para que esa paz se vea vulnerada de esta manera cuando se cumple un cuarto del siglo XXI?

La paz no ha sido la situación normal. Fui a Kaliningrado en un momento en el que estábamos tratando de acercarnos desde la Unión Europea en lo que se llamaba Asociación para la paz. Di una conferencia con el título A Farewell to Arms (Adiós a las armas), que es el título del de la famosa novela de Ernest Hemingway. Expliqué cómo estábamos construyendo Europa en un momento en el que había una posibilidad de acercamiento y de diálogo tras la caída del muro y la implosión de la Unión Soviética.

La paz no es un estado normal. La paz es un proceso que hay que trabajar. Siempre pongo la imagen del tejedor: la paz es un proceso de ir tejiendo valores, intereses, complicidades y, sobre todo, controlar la violencia, que es un elemento que está presente en las sociedades humanas.

Ahora se escucha que hay que acabar con el viejo orden establecido en reglas internacionales... No creo que se deba de reemplazar, ya que entonces solo tendremos caos y el ejercicio del poder absoluto

¿Sería posible ahora una Conferencia de Helsinki como la de 1975? Usted señala esa Conferencia como un “ejercicio modélico de diplomacia” por su acta sobre derechos humanos y libertades, que operó de forma pacífica como una “carga de profundidad” que acabó socavando al bloque soviético.

La Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), que fue la hija de la Conferencia de Helsinki, sigue existiendo y no ha sido denunciada ni por Rusia. Tiene una asamblea parlamentaria en la que hay parlamentarios de toda Europa. Sería muy interesante que el espíritu de Helsinki volviera. Lo que pasa es que la Federación Rusa se metió en una guerra de agresión contra Ucrania y solo hay dos salidas: un triunfo con la eliminación absoluta del contrario o volver a la mesa de negociación y tratar de actuar de manera civilizada.

Escribe en su libro sobre la prueba de fuego de Ucrania para Europa, en los dos sentidos, como compromiso y como zona de guerra. ¿Cuáles deberían ser los próximos pasos de la UE para asegurar la paz?

El futuro de Europa depende de que se consiga una paz justa en Ucrania. Ahora se escucha que hay que acabar con el viejo orden establecido en reglas internacionales... No creo que se deba de reemplazar, ya que entonces solo tendremos caos y el ejercicio del poder absoluto. Solo tendríamos el sonido de las bombas, que rompe todas las normas de derecho internacional. Yo era presidente del Parlamento Europeo cuando cayó el muro de Berlín, que era la cicatriz que dividía Europa, y la Unión Europea la formaban 12 países. Ahora mismo tenemos en la UE a las repúblicas bálticas, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria... Se trata de que adoptemos un compromiso para compartir el presente y el futuro con estos países en la Unión Europea.

¿Cree que la UE debe sentarse a negociar con Vladímir Putin sobre Ucrania como han propuesto Emmanuel Macron o Giorgia Meloni?

La Unión Europea no se ha levantado de ninguna mesa. Ha sido Putin el que ha reemplazado la mesa de negociación por la invasión y la agresión.

Le pregunto por una posible negociación porque usted explica que Putin se mueve con la premisa histórica de Stalin de que “el que ocupa el territorio impone también su sistema social hasta donde llega su ejército”, de hecho, la cesión de territorio es donde chocan las negociaciones entre EEUU, Ucrania y Rusia.

Rusia es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. La carta de las Naciones Unidas establece claramente que está en contra de las guerras de invasión de otro Estado miembro, Ucrania es Estado miembro fundador de la ONU. El que tiene que estar dispuesto a sentarse con la Unión Europea es Putin. Pero Putin trata de imponer un orden que reemplace al de la ONU, algo también responde a otro tipo de intereses de Estados Unidos y de China.

En su libro comenta la anécdota de que en la cumbre de Alaska de 2025 entre Donald Trump y Putin, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acudió luciendo un jersey con las letras “CCCP”, el acrónimo en alfabeto cirílico de la Unión Soviética. Asegura que no fue un mensaje subliminal, sino una pura imagen de propaganda (agit-prop) que condensaba la “idea fija” de Putin originada por un fuerte “síndrome posimperial”.

El mundo ha cambiado mucho. Desde la caída del muro de Berlín, Rusia trata de aceptar la nueva realidad o trata de reconstruir la Unión Soviética. Para Putin, una de sus ideas fijas es que la tragedia más grande que se ha producido desde la Segunda Guerra Mundial fue la implosión de la Unión Soviética. El presidente Mijail Gorbachov, al que traté cuando era presidente del Parlamento Europeo, ya señaló que el sistema soviético estaba gripado, se había destruido como un sistema y aportaba casi todos sus recursos a un esfuerzo militar, fracasó desde dentro.

Hay que seguir construyendo la Unión Europea. Soy de la generación que tenía grabado a fuego en la memoria que España es el problema y Europa la solución

Usted señala que o se dan pasos para construir una “Federación Europea” (el sueño fundacional de 1950) o se corre el riesgo de retroceder hacia una “Santa Alianza”, un sistema dominado por áreas de influencia, nacionalismos regresivos y el sometimiento al neozarismo de Putin, ¿cuáles son los principales impedimentos para alcanzar esa Federación Europea?

La Federación Europea se lleva construyendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde el Congreso de La Haya de 1948. Entonces se acordó que había que encontrar una solución federal que superara el pasado. La Declaración Shuman dice que el objetivo es que hay que construir compartiendo valores e intereses, paso a paso, para hacer una federación europea, no habla de un mercado, sino una federación. La actual Unión Europea cuenta con unos tratados que son la constitución, con una declaración de derechos humanos y de valores comunes, con una moneda que funciona y tiene la adhesión del 80% de la ciudadanía. Lo que nos falta ahora es defender lo que hemos conseguido y una política de seguridad, que es ahora el gran desafío.

Usted habla en su capítulo sobre Yugoslavia sobre cómo el fracaso inicial a la hora de detener el conflicto evidenció la imperiosa necesidad de que la UE aprendiera a “hablar con una sola voz” y lograra fraguar una verdadera Política Exterior y de Seguridad Común. Sin embargo, ahora es difícil tener una sola voz, incluso hemos tenido la extraña situación de que la presidenta de la Comisión Europea deslizara que la UE se tendría que olvidar en algún momento del sistema basado en reglas como única forma de defender sus intereses.

Hay que seguir construyendo la Unión Europea. Soy de la generación que tenía grabado a fuego en la memoria que España es el problema y Europa la solución, la famosa frase de Ortega y Gasset. Y esto requiere un esfuerzo cotidiano. La única respuesta es lo que dijo Jean Monnet: “Europa se forjará en crisis”. Ahora hay gente que discute el sistema multilateral del marco de la ONU, aunque funciona, pero no he visto a ningún líder que diga que el sistema de tráfico aéreo hay que desmantelarlo y reemplazarlo. Poner de acuerdo a muchos mediante el diálogo e intereses conjuntos es muy costoso, aunque se ha hecho durante siglos, pero las consecuencias de volver a la ley del más fuerte son peores.

¿Tiene sentido la gobernanza de la UE cuando un país como Hungría tiene capacidad de vetar decisiones que han respaldado el resto de los 26 miembros de la UE?

La unanimidad no funciona ni en las familias. Es necesario reemplazar los vetos o que Hungría respete y aplique los acuerdos. No hay que olvidar que en Hungría hay elecciones en abril. Ya hemos visto lo que ha pasado en Italia y en Francia: un referéndum que planteaba una reforma excepcional por la puerta de atrás ha sido tumbado por el voto en su mayoría femenino y de jóvenes en Italia, y en las elecciones municipales francesas no han triunfado los partidos que plantean una vuelta a un pasado que nunca fue mejor.

El Parlamento Europeo ha dado este jueves su respaldo al acuerdo comercial que firmaron Estados Unidos y la Unión Europea el pasado agosto de 2025, pese a que el comentario general en la Eurocámara es que el tratado comercial es “desequilibrado” para los intereses europeos. La votación ha finalizado con 417 votos a favor, 154 en contra y 71 abstenciones.

Para sacarlo adelante, se han tenido que añadir varias enmiendas, alguna de las que ya se habían aprobado en la Comisión Internacional de Comercio, como una salvaguardia por la que se suspendería el acuerdo en caso de nuevos aranceles estadounidenses, otra de “entrada en vigor” por la que las preferencias arancelarias solo se aplicarán si Trump respeta sus compromisos, donde se ha añadido la reducción por parte de Estados Unidos de los aranceles sobre productos europeos con contenido de acero y aluminio inferior al 50 %, hasta un máximo del 15 %; pero además se han añadido otra que establece que el pacto expirará en marzo de 2028, salvo que ambas partes acuerden prorrogarlo, y un mecanismo de salvaguardia por el que la Comisión tiene la tarea de supervisar el impacto de las nuevas normas y podría suspender temporalmente los nuevos aranceles si las importaciones estadounidenses alcanzaran un nivel que pudiera causar un daño grave a la industria europea, por ejemplo, en caso de un aumento del 10 % en las importaciones de un determinado grupo de productos.

El acuerdo comercial elimina los aranceles sobre cientos de productos industriales y agrícolas estadounidenses, mientras impone un arancel general del 15% sobre la UE, aunque está por ver cuál va a ser la respuesta del presidente de EEUU, Donald Trump, ante su caótica política comercial después de que el Tribunal Supremo de EEUU tumbara sus decisiones sobre aranceles. Estos cambios en la posición de EEUU provocaron numerosos retrasos en la aprobación del acuerdo por parte de la Eurocámara. Ahora el Consejo Europeo tiene que aprobar el acuerdo

Para tratar de defender el acuerdo apareció en la Eurocámara el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ya que Maros Sefcovic, comisario de Comercio se encontraba en Camerún por la conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En su discurso previo, Dombrovskis ha tratado de ensalzar las cualidades de un acuerdo que fue asumido como una humillación en varias capitales europeas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su disconformidad asegurando que respaldaba el acuerdo, “pero sin ningún entusiasmo”.

“No olvidemos la magnitud de lo que está en juego: Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, nuestro principal socio comercial y nuestro principal destino de exportaciones. Solo en 2024-2025, se intercambiaron bienes y servicios por valor de 1,7 billones de euros a través del Atlántico. Hemos invertido en las respectivas economías 4,8 billones de euros. En conjunto, nuestro comercio con Estados Unidos representa alrededor del 20 % de nuestro comercio global”, detalló el comisario europeo.

Dombrovskis admitió como “motivo de preocupación” de los miembros de la Cámara “en lo relativo a los aranceles sobre el acero y el aluminio, y sus productos derivados” y por la obtención de “garantías sobre el compromiso de Estados Unidos de respetar el acuerdo, así como la necesidad de salvaguardias en caso de que sus términos sean vulnerados”.

Durante el debate se exigió que Estados Unidos aclare cómo reducirá el arancel del 50% sobre cientos de productos que contienen acero y aluminio, una cuestión que los europarlamentarios han insistido en que se tendría que definir para que el acuerso saliera adelante.

Pero a pesar de los temores, el comisario pidió que “a pesar de estas preocupaciones legítimas, una verdad permanece: nuestros intereses económicos exigen que avancemos”. Dombrovskis llegó a decir: “debemos demostrar buena fe por nuestra parte si queremos recibir buena fe a cambio”, lo que provocó cierto revuelo entre los eurodiputados ante las amenazas y cambios de posturas continuas de Trump respecto a Europa. Para apaciguar el graderío, el comisario puntualizó que “aunque seguiremos esforzándonos por mantener relaciones constructivas y evitar la volatilidad, no cerraremos los ojos ante ningún riesgo para nuestros intereses. La Comisión se mantendrá vigilante, preparada para defender los intereses europeos siempre que sea necesario. Estamos siguiendo de cerca las investigaciones estadounidenses en virtud de la Sección 301, que podrían sustituir la base jurídica de los aranceles estadounidenses”.

El Parlamento Europeo ya había dado un primer paso para aprobar el acuerdo comercial entre EEUU y la Unión Europea, pero había añadido dos cláusulas ante los cambios de posición constantes del presidente de EEUU en su política de comercio exterior. Las enmiendas no gustaron en EEUU. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, aseguró que si la UE no quiere perder el acceso “favorable” a los contratos con las empresas estadounidenses de Gas Natural Licuado (GNL) tenía que aprobar el acuerdo comercial firmado entre Ursula Von der Leyen y Trump sin enmiendas ni cambios.

El eurodiputado socialdemócrata Bernd Lange, ponente en la Eurocámara del documento de acuerdo, señaló que “las condiciones están claramente definidas en la posición del Parlamento. Incluyen una cláusula de entrada en vigor (”sunrise clause“) que exige el cumplimiento total por parte de Estados Unidos antes de que el reglamento pueda aplicarse, y una cláusula de caducidad (”sunset clause“) que garantiza la supervisión parlamentaria completa de cualquier extensión de las concesiones, manteniéndose siempre conforme a la normativa de la OMC. Cualquier nueva amenaza arancelaria o el incumplimiento del acuerdo en beneficio de los productores y consumidores europeos provocará la caducidad de la legislación”.

Nuevas amenazas comerciales de EEUU contra Europa. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, ha asegurado este lunes que si la UE no quiere perder el acceso “favorable” a los contratos con las empresas estadounidenses de Gas Natural Licuado (GNL) tiene que aprobar el acuerdo comercial firmado entre Ursula Von der Leyen y Donald Trump sin enmiendas ni cambios.

El tratado comercial, que firmaron Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en el resort de lujo propiedad del presidente de EEUU en Escocia, se tiene que ratificar en la Eurocámara. Hay dudas de que los europarlamentarios lo lleven finalmente al pleno de esta semana ante la incertidumbre que ha provocado el presidente de EEUU, Donald Trump, con su caótica política comercial una vez que el Tribunal Supremo de su país tumbó los aranceles que impuso a numerosos países del mundo.

“No sé qué pasará con respecto a la energía si no siguen adelante con el acuerdo. Si Turnberry no se implementa, volvemos al punto de partida. No estoy seguro de hacia dónde vamos. Creo que Estados Unidos seguirá queriendo hacer negocios con Europa, pero los términos podrían no ser tan favorables. El entorno ciertamente no será tan favorable. Y… hay otros compradores disponibles”, ha declarado Puzder al Financial Times.

La votación se ha retrasado varias semanas en la Eurocámara por las amenazas de Trump por anexionarse Groenlandia o la incertidumbre que provocó el presidente estadounidense anunciando nuevos impuestos fronterizos tras la decisión judicial que tumbó su política comercial de aranceles. El comisario europeo de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, pidió a los eurodiputados que tratarán de aprobar el tratado ciñéndose a lo acordado en “la declaración conjunta de Turnberry”. Los parlamentarios europeos ya añadieron alguna dos enmiendas al acuerdo comercial: una por la que se suspendería el acuerdo en caso de nuevos aranceles estadounidenses y otra de “entrada en vigor” por la que las preferencias arancelarias solo se aplicarán si Trump respeta sus compromisos.

En el acuerdo comercial, que en algunas capitales europeas se definió como “humillante” para los intereses de la UE, está incluido el desembolso de 750.000 millones de dólares por parte de Europa en la compra de productos energéticos estadounidenses hasta 2028. Entre esos productos estarían los contratos de GNL, pero también hay de adquisición de petróleo y de tecnología nuclear para uso civil.

Amenaza con los mercados energéticos tensionados

La nueva amenaza de EEUU llega cuando los mercados energéticos están fuertemente tensionados por la guerra de Irán que comenzaron Estados Unidos e Israel. Precisamente, la Comisión Europea indicó este lunes que no teme por la seguridad energética de la UE, pero pidió a los 27 Estados miembros a comenzar a aumentar las reservas de gas ante la crisis energética en el Golfo.

“Teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados derivada del conflicto en Oriente Medio, la Comisión Europea insta a los Estados miembros a iniciar de forma coordinada la temporada de llenado de gas y los preparativos de cara al próximo invierno”, ha señalado un portavoz de la Comisión en el encuentro diario con los periodistas.

La guerra de Irán ha vuelto a poner sobre la mesa la fuerte dependencia de los combustibles fósiles por parte de la UE. En el último Consejo Europeo, celebrado el pasado jueves 19 de marzo, los 27 países de la UE convergieron en que “los recientes picos en los precios de los combustibles fósiles importados demuestran que la transición energética sigue siendo la estrategia más eficaz para lograr la autonomía estratégica de Europa” y “reducir estructuralmente los precios de la energía”, de manera que “acelerar el despliegue e integración de fuentes de energía renovables y de baja emisión de carbono, así como del almacenamiento energético, es esencial para reducir la dependencia de los volátiles mercados de combustibles fósiles y mejorar la seguridad del suministro”. Ahora bien, es un proceso largo y no todos los países europeos siguen el mismo camino para lograr la soberanía energética.

Lo que no parece extraño, es que Estados Unidos no solo ha desestabilizado el mercado energético, sino que parece querer sacar provecho del incremento de precios y la escasez que se empieza a vislumbrar en los mercados. Solo un 10% del GNL que se transportaba por el estrecho de Ormuz se dirigía a Europa, pero el cierre de instalaciones en Catar y otros países del Golfo han provocado un incremento de precios que afecta a todo el sistema energético.

“Pensé que los europeos deberían haberse comprometido con un billón de dólares en energía, porque no era solo una promesa de que comprarían esta energía, era un compromiso de que se la venderíamos. Si van a sobrevivir económicamente, necesitan energía, y nosotros podemos suministrarla. Nos gustaría tener el tipo de relación que nos incentive a hacerlo”, ha comentado Puzder.

El embajador de EEUU en la UE no solo quiere que los europeos le compren solo el gas a Estados Unidos. Puzder también pretende que Bruselas cambie la ley europea que obliga a las empresas vendedoras de GNL a que publiquen sus emisiones de metano antes del 1 de enero. Ante la imposibilidad de las compañías de EEUU de cumplir la normativa, Puzder ha solicitado su modificación con el argumento de que “aumentaría los costos de combustible”.