Los conflictos de consumo en Castilla-La Mancha podrán canalizarse a través de una Junta Arbitral regional que se constituirá próximamente, tras la inminente firma de un convenio con el Ministerio de Consumo, según lo previsto en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha avanzado que de este modo se establece el cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en esta vía de “carácter inmediato y ágil”, a la vez que se adapta a la normativa europea relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

Escudero, quien ha estado acompañado del director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, ha informado también sobre los datos de visitas del portal de Consumo de la Junta de Comunidades a lo largo del año 2020, la herramienta on-line que las personas consumidoras tienen a su disposición; y ha dado a conocer los aspectos más significativos del Plan de Consumo e Inspección de Mercado de Castilla-La Mancha para 2021.

Desde el Ejecutivo regional, se continúa avanzando en la defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y desarrollando la Ley 3/19, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha. Ley que quiere dotar a las administraciones locales de herramientas claves para la resolución amistosa de litigios y conflictos evitando llegar a la Justicia ordinaria, “como las que representan los colegios arbitrales de consumo”, ha informado la Junta en nota de prensa.

En ese sentido, se firmarán ocho convenios para consolidar y recuperar en la región el sistema arbitral de consumo por importe de 110.000 euros con los ayuntamientos de Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Toledo, Guadalajara, Puertollano, Talavera de la Reina, y la Diputación de Albacete, “dando un paso definitivo en este año 2021 en la consolidación de unos organismos que recuperamos después de su desaparición en el año 2011 por el colapso sufrido durante la gestión del gobierno del PP, en el que más de 5.000 expedientes caducaron por el incumplimiento de la tramitación de los plazos”.

Junto a la consolidación y recuperación del sistema de arbitraje, el titular de Desarrollo Sostenible también ha informado que se ha creado una nueva partida en los presupuestos de 2021 para apoyar que las entidades locales desarrollen programas de Consumo con una línea de 100.000 euros. “Entre ambas líneas alcanzamos 210.000 euros, una cantidad significativa que destinamos a fortalecer la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras y que queremos consolidar”, ha afirmado Escudero.

Plan de Inspección de Consumo

El consejero se ha referido también al Plan de Inspección de Consumo para 2021 que se publica hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). “Un plan que se presenta cada año, con el objeto de dotar a la actividad inspectora de consumo de un mayor grado de transparencia sobre el control de mercado, tanto de cara a la coordinación entre administraciones con competencias en materia de inspección de consumo, como al sector empresarial. Que permita recabar información y vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas”.

“Con estos planes se pretende evitar fraudes y competencias desleales, por tanto, beneficiar a consumidores y a la vez, a las mismas empresas”, ha incidido el consejero, pues “se trata de evitar que los derechos de los consumidores se pongan en riesgo y a su vez lanzar un mensaje de tranquilidad mediante las actuaciones preventivas de inspección a la hora de que los productos cuenten con todas las garantías de seguridad, salud y los legítimos intereses económicos para los consumidores”.

Además, ha añadido, que es un plan bien recibido por el sector empresarial y comercial, en la medida en que se logra reducir el grado de infracción por desconocimiento de las normas, implementar sistemas de autocontrol y la colaboración con los servicios de inspección. En el año 2020 se han realizado 92.481 actuaciones de inspección en la región.

Entre las campañas de inspección de consumo previstas para 2021 destacan la campaña de comercialización de mascarillas higiénicas en la que revisa la información al consumidor y las condiciones de comercialización exigibles a este tipo de mascarillas; la campaña de estaciones de servicio para verificar el cumplimiento del decreto que aprobó la Consejería hace año y medio en el que se garantizaban los derechos de las personas consumidoras con independencia de que la prestación del servicio se hiciese en la modalidad presencial, en autoservicio o desatendida.

También las campañas de productos alimenticios de calidad diferenciada, para proteger productos reconocidos con denominaciones de origen e indicaciones geográficas de aquellos que no la tiene. Y las campañas europeas de juguetes eléctricos y de artículos de puericultura, para poner en valor las actuaciones preventivas que permitan reducir el número de notificaciones de alertas de accidentes ocurridos en la población infantil en este tipo de artículos, especialmente considerando la vulnerabilidad de la población destinataria.

La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha presentado la ‘Guía de Consumo Responsable y Cambio Climático’, un recurso a disposición de la ciudadanía, administraciones y entidades del sector para promover en esta comunidad autónoma “la necesidad de adoptar hábitos de consumo responsable para reducir nuestra huella de carbono adoptando buenas prácticas en materia de energía, agua, textil, alimentación, movilidad o residuos”.

Así lo ha señalado el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, quien ha presentado la nueva guía en las instalaciones de Bodegas Fontana, en el municipio conquense de Fuente de Pedro Naharro. Precisamente un lugar elegido por “su compromiso con la sostenibilidad y la Agenda 2030 en el sector vitivinícola”, ya que la bodega pertenece a la Denominación de Origen de Uclés, que es la primera en España que mide la huella de carbono y, en el caso concreto de Bodegas Fontana, “porque el 100% de su producción dentro de la D.O. es ecológica”.

En la presentación de la guía han participado junto el consejero, el director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara; el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rodrigo Molina; y el presidente de la D.O. de Uclés y propietario de Bodegas & Viñedos Fontana S.L., Jesús Cantarero; entre otros representantes de la empresa.

Como ha indicado el consejero, durante su intervención, esta guía ha sido realizada desde la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo en colaboración con la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), aprovechando la celebración del Día Mundial del Cambio Climático el pasado sábado 24 de octubre. “Queremos contribuir a luchar, mitigar y adaptarnos al cambio climático que presenta un desafío sin precedentes a nivel mundial en el que todos hemos de estar implicados. Y reconocer a las empresas de nuestra región que se esfuerzan en potenciar sus capacidades de innovación para mitigarlo, como el caso de esta D.O.”, ha asegurado.

Nuevos modelos para una Nueva Estrategia

“Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha consideramos que un modelo de producción y consumo responsables nos debe permitir alcanzar el bienestar y un desarrollo económico, ambiental y social sostenible de nuestra sociedad, y para ello estamos convencidos de la necesidad de seguir la hoja de ruta de las Naciones Unidas a través de la Agenda 2030, y mediante acciones que permitan un uso eficiente de los recursos”, ha manifestado Escudero. 

Así ha recordado el consejero de Desarrollo Sostenible que, en 2019, el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó una nueva Estrategia de Cambio Climático de Castilla-La Mancha, Horizontes 2020 y 2030, desarrollada en base a un acuerdo social. “Esta estrategia materializaba la necesidad de aunar el esfuerzo de todas las administraciones y entes públicos, el sector privado y la ciudadanía para su desarrollo, potenciando la transversalidad de las medidas”. Y también a final de ese año, en septiembre de 2019 se declaró la emergencia climática en Castilla-La Mancha. 

“Tenemos una estrategia, compuesta por 80 medidas muy concretas a las cuales se les está dando ya cumplimiento, fomentando la movilidad sostenible; desarrollo normativo como la Ley de Economía Circular; o el fomento del consumo sostenible, consciente y responsable”, precisamente en el ámbito de este punto se enmarca la presentación de la guía, ha apuntado Jose Luis Escudero. Por ello, ha señalado la necesidad “que tenemos todos como sociedad, y como personas consumidoras de adoptar nuevos hábitos, fomentando estas buenas prácticas”.

Para la divulgación de esta guía se utilizarán elementos visuales utilizando herramientas como las redes sociales, mediante infografías y consejos y se puede disponer de ella en el Portal de Consumo de Castilla-La Mancha en el enlace: http://consumo.castillalamancha.es/node/23796.

D.O. Uclés, ejemplo de desarrollo sostenible

Escudero ha agradecido al presidente de la D.O de Uclés, Jesús Cantarero, y a las bodegas que forman parte de la misma, su trabajo por la producción de unos vinos como un claro ejemplo de desarrollo sostenible. “Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha apoyamos especialmente a las empresas que son respetuosas con el medio ambiente, pero además porque generan prosperidad y empleo en las zonas donde se ubican, y en este caso con una importante contratación de mujeres en todas sus áreas, grandes profesionales trabajando en la viticultura, enología, dirección, calidad, bodega, etc. Y, por tanto, contribuyendo muy significativamente a frenar la despoblación”, ha asegurado el consejero. 

Por ello, desde el Ejecutivo regional se colabora en promover el consumo de productos locales y de cercanía, como los vinos de la D.O. de Uclés. “Somos conscientes del papel de la ciudadanía como actor protagonista de este cambio, ya que los ciudadanos, dentro de nuestra capacidad económica, tenemos la posibilidad de elegir lo que consumimos y vuestro ejemplo es importante”, ha manifestado Jose Luis Escudero.

Una D.O. innovadora y reconocida 

La D.O. Uclés, que comprende 25 pueblos de la provincia de Cuenca y tres de la provincia de Toledo, es la primera denominación de origen en España que mide la huella de carbono en su totalidad desde 2013, con un sistema incentivado de certificación energética asequible y no contaminante, y de forma continua innovan y estudian la mejora de la productividad. Además, anualmente reducen emisiones por la contratación de proveedores locales. 

Recibieron la Mención Especial en los Premios de Medio Ambiente en 2019 por la certificación ambiental y ejemplo de sostenibilidad en el sector vitivinícola. Además, tres de sus bodegas forman parte del exclusivo grupo que posee la certificación ‘Wineries for Climate Protection’, orientada a la mejora continua y a la sostenibilidad de las bodegas, actuando sobre la reducción de gases de efecto invernadero, la gestión del agua, la reducción de residuos, la eficiencia energética y energías renovables. También participan en proyectos europeos sobre sostenibilidad y organizan anualmente las jornadas ‘Técnicas de Divulgación sobre sostenibilidad’ que se llevan a cabo en el municipio de Uclés.

En el marco del Día Mundial del Ahorro de Energía, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible y su director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, así como del Instituto de la Mujer, con su directora Pilar Callado, ha presentado el kit y la guía de eficiencia y ahorro energético en el hogar que va destinado a la prevención de la pobreza energética de mujeres víctimas de violencia de género. 

En un acto que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Camarena (Toledo), y que ha contado también con la presencia de la alcaldesa de la localidad, María del Rosario García Saco; de la delegada provincial de Igualdad en Toledo, Nuria Cogolludo; y de las trabajadoras del Centro de la Mujer de la localidad, Ramón Lara ha detallado que se trata de un proyecto piloto mediante el cual se van a entregar 45 kits de ahorro energético que van acompañados de una guía para su correcto uso. 

El director general de Agenda 2030 y Consumo ha afirmado que estos kits tienen como destinatarias a mujeres víctimas de violencia de género, que van a ser seleccionadas en colaboración con los Centros de la Mujer de Castilla-La Mancha, y que deberán dar su conformidad para participar en esta campaña pionera. 

Formación de técnicos

Ha detallado que la Consejería de Desarrollo Sostenible ha formado a 15 personas técnicas de consumo para que se conviertan en gestores energéticos sociales y asesoren a través de los servicios de consumo a las mujeres que se lo requieran, con el objetivo de empoderarlas en materia de eficiencia energética. En este sentido, Ramón Lara ha detallado que estas personas profesionales “juegan un papel fundamental en este proyecto piloto sensibilizando a las destinatarias del kit en el ahorro mediante el cambio de hábitos de consumo energético con la utilización adecuada de los elementos que lo componen”. 

Esta formación que es posible gracias al trabajo conjunto de la Junta de Comunidades y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico encaminado a constituir una red de puntos de información al consumidor energético (puntos PICE), que se gestionarán a través de las OMIC y de los servicios de consumo provinciales. 

“Los objetivos”, ha dicho Lara, son “mejorar el confort y el bienestar de hogares en situación de vulnerabilidad energética; incrementar el conocimiento acerca del ahorro, la eficiencia y el consumo; y reducir costes en la factura de la luz”. 

Todas estas medidas, según ha dicho el director general, se enmarcan normativamente en Ley 3/19, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla- La Mancha, que determina “establecer medidas encaminadas a la protección frente a la vulnerabilidad y la pobreza energética, a la vez que insta las personas consumidoras a asumir responsabilidades en cuando a la utilización de recursos energéticos, sostenibles y renovables”, según ha señalado el director general, recordando que se está colaborando desde 2016 con el Plan Regional contra la Pobreza Energética de Castilla-La Mancha. 

Esta campaña, que impulsa y gestiona el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page, se enmarca en el programa de asistencia y acompañamiento de mujeres víctimas de violencia de género en materia de prevención de la pobreza energética, y cuenta con el apoyo económico de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el ámbito de la Agenda 2030 y el Consumo.

El papel de las administraciones locales y su relación directa con los ciudadanos y ciudadanas ha centrado uno de los debates de las Jornadas sobre Economía Circular ‘Del reto a la acción’ que el Gobierno de Castilla-La mancha celebra hoy en Cuenca. Esta mesa redonda, moderada por Pedro López Medina, Jefe de Servicio de Economía Circular en la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha puesto el acento en la necesidad de ofrecer una visión “más cercana al ciudadano” del modelo de economía no lineal.

Para ello, todos los ponentes han coincidido en el papel imprescindible de las entidades locales y asociaciones de consumidores para la aplicación de este modelo. Sobre estos últimos, López Medina ha destacado que “sus decisiones a la hora de comprar, separar y reciclar son esenciales para su implantación”.

Una visión muy concreta sobre la cuestión la ha ofrecido Adrián Martínez, concejal de Movilidad, Servicios Públicos y Festejos del Ayuntamiento de Cuenca, quien ha pedido distinguir entre la concienciación dentro de la propia Administración, por un lado, y desde la ciudadanía, por otro. Tras reconocer que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -donde se imbrica la economía circular- generan “cierta desconfianza social motivada por el desconocimiento”, ha reconocido que el motivo es que “no hemos sabido transmitir bien lo que esto significa”.  

“Aunque conseguir un modelo circular de la economía, es decir, ampliar el ciclo de vida de los productos, es algo que hemos vivido tradicionalmente, como cuando se compraba el pan con una bolsa de ganchillo, ahora la gente se pregunta qué puede suponer para ellos este objetivo. Aquí las administraciones debemos tomar las riendas. Debemos explicar que no es algo futurible sino presente, y para eso debemos dar ejemplo. Solo así se puede concienciar y pedirle a la sociedad que nos obligue a empujar”, subraya.

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado Luis Enrique Mecati, subdirector de Medio Ambiente del Área de Desarrollo Sostenible de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ha recordado, de cara a la aplicación de la Agenda 2030 que Europa es una “región con una estructura de ciudades”, que es donde se generan más emisiones contaminantes y se demanda más energía, y esto “también tiene sus efectos en el mundo rural”.

“No habrá Agenda 2030 sin participación local”

Por ello, se ha mostrado convencido de que “no va a haber Objetivos de Desarrollo Sostenible ni Agenda 2030 si no hay un cambio de modelo autonómico ni participación de administraciones locales” en cuanto a la aplicación de medidas de economía circular. Ha puesto algunos ejemplos como el proceso actual de descarbonización, que es “imprescindible” vincular el papel protagonista de las ciudades y de los pueblos del mundo rural.

“Las administraciones locales tenemos muchas competencias y muy poca financiación. Por eso nuestra petición es a nivel estatal, porque somos la administración más eficiente. Necesitamos un nuevo modelo jurídico y de financiación y queremos un papel fundamental en cuando al consumo responsable y al cambio de hábitos”, ha concluido.

Por su parte, el director general de Agenda 2030 y Consumo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Ramón Lara, ha remarcado que la implantación de la economía circular es una cuestión “de gobierno y de empresas” pero con un papel fundamental de la ciudadanía en cuanto al consumo responsable. “Tenemos que hacerle entender al consumidor que sus hábitos pueden cambiar el modelo de producción y la Agenda 2030 tiene que ser ese motor de sensibilización”.

Finalmente, Pedro Romero, presidente de la Federación de Consumidores y Usuarios Independientes (FUCI) de Castilla-La Mancha, ha sido el más crítico al remarcar que el conocimiento que tiene la ciudadanía de la economía circular es “prácticamente nulo”. “Sí conocen los términos y prácticas de la reutilización o de reciclaje, pero a los consumidores nos está pillando desprevenidos. Nos falta esa comunicación relacionada con la Agenda 2030. Si queremos que la ciudadanía esté en ese círculo que completa este modelo, no podemos ser eslabón más débil de la cadena, tenemos que asentarnos y fortalecernos”.

En este sentido, ha concluido señalando que las políticas de economía circular requieren la participación activa de los consumidores: “Somos los que tenemos que hacer ese consumo responsable y nuestras decisiones de compra son determinantes. Las empresas se están adaptando a todos los modelos de familia, y si eso está pasando, seamos los consumidores los que pidamos nuevos productos sostenibles para obligar al mercado a ofrecerlos cada vez más”.

Con las movilizaciones mundiales por la emergencia climática todavía resonando en las calles de todo el planeta, el contexto ahora para afrontar los efectos del calentamiento global parece más favorable. En una cuestión tan ampliamente transversal como la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, el Gobierno castellano-manchego ha puesto el acelerador en esta cuestión con la creación no solo de una nueva Consejería de Desarrollo Sostenible sino también de una serie de direcciones generales muy concretas para darle fuerza a la defensa del medio ambiente como vector de la mejoras sociales.

Ramón Lara, que fue director general de Acción Social y Cooperación en la legislatura pasada, afronta ahora la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, un área que aglutina un compendio de competencias antes no centralizadas en un solo departamento. El objetivo es llevar a cabo una hoja de ruta para la aplicación en esta comunidad autónoma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de acuerdo a una estrategia-marco ya aprobada pero de la que emanan otras muchas políticas relacionadas con diferentes niveles y sectores de la administración.

Por el momento, el nuevo director general elogia el papel tan “importante” que el Gobierno español está teniendo en la lucha contra el cambio climático y celebra las movilizaciones mundiales. El hecho de que los jóvenes de todo el mundo estén hablando y denunciando sus consecuencias por la acción del hombre resulta “fundamental para la concienciación”. “Tenemos que saber que esto un problema de primer nivel, que no solamente es el paro y la economía, sino que el clima nos afecta en todo, hasta en la salud”. Por eso no duda en calificar estas manifestaciones como un “punto de inflexión” que debe afectar a las acciones de los gobiernos de todo el mundo.

“Ya no se puede negar la mayor. La información es poder. Los informes de los expertos, lejos de alarmar, nos tienen que sensibilizar. No tenemos otro planeta, pero no lo podemos dejar todo solo en manos de los gobiernos; es una cuestión también del tercer sector, de las empresas y de la ciudadanía”. Apela así a una responsabilidad compartida: ni administraciones ni ciudadanía “pueden mirar hacia otro lado”, deben “caminar juntos hacia un consumo responsable” lo que a su vez provocará que las empresas “cambien sus modelos producción”.

¿Es 2030 un objetivo realista?

Aunque las buenas intenciones están más que claras, ¿son los ODS un objetivo realista? Es un compromiso firmado por 193 países que el director general de la Agenda 2030 considera “de suma importancia”. Resalta que, aunque sus compromisos no son vinculantes, los países se han dado cuenta de que “no tenemos mucho tiempo”. “No podemos ser pesimistas. Nos queda una década para implementar una serie de cambios sobre los que los gobiernos debemos dar ejemplo. No podemos decirle a la ciudadanía que no utilice plásticos si las administraciones no hacemos por consumir menos y no incitamos a un cambio de modelo productivo”, precisa.

Ramón Lara destaca que la Agenda 2030 supone una hoja de ruta cuyo aspecto más novedoso es que compagina lo social con lo medioambiental y lo económico. Eso “elimina ese mantra de que defender el medio ambiente es un lastre para el progreso, demuestra que no es así”. Con ello imperará, muy al contrario, el hecho de que “la sostenibilidad del planeta genera puestos de trabajo”. De hecho, pone a Castilla-La Mancha como a ejemplo, donde el sector de las energías renovables, o los trabajos de prevención de incendios, han ayudado a fijar población.

Dentro de las acciones más próximas de esta comunidad autónoma para la consecución de los ODS, está previsto que el Ejecutivo regional modifique el decreto que regula la aplicación de la Agenda 2030. El objetivo es adaptarlo, no solo a la nueva estructura del gobierno, sino también sumar las políticas transversales de todas las consejerías.

Un ejemplo es el ODS número 12, referido al consumo responsable. Es la piedra angular en la que se basan los colectivos civiles que quieren transformar los modelos productivos contaminantes. El cómo hacerlo es otra cuestión. Por ejemplo, para Ramón Lara, el objetivo fundamental en hábitos de consumo es conseguir que la ciudadanía sea capaz de generar el mínimo residuo, siendo partícipe de un modelo de economía circular. “Ese es uno de los grandes retos, que realmente el ciudadano piense que con su acción puede modificar el modelo productivo”. Ahí, la Agenda 2030 “debe ser el verdadero motor de sensibilización ciudadana”. Además, actualmente se tramita en las Cortes de Castilla-La Mancha la primera normativa con rango de ley sobre economía circular en España, que tendrá que desarrollarse después mediante una estrategia regional.

Explica a este respecto que la Administración no puede por menos que ser ejemplarizante en todo este proceso. Por ejemplo, en los procesos de contratación pública. “Es verdad que luego los contratos se ponderan económicamente y no todos pueden tener todas las cláusulas sociales o ambientales posibles, pero sí que es aconsejable que en un contrato de un comedor escolar o de la cocina de un hospital exista alguna cláusula sobre el desperdicio alimentario”.

Hacia la “compra pública responsable”

A este respecto, explica que no es fácil porque hay cuestiones de ámbito jurídico y económico que tienen que ver con ello, pero remarca que la Consejería de Desarrollo Sostenible está trabajando con el departamento de Hacienda en la elaboración de unas instrucciones o un futuro decreto de “compra pública responsable”.

Ahondando en la cuestión del desperdicio alimentario, cuyo decreto de implantación en Castilla-La Mancha se aprobó el pasado mes de marzo, Lara explica que para su desarrollo se va a poner en marcha un foro con participación de las principales distribuidoras de alimentos, las entidades sociales del tercer sector, los bancos de alimentos y organizaciones como Red Alimenta, para estudiar medidas como la elaboración de un distintivo para gestionar los excedentes alimentarios de manera regulada. La idea es hacerlo también extensible a la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y otras entidades de economía social y conocer así sus necesidades y propuestas.

Actualmente, estudios del INE desvelan que un 42% del desperdicio alimentario procede de los ciudadanos. Es un dato a tener a cuenta para “trabajar también en la concienciación del consumidor”.

Y, precisamente, otra de las áreas que ahora se gestiona junto a la Agenda 2030, es la de consumo. Castila-La Mancha tiene prácticamente recién estrenada su nueva Ley sobre el Estatuto de las Personas Consumidoras. Incluye, entre otras cuestiones, el derecho a un medio ambiente saludable y una perspectiva de género incidiendo en las diferentes formas de discriminación hacia la mujer que se pueden realizar en publicidad o mediante la denominada ‘tasa rosa’.

Queda por delante, según detalla Ramón Lara, un “minucioso” desarrollo reglamentario que también tiene como objetivo promover un consumo “inclusivo”: entre otras acciones el Gobierno trabaja con el CERMI en un programa de compra asistida. “Esperamos que todo pueda desarrollarse durante la legislatura porque para es uno de los ejes centrales de la Agenda 2030”.

El director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, ha mantenido una primera reunión con el Consejo Regional de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha, que representa a nueve entidades de consumidores en la región. En este encuentro, entre otros asuntos, se ha tratado la participación de estas asociaciones en el programa de prevención del desperdicio alimentario y el aprovechamiento eficiente de los excedentes alimentarios.

Esta reunión se inscribe dentro de la interlocución directa que desde esta área de Desarrollo Sostenible se quiere impulsar con las organizaciones de consumidores y usuarios castellano-manchegas para promover la producción y el consumo responsables, uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030 de la ONU.

En esta transición hacia hábitos de consumo sostenibles, el consumidor desempeña un papel esencial como agente activo en la toma de decisiones. Una visión, la del empoderamiento del consumidor, que entronca con la línea política que define al departamento de Agenda 2030 y Consumo del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El empoderamiento del consumidor

Durante el encuentro al que ha acudido el presidente del Consejo Regional de Consumidores y Usuarios, Pedro Romero, se han abordado varios asuntos como el apoyo al asociacionismo de consumo para mejorar la gestión de estas entidades e incorporar iniciativas de consumo responsable y Agenda 2030 o el fomento del empoderamiento del consumidor, a través de acciones encaminadas a un cambio de los hábitos de consumo para que se basen también en criterios sociales y ecológicos.

Además, se ha tratado la participación de estas asociaciones en el programa de prevención del desperdicio alimentario y el aprovechamiento eficiente de los excedentes alimentarios en el ámbito doméstico o implementar iniciativas dirigidas a los colectivos vulnerables para progresar en la atención y las habilidades comunicativas de los consumidores con discapacidad.

Finalmente, se ha acordado poner en funcionamiento puntos de atención al consumidor en aquellas poblaciones rurales que carecen de oficinas de información al consumidor, mediante sistemas de telepresencia con los que sea posible resolver cuestiones de consumo sin necesidad de desplazamiento.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado hoy los pagos de la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% por ciento del IRPF. Así lo ha anunciado el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, con motivo de la resolución definitiva de esta convocatoria. Le han acompañado el director general de Juventud y Deportes, Juan Ramón Amores y la directora de Calidad y Humanización del SESCAM, Blanca Parra.

Esta convocatoria se ha producido con un mes y medio de antelación con respecto al año anterior, convocándose en el mes de agosto, lo que ha permitido las entidades que hayan conocido la resolución provisional de la financiación de sus proyectos para este 2019 con un mes de antelación al ejercicio anterior y que “durante la semana pasada, entre el lunes y el jueves han recibido las resoluciones definitivas”.

El presupuesto de la convocatoria de 2018 destinada a financiar proyectos para el 2019 se ha incrementado en un 8,45% con respecto al año anterior, con un importe total de 10,5 millones, que están destinados a proyectos sociales de la comunidad autónoma como son la atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria; la atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral o el fomento de la seguridad ciudadana entre otras.

En cuanto a las solicitudes financiadas, se ha pasado de las 258 en 2017 a las 469 de 2018, un 81,78% más que en el ejercicio anterior. “Este incremento presupuestario, el mayor conocimiento que tienen las entidades de nuestra región, el ser más accesibles que cuando era una convocatoria estatal ha propiciado que 210 entidades vayan a desarrollar proyectos en nuestra región”, ha destacado Ramón Lara, casi un 91% más que en el ejercicio anterior, cuando fueron 110.

Castilla-La Mancha ya lleva un año gestionando estas ayudas

También ha explicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha empezó a regular estas subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7%  por primera vez el año pasado, ya que hasta ese momento las ayudas estaban gestionadas por el Gobierno de España. Asimismo, ha recordado que se trata de la casilla solidaria que los ciudadanos marcan al realizar la Declaración de la Renta en la que pueden optar por colaborar con el sostenimiento económico de la Iglesia Católica o con otros fines de interés social, marcar las dos casillas, con lo que se destinaría el 0,7 a ambas opciones, o no marcar ninguna opción.

Las ayudas, aunque resueltas por la Consejería de Bienestar Social, afectan también a otras áreas del Gobierno de Castilla-La Mancha que se han encargado de valorarlas. En este sentido, Lara ha destacado que la convocatoria de 2018 ha sido “más ágil y fácil tanto para las entidades como para los técnicos y técnicas de la administración al reducirse de 48 programas a 12 líneas”.

El presupuesto destinado a cada una de ellas es de 547.382 euros para Atención Sociosanitaria Integral en Enfermedades Crónicas; 207.421 euros para Salud Mental; 75.622 euros para Promoción de la Salud; cerca de 400.000 para Atención a Personas con Adicciones; 3,5 millones para Inclusión Social; casi 193.000 euros para Voluntariado y Participación; cerca de 100.000 euros para Atención a la Dependencia; 813.000 euros para Infancia y Familia; 2,4 millones para la Mejora de la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad y sus Familias; 1,6 millones para la  Mejora de la Calidad de Vida de las Personas Mayores y sus Familias; 408.000 euros para Juventud y 156.000 euros para Igualdad de Género y Prevención de la LGTBIfobia.

Por último,  ha querido agradecer a todos los directores generales, a las consejerías de Sanidad, Bienestar Social y Educación, Cultura y Deportes y al Instituto de la Mujer el trabajo realizado y felicitar y dar la enhorabuena a las entidades que van a desarrollar proyectos para mejorar la vida de las personas que están situaciones de dificultad social, o de las personas más vulnerables de la región, que están en consonancia con la estrategia del Gobierno de Castilla-La Mancha de “poner en el centro a las personas y mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra región”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta por la innovación para fomentar el voluntariado entre los más jóvenes, aumentando en un 28% el presupuesto destinado a la financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado, lo que a su vez ha permitido ampliar en un 70 por ciento el número de entidades que reciben fondos “para poder hacer proyectos de promoción y difusión del voluntariado”.

Así lo ha destacado el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, durante la inauguración de las jornadas ‘Nuevas Plataformas de Participación para el desarrollo del Voluntariado Universitario en Castilla-La Mancha’ que se han realizado a nivel regional y en las que ha estado acompañado por el presidente del Grupo CECAP, Andrés Martínez, la directora del proyecto ‘MOVILIZA-T’, Rocío Gómez, y por la profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y directora del Observatorio de Especificidad, Sonia Morales.

Ramón Lara ha felicitado a todos los voluntarios y voluntarias de la región en el Día Internacional del Voluntariado y ha agradecido su contribución a conseguir una sociedad mejor.

También ha destacado la colaboración del Gobierno regional con CECAP, con la que se está desarrollando la aplicación móvil multiplataforma ‘MOVILIZA-T’, un proyecto que “nos ha generado muchísima ilusión y en el que tenemos muchísimas expectativas puestas en él porque nos acerca de una manera muy clara y directa sobre todo a las personas más jóvenes”, pero que, ha asegurado, va a posibilitar a las Entidades del Tercer Sector contar con más personas que ayuden y colaboren con ellas. Precisamente, en Castilla-La Mancha, unas 30.000 personas colaboran de manera oficial en proyectos de voluntariado con estas entidades.

Herramienta de innovación social

MOVILIZA-T es una herramienta de innovación social para promover el voluntariado en Castilla-La Mancha que pretende dar respuesta y solución a dos de las principales dificultades expresadas por las personas que quieren realizar acciones de voluntariado: la falta de información y la dificultad de entidades y ONGs a la hora de solicitar requisitos.

La aplicación puede consultarse a través del ordenador (www.movilizat.org) o descargarse para ser utilizada en teléfonos móviles , tanto en dispositivos Android como iOS, y permite al usuario conocer mediante un mapa las ofertas de voluntariado que están activas en su zona de residencia o interés, o consultar la relación de ofertas de cada una de las entidades, así como las acciones del Servicio de Voluntariado Europeo (SVE), intercambios juveniles y otros proyectos de carácter europeo o internacional.

El voluntario o voluntaria podrá seleccionar aquellas acciones de voluntariado que más se ajusten a sus intereses y necesidades de aprendizajes y suscribirse a la oferta que sea de su interés a través de una suscripción que se tramitará directamente desde la plataforma que gestiona los contenidos de la aplicación y llegará de forma inmediata a la organización o persona responsable de dicha oferta, Además, esta aplicación cuenta con un servicio de notificaciones que ofrecerá información sobre altas de nuevas ofertas de voluntariado.

Con el Seminario Técnico “Un concepto operativo de los Servicios Sociales a nivel local y su medición” se han inaugurado los actos organizados en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) con motivo del 30 Aniversario del Plan Concertado de Prestaciones Básicas del que esta ciudad fue una experiencia piloto. En el seminario participan 150 técnicos y representantes políticos de 15 ayuntamientos españoles con más de 20.000 habitantes destacados por su excelencia en inversión social, entre ellos Alcázar de San Juan. La alcaldesa de la ciudad, Rosa Melchor, el director general de Acción Social, Ramón Lara y el presidente de la asociación española de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, fueron los encargados de abrir el seminario.

El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales ha sido básico para el paso de la beneficencia a la atención social tal y como la conocemos hoy en día. Por este motivo, en estos días se han celebrado sus tres décadas de vida

Estos actos sirven “para seguir avanzando en la excelencia en la prestación de Servicios Sociales, para recordar la trayectoria de estos treinta años y celebrar con nuestros vecinos y vecinas lo que hemos construido entre todos”, comentó la alcaldesa alcazareña, quien recordó que el Plan Concertado se puso en marcha en este municipio atendiendo una situación de emergencia derivada de una gran tormenta.

Fue un momento en el que los habitantes de la ciudad se volcaron, ayudando como voluntarios, “motivo más que de sobra para celebrar estos 30 años con toda la sociedad civil”. “Podemos sentirnos orgullosos de nuestros Servicios Sociales, pioneros y referente dentro y fuera de la región; ya que atienden a las personas a lo largo de toda su vida y en cualquiera de las dificultades que se les puedan presentar”, afirmó Rosa Melchor. 

En el seminario, en el que participan 150 técnicos y responsables de Servicios Sociales de 15 municipios de toda España, además de evaluar la historia del Plan Concertado, se trabaja para diseñar los indicadores necesarios para la evaluación de los Servicios Sociales desde los propios municipios, con el objetivo que sean los profesionales de los centros sociales quienes puedan hacer un seguimiento fiable de cada uno de sus servicios. 

Así lo explicó en la inauguración el presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez, destacando la importancia de la “proximidad” en los Servicios Sociales y la responsabilidad de los Ayuntamientos. “Establecer un sistema de evaluación que permita a los municipios hacer un seguimiento de la evolución de sus Servicios Sociales y tener una perspectiva global de su funcionamiento es interesante y necesario”.

Asimismo, indicó que los retos de la actualidad son la reducción de la burocracia en los procedimientos y los procesos de inclusión social. “La sociedad ha cambiado mucho en estos 30 años. Hay 13 millones de personas en el precipicio de la exclusión social que no se ajustan al modelo inicial. Antes pobreza era igual a exclusión social, hoy hay pobres que trabajan y no están en riesgo de exclusión. Tenemos que adaptar el modelo. Es un reto que no podemos hacer sin los Ayuntamientos, la administración más cercana a las personas vulnerables”.

Excelencia en inversión social

En  representación de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ramón Lara, director general de Acción Social y Cooperación, felicitó a la ciudad de Alcázar por el 30 Aniversario y por haber conseguido en este tiempo ser uno de los 25 municipios españoles destacado por la excelencia en inversión social. 

También puso en valor el papel que en el Plan Concertado desempeñan ayuntamientos y comunidades autónomas. Recordó que desde la Junta de Comunidades se está apostando por el modelo de concertación y que, en los últimos años, se han fusionado los diferentes convenios y se puso en marcha en 2017 un modelo para los próximos seis años “que da estabilidad en el tiempo y fortalece los Servicios Sociales de atención primaria”.

Igualmente destacó la subida por encima del 21% del presupuesto regional destinado a bienestar social y que se ha incrementado en 100 profesionales la plantilla de estos servicios en equipos técnicos de inclusión. Por último mostró el interés de la Junta por el diseño de nuevos métodos de evaluación y reivindicó una mayor inversión por parte del Estado “que en los últimos años ha estado muy mermada”.

Posteriormente, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en declaraciones con motivo de la gala celebración, ha destacado que el Gobierno regional ha recuperado en esta legislatura la cobertura de profesionales de los Servicios Sociales en todos los municipios de la región, lo que ha supuesto “un esfuerzo por parte de los profesionales públicos, pero también un esfuerzo económico, incrementado el 21 por ciento el presupuesto”.

“Desde el primer momento, nos pusimos a trabajar para que no hubiera ningún ayuntamiento que no tuviera esos profesionales de los Servicios Sociales. Llegué encontrándome nueve áreas sin profesionales y, en este momento, están al cien por cien los profesionales en toda la región”, ha destacado.

Esta legislatura, el Gobierno regional ha incrementado un 21 por ciento el presupuesto del Marco de Concertación para la prestación de los Servicios Sociales en colaboración con las entidades locales, de modo que el presupuesto en 2018 asciende a 57,7 millones de euros frente a los 47,5 del año 2015. EL número de profesionales, por su parte, ha crecido un 18,75 por ciento desde 2015, al pasar de 752 a 893.

El acceso y el ejercicio de los derechos de ciudadanía que tienen las personas beneficiarias de políticas sociales públicas, así como las barreras que encuentran y los medios para derribarlas, son el núcleo central del IX Seminario Autonómico de Participación de Personas en Situación de Pobreza y Exclusión Social, que bajo el lema ‘Derechos y Participación’ ha acogido Ciudad Real. Forma parte de la estrategia troncal que desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla La Mancha (EAPN-CLM), se viene desarrollando en los planos europeo, nacional y autonómico.

Esta organización considera esencial que las personas, con independencia de su situación económica y social, “conozcan y ejerzan sus derechos y deberes de ciudadanía en todos sus ámbitos”.

En este espacio de encuentro, con la ayuda de expertos nacionales, se han analizado los derechos y cauces de participación e influencia ciudadana, que tienen las personas que se encuentran en situación de exclusión o especial vulnerabilidad, apoyando sus capacidades para “conocer, comprender, defender y reclamar los derechos que no siempre les son reconocidos, con la finalidad de obtener conclusiones que podamos elevar a los poderes públicos correspondientes”. Se han dado cita más de 50 personas de toda la región, en gran mayoría personas beneficiarias de proyectos de integración social.

El seminario lo han inaugurado el director General de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara; la concejala de Acción Social y Cooperación Internacional de Ciudad Real, Matilde Hinojosa;  el presidente de EAPN-CLM, Braulio Carlés; y el Director de EAPN-ES, José Javier López.

Una delegación de personas participantes en este encuentro presentará sus conclusiones el próximo día 17 octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en las Cortes de Castilla-La Mancha, de modo que los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria puedan conocer de primera mano las reflexiones y propuestas de las personas que tienen más dificultades a la hora de ejercer sus derechos ciudadanos.

Un 33% más para Proyectos de Inclusión Social

Durante su intervención, el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, ha destacado el incremento del 33% por ciento del presupuesto en 2018 para la convocatoria dirigida a entidades encargadas de desarrollar Proyectos de Inclusión Social (PRIS) hasta superar los cinco millones de euros. “Hemos apostado fuerte por las políticas de inclusión”, ha destacado, añadiendo de 79 se ha pasado a 109 proyectos que han sido financiados por la convocatoria y ha resaltado que “dos de cada tres proyectos han sido aprobados”.

Lara ha recordado que, en octubre de 2017, el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó por primera vez una Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social, basada en garantizar la igualdad de oportunidades de las personas de nuestra región e impulsada “de la mano de las entidades”.

“La estrategia va acompañada de presupuesto”, ha aseverado, al tiempo que ha destacado que este proyecto “habla de medidas de intervención, sobre todo, de medidas de choque”, pero también de “medidas de gobernanza, lo que pasa por la participación directa de las personas usuarias y beneficiarias de prestaciones y servicios de inclusión”.

Manuel Tordera, director general de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Sanidad, y Ramón Lara, director general de Acción Social y Cooperación de la Consejería de Bienestar Social, han renovado el protocolo de colaboración para el desarrollo del Plan Regional contra la Pobreza Energética de Castilla-La Mancha. Este Plan Regional, que tiene como objetivo proteger a las familias vulnerables en materia de consumo de energía, se enmarca dentro de la Estrategia contra la pobreza y la desigualdad social y se encuadra también en el Plan Integral de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha.

El protocolo de actuación renovado tiene por objeto establecer diversas mejoras a través de la colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Bienestar Social, mediante la incorporación de los servicios y recursos de Consumo, estableciendo así sinergias entre ambas Consejerías para el desarrollo del Plan Regional contra la Pobreza Energética, impulsado por la consejería de Bienestar Social. 

El director general de Salud Pública y Consumo ha indicado que este año se ha incluido como novedad en este convenio que las Oficinas de Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de Castilla-La Mancha y oficinas provinciales diseñarán y desarrollaran actividades de acompañamiento personalizado sobre consumo energético en el ámbito doméstico. 

Esta medida incluye la información y recomendaciones precisas en materia del uso eficiente de la energía para reducir el consumo energético, así como en lo que se refiere a contratación y facturación de los suministros correspondientes. Para el desarrollo de estas actuaciones de acompañamiento se podrá disponer de los aparatos de medida y de ahorro que sean necesarios para tal fin. 

Por otra parte y también como aspecto novedoso, esta renovación del protocolo promoverá la información de otras soluciones alternativas como son la constitución de grupos de autoconsumo energético y cooperativas de consumo de energía en los colectivos de personas consumidoras con vulnerabilidad y pobreza energéticas. 

En este sentido, la Dirección General de Salud Pública y Consumo implementará una red de atención y asesoramiento básico en este ámbito, mediante la coordinación de los servicios locales y autonómicos de atención al consumidor y las asociaciones de consumidores, para garantizar la protección de los derechos de las personas consumidoras con vulnerabilidad energética.  

Asimismo, se continuarán desarrollando otras medidas emprendidas con anterioridad y en virtud de este protocolo de colaboración como es la incorporación de los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito de consumo, vinculados a la contratación y prestación del suministro energético, al Plan Regional contra la Pobreza Energética de   Castilla-La Mancha, así como, la incorporación al Sistema Arbitral de Consumo de una sección especializada en materia de vulnerabilidad y pobreza como vía de resolución de conflictos en la materia.

Este protocolo también dará continuidad al desarrollo de acciones informativas y educativas para la prevención de situaciones de vulnerabilidad energética como puede ser lo relacionado con la eficiencia en el uso de la energía o el sobreendeudamiento, entre otras.

Un total de 53.874 personas atenidas

Por su parte y en virtud de este protocolo, la Dirección General de Acción Social y Cooperación continuará coordinando el Plan Regional contra la Pobreza Energética y estableciendo diversas medidas relacionadas con las ayudas preventivas en esta materia; la suscripción de convenios de colaboración con las empresas suministradoras para la paralización del proceso de cortes de suministros de energía y, por último, la difusión del servicio voluntario de acompañamiento personalizado sobre el consumo energético en el ámbito doméstico a las personas beneficiarias de ayudas.

Durante su intervención, Ramón Lara ha mostrado su satisfacción con la firma de este protocolo. “Este Plan Regional nos hace estar satisfechos y en nuestro compromiso de mejorar hemos renovado esta colaboración con la Consejería de Sanidad con la inclusión de diversas novedades relacionadas con el empoderamiento de las personas vulnerables en materia energética”, ha señalado.

 Desde la puesta en marcha del Plan Regional contra la Pobreza Energética de Castilla-La Mancha, entre los años 2016 y 2017, se han atendido a un total de 53.874 personas, de las cuales un 47 por ciento son menores. En relación al año 2018, hasta el 30 de abril se han atendido a 9.286 personas, de las que 4.233 son menores y se han realizado un total de 3.144 actuaciones entre las que se encuentra la tramitación de 2.832 ayudas en materia de pobreza energética, asimismo se han evitado 199 cortes de suministro y repuesto 14, “lo que nos hace indicar que nos movemos en los parámetros de actuación y de intervención de los dos años anteriores”, ha indicado Ramón Lara.

Durante la entrega de los II Premios de Trabajo Social que el Colegio Oficial de estos profesionales entrega en Castilla-La Mancha, se aludió en varias ocasiones a la necesidad del colectivo de poder contar con más recursos, pero también con mayor independencia y libertad a la hora de desarrollar su labor. En definitiva, mayor comprensión y autonomía. La fórmula mixta mediante la cual la atención primaria -la puerta de entrada para las personas con mayor necesidad- se presta mediante dos tipos de planificaciones, ha provocado variadas protestas por parte de trabajadores sociales en localidades donde no se ha respetado su código ético, quedando al albur de decisiones políticas. En este evento se mencionó especialmente el caso de Torralba de Calatrava (Ciudad Real) municipio donde la alcaldesa ha renunciado al Plan Concertado, abriendo una espita en este debate, precisamente cuando cumple 30 años de vigencia.

Para comprenderlo, primero es importante desgranar este complejo sistema. Actualmente, la prestación de servicios sociales de atención primaria en Castilla-La Mancha se realiza de dos maneras. La primera es el mencionado Plan Concertado, que data de 1988 cuando el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social firmó este acuerdo tripartito con las comunidades autónomas, que también compete a ayuntamientos. Fue a todas luces un pacto de Estado que cumple ya tres décadas y a través del cual los trabajadores sociales dependen del Ayuntamiento, administración que gestiona los servicios, pero es la Junta quien paga hasta un 70% de su sueldo. Los ayuntamientos que conforman estas zonas son aquellos con una población superior a 3.500 habitantes y suscriben el acuerdo con la Consejería de Bienestar Social, en el caso de Castilla-La Mancha

La segunda fórmula son las zonas PRAS (siglas del Programa Regional de Acción Social). Las constituyen municipios con una población inferior a 3.500 habitantes y están conformadas por agrupaciones de localidades. En este caso, se trata de un programa específico de la comunidad autónoma que se articuló en el año 1985, con el objeto de estructurar una Red de Servicios Sociales de Atención Primaria en el medio rural. Estos servicios los paga la Junta casi al cien por cien (concretamente el 99,98%) pero el personal lo contrata un Ayuntamiento, el de cabecera de la zona. Posteriormente, en el año 1999 con el objeto de dotar de otros profesionales que reforzarán la intervención, se comenzaron a formalizar los convenios supramunicipales que agrupan a las zonas PRAS en un área de servicios sociales. Al amparo de este convenio se contratan educadores sociales y también personal administrativo.

Actualmente, en Castilla-La Mancha hay 98 municipios suscritos a la concertación (el primero de los modelos), la mayoría de ellos en las provincias de Ciudad Real y Toledo. Entre ellos están las cinco capitales de provincia y las localidades de mayor población. El resto, hasta los más de 900 municipios que conforman la región, se agrupan en zonas PRAS. También existen modelos mixtos de ambos sistemas según las demandas de la población.

En definitiva, hablamos de dos sistemas que, aunque con renovaciones, tienen décadas de existencia. Durante la legislatura pasada de María Dolores de Cospedal como presidenta, los recortes en servicios sociales provocaron que apenas afloraran otros problemas respecto a ambos sistemas. Lo fundamental para los trabajadores sociales ha sido recuperar el estatus perdido y su dignidad como profesionales. Ahora, con el Gobierno de Emiliano García-Page, las adhesiones al plan concertado se ha convertido en una de las piezas clave de la política social, pero el caso de Torralba de Calatrava ha hecho aflorar un nuevo debate.

En este municipio la polémica se produjo cuando el Ayuntamiento, gobernado por el PP, decidió renunciar a la concertación para pasar a formar parte de una zona PRAS. Despidió a una trabajadora social a jornada completa y a una educadora social a media jornada, procedentes del plan concertado. En declaraciones a eldiarioclm.es, la alcaldesa, María Antonia Álvaro García-Villaraco explica que cuando el PP llegó al Ayuntamiento en 2015 existía ya el plan concertado pero comenzó a plantearse renunciar al mismo al tener este pueblo 3.000 habitantes y corresponderle por tanto ser zona del plan regional. Asegura que realizó las gestiones desde ese año pero que no fue hasta el pasado mes octubre cuando la Junta le comunicó que “ya podía renunciar”.

“La decisión nunca me han dejado tomarla a mí, ha sido la Junta quien lo ha decidido, y por eso en diciembre de 2017 fue cuando se llevó a cabo la renuncia al plan”. Esto produjo los despidos mencionados de las dos trabajadoras y la contratación de otra trabajadora social, la misma que realizaba esta tarea de zona PRAS antes del plan concertado.

Entiende el enfado de las personas despedidas, pero hasta el momento, dice la alcaldesa, no se ha llevado a cabo ninguna medida de denuncia laboral contra el Ayuntamiento. “Solamente se ha hecho campaña política con este tema, desde la oposición”. También afirma estar tranquila con la decisión porque los servicios se están prestando con normalidad, aunque ahora la trabajadora social solo acude una vez por semana. “Haría falta más apoyo”, admite, pero afirma que ya se ha adjudicado otra plaza a esa zona PRAS, de la que Torralba ahora forma parte junto a Carrión de Calatrava (municipio de cabecera del área) y Fernán Caballero. “Es más viable para el municipio y nunca ha habido vacío en la prestación de los servicios sociales”, insiste, remarcando que con el plan concertado el Ayuntamiento tenía que asumir parte del gasto en servicios sociales “cuando es una competencia de la Junta” y ahora “hemos estabilizado la deuda y todo funciona perfectamente”.

La interpretación es muy distinta por parte del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. Su presidente, Floren Alfaro, es trabajador social de Villamalea (Albacete), que funciona como área mixta del PRAS y del Plan Concertado. Esta organización profesional denunció la decisión de la alcaldesa de Torralba por motivos diferentes a los que ella alega. Denuncian que alegó “mala praxis” de la trabajadora social y que con ello puso en tela de juicio la labor que cada día desarrolla este gremio.

“Ahora el servicio se da con menos frecuencia”

“La prestación de servicios sociales a través del municipio es una recomendación del Consejo de Europa; el municipio es la entidad administrativa ideal, y me escandaliza que la alcaldesa venda haber renunciado al Plan Concertado como un ahorro. Nadie permitiría que eso pasara por ejemplo en sanidad: que un alcalde decidiera que en su pueblo se redujeran los pediatras para ahorrar dinero”, recalca. Ante las acusaciones de la alcaldesa, desde el Colegio de Trabajo Social se consultó a las compañeras del ayuntamiento, y no existía constancia de ninguna queja. “Ahora, con ese argumento falso se está dando un servicio con menos frecuencia”.

Y en este último argumento se encuentra una de las principales quejas de estos trabajadores. “Desde el PP se sigue cuestionando la prestación de servicios sociales y en su imaginario todo sigue relacionado con la caridad y la beneficencia”. De hecho y con carácter general, Floren Alfaro dice que todo ello merece un “tirón de orejas” a las administraciones. “No debería ser posible que un político -como un alcalde- te pida que hagas algo que va contra tu código deontológico. El caso de Torralba es muy concreto y específico, pero lo que nos alarma es que sea tan sencillo hablar de mala praxis”.

Pone así otro ejemplo: el alcalde de Casas de Juan Núñez, Alonso Cutanda (PP), ha decidido que este municipio ya no forme parte de la Mancomunidad de la Manchuela, lo que implica que la trabajadora del PRAS siga acudiendo pero no así la educadora social y las trabajadoras del Centro de la Mujer asignado a la zona. “Ahora mismo en ese municipio no hay respuesta a la violencia machista”. “Es intolerable y hay que remover algunos pilares administrativos. No puede pasar que un pueblo o una zona se queden sin profesionales”.

Se trata también de blindar los servicios para evitar que se vean afectados por la proximidad de elecciones o por los resultados de los propios comicios. Aquí regresa de nuevo al símil sanitario: “Ningún concejal se atrevería a coaccionar a un médico porque quiere resultados ya y ahora”. Este Colegio apunta a la necesidad de “caminar hacia consorcios”, y que “los técnicos ejerzan su derecho con libertad sin estar coaccionados por los políticos”.

Fue una de las premisas que se abordaron en la Jornadas de Servicios Sociales e Inclusión celebradas en Toledo en noviembre. Allí se estudió el caso de Aragón, donde la atención primaria está organizada en comarcas, de forma similar, pero no igual, a los nuevos convenios supramunicipales castellano-manchegos. “Sí, ya se está haciendo pero hay equipos donde las diferencias administrativas son muy notables. Depender de administraciones distintas con diferentes categorías genera equipos muy heterogéneos. Para mejorarlo, no solo habría que ampliar recursos sino también dar elementos de seguridad jurídica y praxis profesional. Si no, la mesa se queda coja”.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, nos habla también del caso de Torralba, aparte de ofrecer una visión general sobre ambos sistemas de servicios sociales. En el caso de este Ayuntamiento, considera negativas “las formas y las justificaciones” que dio la alcaldesa, apuntando a la mala praxis y al coste. Al margen de ello, explica que no fue una decisión consensuada con la Administración regional, que además no entra en este tipo de decisiones, que “siempre son técnicas”. “Los técnicos trabajan de manera coordinada para que ninguna zona se quede sin cobertura de servicios sociales y siempre van a tratar de convencer a un ayuntamiento de que mantenga el plan concertado”.

Tampoco entiende el director general que la alcaldesa no defienda seguir en el plan concertado cuando su financiación autonómica se ha incrementado. Recuerda que hasta 2013, año en que ya gobernaba Cospedal, en Castilla-La Manca todos los ayuntamientos, fueran mayores o menores de 20.000 habitantes, contaban con una financiación del 68% del plan concertado. Con el decreto y la posterior orden del Gobierno del PP, a los municipios de más de 20.000 habitantes no se les financiaba más del 40%, una “bajada brutal”. “Nosotros aumentamos un 15% esa financiación”.

Sí reconoce Ramón Lara que el caso de Torralba refleja “cierta debilidad” del sistema. Subraya que si el Ayuntamiento de Carrión hubiera decidido seguir con el personal de su área, la Junta no podría haberle obligado a asumir un pueblo más. Y aunque se trata de un caso puntual, admite que el debate sobre los dos modelos “está siempre en el aire”. Menciona también las fórmulas de consorcios abordadas en las Jornadas de Servicios Sociales y afirma que el Gobierno afrontará el debate.

“No vamos a eludirlo, pero yo tengo claro que la fórmula tiene que ser mixta, no existe otra. La Administración regional y la local están obligadas a entenderse, indistintamente de que pueda haber un consorcio o no. Es un debate con una solución compleja y a largo plazo. Hay que respetar la autonomía local y el modelo de provisión tiene que ser consensuado, no se puede imponer”, concluye, avanzando que es una cuestión que se está estudiando con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

El pasado 9 de octubre entró en vigor el nuevo bono social eléctrico a través de un Real Decreto del Gobierno central. Está basado en criterios de renta y supone descuentos de hasta el 50% en la factura de la luz para los consumidores más vulnerables. Se trata de una medida que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha ‘vendido’ como un avance contra la pobreza energética pero contra la que se acumulan numerosas quejas y denuncias por parte de diferentes colectivos y, sobre todo, de las comunidades autónomas. Algunas como Castilla-La Mancha la consideran una “trampa irresponsable” ya que el decreto establece que sean los servicios sociales, es decir, la Administración autonómica, los “responsables” de posibles impagos y se hagan cargo de los mismos. Esto no solo “sobrecarga” a los trabajadores sociales, sino que da al traste con el Plan contra la Pobreza Energética de esta comunidad autónoma y de otros similares en el resto de regiones.

El Gobierno castellano-manchego está actualmente estudiando el decreto. En su día ya presentó alegaciones a un borrador que rechazaba porque invadía competencias de la comunidad autónoma, y también en este caso las ha registrado desde la Consejería de Bienestar Social, desde la de Sanidad y desde la Dirección General de Energía. Según explica a eldiarioclm.es el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, el bono social establece una serie de bonificaciones que trasladan a los servicios sociales autonómicos la responsabilidad “e incluso la culpa” de futuros impagos de la factura de la luz.

“Esto es una barbaridad”, afirma, sobre todo cuando “todas las comunidades autónomas tenemos prestaciones económicas para hacer frente a situaciones de emergencia, así como convenios con las compañías eléctricas donde les avisamos de que no se realice un corte de suministro y establecemos un plazo mientras hacemos un acompañamiento a la familia”.

Con el nuevo decreto, que además se ha aprobado “sin pacto ni negociación”, el Estado ahora puede remitir misivas a los usuarios en situación de pobreza aconsejándoles que si tienen problemas para pagar, acudan a los servicios sociales. Es decir, la Administración autonómica se queda con ese 50% de la factura para que a estas personas no se les corte el suministro. “Nos traslada así esa responsabilidad, no a la compañía ni al Ministerio, sino a nuestros servicios sociales, que son la primera puerta de entrada para los más desfavorecidos”.

En la Junta de Castilla-La Mancha quieren trasladar esta situación en los plenarios de bienestar social de las cinco provincias para detallar a los trabajadores sociales cómo les puede afectar el decreto, con una “sobrecarga tremenda” que también es un “atropello” y genera “mucha incertidumbre”. Además, la Consejería de Bienestar social también está estudiando el texto con sus servicios jurídicos por si cabe recurso contra el mismo por invasión de competencias.

Otro problema es que ahora el Ejecutivo regional puede verse obligado a revisar su Plan contra la Pobreza Energética, donde se incluyen convenios con las empresas eléctricas para pedirles que frenen cortes de suministro. Ahora estas empresas deben atenerse al decreto y decirle a los usuarios que acudan a los servicios sociales si no pueden pagar. Por todo ello la Junta ya está en contacto con otras comunidades autónomas para medir el “impacto y desborde” de los servicios sociales que supone el nuevo bono social. El director general de Acción Social recuerda que las autonomías ya gestionan su propio sistema de prestaciones económicas y de emergencia social ante impagos, en el caso de Castilla-La Mancha “con precisión técnica y con intervención social”. “Por lo tanto, no es que no queramos pagar, ya lo estamos haciendo, pero esto viene a sobrecargar a nuestros trabajadores sociales, que todavía están recuperándose después de la crisis”.  

Es la misma tesis que defienden desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Aquí lo resumen en un “yo invito, tú pagas”, o lo que es lo mismo, la “genialidad” del Ministerio consiste en evitar el corte de electricidad a los hogares que acrediten vulnerabilidad severa “si los servicios sociales –locales o autonómicos- abonan la factura”. Este colectivo asegura que el decreto está “tan magníficamente tramado” que en su propia memoria justificativa afirma que el coste total de las medidas contenidas “no tiene impacto presupuestario, pues no existen costes específicos que determinen la necesidad de una dotación o incremento en las correspondientes partidas presupuestarias”.

Recuerdan que el proceder de las eléctricas ante un impago será informar a sus clientes de que acudan a los servicios sociales y si estos pagan el 50% de sus facturas, entonces no se les cortará el suministro. Consideran así que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, “se hace una foto preciosa gracias a su sensibilidad, las eléctricas tendrán a quien culpar en caso de corte de suministro y los servicios sociales que atienden ya a más de ocho millones de personas al año recibirán toda la presión de la demanda”, agregan.

Los “efectos perversos” del “impacto presupuestario”

Finalmente, señalan algunos “efectos perversos” como el “impacto presupuestario” en ayuntamientos y comunidades, “ni previsto ni pactado” en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales; y el hecho de que, obviamente, no haya garantía de asunción por las administraciones con servicios sociales. “Se han obviado y ninguneado los sistemas de protección gestados ya en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos; se generará una sobrecarga de gestión imposible para los servicios y para los profesionales; y se trata de una norma ”antipedagógica y paternalista“. ”Las comercializadoras y el Ministerio se convierten en sonrientes irresponsables y la culpa de un corte de suministro se carga a un servicio público dependiente de otras administraciones“, concluye.

Pero la afectación a los servicios sociales no es la única consecuencia prevista. También las cooperativas de consumo, una alternativa a las grandes empresas eléctricas que poco a poco se va haciendo hueco entre los consumidores, mantienen algunos temores sobre el bono social. Desde la Unión Nacional de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Energías Renovables (UNCCUER) han alertado sobre esta medida. Explican que el Gobierno de Rajoy plantea que sean la totalidad de las empresas comercializadoras las que financien el bono social (la parte no sometida al impago), estando incluidas estas cooperativas. Todas ellas actualmente operan en mercado libre por lo que no pueden ofrecer tarifas en el mercado regulado o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), a pesar de que “quieren ser agentes activos en la lucha contra la pobreza energética”.

Ejerce la vicepresidencia de esta asociación la primera comercializadora alternativa de Castilla-La Mancha, Econactiva, que apela a que los criterios aplicados “se basen en parámetros de proporcionalidad a los ingresos brutos de las compañías eléctricas, o en el peor de los casos, a la energía vendida”. Afirman que el propio Gobierno reconoce que el suministro de energía eléctrica constituye un “servicio de interés económico general”, y por eso subrayan que las condiciones de aplicación como de financiación del Bono Social “deben ser abordadas desde los criterios de proporcionalidad y progresividad, desvinculándolas de la tarifa eléctrica y aplicando los mecanismos de solidaridad ya existentes que hacen partícipe a toda la sociedad”.

“El suministro de energía no debería ser un artículo de lujo, sino un bien básico garantizado. Desde la Unión tendemos la mano a todos los agentes sociales y políticos para trabajar de manera conjunta en el desarrollo del Real Decreto y garantizar así un suministro eléctrico al alcance de toda la ciudadanía”.

El nuevo marco de concertación única con ayuntamientos de Castilla-La Mancha que va a poner en marcha el Gobierno regional para la financiación de la red de servicios sociales, llegará a incrementar la aportación del Ejecutivo regional entre un 10 y un 15%, además de dar seguridad financiera a las corporaciones locales durante un tiempo de diez años. Así lo ha asegurado el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, con motivo de la sesión ordinaria del Consejo Asesor de Servicios Sociales.

“Ningún ciudadano de la región va a ver mermada la financiación que recibe su ayuntamiento”, ha resaltado, refiriendo que se va a poner en marcha un proceso de implementación y unificación de los convenios en materia de Servicios Sociales con los ayuntamientos“. También ha precisado que el nuevo marco de concertación única con ayuntamientos mejorará los Servicios Sociales de Atención Primaria, que el anterior Gobierno del PP redujo un 40%.

Uno de los principales problemas de los ayuntamientos a la hora de financiar la prestación de servicios sociales de atención primaria es el cambio continuo de las condiciones de pago, debido a la multitud de convenios existentes. Eso provoca que muchas de estas entidades locales vean sus presupuestos desequilibrados de un año para otro y que ello afecte a la prestación de una competencia que es esencial para los más desfavorecidos. Para invertir esta situación, se aprobará este marco único de concertación.

El objetivo principal es agilizar y facilitar la atención primaria, una de las prioridades marcadas por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla la Mancha. Los servicios sociales de atención primaria que prestan los ayuntamientos son la puerta de entrada al sistema de servicios sociales, la primera administración a la que se dirigen particulares y familias a pedir ayuda.

Por eso, el texto busca garantizar la estabilidad: que las condiciones de financiación se mantengan al menos tres años y que sea en esos periodos cuando se puedan revisar.

El director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, ha presidido la reunión del Consejo Regional de Cooperación en la que ha informado favorablemente del nuevo decreto que regula su composición y del resultado de baremación de los proyectos presentados a la convocatoria de entidades para la Cooperación al Desarrollo en 2016 del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El pleno de este organismo ha informado favorablemente de la baremación presentada por los técnicos, a partir de los criterios hechos públicos en la convocatoria pública para entidades de cooperación, por la que sólo 23 de los 54 proyectos presentados verán la luz en 2016, una vez que llegue la resolución de concesión a cada una de las entidades, según ha adelantado el director general.

La convocatoria de Cooperación al Desarrollo ha estado abierta entre el 5 de agosto y el 3 de septiembre en 2016 con un presupuesto superior a 2 millones de euros, destinados tanto a construcción y reforma de instalaciones como a equipos, materiales y suministros de proyectos de cooperación.

Entre los criterios de prioridades geográficas de los proyectos, han prevalecido los destinados a zonas como Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua), Caribe  (Cuba, República Dominicana y Haití), América del Sur (Bolivia) y África Subsahariana (Burkina Faso, Malí y Senegal).

Nuevo decreto de composición del Consejo

Ramón Lara ha informado también a los miembros del Consejo Regional de Cooperación del contenido del borrador del nuevo decreto que regulará la composición del Consejo para hacerlo “más ágil, más representativo y más participativo”, en el que ha destacado la “la vuelta de las administraciones locales y de los agentes sociales que actúan en cooperación internacional en la región” y con objeto de sacarlo de la “mínima expresión a la que lo dejó reducido el anterior Gobierno del PP”.

El borrador de decreto prevé la existencia de una Comisión Ejecutiva del Consejo Regional de Cooperación que “dará más agilidad a las deliberaciones de temas de gran calado”, así como la ampliación de representantes para incluir a la UCLM, las Cortes de Castilla-La Mancha, las ONG y los agentes sociales, lo que llevará a la ampliación de su número de miembros de 12, que hay en la actualidad, a 19, además de cinco expertos, en el nuevo borrador de decreto.

Aunque las temperaturas todavía son cálidas para el otoño y las previsiones de la anterior fase no llegaron a todas las personas previstas, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha puesto en marcha la segunda fase del Plan contra la Pobreza Energética, que abarcará los meses de noviembre y diciembre, y que supone ayudas de 150 euros para familias en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad, aparte de otras medidas para evitar cortes de suministro. Esta nueva aprobación de ayudas se cubrirá por tanto con el presupuesto no gastado en el periodo anterior de enero a marzo. En total, la inversión era de 1,5 millones de euros.

Concretamente, según explica el director general de Acción Social y Cooperación de Castilla-La Mancha, Ramón Lara, en la primera fase se gastó aproximadamente el 60% de lo presupuestado por lo que resta un montante del 40%, unos 600.000 euros para cubrir estas ayudas hasta final de año. La previsión, afirma, es que el presupuesto se gaste en su totalidad. 

El Plan contra la Pobreza Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha forma parte de uno de los puntos incluidos en el acuerdo de investidura firmado con Podemos, ahora en suspenso, y es uno de los bloques que componen una Estrategia mayor de Lucha contra la Pobreza, en cuyo borrador está trabajando la Consejería de Bienestar Social. Este plan incluye también el asesoramiento a familias para un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos y para acondicionamiento de viviendas.

Lara incide en que se trata de un tipo de ayudas que no se solicitan, sino que son prescripciones técnicas de los profesionales de atención primaria en servicios sociales para familias que así lo necesitan, por encontrarse en situación de pobreza severa o de vulnerabilidad social. Además, hace hincapié en el hecho de que la tramitación es muy rápida debido a que estos procedimientos se han agilizado como los de las Ayudas de Emergencia Social o el Ingreso Mínimo de Solidaridad. El plazo máximo del pago es es de diez días, el cual seguirá tramitando Cruz Roja. 

Convenios con las compañías eléctricas

También se mantienen para esta segunda fase los convenios anuales con las compañías eléctricas, como Gas Natural o Iberdrola, que se comprometieron  a no realizar cortes de suministro o a la reposición de los mismos en estos casos de extrema necesidad. Según Lara, en todo el año se han evitado 308 cortes y ha habido unas 50 reposiciones. 

En total, las ayudas contra la pobreza energética han llegado a 20.950 personas en Castilla-La Mancha, de la cuales casi la mitad, hasta 9.900, son menores. “Todas estas medidas están especialmente orientadas a erradicar también la pobreza infantil”, afirma el director general.

La próxima semana se reunirá la comisión de seguimiento constituida entre la Consejería de Bienestar Social y Cruz Roja para estudiar cómo renovar estas ayudas de cara al año que viene. Desde el Gobierno confían en que no haya problemas con los Presupuestos regionales y la planificación pueda seguir adelante. En cuanto a las compañías suministradoras, existe una operativa en vigor que se va renovando año a año, por lo que lo conveniado con ellas seguirá vigente de cara a 2017.